Res. 00409-2024 Sala Constitucional — Technical closure of municipal landfill not reviewable via amparoCierre técnico de vertedero municipal no es revisable en amparo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00409 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Enero del 2024 a las 09:15

Expediente: 23-026304-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 23-026304-0007-CO

Res. Nº 2024000409

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de enero de dos mil veinticuatro .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 23-026304- 0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN y el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 24 de octubre de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Ministerio de Salud. Manifiesta que es propietaria registral del inmueble matrícula 361123-000, ubicado en el distrito primero de San Isidro General, del cantón décimo noveno Pérez Zeledón de la Provincia de San José, a 1.5 kilómetros al sur de la Plaza de Deportes en Lomas de Cocorí. Señala que mide treinta mil novecientos setenta y cuatro metros cuadrados (30 974 metros cuadrados), plano Catastral SJ-0734444-1988, que la naturaleza de esta finca era de agricultura y ganadería, pero desde hace 25 años la Municipalidad de Pérez Zeledón la ha utilizado como botadero de basura por medio de una propuesta de arriendo de esta finca para dedicarla al depósito de la basura producida en el cantón, propuesta que fue aceptada y se estableció un precio de arriendo que fue aumentando con los años. Sin embargo, reclama que la Municipalidad convirtió el lugar en un botadero a cielo abierto, y cuando se ordenó el cierre técnico por violación de la normativa ambiental, dejó de llevar más basura al lugar, pero no realizó las labores de cierre técnico correspondientes. Narra que entre su persona y la Municipalidad suscribieron un contrato el 14 de enero de 2014 para alquiler de terreno para proyecto de cierre técnico del vertedero de basura municipal, contrato CON-2014- 000001-SPM, para desarrollar el Proyecto de Control y seguimiento por quinto año consecutivo del Cierre Técnico efectuado por la municipalidad. Describe que, según el contrato, hasta por 12 meses (de enero a diciembre de 2014) se realizaría el proyecto de cierre técnico definitivo del vertedero por haber cumplido su ciclo de utilización; lo anterior, en cumplimiento del artículo 32 del Reglamento de Rellenos Sanitarios N°27378-S y la guía para realizar el cierre técnico de un vertedero de desechos sólidos municipal emitido por el IFAM. Describe que posteriormente, el 11 de abril de 2023, por oficio OFI-0315-23-SGA, suscrito por Álvaro Murillo Mora, en su calidad de coordinador de gestión ambiental, dirigido al alcalde señor Jeffry Montoya Rodríguez, señaló: "La Propiedad con Plano catastrado SJ-0734444-1988 a nombre de [Nombre 001] se ha venido alquilando a efectos de desarrollar acciones de cierre técnico, sobre esto la Municipalidad ha venido realizando acciones de recolección y conducción de aguas pluviales y en su momento se han desarrollado acciones para la conducción, se ha estado recibiendo material de cobertura (tierra) con el fin de continuar colocando capas de tierra sobre el material confinado (basura) y con el fin de ir contrarrestando la erosión a la que el terreno está expuesta. En la misma línea, se ha trabajado en la liberación de gases producto de la descomposición de los residuos sólidos y el cierre perimetral, aunque ha sufrido actos de vandalismo por lo que continuamente la oficina de Gestión Ambiental debe realizar acciones de recolocación de chimeneas e hilo de alambre para cierre perimetral, entonces no es posible realizar estos trabajos de cierre técnico en otras propiedades, debido a que esta esta propiedad la que tiene residuos sólidos confinados en celdas que se encuentran bajo tierra". En lo que respecta al cierre técnico, indica que el artículo 46 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios (N° 38928-S) impide construir en las áreas de celdas por un período de 20 años contados a partir de finalizada la vida útil del relleno y después, si se quisiera realizar cualquier edificación, deberán realizarse estudios geotécnicos para verificar la estabilidad del terreno y que no existen gases y lixiviados. Señala que existe además una guía del IFAM para realizar el cierre técnico de un vertedero de desechos sólidos y en consecuencia, la municipalidad ha desarrollado las siguientes acciones: "• Por un período mínimo de 20 años, no utilizar el sitio en otra actividad que no sea el monitoreo, vigilancia y control por aparte. •Disponer de material para reparar deslizamientos, hundimientos, grietas, erosiones. • Dar mantenimiento general, limpieza, corta de maleza, reparación de daños. • Vigilancia y control de ingreso de la fauna nociva. • Siembra de pastos". Expone que no es posible realizar un estudio de mercado que determine la idoneidad del bien para ser alquilado, ya que fue utilizado para el depósito de residuos sólidos, tampoco se puede realizar un estudio que demuestre cuál puede ser la opción más rentable y viable. Indica que durante el año 2023 la municipalidad, por decisión propia, dejó de pagar el arriendo, abandonó el terreno y dejó de realizar las acciones de cierre técnico, con lo cual, nuevamente se ha convertido en lugar para el depósito de basura por parte de algunas personas que han aprovechado el abandono del inmueble. Aduce que la Municipalidad de Pérez Zeledón la ha vaciado de los atributos del dominio en relación con el inmueble dicho y no ha iniciado trámite alguno para expropiar el bien que por un período mínimo de 20 años, no se podrá realizar otra actividad que no sea el monitoreo, vigilancia y control; que nunca va a poder ser utilizado en otra cosa que no sea su protección, pues en razón misma del impacto ambiental sufrido, ya no será apto para la construcción y podrá ser destinado únicamente al crecimiento vegetal, ya que el subsuelo seguirá conformado por los desechos que no se han descompuesto en el primer período de 20 años (en el cual se eliminan los desechos orgánicos, los lixiviados, los gases y la conformación del suelo ante la descomposición sufrida en estos años) pero quedarán los plásticos, metales y demás desechos que durarán muchísimos años más. Describe que, como consecuencia, el subsuelo no tendrá una composición sólida para la infraestructura de construcción que se quisiera o pudiera desarrollar en el sitio; pues los sitios que se han destinado a la disposición de desechos finalmente sirven únicamente como un parque, zonas de esparcimiento y recreo, como ocurre con Río Azul y en este caso, la municipalidad tiene en estado de abandono el inmueble; con lo cual, debido a las lluvias, el terreno se ha erosionado, circunstancia que hace que basura, gases y lixiviados se vean expuestos y muchas personas lo están utilizando como botadero clandestino, lo que genera un serio problema que atenta severamente contra la salud pública, la vida y un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, todo por no realizar las acciones correspondientes a cierre técnico, las cuales se siguen posponiendo, así como la correspondiente aprobación del Ministerio de Salud. Aduce que, además de las actividades de monitoreo, vigilancia y control de los lixiviados, gases, aguas pluviales y de escorrentía del relleno sanitario, propias de la descomposición de la basura, se deben realizar actividades de reparación de deslizamientos, hundimientos, grietas y erosiones, que la municipalidad debería haber construido una planta de tratamiento, una red de captación y disposición de lixiviados, lograr el confinamiento de desechos sólidos, hacer obras de infraestructura pluvial, construir pozos de monitoreo de agua subterránea, dar mantenimiento general, limpieza, corta de maleza, reparación de daños; vigilancia y control de ingreso de la fauna nociva, sembrar pastos y realizar el cerramiento de la propiedad, entre otras; pero nada se ha hecho. Expone que las actividades de cierre técnico buscan el confinamiento seguro y el control de la contaminación del medio ambiente, así como la protección a la salud pública, por ello, la recuperación de dichas áreas implica realizar una serie de acciones para que el lugar brinde condiciones de seguridad, sanitarias y de control ambiental satisfactorias, así como para reintroducir de la flora, todo de conformidad con el numeral 46 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios N°38928-S. Reclama que se ha vaciado su derecho de propiedad privada, porque no puede ejercer los atributos del dominio, debido a la limitación al uso, el cual se ve restringido a la conservación principalmente. Aduce que es víctima de una expropiación de hecho y que la Municipalidad de Pérez Zeledón incumple las acciones y actividades atinentes al cierre técnico del Botadero Cocorí, violando así el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por otra parte, señala que la corporación ha utilizado por décadas un terreno privado para fines públicos y se ha obligado a un propietario privado a soportar las cargas del servicio público, sin que medie indemnización alguna. Solicita se ordene a la Municipalidad de Pérez Zeledón realizar las actividades de cierre técnico, dar mantenimiento y limpieza al terreno, sembrar pastos y evitar el ingreso de fauna nociva, y no ser irresponsable al grado de dejar atrás un terreno impactado y que la indemnice por la afectación sufrida por el inmueble.

2.- Mediante resolución a las 10:44 horas del 25 de octubre de 2023, se dio curso a este proceso y se le solicitó informe al alcalde y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón; así como al ministro y al director del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, ambos del Ministerio de Salud.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 2 de noviembre de 2023, Mary Denisse Munive Angermüller, en su condición de ministra, y Gustavo Rodríguez Herrera, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, ambos del Ministerio de Salud, informan bajo juramento que “Informe N° MS-DRRSBRU-DARS-PZ-741-2023: “(… En atención al oficio mencionado en el asunto, mediante el cual remiten solicitud de informe, para contestar ante la Sala Constitucional recurso de amparo incoado por la señora [Nombre 001], Expediente N° 23-026304-0007- CO, les remito el siguiente informe. Hechos: En efecto si existió un vertedero de basura a cielo abierto ubicado en la comunidad de Lomas de Cocorí, San Isidro de El General, Pérez Zeledón, en un inmueble conformado por dos propiedades, una de la municipalidad de Pérez Zeledón y otra de la señora [Nombre 001], el cual la Municipalidad de Pérez Zeledón, operó por muchos años y sin contar con Permiso sanitario de funcionamiento y sin autorización alguna del Ministerio de Salud, donde la actividad se desarrolló sin brindar en su momento un tratamiento técnico adecuado de los residuos. El expediente administrativo documenta que desde el 28 de abril del 2003, mediante la orden sanitaria N° 107-E-03, esta Área Rectora de Salud, ante la finalización de la vida útil del vertedero, el no contar con permiso del Ministerio de salud y por las deficientes condiciones físico sanitarias en que se venía operando el vertedero, mismas que constituían un factor de contaminación ambiental y afectación a la salud pública, ordenó a la Municipalidad de Pérez Zeledón presentar e implementar el cierre técnico de dicho vertedero, el cual tenía inserto el no ingresar más residuos en el lugar. Posterior a estos hechos, se recibieron formalmente varios proyectos de cierre técnico del vertedero de basura, los cuales fueron revisados por profesionales del Ministerio de Salud y devueltos para su corrección, hasta que finalmente se contó con un documento técnico aprobado, siendo que se notificó la Orden Sanitaria N° ARSPZ-ERS-MAB-311-2012 el 18 de octubre del 2012, tanto al Presidente del Concejo Municipal como a la Alcaldesa Municipal de Pérez Zeledón, en la que se ordenó en un plazo de acatamiento inmediato implementar dicho proyecto de cierre técnico del antiguo vertedero, el cual es de aclarar mantenía dentro de sus limitantes, el ingreso de residuos en el lugar desde el año 2003. Posterior a la notificación de Orden Sanitaria N° ARSPZ-ERS-MAB-311-2012, la Licda. Vera Violeta Corrales Blanco entonces Alcaldesa de la Municipalidad de Pérez Zeledón, remite a esta Área Rectora de Salud, el día 13 de noviembre de 2012, los oficios N° OFI-4417-12-DAM y N° OFI-4565-12-DAM, , mediante los cuales informa que ya se aprobó la modificación presupuestaria que incluye el presupuesto para implementar y continuar con el cierre técnico del vertedero y adjunta el cronograma de actividades, el cual fue sujeto de revisión y seguimiento de parte del Ministerio de Salud, específicamente del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón. Posteriormente se realizaron visitas al lugar, con el fin de verificar la implementación del cronograma, específicamente las acciones de cobertura de residuos, canalización, cierre perimetral, entre otras, que garantizara la aplicación de cierre técnico, donde en su momento se determinaron incumplimientos en el cronograma inicial presentado, mismos que fueron corregidos por la Municipalidad, logrando la implementación de la totalidad de las obras de cierre técnico y rehabilitación de los inmuebles utilizados como vertedero de basura, al punto de cumplir con todas las medidas del proyecto. Sobre la implementación final del cierre técnico y conclusión del proyecto, constan en el expediente los siguientes informes técnicos: • N° MS-DRRSBRU-URS-IT-257-2021, suscrito por los Ing. Salamanca y Ing. Salas, de la Unidad de Rectoría de la Salud Brunca, sobre visita realizada al sitio para verificar la regeneración de la propiedad plano SJ-7334444-88 propiedad de la señora [Nombre 001], donde se pudo constatar que las obras están implementadas, la propiedad se mantenía con mantenimiento y cercada, donde lo que se requiere es que el ente municipal demuestre documentalmente que ya han transcurrido los 20 años de mantenimiento y monitoreo. • Mediante el oficio N° MS-DRRSBRU-URS-IT-59-2022, se demuestra fehacientemente que la Municipalidad de Pérez Zeledón ejecutó los trabajos de cierre técnico, para lo que contrató los servicios de una empresa, y que determina que para un año posterior a la emisión de este informe, se tendría finiquitado dicho cierre, aproximadamente para junio de 2023, cumpliendo así, la ordenanza sanitaria N° 107-E-03, vente años posterior a su notificación. Por lo anterior, y según lo indicado en el informe N° MS-DRRSBRU-URS-IT-59-2022, y pese a no existir solicitud expresa de la Municipalidad de Pérez Zeledón, este Ministerio tiene por concluidas las obras de cierre técnico y rehabilitación ambiental de la propiedad plano SJ-7334444-88, pues técnicamente se tiene por demostrado, que han transcurrido los 20 años requeridos técnicamente de no recibir residuos de forma sistemática en el lugar. Es de reiterar que, el vertedero en este momento no representa ningún riesgo sanitario ni ambiental, pues como se indicó, tienen más de 20 años de no recibir residuos, y no se registra en esta Área Rectora de Salud, denuncia de vertido de residuos sólidos en el lugar…”. La legislación vigente, advierte sobre las acciones que deben tomar los administradores de rellenos sanitarios cuando estos finalizan su vida útil, siendo que el Decreto Ejecutivo N° 38928 “Reglamento sobre Rellenos Sanitarios”, en su artículo 32º- refiere que “… La administración del relleno sanitario debe dar aviso al Ministerio de Salud con 15 días hábiles de anticipación del cese del ingreso de residuos, ya sea porque se completó la vida útil del relleno o por otras razones de fuerza mayor por las cuales se decide dejar de recibirlos de forma definitiva”. En el caso del vertedero que existió en Pérez Zeledón, por ser costumbre de algunos Municipios en las décadas de los ochenta, noventa, e incluso fechas más recientes, compraban o arrendaban terrenos para utilizarlos como botaderos a cielo abierto, o como comúnmente se les conoce vertederos de basura, siendo el de Pérez Zeledón uno de ellos, el cual precisamente, ante el agotamiento de su vida útil, y del inadecuado manejo que se le brindó, fue objeto de ordenanza sanitaria para impedir verter más residuos en el lugar y presentar un proyecto de cierre técnico, aunque no tan complejo como lo sería un relleno sanitario en la actualidad, pero que garantizara el tratamiento de los residuos de la manera más adecuada y segura posible. Como bien se indica en el informe aportado, se ejecutó en el sitio, por parte de la Municipalidad de Pérez Zeledón, con supervisión de las autoridades del Ministerio de Salud, las acciones correspondientes a fin de asegurar que el proyecto de cierre técnico presentado se llevara a cabo, lo cual se realizó, cumpliendo ya con 20 años desde que se ordenó el no ingreso de residuos al lugar, siendo que este asunto se encuentra debidamente finiquitado para el Ministerio de Salud, resultando que a la fecha no existe en el inmueble de marras vertido alguno de residuos. No está de más indicar que el actuar de las autoridades del Ministerio de Salud, particularmente las del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón, oportunamente y en resguardo del ambiente y la salud de las personas, resultó oportuno y adecuado al solicitar el cese de ingreso de residuos en el lugar y que se presentara, de manera paralela, el proyecto de cierre técnico, para que se fuera ejecutando, siendo que en la actualidad el mismo se tiene por cumplido”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 3 de noviembre de 2023, Jeffry Gilberto Montoya Rodríguez, en su condición de alcalde, y Hanz Cruz Benamburg, en su condición de presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, informan bajo juramento que “(…) I: Se acepta parcialmente, es cierto que la recurrente es propietaria del inmueble folio real 1-361123-000, se rechaza absolutamente que la Municipalidad haya cambiado la naturaleza del inmueble, dado que el uso dado a la propiedad es por voluntad de su propietaria que dispuso esa propiedad mediante los mecanismos de contratación, para el servicio de disposición final de residuos, para lo cual la Municipalidad hacía el pago correspondiente. II: Se acepta parcialmente, Es cierto que la Municipalidad canceló un precio de arriendo, que fue aumentando con los años, para el servicio de disposición final de residuos en la propiedad folio real 1-361123-000, se rechaza absolutamente que el cierre técnico no se haya realizado, pues precisamente para ello se impulsaron los procesos de contratación directa que se consignan con los expedientes N° 2007CD-000001-SPM, 2010CD-000001-SPM, 2011CD000001-SPM, 2012CD-000028-SPM, 2013CD-000001-SPM y 2014CD-000001- SPM, de lo cual da fe el documento INF-006-10-SOM, documentos que se adjuntan como prueba. III: Se acepta parcialmente, La misma recurrente reconoce en este hecho que el cierre técnico se realizó, a partir del año 2004, la Municipalidad inició las obras del Cierre Técnico del Vertedero, la recurrente aceptó dar en arrendamiento el inmueble a la Municipalidad para el objeto de esa contratación (cierre técnico), por lo que la Municipalidad canceló en tiempo y forma el pago convenido, se rechaza absolutamente que el cierre técnico sea determinado en forma unilateral por la Municipalidad pues para ello existe toda una normativa, que se brinda en seguimiento con las autoridades del Ministerio de Salud que la misma recurrente cita. IV: Se acepta. Efectivamente como lo señala la recurrente en el mes de abril de 2023, el señor Álvaro Murillo Mora, Coordinador de Gestión Ambiental, comunicó al Alcalde Municipal el estado de las acciones de cierre técnico realizadas, y la imposibilidad de realizar un estudio de mercado que lleve a determinar la idoneidad del bien que se pretende arrendar, así como la imposibilidad de realizar un estudio para determinar que la propiedad que se pretende alquilar a la recurrente es la más viable, lo que no informa la recurrente es que este informe se genera con ocasión del proceso de arrendamiento de la propiedad que se estaba llevando a cabo en ese momento y para lo cual la norma establece, como se verá en el punto siguiente en detalle, la obligación de realizar los estudios a los que hace referencia el señor Murillo Mora. V: Se rechaza absolutamente. Es absolutamente falso que la Municipalidad por decisión propia, dejara de pagar el precio de arriendo que venía pagando, abandonó el terreno y dejó de realizar acciones de cierre técnico. El contrato de arrendamiento que suscribió esta Municipalidad con la señora [Nombre 001], finalizó el día 31 de diciembre de 2022, sea esto de forma posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública, momento para el cual no había un proceso de contratación nuevo, ni se había emitido una decisión inicial que pueda ser finalizada con la ley anterior con forme al transitorio I de la ley actualmente en vigencia, situación que hace imposible legalmente para esta Administración Municipal darle vida a un instrumento jurídico fenecido y en los mismos términos en que se encontraba el anterior. Ahora bien, para llevar a cabo la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles, a partir del 1° de diciembre del 2022, fecha de entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública N°9986, han cambiado las condiciones para arrendar con la Administración Pública, y las Municipalidades deben obligatoriamente estarse a las normas especiales en ella planteadas. Es así como a partir de la fecha de previa cita, la Administración Pública puede comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, sin emplear procedimientos ordinarios, sin embargo, para aplicar este procedimiento de excepción se requerirá en todos los casos, cumplir con los presupuestos del artículo 67 de le Ley de Contratación Pública, y 167 de su reglamento, que se describen a continuación. a) Estudio que demuestre que la opción seleccionada es la más rentable y viable. Para ello, se pueden utilizar los instrumentos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). b) Avalúo elaborado por el órgano especializado de la Administración respectiva, o en su defecto por la Dirección General de Tributación u otra entidad pública competente que defina el valor del inmueble o el precio del arrendamiento. c) Estudio de mercado que lleve a determinar la idoneidad del bien que se pretende adquirir o arrendar. d) Acto motivado adoptado por el máximo jerarca o por quien este delegue. Tal acto deberá tener como fundamento todo lo indicado en los incisos anteriores. Añade además el artículo de la ley de cita que “Tratándose del arrendamiento de bienes inmuebles resultará aplicable en lo que corresponda la Ley 7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, de 10 de julio de 1995. Para el reajuste de la renta o precio se aplicará lo dispuesto en el artículo 67 de esa ley. Mientras que el artículo 167 del Reglamento a la ley manifiesta: “Tratándose del arrendamiento de bienes inmuebles resultará aplicable en lo que corresponda la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N°7527 de 10 de julio de 1995. Para el reajuste de la renta se aplicará lo dispuesto en el artículo 67 de esa ley, lo cual regirá para el caso particular de arrendamientos celebrados con la Administración, conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública”, y ambos instrumentos jurídicos coinciden en que “De no cumplirse alguno de los anteriores requisitos deberá promoverse el procedimiento que por monto corresponda…” El subrayado es propio. De lo antes señalado podemos desprender sin mayor dificultad cómo, la ley en estudio remite el tema del arrendamiento de bienes inmuebles a la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos en lo que corresponda, sin embargo, se reserva y excluye puntualmente de esta referencia, la regulación correspondiente a la modificación de precios de la renta o el precio, elemento que según se indica deberá fijarse aplicando lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley, lo cual nos remite nuevamente a los cuatro elementos sine qua non que fija la norma para la compra y/o arrendamiento de bienes inmuebles mediante procedimiento especial. Hasta este punto tenemos como, efectivamente para ciertos elementos del arrendamiento puede ser utilizada la Ley de Arrendamientos Urbanos, empero el reajuste de la renta, que es el punto que mantiene disconforme a la recurrente, no es uno de ellos y se deja la aplicación de este factor expresamente atado a los alcances de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento. Si algo ha privado en este proceso es la transparencia, tanto así que, tal y como la misma señora [Nombre 001], lo ha reconocido, se le llamo a una reunión de la cual participaron todas las personas de su ciclo familiar que ella tuvo a bien, y se le explicó ampliamente el tema de la entrada en vigencia de la Ley 9986, y la obligación de ajustarnos a la misma para iniciar el nuevo proceso de arrendamiento, dado el vencimiento del anterior, e incluso se le planteo la posibilidad de expropiar, opción que según indicaron sus hijos, analizarían en el núcleo familiar para de forma posterior, apersonarse a esta Alcaldía Municipal a informar sus conclusiones, situación que no ha acontecido hasta el día de hoy. Paralelamente y de forma inmediata, esta administración Municipal remitió al Concejo Municipal el expediente administrativo en cumplimiento del artículo 67 de la ley y 167 del reglamento a la Ley de Contratación Pública para iniciar el proceso de arrendamiento según la legislación vigente y atinente al caso concreto, procedimiento que culminó satisfactoriamente con el acuerdo de aprobación del procedimiento especial y el inicio de la invitación al propietario registral del bien inmueble seleccionado para continuar el cierre técnico del antiguo vertedero municipal. Sin embargo, a pesar de haber sido oportunamente comunicada la recurrente nunca ofertó en SICOP, razón por la cual el arrendamiento no se pudo concretar, y el Concejo Municipal tomó el acuerdo de declarar infructuoso el Procedimiento Especial 2023XE-000002-0004611901, correspondiente al “Alquiler de terreno para el proyecto de cierre técnico del vertedero de basura municipal, control y seguimiento por décimo cuarto consecutivo, Sub Proceso de Gestión Ambiental”. En su lugar la señora [Nombre 001] presenta un escrito donde manifiesta no estar de acuerdo con la aplicación de la ley 9986, escrito que fue contestado en tiempo mediante documento OFI-0950-23-DAM, inconforme con lo resuelto, es que en fecha 09 de mayo de 2023 la interesada presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio, cuya revocatoria fue resuelta mediante documento RES-059-23-DAM de las catorce horas con treinta y cuatro minutos del día doce de junio del año dos mil veintitrés, y cuya apelación subsidiaria fue trasladada a conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo en fecha 16 de junio de 2023, en fecha 14 de junio de 202 la señora [Nombre 001] presenta ante esta Administración Municipal el documento denominado RECLAMO ADMINISTRATIVO – BOTADERO MUNCIPAL, el cual, por versar sobre el mismo tema, fue agregado al expediente administrativo y trasladado a conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo, situación que fue puesta en conocimiento de la recurrente mediante documento OFI-1549-23-DAM. Con respecto a este tema el Tribunal Contencioso Administrativo se pronunció mediante resolución No. 2023004059 de las catorce horas del tres de octubre del 2023, RECHAZANDO DE PLANO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL RECURRENTE. De lo antes expuesto se desprende como, la Municipalidad de Pérez Zeledón ha realizado todas las gestiones que el principio de legalidad y la normativa vigente nos prescriben, para alquilar el terreno de la señora [Nombre 001], sin embargo, ha sido la recurrente quien se ha negado a ofertar y concretar el Proceso. Es absolutamente falso que la Municipalidad haya declinado pagar el arrendamiento para terminar el plazo de 20 años del cierre técnico, del cual se insiste, ya la Municipalidad realizó la totalidad de las obras que se requerían, en este sentido, el contrato de arrendamiento venció y la recurrente mediante una nota que presentó en fecha 09/05/2023, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la propuesta que la Municipalidad le extendió para el contrato, dicha situación fue resuelta por la Alcaldía Municipal el 2 de mayo del año 2023 y reiterada esa decisión como firme mediante la resolución N° 2023004059 de la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo Y Civil De Hacienda que se adjunta como prueba. Ha sido por la voluntad de la recurrente que esta Administración Municipal no ha podido arrendar el terreno. VI: Se rechaza absolutamente. Es falso que a la fecha la Municipalidad de Pérez Zeledón no haya iniciado trámite alguno para expropiar el inmueble, cuando tal y como le consta a la recurrente, se le llamo de forma presencial a una reunión a la que le acompañaron sus familiares, en esa reunión con mucho respeto se le puso en conocimiento del avalúo realizado a la propiedad, y se le informo sobre la posibilidad de iniciar el proceso expropiatorio, bajo los parámetros de la ley General de Contratación Pública No.9986, sin embargo, esa propuesta fue contestada por la recurrente como “la propuesta verbal es INACEPTABLE de su parte, como dueña del citado inmueble y lo toma como un insulto a su inteligencia” tal y como lo dejo ver en escrito de requerimiento de pago presentado. Posición que lamentamos profundamente, considerando que el tema en cuestión siempre se ha tratado con la mayor sensibilidad, respeto y cordialidad que corresponde, sin embargo, existe nueva legislación específica que como administración pública no podemos obviar, importante es recalcar que la propuesta efectuada nunca fue presentada de manera antojadiza, intuitiva o empírica, sino que obedece a un avalúo serio realizado por la perita en la materia. Situación por la cual esta administración municipal opto por continuar únicamente el proceso de arrendamiento y no incrementar el conflicto que ya presentaba la recurrente. Es absolutamente falso que la Municipalidad haya vaciado de los atributos del dominio a la recurrente en relación con el inmueble, tómese en cuenta que la Municipalidad realizó todas las obras requeridas en relación con el cierre técnico del vertedero, tiempo durante el cual mantuvo un contrato de arrendamiento con su propietaria, sin embargo a pesar de que a la fecha las obras se encuentran concluidas y ya no es necesario realizar nuevas gestiones constructivas, no se puede realizar el monitoreo pretendido por la recurrente, considerando que ésta a la fecha se niega a formalizar un nuevo contrato. VII: Se rechaza en todos sus extremos. Es la negativa de la recurrente a arrendar la que ha ocasionado una imposibilidad legal para que la Municipalidad pueda continuar realizando el monitoreo del terreno, dada precisamente la condición de propiedad privada que ostenta el terreno. La Municipalidad a través de diversos contratos de arrendamiento a cancelado lo correspondiente a la recurrente, mientras se realizaban todas las obras necesarias para el cierre técnico, dada la orden girada por la Sala Constitucional en su resolución 2004-12825 de las once horas con cuarenta minutos del doce de noviembre del dos mil cuatro. En este momento las obras de cierre técnico que debía realizar la municipalidad en el inmueble se encuentran finalizadas, y la recurrente se niega a arrendar, situación que ha ocasionado que este Gobierno Local se vea impedido legalmente a realizar las actividades de monitoreo, vigilancia y control que pretende la recurrente, por la condición de propiedad privada que ostenta el terreno. En este sentido, considera esta representación no se han vulnerado los derechos fundamentales de la recurrente”. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 27 de noviembre de 2023, la recurrente se apersona y manifiesta que otorgó poder especial judicial al señor José Luis Rodríguez Jiménez.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 8 de diciembre de 2023, el señor José Luis Rodríguez Jiménez se apersona y replica los informes rendidos por parte de la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Ministerio de Salud.

7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que es propietaria registral del inmueble matrícula nro. 361123-000, ubicado en el distrito primero de San Isidro General, del cantón décimo noveno Pérez Zeledón de la Provincia de San José, a 1.5 kilómetros al sur de la Plaza de Deportes en Lomas de Cocorí. En ese sentido, menciona que desde hace 25 años la Municipalidad de Pérez Zeledón la ha utilizado como botadero de basura por medio de una propuesta de arriendo de esta para dedicarla al depósito de la basura producida en el cantón, propuesta que fue aceptada y se estableció un precio de arriendo que fue aumentando con los años; sin embargo, reclama que el municipio accionado lo convirtió en un botadero a cielo abierto y cuando se ordenó el cierre técnico no ha realizado las labores de cierre correspondientes. Reprocha que por el actuar de la Municipalidad recurrida no es posible realizar un estudio de mercado que determine la idoneidad del bien para ser alquilado, ya que fue utilizado para el depósito de residuos sólidos, tampoco se puede realizar un estudio que demuestre cuál puede ser la opción más rentable y viable. Acusa que durante el año 2023 la autoridad recurrida dejó de pagar el arriendo, abandonó el terreno y dejó de realizar las acciones de cierre técnico, con lo cual, nuevamente se ha convertido en lugar para el depósito de basura por parte de algunas personas que han aprovechado el abandono del inmueble. Estima que la Municipalidad de Pérez Zeledón debería haber construido una planta de tratamiento, una red de captación y disposición de lixiviados, lograr el confinamiento de desechos sólidos, hacer obras de infraestructura pluvial, construir pozos de monitoreo de agua subterránea, dar mantenimiento general, limpieza, corta de maleza, reparación de daños; vigilancia y control de ingreso de la fauna nociva, sembrar pastos y realizar el cerramiento de la propiedad, entre otras; pero nada se ha hecho. Por lo anterior, reclama que se ha vaciado su derecho de propiedad privada, debido a que no puede ejercer los atributos de dominio. Solicita se ordene a la Municipalidad de Pérez Zeledón realizar las actividades de cierre técnico, dar mantenimiento y limpieza al terreno, sembrar pastos y evitar el ingreso de fauna nociva, y no ser irresponsable al grado de dejar atrás un terreno impactado y que la indemnice por la afectación sufrida por el inmueble.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 

La recurrente es propietaria registral del inmueble matrícula nro. 361123-000, ubicado en el distrito primero de San Isidro General, del cantón décimo noveno Pérez Zeledón de la Provincia de San José, a 1.5 kilómetros al sur de la Plaza de Deportes en Lomas de Cocorí (hecho incontrovertido).

Sobre las actuaciones del Ministerio de Salud.

Mediante la orden sanitaria nro. 107-E-03 del 28 de abril de 2003, el Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón le ordenó a la Municipalidad de Pérez Zeledón presentar e implementar el cierre técnico del vertedero por no contar con los permisos del Ministerio de Salud y por las deficientes condiciones físico-sanitarias en que operaba (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
Mediante la orden sanitaria nro. ARSPZ-ERS-MAB-311-2012 del 187de octubre de 2012, el Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón le ordenó a la Municipalidad de Pérez Zeledón implementar el proyecto de cierre técnico del antiguo botadero ubicado en Lomas de Cocori, el cual fue aprobado por la Dirección del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
Mediante oficio MS-DRRSBRU-URS-IT-257-2021 del 27 de octubre de 2021 del 27 de octubre de 2021, las autoridades del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón realizaron una inspección al antiguo vertedero de Pérez Zeledón de la cual concluyeron lo siguiente: “Se observó condiciones del terreno correspondiente a primera etapa de cierre técnico del Vertedero Municipal de Cocori, mismas que cuentan con mantenimiento municipal. Para lograr cerrar definitivamente el caso de cierre técnico en su primera etapa, es requerido que la Municipalidad demuestre documentación que posterior la suspensión del depósito de residuos sólidos del sitio, ya han transcurrido los 20 años de mantenimiento y monitoreo del sitio” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
Mediante oficio MS-DRRSBRU-URS-IT-59-2022 del 9 de junio de 2022, , las autoridades del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón indicaron que “para que se cumplan con los 20 años de la no utilización del Vertedero y para cumplir con el tiempo establecido del cierre técnico tal y como lo solicita la Normativa Vigente, resta todavía un año, transcurrido el cual, la Municipalidad de Pérez Zeledón podrá oficialmente solicitar a este Ministerio de Saluda el dar por cumplido el cierre técnico de dicho vertedero” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);
Las autoridades del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón junto con las autoridades de la Municipalidad de Pérez Zeledón ejecutaron el cierre técnico, por lo que a la fecha no existe en el inmueble vertido alguno de residuos (ver informe rendido bajo juramento);
El director del Área Rectora de Salud de Pérez Zeledón afirmó lo siguiente: “el vertedero en este momento no representa ningún riesgo sanitario ni ambiental, pues como se indicó, tienen más de 20 años de no recibir residuos, y no se registra en esta Área Rectora de Salud, denuncia de vertido de residuos sólidos en el lugar” (ver informe rendido bajo juramento).

Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Desde marzo de 1993, la Municipalidad de Pérez Zeledón comenzó a utilizar una propiedad municipal y la propiedad de la recurrente para dar disposición final a los residuos que se generaban en el cantón de Pérez Zeledón (ver informe rendido bajo juramento);
En el 2004, la Municipalidad de Pérez Zeledón inició las obras del cierre técnico del vertedero, para lo cual la recurrente aceptó dar en arrendamiento su inmueble mediante los mecanismos de contratación para dicho fin (ver informe rendido bajo juramento);
La Municipalidad de Pérez Zeledón impulsó las siguientes contrataciones directas para efectuar el cierre técnico: 2007CD-000001-SPM, 2010CD-000001-SPM, 2011CD-000001-SPM, 2012CD-000028-SPM, 2013CD-000001-SPM y 2014CD-000001- SPM (ver informe rendido bajo juramento);
El contrato de arredramiento que suscribió la Municipalidad de Pérez Zeledón con la recurrente finalizó el 31 de diciembre de 2022 (ver informe rendido bajo juramento);
En fecha indeterminada, las autoridades de la Municipalidad de Pérez Zeledón remitieron el procedimiento especial administrativo nro. 2023XE-0000020004611901 “Alquiler de terreno para el proyecto de cierre técnico del vertedero de basura municipal, control y seguimiento por décimo cuarto consecutivo, Sub Proceso de Gestión Ambiental” para dar inicio al proceso de arredramiento; sin embargo, la recurrente no presentó la oferta en SICOP, por lo que se declaró infructuoso (ver informe rendido bajo juramento);
El 9 de mayo de 2023, la recurrente formuló un recurso de revocatoria con apelación en subsidio (ver informe rendido bajo juramento);
Mediante la resolución RES-059-23-DAM de las 14:34 horas del 12 de junio de 2023, la Municipalidad de Pérez Zeledón resolvió la revocatoria y remitió la documentación necesaria ante el Tribunal Contencioso Administrativo para la resolución de la apelación (ver informe rendido bajo juramento);
Mediante resolución nro. 2023004059 de las 14;00 horas del 3 de octubre de 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó de plano el recurso de apelación formulado (ver informe rendido bajo juramento).

III.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente manifiesta que es propietaria registral del inmueble matrícula nro. 361123-000, ubicado en el distrito primero de San Isidro General, del cantón décimo noveno Pérez Zeledón de la Provincia de San José, a 1.5 kilómetros al sur de la Plaza de Deportes en Lomas de Cocorí. En ese sentido, menciona que desde hace 25 años la Municipalidad de Pérez Zeledón la ha utilizado como botadero de basura por medio de una propuesta de arriendo de esta para dedicarla al depósito de la basura producida en el cantón, propuesta que fue aceptada y se estableció un precio de arriendo que fue aumentando con los años; sin embargo, reclama que el municipio accionado lo convirtió en un botadero a cielo abierto y cuando se ordenó el cierre técnico no ha realizado las labores de cierre correspondientes. Reprocha que por el actuar de la Municipalidad recurrida no es posible realizar un estudio de mercado que determine la idoneidad del bien para ser alquilado, ya que fue utilizado para el depósito de residuos sólidos, tampoco se puede realizar un estudio que demuestre cuál puede ser la opción más rentable y viable. Acusa que durante el año 2023 la autoridad recurrida dejó de pagar el arriendo, abandonó el terreno y dejó de realizar las acciones de cierre técnico, con lo cual, nuevamente se ha convertido en lugar para el depósito de basura por parte de algunas personas que han aprovechado el abandono del inmueble. Estima que la Municipalidad de Pérez Zeledón debería haber construido una planta de tratamiento, una red de captación y disposición de lixiviados, lograr el confinamiento de desechos sólidos, hacer obras de infraestructura pluvial, construir pozos de monitoreo de agua subterránea, dar mantenimiento general, limpieza, corta de maleza, reparación de daños; vigilancia y control de ingreso de la fauna nociva, sembrar pastos y realizar el cerramiento de la propiedad, entre otras; pero nada se ha hecho. Por lo anterior, reclama que se ha vaciado su derecho de propiedad privada, debido a que no puede ejercer los atributos de dominio. Solicita se ordene a la Municipalidad de Pérez Zeledón realizar las actividades de cierre técnico, dar mantenimiento y limpieza al terreno, sembrar pastos y evitar el ingreso de fauna nociva, y no ser irresponsable al grado de dejar atrás un terreno impactado y que la indemnice por la afectación sufrida por el inmueble.

Al respecto, del estudio de los autos, se tiene que la recurrente es propietaria registral del inmueble matrícula nro. 361123-000, ubicado en el distrito primero de San Isidro General, del cantón décimo noveno Pérez Zeledón de la Provincia de San José, a 1.5 kilómetros al sur de la Plaza de Deportes en Lomas de Cocorí. Ahora bien, en relación con el objeto de este proceso, en primer lugar, se debe advertir que este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar, de acuerdo con el marco normativo, los supuestos fácticos y los criterios técnicos, si existe o no algún cumplimiento contractual por parte de la Municipalidad accionada según lo indicado por la recurrente; ello, por cuanto el supuesto incumplimiento a lo pactado en su momento entre la recurrente y el municipio accionado es un tema de mera legalidad que debe ser dirimido en la vía ordinaria competente, pues escapa de las competencias de la sumariedad del amparo en sede constitucional. Adicionalmente, cabe aclararle a la recurrente que esta Sala no es una instancia de revisión de criterios técnicos, ni tampoco tiene competencia para sustituir esos criterios ni decidir entre dos o más de ellos que sean opuestos.

 Finalmente, respecto a la supuesta lesión al derecho a un ambiente sano y ecológico, este Tribunal pudo acreditar que contrario a lo alegado por la recurrente, los representantes del Ministerio de Salud informaron bajo la solemnidad del juramento que a la fecha no existe en el inmueble en disputa vertido alguno de residuos, pues las autoridades de la Municipalidad recurrido cumplieron con la orden del cierre técnico dictado y han transcurrido más de 20 años de que no reciben desechos, por tal motivo es que sostienen que actualmente el vertedero no representa ningún riesgo sanitario ni ambiental. De ese modo, si la recurrente se muestra disconforme con lo resuelto por los recurridos, deberá, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades y reclamos ante las propias autoridades recurridas o en la vía de legalidad ordinaria correspondiente a fin de hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

IV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Hubert Fernández A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 OGBJYMPWY1Q61

EXPEDIENTE N° 23-026304-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:06:16.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 00409 - 2024

Resolution Date: January 12, 2024 at 09:15

Case File: 23-026304-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of Matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

Text of the resolution

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Exp: 23-026304-0007-CO

Res. No. 2024000409

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twelfth of January two thousand twenty-four.

An amparo appeal processed under case file number 23-026304-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALITY OF PÉREZ ZELEDÓN and the MINISTRY OF HEALTH.

Whereas:

1.- By a document received at the Secretariat of the Chamber on October 24, 2023, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Pérez Zeledón and the Ministry of Health. She states that she is the registered owner of property registration number 361123-000, located in the first district of San Isidro General, of the nineteenth canton Pérez Zeledón of the Province of San José, 1.5 kilometers south of the Sports Plaza in Lomas de Cocorí. She indicates that it measures thirty thousand nine hundred seventy-four square meters (30,974 square meters), Cadastral Plan SJ-0734444-1988, that the nature of this property was agriculture and livestock, but for the last 25 years the Municipality of Pérez Zeledón has used it as a garbage dump through a proposal to lease this property to dedicate it to the deposit of garbage produced in the canton, a proposal that was accepted and a lease price was established that increased over the years. However, she claims that the Municipality turned the site into an open-air dump, and when the technical closure (cierre técnico) was ordered for violation of environmental regulations, it stopped bringing more garbage to the site, but did not perform the corresponding technical closure work. She narrates that she and the Municipality signed a contract on January 14, 2014, for the lease of land for the technical closure project of the municipal garbage dump, contract CON-2014-000001-SPM, to develop the Control and Monitoring Project for the fifth consecutive year of the Technical Closure carried out by the municipality. She describes that, according to the contract, for up to 12 months (from January to December 2014), the definitive technical closure project of the dump would be carried out because it had completed its utilization cycle; the foregoing, in compliance with Article 32 of the Sanitary Landfill Regulation No. 27378-S and the guide for carrying out the technical closure of a municipal solid waste dump issued by IFAM. She describes that subsequently, on April 11, 2023, by official communication OFI-0315-23-SGA, signed by Álvaro Murillo Mora, in his capacity as environmental management coordinator, addressed to the mayor Mr. Jeffry Montoya Rodríguez, it stated: "The Property with Cadastral Plan SJ-0734444-1988 in the name of [Name 001] has been rented for the purpose of developing technical closure actions, regarding this the Municipality has been carrying out stormwater collection and conveyance actions and at the time actions for conveyance were developed, cover material (soil) has been received in order to continue placing layers of soil over the confined material (garbage) and in order to counteract the erosion to which the land is exposed. In the same vein, work has been done on the release of gases resulting from the decomposition of solid waste and the perimeter closure, although it has suffered acts of vandalism so the Environmental Management office must continually undertake actions to replace chimneys and wire for the perimeter closure, therefore it is not possible to carry out these technical closure works on other properties, because it is this property that has solid waste confined in cells that are underground." Regarding the technical closure, she indicates that Article 46 of the Regulation on Sanitary Landfills (No. 38928-S) prohibits building in cell areas for a period of 20 years counted from the end of the useful life of the landfill and afterwards, if any building is desired, geotechnical studies must be carried out to verify the stability of the land and that there are no gases and leachates (lixiviados). She points out that there is also an IFAM guide for carrying out the technical closure of a solid waste dump and consequently, the municipality has developed the following actions: "• For a minimum period of 20 years, not to use the site for any activity other than monitoring, surveillance, and control separately. • Have material available to repair landslides, subsidence, cracks, erosion. • Carry out general maintenance, cleaning, weed cutting, damage repair. • Surveillance and control of the entry of harmful fauna. • Sowing of grasses." She explains that it is not possible to carry out a market study to determine the suitability of the property to be rented, since it was used for the deposit of solid waste, nor can a study be conducted to demonstrate what the most profitable and viable option could be. She indicates that during the year 2023, the municipality, by its own decision, stopped paying the rent, abandoned the land, and stopped carrying out the technical closure actions, whereby, it has once again become a place for the deposit of garbage by some people who have taken advantage of the abandonment of the property. She alleges that the Municipality of Pérez Zeledón has emptied her of the attributes of ownership in relation to said property and has not initiated any procedure to expropriate the property, which for a minimum period of 20 years cannot be used for any activity other than monitoring, surveillance, and control; that it will never be able to be used for anything other than its protection, since precisely due to the environmental impact suffered, it will no longer be suitable for construction and can only be destined for plant growth, since the subsoil will continue to be composed of waste that has not decomposed in the first 20-year period (in which organic waste, leachates, gases, and soil formation are eliminated due to the decomposition suffered in these years) but plastics, metals, and other waste will remain that will last many more years. She describes that, as a consequence, the subsoil will not have a solid composition for the construction infrastructure that one might wish or could develop on the site; since the sites that have been destined for waste disposal ultimately serve only as a park, areas for recreation and leisure, as occurs with Río Azul, and in this case, the municipality has the property in a state of abandonment; whereby, due to the rains, the land has eroded, a circumstance that causes garbage, gases, and leachates to be exposed and many people are using it as a clandestine dump, which generates a serious problem that severely threatens public health, life, and a healthy and ecologically balanced environment, all because of not carrying out the corresponding technical closure actions, which continue to be postponed, as well as the corresponding approval from the Ministry of Health. She argues that, in addition to the monitoring, surveillance, and control activities for leachates, gases, stormwater, and runoff from the sanitary landfill, inherent to the decomposition of garbage, repair activities for landslides, subsidence, cracks, and erosion must be carried out, that the municipality should have built a treatment plant, a leachate collection and disposal network, achieve the confinement of solid waste, carry out stormwater infrastructure works, build groundwater monitoring wells, perform general maintenance, cleaning, weed cutting, damage repair; surveillance and control of the entry of harmful fauna, sow grasses, and establish the property's enclosure, among others; but nothing has been done. She explains that technical closure activities seek the safe confinement and control of environmental contamination, as well as the protection of public health, therefore, the recovery of these areas implies carrying out a series of actions so that the site provides satisfactory safety, health, and environmental control conditions, as well as for the reintroduction of flora, all in accordance with section 46 of the Regulation on Sanitary Landfills No. 38928-S. She claims that her right to private property has been emptied, because she cannot exercise the attributes of ownership, due to the limitation on use, which is restricted mainly to conservation. She argues that she is a victim of a de facto expropriation and that the Municipality of Pérez Zeledón fails to comply with the actions and activities related to the technical closure of the Cocorí Dump, thus violating the right to a healthy and ecologically balanced environment. On the other hand, she points out that the corporation has used a private land for public purposes for decades and has forced a private owner to bear the burdens of the public service, without any compensation. She requests that the Municipality of Pérez Zeledón be ordered to carry out the technical closure activities, provide maintenance and cleaning of the land, sow grasses, and prevent the entry of harmful fauna, and not be irresponsible to the degree of leaving behind an impacted land, and that it compensate her for the affectation suffered to the property.

2.- By a resolution at 10:44 hours on October 25, 2023, this process was given course and a report was requested from the mayor and the president of the Council, both of the Municipality of Pérez Zeledón; as well as from the minister and the director of the Health Governing Area of Pérez Zeledón, both of the Ministry of Health.

3.- By document incorporated into the digital case file on November 2, 2023, Mary Denisse Munive Angermüller, in her capacity as minister, and Gustavo Rodríguez Herrera, in his capacity as director of the Health Governing Area of Pérez Zeledón, both of the Ministry of Health, report under oath that "Report No. MS-DRRSBRU-DARS-PZ-741-2023: '(...) In response to the communication mentioned in the subject line, through which you forward a request for a report, to respond before the Constitutional Chamber to the amparo appeal filed by Mrs. [Name 001], Case File No. 23-026304-0007-CO, I am sending you the following report. Facts: There indeed existed an open-air garbage dump located in the community of Lomas de Cocorí, San Isidro de El General, Pérez Zeledón, on a property consisting of two lots, one belonging to the municipality of Pérez Zeledón and the other to Mrs. [Name 001], which the Municipality of Pérez Zeledón operated for many years and without having a Sanitary Operating Permit and without any authorization from the Ministry of Health, where the activity was carried out without providing, at the time, adequate technical treatment of the waste. The administrative file documents that since April 28, 2003, through Sanitary Order No. 107-E-03, this Health Governing Area, given the end of the useful life of the dump, the lack of a permit from the Ministry of Health, and the deficient physical-sanitary conditions under which the dump had been operating, which themselves constituted a factor of environmental contamination and affectation to public health, ordered the Municipality of Pérez Zeledón to present and implement the technical closure of said dump, which included the prohibition on bringing more waste into the site. Subsequent to these events, several technical closure projects for the garbage dump were formally received, which were reviewed by Ministry of Health professionals and returned for correction, until finally there was an approved technical document, with Sanitary Order No. ARSPZ-ERS-MAB-311-2012 being notified on October 18, 2012, to both the President of the Municipal Council and the Municipal Mayor of Pérez Zeledón, in which it was ordered, with a term of immediate compliance, to implement said technical closure project of the former dump, which, it must be clarified, maintained among its limitations, the prohibition on bringing waste into the site since 2003. After the notification of Sanitary Order No. ARSPZ-ERS-MAB-311-2012, Ms. Vera Violeta Corrales Blanco, then Mayor of the Municipality of Pérez Zeledón, sent to this Health Governing Area, on November 13, 2012, official communications No. OFI-4417-12-DAM and No. OFI-4565-12-DAM, through which she reports that the budgetary modification was already approved, which includes the budget to implement and continue with the technical closure of the dump and attaches the schedule of activities, which was subject to review and follow-up by the Ministry of Health, specifically from the Health Governing Area of Pérez Zeledón. Subsequently, visits were made to the site, in order to verify the implementation of the schedule, specifically the waste coverage, channeling, and perimeter closure actions, among others, to guarantee the application of the technical closure, where at the time non-compliances were determined in the initial schedule presented, which were corrected by the Municipality, achieving the implementation of the totality of the technical closure works and rehabilitation of the properties used as a garbage dump, to the point of complying with all the project measures. Regarding the final implementation of the technical closure and conclusion of the project, the following technical reports are on file: • No. MS-DRRSBRU-URS-IT-257-2021, signed by Eng. Salamanca and Eng. Salas, from the Brunca Health Stewardship Unit, regarding a visit made to the site to verify the regeneration of property plan SJ-7334444-88, property of Mrs. [Name 001], where it was possible to verify that the works are implemented, the property was kept maintained and fenced, where what is required is that the municipal entity demonstrates through documentation that the 20 years of maintenance and monitoring have already elapsed. • Through official communication No. MS-DRRSBRU-URS-IT-59-2022, it is reliably demonstrated that the Municipality of Pérez Zeledón executed the technical closure works, for which it contracted the services of a company, and which determines that one year after the issuance of this report, said closure would be finalized, approximately by June 2023, thus complying with Sanitary Ordinance No. 107-E-03, twenty years after its notification. Therefore, and as indicated in report No. MS-DRRSBRU-URS-IT-59-2022, and despite there being no express request from the Municipality of Pérez Zeledón, this Ministry considers the technical closure works and environmental rehabilitation of property plan SJ-7334444-88 to be concluded, since it is technically demonstrated that the 20 years technically required for not receiving waste systematically at the site have elapsed. It must be reiterated that the dump at this time does not represent any sanitary or environmental risk, since as indicated, it has been more than 20 years since it received waste, and this Health Governing Area has no record of any complaint regarding the dumping of solid waste at the site...'. The current legislation warns about the actions that administrators of sanitary landfills must take when these complete their useful life, with Executive Decree No. 38928 'Regulation on Sanitary Landfills', in its Article 32 stating that '...The administration of the sanitary landfill must notify the Ministry of Health 15 business days in advance of the cessation of waste intake, either because the useful life of the landfill has been completed or for other force majeure reasons for which it is decided to stop receiving them definitively.' In the case of the dump that existed in Pérez Zeledón, because it was the custom of some Municipalities in the eighties, nineties, and even more recent dates, to buy or lease land to use as open-air dumps, or as they are commonly known, garbage dumps, that of Pérez Zeledón being one of them, which precisely, given the exhaustion of its useful life, and the inadequate management provided to it, was the subject of a sanitary ordinance to prevent more waste from being dumped at the site and to present a technical closure project, although not as complex as a modern sanitary landfill would be, but which would guarantee the treatment of waste in the most adequate and safe manner possible. As is well indicated in the report provided, the corresponding actions were carried out at the site by the Municipality of Pérez Zeledón, with supervision from the Ministry of Health authorities, in order to ensure that the presented technical closure project was carried out, which was done, now completing 20 years since the non-intake of waste to the site was ordered, this matter being duly finalized for the Ministry of Health, with the result that as of today there is no dumping of waste whatsoever on the property in question. It is not superfluous to indicate that the actions of the Ministry of Health authorities, particularly those of the Health Governing Area of Pérez Zeledón, were timely in safeguarding the environment and the health of the people, and were opportune and adequate in requesting the cessation of waste intake at the site and requesting that, in parallel, the technical closure project be presented, so that it could be executed, and at present it is considered fulfilled.' They request that the appeal be declared without merit.

4.- By document incorporated into the digital case file on November 3, 2023, Jeffry Gilberto Montoya Rodríguez, in his capacity as mayor, and Hanz Cruz Benamburg, in his capacity as president of the Council, both of the Municipality of Pérez Zeledón, report under oath that '(...) I: It is partially accepted, it is true that the appellant is the owner of the property with real folio 1-361123-000, it is absolutely rejected that the Municipality has changed the nature of the property, given that the use given to the property was by the will of its owner, who disposed of that property through contracting mechanisms, for the final waste disposal service, for which the Municipality made the corresponding payment. II: It is partially accepted. It is true that the Municipality paid a lease price, which increased over the years, for the final waste disposal service on the property with real folio 1-361123-000, it is absolutely rejected that the technical closure was not carried out, since precisely for this purpose the direct contracting processes were promoted that are recorded with case files No. 2007CD-000001-SPM, 2010CD-000001-SPM, 2011CD000001-SPM, 2012CD-000028-SPM, 2013CD-000001-SPM and 2014CD-000001-SPM, attested to by document INF-006-10-SOM, documents that are attached as evidence. III: It is partially accepted. The appellant herself acknowledges in this fact that the technical closure was carried out, starting in 2004, the Municipality began the works for the Technical Closure of the Dump, the appellant agreed to lease the property to the Municipality for the purpose of that contract (technical closure), for which the Municipality paid the agreed price in a timely manner, it is absolutely rejected that the technical closure is unilaterally determined by the Municipality since there is an entire regulatory framework for this, which is provided in follow-up with the Ministry of Health authorities that the appellant herself cites. IV: It is accepted. Effectively, as the appellant points out, in the month of April 2023, Mr. Álvaro Murillo Mora, Environmental Management Coordinator, communicated to the Municipal Mayor the status of the completed technical closure actions, and the impossibility of carrying out a market study that would lead to determining the suitability of the property intended to be leased, as well as the impossibility of carrying out a study to determine that the property intended to be rented from the appellant is the most viable, what the appellant does not report is that this report is generated on the occasion of the property leasing process that was being carried out at that time and for which the standard establishes, as will be seen in the following point in detail, the obligation to carry out the studies referred to by Mr. Murillo Mora. V: It is absolutely rejected. It is absolutely false that the Municipality, by its own decision, stopped paying the lease price it had been paying, abandoned the land, and stopped carrying out technical closure actions. The lease contract that this Municipality signed with Mrs. [Name 001] ended on December 31, 2022, that is, subsequent to the entry into force of the Public Procurement Law (Ley de Contratación Pública), at which time there was no new contracting process, nor had an initial decision been issued that could be finalized under the previous law in accordance with Transitional Provision I of the law currently in force, a situation that makes it legally impossible for this Municipal Administration to give life to a lapsed legal instrument under the same terms as the previous one. Now, to carry out the acquisition or lease of real estate, as of December 1, 2022, the date of entry into force of the General Public Procurement Law No. 9986, the conditions for leasing with the Public Administration have changed, and Municipalities must mandatorily abide by the special rules set forth therein. Thus, as of the aforementioned date, the Public Administration can purchase and lease real estate, without using ordinary procedures; however, to apply this exception procedure, in all cases, it will be required to comply with the requirements of Article 67 of the Public Procurement Law, and 167 of its regulation, which are described below: a) Study demonstrating that the selected option is the most profitable and viable. For this, instruments from the National Public Investment System (SNIP) may be used. b) Appraisal prepared by the specialized body of the respective Administration, or failing that, by the Dirección General de Tributación or another competent public entity that defines the value of the property or the lease price. c) Market study to determine the suitability of the property to be acquired or leased. d) A reasoned act adopted by the highest authority or by whoever they delegate. Such act must be based on everything indicated in the preceding subsections. The cited article of the law also adds that 'In the case of leasing real estate, Law 7527, General Law of Urban and Suburban Leases, of July 10, 1995, shall apply where relevant. For the adjustment of the rent or price, the provisions of Article 67 of that law shall apply.' Meanwhile, Article 167 of the Regulation to the law states: 'In the case of leasing real estate, the General Law of Urban and Suburban Leases, Law No. 7527 of July 10, 1995, shall apply where relevant. For the adjustment of the rent, the provisions of Article 67 of that law shall apply, which will govern for the particular case of leases entered into with the Administration, in accordance with the provisions of Article 67 of the General Public Procurement Law,' and both legal instruments coincide in that 'If any of the foregoing requirements are not met, the procedure corresponding to the amount must be promoted...' The underlining is ours. From the foregoing, we can deduce without great difficulty how the law under study refers the issue of leasing real estate to the Law of Urban and Suburban Leases where relevant; however, it reserves and explicitly excludes from this reference the regulation corresponding to the modification of rental prices or the price, an element which, as indicated, must be set by applying the provisions of Article 67 of the Law, which in turn refers us back to the four sine qua non elements that the rule establishes for the purchase and/or lease of real estate through a special procedure. Up to this point, we have how, indeed, for certain elements of the lease, the Law of Urban Leases can be used; however, the rent adjustment, which is the point with which the appellant remains dissatisfied, is not one of them, and the application of this factor is expressly left tied to the scope of the Public Procurement Law and its Regulation. If anything has prevailed in this process, it is transparency, so much so that, as Mrs. [Name 001] herself has acknowledged, she was called to a meeting in which all the people from her family circle that she saw fit participated, and the issue of the entry into force of Law 9986 was extensively explained to her, and the obligation to adjust to it to initiate the new leasing process, given the expiration of the previous one, and even the possibility of expropriation was raised, an option which, according to her children, they would analyze within the family nucleus to subsequently appear before this Municipal Mayor's Office to report their conclusions, a situation that has not occurred to this day. In parallel and immediately, this Municipal Administration sent the Municipal Council the administrative file in compliance with Article 67 of the law and 167 of the regulation to the Public Procurement Law to initiate the leasing process in accordance with the legislation in force and pertinent to the specific case, a procedure that culminated successfully with the agreement approving the special procedure and the initiation of the invitation to the registered owner of the selected real estate to continue the technical closure of the former municipal dump. However, despite having been timely notified, the appellant never submitted a bid through SICOP, which is why the lease could not be formalized, and the Municipal Council agreed to declare the Special Procedure 2023XE-000002-0004611901 unsuccessful, corresponding to the 'Land Lease for the municipal garbage dump technical closure project, control and monitoring for the fourteenth consecutive year, Environmental Management Sub-Process.' Instead, Mrs. [Name 001] submitted a document stating her disagreement with the application of Law 9986, a document that was answered in a timely manner through document OFI-0950-23-DAM. Dissatisfied with the resolution, on May 9, 2023, the interested party filed a motion for reversal with a subsidiary appeal, whose reversal was resolved through document RES-059-23-DAM at fourteen hours thirty-four minutes on the twelfth day of June two thousand twenty-three, and whose subsidiary appeal was referred to the knowledge of the Administrative Litigation Court on June 16, 2023. On June 14, 202, Mrs. [Name 001] submitted to this Municipal Administration the document called RECLAMO ADMINISTRATIVO – BOTADERO MUNCIPAL (ADMINISTRATIVE CLAIM – MUNICIPAL DUMP), which, as it dealt with the same topic, was added to the administrative file and referred to the knowledge of the Administrative Litigation Court, a situation that was made known to the appellant through document OFI-1549-23-DAM. Regarding this issue, the Administrative Litigation Court ruled through Resolution No. 2023004059 at fourteen hours on October 3, 2023, SUMMARILY REJECTING THE APPEAL FILED BY THE APPELLANT. From the foregoing, it is clear how the Municipality of Pérez Zeledón has carried out all the procedures that the principle of legality and the current regulations prescribe to us, to rent Mrs. [Name 001]'s land; however, it has been the appellant who has refused to submit a bid and formalize the Process. It is absolutely false that the Municipality has declined to pay the lease to complete the 20-year period of the technical closure, for which, it is reiterated, the Municipality has already completed all the works that were required. In this regard, the lease contract expired and the appellant, through a note submitted on 05/09/2023, filed a motion for reversal with a subsidiary appeal against the proposal that the Municipality extended to her for the contract; this situation was resolved by the Municipal Mayor's Office on May 2, 2023, and that decision was reiterated as final through Resolution No. 2023004059 of the Third Section of the Administrative and Civil Treasury Court, which is attached as evidence. It has been due to the appellant's will that this Municipal Administration has been unable to lease the land. VI: It is absolutely rejected.

It is false that to date the Municipality of Pérez Zeledón has not initiated any procedure to expropriate the property, when, as the appellant is well aware, she was summoned in person to a meeting accompanied by her family members; in that meeting, with great respect, she was informed of the appraisal (avalúo) conducted on the property, and she was informed of the possibility of initiating the expropriation process under the parameters of the General Public Procurement Law No. 9986 (Ley General de Contratación Pública No.9986); however, that proposal was answered by the appellant stating that “the verbal proposal is UNACCEPTABLE on her part, as owner of the aforementioned property, and she takes it as an insult to her intelligence,” as she made clear in the written payment demand submitted. A position we deeply regret, considering that the matter at hand has always been handled with the utmost sensitivity, respect, and cordiality required; however, there is new specific legislation that as a public administration we cannot ignore. It is important to emphasize that the proposal made was never presented in a capricious, intuitive, or empirical manner, but rather follows a serious appraisal (avalúo) conducted by the expert in the field. A situation for which this municipal administration chose to continue solely with the lease process and not increase the conflict that the appellant was already presenting. It is absolutely false that the Municipality has emptied the appellant of the attributes of ownership in relation to the property; note that the Municipality carried out all the required works related to the technical closure of the landfill, during which time it maintained a lease contract with its owner; however, despite the fact that to date the works are concluded and it is no longer necessary to carry out new constructive actions, the monitoring sought by the appellant cannot be performed, considering that she currently refuses to formalize a new contract. VII: Rejected in its entirety. It is the appellant's refusal to lease that has caused a legal impossibility for the Municipality to continue monitoring the land, precisely given the private property condition that the land holds. The Municipality, through various lease contracts, has paid the corresponding amounts to the appellant while all the necessary works for the technical closure were being carried out, given the order issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in its resolution 2004-12825 at eleven hours and forty minutes on November twelfth, two thousand four. At this time, the technical closure works that the municipality was required to perform on the property are completed, and the appellant refuses to lease, a situation that has caused this Local Government to be legally prevented from carrying out the monitoring, surveillance, and control activities sought by the appellant, due to the private property condition that the land holds. In this sense, this representation considers that the fundamental rights of the appellant have not been violated.” They request that the appeal be declared without merit.

5.- By brief incorporated into the digital file on November 27, 2023, the appellant appears and states that she granted special judicial power of attorney to Mr. José Luis Rodríguez Jiménez.

6.- By brief incorporated into the digital file on December 8, 2023, Mr. José Luis Rodríguez Jiménez appears and replies to the reports rendered by the Municipality of Pérez Zeledón and the Ministry of Health.

7.- In the proceedings conducted, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Purpose of the appeal. The appellant states that she is the registered owner of the property registration number 361123-000, located in the first district of San Isidro General, of the nineteenth canton Pérez Zeledón of the Province of San José, 1.5 kilometers south of the Sports Plaza in Lomas de Cocorí. In that sense, she mentions that for 25 years the Municipality of Pérez Zeledón has used it as a garbage dump by means of a lease proposal for it to be dedicated to the deposit of garbage produced in the canton, a proposal that was accepted and a lease price was established that increased over the years; however, she claims that the respondent municipality turned it into an open-air dump and when the technical closure was ordered, it has not carried out the corresponding closure tasks. She reproaches that due to the actions of the respondent Municipality, it is not possible to conduct a market study to determine the suitability of the property for rent, since it was used for solid waste disposal; nor can a study be conducted to demonstrate what the most profitable and viable option might be. She accuses that during the year 2023, the respondent authority stopped paying the lease, abandoned the land, and stopped carrying out the technical closure actions, whereby it has once again become a place for garbage dumping by some people who have taken advantage of the abandonment of the property. She considers that the Municipality of Pérez Zeledón should have built a treatment plant, a leachate capture and disposal network (red de captación y disposición de lixiviados), achieved the confinement of solid waste, carried out stormwater infrastructure works, built groundwater monitoring wells, provided general maintenance, cleaning, weed cutting, damage repair; surveillance and control of the entry of harmful fauna, sown grasses, and carried out the enclosure of the property, among others; but nothing has been done. For the foregoing, she claims that her private property right has been emptied, because she cannot exercise the attributes of ownership. She requests that the Municipality of Pérez Zeledón be ordered to carry out the technical closure activities, provide maintenance and cleaning to the land, sow grasses and prevent the entry of harmful fauna, and not be irresponsible to the point of leaving behind an impacted land, and that it compensate her for the damage suffered by the property.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:

The appellant is the registered owner of the property registration number 361123-000, located in the first district of San Isidro General, of the nineteenth canton Pérez Zeledón of the Province of San José, 1.5 kilometers south of the Sports Plaza in Lomas de Cocorí (uncontroverted fact).

Regarding the actions of the Ministry of Health.

By means of sanitary order (orden sanitaria) number 107-E-03 of April 28, 2003, the Governing Health Area (Área Rectora de Salud) of Pérez Zeledón ordered the Municipality of Pérez Zeledón to present and implement the technical closure of the landfill for not having the permits from the Ministry of Health and due to the deficient physical-sanitary conditions in which it operated (see report rendered under oath and evidence provided);
By means of sanitary order (orden sanitaria) number ARSPZ-ERS-MAB-311-2012 of October 187, 2012, the Governing Health Area of Pérez Zeledón ordered the Municipality of Pérez Zeledón to implement the technical closure project for the former dump located in Lomas de Cocori, which was approved by the Directorate of the Governing Health Area of Pérez Zeledón (see report rendered under oath and evidence provided);
By means of official letter MS-DRRSBRU-URS-IT-257-2021 of October 27, 2021, of October 27, 2021, the authorities of the Governing Health Area of Pérez Zeledón conducted an inspection of the former Pérez Zeledón landfill from which they concluded the following: “Conditions of the land corresponding to the first stage of technical closure of the Cocori Municipal Landfill were observed, which have municipal maintenance. To achieve definitively closing the technical closure case in its first stage, it is required that the Municipality demonstrate documentation that after the suspension of solid waste disposal at the site, the 20 years of maintenance and monitoring of the site have already elapsed” (see report rendered under oath and evidence provided);
By means of official letter MS-DRRSBRU-URS-IT-59-2022 of June 9, 2022, the authorities of the Governing Health Area of Pérez Zeledón indicated that “in order for the 20 years of non-use of the Landfill to be fulfilled and to comply with the established time for the technical closure as requested by the Current Regulations, one year still remains, after which, the Municipality of Pérez Zeledón may officially request this Ministry of Health to deem the technical closure of said landfill fulfilled” (see report rendered under oath and evidence provided);
The authorities of the Governing Health Area of Pérez Zeledón together with the authorities of the Municipality of Pérez Zeledón executed the technical closure, for which reason to date there is no waste dumping whatsoever on the property (see report rendered under oath);
The director of the Governing Health Area of Pérez Zeledón affirmed the following: “the landfill at this time does not represent any sanitary or environmental risk, since as indicated, more than 20 years have passed since it stopped receiving waste, and no complaint of solid waste dumping at the site is registered in this Governing Health Area” (see report rendered under oath).

Regarding the actions of the Municipality of Pérez Zeledón.

Since March 1993, the Municipality of Pérez Zeledón began using a municipal property and the appellant's property for the final disposal of waste generated in the canton of Pérez Zeledón (see report rendered under oath);
In 2004, the Municipality of Pérez Zeledón began the works for the technical closure of the landfill, for which the appellant agreed to lease her property through the procurement mechanisms for that purpose (see report rendered under oath);
The Municipality of Pérez Zeledón promoted the following direct awards (contrataciones directas) to carry out the technical closure: 2007CD-000001-SPM, 2010CD-000001-SPM, 2011CD-000001-SPM, 2012CD-000028-SPM, 2013CD-000001-SPM and 2014CD-000001-SPM (see report rendered under oath);
The lease contract that the Municipality of Pérez Zeledón signed with the appellant ended on December 31, 2022 (see report rendered under oath);
On an undetermined date, the authorities of the Municipality of Pérez Zeledón submitted special administrative procedure number 2023XE-0000020004611901 “Land lease for the municipal garbage landfill technical closure project, control and monitoring for the fourteenth consecutive time, Environmental Management Sub-Process” to initiate the lease process; however, the appellant did not submit the offer in SICOP, for which reason it was declared unsuccessful (see report rendered under oath);
On May 9, 2023, the appellant filed a motion for revocation with a subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) (see report rendered under oath);
By means of resolution RES-059-23-DAM at 14:34 hours on June 12, 2023, the Municipality of Pérez Zeledón resolved the revocation and forwarded the necessary documentation to the Administrative Litigation Court (Tribunal Contencioso Administrativo) for the resolution of the appeal (see report rendered under oath);
By means of resolution number 2023004059 at 14:00 hours on October 3, 2023, the Administrative Litigation Court rejected the filed appeal outright (see report rendered under oath).

III.- Regarding the specific case. In the case at hand (sub lite), the appellant states that she is the registered owner of the property registration number 361123-000, located in the first district of San Isidro General, of the nineteenth canton Pérez Zeledón of the Province of San José, 1.5 kilometers south of the Sports Plaza in Lomas de Cocorí. In that sense, she mentions that for 25 years the Municipality of Pérez Zeledón has used it as a garbage dump by means of a lease proposal for it to be dedicated to the deposit of garbage produced in the canton, a proposal that was accepted and a lease price was established that increased over the years; however, she claims that the respondent municipality turned it into an open-air dump and when the technical closure was ordered, it has not carried out the corresponding closure tasks. She reproaches that due to the actions of the respondent Municipality, it is not possible to conduct a market study to determine the suitability of the property for rent, since it was used for solid waste disposal; nor can a study be conducted to demonstrate what the most profitable and viable option might be. She accuses that during the year 2023, the respondent authority stopped paying the lease, abandoned the land, and stopped carrying out the technical closure actions, whereby it has once again become a place for garbage dumping by some people who have taken advantage of the abandonment of the property. She considers that the Municipality of Pérez Zeledón should have built a treatment plant, a leachate capture and disposal network, achieved the confinement of solid waste, carried out stormwater infrastructure works, built groundwater monitoring wells, provided general maintenance, cleaning, weed cutting, damage repair; surveillance and control of the entry of harmful fauna, sown grasses, and carried out the enclosure of the property, among others; but nothing has been done. For the foregoing, she claims that her private property right has been emptied, because she cannot exercise the attributes of ownership. She requests that the Municipality of Pérez Zeledón be ordered to carry out the technical closure activities, provide maintenance and cleaning to the land, sow grasses and prevent the entry of harmful fauna, and not be irresponsible to the point of leaving behind an impacted land, and that it compensate her for the damage suffered by the property.

In this regard, from the study of the case file (autos), it is established that the appellant is the registered owner of the property registration number 361123-000, located in the first district of San Isidro General, of the nineteenth canton Pérez Zeledón of the Province of San José, 1.5 kilometers south of the Sports Plaza in Lomas de Cocorí. Now then, in relation to the purpose of this process, firstly, it must be noted that this Court is not a controller of legality nor just another instance of the Administration, such that it is not its responsibility to review, in accordance with the regulatory framework, the factual assumptions and the technical criteria, whether or not there is any contractual compliance by the respondent Municipality as indicated by the appellant; this is because the alleged non-compliance with what was agreed upon at the time between the appellant and the respondent municipality is a matter of mere legality that must be resolved in the competent ordinary jurisdiction, as it falls outside the jurisdiction of the summary nature of the amparo (amparo) at the constitutional level. Additionally, it must be clarified to the appellant that this Chamber (Sala) is not an instance for reviewing technical criteria, nor does it have jurisdiction to substitute those criteria or decide between two or more of them that are in opposition.

Finally, regarding the alleged injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment, this Court was able to verify that contrary to what was alleged by the appellant, the representatives of the Ministry of Health reported under the solemnity of oath that to date there is no waste dumping whatsoever on the disputed property, as the authorities of the respondent Municipality complied with the dictated technical closure order and more than 20 years have passed since they stopped receiving waste; for this reason, they maintain that currently the landfill does not represent any sanitary or environmental risk. Thus, if the appellant disagrees with what was resolved by the respondents, she must, if she deems it appropriate, raise her objections and claims before the respondent authorities themselves or in the corresponding ordinary legality channel to assert her claims. Consequently, it is appropriate to declare the appeal without merit.

IV.- Documentation provided to the file. The appellant is warned that if she has provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be picked up from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not picked up within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The appeal is declared without merit.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Hubert Fernández A.

Digitally Signed Document

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Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6

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