Res. 19565-2024 Sala Constitucional — Amparo against AYA and ARESEP for water shortages in AlajuelitaAmparo contra el AYA y Aresep por desabastecimiento de agua en Alajuelita

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 19565 - 2024

Fecha de la Resolución: 12 de Julio del 2024 a las 09:20

Expediente: 24-007582-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias del mismo expediente

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: SERVICIOS PÚBLICOS

Subtemas:

AGUA POTABLE.

019565-24. SERVICIOS PÚBLICOS. ACUSA LA RECURRENTE QUE DESDE HACE UN AÑO, EN CHOROTEGA DE ALAJUELITA Y EN TODO EL CANTÓN, EL AYA SUSPENDE FRECUENTEMENTE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SIN PREVIO AVISO DE PROGRAMACIÓN Y DURANTE PERIODOS DE MÁS DE 24 HORAS. PARCIALMENTE CON LUGAR SE ORDENA AL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA, COORDINAR LO NECESARIO Y LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE QUE: I) DE MANERA INMEDIATA SE GARANTICE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DIARIO Y SUFICIENTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE ALAJUELITA, CUANDO LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO SE DÉ POR PERIODOS SUPERIORES A 6 HORAS; Y II) EN EL PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PRONUNCIAMIENTO, SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS REQUERIDAS PARA QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN DE ALAJUELITA SE PRESTE DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ Y CONTINUA. SE LE ORDENA AL REGULADOR GENERAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, QUE COORDINE LO PERTINENTE Y EJECUTE TODAS LAS ACTUACIONES PROPIAS DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A LOS EFECTOS DE QUE DE FORMA INMEDIATA SE VELE POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD, CANTIDAD, CONFIABILIDAD, CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y PRESTACIÓN ÓPTIMA DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR PARTE DEL ICAA EN EL CANTÓN DE ALAJUELITA, VERBIGRACIA, POR MEDIO DE INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS DESTINADOS A BRINDAR ESE SERVICIO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE CONTROLES SOBRE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEDICADOS A TAL SERVICIO PÚBLICO CON MIRAS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO CABAL DE LAS OBLIGACIONES EN ESTE CAMPO. TOMEN NOTA EL ALCALDE Y EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA ACERCA DE LO INDICADO IN FINE DEL CONSIDERANDO VI DE ESTA RESOLUCIÓN. VCG08/2024

“(…) VII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente menciona que, desde hace aproximadamente un año en Chorotega de Alajuelita, el Icaa ha suspendido frecuentemente el servicio público de suministro de agua potable sin previo aviso de programación y durante periodos que suelen extenderse hasta por 24 horas. Tal suspensión indiscriminada se ha extendido a otros distritos del cantón desde marzo de 2023, de manera que abarca a toda Alajuelita; incluso, la situación se ha agravado en los últimos tres meses. Sostiene que a la población no se le comunican los horarios de suspensión y reanudación del servicio, lo que deja a las personas en un estado de inseguridad sobre cuándo tendrán la posibilidad de acceder al recurso para organizar sus quehaceres y responsabilidades cotidianas. Reclama que: "Además el AyA no tiene establecido un programa de abastecimiento con cisternas para suplir estos cortes, lo que deja a los habitantes de Alajuelita sin ninguna alternativa en muchas ocasiones, privándolos por completo del acceso al agua". Pide que se ordene al Icaa ejecutar las obras y medidas necesarias para garantizar el suministro de agua en Alajuelita.

La Sala verifica que en el informe nro. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló: “3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración” (la negrita fue añadida). Por su parte, mediante oficio IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” emitido por la Aresep, se concluyó: “(…) respecto al equilibrio financiero del servicio de acueducto, si bien, actualmente se dispone de la liquidez necesaria para tender la prestación del servicio, en el mediano plazo, la misma se verá comprometida severamente, dadas las directrices implementadas por el AyA de utilizar los flujos del gasto por depreciación y depreciación revaluada (reposición de activos) para atender las obligaciones financieras asociadas a iniciativas de proyectos de inversión, las cuales han visto vencer el periodo de gracia (plazo para construir la obra), lo cual empieza a generar un gasto financiero, sin que a la fecha se disponga de una solución a las necesidades de los usuarios (ausencia de proyecto). Adicionalmente, el equilibrio financiero de un servicio público debe reflejar el resultado de una gestión eficiente y eficaz en materia de inversiones, costos y gastos económicos incurridos en cumplir con los estándares y las normas de calidad preestablecidos en la prestación del servicio de acueducto. En el caso de análisis, evidentemente, el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…) Es importante señalar que el flujo de rédito para el desarrollo está orientado en atender las necesidades de inversión y el repago de las obligaciones financieras (gasto por intereses) adquiridas por el prestador para financiar la cartera de proyectos en infraestructura. En este sentido, el no disponer de la información completa, que valide y permita dar trazabilidad de los costos y cambios en el alcance de los proyectos de inversión durante el periodo 2018-2024, somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones) como con los acreedores (deudas pendientes). Razón por la cual, la Autoridad Reguladora ha sido enfática desde el año 2021 mediante diferentes oficios y fiscalizaciones técnicas, que el AyA debe modificar sus gestión en proyectos de tal manera que el (sic) permita disponer de la información, garantizar la trazabilidad de la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios, validar la información de los proyectos en los reportes de capitalización contable, actualización del sistema de aprobación y seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la Aresep y le garantice a los usuarios que cada calón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz. 6. El nivel de rédito para el desarrollo obtenido por el AyA, (Rédito en dólares: 6, 71% y Rédito en colones: 9,4%) es menor al costo del endeudamiento asumido e incorporado en el presente estudio para el AyA (…), lo cual tiene una serie de implicaciones para el servicio, tales como: Está exponiendo al servicio público de acueducto a soportar un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad de generar recursos para el repago de esta, lo cual le está transfiriendo un riesgo operativo y financiero a los usuarios. El costo de la deuda asociado a proyectos a largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social, un rezago en las oportunidades de desarrollo y un potenciador de desigualdades territoriales y económico sociales. 7. El AyA debe de llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda de largo plazo, que garantice tasas de interés más competitivas y evitar un desclase financiero, así como evitar asumir y trasladar costos poco competitivos de deuda a los asociados, dado que, si bien las tarifas se fijan bajo el principio al costo, de conformidad con lo que establece el artículo No. 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora, no debe ser a cualquier costo (…) 9. Se procedió a rechazar la solicitud de capitalización de los proyectos de inversión propuestos para el servicio de acueducto del periodo 2018-2021, por un monto de ¢ 108 081, 96, de acuerdo con los siguientes criterios: Un 70% de los proyectos no se encuentra disponible, según indica el operador, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de costo, alcance y plazo durante las etapas de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y capitalización de activos. Del 30% de los proyectos que adjuntan alguna documentación, en la mayoría de los casos corresponde a el (sic) monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, el cual en su mayoría no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Mucho menos poder identificar cuales (sic) proyectos son para sustituir activos y cuales (sic) son para ampliar o mejorar la prestación del servicio, a su vez no es posible identificar los retiros de activos asociados a las capitalizaciones por sustitución o reemplazos (…) 10. Ante las inconsistencias señaladas en las inversiones propuestas a capitalizar por parte del AyA, y dados los problemas de información asociados a los proyectos del 2018-2024, se ET-074-2018). Lo anterior, permitirá, por un lado, no trasladar a los usuarios montos asociados a iniciativas de proyectos que todavía no están útiles y utilizables o del todo no se le puede dar trazabilidad, y por otro lado, al prestador, a quien se le alerta del riesgo que se está materializando, ante la incapacidad de capitalizar los proyectos de inversión, dados los impactos financieros y operativos que acarrea ese descalce de obras y el financiamiento de estas, con tasa de interés del 13,5% promedio. 11. El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones. 12. El subregistro de ventas de agua potable por del AyA, en parte tiene su explicación en que 8 de cada 10 medidores están en mal estado o con su vida útil vencida, lo cual incide en que esos costos por ventas de agua no registrados correctamente, lo terminen pagando todos los usuarios del servicio, independientemente del estado físico del medidor, como un castigo al consumo y al ahorro del recurso hídrico que hacen las familias (…) 14. El AyA no tiene una estrategia que permita contar con la información de la calidad del agua actualizada de manera anual tanto para los sistemas operados por AyA como aquellos que ha delegado a prestadores del servicio como Asadas, genera que los problemas asociados a la presencia de parámetros como arsénico, hierro, manganeso y las moléculas asociadas a agroquímicos no sean atendidas a tiempo, y por el contrario los mismos solo reciben atención una vez que la afectación a la calidad del agua se ha materializado (…)” (el destacado fue incorporado).

 

Por otro lado se verifica que la zona de Alajuelita se abastece con el tanque Bello Horizonte, así como que en las instalaciones de la Cruz Roja de Alajuelita se colocó un tanque de agua que cuenta con cacheras externas para uso de la población. La Sala corrobora que, el 25 de enero de 2024, un grupo de personas plantearon una gestión ante la Municipalidad de Alajuelita y el Icaa, en la que se reclamó la problemática con la prestación del servicio de agua en ese cantón y se requirió su solución. El 31 de enero de 2024, Laura Sotela Azofeifa dirigió un correo electrónico a la Dirección General de Atención al Usuario de la Aresep, mediante el cual denunció el robo de agua en Alajuelita, que el Icaa no lo ha resuelto. En respuesta, el día siguiente se comunicó que, en caso de desear plantear una queja, debía hacerlo por medio de la ventanilla única y cumplir una serie de requisitos de admisibilidad. Entre el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2024, el tanque Bello Horizonte ha recibido reportes de salidas de operaciones, a saber:

 

Boletines de San José/ Alajuelita/ Concepción del 26/02/2024 al 11/03/2024




Consecutivo

	

Hora de Inicio

	

Hora Final

	

Fecha




2024521

2024532

	

10:00 a.m.

7:00 p.m.

	

1:30 p.m.

12:00 am (27/02/2024)

	

26/02/2024




2024540

2024318 o 2024547

	

9:30 a.m.

7:50 p.m.

	

2:00 p.m.

01:00 am (28/02/2024)

	

27/02/2024




2024552

2024565

	

8:30 a.m.

6:00 p.m.

	

4:30 p.m.

12:00 am (29/02/2024)

	

28/02/2024




2024578

	

8:00 p.m.

	

12:00 am (01/03/2024)

	

29/02/2024




2024592

	

7:00 p.m.

	

12:00 am (02/03/2024)

	

01/03/2024




2024600

2024606

	

1:00 p.m.

6:00 p.m.

	

4:00 p.m.

12:00 (03/03/2024)

	

02/03/2024




2024632

	

9:30 a.m.

	

2:00 p.m.

	

04/03/2024




2024718

	

8:30 p.m.

	

12:00 am (09/03/2024)

	

08/03/2024




2024723

	

1:00 p.m.

	

7:00 p.m.

	

09/03/2024

 

De igual forma, se constata que en la urbanización Chorotega se han efectuado repartos de agua con camiones cisterna ante la solicitud de los vecinos. En ese sentido, el Icaa tiene definidas rutas de reparto de agua mediante camiones cisterna en Alajuelita, a saber: “Rutas Alajuelita Reparto FIJO: del 1-5, los lugares de los puntos 6 y 7 dependen de la condición de cada día 1 Dormitorio de la Municipalidad de San José (necesario a las 7 am, 5 mangueras) 2 Tanque comunal Cedes 3 Tanque Comunal la Toyita 4 Tanque Comunal Cruz Roja 5 Tanque comunal Los Geranios (Targua) 6 Centro Educativos (ver lista) 7 Población General 7.1 Ruta Concepción arriba: Poró, Lotes Paz, Vista Sn José, Vistas del Sur, super el Excelente y super el Éxito, calle el Chorro 7.2 Ruta La Chorotega: La Chorotega, Antolina, Acapulco al este y al Oeste, Urb. Emmanuel, Zona de la Clínica 7.3 Ruta Liceo: Esquipulas, Targua, Geranios, Liceo de Alajuelita parte norte, La Paz, 7.4 Ruta San Felipe: Don Omar, La Verbena, Los Pinos, La Aurora”. El presidente ejecutivo del Icaa sostiene que ese ente “ha proyectado acciones de corto, mediano y largo plazo para el suministro de agua potable en estos sectores afectados. Actualmente se está utilizando por medio de un generador eléctrico, el aprovechamiento de cerca de 80 litros por segundo de un pozo recién perforado en San Blas de Moravia y que ello contribuye en la captación de líquido para el suministro a toda la GAM. Puntualmente se plantea, como una medida que coadyuvará a disminuir o mitigar las limitaciones de acceso al agua en épocas de verano, el aprovechamiento de los pozos denominados Goal 1 y 2, haciendo uso de generadores eléctricos, lo cual se proyecta para un plazo aproximado de dos años. Dichos pozos ya cuentan con el análisis de calidad de agua y las pruebas que permiten evidenciar la cantidad y el caudal de uso. La activación de dicho aprovechamiento podría mejorar y reducir la cantidad de horas en las que la población pueda tener acceso al agua potable”.

 

Por su parte, en el informe nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada. 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal. 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones. 3.5. Los resultados encontrados limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 4. DISPOSICIONES (…) A JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 4.4. Diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos: i) un plan de gestión de riesgos del portafolio; ii) un plan de recuperación del portafolio; iii) un sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio; iv) el portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución; v) las mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto de conformidad con los lineamientos de MIDEPLAN y la normativa aplicable vigente; vi) los criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad; y vii) los roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del modelo de gobernanza a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 30 de abril de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.5. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que contenga al menos las orientaciones para: i) la gestión de los recursos financieros; ii) diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos; iii) resultados de productos y servicios; iv) resultados financieros; v) resultados de los procesos (eficacia organizacional); y vi) resultados de liderazgo; con el fin de modernizar su organización, procesos y procedimientos, y aumentar la eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, sostenibilidad y productividad de sus actividades. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del Modelo a más tardar el 30 de junio de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 29 de mayo de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.6. Elaborar, divulgar e implementar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que incluya las acciones e instrucciones a ser implementadas para la gestión financiera del portafolio de inversión pública, que integre al menos: i) indicadores de sostenibilidad financiera del portafolio de inversiones y de la organización; ii) mecanismos de medición, monitoreo y control y su periodicidad; iii) los límites preventivos y alertas de los indicadores, iv) acciones de sensibilización en la organización sobre la sostenibilidad financiera; v) lineamiento sobre la frecuencia para solicitar ajustes tarifarios; y vi) reportes e insumos necesarios derivados del sistema de información referencial contenidos en el párrafo 4.4 del presente informe. Remitir a la Contraloría General una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta Directiva de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, posterior a la resolución por parte de ese órgano, remitir una certificación donde conste la divulgación e implementación de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 31 de agosto de 2026. (ver párrafos del 2.55 al 2.76). A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO 4.7. Resolver acerca de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que reciba de la Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo n.° 4.6 de este informe. Remitir al Órgano Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la propuesta (…)”. Asimismo, en el informe técnico rendido ante este Tribunal por la Contraloría General de la República el 6 de mayo de 2024 se indicó: “(…) Ahora bien, con base en estudios de fiscalización realzados con anterioridad, entre ellos el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables. Además, con base en el Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables del ICAA, de septiembre de 2021, las comunidades identificadas en el cantón de Alajuelita, cuyo operador del servicio es el ICAA, presentaban un alto Índice de Vulnerabilidad Comunitaria por el Acceso al Agua, entre ellas, la de Chorotega, en el distrito de Alajuelita. Este índice, según el ICAA, tiene por objetivo determinar la vulnerabilidad comunitaria por acceso a agua potable, en aquellos lugares donde las condiciones aún manifiestan un rezago importante en procura de un servicio de agua potable que cumpla con los mejores estándares de calidad y se apliquen las mejores prácticas socioambientales para su consecución. Por su parte, se tiene acreditado mediante el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades, restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos. Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades (…) en opinión del Órgano Contralor, si bien no se tiene constancia de los acuerdos entre la comunidad y el ICAA para el caso específico de Alajuelita ni de los mencionados incumplimientos de dichos acuerdos, con base en el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-24 denominado "Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados" del 12 de abril de 2024, se tienen acreditados una serie de deficiencias en la gestión del desempeño del portafolio de inversiones en agua potable y saneamiento, así como debilidades en la gobernanza en la gestión del portafolio de inversiones, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. Específicamente, se encontró que únicamente el 16.7% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país (utilizado el Índice de Desarrollo Social de 2023 publicado por MIDEPLAN) tienen inversiones programadas en agua potable, por su parte, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el "Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable" del ICAA de 2021, están asociados a las principales inversiones contenidas en el portafolio del ICAA, lo que muestra una deficiente atención de las comunidades más vulnerables del territorio nacional. Asimismo, que un 57% de los proyectos debían estar finalizados a enero de 2024 según estimaciones del ICAA, sin embargo, continuaban en ejecución, demorando mejoras en la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable, así como el beneficio para 2.8 millones personas en todo el país. También, se encontró que el diseño y gestión del portafolio de inversión del ICAA presentaba un nivel incipiente y carecía de una secuencia lógica y sistémica, lo que dificulta la resolución de las problemáticas actuales y futuras más apremiantes de la población mediante las inversiones que conforman el portafolio, las cuales permitirían atender los retos asociados a la desigualdad en el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, así como a los conflictos sociales por el uso del agua (…) 111.2 SOBRE LA RESPUESTA DEL ICAA Sobre inconsistencias en el criterio del ICAA. En el numeral 1 relativo a elementos hidráulicos que conforman la red de abastecimiento y distribución en el sector Alajuelita, incluyendo el Tanque de Bello Horizonte, el ICAA indicó que el tanque no había reportado salidas de operación que implicaran desabastecimiento superior a las 8 horas diarias. A pesar de ello, el 27 de febrero 28 de febrero y 2 de marzo del año en curso la suspensión fue mayor a las 8 horas indicadas, en particular, 8 horas y 40 minutos, 14 horas y 9 horas, respectivamente. Todo lo anterior, conforme a los consecutivos 2024540, 2024318 o 2024547. 2024552. 2024565, 2024600 y 2024606, descritos en el cuadro denominado "Boletines de San José / Alajuelita / Concepción del 26/02/2024 al 11I03I2024", del informe SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385, aportado como evidencia al expediente del presente recurso de amparo. En este sentido, la "Reforma reglamento prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes"*, vigente durante los días de desabastecimiento señalados, indica la necesidad de brindar abastecimiento alternativo y explicaciones razonables en caso de que la (sic) suspensiones excedieran las 8 horas diarias. Cabe destacar, que de acuerdo al (sic) reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que cubra las necesidades básicas de la población y los requerimientos de hospitales, clínicas y centros de salud. Sobre lo anterior y en línea con los numerales del 3 al 5, el "Informe Reparto Cisternas Alajuelita Recurso Amparo Expediente 24-007582-0007-CO" memorando n.° SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 del 26 de marzo del 2024, en las Ilustraciones 2 y 3 se adjuntan imágenes sobre acciones del ICAA para abastecer de agua potable mediante cisternas a algunas comunidades afectadas en los días 28 de febrero, 29 de febrero y 3 de marzo de 2024. No obstante, como se observó en párrafos anteriores, los desabastecimientos por más de 8 horas darías sucedieron los días 27 de febrero, 28 de febrero y 2 de marzo del año en curso, sin acreditarse en la prueba aportada el establecimiento de un mecanismo alternativo, en este caso el cisterna, a las comunidades afectadas en 2 de los 3 días citados, cuya suspensión reportada superó las 8 horas. Sobre las condiciones de la red existente. En el numeral 1 y 2 relativo a elementos hidráulicos que conforman la red de abastecimiento y distribución en el sector Alajuelita, incluyendo el Tanque de Bello Horizonte, el ICAA indicó que el tanque no había reportado salidas de operación que implicaran desabastecimiento superior a las 8 horas dianas. Además, en el numeral 6, el ICAA señala que el rápido desabastecimiento del servicio de agua potable en el distrito de Chorotega de Alajuelita, responde a la falta de presión en las tuberías debido a que se encuentran en una de las partes altas de la red, condición que se complica cuando el nivel de los tanques es bajo. Acerca de esto, la Contraloría General en el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión. Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable. En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio (…) En su informe, en el numeral 7, el ICAA señala que esa entidad ha proyectado acciones de cono, mediano y largo plazo para el suministro de agua potable en estos sectores afectados  (…) Estas acciones de corto, mediano y largo plazo recién descritas se basan en el informe n.° UEN-GA-2024-00559, el cual no se pudo ubicar en el expediente remitido a la Contraloría General. Sin embargo, sobre el tema del portafolio de inversiones del ICAA, el Órgano Contralor emitió el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, denominado "Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", en donde se determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA, no ha sido eficaz ni eficiente; situación que restringe la capacidad de brindar con oportunidad el servicio y la atención de las problemáticas públicas asociadas al agua potable. Tal como se mencionó en secciones previas, el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 encontró que un 57% de los proyectos debían estar finalizados a enero de 2024, según estimaciones del ICAA pero al momento de la fiscalización no se habían completado, demorando mejoras en la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable, así como la atención requerida a las necesidades públicas en torno al recurso hídrico de aproximadamente 2,8 millones personas en todo el país. A su vez, se determinó que la gestión de la información no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Del mismo modo, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. Finalmente, se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios. En general, los resultados encontrados en la referida fiscalización, limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6 el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las personas en condición de vulnerabilidad (…) CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de Chorotega de Alajuelita, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás distritos del cantón, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2. Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en los distritos de Alajuelita, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA en agua potable presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3. Se encontraron inconsistencias en el Informe SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 aportado por el ICAA, pues aunque se sugieren desabastecimientos inferiores a las 8 horas diarias, la Contraloría General encuentra diferencias horarias superiores a las 8 horas para 3 días específicos, utilizando como base la misma información rendida en ese informe. Además, este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. 4. En su contestación el ICAA no aportó evidencia referente al establecimiento de un mecanismo alternativo para los días que se encontraron suspensiones que superaban las 8 horas diarias. Tampoco el ICAA adjuntó el informe UEN-GA-2024-00559 que sustenta su actuación en torno a la Gestión Social. Es por lo anterior que no es posible brindar una opinión sobre los elementos citados. 5. No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar informe y recalca además el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable, por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones. 6. Finalmente, si bien la Municipalidad de Alajuelita destaca la responsabilidad rectora del ICAA en la administración de los acueductos y alcantarillados a nivel nacional, es importante recordar el principio de coordinación que rige las acciones de todas las instituciones estatales. por lo que en opinión del Órgano Contralor es crucial que la Municipalidad de Alajuelita, el ICAA, ARESEP y demás entes responsables según sus competencias, colaboren estrechamente para resolver el problema del suministro de agua y proteger los derechos de los habitantes” (el destacado no corresponde al original).

 

Finalmente, mediante el informe técnico nro. DH-0449-2024 del 7 de mayo de 2024, la Defensoría de los Habitantes de la República estableció: “(…) A.4. Consideraciones de la Defensoría en relación con los casos de Alajuelita: Si bien, como se señaló al inicio del presente apartado 3, la Defensoría se encuentra en la elaboración del informe final con recomendaciones referente a las intervenciones sobre la problemática de abastecimiento de agua potable en Alajuelita, sí ha logrado constatar que las gestiones realizadas por parte del AyA no han sido suficientes ni oportunas para lograr una dotación del servicio en cantidad para la población y ejemplo de ello son las 54 denuncias referidas al inicio del presente informe y recibidas entre finales de febrero y abril del 2024. La comunidad de Alajuelita ha venido enfrentando una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas por las y los vecinos de la comunidad debido a los racionamientos programados y no programados, al incumplimiento de los horarios indicados, a los extensos períodos de desabastecimiento, a las dificultades que enfrenta la población para el reparto de agua en camiones cisternas y la consecuente afectación de sus derechos. En el año 2023 también se recibieron denuncias de esta comunidad, para un total de 16 solicitudes de intervención. Este desabastecimiento se debe a causas multifactoriales siendo algunas externas, como el Fenómeno El Niño, aumento en la demanda de la población, baja en las fuentes de producción, modificación en el comportamiento de las lluvias, así como una desordenada planificación territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera pero, particularmente, se debe a la inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Tal como se indicó, estas condiciones inciden negativamente en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en Alajuelita, el cual, de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública debe estar sujeto a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. Asimismo, de conformidad con el artículo 5 inciso c) de la Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y en concordancia con el artículo 9 del reglamento de prestación de servicios del AyA, el servicio de agua potable debe de brindarse “dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos”, sin embargo, esto no se está logrando alcanzar en Alajuelita. El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua en Alajuelita, entre las que se incluyen continuar con las campañas informativas para cambiar los hábitos de consumo, fomentar el desarrollo de proyectos que introduzcan nuevas fuentes de agua para reforzar los sistemas existentes, informar a la población el estado del Acueducto Metropolitano, fomentar el desarrollo de proyectos que vengan a traer nuevas fuentes de agua al sector en momentos en que las fuentes existentes están en déficit y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo. Asimismo, el AyA informa que se han presentado eventos de reparación importantes en los últimos dos meses, así como repartos en atención a las solicitudes recibidas en la línea 800 que cuenten con los requisitos. Agrega, se han realizado maniobras operativas como el trasvase de volumen de agua entre los sistemas de La Valencia y Bello Horizonte, se realizan racionamientos en el Sistema de San Juan de Dios de Desamparados y el sistema de Alajuelita, que son reforzados por Puente de Mulas a través de Bello Horizonte para distribuir el agua disponible entre las 3 zonas de la forma más equitativamente posible, control de presiones mediante una calibración de válvulas de control de presiones para evitar el consumo innecesario de la población, se hizo una redistribución de los horarios para las labores operativas de mantenimiento de las plantas potabilizadoras en momentos en que los sistemas presentan una menor demanda y, por lo tanto, reducir el impacto de estos procesos sobre la producción. No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que, una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos, habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca. A partir de lo indicado por el AyA en sus informes, la Defensoría ha identificado acciones paliativas y de corto plazo para resolver problemas de abastecimientos en comunidades como Alajuelita; sin embargo, esas acciones no resuelven el problema estructural existente. A la fecha no se ha identificado la efectiva ejecución de acciones para una solución definitiva a la problemática. De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión en la implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros (Expedientes 313166-2020-SI y 409986-2023-RI, ambos de la Defensoría). Como indicador de una falta de planificación de los proyectos, es que la Defensoría ha conocido denuncias de los habitantes de Alajuelita desde años anteriores, como por ejemplo los expedientes 417525-2023-RI, 415859-2023-RI, 417830-2023-RI, 417526-2023-RI, -417528-2023-RI, 417529-2023-RI, 417532-2023-RI, 417534-2023-RI, 417533-2023-RI, 417535-2023-RI, 417536-2023-RI, 417539-2023-RI, 417544-2023-RI, 417546-2023-RI, 417548-2023-RI, 417764-2023-RI, que visualizan la reiteración en la falta de planificación, así como el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras poblaciones. El AyA además informó sobre las acciones a implementar en la zona para mejorar el servicio, como son los nuevos pozos para el sistema de abastecimiento ME-A-19 Puente Mulas, el cual suministra agua a la Urbanización Chorotega, así como acciones, al corto plazo, como la ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael de Alajuela y la perforación de pozos, Goal 1 y Goal 2, con los que se estima un aumento en los litros por segundo y que se espera entren en operación en el segundo semestre de 2024. Para el mediano plazo, la reducción del índice de agua no contabilizada y al largo plazo el abastecimiento para el acueducto Metropolitano, Quinta Etapa. La Defensoría les brindará un puntual seguimiento a cada uno de los proyectos mencionados a fin de que la prestación del servicio en dicha comunidad se ajuste a los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, tal como se establece en la norma que rige el servicio, con el objetivo de que todas las personas puedan gozar plenamente de su derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, tal y como lo ha indicado la misma Sala Constitucional en diversos votos. A partir de la información que ha sido recabada, la Defensoría además considera que el AyA debe, con urgencia, implementar las acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio para Alajuelita y todas las comunidades afectadas, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable (…) Teniendo claro lo anterior y haciendo una lectura detallada del informe rendido por la Municipalidad de Alajuelita, con ocasión de la acción judicial que ahora los convoca, no se identifica acción alguna específica por parte de dicho gobierno local, ejerciendo precisamente ese rol de liderazgo, coordinación y/o e instancia de articulación en aras de atender el requerimiento de agua potable para su comunidad. No desconoce la Defensoría de los Habitantes la responsabilidad directa del AyA en la garantía del servicio público, pero tampoco se desconoce la responsabilidad de la municipalidad de gestionar acciones para dicho fin. Por el contrario, se visualiza un informe donde incluso, el mismo gobierno local se presenta ante esa Sala como uno de los afectados por la falta de suministro de agua potable. En lugar de convertirse en la autoridad más cercana y accesible de la población y que promueve la articulación de los diferentes actores con la institucionalidad competente, la comunidad, el sector privado y otros. No se visualiza a la Municipalidad de Alajuelita como instancia que favorece la comunicación, en esta oportunidad entre el AyA y la comunidad, incluso convirtiéndose en la voz de las distintas localidades afectadas. Siendo que el gobierno local tiene la responsabilidad y obligación legal de ser el defensor de los intereses de la comunidad y promover su desarrollo, se hace un llamado a redireccionar sus acciones en aras de su mandato legal, sea la atención de las necesidades y objetivos locales.3.3. Sobre la intervención de la ARESEP para el caso concreto de la comunidad de Alajuelita: De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, entre las funciones y objetivos fundamentales de la ARESEP se encuentra el velar porque los prestadores de servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima estos servicios. Al respecto, ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. Por ende, si bien la ARESEP manifiesta en su informe que no existen denuncias sobre el desabastecimiento de agua, sí le corresponde, como parte de sus funciones, el velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede justificar su no intervención, en la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento atender y dar seguimiento estricto a cada una de las conclusiones del informe supra señalado, tal como se indicó en el párrafo precedente y particularmente, el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante elaborado por ese mismo órgano público y mencionado en su informe (…)” (el énfasis fue suplido).

 

De importancia para la resolución de este asunto se tiene la sentencia nro. 2020007754 de las 9:45 horas del 24 de abril de 2020:

 

“III.-Caso concreto. En el sub examine, la recurrente indica que es una persona adulta mayor de 70 años que vive en Hatillo 2 con su esposo de 76 años, su hija de 40 años y su nieta de 10 años. Manifiesta que la comunidad que habita en la que vive sufre de racionamientos y suspensiones de agua, en principio, por la escasez de ese líquido. Narra que el 9 de marzo de 2020 tuvieron agua de las 4:15 a las 6:00 horas; sin embargo, fue tan poca que con costos pudo recoger para tomar y cocinar. Menciona que, debido a lo anterior, el agua no alcanzó para llenar los tanques de los inodoros ni tampoco para lavar la ropa. Alega que tienen más de 40 horas sin agua en sus hogares. Señala que, entre las 13:00 y 14:00 horas de ese mismo día, un vecino les indicó que había un camión cisterna en el sitio, lo que les permitió recoger agua; empero, acusa que, en ese momento, no hubo ningún tipo de aviso que informara que los camiones cisterna se encontraban cerca. Sostiene que, debido a lo anterior, los otros habitantes de la zona no pudieron recoger agua. Refiere que la presidenta ejecutiva del ICAA informó que con motivo del Covid 19 pondrían agua en dos momentos del día; no obstante, tal afirmación no ha sido cumplida. Pide que se respete el derecho que tiene de recibir agua potable en horarios y tiempo razonables.

 

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la recurrente es una persona adulta mayor. Los tanques del sur del ICAA tienen problemas de desabastecimiento y son los que suplen el servicio de agua para la zona de los Hatillos. Estos tanques toman el líquido principalmente del sistema La Valencia y se refuerzan con los sistemas de Puente de Mulas (a través de Bello Horizonte) y de Tres Ríos por medio los tanques de Curridabat. El ICAA cuenta infraestructura para potabilizar el agua; sin embargo, las fuentes no tienen la capacidad de proporcionar el recurso requerido. Los desabastecimientos dependen de una serie de factores tales como: la demanda de la población (que varía con la hora del día, la temperatura, el día de la semana, etc), la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, entre otras. En la época seca de años anteriores, el sistema de tanques del sur se podía reforzar por más tiempo con agua proveniente de la planta potabilizadora de Tres Ríos; no obstante, debido a los problemas que se afrontan en todo el acueducto, el refuerzo se ha minimizado. El ICAA ha desarrollado varios proyectos que ya están en operación y, en los dos últimos años, se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Doña Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, no ha sido suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. En 2019, el ICAA comenzó a operar el pozo Chigüite que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos, con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los tanques del sur. A finales de 2019, la Intendencia de Agua de la ARESEP solicitó a los operadores exponer sus planes de estiaje y las acciones para disminuir los racionamientos en 2020. De los planes aportados, la ARESEP destaca que se han aprobado los recursos suficientes a los efectos de realizar las inversiones necesarias para los racionamientos; sin embargo, la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores no ha sido la deseable. A partir del 6 de marzo de 2020, el ICAA dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la planta de Tres Ríos para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de tanques del sur. El 9 de marzo de 2020, la zona de Hatillo 2 tuvo agua de las 4:15 a las 6:00 horas. El 9 de marzo de 2020, la recurrente recibió agua de un camión cisterna. Al 10 de marzo de 2020, fecha de la interposición del recurso, aún no se había restablecido el servicio de agua en Hatillo 2. Las bitácoras de reparto de agua del ICAA consignan, en relación con Hatillo 2, lo siguiente: i) El 4 de marzo de 2020 se hicieron los siguientes viajes: a. Uno a “Hatillo 2-4-8”. b. Uno a “Hatillo “#1, #2”. ii) El 5 de marzo de 2020 se efectuaron ocho viajes a “Hatillo, Hatillos 2 y 4, Colegio Cedes Don Bosco”. iii) El 6 de marzo de 2020 se llevaron a cabo tres viajes a “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén”. iv) El 7 de marzo de 2020 se materializaron los siguientes viajes: a. Uno a “Parque nacional Mara Redonda. Hatillo # 2-Hatillo #8”. b. Uno a “Hatillo 2”. c. Uno a “Hatillo 2-4-8”. d. Tres a “Hatillo 2 Valdeado”. v)El 8 de marzo de 2020 se perpetraron los siguientes viajes: a. Uno a “Hatillo #2- Hatillo #8-INA Florida”. b. Dos a “Hatillo 2 y alrededores”.  c. Dos a “Hatillos 2, 3,5”.vi) El 9 de marzo de 2020 se consumaron dos viajes a “Hatillo #1, Hatillo centro y Hatillo #2”. Los usuarios pueden consultar los siguientes canales de comunicación para informarse de los boletines de afectación en sus respectivas comunidades a través: línea 800- REPORTE (7376783); aplicación para dispositivos SERVICIOS AYA; WhatsApp: 8376-5103 y Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. El 12 de marzo de 2020, el ICAA fue notificado del curso de este amparo. El 12 de marzo de 2020, el ICAA interconectó el pozo W5 al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillo. La Intendencia de Agua de la ARESEP, mediante oficio n.º OF-0200-IA-2020 de 16 de marzo de 2020 dirigido a la presidenta ejecutiva del ICAA, expuso: “(…) No obstante, y pese a que el país se encuentra actualmente en una situación de emergencia sanitaria, diferentes localidades del país, especialmente en Área Metropolitana de San José, se encuentran sufriendo constantes racionamientos de agua, justificado por el AyA en que esto sucede porque durante la época seca, el sistema de acueducto afronta un déficit de agua sumado al aumento en el consumo del líquido durante los meses de verano. Ante esto, la Autoridad Reguladora reitera que es responsabilidad de os prestadores implementar una política permanente de planificación que permita prevenir situaciones como esta, basados en estándares de eficiencia y considerando las circunstancias adversas que se dan durante la época anual de estiaje y de sequía. En particular, deben ser capaces de desarrollar una capacidad de respuesta y un plan de contingencia adecuado para evitar los racionamientos de agua en los periodos de sequía.  Los prestadores tienen conocimiento que el impacto del cambio climático en las aguas se traduce en una limitación en la cantidad del recurso y siendo uno de los principios fundamentales de los servicios públicos su continuidad, es indispensable que realicen los esfuerzos necesarios para mejorar de manera sostenida y no solo momentánea el problema de escasez de agua que afecta a las localidades a las que les brinda el servicio. Lo anterior contrasta con la persistencia de los problemas de racionamiento a lo largo de varios años y en una gran cantidad de comunidades, lo que reafirma que no se trata de situaciones que se puedan catalogar como caso fortuito o fuerza mayor.  Aunque la Autoridad Reguladora es consciente de los esfuerzos institucionales realizados por sus representadas para evitar los impactos en la población derivados de los racionamientos de agua que se han dado en los últimos años, este problema es cada vez más recurrente y afecta a una mayor cantidad de población. Las razones son múltiples, pero llama la atención de esta Autoridad reguladora el rezago en la inversión en infraestructura y las significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada (ANC). Es imprescindible que AyA solucione ambos problemas en un plazo prudencial. No obstante las advertencias realizadas por la Autoridad Reguladora sobre el particular y sobre todo, haberse tenido conocimiento a nivel nacional e internacional del actual brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), los racionamientos de agua por parte del AyA continúan siendo una medida recurrente y los usuarios siguen sufriendo la falta de agua, vulnerando con ello el sistema de salud del país y desde el punto de vista regulatorio, el principio fundamental de continuidad en la prestación de los servicios públicos; siendo su obligación de acuerdo con el artículo 14 incisos i) y j) de la Ley N°7593, el estar preparados para asegurar en el corto plazo la prestación del servicio de manera regular y segura. Las diferentes explicaciones que ha ofrecido el AyA en varias instancias sobre las razones que han llevado a los altos niveles de desabastecimiento de varias zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de San José, no permite concluir que se les deba excluir de la aplicación del citado artículo 95 o que se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, dado que, tal y como se indicó anteriormente, la situación de racionamientos se ha presentado en forma recurrente a lo largo de varios años. En consecuencia, se instruye en este acto al AyA, para que proceda con el ajuste en el monto de la facturación de los servicios a todos sus abonados afectados por los racionamientos, para los siguientes casos en que aplica el artículo 95 del Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015 sea: a) Cuando la prestación del servicio sea menor a 16 horas naturales diarias durante al menos 20 días naturales al mes; y b) Cuando la suspensión del servicio durante 24 horas naturales por más de tres días naturales consecutivos o más de 7 días naturales no consecutivos, ambos en el mismo mes. Esta disposición es independiente de otras que han girado en el sentido de corregir en un tiempo prudencial las situaciones de racionamiento que recurrentemente se han presentado; por lo que AyA no puede asumir que la aplicación del citado artículo 95 le exime de corregir la problemática tipificada. Adicionalmente, debe comunicarse a esta Autoridad Reguladora, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el mecanismo que implementará para cumplir con esta disposición”.  El 27 de marzo de 2020, el ICAA inició la sustitución de tuberías en sectores de Hatillo 2 por unas de mayor capacidad, lo que permitirá aumentar el caudal disponible para los hogares de calle Villanea, calle 50A, calle 52, calle 54A y alameda entre calles 54 A y calle 56, con un avance del 70%, ya que faltan las interconexiones y la conexión de acometidas. El 27 de marzo de 2020, el ICAA interconectó un nuevo pozo (W16) al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillos. Este pozo tiene una capacidad de producción de 75 litros por segundo (l/s), el equivalente al consumo diario de 18.500 personas. El ICAA se encuentra ejecutando el proyecto “BPIP N° 2680: Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela” con el fin de mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable en sectores con afectación crítica durante la época seca, tales como los barrios de sur, entre ellos Hatillo. El proyecto inició el 1º de febrero de 2019 y tiene proyectado finalizar el 1º de noviembre de 2023.

 

En relación con este tema, la Sala ha tenido definida una línea jurisprudencial. Por sentencia n.º 2019-019080 de las 9:20 horas de 4 de octubre de 2019 resolvió:

 

“III.- En cuanto al desabastecimiento de agua potable por la época seca. Respecto a esta problemática que, actualmente, afecta a muchas comunidades del territorio nacional, esta Sala mediante sentencia No. 2019-007183 de las 9:20 hrs. del 26 de abril de 2019, consideró lo siguiente:

 

 “…III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Si bien es cierto, este Tribunal ha reconocido, en reiterada jurisprudencia, que el acceso al agua potable es un derecho constitucional, derivado de los derechos a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, también lo es que en la actualidad, se presentan múltiples problemas de desabastecimiento del líquido vital, generados durante la época seca (en igual sentido véanse las sentencias Nº 2009-12511 de las 17:59 horas del 11 de agosto del 2009, Nº 2010-015448 de las 12:15 hora del 17 de setiembre de 2010,  Nº 2014-004918 de las 14:30 horas del 09 de abril de 2014, Nº 2017-006082 de las 09:45 hrs. del 28 de abril de 2017 y Nº 2016-007550 de las 09:05 del 3 de junio de 2016). Al respecto, la responsabilidad del Estado es la de implementar las medidas necesarias y óptimas para dar solución eficaz a estos problemas. Desde esta perspectiva, se acredita en autos que, en la zona señalada por el recurrente, se han presentado cortes de agua en los últimos meses, lo cual reconoce y detalla la autoridad recurrida. No obstante, se pudo acreditar que las suspensiones reclamadas por los usuarios del servicio no son producto de la negligencia o arbitrariedad de parte del Instituto accionado, sino que estas se deben a una situación de desabastecimiento general de todos los sistemas durante la época seca. En ese sentido se acreditó que, la autoridad accionada ha comunicado a través de diversos medios que durante esta época se producirán racionamientos de agua debido al déficit ocasionado por la reducción de los caudales que abastecen los tanques de captación y por el incremento del consumo de agua. Específicamente, Zapote pertenece a la zona de Operación San José, la cual es abastecida por medio de agua almacenada en los Tanques de Curridabat, los cuales se alimentar de agua proveniente del Sistema de Tres Ríos. Consta que, durante la producción normal, los Tanques de Curridabat al iniciar el día presentan un volumen de almacenamiento del 85%; no obstante, actualmente los niveles alcanzan un 20% de su capacidad, lo que lleva a que la zona sea propensa a desabastecimientos. Estos se producen cuando la demanda de la población supera el almacenamiento que se tiene y varían dependiendo de la demanda de la población, la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, la elevación de la zona, etc. Zapote es una de las zonas más altas por lo que el impacto del desabastecimiento de agua será mayor, dicha afectación se da únicamente en la época seca y no de forma constante a lo largo del año. Normalmente, los desabastecimientos inician alrededor de las 10:00 a.m. y el sistema comienza su recuperación alrededor de las 11:00 p.m. se apoya este problema mediante el reparto de agua con camiones cisterna para centros de población vulnerables. Los accionados indicaron que, han realizado trabajos para reforzar el sistema y beneficiar a las comunidades de los sectores más altos, también, han realizado interconexiones en la zona de La Pacífica para trasladar ese sector a otra zona de operación para acortar el área de cobertura de los tanques de Curridabat, se amplió la operación abastecida por el tanque de Cipreses para abarcar parte de San José que era abastecida exclusivamente por los Tanques de Curridabat. Como medida a largo plazo, la Institución recurrida impulsa proyectos que van enfocados al control del agua no contabilizada. Producto de lo anterior, ha trabajado en explotar nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación para el beneficio de la población del GAM y se ha estado trabajando en la elaboración de un proyecto que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción que beneficia al GAM, proyecto que se encuentra en la etapa de diseño y se concluiría en el año 2025. Asimismo, acreditan que, en la actualidad tienen operando en la GAM los pozos de Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP 9 y CNP 10. Este Tribunal considera que, pese a que se comprueba que efectivamente existe el desabastecimiento del servicio de agua potable en la comunidad que reside el recurrente, las autoridades recurridas demostraron que han actuado dentro de sus posibilidades materiales a fin de lograr una adecuada redistribución. Asimismo, considera esta Sala que, el desabastecimiento se da únicamente en época seca y no durante todos los meses del año ni durante todas las horas del día y dicha situación es comunicada a la población por diversos medios. Adicionalmente, se valora que la institución ha realizado trabajos para reforzar el sistema y ha tomado medidas correctivas y preventivas, entre las cuales se encuentra el estudio que realiza para la explotación de nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación, lo que beneficiara la población del GAM y que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción. En mérito de lo expuesto, la Sala descarta que la Administración haya sido omisa en la atención de los problemas en el suministro del servicio de agua potable en la zona afectada, por ende, se impone declarar sin lugar el recurso, tal como en efecto se hace. Lo anterior, sin perjuicio de recodarle a la institución recurrida su deber de continuar realizando trabajos para reforzar el sistema y evitar el desabastecimiento durante la época seca…”.

 

IV.- Respecto al desabastecimiento de agua acusado por los recurrentes. En el sub lite, los recurrentes acusan racionamientos arbitrarios del suministro de agua potable en el sector de Mata Redonda. Sobre tales hechos, en los informes suscritos por el gerente general y el subgerente de Gestión de Sistemas GAM, ambos del Instituto  Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -que se tienen dados bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la ley que rige esta jurisdicción-, se acepta que la citada localidad está siendo afectada, junto al resto del Acueducto Metropolitano, del impacto de la época seca de este año. Aunque aclaran que los desabastecimientos se presentan en el sector de Mata Redonda durante algunas horas del día, siempre en horas de la tarde, por lo que la población sí cuenta durante gran parte del día con el acceso al agua potable a través de la red de tuberías. Han explicado que debido a la entrada de esa temporada en el país, los caudales de las fuentes se reducen y con ello los caudales de producción. También sostienen que esa situación obedece a un aumento en el consumo de la población debido a que por las condiciones de la época se demanda una mayor cantidad de agua que en la estación lluviosa. Igualmente, informan que a pesar de estar en los meses en los que típicamente en el país se encuentra ya instalada la estación lluviosa, producto del fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) que está influyendo, las lluvias no han sido capaces de recargar fuentes y los sistemas han mantenido afectaciones que se traducen en una disminución más pronunciada en los caudales que la Institución puede tomar de estas fuentes para potabilizarlas y abastecer a la población. No obstante, indican que su representada procede a informar a la población, la situación que vive el país con respecto a la reducción de las fuentes naturales de agua potable, lo cual no solo afecta a las zonas de Mata Redonda, sino que se extiende a todo el territorio nacional. Refieren que el AyA pone a disposición de las personas usuarias los siguientes medios para comunicar los eventos que afectan la prestación del servicio de agua: Línea 800-REPORTE (7376783), página web de AyA, aplicación para celular (disponible para su descarga en las plataformas Android e iOS): "Servicios AyA", whatsApp institucional, 57 puntos de atención personalizada y página de Facebook. Además, a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aun tenga servicio, mientras que los que viven en las partes más altas, ya tienen rato sin estar con el servicio. En este contexto, la Sala entiende que la situación acusada no surge de manera directa de un problema de imposibilidad material, sino, de condiciones ajenas, fuera de control y fortuitas que se presentan en forma temporal, y no permanentes, en la prestación del servicio público reclamado. Circunstancias que han obligado a la institución recurrida a utilizar los medios de comunicación, para informar sobre la situación en la que se encuentran los sistemas, y pedir a la población tomar las medidas pertinentes para afrontar los desabastecimientos hasta que las condiciones de caudales en las fuentes recuperen su caudal habitual, así como tomar conciencia de la necesidad de no desperdiciar el recurso disponible. Aunque la Sala entiende que estamos ante la prestación de un servicio de primera necesidad, lo cierto es que, además de la existencia de una causa objetiva, la autoridad recurrida ha adoptado medidas para atender el problema, o sea, que no se ha desatendido de la situación acusada por los recurrentes. Nótese que se ha indicado que como parte de los esfuerzos realizados por la Institución para reducir la afectación producto de los desabastecimientos, se han desarrollado varios proyectos, que ya están en operación. El año pasado se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Dona Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, esto no fue suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. También se acaba de poner a operar el pozo Chigüite, que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los Tanques del Sur. Aunado a lo anterior, se tiene que contrario a lo alegado por los tutelados, en los últimos seis meses del año 2019 no se han brindado disponibilidades en el servicio de agua potable para desarrollos inmobiliarios en el sector de Mata Redonda — San José. Incluso, las últimas tres solicitudes de disponibilidad fueron negadas y se entregó a los interesados una carta donde se les indicaba la infraestructura que deberían construir de su propio peculio antes de poder contar con la disponibilidad en el servicio de agua potable.  Así como que los proyectos inmobiliarios que, actualmente, se construyen en esa localidad, cuentan con la respectiva disponibilidad en el servicio de agua potable, aprobadas tiempo antes de que se presentaran los problemas de desabastecimiento en la zona. Además, los proyectos inmobiliarios en construcción se abastecen por medio de un único medidor y cuentan con tanque de almacenamiento y sistema de bombeo privado. Bajo esa tesitura, al igual que el anterior antecedente, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso porque no se demostró que la falta del servicio de agua potable sea antojadiza, arbitraria o sin fundamento por parte de AyA, pues igualmente se comprobó que se han buscado soluciones a la problemática generada por las condiciones geográficas y climáticas que sufre la zona de Mata Redonda, así como que se han tomado medidas para atender esa situación. Aparte de que la acusada construcción indiscriminada, que no es tal, tampoco tiene incidencia en la referida problemática”.

 

Asimismo, en la resolución n.º 2019-008791 de las 9:30 horas de 17 de mayo de 2019 este Tribunal dispuso:

 

“III.- Sobre el incumplimiento de los horarios de racionamiento. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión al derecho a la salud del accionante. Del informe rendido por la autoridad recurrida, se constata que los días 23 y 24 de abril de 2019, existió un desabastecimiento en distintas comunidades de los alrededores de Guadalupe, propiamente en Santa Eduviges. Ante todo se debe tener claro que, de acuerdo con lo indicado por el ICAA, la institución no aplica racionamientos en el sector donde reside el amparado; la afectación es producida por el desabastecimiento cuando la población consume la totalidad del almacenamiento disponible, que es el que se ha podido almacenar durante la noche, cuando la demanda de la población baja, lo anterior, dada la escasez generada por la época seca. Ahora bien, según fue explicado por el ICAA, la red de tuberías funciona como un tanque de almacenamiento de gran tamaño, pues una vez que los tanques de almacenamiento son vaciados, existe agua dentro de las tuberías, cuyo consumo no se puede detectar. Una vez que el tanque queda vacío, la tubería se va descargando, pero a una tasa que no es conocida, ya que depende de muchos factores, tales como el clima, el día de la semana, la hora del día, por lo que es variable cada día. Esto hace casi imposible predecir la hora en la cual se va a ir acabando el agua disponible para el usuario. El ICAA a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aún tengan servicio, mientras que los que viven en las partes altas, desde un tiempo mayor, no cuentan con el servicio. Así las cosas, no se puede endilgar a la institución recurrida el que no se cumpla con el horario aproximado de suministro del líquido, pues no es algo que la entidad planifique, sino que depende directamente de la demanda y de las condiciones particulares del sistema, incluso climatológicas.

 

IV.- Del informe rendido bajo juramento por la Presidenta Ejecutiva del ICAA, así como de la lectura de la prueba aportada, se desprende que la entidad recurrida ha ejecutado medidas con el propósito de paliar los efectos de la escasez de agua, entre ellas: a) el abastecimiento mediante camiones cisterna, especialmente a centros educativos y centros de salud, b) el 8 de abril de 2019, se abrió un límite entre la zona de Guadalupe y Moravia, para reforzar el sector de Guadalupe, c) el 7 y el 11 de abril de 2019, se intervinieron fugas importantes no visibles, que estaban afectando el sistema, d) el 9 de abril de 2019, se habilitó un “bypass” para reforzar desde el tanque de Guadalupe, aún más el refuerzo que se le hace al tanque de San Blas, e) se han efectuado racionamientos en los sectores de Coronado, Los Cuadros y Montes de Oca con el objetivo de reforzar el abastecimiento de Guadalupe con el agua proveniente de la Planta de Tres Ríos, es decir repartir el déficit, f) se ha coordinado con el ICE con el fin de extraer más agua del embalse en esta época seca con la finalidad de aumentar la producción en Tres Ríos, y actualmente se dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la Planta de Tres Ríos, para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de Guadalupe y, g) a largo plazo se tiene planeado ejecutar el Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano, que pretende aumentar en hasta 2500 litros por segundo la producción que beneficia al Gran Área Metropolitana, mismo que se proyecta concluir en el año 2025. En criterio de este Tribunal, el ICAA ha abordado de forma diligente la problemática denunciada.  Bajo este orden de consideraciones, este extremo del recurso deviene improcedente. No obstante lo anterior, esta Sala recuerda al ICAA su obligación como entidad rectora de la gestión del recurso hídrico, de seguir implementando las medidas necesarias con el propósito de abordar el problema de escasez de agua, de tal forma que se aminore su repercusión sobre la calidad de vida de los usuarios y se garantice el derecho de acceso al agua potable”.

 

Sobre el particular, tal y como ocurrió en los precedentes de cita, la Sala observa que, en principio, la falta del servicio de agua potable responde a un problema de desabastecimiento. No obstante, la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19, hace necesario que este Tribunal se replantee la tesis supra citada. Al respecto, no solo consta que la problemática de desabastecimiento de agua se venía reflejando desde el 2017, sino que la ARESEP puntualizó que el ICAA tenía un rezago en la inversión en infraestructura y, además, significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada. Asimismo, el ente regulador también afirmó que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable.

 

De ahí que, previo a seguir validando alguna situación de desabastecimiento y en virtud de la pandemia por el COVID-19 (cuyas fatales repercusiones son públicas y notorias en otras latitudes), el ICAA debe implementar las acciones correspondientes a los efectos de solventar a corto plazo los problemas generados por la escasez de agua en las fuentes de producción, sin perjuicio de las soluciones a mediano y largo plazo que tenga proyectadas. Lo anterior se dispone, por cuanto el acceso a este líquido en medio de esta pandemia se torna fundamental para evitar una mayor propagación, según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Nótese que, luego de la comunicación del curso de este amparo, el ICAA efectuó dos interconexiones con pozos para reforzar abastecimiento en los sistemas afectados y, además, en Hatillo 2 sustituyó tuberías por otras de mayor capacidad, lo cual demuestra que sí tenía acciones a su alcance para al menos tratar de mitigar la situación; empero, no consta que estas hayan solventado lo acusado. Si bien se desprende que el ICAA ha procurado la repartición de agua potable por medio de camiones cisterna en Hatillo 2, no se aprecia con claridad si la cantidad de agua fue suficiente para suplir a las necesidades básicas de las personas afectadas. En ese sentido, el hecho de que, en un lapso de cuarenta horas, la recurrente solo haya tenido acceso al servicio por menos de dos, dimensiona la magnitud del problema y evidencia la transgresión al derecho de acceso al agua de la recurrente. Debido a lo anterior se impone la estimatoria del recurso en contra del ICAA, en los términos que se dictarán en parte dispositiva de la sentencia.

 

En relación con las demás autoridades recurridas, no se aprecia de manera evidente que tengan algún tipo de responsabilidad directa en los hechos acusados por la recurrente. De ahí que se declara sin lugar el recurso en su contra (…)” (el resaltado fue agregado).

 

Ahora, si bien este Tribunal ha declarado sin lugar recursos de amparo formulados contra el Icaa en los que se plantearon agravios similares al sub iudice, bajo una mejor ponderación, esta Sala estima que lo procedente es acoger el recurso, debido a la inadecuada prestación del servicio de agua potable en Alajuelita, de acuerdo con las consideraciones consignadas de seguido.

 

Sobre el particular, recuérdese que en el informe técnico vertido ante esta Sala por la Contraloría General de la República se indicó que: “con base en el Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables del ICAA, de septiembre de 2021, las comunidades identificadas en el cantón de Alajuelita, cuyo operador del servicio es el ICAA, presentaban un alto Índice de Vulnerabilidad Comunitaria por el Acceso al Agua, entre ellas, la de Chorotega, en el distrito de Alajuelita”. Adicionalmente, en el en el informe nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la CGR concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad (…) 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución (…) 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras (…) 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios”.

 

Por su parte, en el informe técnico nro. DH-0449-2024 del 7 de mayo de 2024, la Defensoría de los Habitantes de la República subraya que: “las gestiones realizadas por parte del AyA no han sido suficientes ni oportunas para lograr una dotación del servicio en cantidad para la población y ejemplo de ello son las 54 denuncias referidas al inicio del presente informe y recibidas entre finales de febrero y abril del 2024 (…) En el año 2023 también se recibieron denuncias de esta comunidad, para un total de 16 solicitudes de intervención. Este desabastecimiento se debe a causas multifactoriales siendo algunas externas, como el Fenómeno El Niño, aumento en la demanda de la población, baja en las fuentes de producción, modificación en el comportamiento de las lluvias, así como una desordenada planificación territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera pero, particularmente, se debe a la inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” (el énfasis fue incorporado).

 

Asimismo, recuérdese que la Aresep emitió el memorial nro. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que evidenció algunos de los problemas del Icaa, como lo son “(…) el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…)”. Además, en tal estudio se recalcó que el Icaa cobra a las personas usuarias montos que incluyen un 57% de agua que se desperdicia y que, por ende, no conlleva una contraprestación a favor de los abonados. Ello se evidencia con la conclusión de la Aresep en cuanto a que “El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones”.

 

Lo anterior evidencia un problema estructural de parte del Icaa que ha afectado la prestación del servicio de agua potable en perjuicio de los habitantes de Alajuelita, de lo cual tiene conocimiento, al menos, desde el año 2021. Al respecto, si bien en diversos informes del Icaa atinentes a tal problemática se ha indicado que el desabastecimiento obedece a múltiples factores, como el fenómeno del niño, la demanda de la población, la baja en las fuentes de producción, el comportamiento de las lluvias, entre otras consideraciones, no puede obviarse que en el sub examine ha quedado demostrado que el Icaa adolece de una “inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno”, tal como se consignó en el informe técnico nro. DH-0449-2024 del 7 de mayo de 2024 emitido por la Defensoría de los Habitantes de la República, lo que también se refleja en el informe nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 del 12 de abril de 2024, mediante el cual la Contraloría General de la República resaltó el ineficiente manejo de la gestión del portafolio de proyectos de inversión por parte de ese instituto. En igual sentido, recuérdese que también la Aresep mediante el oficio nro. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, evidenció entre los problemas que afronta el Icaa “el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración”.

 

Reflejo de lo anterior, entre el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2024, el tanque Bello Horizonte que abastece a Alajuelita recibió reportes de salida de operación superiores a 6 horas, por ejemplo, el 26 de febrero por aproximadamente 8.5 horas, el 27 y el 28 de febrero por 7.5 horas y 15 horas, respectivamente, mientras que el 2 de marzo por un total de 9 horas. Pese a ello, no se tiene constancia de que el Icaa haya informado a los habitantes de Alajuelita sobre las interrupciones en la prestación del servicio de agua potable denunciada en el sub lite, ni se tiene elemento probatorio que permita acreditar fehacientemente que ese instituto haya empleado métodos alternos para garantizar el acceso a la población de esa zona al agua potable, lo que conculca la normativa que lo rige, así como los derechos fundamentales.

 

En ese sentido, obsérvese que en el reglamento nro. 21 del 19 de marzo de 2024 ‘Reglamento Técnico "Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)"’, la Aresep reguló:

 

“Artículo 7.- Obligatoriedad de la prestación de los servicios.

 

Siempre que sea técnicamente factible, los prestadores dentro de su jurisdicción deben brindar, en condiciones de prestación óptima, los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes.

 

Asimismo, todo prestador debe garantizar, el uso eficiente del recurso hídrico, la sostenibilidad del suministro en el corto, mediano y largo plazo de los servicios públicos (…)

 

Artículo 10.- Prestación del servicio en condiciones inferiores a la prestación óptima.

 

Solo en situaciones excepcionales: caso fortuito, fuerza mayor, daño causado por tercero o suspensiones programadas, se permitirá brindar los servicios en condiciones inferiores a la prestación óptima.

 

Sin embargo, el prestador deberá implementar a la mayor brevedad posible, las medidas correctivas temporales que correspondan para suministrar los servicios hasta tanto se logre reestablecer el servicio a condiciones óptimas (…)

 

Artículo 82.- Continuidad en la prestación de los servicios.

 

Los prestadores deben garantizar que el servicio se brinde sin interrupción, las 24 horas del día, los 365 días del año, con las condiciones de calidad y cantidad establecidas en este reglamento.

 

Se exceptúan aquellas situaciones provocadas por el abonado o usuario; por caso fortuito; por fuerza mayor; o por períodos programados de mantenimiento del sistema o daño causado por terceros; en cuyo caso aplicará lo establecido en este Reglamento en cuanto a la prestación del servicio en condiciones inferiores a las establecidas en este reglamento.

 

En los casos de declaración de emergencia o de interés público, ningún abonado debe quedar sin suministro del servicio de acueducto por falta de pago. Es obligación del abonado cumplir con el pago por el servicio de acueducto, de acuerdo con las condiciones de cobro que se establezcan (…)

 

Artículo 85.- Prioridad del abastecimiento en caso de escasez.

 

En caso de que el servicio de acueducto deba ser restringido, éste se brindará con el fin de satisfacer el consumo humano, con el siguiente orden de prioridades:

 

a. Hospitales, clínicas, centros de salud centros penitenciarios, albergues, campamentos de damnificados y aeropuertos.

 

b. Centros educativos.

 

c. Vivienda, para atender las necesidades básicas de las familias.

 

d. Actividades comerciales, agrícolas e industriales.

 

Artículo 86.- Interrupción temporal del servicio de agua potable.

 

En caso de interrupción temporal de la continuidad del servicio, los prestadores deberán comunicar a los abonados y usuarios a través de los medios de comunicación colectiva, lo siguiente:

 

a. Área y población afectadas;

 

b. Tipo de afectación al abonado;

 

c. Duración estimada de la interrupción;

 

d. Razones de la interrupción del servicio;

 

e. Medidas de contingencia en caso de ser necesarias;

 

f. Medios alternativos para el suministro del agua; y

 

g. Ubicación de los puntos de entrega del agua, en caso de que se realice por medio de cisternas. El punto de entrega debe estar lo más cerca posible de los domicilios para que se abastezcan varios usuarios a la vez, evitar desperdicio y que exista facilidad de recolección del agua.

 

Esta información deberá mantenerse actualizada.

 

Artículo 87.- Comunicación de las interrupciones del servicio de suministro de agua potable

 

Los prestadores deberán comunicar las interrupciones temporales del servicio de suministro de agua potable de la siguiente forma:

 

a. Para interrupciones programadas, con al menos 48 horas naturales de antelación;

 

b. Para interrupciones no programadas, dentro de las 4 horas naturales después de detectada la avería o producido su reporte.

 

Esta comunicación deberá realizarse mediante medios de comunicación colectiva, detallando la ubicación, el horario de suministro, las condiciones del servicio alternativo de agua potable y las zonas afectadas.

 

Artículo 88.- Medios alternativos de suministro del servicio de acueducto

 

Los prestadores definirán los servicios alternativos de suministro del servicio de acueducto, estos podrán ser camiones cisterna, tuberías temporales, fuente pública u otros, siempre que estos garanticen que el agua brindada reúna las características de calidad y que asegure el acceso al agua potable para cubrir las necesidades básicas de los usuarios del área afectada.

 

a. Si la interrupción del servicio de acueducto, contemplando su reparación, se prolonga por más de 6 horas naturales, de manera diaria, el prestador está obligado a brindar un servicio alternativo de suministro de agua potable a los abonados para cubrir las necesidades básicas.

 

b. Tratándose de interrupciones que se prolongan por más de 1 día, el suministro de agua potable será diario a todos los abonados afectados por los medios alternativos de que dispone el prestador.

 

c. En el caso de abonados con interrupciones prolongadas, por más de 5 días, el prestador definirá el mecanismo para brindarles el suministro de agua, de tal forma que facilite la entrega, por ejemplo, en tanques de almacenamiento (propios o en aquellos brindados por el prestador) para reducir la frecuencia de entrega y garantizar el agua para un mayor número de días.

 

d. El abastecimiento alternativo no se podrá mantener de forma continua por más de 2 años, salvo que la programación del proyecto para solucionar el déficit de agua se extienda por un plazo mayor; debiendo contemplarse en el plan de inversiones, las necesidades de desarrollo de los servicios públicos que brindan y el operador deberá informar, por los medios que tengan disponibles, el avance del proyecto.

 

e. En el caso de abastecimiento de agua por cisterna, el prestador del servicio deberá ofrecer al menos dos horarios, uno en la mañana y otro en la tarde para distribuir el agua para garantizar que los usuarios reciban el agua potable al menos una vez al día” (el destacado fue incorporado).

 

En virtud de lo expuesto, es palmaria la violación al derecho fundamental de acceso al agua potable, máxime si se considera que el ordinal 50 de la Constitución Política dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”.

 

Por ende, se declara con lugar el recurso en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

 

VI.- En cuanto a la Aresep, la ley nro. 7593 del 9 de agosto de 1996 ‘Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)’ dispone:

 

“Artículo 4.- Objetivos Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora:

 

a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos definidos en esta ley y los que se definan en el futuro.

 

b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos.

 

c) Asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de esta ley.

 

d) Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad.

 

e) Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de concesiones.

 

f) Ejercer, conforme lo dispuesto en esta ley, la regulación de los servicios públicos definidos en ella.

 

Artículo 5.- Funciones En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son: (…)

 

c) Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes (…)” (el destacado fue agregado).

 

Así las cosas, aun cuando la Aresep tiene entre sus funciones la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio de agua potable, en el sub iudice no se verifica su adecuado acatamiento. Acerca de esto, en el informe rendido ante esta Cámara el regulador general se limitó a detallar las competencias de la Aresep y a sostener que no lesionó los derechos fundamentales de la parte tutelada. Pese a ello, no se observa alguna acción de la Aresep tendente a hacer cumplir las normas de continuidad y prestación óptima del servicio de agua potable en Alajuelita, lo que implica una conculcación a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Lo anterior se agrava si se considera lo expuesto ut supra en cuanto a que existe constancia de larga data de que el Icaa no ha emprendido una gestión ineficaz del portafolio de los proyectos de inversión, lo que incluso fue reconocido por la propia Aresep en el oficio nro. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que evidenció problemáticas del Icaa como “el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores”. Adicionalmente, recuérdese lo indicado por la Defensoría de los Habitantes respecto a que: “ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. Por ende, si bien la ARESEP manifiesta en su informe que no existen denuncias sobre el desabastecimiento de agua, sí le corresponde, como parte de sus funciones, el velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede justificar su no intervención, en la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento atender y dar seguimiento estricto a cada una de las conclusiones del informe supra señalado, tal como se indicó en el párrafo precedente y particularmente, el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante elaborado por ese mismo órgano público y mencionado en su informe (…)”.

 

De este modo, también se estima el recurso en cuanto a la Aresep, según se consigna en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

 

VII.- Por último, concerniente a la Municipalidad de Alajuelita, la Sala no observa alguna acción u omisión que haya conculcado los derechos fundamentales de la parte tutelada en los términos en que fue formulado el recurso, motivo por el que desestima el recurso contra ellos. Sin embargo, tomen nota el alcalde y el presidente del Concejo Municipal de esa corporación, que deberán coordinar lo pertinente y llevar a cabo las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias respectivas con miras a coadyuvar en la solución al problema ineficiente suministro de agua potable en ese cantón. (…)”




... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 021- Vida humana

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 21 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) V.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:

 

“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

 

Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.

 

Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.

 

El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).

 

De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc.” (véase la sentencia nro. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).

 

Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley nro. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:

 

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

 

 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

 

 La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

 

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones” (el destacado fue agregado).

 

Sobre el particular, en la sentencia nro. 2020003982 de las 11:50 horas del 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:

 

“VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:

 

Artículo 50.-

 

(…)

 

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.

 

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:

 

Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.

 

La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.

 

La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».

 

En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.

 

Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.

 

Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.

 

Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.

 

Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.

 

Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:

 

“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-

 

Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:

 

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-

 

De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 

Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.

 

En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución”.

 

De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:

 

“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

 

3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.

 

Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)

 

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

 

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

 

12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:

 

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

 

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

 

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

 

i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

 

ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

 

iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

 

iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)

 

25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.

 

26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.

 

27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.

 

28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)

 

37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:

 

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;

 

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;

 

c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;

 

d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;

 

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;

 

f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;

 

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;

 

h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;

 

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el resaltado fue incorporado).

 

Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.

 

Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:

 

“121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.

 

122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.

 

123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.

 

124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.

 

125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado no corresponde al original). (…)” VCG08/2024

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Eficiencia y eficacia de los servicios públicos

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

“(…) VI.- SOBRE EL DERECHO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL PAPEL DEL ICAA COMO ENTE RECTOR EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Sobre el particular, en la sentencia nro. 2016012058 de las 9:30 horas de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:

 

“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.

 

Al efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:

 

“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:

 

“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:

 

“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)

 

En consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:

 

“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)

 

Con lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original)

 

“V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.

 

Al respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes. Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir. Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).

 

En adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: "Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos". (…)” VCG08/2024

... Ver más
Texto de la resolución



Exp: 24-007582-0007-CO

Res. Nº 2024019565

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del doce de julio de dos mil veinticuatro .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-007582-0007-CO, interpuesto por [Nombre62 001], cédula de identidad [CED62 ], a favor de LAS PERSONAS VECINAS DE ALAJUELITA, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARIILADOS (ICAA), LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) Y LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA. 

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de marzo de 2024, la parte recurrente interpone un recurso de amparo. Menciona que, aproximadamente, desde hace un año y en el distrito de Chorotega de Alajuelita, el Icaa ha suspendido frecuentemente el servicio público de abastecimiento de agua potable sin previo aviso de programación y durante periodos que suelen extenderse hasta por 24 horas. Asevera que eso acontece todos los días de la semana. Indica que esa suspensión indiscriminada se ha extendido a los demás distritos del cantón desde marzo de 2023, por lo que abarca a toda Alajuelita. Señala que esa situación se ha agravado en los últimos tres meses. Sostiene que los horarios de suspensión y reanudación del servicio no se comunican a la población, lo que deja a las personas en un estado de inseguridad sobre cuándo tendrán la posibilidad de acceder al recurso para organizar sus quehaceres y responsabilidades cotidianas. Reclama que: "Además el AyA no tiene establecido un programa de abastecimiento con cisternas para suplir estos cortes, lo que deja a los habitantes de Alajuelita sin ninguna alternativa en muchas ocasiones, privándolos por completo del acceso al agua". Menciona que la escasez del líquido afecta especialmente a las personas vulnerables e, incluso, los recortes afectan los centros educativos. Recalca que: “A pesar de las numerosas denuncias y manifestaciones de la comunidad afectada a lo largo de todo un año, con especial gravedad en los últimos tres meses, las autoridades del AyA han sido omisas en proporcionar una respuesta adecuada sobre las causas técnicas de los desabastecimientos sin programación previa y sin planes de cobertura con cisterna. SEXTO: El 8 de febrero del presente año se llevó a cabo una reunión entre representantes del AyA y lideres comunales, en la cual el señor Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo del AyA le expuso al Comité comunal los planes de ruta en el mediano y largo plazo, y se comprometió a establecer medidas inmediatas para solventar el problema en el corto plazo, tales como instalar tanques de agua en puntos estratégicos y abastecer a la comunidad con cisternas de agua". Acusa que el Icaa ha incumplido las medidas propuestas. Detalla que: "Las personas vecinas de la comunidad de Alajuelita han sido objeto de discriminación y violación de su dignidad humana al negárseles un derecho humano fundamental como es el acceso al agua potable. Esta negación se ha visto justificada con argumentos generales como el aumento de sequías, los cuales no explican por qué los desabastecimientos ocurren únicamente en comunidades empobrecidas y más vulnerables de la Provincia, y no ocurre así en los cantones vecinos más privilegiados económicamente. Además, carecen de fundamentos técnicos que respalden tanto los cortes como la ausencia de medidas alternativas de abastecimiento en un primer momento, aunado al hecho de que abiertamente se comprometen a implementar medidas a corto plazo que posteriormente no ejecutan, de nuevo sin informar sobre algún tipo de justificación. Es importante resaltar que no existe ningún motivo que impida al AyA proporcionar con anticipación los programas y horarios de los cortes de agua, permitiendo así que la comunidad tenga certeza sobre los momentos en los que podrán recolectar agua para satisfacer sus necesidades básicas, en especial el consumo humano como principio rector para otorgar el servicio de agua. Este tipo de transparencia y previsión no solo sería un requisito mínimo ante la violación a este derecho fundamental, sino también una obligación del AyA para garantizar el bienestar y la seguridad de los habitantes de la comunidad de Alajuelita". Estima lesionados los derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso y que se ordene al Icaa ejecutar las obras y medidas necesarias para garantizar el suministro de agua en Alajuelita.

2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 8:42 horas del 21 de marzo de 2024, se dio curso al amparo y se solicitó informen el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como el alcalde y el presidente del Concejo, ambos de Alajuelita.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 3 de abril de 2024, informa bajo juramento Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Icaa. Explica que: “Con fundamento en el informe técnico SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385, elaborado por el Ingeniero Ivan Paniagua Arias, director de Macro Zona Oeste GAM, así como el Informe técnico UEN-GA-2024-00559, elaborado por la funcionaria del equipo de Gestión Social del AyA, Licda. Ana Lucía Arias Retana, documentos que son agregados como prueba y forman parte integral del expediente administrativo, queda demostrado que: 1. La zona se abastece directamente del tanque Bello Horizonte, que ha presentado una serie de reportes de salida de operación en el último mes, siendo que ninguno de ellos superó las 8 horas de desabastecimiento (ver informe técnico SGGSGAM-MZOESTE-2024-00385). 2. Con relación al (sic) reparto con camiones cisterna, según sean las condiciones del servicio en la zona y con base en lo establecido en la reglamentación vigente; para los casos donde las suspensiones del servicio sean por situaciones imprevistas tales como fugas, o salidas del (sic) operación del Campo de pozos de Puente Mulas (fuente del tanque Bello Horizonte) por falta de energía eléctrica y donde además, la afectación en los usuarios supere las 8 horas de afectación; se hará un reparto alternativo de agua potable por medio de camiones cisterna. Cuando es necesario, se prioriza los centros médicos y educativos, los cuales en este sector en su gran mayoría cuentan con tanques de almacenamiento (ver informe técnico SGGSGAM-MZOESTE-2024-00385). 3. Para el caso en específico, los boletines (cuyo cuadro consta en el informe que se adjunta como prueba) no reflejan desabastecimientos mayores a 8 horas. Los repartos con camión cisterna en el sector conocido como Urbanización La Chorotega se han realizado a solicitud de la comunidad (ver informe técnico SG-GSGAMMZOESTE-2024-00385). 4. En las instalaciones de la Cruz Roja de Alajuelita (Urbanización Chorotega), se instaló para uso de la comunidad un tanque de agua, dentro del perímetro de la Cruz Roja, que cuenta con cacheras externas para uso de la población (ver informe técnico SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385). 5. Para el caso de Urbanización La Chorotega, todos los días se pasa verificando el nivel del tanque Comunal ubicado frente a la Cruz Roja, el cual casi no lo utiliza la población. Se consulta a la Cruz Roja si requiere agua es sus tanques, dado que tienen consumo alto por lavado de camillas y limpieza de ambulancia, sin embargo, nos indican que no lo requieren, que su tanque permanece con buen nivel. En el informe que consta como prueba, se aportan algunas imágenes del reparto, así como del chat de coordinación. En una de las imágenes, se aporta un mapa donde se marcan en amarillo las calles por el INA y la evidencia de la indicación en el chat de repartir agua en esa zona (ver informe técnico SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385). 6. Por otra parte, cabe señalar que AyA tiene claramente identificados los sectores ubicados en las partes altas de Alajuelita como San Felipe, Dirección7545  , Lotes Paz, Dirección7546   (sic), El Poró, Dirección7547 , Dirección7548 , Dirección7549  como los más afectados con el suministro de agua potable, ya que, al haber menos presión en las tuberías, se quedan más pronto sin el servicio cuando el nivel de los tanques es bajo, lo que generó que el 29 de febrero se realizara un recorrido por la zona de Lotes Paz, al lado de CEDES Don Bosco para conocer la afectación que sufren los vecinos de este sector. El equipo de Gestión Social de AyA realizó un recorrido por el lugar, en el que se aprovechó para conversar con algunas familias y conocer sobre el faltante de agua en la zona (ver informe UEN-GA-2024-00559). 7. Adicionalmente el AyA ha proyectado acciones de corto, mediano y largo plazo para el suministro de agua potable en estos sectores afectados. Actualmente se está utilizando por medio de un generador eléctrico, el aprovechamiento de cerca de 80 litros por segundo de un pozo recién perforado en San Blas de Moravia y que ello contribuye en la captación de líquido para el suministro a toda la GAM. Puntualmente se plantea, como una medida que coadyuvará a disminuir o mitigar las limitaciones de acceso al agua en épocas de verano, el aprovechamiento de los pozos denominados Goal 1 y 2, haciendo uso de generadores eléctricos, lo cual se proyecta para un plazo aproximado de dos años. Dichos pozos ya cuentan con el análisis de calidad de agua y las pruebas que permiten evidenciar la cantidad y el caudal de uso. La activación de dicho aprovechamiento podría mejorar y reducir la cantidad de horas en las que la población pueda tener acceso al agua potable (ver informe UEN-GA-2024-00559). (…) En el presente caso, queda demostrado con la prueba documental que aporto y que forma parte integral de este informe, que en la zona de Alajuelita indicada por la recurrente, se ha dotado de agua potable al área afectada, a partir de las acciones ejecutadas, mediante el reparto con cisterna a solicitud de la población, además el barrio cuenta con un tanque para autoconsumo; razones por las cuales se evidencia que AyA ha ejecutado y realizado todas las acciones que corresponden al ámbito de su competencia y dentro del marco de legalidad que nos rige, por lo que se concluye que este Recurso carece de fundamento técnico, legal y reglamentario, ya que AyA cumplió con las obligaciones impuestas por imperio de ley en el marco constitucional y legal por el principio de legalidad, por ende, no se ha violentado ningún derecho constitucional a la recurrente”. 

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 9 de abril de 2024, informa bajo juramento Modesto Alpízar Luna, en su condición de alcalde de Alajuelita. Indica que: “lamentablemente la situación del agua potable, aqueja al cantón de Alajuelita desde larga data, incluso los vecinos, han expresado su descontento mediante manifestaciones debido a los problemas en el suministro de agua que enfrentan los habitantes, principalmente la población más vulnerable, como adultos mayores, personas con discapacidad y niños. En un acto de protesta, algunas familias, en meses pasados, optaron por cerrar las calles como medida para llamar la atención de las autoridades. Se tiene conocimiento que los vecinos carecen del servicio de agua por más de 24 horas; lo cual resulta incomprensible toda vez que, en Alajuelita, el AyA posee varias Plantas de tratamiento para agua potable (PTAP); éste (sic) problema lo ha sufrido incluso el municipio, debiendo en algunas oportunidades, cerrar antes de la hora habitual, ya que el faltante de agua puede causar contratiempos y complicaciones de salud pública en general. TERCERO: a pesar de lo expuesto en líneas anteriores, el gobierno local al igual que la población del cantón ha sufrido los inconvenientes de la falta de agua potable, empero, todo aquello que tiene que ver específicamente con el suministro de agua potable, administración y operación de los sistemas de acueductos y alcantarillados, le corresponde por ley al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, cuya competencia es dirigir todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuales, lo cual supone la posibilidad de establecer políticas y dictar normativa en esa materia. Así lo establece su Ley Constitutiva, número 2726 de 14 de abril de 1976, en los numerales 1° y 2°, incisos a) y g) que disponen: (…) En lo que tiene que ver con la salud humana, el ordenamiento jurídico establece que el agua es un bien de utilidad pública, cuya utilización para el consumo humano es prioritaria sobre cualquier otro tipo de uso. Así lo dispone el artículo 264 de la Ley General de Salud número 5395 de 30 de octubre de 1973, y sus reformas, el cual establece: ARTICULO 264.- El agua constituye un bien de utilidad pública y su utilización para el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. PETITORIA. Atentamente solicito se declare SIN LUGAR el presente Recurso toda vez que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el ente público que nuestro ordenamiento jurídico designa como el encargado para administrar y operar lo relacionado con los acueductos y alcantarillados en todo el país , encargado de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable , recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas. Instalación y ubicación de medidores de agua potable, por lo que la materia y objeto de éste (sic) Recurso escapa a la competencia de esta Municipalidad”.

5.- Mediante constancia suscrita el 16 de abril de 2024 por la secretaria a. i. y el técnico judicial 3, ambos de la Sala Constitucional, se indicó que: “revisado, a las quince horas cincuenta y nueve minutos del dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, en el sistema costarricense de gestión de despachos judiciales el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 04/04/2024 al 08/04/2024, el PRESIDENTE DEL CONCEJO DE ALAJUELITA haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las ocho horas cuarenta y dos minutos del veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro”.

6.- Mediante resolución del magistrado instructor de las 13:02 horas de 18 de abril de 2024, se ampliaron las partes consignadas en el recurso y se solicitó informe el regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

7.- Por escrito incorporado al expediente digital el 25 de abril de 2024, informa bajo juramento Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Explica: “Así las cosas, se debe evidenciar en primera instancia, que la voluntad de la recurrente es dirigir su recurso de amparo constitucional, contra el ICAA, y no contra esta Autoridad Reguladora, sin perjuicio de lo anterior, por medio de la resolución de las 13:02 horas del 18 de abril de 2024, la honorable Sala Constitucional, amplió el curso del proceso y solicitó a esta Autoridad Reguladora que rindiera un informe sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en consecuencia de lo anterior, a pesar de que mi representada no figura de forma expresa entre los hechos de la demanda, se procede a emitir el informe requerido. II. SOBRE LOS HECHOS ALEGADOS POR LA RECURRENTE Para efectos de rendir el informe solicitado por la Sala Constitucional sobre los hechos contenidos en el escrito de interposición del amparo de la recurrente, se procede de seguido a referirse a cada uno de ellos, según el orden en que fueron planteados, de la siguiente manera: RECHAZO EN CUANTO A LOS HECHOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉTIMO: No nos constan, y por ende los rechazamos. Tal y como se adelantó preliminarmente, en ninguno de los hechos anteriores, se hizo referencia expresa a esta Autoridad Reguladora, ya que no se cuestiona ninguna actuación u omisión atribuible a mi representada, por lo que no se cuenta con un conocimiento directo de estos hechos, siendo necesario rechazarlos. No obstante lo anterior, y de conformidad a las competencias de esta Autoridad Reguladora, se debe manifestar en cuanto a cada uno de estos hechos, lo siguiente: SOBRE LOS HECHOS DEL PRIMERO AL CUARTO: Conforme lo dispone la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, entre las funciones y objetivos fundamentales de mi representada, se encuentra el velar porque los prestadores de servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima estos servicios (artículos 4 y 5, Ley N.° 7593). Además, el artículo 25 de la misma norma, faculta al Ente Regulador a emitir los reglamentos técnicos necesarios para especificar las condiciones con que deben suministrarse los servicios públicos, es por este motivo, que se dictó la resolución RE-001 3-J D-2024 del 19 de marzo de 2024, que corresponde a la "Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (AR-RTPAAH-2015)", el cual fue publicado el 17 de abril de 2024, en el diario oficial La Gaceta N°67, Alcance N°74. Este Reglamento consideró esencial regular situaciones como las que se discuten en el presente caso, relacionadas con la discontinuidad en el servicio público de agua potable. (…) De los artículos transcritos, se observa que si bien los prestadores están facultados excepcionalmente para interrumpir el servicio de agua potable en situaciones de escasez, así como para realizar suspensiones tanto programadas como no programadas, lo cierto es que, para poder hacerlo, deben apegarse a la norma y a las condiciones que estos artículos establecen, incluyendo el deber de informar de esta situación a los abonados, e implementar las medidas correctivas temporales necesarias para prestar el servicio. Por su parte, los artículos 87, 88, 89, y 90 de la "Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (AR-RTPAAH-2015)", disponen de forma expresa lo siguiente: (…) Así, conforme a las normas recién citadas, el operador también debe gestionar el uso del agua disponible, comunicando a los usuarios afectados, por diferentes medios de comunicación, y en su sitio web, entre otras cosas, la ubicación de los puntos de entrega del agua que se realice por medio de cisternas dejando claro el inciso g) de ese artículo que, el punto de entrega debe estar lo más cerca posible de los domicilios para que se abastezcan varios usuarios a la vez, evitar desperdicio y que exista facilidad de recolección del agua. Otro aspecto importante por considerar es que, de acuerdo con el artículo 89, inciso e) del Reglamento de cita, en los casos de suministro de agua a través de camiones cisterna, el prestador debe ofrecer al menos dos horarios, uno en la mañana y otro en la tarde para distribuir el agua para garantizar que los usuarios reciban el agua potable al menos una vez al día. En este sentido, en cuanto a los hechos primero y segundo, del presente recurso de amparo, cuando la recurrente afirma que las suspensiones que realiza el prestador del servicio, se extienden a más de 24 horas continuas, y todos los días de la semana, se advierte que si bien el prestador puede establecer restricciones de uso, para hacerlo debe no sólo comunicarlo a sus abonados por los medios de comunicación colectiva respectivos, sino que también, cuando la suspensión se prolongue por más de 6 horas naturales, el prestador está en el deber de brindar un servicio alternativo de suministro de agua potable a los abonados (ejemplo con camiones cisterna), de forma que cubra las necesidades establecidas en el artículo 85 de la norma supracitada. Por su parte, la recurrente alega en sus hechos tercero y cuarto, una falta de información por parte del AyA, y una inadecuada respuesta sobre las causas de desabastecimiento, ante lo cual, la normativa existente es concluyente en la necesidad de que las comunidades afectadas con los racionamientos sean informadas con claridad sobre aspectos tales como los motivos de la escasez, la magnitud del problema, sus causas e impacto, y el plazo estimado de las medidas de racionamiento, lo anterior, con el fin de que sus habitantes puedan enfrentar la situación de disponibilidad del agua, y puedan organizarse para satisfacer sus necesidades diarias, tanto en sus hogares como en sus centros de trabajo. Es así, de acuerdo con la norma, que los prestadores están en la obligación de garantizar que las comunidades afectadas tengan acceso fácil al servicio, especialmente a las personas más vulnerables. SOBRE LOS HECHOS DEL QUINTO AL SETIMO: Sobre el hecho quinto se hace ver que la recurrente hace referencia a denuncias y manifestaciones dirigidas ante las autoridades del AyA, las cuales no le constan a la Aresep. En lo que respecta a la reunión celebrada entre los representantes del AyA y los líderes comunales, y el compromiso de medidas inmediatas para solventar el problema, lo anterior tampoco consta a esta representación, sin embargo, de acuerdo con el artículo 10 de la "Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (ARRTPAAH-2015)", el prestador debe implementar a la mayor brevedad posible, las medidas correctivas temporales que correspondan para suministrar los servicios hasta tanto se logre reestablecer el servicio a condiciones óptimas. Asimismo, la reglamentación emitida por la Aresep establece el deber de los prestadores de elaborar planes y programas que contemplen las necesidades de desarrollo de los servicios públicos, así como para asegurar la prestación de los servicios en condiciones óptimas. Todo ello, conforme a los mandatos de la Ley N°7593, que en su artículo 14, incisos i) y j) obliga a los prestadores a "estar preparados para asegurar, en el corto plazo, la prestación del servicio ante el incremento de la demanda" y a "brindar el servicio en condiciones adecuadas y con la regularidad y seguridad que su naturaleza, la concesión o el permiso indiquen". (…) En los términos indicados, y para efectos de colaborar con la administración de justicia en el presente caso, se tiene por emitido el informe requerido por la Autoridad Judicial. III. CONSIDERACIONES DE FONDO IMPORTANTES Se debe agregar que revisada la prueba documental aportada junto con el escrito del amparo constitucional, que consiste en una carta dirigida a la Municipalidad de Alajuelita, y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados con fecha del 25 de enero de 2024, suscrita por la señora Nombre67954     , y otros vecinos, se procedió a la revisión de los puntos de entrada de quejas, denuncias y otras gestiones a esta Autoridad Reguladora, lo que permitió constatar que el 31 de enero de 2024, se recibió un correo electrónico de la señora Nombre67954   (Se adjunta copia del correo electrónico a modo de prueba), bajo el asunto "Robo de agua en Alajuelita chorotega", al cual se adjuntó una copia de la carta dirigida a la Municipalidad de Alajuelita, y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados con fecha del 25 de enero de 2024 (prueba documental del amparo constitucional). Cabe indicar, que dicho correo electrónico fue contestado por personal de esta Autoridad Reguladora, el 1° de febrero de 2024, indicándole a la señora Nombre67954 , que si deseaba interponer una queja formal, debía hacerlo por medio de la ventanilla única, y que por la naturaleza de esa gestión (queja formal) requería del cumplimiento de una serie de requisitos de admisibilidad establecidos por la Junta Directiva de la Aresep (se adjunta copia del correo electrónico de respuesta), sin embargo, revisado el ingreso de quejas por la ventanilla única, se constató que a la fecha de este informe no ha ingresado formalmente dicha queja por parte de la formalmente al conocimiento de la Aresep. Además, según la revisión que se realizó en la base de datos del Área de Procedimientos de la Dirección General de Atención al Usuario de la Aresep, para el período 2024, no se tienen denuncias por falta de agua en la zona de Alajuelita. IV. PETITORIA Por las anteriores consideraciones de hecho y de derecho mencionadas, y al no darse una violación a ninguna norma o principio constitucional, se solicita respetuosamente a la Sala Constitucional: 1. Se declare SIN LUGAR el recurso de amparo planteado por la señora [Nombre62 001], en cuanto a la Aresep, por no existir en el presente caso, actuación u omisión alguna de parte de mí representada, que haya causado las violaciones alegadas por la recurrente. 2. Dar por terminado el presente proceso de recurso de amparo interpuesto, en lo referente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y resolverlo sin especial condenatoria en costas, ni daños ni perjuicios”.

8.- Mediante resolución del magistrado instructor de las 9:26 horas del 26 de abril de 2024, se requirió prueba para mejor resolver a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR).

9.- Por escrito incorporado al expediente digital el 6 de mayo de 2024, se apersona Marta Acosta Zúñiga, en su condición de contralora general de la República. Menciona: “Si bien esta representación no tiene acreditado el cuadro fáctico expuesto por la recurrente, pues no refieren a conductas propias del Órgano Contralor, en acatamiento a la solicitud de la Sala Constitucional, -dentro del corto plazo que se nos ha brindado y dada la compleja temática- elaboramos de forma interdisciplinaria el presente informe. No sin indicar que este tipo de actuaciones nos obligan a un reacomodo inmediato de nuestros recursos internos en procura de una pronta respuesta, visto que el presente informe supone incluso revisar la documentación presentada por las entidades públicas. Por la misma razón emitimos informe según nuestros antecedentes y la documentación revisada. Ahora bien, como primer punto, se comentan los principales argumentos señalados por la parte recurrente, acerca de la suspensión del servicio de abastecimiento de agua potable en Alajuelita y la extensión a los demás distritos del cantón, además, sobre el programa de abastecimiento con cisternas y las afectaciones en salud, educación y otros, así como sobre la respuesta del ICAA en materia de inversión en el corto, mediano y largo plazo. siempre utilizando como referencia primaria las fiscalizaciones del Órgano Contralor en la materia. Como segundo punto, se comentan los principales argumentos contenidos en los informes presentados por el ICAA, la ARESEP y la Municipalidad de Alajuelita, en respuesta a los argumentos señalados por la parte recurrente sobre los temas anteriormente mencionados. usando igualmente como referencia primaria las fiscalizaciones de la Contraloría General. 111.1 COMENTARIOS SOBRE EL MARCO FÁCTICO PRESENTADO POR LA RECURRENTE Sobre la suspensión del servicio. La parte recurrente señala que, aproximadamente, desde hace un año y en el distrito de Chorotega de Alajuelita, el ICAA ha suspendido frecuentemente el servicio público de abastecimiento de agua potable sin previo aviso de programación y durante periodos que suelen extenderse hasta por 24 horas. Asevera que eso acontece todos los días de la semana. Indica que esa suspensión indiscriminada se ha extendido a los demás distritos del Cantón desde marzo de 2023, por lo que abarca a toda Alajuelita. Asimismo, la parte recurrente señala que, los horarios de suspensión y reanudación del servicio no se comunican a la población. lo que deja a las personas en un estado de inseguridad sobre cuándo tendrán la posibilidad de acceder al recurso para organizar sus quehaceres y responsabilidades cotidianas. Reclama que, el ICAA no tiene establecido un programa de abastecimiento con cisternas para suplir estos cortes, lo que deja a los habitantes de Alajuelita en muchas ocasiones sin ninguna alternativa de abastecimiento, privándolos por completo del acceso al agua potable. Menciona que la escasez del líquido afecta especialmente a las personas vulnerables e, incluso, los recortes afectan los centros educativos. Al respecto, no se aporta evidencia documental sobre las zonas específicas donde el servicio se ha visto interrumpido, las franjas horarias en donde el servicio no se ha prestado, la cantidad de habitantes afectados, ni sobre las afectaciones a la población, tampoco se indican las consecuencias a nivel de indicadores de salud, de educación u otras áreas; únicamente se aporta una carta suscrita por 149 habitantes del cantón de Alajuelita. Ahora bien, con base en estudios de fiscalización realzados con anterioridad, entre ellos el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables. Además, con base en el Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables del ICAA, de septiembre de 2021, las comunidades identificadas en el cantón de Alajuelita, cuyo operador del servicio es el ICAA, presentaban un alto Índice de Vulnerabilidad Comunitaria por el Acceso al Agua, entre ellas, la de Chorotega, en el distrito de Alajuelita. Este índice, según el ICAA, tiene por objetivo determinar la vulnerabilidad comunitaria por acceso a agua potable, en aquellos lugares donde las condiciones aún manifiestan un rezago importante en procura de un servicio de agua potable que cumpla con los mejores estándares de calidad y se apliquen las mejores prácticas socioambientales para su consecución. Por su parte, se tiene acreditado mediante el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades. restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos. Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades. Sobre la respuesta del ICAA para solventar los problemas. La parte recurrente señala que a pesar de las numerosas denuncias y manifestaciones de la comunidad afectada a lo largo de todo un año, con especial gravedad en los últimos tres meses. Las autoridades del ICAA han sido omisas en proporcionar una respuesta adecuada sobre las causas técnicas de los desabastecimientos sin programación previa y sin planes de cobertura con cisterna. A su vez que, producto de una reunión con líderes comunales, el Presidente Ejecutivo del ICAA se comprometió a establecer medidas inmediatas para solventar el problema en el corto plazo, tales como instalar tanques de agua en puntos estratégicos y abastecer a la comunidad con cisternas de agua. sin embargo, ninguna de las medidas propuestas se ha cumplido a la fecha, y los cortes de agua han ocurrido sin aviso previo. Con relación a (sic) tal punto, en opinión del Órgano Contralor, si bien no se tiene constancia de los acuerdos entre la comunidad y el ICAA para el caso específico de Alajuelita ni de los mencionados incumplimientos de dichos acuerdos, con base en el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-24 denominado "Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados" del 12 de abril de 2024, se tienen acreditados una serie de deficiencias en la gestión del desempeño del portafolio de inversiones en agua potable y saneamiento, así como debilidades en la gobernanza en la gestión del portafolio de inversiones, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. Específicamente, se encontró que únicamente el 16.7% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país (utilizado el Índice de Desarrollo Social de 2023 publicado por MIDEPLAN) tienen inversiones programadas en agua potable, por su parte, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el "Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable" del ICAA de 2021, están asociados a las principales inversiones contenidas en el portafolio del ICAA, lo que muestra una deficiente atención de las comunidades más vulnerables del territorio nacional. Asimismo, que un 57% de los proyectos debían estar finalizados a enero de 2024 según estimaciones del ICAA, sin embargo, continuaban en ejecución, demorando mejoras en la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable, así como el beneficio para 2.8 millones personas en todo el país. También. se encontró que el diseño y gestión del portafolio de inversión del ICAA presentaba un nivel incipiente y carecía de una secuencia lógica y sistémica, lo que dificulta la resolución de las problemáticas actuales y futuras más apremiantes de la población mediante las inversiones que conforman el portafolio, las cuales permitirían atender los retos asociados a la desigualdad en el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, así como a los conflictos sociales por el uso del agua. 111.2 SOBRE LA RESPUESTA DEL ICAA Sobre inconsistencias en el criterio del ICAA. En el numeral 1 relativo a elementos hidráulicos que conforman la red de abastecimiento y distribución en el sector Alajuelita, incluyendo el Tanque de Bello Horizonte, el ICAA indicó que el tanque no había reportado salidas de operación que implicaran desabastecimiento superior a las 8 horas diarias. A pesar de ello, el 27 de febrero 28 de febrero y 2 de marzo del año en curso la suspensión fue mayor a las 8 horas indicadas, en particular, 8 horas y 40 minutos, 14 horas y 9 horas, respectivamente. Todo lo anterior, conforme a los consecutivos 2024540, 2024318 o 2024547. 2024552. 2024565, 2024600 y Telf876, descritos en el cuadro denominado "Boletines de San José / Alajuelita / Concepción del 26/02/2024 al 11I03I2024", del informe SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385, aportado como evidencia al expediente del presente recurso de amparo. En este sentido, la "Reforma reglamento prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes"*, vigente durante los días de desabastecimiento señalados, indica la necesidad de brindar abastecimiento alternativo y explicaciones razonables en caso de que la (sic) suspensiones excedieran las 8 horas diarias. Cabe destacar, que de acuerdo al (sic) reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que cubra las necesidades básicas de la población y los requerimientos de hospitales, clínicas y centros de salud. Sobre lo anterior y en línea con los numerales del 3 al 5, el "Informe Reparto Cisternas Alajuelita Recurso Amparo Expediente 24-007582-0007-CO" memorando n.° SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 del 26 de marzo del 2024, en las Ilustraciones 2 y 3 se adjuntan imágenes sobre acciones del ICAA para abastecer de agua potable mediante cisternas a algunas comunidades afectadas en los días 28 de febrero, 29 de febrero y 3 de marzo de 2024. No obstante, como se observó en párrafos anteriores, los desabastecimientos por más de 8 horas darías sucedieron los días 27 de febrero, 28 de febrero y 2 de marzo del año en curso, sin acreditarse en la prueba aportada el establecimiento de un mecanismo alternativo, en este caso el cisterna, a las comunidades afectadas en 2 de los 3 días citados, cuya suspensión reportada superó las 8 horas. Sobre las condiciones de la red existente. En el numeral 1 y 2 relativo a elementos hidráulicos que conforman la red de abastecimiento y distribución en el sector Alajuelita, incluyendo el Tanque de Bello Horizonte, el ICAA indicó que el tanque no había reportado salidas de operación que implicaran desabastecimiento superior a las 8 horas dianas. Además, en el numeral 6, el ICAA señala que el rápido desabastecimiento del servicio de agua potable en el distrito de Chorotega de Alajuelita, responde a la falta de presión en las tuberías debido a que se encuentran en una de las partes altas de la red, condición que se complica cuando el nivel de los tanques es bajo. Acerca de esto, la Contraloría General en el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión. Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable. En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio. En el mismo numeral, el ICAA señaló que el equipo de Gestión Social realizó un recorrido por el lugar para conocer la afectación. Sin embargo, el informe UEN-GA-2024-00559 con el cual el ICAA sustenta su accionar, no se encuentra adjunto al expediente, por tanto no es posible para este Órgano Contralor emitir informe sobre lo expuesto. Sobre las acciones de corto, mediano y largo plazo. En su informe, en el numeral 7, el ICAA señala que esa entidad ha proyectado acciones de cono, mediano y largo plazo para el suministro de agua potable en estos sectores afectados. Una de ellas en la reciente perforación de un pozo en San Blas de Moravia, en el cual mediante un generador eléctrico se aprovechan cerca de 80 litros por segundo que se distribuyen a toda la GAM. Puntualmente plantea, como una medida que coadyuvará a disminuir o mitigar las limitaciones de acceso al agua en épocas de verano, el aprovechamiento de los pozos denominados Goal 1 y 2, haciendo uso de generadores eléctricos, su implementación se proyecta para un plazo aproximado de dos años. Tales pozos ya cuentan con el análisis de calidad de agua y las pruebas que permiten evidenciar la cantidad y el caudal de uso; su funcionamiento podría mejorar y reducir la cantidad de horas en las que la población pueda tener acceso al agua potable. Estas acciones de corto, mediano y largo plazo recién descritas se basan en el informe n.° UEN-GA-2024-00559, el cual no se pudo ubicar en el expediente remitido a la Contraloría General. Sin embargo, sobre el tema del portafolio de inversiones del ICAA, el Órgano Contralor emitió el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, denominado "Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", en donde se determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA, no ha sido eficaz ni eficiente; situación que restringe la capacidad de brindar con oportunidad el servicio y la atención de las problemáticas públicas asociadas al agua potable. Tal como se mencionó en secciones previas, el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 encontró que un 57% de los proyectos debían estar finalizados a enero de 2024, según estimaciones del ICAA pero al momento de la fiscalización no se habían completado, demorando mejoras en la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable, así como la atención requerida a las necesidades públicas en torno al recurso hídrico de aproximadamente 2,8 millones personas en todo el país. A su vez, se determinó que la gestión de la información no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Del mismo modo, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. Finalmente, se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios. En general, los resultados encontrados en la referida fiscalización, limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6 el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las personas en condición de vulnerabilidad. 111.3 SOBRE LA RESPUESTA DE LA ARESEP Respecto a la ARESEP cabe señalar que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, n.° 7593, apunta en el inciso c), artículo 5, como función de dicho ente el velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable. De manera concordante, el inciso b) del artículo 6 de la citada ley, denota como obligación de la ARESEP la elaboración de inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, cuando se estime conveniente, a fin de verificar la calidad, confiabilidad, continuidad, costos. precios y tarifas del servicio público. Asimismo. el artículo 21 de la Ley n.° 7593 precisa a la ARESEP la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones. Referente a lo argumentado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos sobre el recurso de amparo en cuestión, este Órgano Contralor no puede emitir opinión, en tanto no se aportaron informes o evidencia alguna que sustentara su actuación en los términos señalados. 111.4 SOBRE EL INFORME DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA En cuanto al informe de la Municipalidad de Alajuelita, la posición defendida por esta Municipalidad en la que destaca la responsabilidad rectora del ICAA en la administración de los acueductos y alcantarillados a nivel nacional, es parcialmente válida. Sin embargo, es importante recordar el principio de coordinación que rige las acciones de todas las instituciones estatales. La descentralización administrativa no implica la ausencia de un objetivo común, al contrario, exige una coordinación efectiva entre las entidades para garantizar la eficiencia en la prestación de servicios públicos. La Sala Constitucional ha subrayado repetidamente la obligación del Estado de coordinar las acciones de sus entidades para garantizar una gestión administrativa rápida y efectiva en beneficio de los ciudadanos. (Ver resoluciones N° 18896 - 2014 21 de noviembre del 2014 y N° 24197 - 2021 29 de octubre del 2021). Por lo tanto, tanto la Municipalidad de Alajuelita como el ICAA deben colaborar y determinar las mejores estrategas para abordar el problema planteado por la comunidad afectada. Aunque el ICAA tiene competencia directa en asuntos relacionados con el suministro de agua, la Constitución Política establece que la satisfacción de los servicios locales está a cargo de las municipalidades. Por lo tanto, la Municipalidad de Alajuelita no puede eludir su responsabilidad simplemente delegando el problema al ICAA. Es evidente que la falta de abastecimiento de agua afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es imperativo que las instituciones pertinentes unan esfuerzos y trabajen en conjunto para encontrar soluciones rápidas y efectivas. En este sentido. se deben explorar medidas concretas que permitan abordar la situación de manera eficiente y brindar alivio a la comunidad afectada. En resumen, la coordinación entre las instituciones estatales es esencial para garantizar la prestación adecuada de servicios públicos. Es crucial que la Municipalidad de Alajuelita, el ICAA, ARESEP y demás entes responsables según sus competencias, colaboren estrechamente para resolver el problema del suministro de agua y proteger los derechos de los ciudadanos. III. CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de Chorotega de Alajuelita, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás distritos del cantón, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2. Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en los distritos de Alajuelita, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA en agua potable presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3. Se encontraron inconsistencias en el Informe SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 aportado por el ICAA, pues aunque se sugieren desabastecimientos inferiores a las 8 horas diarias, la Contraloría General encuentra diferencias horarias superiores a las 8 horas para 3 días específicos, utilizando como base la misma información rendida en ese informe. Además, este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. 4. En su contestación el ICAA no aportó evidencia referente al establecimiento de un mecanismo alternativo para los días que se encontraron suspensiones que superaban las 8 horas diarias. Tampoco el ICAA adjuntó el informe UEN-GA-2024-00559 que sustenta su actuación en torno a la Gestión Social. Es por lo anterior que no es posible brindar una opinión sobre los elementos citados. 5. No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar informe y recalca además el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable, por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones. 6. Finalmente, si bien la Municipalidad de Alajuelita destaca la responsabilidad rectora del ICAA en la administración de los acueductos y alcantarillados a nivel nacional, es importante recordar el principio de coordinación que rige las acciones de todas las instituciones estatales. por lo que en opinión del Órgano Contralor es crucial que la Municipalidad de Alajuelita, el ICAA, ARESEP y demás entes responsables según sus competencias, colaboren estrechamente para resolver el problema del suministro de agua y proteger los derechos de los habitantes”.

10.- Por escrito incorporado al expediente digital el 8 de mayo de 2024, se apersona Nombre14330  , en su condición de defensora de los habitantes de la República. Explica: “2. SOBRE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA El 28 de julio de 2010, por medio de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, confirmando que el agua potable y su saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Es decir, se trata de un derecho en sí mismo que forma parte de las condiciones más fundamentales para la supervivencia; sea entonces que se trata de un derecho transversal en el ordenamiento jurídico, pues su escasez tiene un impacto en otros derechos. Piénsese en este sentido en que, ante la ausencia de este recurso hídrico, se ven amenazados derechos como la vida, la salud, la alimentación, educación, trabajo, entre otros, de ahí que su garantía promueve el desarrollo de los demás derechos mencionados y en un Estado Social de Derecho como el nuestro, este tipo de garantías son fundamentales, particularmente si se considera que este forma parte de los Derechos Humanos de primera generación y la función gubernamental deviene en reconocerlo y regularlo. “En el plano internacional, el derecho humano al agua es reconocido en varios instrumentos jurídicos tales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres y la Convención sobre los Derechos del Niño, también en Convenios de Derecho Internacional Humanitario, tales como el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a las víctimas de los conflictos armados internacionales, (Protocolo I) de 1977, y el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II de 1977), así como en Declaraciones Ministeriales como la Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 1979 ; Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible de 1992; Declaración Ministerial del Foro Mundial del Agua de Kyoto de 2003; de forma regional en la Carta Europea del Agua de 1968; Carta Europea de los Recursos del Agua de 2001 y la Recomendación 1731 de 2006 del Consejo de Europa “Contribución de Europa por el mejoramiento de la gestión del Agua”; y la Convención de 1992 sobre la protección y la utilización de los recursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, adoptado en Londres en 1999 en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas; Carta Africana de los derechos y bienestar del niño de 1990; Convención Africana para la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales de 2003; Protocolo a la Carta Africana de los derechos del hombre y de los pueblos sobre los derechos de la mujer en África de 2003; Carta de las Aguas del Río Senegal de 2002; Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) de 1988”.4 Lo anterior evidencia la importancia que a nivel mundial se le otorga a la protección de este derecho y la necesidad de garantizar su acceso a todas las personas. En nuestro país, esta Honorable Sala Constitucional siempre ha tenido clara la importancia del derecho que nos ocupa, prueba de ello es que por la vía de la jurisprudencia constitucional, se reconoció por primera vez en el año 2003, el agua como un derecho fundamental asociado a la vida, a la salud y más tarde como un derecho humano en sí mismo, incluso antes que lo hicieran las Naciones Unidas con su reconocimiento en el 2010 según se mencionó.5 En este sentido, sobre el derecho que nos ocupa, determinó en su momento nuestra Sala Constitucional: “ V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo: “Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”. De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos. (…)”6 –resaltado es propio- Esta posición se ha mantenido en el tiempo, pues mediante resolución número 02563-2019 de las 9:30 horas del 15 de febrero de 2019, indicó esta Sala lo siguiente: “V. Sobre el derecho al agua potable. Este Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la vida y a la salud son derechos fundamentales cuyo goce exige el acceso al agua potable. Para que el ser humano disfrute de salud requiere que se le garanticen un conjunto de condiciones mínimas necesarias para alcanzar un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental, así como para impedir el surgimiento de disfunciones que alteren su pleno crecimiento y desarrollo. Una de esas condiciones es precisamente el suministro de agua apta para el consumo humano. De allí el deber del Estado costarricense, en general, y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en particular (véanse los artículos 1 y 2 de la Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961), de garantizar a toda persona, de forma progresiva y sin discriminación, el acceso al agua potable, para satisfacer sus necesidades básicas (Sentencia Nº 2012-010712 de las 9:15 horas del 10 de agosto del 2012).” –resaltado es propio- Partiendo de lo anterior, es clara la garantía que implica contar con la dotación regular de este recurso, con miras a promover y resguardar otros derechos humanos de gran importancia, como lo serían la vida, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, entre otros; estando el Estado costarricense constreñido, no solo por sus compromisos internacionales, sino particularmente por el compromiso con los habitantes, a garantizar el acceso digno a este recurso. Una vez realizado este preámbulo, se procede a presentar el informe requerido por este Honorable Tribunal Constitucional en cuanto al tema que nos ocupa. 3. CRITERIO TÉCNICO SOBRE LOS HECHOS EN ESTUDIO EN EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO En relación con la problemática por el inadecuado suministro de agua potable en la comunidad de Alajuelita, es necesario indicar que la Defensoría se encuentra en la fase de investigación de este tema a partir de todas las denuncias recibidas –que serán referenciadas en el epígrafe siguiente-, es decir, aún no se cuenta con el informe final con recomendaciones elaborado y, es en atención a su requerimiento técnico, que se comparte lo que se tiene acreditado hasta el día de hoy, tomando esto como sustento para referirnos a los hechos concretos del recurso de amparo que nos ocupa: 3.1. Sobre la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: En el período comprendido entre los meses de febrero, marzo y abril del 2024, la Defensoría ha recibido las siguientes denuncias en contra del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en adelante AyA) por la suspensión del servicio de suministro de agua potable, todas de la zona de Alajuelita: - Sra. Nombre67955   , expediente 436561-2024-RI - Sra. Lady Vanesa Portillo Alvarado, expediente 439218-2024-RI - Sra. Nombre67956   , expediente 439351-2024-RI - Sr. Nombre67957   , expediente 440260-2024-RI - Sra. Nombre67958  , expediente 440410-2024-RI - Sra. Nombre67959   , expediente 440909-2024-RI - Sra. Wendy Alejandra Díaz Loaiza, expediente 441241-2024-RI - Sra. Nombre67960  , expediente 441241-2024-RI - Sr. Nombre67961   , expediente 441675-2024-RI - Sra. Nombre67962   , expediente 441673-2024-RI - Sra. Nombre67963  , expediente 441671-2024-RI - Sra. Nombre67964  , expediente 441667-2024-RI - Sra. Laura Verónica Monge Mora, expediente 441660-2024-RI - Sr. Luis Steven Mora Ugarte, expediente 441658-2024-RI - Sra. Nombre67966   , expediente 441657-2024-RI - Sra. Nombre67967   , expediente 441656-2024-RI - Sra. Nombre67968      , expediente 441654-2024-RI - Sra. Nombre67969   , expediente 441653-2024-RI - Sra. Nombre67970   , expediente 441651-2024-RI - Sra. Nombre67971  , expediente 441650-2024-RI - Sra. Nombre67972   , expediente 441648-2024-RI - Sra. Nombre67973     , expediente 441681-2024 - Sra. Nombre67974   , expediente 441679-2024-RI - Sr. Nombre67975   , expediente 441677-2024-RI - Sra. Nombre67976   , expediente 441683-2024-RI - Sra. Nombre67977   , expediente 441684-2024-RI - Sra. Nombre67978       , expediente 441694-2024-RI - Sr. Nombre67979   , expediente 441696-2024-RI - Sr. Nombre67980   , expediente 441698-2024-RI - Sra. Nombre67981   , expediente 441699-2024-RI - Sr. Nombre67982      , expediente 441701-2024-RI - Sr. Nombre67983   , expediente 441703-2024-RI - Sra. Nombre67984   , expediente 441704-2024-RI - Sr. Nombre41840   , expediente 441705-2024-RI - Sra. Nombre67985   , expediente 441707-2024-RI - Sra. Nombre67986   , expediente 441708-2024-RI - Sr. Nombre67987   , expediente 441711-2024-RI - Sra. Nombre67988     , expediente 441718-2024-RI - Sra. Nombre67989   , expediente 441721-2024-RI - Sra. Nombre67990  , expediente 441727-2024-RI - Sra. Nombre67991   , expediente 441728-2024-RI - Sr. Nombre67992   , expediente 441736-2024-RI - Sra. Nombre67993   , expediente 441730-2024-RI - Sr. Nombre67994   , expediente 441748-2024-RI - Sra. Ariane Pamela Bermúdez Marín, expediente 441749-2024-RI - Sra. Nombre67995   , expediente 441750-2024-RI - Sra. Nombre67996   , expediente 441751-2024-RI - Sra. Nombre67997    , expediente 441752-2024-RI - Sra. Nombre67998  , expediente 441753-2024-RI - Sra. Nombre67999   , expediente 441754-2024-RI - Sra. Nombre68000     , expediente 441755-2024-RI - Sr. Nombre68001   , expediente 441756-2024-RI - Sr. Nombre68002   , expediente 441824-2024-RI - Sra. Nombre68003   , expediente 441841-2024-RI A partir de las denuncias recibidas, la Defensoría solicitó al AyA, información relacionada con los horarios en los que las y los habitantes reciben el suministro de agua potable, indicar si ese horario se ha visto interrumpido y cuáles son las razones, si se informa a la población de las suspensiones en el servicio y por qué medios, proyectos por ejecutar y a qué plazo. El AyA ha dado respuesta a los cuestionamientos en los siguientes términos: A. Detalle de actuaciones del AyA conocidas y/o requeridas por la Defensoría de los Habitantes: A.1. Informes: La Defensoría recibió del AyA los siguientes informes:  Respuesta al oficio GG-CS-2024-00087 de fecha 28 de febrero del 2024, Sector Urbanización Chorotega, Alajuelita, suscritos por Carlos Camacho Soto, Operación y Control Acueducto GAM y José Daniel García de Ejecución de Proyectos GAM: “2. Beneficios de perforación de pozos y acciones que ha tomado la institución para brindar el servicio de agua a las comunidades afectadas En relación con lo solicitado en el punto cuatro: “indicar si, producto de la perforación de pozos, alguna de esa agua con la que se cuenta, beneficiará al acueducto que abastece a Alajuelita. Si no es así, señalar cuál proyecto sí beneficiaría a esa comunidad y en qué plazo entraría en vigencia”, para mejorar el servicio de los sectores abastecidos por el tanque de Bello Horizonte, siendo un sector directo la urbanización Chorotega, y disminuir las afectaciones se han tomado algunas medidas operativas inmediatas, entre estas medidas, y en particular para la distribución del recurso a nivel geográfico, se puede indicar que con la infraestructura disponible se realizaron trasvases entre los sistemas, de forma diaria se realizaron las siguientes maniobras operativas: a. Trasvase de volumen de agua entre los sistemas de La Valencia y Bello Horizonte, se ejecuta con el accionamiento de equipos de bombeo, para permitir el ingreso de agua del sistema de La Valencia y reforzar el sistema de Puente de Mulas, al que pertenece el tanque Bello Horizonte. Este aporte tuvo que reducirse desde finales de enero cuando por daños provocados por un tercero se contaminó una fuente en Guadalupe, por lo que parte del refuerzo de La Valencia tuvo que usarse para trasvasar agua hacia Tibás que recibe agua de la Planta de Guadalupe y redistribuir este aporte entre las zonas afectadas de la manera más equitativamente posible. b. Se realizan racionamientos en el Sistema de San Juan de Dios de Desamparados y el Sistema de Alajuelita, que son reforzados por Puente de Mulas a través de Bello Horizonte para distribuir el agua disponible entre las 3 zonas de la forma más equitativamente posible. c. Se ejecutó un control de presiones mediante una calibración de válvulas de control de presiones. Al calibrar las válvulas a una menor consigna la cantidad de agua que se pierde en fugas y el consumo innecesario en la población disminuye. d. Se hizo una redistribución de los horarios para las labores operativas de mantenimiento de las plantas potabilizadoras en momentos en que los sistemas presentan una menor demanda y, por lo tanto, reducir el impacto de estos procesos sobre la producción. Con respecto al posible beneficio derivado de la implementación de nuevos pozos para el sistema de abastecimiento ME-A-19 Puente Mulas, el cual suministra agua a la Urbanización Chorotega, se destaca que la institución está actualmente gestionando proyectos para aumentar el caudal. El objetivo es abordar de manera efectiva el problema existente en la zona. Para obtener información detallada, se adjunta el Anexo 5, que contiene el esquema de "Proyectos actuales para el beneficio de Alajuelita". 3. Interrupciones actuales y razones del desabastecimiento en Alajuelita En relación con lo solicitado en el punto cinco: “Señalar las razones por las cuales hay desabastecimiento en la zona de Alajuelita.” Indicar la razón por la cual el cantón ha presentado problemas de abastecimiento de agua potable, se informa lo siguiente: a. Fenómeno del Niño El sector de Alajuelita se abastece del sistema de Puente Mulas que es uno de los 31 sistemas del Acueducto Metropolitano (AM) y que se refuerza con agua de los sistemas de La Valencia y de Tres Ríos, no obstante, éste (sic) ha sufrido afectación por la problemática asociada a la disminución de en las fuentes de producción que es producto de la época seca, debido a la falta de lluvia. Esta situación es particularmente más sensible en épocas del año cuando el país se encuentra bajo la influencia del fenómeno de El Niño, como ha ocurrido desde el año pasado, según lo indica el Instituto Meteorológico Nacional en su informe ENOS (Ver Anexo 6). Con la reducción de las lluvias, los caudales de las fuentes se reducen y con ello los caudales de producción que se pueden extraer de ellas, adicional a esto cuando se consolida la época seca se da un aumento en el consumo de la población. La influencia del fenómeno de El Niño, genera además, que durante la época de transición y época lluviosa se presenten lluvias fuertes que producen arrastre de sedimentos y otros materiales que dependiendo de sus características físico químicas impliquen que el agua cruda supere los parámetros organolépticos máximos que se pueden potabilizar, lo que implica que este recurso no puede ser aprovechable pues no cumpliría la normativa vigente para que se considere agua potable y apta para el consumo humano. En el 2023, producto de la culminación de proyectos se logró aumentar la oferta de recurso hídrico, tal y como se visualiza en la figura 6, sin embargo, aun habiendo aumentado la cantidad de fuentes disponibles, por medio de la operación de estos proyectos concluidos; para los meses de setiembre a diciembre se obtuvieron producciones incluso menores que las registradas para el año 2022, esto es debido a la influencia del fenómeno El Niño. El déficit hídrico es provocado por un factor externo, como es el cambio climático mundial, impacta la recarga de las fuentes que toma la Institución para potabilizar. b. Trasvase de agua Para el caso específico de Alajuelita, se abastece con agua que se produce en el sistema Puente de Mulas cuyas fuentes se ubican en Belén, y que se almacena en el tanque de Bello Horizonte, al agua se trasvasa a partir de una cadena de estaciones de bombeo, esto debido a que en este cantón no se cuenta con fuentes hídricas que puedan directamente aprovecharse para el consumo humano. Por lo que el abastecimiento de la zona está ligado a que estos sistemas de bombeo trabajen de forma continua, que de interrumpirse el fluido eléctrico o bien se presente alguna avería en las tuberías que conducen el agua a través de dicha cadena en alguno de sus puntos, el servicio se puede ver afectado. c. Inestabilidad del comportamiento de la demanda El comportamiento de la demanda de agua no ha sido estable, es decir, es variable durante las horas del día. Durante las horas de la noche, cuando la mayor parte de la población duerme, la demanda es muy inferior a la producción promedio, por esta razón, el agua que no se consume se va acumulando en el tanque de almacenamiento y el nivel sube. Luego en horas de la madrugada o mañana, empieza la demanda más fuerte, tanto que supera la producción promedio, las fuentes no pueden producir más de su capacidad, y por lo tanto el tanque es el que aporta la diferencia, y con ello el nivel del tanque comienza a bajar. Es importante recalcar que cuando los tanques de Bello Horizonte quedan sin nivel, se da una afectación inmediata en todo el sistema. d. Sector topográficamente alto El sector de Alajuelita dentro de su zona de presión corresponde a uno de los sectores topográficamente más altos, por lo que, hay una dificultad adicional para poder llevar el agua, situación que afecta en casos cuando hay desabastecimientos, es decir cuando el agua disponible que se ha logrado almacenar durante las noches (cuando se consume una menor cantidad de agua), es consumida en su totalidad. Conclusiones • El desabastecimiento en Alajuelita se ve afectado por factores externos como el fenómeno de El Niño y la demanda variable de la población. • La Institución ha tomado medidas operativas inmediatas para mejorar el abastecimiento, pero ciertos factores escapan a su control. • Las afectaciones tienen varios componentes que no se encuentran bajo el control de la Institución, como lo son la baja en las fuentes de producción, influenciadas del cambio climático y la demanda de la población que incluye sus variaciones en su distribución en el tiempo y ubicación espacial. La Institución ha tomado medidas inmediatas en varios niveles para mejorar las condiciones de abastecimiento del sector las afectaciones en este sector: de comunicación a la población a través de los canales institucionales, a nivel operativo y en términos de inversiones para reducir las afectaciones que experimenta la población de éste (sic) sistema.”  Atención al oficio 02980-2024-DHR de fechas Dirección7550    , Sector Dirección7551 , San Josecito de Alajuelita, suscrito por Roy González Valverde, Ingeniero de Operación y Control del Acueducto GAM: “Se evidencia que no se puede establecer un horario fijo para el suministro de agua, ya que los faltantes son causados por desabastecimientos ocasionados por un aumento del consumo que provoca pérdida de nivel en el tanque de almacenamiento y no por racionamientos controlados por manipulación de válvulas. La comunicación con la población se realiza mediante boletines de desabastecimiento, los cuales ofrecen estimaciones de horario. Las interrupciones del servicio se notifican mediante boletines con horarios aproximados, los cuales son ajustados en caso de que se presenten imprevistos como fallos en el suministro eléctrico en estaciones de bombeo. Además, se identifican causas adicionales del desabastecimiento, como la contaminación por hidrocarburos en Guadalupe y un aumento del consumo durante la época seca. Se resaltan dos proyectos de perforación de pozos, Goal 1 y Goal 2, como soluciones a mediano plazo para mejorar el suministro de agua en la zona. Estos proyectos beneficiarán directamente a la población de Alajuelita con una producción estimada de 9 504 000 litros diarios y se espera que entren en operación en el segundo semestre de 2024. Su implementación contribuirá significativamente a mitigar los problemas de desabastecimiento en la comunidad. 2. Indicar si cuando el horario no se cumple, se informa a la población y por qué medios. Sí se informa. En el caso de las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano son anunciadas a la población por medio de los boletines de suspensión del servicio y que son difundidos a la población por medio de los canales oficiales que ha dispuesto para ese fin (por ejemplo: Línea 800-REPORTE, redes sociales, página Institucional, aplicaciones para dispositivos móviles de AyA, etc.) Las suspensiones en el servicio se categorizan en dos grupos: a. Suspensiones programadas: Se trata de aquellas suspensiones en las que se requieren realizar cierres y afectación a los usuarios para realizar algún trabajo por ejemplo lavado de tanques, interconexiones, instalación de válvulas, entre otras actividades que se deben programar, en esos casos es necesario avisar a la población con dos días de antelación según el reglamento de la ARESEP para que los usuarios se puedan preparar con la antelación deseada. b. Suspensiones imprevistas: Lamentablemente son aquellas suspensiones en las que se presentan afectaciones en el Acueducto de forma súbita y debido a la afectación se debe emitir el boletín con el objetivo de alertar a los usuarios de que se tiene una situación y que se está atendiendo, así como las horas que se tienen previstas de afectación. En el caso de las suspensiones programadas los usuarios pueden programarse e idealmente almacenar solamente el recurso necesario para el espacio de la suspensión. Las suspensiones imprevistas se pueden presentar debido a fugas, pero también se pueden dar por salidas imprevistas de las fuentes de producción, de modo que es complejo anticipar con mucho tiempo la posibilidad de desabastecimiento. 4. Señalar las razones por las cuales hay desabastecimiento en la zona donde vive la señora Araya. Existen una serie de causas que han generado problemas de abastecimiento en Alajuelita. En primera instancia, cuando se presentó la contaminación por hidrocarburos en Guadalupe se tuvo afectación por disminución en el bombeo que se realiza desde los tanques del Sur hacia Alajuelita, con lo que se dieron problemas de abastecimiento. Además, por las condiciones topográficas del sector de Alajuelita, el cual se encuentra en una zona elevada, el agua llega a este sector mediante una cadena de bombeos, que inicia desde Belén de Heredia y pasa por varias estaciones, hasta finalmente llegar a los usuarios de Alajuelita. Cuando se da algún fallo en el suministro de corriente eléctrica y se interrumpe el bombeo en alguna de las estaciones, se generan problemas de abastecimiento en Alajuelita. Por último, se ha presentado un importante aumento del consumo debido a la época seca en todo el sector de Alajuelita, propiciando un aumento en los desabastecimientos. Conclusiones 1. No existe un horario estipulado para el suministro de agua en Dirección7551 , San Josecito de Alajuelita, debido a desabastecimientos ocasionados por aumento del consumo que provoca pérdida de nivel en el tanque de almacenamiento. Sin embargo, se informa a la población mediante boletines de desabastecimiento, ofreciendo estimaciones de horario y alternativas de abastecimiento como camiones cisterna y tanques comunales. 2. Los horarios de faltante de servicio se estiman en base a (sic) datos de presión y niveles de tanque, pero pueden verse afectados por condiciones topográficas e imprevistos como la falta de suministro eléctrico en estaciones de bombeo. En tales casos, se extiende la comunicación a la población a través de los medios oficiales. 3. Las suspensiones del servicio de agua se informan a la población a través de canales oficiales como la Línea 800-REPORTE, redes sociales, página web de la institución y aplicaciones móviles. Estas suspensiones se categorizan en programadas, que se avisan con dos días de antelación, y en imprevistas, que se notifican con el objetivo de alertar a los usuarios sobre la situación y su duración estimada. 4. Los proyectos de perforación de pozos, denominados Goal 1 y Goal 2, beneficiarán directamente a la población de Alajuelita con una producción estimada de 9 504 000 litros diarios. Estos pozos entrarán en operación en el segundo semestre de 2024, lo que contribuirá a mejorar el abastecimiento de agua en la zona. 5. Las razones del desabastecimiento en Alajuelita incluyen la contaminación por hidrocarburos en Guadalupe, afectaciones por fallos en el suministro eléctrico en las estaciones de bombeo y un aumento del consumo durante la época seca. Estos factores han contribuido a los problemas de abastecimiento en la zona donde vive la señora Araya.”  Atención oficio 02980-2024-DHR de fecha Dirección7552    , Sector Dirección7551 , San Josecito de Alajuelita, Ing. Sulmericcia Hernández Rodríguez, Ejecutiva experta zona 1-MZO-GAM: “El departamento de mantenimiento de Redes y conexiones atiende el mantenimiento y mejoras de las redes de distribución y el parque de hidrómetros, los puntos solicitados en el oficio no son atinentes a las funciones del departamento. Sin embargo, nos referiremos a temas generales de reparto alternativo de agua con cisternas en Alajuelita y los proyectos menores (mejoras) que se han ejecutado), entre ellos uno ubicado en Dirección7551 . Del informe se obtienen las siguientes conclusiones: • A nivel de micro distribución no se han presentados eventos de reparación importantes en los últimos dos meses que de manera imprevista generen desabastecimientos. • Cuando los desabastecimientos superaran el tiempo establecido en reglamento, se procede a realizar suministro alternativo por medio de camiones cisterna, para lo cual se cuenta con rutas de reparto definidas. • También se realiza repartos en atención de las solicitudes recibidas en la línea 800 que cuenten con los requisitos para el reparto y las solicitudes recibidas vía atención de chat comunales. • A nivel local se han detectado condiciones locales, que se han venido corrigiendo por medio de mejoras al sistema. • Reparto con cisternas Con relación al (sic) reparto con camiones cisterna, según sean las condiciones de servicio en la zona y con base en lo establecido en la reglamentación vigente, para los casos donde las suspensiones del servicio sean por situaciones imprevistas tales como fugas, o salidas del operación del Campo de pozos de Puente Mulas (fuente del tanque Bello Horizonte) por falta de energía eléctrica y donde además, la afectación en los usuarios supere las 8 horas de afectación se hará un reparto alternativo de agua potable por medio de camiones cisterna, para lo cual se cuenta con rutas de reparto definidas. Cuando es necesario se prioriza los centros médicos y educativos, los cuales en este sector en su gran mayoría cuentan con tanques de almacenamiento. También se realiza repartos en atención de las solicitudes recibidas en la línea 800 que cuenten con los requisitos para el reparto y las solicitudes recibidas vía atención de chat comunales. Algunos lugares que han requerido reparto recientemente son las zonas de distribución de Tanque el Alto y de Bello Horizonte, algunas de las rutas definidas para la atención son las siguiente: (…) Repartos con cisterna a solicitud de la comunidad Para el caso de Urbanización La Chorotega. Todos los días se pasa verificando el nivel del tanque Comunal ubicado frente a la Cruz Roja, el cual casi no lo utiliza la población, se consulta a la Cruz Roja si requiere agua en sus tanques dado que tienen consumo alto por lavado de camillas y limpieza de ambulancia, sin embargo, nos indican que no requieren, que su tanque permanece con buen nivel. Se aportan algunas imágenes del reparto, así como del chat de coordinación, en una de las imágenes se aporta un mapa donde se marcan en amarillo las calles por el INA y la evidencia de la indicación en el chat de repartir en esa zona. Tanques comunales En diferentes puntos de Alajuelita, a manera de ejemplo se muestra el ubicado en Dirección7553.  frente a la Cruz Rojas de Alajuelita. Manejo a condiciones locales En algunas ubicaciones se han detectado condiciones específicas que afectan la distribución, recientemente se han realizado tres mejoras: 1. Inyección en Concepción: A nivel local el pasado 23 de enero del presente año, se realizó una modificación que aumentó la capacidad de inyección a la tubería que abastece el sector mejorando el servicio del sector afectado, se adjunta memorando SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00106 “trabajos de interconexión entre la tubería que alimenta el sector que es de 150 milímetros con una tubería de mayor diámetro de 700 milímetros cercana, esta interconexión lo que aumentó la capacidad de inyección a la tubería que abastece el sector mejorando el servicio del sector afectado.” 2. Ramal en San Felipe: ramal de 75m en 50mm con inyección a tubería de 100mm, para resolver baja presión en 5 casas ubicadas en Dirección7554 . 3. Ramal en Concepción: ubicado en Dirección7551 , 300 m de tubería en 50mm, con el fin de mejorar baja presión a 23 usuarios. Conclusiones • A nivel de micro distribución no se han presentado eventos de reparación importantes en los últimos dos meses que de manera imprevista generen desabastecimientos. • Cuando los desabastecimientos superaran el tiempo establecido en reglamento, se procede a realizar suministro alternativo por medio de camiones cisterna, para lo cual se cuenta con rutas de reparto definidas. • También se realiza repartos en atención de las solicitudes recibidas en la línea 800 que cuenten con los requisitos para el reparto y las solicitudes recibidas vía atención de chat comunales. • A nivel local se han detectado condiciones locales, que se han venido corrigiendo por medio de mejoras al sistema.” A.2. Atención del caso del señor Nombre67957   , 440260-2024-RI: En fecha 15 de abril del 2024, la Defensoría recibió un correo electrónico del señor Nombre67954, en el que indica que padece de una discapacidad y que tiene más de 24 horas de no tener agua desde hace varios días y que, en ocasiones, llega únicamente de 5 am a 7 am, por lo que no le da tiempo de recoger agua para bañarse ni cocinar y por su discapacidad no logra llegar al camión cisterna cuando éste (sic) pasa por su calle. A partir del correo recibido, se remitieron varios correos electrónicos al señor Henry Ulate, asesor de Presidencia Ejecutiva del AyA, Ing. Iván Paniagua y al Ing. Alejandro Calderón, SubGerente de Gestión de Sistemas GAM, denunciando el caso puntual del señor Nombre67954 y solicitando realizar acciones puntuales para garantizar el suministro de agua al habitante. El Ing. Iván Paniagua, contesta en correo electrónico de fecha 22 de abril del 2024, que ya conversaron con el señor y que, gracias a unas maniobras operativas realizadas ese día, ya tiene agua y que normalmente ese sector tiene agua hasta las 8:00 am. Señala que el sector en el que reside el señor lo tienen identificado como altamente deficitario y que están analizando el cambio de zona de presión para mejorar el suministro de agua. En correo electrónico de fecha 23 de abril del 2024, el señor Nombre67954 indicó que, gracias a las gestiones realizadas, ya le están suministrando el agua por períodos más prolongados. No obstante, nótese que la propia institución señala que este sector tiene agua hasta las 8:00 a.m., siendo ésta la “normalidad”. Es en situaciones como la descrita, empleada de manera ejemplificativa, que se evidencia no solo la falta del recurso hídrico en horarios más prolongados, sino la visión institucional de la normalidad del servicio hasta la hora citada, posición que va en detrimento de un servicio público continuo, eficiente y adaptado a las necesidades sociales que satisface y la igualdad en el trato de los destinatarios, en los términos del artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública. A.3. Otras gestiones efectuadas por la Defensoría de los Habitantes: Una de las estrategias de defensa preventiva y extraordinaria que utiliza la Defensoría de los Habitantes para brindar una atención oportuna y eficaz a las personas potencialmente afectadas por situaciones de riesgo, amenaza o violación grave o inminente de derechos humanos, es la “Advertencia temprana”, la cual de conformidad con el Reglamento para la atención, trámite y registro de las quejas, reclamos y consultas de las y los habitantes de la República, se define como la estrategia que tiene como propósito prevenir, predecir y mitigar afectaciones o violaciones a los derechos de las y los habitantes. Considerando lo anterior, en el año 2023 y 2024 la Defensoría emitió el oficio 02080-2023-DHR de fecha 1 de marzo del 2023 y el 01792-2024-DHR del 22 de febrero del 2024, que pertenecen a los expedientes 409986-2023-RI y 436412-2024-RI respectivamente, y que remiten a advertencias tempranas, especialmente considerando las reiteradas demandas de la población, de acceso al agua potable en calidad y cantidad adecuadas, ante las constantes situaciones de interrupción del servicio sin previo aviso por parte de las autoridades del AyA durante la época seca. En esos oficios, la Defensoría solicitó información de cómo se preparaba la institución para enfrentar la época seca en las comunidades en las que todos los años se presentan problemas de desabastecimiento. En el oficio 12495-2023-DHR de fecha 20 de diciembre del 2023, informe de la alerta temprana del 2023, la Defensoría definió que se continuaría dando seguimiento a las acciones que realice el AyA durante el año 2024 para asegurar el derecho humano al agua de las diferentes poblaciones de la GAM, tanto en las gestiones que se lleven a cabo para la solución estructural de la problemática como para la atención de los casos concretos que se presenten de desabastecimiento. Del mismo modo, se instó a las comunidades en las que habrá racionamientos a hacer un consumo responsable y solidario del agua cuando cuenten con el suministro del servicio; y a todas y todos, en general, a hacer conciencia de que es necesario ahorrar agua, aunque se cuente con el recurso, pues el uso irresponsable o excesivo de una persona, puede tener como consecuencia que su vecino no pueda consumir agua del todo ese día. Para el año 2023, mediante oficio 12495-2023-DHR fechado 19 de diciembre de 2023, se realizó el “Informe de Cierre de Alerta Temprana 2023”, del que se desprende la siguiente información de interés: Tal y como se indica en el oficio anterior, AyA envió, durante todo el tiempo que se mantuvo la alerta temprana, un comunicado de prensa semanal cada viernes indicando los días, horarios, sectores y población afectada por las suspensiones de la semana siguiente definidas por la Subgerencia Operativa, así como otras estrategias de comunicación. No obstante lo anterior, y a pesar de que el AyA remitía el comunicado todas las semanas, la Defensoría recibía denuncias debido a que, según la población afectada, el AyA no respetaba los horarios señalados. En ese sentido se recibieron denuncias de los sectores de Coronado, Mata de Plátano, Ipís, San Jerónimo de Moravia y Alajuelita. (…) Derecho a la información de las comunidades y efectos del cambio climático en las fuentes de agua A partir de lo señalado por el AyA, la Defensoría ha observado que se hacen esfuerzos importantes en cuanto a proyectos, incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento, atención de fugas y demás; sin embargo, el mayor problema encontrado a partir de esta alerta temprana es la molestia de las comunidades con el AyA por el incumplimiento de lo indicado en los diferentes medios de comunicación con respecto a los horarios de abastecimiento. Las denuncias señalaban que los habitantes se preparaban cuando conocían los horarios en los que no iban a contar con agua potable, pero al existir incumplimiento, no les permitían cumplir con las actividades propuestas para el día. Con respecto a este tema, la Defensoría considera que para el próximo año 2024, el AyA debe realizar esfuerzos para que lo que se informe a las comunidades sea acorde con la realidad y explicar, en un lenguaje claro, sencillo y que sea comprensible para toda la población, independientemente de su nivel educativo, la diferencia entre desabastecimiento y racionamiento. Asimismo, el AyA deberá explicar cuáles serán los efectos en las fuentes de agua del fenómeno El Niño durante el próximo verano, así como el impacto del cambio climático. (…) El cambio climático será una constante en el mundo; en Costa Rica el AyA debe de llevar a cabo acciones diferentes a las realizadas hasta el momento para poder hacerle frente a los impactos de este fenómeno. Acciones como la protección de las cuencas en las que se logre conservar, mejorar o recuperar las mismas, promover un uso racional y eficiente del recurso, ser más eficientes en la prestación del servicio, incluir la gestión integral del riesgo asociado al agua, reducir la contaminación y fortalecer la capacidad institucional y gobernanza, son algunas de las cosas en las que se podría trabajar para ello. (…)” –resaltado es propio- A.4. Consideraciones de la Defensoría en relación con los casos de Alajuelita: Si bien, como se señaló al inicio del presente apartado 3, la Defensoría se encuentra en la elaboración del informe final con recomendaciones referente a las intervenciones sobre la problemática de abastecimiento de agua potable en Alajuelita, sí ha logrado constatar que las gestiones realizadas por parte del AyA no han sido suficientes ni oportunas para lograr una dotación del servicio en cantidad para la población y ejemplo de ello son las 54 denuncias referidas al inicio del presente informe y recibidas entre finales de febrero y abril del 2024. La comunidad de Alajuelita ha venido enfrentando una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas por las y los vecinos de la comunidad debido a los racionamientos programados y no programados, al incumplimiento de los horarios indicados, a los extensos períodos de desabastecimiento, a las dificultades que enfrenta la población para el reparto de agua en camiones cisternas y la consecuente afectación de sus derechos. En el año 2023 también se recibieron denuncias de esta comunidad, para un total de 16 solicitudes de intervención. Este desabastecimiento se debe a causas multifactoriales siendo algunas externas, como el Fenómeno El Niño, aumento en la demanda de la población, baja en las fuentes de producción, modificación en el comportamiento de las lluvias, así como una desordenada planificación territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera pero, particularmente, se debe a la inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Tal como se indicó, estas condiciones inciden negativamente en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en Alajuelita, el cual, de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública debe estar sujeto a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. Asimismo, de conformidad con el artículo 5 inciso c) de la Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y en concordancia con el artículo 9 del reglamento de prestación de servicios del AyA, el servicio de agua potable debe de brindarse “dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos”, sin embargo, esto no se está logrando alcanzar en Alajuelita. El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua en Alajuelita, entre las que se incluyen continuar con las campañas informativas para cambiar los hábitos de consumo, fomentar el desarrollo de proyectos que introduzcan nuevas fuentes de agua para reforzar los sistemas existentes, informar a la población el estado del Acueducto Metropolitano, fomentar el desarrollo de proyectos que vengan a traer nuevas fuentes de agua al sector en momentos en que las fuentes existentes están en déficit y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo. Asimismo, el AyA informa que se han presentado eventos de reparación importantes en los últimos dos meses, así como repartos en atención a las solicitudes recibidas en la línea 800 que cuenten con los requisitos. Agrega, se han realizado maniobras operativas como el trasvase de volumen de agua entre los sistemas de La Valencia y Bello Horizonte, se realizan racionamientos en el Sistema de San Juan de Dios de Desamparados y el sistema de Alajuelita, que son reforzados por Puente de Mulas a través de Bello Horizonte para distribuir el agua disponible entre las 3 zonas de la forma más equitativamente posible, control de presiones mediante una calibración de válvulas de control de presiones para evitar el consumo innecesario de la población, se hizo una redistribución de los horarios para las labores operativas de mantenimiento de las plantas potabilizadoras en momentos en que los sistemas presentan una menor demanda y, por lo tanto, reducir el impacto de estos procesos sobre la producción. No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que, una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos, habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca. A partir de lo indicado por el AyA en sus informes, la Defensoría ha identificado acciones paliativas y de corto plazo para resolver problemas de abastecimientos en comunidades como Alajuelita; sin embargo, esas acciones no resuelven el problema estructural existente. A la fecha no se ha identificado la efectiva ejecución de acciones para una solución definitiva a la problemática. De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión en la implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros (Expedientes 313166-2020-SI y 409986-2023-RI, ambos de la Defensoría). Como indicador de una falta de planificación de los proyectos, es que la Defensoría ha conocido denuncias de los habitantes de Alajuelita desde años anteriores, como por ejemplo los expedientes 417525-2023-RI, 415859-2023-RI, 417830-2023-RI, 417526-2023-RI, -417528-2023-RI, 417529-2023-RI, 417532-2023-RI, 417534-2023-RI, 417533-2023-RI, 417535-2023-RI, 417536-2023-RI, 417539-2023-RI, 417544-2023-RI, 417546-2023-RI, 417548-2023-RI, 417764-2023-RI, que visualizan la reiteración en la falta de planificación, así como el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras poblaciones. El AyA además informó sobre las acciones a implementar en la zona para mejorar el servicio, como son los nuevos pozos para el sistema de abastecimiento ME-A-19 Puente Mulas, el cual suministra agua a la Urbanización Chorotega, así como acciones, al corto plazo, como la ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael de Alajuela y la perforación de pozos, Goal 1 y Goal 2, con los que se estima un aumento en los litros por segundo y que se espera entren en operación en el segundo semestre de 2024. Para el mediano plazo, la reducción del índice de agua no contabilizada y al largo plazo el abastecimiento para el acueducto Metropolitano, Quinta Etapa. La Defensoría les brindará un puntual seguimiento a cada uno de los proyectos mencionados a fin de que la prestación del servicio en dicha comunidad se ajuste a los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, tal como se establece en la norma que rige el servicio, con el objetivo de que todas las personas puedan gozar plenamente de su derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, tal y como lo ha indicado la misma Sala Constitucional en diversos votos. A partir de la información que ha sido recabada, la Defensoría además considera que el AyA debe, con urgencia, implementar las acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio para Alajuelita y todas las comunidades afectadas, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable. Finalmente, sobre lo indicado en el recurso por la recurrente, "Las personas vecinas de la comunidad de Alajuelita han sido objeto de discriminación y violación de su dignidad humana al negárseles un derecho humano fundamental como es el acceso al agua potable. Esta negación se ha visto justificada con argumentos generales como el aumento de sequías, los cuales no explican por qué los desabastecimientos ocurren únicamente en comunidades de grupos vulnerables empobrecidas y más vulnerables de la Provincia, y no ocurre así en los cantones vecinos más privilegiados “, respecto a este particular, esta Defensoría no cuenta con datos al respecto para apoyar o desvirtuar lo señalado, de ahí que no pueda emitirse un criterio técnico sobre este aspecto en particular. 3.2. Sobre la intervención de la Municipalidad de Alajuelita y sus competencias en la atención de las necesidades e intereses locales Para la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, es clara la identificación del rol de liderazgo de los gobiernos locales como la instancia llamada a dirigir, guiar y articular esfuerzos en el actuar de los distintos actores que convergen en un territorio, en aras de atender y dar respuesta efectiva a las diferentes necesidades e intereses de su comunidad para promover y garantizar su desarrollo. Esta responsabilidad ha sido definida por el ordenamiento jurídico costarricense, siendo que las municipalidades tienen un papel relevante en la gestión y administración de los intereses y servicios locales. En nuestro país, cada cantón cuenta con una municipalidad, y es la institución por medio de la cual las y los habitantes promueven y administran sus propios intereses y necesidades. De conformidad con lo establecido en los artículos 169 y siguientes de la Constitución Política, las Municipalidades son entes autónomos cuyas competencias amplias tienen como foco la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón, en beneficio de la colectividad. En el artículo 6 del Código Municipal, se establece la obligación tanto de parte de las municipalidades como de los demás órganos e instituciones del Estado de coordinar los proyectos o programas que lleven a cabo en el territorio cantonal. Y por su parte, la Ley de Construcciones N° 833 del 2 de noviembre de 1949, señala que “las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos.” De ahí la relevancia de actuar de conformidad con lo establecido por el principio de coordinación del Estado, preliminarmente entendido y sustentado en el artículo 140, inciso 8) de la Constitución Política, según el cual corresponde al Poder Ejecutivo “vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas” y tiene como finalidad obtener la unidad de la actuación administrativa del Estado; pero que, contenido en el principio de eficiencia y eficacia, ha sido ampliado a la coordinación interinstitucional que va más allá, para incluir a todo el sector descentralizado sectorial y territorialmente. En este sentido, mediante el dictamen número C-171-2012 del 5 de julio de 2012, la Procuraduría General de la República ha establecido lo siguiente: (…) Teniendo claro lo anterior y haciendo una lectura detallada del informe rendido por la Municipalidad de Alajuelita, con ocasión de la acción judicial que ahora los convoca, no se identifica acción alguna específica por parte de dicho gobierno local, ejerciendo precisamente ese rol de liderazgo, coordinación y/o e instancia de articulación en aras de atender el requerimiento de agua potable para su comunidad. No desconoce la Defensoría de los Habitantes la responsabilidad directa del AyA en la garantía del servicio público, pero tampoco se desconoce la responsabilidad de la municipalidad de gestionar acciones para dicho fin. Por el contrario, se visualiza un informe donde incluso, el mismo gobierno local se presenta ante esa Sala como uno de los afectados por la falta de suministro de agua potable. En lugar de convertirse en la autoridad más cercana y accesible de la población y que promueve la articulación de los diferentes actores con la institucionalidad competente, la comunidad, el sector privado y otros. No se visualiza a la Municipalidad de Alajuelita como instancia que favorece la comunicación, en esta oportunidad entre el AyA y la comunidad, incluso convirtiéndose en la voz de las distintas localidades afectadas. Siendo que el gobierno local tiene la responsabilidad y obligación legal de ser el defensor de los intereses de la comunidad y promover su desarrollo, se hace un llamado a redireccionar sus acciones en aras de su mandato legal, sea la atención de las necesidades y objetivos locales. 3.3. Sobre la intervención de la ARESEP para el caso concreto de la comunidad de Alajuelita: De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, entre las funciones y objetivos fundamentales de la ARESEP se encuentra el velar porque los prestadores de servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima estos servicios. Al respecto, ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. Por ende, si bien la ARESEP manifiesta en su informe que no existen denuncias sobre el desabastecimiento de agua, sí le corresponde, como parte de sus funciones, el velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede justificar su no intervención, en la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento atender y dar seguimiento estricto a cada una de las conclusiones del informe supra señalado, tal como se indicó en el párrafo precedente y particularmente, el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante elaborado por ese mismo órgano público y mencionado en su informe. Tal es su responsabilidad, y este Honorable Tribunal Constitucional así lo confirma, que, pese a que el recurso fue orientado inicialmente contra el AyA, la Sala Constitucional, por medio de la resolución de las 13:02 horas del 18 de abril de 2024, amplió el curso del proceso y solicitó a la ARESEP que rindiera un informe sobre los hechos alegados por la parte recurrente. A partir de lo anterior, la Defensoría deja rendido el informe solicitado y queda a disposición de esa honorable Sala Constitucional para atender cualquier solicitud de información adicional. Señalo para notificaciones el correo electrónico debidamente acreditado ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia ...2574. Asimismo, se ofrece el número telefónico Telf877 para cualquier diligencia adicional que con ocasión del presente asunto”.

11.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

 I.- CUESTIÓN PREVIA. En vista de que el presidente del Concejo Municipal de Alajuelita omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se procede a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas aportados a los autos.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente menciona que, desde hace aproximadamente un año en Chorotega de Alajuelita, el Icaa ha suspendido frecuentemente el servicio público de agua potable, sin previo aviso de programación y durante periodos que suelen extenderse hasta por 24 horas. Indica que esa suspensión indiscriminada se ha extendido a los otros distritos del cantón desde marzo de 2023, por lo que abarca a toda Alajuelita. Señala que esa situación se ha agravado en los últimos tres meses. Sostiene que no se comunica a la población los horarios de suspensión y reanudación del servicio, lo que deja a las personas en un estado de inseguridad sobre cuándo tendrán la posibilidad de acceder al recurso para organizar sus quehaceres y responsabilidades cotidianas. Reclama que: "Además el AyA no tiene establecido un programa de abastecimiento con cisternas para suplir estos cortes, lo que deja a los habitantes de Alajuelita sin ninguna alternativa en muchas ocasiones, privándolos por completo del acceso al agua". Pide que se ordene al Icaa ejecutar las obras y medidas necesarias para garantizar el suministro de agua en Alajuelita.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)   En el informe nro. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló:

“3. Conclusiones

3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio.

3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados.

3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables.

3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración”. (Ver prueba documental).

b)   Mediante oficio IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” emitido por la Aresep, se concluyó:

“(…) respecto al equilibrio financiero del servicio de acueducto, si bien, actualmente se dispone de la liquidez necesaria para tender la prestación del servicio, en el mediano plazo, la misma se verá comprometida severamente, dadas las directrices implementadas por el AyA de utilizar los flujos del gasto por depreciación y depreciación revaluada (reposición de activos) para atender las obligaciones financieras asociadas a iniciativas de proyectos de inversión, las cuales han visto vencer el periodo de gracia (plazo para construir la obra), lo cual empieza a generar un gasto financiero, sin que a la fecha se disponga de una solución a las necesidades de los usuarios (ausencia de proyecto).

Adicionalmente, el equilibrio financiero de un servicio público debe reflejar el resultado de una gestión eficiente y eficaz en materia de inversiones, costos y gastos económicos incurridos en cumplir con los estándares y las normas de calidad preestablecidos en la prestación del servicio de acueducto.

En el caso de análisis, evidentemente, el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…)

Es importante señalar que el flujo de rédito para el desarrollo está orientado en atender las necesidades de inversión y el repago de las obligaciones financieras (gasto por intereses) adquiridas por el prestador para financiar la cartera de proyectos en infraestructura. En este sentido, el no disponer de la información completa, que valide y permita dar trazabilidad de los costos y cambios en el alcance de los proyectos de inversión durante el periodo 2018-2024, somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones) como con los acreedores (deudas pendientes).

Razón por la cual, la Autoridad Reguladora ha sido enfática desde el año 2021 mediante diferentes oficios y fiscalizaciones técnicas, que el AyA debe modificar sus gestión en proyectos de tal manera que el (sic) permita disponer de la información, garantizar la trazabilidad de la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios, validar la información de los proyectos en los reportes de capitalización contable, actualización del sistema de aprobación y seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la Aresep y le garantice a los usuarios que cada calón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz.

6. El nivel de rédito para el desarrollo obtenido por el AyA, (Rédito en dólares: 6, 71% y Rédito en colones: 9,4%) es menor al costo del endeudamiento asumido e incorporado en el presente estudio para el AyA (…), lo cual tiene una serie de implicaciones para el servicio, tales como: Está exponiendo al servicio público de acueducto a soportar un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad de generar recursos para el repago de esta, lo cual le está transfiriendo un riesgo operativo y financiero a los usuarios. El costo de la deuda asociado a proyectos a largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social, un rezago en las oportunidades de desarrollo y un potenciador de desigualdades territoriales y económico sociales.

7. El AyA debe de llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda de largo plazo, que garantice tasas de interés más competitivas y evitar un desclase financiero, así como evitar asumir y trasladar costos poco competitivos de deuda a los asociados, dado que, si bien las tarifas se fijan bajo el principio al costo, de conformidad con lo que establece el artículo No. 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora, no debe ser a cualquier costo (…)

9. Se procedió a rechazar la solicitud de capitalización de los proyectos de inversión propuestos para el servicio de acueducto del periodo 2018-2021, por un monto de ₡ 108 081, 96, de acuerdo con los siguientes criterios: Un 70% de los proyectos no se encuentra disponible, según indica el operador, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de costo, alcance y plazo durante las etapas de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y capitalización de activos. Del 30% de los proyectos que adjuntan alguna documentación, en la mayoría de los casos corresponde a el (sic) monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, el cual en su mayoría no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Mucho menos poder identificar cuales (sic) proyectos son para sustituir activos y cuales (sic) son para ampliar o mejorar la prestación del servicio, a su vez no es posible identificar los retiros de activos asociados a las capitalizaciones por sustitución o reemplazos (…)

10. Ante las inconsistencias señaladas en las inversiones propuestas a capitalizar por parte del AyA, y dados los problemas de información asociados a los proyectos del 2018-2024, se ET-074-2018). Lo anterior, permitirá, por un lado, no trasladar a los usuarios montos asociados a iniciativas de proyectos que todavía no están útiles y utilizables o del todo no se le puede dar trazabilidad, y por otro lado, al prestador, a quien se le alerta del riesgo que se está materializando, ante la incapacidad de capitalizar los proyectos de inversión, dados los impactos financieros y operativos que acarrea ese descalce de obras y el financiamiento de estas, con tasa de interés del 13,5% promedio.

11. El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones.

12. El subregistro de ventas de agua potable por del AyA, en parte tiene su explicación en que 8 de cada 10 medidores están en mal estado o con su vida útil vencida, lo cual incide en que esos costos por ventas de agua no registrados correctamente, lo terminen pagando todos los usuarios del servicio, independientemente del estado físico del medidor, como un castigo al consumo y al ahorro del recurso hídrico que hacen las familias (…)

14. El AyA no tiene una estrategia que permita contar con la información de la calidad del agua actualizada de manera anual tanto para los sistemas operados por AyA como aquellos que ha delegado a prestadores del servicio como Asadas, genera que los problemas asociados a la presencia de parámetros como arsénico, hierro, manganeso y las moléculas asociadas a agroquímicos no sean atendidas a tiempo, y por el contrario los mismos solo reciben atención una vez que la afectación a la calidad del agua se ha materializado (…)” (el destacado fue incorporado). (Ver ad effectum videndi et probandi el expediente 24-013228-0007-CO).

c)    La zona de Alajuelita se abastece con el tanque Bello Horizonte. (Ver prueba documental).

d)   En las instalaciones de la Cruz Roja de Alajuelita se ubicó un tanque de agua que cuenta con cacheras externas para uso de la población. (Ver prueba documental).

e)    El 25 de enero de 2024, un grupo de personas plantearon una gestión ante la Municipalidad de Alajuelita y el Icaa, en la que se reclamó la problemática con la prestación del servicio de agua en ese cantón y se requirió su solución. (Ver prueba documental).

f)     El 31 de enero de 2024, Nombre67954   dirigió un correo electrónico a la Dirección General de Atención al Usuario de la Aresep, mediante el cual denunció que se produce un robo de agua en Alajuelita y que el Icaa no lo resuelve. En respuesta, el día siguiente se comunicó que, en caso de desear plantear una queja, debía hacerlo por medio de la ventanilla única y cumplir una serie de requisitos de admisibilidad. (Ver prueba documental).

g)   Entre el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2024, el tanque Bello Horizonte ha recibido reportes de salidas de operaciones, a saber:

Boletines de San José/ Alajuelita/ Concepción del 26/02/2024 al 11/03/2024




Consecutivo

	

Hora de Inicio

	

Hora Final

	

Fecha




2024521

2024532

	

10:00 a.m.

7:00 p.m.

	

1:30 p.m.

12:00 am (27/02/2024)

	

26/02/2024




2024540

2024318 o 2024547

	

9:30 a.m.

7:50 p.m.

	

2:00 p.m.

01:00 am (28/02/2024)

	

27/02/2024




2024552

2024565

	

8:30 a.m.

6:00 p.m.

	

4:30 p.m.

12:00 am (29/02/2024)

	

28/02/2024




2024578

	

8:00 p.m.

	

12:00 am (01/03/2024)

	

29/02/2024




2024592

	

7:00 p.m.

	

12:00 am (02/03/2024)

	

01/03/2024




2024600

2024606

	

1:00 p.m.

6:00 p.m.

	

4:00 p.m.

12:00 (03/03/2024)

	

02/03/2024




2024632

	

9:30 a.m.

	

2:00 p.m.

	

04/03/2024




2024718

	

8:30 p.m.

	

12:00 am (09/03/2024)

	

08/03/2024




2024723

	

1:00 p.m.

	

7:00 p.m.

	

09/03/2024

(Ver prueba documental).

h)   En el sector de la urbanización Chorotega se han efectuado repartos de agua en camiones cisterna ante la solicitud de los vecinos. (Ver prueba documental).

i)     El Icaa tiene definidas rutas de reparto de agua mediante camiones cisterna en Alajuelita, a saber: “Rutas Alajuelita Reparto FIJO: del 1-5, los lugares de los puntos 6 y 7 dependen de la condición de cada día 1 Dormitorio de la Municipalidad de San José (necesario a las 7 am, 5 mangueras) 2 Tanque comunal Cedes 3 Tanque Comunal la Toyita 4 Tanque Comunal Cruz Roja 5 Tanque comunal Los Geranios (Targua) 6 Centro Educativos (ver lista) 7 Población General 7.1 Ruta Concepción arriba: Poró, Lotes Paz, Vista Sn José, Vistas del Sur, super el Excelente y super el Éxito, Dirección7555   7.2 Ruta La Chorotega: La Chorotega, Antolina, Acapulco al este y al Oeste, Urb. Nombre68004, Dirección7556      : Esquipulas, Targua, Geranios, Liceo de Alajuelita parte norte, La Paz, Dirección7557   : Don Omar, La Verbena, Los Pinos, La Aurora” (Ver prueba documental).

j)     El presidente ejecutivo del Icaa sostiene que ese instituto “ha proyectado acciones de corto, mediano y largo plazo para el suministro de agua potable en estos sectores afectados. Actualmente se está utilizando por medio de un generador eléctrico, el aprovechamiento de cerca de 80 litros por segundo de un pozo recién perforado en San Blas de Moravia y que ello contribuye en la captación de líquido para el suministro a toda la GAM. Puntualmente se plantea, como una medida que coadyuvará a disminuir o mitigar las limitaciones de acceso al agua en épocas de verano, el aprovechamiento de los pozos denominados Goal 1 y 2, haciendo uso de generadores eléctricos, lo cual se proyecta para un plazo aproximado de dos años. Dichos pozos ya cuentan con el análisis de calidad de agua y las pruebas que permiten evidenciar la cantidad y el caudal de uso. La activación de dicho aprovechamiento podría mejorar y reducir la cantidad de horas en las que la población pueda tener acceso al agua potable”. (Ver informe rendido bajo juramento por el presidente ejecutivo del Icaa).

k)   En el informe nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó:

“3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.

3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal.

3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica.

3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones.

3.5. Los resultados encontrados limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

4. DISPOSICIONES

(…)

A JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos: i) un plan de gestión de riesgos del portafolio; ii) un plan de recuperación del portafolio; iii) un sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio; iv) el portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución; v) las mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto de conformidad con los lineamientos de MIDEPLAN y la normativa aplicable vigente; vi) los criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad; y vii) los roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del modelo de gobernanza a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 30 de abril de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54).

4.5. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que contenga al menos las orientaciones para: i) la gestión de los recursos financieros; ii) diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos; iii) resultados de productos y servicios; iv) resultados financieros; v) resultados de los procesos (eficacia organizacional); y vi) resultados de liderazgo; con el fin de modernizar su organización, procesos y procedimientos, y aumentar la eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, sostenibilidad y productividad de sus actividades. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del Modelo a más tardar el 30 de junio de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 29 de mayo de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54).

4.6. Elaborar, divulgar e implementar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que incluya las acciones e instrucciones a ser implementadas para la gestión financiera del portafolio de inversión pública, que integre al menos: i) indicadores de sostenibilidad financiera del portafolio de inversiones y de la organización; ii) mecanismos de medición, monitoreo y control y su periodicidad; iii) los límites preventivos y alertas de los indicadores, iv) acciones de sensibilización en la organización sobre la sostenibilidad financiera; v) lineamiento sobre la frecuencia para solicitar ajustes tarifarios; y vi) reportes e insumos necesarios derivados del sistema de información referencial contenidos en el párrafo 4.4 del presente informe. Remitir a la Contraloría General una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta Directiva de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, posterior a la resolución por parte de ese órgano, remitir una certificación donde conste la divulgación e implementación de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 31 de agosto de 2026. (ver párrafos del 2.55 al 2.76).

A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO

4.7. Resolver acerca de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que reciba de la Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo n.° 4.6 de este informe. Remitir al Órgano Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la propuesta (…)”. (Ver prueba documental).

l)     En el informe técnico rendido por la Contraloría General de la República el 6 de mayo de 2024 se indicó:

“(…) Ahora bien, con base en estudios de fiscalización realzados con anterioridad, entre ellos el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables. Además, con base en el Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables del ICAA, de septiembre de 2021, las comunidades identificadas en el cantón de Alajuelita, cuyo operador del servicio es el ICAA, presentaban un alto Índice de Vulnerabilidad Comunitaria por el Acceso al Agua, entre ellas, la de Chorotega, en el distrito de Alajuelita. Este índice, según el ICAA, tiene por objetivo determinar la vulnerabilidad comunitaria por acceso a agua potable, en aquellos lugares donde las condiciones aún manifiestan un rezago importante en procura de un servicio de agua potable que cumpla con los mejores estándares de calidad y se apliquen las mejores prácticas socioambientales para su consecución. Por su parte, se tiene acreditado mediante el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades, restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos. Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades (…) en opinión del Órgano Contralor, si bien no se tiene constancia de los acuerdos entre la comunidad y el ICAA para el caso específico de Alajuelita ni de los mencionados incumplimientos de dichos acuerdos, con base en el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-24 denominado "Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados" del 12 de abril de 2024, se tienen acreditados una serie de deficiencias en la gestión del desempeño del portafolio de inversiones en agua potable y saneamiento, así como debilidades en la gobernanza en la gestión del portafolio de inversiones, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. Específicamente, se encontró que únicamente el 16.7% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país (utilizado el Índice de Desarrollo Social de 2023 publicado por MIDEPLAN) tienen inversiones programadas en agua potable, por su parte, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el "Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable" del ICAA de 2021, están asociados a las principales inversiones contenidas en el portafolio del ICAA, lo que muestra una deficiente atención de las comunidades más vulnerables del territorio nacional. Asimismo, que un 57% de los proyectos debían estar finalizados a enero de 2024 según estimaciones del ICAA, sin embargo, continuaban en ejecución, demorando mejoras en la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable, así como el beneficio para 2.8 millones personas en todo el país. También, se encontró que el diseño y gestión del portafolio de inversión del ICAA presentaba un nivel incipiente y carecía de una secuencia lógica y sistémica, lo que dificulta la resolución de las problemáticas actuales y futuras más apremiantes de la población mediante las inversiones que conforman el portafolio, las cuales permitirían atender los retos asociados a la desigualdad en el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, así como a los conflictos sociales por el uso del agua (…) 111.2 SOBRE LA RESPUESTA DEL ICAA Sobre inconsistencias en el criterio del ICAA. En el numeral 1 relativo a elementos hidráulicos que conforman la red de abastecimiento y distribución en el sector Alajuelita, incluyendo el Tanque de Bello Horizonte, el ICAA indicó que el tanque no había reportado salidas de operación que implicaran desabastecimiento superior a las 8 horas diarias. A pesar de ello, el 27 de febrero 28 de febrero y 2 de marzo del año en curso la suspensión fue mayor a las 8 horas indicadas, en particular, 8 horas y 40 minutos, 14 horas y 9 horas, respectivamente. Todo lo anterior, conforme a los consecutivos 2024540, 2024318 o 2024547. 2024552. 2024565, 2024600 y 2024606, descritos en el cuadro denominado "Boletines de San José / Alajuelita / Concepción del 26/02/2024 al 11I03I2024", del informe SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385, aportado como evidencia al expediente del presente recurso de amparo. En este sentido, la "Reforma reglamento prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes"*, vigente durante los días de desabastecimiento señalados, indica la necesidad de brindar abastecimiento alternativo y explicaciones razonables en caso de que la (sic) suspensiones excedieran las 8 horas diarias. Cabe destacar, que de acuerdo al (sic) reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que cubra las necesidades básicas de la población y los requerimientos de hospitales, clínicas y centros de salud. Sobre lo anterior y en línea con los numerales del 3 al 5, el "Informe Reparto Cisternas Alajuelita Recurso Amparo Expediente 24-007582-0007-CO" memorando n.° SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 del 26 de marzo del 2024, en las Ilustraciones 2 y 3 se adjuntan imágenes sobre acciones del ICAA para abastecer de agua potable mediante cisternas a algunas comunidades afectadas en los días 28 de febrero, 29 de febrero y 3 de marzo de 2024. No obstante, como se observó en párrafos anteriores, los desabastecimientos por más de 8 horas darías sucedieron los días 27 de febrero, 28 de febrero y 2 de marzo del año en curso, sin acreditarse en la prueba aportada el establecimiento de un mecanismo alternativo, en este caso el cisterna, a las comunidades afectadas en 2 de los 3 días citados, cuya suspensión reportada superó las 8 horas. Sobre las condiciones de la red existente. En el numeral 1 y 2 relativo a elementos hidráulicos que conforman la red de abastecimiento y distribución en el sector Alajuelita, incluyendo el Tanque de Bello Horizonte, el ICAA indicó que el tanque no había reportado salidas de operación que implicaran desabastecimiento superior a las 8 horas dianas. Además, en el numeral 6, el ICAA señala que el rápido desabastecimiento del servicio de agua potable en el distrito de Chorotega de Alajuelita, responde a la falta de presión en las tuberías debido a que se encuentran en una de las partes altas de la red, condición que se complica cuando el nivel de los tanques es bajo. Acerca de esto, la Contraloría General en el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión. Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable. En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio (…) En su informe, en el numeral 7, el ICAA señala que esa entidad ha proyectado acciones de cono, mediano y largo plazo para el suministro de agua potable en estos sectores afectados  (…) Estas acciones de corto, mediano y largo plazo recién descritas se basan en el informe n.° UEN-GA-2024-00559, el cual no se pudo ubicar en el expediente remitido a la Contraloría General. Sin embargo, sobre el tema del portafolio de inversiones del ICAA, el Órgano Contralor emitió el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, denominado "Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", en donde se determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA, no ha sido eficaz ni eficiente; situación que restringe la capacidad de brindar con oportunidad el servicio y la atención de las problemáticas públicas asociadas al agua potable. Tal como se mencionó en secciones previas, el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 encontró que un 57% de los proyectos debían estar finalizados a enero de 2024, según estimaciones del ICAA pero al momento de la fiscalización no se habían completado, demorando mejoras en la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable, así como la atención requerida a las necesidades públicas en torno al recurso hídrico de aproximadamente 2,8 millones personas en todo el país. A su vez, se determinó que la gestión de la información no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Del mismo modo, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. Finalmente, se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios. En general, los resultados encontrados en la referida fiscalización, limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6 el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las personas en condición de vulnerabilidad (…)

CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de Chorotega de Alajuelita, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás distritos del cantón, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2. Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en los distritos de Alajuelita, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA en agua potable presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3. Se encontraron inconsistencias en el Informe SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 aportado por el ICAA, pues aunque se sugieren desabastecimientos inferiores a las 8 horas diarias, la Contraloría General encuentra diferencias horarias superiores a las 8 horas para 3 días específicos, utilizando como base la misma información rendida en ese informe. Además, este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. 4. En su contestación el ICAA no aportó evidencia referente al establecimiento de un mecanismo alternativo para los días que se encontraron suspensiones que superaban las 8 horas diarias. Tampoco el ICAA adjuntó el informe UEN-GA-2024-00559 que sustenta su actuación en torno a la Gestión Social. Es por lo anterior que no es posible brindar una opinión sobre los elementos citados. 5. No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar informe y recalca además el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable, por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones. 6. Finalmente, si bien la Municipalidad de Alajuelita destaca la responsabilidad rectora del ICAA en la administración de los acueductos y alcantarillados a nivel nacional, es importante recordar el principio de coordinación que rige las acciones de todas las instituciones estatales. por lo que en opinión del Órgano Contralor es crucial que la Municipalidad de Alajuelita, el ICAA, ARESEP y demás entes responsables según sus competencias, colaboren estrechamente para resolver el problema del suministro de agua y proteger los derechos de los habitantes”. (Ver prueba documental).

m) Mediante el informe técnico nro. DH-0449-2024 del 7 de mayo de 2024, la Defensoría de los Habitantes de la República estableció:

“(…) A.4. Consideraciones de la Defensoría en relación con los casos de Alajuelita: Si bien, como se señaló al inicio del presente apartado 3, la Defensoría se encuentra en la elaboración del informe final con recomendaciones referente a las intervenciones sobre la problemática de abastecimiento de agua potable en Alajuelita, sí ha logrado constatar que las gestiones realizadas por parte del AyA no han sido suficientes ni oportunas para lograr una dotación del servicio en cantidad para la población y ejemplo de ello son las 54 denuncias referidas al inicio del presente informe y recibidas entre finales de febrero y abril del 2024. La comunidad de Alajuelita ha venido enfrentando una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas por las y los vecinos de la comunidad debido a los racionamientos programados y no programados, al incumplimiento de los horarios indicados, a los extensos períodos de desabastecimiento, a las dificultades que enfrenta la población para el reparto de agua en camiones cisternas y la consecuente afectación de sus derechos. En el año 2023 también se recibieron denuncias de esta comunidad, para un total de 16 solicitudes de intervención. Este desabastecimiento se debe a causas multifactoriales siendo algunas externas, como el Fenómeno El Niño, aumento en la demanda de la población, baja en las fuentes de producción, modificación en el comportamiento de las lluvias, así como una desordenada planificación territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera pero, particularmente, se debe a la inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Tal como se indicó, estas condiciones inciden negativamente en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en Alajuelita, el cual, de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública debe estar sujeto a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. Asimismo, de conformidad con el artículo 5 inciso c) de la Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y en concordancia con el artículo 9 del reglamento de prestación de servicios del AyA, el servicio de agua potable debe de brindarse “dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos”, sin embargo, esto no se está logrando alcanzar en Alajuelita. El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua en Alajuelita, entre las que se incluyen continuar con las campañas informativas para cambiar los hábitos de consumo, fomentar el desarrollo de proyectos que introduzcan nuevas fuentes de agua para reforzar los sistemas existentes, informar a la población el estado del Acueducto Metropolitano, fomentar el desarrollo de proyectos que vengan a traer nuevas fuentes de agua al sector en momentos en que las fuentes existentes están en déficit y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo. Asimismo, el AyA informa que se han presentado eventos de reparación importantes en los últimos dos meses, así como repartos en atención a las solicitudes recibidas en la línea 800 que cuenten con los requisitos. Agrega, se han realizado maniobras operativas como el trasvase de volumen de agua entre los sistemas de La Valencia y Bello Horizonte, se realizan racionamientos en el Sistema de San Juan de Dios de Desamparados y el sistema de Alajuelita, que son reforzados por Puente de Mulas a través de Bello Horizonte para distribuir el agua disponible entre las 3 zonas de la forma más equitativamente posible, control de presiones mediante una calibración de válvulas de control de presiones para evitar el consumo innecesario de la población, se hizo una redistribución de los horarios para las labores operativas de mantenimiento de las plantas potabilizadoras en momentos en que los sistemas presentan una menor demanda y, por lo tanto, reducir el impacto de estos procesos sobre la producción. No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que, una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos, habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca. A partir de lo indicado por el AyA en sus informes, la Defensoría ha identificado acciones paliativas y de corto plazo para resolver problemas de abastecimientos en comunidades como Alajuelita; sin embargo, esas acciones no resuelven el problema estructural existente. A la fecha no se ha identificado la efectiva ejecución de acciones para una solución definitiva a la problemática. De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión en la implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros (Expedientes 313166-2020-SI y 409986-2023-RI, ambos de la Defensoría). Como indicador de una falta de planificación de los proyectos, es que la Defensoría ha conocido denuncias de los habitantes de Alajuelita desde años anteriores, como por ejemplo los expedientes 417525-2023-RI, 415859-2023-RI, 417830-2023-RI, 417526-2023-RI, -417528-2023-RI, 417529-2023-RI, 417532-2023-RI, 417534-2023-RI, 417533-2023-RI, 417535-2023-RI, 417536-2023-RI, 417539-2023-RI, 417544-2023-RI, 417546-2023-RI, 417548-2023-RI, 417764-2023-RI, que visualizan la reiteración en la falta de planificación, así como el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras poblaciones. El AyA además informó sobre las acciones a implementar en la zona para mejorar el servicio, como son los nuevos pozos para el sistema de abastecimiento ME-A-19 Puente Mulas, el cual suministra agua a la Urbanización Chorotega, así como acciones, al corto plazo, como la ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael de Alajuela y la perforación de pozos, Goal 1 y Goal 2, con los que se estima un aumento en los litros por segundo y que se espera entren en operación en el segundo semestre de 2024. Para el mediano plazo, la reducción del índice de agua no contabilizada y al largo plazo el abastecimiento para el acueducto Metropolitano, Quinta Etapa. La Defensoría les brindará un puntual seguimiento a cada uno de los proyectos mencionados a fin de que la prestación del servicio en dicha comunidad se ajuste a los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, tal como se establece en la norma que rige el servicio, con el objetivo de que todas las personas puedan gozar plenamente de su derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, tal y como lo ha indicado la misma Sala Constitucional en diversos votos. A partir de la información que ha sido recabada, la Defensoría además considera que el AyA debe, con urgencia, implementar las acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio para Alajuelita y todas las comunidades afectadas, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable (…) Teniendo claro lo anterior y haciendo una lectura detallada del informe rendido por la Municipalidad de Alajuelita, con ocasión de la acción judicial que ahora los convoca, no se identifica acción alguna específica por parte de dicho gobierno local, ejerciendo precisamente ese rol de liderazgo, coordinación y/o e instancia de articulación en aras de atender el requerimiento de agua potable para su comunidad. No desconoce la Defensoría de los Habitantes la responsabilidad directa del AyA en la garantía del servicio público, pero tampoco se desconoce la responsabilidad de la municipalidad de gestionar acciones para dicho fin. Por el contrario, se visualiza un informe donde incluso, el mismo gobierno local se presenta ante esa Sala como uno de los afectados por la falta de suministro de agua potable. En lugar de convertirse en la autoridad más cercana y accesible de la población y que promueve la articulación de los diferentes actores con la institucionalidad competente, la comunidad, el sector privado y otros. No se visualiza a la Municipalidad de Alajuelita como instancia que favorece la comunicación, en esta oportunidad entre el AyA y la comunidad, incluso convirtiéndose en la voz de las distintas localidades afectadas. Siendo que el gobierno local tiene la responsabilidad y obligación legal de ser el defensor de los intereses de la comunidad y promover su desarrollo, se hace un llamado a redireccionar sus acciones en aras de su mandato legal, sea la atención de las necesidades y objetivos locales.

3.3. Sobre la intervención de la ARESEP para el caso concreto de la comunidad de Alajuelita: De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, entre las funciones y objetivos fundamentales de la ARESEP se encuentra el velar porque los prestadores de servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima estos servicios. Al respecto, ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. Por ende, si bien la ARESEP manifiesta en su informe que no existen denuncias sobre el desabastecimiento de agua, sí le corresponde, como parte de sus funciones, el velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede justificar su no intervención, en la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento atender y dar seguimiento estricto a cada una de las conclusiones del informe supra señalado, tal como se indicó en el párrafo precedente y particularmente, el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante elaborado por ese mismo órgano público y mencionado en su informe (…)”. (Ver prueba documental).

IV.- HECHO NO PROBADO.  De importancia para la resolución de este asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho:

a)    Que el Icaa haya informado a los habitantes de Alajuelita sobre las interrupciones en la prestación del servicio de agua potable denunciada en el sub lite.

V.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:

“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.

Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.

El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).

De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc.” (véase la sentencia nro. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).

Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley nro. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

 La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones” (el destacado fue agregado).

Sobre el particular, en la sentencia nro. 2020003982 de las 11:50 horas del 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:

“VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:

Artículo 50.-

(…)

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:

Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.

La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.

La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».

En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.

Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.

Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.

Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.

Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.

Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:

“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-

Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-

De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.

En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución”.

De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:

“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.

Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)

25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.

26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.

27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.

28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)

37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;

c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;

d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;

f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;

h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el resaltado fue incorporado).

Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.

Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:

“121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.

122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.

123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.

124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.

125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado no corresponde al original).

VI.- SOBRE EL DERECHO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL PAPEL DEL ICAA COMO ENTE RECTOR EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Sobre el particular, en la sentencia nro. 2016012058 de las 9:30 horas de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:

“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.

Al efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:

“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:

“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:

“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)

En consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:

“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)

Con lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original)

“V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.

Al respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes. Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir. Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).

En adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: "Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos".

VII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente menciona que, desde hace aproximadamente un año en Chorotega de Alajuelita, el Icaa ha suspendido frecuentemente el servicio público de suministro de agua potable sin previo aviso de programación y durante periodos que suelen extenderse hasta por 24 horas. Tal suspensión indiscriminada se ha extendido a otros distritos del cantón desde marzo de 2023, de manera que abarca a toda Alajuelita; incluso, la situación se ha agravado en los últimos tres meses. Sostiene que a la población no se le comunican los horarios de suspensión y reanudación del servicio, lo que deja a las personas en un estado de inseguridad sobre cuándo tendrán la posibilidad de acceder al recurso para organizar sus quehaceres y responsabilidades cotidianas. Reclama que: "Además el AyA no tiene establecido un programa de abastecimiento con cisternas para suplir estos cortes, lo que deja a los habitantes de Alajuelita sin ninguna alternativa en muchas ocasiones, privándolos por completo del acceso al agua". Pide que se ordene al Icaa ejecutar las obras y medidas necesarias para garantizar el suministro de agua en Alajuelita.

La Sala verifica que en el informe nro. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló: “3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración” (la negrita fue añadida). Por su parte, mediante oficio IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” emitido por la Aresep, se concluyó: “(…) respecto al equilibrio financiero del servicio de acueducto, si bien, actualmente se dispone de la liquidez necesaria para tender la prestación del servicio, en el mediano plazo, la misma se verá comprometida severamente, dadas las directrices implementadas por el AyA de utilizar los flujos del gasto por depreciación y depreciación revaluada (reposición de activos) para atender las obligaciones financieras asociadas a iniciativas de proyectos de inversión, las cuales han visto vencer el periodo de gracia (plazo para construir la obra), lo cual empieza a generar un gasto financiero, sin que a la fecha se disponga de una solución a las necesidades de los usuarios (ausencia de proyecto). Adicionalmente, el equilibrio financiero de un servicio público debe reflejar el resultado de una gestión eficiente y eficaz en materia de inversiones, costos y gastos económicos incurridos en cumplir con los estándares y las normas de calidad preestablecidos en la prestación del servicio de acueducto. En el caso de análisis, evidentemente, el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…) Es importante señalar que el flujo de rédito para el desarrollo está orientado en atender las necesidades de inversión y el repago de las obligaciones financieras (gasto por intereses) adquiridas por el prestador para financiar la cartera de proyectos en infraestructura. En este sentido, el no disponer de la información completa, que valide y permita dar trazabilidad de los costos y cambios en el alcance de los proyectos de inversión durante el periodo 2018-2024, somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones) como con los acreedores (deudas pendientes). Razón por la cual, la Autoridad Reguladora ha sido enfática desde el año 2021 mediante diferentes oficios y fiscalizaciones técnicas, que el AyA debe modificar sus gestión en proyectos de tal manera que el (sic) permita disponer de la información, garantizar la trazabilidad de la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios, validar la información de los proyectos en los reportes de capitalización contable, actualización del sistema de aprobación y seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la Aresep y le garantice a los usuarios que cada calón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz. 6. El nivel de rédito para el desarrollo obtenido por el AyA, (Rédito en dólares: 6, 71% y Rédito en colones: 9,4%) es menor al costo del endeudamiento asumido e incorporado en el presente estudio para el AyA (…), lo cual tiene una serie de implicaciones para el servicio, tales como: Está exponiendo al servicio público de acueducto a soportar un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad de generar recursos para el repago de esta, lo cual le está transfiriendo un riesgo operativo y financiero a los usuarios. El costo de la deuda asociado a proyectos a largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social, un rezago en las oportunidades de desarrollo y un potenciador de desigualdades territoriales y económico sociales. 7. El AyA debe de llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda de largo plazo, que garantice tasas de interés más competitivas y evitar un desclase financiero, así como evitar asumir y trasladar costos poco competitivos de deuda a los asociados, dado que, si bien las tarifas se fijan bajo el principio al costo, de conformidad con lo que establece el artículo No. 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora, no debe ser a cualquier costo (…) 9. Se procedió a rechazar la solicitud de capitalización de los proyectos de inversión propuestos para el servicio de acueducto del periodo 2018-2021, por un monto de ₡ 108 081, 96, de acuerdo con los siguientes criterios: Un 70% de los proyectos no se encuentra disponible, según indica el operador, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de costo, alcance y plazo durante las etapas de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y capitalización de activos. Del 30% de los proyectos que adjuntan alguna documentación, en la mayoría de los casos corresponde a el (sic) monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, el cual en su mayoría no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Mucho menos poder identificar cuales (sic) proyectos son para sustituir activos y cuales (sic) son para ampliar o mejorar la prestación del servicio, a su vez no es posible identificar los retiros de activos asociados a las capitalizaciones por sustitución o reemplazos (…) 10. Ante las inconsistencias señaladas en las inversiones propuestas a capitalizar por parte del AyA, y dados los problemas de información asociados a los proyectos del 2018-2024, se ET-074-2018). Lo anterior, permitirá, por un lado, no trasladar a los usuarios montos asociados a iniciativas de proyectos que todavía no están útiles y utilizables o del todo no se le puede dar trazabilidad, y por otro lado, al prestador, a quien se le alerta del riesgo que se está materializando, ante la incapacidad de capitalizar los proyectos de inversión, dados los impactos financieros y operativos que acarrea ese descalce de obras y el financiamiento de estas, con tasa de interés del 13,5% promedio. 11. El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones. 12. El subregistro de ventas de agua potable por del AyA, en parte tiene su explicación en que 8 de cada 10 medidores están en mal estado o con su vida útil vencida, lo cual incide en que esos costos por ventas de agua no registrados correctamente, lo terminen pagando todos los usuarios del servicio, independientemente del estado físico del medidor, como un castigo al consumo y al ahorro del recurso hídrico que hacen las familias (…) 14. El AyA no tiene una estrategia que permita contar con la información de la calidad del agua actualizada de manera anual tanto para los sistemas operados por AyA como aquellos que ha delegado a prestadores del servicio como Asadas, genera que los problemas asociados a la presencia de parámetros como arsénico, hierro, manganeso y las moléculas asociadas a agroquímicos no sean atendidas a tiempo, y por el contrario los mismos solo reciben atención una vez que la afectación a la calidad del agua se ha materializado (…)” (el destacado fue incorporado).

Por otro lado se verifica que la zona de Alajuelita se abastece con el tanque Bello Horizonte, así como que en las instalaciones de la Cruz Roja de Alajuelita se colocó un tanque de agua que cuenta con cacheras externas para uso de la población. La Sala corrobora que, el 25 de enero de 2024, un grupo de personas plantearon una gestión ante la Municipalidad de Alajuelita y el Icaa, en la que se reclamó la problemática con la prestación del servicio de agua en ese cantón y se requirió su solución. El 31 de enero de 2024, Nombre67954   dirigió un correo electrónico a la Dirección General de Atención al Usuario de la Aresep, mediante el cual denunció el robo de agua en Alajuelita, que el Icaa no lo ha resuelto. En respuesta, el día siguiente se comunicó que, en caso de desear plantear una queja, debía hacerlo por medio de la ventanilla única y cumplir una serie de requisitos de admisibilidad. Entre el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2024, el tanque Bello Horizonte ha recibido reportes de salidas de operaciones, a saber:

Boletines de San José/ Alajuelita/ Concepción del 26/02/2024 al 11/03/2024




Consecutivo

	

Hora de Inicio

	

Hora Final

	

Fecha




2024521

2024532

	

10:00 a.m.

7:00 p.m.

	

1:30 p.m.

12:00 am (27/02/2024)

	

26/02/2024




2024540

2024318 o 2024547

	

9:30 a.m.

7:50 p.m.

	

2:00 p.m.

01:00 am (28/02/2024)

	

27/02/2024




2024552

2024565

	

8:30 a.m.

6:00 p.m.

	

4:30 p.m.

12:00 am (29/02/2024)

	

28/02/2024




2024578

	

8:00 p.m.

	

12:00 am (01/03/2024)

	

29/02/2024




2024592

	

7:00 p.m.

	

12:00 am (02/03/2024)

	

01/03/2024




2024600

2024606

	

1:00 p.m.

6:00 p.m.

	

4:00 p.m.

12:00 (03/03/2024)

	

02/03/2024




2024632

	

9:30 a.m.

	

2:00 p.m.

	

04/03/2024




2024718

	

8:30 p.m.

	

12:00 am (09/03/2024)

	

08/03/2024




2024723

	

1:00 p.m.

	

7:00 p.m.

	

09/03/2024

De igual forma, se constata que en la urbanización Chorotega se han efectuado repartos de agua con camiones cisterna ante la solicitud de los vecinos. En ese sentido, el Icaa tiene definidas rutas de reparto de agua mediante camiones cisterna en Alajuelita, a saber: “Rutas Alajuelita Reparto FIJO: del 1-5, los lugares de los puntos 6 y 7 dependen de la condición de cada día 1 Dormitorio de la Municipalidad de San José (necesario a las 7 am, 5 mangueras) 2 Tanque comunal Cedes 3 Tanque Comunal la Toyita 4 Tanque Comunal Cruz Roja 5 Tanque comunal Los Geranios (Targua) 6 Centro Educativos (ver lista) 7 Población General 7.1 Ruta Concepción arriba: Poró, Lotes Paz, Vista Sn José, Dirección7558  ,       , Dirección7555   7.2 Ruta La Chorotega: La Chorotega, Antolina, Acapulco al este y al Oeste, Urb. Emmanuel, Zona de la Clínica 7.3 Ruta Liceo: Esquipulas, Targua, Geranios, Liceo de Alajuelita parte norte, La Paz, 7.4 Ruta San Felipe: Don Omar, La Verbena, Los Pinos, La Aurora”. El presidente ejecutivo del Icaa sostiene que ese ente “ha proyectado acciones de corto, mediano y largo plazo para el suministro de agua potable en estos sectores afectados. Actualmente se está utilizando por medio de un generador eléctrico, el aprovechamiento de cerca de 80 litros por segundo de un pozo recién perforado en San Blas de Moravia y que ello contribuye en la captación de líquido para el suministro a toda la GAM. Puntualmente se plantea, como una medida que coadyuvará a disminuir o mitigar las limitaciones de acceso al agua en épocas de verano, el aprovechamiento de los pozos denominados Goal 1 y 2, haciendo uso de generadores eléctricos, lo cual se proyecta para un plazo aproximado de dos años. Dichos pozos ya cuentan con el análisis de calidad de agua y las pruebas que permiten evidenciar la cantidad y el caudal de uso. La activación de dicho aprovechamiento podría mejorar y reducir la cantidad de horas en las que la población pueda tener acceso al agua potable”.

Por su parte, en el informe nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada. 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal. 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones. 3.5. Los resultados encontrados limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 4. DISPOSICIONES (…) A JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 4.4. Diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos: i) un plan de gestión de riesgos del portafolio; ii) un plan de recuperación del portafolio; iii) un sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio; iv) el portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución; v) las mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto de conformidad con los lineamientos de MIDEPLAN y la normativa aplicable vigente; vi) los criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad; y vii) los roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del modelo de gobernanza a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 30 de abril de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.5. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que contenga al menos las orientaciones para: i) la gestión de los recursos financieros; ii) diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos; iii) resultados de productos y servicios; iv) resultados financieros; v) resultados de los procesos (eficacia organizacional); y vi) resultados de liderazgo; con el fin de modernizar su organización, procesos y procedimientos, y aumentar la eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, sostenibilidad y productividad de sus actividades. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del Modelo a más tardar el 30 de junio de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 29 de mayo de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.6. Elaborar, divulgar e implementar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que incluya las acciones e instrucciones a ser implementadas para la gestión financiera del portafolio de inversión pública, que integre al menos: i) indicadores de sostenibilidad financiera del portafolio de inversiones y de la organización; ii) mecanismos de medición, monitoreo y control y su periodicidad; iii) los límites preventivos y alertas de los indicadores, iv) acciones de sensibilización en la organización sobre la sostenibilidad financiera; v) lineamiento sobre la frecuencia para solicitar ajustes tarifarios; y vi) reportes e insumos necesarios derivados del sistema de información referencial contenidos en el párrafo 4.4 del presente informe. Remitir a la Contraloría General una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta Directiva de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, posterior a la resolución por parte de ese órgano, remitir una certificación donde conste la divulgación e implementación de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 31 de agosto de 2026. (ver párrafos del 2.55 al 2.76). A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO 4.7. Resolver acerca de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que reciba de la Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo n.° 4.6 de este informe. Remitir al Órgano Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la propuesta (…)”. Asimismo, en el informe técnico rendido ante este Tribunal por la Contraloría General de la República el 6 de mayo de 2024 se indicó: “(…) Ahora bien, con base en estudios de fiscalización realzados con anterioridad, entre ellos el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables. Además, con base en el Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables del ICAA, de septiembre de 2021, las comunidades identificadas en el cantón de Alajuelita, cuyo operador del servicio es el ICAA, presentaban un alto Índice de Vulnerabilidad Comunitaria por el Acceso al Agua, entre ellas, la de Chorotega, en el distrito de Alajuelita. Este índice, según el ICAA, tiene por objetivo determinar la vulnerabilidad comunitaria por acceso a agua potable, en aquellos lugares donde las condiciones aún manifiestan un rezago importante en procura de un servicio de agua potable que cumpla con los mejores estándares de calidad y se apliquen las mejores prácticas socioambientales para su consecución. Por su parte, se tiene acreditado mediante el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades, restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos. Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades (…) en opinión del Órgano Contralor, si bien no se tiene constancia de los acuerdos entre la comunidad y el ICAA para el caso específico de Alajuelita ni de los mencionados incumplimientos de dichos acuerdos, con base en el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-24 denominado "Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados" del 12 de abril de 2024, se tienen acreditados una serie de deficiencias en la gestión del desempeño del portafolio de inversiones en agua potable y saneamiento, así como debilidades en la gobernanza en la gestión del portafolio de inversiones, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. Específicamente, se encontró que únicamente el 16.7% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país (utilizado el Índice de Desarrollo Social de 2023 publicado por MIDEPLAN) tienen inversiones programadas en agua potable, por su parte, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el "Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable" del ICAA de 2021, están asociados a las principales inversiones contenidas en el portafolio del ICAA, lo que muestra una deficiente atención de las comunidades más vulnerables del territorio nacional. Asimismo, que un 57% de los proyectos debían estar finalizados a enero de 2024 según estimaciones del ICAA, sin embargo, continuaban en ejecución, demorando mejoras en la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable, así como el beneficio para 2.8 millones personas en todo el país. También, se encontró que el diseño y gestión del portafolio de inversión del ICAA presentaba un nivel incipiente y carecía de una secuencia lógica y sistémica, lo que dificulta la resolución de las problemáticas actuales y futuras más apremiantes de la población mediante las inversiones que conforman el portafolio, las cuales permitirían atender los retos asociados a la desigualdad en el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, así como a los conflictos sociales por el uso del agua (…) 111.2 SOBRE LA RESPUESTA DEL ICAA Sobre inconsistencias en el criterio del ICAA. En el numeral 1 relativo a elementos hidráulicos que conforman la red de abastecimiento y distribución en el sector Alajuelita, incluyendo el Tanque de Bello Horizonte, el ICAA indicó que el tanque no había reportado salidas de operación que implicaran desabastecimiento superior a las 8 horas diarias. A pesar de ello, el 27 de febrero 28 de febrero y 2 de marzo del año en curso la suspensión fue mayor a las 8 horas indicadas, en particular, 8 horas y 40 minutos, 14 horas y 9 horas, respectivamente. Todo lo anterior, conforme a los consecutivos 2024540, 2024318 o 2024547. 2024552. 2024565, 2024600 y 2024606, descritos en el cuadro denominado "Boletines de San José / Alajuelita / Concepción del 26/02/2024 al 11I03I2024", del informe SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385, aportado como evidencia al expediente del presente recurso de amparo. En este sentido, la "Reforma reglamento prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes"*, vigente durante los días de desabastecimiento señalados, indica la necesidad de brindar abastecimiento alternativo y explicaciones razonables en caso de que la (sic) suspensiones excedieran las 8 horas diarias. Cabe destacar, que de acuerdo al (sic) reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que cubra las necesidades básicas de la población y los requerimientos de hospitales, clínicas y centros de salud. Sobre lo anterior y en línea con los numerales del 3 al 5, el "Informe Reparto Cisternas Alajuelita Recurso Amparo Expediente 24-007582-0007-CO" memorando n.° SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 del 26 de marzo del 2024, en las Ilustraciones 2 y 3 se adjuntan imágenes sobre acciones del ICAA para abastecer de agua potable mediante cisternas a algunas comunidades afectadas en los días 28 de febrero, 29 de febrero y 3 de marzo de 2024. No obstante, como se observó en párrafos anteriores, los desabastecimientos por más de 8 horas darías sucedieron los días 27 de febrero, 28 de febrero y 2 de marzo del año en curso, sin acreditarse en la prueba aportada el establecimiento de un mecanismo alternativo, en este caso el cisterna, a las comunidades afectadas en 2 de los 3 días citados, cuya suspensión reportada superó las 8 horas. Sobre las condiciones de la red existente. En el numeral 1 y 2 relativo a elementos hidráulicos que conforman la red de abastecimiento y distribución en el sector Alajuelita, incluyendo el Tanque de Bello Horizonte, el ICAA indicó que el tanque no había reportado salidas de operación que implicaran desabastecimiento superior a las 8 horas dianas. Además, en el numeral 6, el ICAA señala que el rápido desabastecimiento del servicio de agua potable en el distrito de Chorotega de Alajuelita, responde a la falta de presión en las tuberías debido a que se encuentran en una de las partes altas de la red, condición que se complica cuando el nivel de los tanques es bajo. Acerca de esto, la Contraloría General en el "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión. Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable. En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio (…) En su informe, en el numeral 7, el ICAA señala que esa entidad ha proyectado acciones de cono, mediano y largo plazo para el suministro de agua potable en estos sectores afectados  (…) Estas acciones de corto, mediano y largo plazo recién descritas se basan en el informe n.° UEN-GA-2024-00559, el cual no se pudo ubicar en el expediente remitido a la Contraloría General. Sin embargo, sobre el tema del portafolio de inversiones del ICAA, el Órgano Contralor emitió el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, denominado "Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", en donde se determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA, no ha sido eficaz ni eficiente; situación que restringe la capacidad de brindar con oportunidad el servicio y la atención de las problemáticas públicas asociadas al agua potable. Tal como se mencionó en secciones previas, el Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 encontró que un 57% de los proyectos debían estar finalizados a enero de 2024, según estimaciones del ICAA pero al momento de la fiscalización no se habían completado, demorando mejoras en la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable, así como la atención requerida a las necesidades públicas en torno al recurso hídrico de aproximadamente 2,8 millones personas en todo el país. A su vez, se determinó que la gestión de la información no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Del mismo modo, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. Finalmente, se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios. En general, los resultados encontrados en la referida fiscalización, limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6 el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las personas en condición de vulnerabilidad (…) CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de Chorotega de Alajuelita, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás distritos del cantón, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2. Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en los distritos de Alajuelita, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA en agua potable presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3. Se encontraron inconsistencias en el Informe SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 aportado por el ICAA, pues aunque se sugieren desabastecimientos inferiores a las 8 horas diarias, la Contraloría General encuentra diferencias horarias superiores a las 8 horas para 3 días específicos, utilizando como base la misma información rendida en ese informe. Además, este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. 4. En su contestación el ICAA no aportó evidencia referente al establecimiento de un mecanismo alternativo para los días que se encontraron suspensiones que superaban las 8 horas diarias. Tampoco el ICAA adjuntó el informe UEN-GA-2024-00559 que sustenta su actuación en torno a la Gestión Social. Es por lo anterior que no es posible brindar una opinión sobre los elementos citados. 5. No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar informe y recalca además el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable, por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones. 6. Finalmente, si bien la Municipalidad de Alajuelita destaca la responsabilidad rectora del ICAA en la administración de los acueductos y alcantarillados a nivel nacional, es importante recordar el principio de coordinación que rige las acciones de todas las instituciones estatales. por lo que en opinión del Órgano Contralor es crucial que la Municipalidad de Alajuelita, el ICAA, ARESEP y demás entes responsables según sus competencias, colaboren estrechamente para resolver el problema del suministro de agua y proteger los derechos de los habitantes” (el destacado no corresponde al original).

Finalmente, mediante el informe técnico nro. DH-0449-2024 del 7 de mayo de 2024, la Defensoría de los Habitantes de la República estableció: “(…) A.4. Consideraciones de la Defensoría en relación con los casos de Alajuelita: Si bien, como se señaló al inicio del presente apartado 3, la Defensoría se encuentra en la elaboración del informe final con recomendaciones referente a las intervenciones sobre la problemática de abastecimiento de agua potable en Alajuelita, sí ha logrado constatar que las gestiones realizadas por parte del AyA no han sido suficientes ni oportunas para lograr una dotación del servicio en cantidad para la población y ejemplo de ello son las 54 denuncias referidas al inicio del presente informe y recibidas entre finales de febrero y abril del 2024. La comunidad de Alajuelita ha venido enfrentando una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en las denuncias presentadas por las y los vecinos de la comunidad debido a los racionamientos programados y no programados, al incumplimiento de los horarios indicados, a los extensos períodos de desabastecimiento, a las dificultades que enfrenta la población para el reparto de agua en camiones cisternas y la consecuente afectación de sus derechos. En el año 2023 también se recibieron denuncias de esta comunidad, para un total de 16 solicitudes de intervención. Este desabastecimiento se debe a causas multifactoriales siendo algunas externas, como el Fenómeno El Niño, aumento en la demanda de la población, baja en las fuentes de producción, modificación en el comportamiento de las lluvias, así como una desordenada planificación territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera pero, particularmente, se debe a la inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Tal como se indicó, estas condiciones inciden negativamente en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en Alajuelita, el cual, de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública debe estar sujeto a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. Asimismo, de conformidad con el artículo 5 inciso c) de la Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y en concordancia con el artículo 9 del reglamento de prestación de servicios del AyA, el servicio de agua potable debe de brindarse “dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos”, sin embargo, esto no se está logrando alcanzar en Alajuelita. El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua en Alajuelita, entre las que se incluyen continuar con las campañas informativas para cambiar los hábitos de consumo, fomentar el desarrollo de proyectos que introduzcan nuevas fuentes de agua para reforzar los sistemas existentes, informar a la población el estado del Acueducto Metropolitano, fomentar el desarrollo de proyectos que vengan a traer nuevas fuentes de agua al sector en momentos en que las fuentes existentes están en déficit y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo. Asimismo, el AyA informa que se han presentado eventos de reparación importantes en los últimos dos meses, así como repartos en atención a las solicitudes recibidas en la línea 800 que cuenten con los requisitos. Agrega, se han realizado maniobras operativas como el trasvase de volumen de agua entre los sistemas de La Valencia y Bello Horizonte, se realizan racionamientos en el Sistema de San Juan de Dios de Desamparados y el sistema de Alajuelita, que son reforzados por Puente de Mulas a través de Bello Horizonte para distribuir el agua disponible entre las 3 zonas de la forma más equitativamente posible, control de presiones mediante una calibración de válvulas de control de presiones para evitar el consumo innecesario de la población, se hizo una redistribución de los horarios para las labores operativas de mantenimiento de las plantas potabilizadoras en momentos en que los sistemas presentan una menor demanda y, por lo tanto, reducir el impacto de estos procesos sobre la producción. No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que, una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos, habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca. A partir de lo indicado por el AyA en sus informes, la Defensoría ha identificado acciones paliativas y de corto plazo para resolver problemas de abastecimientos en comunidades como Alajuelita; sin embargo, esas acciones no resuelven el problema estructural existente. A la fecha no se ha identificado la efectiva ejecución de acciones para una solución definitiva a la problemática. De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión en la implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros (Expedientes 313166-2020-SI y 409986-2023-RI, ambos de la Defensoría). Como indicador de una falta de planificación de los proyectos, es que la Defensoría ha conocido denuncias de los habitantes de Alajuelita desde años anteriores, como por ejemplo los expedientes 417525-2023-RI, 415859-2023-RI, 417830-2023-RI, 417526-2023-RI, -417528-2023-RI, 417529-2023-RI, 417532-2023-RI, 417534-2023-RI, 417533-2023-RI, 417535-2023-RI, 417536-2023-RI, 417539-2023-RI, 417544-2023-RI, 417546-2023-RI, 417548-2023-RI, 417764-2023-RI, que visualizan la reiteración en la falta de planificación, así como el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras poblaciones. El AyA además informó sobre las acciones a implementar en la zona para mejorar el servicio, como son los nuevos pozos para el sistema de abastecimiento ME-A-19 Puente Mulas, el cual suministra agua a la Urbanización Chorotega, así como acciones, al corto plazo, como la ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael de Alajuela y la perforación de pozos, Goal 1 y Goal 2, con los que se estima un aumento en los litros por segundo y que se espera entren en operación en el segundo semestre de 2024. Para el mediano plazo, la reducción del índice de agua no contabilizada y al largo plazo el abastecimiento para el acueducto Metropolitano, Quinta Etapa. La Defensoría les brindará un puntual seguimiento a cada uno de los proyectos mencionados a fin de que la prestación del servicio en dicha comunidad se ajuste a los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, tal como se establece en la norma que rige el servicio, con el objetivo de que todas las personas puedan gozar plenamente de su derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, tal y como lo ha indicado la misma Sala Constitucional en diversos votos. A partir de la información que ha sido recabada, la Defensoría además considera que el AyA debe, con urgencia, implementar las acciones que se requieran para una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio, así como una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio para Alajuelita y todas las comunidades afectadas, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable (…) Teniendo claro lo anterior y haciendo una lectura detallada del informe rendido por la Municipalidad de Alajuelita, con ocasión de la acción judicial que ahora los convoca, no se identifica acción alguna específica por parte de dicho gobierno local, ejerciendo precisamente ese rol de liderazgo, coordinación y/o e instancia de articulación en aras de atender el requerimiento de agua potable para su comunidad. No desconoce la Defensoría de los Habitantes la responsabilidad directa del AyA en la garantía del servicio público, pero tampoco se desconoce la responsabilidad de la municipalidad de gestionar acciones para dicho fin. Por el contrario, se visualiza un informe donde incluso, el mismo gobierno local se presenta ante esa Sala como uno de los afectados por la falta de suministro de agua potable. En lugar de convertirse en la autoridad más cercana y accesible de la población y que promueve la articulación de los diferentes actores con la institucionalidad competente, la comunidad, el sector privado y otros. No se visualiza a la Municipalidad de Alajuelita como instancia que favorece la comunicación, en esta oportunidad entre el AyA y la comunidad, incluso convirtiéndose en la voz de las distintas localidades afectadas. Siendo que el gobierno local tiene la responsabilidad y obligación legal de ser el defensor de los intereses de la comunidad y promover su desarrollo, se hace un llamado a redireccionar sus acciones en aras de su mandato legal, sea la atención de las necesidades y objetivos locales.3.3. Sobre la intervención de la ARESEP para el caso concreto de la comunidad de Alajuelita: De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, entre las funciones y objetivos fundamentales de la ARESEP se encuentra el velar porque los prestadores de servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima estos servicios. Al respecto, ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. Por ende, si bien la ARESEP manifiesta en su informe que no existen denuncias sobre el desabastecimiento de agua, sí le corresponde, como parte de sus funciones, el velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede justificar su no intervención, en la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento atender y dar seguimiento estricto a cada una de las conclusiones del informe supra señalado, tal como se indicó en el párrafo precedente y particularmente, el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante elaborado por ese mismo órgano público y mencionado en su informe (…)” (el énfasis fue suplido).

De importancia para la resolución de este asunto se tiene la sentencia nro. 2020007754 de las 9:45 horas del 24 de abril de 2020:

“III.-Caso concreto. En el sub examine, la recurrente indica que es una persona adulta mayor de 70 años que vive en Dirección339  con su esposo de 76 años, su hija de 40 años y su nieta de 10 años. Manifiesta que la comunidad que habita en la que vive sufre de racionamientos y suspensiones de agua, en principio, por la escasez de ese líquido. Narra que el 9 de marzo de 2020 tuvieron agua de las 4:15 a las 6:00 horas; sin embargo, fue tan poca que con costos pudo recoger para tomar y cocinar. Menciona que, debido a lo anterior, el agua no alcanzó para llenar los tanques de los inodoros ni tampoco para lavar la ropa. Alega que tienen más de 40 horas sin agua en sus hogares. Señala que, entre las 13:00 y 14:00 horas de ese mismo día, un vecino les indicó que había un camión cisterna en el sitio, lo que les permitió recoger agua; empero, acusa que, en ese momento, no hubo ningún tipo de aviso que informara que los camiones cisterna se encontraban cerca. Sostiene que, debido a lo anterior, los otros habitantes de la zona no pudieron recoger agua. Refiere que la presidenta ejecutiva del ICAA informó que con motivo del Covid 19 pondrían agua en dos momentos del día; no obstante, tal afirmación no ha sido cumplida. Pide que se respete el derecho que tiene de recibir agua potable en horarios y tiempo razonables.

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la recurrente es una persona adulta mayor. Los tanques del sur del ICAA tienen problemas de desabastecimiento y son los que suplen el servicio de agua para la zona de los Hatillos. Estos tanques toman el líquido principalmente del sistema La Valencia y se refuerzan con los sistemas de Puente de Mulas (a través de Bello Horizonte) y de Tres Ríos por medio los tanques de Curridabat. El ICAA cuenta infraestructura para potabilizar el agua; sin embargo, las fuentes no tienen la capacidad de proporcionar el recurso requerido. Los desabastecimientos dependen de una serie de factores tales como: la demanda de la población (que varía con la hora del día, la temperatura, el día de la semana, etc), la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, entre otras. En la época seca de años anteriores, el sistema de tanques del sur se podía reforzar por más tiempo con agua proveniente de la planta potabilizadora de Tres Ríos; no obstante, debido a los problemas que se afrontan en todo el acueducto, el refuerzo se ha minimizado. El ICAA ha desarrollado varios proyectos que ya están en operación y, en los dos últimos años, se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Doña Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, no ha sido suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. En 2019, el ICAA comenzó a operar el pozo Chigüite que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos, con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los tanques del sur. A finales de 2019, la Intendencia de Agua de la ARESEP solicitó a los operadores exponer sus planes de estiaje y las acciones para disminuir los racionamientos en 2020. De los planes aportados, la ARESEP destaca que se han aprobado los recursos suficientes a los efectos de realizar las inversiones necesarias para los racionamientos; sin embargo, la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores no ha sido la deseable. A partir del 6 de marzo de 2020, el ICAA dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la planta de Tres Ríos para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de tanques del sur. El 9 de marzo de 2020, la zona de Hatillo 2 tuvo agua de las 4:15 a las 6:00 horas. El 9 de marzo de 2020, la recurrente recibió agua de un camión cisterna. Al 10 de marzo de 2020, fecha de la interposición del recurso, aún no se había restablecido el servicio de agua en Hatillo 2. Las bitácoras de reparto de agua del ICAA consignan, en relación con Hatillo 2, lo siguiente: i) El 4 de marzo de 2020 se hicieron los siguientes viajes: a. Uno a “Dirección505 ”. b. Uno a “Hatillo “#1, #2”. ii) El 5 de marzo de 2020 se efectuaron ocho viajes a “Hatillo, Hatillos 2 y 4, Colegio Cedes Don Bosco”. iii) El 6 de marzo de 2020 se llevaron a cabo tres viajes a “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén”. iv) El 7 de marzo de 2020 se materializaron los siguientes viajes: a. Uno a “Parque nacional Mara Redonda. Hatillo # 2-Hatillo #8”. b. Uno a “Hatillo 2”. c. Uno a “Dirección505 ”. d. Tres a “Hatillo 2 Valdeado”. v)El 8 de marzo de 2020 se perpetraron los siguientes viajes: a. Uno a “Hatillo #2- Hatillo #8-INA Florida”. b. Dos a “Hatillo 2 y alrededores”.  c. Dos a “Dirección506 , ) El 9 de marzo de 2020 se consumaron dos viajes a “Hatillo #1, Hatillo centro y Hatillo #2”. Los usuarios pueden consultar los siguientes canales de comunicación para informarse de los boletines de afectación en sus respectivas comunidades a través: línea 800- REPORTE (7376783); aplicación para dispositivos SERVICIOS AYA; WhatsApp: Telf30 y Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. El 12 de marzo de 2020, el ICAA fue notificado del curso de este amparo. El 12 de marzo de 2020, el ICAA interconectó el pozo W5 al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillo. La Intendencia de Agua de la ARESEP, mediante oficio n.º OF-0200-IA-2020 de 16 de marzo de 2020 dirigido a la presidenta ejecutiva del ICAA, expuso: “(…) No obstante, y pese a que el país se encuentra actualmente en una situación de emergencia sanitaria, diferentes localidades del país, especialmente en Área Metropolitana de San José, se encuentran sufriendo constantes racionamientos de agua, justificado por el AyA en que esto sucede porque durante la época seca, el sistema de acueducto afronta un déficit de agua sumado al aumento en el consumo del líquido durante los meses de verano. Ante esto, la Autoridad Reguladora reitera que es responsabilidad de os prestadores implementar una política permanente de planificación que permita prevenir situaciones como esta, basados en estándares de eficiencia y considerando las circunstancias adversas que se dan durante la época anual de estiaje y de sequía. En particular, deben ser capaces de desarrollar una capacidad de respuesta y un plan de contingencia adecuado para evitar los racionamientos de agua en los periodos de sequía.  Los prestadores tienen conocimiento que el impacto del cambio climático en las aguas se traduce en una limitación en la cantidad del recurso y siendo uno de los principios fundamentales de los servicios públicos su continuidad, es indispensable que realicen los esfuerzos necesarios para mejorar de manera sostenida y no solo momentánea el problema de escasez de agua que afecta a las localidades a las que les brinda el servicio. Lo anterior contrasta con la persistencia de los problemas de racionamiento a lo largo de varios años y en una gran cantidad de comunidades, lo que reafirma que no se trata de situaciones que se puedan catalogar como caso fortuito o fuerza mayor.  Aunque la Autoridad Reguladora es consciente de los esfuerzos institucionales realizados por sus representadas para evitar los impactos en la población derivados de los racionamientos de agua que se han dado en los últimos años, este problema es cada vez más recurrente y afecta a una mayor cantidad de población. Las razones son múltiples, pero llama la atención de esta Autoridad reguladora el rezago en la inversión en infraestructura y las significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada (ANC). Es imprescindible que AyA solucione ambos problemas en un plazo prudencial. No obstante las advertencias realizadas por la Autoridad Reguladora sobre el particular y sobre todo, haberse tenido conocimiento a nivel nacional e internacional del actual brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), los racionamientos de agua por parte del AyA continúan siendo una medida recurrente y los usuarios siguen sufriendo la falta de agua, vulnerando con ello el sistema de salud del país y desde el punto de vista regulatorio, el principio fundamental de continuidad en la prestación de los servicios públicos; siendo su obligación de acuerdo con el artículo 14 incisos i) y j) de la Ley N°7593, el estar preparados para asegurar en el corto plazo la prestación del servicio de manera regular y segura. Las diferentes explicaciones que ha ofrecido el AyA en varias instancias sobre las razones que han llevado a los altos niveles de desabastecimiento de varias zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de San José, no permite concluir que se les deba excluir de la aplicación del citado artículo 95 o que se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, dado que, tal y como se indicó anteriormente, la situación de racionamientos se ha presentado en forma recurrente a lo largo de varios años. En consecuencia, se instruye en este acto al AyA, para que proceda con el ajuste en el monto de la facturación de los servicios a todos sus abonados afectados por los racionamientos, para los siguientes casos en que aplica el artículo 95 del Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015 sea: a) Cuando la prestación del servicio sea menor a 16 horas naturales diarias durante al menos 20 días naturales al mes; y b) Cuando la suspensión del servicio durante 24 horas naturales por más de tres días naturales consecutivos o más de 7 días naturales no consecutivos, ambos en el mismo mes. Esta disposición es independiente de otras que han girado en el sentido de corregir en un tiempo prudencial las situaciones de racionamiento que recurrentemente se han presentado; por lo que AyA no puede asumir que la aplicación del citado artículo 95 le exime de corregir la problemática tipificada. Adicionalmente, debe comunicarse a esta Autoridad Reguladora, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el mecanismo que implementará para cumplir con esta disposición”.  El Dirección5102    , el ICAA inició la sustitución de tuberías en sectores de Hatillo 2 por unas de mayor capacidad, lo que permitirá aumentar el caudal disponible para los hogares de Dirección508 , Dirección509 , Dirección510 , Dirección511  y alameda entre calles 54 A y Dirección512 , con un avance del 70%, ya que faltan las interconexiones y la conexión de acometidas. El Dirección5102    , el ICAA interconectó un nuevo pozo (W16) al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillos. Este pozo tiene una capacidad de producción de 75 litros por segundo (l/s), el equivalente al consumo diario de 18.500 personas. El ICAA se encuentra ejecutando el proyecto “BPIP N° 2680: Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela” con el fin de mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable en sectores con afectación crítica durante la época seca, tales como los barrios de sur, entre ellos Hatillo. El proyecto inició el 1º de febrero de 2019 y tiene proyectado finalizar el 1º de noviembre de 2023.

En relación con este tema, la Sala ha tenido definida una línea jurisprudencial. Por sentencia n.º 2019-019080 de las 9:20 horas de 4 de octubre de 2019 resolvió:

“III.- En cuanto al desabastecimiento de agua potable por la época seca. Respecto a esta problemática que, actualmente, afecta a muchas comunidades del territorio nacional, esta Sala mediante sentencia No. 2019-007183 de las 9:20 hrs. del 26 de abril de 2019, consideró lo siguiente:

 “…III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Si bien es cierto, este Tribunal ha reconocido, en reiterada jurisprudencia, que el acceso al agua potable es un derecho constitucional, derivado de los derechos a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, también lo es que en la actualidad, se presentan múltiples problemas de desabastecimiento del líquido vital, generados durante la época seca (en igual sentido véanse las sentencias Nº 2009-12511 de las 17:59 horas del 11 de agosto del 2009, Nº 2010-015448 de las 12:15 hora del 17 de setiembre de 2010,  Nº 2014-004918 de las 14:30 horas del 09 de abril de 2014, Nº 2017-006082 de las 09:45 hrs. del 28 de abril de 2017 y Nº 2016-007550 de las 09:05 del 3 de junio de 2016). Al respecto, la responsabilidad del Estado es la de implementar las medidas necesarias y óptimas para dar solución eficaz a estos problemas. Desde esta perspectiva, se acredita en autos que, en la zona señalada por el recurrente, se han presentado cortes de agua en los últimos meses, lo cual reconoce y detalla la autoridad recurrida. No obstante, se pudo acreditar que las suspensiones reclamadas por los usuarios del servicio no son producto de la negligencia o arbitrariedad de parte del Instituto accionado, sino que estas se deben a una situación de desabastecimiento general de todos los sistemas durante la época seca. En ese sentido se acreditó que, la autoridad accionada ha comunicado a través de diversos medios que durante esta época se producirán racionamientos de agua debido al déficit ocasionado por la reducción de los caudales que abastecen los tanques de captación y por el incremento del consumo de agua. Específicamente, Nombre40834 pertenece a la zona de Operación San José, la cual es abastecida por medio de agua almacenada en los Tanques de Curridabat, los cuales se alimentar de agua proveniente del Sistema de Tres Ríos. Consta que, durante la producción normal, los Tanques de Curridabat al iniciar el día presentan un volumen de almacenamiento del 85%; no obstante, actualmente los niveles alcanzan un 20% de su capacidad, lo que lleva a que la zona sea propensa a desabastecimientos. Estos se producen cuando la demanda de la población supera el almacenamiento que se tiene y varían dependiendo de la demanda de la población, la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, la elevación de la zona, etc. Nombre40834 es una de las zonas más altas por lo que el impacto del desabastecimiento de agua será mayor, dicha afectación se da únicamente en la época seca y no de forma constante a lo largo del año. Normalmente, los desabastecimientos inician alrededor de las 10:00 a.m. y el sistema comienza su recuperación alrededor de las 11:00 p.m. se apoya este problema mediante el reparto de agua con camiones cisterna para centros de población vulnerables. Los accionados indicaron que, han realizado trabajos para reforzar el sistema y beneficiar a las comunidades de los sectores más altos, también, han realizado interconexiones en la zona de La Pacífica para trasladar ese sector a otra zona de operación para acortar el área de cobertura de los tanques de Curridabat, se amplió la operación abastecida por el tanque de Cipreses para abarcar parte de San José que era abastecida exclusivamente por los Tanques de Curridabat. Como medida a largo plazo, la Institución recurrida impulsa proyectos que van enfocados al control del agua no contabilizada. Producto de lo anterior, ha trabajado en explotar nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación para el beneficio de la población del GAM y se ha estado trabajando en la elaboración de un proyecto que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción que beneficia al GAM, proyecto que se encuentra en la etapa de diseño y se concluiría en el año 2025. Asimismo, acreditan que, en la actualidad tienen operando en la GAM los pozos de Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP Dirección5103 y CNP Dirección4729. Este Tribunal considera que, pese a que se comprueba que efectivamente existe el desabastecimiento del servicio de agua potable en la comunidad que reside el recurrente, las autoridades recurridas demostraron que han actuado dentro de sus posibilidades materiales a fin de lograr una adecuada redistribución. Asimismo, considera esta Sala que, el desabastecimiento se da únicamente en época seca y no durante todos los meses del año ni durante todas las horas del día y dicha situación es comunicada a la población por diversos medios. Adicionalmente, se valora que la institución ha realizado trabajos para reforzar el sistema y ha tomado medidas correctivas y preventivas, entre las cuales se encuentra el estudio que realiza para la explotación de nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación, lo que beneficiara la población del GAM y que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción. En mérito de lo expuesto, la Sala descarta que la Administración haya sido omisa en la atención de los problemas en el suministro del servicio de agua potable en la zona afectada, por ende, se impone declarar sin lugar el recurso, tal como en efecto se hace. Lo anterior, sin perjuicio de recodarle a la institución recurrida su deber de continuar realizando trabajos para reforzar el sistema y evitar el desabastecimiento durante la época seca…”.

IV.- Respecto al desabastecimiento de agua acusado por los recurrentes. En el sub lite, los recurrentes acusan racionamientos arbitrarios del suministro de agua potable en el sector de Mata Redonda. Sobre tales hechos, en los informes suscritos por el gerente general y el subgerente de Gestión de Sistemas GAM, ambos del Instituto  Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -que se tienen dados bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la ley que rige esta jurisdicción-, se acepta que la citada localidad está siendo afectada, junto al resto del Acueducto Metropolitano, del impacto de la época seca de este año. Aunque aclaran que los desabastecimientos se presentan en el sector de Mata Redonda durante algunas horas del día, siempre en horas de la tarde, por lo que la población sí cuenta durante gran parte del día con el acceso al agua potable a través de la red de tuberías. Han explicado que debido a la entrada de esa temporada en el país, los caudales de las fuentes se reducen y con ello los caudales de producción. También sostienen que esa situación obedece a un aumento en el consumo de la población debido a que por las condiciones de la época se demanda una mayor cantidad de agua que en la estación lluviosa. Igualmente, informan que a pesar de estar en los meses en los que típicamente en el país se encuentra ya instalada la estación lluviosa, producto del fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) que está influyendo, las lluvias no han sido capaces de recargar fuentes y los sistemas han mantenido afectaciones que se traducen en una disminución más pronunciada en los caudales que la Institución puede tomar de estas fuentes para potabilizarlas y abastecer a la población. No obstante, indican que su representada procede a informar a la población, la situación que vive el país con respecto a la reducción de las fuentes naturales de agua potable, lo cual no solo afecta a las zonas de Mata Redonda, sino que se extiende a todo el territorio nacional. Refieren que el AyA pone a disposición de las personas usuarias los siguientes medios para comunicar los eventos que afectan la prestación del servicio de agua: Línea 800-REPORTE (7376783), página web de AyA, aplicación para celular (disponible para su descarga en las plataformas Android e iOS): "Servicios AyA", whatsApp institucional, 57 puntos de atención personalizada y página de Facebook. Además, a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aun tenga servicio, mientras que los que viven en las partes más altas, ya tienen rato sin estar con el servicio. En este contexto, la Sala entiende que la situación acusada no surge de manera directa de un problema de imposibilidad material, sino, de condiciones ajenas, fuera de control y fortuitas que se presentan en forma temporal, y no permanentes, en la prestación del servicio público reclamado. Circunstancias que han obligado a la institución recurrida a utilizar los medios de comunicación, para informar sobre la situación en la que se encuentran los sistemas, y pedir a la población tomar las medidas pertinentes para afrontar los desabastecimientos hasta que las condiciones de caudales en las fuentes recuperen su caudal habitual, así como tomar conciencia de la necesidad de no desperdiciar el recurso disponible. Aunque la Sala entiende que estamos ante la prestación de un servicio de primera necesidad, lo cierto es que, además de la existencia de una causa objetiva, la autoridad recurrida ha adoptado medidas para atender el problema, o sea, que no se ha desatendido de la situación acusada por los recurrentes. Nótese que se ha indicado que como parte de los esfuerzos realizados por la Institución para reducir la afectación producto de los desabastecimientos, se han desarrollado varios proyectos, que ya están en operación. El año pasado se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Dona Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, esto no fue suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. También se acaba de poner a operar el pozo Chigüite, que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los Tanques del Sur. Aunado a lo anterior, se tiene que contrario a lo alegado por los tutelados, en los últimos seis meses del año 2019 no se han brindado disponibilidades en el servicio de agua potable para desarrollos inmobiliarios en el sector de Mata Redonda — San José. Incluso, las últimas tres solicitudes de disponibilidad fueron negadas y se entregó a los interesados una carta donde se les indicaba la infraestructura que deberían construir de su propio peculio antes de poder contar con la disponibilidad en el servicio de agua potable.  Así como que los proyectos inmobiliarios que, actualmente, se construyen en esa localidad, cuentan con la respectiva disponibilidad en el servicio de agua potable, aprobadas tiempo antes de que se presentaran los problemas de desabastecimiento en la zona. Además, los proyectos inmobiliarios en construcción se abastecen por medio de un único medidor y cuentan con tanque de almacenamiento y sistema de bombeo privado. Bajo esa tesitura, al igual que el anterior antecedente, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso porque no se demostró que la falta del servicio de agua potable sea antojadiza, arbitraria o sin fundamento por parte de AyA, pues igualmente se comprobó que se han buscado soluciones a la problemática generada por las condiciones geográficas y climáticas que sufre la zona de Mata Redonda, así como que se han tomado medidas para atender esa situación. Aparte de que la acusada construcción indiscriminada, que no es tal, tampoco tiene incidencia en la referida problemática”.

Asimismo, en la resolución n.º 2019-008791 de las 9:30 horas de 17 de mayo de 2019 este Tribunal dispuso:

“III.- Sobre el incumplimiento de los horarios de racionamiento. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión al derecho a la salud del accionante. Del informe rendido por la autoridad recurrida, se constata que los días 23 y 24 de abril de 2019, existió un desabastecimiento en distintas comunidades de los alrededores de Guadalupe, propiamente en Santa Eduviges. Ante todo se debe tener claro que, de acuerdo con lo indicado por el ICAA, la institución no aplica racionamientos en el sector donde reside el amparado; la afectación es producida por el desabastecimiento cuando la población consume la totalidad del almacenamiento disponible, que es el que se ha podido almacenar durante la noche, cuando la demanda de la población baja, lo anterior, dada la escasez generada por la época seca. Ahora bien, según fue explicado por el ICAA, la red de tuberías funciona como un tanque de almacenamiento de gran tamaño, pues una vez que los tanques de almacenamiento son vaciados, existe agua dentro de las tuberías, cuyo consumo no se puede detectar. Una vez que el tanque queda vacío, la tubería se va descargando, pero a una tasa que no es conocida, ya que depende de muchos factores, tales como el clima, el día de la semana, la hora del día, por lo que es variable cada día. Esto hace casi imposible predecir la hora en la cual se va a ir acabando el agua disponible para el usuario. El ICAA a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aún tengan servicio, mientras que los que viven en las partes altas, desde un tiempo mayor, no cuentan con el servicio. Así las cosas, no se puede endilgar a la institución recurrida el que no se cumpla con el horario aproximado de suministro del líquido, pues no es algo que la entidad planifique, sino que depende directamente de la demanda y de las condiciones particulares del sistema, incluso climatológicas.

IV.- Del informe rendido bajo juramento por la Presidenta Ejecutiva del ICAA, así como de la lectura de la prueba aportada, se desprende que la entidad recurrida ha ejecutado medidas con el propósito de paliar los efectos de la escasez de agua, entre ellas: a) el abastecimiento mediante camiones cisterna, especialmente a centros educativos y centros de salud, b) el 8 de abril de 2019, se abrió un límite entre la zona de Guadalupe y Moravia, para reforzar el sector de Guadalupe, c) el 7 y el 11 de abril de 2019, se intervinieron fugas importantes no visibles, que estaban afectando el sistema, d) el 9 de abril de 2019, se habilitó un “bypass” para reforzar desde el tanque de Guadalupe, aún más el refuerzo que se le hace al tanque de San Blas, e) se han efectuado racionamientos en los sectores de Coronado, Los Cuadros y Montes de Oca con el objetivo de reforzar el abastecimiento de Guadalupe con el agua proveniente de la Planta de Tres Ríos, es decir repartir el déficit, f) se ha coordinado con el ICE con el fin de extraer más agua del embalse en esta época seca con la finalidad de aumentar la producción en Tres Ríos, y actualmente se dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la Planta de Tres Ríos, para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de Guadalupe y, g) a largo plazo se tiene planeado ejecutar el Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano, que pretende aumentar en hasta 2500 litros por segundo la producción que beneficia al Gran Área Metropolitana, mismo que se proyecta concluir en el año 2025. En criterio de este Tribunal, el ICAA ha abordado de forma diligente la problemática denunciada.  Bajo este orden de consideraciones, este extremo del recurso deviene improcedente. No obstante lo anterior, esta Sala recuerda al ICAA su obligación como entidad rectora de la gestión del recurso hídrico, de seguir implementando las medidas necesarias con el propósito de abordar el problema de escasez de agua, de tal forma que se aminore su repercusión sobre la calidad de vida de los usuarios y se garantice el derecho de acceso al agua potable”.

Sobre el particular, tal y como ocurrió en los precedentes de cita, la Sala observa que, en principio, la falta del servicio de agua potable responde a un problema de desabastecimiento. No obstante, la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19, hace necesario que este Tribunal se replantee la tesis supra citada. Al respecto, no solo consta que la problemática de desabastecimiento de agua se venía reflejando desde el 2017, sino que la ARESEP puntualizó que el ICAA tenía un rezago en la inversión en infraestructura y, además, significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada. Asimismo, el ente regulador también afirmó que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable.

De ahí que, previo a seguir validando alguna situación de desabastecimiento y en virtud de la pandemia por el COVID-19 (cuyas fatales repercusiones son públicas y notorias en otras latitudes), el ICAA debe implementar las acciones correspondientes a los efectos de solventar a corto plazo los problemas generados por la escasez de agua en las fuentes de producción, sin perjuicio de las soluciones a mediano y largo plazo que tenga proyectadas. Lo anterior se dispone, por cuanto el acceso a este líquido en medio de esta pandemia se torna fundamental para evitar una mayor propagación, según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Nótese que, luego de la comunicación del curso de este amparo, el ICAA efectuó dos interconexiones con pozos para reforzar abastecimiento en los sistemas afectados y, además, en Dirección339  sustituyó tuberías por otras de mayor capacidad, lo cual demuestra que sí tenía acciones a su alcance para al menos tratar de mitigar la situación; empero, no consta que estas hayan solventado lo acusado. Si bien se desprende que el ICAA ha procurado la repartición de agua potable por medio de camiones cisterna en Dirección339 , no se aprecia con claridad si la cantidad de agua fue suficiente para suplir a las necesidades básicas de las personas afectadas. En ese sentido, el hecho de que, en un lapso de cuarenta horas, la recurrente solo haya tenido acceso al servicio por menos de dos, dimensiona la magnitud del problema y evidencia la transgresión al derecho de acceso al agua de la recurrente. Debido a lo anterior se impone la estimatoria del recurso en contra del ICAA, en los términos que se dictarán en parte dispositiva de la sentencia.

En relación con las demás autoridades recurridas, no se aprecia de manera evidente que tengan algún tipo de responsabilidad directa en los hechos acusados por la recurrente. De ahí que se declara sin lugar el recurso en su contra (…)” (el resaltado fue agregado).

Ahora, si bien este Tribunal ha declarado sin lugar recursos de amparo formulados contra el Icaa en los que se plantearon agravios similares al sub iudice, bajo una mejor ponderación, esta Sala estima que lo procedente es acoger el recurso, debido a la inadecuada prestación del servicio de agua potable en Alajuelita, de acuerdo con las consideraciones consignadas de seguido.

Sobre el particular, recuérdese que en el informe técnico vertido ante esta Sala por la Contraloría General de la República se indicó que: “con base en el Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables del ICAA, de septiembre de 2021, las comunidades identificadas en el cantón de Alajuelita, cuyo operador del servicio es el ICAA, presentaban un alto Índice de Vulnerabilidad Comunitaria por el Acceso al Agua, entre ellas, la de Chorotega, en el distrito de Alajuelita”. Adicionalmente, en el en el informe nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la CGR concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad (…) 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución (…) 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras (…) 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios”.

Por su parte, en el informe técnico nro. DH-0449-2024 del 7 de mayo de 2024, la Defensoría de los Habitantes de la República subraya que: “las gestiones realizadas por parte del AyA no han sido suficientes ni oportunas para lograr una dotación del servicio en cantidad para la población y ejemplo de ello son las 54 denuncias referidas al inicio del presente informe y recibidas entre finales de febrero y abril del 2024 (…) En el año 2023 también se recibieron denuncias de esta comunidad, para un total de 16 solicitudes de intervención. Este desabastecimiento se debe a causas multifactoriales siendo algunas externas, como el Fenómeno El Niño, aumento en la demanda de la población, baja en las fuentes de producción, modificación en el comportamiento de las lluvias, así como una desordenada planificación territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera pero, particularmente, se debe a la inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” (el énfasis fue incorporado).

Asimismo, recuérdese que la Aresep emitió el memorial nro. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que evidenció algunos de los problemas del Icaa, como lo son “(…) el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…)”. Además, en tal estudio se recalcó que el Icaa cobra a las personas usuarias montos que incluyen un 57% de agua que se desperdicia y que, por ende, no conlleva una contraprestación a favor de los abonados. Ello se evidencia con la conclusión de la Aresep en cuanto a que “El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones”.

Lo anterior evidencia un problema estructural de parte del Icaa que ha afectado la prestación del servicio de agua potable en perjuicio de los habitantes de Alajuelita, de lo cual tiene conocimiento, al menos, desde el año 2021. Al respecto, si bien en diversos informes del Icaa atinentes a tal problemática se ha indicado que el desabastecimiento obedece a múltiples factores, como el fenómeno del niño, la demanda de la población, la baja en las fuentes de producción, el comportamiento de las lluvias, entre otras consideraciones, no puede obviarse que en el sub examine ha quedado demostrado que el Icaa adolece de una “inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno”, tal como se consignó en el informe técnico nro. DH-0449-2024 del 7 de mayo de 2024 emitido por la Defensoría de los Habitantes de la República, lo que también se refleja en el informe nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 del 12 de abril de 2024, mediante el cual la Contraloría General de la República resaltó el ineficiente manejo de la gestión del portafolio de proyectos de inversión por parte de ese instituto. En igual sentido, recuérdese que también la Aresep mediante el oficio nro. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, evidenció entre los problemas que afronta el Icaa “el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración”.

Reflejo de lo anterior, entre el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2024, el tanque Bello Horizonte que abastece a Alajuelita recibió reportes de salida de operación superiores a 6 horas, por ejemplo, el 26 de febrero por aproximadamente 8.5 horas, el 27 y el 28 de febrero por 7.5 horas y 15 horas, respectivamente, mientras que el 2 de marzo por un total de 9 horas. Pese a ello, no se tiene constancia de que el Icaa haya informado a los habitantes de Alajuelita sobre las interrupciones en la prestación del servicio de agua potable denunciada en el sub lite, ni se tiene elemento probatorio que permita acreditar fehacientemente que ese instituto haya empleado métodos alternos para garantizar el acceso a la población de esa zona al agua potable, lo que conculca la normativa que lo rige, así como los derechos fundamentales.

En ese sentido, obsérvese que en el reglamento nro. 21 del 19 de marzo de 2024 ‘Reglamento Técnico "Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)"’, la Aresep reguló:

“Artículo 7.- Obligatoriedad de la prestación de los servicios.

Siempre que sea técnicamente factible, los prestadores dentro de su jurisdicción deben brindar, en condiciones de prestación óptima, los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes.

Asimismo, todo prestador debe garantizar, el uso eficiente del recurso hídrico, la sostenibilidad del suministro en el corto, mediano y largo plazo de los servicios públicos (…)

Artículo 10.- Prestación del servicio en condiciones inferiores a la prestación óptima.

Solo en situaciones excepcionales: caso fortuito, fuerza mayor, daño causado por tercero o suspensiones programadas, se permitirá brindar los servicios en condiciones inferiores a la prestación óptima.

Sin embargo, el prestador deberá implementar a la mayor brevedad posible, las medidas correctivas temporales que correspondan para suministrar los servicios hasta tanto se logre reestablecer el servicio a condiciones óptimas (…)

Artículo 82.- Continuidad en la prestación de los servicios.

Los prestadores deben garantizar que el servicio se brinde sin interrupción, las 24 horas del día, los 365 días del año, con las condiciones de calidad y cantidad establecidas en este reglamento.

Se exceptúan aquellas situaciones provocadas por el abonado o usuario; por caso fortuito; por fuerza mayor; o por períodos programados de mantenimiento del sistema o daño causado por terceros; en cuyo caso aplicará lo establecido en este Reglamento en cuanto a la prestación del servicio en condiciones inferiores a las establecidas en este reglamento.

En los casos de declaración de emergencia o de interés público, ningún abonado debe quedar sin suministro del servicio de acueducto por falta de pago. Es obligación del abonado cumplir con el pago por el servicio de acueducto, de acuerdo con las condiciones de cobro que se establezcan (…)

Artículo 85.- Prioridad del abastecimiento en caso de escasez.

En caso de que el servicio de acueducto deba ser restringido, éste se brindará con el fin de satisfacer el consumo humano, con el siguiente orden de prioridades:

a. Hospitales, clínicas, centros de salud centros penitenciarios, albergues, campamentos de damnificados y aeropuertos.

b. Centros educativos.

c. Vivienda, para atender las necesidades básicas de las familias.

d. Actividades comerciales, agrícolas e industriales.

Artículo 86.- Interrupción temporal del servicio de agua potable.

En caso de interrupción temporal de la continuidad del servicio, los prestadores deberán comunicar a los abonados y usuarios a través de los medios de comunicación colectiva, lo siguiente:

a. Área y población afectadas;

b. Tipo de afectación al abonado;

c. Duración estimada de la interrupción;

d. Razones de la interrupción del servicio;

e. Medidas de contingencia en caso de ser necesarias;

f. Medios alternativos para el suministro del agua; y

g. Ubicación de los puntos de entrega del agua, en caso de que se realice por medio de cisternas. El punto de entrega debe estar lo más cerca posible de los domicilios para que se abastezcan varios usuarios a la vez, evitar desperdicio y que exista facilidad de recolección del agua.

Esta información deberá mantenerse actualizada.

Artículo 87.- Comunicación de las interrupciones del servicio de suministro de agua potable

Los prestadores deberán comunicar las interrupciones temporales del servicio de suministro de agua potable de la siguiente forma:

a. Para interrupciones programadas, con al menos 48 horas naturales de antelación;

b. Para interrupciones no programadas, dentro de las 4 horas naturales después de detectada la avería o producido su reporte.

Esta comunicación deberá realizarse mediante medios de comunicación colectiva, detallando la ubicación, el horario de suministro, las condiciones del servicio alternativo de agua potable y las zonas afectadas.

Artículo 88.- Medios alternativos de suministro del servicio de acueducto

Los prestadores definirán los servicios alternativos de suministro del servicio de acueducto, estos podrán ser camiones cisterna, tuberías temporales, fuente pública u otros, siempre que estos garanticen que el agua brindada reúna las características de calidad y que asegure el acceso al agua potable para cubrir las necesidades básicas de los usuarios del área afectada.

a. Si la interrupción del servicio de acueducto, contemplando su reparación, se prolonga por más de 6 horas naturales, de manera diaria, el prestador está obligado a brindar un servicio alternativo de suministro de agua potable a los abonados para cubrir las necesidades básicas.

b. Tratándose de interrupciones que se prolongan por más de 1 día, el suministro de agua potable será diario a todos los abonados afectados por los medios alternativos de que dispone el prestador.

c. En el caso de abonados con interrupciones prolongadas, por más de 5 días, el prestador definirá el mecanismo para brindarles el suministro de agua, de tal forma que facilite la entrega, por ejemplo, en tanques de almacenamiento (propios o en aquellos brindados por el prestador) para reducir la frecuencia de entrega y garantizar el agua para un mayor número de días.

d. El abastecimiento alternativo no se podrá mantener de forma continua por más de 2 años, salvo que la programación del proyecto para solucionar el déficit de agua se extienda por un plazo mayor; debiendo contemplarse en el plan de inversiones, las necesidades de desarrollo de los servicios públicos que brindan y el operador deberá informar, por los medios que tengan disponibles, el avance del proyecto.

e. En el caso de abastecimiento de agua por cisterna, el prestador del servicio deberá ofrecer al menos dos horarios, uno en la mañana y otro en la tarde para distribuir el agua para garantizar que los usuarios reciban el agua potable al menos una vez al día” (el destacado fue incorporado).

En virtud de lo expuesto, es palmaria la violación al derecho fundamental de acceso al agua potable, máxime si se considera que el ordinal 50 de la Constitución Política dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que en la observación general nro. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”.

Por ende, se declara con lugar el recurso en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

VI.- En cuanto a la Aresep, la ley nro. 7593 del 9 de agosto de 1996 ‘Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)’ dispone:

“Artículo 4.- Objetivos Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora:

a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos definidos en esta ley y los que se definan en el futuro.

b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos.

c) Asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de esta ley.

d) Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad.

e) Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de concesiones.

f) Ejercer, conforme lo dispuesto en esta ley, la regulación de los servicios públicos definidos en ella.

Artículo 5.- Funciones En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son: (…)

c) Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes (…)” (el destacado fue agregado).

Así las cosas, aun cuando la Aresep tiene entre sus funciones la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio de agua potable, en el sub iudice no se verifica su adecuado acatamiento. Acerca de esto, en el informe rendido ante esta Cámara el regulador general se limitó a detallar las competencias de la Aresep y a sostener que no lesionó los derechos fundamentales de la parte tutelada. Pese a ello, no se observa alguna acción de la Aresep tendente a hacer cumplir las normas de continuidad y prestación óptima del servicio de agua potable en Alajuelita, lo que implica una conculcación a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Lo anterior se agrava si se considera lo expuesto ut supra en cuanto a que existe constancia de larga data de que el Icaa no ha emprendido una gestión ineficaz del portafolio de los proyectos de inversión, lo que incluso fue reconocido por la propia Aresep en el oficio nro. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que evidenció problemáticas del Icaa como “el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores”. Adicionalmente, recuérdese lo indicado por la Defensoría de los Habitantes respecto a que: “ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. Por ende, si bien la ARESEP manifiesta en su informe que no existen denuncias sobre el desabastecimiento de agua, sí le corresponde, como parte de sus funciones, el velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede justificar su no intervención, en la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento atender y dar seguimiento estricto a cada una de las conclusiones del informe supra señalado, tal como se indicó en el párrafo precedente y particularmente, el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante elaborado por ese mismo órgano público y mencionado en su informe (…)”.

De este modo, también se estima el recurso en cuanto a la Aresep, según se consigna en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

VII.- Por último, concerniente a la Municipalidad de Alajuelita, la Sala no observa alguna acción u omisión que haya conculcado los derechos fundamentales de la parte tutelada en los términos en que fue formulado el recurso, motivo por el que desestima el recurso contra ellos. Sin embargo, tomen nota el alcalde y el presidente del Concejo Municipal de esa corporación, que deberán coordinar lo pertinente y llevar a cabo las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias respectivas con miras a coadyuvar en la solución al problema ineficiente suministro de agua potable en ese cantón.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Se le ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que: i) DE MANERA INMEDIATA se garantice el suministro de agua potable diario y suficiente para suplir las necesidades básicas de la población de Alajuelita, cuando la interrupción del servicio se dé por periodos superiores a 6 horas; y ii) en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población del cantón de Alajuelita se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Se le ordena a Eric Alonso Bogantes Cabezas, en su condición de regulador general y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que coordine lo pertinente y ejecute todas las actuaciones propias del ámbito de sus competencias, a los efectos de que DE FORMA INMEDIATA se vele por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del Icaa en el cantón de Alajuelita, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo. Tomen nota el alcalde y el presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuelita acerca de lo indicado in fine del considerando VI de esta resolución. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Alejandro Delgado F.




Alexandra Alvarado P.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 ULHZVNZQAOM61

EXPEDIENTE N° 24-007582-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:15:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

VII. ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite matter, the petitioner states that, for approximately one year in Chorotega de Alajuelita, the ICAA has frequently suspended the public service of drinking water supply without prior notice of scheduling and for periods that usually extend up to 24 hours. Such indiscriminate suspension has extended to other districts of the canton since March 2023, such that it covers all of Alajuelita; indeed, the situation has worsened in the last three months. She maintains that the population is not informed of the suspension and service restoration schedules, leaving people in a state of insecurity as to when they will have the possibility of accessing the resource to organize their daily chores and responsibilities. She claims that: "Furthermore, the AyA does not have an established supply program with water tanker trucks to supplement these cuts, which leaves the inhabitants of Alajuelita with no alternative on many occasions, completely depriving them of access to water." She requests that the ICAA be ordered to execute the works and measures necessary to guarantee the water supply in Alajuelita.

The Chamber verifies that in report no. DFOE-AE-AI-00008-2018 “OPERATIONAL AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE IN THE PROVISION OF WATER SERVICE IN VULNERABLE COMMUNITIES” of September 5, 2018, the Office of the Comptroller General of the Republic stated: “3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, AyA has had the responsibility of resolving matters related to the provision of the country's drinking water service, in its capacity as operator, governing body, and delegating entity of the service. However, it has not managed to consolidate its role of directing, intervening in, and overseeing the correct administration, operation, maintenance, and development of drinking water systems, so that the service provision meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in accordance with the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equality in the treatment of service recipients. 3.2. In this context, the rating of 4.45 out of 10 for the drinking water service in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized view of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in the provision of the service, which would ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. Furthermore, this situation shows that, from an approach with ethnic and cultural sensitivity, there is a lack of greater progress in the application of best practices in administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems, which would guarantee their sustainability for the provision of the drinking water service to vulnerable communities. 3.4. The situation found fosters conditions of poverty, health impacts, and diminished productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being that would allow overcoming the conditions of vulnerability of the population. Thus, improvement in quality is relevant, as this constitutes a fundamental service for these communities, in which it is important to protect the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration” (boldface added). For its part, through official communication IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, denominated “EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA)” issued by ARESEP, it was concluded: “(…) regarding the financial equilibrium of the aqueduct service, although there is currently the necessary liquidity to tend to the service provision, in the medium term, it will be severely compromised, given the directives implemented by AyA to use cash flows from depreciation and revalued depreciation (asset replacement) to meet financial obligations associated with investment project initiatives, which have seen their grace period (time to build the work) expire, which begins to generate a financial expense, without a solution to the users' needs being available to date (absence of project). Additionally, the financial equilibrium of a public service must reflect the result of efficient and effective management regarding investments, costs, and economic expenses incurred in complying with the pre-established quality standards and norms in the provision of the aqueduct service. In the case under analysis, evidently, having a 57% rate of drinking water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to schedule slippages throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment tenders without guarantees and safeguarding of committed public resources, absence of institutional planning oriented toward the replacement of assets whose useful life is expiring, presence of unmetered services, rejections of service availability, and 70% of systems with water stress, among other factors, allows concluding that the financial equilibrium of the service cannot be at any cost (…) It is important to note that the return for development cash flow is oriented toward attending to the investment needs and the repayment of financial obligations (interest expense) acquired by the provider to finance the portfolio of infrastructure projects. In this regard, not having complete information, which validates and allows traceability of the costs and changes in the scope of investment projects during the 2018-2024 period, subjects the service provider to an inability to meet its obligations to both users in the near future (new investments) and creditors (outstanding debts). This is the reason why the Regulatory Authority has been emphatic since 2021 through various official communications and technical inspections, that AyA must modify its project management in such a way that allows it to have the information, guarantee traceability from internal approval to execution, correct the timelines for addressing user needs, validate project information in the accounting capitalization reports, update the approval and monitoring system of MIDEPLAN and the ARESEP investment plan, and guarantee users that each colón incorporated into tariffs related to investments corresponds to transparent, reliable, timely, efficient, and effective management. 6. The level of return for development obtained by AyA (Return in dollars: 6.71% and Return in colones: 9.4%) is lower than the cost of the debt assumed and incorporated in the present study for AyA (…), which has a series of implications for the service, such as: It is exposing the public aqueduct service to bearing a cost for the acquired debt that is higher than its capacity to generate resources for repayment, which is transferring an operational and financial risk to the users. The cost of debt associated with long-term projects above the level of return, coupled with the timelines to materialize a real solution to supply or service availability problems, have caused the user to assume a high social cost, a lag in development opportunities, and an enhancer of territorial and socio-economic inequalities. 7. AyA must carry out a process of refinancing or renegotiation of its long-term debt, which guarantees more competitive interest rates and avoids a financial mismatch, as well as avoiding assuming and transferring uncompetitive debt costs to the associates, given that, although tariffs are set under the cost principle, in accordance with the provisions of Article No. 3 of the Regulatory Authority Law, it must not be at any cost (…) 9. The capitalization request for the investment projects proposed for the aqueduct service for the 2018-2021 period was rejected, for an amount of ¢ 108,081.96, in accordance with the following criteria: 70% of the projects are not available, according to the operator, due to the absence of pre-investment documents, which prevents traceability of cost levels, scope, and scheduling during the pre-feasibility, feasibility, execution, and asset capitalization stages. Of the 30% of projects that attach some documentation, in most cases it corresponds to the budgeted amount as of the date of the study analysis, for which traceability between the project and the assets intended to be capitalized mostly cannot be provided. Much less can it be identified which projects are to replace assets and which are to expand or improve service provision, nor is it possible to identify the asset retirements associated with capitalizations due to substitution or replacements (…) 10. Given the inconsistencies noted in the investments proposed for capitalization by AyA, and given the information problems associated with the projects from 2018-2024, ET-074-2018 is established. The foregoing will allow, on the one hand, not transferring to users amounts associated with project initiatives that are not yet useful and usable or for which traceability cannot be provided at all, and on the other hand, to the provider, who is alerted to the risk that is materializing, given the inability to capitalize the investment projects, given the financial and operational impacts that this mismatch of works and their financing entails, with an average interest rate of 13.5%. 11. The regulatory body reiterates to AyA that, as part of the revaluation process of the assets that make up the tariff base, the value of this base is 69% higher, without any corresponding compensation in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or for early retirement. However, AyA has not redirected those amounts to address the replacement of those assets whose useful life has expired, especially in conduction and distribution pipelines, as well as modernization of the meter park or implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. With regard to the 57% of water that AyA is charging users, even though it is wasted along sidewalks and roads through leaks, anomalies in user registrations and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut those costs by 10% every two years, given that it is the obligation of the provider of a public service not only to offer quality service and comply with the principle of service at cost, which cannot be accepted that users are charged for water that is not correctly billed as a result of 80% of the water meter park being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established tariff, water wasted through recurring leaks on sidewalks and roads nationwide without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipes with more than 70 years of use, which are charged for as if new. The foregoing represents approximately 38.5 million cubic meters, which, if efficiency in the use of the water resource were achieved—which, by the way, AyA itself promotes protecting—would allow addressing many of the rejected availabilities, avoiding so many supply cuts, and even duplicity of investments. 12. The under-registration of drinking water sales by AyA is partly explained by the fact that 8 out of every 10 meters are in poor condition or have expired useful lives, which results in those water sales costs not correctly recorded being ultimately paid by all service users, regardless of the physical condition of the meter, as a penalty on the consumption and saving of the water resource by families (…) 14. AyA does not have a strategy that allows it to have annually updated water quality information for both the systems operated by AyA and those it has delegated to service providers such as ASADAs, which causes problems associated with the presence of parameters such as arsenic, iron, manganese, and molecules associated with agrochemicals not to be addressed in a timely manner, and on the contrary, they only receive attention once the impact on water quality has materialized (…)” (highlighting added).


On the other hand, it is verified that the Alajuelita area is supplied by the Bello Horizonte tank, and that a water tank with external faucets for public use was placed at the facilities of the Cruz Roja de Alajuelita. The Chamber corroborates that, on January 25, 2024, a group of people filed a petition before the Municipalidad de Alajuelita and the ICAA, in which the problematic nature of the water service provision in that canton was claimed and its solution was requested. On January 31, 2024, Laura Sotela Azofeifa sent an email to the General Directorate of User Services of ARESEP, through which she reported the theft of water in Alajuelita, which the ICAA has not resolved. In response, the following day it was communicated that, should she wish to file a complaint, she had to do so through the single window and meet a series of admissibility requirements. Between February 26 and March 11, 2024, the Bello Horizonte tank received reports of operational departures, namely:


Boletines de San José/ Alajuelita/ Concepción from 02/26/2024 to 03/11/2024


| Consecutive | Start Time | End Time | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024521 | 10:00 a.m. | 1:30 p.m. | 02/26/2024 |
| 2024532 | 7:00 p.m. | 12:00 am (02/27/2024) | |
| 2024540 | 9:30 a.m. | 2:00 p.m. | 02/27/2024 |
| 2024318 or 2024547 | 7:50 p.m. | 01:00 am (02/28/2024) | |
| 2024552 | 8:30 a.m. | 4:30 p.m. | 02/28/2024 |
| 2024565 | 6:00 p.m. | 12:00 am (02/29/2024) | |
| 2024578 | 8:00 p.m. | 12:00 am (03/01/2024) | 02/29/2024 |
| 2024592 | 7:00 p.m. | 12:00 am (03/02/2024) | 03/01/2024 |
| 2024600 | 1:00 p.m. | 4:00 p.m. | 03/02/2024 |
| 2024606 | 6:00 p.m. | 12:00 (03/03/2024) | |
| 2024632 | 9:30 a.m. | 2:00 p.m. | 03/04/2024 |
| 2024718 | 8:30 p.m. | 12:00 am (03/09/2024) | 03/08/2024 |
| 2024723 | 1:00 p.m. | 7:00 p.m. | 03/09/2024 |

Similarly, it is confirmed that in the Chorotega urbanization, water distributions with tanker trucks have been carried out at the request of residents. In that respect, the ICAA has defined water distribution routes via tanker trucks in Alajuelita, namely: “Rutas Alajuelita Distribución FIJA [Fixed Distribution]: from the 1st to the 5th, the locations for points 6 and 7 depend on the daily condition 1 Dormitory of the Municipalidad de San José (necessary at 7 am, 5 hoses) 2 Cedes Community Tank 3 La Toyita Community Tank 4 Cruz Roja Community Tank 5 Los Geranios Community Tank (Targua) 6 Educational Centers (see list) 7 General Population 7.1 Ruta Concepción Arriba [Upper Concepción Route]: Poró, Lotes Paz, Vista Sn José, Vistas del Sur, super el Excelente and super el Éxito, calle el Chorro 7.2 Ruta La Chorotega [La Chorotega Route]: La Chorotega, Antolina, Acapulco east and west, Urb. Emmanuel, Clinic Area 7.3 Ruta Liceo [High School Route]: Esquipulas, Targua, Geranios, Liceo de Alajuelita north part, La Paz, 7.4 Ruta San Felipe [San Felipe Route]: Don Omar, La Verbena, Los Pinos, La Aurora”. The executive president of the ICAA maintains that this entity “has projected short, medium, and long-term actions for the supply of drinking water in these affected sectors. Currently, through the use of an electric generator, the utilization of approximately 80 liters per second from a recently drilled well in San Blas de Moravia is being carried out, and this contributes to the intake of liquid for supply to the entire GAM. Specifically, as a measure that will help decrease or mitigate limitations on access to water during the dry season, the utilization of the wells called Goal 1 and 2 is proposed, making use of electric generators, which is projected for an approximate period of two years. These wells already have the water quality analysis and the tests that allow demonstrating the quantity and the usable flow rate. The activation of this utilization could improve and reduce the number of hours in which the population can have access to drinking water.”


For its part, in report no. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROJECT PORTFOLIO FOR THE SUPPLY OF DRINKING WATER AND WASTEWATER SANITATION OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS” of April 12, 2024, the Office of the Comptroller General of the Republic concluded: “3.1. The management of the investment project portfolio for the supply of drinking water and wastewater sanitation of AyA has not been effective in impacting populations in conditions of vulnerability, given that only 1.6% of the country's districts with the highest condition of vulnerability, according to the 2023 Social Development Index, have programmed investments in sanitation, and only 16.7% in drinking water; likewise, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to AyA's 2021 Community Water Vulnerability Index have programmed investment. 3.2. AyA has also not been effective or efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still under execution, which delays addressing citizen needs, affecting the benefit for 2.8 million people in drinking water and 1.2 million people who are beneficiaries of sanitation projects in cities such as Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo, and Coco-Sardinal. 3.3. In turn, the portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in congruence with current and future citizen needs, since the design and management of AyA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. 3.4. The inefficient management of the portfolio has led AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected due to the lack of recognition of investment costs in the tariffs that sustain the services, causing the proportion of income allocated to the payment of obligations to increase each year. 3.5. The results found limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge mainly in the context of populations in conditions of vulnerability. 4. ORDERS (…) TO JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF AYA OR TO WHOMEVER HOLDS THE POSITION IN HIS STEAD 4.4. Design, disclose, and implement a comprehensive portfolio governance model that contains at least: i) a portfolio risk management plan; ii) a portfolio recovery plan; iii) a reliable information system that provides integrated data on the time, cost, and scope of the portfolio components; iv) the portfolio adjusted and approved by the highest-ranking official, in accordance with administrative and technical execution capacity; v) periodic performance measurements throughout the life cycle of the portfolio, program, and project in accordance with MIDEPLAN guidelines and applicable governing regulations; vi) prioritization criteria for portfolio components, including criteria for populations in conditions of vulnerability; and vii) the roles and responsibilities for each of the portfolio and component management stages. Submit to the Office of the Comptroller General a certification regarding the design and disclosure of the governance model no later than April 30, 2025, and also, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than April 30, 2026. (see paragraphs 2.1 through 2.54). 4.5. Elaborate, disclose, and implement a model for the improvement of institutional management, in coordination with the Ministry of National Planning and Economic Policy, that contains at least guidelines for: i) management of financial resources; ii) design and improvement of systematic process management; iii) product and service results; iv) financial results; v) process results (organizational effectiveness); and vi) leadership results; with the aim of modernizing its organization, processes, and procedures, and increasing the efficiency, effectiveness, pertinence, quality, sustainability, and productivity of its activities. Submit to the Office of the Comptroller General a certification regarding the design and disclosure of the Model no later than June 30, 2025, and also, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than May 29, 2026. (see paragraphs 2.1 through 2.54). 4.6. Elaborate, disclose, and implement a roadmap towards financial sustainability, that includes the actions and instructions to be implemented for the financial management of the public investment portfolio, which integrates at least: i) financial sustainability indicators for the investment portfolio and the organization; ii) mechanisms for measurement, monitoring, and control and their periodicity; iii) preventive limits and alerts for the indicators; iv) awareness-raising actions within the organization regarding financial sustainability; v) guidelines on the frequency for requesting tariff adjustments; and vi) reports and necessary inputs derived from the reference information system contained in paragraph 4.4 of this report. Submit to the Office of the Comptroller General a certification evidencing the preparation and submission to the Board of Directors of the financial sustainability roadmap proposal, and after resolution by that body, submit a certification evidencing the disclosure and implementation of the financial sustainability roadmap no later than April 30, 2025, and also, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than August 31, 2026. (see paragraphs 2.55 through 2.76). TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AYA OR TO WHOMEVER HOLDS THE POSITION IN THEIR STEAD 4.7. Resolve regarding the financial sustainability roadmap proposal, received from the Executive Presidency in compliance with the order contained in paragraph No. 4.6 of this report. Submit to the Oversight Body a copy of the agreement stating the resolution, no later than two months after receiving the proposal (…)”. Likewise, in the technical report submitted to this Court by the Office of the Comptroller General of the Republic on May 6, 2024, it was indicated: “(…) That said, based on oversight studies previously conducted, among them the 'Operational audit report on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)' of September 5, 2018, coincidences were found in the trend of shortages and constant interruptions in the drinking water service in vulnerable communities. Furthermore, based on the ICAA's National Plan for the Attention of Vulnerable Communities, of September 2021, the communities identified in the canton of Alajuelita, whose service operator is the ICAA, presented a high Community Vulnerability Index for Water Access, among them, that of Chorotega, in the district of Alajuelita. This index, according to the ICAA, aims to determine community vulnerability due to access to drinking water, in those places where conditions still manifest a significant lag in the pursuit of a drinking water service that meets the best quality standards and applies the best socio-environmental practices for its achievement. For its part, it is accredited through the 'Operational audit report on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)' of September 5, 2018, that water service constitutes an insurance for communities against descending on the vulnerability scale, insofar as one of the manifestations of poverty in accordance with Sustainable Development Goal 1 is limited access to basic services. Additionally, said report issued by the Oversight Body indicated that the deficient state of service provision promotes exposure to diseases, restriction of productive activities, unsustainable water consumption, and decreased resilience capacity in the face of extreme events."

All of the foregoing accentuates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of those communities (…) in the opinion of the Oversight Body, although there is no record of the agreements between the community and ICAA for the specific case of Alajuelita, nor of the aforementioned breaches of said agreements, based on Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-24 entitled "Audit report on the effectiveness and efficiency of the investment project portfolio management for the supply of drinking water and sanitation of wastewater of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados" dated April 12, 2024, a series of deficiencies in the performance management of the drinking water and sanitation investment portfolio have been accredited, as well as weaknesses in the governance of the investment portfolio management, which limits the attention to the public need with the required timeliness. Specifically, it was found that only 16.7% of the country's districts with the greatest condition of vulnerability (using the 2023 Social Development Index published by MIDEPLAN) have scheduled investments in drinking water; for its part, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to ICAA's 2021 "Community Vulnerability Index for Drinking Water" are associated with the main investments contained in ICAA's portfolio, which shows deficient attention to the most vulnerable communities in the national territory. Likewise, it was found that 57% of the projects should have been completed by January 2024 according to ICAA estimates; however, they were still under execution, delaying improvements in the quality, quantity, and continuity of the drinking water service, as well as the benefit to 2.8 million people throughout the country. Also, it was found that the design and management of ICAA's investment portfolio presented an incipient level and lacked a logical and systemic sequence, which hinders the resolution of the most pressing current and future problems of the population through the investments that make up the portfolio, which would allow addressing the challenges associated with inequality in access to drinking water and sanitation services, as well as social conflicts over water use (…) 111.2 ON THE RESPONSE OF ICAA On inconsistencies in ICAA's criteria. In item 1 regarding the hydraulic elements that make up the supply and distribution network in the Alajuelita sector, including the Bello Horizonte Tank, ICAA indicated that the tank had not reported out-of-service events that implied a lack of supply exceeding 8 hours per day. Despite this, on February 27, February 28, and March 2 of the current year, the suspension was greater than the indicated 8 hours, specifically, 8 hours and 40 minutes, 14 hours, and 9 hours, respectively. All of the foregoing, pursuant to consecutive [bulletins] 2024540, 2024318 or 2024547, 2024552, 2024565, 2024600, and 2024606, described in the table entitled "Boletines de San José / Alajuelita / Concepción del 26/02/2024 al 11/03/2024," from report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385, provided as evidence to the file of this amparo proceeding. In this regard, the "Reforma reglamento prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes,"* in force during the indicated days of supply shortage, indicates the need to provide alternative supply and reasonable explanations in the event that the (sic) suspensions exceeded 8 hours per day. It should be noted that, according to the (sic) regulations in force, if the supply shortage exceeds 6 hours, a collective communication must be issued and an alternative service must be ensured that covers the basic needs of the population and the requirements of hospitals, clinics, and health centers. Regarding the foregoing and in line with items 3 to 5, the "Informe Reparto Cisternas Alajuelita Recurso Amparo Expediente 24-007582-0007-CO" memorandum No. SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 of March 26, 2024, in Illustrations 2 and 3, attaches images of ICAA actions to supply drinking water via water trucks (cisternas) to some affected communities on February 28, February 29, and March 3, 2024. However, as observed in previous paragraphs, the supply shortages lasting more than 8 hours daily occurred on February 27, February 28, and March 2 of the current year, without the evidence provided accrediting the establishment of an alternative mechanism, in this case the water truck, for the affected communities on 2 of the 3 cited days, whose reported suspension exceeded 8 hours. On the conditions of the existing network. In items 1 and 2 relating to the hydraulic elements that make up the supply and distribution network in the Alajuelita sector, including the Bello Horizonte Tank, ICAA indicated that the tank had not reported out-of-service events that implied a supply shortage exceeding 8 hours daily. In addition, in item 6, ICAA points out that the rapid depletion of the drinking water service in the Chorotega district of Alajuelita is due to the lack of pressure in the pipes because they are located in one of the high parts of the network, a condition that is complicated when the level of the tanks is low. Regarding this, the Contraloría General in the "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, indicated that aqueducts require water storage to cover demand and compensate for hourly variations, mainly when the supply source alone is not sufficient to cover daily demand, which results in suspensions of the service in question. In this regard, it must be distinguished that the entry into operation of the tank after the suspension does not guarantee the prompt or immediate arrival of drinking water to the users, as it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach the appropriate filling and pressure to guarantee supply. This phenomenon is aggravated in the high areas of the network, where topography affects the speed of reestablishment of the drinking water service. In summary, the suspension must consider the pipe filling and pressurization period, and not only the exit from and entry into operation of the storage tanks, so that the time the suspension lasts corresponds to the communicated end time and, with that, to the time expected by the users for the return of the service (…) In its report, in item 7, ICAA points out that this entity has planned short-, medium-, and long-term actions for the supply of drinking water in these affected sectors (…) These short-, medium-, and long-term actions just described are based on report No. UEN-GA-2024-00559, which could not be located in the file sent to the Contraloría General. However, on the topic of ICAA's investment portfolio, the Oversight Body issued Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, entitled "Audit report on the effectiveness and efficiency of the investment project portfolio management for the supply of drinking water and sanitation of wastewater of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados," in which it was determined that the management of the investment project portfolio for the supply of drinking water and sanitation of wastewater by ICAA has been neither effective nor efficient; a situation that restricts the capacity to provide the service in a timely manner and address the public issues associated with drinking water. As mentioned in previous sections, Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 found that 57% of the projects should have been completed by January 2024, according to ICAA estimates, but at the time of the audit they had not been completed, delaying improvements in the quality, quantity, and continuity of the drinking water service, as well as the required attention to the public needs surrounding the water resource for approximately 2.8 million people throughout the country. In turn, it was determined that information management does not allow for efficient administration of the time, cost, and scope of the portfolio, since for various programs and projects there are no basic data such as start and end dates, actual and planned costs, number of beneficiaries, and those responsible for managing the projects. Similarly, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects consistent with current and future citizen needs, since the design and management of ICAA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. Finally, a condition of financial unsustainability in portfolio management is foreseen, which represents a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the rates that support the services stands out. In general, the results found in the referenced audit limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge primarily in the context of persons in a condition of vulnerability (…) CONCLUSIONS From the content of this report, the following is concluded: 1. Although the Contraloría General has not conducted an audit of the drinking water supply service directly in the Chorotega community of Alajuelita, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other districts of the canton, the Oversight Body finds consistency between the condition of the public drinking water service described by the complainant and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the complainant is consistent with what was found by the Contraloría General in other communities in the country in a condition of vulnerability. 2. Despite there also being no audit regarding ICAA's response to the alleged lack of action to counteract the mentioned suspension of service in the districts of Alajuelita, based on other audit results carried out by the CGR, it has been found that ICAA's drinking water investment portfolio presents a series of deficiencies in its performance management, as well as weaknesses in governance, which limits the attention to the public need with the required timeliness and the delivery of the expected benefits to the population. 3. Inconsistencies were found in Report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 provided by ICAA, because although supply shortages of less than 8 hours daily are suggested, the Contraloría General finds time differences exceeding 8 hours for 3 specific days, using as a basis the same information rendered in that report. In addition, this Oversight Body points out the consideration of the pipe filling and pressurization period in the schedule communicated to users about the suspension, since not only the entry into operation of the tank must be taken into account, as this does not guarantee the prompt or immediate arrival of drinking water to the users, insofar as it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach the appropriate filling and pressure to guarantee supply. 4. In its response, ICAA did not provide evidence regarding the establishment of an alternative mechanism for the days on which suspensions exceeding 8 hours daily were found. Nor did ICAA attach report UEN-GA-2024-00559 that supports its actions regarding Social Management. It is for the foregoing reasons that it is not possible to provide an opinion on the cited elements. 5. No evidence or reports were provided on the actions of ARESEP; in that sense, this Oversight Body cannot provide a report and further emphasizes the duty established by Law on the Regulatory Entity regarding its obligation to ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision in public services, including that of drinking water, for example, the obligation to carry out technical inspections of the properties, plants, and equipment destined to provide the public service, as well as the duty to execute controls over the installations and equipment dedicated to the public service, this for the full compliance of the obligations. 6. Finally, although the Municipalidad de Alajuelita highlights the governing responsibility of ICAA in the administration of aqueducts and sewer systems at the national level, it is important to remember the principle of coordination that governs the actions of all state institutions. Therefore, in the opinion of the Oversight Body, it is crucial that the Municipalidad de Alajuelita, ICAA, ARESEP, and other responsible entities according to their competencies collaborate closely to resolve the water supply problem and protect the rights of the inhabitants" (the highlighting does not correspond to the original).

Finally, through technical report No. DH-0449-2024 of May 7, 2024, the Defensoría de los Habitantes de la República established: "(…) A.4. Considerations of the Defensoría in relation to the Alajuelita cases: Although, as indicated at the beginning of this section 3, the Defensoría is in the process of preparing the final report with recommendations regarding interventions on the problem of drinking water supply in Alajuelita, it has been able to verify that the efforts made by AyA have not been sufficient or timely to achieve a provision of the service in quantity for the population, and an example of this are the 54 complaints referred to at the beginning of this report and received between late February and April 2024. The community of Alajuelita has been facing a critical situation in relation to the supply of drinking water, as reflected in the complaints filed by the residents of the community due to programmed and unprogrammed rationing, non-compliance with the indicated schedules, extensive periods of supply shortage, the difficulties faced by the population in the distribution of water by water trucks (camiones cisternas), and the consequent affectation of their rights. In 2023, complaints were also received from this community, for a total of 16 requests for intervention. This supply shortage is due to multifactorial causes, some external, such as the El Niño Phenomenon, an increase in population demand, a drop in production sources, modification in rainfall behavior, as well as disorderly land-use planning (planificación territorial), lack of protection in aquifer recharge zones, but, particularly, it is due to inadequate planning, lack of project execution, and lack of coordination within the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. As indicated, these conditions negatively affect the provision of the drinking water supply service in Alajuelita, which, in accordance with Article 4 of the Ley General de la Administración Pública, must be subject to the fundamental principles of public service to ensure its continuity, its efficiency, its adaptation to any change in the legal regime or in the social need they satisfy, and equality in the treatment of the recipients, users, or beneficiaries. Likewise, in accordance with Article 5, subsection c) of Law 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, and in concordance with Article 9 of the service provision regulation of AyA, the drinking water service must be provided "within the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach"; however, this is not being achieved in Alajuelita. AyA has reported on the actions implemented to address the problems related to the water supply in Alajuelita, among which are continuing with informational campaigns to change consumption habits, promoting the development of projects that introduce new water sources to reinforce existing systems, informing the population of the status of the Acueducto Metropolitano, promoting the development of projects that will bring new water sources to the sector at times when existing sources are in deficit, and other palliative measures to address the situation in the short term. Likewise, AyA reports that significant repair events have occurred in the last two months, as well as distributions in response to requests received on the 800 hotline that meet the requirements. It adds that operational maneuvers have been carried out, such as the transfer of water volume between the La Valencia and Bello Horizonte systems, rationing is carried out in the San Juan de Dios de Desamparados System and the Alajuelita system, which are reinforced by Puente de Mulas through Bello Horizonte to distribute the available water among the 3 zones as equitably as possible, pressure control through calibration of pressure control valves to avoid unnecessary consumption by the population, a redistribution of schedules for operational maintenance work at the water treatment plants (plantas potabilizadoras) at times when the systems present lower demand and, therefore, to reduce the impact of these processes on production. However, the Defensoría considers that the efforts made have not been sufficient and that adequate or more efficient planning and execution of medium- and long-term infrastructure projects for the improvement of the water and hydraulic capacity of the aqueduct systems could have contributed to satisfying the demand for the drinking water service, even in the dry season. Based on what AyA has indicated in its reports, the Defensoría has identified palliative and short-term actions to solve supply problems in communities such as Alajuelita; however, these actions do not solve the existing structural problem. To date, the effective execution of actions for a definitive solution to the problem has not been identified. In fact, for years, the Defensoría has called AyA's attention for the lack of foresight in implementing measures to satisfy the population's supply needs, so as to guarantee the water supply to the communities that, year after year, suffer from rationing for extensive periods and other service disruptions, with the consequent negative impact that this implies for the full enjoyment of the human right to access to drinking water, the right to health, and to education and development, among others (files 313166-2020-SI and 409986-2023-RI, both from the Defensoría). As an indicator of a lack of project planning, the Defensoría has become aware of complaints from the residents of Alajuelita from previous years, such as for example files 417525-2023-RI, 415859-2023-RI, 417830-2023-RI, 417526-2023-RI, 417528-2023-RI, 417529-2023-RI, 417532-2023-RI, 417534-2023-RI, 417533-2023-RI, 417535-2023-RI, 417536-2023-RI, 417539-2023-RI, 417544-2023-RI, 417546-2023-RI, 417548-2023-RI, 417764-2023-RI, which visualize the reiteration in the lack of planning, as well as non-compliance with supply schedules and the lack of clear and assertive communication on the part of AyA, to the detriment of the right to information of all persons living in the affected communities, especially those in conditions of vulnerability, such as children, older adults, persons with disabilities, pregnant women, bedridden patients, and other populations. AyA also reported on the actions to be implemented in the area to improve the service, such as the new wells for the supply system ME-A-19 Puente Mulas, which supplies water to the Urbanización Chorotega, as well as short-term actions, such as the expansion of the production of the Acueducto Metropolitano through the implementation of new wells in San Rafael de Alajuela and the drilling of wells, Goal 1 and Goal 2, with which an increase in liters per second is estimated and which are expected to come into operation in the second half of 2024. For the medium term, the reduction of the non-revenue water index and for the long term, the supply for the Acueducto Metropolitano, Fifth Stage. The Defensoría will provide punctual follow-up to each of the mentioned projects so that the provision of the service in said community adjusts to the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, as established in the regulation governing the service, with the objective that all persons can fully enjoy their human, basic, and inalienable right to access drinking water, as the Constitutional Chamber itself has indicated in various rulings. Based on the information that has been gathered, the Defensoría also considers that AyA must, with urgency, implement the actions required for comprehensive planning of the investment needs and improvement of the service provision, as well as an efficient execution of the projects and infrastructure works necessary to meet the current and future demand for the service for Alajuelita and all affected communities, in order to effectively guarantee the human right to access drinking water (…) Having the foregoing clear and making a detailed reading of the report rendered by the Municipalidad de Alajuelita on the occasion of the judicial action that now summons them, no specific action is identified by said local government precisely exercising that role of leadership, coordination, and/or instance of articulation in order to address the requirement for drinking water for its community. The Defensoría de los Habitantes is not unaware of the direct responsibility of AyA in guaranteeing the public service, but neither is it unaware of the municipality's responsibility to manage actions for that purpose. On the contrary, a report is visualized where even the local government itself presents itself before this Chamber as one of those affected by the lack of drinking water supply. Instead of becoming the authority that is closest and most accessible to the population and that promotes the articulation of the different actors with the competent institutions, the community, the private sector, and others, the Municipalidad de Alajuelita is not visualized as an instance that promotes communication, on this occasion between AyA and the community, even becoming the voice of the different affected localities. Given that the local government has the responsibility and legal obligation to be the defender of the community's interests and promote its development, a call is made to redirect its actions in pursuit of its legal mandate, namely the attention to local needs and objectives. 3.3. On the intervention of ARESEP in the specific case of the community of Alajuelita: In accordance with the provisions of Articles 4 and 5 of the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, among the fundamental functions and objectives of ARESEP is to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to optimally provide these services. In this regard, ARESEP prepared in 2022 a diagnosis of the AyA Aqueduct Service, in which it was concluded: "that the institution presents 57% drinking water losses, that the execution of investment projects or works is not complete and takes from 10 to 15 years, and that 80% of the meters present under-registration of consumption." In addition, it warned about the absence of records of large consumers and consumption levels, as well as institutional planning aimed at asset replacement, along with rejection in service availabilities, and that 70% of aqueduct systems present water stress (estrés hídrico). It was also concluded that there are breaches in the verification of water quality among all service providers in the country, and the absence of a strategy to keep water quality information updated annually by the Laboratorio Nacional de Aguas. Finally, the diagnosis highlights the need for refinancing of credit obligations associated with investment projects or works. For the sake of public health and in compliance with legally established competencies, ARESEP has the responsibility to ensure that providers of drinking water supply services provide a quality service. Hence the strict follow-up and demand for compliance that said instance must give to each of the conclusions reached in the cited report, in order to ensure that the provision of the service will be carried out in compliance with the current standards of quality, continuity, timeliness, and reliability. Therefore, although ARESEP states in its report that there are no complaints about the water supply shortage, it is its responsibility, as part of its functions, to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to optimally provide these services; thus, it cannot justify its non-intervention based on the absence of complaints that would drive its action, which must be proactive and ex officio, seeking at all times to address and strictly follow up on each of the conclusions of the aforementioned report, as indicated in the preceding paragraph, and particularly, compliance with the provisions of the Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante prepared by that same public body and mentioned in its report (…)" (the emphasis was supplied).

Of importance for the resolution of this matter is ruling No. 2020007754 of 9:45 a.m. on April 24, 2020:

"III.- Specific case. In the sub examine, the complainant states that she is an older adult person aged 70 who lives in Hatillo 2 with her husband, aged 76, her daughter, aged 40, and her granddaughter, aged 10. She states that the community where she lives suffers from water rationing and suspensions, in principle, due to the scarcity of that liquid. She recounts that on March 9, 2020, they had water from 4:15 to 6:00; however, it was so little that she could barely collect enough to drink and cook. She mentions that, due to the foregoing, the water was not enough to fill the toilet tanks nor to wash clothes. She claims that they have gone more than 40 hours without water in their homes. She points out that, between 1:00 p.m. and 2:00 p.m. that same day, a neighbor told them there was a water truck (camión cisterna) at the site, which allowed them to collect water; however, she claims that, at that time, there was no notice whatsoever informing that the water trucks were nearby. She maintains that, due to the foregoing, the other residents of the area could not collect water. She refers that the executive president of ICAA reported that, due to Covid-19, they would provide water at two times of the day; however, such statement has not been fulfilled. She asks that her right to receive drinking water at reasonable times and schedules be respected.

From the study of the records, it has been proven that the complainant is an older adult person. The southern tanks of ICAA have supply shortage problems and are the ones that supply the water service for the Hatillos area. These tanks take the liquid mainly from the La Valencia system and are reinforced by the Puente de Mulas systems (through Bello Horizonte) and Tres Ríos through the Curridabat tanks. ICAA has infrastructure to treat water (potabilizar el agua); however, the sources do not have the capacity to provide the required resource. Supply shortages depend on a series of factors such as: population demand (which varies with the time of day, temperature, day of the week, etc.), the production available at the time, the level in the storage tank, the topographic elevation of the service, the distance from the service to the distribution point, among others. In the dry season of previous years, the southern tank system could be reinforced for a longer time with water from the Tres Ríos water treatment plant (planta potabilizadora); however, due to the problems being faced throughout the aqueduct, the reinforcement has been minimized. ICAA has developed several projects that are already in operation, and in the last two years, approximately 500 liters per second were incorporated with the Doña Lela, San Miguel, and Palermo wells and CNP 7, 8, and 9; however, it has not been sufficient to avoid the summer effect being experienced.

In 2019, the ICAA began operating the Chigüite well, which adds 20 liters per second to the Tres Ríos system, thereby directly helping the Curridabat system and making it possible to reinforce the southern tanks at certain times of the day. At the end of 2019, the Water Superintendency (Intendencia de Agua) of ARESEP asked the operators to present their dry season (estiaje) plans and actions to reduce rationing in 2020. From the plans submitted, ARESEP notes that sufficient resources have been approved to make the necessary investments due to the rationing; however, the operators’ capacity to execute projects has not been as desirable. Beginning on March 6, 2020, the ICAA had approximately an additional 100 l/s of flow at the Tres Ríos plant to reinforce some of the affected systems, including the southern tanks system. On March 9, 2020, the Hatillo 2 area had water from 4:15 a.m. to 6:00 a.m. On March 9, 2020, the petitioner received water from a tanker truck. As of March 10, 2020, the date the appeal was filed, water service in Hatillo 2 had not yet been restored. The ICAA’s water distribution logs record the following regarding Hatillo 2: i) On March 4, 2020, the following trips were made: a. One to “Hatillo 2-4-8”. b. One to “Hatillo “#1, #2”. ii) On March 5, 2020, eight trips were made to “Hatillo, Hatillos 2 and 4, Cedes Don Bosco School”. iii) On March 6, 2020, three trips were made to “Hatillo 8, 2, Brenes Mesén School”. iv) On March 7, 2020, the following trips were carried out: a. One to “Mara Redonda National Park. Hatillo # 2-Hatillo #8”. b. One to “Hatillo 2”. c. One to “Hatillo 2-4-8”. d. Three to “Hatillo 2 Valdeado”. v) On March 8, 2020, the following trips were undertaken: a. One to “Hatillo #2- Hatillo #8-INA Florida”. b. Two to “Hatillo 2 and surrounding areas”. c. Two to “Hatillos 2, 3, 5”. vi) On March 9, 2020, two trips were completed to “Hatillo #1, central Hatillo, and Hatillo #2”. Users can consult the following communication channels to find out about notifications of service disruptions in their respective communities: toll-free line 800-REPORTE (7376783); the SERVICIOS AYA application for devices; WhatsApp: 8376-5103; and Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. On March 12, 2020, the ICAA was notified that this amparo was proceeding. On March 12, 2020, the ICAA interconnected well W5 to the ME-A-17 La Valencia system, which will help reinforce the water supply in the most critical sectors of the capital, such as the Hatillos. The Water Superintendency (Intendencia de Agua) of ARESEP, through official communication no. OF-0200-IA-2020 of March 16, 2020, addressed to the Executive President of the ICAA, stated: “(…) Notwithstanding, and despite the fact that the country is currently in a health emergency situation, different localities of the country, especially in the Greater Metropolitan Area of San José, are experiencing constant water rationing, justified by AyA as occurring because during the dry season, the aqueduct system faces a water deficit combined with an increase in consumption of the liquid during the summer months. In light of this, the Regulatory Authority reiterates that it is the responsibility of the providers to implement a permanent planning policy that allows for the prevention of situations such as this, based on efficiency standards and considering the adverse circumstances that occur during the annual dry season (estiaje) and drought. In particular, they must be capable of developing a suitable response capacity and contingency plan to avoid water rationing during drought periods. The providers are aware that the impact of climate change on waters translates into a limitation in the quantity of the resource, and given that one of the fundamental principles of public services is their continuity, it is essential that they make the necessary efforts to improve sustainably, not just momentarily, the problem of water scarcity that affects the localities they serve. The foregoing contrasts with the persistence of rationing problems over several years and in a large number of communities, which reaffirms that these are not situations that can be classified as unforeseeable circumstances (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor). Although the Regulatory Authority is aware of the institutional efforts made by its represented parties to avoid impacts on the population resulting from the water rationing that has occurred in recent years, this problem is increasingly recurrent and affects a larger amount of the population. The reasons are multiple, but this Regulatory Authority notes with concern the lag in infrastructure investment and the significant losses from unaccounted-for water (agua no contabilizada, ANC). It is imperative that AyA solve both problems within a reasonable timeframe. Despite the warnings made by the Regulatory Authority on this matter and especially, having become aware at the national and international level of the current outbreak of coronavirus disease (COVID-19), water rationing by AyA continues to be a recurring measure and users continue to suffer from a lack of water, thereby undermining the country’s health system and, from a regulatory standpoint, the fundamental principle of continuity in the provision of public services; it is your obligation, in accordance with Article 14, subsections i) and j) of Law No. 7593, to be prepared to ensure the regular and safe provision of the service in the short term. The various explanations AyA has offered in several instances regarding the reasons that have led to high levels of shortage in various areas of the country, especially in the Greater Metropolitan Area of San José, do not allow for the conclusion that they should be excluded from the application of the cited Article 95 or that these are cases of unforeseeable circumstances (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor), given that, as previously indicated, the rationing situation has occurred recurrently over several years. Consequently, AyA is instructed in this act to proceed with the adjustment in the billing amount for services to all subscribers affected by the rationing, for the following cases in which Article 95 of the Technical Regulation AR-PSAYA-2015 applies, that is: a) When the provision of service is less than 16 natural hours daily for at least 20 natural days per month; and b) When service is suspended for 24 natural hours for more than three consecutive natural days or more than 7 non-consecutive natural days, both within the same month. This provision is independent of others that have been issued in the sense of correcting, within a prudential time, the rationing situations that have recurrently occurred; therefore, AyA cannot assume that the application of the cited Article 95 exempts it from correcting the specified problem. Additionally, this Regulatory Authority must be informed, within a maximum period of five business days, of the mechanism that will be implemented to comply with this provision.” On March 27, 2020, the ICAA began replacing pipes in sectors of Hatillo 2 with ones of larger capacity, which will increase the flow available for homes on Villanea Street, 50A Street, 52 Street, 54A Street, and the walkway between 54A Street and 56 Street, with 70% progress, as the interconnections and service connection lines are still pending. On March 27, 2020, the ICAA interconnected a new well (W16) to the ME-A-17 La Valencia system, which will help reinforce the water supply in the most critical sectors of the capital, such as the Hatillos. This well has a production capacity of 75 liters per second (l/s), equivalent to the daily consumption of 18,500 people. The ICAA is executing project “BPIP No. 2680: Expansion of the production of the Metropolitan Aqueduct through the implementation of new wells in San Rafael, Alajuela” to improve potable water supply conditions in sectors critically affected during the dry season, such as the southern neighborhoods, including Hatillo. The project began on February 1, 2019, and is projected to end on November 1, 2023.

Regarding this matter, the Chamber has established a jurisprudential line. By judgment No. 2019-019080 of 9:20 a.m. on October 4, 2019, it resolved:

“III.- As to the shortage of potable water due to the dry season. Regarding this problem that currently affects many communities throughout the national territory, this Chamber, in judgment No. 2019-007183 of 9:20 a.m. on April 26, 2019, considered the following:

 “…III.- ON THE SPECIFIC CASE. While it is true that this Court has recognized, in repeated jurisprudence, that access to potable water is a constitutional right, derived from the rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, it is also true that currently, multiple problems of shortage of the vital liquid arise, generated during the dry season (in the same sense, see judgments No. 2009-12511 of 5:59 p.m. on August 11, 2009, No. 2010-015448 of 12:15 p.m. on September 17, 2010, No. 2014-004918 of 2:30 p.m. on April 9, 2014, No. 2017-006082 of 9:45 a.m. on April 28, 2017, and No. 2016-007550 of 9:05 a.m. on June 3, 2016). In this regard, the State's responsibility is to implement the necessary and optimal measures to provide an effective solution to these problems. From this perspective, it is proven in the record that, in the area indicated by the petitioner, water cuts have occurred in recent months, which the respondent authority acknowledges and details. However, it was possible to prove that the suspensions claimed by the service users are not the product of negligence or arbitrariness on the part of the sued Institute, but rather are due to a situation of general shortage across all systems during the dry season. In that sense, it was proven that the sued authority has communicated through various means that during this season, water rationing will occur due to the deficit caused by the reduction of flows that supply the intake tanks and the increase in water consumption. Specifically, Zapote belongs to the San José Operation zone, which is supplied by water stored in the Curridabat Tanks, which are fed by water from the Tres Ríos System. It is documented that, during normal production, the Curridabat Tanks start the day with a storage volume of 85%; however, currently the levels reach 20% of their capacity, which makes the zone prone to shortages. These occur when the population's demand exceeds the available storage and vary depending on the population's demand, the production available at the time, the level in the storage tank, the topographic elevation of the service, the distance of the service from the distribution point, the elevation of the area, etc. Zapote is one of the highest areas, so the impact of water shortage will be greater; this impact occurs only during the dry season and not constantly throughout the year. Normally, shortages start around 10:00 a.m., and the system begins its recovery around 11:00 p.m. This problem is supported by water distribution via tanker trucks for vulnerable population centers. The respondents indicated that they have carried out works to reinforce the system and benefit communities in the highest sectors; they have also made interconnections in the La Pacífica zone to transfer that sector to another operation zone in order to reduce the coverage area of the Curridabat tanks; the operation supplied by the Cipreses tank was expanded to cover part of San José that was exclusively supplied by the Curridabat Tanks. As a long-term measure, the sued Institution is promoting projects focused on controlling unaccounted-for water (agua no contabilizada). As a result, it has worked on exploiting new sources that are currently in operation for the benefit of the GAM population, and work has been underway on the development of a project intended to increase the production benefiting the GAM by up to 2500 liters per second. This project is in the design stage and would be completed in the year 2025. They also prove that the Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP 9, and CNP 10 wells are currently in operation in the GAM. This Court considers that, despite it being verified that a shortage of potable water service indeed exists in the community where the petitioner resides, the respondent authorities demonstrated that they have acted within their material possibilities to achieve an adequate redistribution. Furthermore, this Chamber considers that the shortage occurs only during the dry season and not during all months of the year or during all hours of the day, and this situation is communicated to the population through various means. Additionally, it is valued that the institution has carried out works to reinforce the system and has taken corrective and preventive measures, among which is the study it is conducting for the exploitation of new sources that are currently in operation, which will benefit the GAM population and intends to increase production by up to 2500 liters per second. Based on the foregoing, the Chamber rules out that the Administration was negligent in addressing the problems in the supply of potable water service in the affected area; therefore, it is appropriate to dismiss the appeal, as is hereby done. The foregoing, without prejudice to reminding the sued institution of its duty to continue carrying out works to reinforce the system and prevent shortages during the dry season…”.

IV.- Regarding the water shortage alleged by the petitioners. In the sub lite case, the petitioners allege arbitrary rationing of the potable water supply in the Mata Redonda sector. Regarding these facts, in the reports signed by the General Manager and the Deputy Manager of GAM Systems Management, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados – which are submitted under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the law governing this jurisdiction – it is accepted that the cited locality is being affected, along with the rest of the Metropolitan Aqueduct, by the impact of this year’s dry season. Although they clarify that the shortages occur in the Mata Redonda sector during some hours of the day, always in the afternoon, so the population does have access to potable water through the pipe network for a large part of the day. They have explained that due to the onset of that season in the country, the flows from the sources are reduced and with them the production flows. They also maintain that this situation is due to an increase in population consumption because, due to the season's conditions, a greater amount of water is demanded than in the rainy season. They also report that despite being in the months when the rainy season is typically already established in the country, as a result of the El Niño-Southern Oscillation (ENOS) phenomenon that is having an influence, the rains have not been capable of recharging sources, and the systems have maintained impacts that translate into a more pronounced decrease in the flows that the Institution can take from these sources to make them potable and supply the population. However, they indicate that their represented party proceeds to inform the population of the situation the country is experiencing regarding the reduction of natural sources of potable water, which not only affects the Mata Redonda areas but extends throughout the national territory. They state that AyA makes the following means available to users to communicate events that affect the provision of water service: Line 800-REPORTE (7376783), AyA's website, mobile application (available for download on Android and iOS platforms): "Servicios AyA", institutional WhatsApp, 57 in-person service points, and the Facebook page. Additionally, through its shortage bulletins, it indicates a time at which it is believed that, on average, the population will not have service; however, within the indicated timeframe, there will be people (in the lowest parts of the pressure zone) who still have service, while those who live in the highest parts have already been without service for a longer time. In this context, the Chamber understands that the alleged situation does not arise directly from a problem of material impossibility, but rather from external, uncontrollable, and fortuitous conditions that occur on a temporary, and not permanent, basis in the provision of the claimed public service. Circumstances that have forced the respondent institution to use the media to inform about the situation of the systems and to ask the population to take the pertinent measures to face the shortages until the flow conditions in the sources recover their usual flow, as well as to become aware of the need not to waste the available resource. Although the Chamber understands that we are dealing with the provision of an essential service, the truth is that, besides the existence of an objective cause, the respondent authority has adopted measures to address the problem, meaning it has not neglected the situation alleged by the petitioners. Note that it has been indicated that as part of the efforts made by the Institution to reduce the impact caused by the shortages, several projects have been developed, which are already in operation. Last year, approximately 500 liters per second were added with the Dona Lela, San Miguel, and Palermo wells and CNP 7, 8, and 9; however, this was not enough to avoid the summer effect being experienced. The Chigüite well has also just been put into operation, which adds 20 liters per second to the Tres Ríos system, thereby directly helping the Curridabat system, and this makes it possible to reinforce the Southern Tanks at certain times of the day. In addition to the foregoing, contrary to what was alleged by the protected parties, in the last six months of 2019, no availabilities in the potable water service were granted for real estate developments in the Mata Redonda — San José sector. In fact, the last three availability requests were denied, and the interested parties were given a letter indicating the infrastructure they would have to build at their own expense before being able to have availability in the potable water service. Also, the real estate projects currently under construction in that locality have the respective availability in the potable water service, approved long before the shortage problems arose in the area. Moreover, the real estate projects under construction are supplied by means of a single meter and have a storage tank and private pumping system. Under this reasoning, as with the previous precedent, what is appropriate is to dismiss the appeal because it was not demonstrated that the lack of potable water service is capricious, arbitrary, or without basis on the part of AyA, since it was equally proven that solutions have been sought for the problem generated by the geographical and climatic conditions affecting the Mata Redonda area, and that measures have been taken to address that situation. Apart from the fact that the alleged indiscriminate construction, which is not such, also has no bearing on the aforementioned problem.”

Likewise, in resolution No. 2019-008791 of 9:30 a.m. on May 17, 2019, this Court ordered:

“III.- Regarding non-compliance with rationing schedules. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses the injury to the petitioner's right to health. From the report submitted by the respondent authority, it is verified that on April 23 and 24, 2019, there was a shortage in different communities around Guadalupe, specifically in Santa Eduviges. Above all, it must be clear that, according to what the ICAA stated, the institution does not apply rationing in the sector where the protected party resides; the impact is produced by the shortage when the population consumes the entirety of the available storage, which is what has been possible to store during the night, when the population's demand drops, due to the scarcity generated by the dry season. Now, as explained by the ICAA, the pipe network functions as a large-scale storage tank, because once the storage tanks are emptied, there is water within the pipes, whose consumption cannot be detected. Once the tank is empty, the pipe gradually discharges, but at an unknown rate, as it depends on many factors, such as the weather, the day of the week, the time of day, making it variable each day. This makes it almost impossible to predict the time at which the water available to the user will run out. The ICAA, through its shortage bulletins, indicates a time at which it is believed that, on average, the population will not have service; however, within the indicated timeframe, there will be people (in the lowest parts of the pressure zone) who still have service, while those who live in the highest parts have been without service for a longer time. Thus, the respondent institution cannot be blamed for failing to comply with the approximate schedule for supplying the liquid, as it is not something the entity plans, but rather depends directly on demand and the particular conditions of the system, including climatological ones.

IV.- From the report submitted under oath by the Executive President of the ICAA, as well as from the review of the evidence provided, it is clear that the respondent entity has executed measures with the purpose of alleviating the effects of water scarcity, among them: a) supply via tanker trucks, especially to educational centers and health centers, b) on April 8, 2019, a boundary was opened between the zone of Guadalupe and Moravia, to reinforce the Guadalupe sector, c) on April 7 and 11, 2019, significant non-visible leaks affecting the system were repaired, d) on April 9, 2019, a “bypass” was enabled to further reinforce the supply from the Guadalupe tank to the San Blas tank, e) rationing has been carried out in the sectors of Coronado, Los Cuadros, and Montes de Oca with the aim of reinforcing the supply of Guadalupe with water coming from the Tres Ríos Plant, that is, distributing the deficit, f) coordination has been carried out with ICE in order to extract more water from the reservoir during this dry season to increase production in Tres Ríos, and approximately an additional 100 l/s of flow is currently available at the Tres Ríos Plant to reinforce some of the affected systems, including that of Guadalupe, and, g) in the long term, it is planned to execute the Metropolitan Aqueduct Expansion Project, which intends to increase the production benefiting the Greater Metropolitan Area by up to 2500 liters per second, projected to be completed in the year 2025. In the opinion of this Court, the ICAA has diligently addressed the denounced problem. Under this order of considerations, this part of the appeal becomes inadmissible. Notwithstanding the foregoing, this Chamber reminds the ICAA of its obligation as the governing entity for water resource management to continue implementing the necessary measures to address the problem of water scarcity, so as to lessen its impact on the quality of life of users and guarantee the right of access to potable water.”

On this matter, as occurred in the cited precedents, the Chamber observes that, in principle, the lack of potable water service is due to a shortage problem. However, the national emergency situation caused by COVID-19 makes it necessary for this Court to reconsider the thesis cited above. In this regard, it is not only evident that the water shortage problem had been apparent since 2017, but also that ARESEP pointed out that the ICAA had a lag in infrastructure investment and, in addition, significant losses from unaccounted-for water (agua no contabilizada). Likewise, the regulatory entity also affirmed that the capacity to execute projects by the potable water service operators has not been as desirable.

Hence, before continuing to validate any shortage situation and by virtue of the COVID-19 pandemic (whose fatal repercussions are public and notorious in other latitudes), the ICAA must implement the corresponding actions in order to solve, in the short term, the problems generated by water scarcity in the production sources, without prejudice to the medium- and long-term solutions it has planned. The foregoing is ordered because access to this liquid in the midst of this pandemic becomes fundamental to prevent further spread, according to the recommendations of the Ministry of Health. Note that, after being notified of the filing of this amparo, the ICAA made two interconnections with wells to reinforce supply in the affected systems and, in addition, in Hatillo 2 it replaced pipes with ones of larger capacity, which demonstrates that it did have actions within its reach to at least try to mitigate the situation; however, it is not proven that these have solved what was alleged. While it is evident that the ICAA has endeavored to distribute potable water via tanker trucks in Hatillo 2, it is not clearly apparent whether the amount of water was sufficient to supply the basic needs of the affected persons. In that sense, the fact that, in a period of forty hours, the petitioner only had access to the service for less than two hours, illustrates the magnitude of the problem and demonstrates the violation of the petitioner's right of access to water. Due to the foregoing, it is appropriate to grant the appeal against the ICAA, on the terms that will be set forth in the operative part of the judgment.

In relation to the other respondent authorities, it is not clearly apparent that they have any type of direct responsibility for the facts alleged by the petitioner. Hence, the appeal against them is dismissed (…)” (emphasis added).

Now, although this Court has dismissed amparo appeals filed against the ICAA that raised grievances similar to the sub iudice case, upon better consideration, this Chamber deems it appropriate to grant the appeal, due to the inadequate provision of potable water service in Alajuelita, in accordance with the considerations set forth below.

On this matter, it should be recalled that in the technical report submitted to this Chamber by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), it was indicated that: “based on the ICAA’s National Plan for Attention to Vulnerable Communities of September 2021, the communities identified in the canton of Alajuelita, whose service operator is the ICAA, presented a high Community Vulnerability Index for Access to Water, among them, that of Chorotega, in the district of Alajuelita.” Additionally, in report No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROJECT PORTFOLIO FOR POTABLE WATER SUPPLY AND WASTEWATER SANITATION OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” of April 12, 2024, the CGR concluded: “3.1. The management of the portfolio of investment projects for potable water supply and wastewater sanitation of AyA has not been effective in impacting populations in a condition of vulnerability (…) 3.2. AyA has also not been effective or efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, as 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still in execution (…) 3.3. In turn, the portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in congruence with current and future citizen needs (…) 3.4. The inefficient management of the portfolio has led AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected given the lack of recognition of investment costs in the rates that support the services.”

For its part, in technical report No.

DH-0449-2024 of May 7, 2024, the Ombudsman's Office of the Republic emphasizes that: “the actions taken by AyA have not been sufficient or timely to achieve a provision of service in adequate quantity for the population, and an example of this are the 54 complaints referred to at the beginning of this report and received between late February and April 2024 (…) In the year 2023, complaints were also received from this community, for a total of 16 requests for intervention. This shortage is due to multifactorial causes, some being external, such as the El Niño Phenomenon, an increase in population demand, a drop in production sources, changes in rainfall patterns, as well as disorderly territorial planning, a lack of protection in aquifer recharge zones, but, particularly, it is due to inadequate planning, a lack of project execution, and a lack of internal coordination within the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” (emphasis added).

Likewise, it should be recalled that Aresep issued official communication no. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, entitled “EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA),” in which it evidenced some of the problems of ICAA, such as “(…) having 57% potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to (sic) delays along the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, an absence of records for large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below authorized rates, investment tenders without guarantees and safeguarding of committed public resources, an absence of institutional planning aimed at replacing assets reaching the end of their useful life, the presence of services without metering, rejections of service availability, and 70% of systems experiencing water stress, among other factors, leads to the conclusion that the financial equilibrium of the service cannot be at any cost (…)”. Furthermore, this study emphasized that ICAA charges users amounts that include 57% of water that is wasted and, therefore, does not entail a consideration in favor of the subscribers. This is evidenced by Aresep's conclusion that “The regulatory body reiterates to AyA that, as part of the revaluation process of the assets comprising the rate base, the value of this base is 69% higher without any corresponding consideration in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or for early retirement. However, AyA has not redirected said amounts to address the replacement of those assets whose useful life has expired, especially in conduction and distribution pipelines, as well as the modernization of the meter fleet or the implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. Regarding the 57% of water that AyA is charging users for, even though it is wasted on sidewalks and roads through leaks, anomalies in user records and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut these costs by 10% every two years, given that it is the obligation of a public service provider not only to offer the service with quality and comply with the principle of service at cost, which cannot accept charging users for water that is not correctly billed as a result of 80% of the hydrometer fleet being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established rate, water being wasted through recurrent leaks on the country's sidewalks and roads without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipelines that are over 70 years old, which are charged for as if new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if we were efficient in the use of the water resource that, it is worth mentioning, AyA itself promotes protecting, would allow addressing many of the rejected service availability requests, avoiding so many supply cuts, and even duplication of investments.”

The foregoing evidences a structural problem on the part of ICAA that has affected the provision of potable water service to the detriment of the inhabitants of Alajuelita, which it has been aware of, at least, since the year 2021. In this regard, although various ICAA reports concerning this problem have indicated that the shortage is due to multiple factors, such as the El Niño phenomenon, population demand, a drop in production sources, rainfall patterns, among other considerations, it cannot be overlooked that in the sub examine it has been demonstrated that ICAA suffers from “inadequate planning, a lack of project execution, and a lack of internal coordination,” as stated in technical report no. DH-0449-2024 of May 7, 2024, issued by the Ombudsman's Office of the Republic, which is also reflected in report no. DFOE-SOS-AID-00003-2024 of April 12, 2024, through which the Comptroller General of the Republic highlighted the inefficient management of the investment project portfolio by that institute. In the same vein, it should be recalled that Aresep, through official communication no. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, entitled “EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA),” evidenced among the problems facing ICAA “having 57% potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to (sic) delays along the entire project value chain attributable to the administration.”

Reflecting the foregoing, between February 26 and March 11, 2024, the Bello Horizonte tank that supplies Alajuelita received reports of being out of operation for periods exceeding 6 hours; for example, on February 26 for approximately 8.5 hours, on February 27 and 28 for 7.5 hours and 15 hours, respectively, while on March 2 for a total of 9 hours. Despite this, there is no record that ICAA informed the inhabitants of Alajuelita about the interruptions in the provision of potable water service reported in the sub lite, nor is there any evidentiary element that reliably accredits that this institute employed alternate methods to guarantee access to potable water for the population of that area, which violates the regulations governing it, as well as fundamental rights.

In this sense, note that in regulation no. 21 of March 19, 2024, ‘Technical Regulation “Provision of the Supply of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services (AR-RT-SUMAAH-2023),’” Aresep regulated:

“Article 7.- Mandatory nature of service provision.

Whenever technically feasible, providers within their jurisdiction must provide aqueduct, sanitary sewer, and hydrant services under optimal provision conditions.

Likewise, every provider must guarantee the efficient use of the water resource and the sustainability of the supply in the short, medium, and long term of public services (…)

Article 10.- Provision of service in conditions inferior to optimal provision.

Only in exceptional situations: fortuitous event, force majeure, damage caused by a third party, or scheduled suspensions, will it be permitted to provide services in conditions inferior to optimal provision.

However, the provider must implement, as soon as possible, the corresponding temporary corrective measures to supply the services until the service can be reestablished under optimal conditions (…)

Article 82.- Continuity in the provision of services.

Providers must guarantee that the service is provided without interruption, 24 hours a day, 365 days a year, with the quality and quantity conditions established in this regulation.

Exceptions are those situations caused by the subscriber or user; by fortuitous event; by force majeure; or by scheduled periods of system maintenance or damage caused by third parties; in which case the provisions established in this Regulation regarding the provision of service in conditions inferior to those established in this regulation shall apply.

In cases of emergency declaration or public interest, no subscriber shall be left without aqueduct service supply for lack of payment. It is the subscriber's obligation to comply with payment for the aqueduct service, according to the collection conditions established (…)

Article 85.- Priority of supply in case of scarcity.

In the event that the aqueduct service must be restricted, it shall be provided with the aim of satisfying human consumption, in the following order of priorities:

a. Hospitals, clinics, health centers, penitentiary centers, shelters, camps for disaster victims, and airports.

b. Educational centers.

c. Housing, to meet the basic needs of families.

d. Commercial, agricultural, and industrial activities.

Article 86.- Temporary interruption of potable water service.

In the event of a temporary interruption of service continuity, providers must communicate the following to subscribers and users through mass communication media:

a. Affected area and population;

b. Type of impact on the subscriber;

c. Estimated duration of the interruption;

d. Reasons for the service interruption;

e. Contingency measures if necessary;

f. Alternative means for water supply; and

g. Location of water delivery points, in case it is carried out by means of tanker trucks. The delivery point must be as close as possible to the homes so that several users can be supplied at once, avoiding waste and ensuring ease of water collection.

This information must be kept updated.

Article 87.- Communication of potable water supply service interruptions.

Providers must communicate temporary interruptions of the potable water supply service as follows:

a. For scheduled interruptions, at least 48 calendar hours in advance;

b. For unscheduled interruptions, within 4 calendar hours after the fault is detected or its report is made.

This communication must be made through mass communication media, detailing the location, the supply schedule, the alternative potable water service conditions, and the affected zones.

Article 88.- Alternative means of aqueduct service supply.

Providers shall define the alternative services for aqueduct service supply; these may be tanker trucks, temporary pipelines, public standpipes, or others, provided that they guarantee that the water provided meets the quality characteristics and ensures access to potable water to cover the basic needs of the users in the affected area.

a. If the interruption of the aqueduct service, including its repair, lasts for more than 6 calendar hours, on a daily basis, the provider is obliged to provide an alternative supply service of potable water to subscribers to cover basic needs.

b. In the case of interruptions lasting more than 1 day, the supply of potable water shall be daily to all affected subscribers through the alternative means available to the provider.

c. In the case of subscribers with prolonged interruptions, for more than 5 days, the provider shall define the mechanism to provide them with water supply, in such a way that facilitates delivery, for example, in storage tanks (their own or those provided by the provider) to reduce the frequency of delivery and guarantee water for a greater number of days.

d. Alternative supply may not be maintained continuously for more than 2 years, unless the project schedule to solve the water deficit extends for a longer period; the investment plan must contemplate the development needs of the public services they provide, and the operator must report, through the means available to them, the project's progress.

e. In the case of water supply by tanker truck, the service provider must offer at least two schedules, one in the morning and another in the afternoon to distribute the water, to guarantee that users receive potable water at least once a day” (highlighting added).

By virtue of the foregoing, the violation of the fundamental right to access potable water is clear, especially considering that Article 50 of the Political Constitution provides that “Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life,” and that General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights established that “The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use,” whose characteristics are: i) quality; ii) accessibility; and iii) availability, which implies that “The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses.”

Therefore, the appeal is granted with respect to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

VI.- Regarding Aresep, Law No. 7593 of August 9, 1996, ‘Law of the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP),’ provides:

“Article 4.- Objectives The fundamental objectives of the Regulatory Authority are:

a) To harmonize the interests of consumers, users, and providers of the public services defined in this law and those defined in the future.

b) To seek a balance between the needs of users and the interests of the providers of public services.

c) To ensure that public services are provided in accordance with the provisions of subsection b) of article 3 of this law.

d) To formulate and ensure compliance with the quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability requirements necessary to provide, in an optimal manner, the public services subject to its authority.

e) To assist the State entities competent in environmental protection, when it concerns the provision of regulated services or the granting of concessions.

f) To exercise, as provided in this law, the regulation of the public services defined therein.

Article 5.- Functions For the public services defined in this article, the Regulatory Authority shall set prices and rates; furthermore, it shall ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision, according to article 25 of this law. The aforementioned public services are: (…)

c) Supply of aqueduct and sewerage service, including potable water, the collection, treatment, and evacuation of black water, residual water, and rainwater, as well as the installation, operation, and maintenance of the hydrant service (…)” (highlighting added).

Thus, even though Aresep has among its functions the obligation to ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of potable water service, in the sub iudice, its adequate compliance is not verified. Regarding this, in the report rendered before this Chamber, the general regulator merely detailed the powers of Aresep and maintained that it did not violate the fundamental rights of the protected party. Despite this, no action by Aresep aimed at enforcing the standards of continuity and optimal provision of the potable water service in Alajuelita is observed, which implies a violation of the fundamental rights of the appellant. The foregoing is aggravated if one considers what was stated ut supra, given that there is long-standing evidence that ICAA has not undertaken effective management of the investment project portfolio, which was even recognized by Aresep itself in official communication no. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, entitled “EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA),” in which it evidenced ICAA's problems such as “having 57% potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to (sic) delays along the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, an absence of records for large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below authorized rates, investment tenders without guarantees and safeguarding of committed public resources, an absence of institutional planning aimed at replacing assets reaching the end of their useful life, the presence of services without metering, rejections of service availability, and 70% of systems experiencing water stress, among other factors.” Additionally, recall what was indicated by the Ombudsman's Office regarding: “ARESEP prepared a diagnosis of the AyA Aqueduct Service in 2022, which concluded: ‘that the institution presents 57% potable water losses, that the execution of projects or investment works is not complete and takes from 10 to 15 years, and that 80% of the meters present under-registration of consumption.’ Furthermore, it warned about the absence of records for large consumers and consumption levels, as well as institutional planning aimed at asset replacement, together with the rejection of service availability, and that 70% of aqueduct systems experience water stress. It was also concluded that there are non-compliances in the verification of water quality across all service providers in the country, and the absence of a strategy to keep water quality information updated annually by the National Water Laboratory. Finally, the diagnosis highlights the need for refinancing of credit obligations associated with projects or investment works. For the sake of public health and in compliance with legally established powers, ARESEP has the responsibility to ensure that providers of potable water supply services provide a quality service. Hence the strict follow-up and demand for compliance that this body must give to each of the conclusions reached in the cited report, in order to ensure that the provision of the service will be carried out in compliance with current quality, continuity, timeliness, and reliability standards. Therefore, although ARESEP states in its report that there are no complaints about water shortages, it is indeed its responsibility, as part of its functions, to ensure that public service providers comply with the quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability conditions necessary to provide these services optimally, and therefore cannot justify its non-intervention on the absence of complaints to drive its actions, which must be proactive and ex officio, seeking at all times to address and strictly follow up on each of the conclusions of the aforementioned report, as indicated in the preceding paragraph, and particularly, compliance with the provisions of the Technical Regulation for the provision of aqueduct, sanitary sewer, and hydrant services prepared by that same public body and mentioned in its report (…).”

In this way, the appeal is also granted with respect to Aresep, as stated in the operative part of this pronouncement.

VII.- Finally, concerning the Municipality of Alajuelita, the Chamber does not observe any action or omission that has violated the fundamental rights of the protected party in the terms in which the appeal was formulated, which is why the appeal against it is dismissed. However, let the mayor and the president of the Municipal Council of that corporation take note that they must coordinate what is pertinent and carry out the actions within the scope of their respective powers with a view to contributing to the solution of the problem of inefficient potable water supply in that canton. (…)”

... See more
Content of Interest:

Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 021- Human Life

Subtopics:

DOES NOT APPLY.

Topic: 050- Environment

Subtopics:

DOES NOT APPLY.

ARTICLE 21 AND 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

“(…) V.- ON THE RIGHT TO POTABLE WATER. Firstly, it should be noted that the right of access to potable water has been recognized in this venue in multiple jurisprudence and its conventional and constitutional backing has been emphasized:

“V.- The Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international Human Rights instruments applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous others of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obliged in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (‘Protocol of San Salvador’ of 1988), which provides that: ‘Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.’ The lack of resources does not justify the non-fulfillment of the duties of public administrations in the provision of this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).

For its part, as both the Attorney General's Office and the representative of AyA rightly recognize in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary pre-condition for all our human rights is also majority. It is held that without equitable access to a minimum requirement of potable water, other established rights would be unattainable - such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that ‘the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.’ It also emphasizes that the member states of the International Covenant have the duty to progressively realize, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.

For its part, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access to potable water to satisfy their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment on the part of States to ensure equal opportunities for all to enjoy basic resources.

The concept of satisfying basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that ‘in developing and using water resources, priority must be given to satisfying basic needs and to the conservation of ecosystems.’ Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to ‘using all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services,’ without the cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. Likewise, there are dozens of international instruments that directly and indirectly deal with water as a human right of all persons and peoples, so that it is not only an issue that by its nature tends towards nationalization, but also towards the internationalization of its use and exploitation” (see ruling number 2006-5606 of 3:21 p.m. on April 26, 2006).

From the foregoing, we can affirm that a fundamental right to potable water exists, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, given that it is essential for human life and health. Likewise, access to potable water has been classified as a fundamental human right by several international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed ruling, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. In this way, the member states of the International Covenant have the duty to progressively realize, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.” Similarly, regarding this topic, we can find a vast amount of international instruments that refer to the right to access potable water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration, on the supply of potable water and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Program of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Point 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), from the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, approved by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, approved by the United Nations General Assembly in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc.” (see ruling no. 2019017397 of 12:54 p.m. on September 11, 2019).

Additionally, as of the entry into force of Law No.

9849 of June 5, 2020, Costa Rica expressly recognizes the right to potable water at the constitutional level in the following terms:


“ARTICLE 50.- The State shall procure the greatest welfare for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.


Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the harm caused.


The State shall guarantee, defend, and preserve that right.


The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.


Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable to protect such a human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established in the law that shall be created for these effects, and the supply of potable water for consumption by persons and populations shall have priority” (emphasis added).


On this matter, in judgment No. 2020003982 of 11:50 a.m. on February 26, 2020, this Court responded to the legislative consultation related to the aforementioned partial reform to article 50 of the Political Constitution and stated:


“VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional reform bill presented by the entirety of the 57 Deputies to the Legislative Assembly consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitional provision in Title XVIII, Sole Chapter, Transitional Provisions of the Political Constitution, as follows:


“ARTICLE 1.- A paragraph is added to the end of article 50 of the Political Constitution, of November 7, 1949. The text is as follows:


Article 50.-


(…)


Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable to protect such a human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by what is established in the law that shall be created for these effects, and the supply of potable water for consumption by persons and populations shall have priority.


ARTICLE 2.- A new transitional provision is added to title XVIII, sole chapter, Transitional Provisions, of the Political Constitution, related to article 50. The text is as follows:


Article 50 – XX. The laws, concessions, and current use permits, granted in accordance with the law, as well as the rights derived from them, shall remain in force, as long as a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water does not enter into force.”.


The proposal thus raised and already approved in the first debate refers not only to the express recognition of access to water as a human right but is also directly related to the fact that this human right positively recognized therein is regarding access to potable water, since it starts from the consideration of water –and especially potable water– as an essential and intrinsic element for the life and health of persons, thus coming into consonance with what is stated in article 21 and in the first part of the same article 50 of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this same Chamber that derive from such norms.


The Chamber warns that the right of access to water, and especially to potable water, forms part of various enunciations in the field of international human rights law, through different instruments with different scope or legal nature, but which, by their own condition and by reason of the provisions of article 48 of the Political Constitution, must necessarily be considered regarding this subject matter. Thus, this right has been already related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in subparagraph 1) of article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights –Protocol of San Salvador–, and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself. And regarding general resolutions, there are, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution: E/C.12/2002/11, as well as the United Nations General Assembly Resolution, number 70/169, of December 17, 2015, which expressly state that water must be “safe and of acceptable quality for personal and domestic uses,” and access to “potable water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner.”


In this sense, it is valid to affirm that the proposed addition to article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to potable water, is in consonance with the legal developments on the matter shown at the international level and embodied in declarations, conventions, and resolutions of different natures, from which its conformity with the legal progress shown in this regard at the international level results, and that by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of the States, just as this constitutional reform proposal seeks to formalize at that level.


It is important to note that the reference is made to the fact that the proposal seeks to formalize the situation at the constitutional level, because certainly the issue of access to water, and to potable water, is regulated in our country at the level of legality, by a profuse normative framework that encompasses from the Water Law (Ley de Aguas) of 1942, the General Potable Water Law (Ley General de Agua Potable) of 1953, the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) of 1961, the General Health Law (Ley General de Salud) of 1973, the Law for the Creation of SENARA (Ley de Creación del SENARA) of 1983, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) of 1995, and the Forestry Law (Ley Forestal) of 1996, among others.


Likewise, the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the consubstantial and necessary protection that must be provided to it by the institutional framework in general, from specialized agencies such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), and the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA), to others of a broader nature such as the Water Directorate (Dirección de Aguas) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía, MINAE), the Ministry of Health, and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources, but also their legitimate provision for human consumption under the fulfillment of established parameters and the real possibilities of their effective supply –see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791–.


It is important to note the emphasis that the reform proposes not only in terms of recognizing access to potable water as a human right, but also its particular condition as a public domain good (bien demanial), in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers. Note that the normative proposal states that “water is a good of the Nation,” that is, a good that belongs in general to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, a good that is diffused among all of society and its actors, a good of public domain that requires not only all the protection due to its condition of being essential for life, but also to allow its use for the various areas that may be required, provided that due sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are addressed. Note that the recognition of the human right is regarding potable water, indicating below that water –thus, in general terms– is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way the impossibility of using the resource for other types of purposes –agricultural, industrial, or development–, provided that it is done in accordance with the provisions on the referred right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for potable water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and upon it, a human right of access to potable water, from which it results that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to potable water as a human right.


On the other hand, consider that, according to what has been already stated, this access must be procured and provided in conformity with the prior fulfillment of the established parameters and according to (sic) the real possibilities of supply. That is, as has been established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, although the recognition of access to potable water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the concrete and certain possibilities of granting, from which it follows that this access that is recognized as fundamental may well be subject to the fulfillment of concrete conditions that in turn allow guaranteeing the existence and preservation of this good.


It is for this reason that the aforementioned United Nations General Assembly resolution, number 70-169, of December 17, 2015, states in its section 5 the exhortation to the States to:


“Guarantee the progressive realization of the human rights to potable water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner, while eliminating inequalities in access, particularly for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on the grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion, and national or social origin, or for any other reason, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as disparity in rural and urban areas, residence in slums, income level, and other relevant factors.” –emphasis not from the original–


This progressivity referred to in this resolution develops the homologous provision that in conventional terms is enshrined in the first paragraph of article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:


“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.” –emphasis added–


In such a way, legitimate regulation that permits adequate and orderly access to the potable water recognized here as a human right is valid, since it is about fostering its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.


It is for this reason that the legislation regulating the matter –as could be that proposed in the same paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposed transitional provision XX– must, in due course, necessarily be consistent with the load of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to potable water also as a human right that it is, so that certainly that legislation indicated there must adjust to the Law of the Constitution and to the provisions contemplated therein on the matter.


In this sense, in accordance with what is stated here, it is appreciated that the bill processed under legislative file 21.382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, so it appropriately connects to the same provision of article 50 of the Constitution, and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, without there being in any way any friction with those essential or core elements that inform and integrate the Law of the Constitution.”


Similarly, it is pertinent to highlight what was established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made at the 29th session held in Geneva between November 11 and 29, 2002, in which it was stated:


“(…) 2. The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.


3. In paragraph 1 of article 11 of the Covenant, a series of rights emanating from the right to an adequate standard of living, "including adequate food, clothing and housing", and are indispensable for its realization, are enumerated. The use of the word "including" indicates that this enumeration of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.


Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right protected by paragraph 1 of article 11 (see General Comment No. 6 (1995))2. The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (para. 1 of art. 12)3 and the right to adequate housing and food (para. 1 of art. 11)4. This right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity (…)


10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water, and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water.


11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with paragraph 1 of article 11 and article 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations.


12. While the adequacy of water required for the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:


a) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions.


b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person's health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.


c) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State Party. Accessibility has four overlapping dimensions:


i) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services.


ii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights.


iii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all de facto and de jure, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, without discrimination on any of the prohibited grounds.


iv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)


25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires the States to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right. The obligation to promote obliges the State Party to take steps to ensure that there is appropriate education concerning the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States Parties are also obliged to fulfil (provide) the right when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal.


26. The obligation to fulfil requires States Parties to adopt the necessary measures directed towards the full realization of the right to water. This obligation includes, inter alia, the need to recognize this right sufficiently within the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation; to adopt a national water strategy and plan of action to realize this right; to ensure that water is affordable for everyone; and to facilitate improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas.


27. To ensure that water is affordable, States Parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and c) income supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.


28. States Parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that there is sufficient and safe water for present and future generations22. Such strategies and programmes may include: a) reducing depletion of water resources through water extraction, diversion or damming; b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by radiation, harmful chemicals and human excreta; c) monitoring water reserves; d) ensuring that proposed developments do not impede access to adequate water; e) examining the impact of certain measures that may affect water availability and natural-ecosystems watersheds, such as climate changes, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity23; f) increasing the efficient use of water by end-users; g) reducing water wastage in distribution; h) response mechanisms for emergency situations; i) creating competent institutions and establishing appropriate institutional arrangements to carry out the strategies and programmes (…)


37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States Parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee's view, at least some core obligations can be identified in relation to the right to water, which have immediate effect:


a) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses to prevent disease;


b) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially for disadvantaged or marginalized groups;


c) To ensure physical access to water facilities or services that provide sufficient, safe and regular water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;


d) To ensure personal security is not threatened when physically accessing water;


e) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;


f) To adopt and implement a national water strategy and plan of action addressing the whole population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of a participatory and transparent process; it should include methods, such as right to water indicators and benchmarks, by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give particular attention to all disadvantaged or marginalized groups;


g) To monitor the extent of the realization, or the non-realization, of the right to water;


h) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;


i) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular ensuring access to adequate sanitation (…)” (emphasis added).


The foregoing is relevant because it details the content of the right to water by outlining its characteristics, among them, quality, accessibility, and availability, since it establishes that the human right to water implies sufficient supply for each person for personal and domestic use.


Furthermore, in the judgment of November 27, 2023, issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case Habitantes de la Oroya vs Perú, that court ordered:


“121. Likewise, persons enjoy the right that water be free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly to the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes the obligation on States consisting of: a) designing norms and policies that define water quality standards and, reinforced, in treated and residual waters that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitoring the levels of contamination of water bodies and, if applicable, informing of possible risks to human health and the health of ecosystems; c) creating plans and, in general, undertaking any practice with the aim of controlling water quality that includes the identification of its main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards; and e) adopting actions that ensure the sustainable management of water resources. The Court also considers that States must design their norms, plans, and water quality control measures in accordance with the best available science, attentive to the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability and, inclusive, based on international cooperation.


122. As a complement to the above, the Court recalls that in the case Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by article 26 of the American Convention. This follows from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow deriving rights from which, in turn, the right to water follows. In this regard, the Court noted that among those are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.


123. Regarding its normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that “access to water […] includes ‘drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, and personal and household hygiene’, as well as for some individuals and groups also […] ‘additional water resources due to health, climate, and work conditions’”. Likewise, that “access to water” implies “obligations of progressive realization,” but that “however, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization”. Furthermore, that States must provide protection against acts of private parties, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as “guarantee a minimum essential amount of water,” in those “particular cases of persons or groups of persons who are not in a position to access water by themselves […], for reasons beyond their control.”


124. At this point, the Court clarifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects water bodies as elements of the environment that have a value in themselves, as a universal interest, and for their importance for other living organisms including human beings. The second facet recognizes the determining role that water has for human beings and their survival, and, therefore, protects their access, use, and utilization by human beings.

In this way, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component starts from an ecocentric premise, while—for example—the right to drinking water and sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, does the violation of one necessarily imply the violation of the other.

 

125. Furthermore, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation of respect and guarantee, provided for in Article 1.1 of the Convention, one of the forms of observance of which consists of preventing violations. This obligation extends to the private sphere to prevent third parties from harming the protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and ensure that any eventual violations are effectively considered and treated as an unlawful act. In this line, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct, and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)" (emphasis not in original). (…)" VCG08/2024

... See more
Content of Interest:

Content type: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Efficiency and effectiveness of public services

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

PRINCIPLE OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICES

"(…) VI.- ON THE RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES AND THE ROLE OF THE ICAA AS THE GOVERNING BODY IN MATTERS OF DRINKING WATER SUPPLY. On this matter, in judgment no. 2016012058 of 9:30 a.m. on August 26, 2016, this Chamber indicated:

 

"(…) in the sub judice it is determined that the ICAA, as the governing body in the matter, has failed in its oversight and supervision duties regarding the provision of the public service of drinking water and sewerage, and, therefore, has violated the rights of the petitioners. According to Articles 1 and 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the ICAA is responsible, among other functions, for resolving everything related to the supply of drinking water and the sanitary sewer service; for directing and supervising everything concerning providing the inhabitants with drinking water service; and for directly administering and operating the aqueduct and sewer systems throughout the country; for which reason it is inexcusable that the ICAA has not acted to prevent and remedy a situation like the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without signing any delegation agreement.

 

To this effect, it is worth recalling what the Chamber, in judgment No. 2014-012971 of 2:45 p.m. on August 8, 2014, indicated in relation to the ICAA and its duties to oversee and guarantee the proper functioning of the public services in question:

 

"IV.- On the right to the proper functioning of public services and the role of the ICAA as the governing body in matters of water supply. In judgment number 2012-12009 of 09:05 a.m. on August 31, 2013, this Chamber ordered the following, which is of interest for the resolution of the sub lite:

 

"This Chamber has held that the Political Constitution implicitly contains the fundamental right of the administered to the good and efficient functioning of public services, that is: that they be provided with high quality standards. Which has, as a necessary corollary, the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, speedily, effectively, and efficiently. This last obligation derives from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8 (which imposes on the Executive Branch the duty to "Supervise the good functioning of administrative services and dependencies"), 139, subsection 4 (insofar as it incorporates the concept of "good progress of the Government") and 191 (insofar as it incorporates the principle of "efficiency of the administration"). This Tribunal has also indicated that said atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as the supply of drinking water, since goods as precious as health and human life are at stake, therefore the principles of effectiveness, efficiency, speed, continuity, and adaptation must prevail with greater rigor (see, in this sense, judgments number 2008-016405 of 7:04 p.m. on October 30, 2008, and 2008-017633 of 12:06 p.m. on December 5, 2008). In this context, the role of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as the governing body in the matter, acquires particular importance. This Chamber has pointed out that:

 

"(…) pursuant to the provisions of Article 1 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, said autonomous institution has been created with the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of drinking water. To fulfill this purpose, and in accordance with the provisions of Article 2 of that same normative body, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the Republic with a drinking water service, as well as taking advantage of, using, governing or supervising, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of the cited law. Whereby it is verified that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is the first called upon to ensure that all inhabitants of the Republic can benefit from a drinking water supply system, capable of supplying said liquid continuously and in sufficient quantity to duly satisfy the basic needs of all persons, in effective protection of their fundamental rights to life and health" (judgment number 2011005457 of 11:32 a.m. on April 29, 2011.)

 

In line with the foregoing, this Chamber has emphasized that in those cases where the water supply service for human consumption is provided by an ASADA, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is called upon to exercise effective and efficient surveillance and control actions over the respective water supply system, regarding its operation, maintenance, administration, and development, in order to guarantee its correct functioning (judgment number 2011009487 of 9:15 a.m. on July 22, 2011). In fact, recently, in judgment number 2012006447 of 10:30 a.m. on May 18, 2012, this Chamber expressed:

 

"(…) although Article 2 of Law 2726 empowers AyA to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewer systems, the respondent Institute, as the governing body in the matter, is responsible for all matters related to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for the supply of water to the populations. Based on the foregoing, the Administration cannot excuse the lack of an efficient drinking water service due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct by the licensed private body (…)

 

Whereby the obligation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to oversee and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems is verified" (emphasis not in the original)

 

"V.- On the specific case. In the case at hand, the petitioner alleges that in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, the ICAA provides the drinking water service by delegation to an ASADA; however, said service is provided deficiently and requires improvements in infrastructure, for which the Municipality of La Cruz allocated a budget item for the improvement of said aqueduct, which cannot be executed until the ICAA carries out the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to drinking water violated.

 

In this regard, the Chamber considered it accredited that the El Porvenir, La Cruz, Guanacaste Rural Aqueduct Administrative Association does not have valid legal status, since it expired on July 31, 2007. Likewise, it is observed that the ASADA El Porvenir has not submitted to the ICAA the documentation required for the process of signing the delegation agreement. Furthermore, the ICAA does not have an updated diagnosis of the aqueduct system operated by the ASADA El Porvenir. From the case file, it was confirmed that through official letter number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 of July 3, 2014, the Head of the Regional Office of Community Systems of the Chorotega Region of the ICAA suggested that the ASADA El Porvenir contract the services of a professional to carry out a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipality of La Cruz allocated a budget item of 3 million colones to make the improvements to the aqueduct infrastructure, which will be executed once the corresponding technical studies are carried out. Given this panorama, the Chamber considers that the amparo must be partially granted, only against the ICAA. As explained in the preceding whereas clause, the ICAA is under the obligation to oversee and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems, so it cannot excuse itself by claiming that the lack of an efficient drinking water service is due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct. As the governing body in matters of drinking water supply, the ICAA is called upon to contribute to the prompt solution of the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Thus, for the Chamber, the allegation of the respondent authorities of the ICAA that they bear no responsibility for the problems presented with the ASADA of El Porvenir is not acceptable. As long as the problem in water supply continues, the most vulnerable part are the residents of the locality, who must tolerate the inoperativeness of the responsible entities and, consequently, suffer from the deficient provision of the public drinking water service. Under this understanding, the ICAA must supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of El Porvenir adjusts its operation to the law and the necessary technical studies can be finalized to authorize the investment of the municipal budget already allocated for improving the drinking water supply in that community and, therefore, the quality of life of all its citizens." (Emphasis not in the original).

 

In addition, subsection 36(1) of the Regulation of Administrative Associations of Community Aqueduct and Sewer Systems, indicates as an obligation and right of the ICAA: "To enter into and terminate the Management Delegation Agreements for aqueduct and sewer systems with Administrative Associations, when so recommended by the Management and approved by its Board of Directors, for reasons of convenience, opportunity, or ineffectiveness in the provision of public services". (…)" VCG08/2024

... See more
Text of the resolution



Exp: 24-007582-0007-CO

Res. No. 2024019565

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twelfth of July, two thousand twenty-four.

 Amparo proceeding processed under case file number 24-007582-0007-CO, filed by [Name62 001], identity card [CED62], on behalf of THE RESIDENTS OF ALAJUELITA, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA), THE REGULATORY AUTHORITY OF PUBLIC SERVICES (ARESEP) AND THE MUNICIPALITY OF ALAJUELITA.

Whereas:

 1.- By brief incorporated into the digital case file on March 19, 2024, the petitioner files an amparo action. She mentions that, approximately for the past year and in the district of Chorotega de Alajuelita, the Icaa has frequently suspended the public drinking water supply service without prior notice of scheduling and for periods that usually extend up to 24 hours. She asserts that this happens every day of the week. She indicates that this indiscriminate suspension has extended to the other districts of the canton since March 2023, thus covering all of Alajuelita. She points out that this situation has worsened in the last three months. She maintains that the times for suspension and resumption of the service are not communicated to the population, which leaves people in a state of uncertainty about when they will have the possibility of accessing the resource to organize their daily chores and responsibilities. She claims that: "Furthermore, AyA has not established a supply program with cisterns to supplement these cuts, which leaves the inhabitants of Alajuelita without any alternative on many occasions, completely depriving them of access to water". She mentions that the scarcity of the liquid especially affects vulnerable persons and, even, the cutbacks affect educational centers. She emphasizes that: "Despite numerous complaints and demonstrations by the affected community throughout an entire year, with particular severity in the last three months, the AyA authorities have been neglectful in providing an adequate response regarding the technical causes of the supply shortages without prior scheduling and without cistern coverage plans. SIXTH: On February 8 of this year, a meeting was held between AyA representatives and community leaders, in which Mr. Juan Manuel Quesada, executive president of AyA, presented the Community Committee with the route plans for the medium and long term, and committed to establishing immediate measures to solve the problem in the short term, such as installing water tanks at strategic points and supplying the community with water cisterns". She accuses that the Icaa has breached the proposed measures. She details that: "The residents of the community of Alajuelita have been subjected to discrimination and violation of their human dignity by being denied a fundamental human right such as access to drinking water. This denial has been justified with general arguments such as the increase in droughts, which do not explain why the supply shortages occur only in impoverished and more vulnerable communities of the Province, and does not occur in the neighboring, more economically privileged cantons. Furthermore, they lack technical grounds to support both the cuts and the absence of alternative supply measures in the first instance, coupled with the fact that they openly commit to implementing short-term measures that they subsequently do not execute, again without informing about any type of justification. It is important to highlight that there is no reason preventing AyA from providing the programs and schedules of the water cuts in advance, thereby allowing the community to have certainty regarding the moments when they will be able to collect water to satisfy their basic needs, especially human consumption as a guiding principle for granting water service. This type of transparency and foresight would not only be a minimum requirement in the face of the violation of this fundamental right but also an obligation of AyA to guarantee the well-being and safety of the inhabitants of the community of Alajuelita". She considers fundamental rights harmed. She requests that the appeal be granted and that the Icaa be ordered to carry out the works and necessary measures to guarantee the water supply in Alajuelita.

2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 8:42 a.m. on March 21, 2024, the amparo was admitted and the executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as well as the mayor and the president of the Council, both of Alajuelita, were asked to report.

3.- By brief incorporated into the digital case file on April 3, 2024, Juan Manuel Quesada Espinoza reports under oath, in his capacity as executive president of the Icaa. He explains that: "Based on the technical report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385, prepared by Engineer Ivan Paniagua Arias, director of Macro Zona Oeste GAM, as well as the Technical report UEN-GA-2024-00559, prepared by the official of the Social Management team of AyA, Licda. Ana Lucía Arias Retana, documents that are added as evidence and form an integral part of the administrative file, it is demonstrated that: 1. The area is supplied directly from the Bello Horizonte tank, which has presented a series of reports of going out of operation in the last month, none of which exceeded 8 hours of supply shortage (see technical report SGGSGAM-MZOESTE-2024-00385). 2. Regarding distribution with cistern trucks, depending on the service conditions in the area and based on the provisions of current regulations; for cases where service suspensions are due to unforeseen situations such as leaks, or outages of operation of the Puente Mulas well field (source of the Bello Horizonte tank) due to lack of electrical power and where, additionally, the impact on users exceeds 8 hours of affectation; an alternative distribution of drinking water will be made by means of cistern trucks. When necessary, medical and educational centers are prioritized, which in this sector mostly have storage tanks (see technical report SGGSGAM-MZOESTE-2024-00385). 3. For this specific case, the bulletins (whose table is contained in the report attached as evidence) do not reflect supply shortages greater than 8 hours. Distributions with cistern trucks in the sector known as Urbanización La Chorotega have been carried out at the request of the community (see technical report SG-GSGAMMZOESTE-2024-00385). 4. At the facilities of the Red Cross of Alajuelita (Urbanización Chorotega), a water tank was installed for community use, within the perimeter of the Red Cross, which has external spigots for use by the population (see technical report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385). 5. For the case of Urbanización La Chorotega, the level of the Community tank located in front of the Red Cross is checked every day, which is almost not used by the population. The Red Cross is consulted if it requires water in its tanks, given that they have high consumption for washing stretchers and cleaning ambulances, however, they indicate that they do not require it, that their tank remains at a good level. In the report provided as evidence, some images of the distribution are provided, as well as the coordination chat. In one of the images, a map is provided where the streets by the INA are marked in yellow and evidence of the indication in the chat to distribute water in that area (see technical report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385). 6. On the other hand, it should be noted that AyA has clearly identified the sectors located in the upper parts of Alajuelita such as San Felipe, Direction7545  , Lotes Paz, Direction7546   (sic), El Poró, Direction7547 , Direction7548 , Direction7549  as the most affected regarding the supply of drinking water, since, having less pressure in the pipes, they run out of service sooner when the level of the tanks is low, which resulted in a tour being conducted on February 29 through the Lotes Paz area, next to CEDES Don Bosco to learn about the impact suffered by the residents of this sector. The AyA Social Management team conducted a tour of the area, during which the opportunity was taken to talk with some families and learn about the lack of water in the area (see report UEN-GA-2024-00559). 7. Additionally, AyA has projected short, medium, and long-term actions for the supply of drinking water in these affected sectors. Currently, by means of an electric generator, the utilization of approximately 80 liters per second from a recently drilled well in San Blas de Moravia is being used, and this contributes to the collection of liquid for supply to the entire GAM. Specifically, the utilization of the wells called Goal 1 and 2 is proposed as a measure that will help decrease or mitigate the limitations of access to water during summer seasons, using electric generators, which is projected for an approximate period of two years. These wells already have water quality analysis and tests that allow evidencing the quantity and flow rate for use. The activation of said utilization could improve and reduce the number of hours in which the population may have access to drinking water (see report UEN-GA-2024-00559). (…) In the present case, it is demonstrated by the documentary evidence I provide and that forms an integral part of this report, that in the area of Alajuelita indicated by the petitioner, the affected area has been provided with drinking water, based on the actions carried out, through distribution by cistern at the request of the population, in addition the neighborhood has a tank for self-consumption; reasons for which it is evident that AyA has executed and carried out all the actions that fall within its scope of competence and within the framework of legality that governs us, therefore it is concluded that this Appeal lacks technical, legal, and regulatory foundation, since AyA fulfilled the obligations imposed by force of law in the constitutional and legal framework by the principle of legality, therefore, no constitutional right of the petitioner has been violated".

4.- By brief incorporated into the digital case file on April 9, 2024, Modesto Alpízar Luna reports under oath, in his capacity as mayor of Alajuelita. He indicates that: "unfortunately, the drinking water situation has afflicted the canton of Alajuelita for a long time, even the residents have expressed their discontent through demonstrations due to the water supply problems faced by the inhabitants, mainly the most vulnerable population, such as older adults, persons with disabilities, and children. In an act of protest, some families, in past months, chose to close the streets as a measure to draw the attention of the authorities. It is known that the residents lack water service for more than 24 hours; which is incomprehensible since, in Alajuelita, AyA has several Drinking Water Treatment Plants (PTAP); this problem has even been suffered by the municipality, having on some occasions to close before the usual time, since the lack of water can cause setbacks and public health complications in general. THIRD: despite what was stated in previous lines, the local government, like the population of the canton, has suffered the inconveniences of the lack of drinking water, however, everything that specifically has to do with the supply of drinking water, administration, and operation of aqueduct and sewer systems, corresponds by law to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, whose competence is to direct everything related to the supply of drinking water and the collection and evacuation of sewage and residual water, which implies the possibility of establishing policies and issuing regulations in that matter. So is established by its Constitutive Law, number 2726 of April 14, 1976, in numerals 1 and 2, subsections a) and g) which provide: (…) Regarding human health, the legal system establishes that water is a good of public utility, whose use for human consumption is a priority over any other type of use. So provides Article 264 of the General Health Law number 5395 of October 30, 1973, and its reforms, which establishes: ARTICLE 264.- Water constitutes a good of public utility and its use for human consumption shall have priority over any other use. PETITION. I respectfully request that this Appeal be declared WITHOUT MERIT since the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is the public entity that our legal system designates as responsible for administering and operating everything related to aqueducts and sewers throughout the country, responsible for resolving everything related to the supply of drinking water, collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm sewer systems in urban areas. Installation and location of drinking water meters, for which reason the matter and object of this Appeal escapes the competence of this Municipality".

5.- By certification subscribed on April 16, 2024, by the acting secretary and judicial technician 3, both of the Constitutional Chamber, it was indicated that: "reviewed, at fifteen hours fifty-nine minutes on the sixteenth of April, two thousand twenty-four, in the Costa Rican judicial office management system, the control of documents received and this case file, it did not appear that from 04/04/2024 to 04/08/2024, the PRESIDENT OF THE COUNCIL OF ALAJUELITA submitted any brief or document, in order to render the report that was requested in the resolution issued at eight hours forty-two minutes on the twenty-first of March, two thousand twenty-four".

6.- By resolution of the investigating magistrate at 1:02 p.m. on April 18, 2024, the parties included in the appeal were expanded and the general regulator of the Regulatory Authority of Public Services (Aresep) was asked to report.

7.- By brief incorporated into the digital case file on April 25, 2024, Eric Alonso Bogantes Cabezas reports under oath, in his capacity as general regulator and president of the Board of Directors of the Regulatory Authority of Public Services. He explains: "Therefore, it must be evidenced in the first instance, that the petitioner's will is to direct her constitutional amparo appeal against the ICAA, and not against this Regulatory Authority, without prejudice to the foregoing, by means of the resolution of 1:02 p.m. on April 18, 2024, the honorable Constitutional Chamber expanded the course of the process and requested this Regulatory Authority to render a report on the facts alleged by the petitioner, consequently, although my represented entity does not appear expressly among the facts of the complaint, we proceed to issue the required report. II. ON THE FACTS ALLEGED BY THE PETITIONER For purposes of rendering the report requested by the Constitutional Chamber on the facts contained in the brief of interposition of the petitioner's amparo, we proceed immediately to refer to each one of them, according to the order in which they were raised, in the following manner: I REJECT AS TO THE FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, FIFTH, SIXTH, AND SEVENTH FACTS: They are not proven to us, and therefore we reject them. As was preliminarily advanced, in none of the preceding facts was express reference made to this Regulatory Authority, since no action or omission attributable to my represented entity is questioned, therefore there is no direct knowledge of these facts, it being necessary to reject them. Notwithstanding the foregoing, and in accordance with the competencies of this Regulatory Authority, the following must be stated regarding each one of these facts: REGARDING THE FIRST THROUGH FOURTH FACTS: As provided by the Law of the Regulatory Authority of Public Services, No. 7593, among the fundamental functions and objectives of my represented entity is to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to optimally provide these services (Articles 4 and 5, Law No. 7593). Furthermore, Article 25 of the same norm empowers the Regulatory Entity to issue the necessary technical regulations to specify the conditions under which public services must be provided, it is for this reason that resolution RE-001 3-J D-2024 of March 19, 2024, was issued, corresponding to the "Comprehensive reform of the technical regulation for the provision of aqueduct, sanitary sewer, and hydrant services (AR-RTPAAH-2015)", which was published on April 17, 2024, in the official newspaper La Gaceta No. 67, Scope No. 74. This Regulation considered it essential to regulate situations such as those discussed in the present case, related to discontinuity in the public drinking water service.

(…) From the transcribed articles, it is observed that although service providers are exceptionally empowered to interrupt potable water service in scarcity situations, as well as to carry out both scheduled and unscheduled suspensions, the fact is that, in order to do so, they must adhere to the regulation and the conditions that these articles establish, including the duty to inform subscribers of this situation and implement the temporary corrective measures necessary to provide the service. For their part, articles 87, 88, 89, and 90 of the "Comprehensive Reform of the Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services (Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante, AR-RTPAAH-2015)", expressly stipulate the following: (…) Thus, in accordance with the regulations just cited, the operator must also manage the use of available water, communicating to affected users, through different communication media, and on its website, among other things, the location of water delivery points made by means of tanker trucks, making clear in subsection g) of that article that the delivery point must be as close as possible to the homes so that several users can be supplied at once, avoid waste, and ensure ease of water collection. Another important aspect to consider is that, according to article 89, subsection e) of the aforementioned Regulation, in cases of water supply through tanker trucks, the service provider must offer at least two schedules, one in the morning and another in the afternoon, to distribute water to guarantee that users receive potable water at least once a day. In this regard, as for the first and second facts of this amparo action, when the appellant affirms that the suspensions carried out by the service provider extend to more than 24 continuous hours, and every day of the week, it is noted that although the service provider may establish use restrictions, to do so it must not only communicate this to its subscribers through the respective collective communication media, but also, when the suspension lasts for more than 6 clock hours, the service provider has the duty to provide an alternative potable water supply service to subscribers (e.g., with tanker trucks), in such a way that it covers the needs established in article 85 of the aforementioned regulation. For her part, the appellant alleges in her third and fourth facts a lack of information from the AyA and an inadequate response regarding the causes of the shortage, in response to which, the existing regulations are conclusive regarding the need for communities affected by rationing to be clearly informed about aspects such as the reasons for the scarcity, the magnitude of the problem, its causes and impact, and the estimated duration of the rationing measures, the foregoing so that their inhabitants can face the water availability situation and can organize themselves to meet their daily needs, both in their homes and in their workplaces. Thus, according to the regulation, service providers are obligated to guarantee that affected communities have easy access to the service, especially the most vulnerable persons. REGARDING THE FACTS FROM THE FIFTH TO THE SEVENTH: Regarding the fifth fact, it is noted that the appellant refers to complaints and demonstrations directed to the AyA authorities, which are not known to Aresep. With respect to the meeting held between representatives of the AyA and community leaders, and the commitment to immediate measures to solve the problem, the foregoing is also not known to this representation; however, according to article 10 of the "Comprehensive Reform of the Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services (ARRTPAAH-2015)", the service provider must implement, as soon as possible, the corresponding temporary corrective measures to supply the services until the optimal service conditions can be reestablished. Likewise, the regulations issued by Aresep establish the duty of service providers to prepare plans and programs that contemplate the development needs of public services, as well as to ensure the provision of services under optimal conditions. All of the foregoing, in accordance with the mandates of Law No. 7593, which in its article 14, subsections i) and j) obligates service providers to "be prepared to ensure, in the short term, the provision of the service in the face of increased demand" and to "provide the service under adequate conditions and with the regularity and security that its nature, the concession, or the permit indicate." (…) In the indicated terms, and for the purpose of collaborating with the administration of justice in the present case, the report required by the Judicial Authority is hereby rendered. III. IMPORTANT SUBSTANTIVE CONSIDERATIONS It must be added that once the documentary evidence provided together with the constitutional amparo brief was reviewed, which consists of a letter addressed to the Municipality of Alajuelita and to the Institute of Aqueducts and Sewers dated January 25, 2024, signed by Mrs. Name67954 and other residents, a review was carried out of the entry points for complaints, denouncements, and other procedures before this Regulatory Authority, which allowed it to be confirmed that on January 31, 2024, an email was received from Mrs. Name67954 (a copy of the email is attached as evidence), under the subject "Water theft in Alajuelita Chorotega", to which a copy of the letter addressed to the Municipality of Alajuelita and to the Institute of Aqueducts and Sewers dated January 25, 2024 (documentary evidence of the constitutional amparo) was attached. It should be noted that said email was answered by personnel of this Regulatory Authority on February 1, 2024, indicating to Mrs. Name67954 that if she wished to file a formal complaint, she had to do so through the single window, and that due to the nature of that procedure (formal complaint), it required the fulfillment of a series of admissibility requirements established by the Board of Directors of Aresep (a copy of the response email is attached); however, upon reviewing the entry of complaints through the single window, it was confirmed that as of the date of this report said complaint has not been formally filed, nor formally brought to the knowledge of Aresep. Furthermore, according to the review carried out in the database of the Procedures Area of the General Directorate of User Services of Aresep, for the period 2024, there are no complaints for lack of water in the Alajuelita area. IV. PETITION For the foregoing considerations of fact and law mentioned, and since no violation of any constitutional norm or principle has occurred, the Constitutional Chamber is respectfully requested: 1. To declare the amparo action filed by Mrs. [Nombre62 001] WITHOUT MERIT, regarding Aresep, as there is no action or omission whatsoever on the part of my represented entity in the present case that has caused the violations alleged by the appellant. 2. To terminate the present amparo proceeding that was filed, with respect to the Regulatory Authority of Public Services, and resolve it without special condemnation for costs, damages, or losses.”

8.- Through a resolution of the instructing magistrate at 9:26 a.m. on April 26, 2024, evidence for better resolution was requested from the Office of the Comptroller General of the Republic (CGR) and the Office of the Ombudsperson of the Republic (DHR).

9.- Through a brief incorporated into the digital case file on May 6, 2024, Marta Acosta Zúñiga appears in her capacity as Comptroller General of the Republic. She mentions: “Although this representation has not accredited the factual framework stated by the appellant, as they do not refer to conduct of the Comptroller Body itself, in compliance with the request from the Constitutional Chamber, -within the short period provided to us and given the complex subject matter- we have prepared this report in an interdisciplinary manner. Not without indicating that this type of action obliges us to an immediate readjustment of our internal resources in pursuit of a prompt response, considering that this report even entails reviewing the documentation submitted by public entities. For the same reason, we issue a report based on our background records and the documentation reviewed. Now then, as a first point, the main arguments indicated by the appellant are discussed, regarding the suspension of the potable water supply service in Alajuelita and its extension to the other districts of the canton, additionally, about the supply program using tanker trucks and the impacts on health, education, and others, as well as about the response of the ICAA regarding investment in the short, medium, and long term. always using the Comptroller Body’s audits in the matter as the primary reference. As a second point, the main arguments contained in the reports submitted by the ICAA, ARESEP, and the Municipality of Alajuelita are discussed, in response to the arguments indicated by the appellant on the previously mentioned topics. likewise using the audits of the Office of the Comptroller General as the primary reference. 111.1 COMMENTS ON THE FACTUAL FRAMEWORK PRESENTED BY THE APPELLANT Regarding the suspension of service. The appellant indicates that, approximately, for the past year and in the Chorotega district of Alajuelita, the ICAA has frequently suspended the public potable water supply service without prior scheduling notice and during periods that usually extend up to 24 hours. She asserts that this happens every day of the week. She indicates that this indiscriminate suspension has extended to the other districts of the Canton since March 2023, therefore encompassing all of Alajuelita. Likewise, the appellant indicates that the suspension and service restoration schedules are not communicated to the population, which leaves people in a state of uncertainty about when they will have the possibility of accessing the resource to organize their daily chores and responsibilities. She claims that the ICAA has not established a supply program with tanker trucks to make up for these cuts, which leaves the inhabitants of Alajuelita, on many occasions, without any alternative for supply, completely depriving them of access to potable water. She mentions that the scarcity of the liquid especially affects vulnerable persons, and the cuts even affect educational centers. In this regard, no documentary evidence is provided regarding the specific zones where the service has been interrupted, the time slots in which the service has not been provided, the number of inhabitants affected, or the impacts on the population; the consequences at the level of health, education, or other area indicators are also not indicated; only a letter signed by 149 inhabitants of the canton of Alajuelita is provided. Now then, based on audit studies conducted previously, among them the "Report of the operational audit on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables, DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, coincidences were found in the trend of shortage and constant interruptions in potable water service in vulnerable communities. Additionally, based on the ICAA's National Plan for Vulnerable Communities (Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables) of September 2021, the communities identified in the canton of Alajuelita, whose service operator is the ICAA, presented a high Community Vulnerability Index for Water Access (Índice de Vulnerabilidad Comunitaria por el Acceso al Agua), among them, that of Chorotega, in the district of Alajuelita. This index, according to the ICAA, aims to determine community vulnerability due to access to potable water, in those places where conditions still manifest a significant lag in the pursuit of a potable water service that meets the best quality standards and applies the best socio-environmental practices for its attainment. Furthermore, it has been accredited through the "Report of the operational audit on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, that water service constitutes insurance for communities against descending on the vulnerability scale, as one of the manifestations of poverty according to Sustainable Development Goal 1 is limited access to basic services. Moreover, said report issued by the Comptroller Body indicated that the deficient state of service provision promotes exposure to diseases, restriction of productive activities, unsustainable water consumption, and a decrease in resilience capacity in the face of extreme events. All of the foregoing accentuates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of those communities. Regarding the ICAA's response to solve the problems. The appellant indicates that despite the numerous complaints and demonstrations by the affected community over an entire year, with special gravity in the last three months, the ICAA authorities have been remiss in providing an adequate response regarding the technical causes of the shortages without prior scheduling and without tanker truck coverage plans. In turn, she states that, as a result of a meeting with community leaders, the Executive President of the ICAA committed to establishing immediate measures to solve the problem in the short term, such as installing water tanks at strategic points and supplying the community with water tanker trucks; however, none of the proposed measures have been complied with to date, and the water cuts have occurred without prior notice. In relation to such point, in the Comptroller Body's opinion, while there is no record of the agreements between the community and the ICAA for the specific case of Alajuelita, or of the mentioned non-compliance with said agreements, based on Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-24 called "Audit report on the effectiveness and efficiency of the management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)" of April 12, 2024, a series of deficiencies in performance management of the potable water and sanitation investment portfolio have been accredited, as well as weaknesses in governance in the management of the investment portfolio, which limits the attention to the public need with the required timeliness. Specifically, it was found that only 16.7% of the districts with the highest vulnerability condition in the country (using the Social Development Index 2023 published by MIDEPLAN) have programmed investments in potable water; furthermore, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to the ICAA's "Community Vulnerability Index for Potable Water (Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable)" of 2021, are associated with the main investments contained in the ICAA's portfolio, which shows a deficient attention to the most vulnerable communities in the national territory. Likewise, it was found that 57% of the projects should have been completed by January 2024 according to ICAA estimates; however, they were still under execution, delaying improvements in the quality, quantity, and continuity of the potable water service, as well as the benefit for 2.8 million people throughout the country. Also, it was found that the design and management of the ICAA's investment portfolio presented an incipient level and lacked a logical and systemic sequence, which hinders the resolution of the most pressing current and future problems of the population through the investments that make up the portfolio, which would allow addressing the challenges associated with inequality in access to potable water and sanitation services, as well as social conflicts over water use. 111.2 REGARDING THE ICAA'S RESPONSE Regarding inconsistencies in the ICAA's criterion. In numeral 1 related to the hydraulic elements that make up the supply and distribution network in the Alajuelita sector, including the Bello Horizonte Tank, the ICAA indicated that the tank had not reported operational shutdowns that implied a shortage exceeding 8 hours per day. Despite this, on February 27, February 28, and March 2 of the current year, the suspension was greater than the indicated 8 hours, specifically, 8 hours and 40 minutes, 14 hours, and 9 hours, respectively. All the foregoing, according to consecutive numbers 2024540, 2024318 or 2024547, 2024552, 2024565, 2024600, and Telf876, described in the table called "Boletines de San José / Alajuelita / Concepción del 26/02/2024 al 11I03I2024 (Bulletins of San José / Alajuelita / Concepción from 02/26/2024 to 03/11/2024)", from report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385, provided as evidence to the case file of this amparo action. In this sense, the "Reform of the regulation for the provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant services (Reforma reglamento prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes)"*, in force during the indicated days of shortage, indicates the need to provide alternative supply and reasonable explanations in the event that the suspensions exceed 8 hours per day. It should be noted that, according to the regulation in force, if the shortage exceeds 6 hours, a collective communication must be issued and an alternative service ensured that covers the basic needs of the population and the requirements of hospitals, clinics, and health centers. Regarding the above and in line with numerals 3 to 5, the "Report on Tanker Truck Distribution Alajuelita Amparo Action Case File 24-007582-0007-CO (Informe Reparto Cisternas Alajuelita Recurso Amparo Expediente 24-007582-0007-CO)", memorandum No. SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 of March 26, 2024, in Illustrations 2 and 3, images are attached regarding ICAA actions to supply potable water via tanker trucks to some affected communities on February 28, February 29, and March 3, 2024. However, as observed in previous paragraphs, the shortages lasting more than 8 hours daily occurred on February 27, February 28, and March 2 of the current year, without the evidence provided accrediting the establishment of an alternative mechanism, in this case a tanker truck, for the affected communities on 2 of the 3 cited days, whose reported suspension exceeded 8 hours. Regarding the conditions of the existing network. In numerals 1 and 2 related to the hydraulic elements that make up the supply and distribution network in the Alajuelita sector, including the Bello Horizonte Tank, the ICAA indicated that the tank had not reported operational shutdowns that implied a shortage exceeding 8 hours daily. Additionally, in numeral 6, the ICAA indicates that the rapid shortage of potable water service in the Chorotega district of Alajuelita responds to a lack of pressure in the pipes, due to their being located in one of the highest parts of the network, a condition that is complicated when the level of the tanks is low. About this, the Office of the Comptroller General in the "Report of the operational audit on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, indicated that aqueducts require water storage to cover demand and compensate for hourly variations, mainly when the supply source alone is not sufficient to cover the daily demand, which results in suspensions of the service in question. Concerning this, it must be distinguished that the entry into operation of the tank after the suspension does not guarantee the prompt or immediate arrival of potable water to the users, insofar as it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach filling and the appropriate pressure to guarantee supply. This phenomenon is aggravated in the high areas of the network, where the topography affects the speed of reestablishment of the potable water service. In summary, the suspension must consider the period for filling and pressurization of pipes, and not only the operational shutdown and startup of the storage tanks, so that the time the suspension takes corresponds to the communicated end time and, thereby, to the time expected by the users for the return of the service. In the same numeral, the ICAA indicated that the Social Management team conducted an inspection of the place to understand the impact. However, report UEN-GA-2024-00559 with which the ICAA supports its actions is not attached to the case file; therefore, it is not possible for this Comptroller Body to issue a report on what has been stated. Regarding short, medium, and long-term actions. In its report, in numeral 7, the ICAA indicates that said entity has planned short, medium, and long-term actions for the supply of potable water in these affected sectors. One of them is the recent drilling of a well in San Blas de Moravia, in which, by means of an electrical generator, nearly 80 liters per second are utilized, which are distributed throughout the GAM. Specifically, it proposes, as a measure that will contribute to decreasing or mitigating water access limitations in summer seasons, the utilization of the wells called Goal 1 and 2, making use of electrical generators; their implementation is projected for an approximate period of two years. Such wells already have the water quality analysis and tests that allow demonstrating the quantity and the usable flow rate; their operation could improve and reduce the number of hours in which the population may have access to potable water. These short, medium, and long-term actions just described are based on report No. UEN-GA-2024-00559, which could not be located in the case file sent to the Office of the Comptroller General. However, on the topic of the ICAA's investment portfolio, the Comptroller Body issued Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, called "Audit report on the effectiveness and efficiency of the management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados)", in which it was determined that the management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation of the ICAA has not been effective or efficient; a situation that restricts the capacity to provide the service in a timely manner and address the public problems associated with potable water. As mentioned in previous sections, Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 found that 57% of the projects should have been completed by January 2024, according to ICAA estimates, but at the time of the audit they had not been completed, delaying improvements in the quality, quantity, and continuity of the potable water service, as well as the required attention to public needs regarding water resources for approximately 2.8 million people throughout the country. In turn, it was determined that information management does not allow efficient administration of the time, cost, and scope of the portfolio, since for various programs and projects there is no basic data such as start and end dates, actual and planned costs, number of beneficiary population, and persons responsible for managing the projects. Similarly, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in congruence with current and future citizen needs, as the design and management of the ICAA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. Finally, a condition of financial unsustainability is foreseen in portfolio management, which implies a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the rates that sustain the services stands out. In general, the results found in the referenced audit limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on guaranteeing the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge mainly in the context of persons in a condition of vulnerability. 111.3 REGARDING THE RESPONSE OF ARESEP Regarding ARESEP, it should be noted that the Law of the Regulatory Authority of Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), No. 7593, points out in subsection c), article 5, as a function of said entity the oversight of compliance with the norms of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision in public services, including potable water. In concordance, subsection b) of article 6 of the cited law denotes as an obligation of ARESEP the carrying out of technical inspections of the properties, plants, and equipment intended to provide the public service, when deemed appropriate, in order to verify the quality, reliability, continuity, costs, prices, and rates of the public service. Likewise, article 21 of Law No. 7593 requires ARESEP to execute controls over the facilities and equipment dedicated to public service, this for the full fulfillment of the obligations. Referring to what was argued by the Regulatory Authority of Public Services regarding the amparo action in question, this Comptroller Body cannot issue an opinion, insofar as no reports or any evidence were provided to support its action in the terms indicated. 111.4 REGARDING THE REPORT OF THE MUNICIPALITY OF ALAJUELITA As for the report of the Municipality of Alajuelita, the position defended by this Municipality, which highlights the governing responsibility of the ICAA in the administration of aqueducts and sewers at a national level, is partially valid. However, it is important to recall the principle of coordination that governs the actions of all state institutions. Administrative decentralization does not imply the absence of a common objective; on the contrary, it requires effective coordination among the entities to guarantee efficiency in the provision of public services. The Constitutional Chamber has repeatedly emphasized the State's obligation to coordinate the actions of its entities to guarantee rapid and effective administrative management for the benefit of citizens. (See resolutions No. 18896 - 2014 November 21, 2014, and No. 24197 - 2021 October 29, 2021). Therefore, both the Municipality of Alajuelita and the ICAA must collaborate and determine the best strategies to address the problem raised by the affected community. Although the ICAA has direct jurisdiction in matters related to water supply, the Political Constitution establishes that the satisfaction of local services is the responsibility of the municipalities. Therefore, the Municipality of Alajuelita cannot evade its responsibility by simply delegating the problem to the ICAA. It is evident that the lack of water supply affects the fundamental rights of citizens. It is imperative that the relevant institutions join efforts and work together to find quick and effective solutions. In this sense, concrete measures must be explored that allow the situation to be addressed efficiently and provide relief to the affected community. In summary, coordination among state institutions is essential to guarantee the adequate provision of public services. It is crucial that the Municipality of Alajuelita, the ICAA, ARESEP, and other responsible entities, according to their competencies, collaborate closely to resolve the water supply problem and protect citizens' rights. III. CONCLUSIONS From the content of this report, the following is concluded: 1. Although the Office of the Comptroller General has not carried out an audit of the potable water supply service directly in the community of Chorotega de Alajuelita, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other districts of the canton, the Comptroller Body finds coherence between the condition of the public potable water service described by the appellant and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, in particular in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the appellant coincides with what was found by the Office of the Comptroller General in other communities of the country in a condition of vulnerability. 2. Despite also not having an audit on the ICAA's response to the alleged lack of action to counteract the mentioned suspension of service in the districts of Alajuelita, based on other audit results carried out by the CGR, it has been found that the ICAA's investment portfolio in potable water presents a series of deficiencies in its performance management, as well as weaknesses in governance, which limits the attention to the public need with the required timeliness and the delivery of the expected benefits to the population.

Inconsistencies were found in Report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 provided by the ICAA, because although supply interruptions of less than 8 hours per day are suggested, the Contraloría General finds hourly differences exceeding 8 hours for 3 specific days, using as a basis the same information rendered in that report. Furthermore, this Audit Body points out the consideration of the pipe filling and pressurization period within the schedule communicated to users regarding the suspension, since not only the entry into operation of the tank must be taken into account, as this does not guarantee the prompt or immediate arrival of potable water to users, while it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach the appropriate filling level and pressure to guarantee supply. 4. In its response, the ICAA did not provide evidence regarding the establishment of an alternative mechanism for the days on which suspensions exceeding 8 hours per day were found. Nor did the ICAA attach report UEN-GA-2024-00559, which supports its actions regarding Social Management. For the foregoing reasons, it is not possible to provide an opinion on the cited elements. 5. No evidence or reports were provided on the actions of the ARESEP; in that sense, this Audit Body cannot provide a report and further emphasizes the duty established by Law upon the Regulatory Entity, regarding its obligation to ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision in public services, including potable water, for example, the obligation to conduct technical inspections of the properties, plants, and equipment intended to provide the public service, as well as the duty to execute controls over the facilities and equipment dedicated to the public service, this for the full compliance with the obligations. 6. Finally, although the Municipalidad de Alajuelita highlights the governing responsibility of the ICAA in the administration of aqueducts and sewer systems nationwide, it is important to recall the principle of coordination that governs the actions of all state institutions. Therefore, in the opinion of the Audit Body, it is crucial that the Municipalidad de Alajuelita, the ICAA, ARESEP, and other responsible entities, according to their competencies, collaborate closely to resolve the water supply problem and protect the rights of the inhabitants."

10.- By writ incorporated into the digital case file on May 8, 2024, Nombre14330 appears, in her capacity as defender of the inhabitants of the Republic. She explains: "2. ON THE HUMAN RIGHT OF ACCESS TO WATER On July 28, 2010, through Resolution 64/292, the United Nations General Assembly explicitly recognized the human right to water and sanitation, confirming that potable water and its sanitation are essential for the realization of all human rights. That is to say, it is a right in itself that forms part of the most fundamental conditions for survival; it being then a transversal right in the legal system, because its scarcity has an impact on other rights. Think in this regard that, in the absence of this water resource, rights such as life, health, food, education, work, among others, are threatened, hence its guarantee promotes the development of the other mentioned rights and in a Social State of Law such as ours, this type of guarantees are fundamental, particularly if one considers that it forms part of the first-generation Human Rights and the governmental function becomes recognizing and regulating it. "At the international level, the human right to water is recognized in various legal instruments such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child, also in International Humanitarian Law instruments, such as the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 relating to the victims of international armed conflicts, (Protocol I) of 1977, and the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 relating to the victims of non-international armed conflicts (Protocol II of 1977), as well as in Ministerial Declarations like the Mar del Plata Declaration of the United Nations Water Conference of 1979; Dublin Declaration on Water and Sustainable Development of 1992; Ministerial Declaration of the Kyoto World Water Forum of 2003; regionally in the European Water Charter of 1968; European Charter of Water Resources of 2001 and Recommendation 1731 of 2006 of the Council of Europe 'Europe's contribution to improving water management'; and the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, adopted in London in 1999 within the framework of the United Nations Economic Commission for Europe; African Charter on the Rights and Welfare of the Child of 1990; African Convention for the Conservation of Nature and Natural Resources of 2003; Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa of 2003; Charter of the Waters of the Senegal River of 2002; Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of economic, social and cultural rights (Protocol of San Salvador) of 1988."4 The foregoing evidences the importance given worldwide to the protection of this right and the need to guarantee its access to all persons. In our country, this Honorable Constitutional Chamber has always been clear on the importance of the right at hand, proof of which is that through the avenue of constitutional jurisprudence, it first recognized in 2003 water as a fundamental right associated with life, health, and later as a human right in and of itself, even before the United Nations did so with its recognition in 2010, as mentioned.5 In this sense, regarding the right at hand, our Constitutional Chamber determined in its day: " V.- The Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); moreover, it is enunciated in the International Conference on Population and Development of Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obliged in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ('Protocol of San Salvador' of 1988), which provides that: 'Article 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.' Furthermore, recently, the UN Committee on Economic, Cultural and Social Rights reiterated that having water is a human right which, besides being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights. VI.- From the preceding normative framework derives a series of fundamental rights linked to the State's obligation to provide basic public services, which imply, on the one hand, that persons cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of potable water, the ownership of an enforceable right for any individual cannot be sustained for the State to supply the public service of potable water, immediately and wherever it may be, but rather, in the manner provided in the same Protocol of San Salvador, this class of rights oblige the States to adopt measures, in accordance with the provisions of the first article of the same Protocol: 'The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, to the maximum of available resources and taking into account their degree of development, in order to achieve progressively, and in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol.' From this, it cannot be interpreted that this fundamental right to public services does not have concrete enforceability; on the contrary, when the State reasonably must provide them, the holders of the right can demand it, and the public administrations or, where appropriate, the private parties that provide them in their stead, cannot shield themselves behind alleged lack of resources, which has been the secular public excuse to justify the non-fulfillment of their duties. (...)"6 –emphasis added- This position has been maintained over time, for through Resolution Number 02563-2019 of 9:30 a.m. on February 15, 2019, this Chamber indicated the following: "V. On the right to potable water. This Constitutional Tribunal has recognized in its jurisprudence that the right to life and health are fundamental rights whose enjoyment requires access to potable water. For a human being to enjoy health, a set of minimum necessary conditions must be guaranteed to achieve an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance, as well as to prevent the emergence of dysfunctions that alter their full growth and development. One of those conditions is precisely the supply of water suitable for human consumption. Hence the duty of the Costa Rican State, in general, and of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in particular (see Articles 1 and 2 of Law No. 2726 of April 14, 1961), to guarantee to all persons, progressively and without discrimination, access to potable water, to satisfy their basic needs (Judgment No. 2012-010712 of 9:15 a.m. on August 10, 2012)." –emphasis added- Based on the foregoing, the guarantee implied by having the regular provision of this resource is clear, with a view to promoting and safeguarding other human rights of great importance, such as life, health, food, education, work, among others; the Costa Rican State being constrained, not only by its international commitments, but particularly by its commitment to the inhabitants, to guarantee dignified access to this resource. Having made this preamble, we proceed to present the report required by this Honorable Constitutional Tribunal regarding the matter at hand. 3. TECHNICAL CRITERION ON THE FACTS UNDER STUDY IN THIS AMPARO REMEDY In relation to the problem of inadequate potable water supply in the community of Alajuelita, it is necessary to indicate that the Defensoría is in the investigation phase of this matter based on all the complaints received –which will be referenced in the following epigraph–, that is, the final report with recommendations has not yet been prepared and, it is in response to your technical requirement, that what has been accredited up to today is shared, taking this as a basis to refer to the specific facts of the amparo remedy at hand: 3.1. On the intervention of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: In the period between the months of February, March, and April 2024, the Defensoría has received the following complaints against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (hereinafter AyA) for the suspension of the potable water supply service, all from the Alajuelita area: - Sra. Nombre67955, case file 436561-2024-RI - Sra. Lady Vanesa Portillo Alvarado, case file 439218-2024-RI - Sra. Nombre67956, case file 439351-2024-RI - Sr. Nombre67957, case file 440260-2024-RI - Sra. Nombre67958, case file 440410-2024-RI - Sra. Nombre67959, case file 440909-2024-RI - Sra. Wendy Alejandra Díaz Loaiza, case file 441241-2024-RI - Sra. Nombre67960, case file 441241-2024-RI - Sr. Nombre67961, case file 441675-2024-RI - Sra. Nombre67962, case file 441673-2024-RI - Sra. Nombre67963, case file 441671-2024-RI - Sra. Nombre67964, case file 441667-2024-RI - Sra. Laura Verónica Monge Mora, case file 441660-2024-RI - Sr. Luis Steven Mora Ugarte, case file 441658-2024-RI - Sra. Nombre67966, case file 441657-2024-RI - Sra. Nombre67967, case file 441656-2024-RI - Sra. Nombre67968, case file 441654-2024-RI - Sra. Nombre67969, case file 441653-2024-RI - Sra. Nombre67970, case file 441651-2024-RI - Sra. Nombre67971, case file 441650-2024-RI - Sra. Nombre67972, case file 441648-2024-RI - Sra. Nombre67973, case file 441681-2024 - Sra. Nombre67974, case file 441679-2024-RI - Sr. Nombre67975, case file 441677-2024-RI - Sra. Nombre67976, case file 441683-2024-RI - Sra. Nombre67977, case file 441684-2024-RI - Sra. Nombre67978, case file 441694-2024-RI - Sr. Nombre67979, case file 441696-2024-RI - Sr. Nombre67980, case file 441698-2024-RI - Sra. Nombre67981, case file 441699-2024-RI - Sr. Nombre67982, case file 441701-2024-RI - Sr. Nombre67983, case file 441703-2024-RI - Sra. Nombre67984, case file 441704-2024-RI - Sr. Nombre41840, case file 441705-2024-RI - Sra. Nombre67985, case file 441707-2024-RI - Sra. Nombre67986, case file 441708-2024-RI - Sr. Nombre67987, case file 441711-2024-RI - Sra. Nombre67988, case file 441718-2024-RI - Sra. Nombre67989, case file 441721-2024-RI - Sra. Nombre67990, case file 441727-2024-RI - Sra. Nombre67991, case file 441728-2024-RI - Sr. Nombre67992, case file 441736-2024-RI - Sra. Nombre67993, case file 441730-2024-RI - Sr. Nombre67994, case file 441748-2024-RI - Sra. Ariane Pamela Bermúdez Marín, case file 441749-2024-RI - Sra. Nombre67995, case file 441750-2024-RI - Sra. Nombre67996, case file 441751-2024-RI - Sra. Nombre67997, case file 441752-2024-RI - Sra. Nombre67998, case file 441753-2024-RI - Sra. Nombre67999, case file 441754-2024-RI - Sra. Nombre68000, case file 441755-2024-RI - Sr. Nombre68001, case file 441756-2024-RI - Sr. Nombre68002, case file 441824-2024-RI - Sra. Nombre68003, case file 441841-2024-RI Based on the complaints received, the Defensoría requested from AyA information related to the schedules in which the inhabitants receive the potable water supply, to indicate if that schedule has been interrupted and what the reasons are, if the population is informed of the service suspensions and by what means, projects to be executed and within what timeframe. AyA has responded to the inquiries in the following terms: A. Detail of actions by AyA known to and/or required by the Defensoría de los Habitantes: A.1. Reports: The Defensoría received the following reports from AyA:  Response to official communication GG-CS-2024-00087 dated February 28, 2024, Chorotega Urbanization Sector, Alajuelita, signed by Carlos Camacho Soto, Operation and Control GAM Aqueduct, and José Daniel García, GAM Project Execution: "2. Benefits of well drilling and actions the institution has taken to provide water service to the affected communities In relation to what is requested in point four: 'indicate if, as a result of the well drilling, any of that water available will benefit the aqueduct that supplies Alajuelita. If not, indicate which project would benefit that community and within what timeframe it would come into effect', to improve the service in the sectors supplied by the Bello Horizonte tank, the Chorotega urbanization being a direct sector, and to reduce the effects, some immediate operational measures have been taken. Among these measures, and particularly for the distribution of the resource at a geographical level, it can be indicated that with the available infrastructure, transfers were made between the systems. On a daily basis, the following operational maneuvers were carried out: a. Transfer of water volume between the La Valencia and Bello Horizonte systems, executed by activating pumping equipment, to allow the entry of water from the La Valencia system and reinforce the Puente de Mulas system, to which the Bello Horizonte tank belongs. This contribution had to be reduced from late January when, due to damage caused by a third party, a source in Guadalupe was contaminated, meaning part of the La Valencia reinforcement had to be used to transfer water to Tibás, which receives water from the Guadalupe Plant, and redistribute this contribution among the affected zones as equitably as possible. b. Rationing is carried out in the San Juan de Dios de Desamparados System and the Alajuelita System, which are reinforced by Puente de Mulas through Bello Horizonte, to distribute the available water among the 3 zones as equitably as possible. c. A pressure control was executed through calibration of pressure control valves. By calibrating the valves to a lower set point, the amount of water lost in leaks and unnecessary consumption by the population decreases. d. A redistribution was made of the schedules for the operational maintenance tasks of the potabilization plants at times when the systems present lower demand and, therefore, reducing the impact of these processes on production. Regarding the possible benefit derived from the implementation of new wells for the supply system ME-A-19 Puente Mulas, which supplies water to the Chorotega Urbanization, it is highlighted that the institution is currently managing projects to increase the flow rate. The objective is to effectively address the existing problem in the area. To obtain detailed information, Annex 5 is attached, which contains the scheme of 'Current Projects for the Benefit of Alajuelita'. 3. Current interruptions and reasons for supply shortages in Alajuelita In relation to what is requested in point five: 'Indicate the reasons why there is a supply shortage in the Alajuelita area.' Indicate the reason why the canton has presented potable water supply problems, the following is reported: a. El Niño Phenomenon The Alajuelita sector is supplied by the Puente Mulas system, which is one of the 31 systems of the Metropolitan Aqueduct (AM) and is reinforced with water from the La Valencia and Tres Ríos systems; however, it has been affected by the problems associated with the decrease in production sources, which is a product of the dry season, due to the lack of rain. This situation is particularly more sensitive at times of the year when the country is under the influence of the El Niño phenomenon, as has occurred since last year, according to what the Instituto Meteorológico Nacional indicates in its ENOS report (See Annex 6). With the reduction of rains, the flows of the sources are reduced, and with that, the production flows that can be extracted from them are reduced. In addition to this, when the dry season consolidates, there is an increase in population consumption. The influence of the El Niño phenomenon also generates, during the transition season and rainy season, heavy rains that produce the dragging of sediments and other materials which, depending on their physicochemical characteristics, may cause the raw water to exceed the maximum organoleptic parameters that can be potabilized, which implies that this resource cannot be used as it would not meet the regulations in force for it to be considered potable water suitable for human consumption. In 2023, as a result of the completion of projects, it was possible to increase the supply of water resources, as visualized in figure 6; however, even having increased the number of available sources through the operation of these completed projects, for the months of September to December, productions were obtained that were even lower than those recorded in 2022. This is due to the influence of the El Niño phenomenon. The water deficit is caused by an external factor, such as global climate change, impacting the recharge of the sources that the Institution takes for potabilization. b. Water transfer For the specific case of Alajuelita, it is supplied with water produced in the Puente de Mulas system, whose sources are located in Belén, and which is stored in the Bello Horizonte tank. The water is transferred from a chain of pumping stations; this is because there are no water sources in this canton that can be directly used for human consumption. Therefore, the supply of the area is linked to these pumping systems working continuously. If the electrical flow is interrupted or a breakdown occurs in the pipes that conduct the water through said chain at any of its points, the service can be affected. c. Instability of demand behavior The behavior of water demand has not been stable, that is, it is variable during the hours of the day. During the night hours, when most of the population sleeps, demand is much lower than average production. For this reason, the water that is not consumed accumulates in the storage tank, and the level rises. Then, in the early morning or morning hours, the strongest demand begins, so much so that it exceeds average production. The sources cannot produce more than their capacity, and therefore, the tank supplies the difference, and with that, the tank level begins to drop. It is important to emphasize that when the Bello Horizonte tanks run out of level, there is an immediate impact on the entire system. d. Topographically high sector The Alajuelita sector, within its pressure zone, corresponds to one of the topographically highest sectors, so there is an additional difficulty in being able to deliver the water, a situation that affects cases when there are shortages, that is, when the available water that has been stored during the nights (when a lesser amount of water is consumed), is consumed in its entirety. Conclusions • The supply shortage in Alajuelita is affected by external factors such as the El Niño phenomenon and the variable demand of the population. • The Institution has taken immediate operational measures to improve supply, but certain factors are beyond its control. • The effects have several components that are not under the control of the Institution, such as the decrease in production sources, influenced by climate change, and the demand of the population, which includes its variations in distribution over time and spatial location. The Institution has taken immediate measures at several levels to improve the supply conditions of the sector and the effects on this sector: communication to the population through institutional channels, at the operational level, and in terms of investments to reduce the effects experienced by the population of this system."  Response to official communication 02980-2024-DHR dated Dirección7550, Dirección7551 Sector, San Josecito de Alajuelita, signed by Roy González Valverde, Operation and Control Engineer of the GAM Aqueduct: "It is evident that a fixed schedule cannot be established for the water supply, since the shortages are caused by supply failures resulting from an increase in consumption that causes a loss of level in the storage tank and not by controlled rationing through valve manipulation. Communication with the population is carried out through supply shortage bulletins, which offer schedule estimates. Service interruptions are notified through bulletins with approximate schedules, which are adjusted in case unforeseen events occur, such as failures in the electrical supply at pumping stations. Additionally, additional causes of the supply shortage are identified, such as hydrocarbon contamination in Guadalupe and an increase in consumption during the dry season. Two well drilling projects, Goal 1 and Goal 2, are highlighted as medium-term solutions to improve water supply in the area. These projects will directly benefit the population of Alajuelita with an estimated production of 9,504,000 liters daily and are expected to come into operation in the second half of 2024. Their implementation will significantly contribute to mitigating the supply shortage problems in the community. 2. Indicate if, when the schedule is not met, the population is informed and by what means. Yes, they are informed. In the case of service suspensions in the Metropolitan Aqueduct, they are announced to the population through service suspension bulletins, which are disseminated to the population through the official channels that have been arranged for that purpose (for example: 800-REPORTE Line, social media, Institutional website, AyA mobile device applications, etc.). Service suspensions are categorized into two groups: a. Scheduled suspensions: These are those suspensions that require closures and impacts on users to carry out some work, for example, tank washing, interconnections, valve installation, among other activities that must be scheduled. In those cases, it is necessary to notify the population two days in advance according to the ARESEP regulation so that users can prepare with the desired advance notice. b. Unforeseen suspensions: Unfortunately, these are suspensions where impacts on the Aqueduct occur suddenly, and due to the impact, the bulletin must be issued with the aim of alerting users that a situation exists and is being attended to, as well as the expected hours of impact. In the case of scheduled suspensions, users can plan and ideally store only the necessary resource for the suspension period. Unforeseen suspensions can occur due to leaks, but they can also occur due to unforeseen reductions in production sources, making it complex to anticipate the possibility of a supply shortage far in advance. 4. Indicate the reasons why there is a supply shortage in the area where Mrs. Araya lives. There are a series of causes that have generated supply problems in Alajuelita. In the first instance, when hydrocarbon contamination occurred in Guadalupe, there was an impact due to a decrease in the pumping carried out from the southern tanks to Alajuelita, which caused supply problems. Furthermore, due to the topographical conditions of the Alajuelita sector, which is located in an elevated area, water reaches this sector through a chain of pumping, which begins in Belén de Heredia and passes through several stations, until finally reaching the users of Alajuelita. When a failure occurs in the electrical power supply and pumping is interrupted at any of the stations, supply problems are generated in Alajuelita. Finally, there has been a significant increase in consumption due to the dry season throughout the Alajuelita sector, leading to an increase in supply shortages. Conclusions 1. There is no stipulated schedule for the water supply in Dirección7551, San Josecito de Alajuelita, due to supply shortages caused by increased consumption that causes a loss of level in the storage tank. However, the population is informed through supply shortage bulletins, offering schedule estimates and supply alternatives such as tanker trucks and communal tanks. 2. The schedules of service shortage are estimated based on pressure data and tank levels, but can be affected by topographical conditions and unforeseen events such as a lack of electrical supply at pumping stations. In such cases, communication to the population is extended through official means. 3. Water service suspensions are reported to the population through official channels such as the 800-REPORTE Line, social media, the institution's website, and mobile applications. These suspensions are categorized as scheduled, which are notified two days in advance, and unforeseen, which are notified with the aim of alerting users about the situation and its estimated duration. 4. The well drilling projects, called Goal 1 and Goal 2, will directly benefit the population of Alajuelita with an estimated production of 9,504,000 liters daily. These wells will come into operation in the second half of 2024, which will contribute to improving the water supply in the area. 5.

The reasons for the shortage in Alajuelita include hydrocarbon contamination in Guadalupe, impacts from failures in the electrical supply at the pumping stations, and an increase in consumption during the dry season. These factors have contributed to the supply problems in the area where Mrs. Araya lives."

Attention to official communication 02980-2024-DHR dated Dirección7552, Sector Dirección7551, San Josecito de Alajuelita, Eng. Sulmericcia Hernández Rodríguez, Expert Executive zone 1-MZO-GAM: "The Networks and Connections maintenance department handles the maintenance and improvements of the distribution networks and the water meter inventory; the points requested in the communication are not pertinent to the department's functions. However, we will refer to general topics of alternative water distribution via tanker trucks in Alajuelita and the minor projects (improvements) that have been executed, among them one located at Dirección7551. The following conclusions are drawn from the report:
• At the micro-distribution level, there have been no major repair events in the last two months that unexpectedly generate shortages.
• When shortages exceed the time established in the regulation, alternative supply is provided by means of tanker trucks, for which there are defined distribution routes.
• Distribution is also carried out in response to requests received on the 800 line that meet the requirements for distribution and requests received via community chat service.
• At the local level, local conditions have been detected, which have been corrected through system improvements.
• Tanker truck distribution
Regarding tanker truck distribution, depending on the service conditions in the area and based on what is established in current regulations, for cases where service suspensions are due to unforeseen situations such as leaks, or operational shutdowns of the Puente Mulas wellfield (source of the Bello Horizonte tank) due to lack of electrical power, and where the impact on users exceeds 8 hours, an alternative potable water distribution will be made by means of tanker trucks, for which there are defined distribution routes. When necessary, priority is given to medical and educational centers, which in this sector mostly have storage tanks. Distribution is also carried out in response to requests received on the 800 line that meet the requirements for distribution and requests received via community chat service. Some places that have recently required distribution are the distribution zones of Tanque el Alto and Bello Horizonte; some of the routes defined for this service are the following: (...)

Tanker truck distribution at the community's request
For the case of La Chorotega Residential Development. Every day the level of the community tank located in front of the Red Cross is checked; the population hardly uses it. The Red Cross is asked if it requires water in its tanks given their high consumption for washing stretchers and cleaning ambulances; however, they indicate that they do not need it, that their tank remains at a good level. Some images of the distribution are provided, as well as from the coordination chat; in one of the images, a map is provided where the streets by the INA are marked in yellow, and evidence of the instruction in the chat to distribute in that area.

Community tanks
In different points of Alajuelita, by way of example, the one located at Dirección7553, in front of the Alajuelita Red Cross, is shown.

Management of local conditions
In some locations, specific conditions affecting distribution have been detected. Three improvements were recently made:

1. Injection in Concepción: Locally, on January 23 of this year, a modification was made that increased the injection capacity to the pipeline that supplies the sector, improving service in the affected sector. Memorandum SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00106 is attached: "interconnection works between the 150-millimeter pipeline that feeds the sector and a nearby larger-diameter 700-millimeter pipeline. This interconnection increased the injection capacity to the pipeline that supplies the sector, improving service in the affected sector."

2. Branch in San Felipe: a 75m branch in 50mm with injection to a 100mm pipeline, to resolve low pressure in 5 houses located at Dirección7554.

3. Branch in Concepción: located at Dirección7551, 300 m of pipeline in 50mm, in order to improve low pressure for 23 users.

Conclusions
• At the micro-distribution level, there have been no major repair events in the last two months that unexpectedly generate shortages.
• When shortages exceed the time established in the regulation, alternative supply is provided by means of tanker trucks, for which there are defined distribution routes.
• Distribution is also carried out in response to requests received on the 800 line that meet the requirements for distribution and requests received via community chat service.
• At the local level, local conditions have been detected, which have been corrected through system improvements."

A.2. Attention to the case of Mr. Nombre67957, 440260-2024-RI:
On April 15, 2024, the Ombudsman's Office received an electronic mail from Mr. Nombre67954, stating that he suffers from a disability and that he has been without water for more than 24 hours for several days, and that at times it only comes from 5 a.m. to 7 a.m., so he does not have time to collect water for bathing or cooking, and because of his disability, he cannot reach the tanker truck when it passes by his street. Based on the received email, several electronic mails were sent to Mr. Henry Ulate, advisor to the Executive Presidency of AyA, Eng. Iván Paniagua, and Eng. Alejandro Calderón, Deputy Manager of System Management GAM, reporting the specific case of Mr. Nombre67954 and requesting specific actions to guarantee the water supply to the resident. Eng. Iván Paniagua replied in an electronic mail dated April 22, 2024, that they had already spoken with the gentleman and that, thanks to some operational maneuvers carried out that day, he now has water, and that normally that sector has water until 8:00 a.m. He points out that the sector where the gentleman resides has been identified as highly deficient and that they are analyzing a change of pressure zone to improve the water supply. In an electronic mail dated April 23, 2024, Mr. Nombre67954 stated that, thanks to the efforts made, they are now supplying him water for longer periods. However, it should be noted that the institution itself points out that this sector has water until 8:00 a.m., this being "normality." It is in situations such as the one described, used as an example, that the lack of water resources for more extended hours is evident, as well as the institutional view of the normality of service until the cited time, a position that is detrimental to a public service that is continuous, efficient, and adapted to the social needs it satisfies, and to equality in the treatment of recipients, in the terms of Article 4 of the General Law of Public Administration.

A.3. Other actions taken by the Ombudsman's Office:
One of the preventive and extraordinary defense strategies used by the Ombudsman's Office to provide timely and effective attention to people potentially affected by situations of risk, threat, or serious or imminent violation of human rights is the "Early Warning" (Advertencia temprana), which, in accordance with the Regulation for the attention, processing, and registration of complaints, claims, and queries of the inhabitants of the Republic, is defined as the strategy whose purpose is to prevent, predict, and mitigate impacts or violations of the rights of the inhabitants. Considering the above, in 2023 and 2024, the Ombudsman's Office issued official communication 02080-2023-DHR dated March 1, 2023, and 01792-2024-DHR dated February 22, 2024, which belong to case files 409986-2023-RI and 436412-2024-RI respectively, and which refer to early warnings, especially considering the repeated demands of the population for access to potable water in adequate quality and quantity, given the constant situations of service interruption without prior notice by AyA authorities during the dry season. In those communications, the Ombudsman's Office requested information on how the institution was preparing to face the dry season in communities where supply problems occur every year. In official communication 12495-2023-DHR dated December 20, 2023, an early warning report for 2023, the Ombudsman's Office determined that it would continue to follow up on the actions taken by AyA during 2024 to ensure the human right to water for the different populations of the GAM, both in the efforts carried out for the structural solution of the problem and in the attention to specific cases of shortage that arise. Similarly, communities where water rationing (racionamientos) will occur were urged to make responsible and supportive use of water when they have service supply; and everyone, in general, was urged to become aware that it is necessary to save water, even if they have the resource, because the irresponsible or excessive use by one person can result in their neighbor not being able to consume water at all that day. For the year 2023, through official communication 12495-2023-DHR dated December 19, 2023, the "2023 Early Warning Closure Report" was made, from which the following information of interest emerges: As indicated in the previous communication, AyA sent, throughout the entire time the early warning was maintained, a weekly press release every Friday indicating the days, hours, sectors, and population affected by the suspensions for the following week, as defined by the Operational Sub-Management, as well as other communication strategies. Notwithstanding the above, and despite the fact that AyA sent the communication every week, the Ombudsman's Office received complaints because, according to the affected population, AyA did not respect the indicated schedules. In that regard, complaints were received from the sectors of Coronado, Mata de Plátano, Ipís, San Jerónimo de Moravia, and Alajuelita. (...) Right to information of communities and effects of climate change on water sources Based on what was indicated by AyA, the Ombudsman's Office has observed that significant efforts are made regarding projects, incorporation of new supply sources, leak repair, and others; however, the greatest problem found from this early warning is the annoyance of the communities with AyA for the non-compliance with what was indicated in the different media regarding supply schedules. The complaints indicated that the inhabitants prepared when they knew the schedules in which they would not have potable water, but non-compliance prevented them from fulfilling the activities planned for the day. Regarding this issue, the Ombudsman's Office considers that for the next year 2024, AyA must make efforts so that what is reported to the communities is consistent with reality and explain, in clear, simple, and understandable language for the entire population, regardless of their educational level, the difference between shortage (desabastecimiento) and rationing (racionamiento). Likewise, AyA must explain the effects on water sources of the El Niño phenomenon during the next summer, as well as the impact of climate change. (...) Climate change will be a constant in the world; in Costa Rica, AyA must carry out actions different from those carried out so far to be able to face the impacts of this phenomenon. Actions such as protecting watersheds to conserve, improve, or recover them; promoting rational and efficient use of the resource; being more efficient in service provision; including comprehensive risk management associated with water; reducing pollution; and strengthening institutional capacity and governance, are some of the things that could be worked on for this purpose. (...)" – emphasis added-

A.4. Considerations of the Ombudsman's Office regarding the Alajuelita cases:
Although, as indicated at the beginning of this Section 3, the Ombudsman's Office is in the process of preparing a final report with recommendations regarding the interventions on the problem of potable water supply in Alajuelita, it has been able to verify that the actions taken by AyA have not been sufficient or timely to provide a service in adequate quantity for the population. An example of this is the 54 complaints referred to at the beginning of this report, received between late February and April 2024. The community of Alajuelita has been facing a critical situation regarding potable water supply, as reflected in the complaints filed by community residents due to scheduled and unscheduled rationing, non-compliance with indicated schedules, extended periods of shortage, the difficulties faced by the population in receiving water distribution from tanker trucks, and the consequent impact on their rights. In 2023, complaints were also received from this community, totaling 16 requests for intervention. This shortage is due to multifactorial causes, some being external, such as the El Niño phenomenon, an increase in population demand, a decrease in production sources, changes in rainfall patterns, as well as disorganized territorial planning and a lack of protection in aquifer recharge zones. However, it is particularly due to inadequate planning, lack of project execution, and lack of coordination within the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). As indicated, these conditions negatively affect the provision of the potable water supply service in Alajuelita, which, in accordance with Article 4 of the General Law of Public Administration, must be subject to the fundamental principles of public service to ensure its continuity, efficiency, adaptation to any change in the legal regime or social need they satisfy, and equality in the treatment of recipients, users, or beneficiaries. Likewise, in accordance with Article 5, subsection c) of Law 7593, Law of the Regulatory Authority of Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), and in accordance with Article 9 of AyA's service provision regulations, the potable water service must be provided "within the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach"; however, this is not being achieved in Alajuelita. AyA has reported on the actions implemented to address the problems related to water supply in Alajuelita, which include continuing information campaigns to change consumption habits, promoting the development of projects that introduce new water sources to reinforce existing systems, informing the population about the status of the Metropolitan Aqueduct (Acueducto Metropolitano), promoting the development of projects that will bring new water sources to the sector when existing sources are in deficit, and other palliative measures to address the situation in the short term. Likewise, AyA reports that there have been no major repair events in the last two months, as well as distributions in response to requests received on the 800 line that meet the requirements. It adds that operational maneuvers have been carried out, such as the transfer of water volume between the La Valencia and Bello Horizonte systems. Rationing is carried out in the San Juan de Dios de Desamparados System and the Alajuelita system, which are reinforced by Puente de Mulas through Bello Horizonte to distribute the available water among the 3 zones as equitably as possible. Pressure control is performed by calibrating pressure control valves to avoid unnecessary consumption by the population. A redistribution of schedules for the operational maintenance tasks of potabilization plants was made during times when systems have lower demand, thereby reducing the impact of these processes on production. However, the Ombudsman's Office considers that the efforts made have not been sufficient and that adequate or more efficient planning and execution of medium- and long-term infrastructure projects to improve the water and hydraulic capacity of the aqueduct systems could have contributed to meeting the demand for potable water service, even in the dry season. Based on what AyA indicated in its reports, the Ombudsman's Office has identified short-term, palliative actions to resolve supply problems in communities like Alajuelita; however, these actions do not resolve the existing structural problem. To date, the effective execution of actions for a definitive solution to the problem has not been identified. In fact, in previous years, the Ombudsman's Office has drawn AyA's attention to the lack of foresight in implementing measures to satisfy the population's supply needs, so as to guarantee water supply to communities that, year after year, suffer from rationing for extended periods and other service impacts, with the consequent negative impact this entails for the full enjoyment of the human right to access potable water, the right to health, education, and development, among others (Case Files 313166-2020-SI and 409986-2023-RI, both from the Ombudsman's Office). As an indicator of a lack of project planning, the Ombudsman's Office has heard complaints from the residents of Alajuelita from previous years, such as case files 417525-2023-RI, 415859-2023-RI, 417830-2023-RI, 417526-2023-RI, -417528-2023-RI, 417529-2023-RI, 417532-2023-RI, 417534-2023-RI, 417533-2023-RI, 417535-2023-RI, 417536-2023-RI, 417539-2023-RI, 417544-2023-RI, 417546-2023-RI, 417548-2023-RI, 417764-2023-RI, which show the repeated lack of planning, as well as non-compliance with supply schedules, and lack of clear and assertive communication from AyA, to the detriment of the right to information of all people living in the affected communities, especially those in vulnerable conditions, such as children, older adults, people with disabilities, pregnant women, bedridden patients, and other populations. AyA also reported on the actions to be implemented in the area to improve service, such as the new wells for the ME-A-19 Puente Mulas supply system, which supplies water to the La Chorotega Residential Development, as well as short-term actions, such as expanding the production of the Metropolitan Aqueduct through the implementation of new wells in San Rafael de Alajuela and the drilling of wells, Goal 1 and Goal 2, with which an increase in liters per second is estimated and which are expected to come into operation in the second half of 2024. For the medium term, the reduction of the unaccounted-for water index; and for the long term, supply for the Metropolitan Aqueduct, Fifth Stage. The Ombudsman's Office will provide specific follow-up to each of the mentioned projects so that the service provision in said community adjusts to the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, as established in the regulation governing the service, with the objective that all people can fully enjoy their human, basic, and inalienable right to access potable water, as indicated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) itself in various rulings. Based on the information that has been collected, the Ombudsman's Office further considers that AyA must urgently implement the actions required for comprehensive planning of investment needs and improvement of service provision, as well as efficient execution of the projects and infrastructure works necessary to satisfy current and future service demand for Alajuelita and all affected communities, in order to effectively guarantee the human right to access potable water. Finally, regarding what was stated in the appeal by the appellant, "The neighboring people of the community of Alajuelita have been subject to discrimination and violation of their human dignity by being denied a fundamental human right, which is access to potable water. This denial has been justified with general arguments such as the increase in droughts, which do not explain why shortages occur only in impoverished and more vulnerable communities of vulnerable groups in the Province, and do not occur in the more privileged neighboring cantons." Regarding this particular matter, this Ombudsman's Office does not have data to support or refute what was stated; hence, a technical opinion cannot be issued on this specific aspect. 3.2. Regarding the intervention of the Municipality of Alajuelita and its competencies in addressing local needs and interests For the Ombudsman's Office of the Republic of Costa Rica, the identification of the leadership role of local governments as the entity called to direct, guide, and articulate efforts in the actions of the different actors converging in a territory is clear, in order to address and provide an effective response to the different needs and interests of its community to promote and guarantee its development. This responsibility has been defined by the Costa Rican legal system, with municipalities having a relevant role in the management and administration of local interests and services. In our country, each canton has a municipality, and it is the institution through which the inhabitants promote and manage their own interests and needs. In accordance with the provisions of Articles 169 and following of the Political Constitution, Municipalities are autonomous entities whose broad competencies are focused on the administration of the local interests and services of each canton, for the benefit of the community. Article 6 of the Municipal Code establishes the obligation for both municipalities and other State organs and institutions to coordinate the projects or programs they carry out in the cantonal territory. And for its part, the Construction Law No. 833 of November 2, 1949 (Ley de Construcciones N° 833), states that "the Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other populated areas meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public roads and in the buildings and constructions erected on their lands, without prejudice to the powers granted by law in these matters to other administrative bodies." Hence the relevance of acting in accordance with the principle of State coordination, preliminarily understood and supported in Article 140, subsection 8) of the Political Constitution, according to which the Executive Branch is responsible for "overseeing the proper functioning of administrative services and dependencies" and aims to achieve unity of the State's administrative action; but which, contained in the principle of efficiency and effectiveness, has been expanded to inter-institutional coordination that goes further, to include the entire decentralized sector, both sectorally and territorially. In this regard, through opinion number C-171-2012 of July 5, 2012, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) has established the following: (...) Having that clear and making a detailed reading of the report submitted by the Municipality of Alajuelita on the occasion of the judicial action now summoning them, no specific action is identified on the part of said local government, precisely exercising that role of leadership, coordination, and/or articulating entity in order to address the need for potable water for its community. The Ombudsman's Office is not unaware of AyA's direct responsibility in guaranteeing the public service, but neither is it unaware of the municipality's responsibility to manage actions for that purpose. On the contrary, a report is seen where the local government itself even presents itself to this Court as one of those affected by the lack of potable water supply. Instead of becoming the closest and most accessible authority for the population, promoting the articulation of different actors with the competent institutions, the community, the private sector, and others, the Municipality of Alajuelita is not seen as an entity that favors communication, in this instance between AyA and the community, even becoming the voice of the different affected localities. Since the local government has the responsibility and legal obligation to be the defender of the community's interests and promote its development, a call is made to redirect its actions towards its legal mandate, that is, addressing local needs and objectives.

3.3. Regarding the intervention of ARESEP for the specific case of the community of Alajuelita:
According to the provisions of Articles 4 and 5 of the Law of the Regulatory Authority of Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), No. 7593, among the fundamental functions and objectives of ARESEP is to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to provide these services optimally. In this regard, in 2022, ARESEP prepared a diagnosis of AyA's Aqueduct Service, which concluded: "that the institution presents a 57% loss of potable water, that the execution of investment projects or works is incomplete and takes 10 to 15 years, and that 80% of the meters present an under-recording of consumption." It also warned about the absence of records of large consumers and consumption levels, as well as institutional planning oriented towards asset replacement, along with the rejection of service availabilities, and that 70% of the aqueduct systems present water stress (estrés hídrico). It was also concluded that there are failures to verify water quality in all service providers in the country, and an absence of a strategy to keep water quality information updated annually by the National Water Laboratory (Laboratorio Nacional de Aguas). Finally, the diagnosis highlights the need for refinancing of credit obligations associated with investment projects or works. For the sake of public health and in compliance with legally established competencies, ARESEP has the responsibility to ensure that the providers of potable water supply services offer a quality service. Hence the strict follow-up and demand for compliance that said entity must give to each of the conclusions reached by the cited report, in order to ensure that service provision will comply with current standards of quality, continuity, timeliness, and reliability. Therefore, although ARESEP states in its report that there are no complaints about water shortage, it is its responsibility, as part of its functions, to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to provide these services optimally. Thus, it cannot justify its non-intervention by the absence of complaints to prompt its actions, which must be proactive and ex officio, striving at all times to address and strictly follow up on each of the conclusions of the aforementioned report, as indicated in the preceding paragraph, and particularly, compliance with the provisions of the Technical Regulation for the provision of aqueduct, sanitary sewer, and hydrant services (Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante) prepared by that same public body and mentioned in its report. Such is its responsibility, and this Honorable Constitutional Court confirms it, that even though the appeal was initially directed against AyA, the Constitutional Chamber, by means of the resolution at 1:02 p.m. on April 18, 2024, expanded the course of the process and requested that ARESEP render a report on the facts alleged by the appellant. Based on the foregoing, the Ombudsman's Office renders the requested report and remains at the disposal of this honorable Constitutional Chamber to attend to any request for additional information.

I designate for notifications the email address duly accredited before the Secretariat of the Supreme Court of Justice ...2574. Likewise, the telephone number Telf877 is provided for any additional diligence occasioned by this matter."

11.- In the proceedings conducted, the legal requirements have been observed.

Written by Judge Rueda Leal; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER. Given that the president of the Municipal Council of Alajuelita failed to respond to the hearing within the deadline set by this Court in the order admitting this sub lite matter, in accordance with Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law, the appeal shall be resolved based on the other briefs and evidence submitted to the case file.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant mentions that, for approximately a year in Chorotega de Alajuelita, the ICAA has frequently suspended the public drinking water service, without prior scheduling notice and for periods that often extend up to 24 hours. She indicates that this indiscriminate suspension has extended to the other districts of the canton since March 2023, thus encompassing all of Alajuelita. She notes that this situation has worsened in the last three months. She maintains that the public is not informed of the service suspension and restoration schedules, which leaves people in a state of insecurity regarding when they will have the possibility of accessing the resource to organize their daily chores and responsibilities. She complains that: "Furthermore, the AyA does not have an established cistern supply program to supplement these cuts, which leaves the inhabitants of Alajuelita without any alternative on many occasions, completely depriving them of access to water." She requests that the ICAA be ordered to carry out the works and measures necessary to guarantee the water supply in Alajuelita.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent authority has failed to address them, as provided for in the initial order:

a) In report no. DFOE-AE-AI-00008-2018 "INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES" of September 5, 2018, the Comptroller General of the Republic stated:

"3. Conclusions

3.1. Since its creation in 1961, the AyA has had the responsibility of resolving matters relating to the provision of the country's drinking water service, in its capacity as operator, regulator, and delegator of the service. However, it has not managed to consolidate its function of directing, intervening in, and ensuring the correct administration, operation, maintenance, and development of drinking water systems, so that the provision of the service meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in accordance with the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equality in the treatment of service recipients.

3.2. Within this framework, the rating of the drinking water service of 4.45 out of 10 in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized vision of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in the provision of the service, to ensure the protection and restoration of violated rights.

3.3. Furthermore, this situation shows that from an ethnically and culturally sensitive approach, there is a lack of further progress in the application of good practices in the administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems, which would guarantee their sustainability for the provision of the drinking water service to vulnerable communities.

3.4. The situation found fosters conditions of poverty, health impacts, and affects productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being that would allow overcoming the vulnerability conditions of the population. Thus, the improvement in quality is relevant as this constitutes a fundamental service for these communities, in which protecting the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration is of interest." (See documentary evidence).

b) By official communication IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called "ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)" issued by Aresep, it was concluded:

"(...) regarding the financial balance of the aqueduct service, although sufficient liquidity currently exists to attend to the provision of the service, in the medium term, it will be severely compromised, given the directives implemented by the AyA to use cash flows from depreciation and revalued depreciation (asset replacement) to meet the financial obligations associated with investment project initiatives, which have seen the grace period (deadline to construct the work) expire, which begins to generate a financial expense, without a solution to the users' needs (absence of a project) being available to date.

Additionally, the financial balance of a public service must reflect the result of efficient and effective management regarding investments, costs, and economic expenses incurred in complying with pre-established quality standards and norms in the provision of the aqueduct service.

In the case under analysis, evidently, having a 57% loss of drinking water, investments with execution timelines of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to timeline lapses throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment bidding processes without guarantees and protection of committed public resources, absence of institutional planning oriented toward the replacement of assets that have reached the end of their useful life, presence of services without metering, rejections of service availability, and 70% of systems with water stress, among other factors, allows the conclusion that the financial balance of the service cannot be achieved at any cost (...)

It is important to note that the cash flow for development is oriented toward meeting investment needs and repaying financial obligations (interest expense) acquired by the provider to finance the portfolio of infrastructure projects. In this sense, not having complete information that validates and allows traceability of costs and changes in the scope of investment projects during the 2018-2024 period subjects the service provider to an inability to meet its obligations to users in the near future (new investments) and to creditors (pending debts).

For this reason, the Regulatory Authority has been emphatic since 2021, through various official communications and technical audits, that the AyA must modify its project management in such a way that it allows for information to be available, guarantees traceability from internal approval to execution, corrects the timelines for addressing user needs, validates project information in the accounting capitalization reports, updates the approval and monitoring system of Mideplan and the Aresep investment plan, and guarantees to users that every colón incorporated into tariffs related to investments corresponds to transparent, reliable, timely, efficient, and effective management.

6. The level of return for development obtained by the AyA (Return in dollars: 6.71% and Return in colones: 9.4%) is lower than the cost of indebtedness assumed and incorporated into this study for the AyA (...), which has a series of implications for the service, such as: It is exposing the public aqueduct service to bear a cost for the acquired debt that is higher than its capacity to generate resources for its repayment, which is transferring operational and financial risk to the users. The cost of debt associated with long-term projects above the level of return, coupled with the timelines for materializing a real solution to the problems of supply or service availability, has caused the user to assume a high social cost, a lag in development opportunities, and a driver of territorial and socio-economic inequalities.

7. The AyA must carry out a process of refinancing or renegotiating its long-term debt, to guarantee more competitive interest rates and avoid a financial mismatch, as well as avoid assuming and transferring uncompetitive debt costs to associates, given that, although tariffs are set under the cost principle, in accordance with Article No. 3 of the Regulatory Authority Law, it should not be at any cost (...)

9. The capitalization request for the investment projects proposed for the aqueduct service for the 2018-2021 period was rejected, for an amount of ₡ 108,081.96, in accordance with the following criteria: 70% of the projects are not available, according to the operator, due to the absence of pre-investment documents, which does not allow traceability of cost levels, scope, and timeline during the pre-feasibility, feasibility, execution, and asset capitalization stages. Of the 30% of projects that attach some documentation, in most cases, it corresponds to the budgeted amount as of the study's analysis date, which mostly cannot be traced between the project and the assets intended to be capitalized. Much less can it be identified which projects are to replace assets and which are to expand or improve service provision; in turn, it is not possible to identify asset retirements associated with capitalizations due to substitution or replacements (...)

10. Given the inconsistencies noted in the investments proposed for capitalization by the AyA, and given the information problems associated with the 2018-2024 projects, ET-074-2018 is referenced. The foregoing will allow, on the one hand, not to transfer to users amounts associated with project initiatives that are not yet useful and usable or cannot be fully traced, and on the other hand, it alerts the provider to the risk that is materializing, given the inability to capitalize on investment projects, due to the financial and operational impacts caused by this mismatch of works and their financing, with an average interest rate of 13.5%.

11. The regulatory body reiterates to the AyA that, as part of the process of revaluating the assets that make up the tariff base, the value of this is 69% higher, without any corresponding consideration in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or for early retirement. However, the AyA has not redirected those amounts to attend to the replacement of those assets that have seen their useful life expire, especially in conduction and distribution pipes, as well as the modernization of the meter stock or the implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. Regarding the 57% of water that the AyA is charging users for, even when it is wasted onto sidewalks and roads through leaks, anomalies in user records and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to reduce those costs by 10% every two years, given that it is the obligation of a public service provider not only to offer the service with quality and comply with the principle of service at cost, which cannot be accepted when users are charged for water that is not correctly billed as a result of 80% of the hydrometer stock being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established tariff, water wasted through recurring leaks on sidewalks and roads of the country without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipes with more than 70 years of use, which are charged for as new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if efficient in the use of the water resource—which, it should be said, the AyA itself promotes protecting—would allow addressing many of the rejected service availabilities, avoiding so many supply cuts and even duplication of investments.

12. The under-registration of drinking water sales by the AyA is partly explained by the fact that 8 out of every 10 meters are in poor condition or have expired useful lives, which means that those costs for incorrectly recorded water sales end up being paid by all users of the service, regardless of the physical state of the meter, as a penalty on consumption and on the water resource savings made by families (...)

14. The AyA does not have a strategy that allows it to have annually updated water quality information for both the systems operated by AyA and those it has delegated to service providers such as Asadas, which means that the problems associated with the presence of parameters such as arsenic, iron, manganese, and molecules associated with agrochemicals are not addressed in time, and on the contrary, they only receive attention once the impact on water quality has materialized (...)" (the highlighting was incorporated). (See ad effectum videndi et probandi file 24-013228-0007-CO).

c) The Alajuelita area is supplied by the Bello Horizonte tank. (See documentary evidence).

d) At the Cruz Roja de Alajuelita facilities, a water tank with external faucets for public use was placed. (See documentary evidence).

e) On January 25, 2024, a group of people filed a submission before the Municipalidad de Alajuelita and the ICAA, in which they complained about the problems with the provision of the water service in that canton and requested its solution. (See documentary evidence).

f) On January 31, 2024, Name67954 sent an email to the Dirección General de Atención al Usuario of Aresep, reporting that water theft occurs in Alajuelita and that the ICAA does not resolve it. In response, the following day, it was communicated that, if they wished to file a complaint, they had to do so through the single window and meet a series of admissibility requirements. (See documentary evidence).

g) Between February 26 and March 11, 2024, the Bello Horizonte tank received operational outage reports, namely:

San José/ Alajuelita/ Concepción Bulletins from 02/26/2024 to 03/11/2024


| Consecutive | Start Time | End Time | Date |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2024521 | 10:00 a.m. | 1:30 p.m. | 02/26/2024 |
| 2024532 | 7:00 p.m. | 12:00 am (02/27/2024) | 02/26/2024 |
| 2024540 | 9:30 a.m. | 2:00 p.m. | 02/27/2024 |
| 2024318 o 2024547 | 7:50 p.m. | 01:00 am (02/28/2024) | 02/27/2024 |
| 2024552 | 8:30 a.m. | 4:30 p.m. | 02/28/2024 |
| 2024565 | 6:00 p.m. | 12:00 am (02/29/2024) | 02/28/2024 |
| 2024578 | 8:00 p.m. | 12:00 am (03/01/2024) | 02/29/2024 |
| 2024592 | 7:00 p.m. | 12:00 am (03/02/2024) | 03/01/2024 |
| 2024600 | 1:00 p.m. | 4:00 p.m. | 03/02/2024 |
| 2024606 | 6:00 p.m. | 12:00 (03/03/2024) | 03/02/2024 |
| 2024632 | 9:30 a.m. | 2:00 p.m. | 03/04/2024 |
| 2024718 | 8:30 p.m. | 12:00 am (03/09/2024) | 03/08/2024 |
| 2024723 | 1:00 p.m. | 7:00 p.m. | 03/09/2024 |

(See documentary evidence).

h) In the Chorotega urbanization sector, water distributions by cistern truck have been carried out at the request of the neighbors. (See documentary evidence).

i) The ICAA has defined water distribution routes using cistern trucks in Alajuelita, namely: "Alajuelita Routes FIXED Distribution: from 1-5, the locations of points 6 and 7 depend on the daily condition 1 Municipalidad de San José Dormitory (needed at 7 am, 5 hoses) 2 Cedes Communal Tank 3 La Toyita Communal Tank 4 Cruz Roja Communal Tank 5 Los Geranios Communal Tank (Targua) 6 Educational Centers (see list) 7 General Population 7.1 Ruta Concepción arriba: Poró, Lotes Paz, Vista Sn José, Vistas del Sur, super el Excelente y super el Éxito, Address7555 7.2 Ruta La Chorotega: La Chorotega, Antolina, Acapulco east and west, Urb. Name68004, Address7556 : Esquipulas, Targua, Geranios, Liceo de Alajuelita north side, La Paz, Address7557 : Don Omar, La Verbena, Los Pinos, La Aurora" (See documentary evidence).

j) The executive president of the ICAA maintains that this institute "has projected short, medium, and long-term actions for the supply of drinking water in these affected sectors. Currently, through the use of an electric generator, the utilization of about 80 liters per second from a recently drilled well in San Blas de Moravia is being achieved, and this contributes to the water intake for supply to the entire GAM. Specifically, as a measure that will help decrease or mitigate the limitations on water access during summer seasons, the utilization of the wells called Goal 1 and 2 is proposed, using electric generators, which is projected for an approximate period of two years. These wells already have water quality analysis and tests that evidence the quantity and usable flow. The activation of said utilization could improve and reduce the number of hours in which the population can have access to drinking water." (See report rendered under oath by the executive president of the ICAA).

k) In report no. DFOE-SOS-AID-00003-2024 "INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS" of April 12, 2024, the Comptroller General of the Republic concluded:

"3.1. The portfolio management of investment projects for the supply of drinking water and sanitation of AyA has not been effective in impacting populations in conditions of vulnerability, since only 1.6% of the country's districts with the greatest vulnerability condition, according to the 2023 Social Development Index, have investments programmed in sanitation, and only 16.7% in drinking water; likewise, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to AyA's 2021 Community Vulnerability to Drinking Water Index have programmed investment.

3.2. AyA has also not been effective or efficient in managing the portfolio's time, cost, and scope, as 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still in execution, which delays the attention of citizen needs, affecting the benefit for 2.8 million people in drinking water and 1.2 million people benefiting from sanitation projects in cities such as Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo, and Coco-Sardinal.

3.3. In turn, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in congruence with current and future citizen needs, as the design and management of AyA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence.

3.4. The inefficient portfolio management has led AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected given the lack of recognition of investment costs in the tariffs that sustain the services, causing the proportion of income allocated to payment of obligations to increase each year.

3.5. The results found limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge mainly in the context of populations in vulnerable conditions.

4. DISPOSITIONS

(...)

TO JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF AYA, OR WHOEVER IN HIS STEAD HOLDS THE POSITION

4.4. Design, disseminate, and implement a comprehensive portfolio governance model that contains at least: i) a portfolio risk management plan; ii) a portfolio recovery plan; iii) a reliable information system that provides integrated data on the time, cost, and scope of the portfolio components; iv) the portfolio adjusted and approved by the highest authority, in accordance with the administrative and technical execution capacity; v) periodic performance measurements throughout the life cycle of the portfolio, program, and project in accordance with MIDEPLAN guidelines and applicable regulations in force; vi) the prioritization criteria for the portfolio components, including criteria for populations in vulnerable conditions; and vii) the roles and responsibilities of each of the management stages of the portfolio and its components. Forward to the Comptroller General a certification on the design and dissemination of the governance model no later than April 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than April 30, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54).

4.5. Elaborate, disseminate, and implement a model for the improvement of institutional management, in coordination with the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, containing at least the guidelines for: i) management of financial resources; ii) design and improvement of systematic process management; iii) product and service results; iv) financial results; v) process results (organizational effectiveness); and vi) leadership results; in order to modernize its organization, processes, and procedures, and increase the efficiency, effectiveness, relevance, quality, sustainability, and productivity of its activities. Forward to the Comptroller General a certification on the design and dissemination of the Model no later than June 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than May 29, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54).

4.6. Elaborate, disseminate, and implement a roadmap toward financial sustainability, which includes the actions and instructions to be implemented for the financial management of the public investment portfolio, integrating at least: i) financial sustainability indicators for the investment portfolio and the organization; ii) measurement, monitoring, and control mechanisms and their frequency; iii) preventive limits and alerts for the indicators; iv) awareness-raising actions within the organization on financial sustainability; v) guidelines on the frequency for requesting tariff adjustments; and vi) reports and necessary inputs derived from the referential information system contained in paragraph 4.4 of this report. Forward to the Comptroller General a certification stating the preparation and submission to the Board of Directors of the roadmap proposal toward financial sustainability, after the resolution by that body, forward a certification stating the dissemination and implementation of the roadmap toward financial sustainability no later than April 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than August 31, 2026. (see paragraphs 2.55 to 2.76).

TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AYA, OR WHOEVER IN THEIR STEAD HOLDS THE POSITION

4.7. Resolve on the roadmap proposal toward financial sustainability, received from the Executive Presidency in fulfillment of the disposition contained in paragraph no. 4.6 of this report. Forward to the Comptroller Body a copy of the agreement recording what was resolved, no later than two months after receiving the proposal (...)". (See documentary evidence).

l) In the technical report rendered by the Comptroller General of the Republic on May 6, 2024, it was indicated:

"(...) Now, based on oversight studies carried out previously, among them the "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, coincidences were found in the trend of shortages and constant interruptions in the drinking water service in vulnerable communities. Furthermore, based on the Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables of the ICAA, of September 2021, the communities identified in the canton of Alajuelita, whose service operator is the ICAA, presented a high Community Vulnerability to Water Access Index, among them, Chorotega, in the district of Alajuelita. This index, according to the ICAA, aims to determine community vulnerability due to access to drinking water, in those places where conditions still show a significant lag in pursuit of a drinking water service that meets the best quality standards and applies best socio-environmental practices for its achievement. For its part, it is accredited through the "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, that the water service constitutes an insurance policy for communities so they do not descend in the scale of vulnerability, insofar as one of the manifestations of poverty according to Sustainable Development Goal 1 is limited access to basic services. Additionally, said report issued by the Comptroller Body pointed out that the deficient state of service provision fosters exposure to diseases, restriction of the development of productive activities, unsustainable consumption of water, and a decrease in resilience capacity in the face of extreme events. All of the foregoing accentuates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of those communities (...) in the opinion of the Comptroller Body, although there is no record of the agreements between the community and the ICAA for the specific case of Alajuelita, nor of the mentioned breaches of said agreements, based on Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-24 called "Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados" of April 12, 2024, a series of deficiencies in the performance management of the investment portfolio in drinking water and sanitation are accredited, as well as weaknesses in the governance of investment portfolio management, which limits the attention of the public need with the required timeliness. Specifically, it was found that only 16.7% of the country's districts with the greatest vulnerability condition (using the 2023 Social Development Index published by MIDEPLAN) have programmed investments in drinking water; meanwhile, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to the ICAA's 2021 "Community Vulnerability to Drinking Water Index" are associated with the main investments contained in the ICAA portfolio, which shows deficient attention to the most vulnerable communities in the national territory. Likewise, 57% of the projects should have been completed by January 2024 according to ICAA estimates; however, they continued in execution, delaying improvements in the quality, quantity, and continuity of the drinking water service, as well as the benefit for 2.8 million people throughout the country. It was also found that the design and management of the ICAA investment portfolio presented an incipient level and lacked a logical and systemic sequence, which makes it difficult to resolve the most pressing current and future problems of the population through the investments that make up the portfolio, which would allow addressing the challenges associated with inequality in access to drinking water and sanitation services, as well as social conflicts over water use (...) 111.2 ON THE ICAA'S RESPONSE Regarding inconsistencies in the ICAA's criteria.

Regarding item 1 on the hydraulic elements that make up the supply and distribution network in the Alajuelita sector, including the Bello Horizonte Tank, the ICAA indicated that the tank had not reported operational outages causing a supply shortage of more than 8 hours per day. Despite this, on February 27, February 28, and March 2 of the current year, the suspension exceeded the indicated 8 hours, specifically 8 hours and 40 minutes, 14 hours, and 9 hours, respectively. All of the foregoing is in accordance with consecutive numbers 2024540, 2024318 or 2024547, 2024552, 2024565, 2024600, and 2024606, described in the table called "Boletines de San José / Alajuelita / Concepción del 26/02/2024 al 11/03/2024", from report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385, submitted as evidence to the file of this recurso de amparo. In this regard, the "Reforma reglamento prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes"*, in force during the days of supply shortage indicated, states the need to provide alternative supply and reasonable explanations in the event that the suspensions exceed 8 hours per day. It should be noted that, according to the regulations in force, if the supply shortage exceeds 6 hours, a collective communication must be issued and an alternative service must be ensured that covers the basic needs of the population and the requirements of hospitals, clinics, and health centers. Regarding the foregoing and in line with items 3 to 5, the "Informe Reparto Cisternas Alajuelita Recurso Amparo Expediente 24-007582-0007-CO" memorandum no. SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 of March 26, 2024, in Illustrations 2 and 3, attaches images of ICAA actions to supply drinking water by tanker trucks (cisternas) to some affected communities on February 28, February 29, and March 3, 2024. However, as observed in previous paragraphs, the supply shortages lasting more than 8 hours per day occurred on February 27, February 28, and March 2 of the current year, without the evidence provided accrediting the establishment of an alternative mechanism, in this case tanker trucks, to the affected communities on 2 of the 3 cited days, whose reported suspension exceeded 8 hours.

Regarding the conditions of the existing network. In items 1 and 2 regarding the hydraulic elements that make up the supply and distribution network in the Alajuelita sector, including the Bello Horizonte Tank, the ICAA indicated that the tank had not reported operational outages causing a supply shortage of more than 8 hours per day. Furthermore, in item 6, the ICAA notes that the rapid shortage of drinking water service in the Chorotega district of Alajuelita is due to a lack of pressure in the pipes because they are located in one of the high parts of the network, a condition that is complicated when the level of the tanks is low. In this regard, the Contraloría General in the "Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, indicated that aqueducts require water storage to cover demand and compensate for hourly variations, mainly when the supply source alone is not sufficient to cover daily demand, which results in suspensions of the service in question. In this regard, it must be distinguished that the entry into operation of the tank after the suspension does not guarantee the prompt or immediate arrival of drinking water to users, as it is necessary for the distribution networks (pipes) to achieve adequate filling and pressure to guarantee supply. This phenomenon is aggravated in the high areas of the network, where topography affects the speed of restoration of drinking water service. In summary, the suspension must consider the pipe filling and pressurization period, and not only the outage and entry into operation of the storage tanks, so that the time the suspension takes corresponds to the communicated end time and, therefore, to the time expected by users for the return of service (...)

In its report, in item 7, the ICAA notes that this entity has projected short-, medium-, and long-term actions for the supply of drinking water in these affected sectors (...) These recently described short-, medium-, and long-term actions are based on report no. UEN-GA-2024-00559, which could not be located in the file sent to the Contraloría General. However, on the subject of the ICAA's investment portfolio, the Contraloría issued Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, called "Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", in which it was determined that the management of the investment project portfolio for drinking water supply and wastewater sanitation of the ICAA has not been effective or efficient; a situation that restricts the capacity to provide the service in a timely manner and address public problems associated with drinking water. As mentioned in previous sections, Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 found that 57% of the projects should have been completed by January 2024, according to ICAA estimates, but at the time of the audit they had not been completed, delaying improvements in the quality, quantity, and continuity of the drinking water service, as well as the required attention to public needs regarding water resources for approximately 2.8 million people nationwide. In turn, it was determined that information management does not allow efficient administration of the time, cost, and scope of the portfolio, since for various programs and projects there is no basic data such as start and end dates, actual and planned costs, number of beneficiary population, and those responsible for managing the projects. Similarly, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in alignment with current and future citizen needs, as the design and management of the ICAA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. Finally, a condition of financial unsustainability is foreseen in portfolio management, which implies a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the rates that sustain the services stands out. In general, the results found in the aforementioned audit limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge mainly in the context of people in vulnerable conditions (...)

CONCLUSIONS
From the content of this report, the following is concluded:
1. Although the Contraloría General has not conducted an audit of the drinking water supply service directly in the community of Chorotega de Alajuelita, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other districts of the canton, the Contraloría finds coherence between the condition of the public drinking water service described by the appellant and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the appellant coincides with what was found by the Contraloría General in other communities in the country in a vulnerable condition.
2. Although an audit of the ICAA's response to the alleged lack of action to counteract the aforementioned service suspension in the districts of Alajuelita is also not available, based on other audit results carried out by the CGR, it has been found that the ICAA's investment portfolio in drinking water presents a series of deficiencies in its performance management, as well as weaknesses in governance, which limits the attention to public need with the required timeliness and the delivery of the expected benefits to the population.
3. Inconsistencies were found in Report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 provided by the ICAA, because although supply shortages of less than 8 hours per day are suggested, the Contraloría General finds hourly differences exceeding 8 hours for 3 specific days, using as a basis the same information provided in that report. Furthermore, this Contraloría points out regarding the consideration of the pipe filling and pressurization period in the schedule that is communicated to users about the suspension, because not only the entry into operation of the tank should be considered, as this does not guarantee the prompt or immediate arrival of drinking water to users, given that it is necessary for the distribution networks (pipes) to achieve adequate filling and pressure to guarantee supply.
4. In its response, the ICAA did not provide evidence regarding the establishment of an alternative mechanism for the days when suspensions exceeding 8 hours per day were found. Nor did the ICAA attach report UEN-GA-2024-00559 that supports its actions regarding Social Management. It is for the foregoing that it is not possible to provide an opinion on the cited elements.
5. No evidence or reports were provided on the actions of ARESEP, in that sense this Contraloría cannot provide a report and further emphasizes the duty established by Law to the Regulatory Body, regarding its obligation to ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, opportunity, and optimal provision in public services, including drinking water, for example, the obligation to carry out technical inspections of the properties, plants, and equipment destined to provide the public service, as well as the duty to execute controls on the installations and equipment dedicated to the public service, this for the full compliance with the obligations.
6. Finally, although the Municipalidad de Alajuelita highlights the governing responsibility of the ICAA in the administration of aqueducts and sewers at the national level, it is important to remember the principle of coordination that governs the actions of all state institutions. Therefore, in the opinion of the Contraloría, it is crucial that the Municipalidad de Alajuelita, the ICAA, ARESEP, and other responsible entities according to their competencies, collaborate closely to resolve the water supply problem and protect the rights of the inhabitants." (See documentary evidence).

m) By means of technical report no. DH-0449-2024 of May 7, 2024, the Defensoría de los Habitantes de la República established:

"(…) A.4. Considerations of the Defensoría in relation to the cases of Alajuelita:
Although, as noted at the beginning of this section 3, the Defensoría is in the process of preparing the final report with recommendations regarding interventions on the problem of drinking water supply in Alajuelita, it has been able to verify that the actions carried out by the AyA have not been sufficient or timely to achieve a provision of the service in adequate quantity for the population, and an example of this are the 54 complaints referred to at the beginning of this report and received between late February and April 2024. The community of Alajuelita has been facing a critical situation in relation to the supply of drinking water, as reflected in the complaints filed by the residents of the community due to scheduled and unscheduled rationings, non-compliance with the indicated schedules, the extensive periods of shortage, the difficulties faced by the population in obtaining water distribution via tanker trucks, and the consequent impact on their rights. In 2023, complaints were also received from this community, for a total of 16 requests for intervention. This shortage is due to multifactorial causes, some being external, such as the El Niño Phenomenon, increased population demand, low production sources, changes in rainfall patterns, as well as disordered territorial planning, lack of protection in aquifer recharge zones, but, particularly, it is due to inadequate planning, lack of project execution, and lack of coordination within the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. As indicated, these conditions negatively affect the provision of the drinking water supply service in Alajuelita, which, in accordance with article 4 of the Ley General de la Administración Pública, must be subject to the fundamental principles of public service to ensure its continuity, its efficiency, its adaptation to any change in the legal regime or in the social need they satisfy, and equality in the treatment of the recipients, users, or beneficiaries. Likewise, in accordance with article 5, subsection c) of Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, and in concordance with article 9 of the service provision regulations of the AyA, the drinking water service must be provided "within the parameters of optimal provision regarding quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, opportunity, sustainability, and with a human rights approach"; however, this is not being achieved in Alajuelita. The AyA has reported on the actions implemented to address the problems related to water supply in Alajuelita, among which are included continuing with informative campaigns to change consumption habits, promoting the development of projects that introduce new water sources to reinforce existing systems, informing the population about the status of the Acueducto Metropolitano, promoting the development of projects that will bring new water sources to the sector at times when existing sources are in deficit, and other palliative measures to address the situation in the short term. Likewise, the AyA reports that significant repair events have occurred in the last two months, as well as distributions in response to requests received on the 800 hotline that meet the requirements. It adds that operational maneuvers have been carried out, such as the transfer of water volume between the La Valencia and Bello Horizonte systems, rationings are carried out in the San Juan de Dios de Desamparados System and the Alajuelita system, which are reinforced by Puente de Mulas through Bello Horizonte to distribute the available water among the 3 zones as equitably as possible, pressure control through calibration of pressure control valves to avoid unnecessary consumption by the population, a redistribution of schedules for operational maintenance work on drinking water treatment plants at times when the systems present lower demand and, therefore, reduce the impact of these processes on production. However, the Defensoría considers that the efforts made have not been sufficient and that adequate or more efficient planning and execution of medium- and long-term infrastructure projects for the improvement of the water and hydraulic capacity of the aqueduct systems could have contributed to meeting the demand for drinking water service, even in the dry season. Based on what was indicated by the AyA in its reports, the Defensoría has identified palliative and short-term actions to solve supply problems in communities like Alajuelita; however, these actions do not solve the existing structural problem. To date, the effective execution of actions for a definitive solution to the problem has not been identified. In fact, in previous years, the Defensoría has called the AyA's attention for the lack of foresight in the implementation of measures to satisfy the supply needs of the population, so as to guarantee the supply of water to communities that, year after year, suffer from rationings for extended periods and other service interruptions, with the consequent negative impact this implies for the full enjoyment of the human right to access to drinking water, the right to health, and the right to education and development, among others (Files 313166-2020-SI and 409986-2023-RI, both of the Defensoría). As an indicator of a lack of project planning, the Defensoría has heard complaints from the inhabitants of Alajuelita from previous years, such as files 417525-2023-RI, 415859-2023-RI, 417830-2023-RI, 417526-2023-RI, -417528-2023-RI, 417529-2023-RI, 417532-2023-RI, 417534-2023-RI, 417533-2023-RI, 417535-2023-RI, 417536-2023-RI, 417539-2023-RI, 417544-2023-RI, 417546-2023-RI, 417548-2023-RI, 417764-2023-RI, which visualize the reiteration of the lack of planning, as well as non-compliance with supply schedules and the lack of clear and assertive communication from the AyA, to the detriment of the right to information of all people living in the affected communities, especially those in vulnerable conditions, such as children, older adults, people with disabilities, pregnant women, bedridden patients, and other populations. The AyA also reported on actions to be implemented in the area to improve the service, such as new wells for the ME-A-19 Puente Mulas supply system, which supplies water to the Urbanización Chorotega, as well as actions, in the short term, such as the expansion of the production of the Acueducto Metropolitano through the implementation of new wells in San Rafael de Alajuela and the drilling of wells, Goal 1 and Goal 2, with which an increase in liters per second is estimated and which are expected to enter into operation in the second half of 2024. For the medium term, the reduction of the non-revenue water index, and for the long term, the supply for the Acueducto Metropolitano, Fifth Stage. The Defensoría will provide punctual follow-up to each of the mentioned projects so that the provision of the service in said community adjusts to the parameters of optimal provision regarding quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, opportunity, sustainability, and with a human rights approach, as established in the regulation governing the service, with the objective that all people can fully enjoy their human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as the Constitutional Chamber itself has indicated in various rulings. Based on the information that has been gathered, the Defensoría also considers that the AyA must, with urgency, implement the actions required for a comprehensive planning of the investment needs and improvement of service provision, as well as an efficient execution of the projects and infrastructure works necessary to meet the current and future demand for the service for Alajuelita and all affected communities, in order to effectively guarantee the human right to access to drinking water (...) Having clarified the foregoing and making a detailed reading of the report rendered by the Municipalidad de Alajuelita, on the occasion of the judicial action that now summons us, no specific action is identified on the part of said local government, precisely exercising that role of leadership, coordination, and/or instance of articulation in order to address the requirement for drinking water for its community. The Defensoría de los Habitantes is not unaware of the direct responsibility of the AyA in guaranteeing the public service, but it is also not unaware of the municipality's responsibility to manage actions for said purpose. On the contrary, a report is visualized where even the local government itself appears before this Chamber as one of those affected by the lack of drinking water supply. Instead of becoming the closest and most accessible authority for the population and one that promotes the articulation of the different actors with the competent institutional framework, the community, the private sector, and others. The Municipalidad de Alajuelita is not visualized as an instance that favors communication, on this occasion between the AyA and the community, even becoming the voice of the different affected localities. Given that the local government has the responsibility and legal obligation to be the defender of the community's interests and promote its development, a call is made to redirect its actions in pursuit of its legal mandate, that is, attending to local needs and objectives.

3.3. On the intervention of ARESEP for the specific case of the community of Alajuelita:
In accordance with the provisions of articles 4 and 5 of the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, among the fundamental functions and objectives of ARESEP is to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, opportunity, continuity, and reliability necessary to optimally provide these services. In this regard, ARESEP prepared in 2022 a diagnosis of the AyA's Aqueduct Service, in which it concluded: "that the institution presents 57% losses of drinking water, that the execution of investment projects or works is not complete and takes 10 to 15 years, and that 80% of the meters present an under-recording of consumption". Furthermore, it warned about the absence of records of large consumers and consumption levels, as well as institutional planning oriented towards asset replacement, along with the rejection of service availabilities, and that 70% of the aqueduct systems present water stress. It was also concluded that there are non-compliances in the verification of water quality in all service providers in the country, and the absence of a strategy to keep water quality information updated annually, by the Laboratorio Nacional de Aguas. Finally, the diagnosis highlights the need for refinancing of credit obligations associated with investment projects or works. For the sake of public health and in compliance with legally established competencies, ARESEP has the responsibility to ensure that providers of drinking water supply services offer a quality service. Hence the strict follow-up and demand for compliance that said instance must give to each of the conclusions reached by the referenced report, in order to ensure that the service provision will be carried out complying with the current standards of quality, continuity, opportunity, and reliability. Therefore, although ARESEP states in its report that there are no complaints about water shortage, it does correspond to it, as part of its functions, to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, opportunity, continuity, and reliability necessary to optimally provide these services, so it cannot justify its non-intervention based on the absence of complaints that drive its action, which must be proactive and ex officio, seeking at all times to attend and strictly follow up on each of the conclusions of the aforementioned report, as indicated in the preceding paragraph, and particularly, compliance with the provisions of the Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante prepared by that same public body and mentioned in its report (…)". (See documentary evidence).

IV.- FACT NOT PROVEN. Of importance for the resolution of this matter, the following fact is deemed not proven:

a) That the ICAA has informed the inhabitants of Alajuelita about the interruptions in the provision of the drinking water service reported in the sub lite.

V.- ON THE RIGHT TO DRINKING WATER. First of all, it is appropriate to indicate that the right of access to drinking water has been recognized in this venue in multiple jurisprudence and its conventional and constitutional support has been emphasized:

"V.- The Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the Cairo International Conference on Population and Development (principle 2), and is declared in numerous others of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that: "Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone has the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services". The lack of resources does not justify non-compliance with the duties of public administrations in the provision of this basic service. (SALA CONSTITUCIONAL, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).

For its part, as both the Procuraduría and the AyA's representative acknowledge in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majority. It is argued that without equitable access to a minimum requirement of drinking water, other established rights would be unattainable - such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Also, in General Comment No. 15 on the fulfillment of articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that "the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights". It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to progressively realize, without discrimination of any kind, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.

For its part, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access to drinking water to meet their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equal opportunities for all to enjoy basic resources.

The concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that "in developing and using water resources, priority must be given to satisfying basic needs and to the conservation of ecosystems." Similarly, in the Implementation Plan adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to "use all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services," without the cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. Likewise, there are dozens of international instruments that directly and indirectly deal with water as a human right of all persons and peoples, such that it is not only a subject that by its nature tends towards nationalization, but also towards the internationalization of its use and exploitation" (see judgment number 2006-5606 of 3:21 p.m. of April 26, 2006).

From the foregoing, we can affirm that there is a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health.

Likewise, access to drinking water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional case law. For example, as mentioned in the partially transcribed ruling, in General Comment No. 15 on the fulfillment of articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. Thus, the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to sufficient, physically accessible, safe and acceptable water for domestic and personal use.” Likewise, regarding this topic we can find a vast number of international instruments that refer to the right of access to drinking water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on drinking water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Statement on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Para. 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, approved by the United Nations General Assembly, in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, approved by the United Nations General Assembly, in 2015: The human rights to drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc.” (see ruling no. 2019017397 of 12:54 hours on September 11, 2019).

Additionally, as of the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, in Costa Rica the right to drinking water is expressly recognized at the constitutional level in the following terms:

“Article 50.- The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.

Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.

The State shall guarantee, defend and preserve that right.

The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.

Every person has the basic and inalienable human right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable for protecting such human right. Its use, protection, sustainability, conservation and exploitation shall be governed by what is established in the law that shall be created for these purposes and the supply of drinking water for consumption by people and populations shall have priority” (emphasis added).

On this matter, in ruling no. 2020003982 of 11:50 hours on February 26, 2020, this Court addressed the legislative consultation related to the aforementioned partial amendment to numeral 50 of the Political Constitution and indicated:

“VIII.- On the content of the project and its constitutional conformity. The partial constitutional amendment project presented by the totality of the 57 Deputies to the Legislative Assembly consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitional provision in Title XVIII, Single Chapter, Transitional Provisions of the Political Constitution, as follows:

“ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of article 50 of the Political Constitution, of November 7, 1949. The text is as follows:

Article 50.-

(…)

Every person has the basic and inalienable human right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable for protecting such human right. Its use, conservation and exploitation shall be governed by what is established in the law that shall be created for these purposes, and the supply of drinking water for consumption by people and populations shall have priority.

ARTICLE 2.- A new transitional provision is added to title XVIII, single chapter, Transitional Provisions, of the Political Constitution, related to article 50. The text is as follows:

Article 50 – XX. The current laws, concessions and use permits granted in accordance with the law, as well as the rights derived therefrom, shall remain in force, as long as a new law regulating the use, exploitation and conservation of water does not enter into force.”.

The proposal thus presented and already approved in the first debate refers not only to the express recognition of access to water as a human right, but is directly related to the fact that this human right positively recognized therein refers to access to drinking water, since it is based on the consideration of water—and especially drinking water—as an essential and intrinsic element for the life and health of people, thus aligning with what is stated in article 21 and in the first part of the same article 50 of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this same Chamber that derive from such norms.

The Chamber warns that the right of access to water, and especially to drinking water, forms part of various statements in the field of international human rights law, through different instruments with distinct scope or legal nature, but which, by their own condition and pursuant to the provisions of article 48 of the Political Constitution, must necessarily be considered regarding this matter. Thus, this right has been related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Statement on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level there are specific provisions in subsection 1) of article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights –Protocol of San Salvador–, and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself. And in terms of general resolutions, there is, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution: E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution number 70/169, of December 17, 2015, which expressly state that water must be "safe and of acceptable quality for personal and domestic uses," and access to "drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner."

In this sense, it is valid to affirm that the proposed addition to article 50 of the Constitution, to the extent that it expressly recognizes the right of access to drinking water, is in line with the legal developments on the matter shown at the international level and reflected in declarations, conventions and resolutions of different natures, hence its conformity with the legal progress shown in this regard at the international level, and because by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of States, just as this constitutional amendment proposal seeks to formalize at that level.

It is important to note that reference is made to the fact that the proposal seeks to formalize the situation at the constitutional level, since certainly the issue of access to water, and to drinking water, is regulated in our country at the level of legality, by a profuse regulatory framework that ranges from the Water Law of 1942, the General Drinking Water Law of 1953, the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of 1961, the General Health Law of 1973, the SENARA Creation Law of 1983, the Organic Environmental Law of 1995, and the Forestry Law (Ley Forestal) of 1996, among others.

Likewise, emphasis must be placed on the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed jurisprudentially, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the consubstantial and necessary protection that must be provided by the institutional framework in general, from specialized agencies such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and the National Service of Groundwater, Irrigation and Drainage (SENARA), as well as others of a broader nature such as the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), the Ministry of Health and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources, but also their legitimate provision for human consumption under the fulfillment of established parameters and the real possibilities of its effective supply –see, among many others, rulings of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791–.

It is important to note the emphasis that the reform proposes not only in terms of recognizing access to drinking water as a human right, but also its particular condition as a public domain good, in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers to. Note that the normative proposal indicates that "water is a good of the Nation," that is, a good that generally belongs to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, a good that is dispersed throughout all of society and its actors, a good of public domain that requires not only all protection due to its condition of being essential for life, but also to allow its use for the various spheres that may require it, provided that due sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are addressed. Note that the recognition of the human right refers to drinking water, stating then that water—thus, in general terms—is indispensable for protecting the human right recognized in the first part of the paragraph, without this in any way implying the impossibility of using the resource for other types of purposes—agricultural, industrial or development—, provided that it is done in accordance with the provisions on the aforementioned right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and upon it, a human right of access to drinking water, from which it results that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to drinking water as a human right.

On the other hand, it should be considered that, according to what has already been stated, this access must be procured and provided in accordance with the prior fulfillment of established parameters and according to (sic) the real possibilities of supply. That is to say, as has been established in the copious case law of this Chamber on the matter, although the recognition of access to drinking water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the concrete and certain possibilities of granting, hence it follows that this access recognized as fundamental may well be subject to the fulfillment of specific conditions that in turn allow guaranteeing the existence and preservation of this good.

It is for this reason that the aforementioned United Nations General Assembly Resolution number 70-169, of December 17, 2015, states in its section 5 the exhortation to States to:

“Ensure the progressive realization of the human rights to drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, in particular for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in slums, income levels and other relevant factors.” –emphasis is not from the original–

This progressiveness referred to in this resolution develops the analogous provision that in conventional terms is enshrined in the first paragraph of article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, stating that:

“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.” –emphasis added–

Thus, legitimate regulation that allows adequate and orderly access to drinking water here recognized as a human right is valid, as it is about fostering its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.

It is for this reason that the legislation regulating the matter—as the one thus proposed in the same paragraph intended to be added, and to which the proposed transitional provision XX refers—shall, in due course, necessarily be consistent with the set of values, principles and express regulations that inform human rights, and access to drinking water also as a human right that it is, so certainly that legislation indicated there must conform to the Law of the Constitution and to the provisions contemplated therein on the matter.

In this sense, in accordance with what is stated here, it is appreciated that the project being processed under legislative file 21.382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, therefore it properly connects with the same provision of article 50 of the Constitution, and is in accordance with the constitutional values and principles that guide it, without there being in any way any friction with those essential or core elements that inform and integrate the Law of the Constitution.”

Similarly, it is worth highlighting what was established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made at the 29th session held in Geneva between November 11 and 29, 2002, in which it was indicated:

“(…) 2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.

3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living “including adequate food, clothing and housing”. The use of the word “including” indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.

Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right contained in article 11, paragraph 1, (see General Comment No. 6 (1995))2. The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1)3 and the rights to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1)4. The right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity (…)

10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to a water supply necessary for exercising the right to water and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water resources. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity to enjoy the right to water.

11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with article 11, paragraph 1, and article 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations.

12. While the adequacy of water required to realize the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:

a) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions.

b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person’s health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.

c) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions:

i) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services.

ii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights.

iii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all de jure and de facto, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, without discrimination on any of the prohibited grounds.

iv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)

25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires the State to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right. The obligation to promote obliges the State party to take steps to ensure that there is appropriate education concerning the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States parties are also obliged to fulfil (provide) the right when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal.

26. The obligation to fulfil requires States parties to adopt the necessary measures directed towards the full realization of the right to water. This obligation includes, inter alia, according sufficient recognition of this right within the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation; adopting a national water strategy and plan of action to realize this right; ensuring that water is affordable for everyone; and facilitating improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas.

27. To ensure that water is affordable, States parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.

28. States parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure there is sufficient and safe water for present and future generations22. Such strategies and programmes may include: (a) reducing depletion of water resources through unsustainable extraction, diversion and damming; (b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by substances such as radiation, harmful chemicals and human excreta; (c) monitoring water reserves; (d) ensuring that proposed developments do not interfere with access to adequate water; (e) assessing the impacts of actions that may impinge upon water availability and natural-ecosystems watersheds, such as climate changes, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity23; (f) increasing the efficient use of water by end-users; (g) reducing water wastage in its distribution; (h) response mechanisms for emergency situations; and (i) creating competent institutions and establishing appropriate institutional arrangements to carry out the strategies and programmes (…)

37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee’s view, at least a number of core obligations in relation to the right to water can be identified, which are of immediate effect:

a) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses to prevent disease;

b) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially for disadvantaged or marginalized groups;

c) To ensure physical access to water facilities or services that provide sufficient, safe and regular water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;

d) To ensure personal security is not threatened when physically accessing water;

e) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;

f) To adopt and implement a national water strategy and plan of action addressing the whole population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of (sic) a participatory and transparent process; it should include methods, such as right to water indicators and benchmarks, by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give particular attention to all disadvantaged or marginalized groups;

g) To monitor the extent of the realization, or the non-realization, of the right to water;

h) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;

i) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular ensuring access to adequate sanitation (…)” (the highlight was incorporated).

The above is of relevance because the content of the right to water is detailed by outlining its characteristics, among them, quality, accessibility and availability, since it establishes that the human right to water implies sufficient supply for each person for personal and domestic use.

On the other hand, in the ruling of November 27, 2023 issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case Inhabitants of La Oroya vs. Peru, that court held:

“121. Likewise, people enjoy the right that water be free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes the obligation on States consisting of: a) designing norms and policies that define water quality standards and, reinforcedly, in treated and wastewater that are compatible with human health and ecosystem health; b) monitoring the contamination levels of water bodies and, as the case may be, informing about possible risks to human health and ecosystem health; c) carrying out plans and, in general, undertaking all practices with the purpose of controlling water quality that include the identification of its main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards, and e) adopting actions that ensure the sustainable management of water resources. The Court also considers that States must design their norms, plans and measures for water quality control in accordance with the best available science, taking into account the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality and adaptability and, inclusive, based on international cooperation.

122. As a complement to the above, the Court recalls that in the case of Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) Vs. Argentina it was established that the right to water is protected by article 26 of the American Convention. This follows from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow deriving rights from which, in turn, the right to water derives. In this regard, the Court indicated that among those are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by article 26 of the Convention.

This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.

123. Regarding the normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that “access to water […] includes ‘consumption, sanitation, laundry, food preparation, and personal and domestic hygiene,’ as well as for some individuals and groups also […] ‘additional water resources due to health, climate, and working conditions.’” Likewise, that “access to water” implies “obligations of progressive realization,” but that “however, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization.” Furthermore, States must provide protection against acts of private parties, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as “guarantee an essential minimum of water,” in those “particular cases of persons or groups of persons who are not in a position to access water by themselves […], for reasons beyond their control.”

124. At this point, the Court clarifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects water bodies as elements of the environment that have a value in themselves, as a universal interest, and due to their importance for other living organisms, including human beings. The second facet recognizes the determining role that water plays in human beings and their survival, and, therefore, protects their access, use, and enjoyment by human beings. Thus, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component starts from an ecocentric premise, while—for example—the right to potable water and sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, the violation of one necessarily implies the violation of the other.

125. Furthermore, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation of respect and guarantee, provided for in Article 1.1 of the Convention, one of the forms of compliance with which consists of preventing violations. This obligation is projected onto the private sphere to prevent third parties from violating the protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and that ensure that their eventual violations are effectively considered and treated as an unlawful act. Along these lines, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct, and its breach is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)” (emphasis does not correspond to the original).

VI.- ON THE RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES AND THE ROLE OF THE ICAA AS GOVERNING ENTITY IN THE MATTER OF POTABLE WATER SUPPLY. On this matter, in judgment No. 2016012058 of 9:30 hours of August 26, 2016, this Chamber stated:

“(…) in the sub judice it is determined that the ICAA, as the governing entity in the matter, has breached its oversight and supervision duties regarding the provision of the public service of potable water and sewerage, and, therefore, has violated the rights of the petitioners. According to Articles 1 and 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados), the ICAA is responsible, among other functions, for resolving everything related to the supply of potable water and the sanitary sewerage service; for directing and monitoring everything concerning the provision of potable water service to the inhabitants; and for directly administering and operating the aqueduct and sewerage systems throughout the country; therefore, it is inexcusable that the ICAA has not acted in order to prevent and remedy a situation such as the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without signing any delegation agreement.

In this regard, it is worth recalling what this Court, in judgment No. 2014-012971 of 14:45 hours of August 8, 2014, stated in relation to the ICAA and its duties to oversee and guarantee the proper functioning of the public services in question:

“IV.- On the right to the proper functioning of public services and the role of the ICAA as governing entity in the matter of water supply. In judgment No. 2012-12009 of 09:05 hours of August 31, 2013, this Court ordered the following, which is of interest for the resolution of the sub lite:

“This Court has held that the Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of citizens to the proper and efficient functioning of public services, that is: that they be provided with high quality standards. This has, as a necessary corollary, the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, swift, effective, and efficient manner. This latter obligation derives from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8 (which imposes on the Executive Branch the duty to “Monitor the proper functioning of administrative services and dependencies”), 139, subsection 4 (as it incorporates the concept of “smooth running of the Government”), and 191 (as it incorporates the principle of “efficiency of the administration”). This Court has also indicated that said atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as the supply of potable water, since highly valued interests such as health and human life are at stake, and therefore the principles of effectiveness, efficiency, swiftness, continuity, and adaptation must prevail with greater rigor (see, in this sense, judgments No. 2008-016405 of 19:04 hours of October 30, 2008, and 2008-017633 of 12:06 hours of December 5, 2008). In this context, the role of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), as the governing entity in the matter, acquires particular importance. This Court has indicated that:

“(…) in accordance with the provisions of Article 1 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), said autonomous institution has been created with the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting the planning, financing, and development of, and resolving everything related to, the supply of potable water. To fulfill this purpose, and pursuant to the provisions of Article 2 of that same regulatory body, it is incumbent upon the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to direct and monitor everything concerning the provision of a potable water service to the inhabitants of the Republic, as well as to harness, use, govern, or monitor, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of the aforementioned law. Thus, it is verified that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is the first entity called upon to ensure that all inhabitants of the Republic can benefit from a potable water supply system, capable of supplying said liquid continuously and in sufficient quantity to duly satisfy the basic needs of all persons, in effective protection of their fundamental rights to life and health” (judgment No. 2011005457 of 11:32 hours of April 29, 2011.)

In accordance with the above, this Court has highlighted that in cases where the water supply service for human consumption is provided by an ASADA, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is called upon to exercise effective and efficient monitoring and control actions over the respective water supply system, regarding its operation, maintenance, administration, and development, in order to guarantee its proper functioning (judgment No. 2011009487 of 9:15 hours of July 22, 2011). In fact, recently, in judgment No. 2012006447 of 10:30 hours of May 18, 2012, this Court expressed:

“(…) although Article 2 of Law 2726 empowers AyA to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewerage systems, the respondent Institute, as the governing entity in the matter, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for supplying water to the populations. Based on the foregoing, the Administration cannot excuse the lack of an efficient potable water service on the lack of community organization or the poor management in the administration of the rural aqueduct by the private concessionary body (…)

Thus, the obligation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to oversee and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems is verified” (emphasis does not correspond to the original)

“V.- On the specific case. In the instant case, the petitioner alleges that in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, the ICAA provides the potable water service through delegation to an ASADA; however, said service is provided deficiently and requires improvements to the infrastructure, for which reason the Municipality of La Cruz allocated a budget item for the improvement of said aqueduct, which cannot be executed until the ICAA carries out the corresponding technical studies. She considers her fundamental right to access potable water violated.

In this regard, the Court found it accredited that the Administrative Association of the Rural Aqueduct El Porvenir, La Cruz, Guanacaste (Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste), does not have a valid legal status, since it expired on July 31, 2007. Likewise, it is observed that the ASADA El Porvenir has not submitted the documentation required to the ICAA for processing the signing of the delegation agreement. Furthermore, the ICAA does not have an updated diagnosis of the aqueduct system operated by the ASADA El Porvenir. From the case file, it was verified that through official letter No. SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 of July 3, 2014, the Head of the Regional Office of Community Systems of the Chorotega Region of the ICAA suggested that the ASADA El Porvenir contract the services of a professional to carry out a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipality of La Cruz allocated a budget item of 3 million colones to make improvements to the aqueduct infrastructure, which will be executed once the corresponding technical studies are carried out. Given this scenario, the Court considers that the amparo must be partially granted, only against the ICAA. As explained in the preceding considerando, the ICAA is obligated to oversee and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems, so it cannot excuse itself by claiming that the lack of an efficient potable water service is due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct. As the governing entity in the matter of potable water supply, the ICAA is called upon to assist in the prompt resolution of the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Thus, the argument of the respondent authorities of the ICAA, to the effect that they bear no responsibility for the problems presented with the ASADA of El Porvenir, is not acceptable to this Court. As long as the problem in the water supply continues, the most vulnerable party is the residents of the locality, who must tolerate the ineffectiveness of the responsible entities and, consequently, suffer from the deficient provision of the public potable water service. Under this reasoning, the ICAA must supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of El Porvenir adjusts its functioning to the law and so that the technical studies necessary to authorize the investment of the municipal budget already allocated for the improvement of the potable water supply in that community and, therefore, the quality of life of all its inhabitants, are successfully carried out.” (Emphasis does not correspond to the original).

In addition, subsection 36, point 1) of the Regulations of the Administrative Associations of Community Aqueduct and Sewer Systems (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales), indicates as an obligation and right of the ICAA: "To sign and rescind the Delegation Agreements for the management of the aqueduct and sewerage systems with Administrative Associations, when so recommended by the Management and approved by its Board of Directors, for reasons of convenience, timeliness, or ineffectiveness in the provision of the public services."

VII.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner mentions that, for about a year in Chorotega de Alajuelita, Icaa has frequently suspended the public potable water supply service without prior notice of scheduling and for periods that usually extend up to 24 hours. This indiscriminate suspension has extended to other districts of the canton since March 2023, covering all of Alajuelita; in fact, the situation has worsened in the last three months. She maintains that the population is not informed of the suspension and resumption schedules of the service, which leaves people in a state of uncertainty about when they will be able to access the resource to organize their daily chores and responsibilities. She claims that: "Furthermore, AyA does not have an established supply program with tanker trucks to make up for these cuts, which leaves the inhabitants of Alajuelita without any alternative on many occasions, completely depriving them of access to water." She asks that Icaa be ordered to execute the works and measures necessary to guarantee the water supply in Alajuelita.

The Court verifies that in report No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “OPERATIONAL AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE IN THE PROVISION OF WATER SERVICE IN VULNERABLE COMMUNITIES” of September 5, 2018, the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) stated: “3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, AyA has had the responsibility of resolving matters relating to the provision of the country's potable water service, in its capacity as operator, governing body, and delegator of the service. However, it has not managed to consolidate its function of directing, intervening, and ensuring the proper administration, operation, maintenance, and development of potable water systems, so that the provision of the service meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in compliance with the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equality in the treatment of the recipients of the service. 3.2. Within this framework, the rating of 4.45 out of 10 for the potable water service in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This stems from a generalized vision of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in the provision of the service, approaches that would ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. Furthermore, this situation shows that from an approach of ethnic and cultural sensitivity, greater progress is needed in the application of good practices of administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems, which guarantee their sustainability for the provision of the potable water service to vulnerable communities. 3.4. The situation found fosters conditions of poverty, impacts on health, and productive capacities, to the detriment of economic, social, and environmental well-being that would allow overcoming the conditions of vulnerability of the population. Thus, the improvement in quality is relevant, as this constitutes a fundamental service for these communities, in which it is important to protect the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration” (bold text was added). Meanwhile, through official letter IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called “EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA)” issued by Aresep, it was concluded: “(…) regarding the financial equilibrium of the aqueduct service, although there is currently sufficient liquidity to cover the provision of the service, in the medium term, it will be severely compromised, given the guidelines implemented by AyA to use the flows from depreciation and revalued depreciation (asset replacement) to meet the financial obligations associated with investment project initiatives, for which the grace period (timeframe to build the work) has expired, which is beginning to generate a financial expense, without a solution to the users' needs being available to date (absence of a project). Additionally, the financial equilibrium of a public service must reflect the result of efficient and effective management regarding investments, economic costs, and expenses incurred in meeting the pre-established quality standards and norms in the provision of the aqueduct service. In the case under analysis, evidently, having 57% potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to delays in the project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, an absence of records for large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment tenders without guarantees and safeguarding of committed public resources, an absence of institutional planning aimed at the replacement of assets reaching the end of their useful life, presence of services without metering, service availability rejections, and 70% of the systems under water stress, among other factors, allows concluding that the financial equilibrium of the service cannot be at any cost (…) It is important to note that the return for development flow is aimed at addressing investment needs and the repayment of financial obligations (interest expense) acquired by the provider to finance the infrastructure project portfolio. In this sense, not having the complete information that validates and allows for the traceability of costs and changes in the scope of investment projects during the 2018-2024 period subjects the service provider to an inability to meet its obligations to users in the near future (new investments) as well as to creditors (outstanding debts). Reason for which, the Regulatory Authority has been emphatic since 2021, through various official letters and technical supervisions, that AyA must modify its project management so as to allow for the availability of information, guarantee the traceability of internal approval through to execution, correct the timelines for addressing user needs, validate the project information in the accounting capitalization reports, update the Mideplan approval and monitoring system and the Aresep investment plan, and guarantee to users that every colón incorporated into rates related to investments corresponds to transparent, reliable, timely, efficient, and effective management. 6. The level of return for development obtained by AyA (Return in dollars: 6.71% and Return in colones: 9.4%) is lower than the cost of the debt assumed and incorporated in this study for AyA (…), which has a series of implications for the service, such as: It is exposing the public aqueduct service to bear a cost for the acquired debt that is higher than its capacity to generate resources for its repayment, which is transferring an operational and financial risk to the users. The cost of debt associated with long-term projects above the level of return, coupled with the timelines for materializing a real solution to supply problems or service availability, has caused the user to assume a high social cost, a lag in development opportunities, and a driver of territorial and socioeconomic inequalities. 7. AyA must carry out a refinancing or renegotiation process of its long-term debt that guarantees more competitive interest rates and avoids a financial mismatch, as well as avoids assuming and transferring uncompetitive debt costs to its members, given that, although rates are set under the principle of cost, in accordance with the provisions of Article No. 3 of the Law of the Regulatory Authority (Ley de la Autoridad Reguladora), it must not be at any cost (…) 9. The request for capitalization of the investment projects proposed for the aqueduct service for the period 2018-2021 was rejected, for an amount of ₡ 108,081.96, according to the following criteria: 70% of the projects are not available, according to the operator, due to the absence of pre-investment documents, which does not allow for the traceability of cost, scope, and timeframe levels during the pre-feasibility, feasibility, execution, and asset capitalization stages. Of the 30% of projects that attach some documentation, in most cases it corresponds to the budgeted amount at the date of the study analysis, which for the majority cannot be traced between the project and the assets intended to be capitalized. Even less is it possible to identify which projects are for replacing assets and which are for expanding or improving service provision; in turn, it is not possible to identify the asset retirements associated with capitalizations due to substitution or replacements (…) 10. Given the inconsistencies noted in the investments proposed for capitalization by AyA, and given the information problems associated with the 2018-2024 projects, the ET-074-2018 is [sic]. The foregoing will allow, on the one hand, not transferring to users amounts associated with project initiatives that are not yet useful and usable or for which traceability cannot be provided at all, and on the other hand, alerting the provider to the risk that is materializing, due to the inability to capitalize the investment projects, given the financial and operational impacts caused by this mismatch of works and their financing, with an average interest rate of 13.5%. 11. The regulatory body reiterates to AyA that, as part of the asset revaluation process that makes up the tariff base, the value of this is 69% higher, without a corresponding consideration in the service provided, which should have acted as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or due to early retirement. However, AyA has not redirected said amounts to address the replacement of those assets that have reached the end of their useful life, especially in transmission and distribution pipes, as well as the modernization of the meter stock or the implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. Regarding the 57% of water that AyA is charging users for, even when it is wasted along sidewalks and roads due to leaks, anomalies in user records and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to reduce these costs by 10% every two years, since it is the obligation of a public service provider not only to offer quality service and comply with the cost-of-service principle, which cannot be acceptable for users to be charged for water that is not correctly billed as a result of 80% of the hydrometer stock being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established rate, for water wasted through recurrent leaks on the country's sidewalks and roads without timely attention, and the absence of a replacement policy for obsolete pipes with more than 70 years of use, which are being charged for as if new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if they were efficient in the use of water resources that, by the way, AyA itself promotes protecting, would allow for addressing many of the rejected availabilities, avoiding so many supply cuts, and even duplication of investments. 12. The under-registration of potable water sales by AyA is partly explained by the fact that 8 out of every 10 meters are in poor condition or have reached the end of their useful life, which means that these costs for water sales not correctly recorded end up being paid by all users of the service, regardless of the physical condition of the meter, as a penalty for the consumption and savings of water resources carried out by families (…) 14. AyA does not have a strategy that allows for annually updated water quality information, both for systems operated by AyA and those delegated to service providers such as Asadas, causing the problems associated with the presence of parameters such as arsenic, iron, manganese, and molecules associated with agrochemicals not to be addressed in time, and on the contrary, they only receive attention once the impact on water quality has materialized (…)” (emphasis was added).

On the other hand, it is verified that the Alajuelita area is supplied from the Bello Horizonte tank, and that a water tank with external spigots for public use was installed at the Red Cross facilities in Alajuelita. The Court corroborates that, on January 25, 2024, a group of people filed a petition before the Municipality of Alajuelita and Icaa, complaining about the problems with the provision of the water service in that canton and requesting its solution. On January 31, 2024, Nombre67954 sent an email to the Office of the Director General of User Service (Dirección General de Atención al Usuario) of Aresep, denouncing water theft in Alajuelita, which Icaa has not resolved. In response, the following day it was communicated that, if they wished to file a complaint, they had to do so through the single window and meet a series of admissibility requirements. Between February 26 and March 11, 2024, the Bello Horizonte tank has received reports of operational outputs, namely:

Reports of San José/ Alajuelita/ Concepción from 02/26/2024 to 03/11/2024

| Consecutive | Start Time | End Time | Date |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2024521<br>2024532 | 10:00 a.m.<br>7:00 p.m. | 1:30 p.m.<br>12:00 am (02/27/2024) | 02/26/2024 |
| 2024540<br>2024318 o 2024547 | 9:30 a.m.<br>7:50 p.m. | 2:00 p.m.<br>01:00 am (02/28/2024) | 02/27/2024 |
| 2024552<br>2024565 | 8:30 a.m.<br>6:00 p.m. | 4:30 p.m.<br>12:00 am (02/29/2024) | 02/28/2024 |
| 2024578 | 8:00 p.m. | 12:00 am (03/01/2024) | 02/29/2024 |
| 2024592 | 7:00 p.m. | 12:00 am (03/02/2024) | 03/01/2024 |
| 2024600<br>2024606 | 1:00 p.m.<br>6:00 p.m. | 4:00 p.m.<br>12:00 (03/03/2024) | 03/02/2024 |
| 2024632 | 9:30 a.m. | 2:00 p.m. | 03/04/2024 |
| 2024718 | 8:30 p.m. | 12:00 am (03/09/2024) | 03/08/2024 |
| 2024723 | 1:00 p.m. | 7:00 p.m. | 03/09/2024 |

Similarly, it is verified that in the Chorotega urbanization, water distributions have been carried out with tanker trucks at the request of the residents. In that sense, Icaa has defined water distribution routes via tanker trucks in Alajuelita, namely: “Routes Alajuelita FIXED Distribution: from the 1st to the 5th, the locations of points 6 and 7 depend on the daily condition 1 Dormitory of the Municipality of San José (necessary at 7 am, 5 hoses) 2 Cedes Community Tank 3 La Toyita Community Tank 4 Cruz Roja Community Tank 5 Los Geranios (Targua) Community Tank 6 Educational Centers (see list) 7 General Population 7.1 Ruta Concepción arriba: Poró, Lotes Paz, Vista Sn José, Dirección7558 , , Dirección7555 7.2 Ruta La Chorotega: La Chorotega, Antolina, Acapulco al este and al Oeste, Urb.

Emmanuel, Zona de la Clínica 7.3 Ruta Liceo: Esquipulas, Targua, Geranios, Liceo de Alajuelita parte norte, La Paz, 7.4 Ruta San Felipe: Don Omar, La Verbena, Los Pinos, La Aurora”. The executive president of the ICAA states that this entity “has projected short, medium and long-term actions for the supply of drinking water in these affected sectors. Currently, through the use of an electric generator, the utilization of approximately 80 liters per second from a recently drilled well in San Blas de Moravia is being carried out, and this contributes to the collection of liquid for supply to the entire GAM. Specifically, the utilization of the wells called Goal 1 and 2 is proposed as a measure that will help to reduce or mitigate limitations on access to water during summer seasons, using electric generators, which is projected for an approximate period of two years. These wells already have the water quality analysis and the tests that demonstrate the quantity and the flow rate for use. The activation of this utilization could improve and reduce the number of hours in which the population may have access to drinking water.”

For its part, in report no. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” of April 12, 2024, the Contraloría General de la República concluded: “3.1. The management of the portfolio (portafolio) of investment projects for drinking water supply and sanitation (saneamiento) of residual water of the AyA has not been effective in impacting populations in a condition of vulnerability, since only 1.6% of the districts with the highest condition of vulnerability in the country, according to the 2023 Social Development Index (Índice de Desarrollo Social), have programmed investments in sanitation and only 16.7% in drinking water; likewise, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to the AyA's 2021 Community Vulnerability Index for Drinking Water (Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable) have programmed investment. 3.2. The AyA has also not been effective or efficient in managing the time, cost and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should be completed by January 2024 are still in execution, which delays the attention of citizen needs, affecting the benefit for 2.8 million people in drinking water and 1.2 million people beneficiaries of sanitation projects in cities such as Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo and Coco-Sardinal. 3.3. In turn, the portfolio management has also not been effective in the incorporation of priority projects in congruence with current and future citizen needs, since the design and management of the AyA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. 3.4. The inefficient management of the portfolio has led the AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected given the lack of recognition of investment costs in the rates that sustain the services, causing the proportion of income destined to the payment of obligations to increase each year. 3.5. The results found limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge mainly in the context of populations in a condition of vulnerability. 4. DISPOSITIONS (…) TO JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF THE AYA OR TO WHOMEVER HOLDS THE POSITION IN HIS STEAD 4.4. Design, disseminate and implement a comprehensive portfolio governance (gobernanza) model that contains at least: i) a portfolio risk management plan; ii) a portfolio recovery plan; iii) a reliable information system that offers integrated data on the time, cost and scope of the portfolio components; iv) the portfolio adjusted and approved by the highest-ranking official, in accordance with administrative and technical execution capacity; v) periodic performance measurements throughout the life cycle of the portfolio, program and project in accordance with MIDEPLAN guidelines and applicable current regulations; vi) the prioritization criteria for portfolio components, including criteria for populations in a condition of vulnerability; and vii) the roles and responsibilities for each of the portfolio management stages and its components. Send to the Contraloría General a certification on the design and dissemination of the governance model no later than April 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025 and a second progress report no later than April 30, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.5. Elaborate, disseminate and implement a model for the improvement of institutional management, in coordination with the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, containing at least guidelines for: i) the management of financial resources; ii) design and improvement of the systematic management of processes; iii) results of products and services; iv) financial results; v) results of processes (organizational effectiveness); and vi) leadership results; with the aim of modernizing its organization, processes and procedures, and increasing the efficiency, effectiveness, relevance, quality, sustainability and productivity of its activities. Send to the Contraloría General a certification on the design and dissemination of the Model no later than June 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025 and a second progress report no later than May 29, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.6. Elaborate, disseminate and implement a roadmap towards financial sustainability (hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera), that includes the actions and instructions to be implemented for the financial management of the public investment portfolio, integrating at least: i) financial sustainability indicators for the investment portfolio and the organization; ii) measurement, monitoring and control mechanisms and their frequency; iii) preventive limits and alerts for the indicators; iv) awareness-raising actions within the organization on financial sustainability; v) guideline on the frequency for requesting rate adjustments; and vi) reports and necessary inputs derived from the reference information system contained in paragraph 4.4 of this report. Send to the Contraloría General a certification attesting to the elaboration and submission to the Board of Directors (Junta Directiva) of the roadmap proposal towards financial sustainability, subsequent to the resolution by that body, send a certification attesting to the dissemination and implementation of the roadmap towards financial sustainability no later than April 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025 and a second progress report no later than August 31, 2026. (see paragraphs 2.55 to 2.76). TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE AYA OR TO WHOMEVER HOLDS THE POSITION IN THEIR STEAD 4.7. Resolve regarding the roadmap towards financial sustainability proposal, received from the Executive Presidency in compliance with the disposition contained in paragraph No. 4.6 of this report. Send to the Contraloría a copy of the agreement attesting to what was resolved, no later than two months after receipt of the proposal (…)”.

Likewise, in the technical report rendered before this Tribunal by the Contraloría General de la República on May 6, 2024, it was indicated: “(…) Now, based on oversight studies carried out previously, among them the \"Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)\" of September 5, 2018, coincidences were found in the trend of shortages and constant interruptions in the drinking water service in vulnerable communities. In addition, based on the ICAA's Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables of September 2021, the communities identified in the canton of Alajuelita, whose service operator is the ICAA, presented a high Community Vulnerability Index for Access to Water (Índice de Vulnerabilidad Comunitaria por el Acceso al Agua), among them, Chorotega, in the district of Alajuelita. This index, according to the ICAA, aims to determine community vulnerability due to access to drinking water, in those places where conditions still manifest a significant lag in pursuit of a drinking water service that meets the best quality standards and applies the best socio-environmental practices for its achievement. For its part, it is accredited through the \"Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)\" of September 5, 2018, that the water service constitutes an insurance for communities not to descend on the scale of vulnerability, as one of the manifestations of poverty according to Sustainable Development Goal 1 is limited access to basic services. Furthermore, said report issued by the Contraloría pointed out that the deficient state of service provision fosters exposure to diseases, restriction on the development of productive activities, unsustainable water consumption, and a decrease in resilience capacity to extreme events. All of the above accentuates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of these communities (…) in the opinion of the Contraloría, although there is no record of the agreements between the community and the ICAA for the specific case of Alajuelita nor of the mentioned non-compliance with said agreements, based on Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-24 called \"Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados\" of April 12, 2024, a series of deficiencies in the performance management of the drinking water and sanitation investment portfolio are accredited, as well as weaknesses in the governance of the investment portfolio management, which limits the attention of public necessity with the required timeliness. Specifically, it was found that only 16.7% of the districts with the highest condition of vulnerability in the country (using the 2023 Social Development Index published by MIDEPLAN) have programmed investments in drinking water; meanwhile, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to the ICAA's 2021 \"Community Vulnerability Index for Drinking Water\", are associated with the main investments contained in the ICAA's portfolio, which shows deficient attention to the most vulnerable communities in the national territory. Likewise, that 57% of the projects should have been completed by January 2024 according to ICAA estimates; however, they were still in execution, delaying improvements in the quality, quantity and continuity of the drinking water service, as well as the benefit for 2.8 million people nationwide. Also, it was found that the design and management of the ICAA's investment portfolio presented an incipient level and lacked a logical and systemic sequence, which hinders the resolution of the most pressing current and future problems of the population through the investments that make up the portfolio, which would allow addressing the challenges associated with inequality in access to drinking water and sanitation services, as well as social conflicts over water use (…) 111.2 ON THE ICAA'S RESPONSE On inconsistencies in the ICAA's criterion. In numeral 1 regarding hydraulic elements that make up the supply and distribution network in the Alajuelita sector, including the Bello Horizonte Tank, the ICAA indicated that the tank had not reported out-of-service events implying a shortage exceeding 8 hours per day. Despite this, on February 27, February 28 and March 2 of the current year, the suspension exceeded the indicated 8 hours, in particular, 8 hours and 40 minutes, 14 hours and 9 hours, respectively. All of the above, according to consecutives 2024540, 2024318 or 2024547, 2024552, 2024565, 2024600 and 2024606, described in the table called \"Boletines de San José / Alajuelita / Concepción del 26/02/2024 al 11/03/2024\", from report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385, provided as evidence to the file of this amparo appeal (recurso de amparo). In this sense, the \"Reforma reglamento prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes\"*, in force during the aforementioned shortage days, indicates the need to provide alternative supply and reasonable explanations in the event that the (sic) suspensions exceed 8 hours per day. It should be noted that according to the (sic) current regulation, if the shortage exceeds 6 hours, a collective communication must be issued and an alternative service must be ensured that covers the basic needs of the population and the requirements of hospitals, clinics and health centers. Regarding the above and in line with numerals 3 through 5, the \"Informe Reparto Cisternas Alajuelita Recurso Amparo Expediente 24-007582-0007-CO\" memorandum no. SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 of March 26, 2024, in Illustrations 2 and 3, images are attached regarding ICAA actions to supply drinking water via tanker trucks (cisternas) to some affected communities on February 28, February 29 and March 3, 2024. However, as observed in previous paragraphs, the shortages lasting more than 8 hours per day occurred on February 27, February 28 and March 2 of the current year, with no evidence provided in the submitted proof of the establishment of an alternative mechanism, in this case tanker trucks, to the affected communities on 2 of the 3 cited days, whose reported suspension exceeded 8 hours. On the conditions of the existing network. In numerals 1 and 2 regarding hydraulic elements that make up the supply and distribution network in the Alajuelita sector, including the Bello Horizonte Tank, the ICAA indicated that the tank had not reported out-of-service events implying a shortage exceeding 8 hours per day. In addition, in numeral 6, the ICAA points out that the rapid shortage of the drinking water service in the district of Chorotega of Alajuelita responds to the lack of pressure in the pipes due to being located in one of the high parts of the network, a condition that is complicated when the level of the tanks is low. About this, the Contraloría General in the \"Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)\" of September 5, 2018, indicated that aqueducts (acueductos) require water storage to cover demand and compensate for hourly variations, mainly when the supply source alone is not sufficient to cover daily demand, which leads to suspensions of the service in question. On this matter, it must be distinguished that the entry into operation of the tank after the suspension does not guarantee the prompt or immediate arrival of drinking water to the users, as it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach filling and the appropriate pressure to guarantee supply. This phenomenon is aggravated in the high zones of the network, where the topography affects the speed of re-establishment of the drinking water service. In summary, the suspension must consider the pipe filling and pressurization period, and not only the exit from and entry into operation of the storage tanks, so that the duration of the suspension corresponds to the communicated end time and, with that, the time expected by the users for the return of service (…) In its report, in numeral 7, the ICAA indicates that this entity has projected short, medium and long-term actions for the supply of drinking water in these affected sectors (…) These just-described short, medium and long-term actions are based on report no. UEN-GA-2024-00559, which could not be located in the file sent to the Contraloría General. However, on the subject of the ICAA's investment portfolio, the Contraloría issued Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, called \"Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados\", where it was determined that the management of the ICAA's portfolio of investment projects for drinking water supply and sanitation has not been effective or efficient; a situation that restricts the capacity to provide the service in a timely manner and address the public problems associated with drinking water. As mentioned in previous sections, Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 found that 57% of the projects should have been completed by January 2024, according to ICAA estimates, but at the time of the oversight they had not been completed, delaying improvements in the quality, quantity and continuity of the drinking water service, as well as the required attention to the public needs regarding water resources for approximately 2.8 million people nationwide. In turn, it was determined that information management does not allow efficient administration of the portfolio's time, cost and scope, since for various programs and projects there is no basic data such as start and end dates, real and planned costs, number of beneficiary population and those responsible for managing the projects. Similarly, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in congruence with current and future citizen needs, since the design and management of the ICAA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. Finally, a condition of financial unsustainability in portfolio management is foreseen, which implies a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the rates that sustain the services stands out. In general, the results found in the referred oversight limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge mainly in the context of people in a condition of vulnerability (…) CONCLUSIONS From the content of this report, the following is concluded: 1. Although the Contraloría General has not carried out an oversight of the drinking water supply service directly in the community of Chorotega of Alajuelita, nor has quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other districts of the canton, the Contraloría finds coherence between the condition of the public drinking water service described by the appellant and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the appellant coincides with what was found by the Contraloría General in other communities of the country in a condition of vulnerability. 2. Even though there is also no oversight available on the ICAA's response to the alleged lack of action to counteract the mentioned suspension of service in the districts of Alajuelita, based on other oversight results carried out by the CGR, it has been found that the ICAA's investment portfolio in drinking water presents a series of deficiencies in its performance management, as well as weaknesses in governance, which limits the attention of public necessity with the required timeliness and the delivery of expected benefits to the population. 3. Inconsistencies were found in the Report SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00385 provided by the ICAA, because although shortages of less than 8 hours per day are suggested, the Contraloría General finds hourly differences exceeding 8 hours for 3 specific days, using as a basis the same information rendered in that report. In addition, this Contraloría points out the consideration of the pipe filling and pressurization period in the schedule communicated to users regarding the suspension, as not only should the entry into operation of the tank be taken into account, since this does not guarantee the prompt or immediate arrival of drinking water to the users, as it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach filling and the appropriate pressure to guarantee supply. 4. In its reply, the ICAA did not provide evidence regarding the establishment of an alternative mechanism for the days on which suspensions exceeding 8 hours per day were found. Nor did the ICAA attach the report UEN-GA-2024-00559 that supports its actions regarding Social Management (Gestión Social). It is for the foregoing that it is not possible to provide an opinion on the cited elements. 5. No evidence or reports were provided on the actions of ARESEP; in that sense, this Contraloría cannot provide a report and also emphasizes the duty established by Law for the Regulating Entity, regarding its obligation to ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness and optimal provision in public services, including drinking water, for example, the obligation to prepare technical inspections of the properties, plants and equipment destined to provide the public service, as well as the duty to execute controls over the installations and equipment dedicated to the public service, this for the full fulfillment of the obligations. 6. Finally, although the Municipalidad de Alajuelita highlights the guiding responsibility of the ICAA in the administration of aqueducts and sewers at the national level, it is important to remember the principle of coordination that governs the actions of all state institutions, therefore in the opinion of the Contraloría it is crucial that the Municipalidad de Alajuelita, the ICAA, ARESEP and other responsible entities according to their competencies collaborate closely to resolve the water supply problem and protect the rights of the inhabitants” (the highlighting does not correspond to the original).

Finally, through technical report no. DH-0449-2024 of May 7, 2024, the Defensoría de los Habitantes de la República established: “(…) A.4. Considerations of the Defensoría in relation to the cases of Alajuelita: Although, as noted at the beginning of this section 3, the Defensoría is in the process of preparing the final report with recommendations regarding interventions on the drinking water supply problem in Alajuelita, it has been able to verify that the actions carried out by the AyA have not been sufficient or timely to achieve a provision of the service in quantity for the population, and an example of this are the 54 complaints referred to at the beginning of this report and received between the end of February and April 2024. The community of Alajuelita has been facing a critical situation in relation to the supply of drinking water, as reflected in the complaints filed by the community's residents due to programmed and unprogrammed rationing, non-compliance with indicated schedules, extensive periods of shortage, difficulties faced by the population in the distribution of water by tanker trucks, and the consequent affectation of their rights. In the year 2023, 16 requests for intervention were also received from this community. This shortage is due to multifactorial causes, some of them external, such as the El Niño Phenomenon, an increase in population demand, a drop in production sources, modification in rainfall behavior, as well as disorderly territorial planning (planificación territorial), lack of protection in aquifer recharge zones; but, particularly, it is due to inadequate planning, lack of project execution, and lack of coordination within the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. As indicated, these conditions negatively affect the provision of the drinking water supply service in Alajuelita, which, in accordance with Article 4 of the Ley General de la Administración Pública, must be subject to the fundamental principles of public service to ensure its continuity, its efficiency, its adaptation to any change in the legal regime or in the social need they satisfy, and equality in the treatment of the recipients, users or beneficiaries. Likewise, in accordance with Article 5, subsection c) of the Ley 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, and in concordance with Article 9 of the AyA's service provision regulation (reglamento de prestación de servicios), the drinking water service must be provided “within the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability and with a human rights approach”; however, this is not being achieved in Alajuelita. The AyA has reported on the actions implemented to address the problems related to water supply in Alajuelita, among which are included continuing with informative campaigns to change consumption habits, promoting the development of projects that introduce new water sources to reinforce existing systems, informing the population of the status of the Metropolitan Aqueduct (Acueducto Metropolitano), promoting the development of projects that will bring new water sources to the sector at times when existing sources are in deficit, and other palliative measures to address the situation in the short term. Likewise, the AyA reports that significant repair events have occurred in the last two months, as well as distributions in response to requests received on the 800 line that meet the requirements. It adds that operational maneuvers have been carried out, such as the transfer of water volume between the La Valencia and Bello Horizonte systems, rationing is carried out in the San Juan de Dios de Desamparados System and the Alajuelita system, which are reinforced by Puente de Mulas through Bello Horizonte to distribute the available water among the 3 zones as equitably as possible, pressure control through calibration of pressure control valves to avoid unnecessary consumption by the population, a redistribution of schedules for operational maintenance work of the potabilization plants (plantas potabilizadoras) was made at times when the systems present lower demand and, therefore, reduce the impact of these processes on production. However, the Defensoría considers that the efforts made have not been sufficient and that adequate or more efficient planning and execution of medium and long-term infrastructure projects for the improvement of the water and hydraulic capacity of the aqueduct systems could have contributed to satisfying the demand for drinking water service, even in the dry season. Based on what was indicated by the AyA in its reports, the Defensoría has identified palliative and short-term actions to resolve supply problems in communities such as Alajuelita; however, these actions do not resolve the existing structural problem. To date, the effective execution of actions for a definitive solution to the problem has not been identified. In fact, since previous years, the Defensoría has called the AyA's attention for the lack of foresight in implementing measures to satisfy the supply needs of the population, so as to guarantee the supply of water to the communities that, year after year, suffer from rationing for extensive periods and other service affectations, with the consequent negative impact this implies for the full enjoyment of the human right to access to drinking water, the right to health and to education and to development, among others (Files 313166-2020-SI and 409986-2023-RI, both from the Defensoría).

As an indicator of a lack of project planning, the Ombudsman's Office has been aware of complaints from the inhabitants of Alajuelita for several years, for example files 417525-2023-RI, 415859-2023-RI, 417830-2023-RI, 417526-2023-RI, -417528-2023-RI, 417529-2023-RI, 417532-2023-RI, 417534-2023-RI, 417533-2023-RI, 417535-2023-RI, 417536-2023-RI, 417539-2023-RI, 417544-2023-RI, 417546-2023-RI, 417548-2023-RI, 417764-2023-RI, which illustrate the repeated lack of planning, as well as non-compliance with supply schedules and the lack of clear and assertive communication on the part of AyA, to the detriment of the right to information of all persons living in the affected communities, especially those in vulnerable conditions, such as children, older adults, persons with disabilities, pregnant women, bedridden patients, and other populations. AyA also reported on the actions to be implemented in the area to improve the service, such as the new wells for the ME-A-19 Puente Mulas supply system, which supplies water to the Urbanización Chorotega, as well as short-term actions, like the expansion of the production of the Acueducto Metropolitano through the implementation of new wells in San Rafael de Alajuela and the drilling of wells, Goal 1 and Goal 2, with which an increase in liters per second is estimated and which are expected to come into operation in the second half of 2024. For the medium term, the reduction of the rate of unaccounted-for water (agua no contabilizada), and for the long term, the supply for the Acueducto Metropolitano, Fifth Stage (Quinta Etapa). The Ombudsman's Office will provide punctual follow-up to each of the aforementioned projects so that the provision of the service in said community conforms to the parameters of optimal provision in terms of quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness (oportunidad), sustainability, and with a human rights approach, as established in the regulation governing the service, with the objective that all persons may fully enjoy their human, basic, and inalienable right of access to drinking water, just as the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) itself has indicated in various rulings (votos). Based on the information that has been gathered, the Ombudsman's Office also considers that AyA must urgently implement the necessary actions for comprehensive planning of investment needs and improvement of service provision, as well as an efficient execution of the projects and infrastructure works necessary to meet the current and future demand for the service for Alajuelita and all affected communities, in order to effectively guarantee the human right of access to drinking water (…) Having clarified the above and making a detailed reading of the report rendered by the Municipality of Alajuelita (Municipalidad de Alajuelita), on the occasion of the judicial action that now summons them, no specific action is identified on the part of said local government, precisely exercising that role of leadership, coordination, and/or instance of articulation in order to address the drinking water requirement for its community. The Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) is not unaware of AyA's direct responsibility in guaranteeing the public service, but neither is it unaware of the municipality's responsibility to manage actions for that purpose. On the contrary, a report is visualized where even the local government itself appears before this Chamber (Sala) as one of those affected by the lack of drinking water supply. Instead of becoming the closest and most accessible authority for the population, one that promotes the articulation of the different actors with the competent institutions, the community, the private sector, and others. The Municipality of Alajuelita is not visualized as an instance that fosters communication, on this occasion between AyA and the community, even becoming the voice of the different affected localities. Since the local government has the responsibility and legal obligation to be the defender of the community's interests and promote its development, a call is made to redirect its actions in fulfillment of its legal mandate, that is, addressing local needs and objectives.3.3. Regarding the intervention of ARESEP for the specific case of the community of Alajuelita: In accordance with the provisions of articles 4 and 5 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), No. 7593, among the fundamental functions and objectives of ARESEP is to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness (oportunidad), continuity, and reliability necessary to provide these services optimally. In this regard, ARESEP prepared in 2022 a diagnosis of the AyA Aqueduct Service, in which it was concluded: "that the institution presents 57% losses of drinking water, that the execution of investment projects or works is not complete and takes 10 to 15 years, and that 80% of the meters present under-registration of consumption." Additionally, it warned about the absence of records of large consumers and consumption levels, as well as institutional planning aimed at asset replacement, together with the rejection of service availabilities (disponibilidades), and that 70% of the aqueduct systems present water stress (estrés hídrico). It was also concluded that there are non-compliances in the verification of water quality in all service providers in the country, and the absence of a strategy to keep water quality information updated annually by the National Water Laboratory (Laboratorio Nacional de Aguas). Finally, the diagnosis highlights the need for refinancing of the credit obligations associated with investment projects or works. In the interest of public health and in compliance with legally established powers, ARESEP has the responsibility to ensure that the providers of drinking water supply services provide a quality service. Hence the strict follow-up and demand for compliance that said instance must give to each of the conclusions reached by the referenced report, in order to ensure that the provision of the service will be carried out complying with the current standards of quality, continuity, timeliness (oportunidad), and reliability. Therefore, although ARESEP states in its report that there are no complaints about the water shortage (desabastecimiento), it is its responsibility, as part of its functions, to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness (oportunidad), continuity, and reliability necessary to provide these services optimally, so it cannot justify its non-intervention on the absence of complaints that drive its actions, which must be proactive and ex officio (de oficio), ensuring at all times to attend to and strictly follow up on each of the conclusions of the aforementioned report, as indicated in the preceding paragraph and particularly, compliance with the provisions of the Technical Regulation for the provision of aqueduct, sanitary sewer, and hydrant services (Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante) prepared by that same public body and mentioned in its report (…)" (emphasis added).

Of importance for the resolution of this matter is ruling (sentencia) no. 2020007754 of 9:45 a.m. on April 24, 2020:

"III.-Specific Case. In the sub examine, the petitioner indicates that she is an older adult person of 70 years who lives at Dirección339 with her 76-year-old husband, her 40-year-old daughter, and her 10-year-old granddaughter. She states that the community she inhabits suffers from water rationings (racionamientos) and suspensions, initially due to the scarcity of that liquid. She narrates that on March 9, 2020, they had water from 4:15 a.m. to 6:00 a.m.; however, it was so little that she could barely collect enough to drink and cook. She mentions that, due to the above, the water was not enough to fill the toilet tanks (tanques de los inodoros) nor to wash clothes. She alleges that they have had more than 40 hours without water in their homes. She indicates that, between 1:00 p.m. and 2:00 p.m. that same day, a neighbor told them that there was a water tanker truck (camión cisterna) on the site, which allowed them to collect water; however, she accuses that, at that moment, there was no type of notice informing them that the water tanker trucks were nearby. She maintains that, due to the above, the other inhabitants of the area could not collect water. She states that the executive president of ICAA reported that on the occasion of Covid 19 they would provide water at two times of the day; however, such statement has not been fulfilled. She asks that her right to receive drinking water at reasonable times and for reasonable durations be respected.

From the study of the case file, it has been proven that the petitioner is an older adult person. The southern tanks (tanques del sur) of ICAA have supply problems (desabastecimiento) and are those that supply the water service for the Hatillos area. These tanks take the liquid mainly from the La Valencia system and are reinforced with the systems of Puente de Mulas (through Bello Horizonte) and Tres Ríos by means of the Curridabat tanks. The ICAA has infrastructure to purify water; however, the sources do not have the capacity to provide the required resource. The supply problems depend on a series of factors such as: population demand (which varies with the time of day, the temperature, the day of the week, etc.), the production available at the moment, the level in the storage tank, the topographic elevation (cota topográfica) of the service, the distance from the service to the distribution point, among others. In the dry season (época seca) of previous years, the southern tank system could be reinforced for a longer time with water from the Tres Ríos water treatment plant (planta potabilizadora); however, due to the problems faced throughout the entire aqueduct (acueducto), the reinforcement has been minimized. The ICAA has developed several projects that are already in operation and, in the last two years, approximately 500 liters per second were incorporated with the Doña Lela, San Miguel, and Palermo wells and the CNP 7, 8, and 9; however, it has not been sufficient to avoid the summer effect that is being experienced. In 2019, the ICAA began operating the Chigüite well, which incorporates 20 liters per second into the Tres Ríos system, thereby directly helping the Curridabat system and this allows reinforcing the southern tanks during some moments of the day. At the end of 2019, the Water Intendancy (Intendencia de Agua) of ARESEP requested the operators to present their dry season (estiaje) plans and the actions to reduce rationings (racionamientos) in 2020. From the plans provided, ARESEP highlights that sufficient resources have been approved for the purposes of making the necessary investments for the rationings; however, the capacity for project execution by the operators has not been the desirable one. As of March 6, 2020, the ICAA has approximately 100 l/s of additional flow in the Tres Ríos plant to reinforce some of the affected systems, among which the southern tanks are included. On March 9, 2020, the Hatillo 2 area had water from 4:15 a.m. to 6:00 a.m. On March 9, 2020, the petitioner received water from a water tanker truck. By March 10, 2020, the date of the filing of the appeal (recurso), the water service in Hatillo 2 had not yet been restored. The ICAA water distribution logs record, in relation to Hatillo 2, the following: i) On March 4, 2020, the following trips were made: a. One to 'Dirección505'. b. One to 'Hatillo '#1, #2'. ii) On March 5, 2020, eight trips were made to 'Hatillo, Hatillos 2 y 4, Colegio Cedes Don Bosco'. iii) On March 6, 2020, three trips were carried out to 'Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén'. iv) On March 7, 2020, the following trips were materialized: a. One to 'Parque nacional Mara Redonda. Hatillo # 2-Hatillo #8'. b. One to 'Hatillo 2'. c. One to 'Dirección505'. d. Three to 'Hatillo 2 Valdeado'. v) On March 8, 2020, the following trips were perpetrated: a. One to 'Hatillo #2- Hatillo #8-INA Florida'. b. Two to 'Hatillo 2 and surroundings'. c. Two to 'Dirección506'. vi) On March 9, 2020, two trips were completed to 'Hatillo #1, Hatillo centro and Hatillo #2'. Users can consult the following communication channels to find out about the bulletin of affectation (boletines de afectación) in their respective communities through: line 800- REPORTE (7376783); application for devices SERVICIOS AYA; WhatsApp: Telf30 and Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. On March 12, 2020, the ICAA was notified of the course of this amparo. On March 12, 2020, the ICAA interconnected the W5 well to the ME-A-17 La Valencia system, which will allow reinforcing the water supply in the most critical sectors of the capital, such as the Hatillos. The Water Intendancy of ARESEP, through official letter No. OF-0200-IA-2020 of March 16, 2020 addressed to the executive president of ICAA, stated: '(...) However, and despite the fact that the country is currently in a health emergency situation, different localities of the country, especially in the Greater Metropolitan Area of San José (Área Metropolitana de San José), are suffering constant water rationings, justified by AyA in that this happens because during the dry season, the aqueduct system faces a water deficit added to the increase in liquid consumption during the summer months. Given this, the Regulatory Authority reiterates that it is the responsibility of the providers to implement a permanent planning policy that allows preventing situations like this, based on efficiency standards and considering the adverse circumstances that occur during the annual dry season and drought (sequía) period. In particular, they must be able to develop a response capacity and an adequate contingency plan to avoid water rationings in drought periods. The providers are aware that the impact of climate change on waters translates into a limitation in the quantity of the resource, and since one of the fundamental principles of public services is their continuity, it is essential that they make the necessary efforts to improve in a sustained and not merely momentary manner the water scarcity problem affecting the localities to which they provide the service. The foregoing contrasts with the persistence of rationing problems over several years and in a large number of communities, which reaffirms that these are not situations that can be classified as a fortuitous event (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor). Although the Regulatory Authority is aware of the institutional efforts made by the entities it represents to avoid the impacts on the population derived from the water rationings that have occurred in recent years, this problem is increasingly recurrent and affects a greater amount of population. The reasons are multiple, but this Regulatory Authority draws attention to the lag in investment in infrastructure and the significant losses from unaccounted-for water (agua no contabilizada, ANC). It is essential that AyA solve both problems within a reasonable (prudencial) timeframe. Despite the warnings made by the Regulatory Authority on this matter and, above all, having had knowledge nationally and internationally of the current outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), the water rationings by AyA continue to be a recurrent measure and users continue to suffer from the lack of water, thereby violating the country's health system and, from the regulatory point of view, the fundamental principle of continuity in the provision of public services; it being your obligation according to article 14 subsections i) and j) of Law No. 7593, to be prepared to ensure in the short term the provision of the service in a regular and safe manner. The different explanations that AyA has offered in various instances about the reasons that have led to the high levels of water shortage (desabastecimiento) in several areas of the country, especially in the Greater Metropolitan Area of San José, do not allow concluding that they should be excluded from the application of the cited article 95 or that they are fortuitous events or force majeure cases, given that, as indicated previously, the rationing situation has occurred recurrently over several years. Consequently, the AyA is hereby instructed to proceed with the adjustment in the amount of the billing of services to all its subscribers affected by the rationings, for the following cases in which article 95 of the Technical Regulation AR-PSAYA-2015 applies, namely: a) When the provision of the service is less than 16 natural hours per day for at least 20 natural days per month; and b) When the suspension of the service for 24 natural hours for more than three consecutive natural days or more than 7 non-consecutive natural days, both in the same month. This provision is independent of others that have been issued in the sense of correcting within a reasonable time the rationing situations that have recurrently occurred; therefore, AyA cannot assume that the application of the cited article 95 exempts it from correcting the typified problem. Additionally, this Regulatory Authority must be informed, within a maximum period of five business days (días hábiles), of the mechanism that it will implement to comply with this provision.' On Dirección5102, the ICAA began the replacement of pipes in sectors of Hatillo 2 with ones of greater capacity, which will allow increasing the flow available for the homes of Dirección508, Dirección509, Dirección510, Dirección511, and the tree-lined walkway between streets 54 A and Dirección512, with 70% progress, since the interconnections and the connection of service lines (acometidas) are still pending. On Dirección5102, the ICAA interconnected a new well (W16) to the ME-A-17 La Valencia system, which will allow reinforcing the water supply in the most critical sectors of the capital, such as the Hatillos. This well has a production capacity of 75 liters per second (l/s), equivalent to the daily consumption of 18,500 people. The ICAA is executing the project 'BPIP No. 2680: Expansion of the production of the Metropolitan Aqueduct (Acueducto Metropolitano) through the implementation of new wells in San Rafael, Alajuela' in order to improve the drinking water supply conditions in sectors with critical affectation during the dry season, such as the southern neighborhoods, among them Hatillo. The project began on February 1, 2019, and is projected to end on November 1, 2023.

In relation to this topic, the Chamber (Sala) has had a defined jurisprudential line. By ruling (sentencia) no. 2019-019080 at 9:20 a.m. on October 4, 2019, it resolved:

'III.- Regarding the drinking water shortage (desabastecimiento) due to the dry season. Regarding this problem that currently affects many communities in the national territory, this Chamber, through ruling No. 2019-007183 at 9:20 a.m. on April 26, 2019, considered the following:

  "...III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. Although it is true, this Court has recognized, in reiterated jurisprudence, that access to drinking water is a constitutional right, derived from the rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, it is also true that currently, multiple supply problems of the vital liquid are occurring, generated during the dry season (in the same sense, see rulings No. 2009-12511 at 5:59 p.m. on August 11, 2009, No. 2010-015448 at 12:15 p.m. on September 17, 2010, No. 2014-004918 at 2:30 p.m. on April 9, 2014, No. 2017-006082 at 9:45 a.m. on April 28, 2017, and No. 2016-007550 at 9:05 a.m. on June 3, 2016). In this regard, the State's responsibility is to implement the necessary and optimal measures to provide an effective solution to these problems. From this perspective, it is accredited in the case file that, in the area indicated by the petitioner, water cuts have occurred in recent months, which the respondent authority recognizes and details. However, it was possible to prove that the suspensions claimed by the service users are not the product of negligence or arbitrariness on the part of the respondent Institute, but rather are due to a situation of general shortage (desabastecimiento) of all systems during the dry season. In that sense, it was accredited that the respondent authority has communicated through various means that during this season, water rationings will occur due to the deficit caused by the reduction of flows (caudales) supplying the catchment tanks and by the increase in water consumption. Specifically, Nombre40834 belongs to the San José Operation zone, which is supplied by water stored in the Curridabat Tanks, which are fed by water from the Tres Ríos System. It is on record that, during normal production, the Curridabat Tanks at the start of the day present a storage volume of 85%; however, currently the levels reach 20% of their capacity, which leads to the area being prone to supply problems. These occur when the population's demand exceeds the storage available and vary depending on the population's demand, the production available at the moment, the level in the storage tank, the topographic elevation of the service, the distance from the service to the distribution point, the elevation of the area, etc. Nombre40834 is one of the highest areas, so the impact of the water shortage will be greater; this affectation occurs only in the dry season and not constantly throughout the year. Normally, the supply problems begin around 10:00 a.m. and the system begins its recovery around 11:00 p.m. This problem is supported by the distribution of water through water tanker trucks for vulnerable population centers. The respondents indicated that they have carried out works to reinforce the system and benefit the communities in the highest sectors; they have also carried out interconnections in the La Pacífica area to transfer that sector to another operation zone to shorten the coverage area of the Curridabat tanks; the operation supplied by the Cipreses tank was expanded to cover part of San José that was exclusively supplied by the Curridabat Tanks. As a long-term measure, the respondent Institution is promoting projects focused on the control of unaccounted-for water. As a result of the above, it has worked on exploiting new sources that are currently in operation for the benefit of the GAM population, and work has been ongoing on the development of a project that aims to increase the production benefiting the GAM by up to 2500 liters per second, a project that is in the design stage and would be concluded in the year 2025. Likewise, they accredit that, at present, they have operating in the GAM the Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP Dirección5103, and CNP Dirección4729 wells. This Court considers that, although it is verified that there indeed exists a shortage in the drinking water service in the community where the petitioner resides, the respondent authorities demonstrated that they have acted within their material possibilities in order to achieve an adequate redistribution. Likewise, this Chamber considers that the supply shortage occurs only in the dry season and not during all months of the year nor during all hours of the day, and this situation is communicated to the population through various means. Additionally, it is valued that the institution has carried out works to reinforce the system and has taken corrective and preventive measures, among which is the study it is conducting for the exploitation of new sources that are currently in operation, which will benefit the GAM population and aims to increase production by up to 2500 liters per second. Based on the foregoing, the Chamber rules out that the Administration has been negligent in addressing the problems in the supply of the drinking water service in the affected area; therefore, it is necessary to declare the appeal without merit, as it is hereby done. The foregoing, without prejudice to reminding the respondent institution of its duty to continue carrying out works to reinforce the system and avoid the supply shortage during the dry season...".

IV.- Regarding the water shortage (desabastecimiento) alleged by the petitioners. In the sub lite, the petitioners allege arbitrary rationings of the drinking water supply in the Mata Redonda sector. Regarding such facts, in the reports signed by the general manager and the deputy manager of GAM Systems Management, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - which are taken under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the law governing this jurisdiction - it is accepted that the cited locality is being affected, along with the rest of the Acueducto Metropolitano, by the impact of this year's dry season. Although they clarify that the supply problems occur in the Mata Redonda sector during some hours of the day, always in the afternoon hours, so the population does have access to drinking water through the pipe network for a large part of the day. They have explained that due to the entry of that season in the country, the flows of the sources are reduced, and with them the production flows. They also maintain that this situation is due to an increase in the population's consumption because, due to the season's conditions, a greater amount of water is demanded than in the rainy season. They also report that despite being in the months when the rainy season is typically already established in the country, as a result of the El Niño-Southern Oscillation (ENOS) phenomenon that is influencing, the rains have not been able to recharge sources and the systems have maintained affectations that translate into a more pronounced decrease in the flows that the Institution can take from these sources to purify them and supply the population. However, they indicate that the entity they represent proceeds to inform the population of the situation the country is experiencing regarding the reduction of natural drinking water sources, which not only affects the Mata Redonda areas but extends to the entire national territory. They state that AyA makes available to users the following means to communicate events affecting the provision of the water service: Line 800-REPORTE (7376783), AyA website, cell phone application (available for download on Android and iOS platforms): "Servicios AyA", institutional WhatsApp, 57 personalized service points, and Facebook page. In addition, through its shortage (desabastecimiento) bulletins, it indicates a time when it is believed that on average the population will not have service; however, at the indicated time, there will be people (from the lowest parts of the pressure zone) who still have service, while those living in the highest parts have already been without service for a while. In this context, the Chamber understands that the alleged situation does not arise directly from a problem of material impossibility, but rather from external, uncontrollable, and fortuitous conditions that occur temporarily, and not permanently, in the provision of the claimed public service. Circumstances that have obliged the respondent institution to use the media to inform about the situation in which the systems find themselves, and to ask the population to take the pertinent measures to face the supply shortages until the flow conditions in the sources recover their usual flow, as well as to become aware of the need not to waste the available resource. Although the Chamber understands that we are dealing with the provision of a basic necessity service, the truth is that, in addition to the existence of an objective cause, the respondent authority has adopted measures to address the problem, that is, it has not neglected the situation alleged by the petitioners. Note that it has been indicated that as part of the efforts made by the Institution to reduce the affectation resulting from the supply shortages, several projects have been developed, which are already in operation. Last year, approximately 500 liters per second were incorporated with the Dona Lela, San Miguel, and Palermo wells and the CNP 7, 8, and 9; however, this was not enough to avoid the summer effect that is being experienced. The Chigüite well has also just been put into operation, which incorporates 20 liters per second into the Tres Ríos system, thereby directly helping the Curridabat system and this allows reinforcing the Southern Tanks (Tanques del Sur) during some moments of the day. In addition to the above, it is noted that contrary to what was alleged by the petitioners, in the last six months of 2019, no service availabilities (disponibilidades) in the drinking water service have been granted for real estate developments (desarrollos inmobiliarios) in the Mata Redonda — San José sector. In fact, the last three availability requests were denied, and the interested parties were given a letter indicating the infrastructure they would have to build at their own expense before being able to have availability in the drinking water service.'

Similarly, the real estate projects currently being built in that locality have the respective potable water service availability, approved well before the supply problems arose in the area. Additionally, the real estate projects under construction are supplied through a single meter and have a storage tank and private pumping system. Under this reasoning, as with the previous precedent, the appropriate course is to dismiss the appeal because it was not demonstrated that the lack of potable water service was capricious, arbitrary, or unfounded on the part of AyA, since it was equally proven that solutions have been sought for the problems generated by the geographic and climatic conditions affecting the Mata Redonda area, and that measures have been taken to address this situation. Apart from that, the alleged indiscriminate construction, which is not such, also has no bearing on the aforementioned problem."

Likewise, in resolution no. 2019-008791 of 9:30 a.m. on May 17, 2019, this Tribunal ordered:

"III.- Regarding the non-compliance with rationing schedules. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal dismisses the violation of the complainant's right to health. From the report issued by the appealed authority, it is verified that on April 23 and 24, 2019, there was a supply shortage in various communities around Guadalupe, specifically in Santa Eduviges. First of all, it must be clear that, according to what was indicated by the ICAA, the institution does not apply rationing in the sector where the protected party resides; the impact is produced by the supply shortage when the population consumes all the available storage, which is what could be stored during the night, when the population's demand decreases, the above being due to the scarcity generated by the dry season. Now, as explained by the ICAA, the pipeline network functions as a large storage tank, because once the storage tanks are emptied, water exists inside the pipelines, the consumption of which cannot be detected. Once the tank is empty, the pipeline gradually discharges, but at a rate that is unknown, since it depends on many factors, such as the weather, the day of the week, the hour of the day, so it is variable each day. This makes it almost impossible to predict the time when the available water will run out for the user. Through its supply shortage bulletins, the ICAA indicates a time at which it is believed, on average, the population will have no service; however, at the indicated time, there will be people (from the lower parts of the pressure zone) who still have service, while those living in the higher parts have been without service for a longer period. Thus, the appealed institution cannot be blamed for the failure to comply with the approximate liquid supply schedule, as it is not something the entity plans but rather depends directly on demand and the particular conditions of the system, including climatological ones.

IV.- From the report rendered under oath by the Executive President of the ICAA, as well as from the reading of the evidence provided, it is clear that the appealed entity has implemented measures to mitigate the effects of water scarcity, among them: a) supply by tanker trucks, especially to educational centers and health centers, b) on April 8, 2019, a boundary between the Guadalupe and Moravia zones was opened to reinforce the Guadalupe sector, c) on April 7 and 11, 2019, significant non-visible leaks that were affecting the system were intervened, d) on April 9, 2019, a "bypass" was enabled to reinforce, from the Guadalupe tank, the reinforcement made to the San Blas tank, e) rationing has been carried out in the sectors of Coronado, Los Cuadros, and Montes de Oca with the objective of reinforcing Guadalupe's supply with water from the Tres Ríos Plant, that is, distributing the deficit, f) coordination has been made with the ICE to extract more water from the reservoir in this dry season in order to increase production in Tres Ríos, and currently around 100 l/s of additional flow is available at the Tres Ríos Plant to reinforce some of the affected systems, including that of Guadalupe, and g) in the long term, the Metropolitan Aqueduct Expansion Project is planned, which aims to increase production benefiting the Greater Metropolitan Area by up to 2500 liters per second, projected to be completed in 2025. In this Tribunal's opinion, the ICAA has diligently addressed the denounced problem. Under this set of considerations, this aspect of the appeal becomes inadmissible. Notwithstanding the foregoing, this Chamber reminds the ICAA of its obligation as the governing entity of water resource management to continue implementing the necessary measures to address the water scarcity problem, in such a way as to lessen its impact on the quality of life of users and guarantee the right of access to potable water."

On this matter, as occurred in the cited precedents, the Chamber observes that, in principle, the lack of potable water service responds to a supply shortage problem. However, the national emergency situation caused by COVID-19 makes it necessary for this Tribunal to reconsider the thesis cited above. In this regard, it is not only recorded that the water supply shortage problem had been evident since 2017, but also that ARESEP pointed out that the ICAA had a lag in infrastructure investment and, in addition, significant losses due to unaccounted-for water. Likewise, the regulatory entity also affirmed that the project execution capacity of the potable water service operators has not been desirable.

Hence, prior to continuing to validate any supply shortage situation and by virtue of the COVID-19 pandemic (whose fatal repercussions are public and notorious in other latitudes), the ICAA must implement the corresponding actions to resolve in the short term the problems generated by water scarcity in production sources, without prejudice to the medium- and long-term solutions it has planned. The foregoing is ordered because access to this liquid in the midst of this pandemic becomes fundamental to prevent further spread, according to the recommendations of the Ministry of Health. Note that, after the communication of the course of this amparo, the ICAA made two interconnections with wells to reinforce supply in the affected systems and, in addition, in Dirección339 replaced pipelines with others of greater capacity, which demonstrates that it did have actions within its reach to at least try to mitigate the situation; however, it is not recorded that these have resolved what was complained of. Although it is clear that the ICAA has sought the distribution of potable water by means of tanker trucks in Dirección339, it is not clearly discerned if the quantity of water was sufficient to meet the basic needs of the affected persons. In that sense, the fact that, in a span of forty hours, the complainant only had access to the service for less than two, measures the magnitude of the problem and evidences the violation of the complainant's right of access to water. Due to the foregoing, the granting of the appeal against the ICAA is imposed, under the terms to be dictated in the operative part of the judgment.

In relation to the other appealed authorities, it is not evidently apparent that they have any type of direct responsibility in the acts complained of by the complainant. Hence, the appeal against them is dismissed (...) (highlighting added).

Now, although this Tribunal has dismissed amparo appeals filed against the Icaa in which similar grievances to the sub iudice were raised, upon better weighing, this Chamber considers that the appropriate course is to grant the appeal, due to the inadequate provision of the potable water service in Alajuelita, in accordance with the considerations set forth below.

On this matter, it should be recalled that in the technical report rendered before this Chamber by the Comptroller General of the Republic it was indicated that: "based on the ICAA's National Plan for Attention to Vulnerable Communities of September 2021, the communities identified in the canton of Alajuelita, whose service operator is the ICAA, presented a high Community Vulnerability Index for Access to Water, among them, that of Chorotega, in the district of Alajuelita." Additionally, in report no. DFOE-SOS-AID-00003-2024 "AUDIT REPORT ON THE EFFICACY AND EFFICIENCY OF THE INVESTMENT PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT FOR POTABLE WATER SUPPLY AND WASTEWATER SANITATION OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS" of April 12, 2024, the CGR concluded: "3.1. The management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation of AyA has not been effective in impacting populations in vulnerable conditions (...) 3.2. AyA has also not been effective or efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still in execution (...) 3.3. In turn, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in congruence with current and future citizen needs (...) 3.4. The inefficient portfolio management has led AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected due to the lack of recognition of investment costs in the rates that sustain the services."

For its part, in technical report no. DH-0449-2024 of May 7, 2024, the Office of the Ombudsman of the Republic highlights that: "the efforts made by AyA have not been sufficient or timely to achieve an adequate provision of service in quantity for the population, and an example of this are the 54 complaints referred to at the beginning of this report and received between late February and April 2024 (...) In 2023, complaints from this community were also received, for a total of 16 requests for intervention. This supply shortage is due to multifactorial causes, some being external, such as the El Niño Phenomenon, increased population demand, low production sources, changes in rainfall behavior, as well as disorderly territorial planning, lack of protection in aquifer recharge zones but, particularly, it is due to inadequate planning, failure to execute projects, and lack of coordination within the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados" (emphasis added).

Likewise, it should be recalled that Aresep issued memorandum no. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called "EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)", in which it evidenced some of the Icaa's problems, such as "(...) having 57% of potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to the (sic) time lags throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-recording consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment tenders without guarantees and protection of committed public resources, absence of institutional planning oriented towards the replacement of assets nearing the end of their useful life, presence of unmetered services, rejections of service availability, and 70% of the systems with water stress, among other factors, allows concluding that the financial balance of the service cannot be at any cost (...)." Furthermore, in that study it was emphasized that the Icaa charges users amounts that include 57% of water that is wasted and, therefore, does not entail a consideration in favor of the subscribers. This is evidenced by Aresep's conclusion that "The regulatory entity reiterates to AyA that, as part of the revaluation process of the assets that make up the rate base, the value of this is 69% higher, without any corresponding consideration in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or for early retirement. However, AyA has not redirected said amounts to attend to the replacement of those assets whose useful life has expired, especially in conduction and distribution pipes, as well as modernization of the meter stock or the implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. Regarding the 57% of water that AyA is charging users for, even though it is wasted along sidewalks and roads through leaks, anomalies in user records and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut these costs by 10% every two years, given that it is the obligation of a public service provider not only to offer the service with quality and comply with the principle of service at cost, which cannot be accepted that users are charged for water that is not correctly billed as a result of 80% of the water meter stock being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established rate, water that is wasted through recurrent leaks in sidewalks and roads nationwide without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipes that are over 70 years old, which are charged as if they were new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if efficient use were made of the water resource that, by the way, the same AyA promotes protecting, would allow attending to many of the rejected availabilities, avoiding so many supply cuts and even duplication of investments."

The foregoing evidences a structural problem on the part of the Icaa that has affected the provision of potable water service to the detriment of the inhabitants of Alajuelita, which it has been aware of, at least, since 2021. In this regard, although in various Icaa reports concerning this problem it has been indicated that the supply shortage is due to multiple factors, such as the El Niño phenomenon, population demand, low production sources, rainfall behavior, among other considerations, it cannot be overlooked that in the sub examine it has been demonstrated that the Icaa suffers from "inadequate planning, failure to execute projects, and lack of internal coordination," as recorded in technical report no. DH-0449-2024 of May 7, 2024, issued by the Office of the Ombudsman of the Republic, which is also reflected in report no. DFOE-SOS-AID-00003-2024 of April 12, 2024, through which the Comptroller General of the Republic highlighted the inefficient management of the investment project portfolio by that institute. In the same vein, it should be recalled that Aresep, through official communication no. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called "EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)", evidenced among the problems faced by the Icaa "having 57% of potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to the (sic) time lags throughout the entire project value chain attributable to the administration."

Reflecting the above, between February 26 and March 11, 2024, the Bello Horizonte tank that supplies Alajuelita received reports of being out of operation for more than 6 hours, for example, on February 26 for approximately 8.5 hours, on February 27 and 28 for 7.5 hours and 15 hours, respectively, while on March 2 for a total of 9 hours. Despite this, there is no record that the Icaa informed the inhabitants of Alajuelita about the interruptions in the provision of the potable water service denounced in the sub lite, nor is there any evidentiary element that allows reliably proving that this institute employed alternative methods to guarantee access for the population of that area to potable water, which violates the regulations that govern it, as well as fundamental rights.

In that sense, note that in regulation no. 21 of March 19, 2024, 'Technical Regulation "Provision of the Supply of Aqueduct, Sanitary Sewerage and Hydrant Services (AR-RT-SUMAAH-2023)"', Aresep regulated:

"Article 7.- Obligatoriness of the provision of services.

Whenever technically feasible, providers within their jurisdiction must provide, under optimal provision conditions, the aqueduct, sanitary sewerage, and hydrant services.

Likewise, every provider must guarantee the efficient use of water resources, the sustainability of the supply in the short, medium, and long term of public services (…)

Article 10.- Provision of service under conditions inferior to optimal provision.

Only in exceptional situations: fortuitous event, force majeure, damage caused by a third party, or scheduled suspensions, will providing services under conditions inferior to optimal provision be permitted.

However, the provider must implement, as soon as possible, the corresponding temporary corrective measures to supply the services until the service can be restored to optimal conditions (…)

Article 82.- Continuity in the provision of services.

Providers must guarantee that the service is provided without interruption, 24 hours a day, 365 days a year, with the quality and quantity conditions established in this regulation.

Except for those situations caused by the subscriber or user; by fortuitous event; by force majeure; or by scheduled system maintenance periods or damage caused by third parties; in which case the provisions established in this Regulation regarding the provision of service under conditions inferior to those established in this regulation shall apply.

In cases of declaration of emergency or public interest, no subscriber shall be left without aqueduct service supply due to lack of payment. It is the subscriber's obligation to comply with payment for the aqueduct service, according to the collection conditions established (…)

Article 85.- Priority of supply in case of scarcity.

In the event that the aqueduct service must be restricted, it shall be provided in order to satisfy human consumption, with the following order of priorities:

a. Hospitals, clinics, health centers, penitentiary centers, shelters, disaster victim camps, and airports.

b. Educational centers.

c. Housing, to meet the basic needs of families.

d. Commercial, agricultural, and industrial activities.

Article 86.- Temporary interruption of the potable water service.

In the event of a temporary interruption in the continuity of the service, providers must communicate the following to subscribers and users through collective communication media:

a. Affected area and population;

b. Type of impact on the subscriber;

c. Estimated duration of the interruption;

d. Reasons for the service interruption;

e. Contingency measures if necessary;

f. Alternative means for the water supply; and

g. Location of water delivery points, in case it is carried out by means of tanker trucks. The delivery point must be as close as possible to the domiciles so that several users can be supplied at once, avoiding waste and facilitating water collection.

This information must be kept updated.

Article 87.- Communication of interruptions in the potable water supply service

Providers must communicate temporary interruptions in the potable water supply service in the following manner:

a. For scheduled interruptions, at least 48 calendar hours in advance;

b. For unscheduled interruptions, within 4 calendar hours after the fault is detected or its report is made.

This communication must be made through collective communication media, detailing the location, the supply schedule, the conditions of the alternative potable water service, and the affected areas.

Article 88.- Alternative means of supplying the aqueduct service

Providers shall define the alternative means of supplying the aqueduct service; these may be tanker trucks, temporary pipelines, public standpipes, or others, provided that these guarantee that the water provided meets the quality characteristics and ensures access to potable water to cover the basic needs of users in the affected area.

a. If the interruption of the aqueduct service, including its repair, extends for more than 6 calendar hours daily, the provider is obligated to provide an alternative potable water supply service to subscribers to cover basic needs.

b. In the case of interruptions extending for more than 1 day, the supply of potable water shall be daily to all affected subscribers through the alternative means available to the provider.

c. In the case of subscribers with prolonged interruptions, for more than 5 days, the provider shall define the mechanism for providing them with the water supply, in such a way as to facilitate delivery, for example, in storage tanks (their own or those provided by the provider) to reduce the frequency of delivery and guarantee water for a greater number of days.

d. The alternative supply may not be maintained continuously for more than 2 years, unless the project schedule to solve the water deficit extends for a longer period; the investment plan must contemplate the development needs of the public services they provide, and the operator must inform, through the means available to them, of the project's progress.

e. In the case of water supply by tanker truck, the service provider must offer at least two schedules, one in the morning and another in the afternoon, to distribute the water to guarantee that users receive potable water at least once a day" (highlighting added).

By virtue of the foregoing, the violation of the fundamental right of access to potable water is manifest, especially considering that Article 50 of the Political Constitution stipulates that "Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life" and that General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights established that "The human right to water is the right of everyone to have sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use," whose characteristics are: i) quality; ii) accessibility; and iii) availability, which implies that "The water supply of each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses."

Therefore, the appeal is declared admissible against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

VI.- Regarding Aresep, Law No. 7593 of August 9, 1996, 'Law of the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP)' stipulates:

"Article 4.- Objectives The fundamental objectives of the Regulatory Authority are:

a) To harmonize the interests of consumers, users, and providers of the public services defined in this law and those defined in the future.

b) To seek balance between the needs of users and the interests of public service providers.

c) To ensure that public services are provided in accordance with the provisions of subparagraph b) of Article 3 of this law.

d) To formulate and ensure compliance with the requirements of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to optimally provide the public services subject to its authority.

e) To contribute with State entities competent in environmental protection, when dealing with the provision of regulated services or the granting of concessions.

f) To exercise, in accordance with the provisions of this law, the regulation of the public services defined therein.

Article 5.- Functions In the public services defined in this article, the Regulatory Authority shall set prices and rates; furthermore, it shall ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision, according to Article 25 of this law. The aforementioned public services are: (…)

c) Supply of the aqueduct and sewerage service, including potable water, collection, treatment, and evacuation of black water, residual water, and rainwater, as well as the installation, operation, and maintenance of the hydrant service (…)" (highlighting added).

Thus, even though Aresep has among its functions the obligation to ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of the potable water service, its adequate observance is not verified in the sub iudice. About this, in the report rendered before this Chamber, the general regulator limited itself to detailing the competencies of Aresep and to maintaining that it did not violate the fundamental rights of the protected party. Despite this, no action by Aresep aimed at enforcing the standards of continuity and optimal provision of the potable water service in Alajuelita is observed, which implies a violation of the complainant's fundamental rights. The foregoing is aggravated if considering what was stated ut supra regarding the existence of long-standing evidence that the Icaa has undertaken ineffective management of the investment project portfolio, which was even acknowledged by Aresep itself in official communication no. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called "EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)", in which it evidenced the Icaa's problems such as "having 57% of potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to the (sic) time lags throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-recording consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment tenders without guarantees and protection of committed public resources, absence of institutional planning oriented towards the replacement of assets nearing the end of their useful life, presence of unmetered services, rejections of service availability, and 70% of the systems with water stress, among other factors." Additionally, it should be recalled what was indicated by the Office of the Ombudsman regarding that: "ARESEP prepared in 2022 a diagnosis of the AyA Aqueduct Service, which concluded: 'that the institution presents 57% of potable water losses, that the execution of investment projects or works is not complete and takes 10 to 15 years, and that 80% of the meters present an under-recording of consumption.' Additionally, it warned about the absence of records of large consumers and consumption levels, as well as of institutional planning oriented towards asset replacement, along with the rejection of service availabilities, and that 70% of aqueduct systems present water stress. It was also concluded that there are non-compliances in verifying water quality in all service providers in the country, and the absence of a strategy to keep water quality information updated annually, by the National Water Laboratory. Finally, the diagnosis highlights the need for refinancing of the credit obligations associated with investment projects or works. In the interest of public health and in compliance with the legally established competencies, ARESEP has the responsibility to ensure that the providers of potable water supply services provide quality service. Hence the strict monitoring and demand for compliance that this instance must give to each of the conclusions reached in the cited report, in order to ensure that the service provision will be made complying with the prevailing standards of quality, continuity, timeliness, and reliability."

Therefore, although ARESEP states in its report that there are no complaints regarding water shortages, it is indeed its responsibility, as part of its functions, to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to provide these services optimally; thus, it cannot justify its non-intervention based on the absence of complaints to drive its actions, which must be proactive and ex officio, striving at all times to address and strictly follow up on each of the conclusions of the aforementioned report, as indicated in the preceding paragraph, and particularly, compliance with the provisions of the Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services (Reglamento Técnico para la prestación de los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario e hidrante) prepared by that same public body and mentioned in its report (...)”.

Thus, the appeal is also granted with respect to ARESEP, as set forth in the operative part of this ruling.

VII.- Finally, concerning the Municipality of Alajuelita (Municipalidad de Alajuelita), the Chamber does not observe any action or omission that would have violated the fundamental rights of the protected party in the terms in which the appeal was formulated, which is why the appeal against it is dismissed. However, the mayor and the president of the Municipal Council (Concejo Municipal) of that corporation shall take note that they must coordinate what is pertinent and carry out the actions within the scope of their respective competences with a view to contributing to the solution of the problem of inefficient potable water supply in that canton.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or device produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted only with respect to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and the Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos). Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever occupies that position in his stead, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of his competences, in order to: i) IMMEDIATELY guarantee the daily and sufficient potable water supply to meet the basic needs of the population of Alajuelita, when the service interruption occurs for periods exceeding 6 hours; and ii) within a MAXIMUM PERIOD OF 18 MONTHS, counted from the notification of this ruling, implement the measures required so that the potable water supply to the population of the canton of Alajuelita is provided in an efficient, effective, and continuous manner. Eric Alonso Bogantes Cabezas, in his capacity as general regulator and president of the Board of Directors (Junta Directiva) of the Regulatory Authority of Public Services, or whoever occupies that position in his stead, is ordered to coordinate what is pertinent and execute all actions within the scope of his competences, to the effect that IMMEDIATE oversight is exercised over compliance with the rules of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of the public potable water supply service by the ICAA (Icaa) in the canton of Alajuelita, for example, by means of technical inspections of the properties, plants, and equipment intended to provide that service, as well as the execution of controls over the installations and equipment dedicated to such public service with a view to guaranteeing full compliance with the obligations in this field. The mayor and the president of the Municipal Council of the Municipality of Alajuelita shall take note of what is indicated in fine of considering VI (considerando VI) of this resolution. All of the foregoing is issued with the warning that, based on article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal (recurso de amparo), and do not comply with it or do not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Regulatory Authority of Public Services are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Let it be notified.

 

 

 

 

 

\t

Fernando Castillo V.

Presidente

\t

 




Paul Rueda L.

\t

 

\t

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

\t

 

\t

Alejandro Delgado F.




Alexandra Alvarado P.

\t

 

\t

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 ULHZVNZQAOM61

EXPEDIENTE N° 24-007582-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Moreno, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus PJ el: 08-05-2026 13:15:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República