Res. 21414-2024 Sala Constitucional — Eviction and relocation in uninhabitable La Mandarina zone, AtenasDesalojo y reubicación en zona inhabitable de La Mandarina, Atenas

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Sala Constitucional

Resolución Nº 21414 - 2024

Fecha de la Resolución: 30 de Julio del 2024 a las 14:00

Expediente: 24-010683-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
ALCANTARILLADO.

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

Tema: PROPIEDAD

Subtemas:

DESALOJO.

021414-24. MUNICIPALIDAD. PODER EJECUTIVO. PROPIEDAD. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE LE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, AL MINISTERIO DE SALUD Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE QUE: A) DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES, COORDINEN Y EJECUTEN EL DESALOJO DE LAS PERSONAS QUE PERMANECEN EN LOS TERRENOS DE ESAS COMUNIDADES EN LA ZONA DE BARRIO BAJO CACAO Y LA MANDARINA DE ATENAS; B) DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, REUBIQUEN A LOS HABITANTES DE QUIENES EJERCÍAN LEGÍTIMA OCUPACIÓN DE SUS VIVIENDAS Y QUE AÚN PERMANECEN EN EL SITIO; C) EN EL TANTO SE REALIZAN LOS DESALOJOS Y REUBICACIONES, SE DISPONGAN LAS MEDIDAS PALIATIVAS O DE MITIGACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL DESFOGUE DE AGUAS CONTAMINADAS Y LAS CONEXIONES ILEGALES.  VCG08/2024


“(…) IV.-Sobre la presunta inhabitabilidad de la zona. En la especie, se acreditó que la tutelada es vecina de La Mandarina, en Atenas de Alajuela, zona en la que, en 2007, ocurrió un deslizamiento de terreno que acabó con la vida de varias personas.

Debido a lo anterior, la Comisión Nacional de Emergencias realizó varios estudios en la zona que determinaron la posibilidad de que se repita un evento similar de movimientos sísmicos o lluvia, por lo que se recomendó al Ministerio de Salud realizar los procedimientos que corresponden a fin de prevenir tal situación. Ante ello, las autoridades del Ministerio de Salud declararon inhabitable para demolición, las viviendas de las personas en las localidades de Bajo Cacao, La Mandarina, Calle Pavas, dentro de las cuales está la vivienda de la amparada.

Según explicó el Área Rectora de Salud de Atenas, el proceso de desalojo y demolición quedó inconcluso hasta el año 2011, en el que se retomó el mismo con apoyo de las instituciones que integran el Comité Municipal de Emergencias. Así, hasta esa fecha, se hicieron recordatorios a las personas, de que debían desalojar sus viviendas, con base en las actas de inhabitabilidad notificadas; además, se iniciaron una serie de trámites legales, por parte de las personas afectadas, entre los cuales se encontraban recursos de revocatoria y apelación e interposición de medidas cautelares en el Tribunal Contencioso Administrativo. Una vez notificados los jerarcas de las instituciones involucradas, el Ministerio de Salud decidió que las familias no deben ser desalojadas, sin antes haber estudiado la posibilidad de una solución de vivienda para las personas que viven en las localidades afectadas, por lo que se solicitó la colaboración del IMAS, MIVAH y Municipalidad de Atenas; además, se contó con el acompañamiento de una funcionaria de la Defensoría de los Habitantes. Asimismo, funcionarios del MIVAH construyeron una base de datos con el detalle de cada una de las familias, con el fin de garantizar la mejor opción de solución de vivienda y se coordinó con desarrolladores de proyectos para buscar una solución de vivienda a las familias afectadas. Sin embargo, no todas las familias calificaban, por asuntos socioeconómicos, para una ayuda por parte de algunas instituciones del Estado.

Aunado a ello, se ordenó la conformación nuevamente de una comisión interinstitucional, se realizaron varias reuniones, visitas de campo al sitio y se valoró la posibilidad de la construcción de un proyecto de vivienda en Santa Eulalia, el cual había sido adquirido para reubicar las familias de Bajo Cacao y la Mandarina. Pese a ello, luego de la adquisición del terreno, se descubrió que por la situación fangosa del lugar no se podía construir un proyecto de esas características.

Por su parte, según la Municipalidad de Atenas, “a la fecha no debería ninguna de las personas propietarias encontrarse en el lugar por el riesgo que ello implica para sus vidas, sin embargo, algunas personas dentro de las cuales se encuentra la recurrente son renuentes a salir de los terrenos pese a que las instituciones del sistema financiero para la vivienda les han ofrecido soluciones de vivienda temporal y permanente, que han rechazado por no cumplir con las expectativas que ellos mismos han fijado (…) Las condiciones en las cuales actualmente se encuentra la recurrente en el sitio son las propias de un terreno que carece de los servicios básicos y según indica la encargada del proceso, fue la propia recurrente quien se ha retirado de los procesos de bono de vivienda, por su propia voluntad”.

Finalmente, consta que, luego del último intento por reubicar a las familias, a la fecha no se ha vuelto a conformar ninguna comisión interinstitucional al efecto.

De lo expuesto, la Sala acredita la lesión a los derechos fundamentales de la tutelada, en virtud de la clara falta de coordinación y omisión por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Atenas para atender la problemática en la zona. Nótese que, desde 2007, fecha en la que ocurrió el deslizamiento y se declaró la inhabitabilidad en la zona, transcurrieron aproximadamente cuatro años, sea en 2011, para que tales autoridades iniciaran con el proyecto de desalojo de las familias afectadas. Ahora, si bien consta que se realizaron las coordinaciones pertinentes y se llevaron a cabo ciertas acciones tendientes a reubicar a las familias, lo cierto es que, a la fecha, sea trece años después, la problemática continúa.

Es menester recalcar que, si bien ha sido decisión de la propia recurrente no desalojar la vivienda que ocupa, lo cierto es que bajo el criterio adoptado por el Ministerio de Salud, los desalojos debían suspenderse hasta que se contara con una opción de reubicación de las familias afectadas. Además, pese a que varias personas desalojaron por sus medios la comunidad de La Mandarina, otras, como la recurrente, no han salido aún, y bajo la directriz del Ministerio de Salud, se les debe dotar de alguna opción de reubicación, misma que trece años después todavía no existe. Es decir, las familias afectadas, entre ellas la tutelada, no han sido reubicadas de la zona declarada inhabitable ni se ha brindado seguimiento alguno dicha problemática. Obsérvese que, tal y como lo expresa el Ministerio de Salud, luego del último intento por reubicar a las familias, a la fecha no se ha vuelto a conformar ninguna comisión interinstitucional al efecto; dejando en claro la omisión incurrida por parte de las autoridades recurridas para la atención del problema, lesionando con ello los derechos fundamentales de los habitantes de la zona.

Cabe indicar que, respecto a la Comisión Nacional de Emergencias, en virtud de que consta que realizaron los estudios y recomendaciones pertinentes a raíz del deslizamiento ocurrido en 2007, todo ello como parte de sus competencias, y al no acreditarse omisión alguna por parte de esta autoridad que lesiones los derechos fundamentales de la amparada, lo procedente es la desestimatoria del recurso en cuanto a esta autoridad se refiere.

V.- Sobre los asentamientos irregulares y las presuntas conexiones ilegales. Al respecto, de los autos, se constató que en la zona de La Mandarina efectivamente se han construido varias viviendas formales y otras informales.

Ahora, es menester indicar que las conexiones ilegales existentes se deben por la desocupación voluntaria de las viviendas debido al deslizamiento ocurrido en la zona, siendo que algunas de estas ya fueron demolidas, pero los espacios han venido siendo cubiertos por asentamientos irregulares, que se abastecen de manera irregular de los servicios y disponen sus aguas de manera inapropiada. Así, pese a que ello era de conocimiento de las autoridades de la Municipalidad de Atenas y el Ministerio de Salud, según los informes rendidos bajo juramento, con ocasión al recurso, el 11 de julio de 2024, funcionarios del Área Rectora de Salud de Atenas visitaron el sitio e identificaron muchas conexiones de electricidad ilegales y riesgosas, por lo que le trasladó el caso a la oficina del Instituto Costarricense de Electricidad en Atenas, a fin de consultar sobre el tema. Ante ello, la oficina del ICE indicó que “en repetidas ocasiones han ido a desconectar estas viviendas y de forma casi inmediata los vecinos de la urbanización de La Mandarina se vuelven a conectar”.

Pese a lo anterior, no consta que, a la fecha, las autoridades recurridas hayan efectuado alguna otra coordinación o acción tendiente a solventar tal problemática, la cual claramente supone un riesgo para los habitantes de la zona, por lo que la problemática aún persiste.

VI.-Sobre el presunto desfogue de aguas contaminadas. Atinente a este extremo, se verificó que en la zona donde habita la amparada, el Ministerio de Salud ha identificado inadecuado tratamiento de aguas residuales; las cuales, al igual que en el caso de las conexiones ilegales, se debe a la desocupación voluntaria de las viviendas desalojadas y la ocupación de los terrenos por asentamientos irregulares.

Sin embargo, según el Área Rectora de Salud de Atenas, “no es recomendable desde el punto de vista legal emitir un ordenamiento sanitario a un ciudadano que habite una estructura informal o formal, que sea propietario de una vivienda, en Bajo Cacao y la Mandarina, ya que esos lugares están declarados inhabitables por la CNE y no es prudente hacerlos invertir en gastos importantes si ya este Ministerio también ha notificado ordenes sanitarias de desalojo y demolición”.

Sobre el particular y en virtud de la prueba e informes aportados, la Sala estima que es por la propia omisión tanto de las autoridades del Ministerio de Salud, como por la Municipalidad de Atenas, en coordinar lo pertinente para solventar el desalojo de las familias de la zona, la cual se reitera que es inhabitable, que ello no ha sido posible. Es decir, la justificación del Ministerio de Salud para no emitir las órdenes sanitarias respectivas es que los habitantes de la zona no son propietarios y que al ser esta inhabitable no es recomendable la emisión de estas; sin embargo, tal y como se demostró supra, no consta que tal autoridad, junto con la Municipalidad de Atenas, hayan ejecutado acciones tendientes para, al menos, solventar de manera provisional la problemática de desfogue de aguas contaminadas.

En ese orden de ideas, este Tribunal verifica la lesión al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes de la zona de La Mandarina, en virtud de la omisión por parte del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Atenas para atender y solventar la problemática en cuestión.

VII.-Sobre las actuaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. De lo expuesto, se denota que la determinación de inhabitabilidad de la zona de zona de Barrio Bajo Cacao de Atenas fue producto de las verificaciones efectuadas por esta autoridad, desde el 2007. Ahora, si bien en su momento, la CNE emitió las recomendaciones necesarias para atender la problemática en cuestión, lo cierto es que, al acreditarse que la situación persiste, no puede esta autoridad desentenderse de la situación, ante la acreditada situación de riesgo para los habitantes de la zona.

VIII.-En mérito lo expuesto, la Sala denota que la situación denunciada por la recurrente es de amplio conocimiento de las autoridades recurridas, las cuales, a pesar de los años, no han adoptado las medidas necesarias para asegurar la integridad de los habitantes de Barrio Bajo Cacao de Atenas y que con motivo de esta grave omisión, han propiciado no sólo que no se haya logrado desalojar en su totalidad la comunidad de La Mandarina, sino que han favorecido el establecimiento irregular de nuevas viviendas en condición de gran riesgo; quienes, además, se abastecen de manera irregular de los servicios y dan lugar a serios problemas ambientales por la falta de disposición adecuada de residuos, aguas servidas y aguas negras. Ante ese panorama, la omisión de las autoridades involucradas no sólo sitúa en condición de grave riesgo para la integridad física de la tutelada y demás habitantes de la zona, sino que también amenaza con convertirse en un serio problema de salud, por la afectación ambiental que se está produciendo.

En ese sentido, lo procedente es la estimatoria parcial del recurso, solo en cuanto a las autoridades del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Atenas. (…)”

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

IX.-Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG08/2024

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 056- Ejecución de sentencias

Subtemas:

NO APLICA.

IX.- Voto Salvado Parcial De La Magistrada Garro Vargas respecto a la primera y a la segunda orden de la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se cumpla con las siguientes órdenes: a) se ejecute el desalojo de las personas que permanecen en los terrenos de esas comunidades en la zona de Barrio Bajo Cacao y La Mandarina de Atenas y; b) se reubiquen a los habitantes de quienes ejercían legitima ocupación de sus viviendas y que aun permanecen en el sitio. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG08/2024

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Texto de la resolución

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Exp: 24-010683-0007-CO

Res. Nº 2024021414

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cero minutos del treinta de julio de dos mil veinticuatro .

 Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE ATENAS, el ÁREA RECTORA DE SALUD DE ATENAS y la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Resultando:

1.- Por escrito recibido el 23 de abril de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Atenas, el Área Rectora de Salud de Atenas y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Manifiesta que sufre discapacidad y es vecina de Atenas de Alajuela, específicamente del sector conocido como La Mandarina. Indica que, durante los últimos años, en dicho sector se ha presentado una invasión territorial por parte de un grupo de personas que han creado precarios y asentamientos informales. Denuncia que esas personas realizan conexiones irregulares de servicios como electricidad y -agua potable, lo que genera un gran riesgo a los habitantes de la zona. Acota que esas personas, de manera irresponsable, han dispuesto el desagüe de las aguas negras en la vía pública, lo que atenta con la salud de los vecinos. Señala que, aunado a lo anterior, se ha generado gran inseguridad en la zona, a causa del uso indebido de drogas y comportamientos de dichas personas. Refiere que en varias ocasiones ha denunciado ante el municipio recurrido la situación señalada anteriormente; sin embargo, no se ha actuado de manera pertinente, pese a que son los responsables del bienestar del cantón y de controlar la invasión de los terrenos. Por lo expuesto, solicita la intervención de la Sala.

2.- Por resolución de las 14:30 horas de 25 de abril de 2024, se dio curso al proceso y se solicitó informe al alcalde y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Atenas, sobre los hechos alegados.

3.-Informan bajo juramento Wilberth Martín Aguilar Gatjens y Ronald Ramírez Garita, por su orden, alcalde y presidente del Concejo de la Municipalidad de Atenas, que “en el oficio MAT-DA-0400-2024, rendido por la persona encargada de efectuar las labores de seguimiento y trámite de asuntos relacionados con las declaraciones de inhabitabilidad de la comunidad de Urbanización El Cucuy, conocida como La Mandaría, se han efectuado todas las labores necesarias para reubicar a las familias propietarias del inmuebles en el sitio y consecuentemente efectuar el traspaso de los t6errenos correspondientes a manos de la Municipalidad con la finalidad de efectuar las labores de recuperación en el lugar. A la fecha no debería ninguna de las personas propietarias encontrarse en el lugar por el riesgo que ello implica para sus vidas, sin embargo, algunas personas dentro de las cuales se encuentra la recurrente son renuentes a salir de los terrenos pese a que las instituciones del sistema financiero para la vivienda les han ofrecido soluciones de vivienda temporal y permanente, que han rechazado por no cumplir con las expectativas que ellos mismos han fijado. Las condiciones en las cuales actualmente se encuentra la recurrente en el sitio son las propias de un terreno que carece de los servicios básicos y según indica la encargada del proceso, fue la propia recurrente quien se ha retirado de los procesos de bono de vivienda, por su propia voluntad…”.

4.-Mediante resolución de las 10:06 horas de 09 de julio de 2024, se ampliaron las partes del recurso y se solicitó informe al director del Área Rectora de Salud de Atenas del Ministerio de Salud y al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, sobre los hechos alegados.

5.-Informa bajo juramento Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que “la disconformidad de una administrada de una situación que supuestamente se encuentra viviendo en su lugar de residencia, y donde de igual forma supuestamente no ha encontrado solución a sus peticiones tanto en la corporación Municipal de Atenas como en el Área Rectora de Salud de la zona. Esta situación no le consta a mi representada ni refiere a alguna situación que se enmarque en el principio de legalidad del área de competencias de esta Comisión, señalado en la Ley No.8488 supra citada, y de la cual se ha desarrollado sucintamente nuestras competencias. Es decir, no estamos en presencia de una situación de emergencia nacional que haya decretado el Poder Ejecutivo ni ante una situación de emergencia no declarada, ni ante un reporte de un plan general de la emergencia pendiente de atender, sino se enfoca a situaciones que al parecer de resultar ciertas corresponde su atención no solo a las administraciones públicas señaladas por la recurrente sino también a otras instituciones de gobierno. Así las cosas, estamos en presencia de una situación de índole territorial y social que cada vez es más notoria en nuestro país, donde las instituciones que les corresponde su atención deben de enfrentarlo dentro del área de su competencia como actividades propias y ordinarias de los entes y no bajo situaciones de excepcionalidad que muchas veces se pretenden utilizar por la inoperancia en una inadecuada planificación urbana y de orden en la ejecución de sus presupuestos y sobre todo en cuanto a toma de decisiones ya que ello podría traer consecuencias de carácter político no acorde con sus intereses tanto locales como a nivel de gobierno. (…) En conclusión, es responsabilidad es responsabilidad absoluta y exclusiva de las Corporaciones Municipales ordenar el territorio bajo su jurisdicción. (…) de una de las competencias sustanciales que abrigan al Ministerio de Salud, cabe indicar que, dentro de esta potestad de policía, que es general, especial y de naturaleza preventiva, puede dictar medidas de alcance general y particular, a efectos de hacer cumplir su ley y sus reglamentaciones, siendo que a través de dicha potestad puede dictar autorizaciones, denegatorias, prohibiciones, órdenes sanitarias e “incluso ordenes de inhabitabilidad…”. Por lo expuesto, solicita se declare sin lugar el recurso.

6.-Informa bajo juramento Marjorie Campos Segura, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Atenas, que en “el año 2007, se presentó una tragedia por el deslizamiento de un terreno que acabó con la vida de varias personas en el Barrio Bajo Cacao de Atenas. Producto de esa situación, la Comisión Nacional de Emergencias ha realizado varios estudios en la zona a los que se ha sumado un estudio de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. En los estudios mencionados, se hace ver que existen probabilidades de que eventos similares a los ocurridos en Bajo Cacao, se repitan producto de movimientos sísmicos o lluvia y recomiendan que las instituciones competentes, entre ellas Ministerio de Salud, realice los procedimientos que corresponden a fin de prevenir otra tragedia. Utilizando como sustento dichos informes, se procedió a declarar inhabitable para demolición, las viviendas de las personas en la ubicación descrita por la Comisión Nacional de Emergencias, es decir las localidades de Bajo Cacao, La Mandarina, Calle Pavas. Dentro de esas viviendas está la de la amparada. El proceso de desalojo y demolición quedó inconcluso hasta el año 2011, en el que se retomó el asunto con apoyo de las instituciones que integran el Comité Municipal de Emergencias. Por parte del Ministerio de Salud se hicieron recordatorios a las personas, de que debían desalojar sus viviendas, con base en las actas de inhabitabilidad notificadas. A partir de este momento se iniciaron una serie de trámites legales, por parte de las personas afectadas, entre los cuales se encontraban recursos de revocatoria y apelación e interposición de medidas cautelares en el Tribunal Contencioso Administrativo. (se adjunta evidencia de la resolución de los recursos de apelación y Tribunal Contencioso). Resueltos todos los asuntos legales, una vez que se notifica a los jerarcas de las instituciones involucradas, se decide que las familias no deben ser desalojadas, sin antes haber estudiado la posibilidad de una solución de vivienda para las personas que viven en las localidades afectadas. Luego de esto, se plantea por parte del Dr. Fernando Llorca, ex Ministro de Salud, solicitud ante el señor Sergio Iván Salas, Ministro de la Presidencia, quien pidió coordinación para atender este caso. Por tal motivo, se inician una serie de reuniones a nivel local en coordinación con Ministerio de Salud, IMAS, MIVAH y Municipalidad. Durante todo el proceso, se contó con el acompañamiento de una funcionaria de la Defensoría de los Habitantes, quien se integró activamente en el análisis de situación. Con la información recolectada de manera conjunta, funcionarios del MIVAH construyeron una base de datos con el detalle de cada una de las familias, con el fin de garantizar la mejor opción de solución de vivienda. Se coordinó con desarrolladores de proyectos para buscar una solución de vivienda a las familias afectadas, sin embargo, cabe anotar que no todas las familias califican por asuntos socioeconómicos para una ayuda por parte de algunas instituciones del Estado, por lo que dichas familias van a tener que ser desalojadas utilizando métodos coercitivos, ya que muchas de ellas se niegan a salir del lugar. Durante el gobierno del Expresidente Carlos Alvarado, se ordenó la conformación nuevamente de una comisión interinstitucional, se realizaron varias reuniones, visitas de campo al sitio y se valoró la posibilidad de la construcción de un proyecto de vivienda en Santa Eulalia, el cual había sido adquirido para reubicar las familias de Bajo Cacao y la Mandarina. Luego de la adquisición del terreno, hace muchos años se descubrió que por la situación fangosa del lugar no se podía construir un proyecto de esas características. Se realizaron nuevos estudios técnicos del suelo del terreno en Santa Eulalia y se concluyó que el costo de habilitar el terreno y construir el proyecto era muy elevado por lo que se descartó esta posibilidad. (…) Luego del último intento ya descrito, por reubicar a las familias, no se ha vuelto a conformar ninguna comisión interinstitucional. De la última visita realizada, se ha observado que se han construido varias viviendas formales y otras informales, a pesar de que es de conocimiento de la Municipalidad de Atenas, que en ese sitio no se debe construir. No se han vuelto a presentar incidentes de deslizamientos reportados a este Ministerio desde el año 2007, sin embargo, la declaratoria de inhabitabilidad de la Comisión Nacional de Emergencias, se mantiene. Muchas de las familias ya se fueron del lugar y abandonaron sus propiedades o las entregaron a la Municipalidad y algunas estructuras ya fueron demolidas; pero al estar desocupados los terrenos, han llegado nuevas familias a instalarse en condiciones precarias lo que hace que se establezcan conexiones informales e ilícitas de agua y de fluido eléctrico. En relación con estas conexiones ilegales de electricidad, el día 11 de julio del 2024, se visitó el lugar y efectivamente se identificaron muchas conexiones de electricidad ilegales y riesgosas, por lo que me trasladé personalmente a la oficina del ICE en Atenas para consultar sobre el tema (adjunto el acta) y el funcionario institucional hizo ver que en repetidas ocasiones han ido a desconectar estas viviendas y de forma casi inmediata los vecinos de la urbanización de La Mandarina se vuelven a conectar. Con lo descrito por la recurrente, relacionado con las aguas residuales, este Ministerio sí ha identificado inadecuado tratamiento de aguas residuales, pero no es recomendable desde el punto de vista legal emitir un ordenamiento sanitario a un ciudadano que habite una estructura informal o formal, que sea propietario de una vivienda, en Bajo Cacao y la Mandarina, ya que esos lugares están declarados inhabitables por la CNE y no es prudente hacerlos invertir en gastos importantes si ya este Ministerio también ha notificado ordenes sanitarias de desalojo y demolición. En cuanto al problema de consumo de drogas y peligrosidad por la delincuencia, esta instancia no es competente. Propiamente para el caso de la señora [Nombre 001], ella solicitó una reunión con mi persona y se le explicó la situación en la que está la urbanización en la que ella vive (se adjunta acta). Es importante recalcar que, para el Ministerio de Salud es muy importante que la situación de los barrios Bajo Cacao y La Mandarina se resuelva de forma definitiva ya que el lugar está siendo habitado por nuevas familias que construyen sin seguir las normativas vigentes en temas de construcción, por lo que al cabo de un tiempo se constituyen problemas sanitarios como inadecuado tratamiento de aguas residuales y negras; sin poder esta instancia intervenir emitiendo un acto administrativo de acciones correctivas, por la situación ya descrita. Es por esa razón que el Área Rectora de Salud de Atenas, en acompañamiento con el Nivel Regional y Nivel Central de este Ministerio, ha intervenido de manera diligente e integrada con otras instituciones, para dar una solución con enfoque de derechos a las familias que describe la amparada, cada vez que nos convocan a intervenir de forma interinstitucional, que es la forma más lógica y efectiva de hacerlo. Sin embargo, es importante que se integren a otras instituciones que pueden resolver el tema de vivienda para poder proceder con el desalojo de todos los habitantes y la demolición de las estructuras. Esta convocatoria es conveniente que se realice entre jerarcas para mayor efectividad.”.

7.-En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

 I.- De previo. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo, instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción: la supuesta demora de la Administración en atender una denuncia por filtración de agua, que presuntamente atenta contra el derecho a salud, a la integridad física y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la parte recurrente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo

II.-Objeto del recurso. La recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales pues es vecina de Atenas de Alajuela, sector en el que se han creado precarios y asentamientos informales, donde se realizan conexiones irregulares de servicios como electricidad y agua potable, lo que genera un gran riesgo a los habitantes de la zona. Acota que también han dispuesto el desagüe de las aguas negras en la vía pública, lo que atenta con la salud de los vecinos. Refiere que en varias ocasiones ha denunciado ante el municipio recurrido la situación señalada anteriormente; sin embargo, no se ha actuado de manera pertinente. Además, refiere que la casa donde vive fue declarada inhabitable por un desplazamiento ocurrido en 2010, pero no puede abandonar esta por no contar con los recursos económicos necesarios.

III.- Hechos probados. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

General:

La tutelada es vecina de La Mandarina, en Atenas de Alajuela (hecho incontrovertido).

Sobre la inhabitabilidad de la zona:

En 2007, en la zona de Barrio Bajo Cacao de Atenas ocurrió un deslizamiento de terreno que acabó con la vida de varias personas (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).
Debido al deslizamiento ocurrido, la Comisión Nacional de Emergencias realizó varios estudios en la zona que determinaron la posibilidad de que se repita un evento similar de movimientos sísmicos o lluvia, por lo que se recomendó al Ministerio de Salud realizar los procedimientos que corresponden a fin de prevenir tal situación (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).
En fecha no precisa, el Ministerio de Salud declaró inhabitable para demolición, las viviendas de las personas en las localidades de Bajo Cacao, La Mandarina, Calle Pavas, dentro de las cuales está la vivienda de la amparada (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).
El proceso de desalojo y demolición quedó inconcluso hasta el año 2011, en el que se retomó el mismo con apoyo de las instituciones que integran el Comité Municipal de Emergencias (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).
Por parte del Ministerio de Salud, se realizaron las siguientes actuaciones: se hicieron recordatorios a las personas, de que debían desalojar sus viviendas, con base en las actas de inhabitabilidad notificadas; se iniciaron una serie de trámites legales, por parte de las personas afectadas, entre los cuales se encontraban recursos de revocatoria y apelación e interposición de medidas cautelares en el Tribunal Contencioso Administrativo (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).
Una vez notificados los jerarcas de las instituciones involucradas, el Ministerio de Salud decidió que las familias no deben ser desalojadas, sin antes haber estudiado la posibilidad de una solución de vivienda para las personas que viven en las localidades afectadas, por lo que se solicitó la colaboración del IMAS, MIVAH y Municipalidad de Atenas; además, se contó con el acompañamiento de una funcionaria de la Defensoría de los Habitantes (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).
Según el Ministerio de Salud, “funcionarios del MIVAH construyeron una base de datos con el detalle de cada una de las familias, con el fin de garantizar la mejor opción de solución de vivienda. Se coordinó con desarrolladores de proyectos para buscar una solución de vivienda a las familias afectadas, sin embargo, cabe anotar que no todas las familias califican por asuntos socioeconómicos para una ayuda por parte de algunas instituciones del Estado, por lo que dichas familias van a tener que ser desalojadas utilizando métodos coercitivos, ya que muchas de ellas se niegan a salir del lugar. Durante el gobierno del Expresidente Carlos Alvarado, se ordenó la conformación nuevamente de una comisión interinstitucional, se realizaron varias reuniones, visitas de campo al sitio y se valoró la posibilidad de la construcción de un proyecto de vivienda en Santa Eulalia, el cual había sido adquirido para reubicar las familias de Bajo Cacao y la Mandarina. Luego de la adquisición del terreno, hace muchos años se descubrió que por la situación fangosa del lugar no se podía construir un proyecto de esas características. Se realizaron nuevos estudios técnicos del suelo del terreno en Santa Eulalia y se concluyó que el costo de habilitar el terreno y construir el proyecto era muy elevado por lo que se descartó esta posibilidad.” (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).
Según la Municipalidad de Atenas, “a la fecha no debería ninguna de las personas propietarias encontrarse en el lugar por el riesgo que ello implica para sus vidas, sin embargo, algunas personas dentro de las cuales se encuentra la recurrente son renuentes a salir de los terrenos pese a que las instituciones del sistema financiero para la vivienda les han ofrecido soluciones de vivienda temporal y permanente, que han rechazado por no cumplir con las expectativas que ellos mismos han fijado (…) Las condiciones en las cuales actualmente se encuentra la recurrente en el sitio son las propias de un terreno que carece de los servicios básicos y según indica la encargada del proceso, fue la propia recurrente quien se ha retirado de los procesos de bono de vivienda, por su propia voluntad” (ver informe rendido bajo juramento por la Municipalidad de Atenas).
Luego del último intento por reubicar a las familias, a la fecha no se ha vuelto a conformar ninguna comisión interinstitucional al efecto (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).

Sobre los asentamientos irregulares y las conexiones ilegales:

En la comunidad de La Mandarina, en Atenas de Alajuela, se han construido varias viviendas formales y otras informales (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).
El 11 de julio de 2024, funcionarios del Área Rectora de Salud de Atenas visitaron el sitio e identificaron muchas conexiones de electricidad ilegales y riesgosas, por lo que le trasladó el caso a la oficina del ICE en Atenas para consultar sobre el tema, donde se indicó que “en repetidas ocasiones han ido a desconectar estas viviendas y de forma casi inmediata los vecinos de la urbanización de La Mandarina se vuelven a conectar” (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).

Sobre el desfogue de aguas contaminadas:

En la zona se ha identificado inadecuado tratamiento de aguas residuales (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).
 Según el Área Rectora de Salud de Atenas, “no es recomendable desde el punto de vista legal emitir un ordenamiento sanitario a un ciudadano que habite una estructura informal o formal, que sea propietario de una vivienda, en Bajo Cacao y la Mandarina, ya que esos lugares están declarados inhabitables por la CNE y no es prudente hacerlos invertir en gastos importantes si ya este Ministerio también ha notificado ordenes sanitarias de desalojo y demolición” (ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio de Salud y prueba aportada al expediente digital).

IV.-Sobre la presunta inhabitabilidad de la zona. En la especie, se acreditó que la tutelada es vecina de La Mandarina, en Atenas de Alajuela, zona en la que, en 2007, ocurrió un deslizamiento de terreno que acabó con la vida de varias personas.

Debido a lo anterior, la Comisión Nacional de Emergencias realizó varios estudios en la zona que determinaron la posibilidad de que se repita un evento similar de movimientos sísmicos o lluvia, por lo que se recomendó al Ministerio de Salud realizar los procedimientos que corresponden a fin de prevenir tal situación. Ante ello, las autoridades del Ministerio de Salud declararon inhabitable para demolición, las viviendas de las personas en las localidades de Bajo Cacao, La Mandarina, Calle Pavas, dentro de las cuales está la vivienda de la amparada.

Según explicó el Área Rectora de Salud de Atenas, el proceso de desalojo y demolición quedó inconcluso hasta el año 2011, en el que se retomó el mismo con apoyo de las instituciones que integran el Comité Municipal de Emergencias. Así, hasta esa fecha, se hicieron recordatorios a las personas, de que debían desalojar sus viviendas, con base en las actas de inhabitabilidad notificadas; además, se iniciaron una serie de trámites legales, por parte de las personas afectadas, entre los cuales se encontraban recursos de revocatoria y apelación e interposición de medidas cautelares en el Tribunal Contencioso Administrativo. Una vez notificados los jerarcas de las instituciones involucradas, el Ministerio de Salud decidió que las familias no deben ser desalojadas, sin antes haber estudiado la posibilidad de una solución de vivienda para las personas que viven en las localidades afectadas, por lo que se solicitó la colaboración del IMAS, MIVAH y Municipalidad de Atenas; además, se contó con el acompañamiento de una funcionaria de la Defensoría de los Habitantes. Asimismo, funcionarios del MIVAH construyeron una base de datos con el detalle de cada una de las familias, con el fin de garantizar la mejor opción de solución de vivienda y se coordinó con desarrolladores de proyectos para buscar una solución de vivienda a las familias afectadas. Sin embargo, no todas las familias calificaban, por asuntos socioeconómicos, para una ayuda por parte de algunas instituciones del Estado.

Aunado a ello, se ordenó la conformación nuevamente de una comisión interinstitucional, se realizaron varias reuniones, visitas de campo al sitio y se valoró la posibilidad de la construcción de un proyecto de vivienda en Santa Eulalia, el cual había sido adquirido para reubicar las familias de Bajo Cacao y la Mandarina. Pese a ello, luego de la adquisición del terreno, se descubrió que por la situación fangosa del lugar no se podía construir un proyecto de esas características.

Por su parte, según la Municipalidad de Atenas, “a la fecha no debería ninguna de las personas propietarias encontrarse en el lugar por el riesgo que ello implica para sus vidas, sin embargo, algunas personas dentro de las cuales se encuentra la recurrente son renuentes a salir de los terrenos pese a que las instituciones del sistema financiero para la vivienda les han ofrecido soluciones de vivienda temporal y permanente, que han rechazado por no cumplir con las expectativas que ellos mismos han fijado (…) Las condiciones en las cuales actualmente se encuentra la recurrente en el sitio son las propias de un terreno que carece de los servicios básicos y según indica la encargada del proceso, fue la propia recurrente quien se ha retirado de los procesos de bono de vivienda, por su propia voluntad”.

Finalmente, consta que, luego del último intento por reubicar a las familias, a la fecha no se ha vuelto a conformar ninguna comisión interinstitucional al efecto.

De lo expuesto, la Sala acredita la lesión a los derechos fundamentales de la tutelada, en virtud de la clara falta de coordinación y omisión por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Atenas para atender la problemática en la zona. Nótese que, desde 2007, fecha en la que ocurrió el deslizamiento y se declaró la inhabitabilidad en la zona, transcurrieron aproximadamente cuatro años, sea en 2011, para que tales autoridades iniciaran con el proyecto de desalojo de las familias afectadas. Ahora, si bien consta que se realizaron las coordinaciones pertinentes y se llevaron a cabo ciertas acciones tendientes a reubicar a las familias, lo cierto es que, a la fecha, sea trece años después, la problemática continúa.

Es menester recalcar que, si bien ha sido decisión de la propia recurrente no desalojar la vivienda que ocupa, lo cierto es que bajo el criterio adoptado por el Ministerio de Salud, los desalojos debían suspenderse hasta que se contara con una opción de reubicación de las familias afectadas. Además, pese a que varias personas desalojaron por sus medios la comunidad de La Mandarina, otras, como la recurrente, no han salido aún, y bajo la directriz del Ministerio de Salud, se les debe dotar de alguna opción de reubicación, misma que trece años después todavía no existe. Es decir, las familias afectadas, entre ellas la tutelada, no han sido reubicadas de la zona declarada inhabitable ni se ha brindado seguimiento alguno dicha problemática. Obsérvese que, tal y como lo expresa el Ministerio de Salud, luego del último intento por reubicar a las familias, a la fecha no se ha vuelto a conformar ninguna comisión interinstitucional al efecto; dejando en claro la omisión incurrida por parte de las autoridades recurridas para la atención del problema, lesionando con ello los derechos fundamentales de los habitantes de la zona.

Cabe indicar que, respecto a la Comisión Nacional de Emergencias, en virtud de que consta que realizaron los estudios y recomendaciones pertinentes a raíz del deslizamiento ocurrido en 2007, todo ello como parte de sus competencias, y al no acreditarse omisión alguna por parte de esta autoridad que lesiones los derechos fundamentales de la amparada, lo procedente es la desestimatoria del recurso en cuanto a esta autoridad se refiere.

V.- Sobre los asentamientos irregulares y las presuntas conexiones ilegales. Al respecto, de los autos, se constató que en la zona de La Mandarina efectivamente se han construido varias viviendas formales y otras informales.

Ahora, es menester indicar que las conexiones ilegales existentes se deben por la desocupación voluntaria de las viviendas debido al deslizamiento ocurrido en la zona, siendo que algunas de estas ya fueron demolidas, pero los espacios han venido siendo cubiertos por asentamientos irregulares, que se abastecen de manera irregular de los servicios y disponen sus aguas de manera inapropiada. Así, pese a que ello era de conocimiento de las autoridades de la Municipalidad de Atenas y el Ministerio de Salud, según los informes rendidos bajo juramento, con ocasión al recurso, el 11 de julio de 2024, funcionarios del Área Rectora de Salud de Atenas visitaron el sitio e identificaron muchas conexiones de electricidad ilegales y riesgosas, por lo que le trasladó el caso a la oficina del Instituto Costarricense de Electricidad en Atenas, a fin de consultar sobre el tema. Ante ello, la oficina del ICE indicó que “en repetidas ocasiones han ido a desconectar estas viviendas y de forma casi inmediata los vecinos de la urbanización de La Mandarina se vuelven a conectar”.

Pese a lo anterior, no consta que, a la fecha, las autoridades recurridas hayan efectuado alguna otra coordinación o acción tendiente a solventar tal problemática, la cual claramente supone un riesgo para los habitantes de la zona, por lo que la problemática aún persiste.

VI.-Sobre el presunto desfogue de aguas contaminadas. Atinente a este extremo, se verificó que en la zona donde habita la amparada, el Ministerio de Salud ha identificado inadecuado tratamiento de aguas residuales; las cuales, al igual que en el caso de las conexiones ilegales, se debe a la desocupación voluntaria de las viviendas desalojadas y la ocupación de los terrenos por asentamientos irregulares.

Sin embargo, según el Área Rectora de Salud de Atenas, “no es recomendable desde el punto de vista legal emitir un ordenamiento sanitario a un ciudadano que habite una estructura informal o formal, que sea propietario de una vivienda, en Bajo Cacao y la Mandarina, ya que esos lugares están declarados inhabitables por la CNE y no es prudente hacerlos invertir en gastos importantes si ya este Ministerio también ha notificado ordenes sanitarias de desalojo y demolición”.

Sobre el particular y en virtud de la prueba e informes aportados, la Sala estima que es por la propia omisión tanto de las autoridades del Ministerio de Salud, como por la Municipalidad de Atenas, en coordinar lo pertinente para solventar el desalojo de las familias de la zona, la cual se reitera que es inhabitable, que ello no ha sido posible. Es decir, la justificación del Ministerio de Salud para no emitir las órdenes sanitarias respectivas es que los habitantes de la zona no son propietarios y que al ser esta inhabitable no es recomendable la emisión de estas; sin embargo, tal y como se demostró supra, no consta que tal autoridad, junto con la Municipalidad de Atenas, hayan ejecutado acciones tendientes para, al menos, solventar de manera provisional la problemática de desfogue de aguas contaminadas.

En ese orden de ideas, este Tribunal verifica la lesión al derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes de la zona de La Mandarina, en virtud de la omisión por parte del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Atenas para atender y solventar la problemática en cuestión.

VII.-Sobre las actuaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. De lo expuesto, se denota que la determinación de inhabitabilidad de la zona de zona de Barrio Bajo Cacao de Atenas fue producto de las verificaciones efectuadas por esta autoridad, desde el 2007. Ahora, si bien en su momento, la CNE emitió las recomendaciones necesarias para atender la problemática en cuestión, lo cierto es que, al acreditarse que la situación persiste, no puede esta autoridad desentenderse de la situación, ante la acreditada situación de riesgo para los habitantes de la zona.

VIII.-En mérito lo expuesto, la Sala denota que la situación denunciada por la recurrente es de amplio conocimiento de las autoridades recurridas, las cuales, a pesar de los años, no han adoptado las medidas necesarias para asegurar la integridad de los habitantes de Barrio Bajo Cacao de Atenas y que con motivo de esta grave omisión, han propiciado no sólo que no se haya logrado desalojar en su totalidad la comunidad de La Mandarina, sino que han favorecido el establecimiento irregular de nuevas viviendas en condición de gran riesgo; quienes, además, se abastecen de manera irregular de los servicios y dan lugar a serios problemas ambientales por la falta de disposición adecuada de residuos, aguas servidas y aguas negras. Ante ese panorama, la omisión de las autoridades involucradas no sólo sitúa en condición de grave riesgo para la integridad física de la tutelada y demás habitantes de la zona, sino que también amenaza con convertirse en un serio problema de salud, por la afectación ambiental que se está produciendo.

En ese sentido, lo procedente es la estimatoria parcial del recurso, solo en cuanto a las autoridades del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Atenas.

IX.-Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

IX.- Voto Salvado Parcial De La Magistrada Garro Vargas respecto a la primera y a la segunda orden de la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de doce meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se cumpla con las siguientes órdenes: a) se ejecute el desalojo de las personas que permanecen en los terrenos de esas comunidades en la zona de Barrio Bajo Cacao y La Mandarina de Atenas y; b) se reubiquen a los habitantes de quienes ejercían legitima ocupación de sus viviendas y que aun permanecen en el sitio. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

X.-Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 

 Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Wilberth Martín Aguilar Gatjens y Ronald Ramírez Garita, por su orden, alcalde y presidente del Concejo de la Municipalidad de Atenas; así como a Marjorie Campos Segura, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Atenas; y a Alejandro José Picado Eduarte, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, o a quienes ocupen tales cargos, para que, dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: a) dentro del plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen y ejecuten el desalojo de las personas que permanecen en los terrenos de esas comunidades en la zona de Barrio Bajo Cacao y La Mandarina de Atenas; b) dentro del plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, reubiquen a los habitantes de quienes ejercían legítima ocupación de sus viviendas y que aún permanecen en el sitio; c) en el tanto se realizan los desalojos y reubicaciones, se dispongan las medidas paliativas o de mitigación sobre la problemática del desfogue de aguas contaminadas y las conexiones ilegales. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Atenas al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Atinente a la Comisión Nacional de Emergencias, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Aracelly Pacheco S.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 4R2HDKMXDYU61

EXPEDIENTE N° 24-010683-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:12:32.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

SALA CONSTITUCIONAL

Ruling No. 21414 - 2024

Date of Ruling: July 30, 2024 at 2:00 p.m.

Case File: 24-010683-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Judgment with Dissenting Vote

Judgment with Separate Note

Relevance Indicators

Relevant judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

Content of Interest:

Strategic Topics: Environmental, Right to health, Economic social cultural and environmental rights

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
SEWERAGE.

Topic: EXECUTIVE BRANCH

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

Topic: PROPERTY

Subtopics:

EVICTION.

021414-24. MUNICIPALITY. EXECUTIVE BRANCH. PROPERTY. THE APPEAL IS GRANTED. THE MUNICIPALITY OF ATENAS, THE MINISTRY OF HEALTH, AND THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE ARE ORDERED, WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES, TO: A) WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWELVE MONTHS, COORDINATE AND EXECUTE THE EVICTION OF THE PERSONS REMAINING ON THE LAND IN THOSE COMMUNITIES IN THE BARRIO BAJO CACAO AND LA MANDARINA AREA OF ATENAS; B) WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWELVE MONTHS, COMMENCING FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, RELOCATE THE INHABITANTS WHO WERE IN LEGITIMATE OCCUPATION OF THEIR HOMES AND STILL REMAIN AT THE SITE; C) WHILE THE EVICTIONS AND RELOCATIONS ARE BEING CARRIED OUT, ORDER PALLIATIVE OR MITIGATION MEASURES REGARDING THE PROBLEM OF CONTAMINATED WATER DISCHARGE AND ILLEGAL CONNECTIONS. VCG08/2024

“(…) IV.-Regarding the presumed uninhabitability of the zone. In the case at hand, it was established that the protected party is a resident of La Mandarina, in Atenas de Alajuela, a zone where, in 2007, a landslide occurred that took the lives of several people.

Due to the foregoing, the National Emergency Commission conducted several studies in the zone that determined the possibility of a similar event recurring due to seismic movements or rain, and therefore recommended that the Ministry of Health carry out the corresponding procedures to prevent such a situation. In response, the authorities of the Ministry of Health declared the homes of the persons in the localities of Bajo Cacao, La Mandarina, Calle Pavas uninhabitable and ordered their demolition, among which is the home of the protected party.

As explained by the Área Rectora de Salud de Atenas, the eviction and demolition process remained unfinished until 2011, when it was resumed with the support of the institutions that make up the Municipal Emergency Committee. Thus, up to that date, reminders were sent to the persons that they had to vacate their homes, based on the notified uninhabitability records; additionally, a series of legal proceedings were initiated by the affected persons, among which were appeals for reversal and appeal and the filing of interim measures before the Contentious-Administrative Court. Once the heads of the involved institutions were notified, the Ministry of Health decided that the families should not be evicted without first having studied the possibility of a housing solution for the persons living in the affected localities, for which reason the collaboration of IMAS, MIVAH, and the Municipalidad de Atenas was requested; in addition, the process was accompanied by an official from the Defensoría de los Habitantes. Likewise, officials from MIVAH built a database with the details of each of the families, in order to guarantee the best housing solution option, and coordination was carried out with project developers to seek a housing solution for the affected families. However, not all the families qualified, due to socioeconomic reasons, for assistance from some State institutions.

In addition to this, the formation of an inter-institutional commission was again ordered, several meetings were held, field visits to the site were conducted, and the possibility of building a housing project in Santa Eulalia, which had been acquired to relocate the families of Bajo Cacao and La Mandarina, was evaluated. Despite this, after the acquisition of the land, it was discovered that due to the muddy condition of the site, a project of those characteristics could not be built.

For its part, according to the Municipalidad de Atenas, “as of today, none of the owner-occupants should be at the site due to the risk it implies for their lives; however, some persons, among whom is the appellant, are reluctant to leave the land, even though the institutions of the housing financial system have offered them temporary and permanent housing solutions, which they have rejected for not meeting the expectations they themselves have set (…) The conditions in which the appellant currently finds herself at the site are those typical of land that lacks basic services, and according to the person in charge of the process, it was the appellant herself who voluntarily withdrew from the housing voucher processes.”

Finally, the record shows that, after the last attempt to relocate the families, no inter-institutional commission has been formed again for this purpose to date.

From the foregoing, the Chamber finds a violation of the fundamental rights of the protected party, by virtue of the clear lack of coordination and omission on the part of the authorities of the Ministry of Health and the Municipalidad de Atenas to address the problems in the zone. It should be noted that, from 2007, the date on which the landslide occurred and the uninhabitability of the zone was declared, approximately four years passed, that is, until 2011, for those authorities to initiate the project to evict the affected families. Now, although the record shows that the pertinent coordination was carried out and certain actions aimed at relocating the families were taken, the fact is that, to date, that is, thirteen years later, the problem continues.

It is necessary to emphasize that, although it has been the appellant’s own decision not to vacate the home she occupies, the fact is that under the criterion adopted by the Ministry of Health, the evictions were to be suspended until a relocation option for the affected families was available. Furthermore, despite the fact that several persons vacated the community of La Mandarina by their own means, others, such as the appellant, have still not left, and under the directive of the Ministry of Health, they must be provided with some relocation option, which thirteen years later still does not exist. That is, the affected families, among them the protected party, have not been relocated from the zone declared uninhabitable, nor has any follow-up been provided to this problem. It should be observed that, as expressed by the Ministry of Health, after the last attempt to relocate the families, no inter-institutional commission has been formed again for this purpose to date; highlighting the omission incurred by the respondent authorities in addressing the problem, thereby violating the fundamental rights of the inhabitants of the zone.

It should be noted that, with respect to the National Emergency Commission, by virtue of the fact that the record shows that they carried out the pertinent studies and recommendations as a result of the landslide that occurred in 2007, all as part of their competences, and since no omission on the part of this authority that violates the fundamental rights of the protected party has been established, the appropriate course is to dismiss the appeal with respect to this authority.

V.- Regarding the irregular settlements and the presumed illegal connections. In this regard, from the case record, it was verified that in the La Mandarina zone, several formal and other informal homes have indeed been built.

Now, it is necessary to point out that the existing illegal connections are due to the voluntary vacating of the homes because of the landslide that occurred in the zone, with some of these already having been demolished, but the spaces have been increasingly occupied by irregular settlements, which are supplied irregularly with services and dispose of their water inappropriately. Thus, even though this was known to the authorities of the Municipalidad de Atenas and the Ministry of Health, according to the reports rendered under oath, in relation to the appeal on July 11, 2024, officials from the Área Rectora de Salud de Atenas visited the site and identified many illegal and risky electricity connections, for which reason they referred the case to the office of the Instituto Costarricense de Electricidad in Atenas, to consult on the matter. In response, the ICE office indicated that “on repeated occasions they have gone to disconnect these homes, and almost immediately the residents of the urbanization of La Mandarina reconnect themselves.”

Despite the foregoing, there is no evidence that, to date, the respondent authorities have carried out any other coordination or action aimed at solving this problem, which clearly poses a risk to the inhabitants of the zone, so the problem still persists.

VI.-Regarding the presumed discharge of contaminated water. Concerning this point, it was verified that in the zone where the protected party lives, the Ministry of Health has identified inadequate treatment of wastewater; this, as in the case of the illegal connections, is due to the voluntary vacating of the evicted homes and the occupation of the land by irregular settlements.

However, according to the Área Rectora de Salud de Atenas, “it is not advisable from a legal standpoint to issue a sanitary order to a citizen who inhabits an informal or formal structure, who is the owner of a home, in Bajo Cacao and La Mandarina, since those places are declared uninhabitable by the CNE and it is not prudent to make them invest in significant expenses if this Ministry has also already notified sanitary orders of eviction and demolition.”

On this particular point and by virtue of the evidence and reports provided, the Chamber considers that it is precisely because of the omission of both the authorities of the Ministry of Health and the Municipalidad de Atenas to coordinate what is pertinent to solve the eviction of the families from the zone, which is reiterated to be uninhabitable, that this has not been possible. That is, the Ministry of Health’s justification for not issuing the respective sanitary orders is that the inhabitants of the zone are not property owners and that since it is uninhabitable, issuing them is not advisable; however, as demonstrated supra, there is no evidence that such authority, together with the Municipalidad de Atenas, has executed actions aimed at, at least, provisionally solving the problem of contaminated water discharge.

In this line of reasoning, this Court verifies the violation of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the inhabitants of the La Mandarina zone, by virtue of the omission on the part of the Ministry of Health and the Municipalidad de Atenas to address and solve the problem in question.

VII.-Regarding the actions of the National Emergency Commission. From the foregoing, it is evident that the determination of uninhabitability of the Barrio Bajo Cacao de Atenas zone was the product of verifications carried out by this authority since 2007. Now, although at the time, the CNE issued the necessary recommendations to address the problem in question, the fact is that, since it is established that the situation persists, this authority cannot disengage from the situation, given the proven risk situation for the inhabitants of the zone.

VIII.-In merit of the foregoing, the Chamber denotes that the situation denounced by the appellant is widely known by the respondent authorities, which, despite the years, have not adopted the necessary measures to ensure the integrity of the inhabitants of Barrio Bajo Cacao de Atenas, and that by reason of this serious omission, they have not only caused the community of La Mandarina to not have been completely evicted, but have also favored the irregular establishment of new homes in a condition of great risk; homes which, in addition, are supplied irregularly with services and give rise to serious environmental problems due to the lack of adequate disposal of waste, wastewater, and black water. Given this scenario, the omission of the involved authorities not only places the physical integrity of the protected party and other inhabitants of the zone in a condition of serious risk, but also threatens to become a serious health problem, due to the environmental impact being produced.

In that sense, the appropriate course is to partially grant the appeal, only with respect to the authorities of the Ministry of Health and the Municipalidad de Atenas. (…)”

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Content of Interest:

Type of content: Separate Note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and effective justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

IX.-Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and effective administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.

VCG08/2024

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Content of Interest:

Type of content: Dissenting Vote

Branch of Law: 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

Topic: 056- Execution of judgments

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

IX.- Partial Dissenting Vote of Magistrate Garro Vargas regarding the first and second order of the operative part of this judgment. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the rules governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a period of twelve months, counted from the notification of this judgment, the following orders are complied with: a) the eviction is executed of the persons remaining on the land in those communities in the Barrio Bajo Cacao and La Mandarina area of Atenas and; b) the inhabitants who were in legitimate occupation of their homes and still remain at the site are relocated. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedural Code regarding execution (Article 155 et seq.) have obvious advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, assigning responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be conducted before the Area de Ejecución of the Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Tribunal, under the judgment execution rules of said Code.

VCG08/2024

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Text of the ruling

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Exp: 24-010683-0007-CO

Res. No. 2024021414

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at fourteen hours zero minutes on the thirtieth of July, two thousand twenty-four.

 Amparo appeal filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALIDAD DE ATENAS, the ÁREA RECTORA DE SALUD DE ATENAS, and the COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Whereas:

1.- By brief received on April 23, 2024, the appellant files an amparo appeal against the Municipalidad de Atenas, the Área Rectora de Salud de Atenas, and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. She states that she suffers from a disability and is a resident of Atenas de Alajuela, specifically the sector known as La Mandarina. She indicates that, during recent years, a territorial invasion has occurred in that sector by a group of people who have created slums and informal settlements. She denounces that these people make irregular connections to services such as electricity and potable water, which generates great risk for the inhabitants of the zone. She notes that these people, irresponsibly, have directed the discharge of black water onto public roads, which threatens the health of the neighbors. She points out that, added to the above, great insecurity has been generated in the zone due to the improper use of drugs and the behavior of said persons. She states that on several occasions she has denounced the situation described above before the respondent municipality; however, it has not acted pertinently, despite being responsible for the well-being of the canton and for controlling the invasion of the land. Based on the foregoing, she requests the intervention of the Chamber.

2.- By ruling at 2:30 p.m. on April 25, 2024, the proceeding was commenced and a report was requested from the mayor and the president of the Council, both of the Municipalidad de Atenas, regarding the alleged facts.

3.- Wilberth Martín Aguilar Gatjens and Ronald Ramírez Garita, in their order, mayor and president of the Council of the Municipalidad de Atenas, report under oath that "in official communication MAT-DA-0400-2024, rendered by the person in charge of carrying out the follow-up and processing tasks of matters related to the uninhabitability declarations of the community of Urbanización El Cucuy, known as La Mandaría, all necessary efforts have been made to relocate the owner families of the properties at the site and consequently effect the transfer of the corresponding lands into the hands of the Municipality with the purpose of carrying out recovery efforts at the place. As of today, none of the owner-occupants should be at the place due to the risk it implies for their lives; however, some persons, among whom is the appellant, are reluctant to leave the land, even though the institutions of the housing financial system have offered them temporary and permanent housing solutions, which they have rejected for not meeting the expectations they themselves have set. The conditions in which the appellant currently finds herself at the site are those typical of land that lacks basic services, and according to the person in charge of the process, it was the appellant herself who voluntarily withdrew from the housing voucher processes…”.

4.- By ruling at 10:06 a.m. on July 9, 2024, the parties to the appeal were expanded, and a report was requested from the director of the Área Rectora de Salud de Atenas of the Ministry of Health and the president of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, regarding the alleged facts.

5.- Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as president of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, reports under oath that "the disagreement of an administered party with a situation she claims to be experiencing in her place of residence, and where she also claims not to have found a solution to her petitions either from the Municipal Corporation of Atenas or from the Área Rectora de Salud of the zone. This situation is not known to my represented entity, nor does it refer to any situation falling within the principle of legality of the area of competences of this Commission, as set out in Law No. 8488 cited above, and from which our competences have been succinctly developed. That is, we are not in the presence of a national emergency situation decreed by the Executive Branch, nor an undeclared emergency situation, nor a report of a general emergency plan pending attention, but rather it focuses on situations that, if they appear to be true, correspond to be addressed not only by the public administrations indicated by the appellant but also by other government institutions. The situation being one of a territorial and social nature that is increasingly noticeable in our country, where the institutions responsible for its attention must face it within their area of competence as ordinary activities inherent to the entities and not under situations of exceptionality that are often sought to be used due to inoperability, inadequate urban planning, and disregard in the execution of their budgets, and above all in terms of decision-making, since this could bring political consequences not in line with their interests, both local and at the government level. (…) In conclusion, it is the absolute and exclusive responsibility of the Municipal Corporations to order the territory under their jurisdiction. (…) regarding one of the substantial competences that shelter the Ministry of Health, it should be noted that, within this police power, which is general, special, and of a preventive nature, it can dictate measures of general and particular scope, for the purpose of enforcing its law and its regulations, and through said power it can dictate authorizations, denials, prohibitions, sanitary orders, and 'even uninhabitability orders…'. Based on the foregoing, he requests that the appeal be dismissed.

6.- Marjorie Campos Segura, in her capacity as director of the Área Rectora de Salud de Atenas, reports under oath that in "the year 2007, a tragedy occurred due to a landslide that took the lives of several people in Barrio Bajo Cacao de Atenas. As a result of that situation, the Comisión Nacional de Emergencias has conducted several studies in the area, to which a study by the Escuela de Geología of the Universidad de Costa Rica has been added. In the mentioned studies, it is made clear that there are probabilities that events similar to those that occurred in Bajo Cacao could recur due to seismic movements or rain, and they recommend that the competent institutions, among them the Ministry of Health, carry out the corresponding procedures to prevent another tragedy. Using said reports as a basis, the homes of the persons in the location described by the Comisión Nacional de Emergencias, that is, the localities of Bajo Cacao, La Mandarina, Calle Pavas, were declared uninhabitable and ordered for demolition. Among those homes is that of the protected party. The eviction and demolition process remained unfinished until 2011, when the matter was resumed with the support of the institutions that make up the Municipal Emergency Committee. The Ministry of Health sent reminders to the persons that they had to vacate their homes, based on the notified uninhabitability records. From this moment, a series of legal proceedings were initiated by the affected persons, among which were appeals for reversal and appeal and the filing of interim measures before the Contentious-Administrative Court (evidence of the resolution of the appeals and the Contentious-Administrative Court is attached). Once all legal matters were resolved, after the heads of the involved institutions were notified, it was decided that the families should not be evicted without first having studied the possibility of a housing solution for the persons living in the affected localities. After this, a request was made by Dr. Fernando Llorca, former Minister of Health, before Mr. Sergio Iván Salas, Minister of the Presidency, who requested coordination to address this case. For this reason, a series of meetings were initiated at the local level in coordination with the Ministry of Health, IMAS, MIVAH, and the Municipality. Throughout the entire process, the accompaniment of an official from the Defensoría de los Habitantes was provided, who was actively integrated into the situation analysis. With the information collected jointly, officials from MIVAH built a database with the details of each of the families, in order to guarantee the best housing solution option. Coordination was carried out with project developers to seek a housing solution for the affected families; however, it should be noted that not all families qualify, due to socioeconomic reasons, for assistance from some State institutions, so those families will have to be evicted using coercive methods, since many of them refuse to leave the place. During the administration of former President Carlos Alvarado, the formation of an inter-institutional commission was again ordered, several meetings were held, field visits to the site were conducted, and the possibility of building a housing project in Santa Eulalia was evaluated, which had been acquired to relocate the families of Bajo Cacao and La Mandarina. After the acquisition of the land many years ago, it was discovered that due to the muddy condition of the site, a project of those characteristics could not be built. New technical soil studies were carried out on the land in Santa Eulalia, and it was concluded that the cost of enabling the land and building the project was very high, so this possibility was discarded. (…) After the last described attempt to relocate the families, no inter-institutional commission has been formed again. From the last visit made, it has been observed that several formal and other informal homes have been built, even though it is known to the Municipalidad de Atenas that construction should not take place at that site. No landslide incidents have been reported again to this Ministry since 2007; however, the uninhabitability declaration by the Comisión Nacional de Emergencias remains in effect. Many of the families have already left the place and abandoned their properties or handed them over to the Municipality, and some structures have already been demolished; but since the land is vacated, new families have arrived to settle in precarious conditions, which leads to the establishment of informal and illegal connections for water and electricity. In relation to these illegal electricity connections, on July 11, 2024, the place was visited, and indeed many illegal and risky electricity connections were identified, so I personally went to the ICE office in Atenas to consult on the matter (the record is attached), and the institutional official pointed out that on repeated occasions they have gone to disconnect these homes, and almost immediately the residents of the urbanization of La Mandarina reconnect themselves. Regarding what was described by the appellant related to wastewater, this Ministry has indeed identified inadequate treatment of wastewater, but it is not advisable from a legal standpoint to issue a sanitary order to a citizen who inhabits an informal or formal structure, who is the owner of a home, in Bajo Cacao and La Mandarina, since those places are declared uninhabitable by the CNE, and it is not prudent to make them invest in significant expenses if this Ministry has also already notified sanitary orders of eviction and demolition. As for the problem of drug use and danger due to crime, this body is not competent.

Specifically with regard to Mrs. [Name 001], she requested a meeting with me and the situation of the residential development where she lives was explained to her (minutes attached). It is important to emphasize that, for the Ministry of Health, it is very important that the situation of the Bajo Cacao and La Mandarina neighborhoods be resolved definitively, since the place is being inhabited by new families who build without following the regulations in force regarding construction matters, so that after a while sanitary problems arise, such as inadequate treatment of wastewater (aguas residuales) and black water; and this body cannot intervene by issuing an administrative act of corrective actions, due to the situation already described. It is for this reason that the Atenas Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Atenas), in coordination with the Regional Level and Central Level of this Ministry, has intervened diligently and in an integrated manner with other institutions, to provide a rights-based solution to the families described by the protected party, each time they summon us to intervene inter-institutionally, which is the most logical and effective way to do so. However, it is important that other institutions that can resolve the housing issue become involved in order to proceed with the eviction of all the inhabitants and the demolition of the structures. It is advisable that this convocation be carried out between high-ranking officials for greater effectiveness.".

7.- In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,


I.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the time limits established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure, initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception case is raised: the alleged delay by the Administration in addressing a complaint regarding water seepage (filtración de agua), which allegedly threatens the right to health, to physical integrity, and to a healthy and ecologically balanced environment of the appellant. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- Purpose of the appeal. The appellant considers her fundamental rights violated because she is a resident of Atenas de Alajuela, a sector in which shantytowns (precarios) and informal settlements (asentamientos informales) have been created, where irregular connections of services such as electricity and potable water are made, which generates a great risk to the inhabitants of the area. She notes that they have also arranged the drainage of black water on public roads, which threatens the health of the neighbors. She states that on several occasions she has reported the situation described above to the respondent municipality; however, it has not acted in a pertinent manner. Furthermore, she states that the house where she lives was declared uninhabitable due to a displacement that occurred in 2010, but she cannot abandon it because she does not have the necessary economic resources.

III.- Proven facts. Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are taken as accredited:

General:

The protected party is a resident of La Mandarina, in Atenas de Alajuela (incontrovertible fact).

Regarding the uninhabitability of the area:

In 2007, a landslide (deslizamiento de terreno) occurred in the Barrio Bajo Cacao area of Atenas that claimed the lives of several people (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).
Due to the landslide that occurred, the National Emergency Commission (CNE) conducted several studies in the area that determined the possibility of a similar event of seismic movements or rain recurring, for which reason the Ministry of Health was recommended to carry out the corresponding procedures in order to prevent such a situation (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).
On an unspecified date, the Ministry of Health declared the homes of the people in the localities of Bajo Cacao, La Mandarina, Calle Pavas uninhabitable for demolition, among which is the home of the protected party (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).
The eviction and demolition process remained incomplete until the year 2011, when it was resumed with the support of the institutions that make up the Municipal Emergency Committee (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).
On behalf of the Ministry of Health, the following actions were carried out: reminders were made to the people that they had to vacate their homes, based on the notified certificates of uninhabitability (actas de inhabitabilidad); a series of legal procedures were initiated by the affected persons, among which were appeals for revocation and appeal and the filing of precautionary measures (medidas cautelares) before the Contentious Administrative Court (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).
Once the high-ranking officials of the institutions involved were notified, the Ministry of Health decided that the families should not be evicted without first having studied the possibility of a housing solution for the people living in the affected localities, for which reason the collaboration of IMAS, MIVAH, and the Municipality of Atenas was requested; furthermore, the support of an official from the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) was provided (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).
According to the Ministry of Health, “MIVAH officials built a database with the details of each of the families, in order to guarantee the best housing solution option. Coordination was carried out with project developers to seek a housing solution for the affected families; however, it should be noted that not all families qualify for aid from some State institutions due to socioeconomic matters, so those families will have to be evicted using coercive methods, since many of them refuse to leave the place. During the government of Former President Carlos Alvarado, the re-formation of an inter-institutional commission was ordered, several meetings and field visits to the site were held, and the possibility of building a housing project in Santa Eulalia, which had been acquired to relocate the families of Bajo Cacao and La Mandarina, was assessed. After the acquisition of the land many years ago, it was discovered that, due to the muddy condition of the place, a project of those characteristics could not be built. New technical soil studies of the land in Santa Eulalia were conducted and it was concluded that the cost of enabling the land and building the project was very high, so this possibility was ruled out” (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).
According to the Municipality of Atenas, “to date, none of the owner persons should be in the place due to the risk it implies for their lives; however, some persons, among whom is the appellant, are reluctant to leave the lands despite the fact that the institutions of the financial system for housing have offered them temporary and permanent housing solutions, which they have rejected for not meeting the expectations they themselves have set (...) The conditions in which the appellant currently finds herself at the site are those typical of land that lacks basic services, and according to the person in charge of the process, it was the appellant herself who has withdrawn from the housing bond (bono de vivienda) processes, of her own free will” (see report rendered under oath by the Municipality of Atenas).
After the last attempt to relocate the families, to date no inter-institutional commission has been re-formed for that purpose (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).

Regarding irregular settlements and illegal connections:

In the community of La Mandarina, in Atenas de Alajuela, several formal homes and other informal ones have been built (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).
On July 11, 2024, officials from the Atenas Health Governing Area visited the site and identified many illegal and risky electricity connections, for which reason they transferred the case to the ICE office in Atenas to inquire about the matter, where it was indicated that “on repeated occasions they have gone to disconnect these homes and almost immediately the residents of the La Mandarina residential development reconnect themselves” (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).

Regarding the drainage of contaminated water:

Inadequate treatment of wastewater has been identified in the area (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).
According to the Atenas Health Governing Area, “it is not advisable from a legal point of view to issue a sanitary order (ordenamiento sanitario) to a citizen who inhabits an informal or formal structure, who is an owner of a home, in Bajo Cacao and La Mandarina, since those places are declared uninhabitable by the CNE and it is not prudent to make them incur significant expenses if this Ministry has also already notified sanitary orders of eviction and demolition” (see report rendered under oath by the Ministry of Health and evidence provided to the digital case file).

IV.- Regarding the alleged uninhabitability of the area. In the instant case, it was accredited that the protected party is a resident of La Mandarina, in Atenas de Alajuela, an area where, in 2007, a landslide occurred that claimed the lives of several people.

Due to the foregoing, the National Emergency Commission conducted several studies in the area that determined the possibility of a similar event of seismic movements or rain recurring, which is why the Ministry of Health was recommended to carry out the corresponding procedures in order to prevent such a situation. In view of this, the authorities of the Ministry of Health declared the homes of the people in the localities of Bajo Cacao, La Mandarina, Calle Pavas uninhabitable for demolition, among which is the home of the protected party.

According to what was explained by the Atenas Health Governing Area, the eviction and demolition process remained incomplete until the year 2011, when it was resumed with the support of the institutions that make up the Municipal Emergency Committee. Thus, until that date, reminders were made to the people that they had to vacate their homes, based on the notified certificates of uninhabitability; in addition, a series of legal procedures were initiated by the affected persons, among which were appeals for revocation and appeal and the filing of precautionary measures before the Contentious Administrative Court. Once the high-ranking officials of the institutions involved were notified, the Ministry of Health decided that the families should not be evicted without first having studied the possibility of a housing solution for the people living in the affected localities, for which reason the collaboration of IMAS, MIVAH, and the Municipality of Atenas was requested; furthermore, the support of an official from the Ombudsman's Office was provided. Likewise, MIVAH officials built a database with the details of each of the families, in order to guarantee the best housing solution option, and coordinated with project developers to seek a housing solution for the affected families. However, not all families qualified, due to socioeconomic matters, for aid from some State institutions.

In addition to this, the re-formation of an inter-institutional commission was ordered, several meetings and field visits to the site were held, and the possibility of building a housing project in Santa Eulalia, which had been acquired to relocate the families of Bajo Cacao and La Mandarina, was assessed. Despite this, after the acquisition of the land, it was discovered that, due to the muddy condition of the place, a project of those characteristics could not be built.

For its part, according to the Municipality of Atenas, “to date, none of the owner persons should be in the place due to the risk it implies for their lives; however, some persons, among whom is the appellant, are reluctant to leave the lands despite the fact that the institutions of the financial system for housing have offered them temporary and permanent housing solutions, which they have rejected for not meeting the expectations they themselves have set (...) The conditions in which the appellant currently finds herself at the site are those typical of land that lacks basic services, and according to the person in charge of the process, it was the appellant herself who has withdrawn from the housing bond processes, of her own free will”.

Finally, it is on record that, after the last attempt to relocate the families, to date no inter-institutional commission has been re-formed for that purpose.

From the foregoing, the Chamber accredits the injury to the fundamental rights of the protected party, by virtue of the clear lack of coordination and omission on the part of the authorities of the Ministry of Health and the Municipality of Atenas to address the problem in the area. It should be noted that, since 2007, when the landslide occurred and the uninhabitability of the area was declared, approximately four years elapsed, that is, until 2011, for such authorities to begin the project of evicting the affected families. Now, although it is on record that the pertinent coordination was carried out and certain actions aimed at relocating the families were taken, the truth is that, to date, that is, thirteen years later, the problem continues.

It is necessary to emphasize that, although it has been the decision of the appellant herself not to vacate the home she occupies, the truth is that under the criterion adopted by the Ministry of Health, the evictions had to be suspended until a relocation option for the affected families was available. Furthermore, despite the fact that several people vacated the community of La Mandarina by their own means, others, such as the appellant, have not yet left, and under the directive of the Ministry of Health, they must be provided with some relocation option, which, thirteen years later, still does not exist. That is to say, the affected families, among them the protected party, have not been relocated from the area declared uninhabitable, nor has any follow-up been provided to this problem. It should be observed that, as expressed by the Ministry of Health, after the last attempt to relocate the families, to date no inter-institutional commission has been re-formed for that purpose; clearly showing the omission incurred by the respondent authorities in addressing the problem, thereby injuring the fundamental rights of the inhabitants of the area.

It should be noted that, regarding the National Emergency Commission, by virtue of the fact that it is on record that they conducted the pertinent studies and recommendations as a result of the landslide that occurred in 2007, all as part of their powers, and as no omission whatsoever on the part of this authority that injures the fundamental rights of the protected party is accredited, the appropriate course of action is the dismissal of the appeal as far as this authority is concerned.

V.- Regarding the irregular settlements and the alleged illegal connections. In this regard, from the case records, it was verified that in the La Mandarina area, several formal homes and other informal ones have indeed been built.

Now, it is necessary to indicate that the existing illegal connections are due to the voluntary abandonment of the homes due to the landslide that occurred in the area, with some of these having already been demolished, but the spaces have been being taken over by irregular settlements, which supply themselves irregularly with services and dispose of their water inappropriately. Thus, despite the fact that the authorities of the Municipality of Atenas and the Ministry of Health were aware of this, according to the reports rendered under oath on the occasion of the appeal, on July 11, 2024, officials from the Atenas Health Governing Area visited the site and identified many illegal and risky electricity connections, for which reason they transferred the case to the office of the Costa Rican Electricity Institute (ICE) in Atenas, in order to inquire about the matter. In view of this, the ICE office indicated that “on repeated occasions they have gone to disconnect these homes and almost immediately the residents of the La Mandarina residential development reconnect themselves”.

Despite the foregoing, it is not on record that, to date, the respondent authorities have carried out any other coordination or action aimed at solving this problem, which clearly poses a risk to the inhabitants of the area, for which reason the problem still persists.

VI.- Regarding the alleged drainage of contaminated water. Regarding this point, it was verified that in the area where the protected party lives, the Ministry of Health has identified inadequate treatment of wastewater; which, like the case of illegal connections, is due to the voluntary abandonment of the evicted homes and the occupation of the lands by irregular settlements.

However, according to the Atenas Health Governing Area, “it is not advisable from a legal point of view to issue a sanitary order to a citizen who inhabits an informal or formal structure, who is an owner of a home, in Bajo Cacao and La Mandarina, since those places are declared uninhabitable by the CNE and it is not prudent to make them incur significant expenses if this Ministry has also already notified sanitary orders of eviction and demolition”.

On this point and by virtue of the evidence and reports provided, the Chamber considers that it is due to the very omission of both the authorities of the Ministry of Health and the Municipality of Atenas in coordinating what is pertinent to resolve the eviction of the families from the area, which it is reiterated is uninhabitable, that this has not been possible. That is to say, the Ministry of Health's justification for not issuing the respective sanitary orders is that the inhabitants of the area are not owners and that, since it is uninhabitable, issuing these is not advisable; however, as demonstrated supra, it is not on record that such authority, together with the Municipality of Atenas, has executed actions aimed at, at least, provisionally solving the problem of contaminated water drainage.

In that order of ideas, this Court verifies the injury to the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the inhabitants of the La Mandarina area, by virtue of the omission on the part of the Ministry of Health and the Municipality of Atenas to address and solve the problem in question.

VII.- Regarding the actions of the National Emergency Commission. From the foregoing, it is evident that the determination of uninhabitability of the Barrio Bajo Cacao area in Atenas was a result of the verifications carried out by this authority since 2007. Now, although at the time, the CNE issued the necessary recommendations to address the problem in question, the truth is that, as it is accredited that the situation persists, this authority cannot disregard the situation, given the accredited risk situation for the inhabitants of the area.

VIII.- By virtue of the foregoing, the Chamber notes that the situation denounced by the appellant is widely known to the respondent authorities, which, despite the years, have not adopted the necessary measures to ensure the integrity of the inhabitants of Barrio Bajo Cacao in Atenas, and that by reason of this serious omission, they have not only caused that the community of La Mandarina has not been fully evicted, but have also favored the irregular establishment of new homes in conditions of great risk; who, in addition, supply themselves irregularly with services and give rise to serious environmental problems due to the lack of adequate disposal of waste, gray water (aguas servidas), and black water. Given this panorama, the omission of the involved authorities not only places the physical integrity of the protected party and other inhabitants of the area in a condition of serious risk, but also threatens to become a serious health problem, due to the environmental impact that is occurring.

In that sense, the appropriate course of action is the partial granting of the appeal, only with respect to the authorities of the Ministry of Health and the Municipality of Atenas.

IX.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, it is the Contentious-Administrative Courts that must hear the legal dispute and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptions, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in the other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

IX.- Partially Dissenting Vote of Magistrate Garro Vargas regarding the first and second orders of the operative part of this judgment. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be declared granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a period of twelve months, counted from the notification of this judgment, the following orders are complied with: a) the eviction of the persons who remain on the lands of those communities in the Barrio Bajo Cacao and La Mandarina area of Atenas be executed and; b) the inhabitants who exercised legitimate occupation of their homes and who still remain on the site be relocated. In contrast, what is provided by the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (article 155 and following) has obvious advantages, such as the possibility of requesting chronograms, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.

X.- Documentation provided to the case file. The party is warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.


The appeal is declared granted. Wilberth Martín Aguilar Gatjens and Ronald Ramírez Garita, in their order, mayor and president of the Council of the Municipality of Atenas; as well as Marjorie Campos Segura, in her capacity as director of the Atenas Health Governing Area; and Alejandro José Picado Eduarte, in his capacity as president of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), or those who hold such positions, are ordered, within the scope of their powers, to: a) within a maximum period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, coordinate and execute the eviction of the persons who remain on the lands of those communities in the Barrio Bajo Cacao and La Mandarina area of Atenas; b) within a maximum period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, relocate the inhabitants who exercised legitimate occupation of their homes and who still remain on the site; c) in the meantime while the evictions and relocations are carried out, implement palliative or mitigation measures regarding the problem of contaminated water drainage and illegal connections. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Atenas are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment proceedings of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the execution procedures of this ruling. Regarding the National Emergency Commission, the appeal is declared without merit. Notify.

Fernando Castillo V.
President

Paul Rueda L.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Aracelly Pacheco S.

Alexandra Alvarado P.

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