Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En el sub lite, se advierte que lo planteado por la recurrente no es más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno, razón por la cual es ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. En efecto, este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar, de conformidad con la normativa infraconstitucional que rige la materia, las actuaciones de la autoridad recurrida, ni determinar los daños en que esta incurriera, como tampoco el pago de la indemnización en las condiciones que indica la recurrente. Esos extremos deben ser resueltos por la Administración o, en su caso, por la jurisdicción ordinaria.
English (translation)In the case at bar, it is noted that the petitioner’s claim is nothing more than an ordinary legality dispute, which does not involve, at least directly, any fundamental right, and therefore falls outside the jurisdiction of this Chamber. Indeed, this Court is not a controller of legality nor another instance of the Administration, and thus it is not its role to review, in accordance with the infra-constitutional rules governing the matter, the actions of the respondent authority, nor to determine the damages incurred, nor the payment of compensation under the conditions requested by the petitioner. These issues must be resolved by the Administration or, where appropriate, by the ordinary courts.
Summarily dismissed
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 02044 - 2024 Fecha de la Resolución: 26 de Enero del 2024 a las 09:15 Expediente: 24-000624-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 24-000624-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2024002044 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiseis de enero de dos mil veinticuatro . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:36 horas del 11 de enero de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, y manifiesta lo siguiente:que el 1° de julio de 1983, su padre Sr. [Nombre 002], quien para ese momento era el dueño de la finca sin inscribir en el Registro Público, que es terreno agrícola situada en Liverpool de Limón, con una medida de veinte mil ciento trece metros con treinta metros cuadros, plano catastrado L-0603097, firmó un convenio para la constitución de una servidumbre de paso de la línea aérea eléctrica "L.T Angostura - Moín". Explica que esos conductores requieren un claro de 4 metros como mínimo a cualquier objeto extraño a la línea, sobre una franja de terreno de 20 metros de ancho por toda la sección de la línea que hay en esa finca y situada debajo de la misma. Tal servidumbre atraviesa el fundo sirviente con dirección de oeste a este, de 50 metros de longitud, abarcando 1000 metros cuadrados, franja en la que están las torres. Establece que el 02 de noviembre de 2022, su padre falleció y dicho inmueble se encontraba con la constitución de un usufructo a favor de este, y ella desde el 19 de setiembre de 1994, es la propietaria registral de dicha finca inscrita bajo la matrícula folio real número 31992-000. Menciona que en mayo de 2019 y agosto de 2020, ingresaron a dicha finca, funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad, sin ninguna autorización, permiso o consentimiento, y procedieron a cortar en esas dos ocasiones aproximadamente 186 árboles de madera tipo (Melina, Cedro y Laurel) de aproximadamente de 2 a 3 años de cultivo y un tamaño de 5 metros de alto; asimismo, dejaron todos los árboles tirados dentro de la propiedad, lo cual generó un nexo de causalidad de daños y perjuicios, dado que esto generó que los vecinos colindantes invadieran y saquearan, la propiedad dañando las cercas de la finca para llevarse todos los árboles que los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad habían cortado desde el suelo a unos 20 centímetros de altura, dejando solo los troncos. Además del daño ecológico y ambiental, ya que su propiedad tenía una fuente de agua, por una quebrada que paulatinamente se secó por los daños y con su repercusión en lo económico. Aduce que, el 13 de marzo de 2023, se coordinó una visita con el Ing. José Francisco Serrano Bonilla, porque nuevamente necesitaban cortar o talar, según ellos algunos árboles que se encontraban debajo y cerca a la altura, de las líneas del tendido eléctrico, y que querían talar a la altura de 8 metros de altura y a 15 metros a cada lado de las torres, incumpliendo lo establecido en las condiciones de las cláusulas de constitución de la servidumbre de paso eléctrica de alta tensión. Sin embargo, les indicó que ya no iba a permitir más tala de árboles ni daños a su propiedad. Afirma que el 17 de abril de 2023, presentó reclamo administrativo, argumentando todo lo sucedido, así como la estimación en daños y perjuicios ocasionados en su propiedad, y el 25 de setiembre de 2023, recibió un correo electrónico, mediante el cual se le respondió el reclamo administrativo, y la autoridad recurrida argumenta que el monto solicitado no cuenta con una valoración realizada por un perito debidamente autorizado, que es necesario contar con un inventario que indique, las dimensiones, especie de todos los árboles que según se indica en el documento fueron cortados en el mes de mayo de 2019 y agosto de 2020. No obstante, no cuenta con los recursos económicos para financiar o pagar un peritaje de dicha magnitud, por lo que solicitó la intervención de un estudio por parte de un profesional del Ministerio de Ambiente y Energía de la oficina de Limón, y que dicha indemnización sea satisfactoria para ambas partes. Alega que, con respecto al monto solicitado por daños y perjuicios, enfocados en la reparación de la cerca de la finca, le indicaron que no procedía, además: "Dado lo anterior en caso de proceder con alguna indemnización, la misma se realizará una vez se efectúe el daño en la propiedad y se realice la corta de los árboles en su totalidad encontrados en la franja de servidumbre, así como aquellos que signifiquen riesgo de contacto o caída hacia la línea de trasmisión, para posteriormente realizar un levantamiento de daños materiales, que incluye la corta de los árboles, así como otro daño que se desprenda durante la ejecución de dicha actividad. La institución está en la mayor disposición en cuanto el propietario brinde el permiso para realizar la corta de los árboles en la propiedad y así proceder con el levantamiento de los daños e indemnización de los mismos". Estima violentados sus derechos fundamentales. Solicita que se ordene un peritaje por parte de un profesional autorizado por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de su oficina en Limón, para determinar el alcance de los daños y perjuicios, ocasionados a su propiedad, para determinar el daño ecológico, ambiental y económico de todos los árboles talados, así como, los gastos en los que ha incurrido por nexo de causalidad originados por las acciones hechas por el Instituto Costarricense de Electricidad; que se ordene al Departamento Jurídico del Instituto Costarricense de Electricidad, hacer las gestiones necesarias a la brevedad posible para renegociar el contrato de servidumbre con su persona, ya que al fallecer su padre como usufructuario y ser la nueva propietaria, todo cambia en cuanto a condiciones y valor económico. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que su padre firmó un convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad para la constitución de una servidumbre de paso de la línea aérea eléctrica "L.T Angostura - Moín", en el inmueble de su propiedad. No obstante, en mayo de 2019 y agosto de 2020, ingresaron a dicha finca, funcionarios del instituto recurrido, sin ninguna autorización, permiso o consentimiento, y procedieron a cortar en esas dos ocasiones aproximadamente 186 árboles de madera tipo (Melina, Cedro y Laurel) de aproximadamente de 2 a 3 años de cultivo y un tamaño de 5 metros de alto; asimismo, dejaron todos los árboles tirados dentro de la propiedad, lo cual generó un nexo de causalidad de daños y perjuicios. Aduce que por dicha razón, planteó un reclamo administrativo en el cual planteó la estimación de los daños y perjuicios ocasionados en su propiedad; sin embargo, se le respondió dicho reclamo y la autoridad recurrida argumentó que el monto solicitado no contaba con una valoración realizada por un perito debidamente autorizado, que era necesario disponer de un inventario en el cual se indicaran, las dimensiones y especie de todos los árboles, que fueron cortados en el mes de mayo de 2019 y agosto de 2020. Situación por la cual la amparada solicita la intervención de esta sede constitucional. II.-CASO CONCRETO. En el sub lite, se advierte que lo planteado por la recurrente no es más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno, razón por la cual es ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. En efecto, este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar, de conformidad con la normativa infraconstitucional que rige la materia, las actuaciones de la autoridad recurrida, ni determinar los daños en que esta incurriera, como tampoco el pago de la indemnización en las condiciones que indica la recurrente. Esos extremos deben ser resueltos por la Administración o, en su caso, por la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, de considerarlo pertinente, la parte recurrente puede plantear sus disconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida, como indica haberlo realizado, o en la jurisdicción ordinaria competente, vías en las que podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- Z34GFK72MRC61 EXPEDIENTE N° 24-000624-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:06:35. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER Resolution No. 02044 - 2024 Date of Resolution: January 26, 2024 at 09:15 Expediente: 24-000624-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Case type: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Ruling with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution EXPEDIENTE No. 24-000624-0007-CO PROCEEDING: RECURSO DE AMPARO RESOLUTION No. 2024002044 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on January twenty-six, two thousand twenty-four. Recurso de amparo filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD AND THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Resultando: 1.- By brief filed with the Secretariat of the Chamber at 11:36 a.m. on January 11, 2024, the petitioner files a recurso de amparo against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD AND THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, and states the following: that on July 1, 1983, her father Mr. [Name 002], who at that time was the owner of the unregistered property in the Public Registry, which is agricultural land located in Liverpool de Limón, measuring twenty thousand one hundred thirteen meters and thirty square meters, cadastral map L-0603097, signed an agreement for the constitution of an easement (servidumbre) for the passage of the overhead electric line "L.T Angostura - Moín". She explains that these conductors require a clearance of 4 meters minimum from any object foreign to the line, over a strip of land 20 meters wide along the entire section of the line that exists on that property and situated beneath it. Said easement crosses the servient tenement in a westerly to easterly direction, 50 meters in length, covering 1000 square meters, the strip in which the towers are located. She states that on November 2, 2022, her father died and said real property was subject to the constitution of a usufruct in his favor, and since September 19, 1994, she has been the registered owner of said property registered under real folio number 31992-000. She mentions that in May 2019 and August 2020, officials from the Instituto Costarricense de Electricidad entered said property, without any authorization, permit, or consent, and proceeded to cut, on those two occasions, approximately 186 timber trees of the type (Melina, Cedro and Laurel) approximately 2 to 3 years of cultivation and a height of 5 meters; likewise, they left all the trees lying inside the property, which generated a causal nexus of damages (daños y perjuicios), given that this caused the bordering neighbors to invade and loot the property, damaging the property fences to take all the trees that the officials from the Instituto Costarricense de Electricidad had cut from the ground at about 20 centimeters in height, leaving only the stumps. In addition to the ecological and environmental damage, since her property had a water source, due to a stream that gradually dried up because of the damage and with its economic repercussions. She argues that, on March 13, 2023, a visit was coordinated with Engineer José Francisco Serrano Bonilla, because they again needed to cut or fell, according to them, some trees that were located beneath and near the height of the power lines, and that they wanted to fell to a height of 8 meters and 15 meters on each side of the towers, in breach of what was established in the conditions of the clauses constituting the high-voltage electrical easement. However, she informed them that she would no longer permit further tree felling or damage to her property. She affirms that on April 17, 2023, she filed an administrative claim, arguing everything that had happened, as well as the estimation of damages caused to her property, and on September 25, 2023, she received an email, through which the administrative claim was answered, and the respondent authority argued that the amount requested does not have an appraisal performed by a duly authorized expert, that it is necessary to have an inventory indicating the dimensions and species of all the trees that, according to the document, were cut in the month of May 2019 and August 2020. However, she does not have the financial resources to finance or pay for an expert appraisal of such magnitude, so she requested the intervention of a study by a professional from the Ministerio de Ambiente y Energía at the Limón office, and that said compensation be satisfactory for both parties. She alleges that, regarding the amount requested for damages, focused on the repair of the property fence, they indicated that it was not appropriate, also: "Given the foregoing, should any compensation proceed, it shall be carried out once the damage on the property has been effected and the felling of all trees found in the easement strip is completed, as well as those that pose a risk of contact or falling towards the transmission line, in order to subsequently carry out a survey of material damages, which includes the felling of the trees, as well as other damage arising during the execution of said activity. The institution is most willing provided the owner grants permission to carry out the felling of the trees on the property and thus proceed with the survey of damages and compensation for the same." She considers her fundamental rights violated. She requests that an expert appraisal be ordered by a professional authorized by the Ministerio de Ambiente y Energía, through its Limón office, to determine the scope of the damages caused to her property, to determine the ecological, environmental, and economic damage of all the felled trees, as well as the expenses she has incurred due to the causal nexus originating from the actions taken by the Instituto Costarricense de Electricidad; and that the Legal Department of the Instituto Costarricense de Electricidad be ordered to take the necessary steps as soon as possible to renegotiate the easement contract with her person, since upon the death of her father as usufructuary and her being the new owner, everything changes in terms of conditions and economic value. 2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it concerns the simple reiteration or reproduction of a previous identical or similar rejected petition. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considerando: I.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioner alleges that her father signed an agreement with the Instituto Costarricense de Electricidad for the constitution of an easement (servidumbre) for the passage of the overhead electric line "L.T Angostura - Moín", on her property. However, in May 2019 and August 2020, officials from the respondent institute entered said property, without any authorization, permit, or consent, and proceeded to cut, on those two occasions, approximately 186 timber trees of the type (Melina, Cedro and Laurel) approximately 2 to 3 years of cultivation and a height of 5 meters; likewise, they left all the trees lying inside the property, which generated a causal nexus of damages (daños y perjuicios). She argues that for this reason, she filed an administrative claim in which she set forth the estimation of damages caused to her property; however, said claim was answered and the respondent authority argued that the amount requested did not have an appraisal performed by a duly authorized expert, that it was necessary to have an inventory indicating the dimensions and species of all the trees that were cut in the month of May 2019 and August 2020. A situation for which the person seeking amparo requests the intervention of this constitutional venue. II.- SPECIFIC CASE. In the case at hand, it is noted that what is raised by the petitioner is nothing more than an ordinary legality conflict, which does not involve, at least directly, any fundamental right, a reason for which it is outside the scope of competence of this Chamber. Indeed, this Tribunal is neither a controller of legality nor another instance of the Administration, so it does not fall to it to review, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter, the actions of the respondent authority, nor to determine the damages incurred by it, nor the payment of compensation under the conditions indicated by the petitioner. Those extremes must be resolved by the Administration or, where appropriate, by the ordinary jurisdiction. Consequently, should she consider it pertinent, the petitioner may raise her disagreements or claims before the respondent authority, as she indicates she has done, or in the competent ordinary jurisdiction, routes in which she may, broadly, discuss the merits of the matter and assert her claims. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if any document has been provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the court office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Por tanto: The recurso is rejected outright. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- Z34GFK72MRC61 EXPEDIENTE No. 24-000624-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 15:06:35. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República