Res. 21942-2024 Sala Constitucional — Lack of treatment plants and sewerage in Quepos, Golfito, and GarabitoFalta de plantas de tratamiento y alcantarillado en Quepos, Golfito y Garabito

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Sala Constitucional

Resolución Nº 21942 - 2024

Fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2024 a las 09:30

Expediente: 23-021589-0007-CO

Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: SERVICIOS PÚBLICOS

Subtemas:

ALCANTARILLADO.

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

ALCANTARILLADO.
CONTAMINACION.

021942-24. SERVICIOS PÚBLICOS. PODER EJECUTIVO. AMBIENTE. ACUSA QUE NO EXISTE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, NI ALCANTARILLADO SANITARIO EN PALMARES, GOLFITO, QUEPOS Y JACO, QUE TODAS ESTAS LOCALIDADES FUERON INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO EN ZONAS PRIORITARIAS, EL CUAL FUE CANCELADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ELIMINÓ EL PRESUPUESTO PARA ELLO. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO POR VIOLACIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. SE ORDENA AL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, AL ALCALDE DE QUEPOS Y AL ALCALDE DE GARABITO, QUE, EN EL TÉRMINO DE DIECIOCHO MESES, TOMEN LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDEN, GESTIONEN Y COORDINEN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS Y ALCANTARILLADO PARA LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE QUEPOS, GOLFITO Y GARABITO, RESPECTIVAMENTE. SE LES ORDENA A ESAS AUTORIDADES QUE PREVEAN, DENTRO DE SUS PRESUPUESTOS, LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFERIDA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Y QUE SUMINISTREN AL RECURRENTE EL DETALLE DEL PRESUPUESTO QUE SE DESTINARÁ A ESE FIN, ASÍ COMO UN CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES, CON EL OBJETO DE QUE PUEDA FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN; TODO ESTO, EN EL ENTENDIDO DE QUE DEBERÁN FINALIZAR LA TAREA INDICADA, EN UN TÉRMINO RAZONABLE, QUE NO PODRÁ EXCEDER LOS DOS AÑOS. SE NOTIFICA AL MINISTRO DE SALUD PARA QUE COORDINE ESFUERZOS CON LOS RECURRIDOS Y FISCALICE QUE LAS MENCIONADAS PLANTAS DE TRATAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, SE CONSTRUYAN EN CADA LOCALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE SALUD. VCG08/2024

“(…) III.- SOBRE LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS NEGRAS. Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras. En ese sentido, este Tribunal Constitucional ha sido del criterio que, tanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como a las Municipalidades y al Ministerio de Salud, les corresponde -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia-, velar por la debida recolección, tratamiento y disposición final de tales aguas. Así, en el caso específico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, su propia Ley Constitutiva -Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas-, dispone lo siguiente:

“Artículo 1.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.”

Por lo que a dicha institución le corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de ese mismo cuerpo normativo (…) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…)”. De igual forma, la Ley General de Salud -Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973-, dispone, en su artículo 2°, que le corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. De igual forma, el artículo 341 de la referida ley establece, dentro de las atribuciones del Ministerio de Salud, la de ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esa normativa para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. En cuanto al tema específico, la Ley General de Salud, en su Libro 1, Título 3, Capítulo 3, “De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas”, dispone -en lo conducente-, lo siguiente:

“Artículo 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.” (El destacado no forma parte del original).

 

“Artículo 287.- Toda persona, natural o jurídica, propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.”

“Artículo 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.”

Asimismo, de dicha normativa se colige la obligación de las autoridades del Ministerio de Salud de velar por la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones de esa ley y de su reglamentación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen e impongan a otros órganos o entes públicos dentro de sus respectivos campos de acción (artículo 337). Se corrobora, así, las distintas funciones y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y al Ministerio de Salud, en materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Funciones y obligaciones que, además -y como ya se adelantó en el considerando anterior-, se deben ejercer de forma coordinada, para asegurar así la eficacia y eficiencia administrativas.

IV.  De la falta de una planta de tratamiento de desechos y aguas negras en Palmares. El recurrente reclama que a la fecha de interposición de este recurso, aun no se cuenta con una planta de tratamiento de desechos y aguas negras en diversos cantones. En cuanto el recurso se refiere a la falta de infraestructura del Cantón de Palmares en particular, en el informe dado en este asunto por el representante del AyA, este pide a la Sala tomar en cuenta lo dispuesto por el voto 03-01431 de las 10:53 horas del 21 de febrero de 2003, que dispuso acoger el recurso planteado el 18 de setiembre de 2002, por el mismo recurrente [Nombre 002]. Recuerda que en esa oportunidad, esta Sala ordenó a los recurridos Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Palmares así como al Ministerio de Salud que iniciaran las gestiones para construir una planta de tratamiento  en el término de 12 meses.

Efectivamente, en el año 2003, dispuso al efecto este Tribunal: “Se declara CON LUGAR el recurso. Se le ORDENA Jorge Isaac Vásquez Pérez, en su condición de Alcalde Municipal de Palmares, y a Heidi Ramírez Sánchez, Luis Carlos Araya Badilla, Coralia Pacheco Moreira, Oldemar Segura Rodríguez, y Miguel Ángel Vásquez, en su condición de Regidores de la Municipalidad de Palmares, y a Everardo Rodríguez Bastos, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ejerza sus cargos, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que en el término improrrogable de DOCE MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, gestionen la construcción de una planta de tratamientos de aguas negras para toda la localidad de Palmares, para lo cual se deberá incluir la presentación de un estudio de impacto ambiental a la SETENA. En los mismos términos, se les ordena a esas Autoridades que prevean, dentro de sus presupuestos,  las partidas necesarias para la construcción de la referida planta de tratamiento, y que le suministren al recurrente una nota donde se detalle el presupuesto que se destinará a ese fin, y un cronograma de actividades, con el objeto de que se pueda fiscalizar el cumplimiento de las etapas de la construcción; todo esto, en el entendido que deberán finalizar la tarea indicada, en un término razonable, que no podrá exceder de DOS AÑOS. Además, se le ordena a Eduardo López Cárdenas, en su calidad de Ministro de Salud a.i., o a quien ocupe su puesto, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que coordine esfuerzos con los otros recurridos y fiscalice que la mencionada planta de tratamiento se construya de conformidad con la normativa de Salud. Se le ordena al Alcalde y a los Regidores de la Municipalidad de Palmares, o a quienes ocupen sus cargos, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que den solución definitiva al problema sanitario provocado por el Mercado Municipal de Palmares, en el plazo IMPRORROGABLE DE DOS AÑOS, y a Eduardo López Cárdenas, en su calidad de Ministro de Salud a.i., o a quien ocupe su puesto, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que ordene el cierre del Mercado Municipal de Palmares, si el problema de marras no es corregido en el plazo indicado.  Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de Palmares, al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se le advierte los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución TODOS LOS FUNCIONARIOS MENCIONADOS EN LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA, o a quienes ocupen esos mismos puestos en su lugar, EN FORMA PERSONAL

Sobre este extremo, el Alcalde de la Municipalidad de Palmares informa a esta Sala que, en la actualidad, en lo que se refiere al proyecto de tratamiento de aguas de ese Cantón, desde el 27 de marzo del 2023, la Arq. Silvia Carazo Angulo, Encargada del Departamento de Ingeniería Municipal de Palmares, remitió a través de correo electrónico al Jefe de Oficina Cantonal de Palmares, al Director Operación y Mantenimiento Región Central Oeste, y a la  Ingeniera Operación y Mantenimiento de la Región Central Oeste todos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados del cantón de Palmares, el oficio MP-DU-108-2023, haciéndoles entrega de la variable hidrogeológica que conforma el proceso del Plan Regulador del Cantón de Palmares, insumo requerido para que dicho Instituto pueda concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, conforme al Plan de Inversión de Saneamiento 20212026 de AYA. Añade que la Municipalidad “está en (sic) constantes reuniones con los personeros de AYA, oficina regional de Palmares, con la finalidad de coordinar que el proyecto se desarrolle, ello en razón de que es competencia de dicho instituto buscar los fondos públicos para la construcción del mismo, por lo que, la Municipalidad de Palmares está a la espera de que AyA presente el proyecto constructivo para aprobación, conforme la normativa que regula el  tratamiento de aguas residuales”.

Del cuadro fáctico descrito, en cuanto a la falta de construcción de la planta de tratamiento de aguas en la Municipalidad de Palmares, que se reclama a esa Municipalidad y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados; desglósese este asunto para que sea tramitado en el expediente 02-7556-0007-CO.

V.  De la falta de una planta de tratamiento de desechos y aguas negras y alcantarillado en  Jacó, Quepos y Golfito.

En cuanto el recurso se refiere a la falta de infraestructura de tratameinto de desechos y aguas negras y alcantarillados en las municipalidades de Jacó Quepos y Golfito; luego de revisados los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento, así como la prueba aportada, se desprende que pese a la necesidad de contar en esas zonas con la planta de tratamiento de desechos y aguas negras y alcantarillado, – en el mismo sentido indicado en el Considerando IV anterior, referido  a  la Municipalidad de Palmares- en los cantones de   Jacó,  Quepos y Golfito, las autoridades recurridas revelan que, tampoco cuentan con esa infraestructura, necesaria para para ejecutar los procesos de tratamiento de las aguas residuales, según la legislación nacional y normativa técnica aplicable.

Sobre la omisión apuntada, el representante del Ministerio de Hacienda explica a esta Sala en su informe que, si bien desde el año 2019 por la ley 9723 se aprobó un contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias, suscrito con el Banco KFW Frankfurt am Main (en adelante KFW, publicado en el Alcance 210 a la Gaceta 183 del 27 de setiembre del 2019).  Lo cierto es que tal programa, -para construir las obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales que incluyen la construcción del alcantarillado, la red de recolección de aguas, una planta de tratamiento y en el caso de la ciudad de Palmares un Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento-, el Ministerio de Hacienda estimó necesario que el AyA hiciera un plan de acción, que ya  había solicitado en noviembre del 2022, mediante el  oficio MH-DM-OF-2702-2022.

En el informe, el representante del Ministerio de Hacienda hace énfasis en que la Dirección de Crédito Público de esa Cartera había solicitado un Plan a la Unidad Ejecutora del Programa en distintas oportunidades; que definiera  las líneas de acción por parte de la Administración Superior del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para revalorar el alcance del Programa y el aumento en los costos del mismo. Lo anterior dado los críticos resultados de desempeño mostrados por el Programa, donde a ese momento, según el Cronograma del Acuerdo Separado del Préstamo, las obras de los cuatro proyectos de saneamiento mostraban un evidente retraso pues debieron haber iniciado en julio de 2021, cuando las licitaciones serían publicadas hasta el segundo trimestre del 2023.

Informa además, que el Ministerio de Hacienda advirtió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el alto impacto en los indicadores de seguimiento del Programa, debido a la nula ejecución de recursos del préstamo al 31 de diciembre 2022, considerando que su entrada en vigencia data desde setiembre 2019. Explica que para el Ministerio de Hacienda, la toma de decisiones que la Unidad Ejecutora del Programa requería y la presentación del Plan de acción indicado, en donde estableciera una planificación clara y precisa para lograr la pronta aceleración del mismo y plasmara las actividades, responsables y plazos de cumplimiento, que llevarían a resolver de forma definitiva, entre otros, el tema del incremento exponencial del costo total del Programa, resultaba de especial importancia, no obstante se hizo caso omiso a las reiteradas solicitudes.

Con base en la situación anterior, por el oficio número MH-DM-OF-1303-2023 de agosto de 2023, el Ministerio de Hacienda pidió al AyA, coordinar las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas al financiamiento; solicitud que explica obedece, a las manifestaciones del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, respecto a la imposibilidad de llevar a término, en cantidad y alcance, los proyectos inicialmente consensuados con el KFW con el monto del contrato de préstamo.

Por su parte, el representante del AyA recurrido, añade en su informe que, en atención a los cambios en los proyectos de construcción de planta de tratamiento de los cuatro cantones (Jacó, Palmares, Quepos y Golfito) y ante la disposición del Ministerio de Hacienda que ordena el cierre de la operación de crédito para hacer dicha infraestructura, la Presidencia Ejecutiva del AyA se encuentra construyendo un análisis de riegos, implicaciones y acciones a desarrollar, desde el punto de vista legal, financiero, técnico y ambiental, que faciliten la propuesta de otras alternativas y la definición de una estrategia factible de financiamiento que permita la consecución del programa (informe del AyA).

Sin embargo, en el informe rendido por el representante del AyA recurrido, no se indica a esta Sala ni se desprende de la prueba aportada al expediente, qué  desarrollo tiene el proyecto, si existiere, o qué   acciones se han tomado, dirigidas a dar una solución a la falta de planta de tratamiento en los distintos cantones de Palmares, Jacó, Quepos y Golfito.

De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala tiene por acreditado que luego de cinco años que por ley  se aprobó el préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias de Golfito, Quepos Palmares y Jacó, suscrito con el KFW, publicado en el Alcance 210 a la Gaceta 183 del 27 de setiembre del 2019, el mismo se encuentra e en fase de cierre desde agosto de 2023, por la falta de ejecución. Llama la atención de esta Sala que el Ministerio de Hacienda pidió desde el año 2022 al AyA levantara un plan de acción para poder contar con el préstamos; sin embargo,  a la fecha el AyA  no  ha respondido al Ministerio de Hacienda. Tampoco ha planteado alguna estrategia y mucho menos empezado a construir las obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales y las construcciones que ello incluye, para los cantones de Palmares, Jacó, Golfito y Quepos.

Así las cosas, se descarta la vulneración a los derechos fundamentales que se atribuyen al Ministerio de Hacienda; y se acoge el recurso en cuanto se dirige contra el AyA, pues observa esta Sala que la autoridad recurrida no sólo no ha brindado una solución definitiva a los problemas denunciados, sino que tampoco se desprende que haya diseñado una estrategia distinta, ante el cierre del préstamo  suscrito con el KFW, de Alemania.

 

Por otro lado se observa que tampoco las municipalidades en cuestión han tomado acciones definidas y concretas para impulsar a que el AyA asuma su deber legal de para proveer a los habitantes de sus circunscripciones de un servicio de evacuación de aguas negras, conforme lo dispone la Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados) y se dé de manera coordinada  una solución al problema de aguas descrito.

 

Como en otras ocasiones se ha expuesto, comprende este Tribunal, que algunos problemas ambientales requieren coordinación entre diversas instancias estatales; sin embargo, ello no justifica que el AyA dentro del ámbito de sus competencias y en atención a las necesidades de los administrados, decida en este caso, simplemente no responder a las notas enviadas por el Ministerio de Hacienda que le instan desde el 2022; y no presentara el  plan de acción que  se le pidió para establecer una planificación clara y precisa para lograr la pronta aceleración del contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias.

 

En suma, no se observa que se hayan hecho esfuerzos importantes para hacer efectivo el contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias o que se tomaran acciones necesarias en coordinación con las instancias municipales y sanitarias que corresponden, a fin de brindar las soluciones a la falta de saneamiento de las aguas. Como consecuencia procede acoger el recurso en cuanto se dirige contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y las municipalidades de  Jacó, Golfito y Quepos, al haberse quebrantado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente.

 

VI. Conclusión. Así las cosas, en cuanto el recurso se dirige contra la Municipalidad de Palmares, debe estarse el recurrente a lo indicado en la sentencia  número 03-01431 de las 10:53 horas del 21 de febrero de 2003, que dispuso acoger el recurso planteado el 18 de setiembre de 2002. En cuanto se dirige contra el Ministerio de Hacienda, procede desestimar el recurso y se acoge parcialmente, en cuanto se dirige contra el AyA y las municipalidades de Garabito, Golfito y Quepos, por violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente, en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”

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Citas de Legislación y Doctrina
Texto de la resolución

*230215890007CO*

Exp: 23-021589-0007-CO

Res. Nº 2024021942

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del uno de agosto de dos mil veinticuatro .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 23-021589-0007-CO, interpuesto por, [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, MINISTERIO DE HACIENDA, MUNICIPALIDADES DE GOLFITO, QUEPOS Y GARABITO, AMPLIADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 4:48 horas del 5 de setiembre de 2023, el recurrente interpone recurso de amparo. Señala que no existe planta de tratamiento, ni alcantarillado sanitario en el distrito central de Palmares (situación conocida en el expediente nro. 02- 007756-0007-CO). Indica que, en Garabito, propiamente Jacó, la situación es similar a la de Palmares, pues los ciudadanos se ven afectados por gran contaminación antrópica en sus quebradas y ríos, trayendo muerte a la vida fluvial y problemas de salud a los pobladores, a los ecosistemas fluviales y marinos. Comenta que, al parecer, el saneamiento de las aguas nunca ha sido prioridad de los recurridos. Ante dicha problemática las comunidades de Golfito, Quepos, Jacó y Palmares habían sido incluidas en el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, autorizándose así la construcción de plantas de tratamiento y sus respectivos alcantarillados sanitarios. No obstante, reclama que el ministro de Hacienda mediante el oficio MH-DM-OF-1303-2023 de fecha 16 de agosto de 2023, le comunicó al presidente ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) la cancelación del programa. Además, la eliminación del presupuesto y financiamiento de los proyectos de las 4 comunidades, bajo el burdo argumento que no existe prontitud en materializar las obras ni la obtención de actos habilitadores necesarios. Incluso, parte de la argumentación es que el presidente del ICAA solicitó al ministro de Hacienda eliminar del cronograma de actividades y financiamiento a los proyectos de Quepos y de Golfito, queriendo dejar solo los Palmares y Jacó. Señala que ninguno los 4 proyectos se llevarán a cabo por orden del ministro de Hacienda, que dispuso dejar el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias sin contenido presupuestario, asunto que conlleva al cierre irracional de la materialización de todas las obras en las 4 ciudades. Acusa que la actuación de las autoridades recurridas, violenta los numerales 21, 50 y 89 constitucionales, pues se entrará en un periodo desenfrenado, así como irreversible de daños ambientales perjudicando derechos de gente que incluso no ha nacido. Solicita declarar con lugar el recurso y ordenar a las recurridas tomar las acciones pertinentes para activar la fuente de financiamiento de los proyectos de plantas de tratamiento y alcantarillados sanitarios de Palmares, Jacó, Quepos y Golfito.  Pide se declare con lugar el recurso.

2.-Mediante resolución de las 18:08 horas del 12 de setiembre de 2023 se dio curso al proceso y se solicitó informe al ministro de Hacienda y el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA),

3.-Informa Luis Alejandro Guillén Guardia, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informa: “II. SOLICITUD DE ACUMULACION DE RECURSOS Solicito respetuosamente la acumulación del presente recurso de amparo con el que consta en Expediente de esa Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia N° 02-007756-000-CO sobre el cual se dio debida respuesta el pasado 13/09/2023 y sobre el que aportamos abundante prueba e informes que a su vez sirven de respaldo al presente caso. Referencia Mediante resolución N° 2000-02760 de esa Honorable Sala Constitucional, Expediente N° 00-002499-0007-CO de las once horas con seis minutos del veinticuatro de marzo del dos mil, en su Único Considerando indicó, que por evidente conexidad de los hechos planteados y a efectos de evitar pronunciamientos contradictorios, se ordena darles tramitación conjunta a dos recursos de amparo (ACUMULACIÓN). III. POSICIÓN DE AYA Invocamos en un todo la respuesta emitida por mi representada en relación con el RECURSO DE AMPARO EXPEDIENTE N° 02-007756-0007-CO. Nos permitimos enviar nuevamente toda la documentación técnica emitida por las distintas áreas institucionales involucradas con el tema. ASIMISMO, APORTAMOS UNA NUEVA PRUEBA QUE SE REFIERE AL OFICIO N° UEN-PC-2023-02218 DE FECHA 18/09/2023 SUSCRITO POR SUELLEN RAMÍREZ MEJÍAS, FUNCIONARIA DE LA UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS; Y QUE CONSTITUYE A UNA AMPLIACION DEL INFORME RENDIDO PARA EXPEDIENTE N° 02-007756-0007-CO ABARCANDO LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE JACÓ, GOLFITO Y QUEPOS. Alega el recurrente que, “( …. ) al parecer el saneamiento de las aguas nunca ha sido prioridad de los recurridos. Ante dicha problemática las comunidades de Golfito, Quepos, Jacó y Palmares habían sido incluidas en el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, autorizándose así la construcción de plantas de tratamiento y sus respectivos alcantarillados sanitarios”. Lo anterior es absolutamente IMPROCEDENTE, el caso de Palmares se ha explicado a través de la respuesta dada al recurso de amparo Expediente 02-007756-0007-CO. Y sobre los demás proyectos adjuntamos Acuerdo de Junta Directiva N° AN-2017-358 del 11/08/358 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante el cual se establece lo siguiente: POR TANTO, SE ACUERDA: A ) Autorizar al Jerarca Institucional, para que lleve a cabo las negociaciones pertinentes ante las autoridades de Gobierno, con el propósito de que el Ministerio de Hacienda formalice la cooperación, mediante la cual se financian los siguientes proyectos • 000412 Construcción Alcantarillado Sanitario de Palmares • 000467 Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Quepos • 000471 Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Golfito • 000413 Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Jacó. B) Delegar en la Administración la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que emana de la legislación nacional, que son aplicables al Instituto, en las negociaciones de esta cooperación y transferencia. IV. INFORME PRESIDENCIA EJECUTIVA DE AYA Mediante Oficio N° PRE-2023-01201 de fecha 13/09/2023 esta Presidencia Ejecutiva rinde INFORME a solicitud de la Dirección Jurídica.

 

Ante dicha problemática las comunidades de Golfito, Quepos, Jacó y Palmares habían sido incluidas en el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, autorizándose así la construcción de plantas de tratamiento y sus respectivos alcantarillados sanitarios

 

 A continuación se detalla el contenido del mismo: “En función del financiamiento disponible, se plantearon diferentes escenarios de aprovechamiento de la inversión. Los cambios en los proyectos a considerar se debieron a la oposición de la Municipalidad y la Marina Bahía Golfito sobre la ubicación de la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, conforme con lo descrito en el documento PRE-2023-00493 (adjunto). La necesidad de ajustarse a las condiciones sociales actuales en el Proyecto del Alcantarillado Sanitario de Golfito dio como resultado la propuesta para la ejecución de los proyectos de Jacó y Palmares, con un alcance acorde con los recursos disponibles. Durante la misión de junio del 2023 con el Banco KfW, la cual contó con la participación del Ministerio de Hacienda, se determinó la necesidad de valorar la pertinencia y urgencia del Programa por parte del prestatario. Bajo esta premisa, el Ministerio de Hacienda mediante nota MH-DM-OF-1303-2023 del 16 de agosto, solicitó al AyA proceder a coordinar las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas al mismo. Con respecto a las acciones que tomará la Presidencia Ejecutiva ante la decisión del Ministerio de Hacienda, en calidad de prestatario del Contrato de Préstamo 28568, la Administración Superior se encuentra construyendo un análisis de riegos, implicaciones y acciones a desarrollar, desde el punto de vista legal, financiero, técnico y ambiental, que faciliten la propuesta de otras alternativas y la definición de una estrategia factible de financiamiento que permita la consecución del programa” Pide se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa Erik Herrera Bonilla, en su condición de Subdirector Jurídico del Ministerio de Hacienda, en aplicación del Acuerdo número MH-DM-ACDO-0039-2023 de 17 de mayo 2023, por el que se le delega por parte del señor Ministro de Hacienda. Expone: “II. Sobre el fondo En primera instancia, es menester indicar que el Ministerio de Hacienda es la institución responsable de la recaudación de impuestos, la rectoría de la Administración Financiera, de la asignación de los recursos financieros a las entidades públicas y la administración de la deuda pública, por medio de una política fiscal sostenible, para contribuir a la estabilidad y crecimiento económico y social de los habitantes del país y su creación se remonta a la promulgación del Decreto Ejecutivo LV de fecha 14 de octubre de 1825. Y que según la Ley N° 8131 de 18 de setiembre de 2001, publicada en La Gaceta N° 198 de fecha 16 de octubre de 2001, el Ministerio de Hacienda es el único agente con capacidad legal de endeudamiento, gestión y control de la deuda pública de la Administración Central, por lo que atendiendo a las habilitaciones legales con las que cuenta es que se planteó el oficio número MH-DM-OF-1303-2023. Asimismo, el Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, de conformidad con la Ley 2726 de 14 de abril de 1961, Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados y sus reformas, corresponde a una institución autónoma del Estado, creada con el propósito de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable; recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional. Por lo que en dicha institución, conforme a sus competencias, es en la que recae no solo la rectoría en la materia, sino la responsabilidad de determinar la prioridad en la construcción de plantas de tratamiento y alcantarillados sanitarios, y la continuidad de los Programas que consideren de importancia para el resguardo del derecho a la salud de las personas. En este sentido la propia Sala indicó en su resolución 2003-01431: VI.- Sobre las competencias del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y del Ministerio de Salud en materia de alcantarillados sanitarios. Sin perjuicio de lo expuesto en el considerando anterior, la Ley General de Salud y la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados establecen que el control técnico de los acueductos y alcantarillados le corresponde, conjuntamente, al Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Salud. Para empezar, Ley Constitutiva del AyA, expresamente contempla lo siguiente: “ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; (…) d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones (…) g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente. (…) Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos. Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades;" Por su parte, el Ministerio de Salud, dentro del ámbito de sus competencias, también se encuentra directamente obligado a actuar en esta materia. En ese sentido, el artículo 289 de la Ley General de Salud, en cuanto a la materia del alcantarillado, propiamente, dispone lo siguiente: "Todo sistema de alcantarillado, quedará bajo el control técnico del Ministerio y del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado y las personas de derecho privado o público que los construyan, administren y operen se sujetarán a las normas que el Poder Ejecutivo, en consulta con el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, dicte para condicionar su construcción, funcionamiento y la evacuación y tratamiento final de los fluentes." De conformidad con esta ley, le corresponde al Ministro del ramo dictar las normas técnicas de salud, a las cuales deben ceñirse las personas físicas o jurídicas de derecho privado o público, en las materias en que la propia ley lo requiera, entre las cuales, sin duda alguna, se encuentra lo relativo al alcantarillado sanitario (…)” Conteste con lo anterior y respecto a la condición de la planta de tratamiento y el alcantarillado sanitario en el distrito central de Palmares, la contaminación antrópica en quebradas y ríos en Jacó y lo que respecta al saneamiento de las aguas, son temas que exceden las competencias de esta Cartera ministerial, por lo que corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como a las Municipalidades respectivas, referirse a dichos alegatos. Ahora bien, mediante la Ley número 9723 de fecha 14 de agosto de 2019, se aprobó el Contrato de Préstamo número 28568 para Financiar el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco KFW Frankfurt am Main (en adelante KFW), por un monto hasta de setenta y nueve millones doscientos setenta y ocho mil quinientos noventa y un euros exactos (EUR 79.278.591,00), el cual en el punto 1.2 establece: “(…) El AyA y el KfW fijarán por acuerdo separado ("Acuerdo separado") los detalles del Programa y de los proyectos elegibles, así como las obras, bienes y servicios a financiar con cargo al Préstamo.” En razón de lo anterior, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el KfW fijaron por Acuerdo Separado, entre ambas partes, los detalles del Programa y de los proyectos elegibles, así como las obras, bienes y servicios a financiar con cargo al Préstamo, para establecer medidas de saneamiento en zonas prioritarias, por lo que no existe en el Contrato de préstamo N° 28568 tal autorización para la construcción de plantas de tratamiento y sus respectivos alcantarillados sanitarios como erróneamente se indica, tanto las obras como el avance en los desembolsos para llevar a cabo las obras son actividades propias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Banco KFW quien aprueba los mismos. En lo que respecta al oficio número MH-DM-OF-1303-2023, es importante aclarar que el alcance del mismo no corresponde a la cancelación de un Programa, sino a la coordinación de las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas únicamente al financiamiento; solicitud que obedece, a las manifestaciones del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, respecto a la imposibilidad de llevar a término, en cantidad y alcance, los proyectos inicialmente consensuados con el KFW con el monto del contrato de préstamo. Además, el Ministerio de Hacienda en representación del Gobierno, y en calidad de Prestatario del Contrato de Préstamo KfW 28568, le indica al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados que se procederá de conformidad con la cláusula 3.5 del Contrato de Préstamo, a notificar la renuncia al desembolso de los recursos aún no solicitados del crédito. Tal y como consta en el oficio señalado, el Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados afirmó que únicamente podrían asumir, pero no en su totalidad sino con alcance reducido, dos de los proyectos iniciales, debido a que los costos de inversión se incrementaron casi tres veces pasando de EUR 65.3 millones (sin IVA) a EUR 168.5 millones (sin IVA); sin embargo, para ello requerirían de una extensión del plazo de desembolsos del crédito significativa, pasando de 2024 al año 2027 a pesar de que el 27 de setiembre alcanzará ya su cuarto año de ejecución y el Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados ha desembolsado a julio 2023 solamente el 0.04% de los fondos del crédito y cuenta con nulos avances a la fecha en términos de las obras planificadas, lo que genera costos considerables para el erario público. Así las cosas, es dable concluir que no es correcta la apreciación del amparado en el sentido que el Ministerio de Hacienda instruyó el cierre del Programa, dado que el mismo forma parte de las funciones sustantivas del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, sobre lo cual el Ministerio no tiene injerencia. De igual forma, resulta imperioso aclarar que no se está eliminando el presupuesto a los proyectos de las comunidades que indica pues es al Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados al que le corresponde conforme sus habilitaciones legales como institución autónoma, y criterio técnico, determinar qué proyectos deberá presupuestar. Además, la renuncia al desembolso de las cantidades aún no solicitados del crédito, no se fundamenta en escasos argumentos, pues se tienen múltiples y sólidos hechos técnicos medibles que demuestran que el financiamiento del Programa mediante la operación de crédito se ha caracterizado por un crítico desempeño durante la mayor parte de su ejecución, veamos: • Cercano al cumplimiento de su cuarto año de ejecución, el Programa había desembolsado a julio 2023 solamente el 0,04% de los fondos del crédito, y cuenta aún a hoy, con nulos avances a la fecha en términos de las obras planificadas, no se cuenta inclusive con ninguna licitación publicada ni adjudicada en lo referido al desarrollo de obras propiamente). • Debido a múltiples problemas presentados durante su ejecución (debilidades de preinversión, necesidad de desarrollar y ampliar distintos estudios, identificación de zonas inundables, atrasos en el diseño de las Plantas de Tratamiento, atrasos en el diseño de los términos de referencia de las licitaciones, base de costos desactualizada y altos sobrecostos en las obras conforme lo planificado, escasa capacidad instalada, entre otros), este Programa sufrió una reducción significativa de su alcance por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, indicando que pasaría de los 4 proyectos iniciales acordados en el Acuerdo Separado antes citado, a tan solo 2 y estos, con un alcance reducido con respecto al originalmente planteado. • Que esas dos obras con alcance reducido, comenzarían su construcción hasta marzo de 2025, a pesar de que este Programa inició su ejecución desde el 27 de setiembre de 2019, una vez que fue promulgada en La Gaceta la Ley 9723 que aprobó el Contrato de Préstamo citado con el KfW. • El Ministerio de Hacienda, en aras de transparentar y rendir cuentas, ha puesto a disposición de la ciudadanía a través de la página Web ministerial, la información relacionada con la ejecución de los créditos externos que financian distintos Programas/proyectos de inversión pública, en la cual se evidencia que el Programa ha venido enfrentando por varios años una serie de retrasos, problemas y estancamientos, dada la limitada capacidad de ejecución del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que han propiciado su crítica situación de desempeño, con muy pobres avances a la fecha. • Sobre este particular, desde el I Semestre del año 2021, el Programa ha venido presentando un desempeño crítico, del cual no ha podido recuperarse y más bien, se ha acentuado a través de los años dicha condición, pese a los esfuerzos que desde este Ministerio se han realizado para instar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a que ejecute dicho Programa y el crédito que lo financia con eficiencia y eficacia. Como prueba de lo anterior, se encuentran los oficios que se han dirigido a distintos jerarcas del citado Instituto para advertir de estas situaciones y solicitar prontas soluciones a la ejecución. En ese sentido, se encuentra el oficio número DM-1219-2021 de fecha 11 de noviembre de 2021, dirigido al señor Tomás Martínez, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con el cual este Ministerio le manifestó la preocupación en cuanto al desempeño del Programa, los evidentes y significativos retrasos ya mostrados a ese momento, incluyendo lo relativo a una de las principales contrataciones requeridas para la ejecución del Programa, como lo era la contratación del Consultor de Implementación (CI) y el aumento en los plazos para la recepción de ofertas, lo cual generó replanificaciones constantes, tanto en aspectos financieros (pagos a realizar) como en el cronograma de actividades. También se le externó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que el tipo de situaciones mostradas para el caso particular con el KFW se consideraban relevantes debido a que en otros Programas similares de la Institución ya se habían también evidenciado, generando incertidumbre en cuanto a la eficacia y eficiencia con que se estaban aplicando las lecciones aprendidas generadas en los Programas/proyectos de la Cartera del Instituto en ejecución y finalizados. Posterior a ello, la Declaración desierta del concurso de Precalificación de las empresas, implicó que luego el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tomara la decisión de iniciar nuevamente los procesos de contratación, pero de forma individual (por proyecto), por lo que se le hizo ver la preocupación sobre el plazo que desde ese momento el citado Instituto ya estimaba iba a requerir de más, para concluir el Programa y que correspondía a 24 meses adicionales. Incluso con respecto a las obras de la PTAR Golfito, Palmares y Jacó, se instó al Instituto a seguir coordinando los espacios de comunicación necesarios con los interesados y con personal clave, que le permitieran optimizar y mejorar la gestión de los involucrados, de tal forma que se realizaran las alianzas estratégicas, así como los acuerdos requeridos para garantizar un inicio oportuno de las obras, minimizando cualquier contratiempo con el desarrollo de estas. Este Ministerio, en calidad de Prestatario del Contrato de Préstamo KfW 28568, señaló que era urgente y necesario que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como Entidad Ejecutora, coordinara las gestiones necesarias para subsanar su problemática en aras de avanzar adecuadamente en la ejecución del Programa y minimizar futuros impactos en el cronograma de ejecución, de tal forma que permitiera concluirlo en el plazo contractualmente establecido y sin generar sobrecostos. Siendo así el Ministerio de Hacienda quedó atento a la comunicación de las acciones que estaría implementando el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para mejorar y fortalecer la gestión del Programa, de tal forma que las mismas propiciaran y reflejaran en el corto plazo mejores indicadores en su ejecución, mismas que nunca se materializaron. En línea con lo anterior, mediante oficio número MH-DM-OF-2702-2022 de fecha 09 de noviembre del 2022, dirigido al señor Roberto Guzmán Gutiérrez, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en ese momento, se externó la preocupación por el crítico desempeño que mostraba el Programa, en donde a esa fecha no se había realizado ningún desembolso del financiamiento, y el avance físico del Programa era de un 18.22%, avance que representaba menos del 1% en el último año. Para ese entonces, le fueron indicados otros elementos que continuaban siendo críticos: 1) La orden de inicio para las actividades asignadas al Consultor de Implementación se había dado apenas en agosto 2022; 2) No se había finiquitado el convenio interinstitucional con INCOFER que resultaba fundamental para el desarrollo de la planta de tratamiento de Golfito; 3) No se tenía claridad de la preinversión para otras obras del Programa y 4) A pesar de que no se había iniciado con la contratación de obras ya se identifican sobrecostos en la ejecución de las mismas. De igual manera, se manifestó la urgencia de aprovechar la misión del KFW, que se celebraría en el mismo mes de noviembre 2022, para que en conjunto AyA-KfW diseñaran un plan de aceleración de actividades y obras que le permitan mitigar el impacto de los 24 meses de retrasos sufridos en el Programa y que a su vez el Instituto priorizara sus proyectos y recursos para garantizar el adecuado financiamiento de los alcances del Programa y a la vez realizara una adecuada planificación que permita la mitigación de riesgos futuros y nuevas fuentes de retrasos. También, se le solicitó al Instituto que una vez que se diera por finalizada la misión del KFW se presentara a este Ministerio el plan de acción que hubieran acordado entre el Banco y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para retomar la senda de ejecución del Programa, reducir el retraso existente y administrar los riesgos que podrían afectarlo. No obstante, mediante oficio número MH-DM-OF-0143-2023 de fecha 2 de febrero de 2023, dirigido al Señor Alejandro Guillén Guardia, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, este Ministerio debió realizar un recordatorio al Instituto para la presentación del Plan de Acción que se le había solicitado en noviembre del 2022 en el oficio MH-DM-OF-2702-2022 y cuya solicitud estaba motivada en su crítico estado de situación. Asimismo, se externó que la Dirección de Crédito Público de este Ministerio había solicitado dicho Plan a la Unidad Ejecutora del Programa en distintas oportunidades; siendo que dicha Unidad había indicado que se requería de la definición de las líneas de acción por parte de la Administración Superior del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para revalorar el alcance del Programa y el aumento en los costos del mismo. Por lo que se le señala al Instituto que la presentación de dicho plan reviste gran importancia, dados los críticos resultados de desempeño mostrados por el Programa, en donde a ese momento, según el Cronograma del Acuerdo Separado del Préstamo, las obras de los cuatro proyectos de saneamiento mostraban un evidente retraso pues debieron haber iniciado en julio de 2021, cuando las licitaciones serían publicadas hasta el segundo trimestre del 2023. Adicionalmente, se le indicó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que era de alto impacto en los indicadores de seguimiento del Programa, el hecho de la nula ejecución de recursos del préstamo al 31 de diciembre 2022, considerando que su entrada en vigencia data desde setiembre 2019. Para el Ministerio de Hacienda la toma de decisiones que la Unidad Ejecutora del Programa requería y la presentación del Plan de acción indicado, en donde estableciera una planificación clara y precisa para lograr la pronta aceleración del mismo y plasmara las actividades, responsables y plazos de cumplimiento, que llevarían a resolver de forma definitiva, entre otros, el tema del incremento exponencial del costo total del Programa, resultaba de especial importancia, no obstante se hizo caso omiso a las reiteradas solicitudes. Todo lo descrito con anterioridad, ha generado al país altos costos por concepto de las comisiones de compromiso pagadas al Banco KfW. En virtud de la lentitud y casi nulo desembolso de los recursos del crédito, se tiene que al 31 de julio 2023 se habían pagado un total de US$860.462,94 en comisiones de compromiso y tan solo se habían desembolsado US$33.926,09 de los recursos del crédito, lo cual refleja una disparidad muy significativa en ambos indicadores, dado que se han pagado al Banco en dichas comisiones más de 25 veces lo que este ha desembolsado, es decir, se ha materializado un altísimo costo financiero para Costa Rica debido al no uso de los recursos versus el aprovechamiento real de la totalidad de los mismos que ha puesto a disposición el KfW para que pudiera ejecutarlos Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el marco del Programa. Siendo así el Ministerio de Hacienda, conforme sus competencias y habilitaciones legales y buscando el mayor beneficio para la República de Costa Rica y en resguardo del erario público, solicitó la coordinación de las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas, únicamente al financiamiento que muy cercano a sus cuatro años después de su aprobación no mostró avances sino únicamente gastos desproporcionados en relación a los montos desembolsados por parte de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, más en ningún momento ordenó la cancelación de un Programa del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, pues su continuidad ni siquiera corresponde a sus competencias, sino a las propias de dicha institución autónoma. Acotado lo anterior, no lleva razón el recurrente al afirmar que el Ministerio de Hacienda ordenó que los proyectos de Quepos, Golfito, Palmares y Jacó no se llevaran a cabo, ni que haya dispuesto dejar sin contenido presupuestario al Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, lo cual generará daños ambientales irreversibles perjudicando derechos de gente que incluso no ha nacido. Pues resulta propio de las competencias del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados dar continuidad a los proyectos de considerarlos necesarios y realizar las presupuestaciones respectivas para llevarlos a su consecución; asimismo, no podría considerarse factible alegar la violación de los numerales 21, 50 y 89 constitucionales por parte del Ministerio de Hacienda cuando sus competencias legales incluyen la administración de la deuda pública, por medio de una política fiscal sostenible para contribuir a la estabilidad y crecimiento económico, siendo así la coordinación de las acciones que correspondan para realizar el cierre de una operación de crédito corresponde a aspectos técnicos-financieros que versan sobre la sostenibilidad de la operación conforme a los costos que representa y los avances esperados de la misma.

Al respecto, en la Minuta de la Reunión de fecha 22 de junio de 2023 realizada con motivo de la misión de supervisión de KFW se manifestó lo siguiente: Ampliación de plazo de desembolso: Se menciona la incertidumbre sobre los costos para el Prestatario en caso de que éste rescinda el Contrato de Préstamo o ante una posible prórroga y la necesidad de tener información proyectada al respecto, para tomar decisiones. Se destaca que no puede garantizarse un monto concreto para cada tema al momento de la reunión. A pesar de esto, para el Ministerio de Hacienda sí es necesario el contar con la información citada para analizar escenarios realistas que apoyen la toma de decisiones oportunas, por lo que le solicita al KfW brindar una estimación al respecto. (La negrita no pertenece al original) Información que una vez revisada desde el ámbito técnico y valoradas sus implicaciones, llevó al Ministerio de Hacienda a tomar la decisión de solicitar el cierre de la operación de crédito, por considerarse beneficioso a los intereses del Estado que la presente Cartera protege conforme sus competencias. Se reitera que la decisión de acortar el alcance de los proyectos de 4 a 2 con un alcance reducido en el marco del Programa, fue una decisión gestada desde el seno del propio Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en la cual el Ministerio de Hacienda no tuvo ninguna injerencia. Asimismo, se hace énfasis en que este Ministerio no instruyó de ninguna manera a dejar sin contenido presupuestario el Programa, siendo que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados técnica y legalmente está en capacidad de llevar a cabo las obras del Programa con los recursos que presupueste para ello. III. Petitoria Al amparo de las razones de hecho y de derecho expuestas, solicito declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto por el señor [Nombre 001], ya que este Ministerio dentro de sus competencias se ha ajustado a lo dispuesto por la normativa y no ha violentado los derechos fundamentales a la Salud, al Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado, y la Protección de las Bellezas Naturales”.

5.- Mediante resolución de magistrado instructor de las 7:01 horas del 20 de setiembre de 2023, se ampliaron las partes del recurso y se requirió informe al ministro de Salud.

6.- Informa Mario Urcuyo Solórzano, en su condición de ministro de Salud a. i.. Expone: “INFORME DE LEY. El presente informe se sustenta en el oficio N° MS-DPRSA-USA-1996-2023 del 02 de octubre de 2023, emitido por el Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, Director de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, e Ing. Ricardo Morales Vargas, Jefe a. i. de la Unidad de Salud Ambiental; en el que se indica lo que sigue: “En atención a su consulta, nos permitimos indicar que esta Dirección no tiene la competencia administrativa ni jurídica para resolver, pues lo expresamente consultado, es sobre los linderos para la actividad propuesta, aspecto que está contemplado en la reglamentación municipal y el Reglamento de Construcciones, y no existe reglamento específico del Ministerio de Salud para normar la ubicación de industrias. Analizado el oficio MS-DRRSHN-DARSCQ-0301-2023 y el Informe Técnico MS-DRRSHN-DARSCQ-IT-606-2023 es el criterio de esta Dirección, que las molestias son confinables al inmueble, siendo este un sitio que el ARS interpreta como industrial, clasificándolo como inofensivo o incómodo, al realizar el análisis jurídico, criterio éste de clasificación de la actividad con el que concordamos. Cabe mencionar que la Municipalidad de San Carlos mediante Dictamen DIC 59210 Resolución Municipal de Ubicación da por aprobada la ubicación, por lo que de 2 conformidad con la Ley 8220, específicamente lo indicado en el artículo 3º, la misma debe mantenerse, pues fue otorgado para la actividad descrita como de fabricación de distintos materiales de metal y plástico. Asimismo, a la empresa citada y para las actividades descritas, le fue otorgado el Régimen de Zona Franca mediante Acuerdo 268-2022, firmado por la Presidencia de la República, sin menoscabo de sujetarse al resto de la legislación sanitaria, ambiental, laboral, de comercio y tributaria. Un asunto más de fondo, y que anotado en el oficio MS-DPRSA-USA-521-2023 sobre un caso similar, es la razón por la que el Ministerio proporciona al administrado el formulario de “Solicitud de Permiso de Ubicación”, pues no existe ordenamiento jurídico específico sobre que éste sea requerido para el tipo de actividad en mención, siendo que el Decreto 43432-S, solamente indica en su artículo 8º lo siguiente: “b. Permiso de ubicación otorgado por el Ministerio, únicamente para aquellas actividades reguladas mediante los reglamentos específicos: Decreto Ejecutivo No. 32833-S del 3 de agosto de 2005 "Reglamento general de cementerios"; Decreto Ejecutivo No. 38928-S del 14 de noviembre del 2014 "Reglamento sobre rellenos sanitarios"; Decreto Ejecutivo No. 39136-S-MINAE del 15 de junio del 2015 "Reglamento sobre condiciones de operación y control de emisiones de instalaciones para coincineración de residuos sólidos ordinarios"; Decreto Ejecutivo No. 39887-S-MINAE del 18 de abril del 2016 "Reglamento de aprobación de sistemas de tratamiento de aguas residuales" y Decreto Ejecutivo No. 33724-COMEX-MEIC-S del 8 de enero del 2007 mediante el cual se publica la Resolución No. 176-2006 (COMIECO-XXXVIII).” La interpretación y trámite que usualmente esta Dirección ha seguido o recomendado sigan las Áreas Rectoras (o su apoyo Regional) es que el Ministerio solamente clasifique la actividad (inofensiva, incómoda, insalubre, o peligrosa) según el Reglamento sobre Higiene Industrial, Decreto Ejecutivo N°11492-SPP, y sea la Municipalidad respectiva la que establezca lo relacionado al uso del suelo. Considerando que el análisis jurídico realizado por la Región Huetar Norte y Área Rectora, también es sólido al interpretar de manera integral la legislación sanitaria, de seguridad e higiene industrial y de construcciones, esta Dirección recomienda que sean dichos niveles regionales y locales, los que alerten o consulten a la Municipalidad sobre las incongruencias detectadas entre los permisos constructivos y de ubicación otorgados por el gobierno local; y se sujeten a lo que se resuelva por éste posteriormente.” CONCLUSIONES. Se tiene por demostrado, mediante el contenido del oficio N° MS-DPRSA-USA-1996-2023 del 02 de octubre de 2023, antes citado, que se han realizado todas las diligencias debidas 3 por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, para atender lo solicitado por esta Sala Constitucional. PRUEBA. Se remite copia de los documentos indicados debidamente certificada. PETITORIA. En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicitamos a esta Sala Constitucional, dar por atendida la solicitud planteada mediante resolución de las siete horas y un minuto del veintinueve de setiembre de dos mil veintitrés, al haberse dado respuesta en tiempo y forma a lo requerido”.

7.- Mediante resolución de magistrado instructor de las 15:05 horas del 19 de octubre de 2023, se ampliaron las partes del recurso y se requirió informe a los alcaldes de Golfito, Quepos y Garabito.

8.- Informa Jong Kwan Kim Jin, en su condición de alcalde de Quepos. Expone: “PRIMERO: Que en mi condición de representante legal de la Municipalidad de Quepos, gobierno local de este cantón, en nombre de todos los pobladores de esta honorable comunidad, manifiesto total y absoluto apoyo. Asimismo, me adhiero a las manifestaciones del señor recurrente [Nombre 001], cédula de identidad 2-0365-0227.  SEGUNDO: Que efectivamente esta ciudad carece de una planta de tratamiento en la cual se le dé el tratamiento adecuado a las aguas negras y ciertamente esto representa un problema de salud pública que debe atenderse de manera urgente y que este cantón ha esperado durante años por una respuesta, sin embargo, no se ha obtenido alguna gestión positiva de parte de las autoridades competentes. TERCERO: Que efectivamente Quepos fue incluido en el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, con el objetivo de ejecutar al fin la construcción de planta de tratamiento y alcantarillado sanitario. Sin embargo, de manera arbitraria violentando derechos constitucionales, sugirieron sacar a Quepos de la lista de las 4 comunidades beneficiadas con el proyecto para al final decidir cancelar todo el programa y quitar el presupuesto y financiamiento que ya había sido destinado para este fin tan importante de 4 comunidades beneficiadas. CUARTO: Que tal y como consta en autos, en el Oficio del Ministerio de Hacienda MH-DM-OF-1303-2023 con fecha del 16 de agosto de 2023, luego de reuniones previas sostenidas entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Hacienda, esta entidad gubernamental en representación del gobierno decidió sin criterios técnicos que respalden tal decisión y mostrando cero interés en las necesidades que enfrentan los pobladores de este cantón diariamente, especialmente esta zona que tiene serios problemas de inundaciones, sin una planta de tratamiento, decidieron cerrar el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias. QUINTO: Que resulta absolutamente reprochable que por una decisión arbitraria de jerarcas se elimine un proyecto tan importante, ya que nuestra comunidad necesita con urgencia la construcción de una planta de tratamiento y alcantarillado sanitario y seguir postergando este proyecto representa una bomba de tiempo, porque a futuro inevitablemente la problemática de salud pública se volverá insostenible y resulta un gasto menor atender ahora el tratamiento de estas aguas que a futuro atender una serie de enfermedades que resultarán en muertes de muchos seres vivos, tanto seres humanos como animales y flora y fauna marina”. Pide se declare sin lugar el recurso.

9.- Por escrito incorporado al expediente digital el 27 de octubre de 2023, Juan Pablo Morera en su condición de representante de la Asociación Cámara de Comercio, Industria, Turismo y afine de Palmares, plantea solicitud de coadyuvancia activa. Expone: “PRIMERO: Solicito se nos tenga como coadyuvantes activos de este amparo. Nos fundamentamos en los intereses difusos y el derecho a un ambiente sano contemplado en la norma 50 constitucional. SEGUNDO: Consideramos, por un criterio de responsabilidad social ambiental, que es nuestro deber pedir que este amparo sea declarado con lugar y que se obligue a los recurridos a tener que construir las plantas de tratamiento y los alcantarillados sanitarios respectivos. Hacemos especial énfasis respecto a la planta de Palmares de Alajuela, pues somos vecinos de este cantón y existe un voto constitucional que data desde hace 20 años que ordena a tener que hacerse la infraestructura necesaria en protección de las generaciones futuras. TERCERO: Es perfectamente claro, que la situación donde se desmantela, o se desarticula un programa, que colabora en financiar plantas de tratamiento y alcantarillados sanitarios, no debe ser permitido por esta Sala, pues ello daña ecosistemas fluviales y hasta el propio mar. Si bien nuestra norma constitucional 50 no habla del saneamiento como derecho humano fundamental, esta Sala sí lo ha reconocido a este como tal y pedimos que se disponga ello. La protección que señalamos emana de las normas 21 y 50 constitucionales definitivamente y es fundamental que prevalezca el criterio donde el ambiente, la vida, la calidad de vida y los ecosistemas estén por delante, pues sino le haríamos un flaco favor a nuestros hijos y a los hijos de ellos. CUARTO: Nosotros consideramos que es fundamental que esta Sala pondere, que dentro de los OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, se destaca el principio 6 que dice: “Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” Que por cierto ello va muy de la mano del principio in dubio pro aqua y bajo esos parámetros pedimos encontrar con lugar el amparo en todos sus términos. Cada día que pasa sin plantas de tratamiento comprometemos más al planeta, pues hay aguas contaminadas que siguen fluyendo desde las cuencas altas de Palmares, hasta el mar y esto debe ser analizado y contemplado en el voto de ustedes para este amparo. La verdad, el que se diga que “se hacen esfuerzos” para lograr que los proyectos caminen, es simplemente un argumento hueco que no debe ser escuchado por ustedes, pues existen derechos humanos ambiental en juego y así pedimos que se disponga. Exponer, como hacen los recurridos, que los proyectos de plantas de tratamiento no van a finalizar por salirse del préstamo del Banco KFW Frankfurt am Main es un argumento muy peligroso y generador de incertidumbre y el hecho de que los recurridos del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS no hubiesen sido responsables y diligentes, no es algo que justifique limitar el financiamiento del proyecto Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, todo lo contrario, consideramos que es fundamental que se disponga que es urgente que el Estado, con todas sus instituciones trabajen más fuertemente para materializar las plantas de tratamiento y los alcantarillados sanitarios, especialmente el de Palmares, donde tenemos 20 años sin que exista justicia ambiental pronta y cumplida. Pedimos que se disponga, como criterios viciados de inconstitucionalidad, los establecidos por el Ministerio de Hacienda que ordenaron finalizar la operación del Banco KFW Frankfurt am Main. Pedimos que se diga que es irracional y violatorio al principio de progresividad, el haber emitido un criterio que deja sin un financiamiento los proyectos de plantas de tratamiento y los alcantarillados sanitarios de las 4 localidades. Y no podíamos terminar sin señalar que estamos en una encrucijada ambiental planetaria, donde no debemos detenernos a restringir el financiamiento de 4 proyectos vitales, por lo que se pide que se encuentre con lugar el amparo”.

10.- Informa Freiner Lara Blanco, en su condición de alcalde de Golfito. Expone: “PRIMERO: Quien suscribe en calidad de alcalde municipal y como responsable del bienestar de la salud de la población de este cantón de Golfito manifiesto mi absoluto apoyo a las manifestaciones realizadas por el recurrente. SEGUNDO: El cantón de Golfito carece de una planta de tratamiento en la cual se le de (sic) el tratamiento adecuado a el agua negra, siendo lo anterior una completa violación al derecho a un ambiente sano y equilibrado, además representando de igual manera una transgresión al derecho universal de la salud pública. TERCERO: Que el accionar de forma arbitraria de jerarcas en cuanto a eliminar este proyecto de tan gran importancia, resulta completamente desubicado, y grotesco contra la comunidad que tenemos la gran urgencia de la construcción de una planta de tratamiento y alcantarillado sanitario La falta de una planta pone en riesgo la salud de muchas poblaciones; por lo expuesto anteriormente solicita este representante del Cantón de Golfito que, el presente recurso sea declarado con lugar y se obligue a los recurridos a la construcción de una planta de tratamiento y alcantarillado sanitario”.

11.- Informa Tobías Murillo Rodríguez, en su condición de alcalde de Garabito. Expone: “ÚNICO: Notificado del Amparo bajo el expediente N° 23-021589-0007-co, se procede a contestar de la siguiente manera, con el fin de atender lo solicitado por el recurrente: • Se remite informe sobre el caso en mención, referente a la construcción de plantas de tratamiento y sus respectivos alcantarillados sanitarios en el Cantón de Garabito. El cual permitirá evidenciar que mediante AME-530-2023-TM, de fecha 26 de setiembre de 2023, este Alcalde buscando solventar esta problemática a nuestra comunidad remitió solicitud al Presidente de la República. De lo cual derivan dos respuestas del AyA por instrucción del Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles”. Pide se declare sin lugar el recurso.

12.- Por resolución de las 15:58 horas del 9 de julio de 2024, se amplió el proceso y se dio traslado al Alcalde de la Municipalidad de Palmares.

13.- Informa bajo juramento Andrés Vargas Rodríguez, en su  carácter de Alcalde Municipal de Palmares. Explica: “En lo que respecta a la planta de tratamiento de aguas del cantón de Palmares, la Municipalidad está en constantes reuniones con los personeros de AYA, oficina regional de Palmares, con la finalidad de coordinar que le proyecto se desarrolle, ello en razón de que es competencia de dicho instituto buscar los fondos públicos para la construcción del mismo, por lo que, la Municipalidad de Palmares está a la espera de que AyA presente el proyecto constructivo para aprobación, conforme lo dicta el artículo 118 de la Ley de Construcciones "ARTÍCULO 118. Tratamiento de aguas residuales Las aguas residuales deben de ser tratadas y dispuestas en un alcantarillado sanitario, tanque séptico o un sistema de tratamiento que cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamientos de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N°39887-SMINAE y sus reformas o normativa que lo sustituya. Se prohíbe descargar las aguas residuales al sistema de alcantarillado pluvial. Además, el profesional responsable debe de acatar las disposiciones establecidas por el CFIA en el CIHSE." Cita la sentencia N° 2021002888 de las 9:30 del 26 de febrero del 2021. Añade que conforme: “(…) lo dicta la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en su artículo 1°, le corresponde a dicho instituto “fijar políticas establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el lnstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado”.

 En ese mismo sentido, el numeral 2° establece las funciones legales que el constituyente a AyA, a saber:

"a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas;

b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados, las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación;

c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (…);

g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.

Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.

Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.

Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de fales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos. Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades,

(...)

i) Construir ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y

j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario." Como puede observarse, la competencia legal para construir sistemas de alcantarillado sanitario para el tratamiento de las aguas negras o servidas del cantón es AyA.

TERCERO: Para cumplir con lo ordenado en el expediente 02-007756-0007-CO, mediante resolución de las catorce horas treinta minutos del tres de febrero del dos mil quince, en lo que respecta a la Municipalidad de Palmares, dispuso"(...) disponer lo necesario a efecto que en el término improrrogable de un año contado a partir de la notificación de esta resolución, se le suministre el Plan Regulador del Cantón de Palmares a este Instituto, a fin de que dentro de los tres años y medio siguientes se concluya con el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares," en fecha 27 de marzo del 2023, al ser las diez horas 00n catorce minutos, la Arq. Silvia Carazo Angulo, Encargada del Departamento de Ingeniería Municipal a.i., remitió a través de correo electrónico a los representantes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados del cantón de Palmares, señores Pedro Barrantes Ramírez, Jefe de Oficina Cantonal de Palmares, Melvin Castro González, Director Operación y Mantenimiento Región Central Oeste, y Tatiana Vindas Valerio, Ingeniera Operación y Mantenimiento de la Región Central Oeste, el oficio MP-DU-108-2023, haciéndoles entrega de la variable hidrogeológica que conforma el proceso del Plan Regulador del Cantón de Palmares, cumpliendo de esta forma en la entrega del insumo requerido para que dicho Instituto pueda concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, ello conforme al Plan de Inversión de Saneamiento 20212026 de AYA.

El estudio hidrogeológico realizado, tal y como consta en el apartado 1.1 Justificación, constituye el insumo y nace como una necesidad de generar conocimiento técnico en temas relacionados con disponibilidad, calidad y vulnerabilidad del recurso hídrico subterráneo, para que las instituciones tomadoras de decisiones cuenten con mayor información técnico científica.

Siendo así, de parte de la Municipalidad de Palmares no existe documento requerido por AyA pendiente para que éste Instituto pueda concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, ya que la restante normativa legal aplicable es la respectiva a trámites de construcción, regulados por la Ley de Construcciones y su respectivo reglamento, el cual es de alcance nacional, mismo al que se encuentran sujetos ambas instituciones públicas" (…)PETICIONES: Por Io tanto, al haber entregado la Municipalidad de Palmares la variable hidrogeológica del proceso del Plan Regulador, misma que era requerida por AyA para concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, solicito que se tenga por cumplido por parte de mi representada lo ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.” Pide se declare sin lugar el recurso.

14.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,

Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. El accionante expone que no existe planta de tratamiento, ni alcantarillado sanitario en el distrito central de Palmares (situación conocida en el expediente nro. 02- 007756-0007-CO). Indica que, en Garabito, propiamente Jacó, la situación es similar a la de Palmares, pues los ciudadanos se ven afectados por gran contaminación antrópica en sus quebradas y ríos, trayendo muerte a la vida fluvial y problemas de salud a los pobladores, a los ecosistemas fluviales y marinos. Comenta que, al parecer, el saneamiento de las aguas nunca ha sido prioridad de los recurridos. Ante dicha problemática las comunidades de Golfito, Quepos, Jacó y Palmares habían sido incluidas en el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, autorizándose así la construcción de plantas de tratamiento y sus respectivos alcantarillados sanitarios. No obstante, reclama que el ministro de Hacienda mediante el oficio MH-DM-OF-1303-2023 de fecha 16 de agosto de 2023, le comunicó al presidente ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) la cancelación del programa. Añade que la eliminación del presupuesto y financiamiento de los proyectos de las 4 comunidades, se da bajo el burdo argumento que no existe prontitud en materializar las obras ni la obtención de actos habilitadores necesarios. Incluso, parte de la argumentación es que el presidente del ICAA solicitó al ministro de Hacienda eliminar del cronograma de actividades y financiamiento a los proyectos de Quepos y de Golfito, queriendo dejar solo los Palmares y Jacó. Reclama que ninguno de los 4 proyectos se llevarán a cabo por orden del Ministro de Hacienda, que dispuso dejar el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias sin contenido presupuestario, asunto que conlleva al cierre irracional de la materialización de todas las obras en las 4 ciudades. Acusa que la actuación de las autoridades recurridas, violenta los numerales 21, 50 y 89 constitucionales, pues se entrará en un periodo desenfrenado, así como irreversible de daños ambientales perjudicando derechos de gente que incluso no ha nacido. Solicita declarar con lugar el recurso y ordenar a las recurridas tomar las acciones pertinentes para activar la fuente de financiamiento de los proyectos de plantas de tratamiento y alcantarillados sanitarios de Palmares, Jacó, Quepos y Golfito.

 

II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

En cuanto a la planta de tratamiento y alcantarillados de la  Municipalidad de Palmares:

a)     En recurso de amparo promovido por [Nombre 001]  contra la Municipalidad de Palmares y el Ministerio de Salud, tramitado bajo el expediente número 02-007756-0007-CO, se conocieron los mismos hechos denunciados por la falta de tratamiento de las aguas en la comunidad de Palmares. Se dispuso mediante la sentencia No. 2003- 001431 de las 00:00 horas del 21 de febrero de 2003: “POR TANTO: SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE LE ORDENA JORGE ISAAC VASQUEZ PÉREZ, EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE PALMARES, Y A HEIDI RAMIREZ SANCHEZ, LUIS CARLOS ARAYA BADILLA, CORALIA PACHECO MOREIRA, OLDEMAR SEGURA RODRIGUEZ, Y MIGUEL ÁNGEL VASQUEZ, EN SU CONDICION DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES, Y A EVERARDO RODRIGUEZ BASTOS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARR ICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, O A QUIEN EN SU LUGAR EJERZA SUS CARGOS, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, QUE EN EL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ESTA SENTENCIA, GESTIONEN LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS PARA TODA LA LOCALIDAD DE PALMARES, PARA LO CUAL SE DEBERA INCLUIR LA PRESENTACION DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A LA SETENA. EN LOS MISMOS TÉRMINOS, SE LES ORDENA A ESAS AUTORIDADES QUE PREVEAN, DENTRO DE SUS PRESUPUESTOS, LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA REFERIDA PLANTA DE TRATAMIENTO, Y QUE LE SUMINISTREN AL RECURRENTE UNA NOTA DONDE SE DETALLE EL PRESUPUESTO QUE SE DESTINARA A ESE FIN, Y UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, CON EL OBJETO DE QUE SE PUEDA FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCION; TODO ESTO, EN EL ENTENDIDO QUE DEBERAN FINALIZAR LA TAREA INDICADA, EN UN TÉRMINO RAZONABLE, QUE NO PODRA EXCEDER DE DOS AÑOS. ADEMAS, SE LE ORDENA A EDUARDO LOPEZ C ARDENAS, EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE SALUD A.I., O A QUIEN OCUPE SU PUESTO, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, QUE COORDINE ESFUERZOS CON LOS OTROS RECURRIDOS Y FISCALICE QUE LA ME NCIONADA PLANTA DE TRATAMIENTO SE CONSTRUYA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE SALUD. SE LE ORDENA AL ALCALDE Y A LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES, O A QUIENES OCUPEN SUS CARGOS, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, QUE DEN SOLUCION DEFINITIVA AL PROBLEMA SANITARIO PROVOCADO POR EL MER CADO MUNICIPAL DE PALMARES, EN EL PLAZO IMPRORROGABLE DE DOS AÑOS, Y A EDUARDO LOPEZ CARDENAS, EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE SALUD A.I., O A QUIEN OCUPE SU PUESTO, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, QUE ORDENE EL CIERRE DEL MERCADO MUNICIPAL DE PALMARES, SI EL PROBLEMA DE MARRAS NO ES CORREGIDO EN EL PLAZO INDICADO” (ver expediente número 02-007756-0007-CO, traído ad efectum videndi et probandi).

b)    Por resolución interlocutoria 2023006228 de las 9:15 horas del 17 de marzo de 2023, dictada en expediente 02-007756-0007-CO, esta Sala dispuso: “Se acoge parcialmente la gestión de desobediencia, únicamente, respecto a la orden girada relacionada con la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras para el Cantón de Palmares. Se reitera a Katerine Ramírez González y a Filadelfo Sancho, por su orden Alcaldesa y Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Palmares, a Alexei Carrillo Villegas, en su condición de Ministro de Salud, y a Alejandro Guillén Guardia, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, el cumplimiento de lo dispuesto por esta Sala en la sentencia No. 2003-001431 de las 00:00 horas del 21 de febrero de 2003. Lo anterior, bajo la advertencia de ordenar la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, con base en lo dispuesto el artículo 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en caso de no hacerlo y, además, testimoniar piezas al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En cuanto a lo ordenado respecto al Mercado Municipal de Palmares, no ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese.” (ver expediente número 02-007756-0007-CO, traído ad efectum videndi et probandi).

c)     El 27 de marzo del 2023, la Arq. Silvia Carazo Angulo, Encargada del Departamento de Ingeniería Municipal de Palmares, remitió a través de correo electrónico a los representantes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados del cantón de Palmares, señores Pedro Barrantes Ramírez, Jefe de Oficina Cantonal de Palmares, Melvin Castro González, Director Operación y Mantenimiento Región Central Oeste, y Tatiana Vindas Valerio, Ingeniera Operación y Mantenimiento de la Región Central Oeste, el oficio MP-DU-108-2023, haciéndoles entrega de la variable hidrogeológica que conforma el proceso del Plan Regulador del Cantón de Palmares, insumo requerido para que dicho Instituto pueda concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, conforme al Plan de Inversión de Saneamiento 20212026 de AYA (informe de Alcalde de Palmares).

 

 

En cuanto a la planta de tratamiento y alcantarillados de Jacó, Quepos y Golfito

d)    Mediante la Ley número 9723 de fecha 14 de agosto de 2019, se aprobó Contrato de préstamo N° 28568 para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias, suscrito con el Banco KFW Frankfurt am Main (en adelante KFW), publicada en el Alcance 210 a la Gaceta 183 del 27 de setiembre del 2019. Dicho Programa consta de cuatro componentes, para construir las obras de infraestructura en cuatro ciudades de Costa Rica, las cuales han sido escogidas como prioritarias según varios criterios técnicos de selección que implican entre otros el impacto sobre la población beneficiaria, el impacto ambiental y económico del proyecto, que son: Palmares, Jacó, Quepos y Golfito. Se dispone que en cada una de ellas se  construirán obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales que incluyen la construcción del alcantarillado, la red de recolección de aguas, una planta de tratamiento y en el caso de la ciudad de Palmares un Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento. (ver informe de Ministerio de Hacienda y portal de la Asamblea Legislativa: Archivo_Leyes - Contrato de préstamo N° 28568 para financiar... (asamblea.go.cr)).

e)     En distintas ocasiones entre el periodo del año 2021 al 2023, el Ministerio de Hacienda ha pedido al AyA proceder a coordinar las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito con el banco KFW y demás actividades asociadas al Proyecto, debido a que ha determinado hay un desempeño crítico, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la ejecución del programa. El Ministerio de Hacienda manifestó la preocupación en cuanto al desempeño del Programa, los evidentes y significativos retrasos  mostrados a ese momento, incluyendo lo relativo a una de las principales contrataciones requeridas para la ejecución del Programa, como lo era la contratación del Consultor de Implementación (CI) y el aumento en los plazos para la recepción de ofertas, lo cual generó replanificaciones constantes, tanto en aspectos financieros (pagos a realizar) como en el cronograma de actividades. También se le externó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que el tipo de situaciones mostradas para el caso particular con el KFW se consideraban relevantes debido a que en otros Programas similares de la Institución ya se habían también evidenciado, generando incertidumbre en cuanto a la eficacia y eficiencia con que se estaban aplicando las lecciones aprendidas generadas en los Programas/proyectos de la Cartera del Instituto en ejecución y finalizados. Posterior a ello, la Declaración desierta del concurso de Precalificación de las empresas, implicó que luego el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tomara la decisión de iniciar nuevamente los procesos de contratación, pero de forma individual (por proyecto), por lo que se le hizo ver la preocupación sobre el plazo que desde ese momento el citado Instituto ya estimaba iba a requerir de más, para concluir el Programa y que correspondía a 24 meses adicionales (ver informe).

f)      Respecto a las obras a desarrollarse en Golfito, Palmares y Jacó, el Ministerio de Hacienda instó al AyA seguir coordinando los espacios de comunicación necesarios con los interesados y con personal clave, que le permitieran optimizar y mejorar la gestión de los involucrados, de tal forma que se realizaran las alianzas estratégicas, así como los acuerdos requeridos para garantizar un inicio oportuno de las obras, minimizando cualquier contratiempo con el desarrollo de estas (ver informe).

g)    Por el oficio número MH-DM-OF-2702-2022 de fecha 09 de noviembre del 2022, dirigido al señor Roberto Guzmán Gutiérrez, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en ese momento, se externó la preocupación por el crítico desempeño que mostraba el Programa, en donde a esa fecha no se había realizado ningún desembolso del financiamiento, y el avance físico del Programa era de un 18.22%, avance que representaba menos del 1% en el último año. Para ese entonces, le fueron indicados otros elementos que continuaban siendo críticos: 1) La orden de inicio para las actividades asignadas al Consultor de Implementación se había dado apenas en agosto 2022; 2) No se había finiquitado el convenio interinstitucional con INCOFER que resultaba fundamental para el desarrollo de la planta de tratamiento de Golfito; 3) No se tenía claridad de la preinversión para otras obras del Programa y 4) A pesar de que no se había iniciado con la contratación de obras ya se identifican sobrecostos en la ejecución de las mismas. De igual manera, se manifestó la urgencia de aprovechar la misión del KFW, que se celebraría en el mismo mes de noviembre 2022, para que en conjunto AyA-KfW diseñaran un plan de aceleración de actividades y obras que le permitan mitigar el impacto de los 24 meses de retrasos sufridos en el Programa y que a su vez el Instituto priorizara sus proyectos y recursos para garantizar el adecuado financiamiento de los alcances del Programa y a la vez realizara una adecuada planificación que permita la mitigación de riesgos futuros y nuevas fuentes de retrasos. También, se le solicitó al Instituto que una vez que se diera por finalizada la misión del KFW se presentara a este Ministerio el plan de acción que hubieran acordado entre el Banco y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para retomar la senda de ejecución del Programa, reducir el retraso existente y administrar los riesgos que podrían afectarlo.

h)    Mediante oficio número MH-DM-OF-0143-2023 de fecha 2 de febrero de 2023, dirigido al Señor Alejandro Guillén Guardia, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Hacienda debió realizar un recordatorio al Instituto para la presentación del Plan de Acción que se le había solicitado en noviembre del 2022 en el oficio MH-DM-OF-2702-2022 y cuya solicitud estaba motivada en su crítico estado de situación. Asimismo, se externó que la Dirección de Crédito Público de este Ministerio había solicitado dicho Plan a la Unidad Ejecutora del Programa en distintas oportunidades; siendo que dicha Unidad había indicado que se requería de la definición de las líneas de acción por parte de la Administración Superior del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para revalorar el alcance del Programa y el aumento en los costos del mismo. Por lo que se le señala al Instituto que la presentación de dicho plan reviste gran importancia, dados los críticos resultados de desempeño mostrados por el Programa, en donde a ese momento, según el Cronograma del Acuerdo Separado del Préstamo, las obras de los cuatro proyectos de saneamiento mostraban un evidente retraso pues debieron haber iniciado en julio de 2021, cuando las licitaciones serían publicadas hasta el segundo trimestre del 2023.

i)      Adicionalmente, se le indicó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que era de alto impacto en los indicadores de seguimiento del Programa, el hecho de la nula ejecución de recursos del préstamo al 31 de diciembre 2022, considerando que su entrada en vigencia data desde setiembre 2019. Para el Ministerio de Hacienda la toma de decisiones que la Unidad Ejecutora del Programa requería y la presentación del Plan de acción indicado, en donde estableciera una planificación clara y precisa para lograr la pronta aceleración del mismo y plasmara las actividades, responsables y plazos de cumplimiento, que llevarían a resolver de forma definitiva, entre otros, el tema del incremento exponencial del costo total del Programa, resultaba de especial importancia, no obstante se hizo caso omiso a las reiteradas solicitudes.(informe Ministro de Hacienda)

j)      Por el oficio número MH-DM-OF-1303-2023 de 16 de agosto de 2023, el Ministerio de Hacienda pide al AyA, que coordine las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas únicamente al financiamiento; solicitud que obedece, a las manifestaciones del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, respecto a la imposibilidad de llevar a término, en cantidad y alcance, los proyectos inicialmente consensuados con el KFW con el monto del contrato de préstamo (ver informe Ministro de Hacienda)

k)    Ante los cambios en los proyectos de construcción de planta de tratamiento el Ay A   determinó la propuesta para la ejecución de los proyectos de Jacó y Palmares, con un alcance acorde con los recursos disponibles. Sin embargo, al Ministerio de Hacienda mediante nota MH-DM-OF-1303-2023 del 16 de agosto,  al AyA proceder a coordinar las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas al mismo, la Presidencia Ejecutiva del AyA, se encuentra construyendo un análisis de riegos, implicaciones y acciones a desarrollar, desde el punto de vista legal, financiero, técnico y ambiental, que faciliten la propuesta de otras alternativas y la definición de una estrategia factible de financiamiento que permita la consecución del programa (informe del AyA).

 

III.- SOBRE LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS NEGRAS. Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras. En ese sentido, este Tribunal Constitucional ha sido del criterio que, tanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como a las Municipalidades y al Ministerio de Salud, les corresponde -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia-, velar por la debida recolección, tratamiento y disposición final de tales aguas. Así, en el caso específico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, su propia Ley Constitutiva -Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas-, dispone lo siguiente:

 

“Artículo 1.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.”

  Por lo que a dicha institución le corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de ese mismo cuerpo normativo (…) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…)”. De igual forma, la Ley General de Salud -Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973-, dispone, en su artículo 2°, que le corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. De igual forma, el artículo 341 de la referida ley establece, dentro de las atribuciones del Ministerio de Salud, la de ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esa normativa para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. En cuanto al tema específico, la Ley General de Salud, en su Libro 1, Título 3, Capítulo 3, “De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas”, dispone -en lo conducente-, lo siguiente:

“Artículo 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.” (El destacado no forma parte del original).

“Artículo 287.- Toda persona, natural o jurídica, propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.”

“Artículo 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.”

 

Asimismo, de dicha normativa se colige la obligación de las autoridades del Ministerio de Salud de velar por la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones de esa ley y de su reglamentación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen e impongan a otros órganos o entes públicos dentro de sus respectivos campos de acción (artículo 337). Se corrobora, así, las distintas funciones y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y al Ministerio de Salud, en materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Funciones y obligaciones que, además -y como ya se adelantó en el considerando anterior-, se deben ejercer de forma coordinada, para asegurar así la eficacia y eficiencia administrativas.

 

IV.  De la falta de una planta de tratamiento de desechos y aguas negras en Palmares. El recurrente reclama que a la fecha de interposición de este recurso, aun no se cuenta con una planta de tratamiento de desechos y aguas negras en diversos cantones. En cuanto el recurso se refiere a la falta de infraestructura del Cantón de Palmares en particular, en el informe dado en este asunto por el representante del AyA, este pide a la Sala tomar en cuenta lo dispuesto por el voto 03-01431 de las 10:53 horas del 21 de febrero de 2003, que dispuso acoger el recurso planteado el 18 de setiembre de 2002, por el mismo recurrente [Nombre 002]. Recuerda que en esa oportunidad, esta Sala ordenó a los recurridos Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Palmares así como al Ministerio de Salud que iniciaran las gestiones para construir una planta de tratamiento  en el término de 12 meses.

Efectivamente, en el año 2003, dispuso al efecto este Tribunal: “Se declara CON LUGAR el recurso. Se le ORDENA Jorge Isaac Vásquez Pérez, en su condición de Alcalde Municipal de Palmares, y a Heidi Ramírez Sánchez, Luis Carlos Araya Badilla, Coralia Pacheco Moreira, Oldemar Segura Rodríguez, y Miguel Ángel Vásquez, en su condición de Regidores de la Municipalidad de Palmares, y a Everardo Rodríguez Bastos, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ejerza sus cargos, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que en el término improrrogable de DOCE MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, gestionen la construcción de una planta de tratamientos de aguas negras para toda la localidad de Palmares, para lo cual se deberá incluir la presentación de un estudio de impacto ambiental a la SETENA. En los mismos términos, se les ordena a esas Autoridades que prevean, dentro de sus presupuestos,  las partidas necesarias para la construcción de la referida planta de tratamiento, y que le suministren al recurrente una nota donde se detalle el presupuesto que se destinará a ese fin, y un cronograma de actividades, con el objeto de que se pueda fiscalizar el cumplimiento de las etapas de la construcción; todo esto, en el entendido que deberán finalizar la tarea indicada, en un término razonable, que no podrá exceder de DOS AÑOS. Además, se le ordena a Eduardo López Cárdenas, en su calidad de Ministro de Salud a.i., o a quien ocupe su puesto, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que coordine esfuerzos con los otros recurridos y fiscalice que la mencionada planta de tratamiento se construya de conformidad con la normativa de Salud. Se le ordena al Alcalde y a los Regidores de la Municipalidad de Palmares, o a quienes ocupen sus cargos, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que den solución definitiva al problema sanitario provocado por el Mercado Municipal de Palmares, en el plazo IMPRORROGABLE DE DOS AÑOS, y a Eduardo López Cárdenas, en su calidad de Ministro de Salud a.i., o a quien ocupe su puesto, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que ordene el cierre del Mercado Municipal de Palmares, si el problema de marras no es corregido en el plazo indicado.  Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de Palmares, al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se le advierte los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución TODOS LOS FUNCIONARIOS MENCIONADOS EN LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA, o a quienes ocupen esos mismos puestos en su lugar, EN FORMA PERSONAL

Sobre este extremo, el Alcalde de la Municipalidad de Palmares informa a esta Sala que, en la actualidad, en lo que se refiere al proyecto de tratamiento de aguas de ese Cantón, desde el 27 de marzo del 2023, la Arq. Silvia Carazo Angulo, Encargada del Departamento de Ingeniería Municipal de Palmares, remitió a través de correo electrónico al Jefe de Oficina Cantonal de Palmares, al Director Operación y Mantenimiento Región Central Oeste, y a la  Ingeniera Operación y Mantenimiento de la Región Central Oeste todos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados del cantón de Palmares, el oficio MP-DU-108-2023, haciéndoles entrega de la variable hidrogeológica que conforma el proceso del Plan Regulador del Cantón de Palmares, insumo requerido para que dicho Instituto pueda concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, conforme al Plan de Inversión de Saneamiento 20212026 de AYA. Añade que la Municipalidad “está en (sic) constantes reuniones con los personeros de AYA, oficina regional de Palmares, con la finalidad de coordinar que el proyecto se desarrolle, ello en razón de que es competencia de dicho instituto buscar los fondos públicos para la construcción del mismo, por lo que, la Municipalidad de Palmares está a la espera de que AyA presente el proyecto constructivo para aprobación, conforme la normativa que regula el  tratamiento de aguas residuales”.

 

Del cuadro fáctico descrito, en cuanto a la falta de construcción de la planta de tratamiento de aguas en la Municipalidad de Palmares, que se reclama a esa Municipalidad y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados; desglósese este asunto para que sea tramitado en el expediente 02-7556-0007-CO.

 

V.  De la falta de una planta de tratamiento de desechos y aguas negras y alcantarillado en  Jacó, Quepos y Golfito.

 En cuanto el recurso se refiere a la falta de infraestructura de tratameinto de desechos y aguas negras y alcantarillados en las municipalidades de Jacó Quepos y Golfito; luego de revisados los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento, así como la prueba aportada, se desprende que pese a la necesidad de contar en esas zonas con la planta de tratamiento de desechos y aguas negras y alcantarillado, – en el mismo sentido indicado en el Considerando IV anterior, referido  a  la Municipalidad de Palmares- en los cantones de   Jacó,  Quepos y Golfito, las autoridades recurridas revelan que, tampoco cuentan con esa infraestructura, necesaria para para ejecutar los procesos de tratamiento de las aguas residuales, según la legislación nacional y normativa técnica aplicable.

 

Sobre la omisión apuntada, el representante del Ministerio de Hacienda explica a esta Sala en su informe que, si bien desde el año 2019 por la ley 9723 se aprobó un contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias, suscrito con el Banco KFW Frankfurt am Main (en adelante KFW, publicado en el Alcance 210 a la Gaceta 183 del 27 de setiembre del 2019).  Lo cierto es que tal programa, -para construir las obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales que incluyen la construcción del alcantarillado, la red de recolección de aguas, una planta de tratamiento y en el caso de la ciudad de Palmares un Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento-, el Ministerio de Hacienda estimó necesario que el AyA hiciera un plan de acción, que ya  había solicitado en noviembre del 2022, mediante el  oficio MH-DM-OF-2702-2022.

En el informe, el representante del Ministerio de Hacienda hace énfasis en que la Dirección de Crédito Público de esa Cartera había solicitado un Plan a la Unidad Ejecutora del Programa en distintas oportunidades; que definiera  las líneas de acción por parte de la Administración Superior del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para revalorar el alcance del Programa y el aumento en los costos del mismo. Lo anterior dado los críticos resultados de desempeño mostrados por el Programa, donde a ese momento, según el Cronograma del Acuerdo Separado del Préstamo, las obras de los cuatro proyectos de saneamiento mostraban un evidente retraso pues debieron haber iniciado en julio de 2021, cuando las licitaciones serían publicadas hasta el segundo trimestre del 2023.

Informa además, que el Ministerio de Hacienda advirtió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el alto impacto en los indicadores de seguimiento del Programa, debido a la nula ejecución de recursos del préstamo al 31 de diciembre 2022, considerando que su entrada en vigencia data desde setiembre 2019. Explica que para el Ministerio de Hacienda, la toma de decisiones que la Unidad Ejecutora del Programa requería y la presentación del Plan de acción indicado, en donde estableciera una planificación clara y precisa para lograr la pronta aceleración del mismo y plasmara las actividades, responsables y plazos de cumplimiento, que llevarían a resolver de forma definitiva, entre otros, el tema del incremento exponencial del costo total del Programa, resultaba de especial importancia, no obstante se hizo caso omiso a las reiteradas solicitudes.

Con base en la situación anterior, por el oficio número MH-DM-OF-1303-2023 de agosto de 2023, el Ministerio de Hacienda pidió al AyA, coordinar las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas al financiamiento; solicitud que explica obedece, a las manifestaciones del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, respecto a la imposibilidad de llevar a término, en cantidad y alcance, los proyectos inicialmente consensuados con el KFW con el monto del contrato de préstamo.

 Por su parte, el representante del AyA recurrido, añade en su informe que, en atención a los cambios en los proyectos de construcción de planta de tratamiento de los cuatro cantones (Jacó, Palmares, Quepos y Golfito) y ante la disposición del Ministerio de Hacienda que ordena el cierre de la operación de crédito para hacer dicha infraestructura, la Presidencia Ejecutiva del AyA se encuentra construyendo un análisis de riegos, implicaciones y acciones a desarrollar, desde el punto de vista legal, financiero, técnico y ambiental, que faciliten la propuesta de otras alternativas y la definición de una estrategia factible de financiamiento que permita la consecución del programa (informe del AyA).

Sin embargo, en el informe rendido por el representante del AyA recurrido, no se indica a esta Sala ni se desprende de la prueba aportada al expediente, qué  desarrollo tiene el proyecto, si existiere, o qué   acciones se han tomado, dirigidas a dar una solución a la falta de planta de tratamiento en los distintos cantones de Palmares, Jacó, Quepos y Golfito.

 

De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala tiene por acreditado que luego de cinco años que por ley  se aprobó el préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias de Golfito, Quepos Palmares y Jacó, suscrito con el KFW, publicado en el Alcance 210 a la Gaceta 183 del 27 de setiembre del 2019, el mismo se encuentra e en fase de cierre desde agosto de 2023, por la falta de ejecución. Llama la atención de esta Sala que el Ministerio de Hacienda pidió desde el año 2022 al AyA levantara un plan de acción para poder contar con el préstamos; sin embargo,  a la fecha el AyA  no  ha respondido al Ministerio de Hacienda. Tampoco ha planteado alguna estrategia y mucho menos empezado a construir las obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales y las construcciones que ello incluye, para los cantones de Palmares, Jacó, Golfito y Quepos.

Así las cosas, se descarta la vulneración a los derechos fundamentales que se atribuyen al Ministerio de Hacienda; y se acoge el recurso en cuanto se dirige contra el AyA, pues observa esta Sala que la autoridad recurrida no sólo no ha brindado una solución definitiva a los problemas denunciados, sino que tampoco se desprende que haya diseñado una estrategia distinta, ante el cierre del préstamo  suscrito con el KFW, de Alemania.

Por otro lado se observa que tampoco las municipalidades en cuestión han tomado acciones definidas y concretas para impulsar a que el AyA asuma su deber legal de para proveer a los habitantes de sus circunscripciones de un servicio de evacuación de aguas negras, conforme lo dispone la Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados) y se dé de manera coordinada  una solución al problema de aguas descrito. 

Como en otras ocasiones se ha expuesto, comprende este Tribunal, que algunos problemas ambientales requieren coordinación entre diversas instancias estatales; sin embargo, ello no justifica que el AyA dentro del ámbito de sus competencias y en atención a las necesidades de los administrados, decida en este caso, simplemente no responder a las notas enviadas por el Ministerio de Hacienda que le instan desde el 2022; y no presentara el  plan de acción que  se le pidió para establecer una planificación clara y precisa para lograr la pronta aceleración del contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias.

En suma, no se observa que se hayan hecho esfuerzos importantes para hacer efectivo el contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias o que se tomaran acciones necesarias en coordinación con las instancias municipales y sanitarias que corresponden, a fin de brindar las soluciones a la falta de saneamiento de las aguas. Como consecuencia procede acoger el recurso en cuanto se dirige contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y las municipalidades de  Jacó, Golfito y Quepos, al haberse quebrantado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente.

VI. Conclusión. Así las cosas, en cuanto el recurso se dirige contra la Municipalidad de Palmares, debe estarse el recurrente a lo indicado en la sentencia  número 03-01431 de las 10:53 horas del 21 de febrero de 2003, que dispuso acoger el recurso planteado el 18 de setiembre de 2002. En cuanto se dirige contra el Ministerio de Hacienda, procede desestimar el recurso y se acoge parcialmente, en cuanto se dirige contra el AyA y las municipalidades de Garabito, Golfito y Quepos, por violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente, en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.

 

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso por violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En cuanto el recurso se dirige en parte contra la Municipalidad de Palmares y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados en lo referente a esa Municipalidad, desglósese este asunto para que sea tramitado en el expediente 02-7556-0007-CO.  En cuanto el recurso se dirige contra las municipalidades de Garabito, Golfito y Quepos y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, en lo referente a esas municipalidades, se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Alejandro Guillén Guardia, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Jong Kwan Kim Jin, en su condición de alcalde de Quepos  Freiner Lara Blanco, en su condición de alcalde de Golfito y Tobías Murillo Rodríguez, en su condición de alcalde de Garabito o a quienes ocupen tales cargos, que dentro  del ámbito de sus competencias,  en el término de dieciocho meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, tomen las medidas que corresponden, gestionen y coordinen la construcción de una planta de tratamientos de aguas negras y alcantarillado para  las distintas localidades de Quepos, Golfito y Garabito, respectivamente. Se les ordena a esas autoridades que prevean, dentro de sus presupuestos, las partidas necesarias para la construcción de la referida planta de tratamiento y alcantarillado, y que suministren al recurrente el detalle del presupuesto que se destinará a ese fin, así como un cronograma de las actividades, con el objeto de que pueda fiscalizar el cumplimiento de las etapas de la construcción; todo esto, en el entendido de que deberán finalizar la tarea indicada, en un término razonable, que no podrá exceder los dos años.  Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a las Municipalidades de Quepos, Golfito y Garabito al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Ministerio de Hacienda, se declara sin lugar el recurso.  Se notifica al Ministro de Salud para que coordine esfuerzos con los recurridos y fiscalice que las mencionadas plantas de tratamiento e infraestructura, se construyan en cada localidad, de conformidad con la normativa de salud.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Aracelly Pacheco S.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

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Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:17:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

[Excerpt begins mid-sentence]
“(…) III.- ON THE COLLECTION, TREATMENT, AND FINAL DISPOSAL OF SEWAGE. To effectively comply with the protection of a healthy and ecologically balanced environment, the State, understood in the broad sense, has the duty to arrange the necessary measures so that timely and effective treatment of sewage is provided in the country's communities. In that regard, this Constitutional Court has held the view that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Municipalities, and the Ministry of Health are all responsible—within their respective spheres of competence—for ensuring the proper collection, treatment, and final disposal of such waters. Thus, in the specific case of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, its own Constitutive Law—Law No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments—provides as follows:

“Article 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, undertaking and promoting the planning, financing, and development of, and resolving all matters related to, the supply of potable water and the collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm sewer systems in urban areas, for the entire national territory, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is hereby created as an autonomous institution of the State.”

Therefore, that institution is responsible, pursuant to the provisions of Article 2 of that same regulatory body, for "(…) Directing and supervising everything related to providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, and stormwater in urban areas (…)". Similarly, the General Health Law—Law No. 5395 of October 30, 1973—provides, in its Article 2, that the Executive Branch, through the Ministry of Health, is responsible for defining the national health policy, planning and coordinating all public and private activities related to health, as well as executing those activities that fall within its competence according to the law. Likewise, Article 341 of the referenced law establishes, among the powers of the Ministry of Health, that of ordering and taking the special measures enabled by that regulation to prevent risk or harm to the health of persons or their spread or aggravation, and to inhibit the continuation or recurrence of infractions by private parties. Regarding the specific topic, the General Health Law, in its Book 1, Title 3, Chapter 3, “On the obligations and restrictions for the sanitary evacuation of excreta and wastewater,” provides—in relevant part—as follows:

“Article 285.- Excreta, sewage, wastewater, and stormwater must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and of natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding grounds for vectors and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality.” (Emphasis not part of the original).

 
“Article 287.- Every person, natural or legal, who owns dwellings or establishments or buildings in which persons carry out their activities, shall be responsible for ensuring that such properties have a system for the disposal of excreta and sewage and wastewater approved by the Ministry, and the users of dwellings, establishments, or buildings shall be obligated to maintain said system in good working condition.”

“Article 288.- Every owner is obligated to connect the system for the elimination of excreta, sewage, and wastewater from their property to the sanitary sewer system in places where it is in operation, except in cases of exception that the pertinent regulations recognize as admissible.”

Furthermore, the obligation of the Ministry of Health authorities to ensure the application and control of compliance with the provisions of that law and its regulations is inferred from said regulation, without prejudice to the powers and obligations that special laws grant to or impose on other public bodies or entities within their respective fields of action (Article 337). Thus, the different functions and obligations that the legal system imposes on the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health regarding the collection, treatment, and final disposal of sewage are corroborated. Functions and obligations that, moreover—and as already stated in the preceding recital—must be exercised in a coordinated manner, to thus ensure administrative effectiveness and efficiency.

IV. Regarding the lack of a waste and sewage treatment plant in Palmares. The petitioner complains that, as of the date this remedy was filed, there is still no waste and sewage treatment plant in various cantons. Insofar as the remedy refers to the lack of infrastructure in the Canton of Palmares in particular, in the report given in this matter by the representative of AyA, he asks this Chamber to take into account the provisions of ruling 03-01431 of 10:53 a.m. on February 21, 2003, which ordered the granting of the remedy filed on September 18, 2002, by the same petitioner [Name 002]. He recalls that on that occasion, this Chamber ordered the respondent parties, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Municipality of Palmares, as well as the Ministry of Health, to initiate the steps to build a treatment plant within a period of 12 months.

Indeed, in 2003, this Court ordered the following: “The remedy is GRANTED. Jorge Isaac Vásquez Pérez, in his capacity as Mayor of Palmares, and Heidi Ramírez Sánchez, Luis Carlos Araya Badilla, Coralia Pacheco Moreira, Oldemar Segura Rodríguez, and Miguel Ángel Vásquez, in their capacity as Councilors of the Municipality of Palmares, and Everardo Rodríguez Bastos, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds their positions in their stead, are ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to, within the non-extendable term of TWELVE MONTHS from the notification of this judgment, manage the construction of a sewage treatment plant for the entire locality of Palmares, for which purpose the submission of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to SETENA must be included. In the same terms, those Authorities are ordered to foresee, within their budgets, the necessary budget items for the construction of said treatment plant, and to provide the petitioner with a note detailing the budget that will be allocated for that purpose, and a schedule of activities, so that compliance with the construction stages can be monitored; all this, on the understanding that they must complete the indicated task within a reasonable term, which may not exceed TWO YEARS. Furthermore, Eduardo López Cárdenas, in his capacity as Acting Minister of Health, or whoever occupies his post, is ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to coordinate efforts with the other respondent parties and oversee that said treatment plant is built in accordance with Health regulations. The Mayor and Councilors of the Municipality of Palmares, or whoever holds their positions, are ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to provide a definitive solution to the sanitary problem caused by the Palmares Municipal Market, within the NON-EXTENDABLE PERIOD OF TWO YEARS, and Eduardo López Cárdenas, in his capacity as Acting Minister of Health, or whoever occupies his post, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to order the closure of the Palmares Municipal Market, if the problem in question is not corrected within the indicated period. The State, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Municipality of Palmares are ordered to pay the damages caused by the facts on which this declaration is based, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. The respondent parties are warned that, pursuant to Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must fulfill or cause to be fulfilled, issued in a remedy of amparo (recurso de amparo), and does not fulfill it or does not cause it to be fulfilled, provided that the crime is not more severely penalized. This resolution will be notified to ALL THE OFFICIALS MENTIONED IN THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT, or to whoever occupies those same positions in their stead, IN PERSON.”

Regarding this point, the Mayor of the Municipality of Palmares informs this Chamber that, at present, with respect to the water treatment project for that Canton, since March 27, 2023, Arch. Silvia Carazo Angulo, Head of the Municipal Engineering Department of Palmares, sent via email to the Head of the Cantonal Office of Palmares, the Director of Operation and Maintenance of the Central West Region, and the Operation and Maintenance Engineer of the Central West Region, all of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados of the canton of Palmares, official communication MP-DU-108-2023, providing them with the hydrogeological variable that forms part of the Regulatory Plan process of the Canton of Palmares, an input required so that said Institute can complete the sewage and residual water treatment system for the canton of Palmares, in accordance with the 2021-2026 Sanitation Investment Plan of AYA. He adds that the Municipality “is in (sic) constant meetings with AYA officials, regional office of Palmares, with the purpose of coordinating the development of the project, because it is the responsibility of said institute to seek public funds for its construction; therefore, the Municipality of Palmares is waiting for AyA to submit the construction project for approval, in accordance with the regulations governing the treatment of residual waters.”

Given the factual situation described, regarding the lack of construction of the water treatment plant in the Municipality of Palmares, claimed against that Municipality and the Instituto de Acueductos y Alcantarillados; let this matter be separated to be processed under case file 02-7556-0007-CO.

V. Regarding the lack of a waste and sewage treatment plant and sewer system in Jacó, Quepos, and Golfito.

Insofar as the remedy refers to the lack of waste and sewage treatment and sewer infrastructure in the municipalities of Jacó, Quepos, and Golfito; after reviewing the reports rendered under the solemnity of oath, as well as the evidence provided, it is evident that despite the need in those areas for the waste and sewage treatment plant and sewer system, – in the same sense indicated in Considerando IV above, referring to the Municipality of Palmares – in the cantons of Jacó, Quepos, and Golfito, the respondent authorities reveal that they also lack that infrastructure, necessary to execute the residual water treatment processes, according to national legislation and applicable technical regulations.

Regarding the noted omission, the representative of the Ministry of Finance explains to this Chamber in his report that, although since 2019, through Law 9723, a loan agreement was approved to finance the sanitation program for priority zones, signed with the Bank KFW Frankfurt am Main (hereinafter KFW), published in Supplement 210 to Gazette 183 of September 27, 2019. The truth is that for said program—to build the infrastructure works for residual water sanitation including the construction of the sewer system, the water collection network, a treatment plant, and, in the case of the city of Palmares, a Research and Training Center in Sanitation Technologies—the Ministry of Finance deemed it necessary for AyA to create an action plan, which it had already requested in November 2022, via official communication MH-DM-OF-2702-2022.

In the report, the representative of the Ministry of Finance emphasizes that the Public Credit Directorate of that Ministry had requested a Plan from the Program Executing Unit on different occasions, which would define the lines of action by the Senior Administration of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to reassess the Program's scope and the increase in its costs. This was due to the critical performance results shown by the Program, where at that time, according to the Schedule of the Separate Loan Agreement, the works for the four sanitation projects showed an evident delay as they should have begun in July 2021, while the bidding processes would not be published until the second quarter of 2023.

He also informs that the Ministry of Finance warned the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of the high impact on the Program's follow-up indicators, due to the null execution of loan resources as of December 31, 2022, considering that its entry into force dates back to September 2019. He explains that for the Ministry of Finance, the decision-making required by the Program Executing Unit and the submission of the indicated action plan, which would establish clear and precise planning to achieve its prompt acceleration and set forth the activities, responsible parties, and compliance deadlines that would lead to definitively resolving, among other things, the issue of the exponential increase in the total cost of the Program, was of special importance; however, the repeated requests were ignored.

Based on the previous situation, through official communication number MH-DM-OF-1303-2023 of August 2023, the Ministry of Finance asked AyA to coordinate the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation and other activities associated with the financing; a request he explains is due to the statements of the Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados regarding the impossibility of bringing to completion, in quantity and scope, the projects initially agreed upon with KFW with the amount of the loan agreement.

For his part, the representative of the respondent AyA adds in his report that, in response to the changes in the treatment plant construction projects for the four cantons (Jacó, Palmares, Quepos, and Golfito) and given the Ministry of Finance's order to close the credit operation for building said infrastructure, the Executive Presidency of AyA is in the process of constructing an analysis of risks, implications, and actions to be developed, from the legal, financial, technical, and environmental standpoints, to facilitate the proposal of other alternatives and the definition of a feasible financing strategy that allows achieving the program (AyA report).

However, in the report rendered by the representative of the respondent AyA, it is neither indicated to this Chamber nor is it evident from the evidence provided to the case file what development the project has, if any, or what actions have been taken aimed at providing a solution to the lack of a treatment plant in the different cantons of Palmares, Jacó, Quepos, and Golfito.

In accordance with the considerations set forth, the Chamber finds it established that five years after the loan was approved by law to finance the sanitation program for priority zones of Golfito, Quepos, Palmares, and Jacó, signed with KFW, published in Supplement 210 to Gazette 183 of September 27, 2019, it is in the closure phase since August 2023, due to lack of execution. It draws this Chamber's attention that since 2022, the Ministry of Finance asked AyA to prepare an action plan to be able to obtain the loan; however, to date, AyA has not responded to the Ministry of Finance. Nor has it proposed any strategy, much less started building the infrastructure works for residual water sanitation and the constructions that entails, for the cantons of Palmares, Jacó, Golfito, and Quepos.

Thus, the violation of fundamental rights attributed to the Ministry of Finance is dismissed; and the remedy is granted insofar as it is directed against AyA, as this Chamber observes that the respondent authority has not only failed to provide a definitive solution to the reported problems, but it is also not evident that it has designed a different strategy, given the closure of the loan signed with KFW, of Germany.

 
On the other hand, it is observed that the municipalities in question have also not taken defined and concrete actions to urge AyA to assume its legal duty to provide the inhabitants of their jurisdictions with a sewage evacuation service, as provided in the Constitutive Law of the Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, and to provide a coordinated solution to the described water problem.

 
As has been set forth on other occasions, this Court understands that some environmental problems require coordination among various state entities; however, that does not justify AyA, within the scope of its powers and addressing the needs of the governed, deciding in this case to simply not respond to the notes sent by the Ministry of Finance urging it since 2022; and not submitting the action plan requested to establish clear and precise planning to achieve the prompt acceleration of the loan agreement to finance the sanitation program for priority zones.

 
In summary, it is not observed that significant efforts have been made to make effective the loan agreement to finance the sanitation program for priority zones, or that necessary actions were taken in coordination with the corresponding municipal and health authorities, in order to provide solutions to the lack of water sanitation. Consequently, it is appropriate to grant the remedy insofar as it is directed against the Instituto de Acueductos y Alcantarillados and the municipalities of Jacó, Golfito, and Quepos, given that the petitioner's right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated.

 
VI. Conclusion. Accordingly, insofar as the remedy is directed against the Municipality of Palmares, the petitioner must abide by what was indicated in judgment number 03-01431 of 10:53 a.m. on February 21, 2003, which ordered the granting of the remedy filed on September 18, 2002. Insofar as it is directed against the Ministry of Finance, it is appropriate to dismiss the remedy, and it is partially granted, insofar as it is directed against AyA and the municipalities of Garabito, Golfito, and Quepos, for violation of the petitioner's right to a healthy and ecologically balanced environment, under the terms indicated in the operative part of this judgment. (…)”

During the June 2023 mission with KfW Bank, which included the participation of the Ministry of Finance, the need to assess the relevance and urgency of the Program by the borrower was determined. Under this premise, the Ministry of Finance, through official communication MH-DM-OF-1303-2023 of August 16, requested that AyA proceed to coordinate the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation and other activities associated with it. Regarding the actions that the Executive Presidency will take in response to the Ministry of Finance's decision, in its capacity as borrower of Loan Agreement 28568, the Senior Management is building an analysis of risks, implications, and actions to be developed, from a legal, financial, technical, and environmental perspective, that facilitate the proposal of other alternatives and the definition of a feasible financing strategy that allows the achievement of the program.” It requests that the appeal be dismissed.

4.- Erik Herrera Bonilla reports, in his capacity as Deputy Legal Director of the Ministry of Finance, applying Agreement number MH-DM-ACDO-0039-2023 of May 17, 2023, by which authority is delegated to him by the Minister of Finance. He states: “II. On the merits. In the first instance, it is necessary to indicate that the Ministry of Finance is the institution responsible for tax collection, the stewardship of the Financial Administration, the allocation of financial resources to public entities, and the administration of public debt, through a sustainable fiscal policy, to contribute to the stability and economic and social growth of the country's inhabitants, and its creation dates back to the enactment of Executive Decree LV of October 14, 1825. And that according to Law No. 8131 of September 18, 2001, published in La Gaceta No. 198 of October 16, 2001, the Ministry of Finance is the sole agent with the legal capacity for indebtedness, management, and control of the public debt of the Central Government; therefore, attending to the legal authorizations it possesses, official communication number MH-DM-OF-1303-2023 was issued. Likewise, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in accordance with Law 2726 of April 14, 1961, the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and its amendments, is an autonomous institution of the State, created for the purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of drinking water; collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of stormwater drainage systems in urban areas, for the entire national territory. Therefore, in said institution, according to its competencies, rests not only the stewardship in the matter, but also the responsibility of determining the priority in the construction of treatment plants and sanitary sewer systems, and the continuity of Programs it considers important for safeguarding the right to health of individuals. In this regard, the Chamber itself indicated in its resolution 2003-01431: VI.- On the competencies of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health regarding sanitary sewer systems. Without prejudice to what was stated in the previous recital, the General Health Law and the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados establish that the technical control of aqueducts and sewer systems corresponds jointly to the Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health. To begin, the Constitutive Law of AyA expressly contemplates the following: “ARTICLE 2.- It is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) To direct and supervise everything related to providing the inhabitants of the republic with a service of drinking water, collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste and stormwater in urban areas; (…) d) To advise other State bodies and coordinate public and private activities in all matters relating to the establishment of aqueducts and sewer systems and control of the contamination of water resources, its consultation being obligatory in all cases, and compliance with its recommendations inexcusable (…) g) To administer and directly operate the aqueduct and sewer systems throughout the country, which will be gradually assumed taking into account convenience and availability of resources. The systems currently administered and operated by municipal corporations may continue to be in their charge, as long as they provide efficient service. (…) The institution is empowered to agree with local bodies on the administration of such services or to administer them through administrative boards of mixed integration between the Institute and the respective communities, whenever this is suitable for the better provision of services and in accordance with the respective regulations. For the same reasons and with the same characteristics, regional administrative boards involving several municipalities may also be created;” For its part, the Ministry of Health, within the scope of its competencies, is also directly obligated to act in this matter. In that sense, Article 289 of the General Health Law, regarding sewer system matters specifically, provides the following: "Every sewer system shall be under the technical control of the Ministry and the Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, and private or public legal entities that build, administer, and operate them shall be subject to the norms that the Executive Branch, in consultation with the Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, dictates to condition their construction, operation, and the final evacuation and treatment of effluents." In accordance with this law, the Minister of the branch is responsible for dictating the technical health norms, to which individuals or legal entities under private or public law must adhere, in matters where the law itself requires it, among which, without a doubt, is that relating to sanitary sewer systems (…)” In accordance with the above and regarding the condition of the treatment plant and sanitary sewer system in the central district of Palmares, the anthropogenic contamination in streams and rivers in Jacó, and that relating to water sanitation, these are matters that exceed the competencies of this Ministry; therefore, it is up to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as the respective Municipalities, to address those claims. Now, through Law number 9723 of August 14, 2019, Loan Agreement number 28568 to Finance the Sanitation Program in Priority Zones was approved, entered into between the Republic of Costa Rica and KFW Bank Frankfurt am Main (hereinafter KFW), for an amount of up to exactly seventy-nine million two hundred seventy-eight thousand five hundred ninety-one euros (EUR 79,278,591.00), which in point 1.2 establishes: “(…) AyA and KfW shall establish by separate agreement (“Separate Agreement”) the details of the Program and the eligible projects, as well as the works, goods, and services to be financed with the Loan.” By reason of the foregoing, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and KfW established, by Separate Agreement between both parties, the details of the Program and the eligible projects, as well as the works, goods, and services to be financed with the Loan, to establish sanitation measures in priority zones; therefore, Loan Agreement No. 28568 does not contain such authorization for the construction of treatment plants and their respective sanitary sewer systems as erroneously indicated; both the works and the progress in disbursements to carry out the works are activities specific to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and KFW Bank, which approves them. Regarding official communication number MH-DM-OF-1303-2023, it is important to clarify that its scope does not correspond to the cancellation of a Program, but rather to the coordination of the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation and other activities associated solely with the financing; a request resulting from the statements of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados regarding the impossibility of completing, in quantity and scope, the projects initially agreed upon with KFW for the loan agreement amount. Furthermore, the Ministry of Finance, representing the Government and in its capacity as Borrower of KfW Loan Agreement 28568, informed the executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that it would proceed, in accordance with clause 3.5 of the Loan Agreement, to notify the waiver of the disbursement of loan resources not yet requested. As recorded in the indicated official communication, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados affirmed that it could only undertake, not in their entirety but with a reduced scope, two of the initial projects, because investment costs increased almost threefold, rising from EUR 65.3 million (excluding VAT) to EUR 168.5 million (excluding VAT); however, for this it would require a significant extension of the loan disbursement period, from 2024 to the year 2027, despite the fact that on September 27 it will already reach its fourth year of execution and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados had disbursed, as of July 2023, only 0.04% of the loan funds and has no progress to date in terms of the planned works, which generates considerable costs for the public treasury. Thus, it is fair to conclude that the petitioner's assessment is incorrect in the sense that the Ministry of Finance ordered the closure of the Program, given that it forms part of the substantive functions of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, over which the Ministry has no interference. Likewise, it is imperative to clarify that the budget for the projects in the communities indicated is not being eliminated, as it is the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that is responsible, according to its legal authorizations as an autonomous institution, and its technical criteria, for determining which projects to budget. Furthermore, the waiver of the disbursement of the amounts not yet requested from the loan is not based on scarce arguments, as there are multiple and solid measurable technical facts that demonstrate that the Program's financing through the credit operation has been characterized by critical performance during most of its execution, let us see: • Nearing its fourth year of execution, the Program had disbursed, as of July 2023, only 0.04% of the loan funds, and still today has no progress to date in terms of the planned works; there is not even any tender published or awarded regarding the actual development of works). • Due to multiple problems presented during its execution (pre-investment weaknesses, need to develop and expand various studies, identification of flood-prone areas, delays in the design of the Treatment Plants, delays in the design of the terms of reference for the tenders, outdated cost base and high cost overruns in the works as planned, scarce installed capacity, among others), this Program suffered a significant reduction in its scope by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, indicating that it would go from the 4 initial projects agreed upon in the aforementioned Separate Agreement, to just 2, and these, with a reduced scope compared to the one originally proposed. • That these two works with reduced scope would begin their construction only in March 2025, despite the fact that this Program began its execution on September 27, 2019, once Law 9723 approving the cited Loan Agreement with KfW was promulgated in La Gaceta. • The Ministry of Finance, in the interest of transparency and accountability, has made available to citizens through the ministerial website, information related to the execution of external credits that finance various public investment Programs/projects, which shows that the Program has been facing a series of delays, problems, and stagnation for several years, given the limited execution capacity of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados that have led to its critical performance situation, with very poor progress to date. • On this particular point, since the first semester of 2021, the Program has been presenting critical performance, from which it has not been able to recover and, rather, this condition has accentuated over the years, despite the efforts made by this Ministry to urge the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to execute said Program and the credit that finances it with efficiency and effectiveness. As proof of the foregoing, there are the official communications that have been addressed to various heads of the cited Institute to warn of these situations and request prompt solutions for the execution. In that sense, there is official communication number DM-1219-2021 of November 11, 2021, addressed to Mr. Tomás Martínez, Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, with which this Ministry expressed its concern regarding the Program's performance, the evident and significant delays already shown at that time, including that relating to one of the main contracts required for the Program's execution, which was the contracting of the Implementation Consultant (IC) and the increase in the deadlines for receiving offers, which generated constant re-planning, both in financial aspects (payments to be made) and in the activity schedule. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was also told that the type of situations shown for the particular case with KFW were considered relevant because they had also been evidenced in other similar Programs of the Institution, generating uncertainty regarding the effectiveness and efficiency with which the lessons learned generated in the Programs/projects of the Institute's Portfolio in execution and finalized were being applied. Subsequently, the void declaration of the company Pre-qualification contest implied that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados then made the decision to restart the contracting processes, but individually (per project). Therefore, concern was expressed about the deadline that, from that moment, the cited Institute already estimated it would require additionally to conclude the Program, which was 24 additional months. Even regarding the works of the Golfito, Palmares, and Jacó WWTP, the Institute was urged to continue coordinating the necessary communication spaces with stakeholders and key personnel, to allow it to optimize and improve stakeholder management, in such a way that strategic alliances were made, as well as the agreements required to guarantee a timely start of the works, minimizing any setback with their development. This Ministry, in its capacity as Borrower of KfW Loan Agreement 28568, pointed out that it was urgent and necessary for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados as the Executing Entity to coordinate the necessary efforts to remedy its problems in order to make adequate progress in the Program's execution and minimize future impacts on the execution schedule, in such a way as to allow its completion within the contractually established period and without generating cost overruns. Thus, the Ministry of Finance remained attentive to the communication of the actions that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados would be implementing to improve and strengthen the Program's management, so that they would promote and reflect better execution indicators in the short term, which never materialized. In line with the foregoing, through official communication number MH-DM-OF-2702-2022 of November 9, 2022, addressed to Mr. Roberto Guzmán Gutiérrez, Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados at that time, concern was expressed about the critical performance shown by the Program, where as of that date no disbursement of the financing had been made, and the physical progress of the Program was 18.22%, progress that represented less than 1% in the last year. By then, other elements that continued to be critical were indicated: 1) The start order for the activities assigned to the Implementation Consultant had been given only in August 2022; 2) The inter-institutional agreement with INCOFER, which was fundamental for the development of the Golfito treatment plant, had not been finalized; 3) There was no clarity on the pre-investment for other Program works and 4) Despite the fact that the contracting of works had not begun, cost overruns in their execution were already identified. Likewise, the urgency of taking advantage of the KFW mission, to be held in the same month of November 2022, was stated, so that jointly AyA-KfW could design an acceleration plan for activities and works to mitigate the impact of the 24 months of delays suffered in the Program, and that in turn the Institute prioritize its projects and resources to guarantee adequate financing of the Program's scopes while also conducting adequate planning to allow the mitigation of future risks and new sources of delay. The Institute was also requested that, once the KFW mission was concluded, the action plan agreed upon between the Bank and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be presented to this Ministry, to resume the Program's execution path, reduce the existing delay, and manage the risks that could affect it. However, through official communication number MH-DM-OF-0143-2023 of February 2, 2023, addressed to Mr. Alejandro Guillén Guardia, Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, this Ministry had to send a reminder to the Institute for the presentation of the Action Plan that had been requested in November 2022 in official communication MH-DM-OF-2702-2022, a request motivated by its critical state of affairs. Likewise, it was stated that the Public Credit Directorate of this Ministry had requested said Plan from the Program Executing Unit on various occasions; given that said Unit had indicated that the definition of lines of action by the Senior Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was required to re-evaluate the Program's scope and the increase in its costs. Therefore, the Institute was told that the presentation of said plan was of great importance, given the critical performance results shown by the Program, where at that time, according to the Separate Loan Agreement Schedule, the works for the four sanitation projects showed an evident delay as they should have begun in July 2021, when the tenders would not be published until the second quarter of 2023. Additionally, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was informed that the fact of zero execution of loan resources as of December 31, 2022, was highly impactful on the Program's monitoring indicators, considering that its entry into force dates from September 2019. For the Ministry of Finance, the decision-making that the Program Executing Unit required and the presentation of the indicated action plan, establishing clear and precise planning to achieve its prompt acceleration and setting forth the activities, responsible parties, and compliance deadlines that would lead to definitively resolving, among others, the issue of the exponential increase in the total cost of the Program, was of special importance; however, the repeated requests were ignored. Everything described above has generated high costs for the country for commitment fees paid to KfW Bank. By virtue of the slowness and almost non-existent disbursement of credit resources, as of July 31, 2023, a total of US$860,462.94 had been paid in commitment fees, and only US$33,926.09 of the credit resources had been disbursed, which reflects a very significant disparity in both indicators, given that more than 25 times what the Bank has disbursed has been paid in such fees; that is, a very high financial cost for Costa Rica has materialized due to the non-use of the resources versus the actual utilization of the totality of those that KfW has made available for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to execute within the framework of the Program. Thus, the Ministry of Finance, in accordance with its competencies and legal authorizations and seeking the greatest benefit for the Republic of Costa Rica and safeguarding the public treasury, requested the coordination of the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation and other associated activities, solely to the financing that, very close to its four years after its approval, showed no progress but only disproportionate expenses in relation to the amounts disbursed by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; but at no time did it order the cancellation of a Program of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as its continuity is not even within its competencies, but rather within those of said autonomous institution. Having stated the foregoing, the appellant is incorrect in affirming that the Ministry of Finance ordered that the Quepos, Golfito, Palmares, and Jacó projects not be carried out, nor that it arranged to leave the Sanitation Program in Priority Zones without budgetary content, which would generate irreversible environmental damage harming the rights of people who have not even been born. For it is within the competencies of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to give continuity to the projects if it deems them necessary and to make the respective budget allocations to carry them out to their completion; likewise, it could not be considered feasible to allege the violation of constitutional articles 21, 50, and 89 by the Ministry of Finance when its legal competencies include the administration of public debt through a sustainable fiscal policy to contribute to stability and economic growth. Thus, the coordination of the corresponding actions to carry out the closure of a credit operation corresponds to technical-financial aspects concerning the operation's sustainability in accordance with the costs it represents and the expected progress thereof.

In this regard, in the Minutes of the Meeting dated June 22, 2023, held on the occasion of the KFW supervision mission, the following was stated: Extension of disbursement period: Uncertainty about the costs for the Borrower is mentioned in case the Borrower terminates the Loan Agreement or in the event of a possible extension, and the need to have projected information in this regard, in order to make decisions. It is highlighted that a concrete amount for each issue cannot be guaranteed at the time of the meeting. Despite this, for the Ministry of Finance it is indeed necessary to have the cited information to analyze realistic scenarios that support timely decision-making, and therefore it requests KfW to provide an estimate in this regard. (The bold text does not belong to the original) Information that, once reviewed from a technical standpoint and its implications assessed, led the Ministry of Finance to make the decision to request the closure of the credit operation, considering it beneficial to the interests of the State that this Ministry protects in accordance with its competencies. It is reiterated that the decision to shorten the scope of the projects from 4 to 2 with a reduced scope within the framework of the Program was a decision forged within the very bosom of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in which the Ministry of Finance had no interference whatsoever. Likewise, emphasis is placed on the fact that this Ministry did not in any way order the Program to be left without budgetary content; the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is technically and legally capable of carrying out the Program works with the resources it budgets for them. III. Petition. Under the protection of the reasons of fact and law set forth, I request that the amparo appeal filed by Mr. [Name 001] be dismissed, since this Ministry, within its competencies, has complied with the provisions of the regulations and has not violated the fundamental rights to Health, to a Healthy and Ecologically Balanced Environment, and the Protection of Natural Beauties.”

5.- By resolution of the instructing judge at 7:01 a.m. on September 20, 2023, the parties to the appeal were expanded and a report was requested from the Minister of Health.

6.- Mario Urcuyo Solórzano reports, in his capacity as acting Minister of Health. He states: “LEGAL REPORT. This report is based on official communication N° MS-DPRSA-USA-1996-2023 of October 2, 2023, issued by Eng. Eugenio Androvetto Villalobos, Director of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health, and Eng. Ricardo Morales Vargas, acting Head of the Environmental Health Unit; which indicates the following: “In response to your inquiry, we hereby indicate that this Directorate does not have the administrative or legal competence to resolve this matter, as what is expressly consulted concerns the boundaries for the proposed activity, an aspect that is contemplated in municipal regulations and the Construction Regulation (Reglamento de Construcciones), and there is no specific Ministry of Health regulation to govern industrial location. Having analyzed official communication MS-DRRSHN-DARSCQ-0301-2023 and Technical Report MS-DRRSHN-DARSCQ-IT-606-2023, it is the opinion of this Directorate that the nuisances are containable within the property, this being a site that the ARS interprets as industrial, classifying it as harmless or bothersome (inofensivo o incómodo), when conducting the legal analysis, a classification criterion for the activity with which we concur. It is worth mentioning that the Municipality of San Carlos, through Ruling DIC 59210 Municipal Location Resolution, approved the location; therefore, in accordance with Law 8220, specifically what is indicated in Article 3, it must be maintained, as it was granted for the activity described as the manufacturing of various metal and plastic materials. Likewise, the cited company, and for the described activities, was granted the Free Zone Regime through Agreement 268-2022, signed by the Presidency of the Republic, without prejudice to being subject to the rest of the health, environmental, labor, commercial, and tax legislation. A further matter of substance, and noted in official communication MS-DPRSA-USA-521-2023 on a similar case, is the reason why the Ministry provides the administered party with the “Location Permit Application” form, since there is no specific legal ordinance requiring it for the type of activity in question, given that Decree 43432-S only indicates in its Article 8 the following: “b. Location permit granted by the Ministry, only for those activities regulated through specific regulations: Executive Decree No. 32833-S of August 3, 2005 'General Regulation for Cemeteries'; Executive Decree No. 38928-S of November 14, 2014 'Regulation on sanitary landfills (rellenos sanitarios)'; Executive Decree No. 39136-S-MINAE of June 15, 2015 'Regulation on operating conditions and emission control of installations for co-incineration of ordinary solid waste'; Executive Decree No. 39887-S-MINAE of April 18, 2016 'Regulation for the approval of wastewater treatment systems' and Executive Decree No. 33724-COMEX-MEIC-S of January 8, 2007, through which Resolution No. 176-2006 (COMIECO-XXXVIII) is published.” The interpretation and procedure that this Directorate has usually followed or recommended that the Governing Areas (or their Regional support) follow is that the Ministry only classify the activity (harmless, bothersome, unhealthy, or dangerous) according to the Regulation on Industrial Hygiene, Executive Decree No. 11492-SPP, and that the respective Municipality establish matters related to land-use (uso del suelo).

Considering that the legal analysis conducted by the Huetar Norte Region and the Rectorate Area is also sound in its comprehensive interpretation of health, industrial safety and hygiene, and construction legislation, this Directorate recommends that these regional and local levels be the ones to alert or consult the Municipality regarding the inconsistencies detected between the construction and location permits granted by the local government; and that they abide by what the latter subsequently resolves." CONCLUSIONS. It is considered proven, through the content of official communication N° MS-DPRSA-USA-1996-2023 of October 2, 2023, cited above, that all due diligence has been performed by the authorities of the Ministry of Health to address what was requested by this Constitutional Chamber. EVIDENCE. A duly certified copy of the indicated documents is submitted. PRAYER FOR RELIEF. By virtue of the foregoing, we respectfully request that this Constitutional Chamber deem the request made through the resolution issued at seven hours and one minute on September twenty-ninth, two thousand twenty-three, as fulfilled, since a timely and proper response has been provided to what was required."

7.- By resolution of the instructing magistrate at 15:05 hours on October 19, 2023, the parties to the appeal were expanded and a report was requested from the mayors of Golfito, Quepos, and Garabito.

8.- Jong Kwan Kim Jin reports, in his capacity as mayor of Quepos. He states: "FIRST: That in my capacity as legal representative of the Municipality of Quepos, the local government of this canton, on behalf of all the residents of this honorable community, I express total and absolute support. Likewise, I join the statements of the appellant [Name 001], identification card number 2-0365-0227. SECOND: That this city indeed lacks a treatment plant where blackwater is given adequate treatment, and this certainly represents a public health problem that must be addressed urgently and for which this canton has waited years for a response; however, no positive action has been obtained from the competent authorities. THIRD: That Quepos was indeed included in the Sanitation Program in Priority Zones, with the objective of finally executing the construction of a treatment plant and sanitary sewer system. However, in an arbitrary manner, violating constitutional rights, they suggested removing Quepos from the list of the 4 communities benefiting from the project, to ultimately decide to cancel the entire program and remove the budget and financing that had already been allocated for this very important purpose for 4 beneficiary communities. FOURTH: That as recorded in the case file, in Official Communication MH-DM-OF-1303-2023 from the Ministry of Finance dated August 16, 2023, after previous meetings held between the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Ministry of Finance, this governmental entity, representing the government, decided, without technical criteria to support such a decision and showing zero interest in the needs that the residents of this canton face daily—especially this area, which has serious flooding problems and lacks a treatment plant—to close the Sanitation Program in Priority Zones. FIFTH: That it is absolutely reprehensible that, through an arbitrary decision by high-ranking officials, such an important project is eliminated, since our community urgently needs the construction of a treatment plant and sanitary sewer system. Continuing to postpone this project represents a time bomb, because in the future, the public health problem will inevitably become unsustainable, and it is a lesser expense to address the treatment of these waters now than to address a series of diseases in the future that will result in the deaths of many living beings, both human beings and animals, as well as marine flora and fauna." He requests that the appeal be dismissed.

9.- By document incorporated into the digital case file on October 27, 2023, Juan Pablo Morera, in his capacity as representative of the Cámara de Comercio, Industria, Turismo y afine de Palmares (Chamber of Commerce, Industry, Tourism, and Related Activities of Palmares), files a request for active joinder. He states: "FIRST: I request that we be considered active coadjuvants in this amparo. We base our request on diffuse interests and the right to a healthy environment contemplated in constitutional norm 50. SECOND: We consider, based on a criterion of environmental social responsibility, that it is our duty to request that this amparo be granted and that the respondents be compelled to build the respective treatment plants and sanitary sewer systems. We place special emphasis on the plant for Palmares de Alajuela, as we are residents of this canton, and there is a constitutional vote dating back 20 years that orders the necessary infrastructure to be built for the protection of future generations. THIRD: It is perfectly clear that the situation where a program that helps finance treatment plants and sanitary sewer systems is dismantled or disarticulated should not be permitted by this Chamber, as it damages river ecosystems and even the sea itself. Although our constitutional norm 50 does not speak of sanitation as a fundamental human right, this Chamber has recognized it as such, and we request that this be ordered. The protection we point out emanates from constitutional norms 21 and 50 definitively, and it is fundamental that the criterion prevails where the environment, life, quality of life, and ecosystems come first, otherwise we would do a great disservice to our children and their children. FOURTH: We consider it fundamental that this Chamber weigh that within the SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, principle 6 stands out, which says: 'Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.' By the way, this goes hand in hand with the in dubio pro aqua principle, and under those parameters, we ask that the amparo be found with merit in all its terms. Every day that passes without treatment plants, we further compromise the planet, as polluted waters continue to flow from the upper basins of Palmares to the sea, and this must be analyzed and contemplated in your vote for this amparo. Truthfully, saying that 'efforts are being made' to get the projects moving is simply a hollow argument that should not be heard by you, as environmental human rights are at stake, and we request that this be ordered. Stating, as the respondents do, that the treatment plant projects will not be completed because of withdrawing from the loan with KFW Frankfurt am Main Bank is a very dangerous argument that generates uncertainty, and the fact that the respondents from the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS were not responsible and diligent is not something that justifies limiting the financing of the Sanitation Program in Priority Zones; quite the contrary, we consider it essential to order that it is urgent for the State, with all its institutions, to work more strongly to materialize the treatment plants and sanitary sewer systems, especially that of Palmares, where we have been waiting 20 years for prompt and complete environmental justice. We request that the criteria established by the Ministry of Finance ordering the termination of the KFW Frankfurt am Main Bank operation be deemed vitiated by unconstitutionality. We request that it be declared irrational and violating the principle of progressivity to have issued a criterion that leaves the treatment plant and sanitary sewer system projects of the 4 localities without financing. And we could not conclude without noting that we are at a planetary environmental crossroads, where we must not stop to restrict the financing of 4 vital projects; therefore, we request that the amparo be granted."

10.- Freiner Lara Blanco reports, in his capacity as mayor of Golfito. He states: "FIRST: The undersigned, in my capacity as municipal mayor and as responsible for the health well-being of the population of this canton of Golfito, expresses my absolute support for the statements made by the appellant. SECOND: The canton of Golfito lacks a treatment plant in which adequate treatment is given to blackwater, the foregoing being a complete violation of the right to a healthy and balanced environment, also representing a transgression of the universal right to public health. THIRD: That the arbitrary action of high-ranking officials to eliminate this project of such great importance is completely out of place and grotesque against the community, which has the great urgency for the construction of a treatment plant and sanitary sewer system. The lack of a plant puts the health of many populations at risk; for the foregoing, this representative of the Canton of Golfito requests that the present appeal be granted and that the respondents be compelled to build a treatment plant and sanitary sewer system."

11.- Tobías Murillo Rodríguez reports, in his capacity as mayor of Garabito. He states: "SOLE: Notified of the Amparo under case file No. 23-021589-0007-co, we proceed to respond as follows, in order to address what was requested by the appellant: • A report is submitted on the case in question, regarding the construction of treatment plants and their respective sanitary sewer systems in the Canton of Garabito. This will show that through AME-530-2023-TM, dated September 26, 2023, this Mayor, seeking to solve this problem for our community, sent a request to the President of the Republic. From which two responses from AyA derive, under instruction from the President of the Republic Rodrigo Chaves Robles." He requests that the appeal be dismissed.

12.- By resolution at 15:58 hours on July 9, 2024, the proceeding was expanded, and a hearing was given to the Mayor of the Municipality of Palmares.

13.- Andrés Vargas Rodríguez reports under oath, in his capacity as Municipal Mayor of Palmares. He explains: "With respect to the water treatment plant for the canton of Palmares, the Municipality is in constant meetings with AYA officials, regional office of Palmares, in order to coordinate so that the project is developed, on the grounds that it is the competence of said institute to seek public funds for its construction; therefore, the Municipality of Palmares is waiting for AyA to submit the construction project for approval, as dictated by Article 118 of the Construction Law 'ARTICLE 118. Wastewater treatment Wastewater must be treated and disposed of in a sanitary sewer system, septic tank, or a treatment system that complies with the provisions of the Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamientos de Aguas Residuales, Decreto Ejecutivo N°39887-SMINAE and its reforms or the regulations that replace it. Discharging wastewater into the stormwater sewer system is prohibited. Furthermore, the responsible professional must comply with the provisions established by the CFIA in the CIHSE.' He cites judgment No. 2021002888 at 9:30 on February 26, 2021. He adds that according to: '(...) as dictated by the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in its Article 1°, it is the responsibility of said institute "to set policies, establish and apply norms, carry out and promote the planning, financing, and development of, and to resolve everything related to the supply of drinking water and the collection and disposal of blackwater and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspect of stormwater sewer systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is created as an autonomous institution of the State."\n\n  In the same sense, section 2 establishes the legal functions that the constituent assigned to AyA, namely:\n\n"a) To direct and oversee everything concerning the provision to the inhabitants of the Republic of a service of drinking water, collection, and disposal of blackwater and liquid industrial waste and stormwater in urban areas;\n\nb) To determine the priority, convenience, and viability of the different projects proposed for constructing, reforming, expanding, or modifying aqueduct and sewer works, which may not be executed without its approval;\n\nc) To promote the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water pollution (...);\n\ng) To directly administer and operate the aqueduct and sewer systems throughout the country, which will be assumed taking into account the convenience and availability of resources. The systems currently administered and operated by municipal corporations may continue under their charge, as long as they provide efficient service.\n\nUnder no circumstances may it delegate the administration of the aqueduct and sanitary sewer systems of the Metropolitan Area.\n\nNor may it delegate the administration of systems for which there is financial responsibility, and while this corresponds directly to the Institute.\n\nThe institution is empowered to agree with local bodies on the administration of such services or to administer them through administrative boards of mixed integration between the institute and the respective communities, whenever this is agreed upon for the better provision of services and in accordance with the respective regulations. For the same reasons and with the same characteristics, regional administrative boards involving several municipalities may also be created,\n\n(...)\n\ni) To construct, expand, and reform the aqueduct and sewer systems in those cases where it is necessary and where it is advisable for the better satisfaction of national needs; and\n\nj) To control the adequate investment of all resources that the State allocates for aqueduct and sanitary sewer works." As can be observed, the legal competence to construct sanitary sewer systems for the treatment of the canton's blackwater or sewage belongs to AyA.\n\nTHIRD: To comply with what was ordered in case file 02-007756-0007-CO, by resolution at fourteen hours thirty minutes on February third, two thousand fifteen, regarding the Municipality of Palmares, it was ordered: "(...) to take the necessary action so that, within the non-extendable term of one year counted from the notification of this resolution, the Plan Regulador (Master Plan) of the Canton of Palmares is provided to this Institute, so that within the following three and a half years the blackwater and residual water treatment system of the canton of Palmares is completed," on March 27, 2023, at ten hours fourteen minutes, Arch. Silvia Carazo Angulo, Acting Head of the Municipal Engineering Department, sent via electronic mail to the representatives of the Institute of Aqueducts and Sewers of the canton of Palmares, Messrs. Pedro Barrantes Ramírez, Head of the Cantonal Office of Palmares, Melvin Castro González, Director of Operation and Maintenance Central West Region, and Tatiana Vindas Valerio, Engineer of Operation and Maintenance of the Central West Region, official communication MP-DU-108-2023, delivering the hydrogeological variable that forms part of the Plan Regulador process of the Canton of Palmares, thus fulfilling the delivery of the required input so that said Institute can complete the blackwater and residual water treatment system of the canton of Palmares, in accordance with the 2021-2026 Sanitation Investment Plan of AYA.\n\nThe hydrogeological study conducted, as stated in section 1.1 Justification, constitutes the input and arises from a need to generate technical knowledge on topics related to the availability, quality, and vulnerability of the underground water resource, so that decision-making institutions have more technical-scientific information.\n\nThus, on the part of the Municipality of Palmares, there is no document required by AyA pending for this Institute to complete the blackwater and residual water treatment system of the canton of Palmares, since the remaining applicable legal regulations are those respective to construction procedures, regulated by the Construction Law and its respective regulations, which are of national scope, to which both public institutions are subject" (...)\n\nPETITIONS: Therefore, having delivered by the Municipality of Palmares the hydrogeological variable of the Plan Regulador process, which was required by AyA to complete the blackwater and residual water treatment system of the canton of Palmares, I request that what was ordered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice be deemed complied with on behalf of my represented party." He requests that the appeal be dismissed.

14.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and,

Considering:

I.- SUBJECT MATTER OF THE APPEAL. The appellant states that there is no treatment plant or sanitary sewer system in the central district of Palmares (a situation known in case file No. 02-007756-0007-CO). He indicates that in Garabito, specifically Jacó, the situation is similar to that of Palmares, as citizens are affected by significant anthropogenic pollution in their streams and rivers, bringing death to river life and health problems to the residents, and to the riverine and marine ecosystems. He comments that, apparently, water sanitation has never been a priority for the respondents. Faced with this problem, the communities of Golfito, Quepos, Jacó, and Palmares had been included in the Sanitation Program in Priority Zones, thus authorizing the construction of treatment plants and their respective sanitary sewer systems. However, he complains that the Minister of Finance, through official communication MH-DM-OF-1303-2023 dated August 16, 2023, communicated the cancellation of the program to the Executive President of the Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA). He adds that the elimination of the budget and financing for the projects of the 4 communities was made under the crude argument that there is a lack of promptness in materializing the works and obtaining the necessary enabling acts. Part of the argument is even that the president of the ICAA requested the Minister of Finance to remove the Quepos and Golfito projects from the schedule of activities and financing, wanting to leave only Palmares and Jacó. He complains that none of the 4 projects will be carried out by order of the Minister of Finance, who ordered the Sanitation Program in Priority Zones to be left without budgetary content, an issue that leads to the irrational closure of the materialization of all the works in the 4 cities. He accuses that the actions of the respondent authorities violate constitutional provisions 21, 50, and 89, as a period of unbridled and irreversible environmental damage will begin, harming the rights of people who have not even been born. He requests that the appeal be granted and that the respondents be ordered to take the pertinent actions to activate the source of financing for the treatment plant and sanitary sewer system projects of Palmares, Jacó, Quepos, and Golfito.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided in the initial order:

Regarding the treatment plant and sewer systems of the Municipality of Palmares:

a) In an amparo appeal filed by [Name 001] against the Municipality of Palmares and the Ministry of Health, processed under case file number 02-007756-0007-CO, the same facts reported for the lack of water treatment in the community of Palmares were acknowledged. It was ordered by judgment No. 2003-001431 at 00:00 hours on February 21, 2003: "POR TANTO: THE APPEAL IS GRANTED. IT IS ORDERED TO JORGE ISAAC VASQUEZ PÉREZ, IN HIS CAPACITY AS MUNICIPAL MAYOR OF PALMARES, AND TO HEIDI RAMIREZ SANCHEZ, LUIS CARLOS ARAYA BADILLA, CORALIA PACHECO MOREIRA, OLDEMAR SEGURA RODRIGUEZ, AND MIGUEL ÁNGEL VASQUEZ, IN THEIR CAPACITY AS COUNCILORS OF THE MUNICIPALITY OF PALMARES, AND TO EVERARDO RODRIGUEZ BASTOS, IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, OR TO WHOEVER HOLDS THEIR POSITIONS IN THEIR STEAD, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, THAT WITHIN THE NON-EXTENDABLE TERM OF TWELVE MONTHS COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, THEY UNDERTAKE THE CONSTRUCTION OF A BLACKWATER TREATMENT PLANT FOR THE ENTIRE LOCALITY OF PALMARES, FOR WHICH THE SUBMISSION OF AN environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) TO SETENA MUST BE INCLUDED. IN THE SAME TERMS, THESE AUTHORITIES ARE ORDERED TO EARMARK, WITHIN THEIR BUDGETS, THE NECESSARY ITEMS FOR THE CONSTRUCTION OF THE REFERRED TREATMENT PLANT, AND TO PROVIDE THE APPELLANT WITH A NOTE DETAILING THE BUDGET TO BE ALLOCATED TO THAT END, AND A SCHEDULE OF ACTIVITIES, IN ORDER TO MONITOR COMPLIANCE WITH THE CONSTRUCTION STAGES; ALL OF THIS, ON THE UNDERSTANDING THAT THEY MUST FINISH THE INDICATED TASK WITHIN A REASONABLE TERM, WHICH MAY NOT EXCEED TWO YEARS. FURTHERMORE, IT IS ORDERED TO EDUARDO LOPEZ CARDENAS, IN HIS CAPACITY AS ACTING MINISTER OF HEALTH, OR TO WHOEVER HOLDS HIS POSITION, UNDER PENALTY OF DESOBEDIENCE, TO COORDINATE EFFORTS WITH THE OTHER RESPONDENTS AND TO SUPERVISE THAT THE MENTIONED TREATMENT PLANT IS BUILT IN ACCORDANCE WITH HEALTH REGULATIONS. THE MAYOR AND THE COUNCILORS OF THE MUNICIPALITY OF PALMARES, OR WHOEVER HOLDS THEIR POSITIONS, ARE ORDERED, UNDER PENALTY OF DESOBEDIENCE, TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE SANITARY PROBLEM CAUSED BY THE PALMARES MUNICIPAL MARKET, WITHIN THE NON-EXTENDABLE TERM OF TWO YEARS, AND EDUARDO LOPEZ CARDENAS, IN HIS CAPACITY AS ACTING MINISTER OF HEALTH, OR TO WHOEVER HOLDS HIS POSITION, UNDER PENALTY OF DESOBEDIENCE, IS ORDERED TO CLOSE THE PALMARES MUNICIPAL MARKET, IF THE PROBLEM AT HAND IS NOT CORRECTED WITHIN THE INDICATED TERM" (see case file number 02-007756-0007-CO, brought ad efectum videndi et probandi).

b) By interlocutory resolution 2023006228 at 9:15 hours on March 17, 2023, issued in case file 02-007756-0007-CO, this Chamber ordered: "The disobedience complaint is partially granted, solely regarding the order issued related to the construction of a blackwater treatment plant for the Canton of Palmares. Katerine Ramírez González and Filadelfo Sancho, in their order as Mayor and President of the Municipal Council, both of the Municipality of Palmares, Alexei Carrillo Villegas, in his capacity as Minister of Health, and Alejandro Guillén Guardia, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds said positions in their stead, are reiterated the compliance with what was ordered by this Chamber in judgment No. 2003-001431 at 00:00 hours on February 21, 2003. The foregoing, under the warning of ordering the opening of a disciplinary administrative procedure, based on the provisions of Article 53 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in case of not doing so, and also, of certifying documents to the Public Ministry as provided in Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Regarding what was ordered concerning the Palmares Municipal Market, the formulated complaint is denied. Notify." (see case file number 02-007756-0007-CO, brought ad efectum videndi et probandi).

c) On March 27, 2023, Arch. Silvia Carazo Angulo, Head of the Municipal Engineering Department of Palmares, sent via electronic mail to the representatives of the Institute of Aqueducts and Sewers of the canton of Palmares, Messrs. Pedro Barrantes Ramírez, Head of the Cantonal Office of Palmares, Melvin Castro González, Director of Operation and Maintenance Central West Region, and Tatiana Vindas Valerio, Engineer of Operation and Maintenance of the Central West Region, official communication MP-DU-108-2023, delivering the hydrogeological variable that forms part of the Plan Regulador process of the Canton of Palmares, an input required so that said Institute can complete the blackwater and residual water treatment system of the canton of Palmares, in accordance with the 2021-2026 Sanitation Investment Plan of AYA (report of the Mayor of Palmares).

Regarding the treatment plant and sewer systems of Jacó, Quepos, and Golfito

d) Through Law number 9723 dated August 14, 2019, Loan Contract No. 28568 to finance the sanitation program in priority zones, signed with KFW Frankfurt am Main Bank (hereinafter KFW), was approved, published in Scope 210 of Gaceta 183 of September 27, 2019. Said Program consists of four components, to build the infrastructure works in four cities of Costa Rica, which have been chosen as priorities according to various technical selection criteria involving, among others, the impact on the beneficiary population, the environmental and economic impact of the project, which are: Palmares, Jacó, Quepos, and Golfito. It is provided that in each of them, infrastructure works for wastewater sanitation will be built, including the construction of the sewer system, the water collection network, a treatment plant, and, in the case of the city of Palmares, a Center for Research and Training in Sanitation Technologies. (see report of the Ministry of Finance and the Legislative Assembly portal: Archivo_Leyes - Contrato de préstamo N° 28568 para financiar... (asamblea.go.cr)).

e) On various occasions between the period from 2021 to 2023, the Ministry of Finance asked AyA to proceed to coordinate the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation with the KFW bank and other activities associated with the Project, because it determined there is critical performance by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in the execution of the program. The Ministry of Finance expressed concern regarding the Program's performance, the evident and significant delays shown at that time, including matters relating to one of the main contracts required for the execution of the Program, such as the contracting of the Implementation Consultant (CI) and the increase in the deadlines for receiving offers, which generated constant re-planning, both in financial aspects (payments to be made) and in the schedule of activities. It was also expressed to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers that the type of situations shown in the particular case with the KFW were considered relevant because in other similar Programs of the Institution they had also been evidenced, generating uncertainty regarding the effectiveness and efficiency with which the lessons learned from the Programs/projects in the Institute's portfolio, both in execution and completed, were being applied. After that, the Declaration that the company Pre-qualification process was deserted implied that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers later made the decision to restart the contracting processes, but individually (by project). Therefore, concern was raised about the additional time that the cited Institute already estimated it would require to conclude the Program, which corresponded to 24 additional months (see report).

f) Regarding the works to be developed in Golfito, Palmares, and Jacó, the Ministry of Finance urged AyA to continue coordinating the necessary communication spaces with interested parties and with key personnel, which would allow it to optimize and improve the management of those involved, in such a way that the strategic alliances, as well as the agreements required to guarantee a timely start of the works, are created, minimizing any setback with their development (see report).

g) Through official communication number MH-DM-OF-2702-2022 dated November 9, 2022, addressed to Mr. Roberto Guzmán Gutiérrez, Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers at that time, concern was expressed about the critical performance shown by the Program, where, as of that date, no disbursement of the financing had been made, and the physical progress of the Program was 18.22%, progress that represented less than 1% in the last year.

At that time, other elements that continued to be critical were indicated: 1) The notice to proceed for the activities assigned to the Implementation Consultant had barely been given in August 2022; 2) The inter-institutional agreement with INCOFER, which was fundamental for the development of the Golfito treatment plant, had not been finalized; 3) There was no clarity regarding the pre-investment for other works of the Program; and 4) Despite the fact that the contracting of works had not yet begun, cost overruns in their execution were already identified. Likewise, the urgency of taking advantage of the KFW mission, which would take place in that same month of November 2022, was expressed, so that jointly AyA-KfW could design an acceleration plan for activities and works that would allow mitigating the impact of the 24 months of delays suffered in the Program and so that, in turn, the Institute would prioritize its projects and resources to guarantee adequate financing of the Program's scopes and at the same time carry out adequate planning to allow the mitigation of future risks and new sources of delays. Also, the Institute was requested that, once the KFW mission was concluded, the action plan that had been agreed upon between the Bank and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) be presented to this Ministry, to resume the Program's execution path, reduce the existing delay, and manage the risks that could affect it.

h)    By official letter number MH-DM-OF-0143-2023 dated February 2, 2023, addressed to Mr. Alejandro Guillén Guardia, Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Ministry of Finance had to send a reminder to the Institute for the presentation of the Action Plan that had been requested in November 2022 in official letter MH-DM-OF-2702-2022, a request motivated by its critical state of affairs. Likewise, it was stated that the Public Credit Directorate of this Ministry had requested said Plan from the Program Executing Unit on various occasions; given that said Unit had indicated that the definition of lines of action by the Senior Administration of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers was required to reassess the scope of the Program and the increase in its costs. Therefore, the Institute is informed that the presentation of said plan is of great importance, given the critical performance results shown by the Program, where at that time, according to the Schedule of the Separate Loan Agreement, the works of the four sanitation projects showed an evident delay since they should have started in July 2021, while the tenders would not be published until the second quarter of 2023.

i)      Additionally, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers was informed that the fact of zero execution of loan resources as of December 31, 2022, had a high impact on the Program's monitoring indicators, considering that its entry into force dates back to September 2019. For the Ministry of Finance, the decision-making that the Program Executing Unit required and the presentation of the indicated Action Plan, where it would establish clear and precise planning to achieve its prompt acceleration and set forth the activities, responsible parties, and compliance deadlines that would lead to definitively resolving, among others, the issue of the exponential increase in the total cost of the Program, was of special importance; however, the repeated requests were ignored. (Report of the Minister of Finance)

j)      By official letter number MH-DM-OF-1303-2023 of August 16, 2023, the Ministry of Finance requests AyA to coordinate the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation and other activities associated solely with the financing; a request that stems from the statements of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers regarding the impossibility of completing, in quantity and scope, the projects initially agreed upon with KFW with the amount of the loan contract (see Report of the Minister of Finance).

k)    Given the changes in the treatment plant construction projects, AyA determined the proposal for the execution of the Jacó and Palmares projects, with a scope consistent with the available resources. However, when the Ministry of Finance, through note MH-DM-OF-1303-2023 of August 16, requested AyA to proceed to coordinate the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation and other activities associated with it, the Executive Presidency of AyA is in the process of constructing a risk analysis, implications, and actions to be developed, from a legal, financial, technical, and environmental point of view, that facilitate the proposal of other alternatives and the definition of a feasible financing strategy to allow the achievement of the program (AyA report).

III.- ON THE COLLECTION, TREATMENT, AND FINAL DISPOSAL OF BLACK WATERS (AGUAS NEGRAS). To effectively comply with the protection of a healthy and ecologically balanced environment, the State, understood in a broad sense, has the duty to provide the necessary measures so that timely and effective treatment of black waters is provided in the country's communities. In that sense, this Constitutional Court has been of the opinion that both the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipalities, and the Ministry of Health are responsible—within their respective areas of competence—for ensuring the proper collection, treatment, and final disposal of such waters. Thus, in the specific case of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, its own Constitutive Law—Law No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms—provides the following:

"Article 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of potable water (agua potable) and the collection and evacuation of black waters and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm sewer (alcantarillado pluvial) systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is created as an autonomous institution of the State."

Therefore, said institution is responsible, in accordance with the provisions of Article 2 of that same regulatory body "(…) Directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection, and evacuation of black waters and liquid industrial waste and stormwater in urban areas (…)". Similarly, the General Health Law (Ley General de Salud)—Law No. 5395 of October 30, 1973—provides, in its Article 2, that the Executive Branch, through the Ministry of Health, is responsible for the definition of the national health policy, the planning and coordination of all public and private activities relating to health, as well as the execution of those activities that fall within its competence according to the law. Likewise, Article 341 of the referred law establishes, within the powers of the Ministry of Health, that of ordering and taking the special measures that this regulation enables to prevent risk or harm to the health of persons or that these spread or worsen, and to inhibit the continuation or recurrence of the infringement by private parties. Regarding the specific topic, the General Health Law, in its Book 1, Title 3, Chapter 3, "Of the obligations and restrictions for the sanitary evacuation of excreta and wastewater (aguas servidas)," provides—as pertinent—the following:

"Article 285.- Excreta, black waters, wastewater, and stormwater must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural sources of water for human use and consumption, the formation of breeding grounds for vectors and diseases, and the contamination of the air through conditions that threaten its purity or quality." (The highlighting is not part of the original).

"Article 287.- Every person, natural or legal, owner of dwellings or establishments or buildings where people carry out their activities, shall be responsible for ensuring that such properties have a system for disposing of excreta and black waters and wastewater approved by the Ministry, and the users of dwellings, establishments, or buildings shall be obliged to maintain said system in good working order."

"Article 288.- Every owner is obliged to connect the system for eliminating excreta, black waters, and wastewater from their property to the sanitary sewer (alcantarillado sanitario) in places where it is in operation, except in cases of exemption that the pertinent regulations recognize as applicable."

Likewise, from said regulations, the obligation of the Ministry of Health authorities to ensure the application and control of compliance with the provisions of that law and its regulations is inferred, without prejudice to the powers and obligations that special laws grant and impose on other public bodies or entities within their respective fields of action (Article 337). Thus, the different functions and obligations that the legal system imposes on the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Ministry of Health regarding the collection, treatment, and final disposal of black waters are corroborated. Functions and obligations that, moreover—and as already mentioned in the preceding recital (considerando)—must be exercised in a coordinated manner, to thus ensure administrative effectiveness and efficiency.

IV. Regarding the lack of a treatment plant (planta de tratamiento) for waste and black waters in Palmares. The petitioner claims that as of the filing date of this appeal, there is still no treatment plant for waste and black waters in various cantons. Concerning the appeal regarding the lack of infrastructure in the Canton of Palmares in particular, in the report given in this matter by the representative of AyA, he requests the Chamber to take into account the provisions of Ruling 03-01431 of 10:53 a.m. on February 21, 2003, which decided to grant the appeal filed on September 18, 2002, by the same petitioner [Name 002]. He recalls that on that occasion, this Chamber ordered the respondents, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Municipality of Palmares, as well as the Ministry of Health, to begin the procedures to build a treatment plant within a period of 12 months.

Indeed, in 2003, this Court ordered to that effect: "The appeal is GRANTED. Jorge Isaac Vásquez Pérez, in his capacity as Mayor of Palmares Municipality, and Heidi Ramírez Sánchez, Luis Carlos Araya Badilla, Coralia Pacheco Moreira, Oldemar Segura Rodríguez, and Miguel Ángel Vásquez, in their capacity as Council Members of the Municipality of Palmares, and Everardo Rodríguez Bastos, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds their positions, are hereby ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to, within the non-extendable term of TWELVE MONTHS counted from the notification of this judgment, arrange for the construction of a black water treatment plant for the entire locality of Palmares, for which purpose the presentation of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to SETENA must be included. Under the same terms, these Authorities are ordered to provide, within their budgets, the necessary allocations for the construction of the referred treatment plant, and to provide the petitioner with a note detailing the budget that will be allocated to that end, and a schedule of activities, so that compliance with the construction stages can be monitored; all this, on the understanding that they must complete the indicated task, within a reasonable term, which may not exceed TWO YEARS. Additionally, Eduardo López Cárdenas, in his capacity as Acting Minister of Health, or whoever occupies his position, is hereby ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to coordinate efforts with the other respondents and supervise that the mentioned treatment plant is built in accordance with Health regulations. The Mayor and the Council Members of the Municipality of Palmares, or whoever holds their positions, are hereby ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to provide a definitive solution to the sanitary problem caused by the Municipal Market of Palmares, within the NON-EXTENDABLE PERIOD OF TWO YEARS, and Eduardo López Cárdenas, in his capacity as Acting Minister of Health, or whoever occupies his position, is hereby ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to order the closure of the Municipal Market of Palmares, if the aforementioned problem is not corrected within the indicated period. The State, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of Palmares are condemned to pay the damages caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. The respondents are warned that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal (recurso de amparo), and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. Notify this resolution to ALL THE OFFICIALS MENTIONED IN THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT, or to whoever occupies those same positions in their place, IN PERSON.

Regarding this point, the Mayor of the Municipality of Palmares informs this Chamber that, at present, with respect to the water treatment project of that Canton, since March 27, 2023, Architect Silvia Carazo Angulo, Head of the Municipal Engineering Department of Palmares, sent via email to the Head of the Cantonal Office of Palmares, the Director of Operation and Maintenance of the Central West Region, and the Engineer of Operation and Maintenance of the Central West Region, all from the Institute of Aqueducts and Sewers of the canton of Palmares, official letter MP-DU-108-2023, delivering the hydrogeological variable that forms part of the Regulatory Plan process of the Canton of Palmares, an input required so that said Institute can complete the black and residual water treatment system for the canton of Palmares, in accordance with AYA's Sanitation Investment Plan 2021-2026. He adds that the Municipality "is in (sic) constant meetings with AYA officials, Palmares regional office, for the purpose of coordinating so that the project is developed, this because it is the competence of said institute to seek public funds for its construction, therefore, the Municipality of Palmares is waiting for AyA to present the construction project for approval, in accordance with the regulations governing wastewater treatment."

From the factual picture described, regarding the lack of construction of the water treatment plant in the Municipality of Palmares, which is claimed against that Municipality and the Institute of Aqueducts and Sewers; let this matter be separated to be processed under case file 02-7556-0007-CO.

V. Regarding the lack of a waste and black water treatment plant and sewer system (alcantarillado) in Jacó, Quepos, and Golfito.

Concerning the appeal regarding the lack of waste and black water treatment and sewer infrastructure in the municipalities of Jacó, Quepos, and Golfito; after reviewing the reports rendered under the solemnity of oath, as well as the evidence provided, it is clear that despite the need in those areas for a waste and black water treatment plant and sewer system—in the same sense indicated in Considerando IV above, referring to the Municipality of Palmares—in the cantons of Jacó, Quepos, and Golfito, the respondent authorities reveal that they also lack that infrastructure, which is necessary to execute the wastewater treatment processes, according to national legislation and applicable technical standards.

Regarding the noted omission, the representative of the Ministry of Finance explains to this Chamber in his report that, although since 2019, through Law 9723, a loan contract was approved to finance the sanitation program for priority zones, signed with Bank KFW Frankfurt am Main (hereinafter KFW, published in Supplement 210 to Gazette 183 of September 27, 2019). The truth is that for this program—to build the infrastructure works for wastewater sanitation, which include the construction of the sewer system, the water collection network, a treatment plant, and in the case of the city of Palmares, a Research and Training Center in Sanitation Technologies—the Ministry of Finance deemed it necessary for AyA to produce an action plan, which it had already requested in November 2022, through official letter MH-DM-OF-2702-2022.

In the report, the representative of the Ministry of Finance emphasizes that the Public Credit Directorate of that Ministry had requested a Plan from the Program Executing Unit on various occasions; which would define the lines of action by the Senior Administration of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to reassess the scope of the Program and the increase in its costs. This was due to the critical performance results shown by the Program, where at that time, according to the Schedule of the Separate Loan Agreement, the works of the four sanitation projects showed an evident delay since they should have started in July 2021, while the tenders would not be published until the second quarter of 2023.

He also reports that the Ministry of Finance warned the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of the high impact on the Program's monitoring indicators, due to the zero execution of loan resources as of December 31, 2022, considering that its entry into force dates back to September 2019. He explains that for the Ministry of Finance, the decision-making that the Program Executing Unit required and the presentation of the indicated Action Plan, where it would establish clear and precise planning to achieve its prompt acceleration and set forth the activities, responsible parties, and compliance deadlines that would lead to definitively resolving, among others, the issue of the exponential increase in the total cost of the Program, was of special importance; however, the repeated requests were ignored.

Based on the previous situation, by official letter number MH-DM-OF-1303-2023 of August 2023, the Ministry of Finance requested AyA to coordinate the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation and other activities associated with the financing; a request that, he explains, stems from the statements of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers regarding the impossibility of completing, in quantity and scope, the projects initially agreed upon with KFW with the amount of the loan contract.

For its part, the representative of the respondent AyA adds in his report that, in response to the changes in the treatment plant construction projects for the four cantons (Jacó, Palmares, Quepos, and Golfito) and given the Ministry of Finance's order to close the credit operation for building said infrastructure, the Executive Presidency of AyA is in the process of constructing a risk analysis, implications, and actions to be developed, from a legal, financial, technical, and environmental point of view, that facilitate the proposal of other alternatives and the definition of a feasible financing strategy to allow the achievement of the program (AyA report).

However, the report rendered by the representative of the respondent AyA does not indicate to this Chamber, nor is it evident from the evidence provided in the case file, what development the project has, if any, or what actions have been taken, aimed at providing a solution to the lack of a treatment plant in the different cantons of Palmares, Jacó, Quepos, and Golfito.

In accordance with the considerations set forth, the Chamber finds it proven that five years after the loan was approved by law to finance the sanitation program for priority zones of Golfito, Quepos, Palmares, and Jacó, signed with KFW, published in Supplement 210 to Gazette 183 of September 27, 2019, it has been in the closure phase since August 2023, due to lack of execution. It draws this Chamber's attention that the Ministry of Finance requested since 2022 that AyA draw up an action plan in order to be able to access the loan; however, to date, AyA has not responded to the Ministry of Finance. Neither has it proposed any strategy, much less begun to build the infrastructure works for wastewater sanitation and the constructions that this includes, for the cantons of Palmares, Jacó, Golfito, and Quepos.

Thus, the violation of fundamental rights attributed to the Ministry of Finance is dismissed; and the appeal is granted insofar as it is directed against AyA, as this Chamber observes that the respondent authority has not only failed to provide a definitive solution to the denounced problems, but it is also not evident that it has designed a different strategy, given the closure of the loan signed with KFW, from Germany.

Furthermore, it is observed that the municipalities in question have also not taken defined and concrete actions to urge AyA to assume its legal duty to provide the inhabitants of their jurisdictions with a black water evacuation service, as stipulated by the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados), and to provide a coordinated solution to the described water problem.

As has been stated on other occasions, this Court understands that some environmental problems require coordination between various state entities; however, this does not justify AyA, within the scope of its competencies and in response to the needs of the administered, deciding in this case simply not to respond to the notes sent by the Ministry of Finance that have urged it since 2022; and not presenting the action plan that was requested to establish clear and precise planning to achieve the prompt acceleration of the loan contract to finance the sanitation program for priority zones.

In short, it is not observed that significant efforts have been made to make effective the loan contract to finance the sanitation program for priority zones, or that necessary actions were taken in coordination with the corresponding municipal and health entities, in order to provide solutions to the lack of water sanitation. As a consequence, it is appropriate to grant the appeal insofar as it is directed against the Institute of Aqueducts and Sewers and the municipalities of Jacó, Golfito, and Quepos, as the petitioner's right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated.

VI. Conclusion. Therefore, insofar as the appeal is directed against the Municipality of Palmares, the petitioner must abide by what was indicated in ruling number 03-01431 of 10:53 a.m. on February 21, 2003, which decided to grant the appeal filed on September 18, 2002. Insofar as it is directed against the Ministry of Finance, the appeal is dismissed, and it is partially granted, insofar as it is directed against AyA and the municipalities of Garabito, Golfito, and Quepos, for violation of the petitioner's right to a healthy and ecologically balanced environment, under the terms indicated in the dispositive part (por tanto) of this judgment.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Plenary Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted for violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Insofar as the appeal is directed in part against the Municipality of Palmares and the Institute of Aqueducts and Sewers regarding that Municipality, let this matter be separated to be processed under case file 02-7556-0007-CO. Insofar as the appeal is directed against the municipalities of Garabito, Golfito, and Quepos and the Institute of Aqueducts and Sewers, regarding those municipalities, the appeal is granted. Luis Alejandro Guillén Guardia, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Jong Kwan Kim Jin, in his capacity as Mayor of Quepos, Freiner Lara Blanco, in his capacity as Mayor of Golfito, and Tobías Murillo Rodríguez, in his capacity as Mayor of Garabito, or whoever holds these positions, are hereby ordered, within the scope of their competencies, within a term of eighteen months counted from the notification of this judgment, to take the corresponding measures, arrange for, and coordinate the construction of a black water treatment plant and sewer system for the different localities of Quepos, Golfito, and Garabito, respectively. These authorities are ordered to provide, within their budgets, the necessary allocations for the construction of the referred treatment plant and sewer system, and to provide the petitioner with the detail of the budget that will be allocated to that end, as well as a schedule of activities, so that they can monitor compliance with the construction stages; all this, on the understanding that they must complete the indicated task, within a reasonable term, which may not exceed two years. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Municipalities of Quepos, Golfito, and Garabito are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. As for the Ministry of Finance, the appeal is dismissed. The Minister of Health is notified so that they may coordinate efforts with the respondents and supervise that the mentioned treatment plants and infrastructure are built in each locality, in accordance with health regulations.

Fernando Castillo V.
Presidente

Paul Rueda L.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Aracelly Pacheco S.

Alexandra Alvarado P.

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*747DRXUH80T461*
747DRXUH80T461
CASE FILE N° 23-021589-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6

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