Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En este caso, se acredita la desobediencia a lo ordenado en la sentencia N° 2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020, y procede estimar la gestión formulada. Empero, visto que las personas que al presente ejercen los cargos de Ministro de Salud y Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo, no son las mismas que a quienes se les giró la orden en el pronunciamiento aludido, se ordena el cumplimiento de lo ahí dispuesto a quienes en la actualidad ostenten tales cargos.
Se acoge la gestión formulada. Se ordena a Mario Urcuyo Solórzano, en su calidad de Ministro de Salud a.i. y a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia n.°2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020. Se advierte a las recurridos, que según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
English (translation)In this case, disobedience to the order in judgment No. 2020-017177 of 9:20 a.m. on September 12, 2020 is established, and the claim is therefore granted. However, given that the persons currently holding the positions of Minister of Health and Judge of the Environmental Administrative Tribunal are not the same as those to whom the order was directed in the aforementioned ruling, compliance with what was ordered therein is ordered to the current holders of such positions.
The claim is granted. Mario Urcuyo Solórzano, in his capacity as Acting Minister of Health, and Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Judge of the Environmental Administrative Tribunal, are ordered to immediately comply with the provisions of judgment No. 2020-017177 of 9:20 a.m. on September 12, 2020. The respondents are warned that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply or enforce it, provided the offense is not punished more severely.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 04425 - 2024 Fecha de la Resolución: 20 de Febrero del 2024 a las 09:50 Expediente: 20-012211-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 20-012211-0007-CO Res. Nº 2024004425 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del veinte de febrero de dos mil veinticuatro . Gestión posterior planteada por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002] en relación con la sentencia n.° 2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020. Resultando: 1.- Por escrito desglosado mediante resolución de las 9:30 horas de 13 de noviembre de 2023, la parte recurrente plantea gestión de desobediencia en relación con la sentencia n.°2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020. Manifiesta que esta Sala ordenó que: “Se declara parcialmente con lugar el recurso, en contra del Tribunal Ambiental Administrativo y Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia. Se ordena a Ligia Umaña Ledezma en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA , o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias para que se resuelva el expediente n.° 410-09-02-TAA como en derecho corresponda y se notifique lo resuelto a la parte amparada, todo en un plazo no mayor a 2 meses, contado a partir de la audiencia que se efectuará el 1 de setiembre de 2020. Asimismo, se ordena a Pedro González Morera en su condición de Viceministro de Salud o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias, a fin de dar seguimiento a la resolución 001252-F-S1-2020. Lo anterior bajo la advertencia que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.” Solicita que se ordene cumplir con los dispuesto en la referida sentencia. 2.- Mediante resolución de magistrado instructor de las 11:26 horas de 18 de noviembre de 2023, se confirió audiencia a Ligia Umaña Ledezma en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA, y a Pedro González Morera en su condición de Viceministro de Salud o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, para que se refirieran y aportaran las pruebas respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:46 horas de 6 de diciembre de 2023, rinde informe Mario Urcuyo Solórzano, en su calidad de Ministro de Salud a.i. Expresa: “…( )… El 20 de agosto 2020, se emite acta de clausura y suspensión de actividades por parte del Área Rectora de Santo Domingo donde ordena: 1. Suspender inmediatamente (a partir del recibo de la presente notificación), todo tipo de actividades desarrolladlas en el predio de contenedores, (propiedad de 3 1001 462679 S.A). 2. Proceder al retiro de contenedores y de todo tipo de unidad vehicular que tengan estacionada en dicho predio, de chatarra y material en desuso, que se ubique dentro de dicha propiedad. ( plazo 15 días hábiles) 3. Demoler todas las estructuras donde se ubica el taller, las duchas, servicios sanitarios y el galpón que compone la granja) y cualquier otra instalación que se ubique dentro de la propiedad, por cuanto se construyeron sin los respetivos permisos de construcción, además se encuentran dentro de la zona más vulnerable de sufrir inundaciones y de mayor erosión de la margen derecha del río y otras se mantienen dentro de la zona de protección o franja de amortiguamiento del rio. (plazo 1 mes) 4. Que para realizar dichas acciones debe tomar las medidas de seguridad y protección necesarias a fin de no efectuar afectaciones ambientales o maximizar los riesgos de erosión existentes 5. Que las obras de estabilización que requiere implementar en la margen derecha del rio Virilla, deben ser tramitadas ante MINAET Y SETENA y contar con las autorizaciones de las instituciones correspondientes. Así mismo toda obra de estabilización de terrenos (rellenos, obras de contención para asegurar la compactación y control de calidad, requieren ser supervisadas por un profesional agremiado del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y contar con el aval de un laboratorio de geotecnia. 7. Adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias para proteger la integridad física, la salud y vida de sus trabajadores. • El 11 de setiembre 2020, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordena al Ministerio de Salud realizar las actuaciones necesarias para resolución del expediente. • El 24 de setiembre 2020, se realiza clausura por parte del Área Rectora de Santo Domingo por incumplimiento de ordenamiento sanitario. • El 12 de noviembre 2021, por medio de oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1717-2021 se envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Trámite de Gestión ante la Fiscalía General de Desobediencia a la autoridad, contra Carlos Eduardo Soto Camacho por incumplimiento al ordenamiento sanitario Orden Sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020 y clausura No. MS-DRRSCNDARSS-3467-2020. • El 9 de noviembre 2021, se realiza visita por parte de funcionarios del Área Rectora de Santo Domingo se evidencia un taller con contenedores con rotulación de “Área de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo”” sin personas en el sitio. Por lo que ese mismo día desde la Dirección de esta Área Rectora se le envía por medio de correo electrónico al Sr Eduardo Soto Camacho el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1717-2021 un recordatorio de que tienen actos administrativos pendientes y se debe de abstener de realizar cualquier actividad comercial en las instalaciones de la empresa Renta Trigal. • El 12 de noviembre 2021, por medio del oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1717-2021 se envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Trámite de Gestión ante la Fiscalía General de Desobediencia a la autoridad, contra Carlos Eduardo Soto Camacho por incumplimiento al ordenamiento sanitario Orden Sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020 y clausura No. MS-DRRSCNDARSS-3467-2020. • El 7 de setiembre 2022, la Licda. Pamela Garita Ramírez funcionaria de esta Área Rectora en conjunto con el Ing. Douglas Sancho de la Municipalidad de Santo Domingo se presentaron al sitio pero se les negó el acceso por parte del guarda de Renta Trigal. • El 14 de octubre 2022, se le envió por parte del Área Rectora de Salud Santo Domingo correo electrónico al Sr Eduardo Soto Camacho solicitando nos brinde fecha para ingreso, pero no se recibió respuesta. l 31 de marzo 2023, las funcionarias Licda. Diana Víquez Zamora y Licda. Pamela Garita Ramírez se presentan a las instalaciones de la empresa Rental Trigal para verificar el cumplimiento de la clausura de la actividad y las demás gestiones solicitadas mediante el acta de Clausura, sin embargo el señor Carlos Trejos Ramírez identificado como el guarda de seguridad hace llamada telefónica al Señor Eduardo Soto Camacho y el mismo no autoriza el ingreso e indica que no hay actividad comercial. • El 03 de mayo 2023, la Dra. Karina Garita Montoya en calidad de Directora de Rectoría de la Salud Región Central Norte presenta ante el Juzgado Contravencional de menor cuantía de Santo Domingo la solicitud de allanamiento para ingresar al establecimiento Rental Trigal representado por el Señor Eduardo Soto Camacho. El mismo fue rechazado por parte del Juzgado Contravencional indicando que la solicitud no se acompaña de una negativa de ingreso real y manifiesta de parte del propietario o representante legal de la empresa en mención. • El 10 de mayo 2023, la funcionaria Licda. Diana Víquez se presentan a las instalaciones de la empresa Rental Trigal para verificar el cumplimiento de la clausura de la actividad, las atendió el señor Alí Trejos identificado como el guarda de seguridad; el mismo hace llamada telefónica al Señor Eduardo Soto Camacho refiere que no se permite el ingreso que para ingresar se debe de coordinar con el Sr. René Aguilar. • El 10 de mayo 2023, se hace llamada telefónica al Sr. René Aguilar el mismo indica que va a conversarlo con su jefatura se acuerda llamar de nueva vez el 11 de mayo 2023 para la respectiva coordinación. • El 11 de mayo 2023, se hace llamada telefónica al Sr. René Aguilar el mismo indica que no se va a permitir el ingreso a funcionarios debido a que el Sr. Eduardo Soto Camacho debe de estar presente y se encuentra con problemas de salud y se debe reprogramar en un mes. • El 12 de junio 2023, se hace llamada telefónica al Sr. René Aguilar para coordinar el ingreso a la empresa Rental Trigal el mismo indica el día 13 de junio 2023 nos llama para indicar si hay autorización del ingreso. • El 13 de junio 2023, se hace llamada telefónica al Sr. René Aguilar para coordinar el ingreso a la empresa Rental Trigal el mismo indica aún no ese permite el ingreso debido a que el Sr Soto Camacho se encuentra con problemas de salud, se acuerda llamar el 23 de junio 2023. • El 15 de junio 2023, se envía oficio MS-DRRSCN-DARSSD-895-2023 al Tribunal Ambiental Administrativo solicitando información sobre el seguimiento al expediente N°410-09-02-TAA del cuál no se ha recibido respuesta. El 23 de junio 2023, se hace llamada telefónica al Sr. René Aguilar para coordinar el ingreso a la empresa Rental Trigal el mismo indica no se autoriza el ingreso debido a que el señor se encuentra delicado de salud, él se comunicará con el Área Rectora para coordinar futuro ingreso. • El 03 de julio 2023, se envía oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1002-2023 a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte solicitando intervención y apoyo para seguimiento del caso en mención. • El 04 de julio 2023, desde la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte se le envía a la Dirección General de Salud oficio MS-DRRSCN-1501-2023 solicitando reunión con el fin de analizar y abordar el caso de la empresa Rental Trigal y se recomienda realizar una visita al sitio para tener nueva evidencia en caso de que se deba nuevamente plantear una solicitud de allanamiento. • El 4 de agosto 2023 esta Área Rectora notificó el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1148-2023 el mismo indicaba que el 10 de agosto 2023 funcionarios de esta Área Rectora se iban a apersonar al sitio para verificar cumplimiento de ordenamiento sanitario pendiente, el mismo fue recibido por el señor Carlos Trejos con identificación 155821507519 identificado como guarda del lugar. • El 10 de agosto 2023 las funcionarias de esta Área Rectora Licda. Diana Víquez Zamora y la Licda. Karolina Porras Solera se presentaron a la empresa Rental Trigal, las recibe el señor Alí Trejos Ramírez con identificación 155817552211 el mismo no les permite el ingreso indicando que no ha tenido comunicación con el señor Eduardo Soto Camacho, acta 171-DVZ-2023. • El 18 de agosto 2023 se notificó el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1197-2023 recibido en el sitio por el Señor Carlos Trejos donde se le indica que el 30 de agosto del 2023 funcionarios de esta Área Rectora se iban a apersonar al sitio para verificar cumplimiento de ordenamiento sanitario pendiente. Este mismo día se le notifica el oficio MS-DRRSCN-DARSSD-1197-2023 al Sr. Eduardo Soto Camacho mediante la dirección de correo electrónico [email protected] • El 30 de agosto 2023 las funcionarias de la Dirección de Área Rectora de Salud Santo Domingo Licda. Diana Víquez Zamora y la Licda. Karolina Porras Solera se presentaron a la empresa Rental Trigal, las recibe el señor Carlos Trejos el mismo no les permite el ingreso indicando que no ha podido contactar al señor Eduardo Soto Camacho, acta 183-DVZ-2023. • El 13 de setiembre 2023, se realizó reunión en institucional en la que participó la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Salud, el Lic. Jorge Jinesta, Abogado Regional y las suscritas, se acordó gestionar evidencias para proceder a gestionar una nueva solicitud de allanamiento y la remisión de los antecedentes del caso para que uno de los Asesores Legales de la Señora Ministra de Salud analizará el caso en aras de proponer otra forma de abordaje ante la imposibilidad de finiquitar este caso. • El 26 de setiembre 2023, desde la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo se envió oficio MS-DRRSRCN-DARSSD-1437-2023 al correo electrónico [email protected] solicitando información al Tribunal Ambiental Administrativo con respecto al estado en el que se encuentra actualmente el caso, así como avances o acciones de seguimiento que se han llevado a cabo por parte de dicha instancia • El 27 de setiembre 2023, desde la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo se envió a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte correo electrónico solicitando apoyo para dar seguimiento al trámite de Gestión de desobediencia a la autoridad planteada contra el Sr Eduardo Soto Camacho • El 28 de setiembre 2023, mediante oficio MS-DRRSCN-2163-2023 la Dirección Regional solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos información sobre el trámite de Gestión de desobediencia planteada desde el 12 de noviembre del 2021 contra el Sr Eduardo Soto Camacho, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta. • El 16 de noviembre 2023, la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo envió a la Dirección Regional correo electrónico solicitando información de seguimiento al caso de la empresa Rental Trigal. Es importante indicar que durante el año 2021 la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo estuvo en audiencias celebradas en el Tribunal Ambiental Administrativo, siendo que se determinó realizar un proceso conciliatorio con las partes, pero no se logró llegar a un acuerdo; por lo que se está a la espera de audiencia por parte de dicho Tribunal. Es evidente que en todo el proceso de atención de este caso se ha invertido muchos recursos institucionales tanto de funcionarios y tiempo, encontrando la dificultad de acceder al sitio para efectos de acciones de verificación del cumplimiento de lo ordenado, seguimiento del caso, notificación de actos administrativos y otros a la representación legal de la empresa, así como el rechazo de la gestión de solicitud de allanamiento a la propiedad. Por lo que se han incluso gestionado reuniones con las autoridades de los tres niveles de gestión institucionales para definir una intervención más radical, lo cual en este momento están en proceso y seguimiento...”. En 18 de enero de 2023. Se remite a la fiscalía General de la República, denuncia por desobediencia a la autoridad sanitaria, contra el señor Carlos Eduardo Soto Camacho, consignada bajo el número de denuncia N° MS-DM-CP-1013-2022, suscrita por el Dr. Pedro González Morera, en su entonces Ministro a.i. de Salud, donde se denunció el siguiente hecho: “El 9 de noviembre 2021, se realiza informe de seguimiento por parte de la Licda. Diana Víquez donde indica: Se ingresa al sitio con autorización del señor Trejos, lo anterior para realizar inspección en el sitio, en el cual no se identifica que se realice algún tipo de actividad inclusive no se observa la presencia de personas en el lugar. No se observa que se haya demolido las estructuras donde se ubica el taller, dentro del mismo se observan contenedores y una estructura metálica de gran dimensión en un sector identificado como “Área de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Maquinaria y equipo” así como una hidro lavadora. En el sitio persiste la presencia de contenedores. Los sellos de clausura no se observan en ninguno de los sitios donde fueron colocados en el momento de la clausura…”, se solicitó al fiscal General con base en los argumentos de hecho y derecho expuestos que: “…gestione lo que resulte pertinente en aras de que se realice la respectiva investigación y, una vez identificada y ubicada la persona o personas que desarrolla las actividades aquí denunciadas y si es que existen, se procure la pena que corresponda. Delegamos toda la investigación e impulso del proceso en el Ministerio Público a quien por mandato de su ley orgánica 7442 le corresponde el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en este tipo de delitos. De igual forma solicito se tenga como parte, tanto al Ministerio de Salud como a la Procuraduría General de la República y se notifique todos los actos jurisdiccionales relativos a la presente causa…". Siendo de advertir que a la fecha sigue pendiente de resolución por parte de ese órgano judicial. Como se puede apreciar, señor Magistrado, efectivamente continúa este Ministerio con la imposibilidad material de ingresar al inmueble denunciado, y ante la negativa de los propietarios y denunciados se solicitó el allanamiento judicial pertinente, el cual es de comprender que no resulta en tarea fácil para un juez de la república, ordenar un allanamiento sin causa justificable de que se está posiblemente cometiendo un ilícito, pese a ello se solicitó el allanamiento de la propiedad, el cual fue denegado, considerando el juez del Juzgado Contravencional de Santo Domingo de Heredia, que la solicitud no se acompaña de una negativa de ingreso real y manifiesta de parte del propietario o representante legal de la empresa. Es de advertir que pese a que no se ha tenido el aval del propietario para ingresar a la propiedad en cuestión, este Ministerio no ha desistido en su afán de ingresar a la propiedad, y poder realizar las valoraciones que son de su competencia, lo cual no se ha concretado, por negativa del propietario. Este Ministerio ha solicitado información al Tribunal Ambiental Administrativo, con el afán de saber cuál es la condición actual del caso, los avances y/o acciones de seguimiento que se le ha brindado a la empresa “Rental Trigal”, siendo que se demuestra que no ha existido omisión alguna de parte de las autoridades de salud, destacadas en el nivel regional y local, de brindar el seguimiento correspondiente al caso. Resulta importante aclarar al Honorable Magistrado constitucional que los diferentes niveles de gestión de este Ministerio, como es el Despacho Ministerial, su nivel regional y local, nos esmerarnos en atender de manera célere y oportuna todas y cada una de las gestiones que nos presentan los administrados (as), y brindar, como corresponde, la atención debida, en pro de garantizar el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio de la Rectoría del Sistema Nacional de Salud, todo ello con el fin de garantizar la salud de los habitantes y por ende su derecho fundamental a la vida, donde es de indicar que este Ministerio recibe a diario gran cantidad de denuncias, las cuales son atendidas por los niveles locales de gestión (nivel operativo) de manera diligente y con profesionalismo, con el fin de lograr no solo la satisfacción del denunciante, sino, en procura de poder eliminar cualquier práctica que genere contaminación al ambiente o daño a la salud de la población. No está de más indicar que el actuar del Ministerio de Salud, particularmente de este Despacho, y sus diferentes niveles de gestión (Central, Regional y Local) no es desinteresado y mucho menos intencionado en vulnerar derechos fundamentales a las personas, por el contrario, siempre está dirigido en atender de manera atenta, responsable y diligente, todas las gestiones planteadas por los administrados y particularmente del aquí amparado, por cuanto se han realizado en el ámbito de nuestras competencias las acciones que corresponden, como fue la clausura y cese de acciones de predio de contenedores en el lugar, donde se ordenó el retiro de los contenedores y de todo tipo de unidad vehicular del sitio, que se procediera a la demolición de las estructuras donde se ubica el taller, tomar la previsiones necesarias a fin de impedir afectaciones al medio ambiente, entre otras que requieren de su comprobación, situación ésta, que actualmente se le brinda el seguimiento respectivo, con el fin de poder brindar una solución satisfactoria.” Pide se declare no ha lugar la gestión. 4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 13:10 horas de 22 de enero de 2024, rinde informe Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo. Expresa: “PRIMERO: Que mediante resolución N° 2753-2020-TAA de las diez horas del cinco de octubre del año 2020 se acordó: ordenar al señor Jose Miguel Zeledón Calderón en su condición de Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía cumplir con lo ordenado mediante resolución N°2436-2020 de las trece horas con treinta y cinco minutos del día treinta y uno de agosto del 2020. Ver folio 2475 del expediente administrativo. SEGUNDO: Que mediante resolución 2905-2020-TAA de las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día veintidós de octubre del año dos mil veinte, se acuerda otorgar una prórroga a la Dirección de Agua para cumplir con lo solicitado por este Tribunal. Ver folio 2530 del expediente administrativo. (...) DECIMO SEGUNDO: Que mediante resolución N°1339-2021-TAA de las once horas con cincuenta y ocho minutos del día once de octubre del año dos mil veintiuno, se acuerda indicarle a las partes que se mantiene la celebración de la audiencia oral y pública para los días 12 13 y 14 de octubre del año dos mil veintiuno. Ver folio 3328 del expediente administrativo. DÉCIMO TERCERO: Que visible a los folios 3419 y 3421 del expediente administrativo consta el Acta de la Audiencia oral y privada realizada el día 12 de octubre del año 2021 en la cual se indica que la diligencia se continuaría el día 13 de octubre del año 2021. DÉCIMO CUARTO: Que visible a los folios 3449 al 3452 del expediente administrativo consta el Acta de la Audiencia Oral y Privada realizada el día 13 de octubre del año 2021 en la cual se indica que la diligencia se continuará el día 14 de octubre del año 2021. DÉCIMO QUINTO: Que visible a los folios 3510 a 3513 del expediente administrativo consta el Acta de la Audiencia Oral y Privada realizada el día 14 de octubre del año 2021 en la cual se indica que la diligencia se continuará el día 15 de octubre del año 2021. DÉCIMO SEXTO: Que visible a los folios 3517 al 3520 del expediente administrativo consta el Acta de la Audiencia Oral y Privada realizada el día 15 de octubre de año 2021 en la cual se indica que la diligencia se continuará el día 21 de octubre de año 2021. DÉCIMO SÉTIMO: Que mediante resolución N°1363-2021-TAA de las doce horas con diez minutos del día quince de octubre del año 2021 se acuerda: Que la continuación de la audiencia oral y pública celebrada el día 15 de octubre del año 2021, se desprende que al celebración de la misma continuará los días 21, 22, 29 de octubre, y los días 5 y 10 de noviembre, por lo que este Tribunal en virtud de la cantidad de testigos resuelve habilitar también el día 15 de noviembre del año 2021, Ver folios 3521 al 3525 del expediente administrativo. (…). VIGÉSIMO PRIMERO: Que mediante resolución N°1517-2021 de las ocho horas con diez minutos del tres de noviembre de 2021, se acuerda indicar la continuación de la audiencia oral y publica a realizarse el día 5 de noviembre del año 2021. VIGÉSIMO SEGUNDO: Que visible a a los folios 3771 a 3774 del expediente administrativo consta el acta de la audiencia celebrada el día 5 de noviembre de año 2021, en la cual se indica que se suspende la diligencia con la finalidad de que las partes puedan reunirse de manera formal para tratar de llegar a una conciliación en el presente procedimiento ordinario administrativo. VIGESIMO TERCERO: Que mediante resolución N°58-2024-TAA de las catorce horas del diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, ver folios 3864 al 3900, se acordó por este Tribunal la suspensión del presente procedimiento administrativo que corresponde al expediente administrativo N°410-09-02-TAA.” Añade que, el Tribunal ha realizado gestiones encaminadas a terminar el proceso, sin embargo, por escrito de 11 de enero de 2024, suscrito por la Jueza Suplente, Licda, Elizabeth Araya Jiménez presenta la renuncia en razón de acogerse a suspensión, no resultando posible nombrar a otra suplente para integrar el Tribunal siendo que el 16 de enero de 2024, suscrito digitalmente por la Jueza Suplente, Licda Carla Vanessa Agüero Zeledón, la misma presenta su renuncia irrevocable como Jueza Suplente del Tribunal Ambiental Administrativo, efectiva a partir de esa misma fecha, 16 de enero del 2024. Explica que debido a la renuncia de las únicas dos juezas suplentes con que contaba el Tribunal y que en el presente expediente una de las juezas propietarias se encuentra inhibida, se configura una imposibilidad material (articulo 259 de la Ley General de la Administración Pública por analogía, y principio ad impossibilia nemo tenetur), debido a que para este expediente en particular, no se encuentra integrado el Tribunal. Se da como consecuencia la necesidad imperiosa de que mediante resolución N°58-2024-TAA de las catorce horas del diecinueve de enero de 2024, ver folios 3864 a 3900, en la que se declara la suspensión de presente procedimiento administrativo que corresponde al expediente administrativo N°410-09-02-TAA por lo que se tienen así suspendidos los plazos correspondientes para su continuación y finalización, hasta tanto seamos notificados por el Consejo Nacional Ambiental del nombramiento de los jueces suplentes, por lo que una vez que se integre el Tribunal se continuará de manera inmediata con el trámite del expediente y se le estará comunicando a las partes mediante resolución lo que en derecho corresponda. Pide se declare no ha lugar a la gestión. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando: I.- En la sentencia n° 2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020, se dispuso: “Se declara parcialmente con lugar el recurso, en contra del Tribunal Ambiental Administrativo y Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia. Se ordena a Ligia Umaña Ledezma en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA , o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias para que se resuelva el expediente n.° 410-09-02-TAA como en derecho corresponda y se notifique lo resuelto a la parte amparada, todo en un plazo no mayor a 2 meses, contado a partir de la audiencia que se efectuará el 1 de setiembre de 2020. Asimismo, se ordena a Pedro González Morera en su condición de Viceministro de Salud o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que realice las actuaciones necesarias, a fin de dar seguimiento a la resolución 001252-F-S1-2020. Lo anterior bajo la advertencia que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.” . II.- SOBRE LA PRIMERA GESTIÓN DE INEJECUCIÓN. Mediante sentencia interlocutoria No.2021007879 de las 9:40 horas del 20 de abril de 2021, este Tribunal constató la desobediencia acusada por la parte recurrente, y resolvió: “II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. La parte recurrente, acusa que no se ha cumplido con lo ordenado por este Tribunal en la Sentencia supra citada. Ahora bien, dado que de la constancia emitida por el Técnico Judicial y el Secretario de esta Sala el 09 de abril de 2021, se desprende que la autoridad recurrida no rindió el informe que le fue requerido con respecto al supuesto incumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia antes mencionada, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta Sala debe tener por ciertos los hechos alegados por el recurrente, y, por ende, debe acoger la gestión de desobediencia planteada, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva. POR TANTO: Se reitera a Ligia Umaña Ledezma en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA, o a quien ocupe su cargo, el cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia N° 2020-017177 de las 09:20 horas del 11 de septiembre de 2020, bajo la advertencia de ordenar el testimonio de piezas ante el Ministerio Público por el delito previsto en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese esta Sentencia a la recurrida, en forma personal.” III.- SOBRE LA SEGUNDA GESTIÓN DE INEJECUSIÓN PLANTEADA. Mediante sentencia interlocutoria No. 2021-019746 de las 10:06 horas del 3 de setiembre de 2021, este Tribunal constató la desobediencia acusada por la parte recurrente, y resolvió: “Se acoge la gestión formulada. Se le ordena a Elizabeth Araya Jiménez en su condición de Jueza Titular de Tribunal Ambiental Administrativo y como Jueza Tramitadora de los expedientes finalizados en 02-TAA, o a quien ocupe su cargo, el cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia N° 2020-017177 de las 09:20 horas del 11 de septiembre de 2020, bajo la advertencia de ordenar el testimonio de piezas ante el Ministerio Público por el delito previsto en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese.” IV.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, el recurrente plantea nuevamente gestión posterior en relación con la sentencia N° 2020-017177 de las 09:20 horas del 11 de septiembre de 2020. En cuanto al cumplimiento por parte la Dirección del Área Rectora de Salud de Domingo. En el informe dado a esta Sala por la autoridad del Ministerio de Salud, se describen las acciones realizadas por parte de la autoridad sanitaria para dar seguimiento a la resolución 001252-F-S1-2020, como le fuera ordenado en la sentencia n° 2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020. Entre las últimas gestiones adoptadas destaca que el 18 de enero de 2023 planteó ante la Fiscalía General de la República, denuncia por desobediencia a la autoridad sanitaria, contra el señor Carlos Eduardo Soto Camacho, consignada bajo el número de denuncia N° MS-DM-CP-1013-2022, suscrita por el Dr. Pedro González Morera, en su entonces Ministro a.i. de Salud. Además, el 13 de setiembre 2023, realizó reunión en institucional en la que participó la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Salud, el Lic. Jorge Jinesta, Abogado Regional y las autoridades informantes, se acordó gestionar evidencias para proceder a gestionar una nueva solicitud de allanamiento y la remisión de los antecedentes del caso para que uno de los Asesores. Además, el 26 de setiembre 2023, desde la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo se envió oficio MS-DRRSRCN-DARSSD-1437-2023 al correo electrónico [email protected] solicitando información al Tribunal Ambiental Administrativo con respecto al estado en el que se encuentra actualmente el caso, así como avances o acciones de seguimiento que se han llevado a cabo por parte de dicha instancia. El 27 de setiembre 2023, desde la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo se envió a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte correo electrónico solicitando apoyo para dar seguimiento al trámite de Gestión de desobediencia a la autoridad planteada contra el Sr Eduardo Soto Camacho . El 28 de setiembre 2023, nuevamente, mediante oficio MS-DRRSCN-2163-2023 la Dirección Regional solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos información sobre el trámite de Gestión de desobediencia planteada desde el 12 de noviembre del 2021 contra el Sr Eduardo Soto Camacho, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta. El 16 de noviembre 2023, la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo envió a la Dirección Regional correo electrónico solicitando información de seguimiento al caso de la empresa Rental Trigal. De lo descrito, si bien se observa que ese Ministerio de Salud se ha enfrentado a importantes dificultades para acceder al sitio para efectos de realizar las acciones para ingresar a la propiedad y cumplir lo ordenado en la resolución 001252-F-S1-2020, tal y como se indicó en el voto 2020-017177 cuya inejecución se acusa; lo cierto es que más allá de la denuncia planteada ante el Ministerio Público en enero de 2023 y algunas gestiones de información pedidas en seguimiento a lo ordenado, las autoridades de salud recurridas no han tomado las suficientes medidas efectivas en este asunto. La solicitud de allanamiento que se indicó, por ejemplo, se valoraría adoptar desde el 13 de setiembre de 2023, no consta se le haya dado algún seguimiento, lo cual deja claro a esta Sala la inejecución a la orden de este Tribunal. En cuanto al Tribunal Ambiental Administrativo. Al respecto, esta Sala advierte que a pesar de sus argumentos y los motivos por los que no se ha podido culminar el proceso, ahora que desde enero de 2024, ante la renuncia de las únicas dos juezas suplentes con que contaba el Tribunal, se configura una imposibilidad material para integrar el Tribunal; lo cierto es que, ello no justifica el atraso de más de 3 años en que ha incurrido su representada. En este caso, se acredita la desobediencia a lo ordenado en la sentencia N° 2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020, y procede estimar la gestión formulada. Empero, visto que las personas que al presente ejercen los cargos de Ministro de Salud y Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo, no son las mismas que a quienes se les giró la orden en el pronunciamiento aludido, se ordena el cumplimiento de lo ahí dispuesto a quienes en la actualidad ostenten tales cargos. V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012. Por tanto: Se acoge la gestión formulada. Se ordena a Mario Urcuyo Solórzano, en su calidad de Ministro de Salud a.i. y a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo Jueza del Tribunal Ambiental Administrativo, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia n.°2020-017177 de las 9:20 horas del 12 de setiembre de 2020. Se advierte a las recurridos, que según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- DFONUR4732Y061 EXPEDIENTE N° 20-012211-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 14:46:15. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Case File:** 20-012211-0007-CO **Res. No. 2024004425** **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifty minutes of the twentieth of February two thousand twenty-four. **Subsequent proceeding (Gestión posterior)** filed by [Name 001], identification card number [Value 001], [Name 002], identification card number [Value 002] in relation to judgment No. 2020-017177 of 9:20 hours of September 12, 2020. **Whereas (Resultando):** **1.-** By brief detached through a resolution of 9:30 hours of November 13, 2023, the petitioners file a proceeding for disobedience (gestión de desobediencia) in relation to judgment No. 2020-017177 of 9:20 hours of September 12, 2020. They state that this Chamber ordered: "The appeal is partially granted, against the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) and the Rectorate Health Area (Área Rectora de Salud) of Santo Domingo de Heredia. Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Presiding Judge (Jueza Titular) of the Administrative Environmental Tribunal and as Processing Judge (Jueza Tramitadora) of the files concluded in 02-TAA, or whoever holds that position in her stead, is ordered to take the necessary actions to resolve file No. 410-09-02-TAA as legally appropriate and to notify the resolution to the protected party, all within a period not exceeding 2 months, counted from the hearing to be held on September 1, 2020. Likewise, Pedro González Morera, in his capacity as Vice Minister of Health or whoever holds that position in his stead, is ordered to take the necessary actions to follow up on resolution 001252-F-S1-2020. This under the warning that, for failing to comply with said order, he will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado files a note." They request that compliance with the provisions of the referred judgment be ordered. **2.-** By resolution of the instructing magistrate of 11:26 hours of November 18, 2023, a hearing was granted to Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal and as Processing Judge of the files concluded in 02-TAA, and to Pedro González Morera, in his capacity as Vice Minister of Health, or to whomever holds those positions in their stead, so that they might address and provide evidence regarding the facts and omissions attributed to them. **3.-** By brief incorporated into the digital file at 9:46 hours of December 6, 2023, Mario Urcuyo Solórzano submits a report in his capacity as Acting Minister of Health (Ministro de Salud a.i.). He states: "...( )... On August 20, 2020, a closure and suspension of activities report (acta de clausura y suspensión de actividades) was issued by the Rectorate Area of Santo Domingo ordering: 1. Immediately suspend (upon receipt of this notification) all types of activities carried out on the container property (owned by 3 1001 462679 S.A). 2. Proceed with the removal of containers and any type of vehicular unit parked on said property, of scrap and disused material located within said property. (deadline 15 business days) 3. Demolish all structures where the workshop, showers, sanitary facilities, and the shed comprising the farm are located) and any other installation located within the property, since they were built without the respective construction permits, are also located within the most vulnerable area for flooding and greatest erosion of the right bank of the river, and others remain within the protection zone or buffer strip (franja de amortiguamiento) of the river. (deadline 1 month) 4. That to carry out said actions, the necessary safety and protection measures must be taken in order not to cause environmental impacts or maximize existing erosion risks. 5. That the stabilization works required to be implemented on the right bank of the Virilla River must be processed before MINAET and SETENA and have the authorizations from the corresponding institutions. Likewise, any land stabilization works (fills, containment works to ensure compaction and quality control) require supervision by a professional affiliated with the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica) and the endorsement of a geotechnical laboratory. 7. Immediately adopt all necessary measures to protect the physical integrity, health, and life of its workers. • On September 11, 2020, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice ordered the Ministry of Health to take the necessary actions for resolution of the file. • On September 24, 2020, a closure was carried out by the Rectorate Area of Santo Domingo for non-compliance with the sanitary order (ordenamiento sanitario). • On November 12, 2021, by means of official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1717-2021, a Proceeding for Disobedience to Authority (Trámite de Gestión ante la Fiscalía General de Desobediencia a la autoridad) was sent to the Legal Affairs Directorate (Dirección de Asuntos Jurídicos) of the Ministry of Health against Carlos Eduardo Soto Camacho for non-compliance with sanitary order (Orden Sanitaria) No. MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020 and closure No. MS-DRRSCNDARSS-3467-2020. • On November 9, 2021, a visit was made by officials of the Rectorate Area of Santo Domingo; a workshop with containers was observed, labeled 'Preventive and Corrective Maintenance Area for Machinery and Equipment'" with no persons on site. Therefore, that same day from the Directorate of this Rectorate Area, official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1717-2021 was sent via email to Mr. Eduardo Soto Camacho as a reminder that they have pending administrative acts and must refrain from carrying out any commercial activity at the facilities of the company Renta Trigal. • On November 12, 2021, by means of official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1717-2021, a Proceeding for Disobedience to Authority was sent to the Legal Affairs Directorate of the Ministry of Health against Carlos Eduardo Soto Camacho for non-compliance with sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020 and closure No. MS-DRRSCNDARSS-3467-2020. • On September 7, 2022, Licda. Pamela Garita Ramírez, an official of this Rectorate Area, together with Eng. Douglas Sancho from the Municipality of Santo Domingo, presented themselves at the site but were denied access by the Renta Trigal security guard. • On October 14, 2022, an email was sent by the Rectorate Health Area of Santo Domingo to Mr. Eduardo Soto Camacho requesting he provide a date for entry, but no response was received. On March 31, 2023, officials Licda. Diana Víquez Zamora and Licda. Pamela Garita Ramírez presented themselves at the Rental Trigal company facilities to verify compliance with the activity closure and the other steps requested via the Closure report; however, Mr. Carlos Trejos Ramírez, identified as the security guard, made a phone call to Mr. Eduardo Soto Camacho, who did not authorize entry and indicated there is no commercial activity. • On May 3, 2023, Dr. Karina Garita Montoya, in her capacity as Director of the Health Stewardship of the Central North Region (Directora de Rectoría de la Salud Región Central Norte), filed before the Contraventional Court of Minor Amounts (Juzgado Contravencional de menor cuantía) of Santo Domingo a request for a raid (allanamiento) to enter the Rental Trigal establishment represented by Mr. Eduardo Soto Camacho. This was rejected by the Contraventional Court, indicating that the request is not accompanied by a real and manifest refusal of entry from the owner or legal representative of the aforementioned company. • On May 10, 2023, official Licda. Diana Víquez presented herself at the Rental Trigal company facilities to verify compliance with the activity closure; she was attended by Mr. Alí Trejos, identified as the security guard; he made a phone call to Mr. Eduardo Soto Camacho, who stated that entry is not permitted and that entry must be coordinated with Mr. René Aguilar. • On May 10, 2023, a phone call is made to Mr. René Aguilar; he indicates that he will discuss it with his superiors; it is agreed to call again on May 11, 2023, for the respective coordination. • On May 11, 2023, a phone call is made to Mr. René Aguilar; he indicates that entry for officials will not be permitted because Mr. Eduardo Soto Camacho must be present. He is experiencing health problems and it must be rescheduled in a month. • On June 12, 2023, a phone call is made to Mr. René Aguilar to coordinate entry to the Rental Trigal company; he indicates that on June 13, 2023, he will call to indicate whether there is authorization for entry. • On June 13, 2023, a phone call is made to Mr. René Aguilar to coordinate entry to the Rental Trigal company; he indicates that entry is still not permitted because Mr. Soto Camacho is experiencing health problems; it is agreed to call on June 23, 2023. • On June 15, 2023, official letter MS-DRRSCN-DARSSD-895-2023 is sent to the Administrative Environmental Tribunal requesting information on the follow-up to file No. 410-09-02-TAA, to which no response has been received. On June 23, 2023, a phone call is made to Mr. René Aguilar to coordinate entry to the Rental Trigal company; he indicates entry is not authorized because the gentleman is in delicate health; he will contact the Rectorate Area to coordinate future entry. • On July 3, 2023, official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1002-2023 is sent to the Regional Directorate of Health Stewardship of the Central North (Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte) requesting intervention and support for follow-up on the case in question. • On July 4, 2023, the Regional Directorate of Health Stewardship of the Central North sends official letter MS-DRRSCN-1501-2023 to the General Directorate of Health (Dirección General de Salud) requesting a meeting to analyze and address the case of the Rental Trigal company, and recommends conducting a site visit to have new evidence in case a raid request must be filed again. • On August 4, 2023, this Rectorate Area notified official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1148-2023, which indicated that on August 10, 2023, officials from this Rectorate Area would appear at the site to verify compliance with the pending sanitary order; it was received by Mr. Carlos Trejos with identification 155821507519, identified as the site security guard. • On August 10, 2023, officials from this Rectorate Area, Licda. Diana Víquez Zamora and Licda. Karolina Porras Solera, presented themselves at the Rental Trigal company; they were received by Mr. Alí Trejos Ramírez with identification 155817552211, who did not allow them entry, indicating that he has not had communication with Mr. Eduardo Soto Camacho, report 171-DVZ-2023. • On August 18, 2023, official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1197-2023 was notified, received at the site by Mr. Carlos Trejos, informing that on August 30, 2023, officials from this Rectorate Area would appear at the site to verify compliance with the pending sanitary order. That same day, official letter MS-DRRSCN-DARSSD-1197-2023 is notified to Mr. Eduardo Soto Camacho via the email address [email protected]. • On August 30, 2023, officials from the Directorate of the Rectorate Health Area of Santo Domingo, Licda. Diana Víquez Zamora and Licda. Karolina Porras Solera, presented themselves at the Rental Trigal company; they were received by Mr. Carlos Trejos, who did not allow them entry, indicating that he has not been able to contact Mr. Eduardo Soto Camacho, report 183-DVZ-2023. • On September 13, 2023, an institutional meeting was held in which the Legal Affairs Directorate, the General Directorate of Health, Lic. Jorge Jinesta, Regional Lawyer, and the undersigned participated; it was agreed to gather evidence to proceed with managing a new raid request and to send the case background so that one of the Legal Advisors to the Minister of Health could analyze the case to propose another approach given the impossibility of finalizing this case. • On September 26, 2023, the Directorate of the Rectorate Health Area of Santo Domingo sent official letter MS-DRRSRCN-DARSSD-1437-2023 to the email address [email protected], requesting information from the Administrative Environmental Tribunal regarding the current status of the case, as well as advancements or follow-up actions that have been carried out by said body. • On September 27, 2023, the Directorate of the Rectorate Health Area of Santo Domingo sent an email to the Regional Directorate of Health Stewardship of the Central North requesting support to follow up on the Proceeding for Disobedience to Authority filed against Mr. Eduardo Soto Camacho. • On September 28, 2023, by means of official letter MS-DRRSCN-2163-2023, the Regional Directorate requested information from the Legal Affairs Directorate about the Proceeding for Disobedience filed since November 12, 2021, against Mr. Eduardo Soto Camacho, but to date no response has been obtained. • On November 16, 2023, the Directorate of the Rectorate Health Area of Santo Domingo sent an email to the Regional Directorate requesting follow-up information on the case of the Rental Trigal company. It is important to indicate that during the year 2021, the Directorate of the Rectorate Health Area of Santo Domingo attended hearings held at the Administrative Environmental Tribunal, where it was determined to carry out a conciliation process (proceso conciliatorio) with the parties, but an agreement could not be reached; therefore, a hearing is awaited from said Tribunal. It is evident that throughout the process of attending to this case, many institutional resources have been invested in terms of both officials and time, encountering the difficulty of accessing the site for purposes of verifying compliance with what was ordered, following up on the case, notifying administrative acts and others to the legal representation of the company, as well as the rejection of the property raid request. Therefore, meetings have even been arranged with authorities from the three institutional management levels to define a more radical intervention, which is currently in process and follow-up...". On January 18, 2023. A complaint for disobedience to health authority is sent to the General Prosecutor's Office of the Republic, against Mr. Carlos Eduardo Soto Camacho, filed under complaint number MS-DM-CP-1013-2022, signed by Dr. Pedro González Morera, in his then capacity as Acting Minister of Health, where the following fact was reported: "On November 9, 2021, a follow-up report is made by Licda. Diana Víquez stating: The site is entered with authorization from Mr. Trejos, to carry out an inspection on site, in which it is not identified that any type of activity is being carried out, including that no persons are observed at the location. It is not observed that the structures where the workshop is located have been demolished; containers and a large metal structure are observed inside it in a sector identified as 'Preventive and Corrective Maintenance Area for Machinery and Equipment' as well as a pressure washer. Containers persist at the site. The closure seals are not observed in any of the locations where they were placed at the time of the closure...", the Attorney General was requested, based on the arguments of fact and law presented, to: "...take whatever action is pertinent in order for the respective investigation to be carried out and, once the person or persons carrying out the activities reported here are identified and located, and if they exist, to seek the corresponding penalty. We delegate all investigation and impetus of the process to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), which, by mandate of its organic law 7442, is responsible for the exercise of criminal action and the carrying out of the preparatory investigation in this type of crime. Likewise, I request that both the Ministry of Health and the General Attorney's Office of the Republic be considered as parties and that all jurisdictional acts relating to this case be notified...\". It should be noted that as of today, it is still pending resolution by that judicial body. As can be seen, Mr. Magistrate, this Ministry indeed still faces the material impossibility of entering the denounced property, and given the refusal of the owners and denounced parties, the pertinent judicial raid was requested, which is understandable is not an easy task for a judge of the republic—to order a raid without justifiable cause that an illicit act is possibly being committed. Despite this, the raid of the property was requested, which was denied, with the judge of the Contraventional Court of Santo Domingo de Heredia considering that the request is not accompanied by a real and manifest refusal of entry from the owner or legal representative of the company. It should be noted that despite not having obtained the owner's approval to enter the property in question, this Ministry has not desisted in its effort to enter the property and carry out the assessments within its competence, which has not materialized, due to the owner's refusal. This Ministry has requested information from the Administrative Environmental Tribunal, with the aim of knowing the current condition of the case and the advancements and/or follow-up actions that have been provided to the company 'Rental Trigal', demonstrating that there has been no omission whatsoever on the part of the health authorities assigned at the regional and local level in providing the corresponding follow-up to the case. It is important to clarify to the Honorable Constitutional Magistrate that the different management levels of this Ministry, such as the Ministerial Office, its regional and local level, diligently and promptly attend to each and every one of the proceedings presented to us by the administered parties, and provide, as appropriate, the due attention in pursuit of guaranteeing the development of actions that protect and improve the physical, mental, and social health status of the inhabitants, through the exercise of the Stewardship (Rectoría) of the National Health System, all with the purpose of guaranteeing the health of the inhabitants and therefore their fundamental right to life. It should be noted that this Ministry daily receives a large number of complaints, which are handled by the local management levels (operational level) diligently and professionally, in order to achieve not only the satisfaction of the complainant but also in an effort to eliminate any practice that generates environmental contamination or damage to the population's health. It is worth mentioning that the actions of the Ministry of Health, particularly of this Office and its different management levels (Central, Regional, and Local), are not disinterested, much less intended to violate the fundamental rights of individuals; on the contrary, they are always aimed at attentively, responsibly, and diligently addressing all procedures filed by the administered parties, and particularly the protected party here, since the corresponding actions within the scope of our competencies have been carried out, such as the closure and cessation of actions on the container property at the site, where the removal of the containers and any type of vehicular unit from the site was ordered, the demolition of the structures where the workshop is located was ordered, and the necessary precautions were ordered to be taken to prevent environmental impacts, among others that require verification. This situation is currently being given the respective follow-up, in order to provide a satisfactory solution." It requests that the proceeding be declared without merit. **4.-** By brief incorporated into the digital file at 13:10 hours of January 22, 2024, Adriana Bejarano Alfaro submits a report in her capacity as Judge of the Administrative Environmental Tribunal. She states: "FIRST: That by resolution No. 2753-2020-TAA of ten hours of October fifth, two thousand twenty, it was agreed: to order Mr. Jose Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Water Directorate (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy, to comply with what was ordered through resolution No. 2436-2020 of thirteen hours thirty-five minutes of August thirty-first, two thousand twenty. See folio 2475 of the administrative file. SECOND: That by resolution 2905-2020-TAA of ten hours fifty-five minutes of October twenty-second, two thousand twenty, it is agreed to grant an extension to the Water Directorate to comply with what was requested by this Tribunal. See folio 2530 of the administrative file. (...) TWELFTH: That by resolution No. 1339-2021-TAA of eleven hours fifty-eight minutes of October eleventh, two thousand twenty-one, it is agreed to indicate to the parties that the oral and public hearing remains scheduled for October 12, 13, and 14, two thousand twenty-one. See folio 3328 of the administrative file. THIRTEENTH: That visible at folios 3419 and 3421 of the administrative file is the Minutes (Acta) of the Oral and Private Hearing held on October 12, 2021, in which it is indicated that the proceeding would continue on October 13, 2021. FOURTEENTH: That visible at folios 3449 to 3452 of the administrative file is the Minutes of the Oral and Private Hearing held on October 13, 2021, in which it is indicated that the proceeding will continue on October 14, 2021. FIFTEENTH: That visible at folios 3510 to 3513 of the administrative file is the Minutes of the Oral and Private Hearing held on October 14, 2021, in which it is indicated that the proceeding will continue on October 15, 2021. SIXTEENTH: That visible at folios 3517 to 3520 of the administrative file is the Minutes of the Oral and Private Hearing held on October 15, 2021, in which it is indicated that the proceeding will continue on October 21, 2021. SEVENTEENTH: That by resolution No. 1363-2021-TAA of twelve hours ten minutes of October fifteenth, two thousand twenty-one, it is agreed: That in the continuation of the oral and public hearing held on October 15, 2021, it is apparent that the continuation thereof will proceed on October 21, 22, 29, and November 5 and 10; therefore, this Tribunal, by virtue of the number of witnesses, resolves to also enable November 15, 2021. See folios 3521 to 3525 of the administrative file. (...). TWENTY-FIRST: That by resolution No. 1517-2021 of eight hours ten minutes of November third, two thousand twenty-one, it is agreed to schedule the continuation of the oral and public hearing to be held on November 5, 2021. TWENTY-SECOND: That visible at folios 3771 to 3774 of the administrative file is the minutes of the hearing held on November 5, 2021, in which it is indicated that the proceeding is suspended for the purpose of allowing the parties to meet formally to try to reach a conciliation in the present ordinary administrative proceeding (procedimiento ordinario administrativo). TWENTY-THIRD: That by resolution No. 58-2024-TAA of fourteen hours of January nineteenth, two thousand twenty-four, see folios 3864 to 3900, this Tribunal agreed to the suspension of the present administrative proceeding, which corresponds to administrative file No. 410-09-02-TAA." She adds that the Tribunal has taken steps directed at concluding the process; however, by brief of January 11, 2024, signed by the Alternate Judge (Jueza Suplente), Licda. Elizabeth Araya Jiménez, she submitted her resignation due to availing herself of a suspension, making it impossible to appoint another alternate to integrate the Tribunal, given that on January 16, 2024, digitally signed by the Alternate Judge, Licda. Carla Vanessa Agüero Zeledón, she submitted her irrevocable resignation as Alternate Judge of the Administrative Environmental Tribunal, effective as of that same date, January 16, 2024. She explains that due to the resignation of the only two alternate judges the Tribunal had, and because in the present file one of the proprietary judges (juezas propietarias) is disqualified (inhibida), a material impossibility arises (Article 259 of the General Law of Public Administration by analogy, and the principle ad impossibilia nemo tenetur), because for this particular file, the Tribunal is not fully constituted. The consequence is the imperative need, through resolution No. 58-2024-TAA of fourteen hours of January nineteenth, two thousand twenty-four, see folios 3864 to 3900, to declare the suspension of the present administrative proceeding corresponding to administrative file No. 410-09-02-TAA; therefore, the corresponding deadlines for its continuation and completion are thus suspended, until we are notified by the National Environmental Council (Consejo Nacional Ambiental) of the appointment of alternate judges. Once the Tribunal is integrated, the processing of the file will continue immediately, and the parties will be notified by resolution as legally appropriate. It requests that the proceeding be declared without merit. **5.-** In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Cruz Castro; and, **Considering (Considerando):** **I.-** In judgment No. 2020-017177 of 9:20 hours of September 12, 2020, it was ordered: "The appeal is partially granted, against the Administrative Environmental Tribunal and the Rectorate Health Area of Santo Domingo de Heredia. Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal and as Processing Judge of the files concluded in 02-TAA, or whoever holds that position in her stead, is ordered to take the necessary actions to resolve file No. 410-09-02-TAA as legally appropriate and to notify the resolution to the protected party, all within a period not exceeding 2 months, counted from the hearing to be held on September 1, 2020. Likewise, Pedro González Morera, in his capacity as Vice Minister of Health or whoever holds that position in his stead, is ordered to take the necessary actions to follow up on resolution 001252-F-S1-2020. This under the warning that, for failing to comply with said order, he will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative court. In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado files a note." . **II.- REGARDING THE FIRST PROCEEDING FOR NON-EXECUTION.** By means of interlocutory judgment No. 2021007879 of 9:40 hours of April 20, 2021, this Tribunal verified the disobedience claimed by the petitioners, and resolved: "II.- REGARDING THE PROCEEDING FILED. The petitioners accuse that what was ordered by this Tribunal in the aforementioned Judgment has not been complied with. Now, considering that from the certification issued by the Judicial Technician and the Secretary of this Chamber on April 9, 2021, it is evident that the respondent authority did not submit the report requested regarding the alleged non-compliance with the provisions of the aforementioned Judgment, in application of the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, this Chamber must accept the facts alleged by the petitioner as true, and, therefore, must grant the disobedience proceeding (gestión de desobediencia) filed, with the consequences that will be stated in the operative part. THEREFORE: Ligia Umaña Ledezma, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal and as Processing Judge for the files completed in 02-TAA, or whoever holds her position, is reiterated to comply with the provisions of Judgment No. 2020-017177 of 09:20 hours on September 11, 2020, under the warning that certified copies of the case file will be sent to the Public Prosecutor's Office for the crime set forth in Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. This Judgment shall be personally notified to the respondent." III.- ON THE SECOND NON-EXECUTION COMPLAINT FILED. By interlocutory judgment No. 2021-019746 of 10:06 hours on September 3, 2021, this Court verified the disobedience alleged by the petitioner, and resolved: "The complaint filed is granted. Elizabeth Araya Jiménez, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal and as Processing Judge for the files completed in 02-TAA, or whoever holds her position, is ordered to comply with the provisions of Judgment No. 2020-017177 of 09:20 hours on September 11, 2020, under the warning that certified copies of the case file will be sent to the Public Prosecutor's Office for the crime set forth in Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Notify." IV.- ON THE COMPLAINT FILED. In this case, the petitioner again files a subsequent complaint regarding Judgment No. 2020-017177 of 09:20 hours on September 11, 2020. Regarding compliance by the Directorate of the Governing Health Area of Domingo. In the report provided to this Chamber by the Ministry of Health authority, the actions taken by the health authority to follow up on resolution 001252-F-S1-2020, as ordered in Judgment No. 2020-017177 of 9:20 hours on September 12, 2020, are described. Among the latest actions adopted, it stands out that on January 18, 2023, a complaint for disobedience to the health authority was filed before the Office of the Attorney General of the Republic against Mr. Carlos Eduardo Soto Camacho, filed under complaint number MS-DM-CP-1013-2022, signed by Dr. Pedro González Morera, then Acting Minister of Health. Furthermore, on September 13, 2023, an institutional meeting was held with the participation of the Directorate of Legal Affairs, the General Directorate of Health, Attorney Jorge Jinesta, Regional Lawyer, and the reporting authorities, where it was agreed to gather evidence to proceed with a new application for a search warrant (allanamiento) and the referral of the case background for one of the Advisors. Additionally, on September 26, 2023, official letter MS-DRRSRCN-DARSSD-1437-2023 was sent from the Directorate of the Governing Health Area of Santo Domingo to the email address [email protected] requesting information from the Administrative Environmental Tribunal regarding the current status of the case, as well as progress or follow-up actions that have been carried out by said instance. On September 27, 2023, an email was sent from the Directorate of the Governing Health Area of Santo Domingo to the Central North Regional Directorate of Health Stewardship requesting support to follow up on the proceeding for Disobedience to authority filed against Mr. Eduardo Soto Camacho. On September 28, 2023, again, via official letter MS-DRRSCN-2163-2023, the Regional Directorate requested information from the Directorate of Legal Affairs about the Disobedience proceeding filed since November 12, 2021, against Mr. Eduardo Soto Camacho, but to date no response has been received. On November 16, 2023, the Directorate of the Governing Health Area of Santo Domingo sent an email to the Regional Directorate requesting follow-up information on the case of the company Rental Trigal. From what is described, although it is observed that this Ministry of Health has faced significant difficulties in accessing the site to carry out the actions necessary to enter the property and comply with what was ordered in resolution 001252-F-S1-2020, as indicated in Vote 2020-017177 whose non-execution is alleged; the reality is that beyond the complaint filed before the Public Prosecutor's Office in January 2023 and some requests for information made in follow-up to what was ordered, the respondent health authorities have not taken sufficient effective measures in this matter. For example, there is no record that the search warrant (allanamiento) application, which was indicated would be evaluated for adoption since September 13, 2023, has received any follow-up, which clearly demonstrates to this Chamber the non-execution of this Court's order. Regarding the Administrative Environmental Tribunal. In this respect, this Chamber notes that despite its arguments and the reasons why the process could not be completed, now that since January 2024, due to the resignation of the only two substitute judges that the Tribunal had, a material impossibility to constitute the Tribunal is configured; the reality is that this does not justify the more than 3-year delay that your represented party has incurred. In this case, disobedience to what was ordered in Judgment No. 2020-017177 of 9:20 hours on September 12, 2020, is proven, and it is appropriate to grant the complaint filed. However, given that the persons currently holding the positions of Minister of Health and Judge of the Administrative Environmental Tribunal are not the same as those to whom the order was given in the aforementioned pronouncement, compliance with the provisions therein is ordered to those who currently hold such positions. V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in Article LXXXI of session No. 43-12 held on May 3, 2012. Therefore: The complaint filed is granted. Mario Urcuyo Solórzano, in his capacity as Acting Minister of Health, and Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Judge of the Administrative Environmental Tribunal, are ordered to immediately comply with the provisions of Judgment No. 2020-017177 of 9:20 hours on September 12, 2020. The respondents are warned that, according to Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, whoever receives an order that must be executed or enforced, issued in an amparo appeal, and does not execute it or cause it to be executed, shall be subject to imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided the crime is not more severely punished. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification Code -- DFONUR4732Y061 EXPEDIENTE No. 20-012211-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 14:46:15. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República