Res. 20432-2024 Sala Constitucional — Suspension of indigenous housing bonds due to repeal of forestry regulationSuspensión de bonos de vivienda indígena por derogatoria de reglamento forestal

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Sala Constitucional

Resolución Nº 20432 - 2024

Fecha de la Resolución: 19 de Julio del 2024 a las 09:20

Expediente: 24-014638-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: PROPIEDAD

Subtemas:

FORESTAL..

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

EXPLOTACION.

020432-24. PROPIEDAD. AMBIENTE. SE CUESTIONA LA DEROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO FORESTAL EN RESERVAS INDÍGENAS No. 27800-MINAE, POR CUANTO EL BANHVI SUSPENDIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS INDÍGENAS. SE DECLARA SIN LUGAR, POR CUANTO, EL DECRETO FUE DECLARADO INCONSTITUCIONAL Y, SE REQUIERE UN ANÁLISIS PARA QUE EXISTA CLARIDAD DE LA SITUACIÓN LEGAL. VCG08/2024

“(…) III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente reclama que el Banhvi, mediante oficio nro. BANHVI-SGO-CI-0002- 2024 de 09 de mayo de 2024, suspendió la construcción de viviendas indígenas en madera extraída en los territorios indígenas. Afirma que ese banco tomó la decisión de solicitar las aclaraciones al MINAE ante la derogación del Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas nro. 27800- MINAE por parte de esta Sala. Indica que la citada suspensión viola los derechos de los pueblos indígenas.

 

Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024 del 9 de mayo de 2024, dirigido a los directores o jefes de crédito del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el subgerente de operaciones del Banhvi comunicó: “Por medio de la presente les informamos que actualmente el “Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas N° 27800-MINAE”, que habilita el uso de madera de los territorios indígenas se encuentra derogado mediante resolución de la Sala Constitucional N° 5620 del 27 de abril de 2016, la cual declaró inconstitucional el mismo. En la misma resolución se le otorga al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) un plazo de 4 años para realizar la consulta respectiva a los pueblos indígenas ya sea para prorrogar el mismo o reformarlo. Habiendo transcurrido el plazo otorgado por la Sala, sin tener aún noticias de que el MINAE hubiera realizado la consulta dicha; este Banco tomó la decisión de solicitar las aclaraciones pertinentes ante la Sala Constitucional, con el propósito de que se indique si al derogarse el Decreto No. 27800 se retrotrae la aplicación del anterior Reglamento; y ante el MINAE respecto a cómo proceder con las solicitudes de bono familiar de vivienda presentadas ante las entidades autorizadas con trámite de aprobación y cuyo propósito es la construcción con madera extraída del territorio indígena. Por lo tanto, y hasta no contar con la respuesta de estos dos entes, sugerimos informarles a los potenciales beneficiarios que de momento solo podríamos tramitar casos de vivienda indígena que utilicen otros materiales distintos a la madera, o que la misma no sea proveniente de los territorios indígenas. En cuanto a los casos en trámite, les estaremos informando de las opciones que nos brinden en el MINAE”. El 17 de mayo de 2024, el recurrente remitió un correo a Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) del SINAC con el propósito de consultar sobre el oficio anterior. El 17 de mayo de 2024, la directora regional del ACLAC respondió al recurrente que no tenía información al respecto. Empero, haría la consulta a nivel central para canalizar su solicitud. Mediante oficio SINAC-ACLAC-DR- 0446-2024 del 17 de mayo del 2024, la directora regional del ACLAC trasladó la solicitud al jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza. Mediante oficio BANHVI-SGO-OF-0125-2024 del 7 de junio de 2024, el subgerente de operaciones del Bahnvi indicó al ministro de Ambiente y Energía: “Reciba un cordial saludo de la administración del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). Como es de su conocimiento, nuestra institución tiene el deber de velar por el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna para todos los ciudadanos de nuestro país, así mismo que el proceso de formalización y posterior construcción de sus viviendas sean conforme las normas técnicas y requisitos establecidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Actualmente contamos con un problema de carácter jurídico que se presenta en la tramitación de las solicitudes de bono familiar de vivienda para personas indígenas. Paso a brindarles una pequeña explicación, para los casos de bono familiares en territorios indígenas se les brinda a las familias la posibilidad de gestionar la construcción de su vivienda con madera extraída del territorio indígena, para lo cual el BANHVI dentro del financiamiento les reconoce el pago de la madera. Actualmente, a raíz de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra del Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, promovida por el señor Jesús Rojas Ortiz, portador de la cédula de identidad número 9-0055-0958, quien alegó ante la Sala que el decreto impugnado vulneraba el debido proceso, pues carecía de la debida consulta formal, previa e informada que debe realizarse a los pueblos indígenas; esta Institución ha quedado sin marco normativo para poder autorizar la construcción de viviendas indígenas de interés social con madera extraídas del territorio indígena. Recordemos, que mediante la sentencia N° 2016-5620 de las 11:53 horas del 27 de abril de 2016, dictada dentro del expediente que se tramita bajo el número 15-004211-0007-CO, la Sala Constitucional resolvió declarar con lugar la acción y señaló lo siguiente: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, denominado Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, publicado en La Gaceta No. 79 del 29 de abril de 1999, por violentar lo dispuesto en los artículos 6 inciso 1.a y 7 incisos 1 y 4 del Convenio No. 169 de la OIT, al haberse omitido la consulta obligatoria a los Pueblos Indígenas de previo a su emisión. Con fundamento en el numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y a fin de evitar que se lleguen a producir daños graves e irreparables en el ambiente, se dimensionan los efectos de esta sentencia, en el sentido de que esta se dicta sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, y se mantiene la vigencia del decreto impugnado por el plazo de 4 años a partir de la publicación de la reseña en el Diario Oficial La Gaceta de esta sentencia, dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá llevar a cabo la consulta respectiva a los Pueblos Indígenas, ya sea para prorrogar la vigencia de este mismo decreto o reformar el mismo. Notifíquese al accionante, a la Procuradora General de la República, al Presidente de la República, al Ministro de Ambiente y Energía y al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. La Magistrada Hernández López da razones adicionales. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto y declara sin lugar la acción.” El director ejecutivo Rafael Gutiérrez Rojas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en escrito agregado al expediente el 18 de febrero de 2022, solicita la ampliación del plazo de vigencia del Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE, por el motivo de la imposibilidad material hasta la fecha para llevar a cabo la consulta a los Pueblos Indígenas, solicita se tome como referencia el plazo establecido en la sentencia N° 2016-5620 de las 11:53 horas del 27 de abril de 2016 que era de 4 años. Dado que el plazo de 4 años que se otorgó para mantener vigente el decreto impugnado ya se venció, se ha realizado un análisis de la resolución dictada y se considera que al derogar la Sala Constitucional el decreto ejecutivo No. 27800-MINAE no existe un cuerpo normativo que nos permita continuar tramitando bonos de vivienda en donde la materia prima para su construcción sea la madera de reservas indígenas. En conclusión y con la finalidad de evitar futuras contingencias a nivel judicial entre las Asociaciones de Desarrollo Integrales de los Territorios Indígenas y con el objetivo primordial de respetar la normativa nacional relacionada con la materia y sobre todo no violentar el derecho las habitantes de las comunidades indígenas al aprovechamiento forestal en sus territorios, es de sumo interés para esta Institución, se nos informe si el MINAE ha emitido nueva normativa o directriz sobre la materia de consulta, si el Decreto derogado, ya se encuentra en consulta pública, y de ser así el avance de la misma, o por el contrario, si no se ha avanzado por el tema de la consulta, que normativa o directriz puede aplicar esta institución para autorizar la construcción de las viviendas con madera extraídas de las reservas indígenas o si por el contrario esa posibilidad queda inhabilitada hasta que se giren instrucciones por parte de su dependencia”. Mediante oficio SINAC-SE-DPCG-2024 del 11 de junio de 2024, el jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza respondió a la directora regional del ACLAC: “Como bien se indica en el oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024, el Decreto N° 27800 — MINAE fue derogado mediante sentencia de la Sala Constitucional N°5620 del 27 de abril del 2016, sin embargo, la reseña del voto fue publicada en La Gaceta N° 79 del 28 de febrero de 2018, con lo cual el plazo de 4 años concedido al SINAC en dicha sentencia se extendía hasta el 28 de febrero del 2022.  Mediante oficio DM-0244-2022 del 16 de marzo del 2022 la señora Ministra de Ambiente Doña Andrea Meza Murillo, solicita a la Sala Constitucional prórroga hasta finales del 2024, obteniéndose respuesta mediante resolución N° 2022010550 del 11 de mayo 2022, en la que se resuelve no acoger la solicitud planteada por la señora Meza Murillo, con lo cual el Decreto N° 27800 — MINAE fue derogado.  En esta solicitud de prórroga se indicaba que una de las principales razones por la cuales no se habían logrado realizar las actividades previas y habilitadoras a la consulta, así como la consulta misma, era la falta de recursos presupuestarios, y especialmente que no se vislumbraba la posibilidad de que el SINAC pudiera acceder a los recursos que le correspondían del acuerdo de compra de emisiones REDD+ del Banco Mundial hasta mediados del 2023, razón por la cual se previa que la consulta se realizaría en el 2024, sin embargo, a la fecha SINAC sigue sin poder hacer uso de esos recursos.  2. Sobre la potestad para otorgar permisos de aprovechamiento forestal en territorios indígenas. A raíz de lo señalado en la resolución N2 2022010550 del 11 de mayo 2022, la Sala Constitucional recuerda lo indicado en la Ley Indígena N°6172, especificamente en su artículo N°7, en el cual señala:  (…)  Para inicios del 2023, un grupo de trabajo convocado por el entonces Viceministro de Ambiente, Don Rafel Guitérrez fue instruido para darle seguimiento al tema del reglamento de aprovechamientos forestales en territorios indígenas, donde este grupo de trabajo, con base en lo indicado en el artículo N°7 de la Ley N° 6172 llego a las siguientes conclusiones:  1. Los recursos forestales contenidos en los territorios indígenas, corresponden a recursos naturales renovables. 2. El artículo señala claramente que la competencia para autorizar y vigilar los programas forestales que se desarrollen en los territorios indígenas recae sobre la CONAI.  3. la competencia de la CONAI para autorizar y vigilar las actividades de aprovechamiento forestal a lo interno de los territorios indígenas, se reafirma cuando el artículo señala que: “La CONAI está expresamente facultada para revocar o suspender, en cualquier momento, los permisos extendidos”.  En adición a lo indicado en el artículo N°7 de la Ley N°6172, en aquel momento se consideró, que no existe en el marco que regula el aprovechamiento forestal, respaldo jurídico para que la Administración Forestal del Estado asuma la competencia de autorizar los aprovechamientos forestales en Territorios Indígenas, ya que estos al ser tierras colectivas, no podrían aplicársela los aspectos normados en los artículos 19, 20, 21, 27 y 28 de la Ley Forestal N°7575, cuyos alcances corresponden a propiedad privada individual.  Con base en esos hallazgos y bajo la coordinación del señor Viceministro se pretendía iniciar un proceso de acercamiento y coordinación con la CONAI, proceso que no se llegó a concretar dada la salida del señor Gutiérrez del Viceministerio de Ambiente, momento a partir del cual no se le dio seguimiento a este proceso.  En aquel momento se estimada conveniente que cada territorio, por medio de las instancias de representación reconocidas legalmente o culturalmente, desarrollaran sus propios reglamentos o protocolos comunitarios para el ejercicio del derecho colectivo del uso de sus propios recursos forestales, normativa territorial que deberá ser autorizada por la CONAI, esto de nuevo, según lo indicado en artículo N°7 de la Ley N°6172, y que si los territorios lo tenían a bien, el SINAC en la medida de sus capacidades y recursos podría servir de asesor técnico especializado, para la elaboración de las propuestas de los respectivos reglamentos o protocolos comunitarios. 3. Sobre el proceso de consulta al reglamento de aprovechamiento forestal en territorios indígenas.  En consecuencia con lo indicado en el punto anterior, donde se ha considera, que según lo regulado por las Leyes N° 6172 y N° 7575, el SINAC no tiene competencia para autorizar el aprovechamiento de recursos forestales existentes en los terrenos de propiedad comunitaria que conforma un territorio indígena, razón por la cual, el SINAC no puede constituirse como contraparte interesada en la realización de un proceso de consulta para establecer medidas, que permitan la administración o limitación del uso de los recursos forestales de los territorios indígenas. Lo anterior por cuanto esta es una competencia que la Ley N° 6172 le ha delegado a cada territorio y a la CONAI.  4. Sobre el uso de madera de los territorios indígenas para la construcción de casas de bono familiar de vivienda para personas indígenas.  Estima el suscrito, que al establecerse una limitación para el uso de madera existente en los mismos territorios para la construcción de casas de bono familiar para personas indígenas, medida como la que se indica en el oficio BANHVI-SGO-Cl-0002-2024, se podría estar estableciendo una afectación al pleno disfrute de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por lo que se sugiere a las autoridades del BANHVI solicitar asesoría y elementos para un mejor resolver sobre este tema a la CONAI, considerando lo indicado en el artículo N°7 de la Ley N° 6172”.

 

 

 

Ahora bien, la Sala determina que el Banhvi suspendió la tramitación de beneficios para vivienda indígena con uso de madera, debido a la necesidad de efectuar consultas con respecto a la posibilidad de aprovechar tal recurso, visto que el Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas (decreto nro. 27800-MINAE) fue anulado por la Sala Constitucional. Por ese motivo, dirigió oficios tanto a este Tribunal como al MINAE. Se entiende que, una vez que exista claridad sobre la situación legal, entonces se decidiría sobre el trámite de tales beneficios. Posteriormente, mediante oficio BANHVI-SGO-OF-0125-2024 del 7 de junio de 2024, el subgerente de operaciones del Bahnvi efectuó la consulta respectiva al ministro de Ambiente y Energía. Además, a lo interno del SINAC, el Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza expresó su criterio jurídico con respecto al tema en cuestión (oficio SINAC-SE-DPCG-2024 del 11 de junio de 2024).

Al valorar estos elementos, la Sala no observa una lesión a los derechos de la parte amparada. En efecto, el Banhvi realizó una consulta interinstitucional con el propósito de tener claridad con respecto a la explotación sostenible y legal de los bosques. En el ínterin, decidió suspender los beneficios que significaran la explotación del recurso maderero. Es decir, ante la incertidumbre con respecto a un posible daño ambiental, la Sala avala que las instituciones estatales tomen medidas preventivas hasta adquirir certeza con respecto a la posibilidad de explotar de manera racional y sostenible el recurso natural. Asimismo, si se toma en cuenta que la suspensión reclamada se dio mediante oficio nro. BANHVI-SGO-CI-0002-2024 de 9 de mayo de 2024 la Sala estima que, al momento de interposición del amparo (31 de mayo de 2024) no había transcurrido un plazo irrazonable para que las instancias accionadas resolvieran sobre el tema. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.

IV.- Tomen nota las autoridades accionadas de la necesidad de atender con prontitud la situación objeto de este proceso, de manera que se brinde certeza a la situación jurídica reclamada (…)”


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Texto de la resolución

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Exp: 24-014638-0007-CO

Res. Nº 2024020432

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecinueve de julio de dos mil veinticuatro .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 24-014638-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], en su condición de presidente de la [...], contra el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 31 de mayo de 2024, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que el recurrido, por oficio nro. BANHVI-SGO-CI-0002-2024 de 9 de mayo de 2024, suspendió la construcción de vivienda indígena en madera extraída en los territorios indígenas, basándose el Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas nro. 27800- MINAE, que habilita el uso de madera de los territorios indígenas, el cual, fue derogado por resolución de la Sala Constitucional nro. 5620 de 27 de abril de 2016, al declararlo inconstitucional. Indica que en la misma resolución se le otorgó al Ministerio de Ambiente y Energía un plazo de 4 años para realizar la consulta respectiva a los pueblos indígenas, ya sea, para prorrogar el mismo o reformarlo. Manifiesta que habiendo transcurrido el plazo otorgad por la Sala, sin tener aún noticias de que el MINAE hubiera realizado la consulta dicha, el banco tomó la decisión de solicitar las aclaraciones pertinentes ante la Sala Constitucional, con el propósito que se indique si al derogarse el decreto citado, se retrotrae la aplicación del anterior reglamento; y ante el MINAE respecto a cómo proceder con las solicitudes de bono familiar de vivienda presentadas ante las entidades autorizadas con trámite de aprobación y cuyo propósito es la construcción con madera extraída del territorio indígena. Narra que, hasta no contar con la respuesta de estos dos entes, el banco comunicó que: "sugerimos informarles a los potenciales beneficiarios que de momento solo podríamos tramitar casos de vivienda indígena que utilicen otros materiales distintos a la madera, o que la misma no sea proveniente de los territorios indígenas. En cuanto a los casos en trámite, les estaremos informando de las opciones que nos brinden en el MINAE". Agrega que el decreto citado omitió consideraciones importantes como la falta de consulta obligatoria a los pueblos indígenas previo a su emisión, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, por lo tanto, violó su derecho a opinar sobre el contenido y aplicación de esta norma a los territorios. Indica que a pesar de la resolución de la Sala Constitucional de 27 de abril de 2016 que estipula un plazo para llevar a cabo la consulta respectiva a los pueblos indígenas y que a hoy no se ha realizado, el banco no ha considerado la aplicación del decreto ejecutivo nro. 26511-MINAE de 10 de junio de 1997, que continúa vigente y que otorga facultades a los pueblos indígenas para aplicarlo una vez eliminado el decreto 27800-MINAE. Manifiesta que la suspensión de la construcción de vivienda indígena con madera extraída de sus comunidades, representa una violación directa a los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT, así como en la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza el derecho a la vivienda digna y el deber del Estado de atender a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Narra que los pueblos indígenas son comunidades donde viven cientos de familias en extrema pobreza y la Ley 7052 del Banco Hipotecario de la Vivienda en el artículo 59, obliga al BANHVI a atender con prioridad a los pueblos indígenas. Agrega que el banco recurrido, al suspender el trámite de vivienda en sus comunidades, ha dejado a cientos de niños, mujeres, hombres y ancianos, desprotegidos, incumpliendo sus deberes y vulnerando sus derechos y acceso a una vivienda digna. Indica que el banco al emitir esta directriz, también dejó sin trabajo a muchas familias y sin posibilidades de percibir un ingreso, ya que, su comunidad trabaja de la mano de las empresas que construyen sus viviendas, obteniendo así un ingreso importante para su subsistencia, ocasionando un daño colateral evidente y violentando también su derecho constitucional al trabajo. Estima que tal actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales.

2.- Por resolución de las 11:57 horas del 5 de junio de 2024 se dio curso al amparo.

3.- Informan bajo juramento Dagoberto Hidalgo Cortés y Marlon Navarro Álvarez, por su orden gerente general y presidente de la Junta Directiva, ambos del Banhvi, lo siguiente: “Sobre el caso del amparado interpuesto por el señor [Nombre 001], cédula de identidad 7-0210-0797 a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabecar Tayni, La Estrella de Limón, hemos solicitado un informe a la Dirección FOSUVI, quien lo ha vertido mediante oficio número BANHVI-DF-OF-0557-2024, de fecha 11 de junio de 2024, firmado por el Subgerente de Operaciones Walter Muñoz Caravaca, que en lo que interesa indica: “El presente oficio se realiza para dar respuesta al Recurso de Amparo tramitado bajo el expediente N0 24-014638-0007-CO, interpuesto por el Sr. [Nombre 001], cedula [Valor 001], a favor de la [...]; establecido en contra del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Ministerio de Ambiente y Energía, del cual se extrae, del recurso y en contra de este banco, lo siguiente: “… el banco comunicó que: “sugerimos informarles a los potenciales beneficiarios que de momento solo podríamos tramitar casos de vivienda indígena que utilicen otros materiales distintos a la madera, o que la misma no sea proveniente de territorios indígenas. En cuanto a los casos en trámite, les estaremos informando de las opciones que nos brinden en el MINAE” agrega que el decreto citado omitió consideraciones importantes como la falta de consulta obligatoria a los pueblos indígenas previo a su emisión, según lo establecido en el Convenio de la OIT, (…) el Banco no ha considerado la aplicación de decreto ejecutivo No 26511-MINAE de 10 de junio del 1997, que continua vigente y que otorga facultades a los pueblos indígenas para aplicarlo una vez eliminado el decreto 27800-MINAE… Manifiesta que la suspensión de la construcción de vivienda indígena con madera extraída de sus comunidades representa una violación directa a los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT, así como en la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza el derecho a la vivienda digna y el deber del Estado de atender a las comunidades en situación de Vulnerabilidad. Agrega que el banco recurrido, al suspender el trámite de vivienda en sus comunidades, ha dejado a cientos de niños, mujeres, hombres y ancianos, desprotegidos, incumpliendo sus deberes y vulnerando sus derechos y acceso a una vivienda digna. Indica que el banco al emitir esta directriz también dejó sin trabajo a muchas familias y sin posibilidades de percibir un ingresó, ya que, su comunidad trabaja de la mano de las empresas que construyen sus viviendas, obteniendo así un ingreso importante para su subsistencia, ocasionando un daño colateral evidente y violentado también su derecho constitucional al trabajo. Estima que tal actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales.” Antecedentes: El BANHVI fue notificado por parte de la Escuela de Ingeniera Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica de la existencia de la resolución de la Sala Constitucional Nº 05620-2016 de las 11:53 horas, del Expediente 15-004211-0007-CO, resolución que proviene de una acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Jesús Rojas Ortiz, cédula de identidad 9-0055-0958 en contra del Decreto Ejecutivo Nº 27-800- MINAE denominado Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas. Del cual la Sala Constitucional declara con lugar la acción y en lo que interesa dicta: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo Nº. 27800-MINAE, denominado Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, publicado en La Gaceta Nº. 79 del 29 de abril de 1999, por violentar lo dispuesto en los artículos 6 inciso 1.a y 7 incisos 1 y 4 del Convenio Nº 169 de la OIT, al haberse omitido la consulta obligatoria a los Pueblos Indígenas de previo a su emisión. Con Fundamento en el numeral 91 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y a fin de evitar que se lleguen a producir daños graves e irreparables en el ambiente, se dimensionan los efectos de esta sentencia, en el sentido de que esta se dicta sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, y se mantiene la vigencia del decreto impugnado por el plazo de 4 años a partir de la publicación de la reseña en el Diario Oficial La Gaceta de esta sentencia, dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá llevar a cabo la consulta respectiva a los Pueblos Indígenas, ya sea para prorrogar la vigencia de este mismo decreto o reformar el mismo”. Este banco realizó las investigaciones del caso para corroborar si el Poder Ejecutivo había realizado la consulta al pueblo indígena de conformidad con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, o había emitido alguna norma actual y que se encontrará vigente, encontrándose con un vació legal, para poder aprovechar el recurso forestal en los territorios indígenas. Razón por la cual el 09 de mayo del año 2024 se realiza el Oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024 dirigido a los señores directores y jefes de crédito de las Entidades Autorizadas del Sistema en el cual se les informa a las Entidades Autorizadas que hasta no contar con información suficiente de parte del MINAE indicándonos que es posible el aprovechamiento de recursos forestales en reservas indígenas, no se podría recibir y tramites solicitudes de Bono Familiar de Vivienda utilizando como materia prima, los recursos maderables del territorio, sin embargo la opción de construir la vivienda de los potenciales beneficiarios de las comunidades indígenas con otro tipo de sistemas de construcción se mantenía intacto. Esta decisión se toma de manera temporal y en el momento que se reciba la respuesta por parte del MINAE al oficio BANHVI-SGO-OF-0125-2024 de fecha 7 de junio del 2024, se tomará la decisión si se mantiene la suspensión de construir con madera indígena del territorio costarricense o si se diera el caso que el MINAE nos aclarará que existe normativa que habilite el uso del recurso maderable en territorio indígena, se eliminaría la suspensión de la medida tomada en el oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024 de fecha 9 de mayo del año 2024, esto cumpliendo con el principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política: “ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”. Sobre el Recurso de Amparo: Se le da respuesta a cada una de las inquietudes presentadas por el recurrente en el actual recurso de la siguiente forma: 1. “El banco comunicó que: “sugerimos informarles a los potenciales beneficiarios que de momento solo podríamos tramitar casos de vivienda indígena que utilicen otros materiales distintos a la madera, o que la misma no sea proveniente de territorios indígenas. En cuanto a los casos en trámite, les estaremos informando de las opciones que nos brinden en el MINAE” agrega que el decreto citado omitió consideraciones importantes como la falta de consulta obligatoria a los pueblos indígenas previo a su emisión, según lo establecido en el Convenio de la OIT”. Respuesta del BANHVI: Lo anterior es parcialmente cierto, el BANHVI por medio del oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024 de fecha 09 de mayo del año 2024, efectivamente le solicita a los directores y jefes de crédito de las Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que como medida precautoria ante una potencial ilegalidad y siendo que tuvimos conocimiento de la resolución de la Sala Constitucional 05620-2016 del 27 de abril del año 2016 en el cual se declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo 27800-MINAE solo se podrían aceptar postulaciones para el Bono Familiar de Vivienda (BFV) en territorios indígenas para casos cuya materia constructiva prima no sea la madera sustraída de los propios territorios indígenas costarricenses, entendiéndose que se van a seguir tramitando postulaciones para este BFV con cualquier otro material que pueda ser aplicado en los respectivos inmuebles, llámese mampostería, materiales livianos, madera importada, entre otros. Entiéndase que el interés de este Banco en todo momento es el de no cometer una ilegalidad y siendo que el MINAE es el ente competente en materia de la regulación del aprovechamiento de los recursos forestales, hasta tanto este Ministerio no se pronuncie o nos notifique cual es el marco legal para poder utilizar la madera extraíble del territorio indígena, este banco se encuentra ante un vació jurídico para poder habilitar la construcción de viviendas con esta materia prima. 2. “El Banco no ha considerado la aplicación de decreto ejecutivo No 26511-MINAE de 10 de junio del 1997, que continua vigente y que otorga facultades a los pueblos indígenas para aplicarlo una vez eliminado el decreto 27800-MINAE.” Respuesta del BANHVI: Es importante aclarar que la derogatoria del decreto 27800-MINAE, no implica que entre vigencia el decreto anterior No 26511-MINAE del 10 de junio de 1997, según lo siguiente: a.- Desde el ámbito de legalidad derogar una norma es abolir, anular o revocar parcialmente una norma jurídica, ley o reglamentación vigente por otra posterior y que implica que no sea necesario reexpedir todo el resto de algún ordenamiento reformado. En el caso de la resolución de la Sala Constitucional que deroga el decreto ejecutivo Nº 27800-MINAE en ningún momento señala de que en caso de que el MINAE no realice la consulta a pueblos indígenas se retrotraiga los efectos jurídicos del decreto anterior 26511-MINAE, por lo tanto, nos encontramos en este momento ante un vacío normativo que debe ser aclarado por el MINAE para actuar desde la legalidad. b.- Lo anterior también lo entendemos desde la interpretación del artículo 8 del Código Civil, la mera derogatoria del reglamento actual o el que estuvo vigente por 4 años, no hace que se recobre la vigencia de las normas derogadas. Referimos al artículo 8 citado: “Artículo 8. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario. La derogatoria tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá también a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogatoria de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.” (Así reformado por Ley Nº 7020 de 6 de enero de 1986, artículo 1º) (el resaltado es nuestro) 3. “Manifiesta que la suspensión de la construcción de vivienda indígena con madera extraída de sus comunidades representa una violación directa a los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT, así como en la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza el derecho a la vivienda digna y el deber del Estado de atender a las comunidades en situación de Vulnerabilidad. Agrega que el banco recurrido, al suspender el trámite de vivienda en sus comunidades, ha dejado a cientos de niños, mujeres, hombres y ancianos, desprotegidos, incumpliendo sus deberes y vulnerando sus derechos y acceso a una vivienda digna” Respuesta del BANHVI: Es importante destacar que con la emisión del oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024 ya indicado, en ningún momento se le está negando a los pueblos indígenas el derecho a un bono de vivienda, ellos se pueden seguir postulando en las entidades autorizadas, y el material constructivo de las viviendas podría ser mampostería, material liviano, madera importada, entre otros, siempre y cuando se cumpla con las normas de construcción vigentes. El hecho de que el BANHVI les informe que de manera temporal no se puede seguir tramitando con madera extraída dentro del territorio indígena responde a que fue la misma comunidad indígena la que interpuso el recurso contra el decreto ejecutivo 27800-MINAE, para el aprovechamiento del recurso forestal indígena; siendo que en este momento se carece de una normativa que no contravenga leyes ambientales, por lo que desarrollar proyectos con madera indígena nacional, nos haría entrar en desacato de una resolución de la propia Sala Constitucional. Este banco ya remitió la consulta respectiva al Ministerio de Ambiente y Energía, para que defina bajo que normativa se puede reactivar el uso de la madera de los territorios indígenas. 4. “Indica que el banco al emitir esta instrucción también dejó sin trabajo a muchas familias y sin posibilidades de percibir un ingresó, ya que, su comunidad trabaja de la mano de las empresas que construyen sus viviendas, obteniendo así un ingreso importante para su subsistencia, ocasionando un daño colateral evidente y violentado también su derecho constitucional al trabajo” Respuesta del BANHVI: Parte de los beneficios colaterales de la construcción de viviendas a nivel nacional, es generar encadenamientos en la economía y fuentes de empleo; sin embargo, es importante aclarar, como ya se mencionó anteriormente, que esta suspensión no afecta la construcción de viviendas de otros sistemas constructivos y que el aspecto de contratación de mano de obra o compra de madera es una relación contractual privada en la que el Banco no potestad ni injerencia. Conclusión: Este Banco ha emitido la resolución para suspender la tramitación de BFV que se pretendan construir teniendo como materia prima el uso de madera en territorios indígenas, esta medida se realiza de manera temporal y con la única finalidad de recibir respuesta por parte del MINAE sobre si existe norma actual y vigente que permita utilizar este recurso constructivo. Si se diera el caso de que el MINAE nos aclare de que existe norma inmediatamente se procederá a dejar sin efecto el oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024, pero siempre actuando bajo el principio de legalidad que rige la función pública. Se adjunta a este oficio el Voto de la Sala Constitucional 5620-2016 del 27 de abril del año 2016”.

 4.- Informa bajo juramento Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía y presidente del Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, lo siguiente: “PRIMERO: El recurso de amparo es un proceso judicial que se tramita en la Sala Constitucional y que constituye la denominada jurisdicción constitucional de la libertad, su existencia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país. La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece en su numeral 29 que el recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus, establece además que procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. No sólo procede contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. SEGUNDO: En el ordenamiento jurídico costarricense, el Recurso de Amparo se desprende de las normas constitucionales 10 y 48 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en la Constitución, así como de los de carácter fundamental, establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Existe todo un título dentro de este cuerpo normativo, donde se establecen una serie de derechos y garantías individuales tales como el derecho a la vida en el artículo 21, el derecho a la intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones del artículo 24, el derecho de igualdad que se consagra en el artículo 33, derecho que tienen los consumidores y usuarios (de servicios públicos) a la protección del ambiente en el artículo 46 y muchos otros, establecidos dentro de los derechos y garantías sociales, tales como derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el correlativo deber estatal de tutelarlo artículo 50 y deber estatal de proteger las bellezas naturales, lo que supone una tutela por lo menos indirecta del ambiente o parcial de éste en tanto apunta a un aspecto que lo integra: los paisajes naturales, en el artículo 89 TERCERO: La Sala Constitucional sólo está sometida a la Constitución, a la Ley y su jurisprudencia y precedentes son vinculantes “erga omnes” salvo para sí misma. Esta disposición es importante dado que lo resuelto por la Sala es vinculante para los demás órganos públicos, tanto administrativos como judiciales, así como para todos los particulares. III. De la argumentación del Recurso de Amparo. En relación con los alegatos del recurrente, se procede a rendir informe en los siguientes términos: PRIMERO: En vista del acta de notificación de la resolución de las 11 horas 07 minutos del 05 de junio de 2024 se notifica a este Ministerio al correo institucional [email protected] medio NO oficial para recibir notificaciones. En razón de lo anterior este Ministerio mediante memorándum DAJ-MINAE-0650-2022 del 08 de noviembre de 2022 en atención a los medios de notificación se informó al señor Luis Ardón Acuña, Secretario de esta honorable Sala Constitucional, con la finalidad de atender notificación según el procedimiento de la ley. Asimismo, la Dirección de Asesoría Jurídica procedió a organizar los correos institucionales que ingresan y son notificadas con el siguiente control interno: A continuación, se procede a señalar los correos electrónicos actuales y la función de cada uno: 1. [email protected] Se recibe correspondencia que entra a la Dirección de Asesoría Jurídica 2. [email protected] Este correo es para que la Dirección de Asesoría Jurídica envíe notificaciones, solamente. El 09 de junio de 2022 mediante el correo institucional del departamento de Comunicación Institucional de este ministerio, se realizó el siguiente comunicado: (Inserta imagen) Debemos recordar que la notificación es un acto procesal de importantes efectos en los procesos judiciales y procedimientos administrativos. Ello en el tanto en que es el medio de comunicar las diversas actuaciones en el procedimiento. Al ponerse en conocimiento de las partes lo resuelto por los tribunales o en su caso, por la Administración, estas pueden ejercer las acciones que el ordenamiento expresamente establece. En ese sentido, es parte del debido proceso y del derecho de justicia. Regular la notificación es, entonces, regular el ejercicio de un derecho fundamental. Así lo hemos indicado en diversos pronunciamientos, entre ellos el C-342-2004 de 18 de noviembre de 2004: “Es parte de los principios sustanciales del procedimiento administrativo el de defensa. El contenido mínimo del derecho de defensa o de participación el administrado en el procedimiento comprende el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, a obtener una decisión fundada y el derecho a impugnar la decisión administrativa. Para que ese mínimo de derechos pueda ser ejercido, se debe cumplir con el principio de comunicación de los actos del procedimiento. Esa comunicación es requisito indispensable para el ejercicio del derecho de defensa y por ello forma parte de las garantías del debido proceso. De allí que no sea de extrañar que las distintas regulaciones procesales contengan disposiciones sobre la comunicación de los actos y, en particular, de la notificación…” Respecto de la importancia de la notificación dentro del procedimiento, la Sala Constitucional señaló: (…) Además, la importancia de la notificación es consecuencia de que las resoluciones judiciales o administrativas son eficaces a partir de su notificación por los medios que el ordenamiento establezca. En último término, la notificación es un medio de garantizar seguridad jurídica. Aspectos que fueron desarrollados en el dictamen C-266-2005 de 27 de julio de 2005. Pronunciamiento en el cual se enfatiza en el derecho del administrado de recibir notificación sobre aquellas actuaciones administrativas que produzcan una injerencia en su esfera particular. SEGUNDO: Este Ministerio es el ente encargado de velar por la protección del recurso natural del país, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la promoción de manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales, cuya gestión corresponde a este Ministerio por disposición legal o convenio internacional. Asimismo, es importante señalar que el artículo 50 de nuestra carta magna establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que se deriva del derecho a la vida; siendo entonces que el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano en armonía con este, en el que la calidad ambiental, y los medios económicos resultan ser de los parámetros fundamentales para las personas. Que mediante el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N°7788, se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), cuya naturaleza jurídica, es la de un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental adscrito al MINAE, y su propósito fundamental, es el de integrar las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de nuestro país. Bajo ese entendido, podemos explicar sobre la figura de la desconcentración que ostenta el SINAC, que esta obedece a una competencia exclusiva que se otorga a un Órgano inferior de la Administración, para que éste lo ejerza de forma propia y bajo su entera responsabilidad dentro de la estructura a la cual pertenece, tal como lo explica la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-305-2009 del 28 de octubre de 2009: “…La desconcentración es una técnica de distribución de competencias en favor de órganos de una misma persona jurídica, por la cual un órgano inferior se ve atribuida una competencia en forma exclusiva, para que la ejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad. Ahora bien, no se trata de cualquier tipo de competencia, sino de una competencia para resolver, para decidir en forma definitiva sobre una materia determinada por el ordenamiento. Esta atribución se funda en la necesidad de especializar ciertos órganos en materias específicas, de manera que se satisfagan en mejor forma los cometidos públicos. Desde esa perspectiva, desconcentrar es especializar funcionalmente determinados órganos, sin que se desliguen orgánicamente tales competencias de la estructura originaria. Normalmente se considera que la desconcentración es uno de los límites más importantes a la jerarquía. Esta es una técnica de descongestión de la jerarquía, que ya que la transferencia de competencias decisorias implica un cambio en la titularidad de las competencias y no solo en su ejercicio, como sí sucede en la delegación. Por medio de este mecanismo, el órgano inferior se ve atribuida una competencia en forma exclusiva, para que la ejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad, no obstante, lo cual mantiene su condición de órgano y por ende, parte de la organización que desconcentra…”. Por tal motivo, en atención a su competencia y responsabilidad, como ente técnico en la materia, mediante el oficio SINAC-SE-DE-828-2024 de fecha 11 de junio de 2024 suscrito por el Director a.i ha rendido el informe solicitado que en lo conducente indicó: ¨Que sobre el recurso de amparo se solicitó mediante oficio SINAC-SE-AJ-318-2024 del 07 de junio del 2024 informe a la señora Maylin Mora Arias, directora regional del Área de Conservación La Amistad Caribe, por tratarse de hechos correspondientes al área bajo su administración de conformidad al numeral 28 de la Ley de Biodiversidad N°7788. Que el Área de Conservación La Amistad Caribe responde mediante correo electrónico de fecha 09 de junio del 2024 indico lo siguiente: “Te informo que, en días anteriores trasladamos esta consulta al departamento de participación ciudadana y gobernanza, precisamente por motivo de la solicitud el estimado presidente de la ADI TJAI, a la fecha no hemos recibido respuesta. Entiendo que la iniciativa del decreto se llevaba a nivel central, en la regional no se tiene expediente al respecto.” Que según consta en correo de fecha 17 de mayo del 2024 el señor Lic. [Nombre 001], Presidente ADI TAYNI traslado correo a la señora Maylin Mora Arias indicando lo siguiente: “Buen dia Maylin. Espero que se encuentre bien de salud. Lo siguiente es para consultar sobre lo que cita esta nota. Nos interesa reunirnos y ver el tema, ya que nos tiene paralizado 45 viviendas.” Además de lo anterior, el solicitante adjunto el oficio BAHNVI-SGO-CI-0002-2024 del 09 de mayo del 2024. Siendo que dicha gestión es ante el Área de Conservación La Amistad Caribe y a efectos de solicitar un espacio de reunión. Que la Maylin Mora Arias, Directora Regional del ACLAC respondió al recurrente en fecha 17 de mayo del 2024 indicando lo siguiente: “Buenas tardes estimado don Hugo, con mucho respeto le envío un gran saludo. Le informo que no tengo información al respecto, sin embargo, haré la consulta a nivel central para efectos de canalizar su solicitud.” Lo anterior, fue realizado según consta en oficio SINAC-ACLAC-DR-0446-2024 del 17 de mayo del 2024 donde traslado solicitud de información al señor Juan José Jiménez Espinoza, Jefe departamento Participación Ciudadana y Gobernanza en relación con lo indicado en el oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024. Que el numeral 7 de la Ley Indígena N° 6172, dispone expresamente que: “Los terrenos comprendidos dentro de las reservas, que sean de vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la vida silvestre de esas regiones. Los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente. Únicamente podrán llevarse a cabo programas forestales por instituciones del Estado que garanticen la renovación permanente de los bosques, bajo la autorización y vigilancia de CONAI. El guarda reservas indígenas, nombrados por el Gobierno, tendrán a su cargo la protección de los bosques y la vigilancia de ellas. La CONAI está expresamente facultada para revocar o suspender, en cualquier momento, los permisos extendidos; cuando estimare que existe abuso en la explotación o bien cuando se ponga en peligro el equilibrio ecológico de la región.” (El subrayado es nuestro) Por lo anterior, el aprovechamiento en reservas indígenas debe privar un criterio de racionalidad, obligación impuesta a las entidades competentes en el marco sus atribuciones legales, aspecto recalcado en la resolución 2022010550 del 11 de mayo del 2022 de la Sala Constitucional que señalo: “IV.- Se hace ver a la gestionante que, con independencia de la vigencia del decreto ejecutivo n.º 27800-MINAE, las instancias competentes del Estado, entre ellas el MINAE y el CONAI, deberán velar por la protección de los bosques y la riqueza natural del país en cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes. Más aún, adviértase que la normativa reglamentaria no puede hacer nugatoria la protección establecida legalmente. En tal sentido, el ordinal 7 de la Ley Indígena dispone la preservación del recurso forestal que se encuentre en reservas indígenas: (…) Se entiende de la norma que es inexorable mantener la cobertura boscosa de las reservas indígenas, y que el eventual aprovechamiento forestal debe respetar la vocación del área o zona concernida, de manera que se mantenga inalterado el equilibrio ecológico. La Sala subraya que la obligación de procurar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (numeral 50 constitucional) es transversal en nuestro ordenamiento jurídico. Por este motivo, ningún sujeto público o privado puede estimarse exceptuado de velar por tal equilibrio. El cumplimiento de tal protección, sin duda, debe ser impuesto por las instancias estatales competentes.” (El subrayado es nuestro) Que en dictamen número PGR-C-253-2021 del 06 de setiembre del 2021 y ante consulta del Sistema Nacional de Áreas de Conservación la Procuraduría General de la República señalo lo siguiente: “En este punto, conviene rescatar que el artículo 7° de la Ley N° 6172, Ley Indígena, contiene regulaciones en cuanto a terrenos con vocación forestal que se ubiquen dentro de una reserva indígena, para lo cual se dispone que, éstos deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y conservar la vida silvestre de esas regiones. Los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente. Únicamente podrán llevarse a cabo programas forestales por instituciones del Estado que garanticen la renovación permanente de los bosques, bajo autorización y vigilancia de CONAI. Señala este numeral: “Artículo 7º.- Los terrenos comprendidos dentro de las reservas, que sean de vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la vida silvestre de esas regiones. Los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente. Únicamente podrán llevarse a cabo programas forestales por instituciones del Estado que garanticen la renovación permanente de los bosques, bajo la autorización y vigilancia de CONAI. Los guarda reservas indígenas, nombrados por el Gobierno, tendrán a su cargo la protección de los bosques y la vigilancia de ellas. La CONAI está expresamente facultada para revocar o suspender, en cualquier momento, los permisos extendidos; cuando estimare que existe abuso en la explotación o bien cuando se ponga en peligro el equilibrio ecológico de la región.” De lo anterior deriva que cualquier programa que quiera realizar el SINAC en estas zonas, debe realizarse bajo la autorización y vigilancia de CONAI. Además, cualquier disposición del Estado tendiente a administrar o limitar la explotación de los recursos naturales existentes dentro de las reservas indígenas, requerirá ser consultada a la población indígena, esto en cumplimiento con los compromisos internacionales asumidos por el país en el resguardo de estas comunidades (votos 2008-13832 de las 8:38 horas del 11 de setiembre de 2008, 17058-2012 de las 16:00 horas del 5 de diciembre de 2012 y 5620 – 2016 de las 11:53 horas del 27 de abril de 2016de la Sala Constitucional) En consecuencia, cualquier determinación o regulación que el ente rector desee ejercer para la conservación ambiental dentro de las reservas indígenas, deberá ser previamente consultada al pueblo indígena y tener autorización de CONAI, en virtud que –tal y como ya señalamos- la explotación de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas es un derecho reconocido a nivel internacional a esta población, como parte del ejercicio efectivo de sus tradiciones, costumbres y cultura (artículos 14 y 15 del Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes).” (El subrayado es del original) Que de la consulta realizada en SINALEVI se pudo constatar que el Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE fue derogado por sentencia número 5620 de la Sala Constitucional de fecha 27 de abril del 2016 que señalo: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo Nº 27800-MINAE, denominado Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, publicado en La Gaceta Nº 79 del 29 de abril de 1999, por violentar lo dispuesto en los artículos 6 inciso 1.a y 7 incisos 1 y 4 del Convenio Nº 169 de la OIT, al haberse omitido la consulta obligatoria a los Pueblos Indígenas de previo a su emisión. Con fundamento en el numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y a fin de evitar que se lleguen a producir daños graves e irreparables en el ambiente, se dimensionan los efectos de esta sentencia, en el sentido de que esta se dicta sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, y se mantiene la vigencia del decreto impugnado por el plazo de 4 años a partir de la publicación de la reseña en el Diario Oficial La Gaceta de esta sentencia, dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá llevar a cabo la consulta respectiva a los Pueblos Indígenas, ya sea para prorrogar la vigencia de este mismo decreto o reformar el mismo. Notifíquese al accionante, a la Procuradora General de la República, al Presidente de la República, al Ministro de Ambiente y Energía y al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. La Magistrada Hernández López da razones adicionales. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto y declara sin lugar la acción.” Que en el dimensionamiento de la sentencia dispone la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue la vigencia del decreto ejecutivo número 27800-MINAE (más allá de los 4 años otorgados por la Sala Constitucional) o bien reformarlo, previa consulta respectiva a los pueblos indígenas. Que según los registros de la Direccion Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación no existen gestión alguna pendiente respuesta a nombre del señor [Nombre 001] con relación a los elementos expuestos en el recurso de amparo. Siendo procedente aclarar, que como se indicó anteriormente de este informe el señor [Nombre 001] solicito el 17 de mayo del 2024 una reunión a la señora Maylin Mora Arias en relación con la nota BAHNVI-SGO-CI-0002-2024 emitida por el Banco Hipotecario de la Vivienda, para lo cual la instancia regional solicito la asesoría correspondiente según consta en el punto 2 de este informe y el oficio SINAC-ACLAC-DR-0446-2024.¨ Conclusión Por tanto, el artículo 7° de la Ley N° 6172, Ley Indígena, contiene regulaciones en cuanto a terrenos con vocación forestal que se ubiquen dentro de una reserva indígena, para lo cual se dispone que, éstos deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y conservar la vida silvestre de esas regiones. Los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente. Únicamente podrán llevarse a cabo programas forestales por instituciones del Estado que garanticen la renovación permanente de los bosques, bajo la Comisión Nacional de Asuntos indígenas (CONAI) creada mediante Ley N° 5251 del 11 de julio de 1973, que debe ejercer la vigilancia de los recursos naturales existentes y autorizar cualquier gestión que busque emitir el MINAE como ente rector. Consta que el decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE fue derogado por sentencia número 5620 de la Sala Constitucional de fecha 27 de abril del 2016 que señalo: ¨Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo Nº 27800-MINAE, denominado Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, publicado en La Gaceta Nº 79 del 29 de abril de 1999, por violentar lo dispuesto en los artículos 6 inciso 1.a y 7 incisos 1 y 4 del Convenio Nº 169 de la OIT, al haberse omitido la consulta obligatoria a los Pueblos Indígenas de previo a su emisión. Con fundamento en el numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y a fin de evitar que se lleguen a producir daños graves e irreparables en el ambiente, se dimensionan los efectos de esta sentencia, en el sentido de que esta se dicta sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, y se mantiene la vigencia del decreto impugnado por el plazo de 4 años a partir de la publicación de la reseña en el Diario Oficial La Gaceta de esta sentencia, dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá llevar a cabo la consulta respectiva a los Pueblos Indígenas, ya sea para prorrogar la vigencia de este mismo decreto o reformar el mismo. Notifíquese al accionante, a la Procuradora General de la República, al Presidente de la República, al Ministro de Ambiente y Energía y al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. La Magistrada Hernández López da razones adicionales. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto y declara sin lugar la acción.” De conformidad con lo anterior, el dimensionamiento de la sentencia contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue la vigencia del Decreto ejecutivo número 27800-MINAE (más allá de los 4 años otorgados por la Sala Constitucional) o bien reformarlo, previa consulta respectiva a los pueblos indígenas. Potestad que debe verse enmarcada, dentro de las potestades establecidas en los numerales 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política y los artículos 25, 27.1, 28.2b de la Ley General de Administración Pública N° 6227, numerales 5 y 6 de la Ley Forestal N° 7575; así como el principio de legalidad regulado en el numeral 11 del mismo cuerpo normativo. Siendo así, es que mediante el oficio DM-0244-2022 del 16 de marzo del 2022 la entonces Ministra de Ambiente y Energía realizo solicitud ante su honorable Sala dentro del expediente 15-004211-0007-CO con relación a la ampliación de plazo de vigencia del Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE indicando en lo que interesa lo siguiente: “Teniendo en cuenta lo anterior, es que les hago la formal solicitud de ampliación de plazo de vigencia del Decreto Ejecutivo N°27800-MINAE, hasta por lo menos finales del año 2024, de manera que tengamos tiempo de disponer de los dineros y llevar a cabo las consultas pertinentes, siendo que conocemos que el proceso puede llevar la necesidad de dos o más convocatorias para lograr la consulta.” Ante la gestión realizada, su honorable autoridad mediante la resolución en resolución 2022010550 del 11 de mayo del 2022 resolvió que no resultaba a lugar la gestión formulada indicando en el punto III la siguiente fundamentación de interés: “En caso de que la Sala prohijara la gestión de la ministra con base en que probablemente” habrá fondos a mediados o finales de 2023, únicamente se aportaría inseguridad jurídica, desnaturalizando el propósito del dimensionamiento previsto en el numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.” Por tanto, ante consulta realizada a SINALEVI, efectivamente consta que el Decreto Ejecutivo N°26511 de 10 de junio de 1997 no está vigente, no se puede aplicar como erróneamente señala el recurrente en su punto numero 5. (…) Es importante aclarar, cómo indica el informe rendido por el SINAC, que el señor [Nombre 001] solicito el 17 de mayo del 2024 una reunión a la señora Maylin Mora Arias en relación con la nota BAHNVI-SGO-CI-0002-2024 emitida por el Banco Hipotecario de la Vivienda, para lo cual la instancia regional solicito la asesoría correspondiente según oficio SINAC-ACLAC-DR-0446-2024. Que, según los registros de la Direccion Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación no existen gestión alguna pendiente respuesta por parte del del Banco Hipotecario de la Vivienda en relación con la nota BAHNVI-SGO-CI-0002-2024 El accionar del Banco Hipotecario de la Vivienda según oficio BAHNVI-SGO-CI-0002-2024, resulta independiente a lo resuelto sentencia número 5620 de la Sala Constitucional de fecha 27 de abril del 2016 en donde la Sala Constitucional concluyo la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE, amén de que el plazo de vigencia de este se encuentra vencido; y no como pretende hacerlo ver el recurrente. Asimismo, se solicita que se notifique al lugar correcto, es importante que esta honorable autoridad tome en consideración lo anterior; no se omite manifestar que, se atiende la presente gestión con el órgano competente de este Ministerio”.

5.- Por escrito agregado al sistema el 19 de junio de 2024, el recurrente manifiesta: “PRIMERO: Note su Autoridad que el MINAE a la fecha no cumplió con el informe solicitado por este despacho.  SEGUNDO: Pese a lo anterior, si (sic) tengo conocimiento de la posición que tiene dicho Ministerio con relación al presente asunto, la cual se expresa en el oficio suscrito por el señor Juan José Jiménez Espinoza, Jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza y la Secretaria Ejecutiva de Áreas de Conservación del MINAE, el cual adjunto a este escrito.  El mismo, es claro en indicar que, en efecto el oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024, establece una afectación al plano (sic) disfrute de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. TERCERO: Es importante además hacer ver que nuestra intención y compromiso como Asociación, es velar por el beneficio de las 45 familias que ya tenían su trámite aprobado y desde hace más de un año están a la espera de recibir su vivienda por parte del BANHVI, pues no se trata de casos nuevos que se estén apenas comenzando a tramitar”.

 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La parte recurrente reclama que el Banhvi, mediante oficio nro. BANHVI-SGO-CI-0002- 2024 de 9 de mayo de 2024, suspendió la construcción de viviendas indígenas en madera extraída en los territorios indígenas. Afirma que ese banco tomó la decisión de solicitar las aclaraciones al MINAE ante la derogación del Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas nro. 27800- MINAE por parte de esta Sala. Indica que la citada suspensión viola los derechos de los pueblos indígenas.

II. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)       Mediante oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024 del 9 de mayo de 2024, dirigido a los directores o jefes de crédito del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el subgerente de operaciones del Banhvi comunicó: “Por medio de la presente les informamos que actualmente el “Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas N° 27800-MINAE”, que habilita el uso de madera de los territorios indígenas se encuentra derogado mediante resolución de la Sala Constitucional N° 5620 del 27 de abril de 2016, la cual declaró inconstitucional el mismo. En la misma resolución se le otorga al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) un plazo de 4 años para realizar la consulta respectiva a los pueblos indígenas ya sea para prorrogar el mismo o reformarlo. Habiendo transcurrido el plazo otorgado por la Sala, sin tener aún noticias de que el MINAE hubiera realizado la consulta dicha; este Banco tomó la decisión de solicitar las aclaraciones pertinentes ante la Sala Constitucional, con el propósito de que se indique si al derogarse el Decreto No. 27800 se retrotrae la aplicación del anterior Reglamento; y ante el MINAE respecto a cómo proceder con las solicitudes de bono familiar de vivienda presentadas ante las entidades autorizadas con trámite de aprobación y cuyo propósito es la construcción con madera extraída del territorio indígena. Por lo tanto, y hasta no contar con la respuesta de estos dos entes, sugerimos informarles a los potenciales beneficiarios que de momento solo podríamos tramitar casos de vivienda indígena que utilicen otros materiales distintos a la madera, o que la misma no sea proveniente de los territorios indígenas. En cuanto a los casos en trámite, les estaremos informando de las opciones que nos brinden en el MINAE”. (Hecho incontrovertido).

b)       El 17 de mayo de 2024, el recurrente remitió un correo a Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) del SINAC con el propósito de consultar sobre el oficio anterior. (Ver informe rendido y prueba aportada).

c)       El 17 de mayo de 2024, la directora regional del ACLAC respondió al recurrente que no tenía información al respecto. Empero, haría la consulta a nivel central para canalizar su solicitud. (Ver informe rendido y prueba aportada).

d)       Mediante oficio SINAC-ACLAC-DR- 0446-2024 del 17 de mayo del 2024, la directora regional del ACLAC trasladó la solicitud al jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza. (Ver informe rendido y prueba aportada).

e)       Mediante oficio BANHVI-SGO-OF-0125-2024 del 7 de junio de 2024, el subgerente de operaciones del Bahnvi indicó al ministro de Ambiente y Energía: “Reciba un cordial saludo de la administración del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). Como es de su conocimiento, nuestra institución tiene el deber de velar por el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna para todos los ciudadanos de nuestro país, así mismo que el proceso de formalización y posterior construcción de sus viviendas sean conforme las normas técnicas y requisitos establecidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Actualmente contamos con un problema de carácter jurídico que se presenta en la tramitación de las solicitudes de bono familiar de vivienda para personas indígenas. Paso a brindarles una pequeña explicación, para los casos de bono familiares en territorios indígenas se les brinda a las familias la posibilidad de gestionar la construcción de su vivienda con madera extraída del territorio indígena, para lo cual el BANHVI dentro del financiamiento les reconoce el pago de la madera. Actualmente, a raíz de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra del Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, promovida por el señor Jesús Rojas Ortiz, portador de la cédula de identidad número 9-0055-0958, quien alegó ante la Sala que el decreto impugnado vulneraba el debido proceso, pues carecía de la debida consulta formal, previa e informada que debe realizarse a los pueblos indígenas; esta Institución ha quedado sin marco normativo para poder autorizar la construcción de viviendas indígenas de interés social con madera extraídas del territorio indígena. Recordemos, que mediante la sentencia N° 2016-5620 de las 11:53 horas del 27 de abril de 2016, dictada dentro del expediente que se tramita bajo el número 15-004211-0007-CO, la Sala Constitucional resolvió declarar con lugar la acción y señaló lo siguiente: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, denominado Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, publicado en La Gaceta No. 79 del 29 de abril de 1999, por violentar lo dispuesto en los artículos 6 inciso 1.a y 7 incisos 1 y 4 del Convenio No. 169 de la OIT, al haberse omitido la consulta obligatoria a los Pueblos Indígenas de previo a su emisión. Con fundamento en el numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y a fin de evitar que se lleguen a producir daños graves e irreparables en el ambiente, se dimensionan los efectos de esta sentencia, en el sentido de que esta se dicta sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, y se mantiene la vigencia del decreto impugnado por el plazo de 4 años a partir de la publicación de la reseña en el Diario Oficial La Gaceta de esta sentencia, dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá llevar a cabo la consulta respectiva a los Pueblos Indígenas, ya sea para prorrogar la vigencia de este mismo decreto o reformar el mismo. Notifíquese al accionante, a la Procuradora General de la República, al Presidente de la República, al Ministro de Ambiente y Energía y al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. La Magistrada Hernández López da razones adicionales. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto y declara sin lugar la acción.” El director ejecutivo Rafael Gutiérrez Rojas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en escrito agregado al expediente el 18 de febrero de 2022, solicita la ampliación del plazo de vigencia del Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE, por el motivo de la imposibilidad material hasta la fecha para llevar a cabo la consulta a los Pueblos Indígenas, solicita se tome como referencia el plazo establecido en la sentencia N° 2016-5620 de las 11:53 horas del 27 de abril de 2016 que era de 4 años. Dado que el plazo de 4 años que se otorgó para mantener vigente el decreto impugnado ya se venció, se ha realizado un análisis de la resolución dictada y se considera que al derogar la Sala Constitucional el decreto ejecutivo No. 27800-MINAE no existe un cuerpo normativo que nos permita continuar tramitando bonos de vivienda en donde la materia prima para su construcción sea la madera de reservas indígenas. En conclusión y con la finalidad de evitar futuras contingencias a nivel judicial entre las Asociaciones de Desarrollo Integrales de los Territorios Indígenas y con el objetivo primordial de respetar la normativa nacional relacionada con la materia y sobre todo no violentar el derecho las habitantes de las comunidades indígenas al aprovechamiento forestal en sus territorios, es de sumo interés para esta Institución, se nos informe si el MINAE ha emitido nueva normativa o directriz sobre la materia de consulta, si el Decreto derogado, ya se encuentra en consulta pública, y de ser así el avance de la misma, o por el contrario, si no se ha avanzado por el tema de la consulta, que normativa o directriz puede aplicar esta institución para autorizar la construcción de las viviendas con madera extraídas de las reservas indígenas o si por el contrario esa posibilidad queda inhabilitada hasta que se giren instrucciones por parte de su dependencia”. (Ver informe rendido y prueba aportada).

f)         Mediante oficio SINAC-SE-DPCG-2024 del 11 de junio de 2024, el jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza respondió a la directora regional del ACLAC: “Como bien se indica en el oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024, el Decreto N° 27800 — MINAE fue derogado mediante sentencia de la Sala Constitucional N°5620 del 27 de abril del 2016, sin embargo, la reseña del voto fue publicada en La Gaceta N° 79 del 28 de febrero de 2018, con lo cual el plazo de 4 años concedido al SINAC en dicha sentencia se extendía hasta el 28 de febrero del 2022.  Mediante oficio DM-0244-2022 del 16 de marzo del 2022 la señora Ministra de Ambiente Doña Andrea Meza Murillo, solicita a la Sala Constitucional prórroga hasta finales del 2024, obteniéndose respuesta mediante resolución N° 2022010550 del 11 de mayo 2022, en la que se resuelve no acoger la solicitud planteada por la señora Meza Murillo, con lo cual el Decreto N° 27800 — MINAE fue derogado.  En esta solicitud de prórroga se indicaba que una de las principales razones por la cuales no se habían logrado realizar las actividades previas y habilitadoras a la consulta, así como la consulta misma, era la falta de recursos presupuestarios, y especialmente que no se vislumbraba la posibilidad de que el SINAC pudiera acceder a los recursos que le correspondían del acuerdo de compra de emisiones REDD+ del Banco Mundial hasta mediados del 2023, razón por la cual se previa que la consulta se realizaría en el 2024, sin embargo, a la fecha SINAC sigue sin poder hacer uso de esos recursos.  2. Sobre la potestad para otorgar permisos de aprovechamiento forestal en territorios indígenas. A raíz de lo señalado en la resolución N2 2022010550 del 11 de mayo 2022, la Sala Constitucional recuerda lo indicado en la Ley Indígena N°6172, especificamente en su artículo N°7, en el cual señala:  (…)  Para inicios del 2023, un grupo de trabajo convocado por el entonces Viceministro de Ambiente, Don Rafel Guitérrez fue instruido para darle seguimiento al tema del reglamento de aprovechamientos forestales en territorios indígenas, donde este grupo de trabajo, con base en lo indicado en el artículo N°7 de la Ley N° 6172 llego a las siguientes conclusiones:  1. Los recursos forestales contenidos en los territorios indígenas, corresponden a recursos naturales renovables. 2. El artículo señala claramente que la competencia para autorizar y vigilar los programas forestales que se desarrollen en los territorios indígenas recae sobre la CONAI.  3. la competencia de la CONAI para autorizar y vigilar las actividades de aprovechamiento forestal a lo interno de los territorios indígenas, se reafirma cuando el artículo señala que: “La CONAI está expresamente facultada para revocar o suspender, en cualquier momento, los permisos extendidos”.  En adición a lo indicado en el artículo N°7 de la Ley N°6172, en aquel momento se consideró, que no existe en el marco que regula el aprovechamiento forestal, respaldo jurídico para que la Administración Forestal del Estado asuma la competencia de autorizar los aprovechamientos forestales en Territorios Indígenas, ya que estos al ser tierras colectivas, no podrían aplicársela los aspectos normados en los artículos 19, 20, 21, 27 y 28 de la Ley Forestal N°7575, cuyos alcances corresponden a propiedad privada individual.  Con base en esos hallazgos y bajo la coordinación del señor Viceministro se pretendía iniciar un proceso de acercamiento y coordinación con la CONAI, proceso que no se llegó a concretar dada la salida del señor Gutiérrez del Viceministerio de Ambiente, momento a partir del cual no se le dio seguimiento a este proceso.  En aquel momento se estimada conveniente que cada territorio, por medio de las instancias de representación reconocidas legalmente o culturalmente, desarrollaran sus propios reglamentos o protocolos comunitarios para el ejercicio del derecho colectivo del uso de sus propios recursos forestales, normativa territorial que deberá ser autorizada por la CONAI, esto de nuevo, según lo indicado en artículo N°7 de la Ley N°6172, y que si los territorios lo tenían a bien, el SINAC en la medida de sus capacidades y recursos podría servir de asesor técnico especializado, para la elaboración de las propuestas de los respectivos reglamentos o protocolos comunitarios. 3. Sobre el proceso de consulta al reglamento de aprovechamiento forestal en territorios indígenas.  En consecuencia con lo indicado en el punto anterior, donde se ha considera, que según lo regulado por las Leyes N° 6172 y N° 7575, el SINAC no tiene competencia para autorizar el aprovechamiento de recursos forestales existentes en los terrenos de propiedad comunitaria que conforma un territorio indígena, razón por la cual, el SINAC no puede constituirse como contraparte interesada en la realización de un proceso de consulta para establecer medidas, que permitan la administración o limitación del uso de los recursos forestales de los territorios indígenas. Lo anterior por cuanto esta es una competencia que la Ley N° 6172 le ha delegado a cada territorio y a la CONAI.  4. Sobre el uso de madera de los territorios indígenas para la construcción de casas de bono familiar de vivienda para personas indígenas.  Estima el suscrito, que al establecerse una limitación para el uso de madera existente en los mismos territorios para la construcción de casas de bono familiar para personas indígenas, medida como la que se indica en el oficio BANHVI-SGO-Cl-0002-2024, se podría estar estableciendo una afectación al pleno disfrute de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por lo que se sugiere a las autoridades del BANHVI solicitar asesoría y elementos para un mejor resolver sobre este tema a la CONAI, considerando lo indicado en el artículo N°7 de la Ley N° 6172”. (Ver prueba aportada por el recurrente).

III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente reclama que el Banhvi, mediante oficio nro. BANHVI-SGO-CI-0002- 2024 de 09 de mayo de 2024, suspendió la construcción de viviendas indígenas en madera extraída en los territorios indígenas. Afirma que ese banco tomó la decisión de solicitar las aclaraciones al MINAE ante la derogación del Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas nro. 27800- MINAE por parte de esta Sala. Indica que la citada suspensión viola los derechos de los pueblos indígenas.

Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024 del 9 de mayo de 2024, dirigido a los directores o jefes de crédito del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el subgerente de operaciones del Banhvi comunicó: “Por medio de la presente les informamos que actualmente el “Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas N° 27800-MINAE”, que habilita el uso de madera de los territorios indígenas se encuentra derogado mediante resolución de la Sala Constitucional N° 5620 del 27 de abril de 2016, la cual declaró inconstitucional el mismo. En la misma resolución se le otorga al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) un plazo de 4 años para realizar la consulta respectiva a los pueblos indígenas ya sea para prorrogar el mismo o reformarlo. Habiendo transcurrido el plazo otorgado por la Sala, sin tener aún noticias de que el MINAE hubiera realizado la consulta dicha; este Banco tomó la decisión de solicitar las aclaraciones pertinentes ante la Sala Constitucional, con el propósito de que se indique si al derogarse el Decreto No. 27800 se retrotrae la aplicación del anterior Reglamento; y ante el MINAE respecto a cómo proceder con las solicitudes de bono familiar de vivienda presentadas ante las entidades autorizadas con trámite de aprobación y cuyo propósito es la construcción con madera extraída del territorio indígena. Por lo tanto, y hasta no contar con la respuesta de estos dos entes, sugerimos informarles a los potenciales beneficiarios que de momento solo podríamos tramitar casos de vivienda indígena que utilicen otros materiales distintos a la madera, o que la misma no sea proveniente de los territorios indígenas. En cuanto a los casos en trámite, les estaremos informando de las opciones que nos brinden en el MINAE”. El 17 de mayo de 2024, el recurrente remitió un correo a Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) del SINAC con el propósito de consultar sobre el oficio anterior. El 17 de mayo de 2024, la directora regional del ACLAC respondió al recurrente que no tenía información al respecto. Empero, haría la consulta a nivel central para canalizar su solicitud. Mediante oficio SINAC-ACLAC-DR- 0446-2024 del 17 de mayo del 2024, la directora regional del ACLAC trasladó la solicitud al jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza. Mediante oficio BANHVI-SGO-OF-0125-2024 del 7 de junio de 2024, el subgerente de operaciones del Bahnvi indicó al ministro de Ambiente y Energía: “Reciba un cordial saludo de la administración del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). Como es de su conocimiento, nuestra institución tiene el deber de velar por el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna para todos los ciudadanos de nuestro país, así mismo que el proceso de formalización y posterior construcción de sus viviendas sean conforme las normas técnicas y requisitos establecidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Actualmente contamos con un problema de carácter jurídico que se presenta en la tramitación de las solicitudes de bono familiar de vivienda para personas indígenas. Paso a brindarles una pequeña explicación, para los casos de bono familiares en territorios indígenas se les brinda a las familias la posibilidad de gestionar la construcción de su vivienda con madera extraída del territorio indígena, para lo cual el BANHVI dentro del financiamiento les reconoce el pago de la madera. Actualmente, a raíz de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra del Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, promovida por el señor Jesús Rojas Ortiz, portador de la cédula de identidad número 9-0055-0958, quien alegó ante la Sala que el decreto impugnado vulneraba el debido proceso, pues carecía de la debida consulta formal, previa e informada que debe realizarse a los pueblos indígenas; esta Institución ha quedado sin marco normativo para poder autorizar la construcción de viviendas indígenas de interés social con madera extraídas del territorio indígena. Recordemos, que mediante la sentencia N° 2016-5620 de las 11:53 horas del 27 de abril de 2016, dictada dentro del expediente que se tramita bajo el número 15-004211-0007-CO, la Sala Constitucional resolvió declarar con lugar la acción y señaló lo siguiente: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, denominado Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, publicado en La Gaceta No. 79 del 29 de abril de 1999, por violentar lo dispuesto en los artículos 6 inciso 1.a y 7 incisos 1 y 4 del Convenio No. 169 de la OIT, al haberse omitido la consulta obligatoria a los Pueblos Indígenas de previo a su emisión. Con fundamento en el numeral 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y a fin de evitar que se lleguen a producir daños graves e irreparables en el ambiente, se dimensionan los efectos de esta sentencia, en el sentido de que esta se dicta sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, y se mantiene la vigencia del decreto impugnado por el plazo de 4 años a partir de la publicación de la reseña en el Diario Oficial La Gaceta de esta sentencia, dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá llevar a cabo la consulta respectiva a los Pueblos Indígenas, ya sea para prorrogar la vigencia de este mismo decreto o reformar el mismo. Notifíquese al accionante, a la Procuradora General de la República, al Presidente de la República, al Ministro de Ambiente y Energía y al Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. La Magistrada Hernández López da razones adicionales. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto y declara sin lugar la acción.” El director ejecutivo Rafael Gutiérrez Rojas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en escrito agregado al expediente el 18 de febrero de 2022, solicita la ampliación del plazo de vigencia del Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE, por el motivo de la imposibilidad material hasta la fecha para llevar a cabo la consulta a los Pueblos Indígenas, solicita se tome como referencia el plazo establecido en la sentencia N° 2016-5620 de las 11:53 horas del 27 de abril de 2016 que era de 4 años. Dado que el plazo de 4 años que se otorgó para mantener vigente el decreto impugnado ya se venció, se ha realizado un análisis de la resolución dictada y se considera que al derogar la Sala Constitucional el decreto ejecutivo No. 27800-MINAE no existe un cuerpo normativo que nos permita continuar tramitando bonos de vivienda en donde la materia prima para su construcción sea la madera de reservas indígenas. En conclusión y con la finalidad de evitar futuras contingencias a nivel judicial entre las Asociaciones de Desarrollo Integrales de los Territorios Indígenas y con el objetivo primordial de respetar la normativa nacional relacionada con la materia y sobre todo no violentar el derecho las habitantes de las comunidades indígenas al aprovechamiento forestal en sus territorios, es de sumo interés para esta Institución, se nos informe si el MINAE ha emitido nueva normativa o directriz sobre la materia de consulta, si el Decreto derogado, ya se encuentra en consulta pública, y de ser así el avance de la misma, o por el contrario, si no se ha avanzado por el tema de la consulta, que normativa o directriz puede aplicar esta institución para autorizar la construcción de las viviendas con madera extraídas de las reservas indígenas o si por el contrario esa posibilidad queda inhabilitada hasta que se giren instrucciones por parte de su dependencia”. Mediante oficio SINAC-SE-DPCG-2024 del 11 de junio de 2024, el jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza respondió a la directora regional del ACLAC: “Como bien se indica en el oficio BANHVI-SGO-CI-0002-2024, el Decreto N° 27800 — MINAE fue derogado mediante sentencia de la Sala Constitucional N°5620 del 27 de abril del 2016, sin embargo, la reseña del voto fue publicada en La Gaceta N° 79 del 28 de febrero de 2018, con lo cual el plazo de 4 años concedido al SINAC en dicha sentencia se extendía hasta el 28 de febrero del 2022.  Mediante oficio DM-0244-2022 del 16 de marzo del 2022 la señora Ministra de Ambiente Doña Andrea Meza Murillo, solicita a la Sala Constitucional prórroga hasta finales del 2024, obteniéndose respuesta mediante resolución N° 2022010550 del 11 de mayo 2022, en la que se resuelve no acoger la solicitud planteada por la señora Meza Murillo, con lo cual el Decreto N° 27800 — MINAE fue derogado.  En esta solicitud de prórroga se indicaba que una de las principales razones por la cuales no se habían logrado realizar las actividades previas y habilitadoras a la consulta, así como la consulta misma, era la falta de recursos presupuestarios, y especialmente que no se vislumbraba la posibilidad de que el SINAC pudiera acceder a los recursos que le correspondían del acuerdo de compra de emisiones REDD+ del Banco Mundial hasta mediados del 2023, razón por la cual se previa que la consulta se realizaría en el 2024, sin embargo, a la fecha SINAC sigue sin poder hacer uso de esos recursos.  2. Sobre la potestad para otorgar permisos de aprovechamiento forestal en territorios indígenas. A raíz de lo señalado en la resolución N2 2022010550 del 11 de mayo 2022, la Sala Constitucional recuerda lo indicado en la Ley Indígena N°6172, especificamente en su artículo N°7, en el cual señala:  (…)  Para inicios del 2023, un grupo de trabajo convocado por el entonces Viceministro de Ambiente, Don Rafel Guitérrez fue instruido para darle seguimiento al tema del reglamento de aprovechamientos forestales en territorios indígenas, donde este grupo de trabajo, con base en lo indicado en el artículo N°7 de la Ley N° 6172 llego a las siguientes conclusiones:  1. Los recursos forestales contenidos en los territorios indígenas, corresponden a recursos naturales renovables. 2. El artículo señala claramente que la competencia para autorizar y vigilar los programas forestales que se desarrollen en los territorios indígenas recae sobre la CONAI.  3. la competencia de la CONAI para autorizar y vigilar las actividades de aprovechamiento forestal a lo interno de los territorios indígenas, se reafirma cuando el artículo señala que: “La CONAI está expresamente facultada para revocar o suspender, en cualquier momento, los permisos extendidos”.  En adición a lo indicado en el artículo N°7 de la Ley N°6172, en aquel momento se consideró, que no existe en el marco que regula el aprovechamiento forestal, respaldo jurídico para que la Administración Forestal del Estado asuma la competencia de autorizar los aprovechamientos forestales en Territorios Indígenas, ya que estos al ser tierras colectivas, no podrían aplicársela los aspectos normados en los artículos 19, 20, 21, 27 y 28 de la Ley Forestal N°7575, cuyos alcances corresponden a propiedad privada individual.  Con base en esos hallazgos y bajo la coordinación del señor Viceministro se pretendía iniciar un proceso de acercamiento y coordinación con la CONAI, proceso que no se llegó a concretar dada la salida del señor Gutiérrez del Viceministerio de Ambiente, momento a partir del cual no se le dio seguimiento a este proceso.  En aquel momento se estimada conveniente que cada territorio, por medio de las instancias de representación reconocidas legalmente o culturalmente, desarrollaran sus propios reglamentos o protocolos comunitarios para el ejercicio del derecho colectivo del uso de sus propios recursos forestales, normativa territorial que deberá ser autorizada por la CONAI, esto de nuevo, según lo indicado en artículo N°7 de la Ley N°6172, y que si los territorios lo tenían a bien, el SINAC en la medida de sus capacidades y recursos podría servir de asesor técnico especializado, para la elaboración de las propuestas de los respectivos reglamentos o protocolos comunitarios. 3. Sobre el proceso de consulta al reglamento de aprovechamiento forestal en territorios indígenas.  En consecuencia con lo indicado en el punto anterior, donde se ha considera, que según lo regulado por las Leyes N° 6172 y N° 7575, el SINAC no tiene competencia para autorizar el aprovechamiento de recursos forestales existentes en los terrenos de propiedad comunitaria que conforma un territorio indígena, razón por la cual, el SINAC no puede constituirse como contraparte interesada en la realización de un proceso de consulta para establecer medidas, que permitan la administración o limitación del uso de los recursos forestales de los territorios indígenas. Lo anterior por cuanto esta es una competencia que la Ley N° 6172 le ha delegado a cada territorio y a la CONAI.  4. Sobre el uso de madera de los territorios indígenas para la construcción de casas de bono familiar de vivienda para personas indígenas.  Estima el suscrito, que al establecerse una limitación para el uso de madera existente en los mismos territorios para la construcción de casas de bono familiar para personas indígenas, medida como la que se indica en el oficio BANHVI-SGO-Cl-0002-2024, se podría estar estableciendo una afectación al pleno disfrute de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por lo que se sugiere a las autoridades del BANHVI solicitar asesoría y elementos para un mejor resolver sobre este tema a la CONAI, considerando lo indicado en el artículo N°7 de la Ley N° 6172”.

 

Ahora bien, la Sala determina que el Banhvi suspendió la tramitación de beneficios para vivienda indígena con uso de madera, debido a la necesidad de efectuar consultas con respecto a la posibilidad de aprovechar tal recurso, visto que el Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas (decreto nro. 27800-MINAE) fue anulado por la Sala Constitucional. Por ese motivo, dirigió oficios tanto a este Tribunal como al MINAE. Se entiende que, una vez que exista claridad sobre la situación legal, entonces se decidiría sobre el trámite de tales beneficios. Posteriormente, mediante oficio BANHVI-SGO-OF-0125-2024 del 7 de junio de 2024, el subgerente de operaciones del Bahnvi efectuó la consulta respectiva al ministro de Ambiente y Energía. Además, a lo interno del SINAC, el Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza expresó su criterio jurídico con respecto al tema en cuestión (oficio SINAC-SE-DPCG-2024 del 11 de junio de 2024).

Al valorar estos elementos, la Sala no observa una lesión a los derechos de la parte amparada. En efecto, el Banhvi realizó una consulta interinstitucional con el propósito de tener claridad con respecto a la explotación sostenible y legal de los bosques. En el ínterin, decidió suspender los beneficios que significaran la explotación del recurso maderero. Es decir, ante la incertidumbre con respecto a un posible daño ambiental, la Sala avala que las instituciones estatales tomen medidas preventivas hasta adquirir certeza con respecto a la posibilidad de explotar de manera racional y sostenible el recurso natural. Asimismo, si se toma en cuenta que la suspensión reclamada se dio mediante oficio nro. BANHVI-SGO-CI-0002-2024 de 9 de mayo de 2024 la Sala estima que, al momento de interposición del amparo (31 de mayo de 2024) no había transcurrido un plazo irrazonable para que las instancias accionadas resolvieran sobre el tema. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso. 

 

IV.- Tomen nota las autoridades accionadas de la necesidad de atender con prontitud la situación objeto de este proceso, de manera que se brinde certeza a la situación jurídica reclamada

V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

 Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado en el considerando IV de esta sentencia.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 24-014638-0007-CO

 

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Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:12:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

"... III.— On the specific case. In the sub examine, the appellant claims that the Banhvi, by means of official letter no. BANHVI-SGO-CI-0002-2024 of 09 May 2024, suspended the construction of indigenous housing using timber extracted in the indigenous territories. It states that this bank made the decision to request clarifications from MINAE given the derogation of the Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas No. 27800-MINAE by this Chamber. It indicates that the cited suspension violates the rights of the indigenous peoples.

Having analyzed the case file, the Chamber has established as proven that, by means of official letter BANHVI-SGO-CI-0002-2024 of 9 May 2024, addressed to the credit directors or heads of the National Financial System for Housing, the deputy operations manager of the Banhvi communicated: “By means of this letter, we inform you that currently the “Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas N° 27800-MINAE”, which enables the use of timber from indigenous territories, is derogated by resolution of the Sala Constitucional N° 5620 of 27 April 2016, which declared it unconstitutional. In the same resolution, the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) is granted a period of 4 years to carry out the respective consultation with the indigenous peoples, either to extend it or reform it. The period granted by the Chamber having elapsed, without yet having news that MINAE had carried out said consultation, this Bank made the decision to request the pertinent clarifications from the Sala Constitucional, with the purpose of indicating whether, upon derogating Decree No. 27800, the application of the previous Reglamento is retroactive; and from MINAE regarding how to proceed with the family housing voucher applications submitted to the authorized entities with an approval process and whose purpose is construction with timber extracted from the indigenous territory. Therefore, and until we have a response from these two entities, we suggest informing potential beneficiaries that for the moment we could only process indigenous housing cases that use materials other than timber, or that the timber does not come from indigenous territories. Regarding cases in process, we will be informing you of the options that MINAE provides us.” On 17 May 2024, the appellant sent an email to the Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) of SINAC for the purpose of inquiring about the previous official letter. On 17 May 2024, the regional director of ACLAC responded to the appellant that she had no information on the matter. However, she would make the inquiry at the central level to channel his request. By means of official letter SINAC-ACLAC-DR-0446-2024 of 17 May 2024, the regional director of ACLAC forwarded the request to the head of the Department of Citizen Participation and Governance. By means of official letter BANHVI-SGO-OF-0125-2024 of 7 June 2024, the deputy operations manager of Bahnvi indicated to the Minister of Environment and Energy: “Receive cordial greetings from the administration of the Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). As you know, our institution has the duty to ensure compliance with the constitutional right to decent housing for all citizens of our country, likewise that the formalization process and subsequent construction of their housing conform to the technical standards and requirements established by the National Financial System for Housing. We currently have a legal problem that arises in the processing of family housing voucher applications for indigenous persons. I will provide a brief explanation: for family voucher cases in indigenous territories, families are given the possibility of managing the construction of their housing with timber extracted from the indigenous territory, for which the BANHVI, within the financing, recognizes the payment for the timber. Currently, as a result of the acción de inconstitucionalidad filed against the Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, promoted by Mr. Jesús Rojas Ortiz, bearer of identity card number 9-0055-0958, who alleged before the Chamber that the contested decree violated due process, as it lacked the due formal, prior, and informed consultation that must be carried out with indigenous peoples; this Institution has been left without a regulatory framework to be able to authorize the construction of indigenous social interest housing with timber extracted from the indigenous territory. Let us recall that, through judgment N° 2016-5620 at 11:53 on 27 April 2016, issued within the expediente processed under number 15-004211-0007-CO, the Sala Constitucional resolved to declare the acción with merit and stated the following: “The acción is declared with merit. Consequently, the Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, called Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, published in La Gaceta No. 79 of 29 April 1999, is declared unconstitutional, for violating the provisions of articles 6, subsection 1.a, and 7, subsections 1 and 4 of Convention No. 169 of the ILO, by having omitted the obligatory consultation of the Indigenous Peoples prior to its issuance. Based on numeral 91 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and in order to prevent the occurrence of serious and irreparable damage to the environment, the effects of this judgment are dimensioned, in the sense that it is issued without prejudice to good faith acquired rights, and the validity of the contested decree is maintained for a period of 4 years from the publication of the summary of this judgment in the Diario Oficial La Gaceta, within which the Poder Ejecutivo must carry out the respective consultation with the Indigenous Peoples, either to extend the validity of this same decree or to reform it. The action is notified to the plaintiff, the Procuradora General de la República, the Presidente de la República, the Ministro de Ambiente y Energía and the President of the Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Publish fully in the Boletín Judicial and summarize in the Diario Oficial La Gaceta. Magistrate Hernández López provides additional reasons. Magistrate Hernández Gutiérrez issues a dissenting vote and declares the acción without merit.” The executive director Rafael Gutiérrez Rojas of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), in a document added to the file on 18 February 2022, requests the extension of the validity period of the Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE, due to the material impossibility to date of carrying out the consultation with the Indigenous Peoples, requesting that the period established in judgment N° 2016-5620 at 11:53 on 27 April 2016, which was 4 years, be taken as a reference. Given that the 4-year period granted to keep the contested decree in force has already expired, an analysis of the issued resolution has been carried out and it is considered that upon the Sala Constitucional derogating the Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, there is no regulatory body that allows us to continue processing housing vouchers where the raw material for construction is timber from indigenous reserves. In conclusion and with the purpose of avoiding future contingencies at the judicial level with the Asociaciones de Desarrollo Integrales de los Territorios Indígenas and with the primary objective of respecting national regulations related to the matter and above all not violating the right of the inhabitants of the indigenous communities to forest exploitation (aprovechamiento forestal) in their territories, it is of utmost interest for this Institution that we be informed whether MINAE has issued new regulations or directives on the consultation matter, whether the derogated Decree is already under public consultation, and if so, the progress of the same, or conversely, if no progress has been made on the consultation issue, what regulation or directive this institution can apply to authorize the construction of housing with timber extracted from indigenous reserves, or if, on the contrary, that possibility is disabled until instructions are issued by your office.” By means of official letter SINAC-SE-DPCG-2024 of 11 June 2024, the head of the Department of Citizen Participation and Governance responded to the regional director of ACLAC: “As is well indicated in official letter BANHVI-SGO-CI-0002-2024, Decree N° 27800 — MINAE was derogated by judgment of the Sala Constitucional N°5620 of 27 April 2016; however, the summary of the vote was published in La Gaceta N° 79 of 28 February 2018, by which the 4-year period granted to SINAC in that judgment extended until 28 February 2022. By means of official letter DM-0244-2022 of 16 March 2022, the Minister of Environment, Ms. Andrea Meza Murillo, requested an extension from the Sala Constitucional until the end of 2024, receiving a response via resolution N° 2022010550 of 11 May 2022, which resolved not to accept the request made by Ms. Meza Murillo, by which Decree N° 27800 — MINAE was derogated. In this request for an extension, it was indicated that one of the main reasons why the prior and enabling activities for the consultation, as well as the consultation itself, had not been able to be carried out, was the lack of budgetary resources, and especially that the possibility for SINAC to access the corresponding funds from the REDD+ emission purchase agreement with the World Bank was not envisioned until mid-2023, which is why it was foreseen that the consultation would be carried out in 2024; however, to date, SINAC is still unable to make use of those resources. 2. On the authority to grant forest exploitation (aprovechamiento forestal) permits in indigenous territories. Following what was indicated in resolution N2 2022010550 of 11 May 2022, the Sala Constitucional recalls what was stated in the Ley Indígena N°6172, specifically in its Article N°7, which states: (…) At the beginning of 2023, a working group convened by the then Vice Minister of Environment, Mr. Rafael Gutiérrez, was instructed to follow up on the issue of the forest exploitation (aprovechamientos forestales) regulations in indigenous territories, where this working group, based on what is indicated in Article N°7 of Law N° 6172, reached the following conclusions: 1. The forest resources contained in indigenous territories correspond to renewable natural resources. 2. The article clearly indicates that the competence to authorize and monitor the forestry programs developed in indigenous territories falls on CONAI. 3. CONAI's competence to authorize and monitor forest exploitation (aprovechamiento forestal) activities within indigenous territories is reaffirmed when the article indicates that: “CONAI is expressly empowered to revoke or suspend, at any time, the permits issued.” In addition to what is indicated in Article N°7 of Law N°6172, at that time it was considered that there is no legal backing in the framework regulating forest exploitation (aprovechamiento forestal) for the State Forest Administration to assume the competence of authorizing forest exploitation (aprovechamientos forestales) in Indigenous Territories, since these, being collective lands, could not have the aspects regulated in articles 19, 20, 21, 27, and 28 of the Ley Forestal N°7575 applied to them, whose scope corresponds to individual private property. Based on these findings and under the coordination of the Vice Minister, it was intended to initiate a process of approach and coordination with CONAI, a process that was not carried out given the departure of Mr. Gutiérrez from the Vice Ministry of Environment, from which point this process ceased to be followed up. At that time, it was deemed advisable that each territory, through legally or culturally recognized representative bodies, develop its own regulations or community protocols for the exercise of the collective right to use its own forest resources, territorial regulations that must be authorized by CONAI, this again, according to what is indicated in Article N°7 of Law N°6172, and that if the territories deemed it appropriate, SINAC, to the extent of its capacities and resources, could serve as a specialized technical advisor for the development of proposals for the respective regulations or community protocols. 3. On the consultation process for the forest exploitation (aprovechamiento forestal) regulation in indigenous territories. Consequently, with what is indicated in the previous point, where it has been considered that, according to what is regulated by Laws N° 6172 and N° 7575, SINAC does not have the competence to authorize the exploitation (aprovechamiento) of forest resources existing on the community-owned lands that make up an indigenous territory, for which reason, SINAC cannot be constituted as an interested counterpart in carrying out a consultation process to establish measures that allow the administration or limitation of the use of forest resources in indigenous territories. The foregoing because this is a competence that Law N° 6172 has delegated to each territory and to CONAI. 4. On the use of timber from indigenous territories for the construction of family housing voucher homes for indigenous people. The undersigned estimates that by establishing a limitation on the use of existing timber in the same territories for the construction of family voucher homes for indigenous people, a measure such as that indicated in official letter BANHVI-SGO-Cl-0002-2024, an impact could be established on the full enjoyment of the collective rights of indigenous peoples, therefore it is suggested that the authorities of BANHVI request advice and elements for a better resolution on this issue from CONAI, considering what is indicated in Article N°7 of Law N° 6172.”

Now then, the Chamber determines that the Banhvi suspended the processing of benefits for indigenous housing using timber, due to the need to carry out consultations regarding the possibility of exploiting such a resource, given that the Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas (decree no. 27800-MINAE) was annulled by the Sala Constitucional. For this reason, it sent official letters both to this Court and to MINAE. It is understood that, once there is clarity on the legal situation, a decision would then be made on the processing of such benefits. Subsequently, by means of official letter BANHVI-SGO-OF-0125-2024 of 7 June 2024, the deputy operations manager of Bahnvi conducted the respective consultation with the Minister of Environment and Energy. In addition, internally within SINAC, the Department of Citizen Participation and Governance expressed its legal opinion on the matter in question (official letter SINAC-SE-DPCG-2024 of 11 June 2024).

In assessing these elements, the Chamber does not observe harm to the rights of the protected party. Indeed, the Banhvi conducted an inter-institutional consultation with the purpose of having clarity regarding the sustainable and legal exploitation of the forests. In the interim, it decided to suspend the benefits that would involve the exploitation of the timber resource. That is, faced with uncertainty regarding possible environmental damage, the Chamber endorses that state institutions take preventive measures until acquiring certainty regarding the possibility of exploiting the natural resource in a rational and sustainable manner. Likewise, taking into account that the claimed suspension was issued through official letter no. BANHVI-SGO-CI-0002-2024 of 9 May 2024, the Chamber estimates that, at the time of filing the amparo (31 May 2024), an unreasonable period had not elapsed for the respondent authorities to resolve the issue. By virtue of the foregoing, the recurso is declared without merit.

IV.— The respondent authorities take note of the need to attend to the situation subject to this process promptly, so as to provide certainty to the claimed legal situation (…)"

Regarding cases in process, we will be informing you of the options provided to us by MINAE.” He adds that the cited decree omitted important considerations such as the lack of mandatory consultation with indigenous peoples prior to its issuance, as established in the ILO Convention.” BANHVI Response: The foregoing is partially true; BANHVI, through official letter BANHVI-SGO-CI-0002-2024 dated May 9, 2024, effectively requests the credit directors and heads of the Authorized Entities of the National Financial System for Housing that, as a precautionary measure against potential illegality, and given that we became aware of Constitutional Chamber ruling 05620-2016 of April 27, 2016, in which Executive Decree 27800-MINAE is declared unconstitutional, applications for the Family Housing Bond (BFV) in indigenous territories could only be accepted for cases whose primary construction material is not timber extracted from Costa Rican indigenous territories themselves, it being understood that applications for this BFV will continue to be processed with any other material that can be applied to the respective properties, be it masonry, lightweight materials, imported timber, among others. Let it be understood that this Bank's interest at all times is not to commit an illegality, and given that MINAE is the competent entity regarding the regulation of forest resource use, until such time as this Ministry issues a ruling or notifies us of the legal framework for using timber extractable from indigenous territory, this bank is facing a legal vacuum (vacío jurídico) to be able to authorize the construction of housing with this raw material. 2. “The Bank has not considered the application of Executive Decree No. 26511-MINAE of June 10, 1997, which remains in force and grants powers to indigenous peoples to apply it once decree 27800-MINAE is eliminated.” BANHVI Response: It is important to clarify that the repeal of decree 27800-MINAE does not imply that the previous Decree No. 26511-MINAE of June 10, 1997, enters into force, according to the following: a.- From the standpoint of legality, to repeal a norm is to abolish, annul, or partially revoke a current legal norm, law, or regulation by a later one, and it implies that it is not necessary to reissue the rest of any amended regulation. In the case of the Constitutional Chamber ruling that repeals executive decree No. 27800-MINAE, it at no point indicates that if MINAE does not conduct the consultation with indigenous peoples, the legal effects of the previous decree 26511-MINAE are reinstated; therefore, we are currently facing a normative vacuum that must be clarified by MINAE to act within the framework of legality. b.- We also understand the foregoing from the interpretation of Article 8 of the Civil Code; the mere repeal of the current regulation, or the one that was in force for 4 years, does not restore the validity of the repealed norms. We refer to the cited Article 8: “Article 8. Laws are only repealed by subsequent laws, and disuse, custom, or contrary practice cannot be alleged against their observance. The repeal shall have the scope expressly provided for and shall also extend to everything in the new law on the same subject matter that is incompatible with the previous law. The simple repeal of a law does not restore the validity of those which it had repealed.” (As amended by Law No. 7020 of January 6, 1986, Article 1º) (emphasis is ours) 3. “He states that the suspension of indigenous housing construction with timber extracted from their communities represents a direct violation of the rights of indigenous peoples enshrined in ILO Convention 169, as well as in the Political Constitution of Costa Rica, which guarantees the right to decent housing and the State's duty to attend to communities in situations of vulnerability. He adds that the respondent bank, by suspending the processing of housing in their communities, has left hundreds of children, women, men, and elderly people unprotected, failing in its duties and violating their rights and access to decent housing.” BANHVI Response: It is important to emphasize that with the issuance of the already-mentioned official letter BANHVI-SGO-CI-0002-2024, indigenous peoples are in no way being denied the right to a housing bond; they can continue to apply at the authorized entities, and the construction material for the houses could be masonry, lightweight material, imported timber, among others, provided that current construction standards are met. The fact that BANHVI informs them that processing with timber extracted within indigenous territory cannot temporarily continue is because it was the indigenous community itself that filed the appeal against executive decree 27800-MINAE for the use of the indigenous forest resource; given that at this time there is no regulation that does not contravene environmental laws, carrying out projects with national indigenous timber would lead us to disregard a ruling of the Constitutional Chamber itself. This bank has already sent the respective inquiry to the Ministry of Environment and Energy, so that it can define under which regulation the use of timber from indigenous territories can be reactivated. 4. “He indicates that by issuing this instruction, the bank also left many families without work and without the possibility of earning an income, since their community works hand-in-hand with the companies that build their homes, thereby obtaining an important income for their subsistence, causing evident collateral damage and also violating their constitutional right to work.” BANHVI Response: Part of the collateral benefits of housing construction nationwide is to generate economic linkages and sources of employment; however, it is important to clarify, as already mentioned previously, that this suspension does not affect the construction of housing using other construction systems, and that the aspect of hiring labor or purchasing timber is a private contractual relationship in which the Bank has no authority or involvement. Conclusion: This Bank has issued the resolution to suspend the processing of BFV intended to be built using timber as raw material in indigenous territories; this measure is implemented temporarily and for the sole purpose of receiving a response from MINAE regarding whether there is a current and valid norm that permits the use of this construction resource. If MINAE were to clarify to us that a norm exists, the official letter BANHVI-SGO-CI-0002-2024 will immediately be rendered without effect, but always acting under the principle of legality that governs public function. Attached to this official letter is Constitutional Chamber Vote 5620-2016 of April 27, 2016.”

 4.- The following is reported under oath by Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy and President of the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas (SINAC): “FIRST: The amparo (recurso de amparo) appeal is a judicial proceeding processed in the Constitutional Chamber and constitutes the so-called constitutional jurisdiction of liberty; its existence guarantees the validity of the fundamental rights established in the Political Constitution and in the international human rights treaties in force in the country. The Law of Constitutional Jurisdiction establishes in its numeral 29 that the amparo appeal guarantees the fundamental rights and freedoms referred to in this law, except those protected by habeas corpus; it also establishes that it proceeds against any provision, agreement, or resolution and, in general, against any action, omission, or simple material action not based on an effective administrative act, by public servants and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights. It not only proceeds against arbitrary acts, but also against actions or omissions based on erroneously interpreted or improperly applied norms. SECOND: In the Costa Rican legal system, the Amparo Appeal derives from constitutional norms 10 and 48 of the Political Constitution, which establish that every person has the right to an amparo appeal to maintain or restore the enjoyment of the rights enshrined in the Constitution, as well as those of a fundamental nature established in international instruments on human rights, applicable in the Republic. There is an entire title within this normative body where a series of individual rights and guarantees are established, such as the right to life in Article 21, the right to privacy, freedom, and secrecy of communications in Article 24, the right to equality enshrined in Article 33, the right of consumers and users (of public services) to environmental protection in Article 46, and many others established within social rights and guarantees, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment and the correlative state duty to protect it in Article 50, and the state duty to protect natural beauties, which implies at least indirect protection of the environment or partial protection thereof as it points to an integrating aspect: natural landscapes, in Article 89. THIRD: The Constitutional Chamber is only subject to the Constitution, the Law, and its jurisprudence and precedents are binding “erga omnes” except for itself. This provision is important given that what is resolved by the Chamber is binding for other public bodies, both administrative and judicial, as well as for all individuals. III. On the Argumentation of the Amparo Appeal. In relation to the appellant's allegations, a report is hereby rendered on the following terms: FIRST: In view of the notification act of the resolution at 11:07 a.m. on June 5, 2024, this Ministry is notified at the institutional email address [email protected], a NOT official means for receiving notifications. Due to the foregoing, this Ministry, through memorandum DAJ-MINAE-0650-2022 of November 8, 2022, attending to the means of notification, informed Mr. Luis Ardón Acuña, Secretary of this honorable Constitutional Chamber, for the purpose of attending notification according to the law’s procedure. Likewise, the Directorate of Legal Advisory proceeded to organize the institutional emails that arrive and are notified with the following internal control: The current email addresses and the function of each are indicated below: 1. [email protected]: Correspondence entering the Directorate of Legal Advisory is received. 2. [email protected]: This email is for the Directorate of Legal Advisory to send notifications, only. On June 9, 2022, through the institutional email of the Institutional Communication department of this ministry, the following communiqué was issued: (Inserts image) We must remember that notification is a procedural act with important effects in judicial proceedings and administrative procedures. This is insofar as it is the means of communicating the various actions in the procedure. By informing the parties of what has been resolved by the courts or, as the case may be, by the Administration, they can exercise the actions that the legal system expressly establishes. In that sense, it is part of due process and the right to justice. Regulating notification is, therefore, regulating the exercise of a fundamental right. We have so indicated in various pronouncements, among them C-342-2004 of November 18, 2004: “One of the substantial principles of the administrative procedure is that of defense. The minimum content of the right to defense or to the participation of the administrated party in the procedure includes the right to be heard, the right to offer and produce evidence, to obtain a reasoned decision, and the right to challenge the administrative decision. In order for this minimum of rights to be exercised, the principle of communication of procedural acts must be fulfilled. This communication is an indispensable requirement for the exercise of the right to defense and therefore forms part of the guarantees of due process. Hence, it is not surprising that the different procedural regulations contain provisions on the communication of acts and, in particular, on notification...” Regarding the importance of notification within the procedure, the Constitutional Chamber stated: (…) Furthermore, the importance of notification is a consequence of judicial or administrative resolutions being effective from their notification by the means established by the legal system. Ultimately, notification is a means of guaranteeing legal certainty. These aspects were developed in opinion C-266-2005 of July 27, 2005, a pronouncement in which the right of the administrated party to receive notification of those administrative actions that produce an interference in their private sphere is emphasized. SECOND: This Ministry is the entity responsible for ensuring the protection of the country's natural resources, contributing to the improvement of the quality of life of the inhabitants through the promotion of management, conservation, and sustainable development of environmental and natural elements, goods, services, and resources, whose management corresponds to this Ministry by legal provision or international agreement. Likewise, it is important to note that Article 50 of our Magna Carta establishes that the State must seek the greatest well-being for all the country's inhabitants, guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment, in respect of the right to the protection of human health derived from the right to life; therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to the human being in harmony with it, in which environmental quality and economic means prove to be fundamental parameters for individuals. Through Article 22 of the Biodiversity Law No. 7788, the National System of Conservation Areas (SINAC) is created, whose legal nature is that of a deconcentrated body (órgano desconcentrado) with instrumental legal personality attached to MINAE, and its fundamental purpose is to integrate the competencies in forest, wildlife, and protected wild areas matters, in order to dictate policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of our country's natural resources. Under that understanding, we can explain the figure of deconcentration (desconcentración) that SINAC holds, which responds to an exclusive competence granted to a lower Body of the Administration, so that it exercises it on its own behalf and under its full responsibility within the structure to which it belongs, as explained by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) in Opinion C-305-2009 of October 28, 2009: “…Deconcentration is a technique for distributing competencies in favor of bodies of the same legal entity, by which a lower body is attributed a competence in an exclusive form, so that it exercises it as its own, in its own name and under its own responsibility. Now, it is not just any type of competence, but a competence to resolve, to decide definitively on a matter determined by the legal system. This attribution is based on the need to specialize certain bodies in specific matters, so that public tasks are better satisfied. From that perspective, deconcentrating is functionally specializing certain bodies, without such competencies being organically detached from the original structure. It is normally considered that deconcentration is one of the most important limits to hierarchy. This is a technique for decongesting hierarchy, since the transfer of decision-making competencies implies a change in the ownership of the competencies and not only in their exercise, as does happen in delegation. Through this mechanism, the lower body is attributed a competence in an exclusive form, so that it exercises it as its own, in its own name and under its own responsibility, notwithstanding which it maintains its condition as a body and, therefore, part of the organization that deconcentrates...”. For this reason, in attention to its competence and responsibility, as the technical entity in the matter, through official letter SINAC-SE-DE-828-2024 dated June 11, 2024, signed by the Acting Director, it has rendered the requested report, which pertinently stated: “That regarding the amparo appeal, official letter SINAC-SE-AJ-318-2024 of June 7, 2024, was used to request a report from Mrs. Maylin Mora Arias, regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area, as it concerns events corresponding to the area under her administration in accordance with numeral 28 of the Biodiversity Law No. 7788. That the La Amistad Caribe Conservation Area responds via email dated June 9, 2024, indicating the following: "I inform you that, in previous days, we forwarded this inquiry to the citizen participation and governance department, precisely due to the request from the esteemed president of the ADI TJAI; to date, we have not received a response. I understand that the decree initiative was handled at the central level; the regional office does not have a file on this matter." That according to an email dated May 17, 2024, Mr. Lic. [Name 001], President of ADI TAYNI, forwarded an email to Mrs. Maylin Mora Arias indicating the following: “Good day Maylin. I hope you are in good health. The following is to inquire about what this note cites. We are interested in meeting and discussing the matter, as it has paralyzed 45 houses.” In addition to the above, the applicant attached official letter BAHNVI-SGO-CI-0002-2024 of May 9, 2024. This action is before the La Amistad Caribe Conservation Area for the purpose of requesting a meeting space. That Maylin Mora Arias, Regional Director of ACLAC, responded to the appellant on May 17, 2024, indicating the following: “Good afternoon, dear Mr. Hugo, with great respect I send you warm greetings. I inform you that I do not have information on this matter; however, I will make the inquiry at the central level in order to channel your request.” The foregoing was carried out as stated in official letter SINAC-ACLAC-DR-0446-2024 of May 17, 2024, where a request for information was forwarded to Mr. Juan José Jiménez Espinoza, Head of the Citizen Participation and Governance Department, in relation to what was indicated in official letter BANHVI-SGO-CI-0002-2024. That numeral 7 of the Indigenous Law No. 6172 expressly provides that: "The lands comprised within the reserves that are of forest vocation (vocación forestal) must retain that character, in order to maintain unaltered the hydrological balance of the hydrographic basins and to conserve the wildlife of those regions. Renewable natural resources must be exploited rationally. Only forest programs may be carried out by State institutions that guarantee the permanent renewal of the forests, under the authorization and surveillance of CONAI. The indigenous reserve guards, appointed by the Government, will be responsible for the protection of the forests and their surveillance. CONAI is expressly empowered to revoke or suspend, at any time, the permits granted, when it deems that there is abuse in the exploitation or when the ecological balance of the region is endangered." (Underlining is ours) Therefore, the use in indigenous reserves must be governed by a criterion of rationality, an obligation imposed on the competent entities within the framework of their legal attributions, an aspect emphasized in resolution 2022010550 of May 11, 2022, of the Constitutional Chamber, which stated: “IV.- The petitioner is made aware that, regardless of the validity of executive decree No. 27800-MINAE, the competent State bodies, among them MINAE and CONAI, must ensure the protection of the forests and the natural wealth of the country in compliance with the corresponding legal obligations. Furthermore, note that regulatory provisions cannot render the legally established protection void. In this sense, ordinal 7 of the Indigenous Law provides for the preservation of the forest resource found in indigenous reserves: (…) It is understood from the norm that maintaining forest cover (cobertura boscosa) in indigenous reserves is inexorable, and that any eventual forest use (aprovechamiento forestal) must respect the vocation of the area or zone concerned, so that the ecological balance remains unaltered. The Chamber stresses that the obligation to procure a healthy and ecologically balanced environment (constitutional numeral 50) is transversal in our legal system. For this reason, no public or private subject can consider themselves exempt from ensuring such balance. Compliance with such protection, without doubt, must be imposed by the competent state bodies.” (Underlining is ours) That in opinion number PGR-C-253-2021 of September 6, 2021, and in response to an inquiry from the National System of Conservation Areas, the Office of the Attorney General stated the following: “At this point, it is worth recalling that Article 7 of Law No. 6172, Indigenous Law, contains regulations regarding lands with forest vocation (vocación forestal) located within an indigenous reserve, for which it is provided that these must retain that character, in order to maintain unaltered the hydrological balance of the hydrographic basins and conserve the wildlife of those regions. Renewable natural resources must be exploited rationally. Only forest programs may be carried out by State institutions that guarantee the permanent renewal of the forests, under authorization and surveillance of CONAI. This numeral states: “Article 7.- The lands comprised within the reserves that are of forest vocation must retain that character, in order to maintain unaltered the hydrological balance of the hydrographic basins and to conserve the wildlife of those regions. Renewable natural resources must be exploited rationally. Only forest programs may be carried out by State institutions that guarantee the permanent renewal of the forests, under the authorization and surveillance of CONAI. The indigenous reserve guards, appointed by the Government, will be responsible for the protection of the forests and their surveillance. CONAI is expressly empowered to revoke or suspend, at any time, the permits granted, when it deems that there is abuse in the exploitation or when the ecological balance of the region is endangered.” From the foregoing, it follows that any program that SINAC wishes to carry out in these zones must be carried out under the authorization and surveillance of CONAI. Furthermore, any State provision aimed at administering or limiting the exploitation of natural resources existing within indigenous reserves must be consulted with the indigenous population, in compliance with the international commitments assumed by the country in safeguarding these communities (votes 2008-13832 at 8:38 a.m. on September 11, 2008, 17058-2012 at 4:00 p.m. on December 5, 2012, and 5620 – 2016 at 11:53 a.m. on April 27, 2016, of the Constitutional Chamber). Consequently, any determination or regulation that the governing body wishes to exercise for environmental conservation within indigenous reserves must be previously consulted with the indigenous people and have authorization from CONAI, by virtue of the fact that –as we have already pointed out– the exploitation of natural resources existing in indigenous territories is a right recognized at the international level for this population, as part of the effective exercise of their traditions, customs, and culture (Articles 14 and 15 of Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries).” (Underlining is from the original) That from the inquiry made in SINALEVI, it could be confirmed that Executive Decree No. 27800-MINAE was repealed by judgment number 5620 of the Constitutional Chamber dated April 27, 2016, which stated: "The action is declared with merit. Consequently, Executive Decree No. 27800-MINAE, called Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, published in La Gaceta No. 79 of April 29, 1999, is declared unconstitutional for violating the provisions of Articles 6, subsection 1.a, and 7, subsections 1 and 4 of ILO Convention No. 169, by having omitted the mandatory consultation with Indigenous Peoples prior to its issuance. Based on numeral 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, and in order to prevent serious and irreparable damage to the environment from occurring, the effects of this judgment are dimensioned, in the sense that this is issued without prejudice to rights acquired in good faith, and the validity of the challenged decree is maintained for a period of 4 years from the publication of the summary in the Official Journal La Gaceta of this judgment, within which the Executive Branch must carry out the respective consultation with the Indigenous Peoples, either to extend the validity of this same decree or to reform it. Notify the petitioner, the Attorney General of the Republic, the President of the Republic, the Minister of Environment and Energy, and the President of the Board of Directors of the National Commission on Indigenous Affairs. Publish fully in the Judicial Bulletin and summarize in the Official Journal La Gaceta. Magistrate Hernández López provides additional reasons. Magistrate Hernández Gutiérrez saves his vote and declares the action without merit." That the dimensioning of the judgment provides for the possibility of the Executive Branch extending the validity of executive decree number 27800-MINAE (beyond the 4 years granted by the Constitutional Chamber) or reforming it, following the respective consultation with the indigenous peoples. That according to the records of the Executive Directorate of the National System of Conservation Areas, there is no pending action awaiting a response in the name of Mr. [Name 001] in relation to the elements set forth in the amparo appeal. It being appropriate to clarify that, as previously indicated in this report, Mr. [Name 001] requested a meeting on May 17, 2024, with Mrs. Maylin Mora Arias in relation to note BAHNVI-SGO-CI-0002-2024 issued by the Mortgage Housing Bank, for which the regional body requested the corresponding advisory, as stated in point 2 of this report and official letter SINAC-ACLAC-DR-0446-2024.” Conclusion Therefore, Article 7 of Law No. 6172, Indigenous Law, contains regulations regarding lands with forest vocation (vocación forestal) located within an indigenous reserve, for which it is provided that these must retain that character, in order to maintain unaltered the hydrological balance of the hydrographic basins and conserve the wildlife of those regions. Renewable natural resources must be exploited rationally. Only forest programs may be carried out by State institutions that guarantee the permanent renewal of the forests, under the National Commission on Indigenous Affairs (CONAI), created by Law No. 5251 of July 11, 1973, which must exercise surveillance of the existing natural resources and authorize any action that MINAE, as the governing body, seeks to issue. It is on record that Executive Decree No. 27800-MINAE was repealed by judgment number 5620 of the Constitutional Chamber dated April 27, 2016, which stated: "The action is declared with merit. Consequently, Executive Decree No. 27800-MINAE, called Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, published in La Gaceta No. 79 of April 29, 1999, is declared unconstitutional for violating the provisions of Articles 6, subsection 1.a, and 7, subsections 1 and 4 of ILO Convention No. 169, by having omitted the mandatory consultation with Indigenous Peoples prior to its issuance. Based on numeral 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction, and in order to prevent serious and irreparable damage to the environment from occurring, the effects of this judgment are dimensioned, in the sense that this is issued without prejudice to rights acquired in good faith, and the validity of the challenged decree is maintained for a period of 4 years from the publication of the summary in the Official Journal La Gaceta of this judgment, within which the Executive Branch must carry out the respective consultation with the Indigenous Peoples, either to extend the validity of this same decree or to reform it. Notify the petitioner, the Attorney General of the Republic, the President of the Republic, the Minister of Environment and Energy, and the President of the Board of Directors of the National Commission on Indigenous Affairs. Publish fully in the Judicial Bulletin and summarize in the Official Journal La Gaceta. Magistrate Hernández López provides additional reasons.

Magistrate Hernández Gutiérrez dissents and dismisses the action." In accordance with the foregoing, the scoping of the judgment contemplates the possibility that the Executive Branch may extend the effectiveness of Decreto Ejecutivo 27800-MINAE (beyond the 4 years granted by the Constitutional Chamber) or else reform it, following the respective consultation with the indigenous peoples. This power must be seen as framed within the powers established in subsections 3) and 18) of Article 140 of the Political Constitution and Articles 25, 27.1, 28.2b of the General Public Administration Act (Ley General de Administración Pública) No. 6227, subsections 5 and 6 of the Forest Act (Ley Forestal) No. 7575; as well as the principle of legality regulated in subsection 11 of the same regulatory body. That being so, it is through official communication DM-0244-2022 of March 16, 2022, that the then Minister of Environment and Energy made a request before this honorable Chamber within case file 15-004211-0007-CO concerning the extension of the term of effectiveness of Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE, stating, in what is relevant, the following: "Bearing in mind the foregoing, I hereby make the formal request for an extension of the term of effectiveness of Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE, until at least the end of 2024, so that we have time to access the funds and carry out the relevant consultations, as we are aware that the process may require two or more calls to achieve the consultation." In response to the request made, this honorable authority, by resolution 2022010550 of May 11, 2022, resolved that the request submitted was inadmissible, indicating in point III the following reasoning of interest: "If the Chamber were to endorse the Minister's request on the basis that there will 'probably' be funds by mid or late 2023, this would only contribute to legal uncertainty (inseguridad jurídica), denaturing the purpose of the scoping provided for in subsection 91 of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional)." Therefore, upon consultation with SINALEVI, it indeed appears that Decreto Ejecutivo N° 26511 of June 10, 1997, is not in force and cannot be applied as the appellant erroneously states in his point number 5. (...) It is important to clarify, as indicated in the report rendered by SINAC, that Mr. [Name 001] requested on May 17, 2024, a meeting with Ms. Maylin Mora Arias in relation to note BAHNVI-SGO-CI-0002-2024 issued by Banco Hipotecario de la Vivienda, for which the regional body requested the corresponding advice according to official communication SINAC-ACLAC-DR-0446-2024. That, according to the records of the Executive Directorate of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, there is no pending request awaiting a response from Banco Hipotecario de la Vivienda in relation to note BAHNVI-SGO-CI-0002-2024. The action of Banco Hipotecario de la Vivienda according to official communication BAHNVI-SGO-CI-0002-2024 is independent of what was resolved in judgment number 5620 of the Constitutional Chamber dated April 27, 2016, wherein the Constitutional Chamber concluded the unconstitutionality of Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE, besides the fact that its period of effectiveness has expired; and not as the appellant attempts to make it appear. Likewise, it is requested that notification be sent to the correct address; it is important that this honorable authority take the foregoing into consideration; it is not omitted to state that this request is being handled by the competent body of this Ministry."

5.- By a document added to the system on June 19, 2024, the appellant states: "FIRST: Let your Authority note that MINAE to date has not complied with the report requested by this office. SECOND: Despite the foregoing, I (sic) do have knowledge of the position that said Ministry holds regarding this matter, which is expressed in the official communication signed by Mr. Juan José Jiménez Espinoza, Head of the Department of Citizen Participation and Governance and the Executive Secretary of Conservation Areas of MINAE, which I attach to this brief. The same is clear in indicating that, indeed, official communication BANHVI-SGO-CI-0002-2024 establishes an affectation (afectación) to the full enjoyment of the collective rights of indigenous peoples. THIRD: It is also important to point out that our intention and commitment as an Association is to ensure the benefit of the 45 families that already had their application approved and have been waiting for over a year to receive their housing from BANHVI, since these are not new cases just beginning to be processed."

6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellant claims that Banhvi, through official communication no. BANHVI-SGO-CI-0002-2024 of May 9, 2024, suspended the construction of indigenous housing using wood extracted in the indigenous territories. It states that this bank made the decision to seek clarifications from MINAE due to the annulment of the Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas No. 27800-MINAE by this Chamber. It indicates that the aforementioned suspension violates the rights of indigenous peoples.

II. Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided for in the initial order:

a) Through official communication BANHVI-SGO-CI-0002-2024 of May 9, 2024, addressed to the credit directors or heads of the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, the deputy manager of operations of Banhvi communicated: "We hereby inform you that the 'Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas N° 27800-MINAE,' which enables the use of wood from indigenous territories, is currently annulled by resolution of the Constitutional Chamber No. 5620 of April 27, 2016, which declared it unconstitutional. The same resolution grants the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a period of 4 years to carry out the respective consultation with indigenous peoples either to extend or reform it. The term granted by the Chamber having elapsed, without yet having news that MINAE had performed said consultation, this Bank made the decision to seek the pertinent clarifications before the Constitutional Chamber, for the purpose of indicating whether, upon the annulment of Decree No. 27800, the application of the prior Reglamento is reinstated; and before MINAE regarding how to proceed with the housing bond (bono familiar de vivienda) applications submitted to authorized entities with an approval process and whose purpose is construction with wood extracted from the indigenous territory. Therefore, and until we have the response from these two entities, we suggest informing potential beneficiaries that for the moment we could only process indigenous housing cases that use materials other than wood, or where the wood does not come from indigenous territories. Regarding cases in process, we will keep you informed of the options that MINAE provides us." (Undisputed fact).

b) On May 17, 2024, the appellant sent an email to the Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) of SINAC for the purpose of inquiring about the previous official communication. (See rendered report and contributed evidence).

c) On May 17, 2024, the regional director of ACLAC responded to the appellant that she had no information on the matter. However, she would make the inquiry at the central level to channel his request. (See rendered report and contributed evidence).

d) Through official communication SINAC-ACLAC-DR-0446-2024 of May 17, 2024, the regional director of ACLAC forwarded the request to the head of the Department of Citizen Participation and Governance. (See rendered report and contributed evidence).

e) Through official communication BANHVI-SGO-OF-0125-2024 of June 7, 2024, the deputy manager of operations of Bahnvi indicated to the Minister of Environment and Energy: "Receive a cordial greeting from the administration of Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). As you are aware, our institution has the duty to ensure compliance with the constitutional right to decent housing for all citizens of our country, as well as that the process of formalization and subsequent construction of their homes conform to the technical standards and requirements established by the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. We currently face a legal problem arising in the processing of housing bond applications for indigenous persons. I will give you a brief explanation: for housing bond cases in indigenous territories, families are given the possibility of managing the construction of their housing with wood extracted from the indigenous territory, for which BANHVI, within the financing, recognizes the payment for the wood. Currently, as a result of the unconstitutionality action filed against Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, brought by Mr. Jesús Rojas Ortiz, holder of identity card number 9-0055-0958, who alleged before the Chamber that the challenged decree violated due process, as it lacked the required formal, prior, and informed consultation that must be conducted with indigenous peoples; this Institution has been left without a normative framework to authorize the construction of social interest indigenous housing with wood extracted from the indigenous territory. Let us recall that, by judgment No. 2016-5620 of 11:53 a.m. on April 27, 2016, issued in the case file processed under number 15-004211-0007-CO, the Constitutional Chamber resolved to grant the action and stated the following: 'The action is granted. Consequently, Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, called Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, published in La Gaceta No. 79 of April 29, 1999, is declared unconstitutional for violating the provisions of Articles 6, subsection 1.a, and 7, subsections 1 and 4, of Convention No. 169 of the ILO, by having omitted the mandatory consultation of Indigenous Peoples prior to its issuance. Based on subsection 91 of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional), and in order to avoid causing serious and irreparable damage to the environment, the effects of this judgment are scoped, in the sense that this judgment is rendered without prejudice to rights acquired in good faith, and the challenged decree is kept in force for a period of 4 years from the publication of the summary in the official gazette La Gaceta of this judgment, within which the Executive Branch must carry out the respective consultation with the Indigenous Peoples, either to extend the effectiveness of this same decree or to reform it. Notify the plaintiff, the Procuradora General de la República, the President of the Republic, the Minister of Environment and Energy, and the President of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Publish it in full in the Boletín Judicial and summarize it in the official gazette La Gaceta. Magistrate Hernández López gives additional reasons. Magistrate Hernández Gutiérrez dissents and dismisses the action.' Executive director Rafael Gutiérrez Rojas of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), in a document added to the case file on February 18, 2022, requests the extension of the period of effectiveness of Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE, on the grounds of the material impossibility to date of carrying out the consultation with Indigenous Peoples, and requests that the term established in judgment No. 2016-5620 of 11:53 a.m. on April 27, 2016, which was 4 years, be taken as a reference. Given that the 4-year term granted to maintain the challenged decree in force has already expired, an analysis of the issued resolution has been conducted, and it is considered that upon the Constitutional Chamber annulling Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, there is no regulatory body that allows us to continue processing housing bonds where the raw material for construction is wood from indigenous reserves. In conclusion, and with the aim of avoiding future judicial contingencies among the Asociaciones de Desarrollo Integrales of the Indigenous Territories and with the primary objective of respecting the national regulations related to the matter and, above all, not violating the right of the inhabitants of indigenous communities to forest use (aprovechamiento forestal) in their territories, it is of utmost interest to this Institution to be informed whether MINAE has issued new regulations or guidelines on the matter under consultation, whether the annulled Decree is already under public consultation, and if so, its progress, or conversely, if progress has not been made on the consultation matter, which regulation or guideline this institution can apply to authorize the construction of housing with wood extracted from indigenous reserves, or if, on the contrary, that possibility is disabled until instructions are issued by your office." (See rendered report and contributed evidence).

f) Through official communication SINAC-SE-DPCG-2024 of June 11, 2024, the head of the Department of Citizen Participation and Governance responded to the regional director of ACLAC: "As is well indicated in official communication BANHVI-SGO-CI-0002-2024, Decree N° 27800 — MINAE was annulled by judgment of the Constitutional Chamber No. 5620 of April 27, 2016; however, the summary of the vote was published in La Gaceta No. 79 of February 28, 2018, by which the 4-year period granted to SINAC in said judgment extended until February 28, 2022. Through official communication DM-0244-2022 of March 16, 2022, the then Minister of Environment, Ms. Andrea Meza Murillo, requested an extension from the Constitutional Chamber until the end of 2024, receiving a response through resolution No. 2022010550 of May 11, 2022, in which it was resolved not to accept the request made by Ms. Meza Murillo, thereby Decree N° 27800 — MINAE was annulled. In this extension request, it was indicated that one of the main reasons for not having been able to carry out the prior and enabling activities for the consultation, as well as the consultation itself, was the lack of budgetary resources, and especially that the possibility was not foreseen that SINAC could access the resources corresponding to it from the REDD+ emission purchase agreement with the World Bank until mid-2023, which is why it was anticipated that the consultation would take place in 2024; however, to date, SINAC still cannot make use of those resources. 2. Regarding the authority to grant forest use (aprovechamiento forestal) permits in indigenous territories. As a result of what was stated in resolution N2 2022010550 of May 11, 2022, the Constitutional Chamber recalls what is indicated in the Indigenous Act (Ley Indígena) No. 6172, specifically in its Article No. 7, which states: (...) By the beginning of 2023, a working group convened by the then Vice Minister of Environment, Mr. Rafel Gutiérrez, was instructed to follow up on the topic of the regulation on forest use (aprovechamientos forestales) in indigenous territories, where this working group, based on what is indicated in Article No. 7 of Act No. 6172, reached the following conclusions: 1. The forest resources contained in the indigenous territories correspond to renewable natural resources. 2. The article clearly states that the competence to authorize and supervise the forestry programs developed in indigenous territories falls on CONAI. 3. CONAI's competence to authorize and supervise forest use (aprovechamiento forestal) activities within indigenous territories is reaffirmed when the article states that: 'CONAI is expressly empowered to revoke or suspend, at any time, the permits granted.' In addition to what is indicated in Article No. 7 of Act No. 6172, at that time it was considered that there is no legal basis in the framework regulating forest use (aprovechamiento forestal) for the State Forestry Administration to assume the competence of authorizing forest uses (aprovechamientos forestales) in Indigenous Territories, since these being collective lands, the aspects regulated in Articles 19, 20, 21, 27, and 28 of the Forest Act (Ley Forestal) No. 7575, whose scope corresponds to individual private property, could not be applied to them. Based on these findings and under the coordination of the then Vice Minister, the intention was to initiate a process of approach and coordination with CONAI, a process that did not materialize due to the departure of Mr. Gutiérrez from the Vice Ministry of Environment, a point from which follow-up on this process ceased. At that time, it was deemed advisable that each territory, through legally or culturally recognized representative bodies, develop its own regulations or community protocols for the exercise of the collective right to use its own forest resources, territorial regulations that must be authorized by CONAI, again, according to what is indicated in Article No. 7 of Act No. 6172, and that if the territories deemed it appropriate, SINAC, to the extent of its capacities and resources, could serve as a specialized technical advisor for the drafting of the proposals for the respective regulations or community protocols. 3. Regarding the consultation process for the regulation on forest use (aprovechamiento forestal) in indigenous territories. As a consequence of what is indicated in the previous point, where it has been considered that, according to what is regulated by Acts No. 6172 and No. 7575, SINAC does not have the competence to authorize the use of forest resources existing on community-owned lands that form an indigenous territory, for which reason SINAC cannot constitute itself as an interested counterpart in carrying out a consultation process to establish measures that allow the administration or limitation of the use of forest resources of indigenous territories. The foregoing because this is a competence that Act No. 6172 has delegated to each territory and to CONAI. 4. Regarding the use of wood from indigenous territories for the construction of housing bond (bono familiar de vivienda) houses for indigenous persons. The undersigned considers that by establishing a limitation on the use of wood existing in those same territories for the construction of housing bond houses for indigenous persons, a measure such as that indicated in official communication BANHVI-SGO-CI-0002-2024, an affectation (afectación) to the full enjoyment of the collective rights of indigenous peoples could be established, which is why it is suggested to the authorities of BANHVI to request advice and elements for a better resolution on this matter from CONAI, considering what is indicated in Article No. 7 of Act No. 6172." (See evidence contributed by the appellant).

III.- On the specific case. In the sub examine, the appellant claims that Banhvi, through official communication no. BANHVI-SGO-CI-0002-2024 of May 9, 2024, suspended the construction of indigenous housing using wood extracted in the indigenous territories. It states that this bank made the decision to seek clarifications from MINAE due to the annulment of the Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas No. 27800-MINAE by this Chamber. It indicates that the aforementioned suspension violates the rights of indigenous peoples.

Having analyzed the case record, the Chamber found it proven that, through official communication BANHVI-SGO-CI-0002-2024 of May 9, 2024, addressed to the credit directors or heads of the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, the deputy manager of operations of Banhvi communicated: "We hereby inform you that the 'Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas N° 27800-MINAE,' which enables the use of wood from indigenous territories, is currently annulled by resolution of the Constitutional Chamber No. 5620 of April 27, 2016, which declared it unconstitutional. The same resolution grants the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a period of 4 years to carry out the respective consultation with indigenous peoples either to extend or reform it. The term granted by the Chamber having elapsed, without yet having news that MINAE had performed said consultation, this Bank made the decision to seek the pertinent clarifications before the Constitutional Chamber, for the purpose of indicating whether, upon the annulment of Decree No. 27800, the application of the prior Reglamento is reinstated; and before MINAE regarding how to proceed with the housing bond (bono familiar de vivienda) applications submitted to authorized entities with an approval process and whose purpose is construction with wood extracted from the indigenous territory. Therefore, and until we have the response from these two entities, we suggest informing potential beneficiaries that for the moment we could only process indigenous housing cases that use materials other than wood, or where the wood does not come from indigenous territories. Regarding cases in process, we will keep you informed of the options that MINAE provides us." On May 17, 2024, the appellant sent an email to the Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) of SINAC for the purpose of inquiring about the previous official communication. On May 17, 2024, the regional director of ACLAC responded to the appellant that she had no information on the matter. However, she would make the inquiry at the central level to channel his request. Through official communication SINAC-ACLAC-DR-0446-2024 of May 17, 2024, the regional director of ACLAC forwarded the request to the head of the Department of Citizen Participation and Governance. Through official communication BANHVI-SGO-OF-0125-2024 of June 7, 2024, the deputy manager of operations of Bahnvi indicated to the Minister of Environment and Energy: "Receive a cordial greeting from the administration of Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). As you are aware, our institution has the duty to ensure compliance with the constitutional right to decent housing for all citizens of our country, as well as that the process of formalization and subsequent construction of their homes conform to the technical standards and requirements established by the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. We currently face a legal problem arising in the processing of housing bond applications for indigenous persons. I will give you a brief explanation: for housing bond cases in indigenous territories, families are given the possibility of managing the construction of their housing with wood extracted from the indigenous territory, for which BANHVI, within the financing, recognizes the payment for the wood. Currently, as a result of the unconstitutionality action filed against Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, brought by Mr. Jesús Rojas Ortiz, holder of identity card number 9-0055-0958, who alleged before the Chamber that the challenged decree violated due process, as it lacked the required formal, prior, and informed consultation that must be conducted with indigenous peoples; this Institution has been left without a normative framework to authorize the construction of social interest indigenous housing with wood extracted from the indigenous territory. Let us recall that, by judgment No. 2016-5620 of 11:53 a.m. on April 27, 2016, issued in the case file processed under number 15-004211-0007-CO, the Constitutional Chamber resolved to grant the action and stated the following: 'The action is granted. Consequently, Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, called Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas, published in La Gaceta No. 79 of April 29, 1999, is declared unconstitutional for violating the provisions of Articles 6, subsection 1.a, and 7, subsections 1 and 4, of Convention No. 169 of the ILO, by having omitted the mandatory consultation of Indigenous Peoples prior to its issuance. Based on subsection 91 of the Constitutional Jurisdiction Act (Ley de la Jurisdicción Constitucional), and in order to avoid causing serious and irreparable damage to the environment, the effects of this judgment are scoped, in the sense that this judgment is rendered without prejudice to rights acquired in good faith, and the challenged decree is kept in force for a period of 4 years from the publication of the summary in the official gazette La Gaceta of this judgment, within which the Executive Branch must carry out the respective consultation with the Indigenous Peoples, either to extend the effectiveness of this same decree or to reform it. Notify the plaintiff, the Procuradora General de la República, the President of the Republic, the Minister of Environment and Energy, and the President of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Publish it in full in the Boletín Judicial and summarize it in the official gazette La Gaceta. Magistrate Hernández López gives additional reasons. Magistrate Hernández Gutiérrez dissents and dismisses the action.' Executive director Rafael Gutiérrez Rojas of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), in a document added to the case file on February 18, 2022, requests the extension of the period of effectiveness of Decreto Ejecutivo N° 27800-MINAE, on the grounds of the material impossibility to date of carrying out the consultation with Indigenous Peoples, and requests that the term established in judgment No. 2016-5620 of 11:53 a.m. on April 27, 2016, which was 4 years, be taken as a reference. Given that the 4-year term granted to maintain the challenged decree in force has already expired, an analysis of the issued resolution has been conducted, and it is considered that upon the Constitutional Chamber annulling Decreto Ejecutivo No. 27800-MINAE, there is no regulatory body that allows us to continue processing housing bonds where the raw material for construction is wood from indigenous reserves. In conclusion, and with the aim of avoiding future judicial contingencies among the Asociaciones de Desarrollo Integrales of the Indigenous Territories and with the primary objective of respecting the national regulations related to the matter and, above all, not violating the right of the inhabitants of indigenous communities to forest use (aprovechamiento forestal) in their territories, it is of utmost interest to this Institution to be informed whether MINAE has issued new regulations or guidelines on the matter under consultation, whether the annulled Decree is already under public consultation, and if so, its progress, or conversely, if progress has not been made on the consultation matter, which regulation or guideline this institution can apply to authorize the construction of housing with wood extracted from indigenous reserves, or if, on the contrary, that possibility is disabled until instructions are issued by your office." Through official communication SINAC-SE-DPCG-2024 of June 11, 2024, the head of the Department of Citizen Participation and Governance responded to the regional director of ACLAC: "As is well indicated in official communication BANHVI-SGO-CI-0002-2024, Decree N° 27800 — MINAE was annulled by judgment of the Constitutional Chamber No. 5620 of April 27, 2016; however, the summary of the vote was published in La Gaceta No. 79 of February 28, 2018, by which the 4-year period granted to SINAC in said judgment extended until February 28, 2022. Through official communication DM-0244-2022 of March 16, 2022, the then Minister of Environment, Ms. Andrea Meza Murillo, requested an extension from the Constitutional Chamber until the end of 2024, receiving a response through resolution No. 2022010550 of May 11, 2022, in which it was resolved not to accept the request made by Ms. Meza Murillo, thereby Decree N° 27800 — MINAE was annulled. In this extension request, it was indicated that one of the main reasons for not having been able to carry out the prior and enabling activities for the consultation, as well as the consultation itself, was the lack of budgetary resources, and especially that the possibility was not foreseen that SINAC could access the resources corresponding to it from the REDD+ emission purchase agreement with the World Bank until mid-2023, which is why it was anticipated that the consultation would take place in 2024; however, to date, SINAC still cannot make use of those resources. 2. Regarding the authority to grant forest use (aprovechamiento forestal) permits in indigenous territories. As a result of what was stated in resolution N2 2022010550 of May 11, 2022, the Constitutional Chamber recalls what is indicated in the Indigenous Act (Ley Indígena) No. 6172, specifically in its Article No. 7, which states: (...) By the beginning of 2023, a working group convened by the then Vice Minister of Environment, Mr. Rafel Gutiérrez, was instructed to follow up on the topic of the regulation on forest uses (aprovechamientos forestales) in indigenous territories, where this working group, based on what is indicated in Article No. 7 of Act No. 6172, reached the following conclusions: 1. The forest resources contained in the indigenous territories correspond to renewable natural resources.

The article clearly states that the authority to authorize and oversee forest programs developed in indigenous territories rests with CONAI. 3. CONAI's authority to authorize and oversee forest harvesting activities within indigenous territories is reaffirmed when the article states that: “CONAI is expressly empowered to revoke or suspend, at any time, the permits issued.” In addition to what is indicated in Article N°7 of Law N°6172, at that time it was considered that there is no legal basis within the framework regulating forest harvesting for the State Forest Administration to assume the authority to authorize forest harvesting in Indigenous Territories, since these being collective lands, the provisions regulated in Articles 19, 20, 21, 27, and 28 of the Forest Law (Ley Forestal) N°7575, whose scope corresponds to individual private property, could not be applied to them. Based on these findings and under the coordination of the Vice Minister, the intention was to initiate a process of engagement and coordination with CONAI, a process that did not materialize due to the departure of Mr. Gutiérrez from the Vice Ministry of Environment, a point from which no follow-up was given to this process. At that time, it was deemed advisable that each territory, through legally or culturally recognized representative bodies, develop its own regulations or community protocols for the exercise of the collective right to use its own forest resources, territorial regulations that must be authorized by CONAI, again according to what is indicated in Article N°7 of Law N°6172, and that if the territories saw fit, SINAC, to the extent of its capacities and resources, could serve as a specialized technical advisor for the preparation of the respective proposed regulations or community protocols. 3. Regarding the consultation process for the regulation on forest harvesting in indigenous territories. Consequently with what is indicated in the previous point, where it has been considered that according to what is regulated by Laws N° 6172 and N° 7575, SINAC does not have the authority to authorize the harvesting of forest resources existing on communally owned lands that make up an indigenous territory, which is why SINAC cannot constitute itself as an interested counterparty in carrying out a consultation process to establish measures that allow for the administration or limitation of the use of forest resources in indigenous territories. The foregoing because this is an authority that Law N° 6172 has delegated to each territory and to CONAI. 4. Regarding the use of wood from indigenous territories for the construction of family housing bonds (bono familiar de vivienda) for indigenous people. The undersigned considers that by establishing a limitation on the use of wood existing in those same territories for the construction of family housing bond houses for indigenous people, a measure such as that indicated in official communication BANHVI-SGO-Cl-0002-2024, an impairment of the full enjoyment of the collective rights of indigenous peoples could be established, and therefore it is suggested that the BANHVI authorities request advice and elements for a better resolution on this matter from CONAI, considering what is indicated in Article N°7 of Law N° 6172”.

Now, the Court determines that Banhvi suspended the processing of benefits for indigenous housing using wood, due to the need to conduct consultations regarding the possibility of harvesting such a resource, given that the Regulation for the Harvesting of Forest Resources in Indigenous Reserves (Reglamento para el Aprovechamiento del Recurso Forestal en las Reservas Indígenas) (Decree No. 27800-MINAE) was annulled by the Constitutional Court. For that reason, it sent communications to both this Tribunal and to MINAE. It is understood that, once there is clarity on the legal situation, a decision would then be made on the processing of such benefits. Subsequently, through official communication BANHVI-SGO-OF-0125-2024 of June 7, 2024, the Deputy Operations Manager of Bahnvi made the respective inquiry to the Minister of Environment and Energy. Furthermore, internally within SINAC, the Department of Citizen Participation and Governance issued its legal opinion regarding the matter in question (official communication SINAC-SE-DPCG-2024 of June 11, 2024).

In evaluating these elements, the Court does not observe an injury to the rights of the protected party. Indeed, Banhvi conducted an inter-institutional inquiry for the purpose of having clarity regarding the sustainable and legal exploitation of the forests. In the interim, it decided to suspend the benefits that would entail the exploitation of timber resources. That is, in the face of uncertainty regarding potential environmental harm, the Court endorses state institutions taking preventive measures until they acquire certainty regarding the possibility of rationally and sustainably exploiting the natural resource. Likewise, if one takes into account that the challenged suspension was issued through official communication No. BANHVI-SGO-CI-0002-2024 of May 9, 2024, the Court considers that, at the time the amparo was filed (May 31, 2024), an unreasonable period had not elapsed for the respondent entities to resolve the matter. By virtue of the foregoing, the appeal is declared without merit.

IV.- Let the respondent authorities take note of the need to promptly address the situation subject to this process, so as to provide certainty to the legal situation claimed.

V.- Documentation provided to the case file. The parties are advised that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Article XXVI of Session No. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in Article LXXXI of Session No. 43-12 held on May 3, 2012.

Por tanto:

The appeal is declared without merit. Let the respondent authorities take note of what is indicated in Considerando IV of this judgment.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alexandra Alvarado P.

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