Res. 23257-2024 Sala Constitucional — Order to Respond to Information Requests on Lesividad and Protection of Gandoca-Manzanillo RefugeOrden de responder solicitudes de información sobre lesividad y protección del Refugio Gandoca-Manzanillo

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 23257 - 2024

Fecha de la Resolución: 16 de Agosto del 2024 a las 09:15

Expediente: 24-008544-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derechos Humanos

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: PRONTA RESOLUCIÓN

Subtemas:

MORA ADMINISTRATIVA..

Tema: PETICIÓN

Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

Tema: INFORMACIÓN

Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

023257-24. PRONTA RESOLUCIÓN. INFORMACIÓN. PETICIÓN. SE ACUSA QUE, DENUNCIÓ LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 012745-19, REFERENTE A LAS PROPIEDADES QUE ESTÁN SIENDO COMERCIALIZADAS EN MANZANILLO, QUE DEBEN SER RECUPERADAS Y, NO LE HAN CONTESTADO. SE ORDENA A LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), QUE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, SE SUMINISTRE AL TUTELADO LA INFORMACIÓN SOLICITADA. VCG09/2024

“(…) VI.- Sobre alegado incumplimiento de la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019, y el acatamiento de los oficios Nos. DAA-OFI-376-2022 y DAA-OFI-370-2022 de la Procuraduría General de la República. Esta Sala Constitucional, mediante la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019, resolvió la acción de inconstitucionalidad No. 14-019174-0007-CO, presentada por [Nombre 001], en su condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, en contra de la Ley No. 9223 de 10 de marzo de 2014. En dicho pronunciamiento se dispuso lo siguiente:

 

“(…) 1) Por mayoría se declara con lugar la acción, anulando la Ley impugnada, n.° 9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes. En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. 2) El Magistrado Cruz Castro pone nota. 3) Los Magistrados Hernández López, Salazar Alvarado, y Araya García salvan el voto y declaran sin lugar la acción, no obstante indican que el Estado está obligado a ejercer las acciones necesarias para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica la ley. 4) Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al accionante, a la Presidenta de la Asamblea Legislativa o a quien ocupe su cargo, a la Procuraduría General de la República y a todos los intervinientes (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

 

En el mencionado expediente, mediante el auto de las 12:16 horas de 26 de junio de 2024, se ordenó lo siguiente:

 

“(…) Vistos los escritos presentados, el 15 y 31 enero del 2024, uno suscrito por el accionante [Nombre 001], y otro, suscrito por [Nombre 002], en su calidad de ecologista, donde manifiestan que interponen gestión de incumplimiento de la resolución n°2019-1245 del 10 de julio del 2019, indicando en resumen que: De previo al fallo constitucional el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitió la resolución n°11-2017 SINAC-ACLAC-PNE-C011-2017 del 30 de junio de 2017, mediante la cual trasladó de manera inconstitucional y en franco desacato del artículo 50 de nuestra Constitución Política el Patrimonio Natural del Estado ubicado en la zona marítimo del cantón de Talamanca para un plan regulador costero y su consecuente desarrollo. Así, no solo entregaron bajo administración municipal el Patrimonio Natural del Estado ubicado dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA), sino que adicionalmente autorizaron el fraccionamiento y lo más grave, la reducción del bosque ubicado dentro de los límites del REGAMA. Adicionalmente permitió a la Municipalidad de Talamanca autorizar el desarrollo inmobiliario en toda la zona 1 del REGAMA pese a tratarse de un área silvestre protegida, con lo cual básicamente se dejó sin efecto la resolución de la Sala Constitucional, permitiendo de facto y contra la normativa constitucional que la Municipalidad de Talamanca autorizara el desarrollo de proyectos urbanísticos dentro del patrimonio natural del Estado, afectando humedales de categoría Ramsar y sitios de anidación de tortugas marinas. Solicita se declare el incumplimiento de la resolución n°2019-12745 y se ordene de inmediato la suspensión de la resolución n°11-2017 SINAC. Visto que esta acción de inconstitucionalidad se resolvió, mediante resolución número 2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019, de la siguiente forma (…) Lo que corresponde, de previo a que esta Sala examine y resuelva sobre el incumplimiento alegado es, darle traslado al representante del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al representante de la Procuraduría General de la República. Asimismo, antes de que esta Sala resuelva lo que corresponda, corresponde solicitar informe a la Municipalidad de Talamanca, quien figuró en esta acción como coadyuvante. Por lo anterior, se procede a:

 

1) Otorgar audiencia por TRES DIAS, contados a partir de la notificación de esta resolución, al representante del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al representante de la Procuraduría General de la República, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen, en concreto, el incumplimiento de lo establecido en la resolución de esta Sala n°2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019, en cuanto se establece: “… En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.” Además, deben referirse al contenido de la resolución n°11- 2017 SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017 en cuanto al alegato de la gestionante de que en con ello se entregó bajo administración municipal el patrimonio natural del Estado ubicado dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y se autorizó el fraccionamiento y la reducción del bosque ubicado dentro de tal refugio (…)

 

2) Otorgar audiencia por TRES DIAS, contados a partir de la notificación de esta resolución, al Alcalde y al Presiente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen, en concreto, autorizar el desarrollo de proyectos urbanísticos dentro del patrimonio natural del Estado ubicado tanto en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca como dentro de los límites del refugio afectando humedales de categoría Ramsar y sitios de anidación de tortugas marinas, todo en contravención del derecho al ambiente y de lo resuelto por esta Sala en resolución n°2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019 (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

 

Mediante un escrito de fecha 4 de julio de 2024, Ivan Vinicio Vincenti Rojas, Procurador General de la República, contestó la audiencia conferida en los siguientes términos:

 

“(…) Inexistencia por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de la Delimitación Oficial, mediante Decreto o Ley, de los Límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) En la sentencia 12745-2019 esa Sala estableció que la Ley 9223, del 10 de marzo de 2014, al redefinir los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo que hace en realidad es una reducción del área, sin cumplir los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional (certeza sobre el no deterioro del ambiente y compensación de la superficie que suprime), y sin haber claridad de si los terrenos excluidos que contienen bosque (188 hectáreas) son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados afectos a las limitaciones previstas por el ordenamiento jurídico ambiental, en cuyo caso era innecesaria la desafectación. Ante esta duda razonable, aplicó el principio in dubio pro natura y consideró las 188 hectáreas parte del refugio, bien demanial, siendo improcedente su exclusión sin compensar el área, e inconstitucional la norma impugnada. Más aún, añadió, “las 188 hectáreas forman parte del núcleo central del refugio de vida silvestre”, por lo que “estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio”. Sin embargo, matizó la conclusión, en el sentido de que si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, debe respetarse el derecho de propiedad privada de sus propietarios (artículo 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En consecuencia, declaró con lugar la acción, anuló la Ley impugnada, número 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, “únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa” y ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que procediera, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra del pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada. A partir de esa orden, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación identificó y delimitó la zona boscosa en el área excluida por la ley 9223 (denominada como zona 1 según decreto 34946), emitió un informe bajo oficio ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 del 7 de noviembre de 2020, que contiene el informe de campo referente a la delimitación de la Cobertura boscosa en la llanura Cocles-Manzanillo, sin definir los terrenos que integran el Patrimonio Natural del Estado de todo el REGAMA, y en el que arribó a las siguientes conclusiones: "El área denominada como Zona 1 del Decreto de Zonificación del REGAMA (conocida como “Llanura Costera Cocles-Manzanillo”), presenta un uso de suelo muy particular, en el cual predomina la cobertura arbolada y boscosa (233.65 hectáreas). Sin embargo, esta cobertura no cumple en buena parte de la superficie de esta zona, con la definición de “bosque” estipulada en la Ley Forestal 7575 y su Reglamento. De acuerdo a las mediciones realizadas, se estima que existen hasta 109,5 hectáreas que serían clasificadas como bosque de acuerdo a la Ley 7575. Se debe tomar en cuenta que una porción de estas zonas de bosque se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre del área de estudio (esta superficie se estima en 20.1 hectáreas). Por otro lado, otras 114,5 hectáreas podrían clasificarse como terrenos forestales fuertemente intervenidos, en combinación con especies agrícolas, ornamentales y ocupación humana (.). A su vez, y con la finalidad de elaborar un nuevo decreto que incorporara lo ordenado por esa Sala en la Sentencia 2019-12745, el SINAC conformó una comisión integrada por distintos profesionales y detalló un plan de acción que contempló las siguientes 4 fases (…)

 

Ahora bien, según informe SINAC-ACLAC-OR-138-2023, del 11 de abril de 2023 que emitió la Comisión conformada para establecer los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Categoría Mixto, en atención a la resolución de la Sala Constitucional N°2019-12745, se remitió la propuesta técnica como fundamento del borrador de Decreto de los Límites del REGAMA, al Viceministro de Ambiente y Energía. En ese sentido, el oficio SINAC-ACLAC-OR-138-2023 propone los derroteros de los polígonos identificados como áreas de bosque que deben ser reincorporados al refugio, establece una nueva delimitación de dicha área Silvestre Protegida e identifica siete bloques de bosque que fueron desafectados mediante la Ley 9223, con ajuste al concepto de bosque de la Ley Forestal N°7575 (art, 3 inc d), y toma en cuenta criterios como la conectividad, la estructura, composición y funcionalidad de los ecosistemas protegidos del área silvestre protegida.

 

Aun cuando se hicieron los esfuerzos descritos por la Comisión a cargo de suministrar los insumos técnicos para la elaboración del Decreto de definición de los límites del REGAMA, la propuesta del oficio SINAC-ACLAC-OR-138-2023 no ha sido aprobada y, en consecuencia, a este momento no existe una definición normativa o delimitación formal actualizada de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Esta representación ha insistido en que ese requisito es indispensable para la adecuada defensa del Patrimonio Natural del Estado y el cumplimiento de la Sentencia 12745-2019 de esa Sala. Aunado al problema de la inexistencia de la delimitación de los límites del REGAMA, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, órgano competente para la aprobación de los planes de las Áreas Silvestres Protegidas (Ley 7888, artículo 25 inciso 5°), por medio de la resolución 044 del 28 de febrero de 2022, publicada en la Gaceta 39 del 258 de febrero de 2022, correspondiente al resumen ejecutivo del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Dada la necesidad y el carácter prioritario de cumplir con las diferentes disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en cuanto a la oficialización del plan general de manejo RNVS-GM, se acuerda continuar con la publicación del presente documento, mismo que rige para el área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la ley N° 9223 exceptuando el área dispuesta en el voto N° 012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional. De conformidad a lo anterior, el área geográfica que refleja el presente plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida, siendo necesario una vez que se reincorpore el área boscosa desafectada por la ley 9223, efectuar una ampliación del PGM que contemple lo pertinente a dicha área que será restituida al refugio.” (Lo destacado es añadido). De lo transcrito, se hace énfasis en que el CONAC al emitir su Plan de Manejo se fundamentó en la Certificación de Patrimonio Natural del Estado No. SINAC-ACLAC-DRPNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017 y, sin existir razones técnicas que impidieran una actualización, omitió incorporar el criterio contenido en el oficio ACToDRFVS-EPMF-363-2020 del 07 de noviembre de 2020 (delimitación de zona boscosa), así como el documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio de 2021. El plan de manejo es indispensable para la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas, según lo establecido en los artículos 7 del Decreto Ejecutivo 42742-MINAE, 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, 3 inciso p) del Decreto Ejecutivo 34433 Reglamento a la Ley de Biodiversidad y 6 del “Convenio Conservación de Biodiversidad y Protección Áreas Silvestres”, integrado a nuestro ordenamiento en la Ley 7433. Por ello, con la Resolución 044 del 28 de febrero de 2022 del CONAC, es innegable que respecto del Plan General de Manejo REGAMA, se desnaturaliza su función como instrumento de planificación que orienta la gestión de un área silvestre protegida, hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo, y que sirve de base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación, en primer lugar, a causa de la inexistente delimitación del área geográfica total del REGAMA, y en segundo término, porque la falta de definición, identificación y reincorporación de la totalidad de las áreas del Patrimonio Natural del Estado al REGAMA, ordenada en la sentencia 12745-2019, conlleva un estado de incertidumbre sobre el uso adecuado de los terrenos y plantea conflictos de competencia entre el SINAC y la Municipalidad de Talamanca para su administración. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que las Áreas Silvestres Protegidas son zonas geográficas delimitadas (Ley No. 7788, artículo 58), cuya administración y conservación del Patrimonio Natural del Estado tiene el Sistema de Áreas de Conservación. La delimitación de éste es competencia exclusiva del SINAC-MINAE: “El Ministerio del Ambiente y Energía delimitará, en el terreno, los linderos de las áreas que conforman el patrimonio natural del Estado. El procedimiento de deslinde se fijará en el reglamento de esta ley. (Ley Forestal, 7575/1996, artículo 16) La Sala Constitucional, en la sentencia 2741-2021, hizo ver que ha sido posición de la jurisdicción constitucional “desde larga data” que la delimitación de las áreas silvestres protegidas “representa un mecanismo sumamente importante para proteger el derecho fundamental al ambiente”. Así, en el caso una deficiente e inconclusa delimitación del Área Silvestre Protegida implica el riesgo de que la Municipalidad de Talamanca otorgue concesiones -derechos reales administrativos- sobre las 20,1 has de terrenos clasificados como bosque que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre, según la delimitación de zona boscosa en el área excluida por la ley 9223, oficio ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020, irrespetando las competencias y características de cada ecosistema (Ley 7554, artículos 30 inciso c y 34). Lo anterior, en clara desaplicación a lo que esa Sala ha establecido como inconstitucional en anteriores sentencias sobre los principios preventivo, precautorio, así como el mandato constitucional a la coordinación y cooperación interinstitucional para la protección del medio ambiente, derivado del principio pro natura. Además, sobre el documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio de 2021, esa Sala valoró con base en los elementos y justificación técnica que suministraron los ministerios a los cuales se les confirió audiencia y, por sentencia N° 2024- 3959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, resolvió en lo que interesa (…)

 

Por lo anterior, ese Tribunal ordenó al SINAC concluir en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esa sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021 y, disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. Sobre la falta de determinación normativa de los Límites del REGAMA, la Procuraduría, en oficio DAA-OFI-1552-2022 del 3 de octubre de 2022, aclaró al Director Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe que la delimitación de las zonas con cobertura boscosa ordenada al SINAC en el voto constitucional 2019-12745, no constituye una definición normativa de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre GandocaManzanillo, la cual procede únicamente mediante ley o decreto. En lo que interesa, se indicó: “Sus oficios SINAC-ACLAC-DR-003-2021 del 7 de enero del 2021 y SINACACLACDR-433-2022 del 21 de setiembre del 2022, contienen una manifestación errónea:

 

“Tal y como se observa en el por tanto emitido por la Sala Constitucional, se ordena tanto al SINAC como a la PGR la delimitación de las áreas señaladas en los informes correspondientes. En este punto se debe aclarar que, es un trabajo en conjunto entre SINAC y la PGR, por lo tanto, no solamente es el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) quien se encuentra en la ejecución de dicha orden.” La manifestación es inexacta por cuanto, la delimitación del área boscosa es una orden exclusiva para el SINAC en la parte dispositiva del voto No. 2019-012745, amén de que la Procuraduría General de la República carece de competencias para la delimitación técnica de esas zonas. Por otra parte, la delimitación de las zonas con cobertura boscosa ordenada al SINAC en el voto No. 2019-12745, no constituye una definición normativa de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, la cual procede únicamente mediante ley o decreto. La Ley 9223 se compone de un solo artículo, que establecía los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, el cual fue anulado, en el voto 2019-12745, “en lo que respecta a los terrenos comprendidos en la zona boscosa…”. Esta declaratoria judicial de nulidad implica retornar las cosas a su estado original, conlleva el restablecimiento de la situación al estado anterior a la emisión de la Ley 9223, por lo cual, evidentemente, los límites tal y como fueron definidos en la Ley 9223 no subsisten.” Acción de Inconstitucionalidad 24-001899-0007-CO contra el Plan General de Manejo del REGAMA, el Plan Regulador Costero Talamanca -Distrito Cahuita- y la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía Otro aspecto importante de señalar es la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Plan de Manejo, el Plan Regulador Costero Talamanca y la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía, que se tramita por expediente 24-001899-0007-CO. En este punto se enfatiza la dificultad para la recuperación del Patrimonio Natural del Estado dispuesta por esa Sala con motivo de la directriz 09-2023 el Ministerio de Ambiente y Energía. Al respecto se transcriben las consideraciones del informe rendido: “La Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se impugna porque “desacredita”, considerando quinto, el informe denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca, calificándolo como no oficial, sin que el SINAC haya implementado estudios técnicos fidedignos en sustitución del informe “que desaplica e  impulsando la aprobación del Plan de Manejo y el Plan Regulador sin estos. La desprotección de los humedales, se dice, contradice el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que consagra el artículo 50 constitucional, el principio precautorio, el de reserva de ley y la Convención relativa a los humedales de importancia internacionales especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención Ramsar), aprobada por Ley 7224 de 1991, artículos 2 y 4. El considerando quinto aludido indica que la “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón Talamanca, del 13 de junio de 2021 no ha sido aprobada por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como documento de alcance general. Es un insumo técnico, de carácter interno, que no ha finalizado el proceso para su validación y oficialización por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, conforme al artículo 6° del Decreto 42.760, Criterios Técnicos para la ubicación, identificación, clasificación y delimitación de ecosistemas de humedal; no es un documento oficial, ni puede utilizarse para la emisión de actos administrativos oficiales. Ese artículo 6° de cita establece que la información del inventario generada por cada Área de Conservación debe revisarse y validarse por el Programa Nacional de Humedales y el Departamento de Información y Regularización del Territorio, instancias de la Secretaria Ejecutiva del SINAC, el que utilizará los procedimientos técnicos existentes para que la información del inventario sea publicada en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y en el Sistema de Información Territorial (SNIT). También se objeta el considerando sétimo de la Directriz N° 09-2023- MINAE, que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley N° 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril, 2014, y no hay ninguna modificación posterior emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía. Esto, afirman los accionantes, incumple lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia 12745-2019, sobrepasa las competencias del Ministerio del Ambiente y Energía respecto al rechazo de los estudios técnicos para delimitar el Refugio de Vida Silvestre en cuestión, afectando el Patrimonio Natural del Estado. La Sala Constitucional ha conocido acciones de inconstitucionalidad contra una Directriz. Son ejemplos los votos 8197-1999, 5737-2002, 5417-2003, 12396- 2004, 6225-2005, 9572-2006, 17600-2006, 3937-2008, 4940-2012, 18299-2012, 3472-2013, 11454-2013, 12498-2015, 1685-2016, 9473-2016, 14643-2017, 3417-2018, 19485-2018, 6512-2019, 8618-2019, 17290-2019, 15262-2021, 21969-2022, etc. De esos, conciernen a Directrices ministeriales los votos 12396- 2004, 9572-2006, 113-2015, 14643-2017, 19485-2018 y 21969-2022. Cuando la directriz impugnada constituye un acto administrativo de aplicación general, lo procedente es publicarla: Sala Constitucional, resolución 19485-2018. Sobre la potestad de dirección y las directrices: Sala Constitucional, voto 12498-2015. En este asunto los accionantes aducen que la directriz emitida, en los aspectos de interés, es de alcance general, por sus implicaciones para la tutela del Patrimonio Natural del Estado. Los lineamientos girados en los considerandos quinto y sétimo de la Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se oponen a lo resuelto por la Sala Constitucional en las sentencias 12745-2019 y 3954-2024, las que prevalecen. En el particular, sería admisible el reproche de inconstitucionalidad, en lo que hace a la protección efectiva Patrimonio Natural del Estado (REGAMA, áreas de bosque y humedales), con infracción al derecho sano y ecológicamente equilibrado y los principios de objetivación de la tutela ambiental, precautorio, preventivo y la Convención sobre humedales (Ramsar), artículos 2 y 4; y 7, 48 y 50 de la Constitución Política. “El patrimonio natural del estado es un bien jurídico, definido e individualizado en nuestro ordenamiento jurídico (…) Esto es materia de interés público y nacional que urge y no puede quedarse indefinidamente sin resolver.” (Sala Constitucional, sentencias 16938-2011, 2678-2012 y 12973-2013) (…) el Ministerio de Ambiente y Energía está obligado a realizar la clasificación de los terrenos propiedad del Estado con el objetivo de identificar y delimitar aquéllos territorios que constituyan Patrimonio Natural del Estado definidos como bosques y/o terrenos de aptitud forestal que pasan a ser administrados automáticamente por ese Ministerio y no por las Municipalidades y para ello el Ministerio no requiere comunicar, solicitar permiso o autorización a una entidad o empresa privada para proceder a clasificar las tierras del Estado” (Sala Constitucional, votos 15585-2008, 16938-2011 y 2678-2012) “(…) las corporaciones municipales no tienen la competencia para elaborar y poner en marcha planes reguladores que contradigan o dejen sin efecto las zonas especiales de protección, Áreas Silvestres Protegidas y, en general, el patrimonio natural del Estado. (…) El Plan Regulador del Sector Costero Playa Nombre de Jesús y Zapotillal abarca zonas que pertenecen al patrimonio natural del Estado, por lo que resulta inconstitucional únicamente en cuanto a dichos territorios”. (Sala Constitucional, sentencias 21258-2010 y 12973-2013. El destacado no es del original) La sentencia 3959-2024, declaró con lugar el Recurso de Amparo contra el SINAC y otros, por omitir el Plan Regulador Costero los humedales enlistados en el informe denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, de junio de 2021, transgrediendo el derecho fundamental del artículo 50 de la Constitución y, en aplicación del principio precautorio, ordenó a la directora regional del Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC, órgano del MINAE, complementar la certificación del Patrimonio Natural del Estado con ese informe, dentro del plazo de tres meses, así como al INVU, en la persona de los jefes del Departamento de Urbanismo y al encargado de Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento, y a la Municipalidad de Talamanca, en la del alcalde y presidenta del Concejo, disponer lo necesario para incorporar esa actualización en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. La Directriz del Ministerio del Ambiente y Energía que desaplica el mencionado informe para futuras actuaciones se contrapone a lo ordenado por la Sala Constitucional. La sentencia que declara procedente es ejecutable desde el momento de su dictado. (Ley de Jurisdicción Constitucional, artículo 53, y resolución 6267-2002).” La Directriz 09-2023 del Ministerio del Ambiente y Energía establece que el documento SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, suscrito por el Director Regional certifica la Delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca; certificación que fue emitida conforme a los lineamientos técnicos y legales y “es el documento con carácter oficial, siendo el único vigente, a la fecha” (Considerando cuarto). El documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio, 2021, no ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general. Este es un insumo técnico, de carácter interno que no ha finalizado con el proceso para su validación y oficialización por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional del Áreas de Conservación (Considerando quinto). Y que “Los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley No.9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril, 2014. No existe ninguna modificación posterior que haya sido emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía” (Considerando sétimo). Con lo cual, no se toman en cuenta los siguientes documentos: el Oficio ACTo-DRFVSEPMF-363-2020 del 7 de noviembre de 2020, sobre la delimitación de la zona boscosa; el documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca”, del 13 de junio de 2021, ni el oficio SINACACLAC-OR-138-2023, que propone los derroteros de los polígonos identificados como áreas de bosque que deben reincorporarse al Refugio, una nueva delimitación de dicha Área Silvestre Protegida e identifica siete bloques de bosque que fueron desafectados con la ley N°9223, según el concepto de bosque de la Ley Forestal. En la sentencia 2024010951, de las 9 horas 20 minutos del 26 de abril de 2024, esa Sala tuvo por cierto que “según el informe rendido bajo juramento, al 12 de marzo de 2024, la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 de 30 de junio de 2017 era el único documento vigente con carácter oficial”. Y en lo relativo a humedales, indicó “En cuanto a este último, la inexistencia de un criterio técnico actualizado en relación con la certificación de PNE de 2017 (pese a las múltiples gestiones que advertían supuestas inconsistencias), constituye una amenaza plausible al ambiente que involucra un nivel razonable de incerteza científica que podría implicar que, en la actualidad, existan zonas de PNE (humedales) sin protección o sobre las cuales se estén desarrollando actividades sin tomar en consideración su naturaleza, con la consecuente posibilidad de que se generen daños graves o irreversibles”. La certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 sirvió de base al Plan Regulador Costero de Talamanca y viabilidad ambiental de la SETENA.

 

Solicitud al INDER de la declaratoria de lesividad de inmuebles con cobertura boscosa que fueron traspasados a particulares por el Instituto de Desarrollo Agrario con posterioridad a la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (por Decreto n.° 16614-MAG del 1° de julio de 1985). Pese a falta de delimitación normativa de los límites del REGAMA, atendiendo la orden constitucional dispuesta en el voto 12745-2019, el 7 y 8 de marzo del 2022 remitimos a la Junta Directiva y al Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario los oficios DAAOFI-370-2022 y DAA-OFI-376-2022, con el listado de 137 inmuebles inscritos1, identificados por el SINAC en áreas de cobertura boscosa (oficios SINAC-SE-IRT-211-2020 y SINAC-SE-IRT-015-2021), segregados de la finca 39050 del Partido de Limón y traspasados a particulares por el Instituto de Desarrollo Agrario con posterioridad a la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. (Decreto n.° 16614-MAG del 1° de julio de 1985). Lo anterior, con el propósito de que se procediera con la respectiva declaratoria de lesividad de los actos administrativos dictados por ese Instituto. De ordinario, en estos procesos contenciosos de lesividad, por haber enajenado el INDER terrenos forestales del Patrimonio Natural del Estado sin cumplir la obligación prevista en el artículo 15 de la Ley Forestal, de oficio se integra a la Procuraduría como coadyuvante. Según el estudio del SINAC y los informes del Instituto Geográfico Nacional que también adjuntamos en esa oportunidad, algunos de esos inmuebles comprenden porciones de humedal y de la Zona Marítimo Terrestre, incluso en cantidades significativas, como es el caso del inmueble n.° 7-48141-000 cuyo plano L-0942968-1991 tiene un 20 % dentro de la zona restringida (informe DIG-TOT-INF-050-2021, que originó la consignación de advertencia administrativa bajo el expediente n.° 2024-509-RIM) y el del inmueble n.° 7-64544-000, cuyo plano L-2182983-2020 tiene un 52% dentro de la zona restringida (informe DIG-TOTINF-068-2021). La condición de inalienabilidad “implica que se encuentran fuera del comercio del ser humano, de allí que no es posible su enajenación, venta, donación o cualquier otro tipo de negocio que comprometa la titularidad pública.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.° 480-2019).

 

Como se sabe, en los procesos de lesividad la legitimación activa la tiene la Administración autora del acto que se pide anular, y un presupuesto indispensable para la interposición de estos procesos es que el superior jerárquico supremo de la Administración Pública emisora de la conducta haya declarado su lesividad al interés público (artículos 10 inciso 5), 16 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en concordancia con los numerales 173 y 183 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública). Esta Procuraduría y el Tribunal Constitucional han considerado a ese Instituto responsable por haber enajenado terrenos de un área silvestre protegida, como en este caso (Dictamen n.° C-49-1998 del 20 de marzo de 1998 y voto n.° 14046-2003 de 17 horas 30 minutos del 3 de diciembre del 2003, considerando I). Además, el INDER tiene entre sus competencias la de plantear las acciones administrativas o judiciales que correspondan para recuperar los bienes inmuebles que hayan sido apropiados ilegalmente (artículo 16 inciso i) de la Ley n.° 9036), y ostenta la obligación de hacerlo conforme el artículo 50 constitucional y la jurisprudencia de esa sede: «El artículo 50 constitucional es fuente directa del derecho de “toda persona” a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que vincula en la tutela del medio ambiente, conceptuado en el sentido más amplio posible, a los Poderes Públicos en la aplicación de la norma protectora.» (Sala Constitucional, voto n.° 1220-2002, reiterado en los votos números 5996-2002, 6322-2003, 10421-2003, 2019-2009, 12887-2014 y 19776-2014). “En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, a la vez que existe una obligación para el Estado –como un todo– de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, lo cual necesariamente implica el involucramiento de todos los entes, órganos e instituciones del Estado...” (Sala Constitucional, voto n.° 15777-2010. En la misma línea, los votos números 17365-2008 y 10995-2011, entre otros). Por oficio PGR-OFI-152-2024 se solicitó a dicho Instituto informar del estado de las lesividades interpuestas. Nótese que en la sentencia 12745-2019 de esa Sala la orden de delimitar debidamente los territorios de la zona boscosa excluidos por la Ley 9223, con su respectiva incorporación formal al REGAMA, está dirigida al SINAC, y precede al ejercicio de acciones legales conjuntas en defensa del patrimonio público. La falta de determinación de los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, mediante Decreto o Ley, genera incerteza técnico jurídica en las acciones para recuperar áreas que integran el Patrimonio Natural del Estado en la sede contencioso administrativa, e incluso para su defensa en los procesos de información posesoria y otros (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

 

Por medio del escrito de fecha 19 de julio de 20243, el Procurador General de la República solicitó a este Tribunal:

 

“(…) Solicito dar audiencia al Instituto de Desarrollo Rural de las manifestaciones contenidas en nuestro escrito del 4 de julio último, bajo el acápite rotulado: “Solicitud al INDER de la declaratoria de lesividad de inmuebles con cobertura boscosa que fueron traspasados a particulares por el Instituto de Desarrollo Agrario con posterioridad a la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (por Decreto n.° 16614-MAG del 1° de julio de 1985).”. En relación con lo señalado en ese acápite y la prueba que se aportó a este expediente, se adjuntan certificaciones de los inmuebles 7-48141 y 7-59699 (planos L0942968-1991 y L-0110409-1993), donde se otorgó el permiso de corta y aprovechamiento forestal 011-2024-ACLAC-SLT, lo que según nuestro criterio es de relevancia porque se vinculan con la finca 39050 del Partido de Limón. Igualmente, aportamos certificaciones de los planos que dieron origen a su titulación, donde consta su presumible ubicación dentro del Refugio Gandoca Manzanillo. Ambos inmuebles se enlistaron en el oficio DAA-OFI-370- 2022 recibido por el INDER el 7 de marzo del 2022 y remitido a esta Sala el 5 de julio último. De esta información también solicito dar audiencia a ese Instituto (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

 

Ante esto, mediante el auto de las 13:39 horas de 31 de julio de 2024, se dispuso lo siguiente:

 

“(…) De previo a resolver lo que corresponda sobre las gestiones de desobediencia presentadas por el accionante [Nombre 001], y por [Nombre 002], en su calidad de ecologista, donde manifiestan que interponen gestión de incumplimiento de la resolución n°2019-1245 del 10 de julio del 2019, indicando en resumen que: De previo al fallo constitucional el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitió la resolución n°11-2017 SINAC-ACLAC-PNEC011-2017 del 30 de junio de 2017, mediante la cual trasladó de manera inconstitucional y en franco desacato del artículo 50 de nuestra Constitución Política el Patrimonio Natural del Estado ubicado en la zona marítimo del cantón de Talamanca para un plan regulador costero y su consecuente desarrollo. Así, no solo entregaron bajo administración municipal el Patrimonio Natural del Estado ubicado dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA), sino que adicionalmente autorizaron el fraccionamiento y lo más grave, la reducción del bosque ubicado dentro de los límites del REGAMA. Adicionalmente permitió a la Municipalidad de Talamanca autorizar el desarrollo inmobiliario en toda la zona 1 del REGAMA pese a tratarse de un área silvestre protegida, con lo cual básicamente se dejó sin efecto la resolución de la Sala Constitucional, permitiendo de facto y contra la normativa constitucional que la Municipalidad de Talamanca autorizara el desarrollo de proyectos urbanísticos dentro del patrimonio natural del Estado, afectando humedales de categoría Ramsar y sitios de anidación de tortugas marinas. Solicitan se declare el incumplimiento de la resolución n°2019-12745 y se ordene de inmediato la suspensión de la resolución n°11-2017 SINAC. Visto que esta acción de inconstitucionalidad se resolvió, mediante resolución número 2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019, de la siguiente forma (…) Vistos los informes rendidos donde se hace referencia a actuaciones del Minae y del Inder, lo que corresponde, de previo a que esta Sala examine y resuelva sobre el incumplimiento alegado es, darle traslado a Franz Tattenbach Capra, en su calidad de Ministro del Ministerio de Ambiente y Energía; y a Osvaldo Artavia Carballo, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural. Esta audiencia se concede por TRES DIAS, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen, en concreto, relacionadas con la delimitación y protección del Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (…)” (sic).

 

VII.- Por medio del escrito agregado a este expediente a las 14:56 horas de 22 de abril de 2024, el recurrente manifestó: “(…) Comienzo por reiterar mis manifestaciones y argumentos iniciales. Además, enfatizo que el presente asunto tiene por objetivo lograr el cabal cumplimiento del voto no. 2019-012745 del 10 de julio de 2019 de esta honorable Sala Constitucional, en lo que respecta a los procesos de lesividad ordenados en el voto no. 2019-012745 del 10 de julio de 2019 (…)” (sic).

 

VIII.- Es claro que lo relacionado al cumplimiento de la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019, está siendo analizado en el propio expediente No. 14-019174-0007-CO. Esto es de pleno conocimiento del recurrente, porque él mismo gestionó el incumplimiento y aportó a este expediente, varios documentos dirigidos al otro. Nótese que el Procurador General de la República señaló en el escrito de contestación de la audiencia conferida mediante la resolución de las 12:16 horas de 26 de junio de 2024, que los oficios Nos. DAA-OFI-376-2022 y DAA-OFI-370-2022, dirigidos al INDER, y a cuyo cumplimiento el recurrente pretende obligar a través de las presentes diligencias, fueron emitidos con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019. Es decir, las actuaciones de la PGR y su dictado están estrictamente relacionados y derivan de lo ordenado en la citada sentencia.  Así las cosas, será en el expediente No. 14-019174-0007-CO donde se resuelva lo que en Derecho corresponda.

 

IX.- Sobre el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024. En el sub examine quedó demostrado que el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024, fue remitido por el recurrente a la Ministra de la Presidencia y Presidenta del Consejo Nacional Ambiental, al Presidente Ejecutivo y al Jefe del Departamento Legal, ambos del INDER, así como al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (SINAC). Tómese en cuenta que el Presidente Ejecutivo del INDER, y el Ministro de Ambiente y Energía en sus informes, no negaron la recepción de la misiva, por lo que en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tuvo por cierto. Igualmente se debe considerar que mediante el oficio No. MP-DMP-OF-2024-0278 de 10 de abril de 2024, la Ministra de la Presidencia remitió el documento al Ministro de Ambiente y Energía; además el 7 de marzo de 2024, mediante un correo electrónico el Despacho de la Ministra de la Presidencia acusó recibido del oficio, sin acreditar haber brindado alguna respuesta al promovente.

 

X.- A continuación se presenta un cuadro que sintetiza cada uno de los planteamientos expuestos por el promovente en el mencionado oficio, la dependencia a la cual se dirigió, y la correspondiente calificación jurídica:

 

Oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024




Lo planteado

	

Destinatario y/o responsable

	

Calificación jurídica




(1) Proceder conforme a derecho a consignar una nota de advertencia como áreas bajo régimen especial sobre terrenos cuya recuperación se ordenó en la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2029, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-0007-CO)”, habida cuenta de que al día de hoy en la zona de Manzanillo dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo muchas propiedades están siendo comercializadas con la aparente complicidad del SINAC mediante supuestos fraccionamientos a pesar de que la Sala Constitucional ordeno la recuperación de todos esos terrenos que son de dominio público

	

Todos. En general.

	

Justicia administrativa pronta y cumplida.




(2) 1.- Tal y como consta en el oficio DAA-1399-2024, el plano 7-140813-1993 está asociado registralmente al inmueble 7-63149, el cual nació por acto administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario. Por esta razón, a fin de que se procediera con la declaratoria de lesividad y la interposición del proceso subsiguiente, se le envió al INDER un listado que contiene 35 fincas provenientes del inmueble 7-63149, en el oficio DAA-OFI-370-2022, de fecha 7 de marzo 2022, del cual ustedes presuntamente recibieron copia el 18 de abril del 2023, con el oficio DAA-OFI-485-2023, de fecha 18 de abril de 2023 de la Procuraduría General de la República.

	

-

	

Se trata de un relato o recuento de hechos. No solicita, pide o gestiona algo en particular.




(3) 2.- El plano L-148973-93 se inscribió para permiso de uso presuntamente emitido por la Municipalidad de Talamanca supuestamente contraviniendo el artículo 13 de la Ley Forestal.

	

-

	

Se trata de un relato o recuento de hechos. No solicita, pide o gestiona algo en particular.




(4) 3.- Por lo expuesto me permito solicitar al INDER concretamente certificar cuáles son los números de expediente asignados por el poder judicial a las demandas de lesividad iniciadas por el INDER en cumplimiento de la sentencia 2019-01245 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).”

	

INDER

	

Solicitud de información certificada.




(5) 4.- Igualmente, solicito muy respetuosamente al INDER remitir al Registro Público de la Propiedad el listado de todas propiedades que quedaron afectas dentro del Patrimonio Natural del Estado (PNE), en cumplimiento efectivo de lo ordenado en la Sentencia de la Sala Constitucional No. 2019-012745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).” (el énfasis no pertenece al original).

	

INDER.

	

Excitativa para que la Administración actúe de determinada forma.




(6) 5.- De forma expresa solicito se informe si el INDER ha gestionado, y de ser así cuáles acciones ha realizado el INDER para verificar que a dichas propiedades que quedaron afectas dentro del Patrimonio Natural del Estado (PNE), se les haya impuesto de manera efectiva, la respectiva nota de advertencia, como áreas bajo régimen especial, Esto lo solicitamos, en virtud de que aparentemente en la zona dichas propiedades están siendo actualmente comercializadas libremente, a pesar de que la Sala Constitucional ordenó al Estado, y consecuentemente al INDER, la recuperación de todos esos terrenos que son de dominio público.

	

INDER

	

Petición y/o solicitud de información.




(7) 6.- Solicito de forma expresa al SINAC informar las razones por las cuales al día de hoy, no se ha incorporado al Patrimonio Natural del Estado lo descrito como bosque en el informe de Inspección TAA-DT-0048-011 de fecha 30 de mayo de 2011, suscrito por el Biólogo Juan José Sánchez, en representación del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), pese a que la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2019, anuló la Ley No. 9923 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).”

	

SINAC

	

Petición y/o solicitud de información.




(8) 7.- Solicito al SINAC indicar de manera clara, puntual y expresa, y debidamente fundamentada (Artículo 16, inciso 1, y siguiente de la Ley de la Administración Pública), las razones por las cuales en la certificación original SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 en la totalidad de los bloques (12) delimitados como PNE en Zona Marítima Terrestre del Cantón de Talamanca, según certificación del año 2017, suscrita por el Ing. Edwin Cyrus Cyrus, y que hoy se evidencia con toda claridad que se trataba de una certificación complaciente, fundamentada en hechos falsos, se omitió incluir las áreas de bosque de la zona 1 del Refugio Nacional Mixto Gandoca Manzanillo descritas en el informe de informe de inspección TAA-DT-0048-011 de fecha 30 de mayo de 2011, suscrito por el Biólogo Juan José Sánchez, en representación del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), pese a la participación del Ingeniero Anael Fuentes en representación del ACLAC.

	

SINAC

	

Petición y/o solicitud de información.




(9) 8.- Solicito se procede a indicar de manera clara y debidamente fundamentada (Artículo 16, inciso 1., de la Ley de la Administración Pública), las razones por las cuales el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) omitió incluir las áreas de bosque de la zona 1 del Refugio Nacional Mixto Gandoca Manzanillo descritas en los oficios SINAC-SE-IRT-211-2020 de fecha 17/12/2020 SINAC-IRT-015-2021 de 02/02/2020, tal y como lo dispuso la Sala Constitucional en el voto 2019-12745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 “en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa” (expediente 14-19174-007-CO).

	

SINAC

	

Petición y/o solicitud de información.




(10) 9.- Solicito al INDER y SINAC informar de manera coordinada (Principio de coordinación institucional desarrollado erga omnes por la Jurisprudencia Constitucional de Costa Rica), si las certificaciones SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-075-2020 y SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-076-2020 ambas del 23 de julio de 2020, se otorgaron sobre algún bosque o propiedad ubicada dentro de los procesos de lesividad ordenados en la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).”

	

INDER y SINAC

	

Petición.




(11) 10.- Ruego de manera coordinada (Principio de coordinación institucional desarrollado erga omnes por la Jurisprudencia Constitucional de Costa Rica), al INDER y SINAC un informe detallado dentro de los próximos diez días sobre los ocupantes actuales de las 35 fincas provenientes del inmueble 7-63149. Debido a que pobladores de Manzanillo denuncian desarrollos inmobiliarios en las 35 fincas provenientes del inmueble 7-63149.

	

INDER y SINAC

	

Solicitud de información.




(12) Finalmente, ruego señalar de manera puntual las acciones, actos y medidas de prevención y defensa que tanto el INDER como el SINAC han tomado a partir de la fecha de la notificación de la sentencia Constitucional No. 2019-012745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO)”, para defender el principio de legalidad, el imperio de la ley y la defensa del Patrimonio del Estado en relación a las 35 fincas supra indicadas.

	

INDER y SINAC

	

Petición y/o solicitud de información.

 

 

   XI.- Previo a analizar el punto (1) —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe explicarse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. En el sub lite se plantea un supuesto de excepción: la demora de la Administración en resolver una gestión relacionada con la tutelada del medio ambiente. Ahora bien, observa esta Sala Constitucional que la gestión fue formulada el 7 de marzo de 2024, y el recurso de amparo fue planteado el 2 de abril de 2024, antes de que transcurriera 1 mes. Cualquier reclamo por demora o dilación indebida en resolver lo que en Derecho correspondía, deviene prematuro.

 

XII.- Lo expuesto en los puntos (2) y (3), es un relato o recuento de hechos; es decir, el recurrente no solicitó, pidió o gestionó algo en particular. Paralelamente, lo planteado en el punto (5) es una excitativa para que la Administración actúe de determinada forma. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2020-09049 de las 09:15 horas de 15 de mayo de 2020, explicó:

 

“(…) Ciertamente, el propósito de la solicitud del recurrente no ha sido requerir determinada información ni plantear un reclamo administrativo, sino formular una exhortación a fin de que la autoridad recurrida actúe conforme a lo pretendido por el promovente, de modo que esta gestión se agotó con su sola presentación, sin que exista una obligación correlativa de la parte accionada de responderla. Ergo, la falta de respuesta acusada no implica una lesión al artículo 27 de la Constitución Política, como tampoco a los ordinales 30 y 41 de la misma Carta Fundamental (…)” (el énfasis no pertenece al original).

 

XIII.- Los puntos (4) y (6) son peticiones y/o solicitudes de información dirigidas al INDER. No se acreditó que se hubiera respondido y suministrado lo requerido.

 

XIV.- Los puntos (7), (8) y (9) son peticiones y/o solicitudes de información dirigidas al SINAC. No se acreditó que se hubiera respondido y suministrado lo requerido.

 

XV.- Los puntos (10), (11) y (12) son peticiones y/o solicitudes de información dirigidas al INDER y al SINAC en conjunto, que tampoco han sido respondidas.

 

XVI.- Vale la pena acotar que el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024, también estaba dirigido al Jefe del Departamento Información y Regulación Territorial, pero el recurrente no precisó la dependencia.

 

XVII.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, solo en lo que respecta a la falta de respuesta de las peticiones y/o solicitudes de información planteadas en el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024 (concretamente los puntos (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) y (12) del cuadro que se presenta en el considerando XI de esta sentencia). (…)”




... Ver más
Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución



Exp: 24-008544-0007-CO

Res. Nº 2024023257

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciseis de agosto de dos mil veinticuatro .

 

 Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, EL CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL, EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. 

Resultando:

1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 16:28 horas de 2 de abril de 2024, [Nombre 001] presentó un recurso de amparo en contra del Ministerio de la Presidencia, el Consejo Nacional Ambiental, el Instituto de Desarrollo Rural, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía. Explicó que el 7 de marzo de 2024, mediante el oficio No. AEL-0049-2024, solicitó a los recurridos consignar una nota de advertencia, como áreas bajo régimen especial, sobre los terrenos cuya recuperación ordenó la Sala Constitucional en la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019, dado que al día de hoy dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo, muchas propiedades están siendo comercializadas, a su juicio con la complicidad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Refirió que el 8 de marzo de 2024, la Ministra de la Presidencia y Presidenta del Consejo Nacional Ambiental, le confirmó la recepción de la misiva, pero no tiene indicios o pruebas de que dicha funcionaria haya procedido según el deber de coordinación, emitiendo las órdenes respectivas. Pidió a la Sala Constitucional que se anulen los permisos de construcción y los fraccionamientos autorizados sobre los planos enlistados en el informe de la Procuraduría General de la República, emitido mediante el oficio No. DAA.OFI-370-2022 de 7 de marzo de 2022 dirigido al INDER atendiendo a lo dispuesto en sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019; y se haga valer el cumplimiento de sus resoluciones. Solicitó que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante el auto de las 10:45 horas del 11 de abril de 2024, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado a la Ministra de la Presidencia, a la Presidenta del Consejo Nacional Ambiental, al Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, al Ministro de Ambiente y Energía, así como al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación Amistad Caribe.

3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 14:20 horas de 18 de abril de 2024, Maylin Mora Arias, Directora Regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, informó: “(…) La sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2019, de esa Sala, hace referencia clara a las fincas sin inscribir en el Registro Público de la Propiedad, con cobertura de bosque. En ningún momento obligó a la Administración Pública (SINAC) a iniciar procesos de recuperación de fincas debidamente inscritas, por cuanto la propia Sala explicó que estas (las propiedades debidamente inscritas) no forman parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, hasta tanto no se paguen o expropien (…) Tanto al final del hecho anterior, como en el presente, se pretende endilgar a nuestra institución actuaciones ilícitas e incumplimiento de responsabilidades. Ambas son falsas y se rechazan por lo siguiente: El cumplimiento de la sentencia 2019- 012745 del 10 de julio del 2019, se dio y así constan los informes presentados por las autoridades rendidos ante esa Sala. Se reitera que esta institución no está llamada a crear limitaciones a la propiedad privada de las personas que tienen sus propiedades inscritas dentro del RNVS-GM, más allá de las dispuestas en las diferentes leyes y las plasmadas en el Plan General de Manejo que, como se indicó, regulan el manejo sostenible de las mismas en cumplimiento armónico de los artículos 45 y 50 de la Constitución Política (…) En resumen: Tanto el SINAC, como la PGR cumplieron con lo ordenado por la Sala en tiempo y forma, al delimitar el “área boscosa” objeto de la disposición, y determinar el régimen de propiedad de los terrenos incluidos dentro de tales áreas (…) El oficio DAA-OFI-370-2022 de la Procuraduría General de la República, dirigido al Presidente Ejecutivo del INDER, es un hecho que no guarda relación con los motivos del recurso de amparo, entendiéndose este como el cumplimiento o no de la sentencia 2019-012745 del 10 de julio del 2019, de esa Sala Constitucional, siendo que la misma, se reitera, nunca dispuso en dicho voto iniciar acciones contra las propiedades privadas, por cuanto las mismas NO forman parte del RNVS-GM. El alegato deviene en un contrasentido, al pretender el recurrente darle una interpretación diferente a una sentencia judicial, presumiendo alcances que no tiene (…) Sobre las solicitudes en detalle: 1. Se rechaza. Innecesaria. 2. Se rechaza. El recurrente pretende dar alcances subjetivos al voto 2019-012745 del 10 de julio del 2019, de la Sala Constitucional, disponiendo acciones y omisiones administrativas derivadas del supuesto incumplimiento de las disposiciones de esta. 3. Se rechaza. Carece de conexidad con el supuesto incumplimiento del voto 2019-012745, del 10 de julio del 2019, y es propia de la jurisdicción ordinaria. Además, las listas de terrenos que presenta la Procuradora Fallas Cordero en su oficio DAA-OFI-370-2022, se refieren, precisamente, a propiedades privadas, a fincas debidamente matriculadas en el Registro Inmobiliario, que responden a su inquietud manifiesta, ya mencionada anteriormente, formulada durante su alegato durante la audiencia de vista, convocada por esa el 28 de febrero 2019 (…)” (sic). Detallaron las actuaciones ejecutadas con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia No. 2019-012745.

4.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 15:58 hiras de 18 de abril de 2024, Osvaldo Manuel Artavia Carballo, Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, informó: “(…) El presente proceso es una disconformidad propia de legalidad ordinaria (supuesta responsabilidad administrativa por omisión) y, no de resorte constitucional, pues la parte recurrente argumenta la supuesta violación de una lista considerable de derechos fundamentales (ambiente, salud, seguridad y vida humana) por parte de varias Instituciones por la NO MATERIALIZACIÓN en el cumplimiento de las órdenes de la Procuraduría General de la República (PGR) por la NO recuperación y protección de bienes de dominio público (…) Si bien existe los criterios de la PGR, lo cierto es que, el recurrente omite indicar, y es importantísimo valorar que, para el cumplimiento de cualquier orden de esta índole, la institucionalidad debe organizarse de manera interna y externa (…) el Recurso habla de un aumento en la actividad comercial, cuando no es una competencia propia del Inder su fiscalización, y que por más que, incluso se hayan presentado todos los procesos de lesividad ordenados, y hasta logrado la anulación del acto administrativo, la fiscalización en la realidad material le corresponde a otros actores, configurándose así la falta de legitimación pasiva (…)” (sic).

5.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 16:06 horas de 18 de abril de 2024, Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, informó en el mismo sentido que la Directora Regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

6.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 20:48 horas de 18 de abril de 2024, Natalia Díaz Quintana, Ministra de la Presidencia, informó: “(…) mediante oficio MP-DMP-OF-2024-0278 de fecha 10 de abril de 2024, este Despacho trasladó al Ministerio de Ambiente y Energía, la gestión planteada por el accionante, de conformidad con lo indicado en los artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N°7554, haciendo notar -a su vez- las competencias y funciones del Consejo Nacional Ambiental. En este sentido, conviene aclarar que lo pretendido por la persona recurrente, excede el ámbito de competencias otorgadas por imperativo normativo a dicho Consejo y por ende a la suscrita. Aunado a lo anterior, me permito reiterar a los Honorables Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que mediante el oficio supra citado, se trasladó al Ministro de Ambiente y Energía tal solicitud, para que en el margen de sus competencias, procede conforme a derecho. Así mismo, es necesario evidenciar que el Ministerio de la Presidencia, no tiene ningún tipo injerencia en la elaboración de advertencias sobre los terrenos relacionados con la sentencia 2019-012745, y carece de la legitimidad y facultad legal para determinar la responsabilidad disciplinaria o penal de funcionarios del MINAE y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Corolario de lo expuesto, y ante la solicitud que me ha sido requerida por los señores Magistrados, es oportuno adherirme al informe técnico rendido por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) mediante oficio DAJ-MINAE-0456- 2024 del 17 de abril de los corrientes, así como a las pruebas aportadas. En atención a lo referido, se estima como improcedente la presente acción en contra de mi representada y respetuosamente solicito sea declarada sin lugar (…)” (sic).

7.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 15:33 horas de 19 de abril de 2024, el recurrente aportó prueba para mejor resolver (la sentencia No. 2021-017827 de las 09:20 horas de 13 de agosto de 2021).

8.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 08:13 horas de 22 de abril de 2024, el recurrente se refirió a lo informado por la Directora del Área de Conservación Amistad Caribe.

9.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 14:56 horas de 22 de abril de 2024, el recurrente se refirió a lo informado por el Ministro de Ambiente y Energía. Subrayó: “(…) Comienzo por reiterar mis manifestaciones y argumentos iniciales. Además, enfatizo que el presente asunto tiene por objetivo lograr el cabal cumplimiento del voto no. 2019-012745 del 10 de julio de 2019 de esta honorable Sala Constitucional, en lo que respecta a los procesos de lesividad ordenados en el voto no. 2019-012745 del 10 de julio de 2019 (…)” (sic).

10.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 07:53 horas de 23 de abril de 2024, el recurrente se refirió a lo informado por el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural. Enfatizó: “(…) El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), tal como fue expuesto en el escrito inicial de interposición del recurso de amparo, lleva dos años sin dar trámite a los procesos de lesividad sometidos a su consideración por parte de la Procuraduría General de la Republica mediante los oficios DAA-OFI-3762022 y DAA-OFI-370-2022 los cuales señalan la necesidad de realizar una serie de procesos de lesividad en propiedades que se ubican dentro del territorio que comprende el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) VER oficio INDER-PE-AJ-OFI-0419 de fecha 14 de abril de 2024. Esto es lo que realmente se cuestiona respecto de este recurrido (…) Reitero respetuosamente a la honorable Sala Constitucional mi pretensión que se declare con lugar este recurso de amparo y todos los extremos de la petitoria y que en la resolución de fondo se conmine a la parte recurrida a fin de que proceda de inmediato dar trámite a los oficios DAAOFI-3762022 y DAA-OFI-370-2022 los cuales señalan la necesidad de realizar una serie de procesos de lesividad en propiedades que se ubican dentro del territorio que comprende el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) (…)” (sic).

11.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 16:21 horas de 26 de abril de 2024, el recurrente aportó prueba para mejor resolver.

12.- Por medio del correo electrónico agregado al expediente digital a las 09:56 horas de 20 de mayo de 2024, el recurrente indicó: “(…) Ruego tomar en cuenta que el SINAC está otorgando permisos de aprovechamiento forestal sobre terrenos que tienen procesos de lesividad por orden de esa Sala Ambas fincas con permisos de tala tienen dimensiones mayores a dos hectáreas, y los porcentajes de bosque son altos (…)” (sic). 

13.- Mediante los escritos agregados al expediente digital a las 15:24 y a las 20:03 horas de 5 de julio de 2024, Rodolfo Goodman Grenald, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, planteó una solicitud de apersonamiento: “(…) Con fundamento en la Constitución Político y la Ley de la Jurisdicción Constitucional del país, me apersono al presente acción como representante de terceros con un interés legítimo en la resolución de la presente acción, ya que por tratarse nuestra organización de una organización de desarrollo comunal que tiene como objetivo, promover un desarrollo sostenible para la comunidad de Manzanillo y sus alrededores, siendo una de las pocas poblaciones nacionales inserta y colindante a un área protegida (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo de Propiedad Mixto) de gran importancia social, económica y ambiental del caribe de nuestro país. Que nuestra Asociación en representación de la comunidad de Manzanillo, cuya jurisdicción cubre desde Cocles a Punta Mona, ha tomado clara conciencia de lo que significa estar dentro de un Refugio Nacional de Vida Silvestre de Propiedad Mixto. La comunidad ha participado de forma activa en la formulación de los Planes de Manejo del Refugio y el Plan Regulador Costero del cantón, y en general, del valioso Caribe Sur costarricense. En aplicación del interés difuso que nos otorga a toda persona el artículo 50 de la Constitución Política en asuntos ambientales, además de ser interesados directos en esta Acción, que pueda afectar nuestros hogares y bienestar, así como nuestra cultura y tradiciones como población autóctona costero, es que nos apersonamos a este proceso. No omito manifestar que nuestra organización ha tenido una amplia participación como miembro permanente del Consejo Local Ambiental de Manzanillo, así como en comisiones municipales y regionales (…)” (sic).

14.- Mediante el correo electrónico agregado al expediente digital a las 11:15 horas de 8 de julio de 2024, [Nombre 001] aportó prueba para mejor resolver (una gestión de incumplimiento de la Procuraduría General de la República dirigido al expediente 14-00174-0007-CO) y una solicitud de medida cautelar urgente en defensa de los terrenos ancestrales ubicados dentro del litoral del cantón de Talamanca.

15.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 13:48 horas de 9 de julio de 2024, Jennifer Vega Alvarado, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, se apersonó a coadyuvar al MINAE ACLAC-SINAC: “(…) Participamos apoyando a SINAC y la Municipalidad de Talamanca defendiendo nuestros derechos de nuestras tierras y un ordenamiento territorial que asegura una vida digna para nuestros hijos en armonía con el medio – ambiente (…)” (sic).

16.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 13:48 horas de 9 de julio de 2024, Gloriela Junior Williams Rodríguez, miembro de la Junta de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, se apersonó a coadyuvar al MINAE ACLAC-SINAC: “(…) Participamos apoyando a SINAC y la Municipalidad de Talamanca defendiendo nuestros derechos de nuestras tierras y un ordenamiento territorial que asegura una vida digna para nuestros hijos en armonía con el medio – ambiente (…)” (sic).

17.- Por medio del correo electrónico agregado al expediente digital a las 15:22 horas de 10 de julio de 2024, [Nombre 001] aportó, de nuevo, prueba para mejor resolver (una gestión de incumplimiento de la Procuraduría General de la República dirigido al expediente 14-0019174-0007-CO) y una solicitud de medida cautelar urgente en defensa de los terrenos ancestrales ubicados dentro del litoral del cantón de Talamanca.

18.- Mediante el correo electrónico agregado al expediente digital a las 09:10 horas de 23 de julio de 2024, [Nombre 001] aportó un escrito de la Procuraduría General de la República, dirigido a la acción de inconstitucionalidad No. 14-019174-0007-CO, en el que solicitó dar audiencia al INDER sobre su negativa de la declaratoria de lesividad de inmuebles con cobertura boscosa que fueron traspasados a particulares por el INDER con posterioridad a la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

19.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 11:01 horas de 8 de agosto de 2024, la Secretaría de la Sala Constitucional hizo constar que no aparece que del 16 de abril al 7 de agosto de 2024, el Presidente del Consejo Nacional Ambiental haya presentado escrito o documento alguno, para rendir el informe que se le ordenó.

 20.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.               

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso.  El recurrente adujo que el 7 de marzo de 2024, mediante el oficio No. AEL-0049-2024, solicitó a los recurridos consignar una nota de advertencia, como áreas bajo régimen especial, sobre los terrenos cuya recuperación ordenó la Sala Constitucional en la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019, dado que al día de hoy dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo, muchas propiedades están siendo comercializadas, a su juicio con la complicidad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Refirió que el 8 de marzo de 2024, la Ministra de la Presidencia y Presidenta del Consejo Nacional Ambiental, le confirmó la recepción de la misiva, pero no tiene indicios o pruebas de que dicha funcionaria haya procedido según el deber de coordinación, emitiendo las órdenes respectivas. Pidió a la Sala Constitucional que se anulen los permisos de construcción y los fraccionamientos autorizados sobre los planos enlistados en el informe de la Procuraduría General de la República, emitido mediante el oficio No. DAA-OFI-370-2022 de 7 de marzo de 2022 dirigido al INDER, atendiendo a lo dispuesto en sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019; y se haga valer el cumplimiento de sus resoluciones. Exigió que se conmine al INDER a dar trámite a los oficios Nos. DAA-OFI-376-2022 y DAA-OFI-370-2022 de la Procuraduría General de la República, los cuales señalan la necesidad de instaurar procesos de lesividad respecto de propiedades que se ubican dentro del territorio que compren el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

II.- Cuestión preliminar. Mediante los escritos agregados al expediente digital a las 15:24 horas y a las 20:03 horas de 5 de julio de 2024, Rodolfo Goodman Grenald, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, planteó una solicitud de apersonamiento. Dicha figura procesal no existe en el Derecho Procesal Constitucional. Dado el contenido del memorial, se interpreta que se trata de solicitudes de coadyuvancia. Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 13:48 horas de 9 de julio de 2024, Jennifer Vega Alvarado, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, se apersonó a coadyuvar al MINAE ACLAC-SINAC: “(…) Participamos apoyando a SINAC y la Municipalidad de Talamanca defendiendo nuestros derechos de nuestras tierras y un ordenamiento territorial que asegura una vida digna para nuestros hijos en armonía con el medio – ambiente (…)” (sic). Lo mismo planteó Gloriela Junior Williams Rodríguez, miembro de la Junta de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo.

III.- La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da, cuando una persona actúa en un proceso, adhiriéndose a las pretensiones de algunas de las partes principales. En consecuencia, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso; sin embargo, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento (véanse, entre otras, las sentencias Nos. 2010-000254, de las 11:28 horas el 08 de enero de 2010, y 2018019952, de las 9:30 horas de 30 de noviembre de 2018). Por consiguiente, se acepta las gestiones presentadas, en los términos descritos supra.

IV.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

En el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024, dirigido a la Ministra de la Presidencia y Presidenta del Consejo Nacional Ambiental, al Presidente Ejecutivo y al Jefe del Departamento Legal, ambos del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Amistad Caribe (SINAC), y al Jefe del Departamento Información y Regulación Territorial (no precisó la dependencia), el recurrente planteó: “(…) Ref. Proceder conforme a derecho a consignar una nota de advertencia como áreas bajo régimen especial sobre terrenos cuya recuperación se ordenó en la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2029, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-0007-CO)”, habida cuenta de que al día de hoy en la zona de Manzanillo dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo muchas propiedades están siendo comercializadas con la aparente complicidad del SINAC mediante supuestos fraccionamientos a pesar de que la Sala Constitucional ordeno la recuperación de todos esos terrenos que son de dominio público (…) me permito manifestar y solicitar lo siguiente: 1.- Tal y como consta n el oficio DAA-1399-2024, el plano 7-140813-1993 está asociado registralmente al inmueble 7-63149, el cual nació por acto administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario. Por esta razón, a fin de que se procediera con la declaratoria de lesividad y la interposición del proceso subsiguiente, se le envió al INDER un listado que contiene 35 fincas provenientes del inmueble 7-63149, en el oficio DAA-OFI-370-2022, de fecha 7 de marzo 2022, del cual ustedes presuntamente recibieron copia el 18 de abril del 2023, con el oficio DAA-OFI-485-2023, de fecha 18 de abril de 2023 de la Procuraduría General de la República. 2.- El plazo L-148973-93 se inscribió para permiso de uso presuntamente emitido por la Municipalidad de Talamanca supuestamente contraviniendo el artículo 13 de la Ley Forestal. 3.- Por lo expuesto me permito solicitar al INDER concretamente certificar cuáles son los números de expediente asignados por el poder judicial a las demandas de lesividad iniciadas por el INDER en cumplimiento de la sentencia 2019-01245 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).” 4.- Igualmente, solicito muy respetuosamente al INDER remitir al Registro Público de la Propiedad el listado de todas propiedades que quedaron afectas dentro del Patrimonio Natural del Estado (PNE), en cumplimiento efectivo de lo ordenado en la Sentencia de la Sala Constitucional No. 2019-012745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).” 5.- De forma expresa solicito se informe si el INDER ha gestionado, y de ser así cuáles acciones ha realizado el INDER para verificar que a dichas propiedades que quedaron afectas dentro del Patrimonio Natural del Estado (PNE), se les haya impuesto de manera efectiva, la respectiva nota de advertencia, como áreas bajo régimen especial, Esto lo solicitamos, en virtud de que aparentemente en la zona dichas propiedades están siendo actualmente comercializadas libremente, a pesar de que la Sala Constitucional ordenó al Estado, y consecuentemente al INDER, la recuperación de todos esos terrenos que son de dominio público. 6.- Solicito de forma expresa al SINAC informar las razones por las cuales al día de hoy, no se ha incorporado al Patrimonio Natural del Estado lo descrito como bosque en el informe de Inspección TAA-DT-0048-011 de fecha 30 de mayo de 2011, suscrito por el Biólogo Juan José Sánchez, en representación del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), pese a que la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2019, anuló la Ley No. 9923 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).” 7.- Solicito al SINAC indicar de manera clara, puntual y expresa, y debidamente fundamentada (Artículo 16, inciso 1, y siguiente de la Ley de la Administración Pública), las razones por las cuales en la certificación original SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 en la totalidad de los bloques (12) delimitados como PNE en Zona Marítima Terrestre del Cantón de Talamanca, según certificación del año 2017, suscrita por el Ing. Edwin Cyrus Cyrus, y que hoy se evidencia con toda claridad que se trataba de una certificación complaciente, fundamentada en hechos falsos, se omitió incluir las áreas de bosque de la zona 1 del Refugio Nacional Mixto Gandoca Manzanillo descritas en el informe de informe de inspección TAA-DT-0048-011 de fecha 30 de mayo de 2011, suscrito por el Biólogo Juan José Sánchez, en representación del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), pese a la participación del Ingeniero Anael Fuentes en representación del ACLAC. 8.- Solicito se procede a indicar de manera clara y debidamente fundamentada (Artículo 16, inciso 1., de la Ley de la Administración Pública), las razones por las cuales el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) omitió incluir las áreas de bosque de la zona 1 del Refugio Nacional Mixto Gandoca Manzanillo descritas en los oficios SINAC-SE-IRT-211-2020 de fecha 17/12/2020 SINAC-IRT-015-2021 de 02/02/2020, tal y como lo dispuso la Sala Constitucional en el voto 2019-12745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 “en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa” (expediente 14-19174-007-CO). 9.- Solicito al INDER y SINAC informar de manera coordinada (Principio de coordinación institucional desarrollado erga omnes por la Jurisprudencia Constitucional de Costa Rica), si las certificaciones SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-075-2020 y SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-076-2020 ambas del 23 de julio de 2020, se otorgaron sobre algún bosque o propiedad ubicada dentro de los procesos de lesividad ordenados en la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).” 10.- Ruego de manera coordinada (Principio de coordinación institucional desarrollado erga omnes por la Jurisprudencia Constitucional de Costa Rica), al INDER y SINAC un informe detallado dentro de los próximos diez días sobre los ocupantes actuales de las 35 fincas provenientes del inmueble 7-63149. Debido a que pobladores de Manzanillo denuncian desarrollos inmobiliarios en las 35 fincas provenientes del inmueble 7-63149. Finalmente, ruego señalar de manera puntual las acciones, actos y medidas de prevención y defensa que tanto el INDER como el SINAC han tomado a partir de la fecha de la notificación de la sentencia Constitucional No. 2019-012745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO)”, para defender el principio de legalidad, el imperio de la ley y la defensa del Patrimonio del Estado en relación a las 35 fincas supra indicadas (…) Recibiremos notificaciones al correo electrónico: [email protected] (…)” (sic) (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital).
El 7 de marzo de 2024, mediante un correo electrónico, el Despacho de la Ministra de la Presidencia acusó recibido del oficio (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital).
El anterior oficio fue remitido a la Ministra de la Presidencia y Presidenta del Consejo Nacional Ambiental, al Presidente Ejecutivo y al Jefe del Departamento Legal, ambos del INDER, así como al Director Ejecutivo del SINAC (hecho incontrovertido).
El 2 de abril de 2024, se planteó el recurso de amparo (los autos).
Mediante el oficio No. MP-DMP-OF-2024-0278 de 10 de abril de 2024, dirigido a Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, la entonces Ministra de la Presidencia indicó: “(…) Adjunto encontrará documento N°AEL-0049-2024, así como el AEL0049-2024, suscritos ambos documentos por el señor [Nombre 001], con el asunto (…) Considerando, que el artículo 77 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554, del 04 de octubre de 1995, establece que este “(…) es un órgano deliberativo y de consulta, con funciones de asesoramiento al Presidente de la República en materia ambiental (…) y el artículo 78 delimita las funciones del Consejo Nacional Ambiental, a saber (…) Se logra evidenciar que tanto la solicitud de consignar la nota de advertencia sobre los terrenos relacionados con la sentencia 2019-012745 así, como la solicitud de determinar responsabilidad penal y disciplinaria de los funcionarios del MINAE SINAC, indicados por el señor Levy, excede el ámbito de competencias otorgadas por ley al Consejo Nacional Ambiental y a la suscrita, por lo que me permito trasladar el oficio supra citado y adjuntos, para su respectiva valoración dentro del marco de sus facultades conforme en derecho corresponde, A los efectos expuestos, le agradezco mucho informarme, dentro del plazo de 10 días hábiles, conforme a la Ley N°9097, con el objeto de dar por finalizada debidamente la gestión (…)” (sic) (ver la prueba aportada por el Ministerio de la Presidencia, agregada al expediente digital).  

V.- Hecho no probado. Se estima como no demostrado el siguiente hecho, de relevancia para esta resolución: único.- que el SINAC, el INDER o el Ministerio de la Presidencia hayan brindado la información solicitada.

VI.- Sobre alegado incumplimiento de la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019, y el acatamiento de los oficios Nos. DAA-OFI-376-2022 y DAA-OFI-370-2022 de la Procuraduría General de la República. Esta Sala Constitucional, mediante la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019, resolvió la acción de inconstitucionalidad No. 14-019174-0007-CO, presentada por [Nombre 001], en su condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, en contra de la Ley No. 9223 de 10 de marzo de 2014. En dicho pronunciamiento se dispuso lo siguiente:

“(…) 1) Por mayoría se declara con lugar la acción, anulando la Ley impugnada, n.° 9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes. En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. 2) El Magistrado Cruz Castro pone nota. 3) Los Magistrados Hernández López, Salazar Alvarado, y Araya García salvan el voto y declaran sin lugar la acción, no obstante indican que el Estado está obligado a ejercer las acciones necesarias para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica la ley. 4) Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al accionante, a la Presidenta de la Asamblea Legislativa o a quien ocupe su cargo, a la Procuraduría General de la República y a todos los intervinientes (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). 

En el mencionado expediente, mediante el auto de las 12:16 horas de 26 de junio de 2024, se ordenó lo siguiente:

“(…) Vistos los escritos presentados, el 15 y 31 enero del 2024, uno suscrito por el accionante [Nombre 001], y otro, suscrito por [Nombre 002], en su calidad de ecologista, donde manifiestan que interponen gestión de incumplimiento de la resolución n°2019-1245 del 10 de julio del 2019, indicando en resumen que: De previo al fallo constitucional el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitió la resolución n°11-2017 SINAC-ACLAC-PNE-C011-2017 del 30 de junio de 2017, mediante la cual trasladó de manera inconstitucional y en franco desacato del artículo 50 de nuestra Constitución Política el Patrimonio Natural del Estado ubicado en la zona marítimo del cantón de Talamanca para un plan regulador costero y su consecuente desarrollo. Así, no solo entregaron bajo administración municipal el Patrimonio Natural del Estado ubicado dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA), sino que adicionalmente autorizaron el fraccionamiento y lo más grave, la reducción del bosque ubicado dentro de los límites del REGAMA. Adicionalmente permitió a la Municipalidad de Talamanca autorizar el desarrollo inmobiliario en toda la zona 1 del REGAMA pese a tratarse de un área silvestre protegida, con lo cual básicamente se dejó sin efecto la resolución de la Sala Constitucional, permitiendo de facto y contra la normativa constitucional que la Municipalidad de Talamanca autorizara el desarrollo de proyectos urbanísticos dentro del patrimonio natural del Estado, afectando humedales de categoría Ramsar y sitios de anidación de tortugas marinas. Solicita se declare el incumplimiento de la resolución n°2019-12745 y se ordene de inmediato la suspensión de la resolución n°11-2017 SINAC. Visto que esta acción de inconstitucionalidad se resolvió, mediante resolución número 2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019, de la siguiente forma (…) Lo que corresponde, de previo a que esta Sala examine y resuelva sobre el incumplimiento alegado es, darle traslado al representante del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al representante de la Procuraduría General de la República. Asimismo, antes de que esta Sala resuelva lo que corresponda, corresponde solicitar informe a la Municipalidad de Talamanca, quien figuró en esta acción como coadyuvante. Por lo anterior, se procede a:

1) Otorgar audiencia por TRES DIAS, contados a partir de la notificación de esta resolución, al representante del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al representante de la Procuraduría General de la República, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen, en concreto, el incumplimiento de lo establecido en la resolución de esta Sala n°2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019, en cuanto se establece: “… En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.” Además, deben referirse al contenido de la resolución n°11- 2017 SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017 en cuanto al alegato de la gestionante de que en con ello se entregó bajo administración municipal el patrimonio natural del Estado ubicado dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y se autorizó el fraccionamiento y la reducción del bosque ubicado dentro de tal refugio (…)

2) Otorgar audiencia por TRES DIAS, contados a partir de la notificación de esta resolución, al Alcalde y al Presiente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen, en concreto, autorizar el desarrollo de proyectos urbanísticos dentro del patrimonio natural del Estado ubicado tanto en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca como dentro de los límites del refugio afectando humedales de categoría Ramsar y sitios de anidación de tortugas marinas, todo en contravención del derecho al ambiente y de lo resuelto por esta Sala en resolución n°2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019 (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

Mediante un escrito de fecha 4 de julio de 2024, Ivan Vinicio Vincenti Rojas, Procurador General de la República, contestó la audiencia conferida en los siguientes términos:

“(…) Inexistencia por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de la Delimitación Oficial, mediante Decreto o Ley, de los Límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) En la sentencia 12745-2019 esa Sala estableció que la Ley 9223, del 10 de marzo de 2014, al redefinir los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo que hace en realidad es una reducción del área, sin cumplir los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional (certeza sobre el no deterioro del ambiente y compensación de la superficie que suprime), y sin haber claridad de si los terrenos excluidos que contienen bosque (188 hectáreas) son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados afectos a las limitaciones previstas por el ordenamiento jurídico ambiental, en cuyo caso era innecesaria la desafectación. Ante esta duda razonable, aplicó el principio in dubio pro natura y consideró las 188 hectáreas parte del refugio, bien demanial, siendo improcedente su exclusión sin compensar el área, e inconstitucional la norma impugnada. Más aún, añadió, “las 188 hectáreas forman parte del núcleo central del refugio de vida silvestre”, por lo que “estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio”. Sin embargo, matizó la conclusión, en el sentido de que si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, debe respetarse el derecho de propiedad privada de sus propietarios (artículo 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En consecuencia, declaró con lugar la acción, anuló la Ley impugnada, número 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, “únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa” y ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que procediera, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra del pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada. A partir de esa orden, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación identificó y delimitó la zona boscosa en el área excluida por la ley 9223 (denominada como zona 1 según decreto 34946), emitió un informe bajo oficio ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 del 7 de noviembre de 2020, que contiene el informe de campo referente a la delimitación de la Cobertura boscosa en la llanura Cocles-Manzanillo, sin definir los terrenos que integran el Patrimonio Natural del Estado de todo el REGAMA, y en el que arribó a las siguientes conclusiones: "El área denominada como Zona 1 del Decreto de Zonificación del REGAMA (conocida como “Llanura Costera Cocles-Manzanillo”), presenta un uso de suelo muy particular, en el cual predomina la cobertura arbolada y boscosa (233.65 hectáreas). Sin embargo, esta cobertura no cumple en buena parte de la superficie de esta zona, con la definición de “bosque” estipulada en la Ley Forestal 7575 y su Reglamento. De acuerdo a las mediciones realizadas, se estima que existen hasta 109,5 hectáreas que serían clasificadas como bosque de acuerdo a la Ley 7575. Se debe tomar en cuenta que una porción de estas zonas de bosque se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre del área de estudio (esta superficie se estima en 20.1 hectáreas). Por otro lado, otras 114,5 hectáreas podrían clasificarse como terrenos forestales fuertemente intervenidos, en combinación con especies agrícolas, ornamentales y ocupación humana (.). A su vez, y con la finalidad de elaborar un nuevo decreto que incorporara lo ordenado por esa Sala en la Sentencia 2019-12745, el SINAC conformó una comisión integrada por distintos profesionales y detalló un plan de acción que contempló las siguientes 4 fases (…)

Ahora bien, según informe SINAC-ACLAC-OR-138-2023, del 11 de abril de 2023 que emitió la Comisión conformada para establecer los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Categoría Mixto, en atención a la resolución de la Sala Constitucional N°2019-12745, se remitió la propuesta técnica como fundamento del borrador de Decreto de los Límites del REGAMA, al Viceministro de Ambiente y Energía. En ese sentido, el oficio SINAC-ACLAC-OR-138-2023 propone los derroteros de los polígonos identificados como áreas de bosque que deben ser reincorporados al refugio, establece una nueva delimitación de dicha área Silvestre Protegida e identifica siete bloques de bosque que fueron desafectados mediante la Ley 9223, con ajuste al concepto de bosque de la Ley Forestal N°7575 (art, 3 inc d), y toma en cuenta criterios como la conectividad, la estructura, composición y funcionalidad de los ecosistemas protegidos del área silvestre protegida.

Aun cuando se hicieron los esfuerzos descritos por la Comisión a cargo de suministrar los insumos técnicos para la elaboración del Decreto de definición de los límites del REGAMA, la propuesta del oficio SINAC-ACLAC-OR-138-2023 no ha sido aprobada y, en consecuencia, a este momento no existe una definición normativa o delimitación formal actualizada de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Esta representación ha insistido en que ese requisito es indispensable para la adecuada defensa del Patrimonio Natural del Estado y el cumplimiento de la Sentencia 12745-2019 de esa Sala. Aunado al problema de la inexistencia de la delimitación de los límites del REGAMA, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, órgano competente para la aprobación de los planes de las Áreas Silvestres Protegidas (Ley 7888, artículo 25 inciso 5°), por medio de la resolución 044 del 28 de febrero de 2022, publicada en la Gaceta 39 del 258 de febrero de 2022, correspondiente al resumen ejecutivo del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Dada la necesidad y el carácter prioritario de cumplir con las diferentes disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en cuanto a la oficialización del plan general de manejo RNVS-GM, se acuerda continuar con la publicación del presente documento, mismo que rige para el área del refugio establecida de previo a la anulación parcial de la ley N° 9223 exceptuando el área dispuesta en el voto N° 012745 del 10 de julio de 2019 de la Sala Constitucional. De conformidad a lo anterior, el área geográfica que refleja el presente plan de manejo no representa los límites totales del área silvestre protegida, siendo necesario una vez que se reincorpore el área boscosa desafectada por la ley 9223, efectuar una ampliación del PGM que contemple lo pertinente a dicha área que será restituida al refugio.” (Lo destacado es añadido). De lo transcrito, se hace énfasis en que el CONAC al emitir su Plan de Manejo se fundamentó en la Certificación de Patrimonio Natural del Estado No. SINAC-ACLAC-DRPNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017 y, sin existir razones técnicas que impidieran una actualización, omitió incorporar el criterio contenido en el oficio ACToDRFVS-EPMF-363-2020 del 07 de noviembre de 2020 (delimitación de zona boscosa), así como el documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio de 2021. El plan de manejo es indispensable para la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas, según lo establecido en los artículos 7 del Decreto Ejecutivo 42742-MINAE, 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, 3 inciso p) del Decreto Ejecutivo 34433 Reglamento a la Ley de Biodiversidad y 6 del “Convenio Conservación de Biodiversidad y Protección Áreas Silvestres”, integrado a nuestro ordenamiento en la Ley 7433. Por ello, con la Resolución 044 del 28 de febrero de 2022 del CONAC, es innegable que respecto del Plan General de Manejo REGAMA, se desnaturaliza su función como instrumento de planificación que orienta la gestión de un área silvestre protegida, hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo, y que sirve de base para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación, en primer lugar, a causa de la inexistente delimitación del área geográfica total del REGAMA, y en segundo término, porque la falta de definición, identificación y reincorporación de la totalidad de las áreas del Patrimonio Natural del Estado al REGAMA, ordenada en la sentencia 12745-2019, conlleva un estado de incertidumbre sobre el uso adecuado de los terrenos y plantea conflictos de competencia entre el SINAC y la Municipalidad de Talamanca para su administración. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que las Áreas Silvestres Protegidas son zonas geográficas delimitadas (Ley No. 7788, artículo 58), cuya administración y conservación del Patrimonio Natural del Estado tiene el Sistema de Áreas de Conservación. La delimitación de éste es competencia exclusiva del SINAC-MINAE: “El Ministerio del Ambiente y Energía delimitará, en el terreno, los linderos de las áreas que conforman el patrimonio natural del Estado. El procedimiento de deslinde se fijará en el reglamento de esta ley. (Ley Forestal, 7575/1996, artículo 16) La Sala Constitucional, en la sentencia 2741-2021, hizo ver que ha sido posición de la jurisdicción constitucional “desde larga data” que la delimitación de las áreas silvestres protegidas “representa un mecanismo sumamente importante para proteger el derecho fundamental al ambiente”. Así, en el caso una deficiente e inconclusa delimitación del Área Silvestre Protegida implica el riesgo de que la Municipalidad de Talamanca otorgue concesiones -derechos reales administrativos- sobre las 20,1 has de terrenos clasificados como bosque que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre, según la delimitación de zona boscosa en el área excluida por la ley 9223, oficio ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020, irrespetando las competencias y características de cada ecosistema (Ley 7554, artículos 30 inciso c y 34). Lo anterior, en clara desaplicación a lo que esa Sala ha establecido como inconstitucional en anteriores sentencias sobre los principios preventivo, precautorio, así como el mandato constitucional a la coordinación y cooperación interinstitucional para la protección del medio ambiente, derivado del principio pro natura. Además, sobre el documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio de 2021, esa Sala valoró con base en los elementos y justificación técnica que suministraron los ministerios a los cuales se les confirió audiencia y, por sentencia N° 2024- 3959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, resolvió en lo que interesa (…)

Por lo anterior, ese Tribunal ordenó al SINAC concluir en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esa sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021 y, disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. Sobre la falta de determinación normativa de los Límites del REGAMA, la Procuraduría, en oficio DAA-OFI-1552-2022 del 3 de octubre de 2022, aclaró al Director Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe que la delimitación de las zonas con cobertura boscosa ordenada al SINAC en el voto constitucional 2019-12745, no constituye una definición normativa de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre GandocaManzanillo, la cual procede únicamente mediante ley o decreto. En lo que interesa, se indicó: “Sus oficios SINAC-ACLAC-DR-003-2021 del 7 de enero del 2021 y SINACACLACDR-433-2022 del 21 de setiembre del 2022, contienen una manifestación errónea:

“Tal y como se observa en el por tanto emitido por la Sala Constitucional, se ordena tanto al SINAC como a la PGR la delimitación de las áreas señaladas en los informes correspondientes. En este punto se debe aclarar que, es un trabajo en conjunto entre SINAC y la PGR, por lo tanto, no solamente es el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) quien se encuentra en la ejecución de dicha orden.” La manifestación es inexacta por cuanto, la delimitación del área boscosa es una orden exclusiva para el SINAC en la parte dispositiva del voto No. 2019-012745, amén de que la Procuraduría General de la República carece de competencias para la delimitación técnica de esas zonas. Por otra parte, la delimitación de las zonas con cobertura boscosa ordenada al SINAC en el voto No. 2019-12745, no constituye una definición normativa de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, la cual procede únicamente mediante ley o decreto. La Ley 9223 se compone de un solo artículo, que establecía los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, el cual fue anulado, en el voto 2019-12745, “en lo que respecta a los terrenos comprendidos en la zona boscosa…”. Esta declaratoria judicial de nulidad implica retornar las cosas a su estado original, conlleva el restablecimiento de la situación al estado anterior a la emisión de la Ley 9223, por lo cual, evidentemente, los límites tal y como fueron definidos en la Ley 9223 no subsisten.” Acción de Inconstitucionalidad 24-001899-0007-CO contra el Plan General de Manejo del REGAMA, el Plan Regulador Costero Talamanca -Distrito Cahuita- y la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía Otro aspecto importante de señalar es la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Plan de Manejo, el Plan Regulador Costero Talamanca y la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía, que se tramita por expediente 24-001899-0007-CO. En este punto se enfatiza la dificultad para la recuperación del Patrimonio Natural del Estado dispuesta por esa Sala con motivo de la directriz 09-2023 el Ministerio de Ambiente y Energía. Al respecto se transcriben las consideraciones del informe rendido: “La Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se impugna porque “desacredita”, considerando quinto, el informe denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca, calificándolo como no oficial, sin que el SINAC haya implementado estudios técnicos fidedignos en sustitución del informe “que desaplica e  impulsando la aprobación del Plan de Manejo y el Plan Regulador sin estos. La desprotección de los humedales, se dice, contradice el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que consagra el artículo 50 constitucional, el principio precautorio, el de reserva de ley y la Convención relativa a los humedales de importancia internacionales especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención Ramsar), aprobada por Ley 7224 de 1991, artículos 2 y 4. El considerando quinto aludido indica que la “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón Talamanca, del 13 de junio de 2021 no ha sido aprobada por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como documento de alcance general. Es un insumo técnico, de carácter interno, que no ha finalizado el proceso para su validación y oficialización por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, conforme al artículo 6° del Decreto 42.760, Criterios Técnicos para la ubicación, identificación, clasificación y delimitación de ecosistemas de humedal; no es un documento oficial, ni puede utilizarse para la emisión de actos administrativos oficiales. Ese artículo 6° de cita establece que la información del inventario generada por cada Área de Conservación debe revisarse y validarse por el Programa Nacional de Humedales y el Departamento de Información y Regularización del Territorio, instancias de la Secretaria Ejecutiva del SINAC, el que utilizará los procedimientos técnicos existentes para que la información del inventario sea publicada en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y en el Sistema de Información Territorial (SNIT). También se objeta el considerando sétimo de la Directriz N° 09-2023- MINAE, que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley N° 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril, 2014, y no hay ninguna modificación posterior emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía. Esto, afirman los accionantes, incumple lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia 12745-2019, sobrepasa las competencias del Ministerio del Ambiente y Energía respecto al rechazo de los estudios técnicos para delimitar el Refugio de Vida Silvestre en cuestión, afectando el Patrimonio Natural del Estado. La Sala Constitucional ha conocido acciones de inconstitucionalidad contra una Directriz. Son ejemplos los votos 8197-1999, 5737-2002, 5417-2003, 12396- 2004, 6225-2005, 9572-2006, 17600-2006, 3937-2008, 4940-2012, 18299-2012, 3472-2013, 11454-2013, 12498-2015, 1685-2016, 9473-2016, 14643-2017, 3417-2018, 19485-2018, 6512-2019, 8618-2019, 17290-2019, 15262-2021, 21969-2022, etc. De esos, conciernen a Directrices ministeriales los votos 12396- 2004, 9572-2006, 113-2015, 14643-2017, 19485-2018 y 21969-2022. Cuando la directriz impugnada constituye un acto administrativo de aplicación general, lo procedente es publicarla: Sala Constitucional, resolución 19485-2018. Sobre la potestad de dirección y las directrices: Sala Constitucional, voto 12498-2015. En este asunto los accionantes aducen que la directriz emitida, en los aspectos de interés, es de alcance general, por sus implicaciones para la tutela del Patrimonio Natural del Estado. Los lineamientos girados en los considerandos quinto y sétimo de la Directriz N° 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía se oponen a lo resuelto por la Sala Constitucional en las sentencias 12745-2019 y 3954-2024, las que prevalecen. En el particular, sería admisible el reproche de inconstitucionalidad, en lo que hace a la protección efectiva Patrimonio Natural del Estado (REGAMA, áreas de bosque y humedales), con infracción al derecho sano y ecológicamente equilibrado y los principios de objetivación de la tutela ambiental, precautorio, preventivo y la Convención sobre humedales (Ramsar), artículos 2 y 4; y 7, 48 y 50 de la Constitución Política. “El patrimonio natural del estado es un bien jurídico, definido e individualizado en nuestro ordenamiento jurídico (…) Esto es materia de interés público y nacional que urge y no puede quedarse indefinidamente sin resolver.” (Sala Constitucional, sentencias 16938-2011, 2678-2012 y 12973-2013) (…) el Ministerio de Ambiente y Energía está obligado a realizar la clasificación de los terrenos propiedad del Estado con el objetivo de identificar y delimitar aquéllos territorios que constituyan Patrimonio Natural del Estado definidos como bosques y/o terrenos de aptitud forestal que pasan a ser administrados automáticamente por ese Ministerio y no por las Municipalidades y para ello el Ministerio no requiere comunicar, solicitar permiso o autorización a una entidad o empresa privada para proceder a clasificar las tierras del Estado” (Sala Constitucional, votos 15585-2008, 16938-2011 y 2678-2012) “(…) las corporaciones municipales no tienen la competencia para elaborar y poner en marcha planes reguladores que contradigan o dejen sin efecto las zonas especiales de protección, Áreas Silvestres Protegidas y, en general, el patrimonio natural del Estado. (…) El Plan Regulador del Sector Costero Playa Nombre de Jesús y Zapotillal abarca zonas que pertenecen al patrimonio natural del Estado, por lo que resulta inconstitucional únicamente en cuanto a dichos territorios”. (Sala Constitucional, sentencias 21258-2010 y 12973-2013. El destacado no es del original) La sentencia 3959-2024, declaró con lugar el Recurso de Amparo contra el SINAC y otros, por omitir el Plan Regulador Costero los humedales enlistados en el informe denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, de junio de 2021, transgrediendo el derecho fundamental del artículo 50 de la Constitución y, en aplicación del principio precautorio, ordenó a la directora regional del Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC, órgano del MINAE, complementar la certificación del Patrimonio Natural del Estado con ese informe, dentro del plazo de tres meses, así como al INVU, en la persona de los jefes del Departamento de Urbanismo y al encargado de Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento, y a la Municipalidad de Talamanca, en la del alcalde y presidenta del Concejo, disponer lo necesario para incorporar esa actualización en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. La Directriz del Ministerio del Ambiente y Energía que desaplica el mencionado informe para futuras actuaciones se contrapone a lo ordenado por la Sala Constitucional. La sentencia que declara procedente es ejecutable desde el momento de su dictado. (Ley de Jurisdicción Constitucional, artículo 53, y resolución 6267-2002).” La Directriz 09-2023 del Ministerio del Ambiente y Energía establece que el documento SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, suscrito por el Director Regional certifica la Delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca; certificación que fue emitida conforme a los lineamientos técnicos y legales y “es el documento con carácter oficial, siendo el único vigente, a la fecha” (Considerando cuarto). El documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio, 2021, no ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general. Este es un insumo técnico, de carácter interno que no ha finalizado con el proceso para su validación y oficialización por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional del Áreas de Conservación (Considerando quinto). Y que “Los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley No.9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril, 2014. No existe ninguna modificación posterior que haya sido emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía” (Considerando sétimo). Con lo cual, no se toman en cuenta los siguientes documentos: el Oficio ACTo-DRFVSEPMF-363-2020 del 7 de noviembre de 2020, sobre la delimitación de la zona boscosa; el documento denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca”, del 13 de junio de 2021, ni el oficio SINACACLAC-OR-138-2023, que propone los derroteros de los polígonos identificados como áreas de bosque que deben reincorporarse al Refugio, una nueva delimitación de dicha Área Silvestre Protegida e identifica siete bloques de bosque que fueron desafectados con la ley N°9223, según el concepto de bosque de la Ley Forestal. En la sentencia 2024010951, de las 9 horas 20 minutos del 26 de abril de 2024, esa Sala tuvo por cierto que “según el informe rendido bajo juramento, al 12 de marzo de 2024, la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 de 30 de junio de 2017 era el único documento vigente con carácter oficial”. Y en lo relativo a humedales, indicó “En cuanto a este último, la inexistencia de un criterio técnico actualizado en relación con la certificación de PNE de 2017 (pese a las múltiples gestiones que advertían supuestas inconsistencias), constituye una amenaza plausible al ambiente que involucra un nivel razonable de incerteza científica que podría implicar que, en la actualidad, existan zonas de PNE (humedales) sin protección o sobre las cuales se estén desarrollando actividades sin tomar en consideración su naturaleza, con la consecuente posibilidad de que se generen daños graves o irreversibles”. La certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 sirvió de base al Plan Regulador Costero de Talamanca y viabilidad ambiental de la SETENA.

Solicitud al INDER de la declaratoria de lesividad de inmuebles con cobertura boscosa que fueron traspasados a particulares por el Instituto de Desarrollo Agrario con posterioridad a la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (por Decreto n.° 16614-MAG del 1° de julio de 1985). Pese a falta de delimitación normativa de los límites del REGAMA, atendiendo la orden constitucional dispuesta en el voto 12745-2019, el 7 y 8 de marzo del 2022 remitimos a la Junta Directiva y al Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario los oficios DAAOFI-370-2022 y DAA-OFI-376-2022, con el listado de 137 inmuebles inscritos1, identificados por el SINAC en áreas de cobertura boscosa (oficios SINAC-SE-IRT-211-2020 y SINAC-SE-IRT-015-2021), segregados de la finca 39050 del Partido de Limón y traspasados a particulares por el Instituto de Desarrollo Agrario con posterioridad a la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. (Decreto n.° 16614-MAG del 1° de julio de 1985). Lo anterior, con el propósito de que se procediera con la respectiva declaratoria de lesividad de los actos administrativos dictados por ese Instituto. De ordinario, en estos procesos contenciosos de lesividad, por haber enajenado el INDER terrenos forestales del Patrimonio Natural del Estado sin cumplir la obligación prevista en el artículo 15 de la Ley Forestal, de oficio se integra a la Procuraduría como coadyuvante. Según el estudio del SINAC y los informes del Instituto Geográfico Nacional que también adjuntamos en esa oportunidad, algunos de esos inmuebles comprenden porciones de humedal y de la Zona Marítimo Terrestre, incluso en cantidades significativas, como es el caso del inmueble n.° 7-48141-000 cuyo plano L-0942968-1991 tiene un 20 % dentro de la zona restringida (informe DIG-TOT-INF-050-2021, que originó la consignación de advertencia administrativa bajo el expediente n.° 2024-509-RIM) y el del inmueble n.° 7-64544-000, cuyo plano L-2182983-2020 tiene un 52% dentro de la zona restringida (informe DIG-TOTINF-068-2021). La condición de inalienabilidad “implica que se encuentran fuera del comercio del ser humano, de allí que no es posible su enajenación, venta, donación o cualquier otro tipo de negocio que comprometa la titularidad pública.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto n.° 480-2019).

Como se sabe, en los procesos de lesividad la legitimación activa la tiene la Administración autora del acto que se pide anular, y un presupuesto indispensable para la interposición de estos procesos es que el superior jerárquico supremo de la Administración Pública emisora de la conducta haya declarado su lesividad al interés público (artículos 10 inciso 5), 16 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en concordancia con los numerales 173 y 183 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública). Esta Procuraduría y el Tribunal Constitucional han considerado a ese Instituto responsable por haber enajenado terrenos de un área silvestre protegida, como en este caso (Dictamen n.° C-49-1998 del 20 de marzo de 1998 y voto n.° 14046-2003 de 17 horas 30 minutos del 3 de diciembre del 2003, considerando I). Además, el INDER tiene entre sus competencias la de plantear las acciones administrativas o judiciales que correspondan para recuperar los bienes inmuebles que hayan sido apropiados ilegalmente (artículo 16 inciso i) de la Ley n.° 9036), y ostenta la obligación de hacerlo conforme el artículo 50 constitucional y la jurisprudencia de esa sede: «El artículo 50 constitucional es fuente directa del derecho de “toda persona” a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que vincula en la tutela del medio ambiente, conceptuado en el sentido más amplio posible, a los Poderes Públicos en la aplicación de la norma protectora.» (Sala Constitucional, voto n.° 1220-2002, reiterado en los votos números 5996-2002, 6322-2003, 10421-2003, 2019-2009, 12887-2014 y 19776-2014). “En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, a la vez que existe una obligación para el Estado –como un todo– de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, lo cual necesariamente implica el involucramiento de todos los entes, órganos e instituciones del Estado...” (Sala Constitucional, voto n.° 15777-2010. En la misma línea, los votos números 17365-2008 y 10995-2011, entre otros). Por oficio PGR-OFI-152-2024 se solicitó a dicho Instituto informar del estado de las lesividades interpuestas. Nótese que en la sentencia 12745-2019 de esa Sala la orden de delimitar debidamente los territorios de la zona boscosa excluidos por la Ley 9223, con su respectiva incorporación formal al REGAMA, está dirigida al SINAC, y precede al ejercicio de acciones legales conjuntas en defensa del patrimonio público. La falta de determinación de los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, mediante Decreto o Ley, genera incerteza técnico jurídica en las acciones para recuperar áreas que integran el Patrimonio Natural del Estado en la sede contencioso administrativa, e incluso para su defensa en los procesos de información posesoria y otros (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). 

Por medio del escrito de fecha 19 de julio de 20243, el Procurador General de la República solicitó a este Tribunal:

“(…) Solicito dar audiencia al Instituto de Desarrollo Rural de las manifestaciones contenidas en nuestro escrito del 4 de julio último, bajo el acápite rotulado: “Solicitud al INDER de la declaratoria de lesividad de inmuebles con cobertura boscosa que fueron traspasados a particulares por el Instituto de Desarrollo Agrario con posterioridad a la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (por Decreto n.° 16614-MAG del 1° de julio de 1985).”. En relación con lo señalado en ese acápite y la prueba que se aportó a este expediente, se adjuntan certificaciones de los inmuebles 7-48141 y 7-59699 (planos L0942968-1991 y L-0110409-1993), donde se otorgó el permiso de corta y aprovechamiento forestal 011-2024-ACLAC-SLT, lo que según nuestro criterio es de relevancia porque se vinculan con la finca 39050 del Partido de Limón. Igualmente, aportamos certificaciones de los planos que dieron origen a su titulación, donde consta su presumible ubicación dentro del Refugio Gandoca Manzanillo. Ambos inmuebles se enlistaron en el oficio DAA-OFI-370- 2022 recibido por el INDER el 7 de marzo del 2022 y remitido a esta Sala el 5 de julio último. De esta información también solicito dar audiencia a ese Instituto (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

Ante esto, mediante el auto de las 13:39 horas de 31 de julio de 2024, se dispuso lo siguiente:

“(…) De previo a resolver lo que corresponda sobre las gestiones de desobediencia presentadas por el accionante [Nombre 001], y por [Nombre 002], en su calidad de ecologista, donde manifiestan que interponen gestión de incumplimiento de la resolución n°2019-1245 del 10 de julio del 2019, indicando en resumen que: De previo al fallo constitucional el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitió la resolución n°11-2017 SINAC-ACLAC-PNEC011-2017 del 30 de junio de 2017, mediante la cual trasladó de manera inconstitucional y en franco desacato del artículo 50 de nuestra Constitución Política el Patrimonio Natural del Estado ubicado en la zona marítimo del cantón de Talamanca para un plan regulador costero y su consecuente desarrollo. Así, no solo entregaron bajo administración municipal el Patrimonio Natural del Estado ubicado dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA), sino que adicionalmente autorizaron el fraccionamiento y lo más grave, la reducción del bosque ubicado dentro de los límites del REGAMA. Adicionalmente permitió a la Municipalidad de Talamanca autorizar el desarrollo inmobiliario en toda la zona 1 del REGAMA pese a tratarse de un área silvestre protegida, con lo cual básicamente se dejó sin efecto la resolución de la Sala Constitucional, permitiendo de facto y contra la normativa constitucional que la Municipalidad de Talamanca autorizara el desarrollo de proyectos urbanísticos dentro del patrimonio natural del Estado, afectando humedales de categoría Ramsar y sitios de anidación de tortugas marinas. Solicitan se declare el incumplimiento de la resolución n°2019-12745 y se ordene de inmediato la suspensión de la resolución n°11-2017 SINAC. Visto que esta acción de inconstitucionalidad se resolvió, mediante resolución número 2019-012745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019, de la siguiente forma (…) Vistos los informes rendidos donde se hace referencia a actuaciones del Minae y del Inder, lo que corresponde, de previo a que esta Sala examine y resuelva sobre el incumplimiento alegado es, darle traslado a Franz Tattenbach Capra, en su calidad de Ministro del Ministerio de Ambiente y Energía; y a Osvaldo Artavia Carballo, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural. Esta audiencia se concede por TRES DIAS, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen, en concreto, relacionadas con la delimitación y protección del Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (…)” (sic).

VII.- Por medio del escrito agregado a este expediente a las 14:56 horas de 22 de abril de 2024, el recurrente manifestó: “(…) Comienzo por reiterar mis manifestaciones y argumentos iniciales. Además, enfatizo que el presente asunto tiene por objetivo lograr el cabal cumplimiento del voto no. 2019-012745 del 10 de julio de 2019 de esta honorable Sala Constitucional, en lo que respecta a los procesos de lesividad ordenados en el voto no. 2019-012745 del 10 de julio de 2019 (…)” (sic).

VIII.- Es claro que lo relacionado al cumplimiento de la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019, está siendo analizado en el propio expediente No. 14-019174-0007-CO. Esto es de pleno conocimiento del recurrente, porque él mismo gestionó el incumplimiento y aportó a este expediente, varios documentos dirigidos al otro. Nótese que el Procurador General de la República señaló en el escrito de contestación de la audiencia conferida mediante la resolución de las 12:16 horas de 26 de junio de 2024, que los oficios Nos. DAA-OFI-376-2022 y DAA-OFI-370-2022, dirigidos al INDER, y a cuyo cumplimiento el recurrente pretende obligar a través de las presentes diligencias, fueron emitidos con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019. Es decir, las actuaciones de la PGR y su dictado están estrictamente relacionados y derivan de lo ordenado en la citada sentencia.  Así las cosas, será en el expediente No. 14-019174-0007-CO donde se resuelva lo que en Derecho corresponda.

IX.- Sobre el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024. En el sub examine quedó demostrado que el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024, fue remitido por el recurrente a la Ministra de la Presidencia y Presidenta del Consejo Nacional Ambiental, al Presidente Ejecutivo y al Jefe del Departamento Legal, ambos del INDER, así como al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (SINAC). Tómese en cuenta que el Presidente Ejecutivo del INDER, y el Ministro de Ambiente y Energía en sus informes, no negaron la recepción de la misiva, por lo que en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tuvo por cierto. Igualmente se debe considerar que mediante el oficio No. MP-DMP-OF-2024-0278 de 10 de abril de 2024, la Ministra de la Presidencia remitió el documento al Ministro de Ambiente y Energía; además el 7 de marzo de 2024, mediante un correo electrónico el Despacho de la Ministra de la Presidencia acusó recibido del oficio, sin acreditar haber brindado alguna respuesta al promovente.

X.- A continuación se presenta un cuadro que sintetiza cada uno de los planteamientos expuestos por el promovente en el mencionado oficio, la dependencia a la cual se dirigió, y la correspondiente calificación jurídica:

Oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024




Lo planteado

	

Destinatario y/o responsable

	

Calificación jurídica




(1) Proceder conforme a derecho a consignar una nota de advertencia como áreas bajo régimen especial sobre terrenos cuya recuperación se ordenó en la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2029, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-0007-CO)”, habida cuenta de que al día de hoy en la zona de Manzanillo dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo muchas propiedades están siendo comercializadas con la aparente complicidad del SINAC mediante supuestos fraccionamientos a pesar de que la Sala Constitucional ordeno la recuperación de todos esos terrenos que son de dominio público

	

Todos. En general.

	

Justicia administrativa pronta y cumplida.




(2) 1.- Tal y como consta en el oficio DAA-1399-2024, el plano 7-140813-1993 está asociado registralmente al inmueble 7-63149, el cual nació por acto administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario. Por esta razón, a fin de que se procediera con la declaratoria de lesividad y la interposición del proceso subsiguiente, se le envió al INDER un listado que contiene 35 fincas provenientes del inmueble 7-63149, en el oficio DAA-OFI-370-2022, de fecha 7 de marzo 2022, del cual ustedes presuntamente recibieron copia el 18 de abril del 2023, con el oficio DAA-OFI-485-2023, de fecha 18 de abril de 2023 de la Procuraduría General de la República.

	

-

	

Se trata de un relato o recuento de hechos. No solicita, pide o gestiona algo en particular.




(3) 2.- El plano L-148973-93 se inscribió para permiso de uso presuntamente emitido por la Municipalidad de Talamanca supuestamente contraviniendo el artículo 13 de la Ley Forestal.

	

-

	

Se trata de un relato o recuento de hechos. No solicita, pide o gestiona algo en particular.




(4) 3.- Por lo expuesto me permito solicitar al INDER concretamente certificar cuáles son los números de expediente asignados por el poder judicial a las demandas de lesividad iniciadas por el INDER en cumplimiento de la sentencia 2019-01245 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).”

	

INDER

	

Solicitud de información certificada.




(5) 4.- Igualmente, solicito muy respetuosamente al INDER remitir al Registro Público de la Propiedad el listado de todas propiedades que quedaron afectas dentro del Patrimonio Natural del Estado (PNE), en cumplimiento efectivo de lo ordenado en la Sentencia de la Sala Constitucional No. 2019-012745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).” (el énfasis no pertenece al original).

	

INDER.

	

Excitativa para que la Administración actúe de determinada forma.




(6) 5.- De forma expresa solicito se informe si el INDER ha gestionado, y de ser así cuáles acciones ha realizado el INDER para verificar que a dichas propiedades que quedaron afectas dentro del Patrimonio Natural del Estado (PNE), se les haya impuesto de manera efectiva, la respectiva nota de advertencia, como áreas bajo régimen especial, Esto lo solicitamos, en virtud de que aparentemente en la zona dichas propiedades están siendo actualmente comercializadas libremente, a pesar de que la Sala Constitucional ordenó al Estado, y consecuentemente al INDER, la recuperación de todos esos terrenos que son de dominio público.

	

INDER

	

Petición y/o solicitud de información.




(7) 6.- Solicito de forma expresa al SINAC informar las razones por las cuales al día de hoy, no se ha incorporado al Patrimonio Natural del Estado lo descrito como bosque en el informe de Inspección TAA-DT-0048-011 de fecha 30 de mayo de 2011, suscrito por el Biólogo Juan José Sánchez, en representación del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), pese a que la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2019, anuló la Ley No. 9923 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).”

	

SINAC

	

Petición y/o solicitud de información.




(8) 7.- Solicito al SINAC indicar de manera clara, puntual y expresa, y debidamente fundamentada (Artículo 16, inciso 1, y siguiente de la Ley de la Administración Pública), las razones por las cuales en la certificación original SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 en la totalidad de los bloques (12) delimitados como PNE en Zona Marítima Terrestre del Cantón de Talamanca, según certificación del año 2017, suscrita por el Ing. Edwin Cyrus Cyrus, y que hoy se evidencia con toda claridad que se trataba de una certificación complaciente, fundamentada en hechos falsos, se omitió incluir las áreas de bosque de la zona 1 del Refugio Nacional Mixto Gandoca Manzanillo descritas en el informe de informe de inspección TAA-DT-0048-011 de fecha 30 de mayo de 2011, suscrito por el Biólogo Juan José Sánchez, en representación del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), pese a la participación del Ingeniero Anael Fuentes en representación del ACLAC.

	

SINAC

	

Petición y/o solicitud de información.




(9) 8.- Solicito se procede a indicar de manera clara y debidamente fundamentada (Artículo 16, inciso 1., de la Ley de la Administración Pública), las razones por las cuales el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) omitió incluir las áreas de bosque de la zona 1 del Refugio Nacional Mixto Gandoca Manzanillo descritas en los oficios SINAC-SE-IRT-211-2020 de fecha 17/12/2020 SINAC-IRT-015-2021 de 02/02/2020, tal y como lo dispuso la Sala Constitucional en el voto 2019-12745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 “en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa” (expediente 14-19174-007-CO).

	

SINAC

	

Petición y/o solicitud de información.




(10) 9.- Solicito al INDER y SINAC informar de manera coordinada (Principio de coordinación institucional desarrollado erga omnes por la Jurisprudencia Constitucional de Costa Rica), si las certificaciones SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-075-2020 y SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-076-2020 ambas del 23 de julio de 2020, se otorgaron sobre algún bosque o propiedad ubicada dentro de los procesos de lesividad ordenados en la sentencia 2019-012745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO).”

	

INDER y SINAC

	

Petición.




(11) 10.- Ruego de manera coordinada (Principio de coordinación institucional desarrollado erga omnes por la Jurisprudencia Constitucional de Costa Rica), al INDER y SINAC un informe detallado dentro de los próximos diez días sobre los ocupantes actuales de las 35 fincas provenientes del inmueble 7-63149. Debido a que pobladores de Manzanillo denuncian desarrollos inmobiliarios en las 35 fincas provenientes del inmueble 7-63149.

	

INDER y SINAC

	

Solicitud de información.




(12) Finalmente, ruego señalar de manera puntual las acciones, actos y medidas de prevención y defensa que tanto el INDER como el SINAC han tomado a partir de la fecha de la notificación de la sentencia Constitucional No. 2019-012745 del 10 de julio de 2019, que anuló la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa (expediente 14-19174-007-CO)”, para defender el principio de legalidad, el imperio de la ley y la defensa del Patrimonio del Estado en relación a las 35 fincas supra indicadas.

	

INDER y SINAC

	

Petición y/o solicitud de información.

   XI.- Previo a analizar el punto (1) —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe explicarse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. En el sub lite se plantea un supuesto de excepción: la demora de la Administración en resolver una gestión relacionada con la tutelada del medio ambiente. Ahora bien, observa esta Sala Constitucional que la gestión fue formulada el 7 de marzo de 2024, y el recurso de amparo fue planteado el 2 de abril de 2024, antes de que transcurriera 1 mes. Cualquier reclamo por demora o dilación indebida en resolver lo que en Derecho correspondía, deviene prematuro.

XII.- Lo expuesto en los puntos (2) y (3), es un relato o recuento de hechos; es decir, el recurrente no solicitó, pidió o gestionó algo en particular. Paralelamente, lo planteado en el punto (5) es una excitativa para que la Administración actúe de determinada forma. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2020-09049 de las 09:15 horas de 15 de mayo de 2020, explicó:

“(…) Ciertamente, el propósito de la solicitud del recurrente no ha sido requerir determinada información ni plantear un reclamo administrativo, sino formular una exhortación a fin de que la autoridad recurrida actúe conforme a lo pretendido por el promovente, de modo que esta gestión se agotó con su sola presentación, sin que exista una obligación correlativa de la parte accionada de responderla. Ergo, la falta de respuesta acusada no implica una lesión al artículo 27 de la Constitución Política, como tampoco a los ordinales 30 y 41 de la misma Carta Fundamental (…)” (el énfasis no pertenece al original).

XIII.- Los puntos (4) y (6) son peticiones y/o solicitudes de información dirigidas al INDER. No se acreditó que se hubiera respondido y suministrado lo requerido.

XIV.- Los puntos (7), (8) y (9) son peticiones y/o solicitudes de información dirigidas al SINAC. No se acreditó que se hubiera respondido y suministrado lo requerido.

XV.- Los puntos (10), (11) y (12) son peticiones y/o solicitudes de información dirigidas al INDER y al SINAC en conjunto, que tampoco han sido respondidas.

XVI.- Vale la pena acotar que el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024, también estaba dirigido al Jefe del Departamento Información y Regulación Territorial, pero el recurrente no precisó la dependencia.

XVII.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, solo en lo que respecta a la falta de respuesta de las peticiones y/o solicitudes de información planteadas en el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024 (concretamente los puntos (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) y (12) del cuadro que se presenta en el considerando XI de esta sentencia).

XVIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.             

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en lo que respecta a la falta de respuesta de las peticiones y/o solicitudes de información planteadas en el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024 (concretamente los puntos (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) y (12) del cuadro que se presenta en el considerando XI de esta sentencia). Se ordena a Natalia Díaz Quintana y a Osvaldo Manuel Artavia Carballo, en sus calidades respectivas de Ministra de la Presidencia y Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que dispongan lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo pertinente para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se suministre al tutelado lo solicitado en el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024 (los puntos (4) y (6) del cuadro que se presenta en el considerando XI de esta sentencia). Se ordena a Natalia Díaz Quintana y a Franz Tattenbach Capra, en sus calidades respectivas de Ministra de la Presidencia, así como Ministro de Ambiente y Energía, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que dispongan lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo pertinente para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se suministre al amparado lo solicitado en el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024 (los puntos (7), (8) y (9) del cuadro que se presenta en el considerando XI de esta sentencia). Se ordena a Natalia Díaz Quintana, a Franz Tattenbach Capra, y a Osvaldo Manuel Artavia Carballo en sus calidades respectivas de Ministra de la Presidencia, Ministro de Ambiente y Energía, y Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que dispongan lo necesario dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo pertinente para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se suministre al tutelado lo solicitado en el oficio No. AEL-0049-2024 de 7 de marzo de 2024 (los puntos (10), (11) y (12) del cuadro que se presenta en el considerando XI de esta sentencia). Todas las respuestas y lo requerido debe ser notificado al medio señalado por el tutelado a esos efectos. Se advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se aceptan las coadyuvancias presentadas. En lo que respecta al alegado incumplimiento de la sentencia No. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019, y el acatamiento de los oficios Nos. DAA-OFI-376-2022 y DAA-OFI-370-2022 de la Procuraduría General de la República, deberá el tutelado estarse a lo que se resuelva en el expediente No. 14-019174-0007-CO. En todo lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

 

 

 

	

Paul Rueda L.

Presidente a.i

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ana María Picado B.




Alexandra Alvarado P.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 BQKB6VVZIOE61

1

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:18:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

# Six.—On the alleged non-compliance with Judgment No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, and compliance with official letters Nos. DAA-OFI-376-2022 and DAA-OFI-370-2022 of the Office of the Attorney General of the Republic. This Constitutional Chamber, through Judgment No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, resolved the unconstitutionality action No. 14-019174-0007-CO, filed by [Name 001], in his capacity as President of the Development Association for Ecology, against Law No. 9223 of March 10, 2014. In that ruling, the following was ordered:

 

"(...) 1) By majority vote, the action is granted, annulling the challenged Law No. 9223 'Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean' solely with respect to the territories included in the forested zone, as set forth by the Office of the Attorney General of the Republic in its reports. By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of this ruling in the Judicial Bulletin, to demarcate the aforementioned area and, jointly with the Office of the Attorney General of the Republic, to exercise the corresponding legal actions in defense of the public domain. This declaration of unconstitutionality shall have declaratory and retroactive effect to the date of entry into force of the norm, without prejudice to rights acquired in good faith. 2) Judge Cruz Castro notes. 3) Judges Hernández López, Salazar Alvarado, and Araya García issue a dissenting vote and deny the action; however, they indicate that the State is obligated to exercise the necessary actions to recover lands that are illegally occupied in protected zones as provided by law. 4) Publish a summary of this judgment in the Official Gazette La Gaceta and publish it in full in the Judicial Bulletin. Notify the petitioner, the President of the Legislative Assembly or whoever holds that office, the Office of the Attorney General of the Republic, and all participants (...)" (sic) (emphasis not in the original).

 

In the aforementioned case file, by means of an order issued at 12:16 p.m. on June 26, 2024, the following was ordered:

 

"(...) Having reviewed the briefs submitted on January 15 and 31, 2024, one signed by the petitioner [Name 001], and another signed by [Name 002], in his capacity as an ecologist, in which they state that they are filing a motion for non-compliance with Resolution No. 2019-1245 of July 10, 2019, indicating in summary that: Prior to the constitutional ruling, the National System of Conservation Areas (SINAC) issued Resolution No. 11-2017 SINAC-ACLAC-PNE-C011-2017 of June 30, 2017, through which it unconstitutionally transferred and in clear contempt of Article 50 of our Political Constitution the Natural Heritage of the State located in the maritime zone of the canton of Talamanca for a coastal regulatory plan and its subsequent development. Thus, they not only handed over under municipal administration the Natural Heritage of the State located within the boundaries of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (REGAMA), but additionally they authorized subdivision (fraccionamiento) and, even more seriously, the reduction of the forest located within the boundaries of the REGAMA. Additionally, it allowed the Municipality of Talamanca to authorize real estate development in the entirety of Zone 1 of the REGAMA despite it being a protected wilderness area, which essentially rendered the Constitutional Chamber's resolution null and void, allowing de facto and contrary to constitutional regulations that the Municipality of Talamanca authorize the development of urban projects within the natural heritage of the State, affecting Ramsar-category wetlands and sea turtle nesting sites. They request that the non-compliance with Resolution No. 2019-12745 be declared and that the immediate suspension of Resolution No. 11-2017 SINAC be ordered. Given that this unconstitutionality action was resolved through Resolution No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, as follows (...) What is appropriate, before this Chamber examines and resolves on the alleged non-compliance, is to transfer the matter to the representative of the National System of Conservation Areas and the representative of the Office of the Attorney General of the Republic. Likewise, before this Chamber resolves what is appropriate, it is necessary to request a report from the Municipality of Talamanca, which appeared in this action as a coadjuvant. Therefore, it is ordered that:

 

1) Grant a hearing for THREE DAYS, counted from the notification of this resolution, to the representative of the National System of Conservation Areas and the representative of the Office of the Attorney General of the Republic, so that they may address and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to them, specifically, the non-compliance with what was established in this Chamber's Resolution No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, which states: '... By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of this ruling in the Judicial Bulletin, to demarcate the aforementioned area and, jointly with the Office of the Attorney General of the Republic, to exercise the corresponding legal actions in defense of the public domain.' Furthermore, they must address the content of Resolution No. 11-2017 SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, regarding the petitioner's allegation that through it, the natural heritage of the State located within the boundaries of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge was handed over under municipal administration and the subdivision and reduction of the forest located within said refuge was authorized (...)

 

2) Grant a hearing for THREE DAYS, counted from the notification of this resolution, to the Mayor and the President of the Municipal Council of the Municipality of Talamanca, so that they may address and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to them, specifically, authorizing the development of urban projects within the natural heritage of the State located both in the maritime-terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca and within the boundaries of the refuge, affecting Ramsar-category wetlands and sea turtle nesting sites, all in contravention of the right to the environment and what was resolved by this Chamber in Resolution No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019 (...)" (sic) (emphasis not in the original).

 

Through a brief dated July 4, 2024, Ivan Vinicio Vincenti Rojas, Attorney General of the Republic, responded to the granted hearing in the following terms:

 

"(...) Non-existence on the part of the National System of Conservation Areas (SINAC) of the Official Demarcation, by Decree or Law, of the Boundaries of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (REGAMA). In Judgment 12745-2019, this Chamber established that Law 9223 of March 10, 2014, by redefining the boundaries of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, actually effects a reduction of the area, without fulfilling the requirements demanded by constitutional jurisprudence (certainty regarding the non-deterioration of the environment and compensation for the area suppressed), and without clarity as to whether the excluded lands containing forest (188 hectares) are part of the Natural Heritage of the State or private lands subject to the limitations provided by environmental legal regulations, in which case the disaffection would have been unnecessary. Faced with this reasonable doubt, it applied the in dubio pro natura principle and considered the 188 hectares to be part of the refuge—public domain property—making their exclusion without compensating the area improper, and the challenged norm unconstitutional. Furthermore, it added, 'the 188 hectares form part of the central core of the wildlife refuge,' therefore 'we are in the presence of an extremely serious impact on the environment; especially since in this case the challenged Law does not provide for the respective area compensation and lacks, as explained supra, technical studies to carry out the reduction of said refuge.' However, it qualified the conclusion, stating that if there are private lands within those 188 hectares, the right to private property of their owners must be respected (Article 45 of the Constitution and 21 of the American Convention on Human Rights). Consequently, it granted the action, annulled the challenged Law No. 9223, 'Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean,' 'solely with respect to the territories included in the forested zone,' and ordered the National System of Conservation Areas to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of the ruling in the Judicial Bulletin, to demarcate the aforementioned area. Based on that order, the National System of Conservation Areas identified and demarcated the forested zone in the area excluded by Law 9223 (denominated as Zone 1 according to Decree 34946), issued a report under official letter ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 of November 7, 2020, which contains the field report concerning the demarcation of the forest cover (cobertura boscosa) in the Cocles-Manzanillo plain, without defining the lands that comprise the Natural Heritage of the State of the entire REGAMA, and in which it reached the following conclusions: 'The area denominated as Zone 1 of the REGAMA Zoning Decree (known as the "Cocles-Manzanillo Coastal Plain"), presents a very particular land use, in which tree and forest cover (233.65 hectares) predominates. However, this cover does not meet the definition of "forest" stipulated in Forest Law 7575 (Ley Forestal) and its regulations across a large part of the surface of this zone. According to the measurements taken, it is estimated that up to 109.5 hectares could be classified as forest according to Law 7575. It must be taken into account that a portion of these forest zones is located within the Maritime-Terrestrial Zone of the study area (this surface is estimated at 20.1 hectares). On the other hand, another 114.5 hectares could be classified as heavily intervened forest lands (terrenos forestales fuertemente intervenidos), in combination with agricultural and ornamental species and human occupation (.).' In turn, and with the purpose of drafting a new decree that incorporated what was ordered by this Chamber in Judgment 2019-12745, SINAC formed a commission composed of various professionals and detailed an action plan that contemplated the following 4 phases (...)

 

Now, according to report SINAC-ACLAC-OR-138-2023, of April 11, 2023, issued by the Commission formed to establish the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, Mixed Category, in response to Constitutional Chamber Resolution No. 2019-12745, the technical proposal was submitted as the basis for the draft Decree on the REGAMA Boundaries to the Vice Minister of Environment and Energy. In that sense, official letter SINAC-ACLAC-OR-138-2023 proposes the boundary descriptions of the polygons identified as forest areas that must be reincorporated into the refuge, establishes a new demarcation of said Protected Wilderness Area, and identifies seven forest blocks that were disaffected through Law 9223, adjusted to the concept of forest in Forest Law No. 7575 (art. 3(c)), and takes into account criteria such as connectivity, structure, composition, and functionality of the protected ecosystems of the protected wilderness area.

 

Even though the efforts described by the Commission responsible for providing the technical inputs for the drafting of the Decree defining the boundaries of the REGAMA were made, the proposal in official letter SINAC-ACLAC-OR-138-2023 has not been approved, and consequently, at this time, there is no regulatory definition or updated formal demarcation of the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. This representation has insisted that this requirement is indispensable for the adequate defense of the Natural Heritage of the State and compliance with Judgment 12745-2019 of this Chamber. In addition to the problem of the nonexistence of the demarcation of the REGAMA boundaries, the National Council of Conservation Areas, the competent body for approving the plans of the Protected Wilderness Areas (Law 7888, Article 25(5)), by means of Resolution 044 of February 28, 2022, published in Gazette 39 of February 28, 2022, corresponding to the executive summary of the Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge, resolved the following: 'FIRST: Given the necessity and priority nature of complying with the various provisions issued by the Office of the Comptroller General of the Republic regarding the officialization of the general management plan RNVS-GM, it is agreed to continue with the publication of this document, which applies to the refuge area established prior to the partial annulment of Law No. 9223, excluding the area provided in vote No. 012745 of July 10, 2019, of the Constitutional Chamber. According to the foregoing, the geographical area reflected in this management plan does not represent the total boundaries of the protected wilderness area, it being necessary, once the forested area disaffected by Law 9223 is reincorporated, to carry out an expansion of the PGM that includes the relevant aspects regarding said area that will be restored to the refuge.' (Emphasis is added). From the foregoing, emphasis is placed on the fact that CONAC, when issuing its Management Plan, based itself on the Certification of Natural Heritage of the State No. SINAC-ACLAC-DRPNE-C-011-2017 of June 30, 2017, and, without the existence of technical reasons preventing an update, omitted incorporating the criterion contained in official letter ACToDRFVS-EPMF-363-2020 of November 7, 2020 (demarcation of the forested zone), as well as the document called 'Characterization and Demarcation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca' of June 13, 2021. The management plan is indispensable for the management of Protected Wilderness Areas, as established in Articles 7 of Executive Decree 42742-MINAE, 37 of the Organic Law of the Environment, 3(p) of Executive Decree 34433, Regulation to the Biodiversity Law, and 6 of the 'Convention on Conservation of Biodiversity and Protection of Wilderness Areas,' incorporated into our legal system by Law 7433. Therefore, with CONAC Resolution 044 of February 28, 2022, it is undeniable that regarding the REGAMA General Management Plan, its function as a planning instrument that guides the management of a protected wilderness area toward the fulfillment of its long-term conservation objectives, and which serves as the basis for the development of other planning and regulatory instruments, is distorted, firstly, due to the nonexistent demarcation of the total geographical area of the REGAMA, and secondly, because the lack of definition, identification, and reincorporation of all areas of the Natural Heritage of the State into the REGAMA, as ordered in Judgment 12745-2019, entails a state of uncertainty regarding the appropriate use of the lands and raises conflicts of competence between SINAC and the Municipality of Talamanca for their administration. In that sense, it must be borne in mind that Protected Wilderness Areas are delimited geographical zones (Law No. 7788, Article 58), the administration and conservation of the Natural Heritage of the State being the responsibility of the System of Conservation Areas. Its demarcation is the exclusive competence of SINAC-MINAE: 'The Ministry of Environment and Energy shall demarcate, on the ground, the boundaries of the areas that make up the natural heritage of the State. The demarcation procedure shall be established in the regulations to this law.' (Forest Law 7575/1996, Article 16). The Constitutional Chamber, in Judgment 2741-2021, pointed out that it has been the position of the constitutional jurisdiction 'for a long time' that the demarcation of protected wilderness areas 'represents an extremely important mechanism for protecting the fundamental right to the environment.' Thus, in this case, a deficient and incomplete demarcation of the Protected Wilderness Area implies the risk that the Municipality of Talamanca may grant concessions—administrative real rights—over the 20.1 hectares of lands classified as forest located within the maritime-terrestrial zone, according to the forested zone demarcation in the area excluded by Law 9223, official letter ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020, disregarding the competencies and characteristics of each ecosystem (Law 7554, Articles 30(c) and 34). The foregoing, in clear disregard of what this Chamber has established as unconstitutional in prior judgments regarding the preventive and precautionary principles, as well as the constitutional mandate for inter-institutional coordination and cooperation for environmental protection, derived from the pro natura principle. Furthermore, regarding the document called 'Characterization and Demarcation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca' of June 13, 2021, this Chamber assessed, based on the elements and technical justification provided by the ministries to which a hearing was granted, and through Judgment No. 2024-3959 of 9:30 a.m. on February 16, 2024, resolved as relevant (...)

 

For the foregoing reasons, this Tribunal ordered SINAC to complete, within a period of THREE MONTHS from the notification of that judgment, the procedure to supplement the certification of the Natural Heritage of the State in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the 'Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca' of June 2021, and to take the necessary steps to incorporate the aforementioned update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca. Regarding the lack of regulatory determination of the REGAMA Boundaries, the Office of the Attorney General, in official letter DAA-OFI-1552-2022 of October 3, 2022, clarified to the Regional Director of the La Amistad Caribe Conservation Area that the demarcation of the zones with forest cover ordered to SINAC in constitutional vote 2019-12745 does not constitute a regulatory definition of the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, which can only be established by law or decree. In relevant part, it stated: 'Your official letters SINAC-ACLAC-DR-003-2021 of January 7, 2021, and SINAC-ACLAC-DR-433-2022 of September 21, 2022, contain an erroneous statement:

 

"As observed in the 'Por tanto' issued by the Constitutional Chamber, both SINAC and the PGR are ordered to demarcate the areas indicated in the corresponding reports. At this point, it must be clarified that this is a joint effort between SINAC and the PGR; therefore, it is not solely the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) that is executing said order." The statement is inaccurate because the demarcation of the forested area is an exclusive order for SINAC in the operative part of Vote No. 2019-012745, in addition to the fact that the Office of the Attorney General of the Republic lacks the competence for the technical demarcation of those zones. Furthermore, the demarcation of the zones with forest cover ordered to SINAC in Vote No. 2019-12745 does not constitute a regulatory definition of the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, which can only be established by law or decree. Law 9223 consists of a single article which established the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, which was annulled, in Vote 2019-12745, "with respect to the lands included in the forested zone...". This judicial declaration of nullity implies returning things to their original state and entails the restoration of the situation to the state prior to the enactment of Law 9223; therefore, evidently, the boundaries as defined in Law 9223 do not subsist.' Unconstitutionality Action 24-001899-0007-CO against the REGAMA General Management Plan, the Talamanca Coastal Regulatory Plan -Cahuita District- and Directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy. Another important aspect to point out is the unconstitutionality action filed against the Management Plan, the Talamanca Coastal Regulatory Plan, and Directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy, which is being processed under case file 24-001899-0007-CO. At this point, the difficulty for the recovery of the Natural Heritage of the State ordered by this Chamber is emphasized, due to Directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy. In this regard, the considerations of the submitted report are transcribed: 'Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy is challenged because it "discredits," Recital V, the report called "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca," classifying it as unofficial, without SINAC having implemented reliable technical studies to replace the report "that it disregards and promotes the approval of the Management Plan and the Regulatory Plan without them." The lack of protection of wetlands, it is argued, contradicts the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Article 50 of the Constitution, the precautionary principle, the principle of legal reserve, and the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention), approved by Law 7224 of 1991, Articles 2 and 4. Said Recital V indicates that the "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca, of June 13, 2021, has not been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area for use as a document of general scope. It is a technical input, of an internal nature, which has not completed the process for its validation and officialization by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas, pursuant to Article 6 of Decree 42,760, Technical Criteria for the location, identification, classification, and delineation of wetland ecosystems; it is not an official document, nor can it be used for the issuance of official administrative acts." That cited Article 6 establishes that the inventory information generated by each Conservation Area must be reviewed and validated by the National Wetlands Program and the Department of Land Information and Regularization, bodies of the Executive Secretariat of SINAC, which will use existing technical procedures so that the inventory information is published in the National Environmental Information System (SINIA) and in the Territorial Information System (SNIT). Recital VII of Directive No. 09-2023-MINAE is also objected to, which provides that the official boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge are those established in Law No. 9223, "Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean," in force since April 8, 2014, and there is no subsequent modification issued by the Ministry of Environment and Energy. This, the petitioners claim, fails to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber in Judgment 12745-2019, exceeds the competences of the Ministry of Environment and Energy regarding the rejection of the technical studies to delineate the Wildlife Refuge in question, affecting the Natural Heritage of the State. The Constitutional Chamber has heard unconstitutionality actions against a Directive. Examples include Votes 8197-1999, 5737-2002, 5417-2003, 12396-2004, 6225-2005, 9572-2006, 17600-2006, 3937-2008, 4940-2012, 18299-2012, 3472-2013, 11454-2013, 12498-2015, 1685-2016, 9473-2016, 14643-2017, 3417-2018, 19485-2018, 6512-2019, 8618-2019, 17290-2019, 15262-2021, 21969-2022, etc. Of these, Votes 12396-2004, 9572-2006, 113-2015, 14643-2017, 19485-2018, and 21969-2022 concern ministerial Directives. When the challenged directive constitutes an administrative act of general application, the appropriate course is to publish it: Constitutional Chamber, Resolution 19485-2018. On the power of direction and directives: Constitutional Chamber, Vote 12498-2015. In this matter, the petitioners argue that the directive issued, in the aspects of interest, is of general scope, due to its implications for the protection of the Natural Heritage of the State. The guidelines issued in Recitals V and VII of Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy oppose what was resolved by the Constitutional Chamber in Judgments 12745-2019 and 3954-2024, which prevail. In this particular, the reproach of unconstitutionality would be admissible, concerning the effective protection of the Natural Heritage of the State (REGAMA, forest and wetland areas), with an infringement of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the principles of objectification of environmental protection, precautionary and preventive principles, and the Convention on Wetlands (Ramsar), Articles 2 and 4; and 7, 48, and 50 of the Political Constitution. "The natural heritage of the state is a juridical good, defined and individualized in our legal system (...) This is a matter of public and national interest that is urgent and cannot remain indefinitely unresolved." (Constitutional Chamber, Judgments 16938-2011, 2678-2012, and 12973-2013) (...) the Ministry of Environment and Energy is obligated to classify lands owned by the State with the objective of identifying and demarcating those territories that constitute the Natural Heritage of the State defined as forests and/or lands of forestry aptitude that are automatically administered by that Ministry and not by the Municipalities; for this, the Ministry does not need to communicate, request permission, or authorization from a private entity or company to proceed to classify the State's lands" (Constitutional Chamber, Votes 15585-2008, 16938-2011, and 2678-2012) "(...) municipal corporations do not have the competence to develop and implement regulatory plans that contradict or nullify special protection zones, Protected Wilderness Areas, and, in general, the natural heritage of the State. (...) The Coastal Sector Regulatory Plan Playa Nombre de Jesús and Zapotillal encompasses zones that belong to the natural heritage of the State, and therefore it is unconstitutional solely with respect to said territories." (Constitutional Chamber, Judgments 21258-2010 and 12973-2013. Highlighting is not from the original). Judgment 3959-2024 granted the Amparo Appeal against SINAC and others, for the Coastal Regulatory Plan's omission of the wetlands listed in the report called "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca," of June 2021, violating the fundamental right of Article 50 of the Constitution, and, in application of the precautionary principle, ordered the regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of SINAC, a body of MINAE, to supplement the Natural Heritage of the State certification with that report, within a period of three months, as well as INVU, in the persons of the heads of the Department of Urban Planning and the head of the Technical Criteria and Operative Land-Use Planning Unit, and the Municipality of Talamanca, in the persons of the mayor and president of the Council, to take the necessary steps to incorporate that update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca. The Ministry of Environment and Energy Directive that disregards the said report for future actions contradicts what was ordered by the Constitutional Chamber. The judgment that declares an action admissible is enforceable from the moment it is issued.

(Law of Constitutional Jurisdiction, Article 53, and resolution 6267-2002)." Directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy establishes that document SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, signed by the Regional Director, certifies the Delimitation of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the Canton of Talamanca; a certification that was issued in accordance with technical and legal guidelines and "is the document with official status, being the only one in force, to date" (Considering IV). The document called "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca" of June 13, 2021, has not been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area to be used as a document of general scope. This is a technical input, of an internal nature, that has not completed the process for its validation and officialization by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas (Considering V). And that "The official limits of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) are those established in Law No. 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean, in force since April 8, 2014. There is no subsequent modification that has been issued by the Ministry of Environment and Energy" (Considering VII). Therefore, the following documents are not taken into account: official communication ACTo-DRFVSEPMF-363-2020 of November 7, 2020, regarding the delimitation of the forested area; the document called "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca", of June 13, 2021; nor official communication SINACACLAC-OR-138-2023, which proposes the boundaries (derroteros) of the polygons identified as forest areas that must be reincorporated into the Refuge, a new delimitation of said Protected Wild Area (Área Silvestre Protegida), and identifies seven forest blocks that were released (desafectados) with Law No. 9223, according to the concept of forest of the Forestry Law (Ley Forestal). In judgment 2024010951, at 9 hours 20 minutes on April 26, 2024, that Chamber held as true that "according to the report rendered under oath, as of March 12, 2024, certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, was the only document in force with official status." And regarding wetlands, it indicated: "Regarding the latter, the lack of an updated technical criterion in relation to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE) certification of 2017 (despite the multiple actions that warned of alleged inconsistencies), constitutes a plausible threat to the environment that involves a reasonable level of scientific uncertainty that could imply that, at present, there are areas of PNE (wetlands) without protection or on which activities are being carried out without taking their nature into consideration, with the consequent possibility of serious or irreversible damage occurring." Certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 served as the basis for the Talamanca Coastal Regulatory Plan and environmental viability (viabilidad ambiental) of SETENA.

Request to INDER for the declaration of harmfulness (lesividad) of properties with forest cover (cobertura boscosa) that were transferred to private parties by the Institute of Agrarian Development after the creation of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (by Decree No. 16614-MAG of July 1, 1985). Despite the lack of regulatory delimitation of the REGAMA boundaries, and in compliance with the constitutional order set forth in ruling 12745-2019, on March 7 and 8, 2022, we sent to the Board of Directors and the Executive President of the Institute of Agrarian Development official communications DAAOFI-370-2022 and DAA-OFI-376-2022, with the list of 137 registered properties1, identified by SINAC in forest cover areas (official communications SINAC-SE-IRT-211-2020 and SINAC-SE-IRT-015-2021), segregated from farm 39050 of the Limón Party and transferred to private parties by the Institute of Agrarian Development after the creation of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Decree No. 16614-MAG of July 1, 1985). The foregoing, for the purpose of proceeding with the respective declaration of harmfulness (lesividad) of the administrative acts issued by that Institute. Ordinarily, in these contentious-administrative proceedings of harmfulness, because INDER alienated forest lands of the State Natural Heritage without fulfilling the obligation set forth in Article 15 of the Forestry Law (Ley Forestal), the Attorney General's Office is joined ex officio as an intervener. According to the SINAC study and the reports from the National Geographic Institute (IGN) that we also attached at that time, some of these properties include portions of wetland and the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), even in significant quantities, as is the case of property No. 7-48141-000, whose survey plan L-0942968-1991 has 20% within the restricted zone (report DIG-TOT-INF-050-2021, which led to the recording of an administrative warning under case file No. 2024-509-RIM), and that of property No. 7-64544-000, whose survey plan L-2182983-2020 has 52% within the restricted zone (report DIG-TOTINF-068-2021). The condition of inalienability "implies that they are outside the commerce of human beings, hence their transfer, sale, donation, or any other type of transaction that compromises public ownership is not possible." (First Chamber of the Supreme Court of Justice, ruling No. 480-2019).

As is known, in harmfulness (lesividad) proceedings, active legal standing belongs to the Administration that authored the act sought to be annulled, and an indispensable prerequisite for the filing of these proceedings is that the supreme hierarchical superior of the Public Administration issuing the conduct has declared its harmfulness to the public interest (Articles 10, subsection 5), 16, and 34 of the Contentious Administrative Procedure Code, in accordance with numerals 173 and 183, subsection 3) of the General Law of Public Administration). This Attorney General's Office and the Constitutional Court have considered that Institute responsible for having alienated lands from a protected wild area, as in this case (Opinion No. C-49-1998 of March 20, 1998, and ruling No. 14046-2003 at 17 hours 30 minutes on December 3, 2003, Considering I). Furthermore, INDER has among its powers that of filing the corresponding administrative or judicial actions to recover real estate properties that have been illegally appropriated (Article 16, subsection i) of Law No. 9036), and holds the obligation to do so in accordance with Article 50 of the Constitution and the case law of this venue: "Article 50 of the Constitution is a direct source of the right of 'every person' to a healthy and ecologically balanced environment, which binds the Public Powers, in the protection of the environment, conceptualized in the broadest possible sense, in the application of the protective norm." (Constitutional Chamber, ruling No. 1220-2002, reiterated in rulings numbers 5996-2002, 6322-2003, 10421-2003, 2019-2009, 12887-2014, and 19776-2014). "On several occasions, constitutional case law has indicated that environmental protection is a task that corresponds to everyone equally, while there is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, which necessarily implies the involvement of all state entities, organs, and institutions..." (Constitutional Chamber, ruling No. 15777-2010. Along the same lines, rulings numbers 17365-2008 and 10995-2011, among others). By official communication PGR-OFI-152-2024, said Institute was asked to report on the status of the harmfulness (lesividad) actions filed. It should be noted that in judgment 12745-2019 of this Chamber, the order to duly delimit the territories of the forested area excluded by Law 9223, with their respective formal incorporation into REGAMA, is directed to SINAC, and precedes the exercise of joint legal actions in defense of public property. The lack of determination of the boundaries of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge, by Decree or Law, generates technical-legal uncertainty in actions to recover areas that make up the State Natural Heritage in the contentious-administrative venue, and even for their defense in possessory information proceedings (información posesoria) and others (...)” (sic) (emphasis not in original).

By means of a brief dated July 19, 20243, the Attorney General of the Republic requested this Court:

“(…) I request that a hearing be granted to the Institute of Rural Development on the statements contained in our brief of July 4 last, under the section titled: “Request to INDER for the declaration of harmfulness (lesividad) of properties with forest cover (cobertura boscosa) that were transferred to private parties by the Institute of Agrarian Development after the creation of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (by Decree No. 16614-MAG of July 1, 1985).”. In relation to what is indicated in that section and the evidence provided to this case file, certifications of properties 7-48141 and 7-59699 (survey plans L0942968-1991 and L-0110409-1993) are attached, where logging and forest use permit 011-2024-ACLAC-SLT was granted, which in our view is relevant because they are linked to farm 39050 of the Limón Party. Likewise, we provide certifications of the survey plans that gave rise to their titling, which show their presumed location within the Gandoca Manzanillo Refuge. Both properties were listed in official communication DAA-OFI-370-2022 received by INDER on March 7, 2022, and sent to this Chamber on July 5 last. I also request that a hearing be granted to that Institute regarding this information (...)” (sic) (emphasis not in original).

In response to this, by means of the order at 13:39 hours on July 31, 2024, the following was ordered:

“(…) Before resolving what is appropriate regarding the disobedience actions filed by the claimant [Name 001], and by [Name 002], in his capacity as an environmentalist, where they state that they are filing a non-compliance action against resolution No. 2019-1245 of July 10, 2019, indicating in summary that: Prior to the constitutional ruling, the National System of Conservation Areas (SINAC) issued resolution No. 11-2017 SINAC-ACLAC-PNEC011-2017 of June 30, 2017, through which it unconstitutionally and in open contempt of Article 50 of our Political Constitution transferred the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) located in the maritime zone of the canton of Talamanca for a coastal regulatory plan and its subsequent development. Thus, not only was the State Natural Heritage located within the boundaries of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (REGAMA) handed over to municipal administration, but also subdivision (fraccionamiento) was additionally authorized and, most seriously, the reduction of the forest located within the REGAMA boundaries. Additionally, it allowed the Municipality of Talamanca to authorize real estate development throughout zone 1 of REGAMA despite being a protected wild area, thereby effectively nullifying the Constitutional Chamber's resolution, allowing de facto and against constitutional regulations the Municipality of Talamanca to authorize the development of urban projects within the state natural heritage, affecting Ramsar-category wetlands and sea turtle nesting sites. They request that the non-compliance with resolution No. 2019-12745 be declared and that the immediate suspension of resolution No. 11-2017 SINAC be ordered. Given that this constitutional action was resolved, by means of resolution number 2019-012745 at 12:10 hours on July 10, 2019, in the following manner (…) In view of the reports rendered that refer to actions by Minae and Inder, what is appropriate, before this Chamber examines and resolves on the alleged non-compliance is, to give transfer to Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of the Ministry of Environment and Energy; and to Osvaldo Artavia Carballo, in his capacity as Executive President of the Institute of Rural Development. This hearing is granted for THREE DAYS, counted from the notification of this resolution, for them to refer to and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to them, specifically, related to the delimitation and protection of the Gandoca Manzanillo Natural Wildlife Refuge (…)” (sic).

VII.- By means of the brief added to this case file at 14:56 hours on April 22, 2024, the appellant stated: “(…) I begin by reiterating my initial statements and arguments. Furthermore, I emphasize that the purpose of this matter is to achieve full compliance with ruling No. 2019-012745 of July 10, 2019, of this honorable Constitutional Chamber, with regard to the harmfulness (lesividad) proceedings ordered in ruling No. 2019-012745 of July 10, 2019 (…)” (sic).

VIII.- It is clear that matters related to compliance with Judgment No. 2019-012745 at 12:10 hours on July 10, 2019, are being analyzed in case file No. 14-019174-0007-CO itself. This is fully known to the appellant, because he himself managed the non-compliance and provided to this case file several documents addressed to the other. It should be noted that the Attorney General of the Republic indicated in the reply brief to the hearing granted by resolution at 12:16 hours on June 26, 2024, that official communications Nos. DAA-OFI-376-2022 and DAA-OFI-370-2022, addressed to INDER, and to whose compliance the appellant seeks to compel through the present proceedings, were issued for the purpose of complying with what was ordered in Judgment No. 2019-012745 at 12:10 hours on July 10, 2019. That is, the actions of the PGR and its issuance are strictly related to and derive from what was ordered in the cited judgment. Thus, it will be in case file No. 14-019174-0007-CO where what is legally appropriate will be resolved.

IX.- Regarding official communication No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024. In the sub examine it was demonstrated that official communication No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024, was sent by the appellant to the Minister of the Presidency and President of the National Environmental Council, to the Executive President and the Head of the Legal Department, both of INDER, as well as to the Executive Director of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy (SINAC). It should be taken into account that the Executive President of INDER, and the Minister of Environment and Energy in their reports, did not deny receiving the missive, so in application of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it was held as true. It should also be considered that through official communication No. MP-DMP-OF-2024-0278 of April 10, 2024, the Minister of the Presidency forwarded the document to the Minister of Environment and Energy; additionally, on March 7, 2024, the Office of the Minister of the Presidency acknowledged receipt of the communication via email, without proving having provided any response to the petitioner.

X.- Below is a table summarizing each of the issues raised by the petitioner in the aforementioned communication, the agency to which it was addressed, and the corresponding legal characterization:

Official Communication No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024

| What was raised | Addressee and/or responsible party | Legal characterization |
| --- | --- | --- |
| (1) Proceed in accordance with the law to record a warning note as areas under special regime on lands whose recovery was ordered in judgment 2019-012745 of July 10, 2029, which annulled Law No. 9223 with respect to the territories included in the forested zone (case file 14-19174-0007-CO)”, given that to date in the Manzanillo area within the boundaries of the Gandoca Manzanillo Refuge many properties are being commercialized with the apparent complicity of SINAC through alleged subdivisions (fraccionamientos) despite the fact that the Constitutional Chamber ordered the recovery of all those lands that are public domain. | All. In general. | Prompt and complete administrative justice. |
| (2) 1.- As stated in official communication DAA-1399-2024, survey plan 7-140813-1993 is registrally associated with property 7-63149, which was created by an administrative act of the Institute of Agrarian Development. For this reason, in order to proceed with the declaration of harmfulness (lesividad) and the filing of the subsequent proceeding, INDER was sent a list containing 35 farms derived from property 7-63149, in official communication DAA-OFI-370-2022, dated March 7, 2022, of which you presumably received a copy on April 18, 2023, with official communication DAA-OFI-485-2023, dated April 18, 2023, from the Attorney General's Office. | - | This is an account or recitation of facts. It does not request, ask for, or manage anything in particular. |
| (3) 2.- Survey plan L-148973-93 was registered for a use permit presumably issued by the Municipality of Talamanca allegedly contravening Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal). | - | This is an account or recitation of facts. It does not request, ask for, or manage anything in particular. |
| (4) 3.- In light of the foregoing, I take the liberty of specifically requesting INDER to certify what are the case file numbers assigned by the judicial branch to the harmfulness (lesividad) lawsuits initiated by INDER in compliance with judgment 2019-01245 of July 10, 2019, which annulled Law No. 9223 with respect to the territories included in the forested zone (case file 14-19174-007-CO).” | INDER | Request for certified information. |
| (5) 4.- Likewise, I very respectfully request INDER to send to the Public Property Registry the list of all properties that were affected within the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), in effective compliance with what was ordered in Constitutional Chamber Judgment No. 2019-012745 of July 10, 2019, which annulled Law No. 9223 with respect to the territories included in the forested zone (case file 14-19174-007-CO).” (emphasis not in original). | INDER. | Exhortation for the Administration to act in a certain way. |
| (6) 5.- I expressly request that information be provided on whether INDER has managed, and if so what actions INDER has taken to verify that said properties that were affected within the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), have been effectively imposed the respective warning note, as areas under special regime. We request this, because apparently in the area said properties are currently being freely commercialized, despite the fact that the Constitutional Chamber ordered the State, and consequently INDER, to recover all those lands that are public domain. | INDER | Petition and/or request for information. |
| (7) 6.- I expressly request SINAC to report the reasons why, to date, what is described as forest in the Inspection Report TAA-DT-0048-011 dated May 30, 2011, signed by Biologist Juan José Sánchez, on behalf of the Administrative Environmental Tribunal (TAA), has not been incorporated into the State Natural Heritage, despite judgment 2019-012745 of July 10, 2019, having annulled Law No. 9923 with respect to the territories included in the forested zone (case file 14-19174-007-CO).” | SINAC | Petition and/or request for information. |
| (8) 7.- I request SINAC to indicate in a clear, punctual, and express manner, and duly substantiated (Article 16, subsection 1, and following of the Law of Public Administration), the reasons why in the original certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, in all of the blocks (12) delimited as PNE in the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the Canton of Talamanca, according to the 2017 certification, signed by Eng. Edwin Cyrus Cyrus, and which is now clearly evidenced as having been a complacent certification, based on false facts, the forest areas of zone 1 of the Gandoca Manzanillo National Mixed Refuge described in the inspection report TAA-DT-0048-011 dated May 30, 2011, signed by Biologist Juan José Sánchez, on behalf of the Administrative Environmental Tribunal (TAA), were omitted, despite the participation of Engineer Anael Fuentes on behalf of ACLAC. | SINAC | Petition and/or request for information. |
| (9) 8.- I request to proceed to indicate clearly and duly substantiated (Article 16, subsection 1., of the Law of Public Administration), the reasons why the Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) omitted to include the forest areas of zone 1 of the Gandoca Manzanillo National Mixed Refuge described in official communications SINAC-SE-IRT-211-2020 dated 12/17/2020 SINAC-IRT-015-2021 dated 02/02/2020, as ordered by the Constitutional Chamber in ruling 2019-12745 of July 10, 2019, which annulled Law No. 9223 “with respect to the territories included in the forested zone” (case file 14-19174-007-CO). | SINAC | Petition and/or request for information. |
| (10) 9.- I request INDER and SINAC to jointly report (Principle of institutional coordination developed erga omnes by the Constitutional Case Law of Costa Rica), whether certifications SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-075-2020 and SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-076-2020 both dated July 23, 2020, were granted on any forest or property located within the harmfulness (lesividad) proceedings ordered in judgment 2019-012745 of July 10, 2019, which annulled Law No. 9223 with respect to the territories included in the forested zone (case file 14-19174-007-CO).” | INDER and SINAC | Petition. |
| (11) 10.- I beseech INDER and SINAC jointly (Principle of institutional coordination developed erga omnes by the Constitutional Case Law of Costa Rica), for a detailed report within the next ten days on the current occupants of the 35 farms derived from property 7-63149. Because residents of Manzanillo are reporting real estate developments on the 35 farms derived from property 7-63149. | INDER and SINAC | Request for information. |
| (12) Finally, I beseech to point out specifically the actions, acts, and prevention and defense measures that both INDER and SINAC have taken since the date of notification of Constitutional Judgment No. 2019-012745 of July 10, 2019, which annulled Law No. 9223 with respect to the territories included in the forested zone (case file 14-19174-007-CO)”, to defend the principle of legality, the rule of law, and the defense of the State Heritage in relation to the 35 aforesaid farms. | INDER and SINAC | Petition and/or request for information. |

   XI.- Before analyzing point (1) —for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure— it must be explained that since ruling No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has considered that those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the time periods set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals, should be referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions. In the sub lite, an exception case is raised: the Administration's delay in resolving a matter related to environmental protection. Now then, this Constitutional Chamber observes that the action was formulated on March 7, 2024, and the amparo appeal was filed on April 2, 2024, before 1 month had elapsed. Any claim for undue delay or procrastination in resolving what was legally appropriate is premature.

XII.- What is stated in points (2) and (3) is an account or recitation of facts; that is, the appellant did not request, ask for, or manage anything in particular. Meanwhile, what is raised in point (5) is an exhortation for the Administration to act in a certain way. This Constitutional Chamber in judgment No. 2020-09049 at 09:15 hours on May 15, 2020, explained:

“(…) Certainly, the purpose of the appellant's request was not to require specific information nor to raise an administrative claim, but to formulate an exhortation so that the appealed authority acts in accordance with what is intended by the petitioner, so this action was exhausted upon its mere presentation, without there being a correlative obligation on the part of the defendant to respond to it. Ergo, the alleged lack of response does not imply an injury to Article 27 of the Political Constitution, nor to ordinals 30 and 41 of the same Fundamental Charter (…)” (emphasis not in original).

XIII.- Points (4) and (6) are petitions and/or requests for information addressed to INDER. It was not proven that a response had been given or what was required had been provided.

XIV.- Points (7), (8), and (9) are petitions and/or requests for information addressed to SINAC. It was not proven that a response had been given or what was required had been provided.

XV.- Points (10), (11), and (12) are petitions and/or requests for information addressed jointly to INDER and SINAC, which have also not been answered.

XVI.- It is worth noting that official communication No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024, was also addressed to the Head of the Territorial Information and Regulation Department, but the appellant did not specify the agency.

XVII.- Conclusion. Under this set of circumstances, it is imperative to partially grant the appeal, only with regard to the lack of response to the petitions and/or requests for information raised in official communication No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024 (specifically points (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), and (12) of the table presented in considering XI of this judgment). (…)”


... See more
Related Judgments
Text of the resolution



Case file: 24-008544-0007-CO

Res. No. 2024023257

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on August sixteen, two thousand twenty-four.

Amparo appeal filed by [Name 001], identity card [Value 001], against THE MINISTRY OF THE PRESIDENCY, THE NATIONAL ENVIRONMENTAL COUNCIL, THE INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT, AND THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.

Whereas:

1.- By means of the brief added to the digital case file at 16:28 hours on April 2, 2024, [Name 001] filed an amparo appeal against the Ministry of the Presidency, the National Environmental Council, the Institute of Rural Development, and the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy. He explained that on March 7, 2024, through official communication No. AEL-0049-2024, he requested the appellees to record a warning note, as areas under special regime, on the lands whose recovery was ordered by the Constitutional Chamber in judgment No. 2019-012745 at 12:10 hours on July 10, 2019, given that to date within the boundaries of the Gandoca Manzanillo Refuge, many properties are being commercialized, in his view with the complicity of the National System of Conservation Areas. He stated that on March 8, 2024, the Minister of the Presidency and President of the National Environmental Council confirmed receipt of the missive, but he has no indication or proof that said official has proceeded according to the duty of coordination, issuing the respective orders. He asked the Constitutional Chamber to annul the construction permits and subdivisions (fraccionamientos) authorized on the survey plans listed in the report of the Attorney General's Office, issued through official communication No. DAA.OFI-370-2022 of March 7, 2022, addressed to INDER in accordance with the provisions of judgment No. 2019-012745 at 12:10 hours on July 10, 2019; and to enforce compliance with its resolutions. He requested that the appeal be granted.

2.- By means of the order at 10:45 hours on April 11, 2024, the amparo appeal was admitted and transfer was given to the Minister of the Presidency, the President of the National Environmental Council, the Executive President of the Institute of Rural Development, the Minister of Environment and Energy, as well as the Executive Director of the National System of Conservation Areas.

3.- By means of the brief added to the digital case file at 14:20 hours on April 18, 2024, Maylin Mora Arias, Interim Regional Director of the La Amistad Caribe Conservation Area of the National System of Conservation Areas, reported: “(…) Judgment 2019-012745 of July 10, 2019, of this Chamber, makes clear reference to unregistered farms in the Public Property Registry, with forest cover.

At no time did it compel the Public Administration (SINAC) to initiate recovery processes for duly registered properties, because the Chamber itself explained that these (duly registered properties) do not form part of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, RNVS-GM), based on the provisions of Article 37 of the Organic Law of the Environment, until such time as they are paid for or expropriated (…) Both at the end of the previous fact and in the present one, an attempt is made to attribute illicit actions and failure to fulfill responsibilities to our institution. Both are false and are rejected for the following reasons: Compliance with judgment 2019-012745 of July 10, 2019, was achieved, as evidenced by the reports submitted by the authorities to this Chamber. It is reiterated that this institution is not called upon to create limitations on the private property of individuals who have their properties registered within the RNVS-GM, beyond those provided in the different laws and those set forth in the General Management Plan which, as indicated, regulate their sustainable management in harmonious compliance with Articles 45 and 50 of the Political Constitution (…) In summary: Both SINAC and the PGR complied with what was ordered by the Chamber in a timely manner, by delimiting the “forested area” (área boscosa) subject to the provision, and determining the property regime of the lands included within such areas (…) Official letter DAA-OFI-370-2022 from the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), addressed to the Executive President of INDER, is a fact that bears no relation to the grounds for the amparo action, this being understood as compliance or non-compliance with judgment 2019-012745 of July 10, 2019, of this Constitutional Chamber, given that, it is reiterated, said ruling never ordered the initiation of actions against private properties, because they do NOT form part of the RNVS-GM. The argument becomes a contradiction, as the petitioner seeks to give a different interpretation to a judicial ruling, presuming scopes it does not have (…) Regarding the requests in detail: 1. Rejected. Unnecessary. 2. Rejected. The petitioner seeks to give subjective scopes to ruling 2019-012745 of July 10, 2019, of the Constitutional Chamber, providing for administrative actions and omissions derived from the alleged non-compliance with its provisions. 3. Rejected. It lacks connection with the alleged non-compliance with ruling 2019-012745 of July 10, 2019, and is a matter for the ordinary jurisdiction. Furthermore, the lists of lands presented by Attorney Fallas Cordero in her official letter DAA-OFI-370-2022 refer, precisely, to private properties, to properties duly registered in the Real Estate Registry, which respond to her manifest concern, already mentioned above, formulated during her allegations at the hearing convened by the latter on February 28, 2019 (…)” (sic). They detailed the actions carried out in order to comply with what was ordered in judgment No. 2019-012745.

4.- Through the brief added to the digital file at 3:58 p.m. on April 18, 2024, Osvaldo Manuel Artavia Carballo, Executive President of the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural), reported: “(…) The present process is a disagreement pertaining to ordinary legality (alleged administrative responsibility for omission) and not of constitutional resort, since the petitioner argues the alleged violation of a considerable list of fundamental rights (environment, health, safety, and human life) by various Institutions for the NON-MATERIALIZATION of compliance with the orders of the Office of the Attorney General of the Republic (PGR) due to the NON-recovery and protection of public domain assets (…) Although the PGR’s criteria exist, the truth is that the petitioner omits to indicate, and it is extremely important to assess that, for compliance with any order of this nature, the institutional framework must organize itself internally and externally (…) the Action speaks of an increase in commercial activity, when its oversight is not a competence of INDER, and that no matter how much all ordered lesividad (nullification of administrative acts adverse to the State) processes have even been filed, and even the annulment of the administrative act achieved, oversight in material reality corresponds to other actors, thus constituting a lack of passive standing (…)” (sic).

5.- Through the brief added to the digital file at 4:06 p.m. on April 18, 2024, Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy, reported in the same vein as the Acting Regional Director of the La Amistad Caribe Conservation Area of the National System of Conservation Areas.

6.- Through the brief added to the digital file at 8:48 p.m. on April 18, 2024, Natalia Díaz Quintana, Minister of the Presidency, reported: “(…) through official letter MP-DMP-OF-2024-0278 dated April 10, 2024, this Office forwarded to the Ministry of Environment and Energy the action raised by the claimant, in accordance with the provisions of Articles 77 and 78 of the Organic Law of the Environment, Law No. 7554, noting—in turn—the competencies and functions of the National Environmental Council (Consejo Nacional Ambiental). In this regard, it should be clarified that what is sought by the petitioner exceeds the scope of competencies granted by regulatory imperative to said Council and therefore to the undersigned. In addition to the foregoing, I take the liberty of reiterating to the Honorable Magistrates of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, that through the aforementioned official letter, such request was forwarded to the Minister of Environment and Energy, so that within the scope of his competencies, he may proceed according to law. Likewise, it is necessary to point out that the Ministry of the Presidency has no kind of interference in the drafting of warnings about the lands related to judgment 2019-012745, and lacks the legitimacy and legal authority to determine the disciplinary or criminal liability of officials of MINAE and the National System of Conservation Areas (SINAC). As a corollary of the foregoing, and in response to the request required of me by the Honorable Magistrates, it is appropriate to adhere to the technical report rendered by the Ministry of Environment and Energy (MINAE) through official letter DAJ-MINAE-0456-2024 of April 17 of the current year, as well as to the evidence provided. In light of the above, this action is deemed inadmissible against my represented party and I respectfully request that it be declared without merit (…)” (sic).

7.- Through the brief added to the digital file at 3:33 p.m. on April 19, 2024, the petitioner provided evidence for a better resolution (judgment No. 2021-017827 of 9:20 a.m. on August 13, 2021).

8.- Through the brief added to the digital file at 8:13 a.m. on April 22, 2024, the petitioner referred to what was reported by the Director of the La Amistad Caribe Conservation Area.

9.- Through the brief added to the digital file at 2:56 p.m. on April 22, 2024, the petitioner referred to what was reported by the Minister of Environment and Energy. He emphasized: “(…) I begin by reiterating my initial statements and arguments. Furthermore, I emphasize that the purpose of this matter is to achieve full compliance with ruling no. 2019-012745 of July 10, 2019, of this honorable Constitutional Chamber, with respect to the lesividad processes ordered in ruling no. 2019-012745 of July 10, 2019 (…)” (sic).

10.- Through the brief added to the digital file at 7:53 a.m. on April 23, 2024, the petitioner referred to what was reported by the Executive President of the Institute of Rural Development. He emphasized: “(…) The Institute of Rural Development (INDER), as stated in the initial brief for the filing of the amparo action, has spent two years without processing the lesividad processes submitted for its consideration by the Office of the Attorney General of the Republic through official letters DAA-OFI-3762022 and DAA-OFI-370-2022, which indicate the need to carry out a series of lesividad processes on properties located within the territory comprising the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (REGAMA) SEE official letter INDER-PE-AJ-OFI-0419 dated April 14, 2024. This is what is really being questioned regarding this respondent (…) I respectfully reiterate to the honorable Constitutional Chamber my claim that this amparo action be granted, along with all the extremes of the petition, and that in the final resolution the respondent party be urged to immediately process official letters DAAOFI-3762022 and DAA-OFI-370-2022, which indicate the need to carry out a series of lesividad processes on properties located within the territory comprising the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (REGAMA) (…)” (sic).

11.- Through the brief added to the digital file at 4:21 p.m. on April 26, 2024, the petitioner provided evidence for a better resolution.

12.- Through the email added to the digital file at 9:56 a.m. on May 20, 2024, the petitioner stated: “(…) I beg you to take into account that SINAC is granting forest harvesting permits (permisos de aprovechamiento forestal) on lands that have lesividad processes ordered by this Chamber. Both farms with logging permits have dimensions greater than two hectares, and the forest percentages are high (…)” (sic).

13.- Through the briefs added to the digital file at 3:24 p.m. and 8:03 p.m. on July 5, 2024, Rodolfo Goodman Grenald, President of the Manzanillo Integral Development Association (Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo), filed a request for appearance: “(…) Based on the Political Constitution and the Law of Constitutional Jurisdiction of the country, I appear in this action as a representative of third parties with a legitimate interest in the resolution of this action, since our organization is a communal development organization whose objective is to promote sustainable development for the community of Manzanillo and its surroundings, being one of the few national populations inserted in and adjacent to a protected area (Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge of Mixed Ownership) of great social, economic, and environmental importance in the Caribbean of our country. Our Association, representing the community of Manzanillo, whose jurisdiction covers from Cocles to Punta Mona, has become clearly aware of what it means to be within a National Wildlife Refuge of Mixed Ownership. The community has actively participated in the formulation of the Refuge Management Plans and the Coastal Regulatory Plan of the canton, and in general, of the valuable Costa Rican South Caribbean. In application of the diffuse interest granted to every person by Article 50 of the Political Constitution in environmental matters, in addition to being direct interested parties in this Action, which may affect our homes and well-being, as well as our culture and traditions as an indigenous coastal population, we appear in this process. I do not omit to state that our organization has had broad participation as a permanent member of the Local Environmental Council of Manzanillo, as well as in municipal and regional commissions (…)” (sic).

14.- Through the email added to the digital file at 11:15 a.m. on July 8, 2024, [Name 001] provided evidence for a better resolution (a non-compliance action by the Office of the Attorney General of the Republic directed to file 14-00174-0007-CO) and an urgent request for a precautionary measure in defense of the ancestral lands located within the coastline of the canton of Talamanca.

15.- Through the brief added to the digital file at 1:48 p.m. on July 9, 2024, Jennifer Vega Alvarado, Secretary of the Manzanillo Integral Development Association, appeared to assist MINAE ACLAC-SINAC: “(…) We participate supporting SINAC and the Municipality of Talamanca, defending our rights to our lands and a territorial planning (ordenamiento territorial) that ensures a dignified life for our children in harmony with the environment (…)” (sic).

16.- Through the brief added to the digital file at 1:48 p.m. on July 9, 2024, Gloriela Junior Williams Rodríguez, member of the Board of the Manzanillo Integral Development Association, appeared to assist MINAE ACLAC-SINAC: “(…) We participate supporting SINAC and the Municipality of Talamanca, defending our rights to our lands and a territorial planning that ensures a dignified life for our children in harmony with the environment (…)” (sic).

17.- Through the email added to the digital file at 3:22 p.m. on July 10, 2024, [Name 001] again provided evidence for a better resolution (a non-compliance action by the Office of the Attorney General of the Republic directed to file 14-0019174-0007-CO) and an urgent request for a precautionary measure in defense of the ancestral lands located within the coastline of the canton of Talamanca.

18.- Through the email added to the digital file at 9:10 a.m. on July 23, 2024, [Name 001] provided a brief from the Office of the Attorney General of the Republic, addressed to the unconstitutionality action No. 14-019174-0007-CO, in which it requested that INDER be given a hearing regarding its refusal to declare the lesividad of real estate with forest cover (cobertura boscosa) that were transferred to private individuals by INDER after the creation of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge.

19.- Through the brief added to the digital file at 11:01 a.m. on August 8, 2024, the Secretariat of the Constitutional Chamber certified that the President of the National Environmental Council does not appear to have submitted any brief or document from April 16 to August 7, 2024, to render the report ordered.

20.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.- Object of the action. The petitioner alleged that on March 7, 2024, through official letter No. AEL-0049-2024, he requested the respondents to record a notice of warning, as areas under a special regime, on the lands whose recovery was ordered by the Constitutional Chamber in judgment No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, given that to this day, within the limits of the Gandoca Manzanillo Refuge, many properties are being commercialized, in his opinion with the complicity of the National System of Conservation Areas. He stated that on March 8, 2024, the Minister of the Presidency and President of the National Environmental Council confirmed receipt of the missive, but he has no indication or proof that said official has proceeded according to the duty of coordination, issuing the respective orders. He requested that the Constitutional Chamber annul the construction permits and subdivisions (fraccionamientos) authorized on the plans listed in the report of the Office of the Attorney General of the Republic, issued through official letter No. DAA-OFI-370-2022 of March 7, 2022, addressed to INDER, in accordance with the provisions of judgment No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019; and that the compliance of its resolutions be enforced. He demanded that INDER be urged to process official letters Nos. DAA-OFI-376-2022 and DAA-OFI-370-2022 from the Office of the Attorney General of the Republic, which point out the need to institute lesividad processes regarding properties located within the territory comprising the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge.

II.- Preliminary matter. Through the briefs added to the digital file at 3:24 p.m. and 8:03 p.m. on July 5, 2024, Rodolfo Goodman Grenald, President of the Manzanillo Integral Development Association, filed a request for appearance. Said procedural figure does not exist in Constitutional Procedural Law. Given the content of the brief, it is interpreted as a request for coadjuvancy. Through the brief added to the digital file at 1:48 p.m. on July 9, 2024, Jennifer Vega Alvarado, Secretary of the Manzanillo Integral Development Association, appeared to assist MINAE ACLAC-SINAC: “(…) We participate supporting SINAC and the Municipality of Talamanca, defending our rights to our lands and a territorial planning that ensures a dignified life for our children in harmony with the environment (…)” (sic). Gloriela Junior Williams Rodríguez, member of the Board of the Manzanillo Integral Development Association, filed the same.

III.- Coadjuvancy is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a process, adhering to the claims of one of the main parties. Consequently, whoever holds a direct interest in the outcome of the action is legitimized to act as a coadjuvant; however, not being the principal party, the coadjuvant will not be directly affected by the judgment, that is, the efficacy of the judgment cannot reach them directly and immediately, nor does the condition of res judicata of the ruling affect them (see, among others, judgments Nos. 2010-000254, of 11:28 a.m. on January 8, 2010, and 2018019952, of 9:30 a.m. on November 30, 2018). Consequently, the filings submitted are accepted under the terms described supra.

IV.- Proven facts. The following facts are deemed duly proven and of importance for the decision in this matter:

In official letter No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024, addressed to the Minister of the Presidency and President of the National Environmental Council, to the Executive President and the Head of the Legal Department, both of the Institute of Rural Development (INDER), to the Executive Director of the La Amistad Caribe National System of Conservation Areas (SINAC), and to the Head of the Department of Territorial Information and Regulation (the agency was not specified), the petitioner stated: “(…) Ref. Proceed in accordance with the law to record a notice of warning as areas under special regime on lands whose recovery was ordered in judgment 2019-012745 of July 10, 2029, which annulled Law No. 9223 with respect to the territories included in the forested area (file 14-19174-0007-CO)”, given that to this day in the area of Manzanillo within the limits of the Gandoca Manzanillo Refuge, many properties are being commercialized with the apparent complicity of SINAC through alleged subdivisions despite the fact that the Constitutional Chamber ordered the recovery of all those lands that are public domain (…) I take the liberty of stating and requesting the following: 1.- As stated in official letter DAA-1399-2024, plan 7-140813-1993 is registrally associated with real estate 7-63149, which originated from an administrative act of the Institute of Agrarian Development. For this reason, so that the declaration of lesividad and the filing of the subsequent process could proceed, a list containing 35 farms derived from real estate 7-63149 was sent to INDER, in official letter DAA-OFI-370-2022, dated March 7, 2022, of which you presumably received a copy on April 18, 2023, with official letter DAA-OFI-485-2023, dated April 18, 2023, from the Office of the Attorney General of the Republic. 2.- Parcel L-148973-93 was registered for a use permit presumably issued by the Municipality of Talamanca allegedly contravening Article 13 of the Forest Law. 3.- Based on the foregoing, I take the liberty of requesting INDER to specifically certify the file numbers assigned by the judiciary to the lesividad lawsuits initiated by INDER in compliance with judgment 2019-01245 of July 10, 2019, which annulled Law No. 9223 with respect to the territories included in the forested area (file 14-19174-007-CO).” 4.- Likewise, I very respectfully request INDER to send to the Public Property Registry the list of all properties that were affected within the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE), in effective compliance with what was ordered in Constitutional Chamber Judgment No. 2019-012745 of July 10, 2019, which annulled Law No. 9223 with respect to the territories included in the forested area (file 14-19174-007-CO).” 5.- I expressly request to be informed whether INDER has processed, and if so, what actions INDER has taken to verify that said properties that were affected within the Natural Heritage of the State (PNE) have had the respective notice of warning, as areas under a special regime, effectively imposed. We request this because, apparently, in the area, said properties are currently being freely commercialized, even though the Constitutional Chamber ordered the State, and consequently INDER, to recover all those lands that are public domain. 6.- I expressly request SINAC to inform the reasons why, to this day, what is described as forest in the Inspection Report TAA-DT-0048-011 dated May 30, 2011, signed by Biologist Juan José Sánchez, representing the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo, TAA), has not been incorporated into the Natural Heritage of the State, despite the fact that judgment 2019-012745 of July 10, 2019, annulled Law No. 9923 with respect to the territories included in the forested area (file 14-19174-007-CO).” 7.- I request SINAC to indicate in a clear, specific, and express manner, and with due justification (Article 16, subsection 1, and following of the Law of the Public Administration), the reasons why in the original certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, in all the blocks (12) delimited as PNE in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca, according to the 2017 certification signed by Engineer Edwin Cyrus Cyrus, and which today is clearly evidenced to have been a complacent certification, based on false facts, the forest areas of zone 1 of the Mixed Gandoca Manzanillo National Refuge described in the inspection report TAA-DT-0048-011 dated May 30, 2011, signed by Biologist Juan José Sánchez, representing the Administrative Environmental Tribunal (TAA), despite the participation of Engineer Anael Fuentes representing ACLAC, were omitted. 8.- I request that you proceed to indicate in a clear and duly justified manner (Article 16, subsection 1., of the Law of the Public Administration), the reasons why the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) omitted to include the forest areas of zone 1 of the Mixed Gandoca Manzanillo National Refuge described in official letters SINAC-SE-IRT-211-2020 dated 12/17/2020 SINAC-IRT-015-2021 of 02/02/2020, as ordered by the Constitutional Chamber in ruling 2019-12745 of July 10, 2019, which annulled Law No. 9223 “with respect to the territories included in the forested area” (file 14-19174-007-CO). 9.- I request INDER and SINAC to report in a coordinated manner (Principle of institutional coordination developed erga omnes by the Constitutional Jurisprudence of Costa Rica), whether certifications SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-075-2020 and SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-076-2020, both of July 23, 2020, were granted on any forest or property located within the lesividad processes ordered in judgment 2019-012745 of July 10, 2019, which annulled Law No. 9223 with respect to the territories included in the forested area (file 14-19174-007-CO).” 10.- I beg INDER and SINAC, in a coordinated manner (Principle of institutional coordination developed erga omnes by the Constitutional Jurisprudence of Costa Rica), for a detailed report within the next ten days on the current occupants of the 35 farms derived from real estate 7-63149. Because residents of Manzanillo report real estate developments on the 35 farms derived from real estate 7-63149. Finally, I beg you to specifically point out the actions, acts, and prevention and defense measures that both INDER and SINAC have taken as of the date of notification of Constitutional Judgment No. 2019-012745 of July 10, 2019, which annulled Law No. 9223 with respect to the territories included in the forested area (file 14-19174-007-CO)”, to defend the principle of legality, the rule of law, and the defense of State Heritage in relation to the 35 aforementioned farms (…) We will receive notifications at the email: [email protected] (…)” (sic) (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital file).

On March 7, 2024, through an email, the Office of the Minister of the Presidency acknowledged receipt of the official letter (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital file).

The previous official letter was sent to the Minister of the Presidency and President of the National Environmental Council, to the Executive President and the Head of the Legal Department, both of INDER, as well as to the Executive Director of SINAC (undisputed fact).

On April 2, 2024, the amparo action was filed (the court records).

Through official letter No. MP-DMP-OF-2024-0278 of April 10, 2024, addressed to Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy, the then Minister of the Presidency stated: “(…) Attached you will find document No. AEL-0049-2024, as well as AEL0049-2024, both documents signed by Mr. [Name 001], with the subject (…) Considering that Article 77 of the Organic Law of the Environment, No. 7554, of October 4, 1995, establishes that this “(…) is a deliberative and advisory body, with advisory functions to the President of the Republic in environmental matters (…) and Article 78 defines the functions of the National Environmental Council, namely (…) It is evident that both the request to record the notice of warning over the lands related to judgment 2019-012745, as well as the request to determine criminal and disciplinary liability of the officials of MINAE SINAC indicated by Mr. Levy, exceeds the scope of competencies granted by law to the National Environmental Council and to the undersigned, so I take the liberty of forwarding the aforementioned official letter and attachments, for your respective assessment within the framework of your powers as corresponds in law. To the stated effects, I kindly ask you to inform me within a period of 10 business days, in accordance with Law No. 9097, in order to duly conclude the action (…)” (sic) (see the evidence provided by the Ministry of the Presidency, added to the digital file).

V.- Unproven fact. The following fact, of relevance to this resolution, is deemed not proven: solely.- that SINAC, INDER, or the Ministry of the Presidency provided the requested information.

VI.- Regarding the alleged non-compliance with judgment No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, and the compliance with official letters Nos. DAA-OFI-376-2022 and DAA-OFI-370-2022 of the Office of the Attorney General of the Republic. This Constitutional Chamber, through judgment No. 2019-012745 of 12:10 p.m. on July 10, 2019, resolved the unconstitutionality action No. 14-019174-0007-CO, filed by [Name 001], in his capacity as President of the Development Association for Ecology, against Law No. 9223 of March 10, 2014. In said ruling, the following was ordered:

“(…) 1) By majority, the action is granted, annulling the contested Law, No. 9223 “Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean” solely with respect to the territories included in the forested area, as provided by the Office of the Attorney General of the Republic in its reports. By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the integral publication of this ruling in the Judicial Bulletin, to delimit the aforementioned area and, in conjunction with the Office of the Attorney General of the Republic, to exercise the corresponding legal actions in defense of public heritage. This declaration of unconstitutionality will have declaratory and retroactive effect as of the effective date of the norm, all without prejudice to good faith acquired rights. 2) Magistrate Cruz Castro takes note. 3) Magistrates Hernández López, Salazar Alvarado, and Araya García dissent and dismiss the action; however, they indicate that the State is obliged to exercise the necessary actions to recover lands that are illegally occupied in protected areas as provided by law. 4) Summarize this judgment in the Official Gazette La Gaceta and publish it integrally in the Judicial Bulletin. Notify the claimant, the President of the Legislative Assembly or whoever holds the office, the Office of the Attorney General of the Republic, and all intervening parties (…)” (sic) (the emphasis is not part of the original).

In the aforementioned case file, by means of the order issued at 12:16 on June 26, 2024, the following was ordered:

“(…) Having reviewed the briefs filed on January 15 and 31, 2024, one signed by the plaintiff [Name 001], and another signed by [Name 002], in his capacity as ecologist, in which they state that they are filing a proceeding for non-compliance with ruling No. 2019-1245 of July 10, 2019, indicating in summary that: Prior to the constitutional ruling, the National System of Conservation Areas (SINAC) issued resolution No. 11-2017 SINAC-ACLAC-PNE-C011-2017 of June 30, 2017, through which it unconstitutionally transferred, in open defiance of Article 50 of our Political Constitution, the State Natural Heritage located in the maritime zone of the canton of Talamanca for a coastal regulatory plan and its subsequent development. Thus, not only did they deliver into municipal administration the State Natural Heritage located within the boundaries of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (REGAMA), but they additionally authorized the subdivision and, most seriously, the reduction of the forest located within the boundaries of the REGAMA. Additionally, it allowed the Municipality of Talamanca to authorize real estate development throughout Zone 1 of the REGAMA despite it being a protected wilderness area, thereby essentially nullifying the Constitutional Chamber’s ruling, allowing de facto and against constitutional regulations that the Municipality of Talamanca authorize the development of urban projects within the State Natural Heritage, affecting Ramsar-category wetlands and sea turtle nesting sites. They request that the non-compliance with ruling No. 2019-12745 be declared and that the immediate suspension of resolution No. 11-2017 SINAC be ordered. Considering that this unconstitutionality action was resolved by ruling No. 2019-012745 of 12:10 on July 10, 2019, as follows (…) What is appropriate, before this Chamber examines and resolves the alleged non-compliance, is to transfer the matter to the representative of the National System of Conservation Areas and to the representative of the Office of the Attorney General of the Republic. Likewise, before this Chamber resolves what is appropriate, it is appropriate to request a report from the Municipality of Talamanca, which appeared in this action as a coadjuvant. Therefore, the following is ordered:

1) Grant a hearing of THREE DAYS, counted from the notification of this resolution, to the representative of the National System of Conservation Areas and to the representative of the Office of the Attorney General of the Republic, so that they may address and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to them, specifically, the non-compliance with the provisions of this Chamber’s ruling No. 2019-012745 of 12:10 on July 10, 2019, in that it establishes: “… By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of this pronouncement in the Judicial Gazette, to delimit the aforementioned area and, together with the Office of the Attorney General of the Republic, to exercise the corresponding legal actions in defense of the public heritage.” Furthermore, they must address the content of resolution No. 11-2017 SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, regarding the claim of the applicant that through it the State Natural Heritage located within the boundaries of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge was delivered into municipal administration and the subdivision and reduction of the forest located within such refuge were authorized (…)

2) Grant a hearing of THREE DAYS, counted from the notification of this resolution, to the Mayor and the President of the Municipal Council of the Municipality of Talamanca, so that they may address and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to them, specifically, authorizing the development of urban projects within the State Natural Heritage located both in the maritime-terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca and within the boundaries of the refuge, affecting Ramsar-category wetlands and sea turtle nesting sites, all in contravention of the right to the environment and what was resolved by this Chamber in ruling No. 2019-012745 of 12:10 on July 10, 2019 (…)” (sic) (the emphasis does not belong to the original).

By means of a brief dated July 4, 2024, Ivan Vinicio Vincenti Rojas, Attorney General of the Republic, responded to the hearing granted in the following terms:

“(…) Non-existence by the National System of Conservation Areas (SINAC) of the Official Delimitation, by means of Decree or Law, of the Boundaries of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (REGAMA) In judgment 12745-2019 this Chamber established that Law 9223, of March 10, 2014, by redefining the boundaries of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, what it actually does is a reduction of the area, without meeting the requirements demanded by constitutional jurisprudence (certainty regarding the non-deterioration of the environment and compensation for the surface area it suppresses), and without clarity as to whether the excluded lands containing forest (188 hectares) are part of the State Natural Heritage or private lands subject to the limitations provided for by environmental legal regulations, in which case the removal was unnecessary. Given this reasonable doubt, it applied the in dubio pro natura principle and considered the 188 hectares part of the refuge, a public domain asset, their exclusion without compensating the area being improper, and the challenged statute unconstitutional. Moreover, it added, “the 188 hectares form part of the central core of the wildlife refuge,” therefore “we are in the presence of an extremely serious impact on the environment; especially given that in this case the challenged Law does not make the respective compensation of area and lacks, as explained supra, technical studies to carry out the reduction of the cited refuge.” However, it qualified the conclusion, in the sense that if there are private lands within those 188 hectares, the private property rights of their owners must be respected (constitutional article 45 and article 21 of the American Convention on Human Rights). Consequently, it declared the action admissible, annulled the challenged Law, number 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean, “only with respect to the territories comprised in the forested zone” and ordered the National System of Conservation Areas to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of the pronouncement in the Judicial Gazette, to delimit the aforementioned area. Based on that order, the National System of Conservation Areas identified and delimited the forested zone in the area excluded by Law 9223 (denominated as zone 1 according to Decree 34946), issued a report under official letter ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020 of November 7, 2020, which contains the field report referring to the delimitation of the Forest Cover in the Cocles-Manzanillo plain, without defining the lands that make up the State Natural Heritage of the entire REGAMA, and in which it reached the following conclusions: "The area denominated as Zone 1 of the REGAMA Zoning Decree (known as the 'Cocles-Manzanillo Coastal Plain'), presents a very particular land use, in which tree and forest cover predominates (233.65 hectares). However, this cover does not meet, in a large part of this zone's surface, the definition of 'forest' stipulated in Forest Law 7575 and its Regulation. According to the measurements taken, it is estimated that there are up to 109.5 hectares that would be classified as forest according to Law 7575. It must be taken into account that a portion of these forest zones is located within the Maritime-Terrestrial Zone of the study area (this surface is estimated at 20.1 hectares). On the other hand, another 114.5 hectares could be classified as heavily intervened forest lands, in combination with agricultural, ornamental species, and human occupation (.). In turn, and with the purpose of drafting a new decree that would incorporate what was ordered by this Chamber in Judgment 2019-12745, SINAC formed a commission composed of different professionals and detailed an action plan that contemplated the following 4 phases (…)

Now then, according to report SINAC-ACLAC-OR-138-2023, of April 11, 2023, issued by the Commission formed to establish the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, Mixed Category, in response to Constitutional Chamber ruling No. 2019-12745, the technical proposal was submitted as the basis for the draft Decree on the Boundaries of the REGAMA, to the Vice Minister of Environment and Energy. In this regard, official letter SINAC-ACLAC-OR-138-2023 proposes the boundaries of the polygons identified as forest areas that must be reincorporated into the refuge, establishes a new delimitation of said Protected Wilderness Area, and identifies seven forest blocks that were removed by Law 9223, adjusted to the concept of forest in Forest Law No. 7575 (Art, 3 sub d), and takes into account criteria such as connectivity, the structure, composition, and functionality of the protected ecosystems of the protected wilderness area.

Even though the efforts described were made by the Commission in charge of providing the technical inputs for the drafting of the Decree defining the boundaries of the REGAMA, the proposal in official letter SINAC-ACLAC-OR-138-2023 has not been approved and, consequently, at this moment there is no regulatory definition or updated formal delimitation of the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. This representation has insisted that this requirement is indispensable for the adequate defense of the State Natural Heritage and compliance with Judgment 12745-2019 of this Chamber. Added to the problem of the lack of delimitation of the REGAMA boundaries, the National Council of Conservation Areas, the competent body for approving the plans for Protected Wilderness Areas (Law 7888, article 25 subsection 5), by means of resolution 044 of February 28, 2022, published in Gazette 39 of 258 of February 2022, corresponding to the executive summary of the Management Plan for the Gandoca Manzanillo Mixed Wildlife Refuge, resolved the following: “FIRST: Given the need and the priority nature of complying with the different provisions issued by the Comptroller General of the Republic regarding the formalization of the general management plan RNVS-GM, it is agreed to continue with the publication of this document, which governs the area of the refuge established prior to the partial annulment of Law No. 9223 excluding the area provided for in ruling No. 012745 of July 10, 2019, of the Constitutional Chamber. In accordance with the foregoing, the geographic area reflected in this management plan does not represent the total boundaries of the protected wilderness area, it being necessary, once the forested area removed by Law 9223 is reincorporated, to carry out an expansion of the PGM that addresses what is pertinent to said area that will be restored to the refuge.” (The highlighting is added). From the transcribed text, emphasis is placed on the fact that CONAC, when issuing its Management Plan, relied on the State Natural Heritage Certification No. SINAC-ACLAC-DRPNE-C-011-2017 of June 30, 2017, and, without there being technical reasons that prevented an update, omitted to incorporate the criterion contained in official letter ACToDRFVS-EPMF-363-2020 of November 7, 2020 (delimitation of the forested zone), as well as the document called “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca” of June 13, 2021. The management plan is essential for the management of Protected Wilderness Areas, as established in articles 7 of Executive Decree 42742-MINAE, 37 of the Organic Environmental Law, 3 subsection p) of Executive Decree 34433 Regulation to the Biodiversity Law, and 6 of the “Convention on Biodiversity Conservation and Protection of Wilderness Areas,” integrated into our legal system in Law 7433. Therefore, with Resolution 044 of February 28, 2022, of CONAC, it is undeniable that regarding the General REGAMA Management Plan, its function is distorted as a planning instrument that guides the management of a protected wilderness area towards the fulfillment of its long-term conservation objectives, and which serves as a basis for the development of other planning and regulatory instruments, first, due to the non-existent delimitation of the total geographic area of the REGAMA, and secondly, because the lack of definition, identification, and reincorporation of all the State Natural Heritage areas into the REGAMA, ordered in judgment 12745-2019, leads to a state of uncertainty regarding the proper use of the lands and raises jurisdictional conflicts between SINAC and the Municipality of Talamanca for their administration. In this sense, it must be taken into account that Protected Wilderness Areas are delimited geographic zones (Law No. 7788, article 58), whose administration and conservation of the State Natural Heritage is the responsibility of the System of Conservation Areas. Its delimitation is the exclusive competence of SINAC-MINAE: “The Ministry of Environment and Energy shall delimit, on the ground, the boundaries of the areas that make up the State Natural Heritage. The demarcation procedure shall be established in the regulation of this law. (Forest Law, 7575/1996, article 16) The Constitutional Chamber, in judgment 2741-2021, pointed out that the position of the constitutional jurisdiction “since long ago” has been that the delimitation of protected wilderness areas “represents an extremely important mechanism to protect the fundamental right to the environment.” Thus, in this case, a deficient and incomplete delimitation of the Protected Wilderness Area implies the risk that the Municipality of Talamanca grants concessions -real administrative rights- over the 20.1 hectares of lands classified as forest located within the maritime-terrestrial zone, according to the delimitation of the forested zone in the area excluded by Law 9223, official letter ACTo-DRFVS-EPMF-363-2020, disregarding the competences and characteristics of each ecosystem (Law 7554, articles 30 subsection c and 34). The foregoing, in clear disregard of what this Chamber has established as unconstitutional in prior judgments regarding the preventive and precautionary principles, as well as the constitutional mandate for inter-institutional coordination and cooperation for environmental protection, derived from the pro natura principle. Furthermore, regarding the document called “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca” of June 13, 2021, this Chamber assessed it based on the elements and technical justification provided by the ministries to which a hearing was granted and, by judgment No. 2024-3959 of 09:30 on February 16, 2024, resolved in the relevant part (…)

Therefore, this Tribunal ordered SINAC to conclude within THREE MONTHS, counted from the notification of that judgment, the process to complement the certification of the State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the “Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca” of June 2021 and, to take the necessary steps to incorporate the aforementioned update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca. Regarding the lack of a regulatory determination of the REGAMA Boundaries, the Office of the Attorney General, in official letter DAA-OFI-1552-2022 of October 3, 2022, clarified to the Regional Director of the La Amistad Caribe Conservation Area that the delimitation of zones with forest cover ordered to SINAC in constitutional ruling 2019-12745 does not constitute a regulatory definition of the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, which proceeds only by law or decree. In the relevant part, it was indicated: “Your official letters SINAC-ACLAC-DR-003-2021 of January 7, 2021, and SINACACLACDR-433-2022 of September 21, 2022, contain an erroneous statement:

“As observed in the operative part issued by the Constitutional Chamber, both SINAC and the PGR are ordered to delimit the areas indicated in the corresponding reports. At this point, it must be clarified that it is a joint effort between SINAC and the PGR, therefore, it is not only the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) that is executing said order.” The statement is inaccurate since the delimitation of the forested area is an exclusive order for SINAC in the operative part of ruling No. 2019-012745, besides the fact that the Office of the Attorney General of the Republic lacks the competence for the technical delimitation of those zones. On the other hand, the delimitation of the zones with forest cover ordered to SINAC in ruling No. 2019-12745 does not constitute a regulatory definition of the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, which proceeds only by law or decree. Law 9223 is composed of a single article, which established the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, which was annulled, in ruling 2019-12745, “with respect to the lands comprised in the forested zone…”. This judicial declaration of nullity implies returning things to their original state, entails the reestablishment of the situation to the state prior to the issuance of Law 9223, for which reason, evidently, the boundaries as defined in Law 9223 do not subsist.” Unconstitutionality Action 24-001899-0007-CO against the General Management Plan of the REGAMA, the Talamanca Coastal Regulatory Plan -Cahuita District- and Directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy Another important aspect to point out is the unconstitutionality action filed against the Management Plan, the Talamanca Coastal Regulatory Plan, and Directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy, which is being processed under case file 24-001899-0007-CO. At this point, the difficulty for the recovery of the State Natural Heritage ordered by this Chamber on the occasion of directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy is emphasized. In this regard, the considerations of the rendered report are transcribed: “Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy is challenged because it “discredits,” fifth whereas clause, the report called “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca, qualifying it as unofficial, without SINAC having implemented reliable technical studies in substitution of the report it 'disapplies' and driving the approval of the Management Plan and the Regulatory Plan without them. The lack of protection of the wetlands, it is said, contradicts the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in constitutional article 50, the precautionary principle, the principle of legal reserve, and the Convention relative to Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention), approved by Law 7224 of 1991, articles 2 and 4. The alluded fifth whereas clause indicates that the “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton Talamanca, of June 13, 2021, has not been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area for use as a document of general scope. It is a technical input, of an internal nature, which has not completed the process for its validation and formalization by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas, in accordance with article 6 of Decree 42.760, Technical Criteria for the location, identification, classification, and delimitation of wetland ecosystems; it is not an official document, nor can it be used for the issuance of official administrative acts. That cited article 6 establishes that the inventory information generated by each Conservation Area must be reviewed and validated by the National Wetlands Program and the Department of Information and Land Regularization, instances of the SINAC Executive Secretariat, which shall use the existing technical procedures so that the inventory information is published in the National Environmental Information System (SINIA) and in the Territorial Information System (SNIT). The seventh whereas clause of Directive No. 09-2023-MINAE is also objected to, which provides that the official boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge are those established in Law No. 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean, in force since April 8, 2014, and there is no subsequent modification that has been issued by the Ministry of Environment and Energy. This, the plaintiffs assert, breaches what was ordered by the Constitutional Chamber in judgment 12745-2019, exceeds the powers of the Ministry of Environment and Energy regarding the rejection of the technical studies to delimit the Wildlife Refuge in question, affecting the State Natural Heritage. The Constitutional Chamber has heard unconstitutionality actions against a Directive. Examples are rulings 8197-1999, 5737-2002, 5417-2003, 12396-2004, 6225-2005, 9572-2006, 17600-2006, 3937-2008, 4940-2012, 18299-2012, 3472-2013, 11454-2013, 12498-2015, 1685-2016, 9473-2016, 14643-2017, 3417-2018, 19485-2018, 6512-2019, 8618-2019, 17290-2019, 15262-2021, 21969-2022, etc. Of these, rulings 12396-2004, 9572-2006, 113-2015, 14643-2017, 19485-2018, and 21969-2022 concern ministerial Directives. When the challenged directive constitutes an administrative act of general application, the appropriate course is to publish it: Constitutional Chamber, resolution 19485-2018. On the power of direction and directives: Constitutional Chamber, ruling 12498-2015. In this matter, the plaintiffs argue that the directive issued, in the aspects of interest, is of general scope, due to its implications for the protection of the State Natural Heritage. The guidelines issued in the fifth and seventh whereas clauses of Directive No. 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy oppose what was resolved by the Constitutional Chamber in judgments 12745-2019 and 3954-2024, which prevail. In this particular, the reproach of unconstitutionality would be admissible, regarding the effective protection of the State Natural Heritage (REGAMA, forest and wetland areas), with infringement of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the principles of objectification of environmental protection, precautionary, preventive, and the Convention on Wetlands (Ramsar), articles 2 and 4; and 7, 48, and 50 of the Political Constitution. “The State natural heritage is a legal asset, defined and individualized in our legal system (…) This is a matter of public and national interest that is urgent and cannot remain unresolved indefinitely.” (Constitutional Chamber, judgments 16938-2011, 2678-2012, and 12973-2013) (…) the Ministry of Environment and Energy is obligated to carry out the classification of lands owned by the State with the objective of identifying and delimiting those territories that constitute State Natural Heritage defined as forests and/or lands of forestry aptitude that pass to be automatically administered by that Ministry and not by the Municipalities, and for this, the Ministry does not need to communicate, request permission, or authorization from any private entity or company to proceed to classify the State's lands” (Constitutional Chamber, rulings 15585-2008, 16938-2011, and 2678-2012) “(…) municipal corporations do not have the competence to develop and implement regulatory plans that contradict or nullify special protection zones, Protected Wilderness Areas, and, in general, the State Natural Heritage. (…) The Regulatory Plan of the Coastal Sector Playa Nombre de Jesús and Zapotillal includes zones that belong to the State Natural Heritage, making it unconstitutional only with respect to those territories.” (Constitutional Chamber, judgments 21258-2010 and 12973-2013. The emphasis is not from the original) Judgment 3959-2024 declared admissible the Amparo Appeal against SINAC and others, for omitting from the Coastal Regulatory Plan the wetlands listed in the report called “Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca,” of June 2021, violating the fundamental right of Article 50 of the Constitution and, in application of the precautionary principle, ordered the regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of SINAC, a MINAE body, to complement the certification of the State Natural Heritage with that report, within a period of three months, as well as ordered the INVU, in the persons of the heads of the Department of Urbanism and the person in charge of the Technical and Operational Criteria Unit for Planning, and the Municipality of Talamanca, in that of the mayor and president of the Council, to take the necessary steps to incorporate that update into the Coastal Regulatory Plan of the Canton of Talamanca. The Directive of the Ministry of Environment and Energy that disapplies the mentioned report for future actions opposes what was ordered by the Constitutional Chamber. The judgment declaring it admissible is enforceable from the moment it is issued. (Constitutional Jurisdiction Law, article 53, and resolution 6267-2002).” Directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy establishes that the document SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, signed by the Regional Director, certifies the Delimitation of the State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca; a certification that was issued in accordance with the technical and legal guidelines and “is the document with official character, being the only one in force, to date” (Fourth Whereas Clause). The document called “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca” of June 13, 2021, has not been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area for use as a document of general scope. This is a technical input, of an internal nature, which has not completed the process for its validation and formalization by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas (Fifth Whereas Clause). And that “The official boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge are those established in Law No. 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean, in force since April 8, 2014. There is no subsequent modification that has been issued by the Ministry of Environment and Energy” (Seventh Whereas Clause). With which, the following documents are not taken into account: Official Letter ACTo-DRFVSEPMF-363-2020 of November 7, 2020, on the delimitation of the forested zone; the document called “Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coastline of the Canton of Talamanca,” of June 13, 2021; nor official letter SINACACLAC-OR-138-2023, which proposes the boundaries of the polygons identified as forest areas that must be reincorporated into the Refuge, a new delimitation of said Protected Wilderness Area, and identifies seven forest blocks that were removed by Law No. 9223, according to the concept of forest in the Forest Law. In judgment 2024010951, of 9 hours 20 minutes on April 26, 2024, this Chamber took as true that “according to the report rendered under oath, as of March 12, 2024, certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 of June 30, 2017, was the only document in force with official character.” And regarding wetlands, it indicated: “Regarding the latter, the lack of an updated technical criterion in relation to the PNE certification of 2017 (despite the multiple procedures that warned of alleged inconsistencies), constitutes a plausible threat to the environment that involves a reasonable level of scientific uncertainty that could imply that, currently, there exist PNE zones (wetlands) without protection or upon which activities are being developed without taking their nature into consideration, with the consequent possibility that serious or irreversible damage may be generated.” Certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 served as the basis for the Talamanca Coastal Regulatory Plan and the environmental viability assessment by SETENA.

Request to INDER for a declaration of injuriousness of properties with forest cover that were transferred to private individuals by the Institute of Agrarian Development after the creation of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (by Decree No. 16614-MAG of July 1, 1985).

Despite the lack of a normative delimitation of the REGAMA boundaries, in compliance with the constitutional order set forth in vote 12745-2019, on March 7 and 8, 2022, we sent to the Board of Directors and the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario official letters DAAOFI-370-2022 and DAA-OFI-376-2022, with the list of 137 registered properties1, identified by SINAC in areas of forest cover (cobertura boscosa) (official letters SINAC-SE-IRT-211-2020 and SINAC-SE-IRT-015-2021), segregated from farm 39050 of the Partido de Limón and transferred to private individuals by the Instituto de Desarrollo Agrario subsequent to the creation of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. (Decreto n.° 16614-MAG of July 1, 1985). The foregoing, for the purpose of proceeding with the respective declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) of the administrative acts issued by that Institute. Ordinarily, in these contentious-administrative proceedings of harmfulness (lesividad), because INDER alienated forest lands of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) without fulfilling the obligation set forth in Article 15 of the Ley Forestal, the Procuraduría is joined ex officio as a coadjuvant. According to the SINAC study and the reports from the Instituto Geográfico Nacional that we also attached at that time, some of these properties include portions of wetland and the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), even in significant amounts, as is the case of property no. 7-48141-000 whose plan L-0942968-1991 has 20% within the restricted zone (report DIG-TOT-INF-050-2021, which originated the recording of an administrative warning under expediente no. 2024-509-RIM) and that of property no. 7-64544-000, whose plan L-2182983-2020 has 52% within the restricted zone (report DIG-TOTINF-068-2021). The inalienability condition “implies that they are outside the commerce of human beings, hence their alienation, sale, donation, or any other type of transaction that compromises public ownership is not possible.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, vote no. 480-2019).

As is known, in harmfulness (lesividad) proceedings, active standing lies with the Administration that authored the act sought to be annulled, and an indispensable prerequisite for the filing of these proceedings is that the supreme hierarchical superior of the Public Administration issuing the conduct has declared its harmfulness (lesividad) to the public interest (articles 10 subsection 5), 16 and 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in accordance with numerals 173 and 183 subsection 3) of the Ley General de la Administración Pública). This Procuraduría and the Constitutional Court have deemed that Institute responsible for having alienated lands of a protected wilderness area (área silvestre protegida), as in this case (Dictamen n.° C-49-1998 of March 20, 1998 and vote no. 14046-2003 of 5:30 p.m. on December 3, 2003, Considerando I). Furthermore, INDER has among its powers the duty to file the corresponding administrative or judicial actions to recover real property that has been illegally appropriated (article 16 subsection i) of Ley n.° 9036), and holds the obligation to do so in accordance with constitutional Article 50 and the jurisprudence of this venue: «Constitutional Article 50 is the direct source of the right of “every person” to a healthy and ecologically balanced environment, which binds the Public Powers in the protection of the environment, conceptualized in the broadest possible sense, in the application of the protective norm.» (Sala Constitucional, vote no. 1220-2002, reiterated in votes numbers 5996-2002, 6322-2003, 10421-2003, 2019-2009, 12887-2014 and 19776-2014). “On several occasions, constitutional jurisprudence has indicated that environmental protection is a task that falls to everyone equally, while there exists an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, which necessarily implies the involvement of all state entities, bodies, and institutions...” (Sala Constitucional, vote no. 15777-2010. In the same line, votes numbers 17365-2008 and 10995-2011, among others). By official letter PGR-OFI-152-2024, said Institute was requested to report on the status of the harmfulness (lesividad) actions filed. Note that in judgment 12745-2019 of that Chamber, the order to duly delimit the territories of the forested zone excluded by Ley 9223, with their respective formal incorporation into REGAMA, is directed at SINAC, and precedes the exercise of joint legal actions in defense of the public patrimony. The lack of determination of the boundaries of the Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, by means of Decree or Law, generates technical-legal uncertainty in actions to recover areas that are part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in the contentious-administrative venue, and even for their defense in possessory information proceedings and others (…)” (sic) (the emphasis does not belong to the original).

By means of the brief dated July 19, 20243, the Procurador General de la República requested this Court:

“(…) I request that the Instituto de Desarrollo Rural be given a hearing on the statements contained in our brief of last July 4th, under the heading titled: “Request to INDER for the declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) of properties with forest cover (cobertura boscosa) that were transferred to private individuals by the Instituto de Desarrollo Agrario subsequent to the creation of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (by Decreto n.° 16614-MAG of July 1, 1985).”. In relation to what was indicated in that heading and the evidence provided to this expediente, certifications are attached for properties 7-48141 and 7-59699 (plans L0942968-1991 and L-0110409-1993), where the logging and forest use permit 011-2024-ACLAC-SLT was granted, which in our opinion is relevant because they are linked to farm 39050 of the Partido de Limón. Likewise, we provide certifications of the plans that gave rise to their titling, which record their presumable location within the Refugio Gandoca Manzanillo. Both properties were listed in official letter DAA-OFI-370-2022 received by INDER on March 7, 2022, and sent to this Chamber on last July 5th. I also request that this Institute be given a hearing on this information (…)” (sic) (the emphasis does not belong to the original).

In view of this, by means of the order of 1:39 p.m. on July 31, 2024, the following was ordered:

“(…) Prior to resolving what is appropriate regarding the claims of disobedience filed by the claimant [Name 001], and by [Name 002], in their capacity as ecologist, where they state that they are filing a claim for non-compliance with resolution no. 2019-1245 of July 10, 2019, indicating in summary that: Prior to the constitutional ruling, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) issued resolution no. 11-2017 SINAC-ACLAC-PNEC011-2017 of June 30, 2017, through which it unconstitutionally and in open contempt of Article 50 of our Constitución Política transferred the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) located in the maritime zone of the canton of Talamanca to a coastal regulatory plan and its consequent development. Thus, not only did they hand over under municipal administration the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) located within the boundaries of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA), but they additionally authorized the subdivision (fraccionamiento) and, most seriously, the reduction of the forest located within the REGAMA boundaries. Additionally, it allowed the Municipalidad de Talamanca to authorize real estate development in the entire zone 1 of REGAMA despite it being a protected wilderness area (área silvestre protegida), thereby effectively nullifying the Sala Constitucional's resolution, allowing de facto and against constitutional norms the Municipalidad de Talamanca to authorize the development of urban projects within the State's natural heritage, affecting Ramsar category wetlands and sea turtle nesting sites. They request that non-compliance with resolution no. 2019-12745 be declared and that the immediate suspension of resolution no. 11-2017 SINAC be ordered. Given that this unconstitutionality action was resolved by resolution number 2019-012745 at 12:10 p.m. on July 10, 2019, in the following manner (…) Having reviewed the reports rendered which refer to actions by Minae and Inder, what is appropriate, prior to this Chamber examining and resolving on the alleged non-compliance, is to forward the matter to Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of the Ministerio de Ambiente y Energía; and to Osvaldo Artavia Carballo, in his capacity as Executive President of the Instituto de Desarrollo Rural. This hearing is granted for THREE DAYS, counted from the notification of this resolution, so that they may refer to and provide the corresponding evidence regarding the acts and omissions attributed to them, specifically, those related to the delimitation and protection of the Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (…)” (sic).

VII.- By means of the brief added to this expediente at 2:56 p.m. on April 22, 2024, the appellant stated: “(…) I begin by reiterating my initial statements and arguments. Furthermore, I emphasize that the objective of this matter is to achieve full compliance with vote no. 2019-012745 of July 10, 2019, of this honorable Sala Constitucional, with respect to the harmfulness (lesividad) proceedings ordered in vote no. 2019-012745 of July 10, 2019 (…)” (sic).

VIII.- It is clear that matters related to the compliance with judgment No. 2019-012745 at 12:10 p.m. on July 10, 2019, are being analyzed in expediente No. 14-019174-0007-CO itself. This is fully known to the appellant, because he himself managed the non-compliance claim and contributed to this expediente several documents directed to the other one. Note that the Procurador General de la República indicated in the reply brief to the hearing granted by the resolution at 12:16 p.m. on June 26, 2024, that official letters Nos. DAA-OFI-376-2022 and DAA-OFI-370-2022, addressed to INDER, and whose compliance the appellant seeks to compel through these proceedings, were issued in order to comply with what was ordered in judgment No. 2019-012745 at 12:10 p.m. on July 10, 2019. That is, the actions of the PGR and their issuance are strictly related to and derive from what was ordered in the cited judgment. Thus, it will be in expediente No. 14-019174-0007-CO where what is appropriate in Law will be resolved.

IX.- Regarding official letter No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024. In the sub examine, it was demonstrated that official letter No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024, was sent by the appellant to the Minister of the Presidency and President of the Consejo Nacional Ambiental, to the Executive President and to the Head of the Legal Department, both of INDER, as well as to the Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio de Ambiente y Energía (SINAC). It should be taken into account that the Executive President of INDER and the Minister of Ambiente y Energía, in their reports, did not deny receipt of the missive, therefore, in application of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it was deemed true. Equally, it must be considered that by official letter No. MP-DMP-OF-2024-0278 of April 10, 2024, the Minister of the Presidency forwarded the document to the Minister of Ambiente y Energía; furthermore, on March 7, 2024, by email, the Office of the Minister of the Presidency acknowledged receipt of the official letter, without accrediting having provided any response to the promoter.

X.- Below, a table is presented summarizing each of the points raised by the promoter in the mentioned official letter, the unit to which it was addressed, and the corresponding legal classification:

Official Letter No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024



| What was raised | Addressee and/or responsible party | Legal classification |
| :--- | :--- | :--- |
| (1) Proceed in accordance with the law to record a warning note as areas under special regime on lands whose recovery was ordered in judgment 2019-012745 of July 10, 2029, which annulled Ley No. 9223 with respect to the territories comprised in the forested zone (expediente 14-19174-0007-CO)”, considering that as of today in the Manzanillo area within the boundaries of the Refugio Gandoca Manzanillo many properties are being commercialized with the apparent complicity of SINAC through supposed subdivisions (fraccionamientos) despite the fact that the Sala Constitucional ordered the recovery of all those lands that are in the public domain | Everyone. In general. | Prompt and complete administrative justice. |
| (2) 1.- As recorded in official letter DAA-1399-2024, plan 7-140813-1993 is registrally associated with property 7-63149, which was created by an administrative act of the Instituto de Desarrollo Agrario. For this reason, in order to proceed with the declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) and the filing of the subsequent proceeding, a list containing 35 farms originating from property 7-63149 was sent to INDER, in official letter DAA-OFI-370-2022, dated March 7, 2022, of which you presumably received a copy on April 18, 2023, with official letter DAA-OFI-485-2023, dated April 18, 2023, from the Procuraduría General de la República. | - | This is a narrative or recounting of facts. It does not request, ask for, or manage anything in particular. |
| (3) 2.- Plan L-148973-93 was registered for a use permit presumably issued by the Municipalidad de Talamanca allegedly contravening Article 13 of the Ley Forestal. | - | This is a narrative or recounting of facts. It does not request, ask for, or manage anything in particular. |
| (4) 3.- Based on the foregoing, I take the liberty of requesting INDER to specifically certify what are the expediente numbers assigned by the judicial branch to the harmfulness (lesividad) lawsuits initiated by INDER in compliance with judgment 2019-01245 of July 10, 2019, which annulled Ley No. 9223 with respect to the territories comprised in the forested zone (expediente 14-19174-007-CO).” | INDER | Request for certified information. |
| (5) 4.- Likewise, I very respectfully request INDER to send to the Registro Público de la Propiedad the list of all properties that were affected within the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), in effective compliance with what was ordered in the Sala Constitucional Judgment No. 2019-012745 of July 10, 2019, which annulled Ley No. 9223 with respect to the territories comprised in the forested zone (expediente 14-19174-007-CO).” (the emphasis does not belong to the original). | INDER. | Exhortation for the Administration to act in a certain way. |
| (6) 5.- I expressly request to be informed if INDER has managed, and if so, what actions INDER has taken to verify that the respective warning note has been effectively imposed on said properties that were affected within the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), as areas under special regime. We request this because apparently in the area, said properties are currently being freely commercialized, despite the fact that the Sala Constitucional ordered the State, and consequently INDER, to recover all those lands that are in the public domain. | INDER | Petition and/or request for information. |
| (7) 6.- I expressly request SINAC to inform the reasons why, as of today, what is described as forest in the Inspection report TAA-DT-0048-011 dated May 30, 2011, signed by Biologist Juan José Sánchez, representing the Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), has not been incorporated into the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), despite the fact that judgment 2019-012745 of July 10, 2019, annulled Ley No. 9923 with respect to the territories comprised in the forested zone (expediente 14-19174-007-CO).” | SINAC | Petition and/or request for information. |
| (8) 7.- I request SINAC to indicate in a clear, specific, and express manner, and duly substantiated (Article 16, subsection 1, and following of the Ley de la Administración Pública), the reasons why in the original certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, in all the blocks (12) delimited as PNE in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca, according to the 2017 certification signed by Eng. Edwin Cyrus Cyrus, and which is now clearly evident to have been a complacent certification based on false facts, the inclusion of the forest areas of zone 1 of the Refugio Nacional Mixto Gandoca Manzanillo described in the inspection report TAA-DT-0048-011 dated May 30, 2011, signed by Biologist Juan José Sánchez, representing the Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), was omitted, despite the participation of Engineer Anael Fuentes representing ACLAC. | SINAC | Petition and/or request for information. |
| (9) 8.- I request that you proceed to indicate in a clear and duly substantiated manner (Article 16, subsection 1., of the Ley de la Administración Pública), the reasons why the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) omitted to include the forest areas of zone 1 of the Refugio Nacional Mixto Gandoca Manzanillo described in official letters SINAC-SE-IRT-211-2020 dated 12/17/2020 and SINAC-IRT-015-2021 dated 02/02/2020, as ordered by the Sala Constitucional in vote 2019-12745 of July 10, 2019, which annulled Ley No. 9223 “with respect to the territories comprised in the forested zone” (expediente 14-19174-007-CO). | SINAC | Petition and/or request for information. |
| (10) 9.- I request INDER and SINAC to inform in a coordinated manner (Principle of institutional coordination developed erga omnes by the Constitutional Jurisprudence of Costa Rica), if the certifications SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-075-2020 and SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-076-2020, both dated July 23, 2020, were granted for any forest or property located within the harmfulness (lesividad) proceedings ordered in judgment 2019-012745 of July 10, 2019, which annulled Ley No. 9223 with respect to the territories comprised in the forested zone (expediente 14-19174-007-CO).” | INDER and SINAC | Petition. |
| (11) 10.- I beg the INDER and SINAC in a coordinated manner (Principle of institutional coordination developed erga omnes by the Constitutional Jurisprudence of Costa Rica), for a detailed report within the next ten days on the current occupants of the 35 farms originating from property 7-63149. Because residents of Manzanillo are denouncing real estate developments on the 35 farms originating from property 7-63149. | INDER and SINAC | Request for information. |
| (12) Finally, I beg you to specifically indicate the actions, acts, and measures of prevention and defense that both INDER and SINAC have taken from the date of notification of the Constitutional Judgment No. 2019-012745 of July 10, 2019, which annulled Ley No. 9223 with respect to the territories comprised in the forested zone (expediente 14-19174-007-CO)”, to defend the principle of legality, the rule of law, and the defense of the State's Heritage in relation to the 35 farms indicated above. | INDER and SINAC | Petition and/or request for information. |

   XI.- Before analyzing point (1) —for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure— it must be explained that based on vote No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has considered that matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the appropriate administrative remedies, must be referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions. In the sub lite, an exception case is raised: the Administration's delay in resolving a matter related to environmental protection. However, this Sala Constitucional observes that the matter was formulated on March 7, 2024, and the amparo action was filed on April 2, 2024, before 1 month had elapsed. Any claim for undue delay or dilation in resolving what was appropriate in Law is premature.

XII.- What is stated in points (2) and (3) is a narrative or recounting of facts; that is, the appellant did not request, ask for, or manage anything in particular. Simultaneously, what is raised in point (5) is an exhortation for the Administration to act in a certain way. This Sala Constitucional in judgment No. 2020-09049 at 9:15 a.m. on May 15, 2020, explained:

“(…) Certainly, the purpose of the appellant's request was not to require certain information or to file an administrative claim, but to formulate an exhortation so that the respondent authority acts according to what the promoter intended, so that this matter was exhausted upon its mere presentation, without there being a correlative obligation of the respondent party to respond to it. Ergo, the accused lack of response does not imply a violation of Article 27 of the Constitución Política, nor of ordinals 30 and 41 of the same Carta Fundamental (…)” (the emphasis does not belong to the original).

XIII.- Points (4) and (6) are petitions and/or requests for information directed to INDER. It was not demonstrated that what was requested had been responded to and provided.

XIV.- Points (7), (8) and (9) are petitions and/or requests for information directed to SINAC. It was not demonstrated that what was requested had been responded to and provided.

XV.- Points (10), (11) and (12) are petitions and/or requests for information directed jointly to INDER and SINAC, which have also not been answered.

XVI.- It is worth noting that official letter No. AEL-0049-2024 dated March 7, 2024, was also addressed to the Head of the Información y Regulación Territorial Department, but the appellant did not specify the unit.

XVII.- Conclusion. Under this set of circumstances, it is imperative to partially grant the amparo action, only with respect to the lack of response to the petitions and/or requests for information raised in official letter No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024 (specifically points (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and (12) of the table presented in Considerando XI of this judgment).

XVIII.- Documentation provided to the expediente. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The amparo action is partially granted, only with respect to the lack of response to the petitions and/or requests for information raised in official letter No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024 (specifically points (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and (12) of the table presented in Considerando XI of this judgment). Natalia Díaz Quintana and Osvaldo Manuel Artavia Carballo, in their respective capacities as Minister of the Presidency and Executive President of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), or whoever occupies these positions in their stead, are ordered to arrange what is necessary within the scope of their powers and coordinate what is pertinent so that, within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the petitioner is provided with what was requested in official letter No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024 (points (4) and (6) of the table presented in Considerando XI of this judgment). Natalia Díaz Quintana and Franz Tattenbach Capra, in their respective capacities as Minister of the Presidency and Minister of Ambiente y Energía, or whoever occupies these positions in their stead, are ordered to arrange what is necessary within the scope of their powers and coordinate what is pertinent so that, within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the amparo petitioner is provided with what was requested in official letter No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024 (points (7), (8) and (9) of the table presented in Considerando XI of this judgment). Natalia Díaz Quintana, Franz Tattenbach Capra, and Osvaldo Manuel Artavia Carballo, in their respective capacities as Minister of the Presidency, Minister of Ambiente y Energía, and Executive President of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), or whoever occupies these positions in their stead, are ordered to arrange what is necessary within the scope of their powers and coordinate what is pertinent so that, within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the petitioner is provided with what was requested in official letter No. AEL-0049-2024 of March 7, 2024 (points (10), (11) and (12) of the table presented in Considerando XI of this judgment). All responses and what is required must be notified to the address indicated by the petitioner for these purposes. The respondent authorities are warned that in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo action, and fails to comply with it or fails to ensure its compliance, provided the crime is not more severely punished. The Instituto de Desarrollo Rural (INDER) and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. The coadjuvancies filed are accepted. With respect to the alleged non-compliance with judgment No. 2019-012745 at 12:10 p.m. on July 10, 2019, and compliance with official letters Nos. DAA-OFI-376-2022 and DAA-OFI-370-2022 from the Procuraduría General de la República, the petitioner must abide by what is resolved in expediente No. 14-019174-0007-CO. In all other respects, the amparo action is dismissed. Notifíquese.

 

 

 

Paul Rueda L.

Presidente a.i



 

Luis Fdo. Salazar A.



 

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.



 

Ana María Picado B.

Alexandra Alvarado P.



 

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 BQKB6VVZIOE61

1

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:18:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República