Res. 19700-2024 Sala Constitucional — Municipality must repair sewage pipe for violating right to a healthy environmentMunicipalidad debe reparar tubería de aguas negras por vulnerar derecho a ambiente sano

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Sala Constitucional

Resolución Nº 19700 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Julio del 2024 a las 09:20

Expediente: 24-016026-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

ALCANTARILLADO.
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

019700-24. MUNICIPALIDAD. SE LE ORDENA A LA ALCALDESA DE DESAMPARADOS, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE REPARE LA TUBERÍA QUE ESTÁ GENERANDO CONTAMINACIÓN CON AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES EN LA VÍA PÚBLICAS, EN TORREMOLINOS, ASÍ COMO EN LA PROPIEDAD DONDE HABITA LA RECURRENTE. ADEMÁS, DENTRO DE ESE MISMO PLAZO, DEBERÁ VERIFICAR Y ASEGURARSE QUE LOS VECINOS COLINDANTES NO DEPOSITEN SUS AGUAS NEGRAS O RESIDUALES EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL AYA, EN COORDINACIÓN CON ESTE ÚLTIMO INSTITUTO. VCG07/2024

“(…) V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la parte recurrente alega que es una persona adulta mayor y vive con su hijo amparado que tiene síndrome de Down. Reclama que entre setiembre y octubre del 2022 se apersonó a la Municipalidad de Desamparados a plantear una denuncia solicitando la reparación de una tubería de aguas negras y residuales que se encuentra contiguo a su casa de habitación, pues genera malos olores, provoca derrumbamientos y es un criadero de zancudos. Durante el mismo periodo de setiembre a octubre 2022, denunció la situación al Ministerio de Salud; empero, ninguna oficina ha solucionado el problema. Al respecto, en relación con las actuaciones del Ministerio de Salud, este Tribunal tiene por acreditado que en fecha 24 de marzo del 2023, el Área Rectora de Salud recurrida recibió el oficio CMED-053-2023 del Comité Municipal de Emergencias, el cual hace referencia a la problemática de una alcantarilla que desborda aguas residuales, sita en Torremolinos, Desamparados. El 14 de junio del 2023 se atendió el caso por primera vez por parte del Área Rectora de Salud accionada y se levantó el acta de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0477-2023. En dicho documento se indica que la parte trasera de la propiedad afectada presenta socavación del terreno debido a la ruptura de una tubería, adicionalmente, en la vía pública se ubica un tragante pluvial y un pozo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) frente a la propiedad afectada. El 16 de junio del 2023 según acta de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0484-2023, en nueva visita de inspección realizada por el Área Rectora de Salud recurrida, se aplicó fluoresceína sódica en el tragante pluvial obteniendo resultado positivo en el sector de la tubería que presenta la ruptura. Mediante informe técnico N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0349-2023, del 16 de junio de 2023, se concluyó que la afectación de la parte denunciante proviene de la ruptura de una tubería pluvial, lo cual provocó la socavación del terreno, generando un deslizamiento de la parte posterior de las propiedades sobre las cuales pasa la canalización del sistema de alcantarillado pluvial, comprometiendo la estabilidad de las estructuras ubicadas en las fincas 373110 y 212856. El 19 de junio del 2023, por oficio N° MS-DRRSCS-ARS-D-0394-2023, el Ministerio de Salud trasladó el caso para el mantenimiento (reparación) de la tubería pluvial que presenta una ruptura a la Municipalidad de Desamparados. El 17 de agosto del 2023 se realizó nueva visita de inspección en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud, según acta de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0676-2023, en la cual se indica que se realizó una prueba de coloración con fluoresceína sódica en el pozo del AyA ubicado frente a la propiedad afectada y se obtuvo resultado positivo al sistema pluvial. El 03 de octubre del 2023 se realizó visita de inspección al sitio denunciado en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud, se realizaron pruebas de coloración con fluoresceína sódica en las aguas residuales de tres casas de habitación ubicadas en la finca 1-212856-000, obteniendo un resultado positivo en dos pruebas y una prueba negativa. El 25 de enero del 2024, según informe técnico de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0006-2024, se concluyó que: “El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado incumple la normativa sanitaria al realizar vertido de aguas residuales crudas a la red de alcantarillado pluvial, la cual se dirige posteriormente a un cuerpo receptor”. El 28 de febrero del 2024 se emitió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024 ordenando: “1. Presentar por escrito en un plazo de 15 días hábiles un Plan de acciones correctivas el cual debe ser revisado y aprobado por el Área Rectora de Salud de Desamparados previo a su ejecución y que contemplar al menos lo siguiente: Descripción de las acciones correctivas a realizar para eliminar el vertido directo de aguas residuales al alcantarillado pluvial. Este debe ser acompañado de un cronograma, el cual no deberá sobrepasar los 80 días hábiles. 1.2. Procedimiento o protocolo de respuesta ante eventos naturales que generen un aumento del caudal, el cual debe indicar el manejo de las aguas residuales y sedimentos”. El 20 de junio del 2024, funcionarios del Ministerio de Salud recurrido realizaron inspección del sitio denunciado y se observó que la tubería continúa desfogando en el terreno afectado. El 21 de junio del 2024 se emitió el informe sanitario N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0615-2024 por incumplimiento a la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024, en donde se le impone una multa al AyA. El 24 de junio del 2024 se emite la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0119-2024, en contra del IMAS, como propietario del terreno donde están las casas que producen el problema de inadecuado manejo de aguas, en donde se ordena: “1. Presentar por escrito en un plazo de 30 días hábiles un Plan de acciones correctivas el cual debe ser revisado y aprobado por el Área Rectora de Salud de Desamparados previo a su ejecución y debe contemplar al menos lo siguiente: 1.1. Descripción de las acciones correctivas a realizar para revisar, rehabilitar o en su defecto construir el sistema de aguas residuales de las casas ubicadas en la Calle Salvatierra dentro de la finca 1 212856 000 y en caso de conexión al sistema pluvial se efectúe la desconexión y dichas aguas sean dispuestas de forma adecuada y sanitaria. 1.2. El Plan de acciones debe indicar los responsables y el cronograma de ejecución el cual no deberá superar los 120 días hábiles”. Ahora bien, el Ministerio de Salud hace énfasis en que el mantenimiento o estado de la tubería denunciada es competencia municipal. Por otro lado, en cuanto a la participación de la Municipalidad de Desamparados, se tiene por demostrado que mediante oficio N° MD-AM-0892-2024 de fecha 21 de junio de 2024, la Alcaldía Municipal accionada instruyó a los departamentos municipales competentes para que en el término de tres días hábiles se apersonaran al sitio denunciado donde se localiza la tubería y/o alcantarilla y procedan a rendir un informe técnico en el que se valore, defina y diagnostique el estado de situación. La Alcaldía recurrida solicita un plazo de seis meses para atender la situación. Ante este panorama, la Sala estima que se debe declarar parcialmente con lugar el recurso, solo contra la Municipalidad de Desamparados. Como se puede apreciar, la municipalidad recurrida no informa sobre actuaciones concretas y recientes que hayan ejecutado para atender la problemática ambiental denunciada. Por el contrario, solicitan un plazo de seis meses a la Sala para resolver lo correspondiente. Por su parte, en virtud de las inspecciones y órdenes sanitarias confeccionadas por el Ministerio de Salud, este Tribunal tiene por demostrado que sí existe un problema ambiental serio en la zona donde la recurrente denunció, pues se comprobó la ruptura de una tubería, siendo que se aplicó fluoresceína sódica en el tragante pluvial obteniendo resultado positivo en el sector de la tubería que presenta la ruptura; es decir, que se confirmó la contaminación ambiental denunciada por la recurrente. Sin embargo, a pesar de ello, no observa la Sala que, para este momento, la situación haya sido remediada, con el agravante que el problema viene desde hace años atrás. En consideración de este Tribunal, el Ministerio de Salud sí ha ejecutado las acciones de su competencia para atender la situación; no obstante, no se puede decir lo mismo del municipio accionado. El Gobierno Local recurrido ha omitido ejecutar las obras necesarias para reparar la ruptura de la tubería que genera contaminación con aguas negras y residuales en plena vía pública, así como en el terreno donde habita la recurrente. Tampoco ha coordinado lo correspondiente con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para valorar cuál es la mejor manera de abordar la problemática con la ruptura de dicha tubería, así como evitar que los vecinos depositen sus aguas negras o residuales en el alcantarillado pluvial. Bajo esa inteligencia, la Sala tiene por comprobada la aducida lesión al ordinal 50, de la Constitución Política y, por ende, procede acoger parcialmente el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia. (…)”

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Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 169- Gobierno municipal

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) IV.- Sobre la obligación de los gobiernos locales de velar por un ambiente sano y equilibrado. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia Nº 1998-180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. Según lo establece nuestra Constitución Política en el numeral 169, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. En ese sentido, este Tribunal ya ha dicho que el interés local se entiende como todo aquel de naturaleza pública que importa al cantón de manera directa e inmediata, de suerte tal que la municipalidad respectiva está, no solo facultada, sino también obligada a ocuparse de todo lo que favorezca a su cantón (ver Sentencia N° 2014-002127). Este Tribunal se ha referido a la obligación del Estado de velar por el derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado a favor de todos los habitantes. En el caso específico de las municipalidades, se extrae dicha obligación a partir de lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, pues a ellas les corresponde la “administración de los intereses y servicios locales en cada cantón”. El Código Municipal obliga a las municipalidades a velar por que al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y un ambiente sano. (…)” VCG07/2024

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que es una persona adulta mayor y vive con su hijo amparado que tiene síndrome de Down. Reclama que entre setiembre y octubre del 2022 se apersonó a la Municipalidad de Desamparados a plantear una denuncia solicitando la reparación de una tubería de aguas negras y residuales que se encuentra contiguo a su casa de habitación, pues genera malos olores, provoca derrumbamientos y es un criadero de zancudos. Durante el mismo periodo de setiembre a octubre 2022, denunció la situación al Ministerio de Salud; empero, ninguna oficina ha solucionado el problema, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VCG07/2024

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA -Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG07/2024

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Texto de la resolución

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Exp: 24-016026-0007-CO

Res. Nº 2024019700

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del doce de julio de dos mil veinticuatro .

 Recurso de amparo interpuesto por [Nombre62 001], número de identificación [CED62 ], a favor de sí misma y de [Nombre62 002], cédula de identidad [CED104 ], contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Y EL MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Desamparados y Ministerio de Salud. Manifiesta que es una persona adulta mayor y vive con su hijo [Nombre62 002] que tiene síndrome de Down. Reclama que entre setiembre y octubre del 2022 se apersonó a la Municipalidad de Desamparados a plantear gestión por escrito solicitando colaboración para la reparación o atención de un tubo de "aguas residuales" que se encuentran contiguo a su casa de habitación y que están provocando que la parte trasera de la propiedad se le esté derrumbando. Indicó además que en la zona de la acera (parte frontal izquierda diagonal de su casa) se encuentra la tapa de cloaca donde inicia dicha tubería, la cual siempre está saturada de agua y expide malos olores. A la semana de haber entregado su solicitud la Municipalidad de Desamparados envió personal de limpieza, pero los funcionarios de limpieza urbana municipal indicaron que no podían trabajar en la zona ya que era peligroso. Que por ello al día siguiente de la visita -en el mes de octubre 2022- acudió nuevamente a las oficinas Municipales de Desamparados, donde la enviaron a la oficina de Control de Riesgos y allí le indicaron que le llamarían para realizar la visita correspondiente, pero eso no sucedió. Igualmente, señala que durante el mismo periodo de setiembre a octubre 2022 se había informado al Ministerio de Salud mediante las visitas que realizaban en campañas de salud y vía telefónica, que la tubería (cloaca) tendía a taparse produciendo malos olores, asimismo que el agua que se esparcía y generaba criadero de sancudos. Que incluso sus hijos [Nombre62 002] y [Nombre62 003] se contagiaron de dengue. Que consultó vía telefónica al AYA en octubre 2022, pero le indicaron que ese tipo de labor de reparación de tuberías le correspondía a la Municipalidad de Desamparados, o que era un trabajo en conjunto, pero pasaron los días sin obtener respuesta de ambas las instituciones. Agrega que para el mes de marzo 2023 envió nuevamente solicitud de colaboración a la Municipalidad de Desamparados, pero los personeros de dicha instancia (Comisión de Emergencias) le enviaron un correo indicando que iban a enviar el caso al Área Rectora del Ministerio de Salud Desamparados, pero tampoco hubo interés en resolver el asunto. Que entre mayo-junio del año 2023 solicitó colaboración a la Defensoría de los Habitantes, debido a que no tuvo respuesta por parte de las instituciones mencionadas anteriormente, dado que adicionalmente se había derrumbado otra parte del terreno. Que debido al llamado que hizo la Defensoría de los Habitantes entre junio y agosto 2023 la Municipalidad de Desamparados envió al personal de la Comisión de Emergencias quienes indicaron "que el derrumbe se debe a movimientos telúricos", pero que se observa que en la zona todos los terrenos de ese sector tienen la misma topografía en cuanto al tipo de terreno, pero solo el de su casa es el que se está derrumbando, justamente en el sector de la tubería en mal estado. Que en el mismo mes un ingeniero del AYA realizó visita e indicó que en efecto el agua se estaba filtrando al terreno, pero que ese sector donde estaba el tubo dañado era muy estrecho y que era imposible meter maquinaria para arreglar la tubería, ya que habría que abrir espacio y dañaría parte de su casa, así como de los vecinos, porque habría que socavar para meter tubería nueva, adicionalmente, siendo que es una zona ya peligrosa, era más factible reubicarles. Que en los meses de junio a setiembre 2023 el Ministerio de Salud realizo visitas y descubrió que en la tubería no solo pasaban aguas residuales sino también aguas negras de la mayoría de casas del sector, lo cual justifica los malos olores y residuos de heces que se ven en la acera diagonal a su casa, y la tapa de la alcantarilla siempre se satura y por ello salen las aguas con desechos. Para lo anterior personeros del Ministerio de Salud indicaron que iban a seguir con las investigaciones correspondientes ya que eso era algo insalubre, adicionalmente se estaría contaminando el medio ambiente, ya que los residuos caen al rio. Que con las últimas lluvias del mes de octubre 2023 se derrumbó otra gran parte del terreno y ahora está peligrando la otra pequeña habitación de su pertenencia, la cual se encuentra en dirección al derrumbe y de la tubería dañada. Que llamó al 911 pero lo único que hicieron fue tomar sus datos e indicaron que iban a avisar a personeros de la Comisión de Emergencias de Desamparados para que realizaran una visita ese mismo día 26 de octubre 2023 (número de reporte que indicaron los del 911 para la atención del caso fue N° 2023-10-2601100), pero esos funcionarios de la Comisión de Emergencia nunca llegaron. Indica que ha “(…) tratado de mantener limpio el lugar pagando de mi bolsillo(periódicamente) a una persona para que retire la basura que los vecinos han depositado cerca del sector, por otra parte, el agua de la tubería actualmente se filtra con mucha más cantidad a mi propiedad y peor aun cuando hay lluvias. Mi propiedad presenta daños materiales, ya que en ese sector del derrumbe tenía una bodega que se derrumbó por completo y está dañando la otra habitación continua a esta. Adicionalmente mi hijo y mi persona hemos presentado cuadros de nauseas o problemas estomacales por los malos olores que expide esa tubería, también el criadero de zancudos, ratas que se encuentra en dicha zona, siendo el paso que en el mes de octubre 2023 me hospitalizaron por una infección en la cual los mismos médicos indicaron no saber a qué se debe. (…) Se recalca que dicho derrumbe no es por factores naturales, si no por un descuido de la Municipalidad de Desamparados y AYA en el mantenimiento de las tuberías, así poca rapidez en solución por parte del Ministerio de Salud. Se insiste en pedir colaboración y he tenido paciencia en esperar respuestas en consideración por lo sucedido en el cantón de Desamparados por las fuertes lluvias en el año 2022, 2023 parte 2024, mi propiedad se puede derrumbar por completo si no se toman las medidas del caso. (…)”. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

2.- Mediante resolución de Presidencia de las 14:22 horas del 14 de junio de 2024, se dio curso al proceso.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital, informa bajo juramento María Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de Alcaldesa de Desamparados, que según el informe N° SM-IF-838-2024 rendido por el Coordinador del Área de Infraestructura el día 20 de junio de 2024 con ocasión de este recurso de amparo, se indican los resultados de la visita. Según el informe SM-IF-838-2024, esa Alcaldía Municipal ha procedido mediante oficio MD-AM-0892-2024 de fecha 21 de junio de 2024, a instruir a quienes va dirigido, para que en el término de tres días hábiles se apersonen debidamente al sitio en que se halla dicha tubería y/o alcantarilla y procedan a rendir un informe técnico en el que se valore, defina y diagnostique el estado de situación en todas sus aristas, proponiendo las soluciones inmediatas que por competencia funcional les corresponda como Gobierno Local en atención a lo indicado en el informe CNE-UIAR-INF-0678-2023, o bien con indicación de a quién corresponde, para ello deberán coordinar dicha visita con las demás áreas que consideren oportunas así como con las demás autoridades de la Administración Pública que competa. Lo anterior por cuanto esa Alcaldía asumió funciones el recién pasado 1 de mayo de 2024 y de la documentación que obra en el expediente así como de lo indicado en el informe SM-IF-838-2024, no queda claro para esta Administración qué tipo de aguas escurren por dicha tubería y/o alcantarilla, el daño o no que la misma presenta, los motivos del daño, así como tampoco a quién corresponde la atención del caso pues de una lectura simple de la documentación, se tiene que al parecer, lo dicho por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias/ Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo en el informe CNE-UIAR-INF-0678-2023 de julio 2023, es contrario a los oficios e informes que constan en el expediente y que fueron aportados por la recurrente, así como al reciente informe SM-IF-838-2024. No obstante, una vez obtenido el informe solicitado e identificada y diagnosticada la situación estarán atendiendo el incidente de conformidad con las competencias que correspondan al Gobierno Local o bien bajo el principio de coordinación haciendo los comunicados pertinentes a quien competa para su debida atención, para lo cual solicitan se les conceda un plazo de seis meses. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital, informa bajo juramento Carolina Umaña Cisneros, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Desamparados, que en fecha 24 de marzo del 2023 recibió el Área Rectora de Salud oficio CMED-053-2023 del Comité Municipal de Emergencias, el cual hace referencia al traslado del trámite N° 01058-2023 por problemática de una alcantarilla que desborda aguas residuales, sita en Torremolinos, Desamparados. Se le asigna el consecutivo CS-ARS-D-DE-0164-2023. El 14 de junio del 2023 se atendió el caso por primera vez y levantó el Acta de Inspección MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0477-2023. En la cual se indica que, la parte trasera de la propiedad afectada presenta socavación del terreno debido a la ruptura de una tubería. Adicionalmente, en la vía pública se ubica un tragante pluvial y un pozo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) frente a la propiedad afectada. El 16 de junio del 2023 según Acta de Inspección MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0484-2023, en nueva visita de inspección se aplicó fluoresceína sódica en el tragante pluvial obteniendo resultado positivo en el sector de la tubería que presenta la ruptura. Además, se determinó que la tubería del sistema de alcantarillado pluvial pasa por debajo de la vivienda colindante con la parte afectada y con la ruptura de esta afecta ambas propiedades provocando un deslizamiento en el patio trasero. • El 16 de junio del 2023 mediante Informe Técnico MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0349-2023, se concluyó que, la afectación de la parte denunciante proviene de la ruptura de una tubería pluvial, lo cual provocó la socavación del terreno, generando un deslizamiento de la parte posterior de las propiedades sobre las cuales pasa la canalización del sistema de alcantarillado pluvial, comprometiendo la estabilidad de las estructuras ubicadas en las fincas 373110 y 212856. El 19 de junio del 2023 por Oficio N° MS-DRRSCS-ARS-D-0394-2023 se trasladó el caso para el mantenimiento (reparación) de la tubería pluvial que presenta una ruptura a la Municipalidad de Desamparados y adicionalmente, se indicó que para el problema de aguas residuales, en caso de requerir apoyo para el levantamiento y cierre de tapas, será solicitado oportunamente. • El 16 de agosto del 2023 se recibió el oficio SA-AL-251-2023 dirigido a la Alcaldía el 13 de julio del 2023, en el cual el Área de Saneamiento y Alcantarillado Pluvial indicó que: no es competencia municipal la resolución del trámite, que recomiendan que un ingeniero del Área de Infraestructura de la Municipalidad emita un informe técnico para determinar si se debe realizar limpieza y/o son problemas de infraestructura del alcantarillado pluvial, que requieren un cronograma de inspecciones en caso de que se ocupe apoyo para el levantamiento y cierre de tapas y que previo a cualquier limpieza y obra necesaria en el área de la denuncia, además, que para realizar alguna obra el lugar debe estar libre de vertido de aguas residuales. • El 17 de agosto del 2023 se realizó nueva visita de inspección en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Desamparados, según Acta de Inspección MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0676-2023, en la cual se indica que, se realizó una prueba de coloración con fluoresceína sódica en el pozo del AyA ubicado frente a la propiedad afectada y se obtuvo resultado positivo al sistema pluvial, específicamente en la caja pluvial que se dirige al sitio de afectación de la denuncia. Además, se verificó con los funcionarios municipales la distribución del sistema pluvial y se corroboró que hay aproximadamente 50 casas en las cuales se deben realizar pruebas de coloración con fluoresceína sódica para corroborar si contribuyen a la disposición de aguas residuales hacia el sitio de afectación. • El 22 de setiembre del 2023 se envió oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0563-2023 a la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM del AyA. Solicitando aclarar si dicho pozo encontrado en sitio pertenece a la red sanitaria o a la pluvial. Y en caso de ser parte de la red sanitaria, se solicitó corroborar si dicha red se encuentra en funcionamiento o es una prevista. • El 22 de setiembre del 2023 por oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0564-2023 a la Municipalidad de Desamparados indicando que el traslado del caso a la Municipalidad para el mantenimiento de la tubería no hace referencia a una necesidad de labores de limpieza del sistema pluvial (referencia al oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0394-2023). Mas bien corresponde al mantenimiento en cuanto a la reparación de una tubería que presenta una ruptura o desconexión, ya que esto ha ido ocasionando la socavación del terreno de la parte denunciante (373110), además de afectar la Finca colindante (212856). • El 03 de octubre del 2023 se realizó visita de inspección al sitio denunciado en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Desamparados, se realizaron pruebas de coloración con fluoresceína sódica en las aguas residuales de tres casas de habitación ubicadas en la finca 1 212856 000, obteniendo un resultado positivo en dos pruebas y una prueba negativa. Se levantan las Actas de Inspección MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0839-2023, MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0840-2023 y MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0842-2023. • El 06 de octubre del 2023 se recibe por parte del AyA el Memorando No. DRyT-DSRT-2023-00173, en el cual se informa que: ° El pozo de registro corresponde al Pozo 232B-351. ° Dicho pozo pertenece a la red sanitaria en operación. ° En inspección de campo se verificó la presencia de una conexión ("bypass") ° La situación actual parece responder a una acción desarrollada años atrás (sin registros). ° El Pozo 232B-351 se ubica en una cota de nivel más bajo que el de la red sanitaria ubicada sobre la calle principal. ° En el sector existe cobro de recolección de aguas residuales a viviendas. El 25 de octubre del 2023 se dirigió oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0648-2023 a Nombre5632  , Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Socia (IMAS) solicitando información sobre el estado legal de la propiedad 212856, la cual aparece como propietario el IMAS. • El 23 de noviembre del 2023 por oficio IMAS-DDS-DDSPC-0300-2023 del Departamento de Desarrollo Socio Productivo y Comunal del IMAS se indicó que: “…efectivamente, la finca 1 212856 000 es propiedad del IMAS y, con relación a la consulta sobre la situación registral de la misma, se informa lo siguiente: La finca se encuentra inmovilizada por afectación demanial, la cual rige desde el 15 de junio del 2015, tal y como se puede observar en el informe registral adjunto. Esta anotación responde a diligencias realizadas por la Municipalidad de Desamparados, a raíz de un tema de entrega de áreas públicas...” • El 10 de enero del 2024 se envió oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0007-2024 a la Secretaria de Bienes Inmuebles solicitando la información de la finca 1 212856 000: registro histórico, totalidad de segregaciones existentes y derechos de la propiedad. • El 25 de enero del 2024 según Informe Técnico De Inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0006-2024 se concluyó que “El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado incumple la normativa sanitaria al realizar vertido de aguas residuales crudas a la red de alcantarillado pluvial, la cual se dirige posteriormente a un cuerpo receptor”. • El 28 de febrero del 2024 se emitió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado la Orden Sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024 ordenando: 1. Presentar por escrito en un plazo de 15 días hábiles un Plan de acciones correctivas el cual debe ser revisado y aprobado por el Área Rectora de Salud de Desamparados previo a su ejecución y que contemplar al menos lo siguiente:

1.1Descripción de las acciones correctivas a realizar para eliminar el vertido directo de aguas residuales al alcantarillado pluvial. Este debe ser acompañado de un cronograma, el cual no deberá sobrepasar los 80 días hábiles. 1.2. Procedimiento o protocolo de respuesta ante eventos naturales que generen un aumento del caudal, el cual debe indicar el manejo de las aguas residuales y sedimentos. • El 06 de marzo del 2024 se emitió el oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0201-2024 a Nombre5632  , Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social solicitando informar bajo que condición o figura se encuentran las personas que habitan en dicha propiedad (si existe algún programa donde se titulen o faculte el uso de esas tierras). • El 22 de marzo del 2024 se notificó la Orden Sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024. • El 20 de junio del 2024 se realizó inspección del sitio denunciado y se observó que la tubería continúa desfogando en el terreno afectado, se levanta el Acta de Inspección MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0468-2024. Teniendo según informe Técnico De Inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0614-2024, por confirmado el incumpliendo por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado de la Orden Sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012- 2024. • El 21 de junio del 2024 se emitió el Informe Sanitario N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0615-2024 por incumplimiento a la Orden Sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024, en donde se le impone una Multa fija de un salario base con un plazo de pago de pago de 20 días hábiles. El Informe Sanitario N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0615-2024 se notifica el 21 de junio del 2024. • El Dirección7496     se emitió el Informe Técnico De Inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0617-2024 en donde se concluye que las casas ubicadas en la Dirección7497  dentro de la Dirección7498    incumplen en el manejo de sus aguas residuales, según los artículos 285, 286, 292 y 313 de la Ley General de Salud, los artículos 18 y 118 del Reglamento de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, asimismo los artículos 3-6, 10.1-1 y 10.1-4 del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias para Edificaciones. • El 24 de junio del 2024 se emite al Instituto Mixto de Ayuda Social la Orden Sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0119-2024 en donde se ordena: 1. Presentar por escrito en un plazo de 30 días hábiles un Plan de acciones correctivas el cual debe ser revisado y aprobado por el Área Rectora de Salud de Desamparados previo a su ejecución y debe contemplar al menos lo siguiente: 1.1. Descripción de las acciones correctivas a realizar para revisar, rehabilitar o en su defecto construir el sistema de aguas residuales de las casas ubicadas en la Dirección7497  dentro de la finca 1 212856 000 y en caso de conexión al sistema pluvial se efectúe la desconexión y dichas aguas sean dispuestas de forma adecuada y sanitaria. 1.2. El Plan de acciones debe indicar los responsables y el cronograma de ejecución el cual no deberá superar los 120 días hábiles. De lo expuesto debe tomar en cuenta honorable Sala Constitucional que los involucrados, personas que habitan los inmuebles, son personas vulnerables que se mantienen bajo programas de atención social como deviene de la titularidad registral de la propiedad. No obstante, esta autoridad ha realizado actuaciones y ha emitido los actos administrativos de manera oportuna y según su capacidad instalada, con la finalidad de salvaguardar la salud pública y eliminar las aguas residuales del alcantarillado pluvial denunciado; también se debe considerar que el mantenimiento o estado de la tubería denunciada es competencia municipal como lo han indicado anteriormente. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:   

I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia, relacionada con la aparente contaminación que genera una tubería de aguas negras y residuales desatendida por las autoridades accionadas, la cual no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo a los derechos fundamentales que se invocan (ambiente y salud) y, sobre todo, considerando que podría estarse afectando también a una persona con discapacidad y otra adulta mayor, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las denuncias de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

 II.- Objeto del recurso. La parte recurrente alega que es una persona adulta mayor y vive con su hijo amparado que tiene síndrome de Down. Reclama que entre setiembre y octubre del 2022 se apersonó a la Municipalidad de Desamparados a plantear una denuncia solicitando la reparación de una tubería de aguas negras y residuales que se encuentra contiguo a su casa de habitación, pues genera malos olores, provoca derrumbamientos y es un criadero de zancudos. Durante el mismo periodo de setiembre a octubre 2022, denunció la situación al Ministerio de Salud; empero, ninguna oficina ha solucionado el problema.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)   En fecha 24 de marzo del 2023, el Área Rectora de Salud recurrida recibió el oficio CMED-053-2023 del Comité Municipal de Emergencias, el cual hace referencia a la problemática de una alcantarilla que desborda aguas residuales, sita en Torremolinos, Desamparados (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

b)   El 14 de junio del 2023 se atendió el caso por primera vez por parte del Área Rectora de Salud accionada y se levantó el acta de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0477-2023 (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

c)    En dicho documento se indica que la parte trasera de la propiedad afectada presenta socavación del terreno debido a la ruptura de una tubería, adicionalmente, en la vía pública se ubica un tragante pluvial y un pozo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) frente a la propiedad afectada (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

d)   El 16 de junio del 2023 según acta de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0484-2023, en nueva visita de inspección realizada por el Área Rectora de Salud recurrida, se aplicó fluoresceína sódica en el tragante pluvial obteniendo resultado positivo en el sector de la tubería que presenta la ruptura (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

e)    Mediante informe técnico N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0349-2023, del 16 de junio de 2023, se concluyó que la afectación de la parte denunciante proviene de la ruptura de una tubería pluvial, lo cual provocó la socavación del terreno, generando un deslizamiento de la parte posterior de las propiedades sobre las cuales pasa la canalización del sistema de alcantarillado pluvial, comprometiendo la estabilidad de las estructuras ubicadas en las fincas 373110 y 212856 (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

f)     El 19 de junio del 2023, por oficio N° MS-DRRSCS-ARS-D-0394-2023, el Ministerio de Salud trasladó el caso para el mantenimiento (reparación) de la tubería pluvial que presenta una ruptura a la Municipalidad de Desamparados (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

g)   El 17 de agosto del 2023 se realizó nueva visita de inspección en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud, según acta de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0676-2023, en la cual se indica que se realizó una prueba de coloración con fluoresceína sódica en el pozo del AyA ubicado frente a la propiedad afectada y se obtuvo resultado positivo al sistema pluvial (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

h)   El 03 de octubre del 2023 se realizó visita de inspección al sitio denunciado en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud, se realizaron pruebas de coloración con fluoresceína sódica en las aguas residuales de tres casas de habitación ubicadas en la Dirección7498 , obteniendo un resultado positivo en dos pruebas y una prueba negativa (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

i)     El 25 de enero del 2024, según informe técnico de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0006-2024, se concluyó que: “El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado incumple la normativa sanitaria al realizar vertido de aguas residuales crudas a la red de alcantarillado pluvial, la cual se dirige posteriormente a un cuerpo receptor” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

j)     El 28 de febrero del 2024 se emitió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024 ordenando: “1. Presentar por escrito en un plazo de 15 días hábiles un Plan de acciones correctivas el cual debe ser revisado y aprobado por el Área Rectora de Salud de Desamparados previo a su ejecución y que contemplar al menos lo siguiente: Descripción de las acciones correctivas a realizar para eliminar el vertido directo de aguas residuales al alcantarillado pluvial. Este debe ser acompañado de un cronograma, el cual no deberá sobrepasar los 80 días hábiles. 1.2. Procedimiento o protocolo de respuesta ante eventos naturales que generen un aumento del caudal, el cual debe indicar el manejo de las aguas residuales y sedimentos” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

k)   El 20 de junio del 2024, funcionarios del Ministerio de Salud recurrido realizaron inspección del sitio denunciado y se observó que la tubería continúa desfogando en el terreno afectado (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

l)     El 21 de junio del 2024 se emitió el informe sanitario N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0615-2024 por incumplimiento a la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024, en donde se le impone una multa al AyA (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

m)El Dirección6286     se emite la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0119-2024, en contra del IMAS, como propietario del terreno donde están las casas que producen el problema de inadecuado manejo de aguas, en donde se ordena: “1. Presentar por escrito en un plazo de 30 días hábiles un Plan de acciones correctivas el cual debe ser revisado y aprobado por el Área Rectora de Salud de Desamparados previo a su ejecución y debe contemplar al menos lo siguiente: 1.1. Descripción de las acciones correctivas a realizar para revisar, rehabilitar o en su defecto construir el sistema de aguas residuales de las casas ubicadas en la Dirección7497  dentro de la Dirección7498    y en caso de conexión al sistema pluvial se efectúe la desconexión y dichas aguas sean dispuestas de forma adecuada y sanitaria. 1.2. El Plan de acciones debe indicar los responsables y el cronograma de ejecución el cual no deberá superar los 120 días hábiles” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

n)   El mantenimiento o estado de la tubería denunciada es competencia municipal (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

o)   Mediante oficio N° MD-AM-0892-2024 de fecha 21 de junio de 2024, la Alcaldía Municipal accionada instruyó a los departamentos municipales competentes para que en el término de tres días hábiles se apersonaran al sitio denunciado donde se localiza la tubería y/o alcantarilla y procedan a rendir un informe técnico en el que se valore, defina y diagnostique el estado de situación (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

p)   La Alcaldía recurrida solicita un plazo de seis meses para atender la situación (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

IV.- Sobre la obligación de los gobiernos locales de velar por un ambiente sano y equilibrado. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia Nº 1998-180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. Según lo establece nuestra Constitución Política en el numeral 169, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. En ese sentido, este Tribunal ya ha dicho que el interés local se entiende como todo aquel de naturaleza pública que importa al cantón de manera directa e inmediata, de suerte tal que la municipalidad respectiva está, no solo facultada, sino también obligada a ocuparse de todo lo que favorezca a su cantón (ver Sentencia N° 2014-002127). Este Tribunal se ha referido a la obligación del Estado de velar por el derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado a favor de todos los habitantes. En el caso específico de las municipalidades, se extrae dicha obligación a partir de lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, pues a ellas les corresponde la “administración de los intereses y servicios locales en cada cantón”. El Código Municipal obliga a las municipalidades a velar por que al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y un ambiente sano.

V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la parte recurrente alega que es una persona adulta mayor y vive con su hijo amparado que tiene síndrome de Down. Reclama que entre setiembre y octubre del 2022 se apersonó a la Municipalidad de Desamparados a plantear una denuncia solicitando la reparación de una tubería de aguas negras y residuales que se encuentra contiguo a su casa de habitación, pues genera malos olores, provoca derrumbamientos y es un criadero de zancudos. Durante el mismo periodo de setiembre a octubre 2022, denunció la situación al Ministerio de Salud; empero, ninguna oficina ha solucionado el problema. Al respecto, en relación con las actuaciones del Ministerio de Salud, este Tribunal tiene por acreditado que en fecha 24 de marzo del 2023, el Área Rectora de Salud recurrida recibió el oficio CMED-053-2023 del Comité Municipal de Emergencias, el cual hace referencia a la problemática de una alcantarilla que desborda aguas residuales, sita en Torremolinos, Desamparados. El 14 de junio del 2023 se atendió el caso por primera vez por parte del Área Rectora de Salud accionada y se levantó el acta de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0477-2023. En dicho documento se indica que la parte trasera de la propiedad afectada presenta socavación del terreno debido a la ruptura de una tubería, adicionalmente, en la vía pública se ubica un tragante pluvial y un pozo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) frente a la propiedad afectada. El 16 de junio del 2023 según acta de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0484-2023, en nueva visita de inspección realizada por el Área Rectora de Salud recurrida, se aplicó fluoresceína sódica en el tragante pluvial obteniendo resultado positivo en el sector de la tubería que presenta la ruptura. Mediante informe técnico N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0349-2023, del 16 de junio de 2023, se concluyó que la afectación de la parte denunciante proviene de la ruptura de una tubería pluvial, lo cual provocó la socavación del terreno, generando un deslizamiento de la parte posterior de las propiedades sobre las cuales pasa la canalización del sistema de alcantarillado pluvial, comprometiendo la estabilidad de las estructuras ubicadas en las fincas 373110 y 212856. El 19 de junio del 2023, por oficio N° MS-DRRSCS-ARS-D-0394-2023, el Ministerio de Salud trasladó el caso para el mantenimiento (reparación) de la tubería pluvial que presenta una ruptura a la Municipalidad de Desamparados. El 17 de agosto del 2023 se realizó nueva visita de inspección en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud, según acta de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0676-2023, en la cual se indica que se realizó una prueba de coloración con fluoresceína sódica en el pozo del AyA ubicado frente a la propiedad afectada y se obtuvo resultado positivo al sistema pluvial. El 03 de octubre del 2023 se realizó visita de inspección al sitio denunciado en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud, se realizaron pruebas de coloración con fluoresceína sódica en las aguas residuales de tres casas de habitación ubicadas en la Dirección7498 , obteniendo un resultado positivo en dos pruebas y una prueba negativa. El 25 de enero del 2024, según informe técnico de inspección N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0006-2024, se concluyó que: “El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado incumple la normativa sanitaria al realizar vertido de aguas residuales crudas a la red de alcantarillado pluvial, la cual se dirige posteriormente a un cuerpo receptor”. El 28 de febrero del 2024 se emitió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024 ordenando: “1. Presentar por escrito en un plazo de 15 días hábiles un Plan de acciones correctivas el cual debe ser revisado y aprobado por el Área Rectora de Salud de Desamparados previo a su ejecución y que contemplar al menos lo siguiente: Descripción de las acciones correctivas a realizar para eliminar el vertido directo de aguas residuales al alcantarillado pluvial. Este debe ser acompañado de un cronograma, el cual no deberá sobrepasar los 80 días hábiles. 1.2. Procedimiento o protocolo de respuesta ante eventos naturales que generen un aumento del caudal, el cual debe indicar el manejo de las aguas residuales y sedimentos”. El 20 de junio del 2024, funcionarios del Ministerio de Salud recurrido realizaron inspección del sitio denunciado y se observó que la tubería continúa desfogando en el terreno afectado. El 21 de junio del 2024 se emitió el informe sanitario N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0615-2024 por incumplimiento a la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024, en donde se le impone una multa al AyA. El 24 de junio del 2024 se emite la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0119-2024, en contra del IMAS, como propietario del terreno donde están las casas que producen el problema de inadecuado manejo de aguas, en donde se ordena: “1. Presentar por escrito en un plazo de 30 días hábiles un Plan de acciones correctivas el cual debe ser revisado y aprobado por el Área Rectora de Salud de Desamparados previo a su ejecución y debe contemplar al menos lo siguiente: 1.1. Descripción de las acciones correctivas a realizar para revisar, rehabilitar o en su defecto construir el sistema de aguas residuales de las casas ubicadas en la Dirección7497  dentro de la Dirección7498    y en caso de conexión al sistema pluvial se efectúe la desconexión y dichas aguas sean dispuestas de forma adecuada y sanitaria. 1.2. El Plan de acciones debe indicar los responsables y el cronograma de ejecución el cual no deberá superar los 120 días hábiles”. Ahora bien, el Ministerio de Salud hace énfasis en que el mantenimiento o estado de la tubería denunciada es competencia municipal. Por otro lado, en cuanto a la participación de la Municipalidad de Desamparados, se tiene por demostrado que mediante oficio N° MD-AM-0892-2024 de fecha 21 de junio de 2024, la Alcaldía Municipal accionada instruyó a los departamentos municipales competentes para que en el término de tres días hábiles se apersonaran al sitio denunciado donde se localiza la tubería y/o alcantarilla y procedan a rendir un informe técnico en el que se valore, defina y diagnostique el estado de situación. La Alcaldía recurrida solicita un plazo de seis meses para atender la situación. Ante este panorama, la Sala estima que se debe declarar parcialmente con lugar el recurso, solo contra la Municipalidad de Desamparados. Como se puede apreciar, la municipalidad recurrida no informa sobre actuaciones concretas y recientes que hayan ejecutado para atender la problemática ambiental denunciada. Por el contrario, solicitan un plazo de seis meses a la Sala para resolver lo correspondiente. Por su parte, en virtud de las inspecciones y órdenes sanitarias confeccionadas por el Ministerio de Salud, este Tribunal tiene por demostrado que sí existe un problema ambiental serio en la zona donde la recurrente denunció, pues se comprobó la ruptura de una tubería, siendo que se aplicó fluoresceína sódica en el tragante pluvial obteniendo resultado positivo en el sector de la tubería que presenta la ruptura; es decir, que se confirmó la contaminación ambiental denunciada por la recurrente. Sin embargo, a pesar de ello, no observa la Sala que, para este momento, la situación haya sido remediada, con el agravante que el problema viene desde hace años atrás. En consideración de este Tribunal, el Ministerio de Salud sí ha ejecutado las acciones de su competencia para atender la situación; no obstante, no se puede decir lo mismo del municipio accionado. El Gobierno Local recurrido ha omitido ejecutar las obras necesarias para reparar la ruptura de la tubería que genera contaminación con aguas negras y residuales en plena vía pública, así como en el terreno donde habita la recurrente. Tampoco ha coordinado lo correspondiente con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para valorar cuál es la mejor manera de abordar la problemática con la ruptura de dicha tubería, así como evitar que los vecinos depositen sus aguas negras o residuales en el alcantarillado pluvial. Bajo esa inteligencia, la Sala tiene por comprobada la aducida lesión al ordinal 50, de la Constitución Política y, por ende, procede acoger parcialmente el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que es una persona adulta mayor y vive con su hijo amparado que tiene síndrome de Down. Reclama que entre setiembre y octubre del 2022 se apersonó a la Municipalidad de Desamparados a plantear una denuncia solicitando la reparación de una tubería de aguas negras y residuales que se encuentra contiguo a su casa de habitación, pues genera malos olores, provoca derrumbamientos y es un criadero de zancudos. Durante el mismo periodo de setiembre a octubre 2022, denunció la situación al Ministerio de Salud; empero, ninguna oficina ha solucionado el problema, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA -Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI. 

POR TANTO: 

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo contra la Municipalidad de Desamparados. Se le ordena a María Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de Alcaldesa de Desamparados, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, dentro del plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se repare la tubería que está generando contaminación con aguas negras y residuales en la vía públicas, así como en la propiedad donde habita la recurrente. Además, dentro de ese mismo plazo, deberá verificar y asegurarse que los vecinos colindantes no depositen sus aguas negras o residuales en el alcantarillado pluvial del AyA, en coordinación con este último instituto. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. El magistrado Castillo Víquez pone nota.-

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Alejandro Delgado F.




Alexandra Alvarado P.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 24-016026-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:12:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 19700 - 2024**

**Resolution Date:** July 12, 2024, at 09:20

**Case File:** 24-016026-0007-CO

**Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado

**Type of Matter:** Amparo Appeal

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Judgment with Separate Note**

**Relevance Indicators**

**Relevant Judgment**

**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**

**Content of Interest:**

**Strategic Themes:** Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights

**Type of Content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** MUNICIPALITY

**Subtopics:**

SEWERAGE.
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

019700-24. MUNICIPALITY. THE MAYOR OF DESAMPARADOS IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, TO REPAIR THE PIPE THAT IS GENERATING CONTAMINATION WITH BLACK WATER AND WASTEWATER ON PUBLIC ROADS, IN TORREMOLINOS, AS WELL AS ON THE PROPERTY WHERE THE APPELLANT RESIDES. FURTHERMORE, WITHIN THAT SAME PERIOD, THEY MUST VERIFY AND ENSURE THAT THE ADJACENT NEIGHBORS DO NOT DEPOSIT THEIR BLACK WATER OR WASTEWATER INTO THE AYA STORM SEWER, IN COORDINATION WITH THIS LATTER INSTITUTE. VCG07/2024

“(…) V.- Regarding the specific case. In this instance, the appellant alleges that she is an elderly person and lives with her protected son who has Down syndrome. She claims that between September and October 2022, she appeared before the Municipality of Desamparados to file a complaint requesting the repair of a black water and wastewater pipe located adjacent to her dwelling, as it generates foul odors, causes landslides, and is a breeding ground for mosquitoes. During the same period from September to October 2022, she reported the situation to the Ministry of Health; however, no office has resolved the problem. In this regard, concerning the actions of the Ministry of Health, this Court has established that on March 24, 2023, the respondent Health Governing Area (Área Rectora de Salud) received official letter CMED-053-2023 from the Municipal Emergency Committee, which refers to the problem of a culvert that overflows with wastewater, located in Torremolinos, Desamparados. On June 14, 2023, the case was addressed for the first time by the respondent Health Governing Area and Inspection Record No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0477-2023 was drawn up. Said document indicates that the rear part of the affected property presents land undermining (socavación del terreno) due to the rupture of a pipe; additionally, a storm drain (tragante pluvial) and a manhole of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) are located on the public road in front of the affected property. On June 16, 2023, according to Inspection Record No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0484-2023, during a new inspection visit carried out by the respondent Health Governing Area, sodium fluorescein was applied to the storm drain, obtaining a positive result in the sector of the pipe that presents the rupture. By means of Technical Report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0349-2023, dated June 16, 2023, it was concluded that the impact on the complainant’s part originates from the rupture of a storm drainage pipe (tubería pluvial), which caused the undermining of the land, generating a landslide on the rear portion of the properties over which the channeling of the storm sewer system (sistema de alcantarillado pluvial) passes, compromising the stability of the structures located on properties 373110 and 212856. On June 19, 2023, by Official Letter No. MS-DRRSCS-ARS-D-0394-2023, the Ministry of Health forwarded the case to the Municipality of Desamparados for the maintenance (repair) of the storm drainage pipe that presents a rupture. On August 17, 2023, a new inspection visit was conducted jointly with officials from the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health, according to Inspection Record No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0676-2023, which indicates that a dye test was carried out with sodium fluorescein in the AyA manhole located in front of the affected property, and a positive result was obtained for the storm drainage system (sistema pluvial). On October 3, 2023, an inspection visit was made to the reported site jointly with officials from the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health; dye tests were carried out with sodium fluorescein in the wastewater of three dwellings located on property 1-212856-000, obtaining a positive result in two tests and one negative test. On January 25, 2024, according to Technical Inspection Report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0006-2024, it was concluded that: “The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers fails to comply with sanitary regulations by discharging raw wastewater into the storm sewer network (red de alcantarillado pluvial), which is subsequently directed to a receiving body”. On February 28, 2024, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024 was issued to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers ordering: “1. To submit in writing within a period of 15 working days a Corrective Action Plan, which must be reviewed and approved by the Health Governing Area of Desamparados prior to its execution and must include at least the following: Description of the corrective actions to be carried out to eliminate the direct discharge of wastewater into the storm sewer. This must be accompanied by a schedule, which must not exceed 80 working days. 1.2. Procedure or response protocol for natural events that generate an increase in flow, which must indicate the management of wastewater and sediments”. On June 20, 2024, officials from the respondent Ministry of Health inspected the reported site and it was observed that the pipe continues to discharge into the affected land. On June 21, 2024, Sanitary Report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0615-2024 was issued for non-compliance with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024, in which a fine is imposed on the AyA. On June 24, 2024, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0119-2024 is issued against the IMAS, as the owner of the land where the houses that produce the problem of inadequate water management are located, ordering: “1. To submit in writing within a period of 30 working days a Corrective Action Plan which must be reviewed and approved by the Health Governing Area of Desamparados prior to its execution and must include at least the following: 1.1. Description of the corrective actions to be carried out to review, rehabilitate, or failing that, construct the wastewater system of the houses located on Calle Salvatierra within property 1 212856 000 and, in the event of connection to the storm drainage system, to disconnect them and ensure said waters are disposed of in an adequate and sanitary manner. 1.2. The Action Plan must indicate the responsible parties and the execution schedule, which must not exceed 120 working days”. Now, the Ministry of Health emphasizes that the maintenance or condition of the reported pipe is a municipal responsibility. On the other hand, regarding the participation of the Municipality of Desamparados, it has been demonstrated that by Official Letter No. MD-AM-0892-2024 dated June 21, 2024, the respondent Municipal Mayor's Office instructed the competent municipal departments to appear within three working days at the reported site where the pipe and/or culvert is located and to render a technical report assessing, defining, and diagnosing the state of the situation. The respondent Mayor's Office requests a period of six months to address the situation. Given this scenario, the Chamber considers that the appeal must be partially granted, only against the Municipality of Desamparados. As can be seen, the respondent municipality does not report on specific and recent actions it has undertaken to address the reported environmental problem. On the contrary, they request a period of six months from the Chamber to resolve the matter. For its part, by virtue of the inspections and sanitary orders issued by the Ministry of Health, this Court has established that a serious environmental problem does indeed exist in the area where the appellant made the complaint, as the rupture of a pipe was verified, with sodium fluorescein applied to the storm drain, obtaining a positive result in the sector of the pipe that presents the rupture; that is, the environmental contamination reported by the appellant was confirmed. However, despite this, the Chamber does not observe that, at this time, the situation has been remedied, with the aggravating circumstance that the problem has existed for years. In this Court's view, the Ministry of Health has indeed carried out the actions within its jurisdiction to address the situation; however, the same cannot be said of the respondent municipality. The respondent Local Government has failed to execute the necessary works to repair the rupture of the pipe that generates contamination with black water and wastewater in the middle of the public road, as well as on the land where the appellant resides. Nor has it coordinated the matter with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to assess the best way to address the problem with the rupture of said pipe, as well as to prevent neighbors from depositing their black water or wastewater into the storm sewer. Under that reasoning, the Chamber deems the alleged injury to Article 50 of the Political Constitution to be proven and, therefore, it is appropriate to partially grant the appeal, with the consequences to be stated in the operative part of the judgment. (…)”

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Content of Interest:

Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 169- Municipal Government

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 169 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

“(…) IV.- Regarding the obligation of local governments to ensure a healthy and balanced environment. On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally, and that it is the State's responsibility to protect the environment, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obliges the State to provide everything necessary, within the scope permitted by law, to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the appropriate social conditions so that each person can enjoy their health, understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (see Judgment No. 1998-180 of 4:24 p.m. on January 13, 1998). The objective obligation of the State in matters of environmental protection does not unavoidably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures are adopted to safeguard that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities or by natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, as well as those that violate the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo appeal, a specific type of service-providing activity by the State in compliance with its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those persons' rights. From this, it follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inaction by the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in exercise of their rights. As established by our Political Constitution in Article 169, the administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government. In that sense, this Court has already stated that local interest is understood as everything of a public nature that concerns the canton directly and immediately, such that the respective municipality is not only empowered but also obliged to attend to everything that benefits its canton (see Judgment No. 2014-002127). This Court has referred to the State's obligation to ensure the right to health and to a healthy and balanced environment for all inhabitants. In the specific case of the municipalities, this obligation is derived from the provisions of Article 169 of the Political Constitution, since they are responsible for the “administration of local interests and services in each canton.” The Municipal Code obliges municipalities to ensure that the administered party is guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and a healthy environment. (…)” VCG07/2024

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Content of Interest:

Type of Content: Separate Note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

VI.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also this undersigned's criterion that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do examine the merits of the case when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellant accuses that she is an elderly person and lives with her protected son who has Down syndrome. She claims that between September and October 2022, she appeared before the Municipality of Desamparados to file a complaint requesting the repair of a black water and wastewater pipe located adjacent to her dwelling, as it generates foul odors, causes landslides, and is a breeding ground for mosquitoes. During the same period from September to October 2022, she reported the situation to the Ministry of Health; however, no office has resolved the problem, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VCG07/2024

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Content of Interest:

Type of Content: Separate Note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VII.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT – AND COMPLETE – ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when the claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on Article 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are admissible to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG07/2024

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Text of the resolution

\*240160260007CO\*

Case File: 24-016026-0007-CO

Res. No. 2024019700

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on July twelve, two thousand twenty-four.

Amparo appeal filed by [Name62 001], identification number [CED62 ], on behalf of herself and [Name62 002], identification number [CED104 ], against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS AND THE MINISTRY OF HEALTH.

**Whereas:**

1.- By means of a document incorporated into the digital case file, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health. She states that she is an elderly person and lives with her son [Name62 002] who has Down syndrome. She claims that between September and October 2022, she appeared before the Municipality of Desamparados to file an application in writing requesting collaboration for the repair or attention of a "wastewater" pipe located adjacent to her dwelling and which is causing the rear part of the property to collapse. She also indicated that in the sidewalk area (front left diagonal part of her house) is the sewer cover where said pipe begins, which is always saturated with water and emits foul odors. A week after submitting her request, the Municipality of Desamparados sent cleaning personnel, but the municipal urban cleaning officials indicated they could not work in the area as it was dangerous. That, therefore, the day after the visit—in October 2022—she went again to the Municipal offices of Desamparados, where she was sent to the Risk Control office and there they indicated they would call her to conduct the corresponding visit, but that did not happen. Likewise, she points out that during the same period from September to October 2022, the Ministry of Health had been informed through visits they made during health campaigns and by telephone that the pipe (sewer) tended to clog, producing foul odors, and also that the water spread and generated mosquito breeding grounds. That even her children [Name62 002] and [Name62 003] contracted dengue fever. That she consulted the AYA by telephone in October 2022, but they indicated that this type of pipe repair work was the responsibility of the Municipality of Desamparados, or that it was a joint effort, but days passed without receiving a response from either institution. She adds that by March 2023, she again sent a request for collaboration to the Municipality of Desamparados, but officials from that body (Emergency Commission) sent her an email indicating they would forward the case to the Health Governing Area of the Ministry of Health of Desamparados, but there was also no interest in resolving the matter. That between May and June 2023, she requested collaboration from the Ombudsman's Office, as she had not received a response from the aforementioned institutions, given that another part of the land had additionally collapsed. That, due to the appeal made by the Ombudsman's Office, between June and August 2023, the Municipality of Desamparados sent personnel from the Emergency Commission who indicated "that the landslide is due to seismic movements (movimientos telúricos)," but it is observed that in the area, all the lands in that sector have the same topography regarding the type of terrain, but only her house's land is collapsing, precisely in the sector of the pipe in poor condition. That in the same month, an engineer from AYA made a visit and indicated that, in effect, water was filtering into the land, but that the sector where the damaged pipe was located was very narrow and it was impossible to bring in machinery to fix the pipe, as space would have to be opened up and it would damage part of her house, as well as the neighbors', because excavation would be necessary to install new piping; additionally, since it is already a dangerous area, it was more feasible to relocate them. That between June and September 2023, the Ministry of Health made visits and discovered that not only wastewater but also black water from most of the houses in the sector passed through the pipe, which explains the foul odors and fecal residue seen on the sidewalk diagonal to her house, and the manhole cover is always saturated and, therefore, the waters with waste come out. To this end, Ministry of Health officials indicated they would continue with the corresponding investigations, as this was unsanitary, and additionally, the environment would be polluted, as the waste falls into the river. That with the last rains in October 2023, another large part of the land collapsed, and another small room belonging to her, which is in the direction of the landslide and the damaged pipe, is now in danger. That she called 911, but they only took her information and indicated they would notify the Emergency Commission of Desamparados to make a visit that same day, October 26, 2023 (the report number that 911 provided for case management was No. 2023-10-2601100), but those Emergency Commission officials never arrived. She indicates that she has “(…) tried to keep the place clean by paying (periodically) out of my own pocket someone to remove the garbage that neighbors have deposited near the sector; on the other hand, the water from the pipe currently filters in much greater quantities onto my property, and even worse when it rains. My property has suffered material damages, since in that landslide sector I had a storage shed that collapsed completely, and it is damaging the other room adjacent to this one. Additionally, my son and I have presented symptoms of nausea or stomach problems due to the foul odors that pipe emits, as well as the breeding ground for mosquitoes and rats found in said area, it being the case that in October 2023 I was hospitalized for an infection for which the doctors themselves indicated they did not know the cause. (…) It is emphasized that said landslide is not due to natural factors, but rather to negligence by the Municipality of Desamparados and AYA in the maintenance of the pipes, as well as a lack of speed in finding a solution by the Ministry of Health. I insist on requesting collaboration and I have been patient in waiting for responses out of consideration for what happened in the canton of Desamparados due to the heavy rains in 2022, 2023, and part of 2024; my property could collapse completely if appropriate measures are not taken. (…)”. She requests that the appeal be granted, with the legal consequences.

2.- By resolution of the Presidency at 2:22 p.m. on June 14, 2024, the process was set in motion.

3.- By means of a document incorporated into the digital case file, María Antonieta Naranjo Brenes, in her capacity as Mayor of Desamparados, reports under oath that, according to Report No. SM-IF-838-2024 rendered by the Infrastructure Area Coordinator on June 20, 2024, on the occasion of this amparo appeal, the results of the visit are indicated. According to Report SM-IF-838-2024, this Municipal Mayor's Office has proceeded, by means of Official Letter MD-AM-0892-2024 dated June 21, 2024, to instruct those to whom it is addressed to appear at the site where said pipe and/or culvert is located within three working days and to render a technical report assessing, defining, and diagnosing the state of the situation in all its aspects, proposing the immediate solutions that, by functional competence, correspond to them as a Local Government in response to what is indicated in Report CNE-UIAR-INF-0678-2023, or with an indication of whom it corresponds to; for this, they must coordinate said visit with other areas they consider appropriate as well as with other relevant Public Administration authorities. This is because this Mayor's Office assumed functions just this past May 1, 2024, and from the documentation in the case file as well as from what is indicated in Report SM-IF-838-2024, it is not clear to this Administration what type of water runs through said pipe and/or culvert, the damage it presents or not, the reasons for the damage, nor to whom the attention of the case corresponds, since, from a simple reading of the documentation, it appears that what was said by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response / Risk Investigation and Analysis Unit in Report CNE-UIAR-INF-0678-2023 of July 2023 is contrary to the official letters and reports in the case file that were provided by the appellant, as well as to the recent Report SM-IF-838-2024. However, once the requested report has been obtained and the situation identified and diagnosed, they will be addressing the incident in accordance with the powers that correspond to the Local Government or, under the principle of coordination, making the pertinent communications to whomever is responsible for its due attention, for which they request a period of six months. She requests that the Chamber dismiss the appeal.

4.- By means of a document incorporated into the digital case file, Carolina Umaña Cisneros, in her capacity as Director of the Health Governing Area of Desamparados, reports under oath that on March 24, 2023, the Health Governing Area received Official Letter CMED-053-2023 from the Municipal Emergency Committee, which refers to the referral of Procedure No. 01058-2023 concerning the problem of a culvert that overflows with wastewater, located in Torremolinos, Desamparados. It is assigned consecutive number CS-ARS-D-DE-0164-2023. On June 14, 2023, the case was addressed for the first time and Inspection Record MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0477-2023 was drawn up. In this record, it is indicated that the rear part of the affected property presents land undermining due to the rupture of a pipe. Additionally, a storm drain and a manhole of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) are located on the public road in front of the affected property. On June 16, 2023, according to Inspection Record MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0484-2023, during a new inspection visit, sodium fluorescein was applied to the storm drain, obtaining a positive result in the sector of the pipe that presents the rupture. Furthermore, it was determined that the pipe of the storm sewer system passes under the dwelling adjacent to the affected part, and with its rupture, it affects both properties, causing a landslide in the backyard. • On June 16, 2023, by means of Technical Report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0349-2023, it was concluded that the impact on the complainant's part originates from the rupture of a storm drainage pipe, which caused the undermining of the land, generating a landslide on the rear portion of the properties over which the channeling of the storm sewer system passes, compromising the stability of the structures located on properties 373110 and 212856. On June 19, 2023, by Official Letter No. MS-DRRSCS-ARS-D-0394-2023, the case was forwarded to the Municipality of Desamparados for the maintenance (repair) of the storm drainage pipe that presents a rupture, and additionally, it was indicated that for the wastewater problem, if support is required for lifting and closing covers, it will be requested in due course. • On August 16, 2023, Official Letter SA-AL-251-2023 addressed to the Mayor's Office on July 13, 2023, was received, in which the Sanitation and Storm Sewerage Area indicated that: resolving the procedure is not a municipal responsibility; they recommend that an engineer from the Municipality's Infrastructure Area issue a technical report to determine whether cleaning must be carried out and/or if there are infrastructure problems in the storm sewer; they require an inspection schedule in case support is needed for lifting and closing covers; and that prior to any cleaning and necessary work in the area of the complaint, the place must be free of wastewater discharge.

• On August 17, 2023, a new inspection visit was conducted jointly with officials of the Municipality of Desamparados, according to Inspection Report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0676-2023, which indicates that a dye test with sodium fluorescein was performed in the AyA manhole located in front of the affected property and a positive result was obtained to the stormwater system, specifically in the stormwater catch basin that leads to the site of the complaint's impact. Additionally, the distribution of the stormwater system was verified with the municipal officials and it was corroborated that there are approximately 50 houses in which dye tests with sodium fluorescein must be performed to corroborate whether they contribute to the disposal of wastewater toward the impact site. • On September 22, 2023, official communication MS-DRRSCS-ARS-D-0563-2023 was sent to the GAM Collection and Treatment Directorate of AyA, requesting clarification as to whether said manhole found on site belongs to the sanitary sewer network or the stormwater network. And, in the event it is part of the sanitary sewer network, it was requested to corroborate whether said network is in operation or is a planned one. • On September 22, 2023, via official communication MS-DRRSCS-ARS-D-0564-2023 to the Municipality of Desamparados, it was indicated that the transfer of the case to the Municipality for maintenance of the pipeline does not refer to a need for cleaning tasks of the stormwater system (reference to official communication MS-DRRSCS-ARS-D-0394-2023). Rather, it corresponds to maintenance regarding the repair of a pipeline that presents a break or disconnection, since this has been causing undermining of the land of the complaining party (373110), in addition to affecting the adjacent property (212856). • On October 3, 2023, an inspection visit to the reported site was conducted jointly with officials of the Municipality of Desamparados; dye tests with sodium fluorescein were performed in the wastewater of three dwelling houses located on property 1 212856 000, obtaining a positive result in two tests and one negative test. Inspection Reports MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0839-2023, MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0840-2023, and MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0842-2023 are drawn up. • On October 6, 2023, Memorandum No. DRyT-DSRT-2023-00173 was received from AyA, which informs that: ° The manhole corresponds to Manhole 232B-351. ° Said manhole belongs to the sanitary sewer network in operation. ° During the field inspection, the presence of a connection ("bypass") was verified. ° The current situation appears to stem from an action carried out years ago (without records). ° Manhole 232B-351 is located at a lower elevation than the sanitary sewer network located on the main street. ° There is a wastewater collection charge levied on dwellings in the sector. On October 25, 2023, official communication MS-DRRSCS-ARS-D-0648-2023 was addressed to Nombre5632, Executive President of the Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), requesting information on the legal status of property 212856, which lists IMAS as the owner. • On November 23, 2023, via official communication IMAS-DDS-DDSPC-0300-2023 from the Department of Socio-Productive and Community Development of IMAS, it was indicated that: "…indeed, property 1 212856 000 is owned by IMAS and, regarding the inquiry about its registry situation, the following is reported: The property is immobilized due to a public domain encumbrance, which has been in effect since June 15, 2015, as can be observed in the attached registry report. This annotation responds to proceedings carried out by the Municipality of Desamparados, arising from an issue of the handover of public areas..." • On January 10, 2024, official communication MS-DRRSCS-ARS-D-0007-2024 was sent to the Secretariat of Real Estate requesting the information for property 1 212856 000: historical registry, all existing segregations, and property rights. • On January 25, 2024, according to Technical Inspection Report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0006-2024, it was concluded that "The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado fails to comply with sanitary regulations by discharging raw wastewater into the stormwater sewer network, which subsequently flows to a receiving water body." • On February 28, 2024, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024 was issued to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, ordering: 1. To submit in writing, within a period of 15 business days, a Corrective Action Plan which must be reviewed and approved by the Rector Health Area of Desamparados prior to its execution and which must include at least the following:

1.1 A description of the corrective actions to be taken to eliminate the direct discharge of wastewater into the stormwater sewer. This must be accompanied by a schedule, which must not exceed 80 business days. 1.2. A response procedure or protocol for natural events that generate an increase in flow, which must indicate the management of wastewater and sediments. • On March 6, 2024, official communication MS-DRRSCS-ARS-D-0201-2024 was issued to Nombre5632, Executive President of the Instituto Mixto de Ayuda Social, requesting information on under what condition or legal status the people living on said property are found (whether there is any program in which they are titled or authorized to use those lands). • On March 22, 2024, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024 was served. • On June 20, 2024, an inspection of the reported site was conducted and it was observed that the pipeline continues to discharge onto the affected land; Inspection Report MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0468-2024 is drawn up. According to Technical Inspection Report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0614-2024, the non-compliance by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024 was confirmed. • On June 21, 2024, Sanitary Report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0615-2024 was issued for non-compliance with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024, in which a fixed fine of one base salary is imposed with a payment term of 20 business days. Sanitary Report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0615-2024 was served on June 21, 2024. • On Dirección7496, Technical Inspection Report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0617-2024 was issued, in which it is concluded that the houses located at Dirección7497 within the Dirección7498 fail to comply in the management of their wastewater, according to articles 285, 286, 292, and 313 of the Ley General de Salud, articles 18 and 118 of the Construction Regulations of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and also articles 3-6, 10.1-1, and 10.1-4 of the Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias para Edificaciones. • On June 24, 2024, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0119-2024 was issued to the Instituto Mixto de Ayuda Social, ordering: 1. To submit in writing, within a period of 30 business days, a Corrective Action Plan which must be reviewed and approved by the Rector Health Area of Desamparados prior to its execution and must include at least the following: 1.1. Description of the corrective actions to be taken to review, rehabilitate, or, failing that, build the wastewater system for the houses located at Dirección7497 within property 1 212856 000, and, in the event of connection to the stormwater system, to effect the disconnection and ensure that said waters are disposed of in an adequate and sanitary manner. 1.2. The Action Plan must indicate the responsible parties and the execution schedule, which must not exceed 120 business days. From the foregoing, the honorable Constitutional Chamber must take into account that those involved, persons inhabiting the properties, are vulnerable persons who remain under social care programs, as derives from the registry ownership of the property. However, this authority has carried out actions and issued the administrative acts in a timely manner and according to its installed capacity, with the aim of safeguarding public health and eliminating the wastewater from the reported stormwater sewer; it must also be considered that the maintenance or condition of the reported pipeline is a municipal competence, as previously indicated. It requests that the Chamber declare the appeal without merit.

5.- The legal prescriptions have been observed in the procedures followed.

 Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considering:

I.- Preliminary clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is debated whether the Administration has complied or not with the time limits set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve, by final act, an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception case is raised, since we are facing a complaint related to the apparent contamination generated by a black and residual water pipeline unattended by the sued authorities, which has not been resolved within a reasonable time. In light of the fundamental rights invoked (environment and health) and, above all, considering that a person with a disability and another older adult could also be affected, this Chamber assesses the potential delays in the resolution of complaints of this type. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- Object of the appeal. The appellant alleges that she is an older adult and lives with her protected son who has Down syndrome. She complains that between September and October 2022, she appeared before the Municipality of Desamparados to file a complaint requesting the repair of a black and residual water pipeline that is adjacent to her dwelling house, as it generates foul odors, causes landslides, and is a breeding ground for mosquitoes. During the same period from September to October 2022, she reported the situation to the Ministry of Health; however, no office has solved the problem.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:

a) On March 24, 2023, the respondent Rector Health Area received official communication CMED-053-2023 from the Municipal Emergency Committee, which refers to the problem of a sewer that overflows with wastewater, located in Torremolinos, Desamparados (see report rendered under oath and evidence provided).

b) On June 14, 2023, the case was attended for the first time by the sued Rector Health Area and inspection report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0477-2023 was drawn up (see report rendered under oath and evidence provided).

c) Said document indicates that the rear part of the affected property presents undermining of the land due to the breakage of a pipeline; additionally, on the public road there is a stormwater catch basin and a manhole of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) in front of the affected property (see report rendered under oath and evidence provided).

d) On June 16, 2023, according to inspection report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0484-2023, during a new inspection visit conducted by the respondent Rector Health Area, sodium fluorescein was applied in the stormwater catch basin, obtaining a positive result in the sector of the pipeline that presents the break (see report rendered under oath and evidence provided).

e) By means of technical report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0349-2023, of June 16, 2023, it was concluded that the impact on the complaining party comes from the breakage of a stormwater pipeline, which caused the undermining of the land, generating a landslide of the rear part of the properties over which the stormwater sewer system channeling passes, compromising the stability of the structures located on properties 373110 and 212856 (see report rendered under oath and evidence provided).

f) On June 19, 2023, via official communication No. MS-DRRSCS-ARS-D-0394-2023, the Ministry of Health transferred the case for the maintenance (repair) of the stormwater pipeline that presents a break to the Municipality of Desamparados (see report rendered under oath and evidence provided).

g) On August 17, 2023, a new inspection visit was conducted jointly with officials of the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health, according to inspection report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0676-2023, which indicates that a dye test with sodium fluorescein was performed in the AyA manhole located in front of the affected property and a positive result was obtained to the stormwater system (see report rendered under oath and evidence provided).

h) On October 3, 2023, an inspection visit to the reported site was conducted jointly with officials of the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health; dye tests with sodium fluorescein were performed in the wastewater of three dwelling houses located at Dirección7498, obtaining a positive result in two tests and one negative result (see report rendered under oath and evidence provided).

i) On January 25, 2024, according to technical inspection report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0006-2024, it was concluded that: "The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado fails to comply with sanitary regulations by discharging raw wastewater into the stormwater sewer network, which subsequently flows to a receiving water body" (see report rendered under oath and evidence provided).

j) On February 28, 2024, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024 was issued to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, ordering: "1. To submit in writing, within a period of 15 business days, a Corrective Action Plan which must be reviewed and approved by the Rector Health Area of Desamparados prior to its execution and which must include at least the following: A description of the corrective actions to be taken to eliminate the direct discharge of wastewater into the stormwater sewer. This must be accompanied by a schedule, which must not exceed 80 business days. 1.2. A response procedure or protocol for natural events that generate an increase in flow, which must indicate the management of wastewater and sediments" (see report rendered under oath and evidence provided).

k) On June 20, 2024, officials of the respondent Ministry of Health conducted an inspection of the reported site and it was observed that the pipeline continues to discharge onto the affected land (see report rendered under oath and evidence provided).

l) On June 21, 2024, Sanitary Report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0615-2024 was issued for non-compliance with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024, in which a fine was imposed on AyA (see report rendered under oath and evidence provided).

m) On Dirección6286, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0119-2024 was issued against IMAS, as the owner of the land where the houses that produce the problem of inadequate water management are located, ordering: "1. To submit in writing, within a period of 30 business days, a Corrective Action Plan which must be reviewed and approved by the Rector Health Area of Desamparados prior to its execution and must include at least the following: 1.1. Description of the corrective actions to be taken to review, rehabilitate, or, failing that, build the wastewater system for the houses located at Dirección7497 within the Dirección7498, and, in the event of connection to the stormwater system, to effect the disconnection and ensure that said waters are disposed of in an adequate and sanitary manner. 1.2. The Action Plan must indicate the responsible parties and the execution schedule, which must not exceed 120 business days" (see report rendered under oath and evidence provided).

n) The maintenance or condition of the reported pipeline is a municipal competence (see report rendered under oath and evidence provided).

o) Via official communication No. MD-AM-0892-2024 dated June 21, 2024, the sued Municipal Mayor's Office instructed the competent municipal departments to appear, within three business days, at the reported site where the pipeline and/or sewer is located and proceed to render a technical report assessing, defining, and diagnosing the state of the situation (see report rendered under oath and evidence provided).

p) The respondent Mayor's Office requests a period of six months to address the situation (see report rendered under oath and evidence provided).

IV.- On the obligation of local governments to ensure a healthy and balanced environment. On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of that right requires that resources be used rationally, and that the protection of the environment corresponds to the State, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obliges the State to provide everything necessary, within the scope permitted by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the conducive social conditions so that each person can enjoy their health, this right being understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (see Judgment No. 1998-180 of 16:24 hours on January 13, 1998). The State's objective obligation in environmental protection does not entail, inescapably, a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail the right for suitable measures to be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities or by natural and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate the areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that harm the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo remedy, a specific type of performance activity by the State in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals. From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia by the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights. As established in our Constitución Política in numeral 169, the administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government. In that sense, this Tribunal has already stated that local interest is understood as everything of a public nature that directly and immediately matters to the canton, such that the respective municipality is not only empowered but also obliged to attend to everything that benefits its canton (see Judgment No. 2014-002127). This Tribunal has referred to the State's obligation to ensure the right to health and a healthy and balanced environment for all inhabitants. In the specific case of the municipalities, this obligation is extracted from the provisions of article 169 of the Constitución Política, since they are responsible for the "administration of local interests and services in each canton." The Código Municipal obliges the municipalities to ensure that the administered person is guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and a healthy environment.

V.- Regarding the specific case. In the case at hand, the appellant alleges that she is an older adult and lives with her protected son who has Down syndrome. She complains that between September and October 2022, she appeared before the Municipality of Desamparados to file a complaint requesting the repair of a black and residual water pipeline that is adjacent to her dwelling house, as it generates foul odors, causes landslides, and is a breeding ground for mosquitoes. During the same period from September to October 2022, she reported the situation to the Ministry of Health; however, no office has solved the problem. In this regard, concerning the actions of the Ministry of Health, this Tribunal deems it accredited that on March 24, 2023, the respondent Rector Health Area received official communication CMED-053-2023 from the Municipal Emergency Committee, which refers to the problem of a sewer that overflows with wastewater, located in Torremolinos, Desamparados. On June 14, 2023, the case was attended for the first time by the sued Rector Health Area and inspection report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0477-2023 was drawn up. Said document indicates that the rear part of the affected property presents undermining of the land due to the breakage of a pipeline; additionally, on the public road there is a stormwater catch basin and a manhole of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) in front of the affected property. On June 16, 2023, according to inspection report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0484-2023, during a new inspection visit conducted by the respondent Rector Health Area, sodium fluorescein was applied in the stormwater catch basin, obtaining a positive result in the sector of the pipeline that presents the break. By means of technical report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0349-2023, of June 16, 2023, it was concluded that the impact on the complaining party comes from the breakage of a stormwater pipeline, which caused the undermining of the land, generating a landslide of the rear part of the properties over which the stormwater sewer system channeling passes, compromising the stability of the structures located on properties 373110 and 212856. On June 19, 2023, via official communication No. MS-DRRSCS-ARS-D-0394-2023, the Ministry of Health transferred the case for the maintenance (repair) of the stormwater pipeline that presents a break to the Municipality of Desamparados. On August 17, 2023, a new inspection visit was conducted jointly with officials of the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health, according to inspection report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-0676-2023, which indicates that a dye test with sodium fluorescein was performed in the AyA manhole located in front of the affected property and a positive result was obtained to the stormwater system. On October 3, 2023, an inspection visit to the reported site was conducted jointly with officials of the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health; dye tests with sodium fluorescein were performed in the wastewater of three dwelling houses located at Dirección7498, obtaining a positive result in two tests and one negative result. On January 25, 2024, according to technical inspection report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0006-2024, it was concluded that: "The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado fails to comply with sanitary regulations by discharging raw wastewater into the stormwater sewer network, which subsequently flows to a receiving water body." On February 28, 2024, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024 was issued to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, ordering: "1. To submit in writing, within a period of 15 business days, a Corrective Action Plan which must be reviewed and approved by the Rector Health Area of Desamparados prior to its execution and which must include at least the following: A description of the corrective actions to be taken to eliminate the direct discharge of wastewater into the stormwater sewer. This must be accompanied by a schedule, which must not exceed 80 business days. 1.2. A response procedure or protocol for natural events that generate an increase in flow, which must indicate the management of wastewater and sediments." On June 20, 2024, officials of the respondent Ministry of Health conducted an inspection of the reported site and it was observed that the pipeline continues to discharge onto the affected land. On June 21, 2024, Sanitary Report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0615-2024 was issued for non-compliance with Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0012-2024, in which a fine was imposed on AyA. On June 24, 2024, Sanitary Order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-OS-0119-2024 was issued against IMAS, as the owner of the land where the houses that produce the problem of inadequate water management are located, ordering: "1. To submit in writing, within a period of 30 business days, a Corrective Action Plan which must be reviewed and approved by the Rector Health Area of Desamparados prior to its execution and must include at least the following: 1.1. Description of the corrective actions to be taken to review, rehabilitate, or, failing that, build the wastewater system for the houses located at Dirección7497 within the Dirección7498, and, in the event of connection to the stormwater system, to effect the disconnection and ensure that said waters are disposed of in an adequate and sanitary manner. 1.2. The Action Plan must indicate the responsible parties and the execution schedule, which must not exceed 120 business days." Now, the Ministry of Health emphasizes that the maintenance or condition of the reported pipeline is a municipal competence. On the other hand, regarding the participation of the Municipality of Desamparados, it is deemed demonstrated that via official communication No. MD-AM-0892-2024 dated June 21, 2024, the sued Municipal Mayor's Office instructed the competent municipal departments to appear, within three business days, at the reported site where the pipeline and/or sewer is located and proceed to render a technical report assessing, defining, and diagnosing the state of the situation. The respondent Mayor's Office requests a period of six months to address the situation. Given this panorama, the Chamber considers that the appeal must be partially granted, solely against the Municipality of Desamparados. As can be seen, the respondent municipality does not report on concrete and recent actions they have executed to address the reported environmental problem. On the contrary, they request a six-month period from the Chamber to resolve the corresponding matter. For its part, by virtue of the inspections and sanitary orders prepared by the Ministry of Health, this Tribunal deems it proven that a serious environmental problem does exist in the area where the appellant reported it, since the breakage of a pipeline was verified, given that sodium fluorescein was applied in the stormwater catch basin, obtaining a positive result in the sector of the pipeline that presents the break; that is, the environmental contamination reported by the appellant was confirmed. However, despite this, the Chamber does not observe that, at this time, the situation has been remedied, with the aggravating factor that the problem dates back years. In the consideration of this Tribunal, the Ministry of Health has indeed executed the actions within its competence to address the situation; however, the same cannot be said of the sued municipality. The respondent Local Government has omitted to execute the necessary works to repair the breakage of the pipeline that generates contamination with black and residual waters in the public thoroughfare, as well as on the land where the appellant resides. Nor has it coordinated accordingly with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to assess the best way to address the problem with the breakage of said pipeline, as well as to prevent neighbors from depositing their black or residual waters in the stormwater sewer. Under this reasoning, the Chamber deems the alleged injury to numeral 50 of the Constitución Política to be proven and, therefore, proceeds to partially grant the appeal, with the consequences that will be stated in the operative part of the judgment.

VI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction.

Nevertheless, I do proceed to examine the merits of the matter when other rights of the persons affected by the pollution source are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellant alleges that she is an older adult and lives with her protected son who has Down syndrome. She claims that between September and October 2022, she appeared before the Municipality of Desamparados to file a complaint requesting the repair of a blackwater and wastewater pipe located adjacent to her dwelling, as it generates foul odors, causes landslides, and is a breeding ground for mosquitoes. During the same period from September to October 2022, she reported the situation to the Ministry of Health; however, no office has resolved the problem, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life.

VII.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING SWIFT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to swift and effective justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as the Court, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those constitutional-legal disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional procedural guarantee of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal rules based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic support, or support produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a period of thirty business days after receiving notification of this judgment; otherwise, everything will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is partially granted, solely against the Municipality of Desamparados. María Antonieta Naranjo Brenes, in her capacity as Mayor of Desamparados, or whoever holds that position in her stead, is ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of her competence so that, within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the pipe that is generating contamination with blackwater and wastewater on the public road and on the property where the appellant resides is repaired. Furthermore, within that same period, she must verify and ensure, in coordination with AyA, that the neighboring residents do not deposit their blackwater or wastewater into AyA's stormwater sewer system. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Desamparados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that form the basis of this declaration, which shall be settled in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Judge Salazar Alvarado records a note. Judge Castillo Víquez records a note.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Alejandro Delgado F.

Alexandra Alvarado P.

Jose Roberto Garita N.

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