Res. 01115-2024 Sala Constitucional — Right to Petition and Timely Response in Environmental ComplaintsDerecho de petición y pronta respuesta en denuncias ambientales

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01115 - 2024

Fecha de la Resolución: 19 de Enero del 2024 a las 09:15

Expediente: 23-026709-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

*230267090007CO*

Exp: 23-026709-0007-CO

Res. Nº 2024001115

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecinueve de enero de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 23-026709-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 14:09 horas del 27 de octubre de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo. Alega que es vecino del Condominio Lomas de Montes de Oca ubicado en el distrito de Mata de Plátano y su casa de habitación colinda con la zona protegida de la Quebrada Patalillo y esta a su vez colinda con un predio en el cual está el Centro de Acopio de Mata de Plátano, una fábrica de bolsas de plástico ([Nombre 003]) y un centro de acopio de plástico y papel (Ritel), todas localizadas en la propiedad perteneciente a [Nombre 002]. Acota que ha interpuesto varias quejas ante la Municipalidad de Goicoechea respecto a los permisos municipales, porcentajes de cobertura, uso de suelos, declaración de impuestos y planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de estos centros de acopio y fábrica; sin embargo, acota que las respuestas han sido bastante escuetas o simplemente no hay contestación. Acota que, mediante correo electrónico del 5 de mayo 2023 dirigido a [email protected], indicó lo siguiente a la Contraloría de Servicios de la municipalidad recurrida: “Me llama poderosamente la atención que un vecino que está construyendo unos apartamentos a la par de mi casa tuvieron que alejarse cierta cantidad de metros de la quebraba Patalillo debido a unos requerimientos de SETENA con respecto al tamaño de construcción. Por lo que me surge la interrogante que traslado a uds: 1. Dichos centros de acopio y la empresa [Nombre 003] tienen los permisos de SETENA? 2. Tienen los estudios de impacto ambiental? 3. ¿Tienen el uso de suelo, pero cual es el plano de dichas estructuras, el tamaño de cada centro de acopio (áreas de almacenamiento, áreas de carga y descarga, área de acopio, área administrativa, baños, etc.)? 4. Cuál es el área destinada para almacenaje? ¿tiene área para almacenaje? ¿cumple con los requerimientos de altura, tipo de paredes y pisos? Leyendo el oficio supra indicado, no se indica el área que se destinó para cada centro de acopio, ya que según las fotografías enviadas el porcentaje de cobertura sobrepasa en gran manera el 60%. Por lo que quisiera saber cuál fue el área del terreno destinada para cada centro de acopio y si actualmente cumple con el requisito, además, me gustaría saber si dichos centros de acopio se han extendido o ampliado y si han tenido el aval de la Municipalidad de Goicoechea. Por otro lado, al ser un centro de acopio que está a las márgenes de una quebrada y que sobrepasa en gran manera los 300 m2 quisiera saber si cumple con los permisos y requerimientos de SETENA”. Relata que, mediante oficio MG-AG-DI-01561-2023 del 30 de mayo 2023 se le contestó parcialmente, pues las preguntas 3 y 4 no recibieron respuesta. Especifica que, en junio de 2023, mediante correo electrónico dirigido a [email protected], solicitaron a la municipalidad: “1. los permisos que ha otorgado la Municipalidad de Goicoechea para el funcionamiento del centro de acopio ubicado en Mata de Plátano, 400 SE de la Escuela José Cubero Muñoz 2. porcentajes de cobertura destinados. 3. ampliaciones realizadas con o sin permisos municipales, 4. cumplimiento de planos constructivos según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 5. cumplimiento de las distintas legislaciones que regulan su funcionamiento 6. hay invasión o no a la zona protegida (documento del SINAC en donde certifique la inspección y la fecha de la misma). 7. cuando fue la última visita de la Municipalidad a dichas empresas y cuál fue el criterio para prorrogar los permisos de funcionamiento? 8. cuando fue la última medición para determinar el cumplimiento del porcentaje de cobertura? 9. ¿Cuándo se realizó la audiencia pública para informar a la comunidad sobre la apertura o entrada en funcionamiento de las empresas ubicadas en dicho predio? favor adjuntar copia del acta”. Acusa que no se recibió respuesta alguna. Alega que, el 10 de julio 2023, mediante correo electrónico remitido a [email protected], solicitó lo siguiente: “Quisiera saber cómo va la denuncia interpuesta por mi persona derivada del oficio UTU 025-2023 donde se señala que hay una estructura construida en un predio sin número por ser reserva de protección del río. Les recuerdo la obligación de la Municipalidad de velar por el cumplimiento de la legislación vigente y el artículo 88 de la Ley de Construcciones es muy claro. Favor indicar el consecutivo de dicha denuncia. Les agradezco me indiquen cuales han sido las acciones de la Municipalidad, a la vez que aprovecho para consultar si esas edificaciones han tenido el visto bueno de la Municipalidad tanto de ingeniería y patentes, así como si tienen los planos visados, uso de suelos, planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y si son estructuras sujetas a declaración de impuestos.” Manifiesta que, mediante el oficio MG-AG-CS-0108-2023 del 11 de julio 2023, la Licda. Jessica Mayers de la Contraloría de Servicios solicitó al Ingeniero Iván Rojas que realizara una inspección para determinar si hay construcción en el predio sin número, verificar permisos de construcción, uso de suelos y brindar un informe en un plazo no mayor a tres días; empero, acusa que no hay respuesta aún. Menciona que, el 14 de julio de 2023, mediante correo electrónico remitido a [email protected], solicitó lo siguiente: “Quisiera saber cuáles son los nombres de las empresas y las patentes que tienen las empresas que están ubicadas 350 SE de la Escuela José Cubero Muñoz, contiguo al margen de la Quebrada Patalillo, en una propiedad del señor Cubero. Esto debido a que el Ministerio de Salud tiene clasificada a la empresa [Nombre 003] con un Código CIIU 2220 lo cual corresponde a una fábrica de productos de plástico y no como un centro de acopio según oficio MS-CS-URS-J-0593-2019. Al ser una fábrica de plástico código CIIU 2220, está catalogada como una industria, actividad o uso prohibido según el Plan Regulador en su artículo 16 Zona Residencial Mata de Plátano inciso 5. Mediante el oficio MG-AG-DGA-119-2023 del 12 de mayo 2023, el ingeniero Gustavo Herrera indica que en esa bodega opera una industria desde hace 2 o 3 años, así mismo, hace la recomendación de que el departamento de Patentes rinda un informe sobre los documentos presentados por el propietario y se realice la verificación para determinar si la operación comercial se ajusta a lo tramitado según la patente otorgada. En el mismo oficio se indica que en el caso de que exista alguna irregularidad el permiso o la patente puede ser cancelada y clausurada la actividad. Por tal motivo quisiera saber: 1. cuáles han sido las acciones tomadas por la Municipalidad y quisiera tener una copia de dicho informe, 2. cuando fue la última visita realizada para determinar si la patente se ajusta a la actividad realizada. En caso de que la patente se ajuste a dicha actividad 3. quisiera saber por qué tiene permisos municipales una actividad que está prohibida según el Plan Regulador”. Sin embargo, reclama que no recibió respuesta. Aduce que, debido a la falta de respuesta por parte de la Municipalidad de Goicoechea y del ingeniero Iván Rojas, interpuso una denuncia en el portal electrónico del SITADA (consecutivo nro. 22512) en la cual se detalla lo siguiente: “Según oficio UTU 025- 2023 de la Municipalidad de Goicoechea hay una construcción en un predio sin número por ser reserva de protección al río, así mismo mediante oficio MG-AG-CS-0108-2023 se indica que según el visor cartográfico hay una construcción en dicho predio”. Explica que la denuncia realizada en el SITADA se ingresó el 7 de agosto del 2023, y se remitió esa misma fecha al SINAC; sin embargo, todavía no hay respuesta. Estima lesionados sus derechos fundamentales.

2.- Por resolución de las 10:24 horas del 3 de noviembre de 2023, la Presidencia de la Sala previno al recurrente de lo siguiente: “A) aporte la parte recurrente copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o envío de las siguientes gestiones o denuncias que planteó ante la autoridad accionada el 10 y 14 de julio de 2023. B)Además, deberá especificar en qué fecha solicitó a la autoridad recurrida que se le indicara "¿En qué momento se llevó la audiencia pública en donde la Municipalidad de Goicoechea comunica a la comunidad el establecimiento de dichas industrias? (Plan regulador Cantón de Goicoechea) ¿Bajo qué argumento se les caracterizó como industria inocua? (Plan Regulador Municipalidad de Goicoechea) Respuesta mediante oficio MG-AG-DI-01561-2023 se indica artículo 16 del Plan Regulador inciso 3 que “La industria inocua” es de uso condicional al igual que los centros de acopio. Así mismo en el inciso 5 se indica los usos prohibidos, en el cual se menciona “la industria” ¿Dichas industrias deberían tener los 50 metros de cautela ecológica que establece el Plan regulador, así como los retiros que establecen los reglamentos? (Plan Regulador Cantón Goicoechea, Artículo 4 Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables No 41052) ¿El cuerpo de bomberos debería realizar una visita a dichas industrias y centro de acopio? (Ley 8228, Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica). ¿Las ampliaciones realizadas o los planos constructivos se realizaron según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos? ¿Hay invasión o no a la zona protegida (documento del SINAC en donde certifique la inspección y la fecha de la misma)? ¿Cuándo fue la última visita de la Municipalidad a dichas empresas y cuál fue el criterio para prorrogar los permisos de funcionamiento? ¿Cuándo fue la última medición para determinar el cumplimiento del porcentaje de cobertura?" y aportar copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o envío de las gestiones en que solicitó la anterior información. C) Por último, deberá el recurrente aportar la denuncia planteada ante el SITADA el 7 de agosto de 2023”.

3.- Por escritos incorporados al expediente electrónico el 6 de noviembre de 2023, el recurrente cumplió la prevención solicitada por la Presidencia de la Sala.

4.- Mediante resolución de las 16:31 horas del 6 de noviembre de 2023, la Presidencia de la Sala dio curso al proceso y solicitó informe al director del Área de Conservación Central (ACC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así como al alcalde, director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, y al contralor de servicios, todos de la Municipalidad de Goicoechea. 

5.- Informa bajo juramento Meryll Arias Quirós en su condición de directora a. i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Expone: “Esta Dirección adjunta informe SINAC-ACC-OSJ-inf-1424-2023, en respuesta a lo solicitado en el Recurso de Amparo supracitado, para el trámite correspondiente. Además, se adjunta los verificadores de las gestiones realizadas entre ellas: ü Impresión de SITADA 42179-2023 ü Documento MG-AG-DI-01561-2023 ü Documento MG-AG-CS-0108-2023 ü Denuncia SINAC-AC-OSJ-d-1431-2023 ü Informe SINAC-ACC-OSJ-inf-1424-2023 ü Notificación de la denuncia a la fiscalía ü Notificación del informe al denunciante ü Comprobante del estado de la SITADA 42179-2023 actualizado a la fecha”. En el informe SINAC-ACC-OSJ-inf-1424-2023 del 8 de noviembre de 2023, se concluyó: “Conclusiones: Que se llega al sitio de los supuestos hechos en el cual se detecta la posible invasión al área de protección de la quebrada Patalillo en al menos tres sitios los cuales se enumeran de manera consecutiva y se muestran en el mapa 1 y fotos 1, 2 y 3. La afectación se estima en 250 metros cuadrados. Que, por las características del sitio, y ante la ausencia del alineamiento del INVU al momento de la inspección, se realiza un estimado de las invasiones por lo que se recomienda que se solicite un levantamiento por medio de profesionales en topografía y establecer con un mayor grado de exactitud las invasiones al área de protección del cauce de la quebrada Patalillo. Para lo anterior se pondrá en conocimiento del Ministerio Público el presente informe y que este ente gestione ante Ingeniería Forense del OIJ la diligencia recomendada. Informar al Ministerio Público, Sala Constitucional y Contraloría Ambiental sobre los hechos detectados”.

6.- Informan bajo juramento Irene Campos Jiménez, Mario Iván Rojas Sánchez y Jessica Mayers Marín, por su orden alcaldesa, director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y contralora de servicios, todos de la Municipalidad de Goicoechea. Indican: “Señores Magistrados, como se observa de los hechos alegados por el recurrente y que fundamentan su recurso de amparo, en lo que atañe a esta Municipalidad, básicamente denotamos cuatro peticiones de información a este Municipio, detallo: 1- En junio de 2023, mediante correo electrónico dirigido a [email protected]; en resumen nueve consultas puntuales respecto al centro de acopio ubicado en Mata de Plátano, 400 SE de la Escuela José Cubero Muñoz y acusa que no se recibió respuesta alguna. 2- Mediante correo electrónico del 5 de mayo 2023 dirigido a [email protected], con relación a una supuesta construcción que realiza un vecino al lado de su casa y los centros de acopio circunvecinos y la empresa [Nombre 003] y finaliza indicando que mediante oficio MG-AG-Dl-01561-2023 del 30 de mayo 2023, de la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea, se le contestó parcialmente, pues las preguntas 3 y 4 no recibieron respuesta. 3- Que el 14 de julio de 2023, mediante correo electrónico remitido a [email protected], solicitó en resumen, los nombres de las empresas y las patentes que tienen las empresas que están ubicadas 350 SE de la Escuela José Cubero Muñoz, contiguo al margen de la Quebrada Patalillo, reconoce que esta consulta fue atendida mediante el oficio MG-AG-DGA-119-2023 del 12 de mayo 2023, del Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental de la Municipalidad, pero sobre dicha respuesta realizó consultas puntuales sobre las acciones tomadas por la Municipalidad y quisiera tener una copia de dicho informe, además de cuándo fue la última visita realizada para determinar si la patente se ajusta a la actividad realizada y en caso de ajustarse, saber por qué tiene permisos municipales una actividad que está prohibida según el Plan Regulador". Sin embargo, reclama que no recibió respuesta. 4-              El 10 de julio 2023, mediante correo electrónico remitido a [email protected], solicitó conocer cómo va la denuncia interpuesta por él, derivada del oficio UTU 025-2023 donde se señala que hay una estructura construida en un predio sin número por ser reserva de protección del río y cuales han sido las acciones de la Municipalidad, además de consultas puntuales respecto de dichas edificaciones. No obstante indica que no recibió respuesta aún. Primeramente informar a esta autoridad judicial, que el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios y pertenece a la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Goicoechea. Con relación al caso concreto, en donde según el traslado realizado por la Sala Constitucional, solicita informe a mi representada, sobre solicitudes o consultas realizadas por el aquí recurrente, señor [Nombre 001], vía correo electrónico a la Contraloría de Servicios, puntualmente y en orden cronológico de fechas 05 de mayo de 2023, junio de 2023, 10 de julio de 2023 y 14 de julio de 2023; sobre esto mediante oficio MG-AG- CS-0150-2023, del 01 de noviembre 2023, suscrito por la Licda. Jessica Mayers Marín, Contralora de Servicios de la Municipalidad de Goicoechea, el cual forma parte de nuestro elenco probatorio, sobre los hechos alegados por el recurrente, informa: El día 05 de mayo de 2023, se recibe correo electrónico, a nombre del señor [Nombre 001], quien por este medio ratifica la entrega de documento MGAG-DI-OI 042-2023 de la Dirección de Ingeniería, entregado de manera física, sobre el cual realiza varias observaciones con respecto al centro de acopio, así como del oficio MG-AG-Dl-0893-2023 de la Dirección de Ingeniería. La Contraloría de Servicios realiza tramite con oficio MG-AG-CS-0079-2023, con fecha 11 de mayo 2023, el cual se remitió al correo [...] señalado para tales efectos por el señor [Nombre 001] y el día 23 de mayo 2023 conjunto con respuesta recibida de la Dirección de Gestión Ambiental, con número de oficio MG-AG-DGA119-2023, faltando respuesta de la Dirección de Ingeniería para lo cual se realizó un recordatorio el día 23 de mayo 2023, referente a que el señor Montero considera una respuesta parcial por parte de dicha dependencia municipal. Con relación a lo anterior, el día 30 de mayo de 2023, se recibe oficio MG-AGDl-01561-2023 de la Dirección de Ingeniería, por medio del cual responde al oficio MG-AG-CS-0079-2023, documento fue trasladado al señor [Nombre 001] del día 12 de junio de 2023, el cual le es comunicado al correo [...] del aquí recurrente, demostrando que atendimos esta consulta. En junio de 2023, precisamente el día 01 de junio se recibe correo electrónico del Sr. Montero el cual indica: "Hola Muchas gracias.. ...El estudio de impacto ambiental lo solicite debido a que no estaba solicitado en el oficio dirigido de la Contraloría a Ingeniería." Denotamos que este es un comentario de parte del recurrente, no es una consulta en específico que necesite atención de un departamento municipal. El día 12 de junio, se recibe nuevamente correo del Sr. Montero, el cual se atiende debida y oportunamente, respondiendo por la misma vía, el día 19 de junio, adjuntando toda la documentación y tramites que se han realizado por parte de la Contraloría con respecto al tema. El día 22 de junio, el Sr. Montero responde el correo anterior, indicando: DOY ACUSE RECIBIDO. Nuevamente se trata de un comentario del aquí recurrente, el cual evidentemente no demanda respuesta o atención de nuestra parte. El día 28 de junio nuevamente se recibe correo electrónico del señor Montero realizando denuncia del Centro de Acopio. El día 10 de julio de 2023, recibimos correo del señor Montero solicitando respuesta del trámite realizado el día 28 de junio, sobre oficio remitido a la Dirección de Ingeniería del documento UTU-025-2023, el cual fue tramitado con oficio MG-AGCS-0108-2023 de la Contraloría de Servicios, de fecha 11 de julio 2023 y remitido al correo [...] del Sr. Montero, con fecha 12 de julio 2023. El día 14 de julio de 2023, se recibe correo del señor [Nombre 001] solicitando: 1-Cuáles han sido las acciones tomadas por la Municipalidad y quisiera tener una copia de dicho informe, 2. Cuándo fue la última visita realizada para determinar si la patente se ajusta a la actividad realizada. En caso de que la patente se ajuste a dicha actividad 3. Quisiera saber por qué tiene permisos municipales una actividad que está prohibida según el Plan Regulador. Como respuesta a su consulta, la Contraloría de Servicios, entregó copia certificada del expediente solicitado, que consta de 066 folios y fue recibida a satisfacción por el mismo señor [Nombre 001], el día 05 de junio 2023, adjunto documento. Ahora bien, el día 17 de agosto se envía recordatorio al Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez Director, con el fin de indicarle que el oficio MG-AG-CS-0108-2023, enviado a su Dependencia el 12 de julio 2023, no ha sido contestado. El día 21 de agosto recibimos respuesta por parte de la Dirección de Ingeniería vía correo electrónico, a lo que se solicitó dadas las inconsistencias en el correo se contestara según el procedimiento ( es decir de forma física). Con relación a lo anterior, el día 08 de setiembre 2023, recibimos varios correo del Sr. Montero uno a las 07:28 am, 07:33 am y otro 07:37 am por lo que se realiza tramite con oficio MG-AG-CS-01332023, por medio del cual se solicita a la Dirección de Ingeniería atender todas las consultas del señor Montero y se recuerda contestar el oficio MG-AG-CS-OI 08-2023. Remitiendo correo el día 08 de setiembre al Sr. Montero, donde se adjunta dicho trámite. El día 11 de octubre de 2023, recibimos de parte de la Dirección de Ingeniería el Oficio MG-AG-Dl-02643-2023, como respuesta a los oficios MG-AG-CS-01082023 y el MG-AG-CS-0133-2023, los cuales fueron debidamente trasladados al correo del Sr. [Nombre 001], el día 13 de octubre 2023, con lo cual demostramos que se atendieron las cuatro solicitudes puntuales realizadas a este Municipio, entiéndase por esas cuatro solicitudes ordenadas de forma cronológica, las de fecha 05 de mayo de 2023, junio de 2023, 10 de julio de 2023 y 14 de julio de 2023, que fundamentan la interposición de este recurso de amparo por parte del aquí recurrente señor [Nombre 001]. Señores Magistrados, para rendir este informe se solicitó informe a la Dirección de Ingeniería y Operaciones sobre los hechos alegados por el aquí recurrente, señor [Nombre 001], indicando mediante oficio MG-AG-DI03263-2023, del 13 de noviembre del 2023, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones de esta Municipalidad, quien sobre este asunto informa: Que no localizó ningún documento de solicitud realizada por el señor [Nombre 001] de manera directa ante esta dependencia de Ingeniería Municipal, las notas relacionadas con consultas realizadas por el interesado, fueron respondidas en su momento a la Contraloría Municipal de Servicios de la Municipalidad, según ese departamento lo indica en el oficio MG-AG-CS-OI 50-2023, ya que al parecer, ahí, ante ese departamento, fue donde el señor [Nombre 001], expresó sus inquietudes, por tanto, es necesario ser claros en señalar, que de nuestra parte, no ha habido falta de respuesta ante consultas que el interesado realizara, ya que no realizó ninguna gestión de forma directa ante esta Dirección. Además, como respuesta puntual, nos permitimos señalar que lo correspondiente a consultas realizadas a través de la Plataforma de Servicios, al parecer el 05 de mayo de 2023, en junio de 2023, el 10 de julio de 2023 y el 14 de julio de 2023, fechas dispuestas en el documento del recurrente, relacionadas con porcentajes de cobertura, posible invasión a la zona de protección y las actividades conformes o permitidas en esa propiedad, TODAS HAN SIDO RESPONDIDAS EN TIEMPO Y FORMA y están dadas en el uso de suelo 55863 y los oficios MG AG Dl 0633-2023, oficio MG AG Dl 01561-2023, oficio MG AG Dl 01729-2023 y el oficio MG AG Dl 02643-2023, todos aportados a la Contraloría de Servicios en las fechas de cada documento y de los cuales ofrecemos copia”.

7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

 I.- Cuestión previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante gestiones relacionadas con materia ambiental. Atendiendo a este tipo de materia, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de este tipo de denuncias. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del recurso. El recurrente alega que es vecino de Mata de Plátano de Goicoechea, su casa de habitación colinda con la zona protegida de la Quebrada Patalillo y esta a su vez colinda con un predio donde está una fábrica de bolsas de plástico y dos centros de acopio de materiales. Afirma que ha interpuesto varias consultas y denuncias ante la Municipalidad de Goicoechea sobre los permisos municipales, porcentajes de cobertura, uso de suelos, declaración de impuestos y planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de estos centros de acopio y fábrica; sin embargo, acota que las respuestas han sido bastante escuetas o simplemente no hay contestación. Por lo anterior, el 7 de agosto de 2023 interpuso una denuncia ambiental ante el SINAC; sin embargo, aún no le han brindado respuesta. Solicita la intervención de la Sala.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)    El recurrente es vecino del Condominio Lomas de Montes de Oca ubicado en Mata de Plátano de Goicoechea (hecho incontrovertido).

b)    El recurso de amparo fue interpuesto el 27 de octubre de 2023 (véase expediente electrónico).

En cuanto a la Municipalidad de Goicoechea:

c)     El correo electrónico [email protected] está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios (véase informe rendido bajo juramento).

d)    El 5 de mayo de 2023, el recurrente remitió correo electrónico a la dirección [email protected] en el que indicó: “Me llama poderosamente la atención que un vecino que está construyendo unos apartamentos a la par de mi casa tuvieron que alejarse cierta cantidad de metros de la quebraba Patalillo debido a unos requerimientos de SETENA con respecto al tamaño de construcción. Por lo que me surge la interrogante que traslado a uds: 1. Dichos centros de acopio y la empresa [Nombre 003] tienen los permisos de SETENA? 2. Tienen los estudios de impacto ambiental? 3. ¿Tienen el uso de suelo, pero cual es el plano de dichas estructuras, el tamaño de cada centro de acopio (áreas de almacenamiento, áreas de carga y descarga, área de acopio, área administrativa, baños, etc.)? 4. Cuál es el área destinada para almacenaje? ¿tiene área para almacenaje? ¿cumple con los requerimientos de altura, tipo de paredes y pisos? Leyendo el oficio supra indicado, no se indica el área que se destinó para cada centro de acopio, ya que según las fotografías enviadas el porcentaje de cobertura sobrepasa en gran manera el 60%. Por lo que quisiera saber cuál fue el área del terreno destinada para cada centro de acopio y si actualmente cumple con el requisito, además, me gustaría saber si dichos centros de acopio se han extendido o ampliado y si han tenido el aval de la Municipalidad de Goicoechea. Por otro lado, al ser un centro de acopio que está a las márgenes de una quebrada y que sobrepasa en gran manera los 300 m2 quisiera saber si cumple con los permisos y requerimientos de SETENA” (véase prueba aportada).

e)     En correo electrónico remitido el 23 de mayo de 2023, al amparado se le indicó: “En atención a su correo me permito remitir oficio MG-AG-CS-0079-2023, por medio del cual se realizó tramite ante el Director de Ingeniería y el Director de Gestión Ambiental, sobre sus interrogantes. A su vez remito documento MG-AG-DGA-119-2023, respuesta que da el Ingeniero Gustavo Herrera, Director de Gestión Ambiental, quedando pendiente la respuesta del Director de Ingeniería a quien se le envió recordatorio ya que el plazo venció ayer 22 de mayo”. El oficio MG-AG-DGA-119-2023 que se le adjuntó señala: “Reciba un cordial saludo. En atención al oficio MG-AG-CS-0079-2023, mediante el cual su Despacho le solicita a esta Dirección referirse a un correo electrónico suscrito por el Sr. [Nombre 001] y al oficio MG-AG-DI-01042-2023. Al respecto se informa que hace algunos meses atrás, se realizó una inspección al sitio de la denuncia, en donde participamos la oficina regional del Ministerio del Ambiente – SINAC y esta Dirección. En esa oportunidad se pudo constatar, que el área de protección de la quebrada Patalillo, se encontraba libre de construcciones y/o otros materiales foráneos. Por lo cual no existía una violación a la Ley Forestal, en su artículo 33. Por otra parte, hasta donde tengo conocimiento, en este inmueble opera una fábrica de bolsas, no un Centro de Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables, comúnmente llamado Centro de Acopio. Por lo cual el Reglamento mencionado por el Dr. Montero, no aplicaría para esta industria. Según lo establece la legislación nacional, los Permisos para la operación de esta fábrica de bolsas, tuvieron que ser aprobados por las siguientes instancias administrativas: -Ministerio de Salud: Permiso Sanitario de Funcionamiento. -Depto de Cobros, Licencias y Patentes: Patente Comercial. -Dirección de Ingeniería: Permiso de Uso del Suelo. Por otra parte, la construcción de la bodega donde opera esta industria, debió de contar con Permisos de Construcción, los cuales debieron de ser aprobados por la Dirección de Ingeniería (esta bodega tiene al menos dos o tres años de haber sido construida). Ante este escenario, sería recomendable que el Depto. de Cobros, Licencias y Patentes rinda un informe, sobre los documentos presentados por el propietario de esta actividad comercial, para la obtención de la Patente correspondiente, a la vez que un inspector de dicho Depto. verifique que la operación se ajuste a lo tramitado en la Patente otorgada. En cuanto a la obra constructiva (bodega), la Dirección de Ingeniería podría ampliar, entregando copia del expediente del Permiso de Construcción aprobado. En caso de existir alguna irregularidad con los Permisos, la Patente Comercial podría ser cancelada, a la vez que se procedería a clausurar la actividad. Lo mismo podría ocurrir con el Permiso Sanitario de Funcionamiento, si así lo considera necesario el Área Rectora de Salud de Goicoechea, en caso de presentarse irregularidades. Sería recomendable que los despachos que otorgaron los permisos para la operación de esta industria, verifiquen que la misma se encuentra a derecho. Y que procedan de acuerdo al Debido Proceso, en caso de que existan violaciones a la ley”  (véase informe y prueba aportada).

f)      El 5 de junio de 2023, la Contraloría de Servicios de la municipalidad recurrida entregó al recurrente copia certificada del expediente administrativo consistente en 66 folios que se lleva en la Contraloría de Servicios referente a seguimiento de denuncia 909-20222 realizada por el señor [Nombre 001] (véase informe y prueba aportada).

g)    En correo electrónico del 12 de junio de 2023, al recurrente se le remitió oficio MG-AG-DI-01561-2023 del 30 de mayo de 2023, en el que la Dirección de Ingeniería indicó a la Contraloría de Servicios: “Esta Dirección, de acuerdo con lo indicado en su Oficio MG-AG-CS-079-2023, sobre la denuncia realizada por el Sr. [Nombre 001], relacionado a un comercio patentado de recuperación de residuos valorizables, situado a 300 metros al sur de la Escuela José Cubero, en la propiedad con plano de catastro SJ-2180361-2020, que colinda con la rivera derecha de la Quebrada Patalillo en el distrito de Mata de Plátano, al respecto se le indica: A. El requerimiento de viabilidades ambientales para el desarrollo de actividades comerciales le corresponde pedirlo al Ministerio de Salud en el momento que se tramita el permiso de funcionamiento sanitario, por lo que se desconoce los requisitos que dicho Ministerio le solicitó, a los propietarios de ese comercio. B. Esta Dirección desconoce la existencia en el Ministerio de Salud o SETENA de Estudios de Impacto Ambiental relacionados. C. Uso de Suelo. Con base en el artículo 6 del Plan Regulador se le determinó que dicha propiedad está afectada por la Zona Residencial Mata de Plátano, ZR-MP. que estipula de manera textual (…) D. Almacenaje. Esta Dirección no regula la actividad comercial de un patentado, no obstante, se recomienda que la Dirección de Gestión Ambiental se pronuncie sobre la operación de este Centro de Acopio. En cuanto a los retiros se remitió una debida consulta al SINAC-MINAR para que se establezca si existe violación al retiro de 10 metros ortogonales, estipulado en el artículo 33 de la Ley Forestal y si existen daños ambientales” (véase informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

h)    El 12 de junio de 2023, el recurrente envió nueva solicitud al correo electrónico [email protected], en la que indicó:“1. los permisos que ha otorgado la Municipalidad de Goicoechea para el funcionamiento del centro de acopio ubicado en Mata de Plátano, 400 SE de la Escuela José Cubero Muñoz 2. porcentajes de cobertura destinados. 3. ampliaciones realizadas con o sin permisos municipales, 4. cumplimiento de planos constructivos según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 5. cumplimiento de las distintas legislaciones que regulan su funcionamiento 6. por qué motivo se le dio la categoría de industria inocua 7. hay invasión o no a la zona protegida (documento del SINAC en donde certifique la inspección y la fecha de la misma). 8. cuando fue la última visita de la Municipalidad a dichas empresas y cuál fue el criterio para prorrogar los permisos de funcionamiento? 9. cuando fue la última medición para determinar el cumplimiento del porcentaje de cobertura? 10. ¿Cuándo se realizó la audiencia pública para informar a la comunidad sobre la apertura o entrada en funcionamiento de las empresas ubicadas en dicho predio? favor adjuntar copia del acta” (véase informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

i)      El 19 de junio de 2023, la funcionaria Magdalena Campos Pessoa le contestó al recurrente vía correo electrónico: “En seguimiento a la denuncia interpuesta por su persona me permito adjuntar documentación variada de los trámites y respuestas que nos brindan los Departamentos. Sobre la información detallada no se la puedo enviar por este medio por ser mucha, por lo que se estará realizando un expediente con todo el contenido para su conocimiento, aún me faltan por contestar, lo cual estaremos realizando recordatorio. Con respecto a su último correo quiero indicarle que se está trabajando en eso” (véase informe y prueba aportada).

j)      En correo electrónico remitido por el recurrente el 22 de junio de 2023, contestó a la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Goicoechea: “Doy acuse de recibido, sin embargo, sigo manifestando mi inconformidad ya que no se indica la información que estoy solicitando como el porcentaje de cobertura de dicho terreno, independientemente se haya segregado o no, el porcentaje de cobertura no puede sobrepasar el 60%. Por lo que le agradezco me indiquen cuando fue la última medición o inspección que realizó la Municipalidad de Guadalupe. Por otro lado en los planos se observa una construcción que no corresponde con las construcciones actuales por lo que quisiera saber si las modificaciones estructurales han tenido el visto bueno de la Municipalidad de Goicoechea, a su vez me interesa conocer cuál o cuáles han sido los inspectores que han realizado las visitas a dichos predios cuya obligación es velar por el cumplimiento de las Normas, Leyes y reglamentos que regulan dichas actividades (…) “ (véase prueba aportada).

k)    El 28 de junio de 2023, mediante correo electrónico enviado a [email protected], el recurrente gestionó denuncia contra el Centro de Acopio Mata de Plátano (véase informe y prueba aportada).

l)      El 10 de julio de 2023, mediante correo electrónico enviado a [email protected], el recurrente solicitó: “Quisiera saber como va la denuncia interpuesta por mi persona derivada del oficio UTU 025-2023 donde se señala que hay estructura construida en un predio sin número por ser reserva de protección del río. Les recuerdo la obligación de la Municipalidad de velar por el cumplimiento de la legislación vigente y el artículo 88 de la Ley de Construcciones es muy claro. Favor indicar el consecutivo de dicha denuncia. Les agradezco me indiquen cuales han sido las acciones de la Municipalidad a la vez que aprovecho para consultar si esas edificaciones han tenido el visto bueno de la Municipalidad tanto de Ingeniería y patentes, así como si tienen los planos visados, uso de suelos, planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y si son estructuras sujetas a declaración de impuestos” (véase informe y prueba aportada).

m) En correo electrónico remitido el 12 de julio de 2023, al recurrente se le indicó: “En atención a su correo me permito adjuntar oficio MG-AG-CS-0108-2023, trámite realizado en seguimiento a denuncia interpuesta por su persona sobre centro de acopio, para su información y demás fines pertinentes”. En el oficio MG-AG-CS-0108-2023 se le solicitó al director de Ingeniería y Operaciones por parte de la Contraloría de Servicios lo siguiente: “El proceso que lleva la Contraloría de Servicios sobre el seguimiento a denuncia interpuesta por el señor [Nombre 001] concerniente a un centro de acopio como otras actividades que se realizan en las finca con localización 043600201379, ubicado en el Distrito de Mata de Plátano, de la Escuela José Cubero 500 sur. Traslado oficio UTU-025-2023, suscrito por la Licda. Rosibel Ruiz Mora, Jefa Plataforma de Servicios, quien indica que contiguo a este predio (042938-7) se encuentra otro sin número por ser una reserva de protección al río. Consultando al Departamento de Catastro quien nos proporcionó los planos de la finca, se observa que dicho predio sin número, pertenece al señor Manuel Elías Cubero Segura, según plano SJ 1-2180361-2020-A. Revisando el Visor Cartográfico pudimos distinguir que dentro de este predio sin número se encuentra una construcción. Por lo que solicitamos se realice inspección al sitio y determinar, si la construcción que se aprecia efectivamente está dentro de la zona de protección, si se le otorgaron permisos tanto de construcción como usos de suelo para la actividad que se ejerce en el sitio, los cuales deberán ser aportados, y si la respuesta fuera negativa brindar un informe al respecto, todo en un plazo no menor a 3 días sin prórroga” (véase informe y prueba aportada).

n)    El 14 de julio de 2023, mediante correo electrónico enviado a [email protected], el recurrente solicitó: “Quisiera saber cuáles son los nombres de las empresas y las patentes que tienen las empresas que están ubicadas 350 SE de la Escuela José Cubero Muñoz, contiguo al margen de la Quebrada Patalillo, en una propiedad del señor Cubero. Esto debido a que el Ministerio de Salud tiene clasificada a la empresa [Nombre 003] con un Código CIIU 2220 lo cual corresponde a una fábrica de productos de plástico y no como un centro de acopio según oficio MS-CS-URS-J-0593-2019. Al ser una fábrica de plástico código CIIU 2220, está catalogada como una industria, actividad o uso prohibido según el Plan Regulador en su artículo 16 Zona Residencial Mata de Plátano inciso 5. Mediante el oficio MG-AG-DGA-119-2023 del 12 de mayo 2023, el ingeniero Gustavo Herrera indica que en esa bodega opera una industria desde hace 2 o 3 años, así mismo, hace la recomendación de que el departamento de Patentes rinda un informe sobre los documentos presentados por el propietario y se realice la verificación para determinar si la operación comercial se ajusta a lo tramitado según la patente otorgada. En el mismo oficio se indica que en el caso de que exista alguna irregularidad el permiso o la patente puede ser cancelada y clausurada la actividad. Por tal motivo quisiera saber: 1. cuáles han sido las acciones tomadas por la Municipalidad y quisiera tener una copia de dicho informe, 2. cuando fue la última visita realizada para determinar si la patente se ajusta a la actividad realizada. En caso de que la patente se ajuste a dicha actividad 3. quisiera saber por qué tiene permisos municipales una actividad que está prohibida según el Plan Regulador” (véase informe y prueba aportada).

o)    El 13 de octubre de 2023, la Contraloría de Servicios remitió al recurrente el oficio MG-AG-DI-02643-2023 suscrito por la Dirección de Ingeniería, el cual indica: “Como respuesta a los oficios MG-AG-CS-0108-2023 y MG-AG-CS-0133-2023 y después de que se realizara visita al sitio en la propiedad según número de localización 043600201379 donde opera un centro de acopio en Mata de Plátano de la escuela José Cubero 500 sur, me permito informar lo siguiente. La propiedad respecto a cualquier tipo de construcción, respeta el retiro fluvial de 10 metros de la quebrada Patalillo, siendo que no hay construcciones dentro de la zona de protección. Las construcciones que se observan en fotografías en sitio, son de tipo provisional donde se llevan a cabo labores relacionadas con el centro de acopio y no requieren permiso de construcción. En cuanto al uso de suelo, la actividad cuenta con uso de suelo permitido desde hacia varios años, patente municipal y permisos sanitarios de funcionamiento, corroborado esto último en reunión que sostuvimos personeros de la Sección de Cobros y Patentes con la Directora del Área de Salud de Goicoechea en el mes de setiembre, sobre este particular se le puede consultar de forma más directa a esa entidad. Respecto al uso de suelo, el más reciente por renovación de actividad consolidada es el número 55863 de mayo del presente año” (véase informe y prueba aportada).

En cuanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación:

p)    El 7 de agosto de 2023, el recurrente remitió una denuncia dirigida al SINAC por medo del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) (véase informe y prueba aportada).

q)    La resolución de curso del amparo fue notificada a la autoridad recurrida el 7 de noviembre de 2023 (véase expediente electrónico).

r)     El 8 de noviembre de 2023, las autoridades de la Oficina Subregional San José del SINAC llevaron a cabo inspección in situ (véase prueba aportada).

s)     Mediante informe de gira nro. SINAC-ACC-OSJ-inf-1424-2023 del 8 de noviembre de 2023, se concluyó: “Conclusiones: Que se llega al sitio de los supuestos hechos en el cual se detecta la posible invasión al área de protección de la quebrada Patalillo en al menos tres sitios los cuales se enumeran de manera consecutiva y se muestran en el mapa 1 y fotos 1, 2 y 3. La afectación se estima en 250 metros cuadrados. Que, por las características del sitio, y ante la ausencia del alineamiento del INVU al momento de la inspección, se realiza un estimado de las invasiones por lo que se recomienda que se solicite un levantamiento por medio de profesionales en topografía y establecer con un mayor grado de exactitud las invasiones al área de protección del cauce de la quebrada Patalillo. Para lo anterior se pondrá en conocimiento del Ministerio Público el presente informe y que este ente gestione ante Ingeniería Forense del OIJ la diligencia recomendada. Informar al Ministerio Público, Sala Constitucional y Contraloría Ambiental sobre los hechos detectados” (véase prueba aportada).

t)      Por correo electrónico enviado a las 10:23 horas del 9 de noviembre de 2023, el encargado de Programa Prevención, Protección y Control de la Oficina Subregional San José del SINAC informó al recurrente: “Respecto a la atención de la SITADA 42179-2023, se adjunta copia del informe de inspección y comprobante de interposición de denuncia ante la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José” (véase prueba aportada).

IV.- Sobre el caso concreto. En la especie, el recurrente alega que es vecino de Mata de Plátano de Goicoechea, su casa de habitación colinda con la zona protegida de la Quebrada Patalillo y esta a su vez colinda con un predio donde está una fábrica de bolsas de plástico y dos centros de acopio de materiales. Afirma que ha interpuesto varias consultas y denuncias ante la Municipalidad de Goicoechea sobre los permisos municipales, porcentajes de cobertura, uso de suelos, declaración de impuestos y planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de estos centros de acopio y fábrica; sin embargo, acota que las respuestas han sido bastante escuetas o simplemente no hay contestación. Por lo anterior, el 7 de agosto de 2023 interpuso una denuncia ambiental ante el SINAC; sin embargo, aún no le han brindado respuesta. Solicita la intervención de la Sala.

Como primer aspecto, en cuanto a la Municipalidad de Goicoechea, de la relación de hechos probados se desprende que el correo electrónico [email protected] está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios. Así, en cuanto a los hechos reclamados, se constata que el 5 de mayo de 2023, el recurrente remitió correo electrónico a la dirección [email protected] en el que indicó: “Me llama poderosamente la atención que un vecino que está construyendo unos apartamentos a la par de mi casa tuvieron que alejarse cierta cantidad de metros de la quebraba Patalillo debido a unos requerimientos de SETENA con respecto al tamaño de construcción. Por lo que me surge la interrogante que traslado a uds: 1. Dichos centros de acopio y la empresa [Nombre 003] tienen los permisos de SETENA? 2. Tienen los estudios de impacto ambiental? 3. ¿Tienen el uso de suelo, pero cual es el plano de dichas estructuras, el tamaño de cada centro de acopio (áreas de almacenamiento, áreas de carga y descarga, área de acopio, área administrativa, baños, etc.)? 4. Cuál es el área destinada para almacenaje? ¿tiene área para almacenaje? ¿cumple con los requerimientos de altura, tipo de paredes y pisos? Leyendo el oficio supra indicado, no se indica el área que se destinó para cada centro de acopio, ya que según las fotografías enviadas el porcentaje de cobertura sobrepasa en gran manera el 60%. Por lo que quisiera saber cuál fue el área del terreno destinada para cada centro de acopio y si actualmente cumple con el requisito, además, me gustaría saber si dichos centros de acopio se han extendido o ampliado y si han tenido el aval de la Municipalidad de Goicoechea. Por otro lado, al ser un centro de acopio que está a las márgenes de una quebrada y que sobrepasa en gran manera los 300 m2 quisiera saber si cumple con los permisos y requerimientos de SETENA”

En correo electrónico remitido el 23 de mayo de 2023, al amparado se le indicó: “En atención a su correo me permito remitir oficio MG-AG-CS-0079-2023, por medio del cual se realizó tramite ante el Director de Ingeniería y el Director de Gestión Ambiental, sobre sus interrogantes. A su vez remito documento MG-AG-DGA-119-2023, respuesta que da el Ingeniero Gustavo Herrera, Director de Gestión Ambiental, quedando pendiente la respuesta del Director de Ingeniería a quien se le envió recordatorio ya que el plazo venció ayer 22 de mayo”. El oficio MG-AG-DGA-119-2023 que se le adjuntó señala: “Reciba un cordial saludo. En atención al oficio MG-AG-CS-0079-2023, mediante el cual su Despacho le solicita a esta Dirección referirse a un correo electrónico suscrito por el Sr. [Nombre 001] y al oficio MG-AG-DI-01042-2023. Al respecto se informa que hace algunos meses atrás, se realizó una inspección al sitio de la denuncia, en donde participamos la oficina regional del Ministerio del Ambiente – SINAC y esta Dirección. En esa oportunidad se pudo constatar, que el área de protección de la quebrada Patalillo, se encontraba libre de construcciones y/o otros materiales foráneos. Por lo cual no existía una violación a la Ley Forestal, en su artículo 33. Por otra parte, hasta donde tengo conocimiento, en este inmueble opera una fábrica de bolsas, no un Centro de Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables, comúnmente llamado Centro de Acopio. Por lo cual el Reglamento mencionado por el Dr. Montero, no aplicaría para esta industria. Según lo establece la legislación nacional, los Permisos para la operación de esta fábrica de bolsas, tuvieron que ser aprobados por las siguientes instancias administrativas: -Ministerio de Salud: Permiso Sanitario de Funcionamiento. -Depto de Cobros, Licencias y Patentes: Patente Comercial. -Dirección de Ingeniería: Permiso de Uso del Suelo. Por otra parte, la construcción de la bodega donde opera esta industria, debió de contar con Permisos de Construcción, los cuales debieron de ser aprobados por la Dirección de Ingeniería (esta bodega tiene al menos dos o tres años de haber sido construida). Ante este escenario, sería recomendable que el Depto. de Cobros, Licencias y Patentes rinda un informe, sobre los documentos presentados por el propietario de esta actividad comercial, para la obtención de la Patente correspondiente, a la vez que un inspector de dicho Depto. verifique que la operación se ajuste a lo tramitado en la Patente otorgada. En cuanto a la obra constructiva (bodega), la Dirección de Ingeniería podría ampliar, entregando copia del expediente del Permiso de Construcción aprobado. En caso de existir alguna irregularidad con los Permisos, la Patente Comercial podría ser cancelada, a la vez que se procedería a clausurar la actividad. Lo mismo podría ocurrir con el Permiso Sanitario de Funcionamiento, si así lo considera necesario el Área Rectora de Salud de Goicoechea, en caso de presentarse irregularidades. Sería recomendable que los despachos que otorgaron los permisos para la operación de esta industria, verifiquen que la misma se encuentra a derecho. Y que procedan de acuerdo al Debido Proceso, en caso de que existan violaciones a la ley”.

Posteriormente, el 5 de junio de 2023, la Contraloría de Servicios de la municipalidad recurrida entregó al recurrente copia certificada del expediente administrativo consistente en 66 folios que se lleva en la Contraloría de Servicios referente a seguimiento de denuncia 909-20222 realizada por el señor [Nombre 001]. Luego, en correo electrónico del 12 de junio de 2023, al recurrente se le remitió oficio MG-AG-DI-01561-2023 del 30 de mayo de 2023, en el que la Dirección de Ingeniería indicó a la Contraloría de Servicios: “Esta Dirección, de acuerdo con lo indicado en su Oficio MG-AG-CS-079-2023, sobre la denuncia realizada por el Sr. [Nombre 001], relacionado a un comercio patentado de recuperación de residuos valorizables, situado a 300 metros al sur de la Escuela José Cubero, en la propiedad con plano de catastro SJ-2180361-2020, que colinda con la rivera derecha de la Quebrada Patalillo en el distrito de Mata de Plátano, al respecto se le indica: A. El requerimiento de viabilidades ambientales para el desarrollo de actividades comerciales le corresponde pedirlo al Ministerio de Salud en el momento que se tramita el permiso de funcionamiento sanitario, por lo que se desconoce los requisitos que dicho Ministerio le solicitó, a los propietarios de ese comercio. B. Esta Dirección desconoce la existencia en el Ministerio de Salud o SETENA de Estudios de Impacto Ambiental relacionados. C. Uso de Suelo. Con base en el artículo 6 del Plan Regulador se le determinó que dicha propiedad está afectada por la Zona Residencial Mata de Plátano, ZR-MP. que estipula de manera textual (…) D. Almacenaje. Esta Dirección no regula la actividad comercial de un patentado, no obstante, se recomienda que la Dirección de Gestión Ambiental se pronuncie sobre la operación de este Centro de Acopio. En cuanto a los retiros se remitió una debida consulta al SINAC-MINAR para que se establezca si existe violación al retiro de 10 metros ortogonales, estipulado en el artículo 33 de la Ley Forestal y si existen daños ambientales” Ese mismo día, el 12 de junio de 2023, el recurrente envió nueva solicitud al correo electrónico [email protected], en la que indicó:“1. los permisos que ha otorgado la Municipalidad de Goicoechea para el funcionamiento del centro de acopio ubicado en Mata de Plátano, 400 SE de la Escuela José Cubero Muñoz 2. porcentajes de cobertura destinados. 3. ampliaciones realizadas con o sin permisos municipales, 4. cumplimiento de planos constructivos según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 5. cumplimiento de las distintas legislaciones que regulan su funcionamiento 6. por qué motivo se le dio la categoría de industria inocua 7. hay invasión o no a la zona protegida (documento del SINAC en donde certifique la inspección y la fecha de la misma). 8. cuando fue la última visita de la Municipalidad a dichas empresas y cuál fue el criterio para prorrogar los permisos de funcionamiento? 9. cuando fue la última medición para determinar el cumplimiento del porcentaje de cobertura? 10. ¿Cuándo se realizó la audiencia pública para informar a la comunidad sobre la apertura o entrada en funcionamiento de las empresas ubicadas en dicho predio? favor adjuntar copia del acta”.

El 19 de junio de 2023, la funcionaria Magdalena Campos Pessoa le contestó al recurrente vía correo electrónico: “En seguimiento a la denuncia interpuesta por su persona me permito adjuntar documentación variada de los trámites y respuestas que nos brindan los Departamentos. Sobre la información detallada no se la puedo enviar por este medio por ser mucha, por lo que se estará realizando un expediente con todo el contenido para su conocimiento, aún me faltan por contestar, lo cual estaremos realizando recordatorio. Con respecto a su último correo quiero indicarle que se está trabajando en eso”. Por lo anterior, en correo electrónico remitido por el recurrente el 22 de junio de 2023, contestó a la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Goicoechea: “Doy acuse de recibido, sin embargo, sigo manifestando mi inconformidad ya que no se indica la información que estoy solicitando como el porcentaje de cobertura de dicho terreno, independientemente se haya segregado o no, el porcentaje de cobertura no puede sobrepasar el 60%. Por lo que le agradezco me indiquen cuando fue la última medición o inspección que realizó la Municipalidad de Guadalupe. Por otro lado en los planos se observa una construcción que no corresponde con las construcciones actuales por lo que quisiera saber si las modificaciones estructurales han tenido el visto bueno de la Municipalidad de Goicoechea, a su vez me interesa conocer cuál o cuáles han sido los inspectores que han realizado las visitas a dichos predios cuya obligación es velar por el cumplimiento de las Normas, Leyes y reglamentos que regulan dichas actividades (…).

El 28 de junio de 2023, mediante correo electrónico enviado a [email protected], el recurrente gestionó denuncia contra el Centro de Acopio Mata de Plátano. Posteriormente, el 10 de julio de 2023, mediante correo electrónico enviado a [email protected], el recurrente solicitó: “Quisiera saber como va la denuncia interpuesta por mi persona derivada del oficio UTU 025-2023 donde se señala que hay estructura construida en un predio sin número por ser reserva de protección del río. Les recuerdo la obligación de la Municipalidad de velar por el cumplimiento de la legislación vigente y el artículo 88 de la Ley de Construcciones es muy claro. Favor indicar el consecutivo de dicha denuncia. Les agradezco me indiquen cuales han sido las acciones de la Municipalidad a la vez que aprovecho para consultar si esas edificaciones han tenido el visto bueno de la Municipalidad tanto de Ingeniería y patentes, así como si tienen los planos visados, uso de suelos, planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y si son estructuras sujetas a declaración de impuestos”.

Así, en correo electrónico remitido el 12 de julio de 2023, al recurrente se le indicó: “En atención a su correo me permito adjuntar oficio MG-AG-CS-0108-2023, trámite realizado en seguimiento a denuncia interpuesta por su persona sobre centro de acopio, para su información y demás fines pertinentes”. En el oficio MG-AG-CS-0108-2023 se le solicitó al director de Ingeniería y Operaciones por parte de la Contraloría de Servicios lo siguiente: “El proceso que lleva la Contraloría de Servicios sobre el seguimiento a denuncia interpuesta por el señor [Nombre 001] concerniente a un centro de acopio como otras actividades que se realizan en las finca con localización 043600201379, ubicado en el Distrito de Mata de Plátano, de la Escuela José Cubero 500 sur. Traslado oficio UTU-025-2023, suscrito por la Licda. Rosibel Ruiz Mora, Jefa Plataforma de Servicios, quien indica que contiguo a este predio (042938-7) se encuentra otro sin número por ser una reserva de protección al río. Consultando al Departamento de Catastro quien nos proporcionó los planos de la finca, se observa que dicho predio sin número, pertenece al señor Manuel Elías Cubero Segura, según plano SJ 1-2180361-2020-A. Revisando el Visor Cartográfico pudimos distinguir que dentro de este predio sin número se encuentra una construcción. Por lo que solicitamos se realice inspección al sitio y determinar, si la construcción que se aprecia efectivamente está dentro de la zona de protección, si se le otorgaron permisos tanto de construcción como usos de suelo para la actividad que se ejerce en el sitio, los cuales deberán ser aportados, y si la respuesta fuera negativa brindar un informe al respecto, todo en un plazo no menor a 3 días sin prórroga”.

El 14 de julio de 2023, mediante correo electrónico enviado a [email protected], el recurrente solicitó: “Quisiera saber cuáles son los nombres de las empresas y las patentes que tienen las empresas que están ubicadas 350 SE de la Escuela José Cubero Muñoz, contiguo al margen de la Quebrada Patalillo, en una propiedad del señor Cubero. Esto debido a que el Ministerio de Salud tiene clasificada a la empresa [Nombre 003] con un Código CIIU 2220 lo cual corresponde a una fábrica de productos de plástico y no como un centro de acopio según oficio MS-CS-URS-J-0593-2019. Al ser una fábrica de plástico código CIIU 2220, está catalogada como una industria, actividad o uso prohibido según el Plan Regulador en su artículo 16 Zona Residencial Mata de Plátano inciso 5. Mediante el oficio MG-AG-DGA-119-2023 del 12 de mayo 2023, el ingeniero Gustavo Herrera indica que en esa bodega opera una industria desde hace 2 o 3 años, así mismo, hace la recomendación de que el departamento de Patentes rinda un informe sobre los documentos presentados por el propietario y se realice la verificación para determinar si la operación comercial se ajusta a lo tramitado según la patente otorgada. En el mismo oficio se indica que en el caso de que exista alguna irregularidad el permiso o la patente puede ser cancelada y clausurada la actividad. Por tal motivo quisiera saber: 1. cuáles han sido las acciones tomadas por la Municipalidad y quisiera tener una copia de dicho informe, 2. cuando fue la última visita realizada para determinar si la patente se ajusta a la actividad realizada. En caso de que la patente se ajuste a dicha actividad 3. quisiera saber por qué tiene permisos municipales una actividad que está prohibida según el Plan Regulador”. Finalmente, el 13 de octubre de 2023, la Contraloría de Servicios remitió al recurrente el oficio MG-AG-DI-02643-2023 suscrito por la Dirección de Ingeniería, el cual indica: “Como respuesta a los oficios MG-AG-CS-0108-2023 y MG-AG-CS-0133-2023 y después de que se realizara visita al sitio en la propiedad según número de localización 043600201379 donde opera un centro de acopio en Mata de Plátano de la escuela José Cubero 500 sur, me permito informar lo siguiente. La propiedad respecto a cualquier tipo de construcción, respeta el retiro fluvial de 10 metros de la quebrada Patalillo, siendo que no hay construcciones dentro de la zona de protección. Las construcciones que se observan en fotografías en sitio, son de tipo provisional donde se llevan a cabo labores relacionadas con el centro de acopio y no requieren permiso de construcción. En cuanto al uso de suelo, la actividad cuenta con uso de suelo permitido desde hacia varios años, patente municipal y permisos sanitarios de funcionamiento, corroborado esto último en reunión que sostuvimos personeros de la Sección de Cobros y Patentes con la Directora del Área de Salud de Goicoechea en el mes de setiembre, sobre este particular se le puede consultar de forma más directa a esa entidad. Respecto al uso de suelo, el más reciente por renovación de actividad consolidada es el número 55863 de mayo del presente año”.

Así las cosas, esta Sala constata la lesión a los derechos fundamentales del recurrente, quien argumenta que sus gestiones han sido contestadas de forma escueta, o no han sido respondidas del todo.

Al respecto, la autoridad recurrida informa, en resumen, que la gestión del 5 de mayo de 2023 fue contestada por los oficios MG-AG-DGA-119-2023 el 23 de mayo y MG-AG-DI-015614-2023 del 30 de mayo siguiente; sin embargo, lo cierto es que esos oficios fueron suscritos por la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Ingeniería, respectivamente, y dirigidos a la Contraloría de Servicios. Así, se observa que la autoridad recurrida no realizó una contestación formal, puntual y circunstanciada de cada uno de los aspectos solicitados por el recurrente, sino que se limitó a reenviarle copia de los oficios suscritos por diferentes dependencias de la municipalidad y dirigidos a la Contraloría de Servicios.

En ese sentido, conviene enfatizar que, ante toda petición escrita, la autoridad respectiva debe emitir la pertinente respuesta formal, concisa y directa a cada una de las interrogantes planteadas en su escrito, a fin de evitar un estado de incertidumbre en el interesado, e incluso si por alguna razón la Administración no pudiera cumplir lo pedido, está obligada a explicar de manera concisa y detallada, dentro del plazo de ley, las razones por las cuales no lo puede hacer.

Asimismo, véase que, el 12 de junio de 2023, el recurrente remitió otra solicitud de información con diez puntos específicos; empero, por correo electrónico del 19 de junio siguiente se le indicó que “la información detallada no se la puedo enviar por este medio por ser mucha, por lo que se estará realizando un expediente con todo el contenido para su conocimiento”; no obstante, no consta que tal información haya sido debidamente remitida, de forma concisa y directa. Al respecto, nótese que el mismo recurrente manifestó su disconformidad con la forma en la que le estaban brindando respuesta a sus gestiones, al indicar: “sigo manifestando mi inconformidad ya que no se indica la información que estoy solicitando como el porcentaje de cobertura de dicho terreno, independientemente se haya segregado o no, el porcentaje de cobertura no puede sobrepasar el 60%. Por lo que le agradezco me indiquen cuando fue la última medición o inspección que realizó la Municipalidad de Guadalupe. Por otro lado en los planos se observa una construcción que no corresponde con las construcciones actuales por lo que quisiera saber si las modificaciones estructurales han tenido el visto bueno de la Municipalidad de Goicoechea, a su vez me interesa conocer cuál o cuáles han sido los inspectores que han realizado las visitas a dichos predios cuya obligación es velar por el cumplimiento de las Normas, Leyes y reglamentos que regulan dichas actividades (…)”.

Por otra parte, en cuanto al escrito del 10 de julio de 2023, se observa que se le dio respuesta parcial, por cuanto el recurrente solicitó información sobre el avance de la denuncia ambiental del centro de acopio, ante lo cual la Contraloría de Servicios remitió copia del oficio MG-AG-CS-0108-2023, en el que se indica: “El proceso que lleva la Contraloría de Servicios sobre el seguimiento a denuncia interpuesta por el señor [Nombre 001] concerniente a un centro de acopio como otras actividades que se realizan en las finca con localización 043600201379, ubicado en el Distrito de Mata de Plátano, de la Escuela José Cubero 500 sur. Traslado oficio UTU-025-2023, suscrito por la Licda. Rosibel Ruiz Mora, Jefa Plataforma de Servicios, quien indica que contiguo a este predio (042938-7) se encuentra otro sin número por ser una reserva de protección al río. Consultando al Departamento de Catastro quien nos proporcionó los planos de la finca, se observa que dicho predio sin número, pertenece al señor Manuel Elías Cubero Segura, según plano SJ 1-2180361-2020-A. Revisando el Visor Cartográfico pudimos distinguir que dentro de este predio sin número se encuentra una construcción. Por lo que solicitamos se realice inspección al sitio y determinar, si la construcción que se aprecia efectivamente está dentro de la zona de protección, si se le otorgaron permisos tanto de construcción como usos de suelo para la actividad que se ejerce en el sitio, los cuales deberán ser aportados, y si la respuesta fuera negativa brindar un informe al respecto, todo en un plazo no menor a 3 días sin prórroga”; sin embargo, en esa misma solicitud del 10 de julio de 2023, el recurrente solicitó: “a la vez que aprovecho para consultar si esas edificaciones han tenido el visto bueno de la Municipalidad tanto de Ingeniería y patentes, así como si tienen los planos visados, uso de suelos, planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y si son estructuras sujetas a declaración de impuestos”; empero, no aparece la respuesta a dichas solicitudes en particular.

Finalmente, en cuanto a la gestión del 14 de julio de 2023, en el que el recurrente solicitó: “(…) 1. cuáles han sido las acciones tomadas por la Municipalidad y quisiera tener una copia de dicho informe, 2. cuando fue la última visita realizada para determinar si la patente se ajusta a la actividad realizada. En caso de que la patente se ajuste a dicha actividad 3. quisiera saber por qué tiene permisos municipales una actividad que está prohibida según el Plan Regulador”; la autoridad recurrida informó bajo juramento que: “Como respuesta a su consulta, la Contraloría de Servicios, entregó copia certificada del expediente solicitado, que consta de 066 folios y fue recibida a satisfacción por el mismo señor [Nombre 001], el día 05 de junio 2023, adjunto documento”.

Es decir, la misma autoridad recurrida acepta que no dio respuesta puntual a dicha gestión, sino que se limita a informar que previamente al amparado se le había entregado copia certificada del expediente de la denuncia ambiental por él incoada.

En mérito de lo expuesto, se constata la lesión a los derechos fundamentales del recurrente, por la falta de respuesta formal, concisa y directa a cada una de las interrogantes planteadas en sus escritos de fechas 5 de mayo, 12 de junio, 10 de julio y 14 de julio, todos de 2023.

Ergo, procede estimar el recurso en cuanto a la Municipalidad de Goicoechea, con la orden que se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia.

 V.- Por otra parte, en cuanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se tiene por demostrado que El 7 de agosto de 2023, el recurrente remitió una denuncia dirigida al SINAC por medo del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA). La resolución de curso del amparo fue notificada a la autoridad recurrida el 7 de noviembre de 2023. Así, el 8 de noviembre de 2023, las autoridades de la Oficina Subregional San José del SINAC llevaron a cabo inspección in situ.

Mediante informe de gira nro. SINAC-ACC-OSJ-inf-1424-2023 del 8 de noviembre de 2023, se concluyó: “Conclusiones: Que se llega al sitio de los supuestos hechos en el cual se detecta la posible invasión al área de protección de la quebrada Patalillo en al menos tres sitios los cuales se enumeran de manera consecutiva y se muestran en el mapa 1 y fotos 1, 2 y 3. La afectación se estima en 250 metros cuadrados. Que, por las características del sitio, y ante la ausencia del alineamiento del INVU al momento de la inspección, se realiza un estimado de las invasiones por lo que se recomienda que se solicite un levantamiento por medio de profesionales en topografía y establecer con un mayor grado de exactitud las invasiones al área de protección del cauce de la quebrada Patalillo. Para lo anterior se pondrá en conocimiento del Ministerio Público el presente informe y que este ente gestione ante Ingeniería Forense del OIJ la diligencia recomendada. Informar al Ministerio Público, Sala Constitucional y Contraloría Ambiental sobre los hechos detectados”.

Así, en correo electrónico enviado a las 10:23 horas del 9 de noviembre de 2023, el encargado de Programa Prevención, Protección y Control de la Oficina Subregional San José del SINAC informó al recurrente: “Respecto a la atención de la SITADA 42179-2023, se adjunta copia del informe de inspección y comprobante de interposición de denuncia ante la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José”.

En mérito de lo expuesto, se constata la lesión al artículo 41 constitucional por la dilación en atender la denuncia ambiental incoada por el recurrente desde el 7 de agosto de 2023. Ahora bien, visto que en atención de este recurso se subsanó la situación reclamada, se estima el recurso en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, únicamente en lo que respecta al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

 VII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

VIII.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia, únicamente en cuanto al SINAC. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

En cuanto a la Municipalidad de Goicoechea se declara con lugar el recurso. Se ordena a Irene Campos Jiménez, Mario Iván Rojas Sánchez y Jessica Mayers Marín, por su orden alcaldesa, director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y contralora de servicios, todos de la Municipalidad de Goicoechea, o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a los efectos de que, dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS contados a partir de la notificación de esta sentencia, atiendan de forma puntual y completa las gestiones planteadas por el recurrente los días 5 de mayo, 12 de junio, 10 de julio y 14 de julio, todos de 2023, y se le notifique lo correspondiente, suprimiendo toda la información catalogada como sensible, de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley nro. 8968. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Goicoechea al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En cuanto al Sistema Nacional de Áreas y Conservación se declara con lugar el recuso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, por la demora en atender la denuncia planteada por el recurrente el 7 de agosto de 2023. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas, en cuanto al SINAC. Notifíquese.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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*ULVPJ1UJ47WS61*

 ULVPJ1UJ47WS61

EXPEDIENTE N° 23-026709-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:08:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the nineteenth of January of two thousand twenty-four.

An amparo action processed in case file no. 23-026709-0007-CO, filed by [Name 001], identity card number [Value 001], against the MUNICIPALITY OF GOICOECHEA and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

Whereas:

1.- By a document incorporated into the electronic case file at 2:09 p.m. on October 27, 2023, the petitioner files an amparo action. He claims that he is a resident of the Condominio Lomas de Montes de Oca located in the Mata de Plátano district, and his dwelling house borders the protected area of the Quebrada Patalillo, which in turn borders a property on which the Mata de Plátano Collection Center (Centro de Acopio de Mata de Plátano), a plastic bag factory ([Name 003]), and a plastic and paper collection center (Ritel) are located, all situated on the property belonging to [Name 002]. He notes that he has filed several complaints with the Municipality of Goicoechea regarding the municipal permits, coverage percentages (porcentajes de cobertura), land use (uso de suelos), tax declarations, and plans approved by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos for these collection centers and factory; however, he notes that the responses have been quite brief or there is simply no reply. He notes that, via email dated May 5, 2023, addressed to [email protected], he stated the following to the Office of the Comptroller of Services (Contraloría de Servicios) of the respondent municipality: "It powerfully calls my attention that a neighbor who is building some apartments next to my house had to set back a certain number of meters from the Quebrada Patalillo due to some requirements from SETENA regarding the size of the construction. Therefore, I have the following questions that I am forwarding to you: 1. Do said collection centers and the company [Name 003] have the SETENA permits? 2. Do they have the environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental)? 3. Do they have the land use permit (uso de suelo), but what is the plan for said structures, the size of each collection center (storage areas, loading and unloading areas, collection area, administrative area, bathrooms, etc.)? 4. What is the area designated for storage? Does it have a storage area? Does it meet the requirements for height, type of walls, and floors? Reading the aforementioned official letter, the area designated for each collection center is not indicated, since according to the photographs sent, the coverage percentage (porcentaje de cobertura) greatly exceeds 60%. Therefore, I would like to know what the land area designated for each collection center was and whether it currently meets the requirement. Furthermore, I would like to know if said collection centers have been extended or expanded and if they have had the approval of the Municipality of Goicoechea. On the other hand, since it is a collection center that is on the banks of a stream (quebrada) and far exceeds 300 m2, I would like to know if it complies with the permits and requirements of SETENA." He relates that, via official letter MG-AG-DI-01561-2023 of May 30, 2023, he received a partial response, as questions 3 and 4 were not answered. He specifies that, in June 2023, via email addressed to [email protected], they asked the municipality: "1. the permits that the Municipality of Goicoechea has granted for the operation of the collection center located in Mata de Plátano, 400 SE of the José Cubero Muñoz School; 2. designated coverage percentages (porcentajes de cobertura); 3. expansions carried out with or without municipal permits; 4. compliance with construction plans according to the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; 5. compliance with the different laws that regulate its operation; 6. whether or not there is encroachment on the protected area (a document from SINAC certifying the inspection and the date thereof); 7. when was the last visit by the Municipality to said companies and what was the criterion for extending the operating permits?; 8. when was the last measurement to determine compliance with the coverage percentage (porcentaje de cobertura)?; 9. When was the public hearing held to inform the community about the opening or start of operations of the companies located on said property? Please attach a copy of the minutes." He accuses that no response was received. He claims that, on July 10, 2023, via email sent to [email protected], he requested the following: "I would like to know the status of the complaint filed by me arising from official letter UTU 025-2023, which states that there is a structure built on an unnumbered property because it is a river protection reserve. I remind you of the Municipality's obligation to enforce compliance with current legislation, and Article 88 of the Construction Law (Ley de Construcciones) is very clear. Please indicate the tracking number of said complaint. I would appreciate it if you would tell me what the Municipality's actions have been, while I also take the opportunity to ask if those buildings have had the approval of the Municipality, both from engineering and business licensing (patentes), as well as if they have approved plans, land use permits (uso de suelos), plans approved by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, and if they are structures subject to tax declaration." He states that, via official letter MG-AG-CS-0108-2023 of July 11, 2023, Licda. Jessica Mayers of the Office of the Comptroller of Services requested Engineer Iván Rojas to carry out an inspection to determine if there is construction on the unnumbered property, verify construction permits, land use (uso de suelos), and provide a report within a period not exceeding three days; however, he accuses that there is still no response. He mentions that, on July 14, 2023, via email sent to [email protected], he requested the following: "I would like to know the names of the companies and the business licenses (patentes) held by the companies located 350 SE of the José Cubero Muñoz School, adjacent to the bank of the Quebrada Patalillo, on a property owned by Mr. Cubero. This is because the Ministry of Health has classified the company [Name 003] with ISIC Code 2220, which corresponds to a plastic products factory and not a collection center, according to official letter MS-CS-URS-J-0593-2019. As a plastic factory with ISIC code 2220, it is categorized as an industry, activity, or prohibited use according to the Plan Regulador in its Article 16, Mata de Plátano Residential Zone, subsection 5. Through official letter MG-AG-DGA-119-2023 of May 12, 2023, Engineer Gustavo Herrera indicates that an industry has been operating in that warehouse for 2 or 3 years, and likewise recommends that the Business Licensing Department (Departamento de Patentes) issue a report on the documents submitted by the owner and verify to determine if the commercial operation conforms to what was processed according to the granted business license (patente). The same official letter indicates that if there is any irregularity, the permit or business license (patente) can be canceled and the activity shut down. For this reason, I would like to know: 1. what actions have been taken by the Municipality, and I would like a copy of said report; 2. when was the last visit made to determine if the business license (patente) conforms to the activity carried out. In the event that the business license (patente) does conform to said activity, 3. I would like to know why a prohibited activity according to the Plan Regulador has municipal permits." However, he complains that he received no response. He argues that, due to the lack of response from the Municipality of Goicoechea and engineer Iván Rojas, he filed a complaint in the SITADA electronic portal (tracking no. 22512) detailing the following: "According to official letter UTU 025-2023 from the Municipality of Goicoechea, there is a construction on an unnumbered property because it is a river protection reserve. Likewise, through official letter MG-AG-CS-0108-2023, it is indicated that according to the map viewer, there is a construction on said property." He explains that the complaint made in SITADA was entered on August 7, 2023, and was forwarded that same date to SINAC; however, there is still no response. He considers his fundamental rights violated.

2.- By a resolution issued at 10:24 a.m. on November 3, 2023, the Presidency of the Chamber cautioned the petitioner of the following: "A) The petitioner shall provide a complete, legible copy, with the respective proof of receipt or submission, of the following proceedings or complaints filed with the respondent authority on July 10 and 14, 2023. B) Furthermore, he must specify on what date he asked the respondent authority to be informed 'When was the public hearing held at which the Municipality of Goicoechea notified the community of the establishment of said industries? (Plan Regulador, Canton of Goicoechea) Under what argument were they characterized as innocuous industries? (Plan Regulador, Municipality of Goicoechea) Response via official letter MG-AG-DI-01561-2023 indicates Article 16 of the Plan Regulador, subsection 3, that "Innocuous industry" is a conditional use, as are collection centers. Likewise, subsection 5 indicates prohibited uses, mentioning "industry." Should said industries have the 50 meters of ecological buffer (cautela ecológica) established by the Plan Regulador, as well as the setbacks established by the regulations? (Plan Regulador, Canton of Goicoechea, Article 4 of the Regulation for Centers for the Recovery of Recoverable Waste No. 41052) (Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables No 41052). Should the Fire Department carry out a visit to said industries and collection center? (Law 8228, Law of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica). Were the expansions made or the construction plans carried out according to the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos? Is there encroachment on the protected area or not (a document from SINAC certifying the inspection and the date thereof)? When was the last visit by the Municipality to said companies and what was the criterion for extending the operating permits? When was the last measurement to determine compliance with the coverage percentage (porcentaje de cobertura)?' and provide a complete, legible copy, with the respective proof of receipt or submission, of the proceedings in which he requested the aforementioned information. C) Finally, the petitioner must provide the complaint filed with SITADA on August 7, 2023."

3.- Through documents incorporated into the electronic case file on November 6, 2023, the petitioner fulfilled the caution ordered by the Presidency of the Chamber.

4.- By a resolution issued at 4:31 p.m. on November 6, 2023, the Presidency of the Chamber accepted the case for processing and requested a report from the Director of the Área de Conservación Central (ACC) of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as well as from the Mayor, the Director of Engineering, Operations and Urbanism (Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo), and the Comptroller of Services (Contralor de Servicios), all of the Municipality of Goicoechea.

5.- Meryll Arias Quirós reports under oath in her capacity as acting director (directora a. i.) of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. She states: "This Directorate attaches report SINAC-ACC-OSJ-inf-1424-2023, in response to the request in the aforementioned Amparo Action, for the corresponding processing. Also attached are the verifiers of the actions taken, including: ü SITADA printout 42179-2023 ü Document MG-AG-DI-01561-2023 ü Document MG-AG-CS-0108-2023 ü Complaint SINAC-AC-OSJ-d-1431-2023 ü Report SINAC-ACC-OSJ-inf-1424-2023 ü Notification of the complaint to the Prosecutor's Office ü Notification of the report to the complainant ü Proof of the status of SITADA 42179-2023 updated to date." In report SINAC-ACC-OSJ-inf-1424-2023 of November 8, 2023, it was concluded: "Conclusions: That upon arriving at the site of the alleged acts, possible encroachment on the protection area of the Quebrada Patalillo was detected in at least three sites, which are numbered consecutively and shown on Map 1 and Photos 1, 2, and 3. The affected area is estimated at 250 square meters. That, due to the characteristics of the site, and given the absence of the INVU alignment at the time of the inspection, an estimate of the encroachments was made, so it is recommended that a survey be requested by topography professionals to establish with a greater degree of accuracy the encroachments on the protection area of the channel of the Quebrada Patalillo. For the foregoing, the Public Prosecutor's Office will be informed of this report, so that this entity can arrange the recommended diligence through the Forensic Engineering unit (Ingeniería Forense) of the OIJ. To inform the Public Prosecutor's Office, the Constitutional Chamber, and the Environmental Comptroller's Office (Contraloría Ambiental) of the facts detected."

6.- Irene Campos Jiménez, Mario Iván Rojas Sánchez, and Jessica Mayers Marín report under oath, in their respective order as Mayor, Director of Engineering, Operations and Urbanism (Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo), and Comptroller of Services (Contralora de Servicios), all of the Municipality of Goicoechea. They state: "Your Honors, as observed from the facts alleged by the petitioner that form the basis of his amparo action, regarding what concerns this Municipality, we basically note four requests for information to this Municipality, which I detail: 1- In June 2023, via email addressed to [email protected]; in summary, nine specific questions regarding the collection center located in Mata de Plátano, 400 SE of the José Cubero Muñoz School, and he accuses that no response was received. 2- Via email dated May 5, 2023, addressed to [email protected], regarding an alleged construction being carried out by a neighbor next to his house and the surrounding collection centers and the company [Name 003], and he ends by indicating that, via official letter MG-AG-Dl-01561-2023 of May 30, 2023, from the Engineering and Operations Directorate (Dirección de Ingeniería y Operaciones) of the Municipality of Goicoechea, he was partially answered, as questions 3 and 4 were not answered. 3- That on July 14, 2023, via email sent to [email protected], he requested, in summary, the names of the companies and the business licenses (patentes) held by the companies located 350 SE of the José Cubero Muñoz School, adjacent to the bank of the Quebrada Patalillo. He acknowledges that this inquiry was addressed via official letter MG-AG-DGA-119-2023 of May 12, 2023, from Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director of Environmental Management (Director de Gestión Ambiental) of the Municipality, but regarding that response, he made specific inquiries about the actions taken by the Municipality and that he would like a copy of said report, in addition to when the last visit was made to determine if the business license (patente) conforms to the activity carried out, and if it conforms, to know why an activity prohibited according to the Plan Regulador has municipal permits." However, he complains that he received no response. 4- On July 10, 2023, via email sent to [email protected], he requested to know the status of the complaint filed by him, arising from official letter UTU 025-2023, which states that there is a structure built on an unnumbered property because it is a river protection reserve, and what the Municipality's actions have been, in addition to specific questions regarding said buildings. However, he indicates that he still received no response. First, to inform this judicial authority that the email address to which the petitioner sent the information request is established as the official mechanism for receiving user requests and belongs to the Office of the Comptroller of Services (Contraloría de Servicios) of the Municipality of Goicoechea. Regarding the specific case, wherein, according to the transfer made by the Constitutional Chamber, a report is requested from my represented entity on requests or inquiries made by the petitioner here, Mr. [Name 001], via email to the Office of the Comptroller of Services, specifically and in chronological order dated May 5, 2023, June 2023, July 10, 2023, and July 14, 2023; on this matter, via official letter MG-AG-CS-0150-2023, of November 1, 2023, signed by Licda. Jessica Mayers Marín, Comptroller of Services (Contralora de Servicios) of the Municipality of Goicoechea, which forms part of our evidentiary body, on the facts alleged by the petitioner, she reports: On May 5, 2023, an email was received in the name of Mr. [Name 001], who by this means confirms the delivery of document MGAG-DI-OI 042-2023 from the Engineering Directorate, delivered physically, regarding which he makes several observations with respect to the collection center, as well as regarding official letter MG-AG-Dl-0893-2023 from the Engineering Directorate. The Office of the Comptroller of Services processed it with official letter MG-AG-CS-0079-2023, dated May 11, 2023, which was sent to the email [...] indicated for such purposes by Mr. [Name 001], and on May 23, 2023, together with the response received from the Environmental Management Directorate (Dirección de Gestión Ambiental), with official letter number MG-AG-DGA119-2023, the response from the Engineering Directorate was still pending, for which a reminder was sent on May 23, 2023, regarding Mr. Montero's consideration of a partial response from said municipal department. Regarding the above, on May 30, 2023, official letter MG-AGDl-01561-2023 was received from the Engineering Directorate, through which it responds to official letter MG-AG-CS-0079-2023. This document was forwarded to Mr. [Name 001] on June 12, 2023, which was communicated to the email [...] of the petitioner here, demonstrating that we addressed this inquiry. In June 2023, precisely on June 1, an email was received from Mr. Montero, stating: "Hello Thank you very much... ...I requested the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) because it was not requested in the official letter sent from the Comptroller's Office to Engineering." We note that this is a comment from the petitioner, not a specific inquiry requiring attention from a municipal department. On June 12, another email was received from Mr. Montero, which was duly and promptly addressed, responding via the same channel on June 19, attaching all the documentation and procedures carried out by the Office of the Comptroller regarding the matter. On June 22, Mr. Montero responded to the previous email, stating: I ACKNOWLEDGE RECEIPT. Again, this is a comment from the petitioner here, which evidently does not demand a response or attention from our part. On June 28, another email was received from Mr. Montero filing a complaint about the Collection Center. On July 10, 2023, we received an email from Mr. Montero requesting a response to the procedure initiated on June 28, regarding the official letter sent to the Engineering Directorate for document UTU-025-2023, which was processed with official letter MG-AGCS-0108-2023 from the Office of the Comptroller of Services, dated July 11, 2023, and sent to the email [...] of Mr. Montero on July 12, 2023. On July 14, 2023, an email was received from Mr. [Name 001] requesting: 1-What actions have been taken by the Municipality and he would like a copy of said report; 2. When the last visit was made to determine if the business license (patente) conforms to the activity carried out. In the event that the business license (patente) does conform to said activity, 3. I would like to know why a prohibited activity according to the Plan Regulador has municipal permits. In response to his inquiry, the Office of the Comptroller of Services delivered a certified copy of the requested file, consisting of 066 folios, and it was received to the satisfaction of Mr. [Name 001] himself, on June 5, 2023; document attached. Now, on August 17, a reminder was sent to Engineer Mario Iván Rojas Sánchez, Director, in order to inform him that official letter MG-AG-CS-0108-2023, sent to his Department on July 12, 2023, had not been answered. On August 21, we received a response from the Engineering Directorate via email, which, given inconsistencies in the email, was requested to be answered according to procedure (i.e., physically). Regarding the above, on September 8, 2023, we received several emails from Mr. Montero, one at 7:28 a.m., one at 7:33 a.m., and another at 7:37 a.m. Therefore, processing was carried out with official letter MG-AG-CS-01332023, through which the Engineering Directorate was asked to address all of Mr. Montero's inquiries and reminded to answer official letter MG-AG-CS-OI 08-2023. An email was sent to Mr. Montero on September 8, attaching said procedure. On October 11, 2023, we received from the Engineering Directorate Official Letter MG-AG-Dl-02643-2023, in response to official letters MG-AG-CS-01082023 and MG-AG-CS-0133-2023, which were duly forwarded to the email of Mr. [Name 001] on October 13, 2023, by which we demonstrate that the four specific requests made to this Municipality were addressed, meaning those four requests ordered chronologically: those of May 5, 2023, June 2023, July 10, 2023, and July 14, 2023, which support the filing of this amparo action by the petitioner here, Mr. [Name 001]. Your Honors, to render this report, a report was requested from the Engineering and Operations Directorate (Dirección de Ingeniería y Operaciones) on the facts alleged by the petitioner here, Mr. [Name 001], indicated via official letter MG-AG-DI03263-2023, of November 13, 2023, signed by Eng. Mario Iván Rojas Sánchez, Director of Engineering and Operations (Director de Ingeniería y Operaciones) of this Municipality, who on this matter reports: That he did not locate any document containing a request made by Mr. [Name 001] directly before this Municipal Engineering department; the notes related to inquiries made by the interested party were responded to in due course to the Municipal Comptroller of Services (Contraloría Municipal de Servicios) of the Municipality, as that department indicates in official letter MG-AG-CS-OI 50-2023, since apparently, it was there, before that department, where Mr. [Name 001] expressed his concerns. Therefore, it is necessary to be clear in pointing out that, on our part, there has been no lack of response to inquiries made by the interested party, as he did not make any request directly before this Directorate. Furthermore, as a specific response, we allow ourselves to point out that what corresponds to inquiries made through the Platform of Services (Plataforma de Servicios), apparently on May 5, 2023, in June 2023, on July 10, 2023, and on July 14, 2023 (dates set forth in the petitioner's document), related to coverage percentages (porcentajes de cobertura), possible encroachment on the protection zone, and activities conforming or permitted on that property, ALL HAVE BEEN RESPONDED TO IN A TIMELY MANNER and are given in the land use permit (uso de suelo) 55863 and official letters MG AG Dl 0633-2023, MG AG Dl 01561-2023, MG AG Dl 01729-2023, and MG AG Dl 02643-2023, all provided to the Office of the Comptroller of Services on the dates of each document, copies of which we offer."

7.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Rueda Leal; and,

Considering:

I.- Preliminary matter. Before analyzing the substance of the matter, it must be clarified that, starting from judgment no. 2008-002545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is debated whether the Public Administration has complied or not with the timeframes set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the case at hand (sub lite), a case of exception arises, as the proceedings are related to environmental matters. Taking into account this type of matter, this Chamber assesses possible delays in the resolution of this type of complaints. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo action.

II.- Object of the action. The petitioner alleges that he is a resident of Mata de Plátano in Goicoechea, his dwelling house borders the protected area of the Quebrada Patalillo, and this in turn borders a property where a plastic bag factory and two material collection centers are located. He affirms that he has filed several inquiries and complaints with the Municipality of Goicoechea concerning the municipal permits, coverage percentages (porcentajes de cobertura), land use (uso de suelos), tax declarations, and plans approved by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos for these collection centers and factory; however, he notes that the responses have been quite brief or there is simply no reply. For the foregoing reasons, on August 7, 2023, he filed an environmental complaint with SINAC; however, he has not yet been provided with a response. He requests the intervention of the Chamber.

III.- Proven facts. Deemed important for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven:

a) The petitioner is a resident of Condominio Lomas de Montes de Oca located in Mata de Plátano, Goicoechea (an undisputed fact).

b) The amparo action was filed on October 27, 2023 (see electronic case file).

Regarding the Municipality of Goicoechea:

c) The email [email protected] is established as the official mechanism for receiving user requests (see report rendered under oath).

d) On May 5, 2023, the petitioner sent an email to the address [email protected] in which he stated: "It powerfully calls my attention that a neighbor who is building some apartments next to my house had to set back a certain number of meters from the Quebrada Patalillo due to some requirements from SETENA regarding the size of the construction. Therefore, I have the following questions that I am forwarding to you: 1. Do said collection centers and the company [Name 003] have the SETENA permits? 2. Do they have the environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental)? 3. Do they have the land use permit (uso de suelo), but what is the plan for said structures, the size of each collection center (storage areas, loading and unloading areas, collection area, administrative area, bathrooms, etc.)? 4. What is the area designated for storage? Does it have a storage area? Does it meet the requirements for height, type of walls, and floors? Reading the aforementioned official letter, the area designated for each collection center is not indicated, since according to the photographs sent, the coverage percentage (porcentaje de cobertura) greatly exceeds 60%. Therefore, I would like to know what the land area designated for each collection center was and whether it currently meets the requirement. Furthermore, I would like to know if said collection centers have been extended or expanded and if they have had the approval of the Municipality of Goicoechea. On the other hand, since it is a collection center that is on the banks of a stream (quebrada) and far exceeds 300 m2, I would like to know if it complies with the permits and requirements of SETENA" (see evidence provided).

e) In an email sent on May 23, 2023, the amparo beneficiary was told: "In response to your email, I am forwarding official letter MG-AG-CS-0079-2023, by means of which processing was carried out before the Director of Engineering and the Director of Environmental Management regarding your questions. In turn, I am forwarding document MG-AG-DGA-119-2023, a response provided by Engineer Gustavo Herrera, Director of Environmental Management, with the response from the Director of Engineering still pending, to whom a reminder was sent since the deadline expired yesterday, May 22." The attached official letter MG-AG-DGA-119-2023 states: "Receive a cordial greeting. In response to official letter MG-AG-CS-0079-2023, by which your Office requests this Directorate to address an email signed by Mr. [Name 001] and official letter MG-AG-DI-01042-2023. In this regard, it is reported that some months ago, an inspection was carried out at the site of the complaint, in which the regional office of the Ministry of Environment – SINAC and this Directorate participated. On that occasion, it was possible to verify that the protection area of the Quebrada Patalillo was free of constructions and/or other foreign materials. Therefore, there was no violation of the Forestry Law (Ley Forestal), in its Article 33. On the other hand, to my knowledge, a bag factory operates on this property, not a Center for the Recovery of Valuable Solid Waste (Centro de Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables), commonly called a Collection Center (Centro de Acopio). Therefore, the Regulation mentioned by Dr. Montero would not apply to this industry. As established by national legislation, the Permits for the operation of this bag factory had to be approved by the following administrative bodies: -Ministry of Health: Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento). -Dept. of Collections, Licenses, and Business Licensing (Depto de Cobros, Licencias y Patentes): Commercial License (Patente Comercial)."

-Directorate of Engineering: Land Use Permit. Furthermore, the construction of the warehouse where this industry operates must have required Construction Permits, which must have been approved by the Directorate of Engineering (this warehouse was built at least two or three years ago). Given this scenario, it would be advisable for the Dept. of Collections, Licenses, and Patents to issue a report on the documents submitted by the owner of this commercial activity to obtain the corresponding Business License (Patente), while an inspector from said Dept. verifies that the operation conforms to what was processed in the granted Business License. Regarding the construction work (warehouse), the Directorate of Engineering could expand, providing a copy of the file for the approved Construction Permit. In the event of any irregularity with the Permits, the Commercial Business License could be canceled, and the activity would be shut down. The same could occur with the Sanitary Operating Permit, if the Goicoechea Health Area deems it necessary, should irregularities arise. It would be advisable for the offices that granted the permits for the operation of this industry to verify that it is in compliance with the law. And that they proceed according to Due Process (Debido Proceso), in the event that violations of the law exist" (see report and evidence provided).

f) On June 5, 2023, the Services Comptroller's Office (Contraloría de Servicios) of the respondent municipality provided the appellant with a certified copy of the administrative file consisting of 66 folios maintained by the Services Comptroller's Office regarding follow-up on complaint 909-20222 filed by Mr. [Name 001] (see report and evidence provided).

g) In an email dated June 12, 2023, official communication MG-AG-DI-01561-2023 from May 30, 2023, was sent to the appellant, in which the Directorate of Engineering informed the Services Comptroller's Office: "This Directorate, in accordance with what is indicated in your Official Communication MG-AG-CS-079-2023, regarding the complaint filed by Mr. [Name 001], related to a licensed business for the recovery of recoverable waste, located 300 meters south of the José Cubero School, on the property with cadastral map SJ-2180361-2020, which borders the right bank of the Quebrada Patalillo in the Mata de Plátano district, is hereby informed: A. The requirement for environmental feasibility approvals for the development of commercial activities must be requested from the Ministry of Health at the time the sanitary operating permit is processed, so the requirements that said Ministry requested from the owners of that business are unknown. B. This Directorate is unaware of the existence of related Environmental Impact Studies (Estudios de Impacto Ambiental) at the Ministry of Health or SETENA. C. Land Use (Uso de Suelo). Based on Article 6 of the Regulatory Plan (Plan Regulador), it was determined that said property is affected by the Mata de Plátano Residential Zone, ZR-MP. which textually stipulates (…) D. Storage. This Directorate does not regulate the commercial activity of a licensee, however, it is recommended that the Environmental Management Directorate (Dirección de Gestión Ambiental) issue a statement on the operation of this Collection Center (Centro de Acopio). Regarding setbacks (retiros), a proper consultation was sent to SINAC-MINAR to establish whether there is a violation of the 10-meter orthogonal setback, stipulated in Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) and whether there are environmental damages" (see report rendered under oath and evidence provided).

h) On June 12, 2023, the appellant sent a new request to the email address [email protected], stating: "1. the permits that the Municipality of Goicoechea has granted for the operation of the collection center located in Mata de Plátano, 400 SE of the José Cubero Muñoz School 2. percentages of coverage (cobertura) allocated. 3. expansions carried out with or without municipal permits, 4. compliance with construction plans according to the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 5. compliance with the various laws that regulate its operation 6. for what reason it was given the category of innocuous industry 7. whether or not there is an invasion of the protected area (document from SINAC certifying the inspection and its date). 8. when was the last visit by the Municipality to said companies and what was the criterion for extending the operating permits? 9. when was the last measurement to determine compliance with the coverage percentage? 10. When was the public hearing held to inform the community about the opening or commencement of operations of the companies located on said property? please attach a copy of the minutes" (see report rendered under oath and evidence provided).

i) On June 19, 2023, the official Magdalena Campos Pessoa replied to the appellant via email: "In follow-up to the complaint filed by you, I am attaching varied documentation of the procedures and responses provided to us by the Departments. Regarding the detailed information, I cannot send it to you by this means because it is too much, so a file with all the content will be prepared for your knowledge; I am still waiting for replies, for which we will be sending reminders. Regarding your last email, I want to inform you that we are working on it" (see report and evidence provided).

j) In an email sent by the appellant on June 22, 2023, he replied to the Services Comptroller's Office of the Municipality of Goicoechea: "I acknowledge receipt; however, I continue to express my disagreement since the information I am requesting is not provided, such as the coverage percentage (porcentaje de cobertura) of said land, regardless of whether it has been subdivided (segregado) or not, the coverage percentage cannot exceed 60%. So I would appreciate you telling me when the last measurement or inspection was carried out by the Municipality of Guadalupe. On the other hand, in the plans, a construction is observed that does not correspond to the current constructions, so I would like to know if the structural modifications have had the approval of the Municipality of Goicoechea; likewise, I am interested in knowing which inspector or inspectors have made visits to said properties, whose obligation is to ensure compliance with the Norms, Laws, and regulations that regulate said activities (…)" (see evidence provided).

k) On June 28, 2023, via email sent to [email protected], the appellant filed a complaint against the Mata de Plátano Collection Center (see report and evidence provided).

l) On July 10, 2023, via email sent to [email protected], the appellant requested: "I would like to know the status of the complaint filed by me arising from official communication UTU 025-2023, which points out that there is a structure built on an unnumbered property because it is a river protection reserve. I remind you of the Municipality's obligation to ensure compliance with current legislation, and Article 88 of the Construction Law (Ley de Construcciones) is very clear. Please indicate the file number of said complaint. I thank you for telling me what the Municipality's actions have been, and I also take this opportunity to ask if those buildings have had the approval of the Municipality for both Engineering and licenses (patentes), as well as if they have the stamped plans, land use (uso de suelos), plans approved by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, and if they are structures subject to tax declaration" (see report and evidence provided).

m) In an email sent on July 12, 2023, the appellant was informed: "In response to your email, I am attaching official communication MG-AG-CS-0108-2023, a procedure carried out in follow-up to the complaint filed by you regarding a collection center, for your information and other pertinent purposes." In official communication MG-AG-CS-0108-2023, the Services Comptroller's Office requested the Director of Engineering and Operations the following: "The process that the Services Comptroller's Office is carrying out regarding the follow-up to the complaint filed by Mr. [Name 001] concerning a collection center and other activities carried out on the property with location 043600201379, located in the Mata de Plátano District, 500 south of the José Cubero School. I am forwarding official communication UTU-025-2023, signed by Licda. Rosibel Ruiz Mora, Head of the Services Platform, who indicates that next to this property (042938-7) is another unnumbered one because it is a river protection reserve. Consulting the Cadastre Department (Departamento de Catastro), which provided us with the property plans, it is observed that said unnumbered property belongs to Mr. Manuel Elías Cubero Segura, according to plan SJ 1-2180361-2020-A. Reviewing the Map Viewer (Visor Cartográfico) we could distinguish that within this unnumbered property there is a construction. Therefore, we request that an inspection be carried out at the site to determine if the construction observed is indeed within the protection zone, whether permits for both construction and land use were granted for the activity carried out on the site, which must be provided, and if the answer is negative, to provide a report in this regard, all within a period of no less than 3 days without extension" (see report and evidence provided).

n) On July 14, 2023, via email sent to [email protected], the appellant requested: "I would like to know the names of the companies and the business licenses (patentes) that the companies located 350 SE of the José Cubero Muñoz School have, adjacent to the bank of the Quebrada Patalillo, on a property owned by Mr. Cubero. This is because the Ministry of Health has classified the company [Name 003] with an ISIC Code 2220, which corresponds to a plastic products factory and not as a collection center according to official communication MS-CS-URS-J-0593-2019. Being a plastic factory with ISIC code 2220, it is classified as a prohibited industry, activity, or use according to the Regulatory Plan (Plan Regulador) in its Article 16, Mata de Plátano Residential Zone, subsection 5. Through official communication MG-AG-DGA-119-2023 of May 12, 2023, Engineer Gustavo Herrera indicates that an industry has been operating in that warehouse for 2 or 3 years, and also recommends that the Business Licenses department (departamento de Patentes) issue a report on the documents presented by the owner and that verification be carried out to determine if the commercial operation conforms to what was processed under the granted license. The same communication indicates that in the event of any irregularity, the permit or license can be canceled and the activity shut down. For this reason, I would like to know: 1. what actions have been taken by the Municipality and I would like to have a copy of said report, 2. when was the last visit made to determine if the license conforms to the activity carried out. In case the license does conform to said activity, 3. I would like to know why a prohibited activity has municipal permits according to the Regulatory Plan" (see report and evidence provided).

o) On October 13, 2023, the Services Comptroller's Office sent the appellant official communication MG-AG-DI-02643-2023 signed by the Directorate of Engineering, which indicates: "In response to official communications MG-AG-CS-0108-2023 and MG-AG-CS-0133-2023, and after a site visit was conducted to the property according to location number 043600201379, where a collection center operates in Mata de Plátano, 500 south of the José Cubero school, I inform you of the following. The property, with respect to any type of construction, respects the fluvial setback (retiro fluvial) of 10 meters from the Quebrada Patalillo, and there are no constructions within the protection zone. The constructions observed in photographs on site are of a provisional type where work related to the collection center is carried out and do not require a construction permit. Regarding land use (uso de suelo), the activity has had permitted land use for several years, a municipal business license (patente municipal), and sanitary operating permits, the latter corroborated in a meeting held in September by personnel from the Collections and Business Licenses Section (Sección de Cobros y Patentes) with the Director of the Goicoechea Health Area, on this matter you can inquire more directly with that entity. Regarding land use, the most recent one for renewal of a consolidated activity is number 55863 from May of this year" (see report and evidence provided).

Regarding the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación):

p) On August 7, 2023, the appellant filed a complaint addressed to SINAC through the Integrated System for Processing and Attention of Environmental Complaints (Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales, SITADA) (see report and evidence provided).

q) The resolution ordering the processing of the amparo was notified to the respondent authority on November 7, 2023 (see electronic file).

r) On November 8, 2023, the authorities of the San José Subregional Office of SINAC carried out an on-site inspection (see evidence provided).

s) Through field report no. SINAC-ACC-OSJ-inf-1424-2023 of November 8, 2023, it was concluded: "Conclusions: That upon arriving at the site of the alleged events, a possible invasion of the protection area of the Quebrada Patalillo was detected in at least three sites, which are listed consecutively and shown in Map 1 and Photos 1, 2, and 3. The affected area is estimated at 250 square meters. That, due to the characteristics of the site, and in the absence of the alignment from INVU at the time of the inspection, an estimate of the invasions is made, so it is recommended that a survey be requested through topography professionals to establish with a greater degree of accuracy the invasions into the protection area of the Quebrada Patalillo channel. For the above, this report will be brought to the attention of the Public Ministry (Ministerio Público) so that this entity can request the recommended action from the Forensic Engineering Department of the OIJ. To inform the Public Ministry, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), and the Environmental Comptroller's Office (Contraloría Ambiental) about the detected facts" (see evidence provided).

t) By email sent at 10:23 a.m. on November 9, 2023, the person in charge of the Prevention, Protection, and Control Program of the San José Subregional Office of SINAC informed the appellant: "Regarding the attention to SITADA 42179-2023, copies of the inspection report and the proof of filing of the complaint with the Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of San José are attached" (see evidence provided).

IV.- On the specific case. In this case, the appellant claims that he is a resident of Mata de Plátano de Goicoechea, his dwelling borders the protected area of the Quebrada Patalillo, and this in turn borders a property where a plastic bag factory and two materials collection centers (centros de acopio) are located. He states that he has filed several inquiries and complaints with the Municipality of Goicoechea regarding municipal permits, coverage percentages (porcentajes de cobertura), land use (uso de suelos), tax declarations, and plans approved by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos for these collection centers and factory; however, he notes that the responses have been quite succinct or simply there is no reply. Therefore, on August 7, 2023, he filed an environmental complaint with SINAC; however, he has not yet received a response. He requests the intervention of the Chamber.

As a first aspect, regarding the Municipality of Goicoechea, from the list of proven facts, it appears that the email address [email protected] is established as the official mechanism for receiving user requests. Thus, regarding the claimed facts, it is verified that on May 5, 2023, the appellant sent an email to the address [email protected] indicating: "It powerfully draws my attention that a neighbor who is building some apartments next to my house had to move a certain number of meters away from the Quebrada Patalillo due to some requirements from SETENA regarding the construction size. Therefore, I have a question that I transfer to you: 1. Do said collection centers and the company [Name 003] have the SETENA permits? 2. Do they have the environmental impact studies (estudios de impacto ambiental)? 3. Do they have the land use (uso de suelo), but what is the plan for said structures, the size of each collection center (storage areas, loading and unloading areas, collection area, administrative area, bathrooms, etc.)? 4. What is the area designated for storage? Does it have a storage area? Does it meet the requirements for height, type of walls, and floors? Reading the aforementioned official communication, the area designated for each collection center is not indicated, since according to the photographs sent, the coverage percentage (porcentaje de cobertura) greatly exceeds 60%. So I would like to know what the land area was designated for each collection center and if it currently meets the requirement; furthermore, I would like to know if said collection centers have been extended or expanded and if they have had the approval of the Municipality of Goicoechea. On the other hand, being a collection center that is on the banks of a stream and greatly exceeds 300 m2, I would like to know if it complies with the permits and requirements of SETENA"

In an email sent on May 23, 2023, the protected party was informed: "In response to your email, I am sending official communication MG-AG-CS-0079-2023, through which a procedure was carried out before the Director of Engineering and the Director of Environmental Management, regarding your questions. In turn, I am sending document MG-AG-DGA-119-2023, the response provided by Engineer Gustavo Herrera, Director of Environmental Management, with the response from the Director of Engineering still pending, to whom a reminder was sent as the deadline expired yesterday, May 22." The attached official communication MG-AG-DGA-119-2023 states: "Receive a cordial greeting. In response to official communication MG-AG-CS-0079-2023, through which your Office requests this Directorate to refer to an email signed by Mr. [Name 001] and to official communication MG-AG-DI-01042-2023. In this regard, we inform you that some months ago, an inspection of the complaint site was conducted, in which the regional office of the Ministry of Environment – SINAC and this Directorate participated. On that occasion, it was verified that the protection area of the Quebrada Patalillo was free of constructions and/or other foreign materials. Therefore, there was no violation of the Forestry Law (Ley Forestal), in its Article 33. On the other hand, to my knowledge, a bag factory operates on this property, not a Recoverable Solid Waste Recovery Center, commonly called a Collection Center (Centro de Acopio). Therefore, the Regulation mentioned by Dr. Montero would not apply to this industry. According to national legislation, the Permits for the operation of this bag factory had to be approved by the following administrative bodies: -Ministry of Health: Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento). -Dept. of Collections, Business Licenses, and Patents (Depto de Cobros, Licencias y Patentes): Commercial Business License (Patente Comercial). -Directorate of Engineering: Land Use Permit (Permiso de Uso del Suelo). Furthermore, the construction of the warehouse where this industry operates must have required Construction Permits, which must have been approved by the Directorate of Engineering (this warehouse was built at least two or three years ago). Given this scenario, it would be advisable for the Dept. of Collections, Business Licenses, and Patents to issue a report on the documents submitted by the owner of this commercial activity to obtain the corresponding Business License, while an inspector from said Dept. verifies that the operation conforms to what was processed in the granted Business License. Regarding the construction work (warehouse), the Directorate of Engineering could expand, providing a copy of the file for the approved Construction Permit. In the event of any irregularity with the Permits, the Commercial Business License could be canceled, and the activity would be shut down. The same could occur with the Sanitary Operating Permit, if the Goicoechea Health Area deems it necessary, should irregularities arise. It would be advisable for the offices that granted the permits for the operation of this industry to verify that it is in compliance with the law. And that they proceed according to Due Process (Debido Proceso), in the event that violations of the law exist."

Subsequently, on June 5, 2023, the Services Comptroller's Office of the respondent municipality provided the appellant with a certified copy of the administrative file consisting of 66 folios maintained by the Services Comptroller's Office regarding follow-up on complaint 909-20222 filed by Mr. [Name 001]. Later, in an email dated June 12, 2023, official communication MG-AG-DI-01561-2023 from May 30, 2023, was sent to the appellant, in which the Directorate of Engineering informed the Services Comptroller's Office: "This Directorate, in accordance with what is indicated in your Official Communication MG-AG-CS-079-2023, regarding the complaint filed by Mr. [Name 001], related to a licensed business for the recovery of recoverable waste, located 300 meters south of the José Cubero School, on the property with cadastral map SJ-2180361-2020, which borders the right bank of the Quebrada Patalillo in the Mata de Plátano district, is hereby informed: A. The requirement for environmental feasibility approvals for the development of commercial activities must be requested from the Ministry of Health at the time the sanitary operating permit is processed, so the requirements that said Ministry requested from the owners of that business are unknown. B. This Directorate is unaware of the existence of related Environmental Impact Studies at the Ministry of Health or SETENA. C. Land Use. Based on Article 6 of the Regulatory Plan, it was determined that said property is affected by the Mata de Plátano Residential Zone, ZR-MP. which textually stipulates (…) D. Storage. This Directorate does not regulate the commercial activity of a licensee, however, it is recommended that the Environmental Management Directorate issue a statement on the operation of this Collection Center. Regarding setbacks, a proper consultation was sent to SINAC-MINAR to establish whether there is a violation of the 10-meter orthogonal setback, stipulated in Article 33 of the Forestry Law and whether there are environmental damages." That same day, June 12, 2023, the appellant sent a new request to the email address [email protected], stating: "1. the permits that the Municipality of Goicoechea has granted for the operation of the collection center located in Mata de Plátano, 400 SE of the José Cubero Muñoz School 2. percentages of coverage allocated. 3. expansions carried out with or without municipal permits, 4. compliance with construction plans according to the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 5. compliance with the various laws that regulate its operation 6. for what reason it was given the category of innocuous industry 7. whether or not there is an invasion of the protected area (document from SINAC certifying the inspection and its date). 8. when was the last visit by the Municipality to said companies and what was the criterion for extending the operating permits? 9. when was the last measurement to determine compliance with the coverage percentage? 10. When was the public hearing held to inform the community about the opening or commencement of operations of the companies located on said property? please attach a copy of the minutes."

On June 19, 2023, the official Magdalena Campos Pessoa replied to the appellant via email: "In follow-up to the complaint filed by you, I am attaching varied documentation of the procedures and responses provided to us by the Departments. Regarding the detailed information, I cannot send it to you by this means because it is too much, so a file with all the content will be prepared for your knowledge; I am still waiting for replies, for which we will be sending reminders. Regarding your last email, I want to inform you that we are working on it." Following this, in an email sent by the appellant on June 22, 2023, he replied to the Services Comptroller's Office of the Municipality of Goicoechea: "I acknowledge receipt; however, I continue to express my disagreement since the information I am requesting is not provided, such as the coverage percentage of said land, regardless of whether it has been subdivided or not, the coverage percentage cannot exceed 60%. So I would appreciate you telling me when the last measurement or inspection was carried out by the Municipality of Guadalupe. On the other hand, in the plans, a construction is observed that does not correspond to the current constructions, so I would like to know if the structural modifications have had the approval of the Municipality of Goicoechea; likewise, I am interested in knowing which inspector or inspectors have made visits to said properties, whose obligation is to ensure compliance with the Norms, Laws, and regulations that regulate said activities (…).

On June 28, 2023, via email sent to [email protected], the appellant filed a complaint against the Mata de Plátano Collection Center. Subsequently, on July 10, 2023, via email sent to [email protected], the appellant requested: "I would like to know the status of the complaint filed by me arising from official communication UTU 025-2023, which points out that there is a structure built on an unnumbered property because it is a river protection reserve. I remind you of the Municipality's obligation to ensure compliance with current legislation, and Article 88 of the Construction Law is very clear. Please indicate the file number of said complaint. I thank you for telling me what the Municipality's actions have been, and I also take this opportunity to ask if those buildings have had the approval of the Municipality for both Engineering and licenses, as well as if they have the stamped plans, land use, plans approved by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, and if they are structures subject to tax declaration."

Thus, in an email sent on July 12, 2023, the appellant was informed: "In response to your email, I am attaching official communication MG-AG-CS-0108-2023, a procedure carried out in follow-up to the complaint filed by you regarding a collection center, for your information and other pertinent purposes." In official communication MG-AG-CS-0108-2023, the Services Comptroller's Office requested the Director of Engineering and Operations the following: "The process that the Services Comptroller's Office is carrying out regarding the follow-up to the complaint filed by Mr. [Name 001] concerning a collection center and other activities carried out on the property with location 043600201379, located in the Mata de Plátano District, 500 south of the José Cubero School. I am forwarding official communication UTU-025-2023, signed by Licda. Rosibel Ruiz Mora, Head of the Services Platform, who indicates that next to this property (042938-7) is another unnumbered one because it is a river protection reserve. Consulting the Cadastre Department, which provided us with the property plans, it is observed that said unnumbered property belongs to Mr. Manuel Elías Cubero Segura, according to plan SJ 1-2180361-2020-A. Reviewing the Map Viewer we could distinguish that within this unnumbered property there is a construction. Therefore, we request that an inspection be carried out at the site to determine if the construction observed is indeed within the protection zone, whether permits for both construction and land use were granted for the activity carried out on the site, which must be provided, and if the answer is negative, to provide a report in this regard, all within a period of no less than 3 days without extension."

On July 14, 2023, via email sent to [email protected], the appellant requested: "I would like to know the names of the companies and the business licenses that the companies located 350 SE of the José Cubero Muñoz School have, adjacent to the bank of the Quebrada Patalillo, on a property owned by Mr. Cubero. This is because the Ministry of Health has classified the company [Name 003] with an ISIC Code 2220, which corresponds to a plastic products factory and not as a collection center according to official communication MS-CS-URS-J-0593-2019. Being a plastic factory with ISIC code 2220, it is classified as a prohibited industry, activity, or use according to the Regulatory Plan in its Article 16, Mata de Plátano Residential Zone, subsection 5. Through official communication MG-AG-DGA-119-2023 of May 12, 2023, Engineer Gustavo Herrera indicates that an industry has been operating in that warehouse for 2 or 3 years, and also recommends that the Business Licenses department issue a report on the documents presented by the owner and that verification be carried out to determine if the commercial operation conforms to what was processed under the granted license. The same communication indicates that in the event of any irregularity, the permit or license can be canceled and the activity shut down. For this reason, I would like to know: 1. what actions have been taken by the Municipality and I would like to have a copy

when the last visit was conducted to determine if the patent conforms to the activity carried out. In the event that the patent does conform to said activity 3. I would like to know why an activity that is prohibited under the Regulatory Plan has municipal permits.” Finally, on October 13, 2023, the Services Comptrollership sent the appellant official letter MG-AG-DI-02643-2023 signed by the Engineering Directorate, which states: “In response to official letters MG-AG-CS-0108-2023 and MG-AG-CS-0133-2023 and after a site visit was conducted to the property at location number 043600201379 where a collection center operates in Mata de Plátano, 500 meters south of the José Cubero school, I hereby inform the following. The property, regarding any type of construction, respects the 10-meter river setback (retiro fluvial) of the Patalillo stream, as there are no constructions within the protection zone. The constructions observed in on-site photographs are of a provisional type where activities related to the collection center are carried out and do not require a construction permit. Regarding land use (uso de suelo), the activity has had permitted land use for several years, a municipal patent (patente municipal), and sanitary operating permits, the latter corroborated in a meeting held by personnel from the Collections and Patents Section with the Director of the Goicoechea Health Area in the month of September; regarding this particular matter, that entity can be consulted more directly. Regarding land use, the most recent one for the renewal of a consolidated activity is number 55863 from May of this year.”

Thus, this Chamber verifies the injury to the fundamental rights of the appellant, who argues that his requests have been answered succinctly, or have not been answered at all.

In this regard, the respondent authority reports, in summary, that the request of May 5, 2023, was answered by official letters MG-AG-DGA-119-2023 on May 23 and MG-AG-DI-015614-2023 on the following May 30; however, the truth is that those official letters were signed by the Environmental Management Directorate and the Engineering Directorate, respectively, and addressed to the Services Comptrollership. Thus, it is observed that the respondent authority did not issue a formal, punctual, and detailed response to each of the aspects requested by the appellant, but merely limited itself to forwarding him a copy of the official letters signed by different dependencies of the municipality and addressed to the Services Comptrollership.

In this sense, it is worth emphasizing that, before any written petition, the respective authority must issue the pertinent formal, concise, and direct response to each of the questions raised in its writing, in order to avoid a state of uncertainty for the interested party, and even if for some reason the Administration could not fulfill what was requested, it is obligated to explain concisely and in detail, within the legal timeframe, the reasons why it cannot do so.

Likewise, note that, on June 12, 2023, the appellant sent another request for information with ten specific points; however, by email on the following June 19, he was informed that “I cannot send you the detailed information by this medium because it is too much, therefore a file will be prepared with all the content for your knowledge”; nevertheless, there is no record that such information was duly sent, in a concise and direct manner. In this regard, note that the appellant himself expressed his disagreement with the manner in which his requests were being answered, by stating: “I continue to express my disagreement since the information I am requesting is not being provided, such as the coverage percentage (porcentaje de cobertura) of said land, regardless of whether it has been segregated or not, the coverage percentage cannot exceed 60%. Therefore, please indicate when the last measurement or inspection was conducted by the Municipality of Guadalupe. On the other hand, a construction is observed in the plans that does not correspond to the current constructions, so I would like to know if the structural modifications have had the approval of the Municipality of Goicoechea, and I am also interested in knowing which inspector or inspectors have conducted visits to said properties, whose obligation is to ensure compliance with the Norms, Laws and regulations that regulate such activities (…)”.

Furthermore, regarding the filing of July 10, 2023, it is observed that a partial response was given, inasmuch as the appellant requested information on the progress of the environmental complaint (denuncia ambiental) regarding the collection center, to which the Services Comptrollership sent a copy of official letter MG-AG-CS-0108-2023, which states: “The process carried out by the Services Comptrollership regarding the follow-up to the complaint filed by Mr. [Name 001] concerning a collection center and other activities conducted on the farm with location 043600201379, located in the District of Mata de Plátano, 500 meters south of the José Cubero School. Forwarding official letter UTU-025-2023, signed by Licda. Rosibel Ruiz Mora, Head of the Services Platform, who indicates that adjacent to this property (042938-7) is another unnumbered one because it is a river protection reserve. Consulting the Cadastre Department, which provided us with the farm plans, it is observed that said unnumbered property belongs to Mr. Manuel Elías Cubero Segura, according to plan SJ 1-2180361-2020-A. Reviewing the Cartographic Viewer we could discern that within this unnumbered property there is a construction. Therefore, we request an on-site inspection to determine if the construction observed is effectively within the protection zone, if permits for both construction and land use were granted for the activity conducted on the site, which must be provided, and if the answer is negative, provide a report on the matter, all within a period of no less than 3 days without extension”; however, in that same request of July 10, 2023, the appellant requested: “at the same time I take the opportunity to inquire whether these buildings have had the approval of the Municipality both in Engineering and Patents, as well as whether they have approved plans, land use, plans approved by the Federated College of Engineers and Architects and if they are structures subject to tax declaration”; yet, the response to those particular requests does not appear.

Finally, regarding the request of July 14, 2023, in which the appellant requested: “(…) 1. what actions have been taken by the Municipality and I would like to have a copy of said report, 2. when was the last visit conducted to determine if the patent conforms to the activity carried out. In the event that the patent conforms to said activity 3. I would like to know why an activity that is prohibited under the Regulatory Plan has municipal permits”; the respondent authority reported under oath that: “In response to your inquiry, the Services Comptrollership delivered a certified copy of the requested file, which consists of 066 folios and was received to satisfaction by Mr. [Name 001] himself, on June 5, 2023, document attached.”

That is to say, the respondent authority itself accepts that it did not provide a punctual response to said request, but rather limits itself to reporting that the protected party had previously been given a certified copy of the file of the environmental complaint filed by him.

By virtue of the foregoing, the injury to the fundamental rights of the appellant is verified, due to the lack of a formal, concise, and direct response to each of the questions raised in his filings dated May 5, June 12, July 10, and July 14, all of 2023.

Ergo, the appeal must be granted with respect to the Municipality of Goicoechea, with the order that will be indicated in the operative part of this judgment.

V.- Furthermore, with respect to the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), it is proven that on August 7, 2023, the appellant sent a complaint addressed to SINAC through the Integrated System for Processing and Attention of Environmental Complaints (SITADA). The resolution processing the amparo was notified to the respondent authority on November 7, 2023. Thus, on November 8, 2023, the authorities of the San José Subregional Office of SINAC conducted an on-site inspection.

By means of field report no. SINAC-ACC-OSJ-inf-1424-2023 of November 8, 2023, it was concluded: “Conclusions: That upon arriving at the site of the alleged events, possible invasion of the protection area of the Patalillo stream is detected in at least three sites, which are enumerated consecutively and shown in map 1 and photos 1, 2 and 3. The affectation is estimated at 250 square meters. That, due to the characteristics of the site, and in the absence of the INVU alignment at the time of inspection, an estimate of the invasions is made, therefore it is recommended that a survey be requested by means of topography professionals to establish with a greater degree of accuracy the invasions of the protection area of the Patalillo streambed. For the foregoing, this report will be made known to the Public Prosecutor's Office and that this entity process the recommended diligence before the Forensic Engineering of the OIJ. Inform the Public Prosecutor's Office, Constitutional Chamber, and Environmental Comptrollership about the detected events.”

Thus, in an email sent at 10:23 a.m. on November 9, 2023, the person in charge of the Prevention, Protection and Control Program of the San José Subregional Office of SINAC informed the appellant: “Regarding the attention of SITADA 42179-2023, a copy of the inspection report and proof of filing of the complaint before the Prosecutor's Office of the Second Judicial Circuit of San José is attached.”

By virtue of the foregoing, the violation of Article 41 of the Constitution is verified due to the delay in attending to the environmental complaint filed by the appellant since August 7, 2023. Now, given that in response to this appeal the claimed situation was remedied, the appeal is granted in application of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), solely with regard to the National System of Conservation Areas.

VI.- Regarding the award of costs, damages and losses (costas, daños y perjuicios) in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo proceeding is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable (si fueren procedentes)”), the granting must be without a special award of costs, damages and losses, based on the following considerations. While there is express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the appeal is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph in fine refers that the declaration is made “solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable (si fueren procedentes).” It is underscored that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that grants the appeal shall abstractly order the compensation for damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and shall reserve their liquidation for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law, and, additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if deemed appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate having suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without award of costs, damages and losses.

VII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I dissent from the majority vote that declares the appeal with merit, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate the control of constitutionality from the control of legality. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, by way of amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality venue. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is appropriately heard in the legality venue –administrative or jurisdictional–, where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and rapid proceeding, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a proceeding, with the issuance of administrative acts, its cognizance is outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out concerning an environmental issue that requires, for its correct assessment, a full-knowledge process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo proceeding is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria elaborated under the current legal or regulatory norms, or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or reviewing of the criteria already on record in the administrative file of the case. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge proceeding, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts concerning an environmental matter, its cognizance and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls within the competence of the legality venue. Consequently, this appeal should have been rejected outright, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality venue. However, since it was not done so, what is appropriate is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the question raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to the provisions of the legal system at the statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VIII.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment, solely concerning SINAC. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo proceeding is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable (si fueren procedentes).”

My interpretation of that rule is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to costs. In fact, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.

Certainly, under the terms of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not of an indemnifying nature but a restorative one; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the appeal shall abstractly order the compensation for damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and shall reserve their liquidation for the execution of the judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the abstract order of these is appropriate. If it were not done so, if such an order were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no legal basis –derived from this proceeding– to claim them, thereby potentially violating Article 41 of the CP. Even if the abstract order has been issued, but no damages and losses have been caused, the judge in the ordinary venue will so declare, as it is only for that judge to deem the real existence and magnitude of the same as proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

For the foregoing reasons, I partially dissent regarding the operative part and order the abstract award of damages and losses, but not the award of costs.

IX.- Documentation provided to the file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or device produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch,” approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.

Therefore:

Regarding the Municipality of Goicoechea, the appeal is declared with merit. Irene Campos Jiménez, Mario Iván Rojas Sánchez, and Jessica Mayers Marín, in order, Mayor, Director of Engineering, Operations and Urbanism, and Services Comptroller, all of the Municipality of Goicoechea, or whoever holds such positions, are ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their respective powers, for the purpose of, within a maximum period of TEN DAYS counted from the notification of this judgment, attending punctually and completely to the requests filed by the appellant on May 5, June 12, July 10, and July 14, all of 2023, and to notify the corresponding response, suppressing all information classified as sensitive, in accordance with the provisions of the Law for the Protection of Persons Regarding the Processing of Their Personal Data, Law No. 8968. The foregoing is decreed with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and fail to comply with it or fail to have it complied with, provided the crime is not more severely penalized. The Municipality of Goicoechea is ordered to pay the costs, damages and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction. Regarding the National System of Conservation Areas, the appeal is declared with merit without a special award of costs, damages and losses, for the delay in attending to the complaint filed by the appellant on August 7, 2023. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the appeal without merit, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to the provisions of the legal system at the statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs, regarding SINAC. Notify.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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