Res. 25605-2024 Sala Constitucional — Facebook Block by Community Association and Water Rationing in HatilloBloqueo en Facebook de ADI y racionamientos de agua en Hatillo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 25605 - 2024

Fecha de la Resolución: 06 de Setiembre del 2024 a las 09:05

Expediente: 24-008159-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: SERVICIOS PÚBLICOS

Subtemas:

AGUA POTABLE.

Tema: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA

Subtemas:

REDES SOCIALES..

025605-24. SERVICIOS PÚBLICOS. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA. SE ORDENA DESBLOQUEAR USUARIO DE LA PÁGINA OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO MEJORAS DE CIUDADELA QUINCE DE SETIEMBRE HATILLO; Y SE ORDENA A LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), COORDINAR LO NECESARIO Y LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE QUE EN EL PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS REQUERIDAS PARA QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE HATILLO SE PRESTE DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ Y CONTINUA. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL. VCG09/2024

“(…) VII.- Sobre la naturaleza jurídica de las Asociaciones de Desarrollo Integral. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2016-010313 de las 09:15 horas de 22 de julio de 2016, explicó:

 

 “(…) Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, es menester señalar la naturaleza jurídica de las Asociaciones de Desarrollo. El artículo 14 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad n°3859, declara de interés público la constitución y funcionamiento de asociaciones para el desarrollo de las comunidades, como un medio estimular a las poblaciones a organizarse para luchar, a la par de los organismos del Estado, por el desarrollo económico y social del país. Por otro lado, en el Reglamento a la Ley N°26935-G, en su artículo 11 dispone que: Las asociaciones para el desarrollo de la comunidad son organismos comunitarios de primer grado, con una circunscripción territorial determinada. Son entidades de interés público, aunque regidas por las normas del derecho privado, y como tales, están autorizadas para promover o realizar un conjunto de planes necesarios para desarrollar social, económica y culturalmente a los habitantes del área en que conviven, colaborando para ello con el Gobierno, las municipalidades y cualesquiera organismos públicos y privados. De esta misma forma se incorporan a las estrategias y planes de desarrollo regional y a la descentralización. Aunando a lo anterior, la Procuraduría General de la República en el dictamen C-336-2011, del 23 de diciembre de 2011, estableció que: “las asociaciones de desarrollo comunal, en sus distintas modalidades (integral y específico), son entidades regidas por el derecho privado. A pesar de ser organizaciones cuya constitución y funcionamiento ha sido declarada de interés público, ello no les da ese carácter y, en consecuencia, no se encuentran sujetas al régimen de derecho público propio de las entidades públicas”. Igualmente, este Tribunal Constitucional ha reconocido el carácter de sujeto de derecho privado a las Asociaciones, a modo de ejemplo, el voto 2016-6005 de las nueve horas cinco minutos del seis de mayo de dos mil dieciséis, en un amparo contra la Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge de Upala (…)” (sic).

 

 Vale la pena acotar a lo anterior que según lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento a la Ley No. 26935-G, las asociaciones de desarrollo de la comunidad serán de dos tipos: “(…) a) Integrales: son asociaciones que representan a personas que viven en una misma comunidad y para cuya constitución es necesario que se reúnan por lo menos cien de ellas, mayores de quince años. b) Específicas: son asociaciones cuya finalidad es desarrollar objetivos específicos que favorezcan las condiciones económicas, sociales y culturales de una comunidad. Para su constitución es necesario que se reúnan por lo menos cincuenta personas, mayores de quince años. También podrán constituirse asociaciones específicas de carácter sectorial a nivel cantonal (…)” (sic).

 

 VIII.- Sobre el bloqueo del tutelado de la página oficial de Facebook de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo. El recurrente aseguró que fue bloqueado en la página oficial de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, por haber hecho el siguiente comentario en una de las publicaciones: “(…) A esto le llaman desarrollo? (…)” (sic). En el escrito de contestación de la audiencia conferida Johnny Aguilar Artavia, Presidente y Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Ciudadela Quince de Setiembre (Hatillo), indicó: “(…) Sobre el bloqueo de la página de Facebook, no es cierto, de lo contrario hubiese aportado prueba que demostrase dicho bloqueo, es extraña y merecedora de no credibilidad la queja, nótese su autoridad si el recurrente como manifiesta que fue bloqueado en la red social de Facebook por parte de la asociación de desarrollo, porque este no utilizó el medio del número telefónico o bien enviar un mensaje de texto, si describió mi número telefónico al final de su escrito inicial de recurso de amparo, quiere decir ostentaba mi número de teléfono todo el tiempo desde que ocurrieron los hechos, de contrario lo hubiere mencionado en su escrito inicial de amparo, mismo número que estaba en la página de Facebook, es decir, el supuesto bloqueo que alega el recurrente no bloqueo las llamadas telefónicos mucho menos los mensajes de texto o por vía WhatsApp de esto no aporta prueba que sustente sus alegatos, es decir, su derecho al acceso a la información como al derecho al acceso al agua al recurrente nunca fue vulnerado, ya que en la misma página de Facebook estaban otros medios para enterarse, como los el número de teléfono y como el WhatsApp (…) En aras de la verdad real y transparencia que deben imperar, señores magistrados, al señor recurrente pueden ustedes corroborar desde la misma página que es pública, no se le ha bloqueado, y al día de hoy consta que no está bloqueado, de lo contrario hubiese enviado prueba que pruebe sus alegatos de bloqueo. es cierto que a algunas personas que incitan a la violencia y vulneración de derechos se les ha bloqueado la página, para darle un ejemplo, uno de nuestros directivos de la junta administrativa de la asociación de desarrollo, persona de bien y trabajadora, en el mes de junio del presente año le dieron muerte por su defensa de seguridad en la comunidad, en estas comunidades del peligro asecha a aquellas personas que quieren el bien para sus comunidades, también tratamos de borrar post que hacen personas incitando los bloqueos de circunvalación por el tema del agua y otros problemas que nos asechan también, cuestión que esta agrupación no comparte ya que siempre procuramos llamar al diálogo como lo hizo el A y A con nosotros. Por tal, es que nuestra agrupación no ha bloqueado al señor, y a la fecha esta activo con un usuario de la página, rechazamos categóricamente que la misma haya vulnerado sus derechos, al contrario, siempre tuvo el medio para informarse como el teléfono celular en la página, que no lo utilizará por su mera voluntad no da para que manifieste vulneración a sus derechos (…)” (sic). No obstante, mediante el escrito agregado al expediente digital a las 15:01 horas de 29 de agosto de 2024, el recurrente afirmó: “(…) No es cierto que yo pudiera aportar alguna prueba en la red social de Facebook ya que la aplicación no da ningún aviso de que yo haya sido bloqueado, no se notifica ni me aparecen más publicaciones del perfil que me han bloqueado. Tampoco puedo acceder a una lista donde se detallen las cuentas que me han bloqueado, lo más que podría aportar yo, según un screenshot de una búsqueda en Facebook, señalando que no me aparece el perfil de la ADI 15 de setiembre, lo cual, aparece en Facebook como un indicio de que he sido bloqueado [aportó la imagen] Sin embargo, la persona que realiza el bloqueo, si tiene la posibilidad de mostrar la verdad o la falsedad del bloqueo, ya que puede acceder a la lista de personas bloqueadas, y con esto demostraría que el bloqueo no se realizó. Podría aportar como prueba un screnshot donde aparezca la lista de cuentas bloqueadas, demostrando que la mía no estaba incluida, sin embargo, no aportó el recurrido ninguna prueba que demuestre la falsedad de mi denuncia (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Ciertamente el representante de la asociación recurrida no aportó prueba de que el amparado no apareciera en la lista de los usuarios bloqueados del perfil de la asociación en la red social Facebook, pese a que tiene esa posibilidad. Dado que las observaciones del promovente a lo contestado son plausibles, en aplicación del principio in dubio pro libertate e in dubio pro homine, ha de tenerse por demostrado el bloqueo del usuario del tutelado.

 

 IX.- Tal y como se ha señalado en los considerandos anteriores la asociación recurrida es una asociación de desarrollo específica cuya naturaleza es de Derecho Privado, pero a la vez es de interés y utilidad pública. En el presente asunto quedó demostrado que la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo cumple una función de enlace entre la comunidad y el ICAA, para abordar el problema de racionamientos en el suministro de agua potable en la comunidad. El recurrente afirmó que por habérsele bloqueado no puede externar sus opiniones sobre las medidas implementadas, y se obstaculiza su acceso a la información sobre los racionamientos.

 

 X.- Esta Sala Constitucional ya se ha referido sobre el bloqueo del acceso de usuarios o su expulsión de cuentas de la Administración Pública en redes sociales. Estos estándares son aplicables mutatis mutandis a la  Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo en este contexto, dado el interés y utilidad públicas de por medio, y ante todo por su posición frente al ICAA en el abordaje de la problemática del suministro de agua potable. En la sentencia No. 2023-027568 de las 09:20 horas de 27 de octubre de 2023, este Tribunal particularizó los siguientes estándares:

 

“(…) de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, la Administración Pública al crear y utilizar cuentas para interactuar con los usuarios de las distintas redes sociales, debe: a) establecer claramente las reglas de interacción en el grupo o perfil; b) señalar expresamente las consecuencias que el irrespeto a tales directrices podría traer; c) los efectos del incumplimiento deben ser razonables o proporcionados (estipulando una gradualidad en el bloqueo y/o expulsión) y; d) de previo a bloquear o expulsar un usuario debe explicársele que su comportamiento en el grupo o perfil contraviene las reglas de interacción estipuladas (…)” (sic).

 

XI.- No se demostró en el sub examine que se cumpliera con los parámetros citados, razón por la cual esta Sala Constitucional debe intervenir.

 

XII.- Sobre el acceso del tutelado a los tanques de autoabastecimiento instalados. El recurrente adujo que desconoce los horarios de distribución del líquido en los tanques instalados en el IPEC (acudió el 23 y 26 de marzo de 2024 pero no pudo tener acceso).

 

XIII.- El ICAA conformó que en la Ciudadela 15 de setiembre se han instalado tanques como repositorios de agua que permiten a la población contar con un medio alterno de abastecimiento: “(…) En Hatillo esta acción para algunos representantes comunitarios no tiene buena acogida, sin embargo, la población usuaria hace uso de dichos reservorios para realizar actividades diarias tales como preparación de alimentos y otras actividades. Esta acción es ejecutada principalmente por personas que dado sus horarios de trabajo se les ha dificultado el acarreo de agua cuando la cisterna ha realizado sus recorridos. Es importante mencionar que AyA activó (puso cacheras y llenado de agua potable) un tanque en el IPEC 15 de Setiembre para abastecer sector sur de la comunidad (a disposición desde Marzo 2024), sin embargo, este tanque no es propiedad de la institución AyA sino del IPEC, y debido a las condiciones de riesgo que hay en este sector por vandalismo y habitantes de la calle que hacen mal uso de estos, el líder comunal indicó que el mismo sería instalado dentro de la propiedad del IPEC con las cacheras hacía adentro, y de ser requerido el servicio por una persona de la comunidad se le procedería a abrir. Colocaremos imágenes del tanque y como estaba instalado (…) Tanques instalados en la comunidad de 15 de Setiembre En esta comunidad se han instalado 2 tanques para abastecimiento el primero se instaló en la Escuela 15 de Setiembre en el mes de Febrero y el segundo con la colaboración del IPEC que facilitó un segundo tanque para que la comunidad pudiera acceder al recurso. La instalación de los tanques se comunicó por medio de las redes sociales institucionales, que son parte de los canales de información disponibles para los clientes (…) Por lo que el criterio de instalar esta fuente de abastecimiento de esta forma estuvo mediado por el criterio del representante comunal y no una decisión arbitraria de la institución, pues las valoraciones de ser colocado de esta forma tenían fundamento en los argumentos expuestos. Posterior a la fecha del 29 de marzo se sostiene conversación con representante de ADI 15 de Setiembre indicando que el tanque tenía una fuga que debíamos reparar, y se da respuesta que este tanque era mejor ya no realizar el llenado, debido a qué el Director del Centro Educativo mostró cierto descontento con ingreso de personas particulares al recinto educativo. Externando, además, que al sitio no estaba llegando nadie a recoger agua, aduciendo que esto se daba porque en el sector el abastecimiento de agua potable era bastante estable (…) Por parte de la Gestión social se externa que se realizaron una serie de gestiones para identificar otro sitio que cumpliera las condiciones de idoneidad para colocar un tanque, sin embargo, en la zona es limitado poder contar con un lugar que cumpliera condiciones de resguardo del tanque, estuviera con las cacheras a lo interno para evitar manipulación de personas que pudieran vandalizar el tanque, en ese sentido y tomando en cuenta que a partir del 1 de abril se realiza publicación de horarios definidos para la atención de esta población usuaria se valora que no hay requerimiento de tener un tanque en la zona debido al cumplimiento de los horarios establecidos por la institución. Es importante manifestar que estos tanques son medidas alternativas de abastecimiento cuando la población sufre desabastecimiento por días continuos y no programados. Sin embargo, actualmente en este sector no se cumple con este criterio. Importante señalar que, todas estas acciones realizadas y ejecutadas por Mercadeo-Gestión Social son atendidas en procura de buscar el bienestar social de la población usuaria y disminuir las vulnerabilidades asociadas por los faltantes de agua potable, pero al momento esta población de la 15 de Setiembre cuenta con el servicio de agua potable en los horarios establecidos y hasta más horas al día (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

 

XIV.- Uno de los tanques en cuestión fue instalado en las instalaciones del IPEC por así haberlo requerido la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, con las cacheras hacia adentro como medida de seguridad ante el vandalismo. Ulteriormente el tanque fue retirado debido a que no era muy utilizado y ningún otro lugar en la zona cumplía con los requerimientos establecidos. Ahora bien, ese no fue el único tanque instalado, también se ubicó otro en la Escuela 15 de setiembre, el cual mantenía las cacheras a orilla de la calle y cualquier persona podía utilizarlo, sin necesidad de autorización. Es claro, entonces, que el amparado tenía otra opción para autoabastecerse. Nótese que en el escrito agregado al expediente digital a las 15:01 horas de 29 de agosto de 2024, el recurrente manifestó: “(…) ante la consulta del líder comunal, acerca de por qué no me quejé del tanque de agua ubicado en la escuela quince de setiembre, que el tanque de la escuela no comparte las mismas condiciones que el instalado en el IPEC, ya que, a pesar de ser tan cercanos geográficamente, el tanque ubicado en la escuela quince de setiembre mantiene las cacheras a orilla de la calle (se aprecia en la fotografía), y cualquier persona puede acercarse a tomar agua sin solicitar permiso y esperar la aprobación del líder comunal para que proceda a abrir la puerta. ¿Será que hay menor incidencia del hampa en esos doscientos metros de diferencia? Sin duda, no cabría la queja, e incurriría en necedad, si me quejara igualmente del tanque ubicado en la escuela quince de setiembre, ya que, este tanque si estaba disponible al público. Y la única razón por la que busqué el tanque del del IPEC es porque el tanque de la escuela se había vaciado (a este sí se acercan los vecinos a tomar agua, y aún sigue disponible) (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Para efectos de la jurisdicción constitucional y la tutela del derecho de acceso al agua potable lo relevante es que el tutelado y los vecinos de la localidad sí tenían disponible otra alternativa (aunque el recurrente afirmara que en el preciso instante que deseaba consumir agua, el de la escuela no tenía, de su propio dicho se desprende que posteriormente fue reabastecido).

 

XV.- El promovente afirmó que la forma acordada para facilitar agua excluye a las personas adultas mayores y con discapacidad, quienes no pueden transportar baldes llenos de agua hasta sus casas. El recurrente efectuó sus afirmaciones de forma general sin detallar un caso en particular de alguna persona adulta mayor o con alguna discapacidad. Lo anterior impide a este Tribunal elaborar una relación de hechos específica a partir de la cual determinar si se dio una lesión o amenaza concreta a un derecho fundamental. Se recuerda que el recurso de amparo es un mecanismo procesal para la tutelada de los derechos humanos frente a lesiones o amenazas claras, concretas, específicas e inminentes.

 

XVI.- En todo caso, el ICAA afirmó que entre las acciones desplegadas en la Ciudadela 15 de setiembre está: “(…) Identificación de población con mayores condiciones de vulnerabilidad: se coordinará con la CCSS y otras entidades el acceso a la ubicación de población adulta mayor, personas con dificultades de movilidad, con condiciones graves de salud para gestionar una solución más personalizada (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

 

XVII.- Sobre los racionamientos en el suministro de agua potable en la localidad de Hatillo. [Nombre 001] es vecino de Hatillo, Ciudadela 15 de setiembre; vive en una casa arrendada, por lo que el medidor de agua potable no está inscrito a su nombre.

 

XVIII.- En el informe No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló: “3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración”. Mediante oficio IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” emitido por la ARESEP, se concluyó: “(…) respecto al equilibrio financiero del servicio de acueducto, si bien, actualmente se dispone de la liquidez necesaria para tender la prestación del servicio, en el mediano plazo, la misma se verá comprometida severamente, dadas las directrices implementadas por el AyA de utilizar los flujos del gasto por depreciación y depreciación revaluada (reposición de activos) para atender las obligaciones financieras asociadas a iniciativas de proyectos de inversión, las cuales han visto vencer el periodo de gracia (plazo para construir la obra), lo cual empieza a generar un gasto financiero, sin que a la fecha se disponga de una solución a las necesidades de los usuarios (ausencia de proyecto). Adicionalmente, el equilibrio financiero de un servicio público debe reflejar el resultado de una gestión eficiente y eficaz en materia de inversiones, costos y gastos económicos incurridos en cumplir con los estándares y las normas de calidad preestablecidos en la prestación del servicio de acueducto. En el caso de análisis, evidentemente, el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…) Es importante señalar que el flujo de rédito para el desarrollo está orientado en atender las necesidades de inversión y el repago de las obligaciones financieras (gasto por intereses) adquiridas por el prestador para financiar la cartera de proyectos en infraestructura. En este sentido, el no disponer de la información completa, que valide y permita dar trazabilidad de los costos y cambios en el alcance de los proyectos de inversión durante el periodo 2018-2024, somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones) como con los acreedores (deudas pendientes). Razón por la cual, la Autoridad Reguladora ha sido enfática desde el año 2021 mediante diferentes oficios y fiscalizaciones técnicas, que el AyA debe modificar sus gestión en proyectos de tal manera que el (sic) permita disponer de la información, garantizar la trazabilidad de la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios, validar la información de los proyectos en los reportes de capitalización contable, actualización del sistema de aprobación y seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la Aresep y le garantice a los usuarios que cada calón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz. 6. El nivel de rédito para el desarrollo obtenido por el AyA, (Rédito en dólares: 6, 71% y Rédito en colones: 9,4%) es menor al costo del endeudamiento asumido e incorporado en el presente estudio para el AyA (…), lo cual tiene una serie de implicaciones para el servicio, tales como: Está exponiendo al servicio público de acueducto a soportar un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad de generar recursos para el repago de esta, lo cual le está transfiriendo un riesgo operativo y financiero a los usuarios. El costo de la deuda asociado a proyectos a largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social, un rezago en las oportunidades de desarrollo y un potenciador de desigualdades territoriales y económico sociales. 7. El AyA debe de llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda de largo plazo, que garantice tasas de interés más competitivas y evitar un desclase financiero, así como evitar asumir y trasladar costos poco competitivos de deuda a los asociados, dado que, si bien las tarifas se fijan bajo el principio al costo, de conformidad con lo que establece el artículo No. 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora, no debe ser a cualquier costo (…) 9. Se procedió a rechazar la solicitud de capitalización de los proyectos de inversión propuestos para el servicio de acueducto del periodo 2018-2021, por un monto de ¢ 108 081, 96, de acuerdo con los siguientes criterios: Un 70% de los proyectos no se encuentra disponible, según indica el operador, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de costo, alcance y plazo durante las etapas de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y capitalización de activos. Del 30% de los proyectos que adjuntan alguna documentación, en la mayoría de los casos corresponde a el (sic) monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, el cual en su mayoría no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Mucho menos poder identificar cuales (sic) proyectos son para sustituir activos y cuales (sic) son para ampliar o mejorar la prestación del servicio, a su vez no es posible identificar los retiros de activos asociados a las capitalizaciones por sustitución o reemplazos (…) 10. Ante las inconsistencias señaladas en las inversiones propuestas a capitalizar por parte del AyA, y dados los problemas de información asociados a los proyectos del 2018-2024, se ET-074-2018). Lo anterior, permitirá, por un lado, no trasladar a los usuarios montos asociados a iniciativas de proyectos que todavía no están útiles y utilizables o del todo no se le puede dar trazabilidad, y por otro lado, al prestador, a quien se le alerta del riesgo que se está materializando, ante la incapacidad de capitalizar los proyectos de inversión, dados los impactos financieros y operativos que acarrea ese descalce de obras y el financiamiento de estas, con tasa de interés del 13,5% promedio. 11. El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones. 12. El subregistro de ventas de agua potable por del AyA, en parte tiene su explicación en que 8 de cada 10 medidores están en mal estado o con su vida útil vencida, lo cual incide en que esos costos por ventas de agua no registrados correctamente, lo terminen pagando todos los usuarios del servicio, independientemente del estado físico del medidor, como un castigo al consumo y al ahorro del recurso hídrico que hacen las familias (…) 14. El AyA no tiene una estrategia que permita contar con la información de la calidad del agua actualizada de manera anual tanto para los sistemas operados por AyA como aquellos que ha delegado a prestadores del servicio como Asadas, genera que los problemas asociados a la presencia de parámetros como arsénico, hierro, manganeso y las moléculas asociadas a agroquímicos no sean atendidas a tiempo, y por el contrario los mismos solo reciben atención una vez que la afectación a la calidad del agua se ha materializado (…)” (el destacado fue incorporado). En el informe No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada. 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal. 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones. 3.5. Los resultados encontrados limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 4. DISPOSICIONES (…) A JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 4.4. Diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos: i) un plan de gestión de riesgos del portafolio; ii) un plan de recuperación del portafolio; iii) un sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio; iv) el portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución; v) las mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto de conformidad con los lineamientos de MIDEPLAN y la normativa aplicable vigente; vi) los criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad; y vii) los roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del modelo de gobernanza a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 30 de abril de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.5. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que contenga al menos las orientaciones para: i) la gestión de los recursos financieros; ii) diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos; iii) resultados de productos y servicios; iv) resultados financieros; v) resultados de los procesos (eficacia organizacional); y vi) resultados de liderazgo; con el fin de modernizar su organización, procesos y procedimientos, y aumentar la eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, sostenibilidad y productividad de sus actividades. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del Modelo a más tardar el 30 de junio de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 29 de mayo de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.6. Elaborar, divulgar e implementar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que incluya las acciones e instrucciones a ser implementadas para la gestión financiera del portafolio de inversión pública, que integre al menos: i) indicadores de sostenibilidad financiera del portafolio de inversiones y de la organización; ii) mecanismos de medición, monitoreo y control y su periodicidad; iii) los límites preventivos y alertas de los indicadores, iv) acciones de sensibilización en la organización sobre la sostenibilidad financiera; v) lineamiento sobre la frecuencia para solicitar ajustes tarifarios; y vi) reportes e insumos necesarios derivados del sistema de información referencial contenidos en el párrafo 4.4 del presente informe. Remitir a la Contraloría General una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta Directiva de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, posterior a la resolución por parte de ese órgano, remitir una certificación donde conste la divulgación e implementación de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 31 de agosto de 2026. (ver párrafos del 2.55 al 2.76). A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO 4.7. Resolver acerca de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que reciba de la Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo n.° 4.6 de este informe. Remitir al Órgano Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la propuesta (…)”. El 6 de junio de 2024, la Contraloría General de la República, en un criterio aplicable mutatis mutandis al sub examine, indicó: “III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 1- Aspectos relacionados con la suspensión del servicio Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito de San Isidro, el Órgano Contralor encuentra consistencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por el recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por el recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. Al respecto, con base en estudios de fiscalización realizados con anterioridad, entre ellos el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables. Por su parte, se tiene acreditado mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-00008-2018 antes mencionado, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad, en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades, restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos. Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades. Acerca de la suspensión del servicio, el recurrente señala que la situación empeoró a partir del 8 de mayo de 2024, con interrupciones de hasta tres días consecutivos sin agua. El agua se distribuye únicamente durante dos horas en la madrugada, de 2:00 a 4:00, lo cual obliga a los vecinos a permanecer despiertos para realizar actividades esenciales como lavar ropa y trastes. Además, destaca la existencia de una escuela en funcionamiento en la comunidad, donde cientos de niños y niñas necesitan agua, particularmente para prevenir la propagación de un cuadro viral de problemas estomacales alertado por el Ministerio de Salud. Cabe destacar, que de acuerdo al (sic) reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que los requerimientos mencionados. Asimismo, tal normativa 1 en los artículos 86 y 90 establece que las interrupciones temporales atendidas por medio de cisternas, deben contemplar puntos de entrega lo más cerca posible de los domicilios y con facilidad de recolección de agua, todo con el fin de conceder a todas las personas la posibilidad de acceder el servicio de agua potable en condiciones de igualdad, ante su naturaleza y carácter indispensable para la vida y salud humana. Sobre lo anterior, el ICAA en el memorando n.° SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, del 14 de mayo, describe las acciones de atención mediante el reparto de agua, en términos de cantidad de camiones cisterna y su equivalente en viajes de reparto y litros, así como el detalle de los puntos en los que fueron instalados 11 tanques de almacenamiento de agua como puntos de atención fija con camión cisterna. Al respecto, no se aporta evidencia documental sobre franjas horarias específicas en las se abasteció mediante el mecanismo alternativo de camiones cisterna el servicio se ha visto interrumpido, por tanto, este Órgano Contralor no puede emitir opinión. Asimismo, el informe “Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado” cita una serie de acuerdos entre el ICAA y representantes comunales de la comisión Pro-Agua San Francisco de Coronado, entre los que se encuentran instalar tanque en el sector de Corazón de Jesús, zona con alta afectación, así como coordinar con el Centro Educativo de la localidad el llenado de los tanques del Centro Educativo y con ello garantizar que el curso lectivo pueda continuar sin ningún tipo de interrupciones. No obstante, no se acredita en la prueba aportada el cumplimiento de los acuerdos antes citados, ni el establecimiento y ejecución de un mecanismo suficiente para la integración de todas las personas en condición de vulnerabilidad o en las condiciones citadas por el recurrente (infantes recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores, entre otros), principalmente en los casos donde se estima la utilización del cisterna como medio alternativo.  2- Sobre la respuesta del ICAA para solventar los problemas Como respuesta al recurso de amparo interpuesto, el ICAA refirió a una serie de hechos causales relacionados con las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano. Entre las justificaciones apuntadas, se indicó: 1) El desequilibrio entre la oferta y la demanda, impidiendo satisfacer la creciente demanda de los usuarios. Señala que este problema se ha agravado por el fenómeno El Niño y la contaminación con hidrocarburo de la toma de captación de la Planta Potabilizadora de Guadalupe, que estuvo fuera de operación del 28 de enero al 2 de febrero de 2024 y sigue funcionando de manera limitada. En marzo de 2024, también se registró una disminución en el caudal de producción de la Planta Los Cuadros y una fuga en la impulsión del bombeo de Coronado entre el 28 y 30 de marzo, desequilibrando el sistema e impidiendo su recuperación normal. A pesar de estas afectaciones, arguye que la población ha tenido acceso al agua potable a través de la red en periodos limitados. 2) Anuncio de suspensiones: Indica que las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano han sido anunciadas a la población por los canales oficiales y se han mantenido en apego a los horarios establecidos. Con el objetivo de atender tales condiciones, el ICAA señala haber emprendido acciones como la colocación de tanques en puntos estratégicos, el abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna y comunicación mediante líderes comunales, así como la inversión en la instalación de una línea de conducción entre la estación de rebombeo de “Vistamar” y hasta el tanque existente en la Finca de “Coronado” de AyA, en la comunidad de San Isidro de Coronado. Sin embargo no se refirió a que el servicio de agua se brinda solo entre las 2:00 y 4:00 de la madrugada. Acerca de lo anterior, la Contraloría General en el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión. Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable. En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio. Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad. También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios.  IV. CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2. Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en Vázquez de Coronado, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3. Este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento conforme a las condiciones requeridas. 4. No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar criterio. En todo caso, se recalca el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable; por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones” (el resaltado fue incorporado). (ver el expediente No. 24-012146-0007-CO, tenido ad effectum videndi et probandi).

 

XIX.- A partir del 1° de abril de 2024, el sistema de abastecimiento de la Ciudadela 15 de setiembre se rige por un horario de martes, jueves y domingo de 4:00 am a 1:00 pm, y lunes, miércoles, viernes y sábado de 4:00 am a 11:00 am. Como parte de las acciones de atención a las comunidades que presentan desabastecimiento del acueducto metropolitano, el sector de 15 de setiembre ha sido atendido en el marco de las reuniones comunales de Hatillo, con una representación de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre, a través de la cual se han coordinado las diversas acciones requeridas. Entre las acciones realizadas para la atención del sector de 15 de setiembre está: “(…) a. Suministro de agua por medio de camión cisterna: se contará con distribución de agua por medio de cisterna cuando el servicio se vea interrumpido por más de 8 horas. Se atenderán y agruparán solicitudes de camiones cisterna y se priorizarán de acuerdo con la cantidad de reportes de faltante. Se informará por medio de chats comunitarios de WhatsApp y redes sociales los sitios donde se encuentren los camiones cisterna. b. Comunicación institucional: se realizarán mejoras en la comunicación dirigida a las comunidades, en aspectos puntuales sobre qué y cómo se comunica. Además, se informa que se está realizando una campaña sobre el uso racional del agua. c. Identificación de puntos críticos para colocación de tanques de almacenamiento como fuente pública: Desde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se realiza levantamiento de tanques existentes para conocer las condiciones y activarlos. Se priorizan centros educativos, albergues, centros médicos, delegaciones de Fuerza Pública y Bomberos. d. Identificación de población con mayores condiciones de vulnerabilidad: se coordinará con la CCSS y otras entidades el acceso a la ubicación de población adulta mayor, personas con dificultades de movilidad, con condiciones graves de salud para gestionar una solución más personalizada. e. Espacios de reuniones con lideres comunales: Se debe mencionar que la Institución mantiene una estrecha relación de cercanía con las comunidades que presentan limitaciones por el desabastecimiento de agua potable o por abastecimientos controlados. Dentro de los espacios de reuniones se sostuvo el 22 de marzo 2024 en Presidencia Ejecutiva coordinada por el área de comunicación (…) se cuentan con los tanques de auto abastecimiento y el reparto por medio de cisternas. Con relación al reparto con camiones cisterna, según sean las condiciones de servicio en la comunidad de 15 de septiembre y con base en lo establecido en la reglamentación vigente, para los casos donde las suspensiones del servicio sean por situaciones imprevistas tales como fugas, o salidas del campo de pozos de La Valencia por falta de energía eléctrica y donde además, la afectación en los usuarios supere las 8 horas de afectación se hará un reparto alternativo de agua potable por medio de camiones cisterna. Para el caso específico, el AyA cuenta con el registrador de presión ubicado en el costado oeste del Condominio Mixto Bambú Eco, con base en los datos de presiones registrados, se puede indicar que durante el mes de abril del 2024 los usuarios no han tenido afectaciones mayores a las 8 horas de desabastecimiento (…)” (sic). De acuerdo con la Macro Zona Oeste GAM del ICAA: “(…) Con relación al reparto con camiones cisterna, según sean las condiciones de servicio en la comunidad de 15 de septiembre y con base en lo establecido en la reglamentación vigente, para los casos donde las suspensiones del servicio sean por situaciones imprevistas tales como fugas, o salidas del campo de pozos de La Valencia por falta de energía eléctrica y donde además, la afectación en los usuarios supere las 8 horas de afectación se hará un reparto alternativo de agua potable por medio de camiones cisterna. Para el caso especifico el AyA cuenta con el registrador de presión ubicado en el costado oeste del Condominio Mixto Bambú Eco, con base a los datos de presiones registrados, se puede indicar que durante el mes de abril del 2024 los usuarios no han tenido afectaciones mayores a las 8 horas de desabastecimiento (…)” (sic). También se han instalado tanques como repositorios de agua que permiten a la población contar con un medio alterno de abastecimiento: “(…) En Hatillo esta acción para algunos representantes comunitarios no tiene buena acogida, sin embargo, la población usuaria hace uso de dichos reservorios para realizar actividades diarias tales como preparación de alimentos y otras actividades. Esta acción es ejecutada principalmente por personas que dado sus horarios de trabajo se les ha dificultado el acarreo de agua cuando la cisterna ha realizado sus recorridos. Es importante mencionar que AyA activó (puso cacheras y llenado de agua potable) un tanque en el IPEC 15 de Setiembre para abastecer sector sur de la comunidad (a disposición desde Marzo 2024), sin embargo, este tanque no es propiedad de la institución AyA sino del IPEC, y debido a las condiciones de riesgo que hay en este sector por vandalismo y habitantes de la calle que hacen mal uso de estos, el líder comunal indicó que el mismo sería instalado dentro de la propiedad del IPEC con las cacheras hacía adentro, y de ser requerido el servicio por una persona de la comunidad se le procedería a abrir. Colocaremos imágenes del tanque y como estaba instalado (…) Tanques instalados en la comunidad de 15 de Setiembre En esta comunidad se han instalado 2 tanques para abastecimiento el primero se instaló en la Escuela 15 de Setiembre en el mes de Febrero y el segundo con la colaboración del IPEC que facilitó un segundo tanque para que la comunidad pudiera acceder al recurso. La instalación de los tanques se comunicó por medio de las redes sociales institucionales, que son parte de los canales de información disponibles para los clientes (…) Por lo que el criterio de instalar esta fuente de abastecimiento de esta forma estuvo mediado por el criterio del representante comunal y no una decisión arbitraria de la institución, pues las valoraciones de ser colocado de esta forma tenían fundamento en los argumentos expuestos. Posterior a la fecha del 29 de marzo se sostiene conversación con representante de ADI 15 de Setiembre indicando que el tanque tenía una fuga que debíamos reparar, y se da respuesta que este tanque era mejor ya no realizar el llenado, debido a qué el Director del Centro Educativo mostró cierto descontento con ingreso de personas particulares al recinto educativo. Externando, además, que al sitio no estaba llegando nadie a recoger agua, aduciendo que esto se daba porque en el sector el abastecimiento de agua potable era bastante estable (…) Por parte de la Gestión social se externa que se realizaron una serie de gestiones para identificar otro sitio que cumpliera las condiciones de idoneidad para colocar un tanque, sin embargo, en la zona es limitado poder contar con un lugar que cumpliera condiciones de resguardo del tanque, estuviera con las cacheras a lo interno para evitar manipulación de personas que pudieran vandalizar el tanque, en ese sentido y tomando en cuenta que a partir del 1 de abril se realiza publicación de horarios definidos para la atención de esta población usuaria se valora que no hay requerimiento de tener un tanque en la zona debido al cumplimiento de los horarios establecidos por la institución. Es importante manifestar que estos tanques son medidas alternativas de abastecimiento cuando la población sufre desabastecimiento por días continuos y no programados. Sin embargo, actualmente en este sector no se cumple con este criterio. Importante señalar que, todas estas acciones realizadas y ejecutadas por Mercadeo-Gestión Social son atendidas en procura de buscar el bienestar social de la población usuaria y disminuir las vulnerabilidades asociadas por los faltantes de agua potable, pero al momento esta población de la 15 de Setiembre cuenta con el servicio de agua potable en los horarios establecidos y hasta más horas al día (…)” (sic). La información sobre las interrupciones del servicio de agua potable es publicada por el ICAA: “(…) para que quede a disposición del usuario y toda la población las 24 horas del día, durante todos los días del año, por medio de la página web institucional, la aplicación móvil Servicios AyA y las historias de Facebook. Esta información se publica con base en un boletín emitido por el Centro de Control Operacional, el cual contiene los datos de la interrupción del servicio, tales como la fecha, hora de inicio y hora estimada de finalización, sectores afectados, motivo de la interrupción, entre otros. Durante los meses de marzo y abril de 2024, se generaron 62 reportes por medio de la App Servicios AyA para el distrito de Hatillo, con el fin de informar sobre desabastecimientos e interrupciones del servicio de agua. La descarga y uso de la aplicación es gratuita y la información queda a disposición del usuario las 24 horas del día, durante todos los días del año. Conforme a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Técnico Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, ARPSAYA-2013 y su reforma, si la suspensión del servicio se prolonga por más de ocho horas naturales, se programa el suministro de agua potable por medio de camiones cisterna, para que los usuarios puedan suplir sus necesidades básicas. Para conocer la ubicación de los camiones cisterna, el usuario puede comunicarse por medio de la línea gratuita de atención telefónica 800-REPORTE (800-7376783) y por medio del número de servicio (NIS) el agente le puede informar la ubicación de la unidad más cercana. Además, la Institución pone a disponibilidad de la población una serie de canales para que éstos puedan informarse cuándo ocurren discontinuidades en su servicio a causa de averías u ocasionadas por abastecimientos controlados o por desabastecimientos cuando hay escasez del recurso, y que permite además realizar sus reportes de averías, entre ellos: a. Atención telefónica Gratuita: Línea 800-REPORTE (800-737-6783) b. Descargando en el celular la APP: SERVICIOS AYA c. WhatsApp: 8376-5103 d. Facebook: https://www.facebook.com/AcueductosyAlcantarilladosCR/ e. Correo Electrónico Oficial: [email protected] f. Sitio Web: www.aya.go.cr Por otra parte, estas acciones de mantener cercanía con los lideres comunales formales y otros identificados en la comunidad, es parte de los esfuerzos institucionales para redoblar la comunicación en las comunidades que presentan afectación, pero no es la única vía de comunicación y medio informativo que se tiene en las diferentes comunidades (…)” (sic).

 

XX.- De previo a resolver lo que en derecho corresponde, se estima oportuno traer a colación la sentencia No. 2020007754 de las 9:45 horas del 24 de abril de 2020:

 

“III.-Caso concreto. En el sub examine, la recurrente indica que es una persona adulta mayor de 70 años que vive en Hatillo 2 con su esposo de 76 años, su hija de 40 años y su nieta de 10 años. Manifiesta que la comunidad que habita en la que vive sufre de racionamientos y suspensiones de agua, en principio, por la escasez de ese líquido. Narra que el 9 de marzo de 2020 tuvieron agua de las 4:15 a las 6:00 horas; sin embargo, fue tan poca que con costos pudo recoger para tomar y cocinar. Menciona que, debido a lo anterior, el agua no alcanzó para llenar los tanques de los inodoros ni tampoco para lavar la ropa. Alega que tienen más de 40 horas sin agua en sus hogares. Señala que, entre las 13:00 y 14:00 horas de ese mismo día, un vecino les indicó que había un camión cisterna en el sitio, lo que les permitió recoger agua; empero, acusa que, en ese momento, no hubo ningún tipo de aviso que informara que los camiones cisterna se encontraban cerca. Sostiene que, debido a lo anterior, los otros habitantes de la zona no pudieron recoger agua. Refiere que la presidenta ejecutiva del ICAA informó que con motivo del Covid 19 pondrían agua en dos momentos del día; no obstante, tal afirmación no ha sido cumplida. Pide que se respete el derecho que tiene de recibir agua potable en horarios y tiempo razonables.

 

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la recurrente es una persona adulta mayor. Los tanques del sur del ICAA tienen problemas de desabastecimiento y son los que suplen el servicio de agua para la zona de los Hatillos. Estos tanques toman el líquido principalmente del sistema La Valencia y se refuerzan con los sistemas de Puente de Mulas (a través de Bello Horizonte) y de Tres Ríos por medio los tanques de Curridabat. El ICAA cuenta infraestructura para potabilizar el agua; sin embargo, las fuentes no tienen la capacidad de proporcionar el recurso requerido. Los desabastecimientos dependen de una serie de factores tales como: la demanda de la población (que varía con la hora del día, la temperatura, el día de la semana, etc), la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, entre otras. En la época seca de años anteriores, el sistema de tanques del sur se podía reforzar por más tiempo con agua proveniente de la planta potabilizadora de Tres Ríos; no obstante, debido a los problemas que se afrontan en todo el acueducto, el refuerzo se ha minimizado. El ICAA ha desarrollado varios proyectos que ya están en operación y, en los dos últimos años, se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Doña Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, no ha sido suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. En 2019, el ICAA comenzó a operar el pozo Chigüite que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos, con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los tanques del sur. A finales de 2019, la Intendencia de Agua de la ARESEP solicitó a los operadores exponer sus planes de estiaje y las acciones para disminuir los racionamientos en 2020. De los planes aportados, la ARESEP destaca que se han aprobado los recursos suficientes a los efectos de realizar las inversiones necesarias para los racionamientos; sin embargo, la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores no ha sido la deseable. A partir del 6 de marzo de 2020, el ICAA dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la planta de Tres Ríos para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de tanques del sur. El 9 de marzo de 2020, la zona de Hatillo 2 tuvo agua de las 4:15 a las 6:00 horas. El 9 de marzo de 2020, la recurrente recibió agua de un camión cisterna. Al 10 de marzo de 2020, fecha de la interposición del recurso, aún no se había restablecido el servicio de agua en Hatillo 2. Las bitácoras de reparto de agua del ICAA consignan, en relación con Hatillo 2, lo siguiente: i) El 4 de marzo de 2020 se hicieron los siguientes viajes: a. Uno a “Hatillo 2-4-8”. b. Uno a “Hatillo “#1, #2”. ii) El 5 de marzo de 2020 se efectuaron ocho viajes a “Hatillo, Hatillos 2 y 4, Colegio Cedes Don Bosco”. iii) El 6 de marzo de 2020 se llevaron a cabo tres viajes a “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén”. iv) El 7 de marzo de 2020 se materializaron los siguientes viajes: a. Uno a “Parque nacional Mara Redonda. Hatillo # 2-Hatillo #8”. b. Uno a “Hatillo 2”. c. Uno a “Hatillo 2-4-8”. d. Tres a “Hatillo 2 Valdeado”. v)El 8 de marzo de 2020 se perpetraron los siguientes viajes: a. Uno a “Hatillo #2- Hatillo #8-INA Florida”. b. Dos a “Hatillo 2 y alrededores”.  c. Dos a “Hatillos 2, 3,5”.vi) El 9 de marzo de 2020 se consumaron dos viajes a “Hatillo #1, Hatillo centro y Hatillo #2”. Los usuarios pueden consultar los siguientes canales de comunicación para informarse de los boletines de afectación en sus respectivas comunidades a través: línea 800- REPORTE (7376783); aplicación para dispositivos SERVICIOS AYA; WhatsApp: 8376-5103 y Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. El 12 de marzo de 2020, el ICAA fue notificado del curso de este amparo. El 12 de marzo de 2020, el ICAA interconectó el pozo W5 al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillo. La Intendencia de Agua de la ARESEP, mediante oficio n.º OF-0200-IA-2020 de 16 de marzo de 2020 dirigido a la presidenta ejecutiva del ICAA, expuso: “(…) No obstante, y pese a que el país se encuentra actualmente en una situación de emergencia sanitaria, diferentes localidades del país, especialmente en Área Metropolitana de San José, se encuentran sufriendo constantes racionamientos de agua, justificado por el AyA en que esto sucede porque durante la época seca, el sistema de acueducto afronta un déficit de agua sumado al aumento en el consumo del líquido durante los meses de verano. Ante esto, la Autoridad Reguladora reitera que es responsabilidad de os prestadores implementar una política permanente de planificación que permita prevenir situaciones como esta, basados en estándares de eficiencia y considerando las circunstancias adversas que se dan durante la época anual de estiaje y de sequía. En particular, deben ser capaces de desarrollar una capacidad de respuesta y un plan de contingencia adecuado para evitar los racionamientos de agua en los periodos de sequía.  Los prestadores tienen conocimiento que el impacto del cambio climático en las aguas se traduce en una limitación en la cantidad del recurso y siendo uno de los principios fundamentales de los servicios públicos su continuidad, es indispensable que realicen los esfuerzos necesarios para mejorar de manera sostenida y no solo momentánea el problema de escasez de agua que afecta a las localidades a las que les brinda el servicio. Lo anterior contrasta con la persistencia de los problemas de racionamiento a lo largo de varios años y en una gran cantidad de comunidades, lo que reafirma que no se trata de situaciones que se puedan catalogar como caso fortuito o fuerza mayor.  Aunque la Autoridad Reguladora es consciente de los esfuerzos institucionales realizados por sus representadas para evitar los impactos en la población derivados de los racionamientos de agua que se han dado en los últimos años, este problema es cada vez más recurrente y afecta a una mayor cantidad de población. Las razones son múltiples, pero llama la atención de esta Autoridad reguladora el rezago en la inversión en infraestructura y las significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada (ANC). Es imprescindible que AyA solucione ambos problemas en un plazo prudencial. No obstante las advertencias realizadas por la Autoridad Reguladora sobre el particular y sobre todo, haberse tenido conocimiento a nivel nacional e internacional del actual brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), los racionamientos de agua por parte del AyA continúan siendo una medida recurrente y los usuarios siguen sufriendo la falta de agua, vulnerando con ello el sistema de salud del país y desde el punto de vista regulatorio, el principio fundamental de continuidad en la prestación de los servicios públicos; siendo su obligación de acuerdo con el artículo 14 incisos i) y j) de la Ley N°7593, el estar preparados para asegurar en el corto plazo la prestación del servicio de manera regular y segura. Las diferentes explicaciones que ha ofrecido el AyA en varias instancias sobre las razones que han llevado a los altos niveles de desabastecimiento de varias zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de San José, no permite concluir que se les deba excluir de la aplicación del citado artículo 95 o que se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, dado que, tal y como se indicó anteriormente, la situación de racionamientos se ha presentado en forma recurrente a lo largo de varios años. En consecuencia, se instruye en este acto al AyA, para que proceda con el ajuste en el monto de la facturación de los servicios a todos sus abonados afectados por los racionamientos, para los siguientes casos en que aplica el artículo 95 del Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015 sea: a) Cuando la prestación del servicio sea menor a 16 horas naturales diarias durante al menos 20 días naturales al mes; y b) Cuando la suspensión del servicio durante 24 horas naturales por más de tres días naturales consecutivos o más de 7 días naturales no consecutivos, ambos en el mismo mes. Esta disposición es independiente de otras que han girado en el sentido de corregir en un tiempo prudencial las situaciones de racionamiento que recurrentemente se han presentado; por lo que AyA no puede asumir que la aplicación del citado artículo 95 le exime de corregir la problemática tipificada. Adicionalmente, debe comunicarse a esta Autoridad Reguladora, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el mecanismo que implementará para cumplir con esta disposición”.  El 27 de marzo de 2020, el ICAA inició la sustitución de tuberías en sectores de Hatillo 2 por unas de mayor capacidad, lo que permitirá aumentar el caudal disponible para los hogares de calle Villanea, calle 50A, calle 52, calle 54A y alameda entre calles 54 A y calle 56, con un avance del 70%, ya que faltan las interconexiones y la conexión de acometidas. El 27 de marzo de 2020, el ICAA interconectó un nuevo pozo (W16) al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillos. Este pozo tiene una capacidad de producción de 75 litros por segundo (l/s), el equivalente al consumo diario de 18.500 personas. El ICAA se encuentra ejecutando el proyecto “BPIP N° 2680: Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela” con el fin de mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable en sectores con afectación crítica durante la época seca, tales como los barrios de sur, entre ellos Hatillo. El proyecto inició el 1º de febrero de 2019 y tiene proyectado finalizar el 1º de noviembre de 2023.

 

En relación con este tema, la Sala ha tenido definida una línea jurisprudencial. Por sentencia n.º 2019-019080 de las 9:20 horas de 4 de octubre de 2019 resolvió:

 

“III.- En cuanto al desabastecimiento de agua potable por la época seca. Respecto a esta problemática que, actualmente, afecta a muchas comunidades del territorio nacional, esta Sala mediante sentencia No. 2019-007183 de las 9:20 hrs. del 26 de abril de 2019, consideró lo siguiente:

 

 “…III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Si bien es cierto, este Tribunal ha reconocido, en reiterada jurisprudencia, que el acceso al agua potable es un derecho constitucional, derivado de los derechos a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, también lo es que en la actualidad, se presentan múltiples problemas de desabastecimiento del líquido vital, generados durante la época seca (en igual sentido véanse las sentencias Nº 2009-12511 de las 17:59 horas del 11 de agosto del 2009, Nº 2010-015448 de las 12:15 hora del 17 de setiembre de 2010,  Nº 2014-004918 de las 14:30 horas del 09 de abril de 2014, Nº 2017-006082 de las 09:45 hrs. del 28 de abril de 2017 y Nº 2016-007550 de las 09:05 del 3 de junio de 2016). Al respecto, la responsabilidad del Estado es la de implementar las medidas necesarias y óptimas para dar solución eficaz a estos problemas. Desde esta perspectiva, se acredita en autos que, en la zona señalada por el recurrente, se han presentado cortes de agua en los últimos meses, lo cual reconoce y detalla la autoridad recurrida. No obstante, se pudo acreditar que las suspensiones reclamadas por los usuarios del servicio no son producto de la negligencia o arbitrariedad de parte del Instituto accionado, sino que estas se deben a una situación de desabastecimiento general de todos los sistemas durante la época seca. En ese sentido se acreditó que, la autoridad accionada ha comunicado a través de diversos medios que durante esta época se producirán racionamientos de agua debido al déficit ocasionado por la reducción de los caudales que abastecen los tanques de captación y por el incremento del consumo de agua. Específicamente, Zapote pertenece a la zona de Operación San José, la cual es abastecida por medio de agua almacenada en los Tanques de Curridabat, los cuales se alimentar de agua proveniente del Sistema de Tres Ríos. Consta que, durante la producción normal, los Tanques de Curridabat al iniciar el día presentan un volumen de almacenamiento del 85%; no obstante, actualmente los niveles alcanzan un 20% de su capacidad, lo que lleva a que la zona sea propensa a desabastecimientos. Estos se producen cuando la demanda de la población supera el almacenamiento que se tiene y varían dependiendo de la demanda de la población, la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, la elevación de la zona, etc. Zapote es una de las zonas más altas por lo que el impacto del desabastecimiento de agua será mayor, dicha afectación se da únicamente en la época seca y no de forma constante a lo largo del año. Normalmente, los desabastecimientos inician alrededor de las 10:00 a.m. y el sistema comienza su recuperación alrededor de las 11:00 p.m. se apoya este problema mediante el reparto de agua con camiones cisterna para centros de población vulnerables. Los accionados indicaron que, han realizado trabajos para reforzar el sistema y beneficiar a las comunidades de los sectores más altos, también, han realizado interconexiones en la zona de La Pacífica para trasladar ese sector a otra zona de operación para acortar el área de cobertura de los tanques de Curridabat, se amplió la operación abastecida por el tanque de Cipreses para abarcar parte de San José que era abastecida exclusivamente por los Tanques de Curridabat. Como medida a largo plazo, la Institución recurrida impulsa proyectos que van enfocados al control del agua no contabilizada. Producto de lo anterior, ha trabajado en explotar nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación para el beneficio de la población del GAM y se ha estado trabajando en la elaboración de un proyecto que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción que beneficia al GAM, proyecto que se encuentra en la etapa de diseño y se concluiría en el año 2025. Asimismo, acreditan que, en la actualidad tienen operando en la GAM los pozos de Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP 9 y CNP 10. Este Tribunal considera que, pese a que se comprueba que efectivamente existe el desabastecimiento del servicio de agua potable en la comunidad que reside el recurrente, las autoridades recurridas demostraron que han actuado dentro de sus posibilidades materiales a fin de lograr una adecuada redistribución. Asimismo, considera esta Sala que, el desabastecimiento se da únicamente en época seca y no durante todos los meses del año ni durante todas las horas del día y dicha situación es comunicada a la población por diversos medios. Adicionalmente, se valora que la institución ha realizado trabajos para reforzar el sistema y ha tomado medidas correctivas y preventivas, entre las cuales se encuentra el estudio que realiza para la explotación de nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación, lo que beneficiara la población del GAM y que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción. En mérito de lo expuesto, la Sala descarta que la Administración haya sido omisa en la atención de los problemas en el suministro del servicio de agua potable en la zona afectada, por ende, se impone declarar sin lugar el recurso, tal como en efecto se hace. Lo anterior, sin perjuicio de recodarle a la institución recurrida su deber de continuar realizando trabajos para reforzar el sistema y evitar el desabastecimiento durante la época seca…”.

 

IV.- Respecto al desabastecimiento de agua acusado por los recurrentes. En el sub lite, los recurrentes acusan racionamientos arbitrarios del suministro de agua potable en el sector de Mata Redonda. Sobre tales hechos, en los informes suscritos por el gerente general y el subgerente de Gestión de Sistemas GAM, ambos del Instituto  Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -que se tienen dados bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la ley que rige esta jurisdicción-, se acepta que la citada localidad está siendo afectada, junto al resto del Acueducto Metropolitano, del impacto de la época seca de este año. Aunque aclaran que los desabastecimientos se presentan en el sector de Mata Redonda durante algunas horas del día, siempre en horas de la tarde, por lo que la población sí cuenta durante gran parte del día con el acceso al agua potable a través de la red de tuberías. Han explicado que debido a la entrada de esa temporada en el país, los caudales de las fuentes se reducen y con ello los caudales de producción. También sostienen que esa situación obedece a un aumento en el consumo de la población debido a que por las condiciones de la época se demanda una mayor cantidad de agua que en la estación lluviosa. Igualmente, informan que a pesar de estar en los meses en los que típicamente en el país se encuentra ya instalada la estación lluviosa, producto del fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) que está influyendo, las lluvias no han sido capaces de recargar fuentes y los sistemas han mantenido afectaciones que se traducen en una disminución más pronunciada en los caudales que la Institución puede tomar de estas fuentes para potabilizarlas y abastecer a la población. No obstante, indican que su representada procede a informar a la población, la situación que vive el país con respecto a la reducción de las fuentes naturales de agua potable, lo cual no solo afecta a las zonas de Mata Redonda, sino que se extiende a todo el territorio nacional. Refieren que el AyA pone a disposición de las personas usuarias los siguientes medios para comunicar los eventos que afectan la prestación del servicio de agua: Línea 800-REPORTE (7376783), página web de AyA, aplicación para celular (disponible para su descarga en las plataformas Android e iOS): "Servicios AyA", whatsApp institucional, 57 puntos de atención personalizada y página de Facebook. Además, a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aun tenga servicio, mientras que los que viven en las partes más altas, ya tienen rato sin estar con el servicio. En este contexto, la Sala entiende que la situación acusada no surge de manera directa de un problema de imposibilidad material, sino, de condiciones ajenas, fuera de control y fortuitas que se presentan en forma temporal, y no permanentes, en la prestación del servicio público reclamado. Circunstancias que han obligado a la institución recurrida a utilizar los medios de comunicación, para informar sobre la situación en la que se encuentran los sistemas, y pedir a la población tomar las medidas pertinentes para afrontar los desabastecimientos hasta que las condiciones de caudales en las fuentes recuperen su caudal habitual, así como tomar conciencia de la necesidad de no desperdiciar el recurso disponible. Aunque la Sala entiende que estamos ante la prestación de un servicio de primera necesidad, lo cierto es que, además de la existencia de una causa objetiva, la autoridad recurrida ha adoptado medidas para atender el problema, o sea, que no se ha desatendido de la situación acusada por los recurrentes. Nótese que se ha indicado que como parte de los esfuerzos realizados por la Institución para reducir la afectación producto de los desabastecimientos, se han desarrollado varios proyectos, que ya están en operación. El año pasado se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Dona Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, esto no fue suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. También se acaba de poner a operar el pozo Chigüite, que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los Tanques del Sur. Aunado a lo anterior, se tiene que contrario a lo alegado por los tutelados, en los últimos seis meses del año 2019 no se han brindado disponibilidades en el servicio de agua potable para desarrollos inmobiliarios en el sector de Mata Redonda — San José. Incluso, las últimas tres solicitudes de disponibilidad fueron negadas y se entregó a los interesados una carta donde se les indicaba la infraestructura que deberían construir de su propio peculio antes de poder contar con la disponibilidad en el servicio de agua potable.  Así como que los proyectos inmobiliarios que, actualmente, se construyen en esa localidad, cuentan con la respectiva disponibilidad en el servicio de agua potable, aprobadas tiempo antes de que se presentaran los problemas de desabastecimiento en la zona. Además, los proyectos inmobiliarios en construcción se abastecen por medio de un único medidor y cuentan con tanque de almacenamiento y sistema de bombeo privado. Bajo esa tesitura, al igual que el anterior antecedente, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso porque no se demostró que la falta del servicio de agua potable sea antojadiza, arbitraria o sin fundamento por parte de AyA, pues igualmente se comprobó que se han buscado soluciones a la problemática generada por las condiciones geográficas y climáticas que sufre la zona de Mata Redonda, así como que se han tomado medidas para atender esa situación. Aparte de que la acusada construcción indiscriminada, que no es tal, tampoco tiene incidencia en la referida problemática”.

 

Asimismo, en la resolución n.º 2019-008791 de las 9:30 horas de 17 de mayo de 2019 este Tribunal dispuso:

 

“III.- Sobre el incumplimiento de los horarios de racionamiento. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión al derecho a la salud del accionante. Del informe rendido por la autoridad recurrida, se constata que los días 23 y 24 de abril de 2019, existió un desabastecimiento en distintas comunidades de los alrededores de Guadalupe, propiamente en Santa Eduviges. Ante todo se debe tener claro que, de acuerdo con lo indicado por el ICAA, la institución no aplica racionamientos en el sector donde reside el amparado; la afectación es producida por el desabastecimiento cuando la población consume la totalidad del almacenamiento disponible, que es el que se ha podido almacenar durante la noche, cuando la demanda de la población baja, lo anterior, dada la escasez generada por la época seca. Ahora bien, según fue explicado por el ICAA, la red de tuberías funciona como un tanque de almacenamiento de gran tamaño, pues una vez que los tanques de almacenamiento son vaciados, existe agua dentro de las tuberías, cuyo consumo no se puede detectar. Una vez que el tanque queda vacío, la tubería se va descargando, pero a una tasa que no es conocida, ya que depende de muchos factores, tales como el clima, el día de la semana, la hora del día, por lo que es variable cada día. Esto hace casi imposible predecir la hora en la cual se va a ir acabando el agua disponible para el usuario. El ICAA a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aún tengan servicio, mientras que los que viven en las partes altas, desde un tiempo mayor, no cuentan con el servicio. Así las cosas, no se puede endilgar a la institución recurrida el que no se cumpla con el horario aproximado de suministro del líquido, pues no es algo que la entidad planifique, sino que depende directamente de la demanda y de las condiciones particulares del sistema, incluso climatológicas.

 

IV.- Del informe rendido bajo juramento por la Presidenta Ejecutiva del ICAA, así como de la lectura de la prueba aportada, se desprende que la entidad recurrida ha ejecutado medidas con el propósito de paliar los efectos de la escasez de agua, entre ellas: a) el abastecimiento mediante camiones cisterna, especialmente a centros educativos y centros de salud, b) el 8 de abril de 2019, se abrió un límite entre la zona de Guadalupe y Moravia, para reforzar el sector de Guadalupe, c) el 7 y el 11 de abril de 2019, se intervinieron fugas importantes no visibles, que estaban afectando el sistema, d) el 9 de abril de 2019, se habilitó un “bypass” para reforzar desde el tanque de Guadalupe, aún más el refuerzo que se le hace al tanque de San Blas, e) se han efectuado racionamientos en los sectores de Coronado, Los Cuadros y Montes de Oca con el objetivo de reforzar el abastecimiento de Guadalupe con el agua proveniente de la Planta de Tres Ríos, es decir repartir el déficit, f) se ha coordinado con el ICE con el fin de extraer más agua del embalse en esta época seca con la finalidad de aumentar la producción en Tres Ríos, y actualmente se dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la Planta de Tres Ríos, para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de Guadalupe y, g) a largo plazo se tiene planeado ejecutar el Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano, que pretende aumentar en hasta 2500 litros por segundo la producción que beneficia al Gran Área Metropolitana, mismo que se proyecta concluir en el año 2025. En criterio de este Tribunal, el ICAA ha abordado de forma diligente la problemática denunciada.  Bajo este orden de consideraciones, este extremo del recurso deviene improcedente. No obstante lo anterior, esta Sala recuerda al ICAA su obligación como entidad rectora de la gestión del recurso hídrico, de seguir implementando las medidas necesarias con el propósito de abordar el problema de escasez de agua, de tal forma que se aminore su repercusión sobre la calidad de vida de los usuarios y se garantice el derecho de acceso al agua potable”.

 

Sobre el particular, tal y como ocurrió en los precedentes de cita, la Sala observa que, en principio, la falta del servicio de agua potable responde a un problema de desabastecimiento. No obstante, la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19, hace necesario que este Tribunal se replantee la tesis supra citada. Al respecto, no solo consta que la problemática de desabastecimiento de agua se venía reflejando desde el 2017, sino que la ARESEP puntualizó que el ICAA tenía un rezago en la inversión en infraestructura y, además, significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada. Asimismo, el ente regulador también afirmó que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable.

 

De ahí que, previo a seguir validando alguna situación de desabastecimiento y en virtud de la pandemia por el COVID-19 (cuyas fatales repercusiones son públicas y notorias en otras latitudes), el ICAA debe implementar las acciones correspondientes a los efectos de solventar a corto plazo los problemas generados por la escasez de agua en las fuentes de producción, sin perjuicio de las soluciones a mediano y largo plazo que tenga proyectadas. Lo anterior se dispone, por cuanto el acceso a este líquido en medio de esta pandemia se torna fundamental para evitar una mayor propagación, según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Nótese que, luego de la comunicación del curso de este amparo, el ICAA efectuó dos interconexiones con pozos para reforzar abastecimiento en los sistemas afectados y, además, en Hatillo 2 sustituyó tuberías por otras de mayor capacidad, lo cual demuestra que sí tenía acciones a su alcance para al menos tratar de mitigar la situación; empero, no consta que estas hayan solventado lo acusado. Si bien se desprende que el ICAA ha procurado la repartición de agua potable por medio de camiones cisterna en Hatillo 2, no se aprecia con claridad si la cantidad de agua fue suficiente para suplir a las necesidades básicas de las personas afectadas. En ese sentido, el hecho de que, en un lapso de cuarenta horas, la recurrente solo haya tenido acceso al servicio por menos de dos, dimensiona la magnitud del problema y evidencia la transgresión al derecho de acceso al agua de la recurrente. Debido a lo anterior se impone la estimatoria del recurso en contra del ICAA, en los términos que se dictarán en parte dispositiva de la sentencia.

 

En relación con las demás autoridades recurridas, no se aprecia de manera evidente que tengan algún tipo de responsabilidad directa en los hechos acusados por la recurrente. De ahí que se declara sin lugar el recurso en su contra (…)” (el resaltado fue agregado).

 

Asimismo, obsérvese que en el reglamento No. 21 del 19 de marzo de 2024 ‘Reglamento Técnico "Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)"’, la ARESEP reguló:

 

“Artículo 7.- Obligatoriedad de la prestación de los servicios.

 

Siempre que sea técnicamente factible, los prestadores dentro de su jurisdicción deben brindar, en condiciones de prestación óptima, los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes.

 

Asimismo, todo prestador debe garantizar, el uso eficiente del recurso hídrico, la sostenibilidad del suministro en el corto, mediano y largo plazo de los servicios públicos (…)

 

Artículo 10.- Prestación del servicio en condiciones inferiores a la prestación óptima.

 

Solo en situaciones excepcionales: caso fortuito, fuerza mayor, daño causado por tercero o suspensiones programadas, se permitirá brindar los servicios en condiciones inferiores a la prestación óptima.

 

Sin embargo, el prestador deberá implementar a la mayor brevedad posible, las medidas correctivas temporales que correspondan para suministrar los servicios hasta tanto se logre reestablecer el servicio a condiciones óptimas (…)

 

Artículo 82.- Continuidad en la prestación de los servicios.

 

Los prestadores deben garantizar que el servicio se brinde sin interrupción, las 24 horas del día, los 365 días del año, con las condiciones de calidad y cantidad establecidas en este reglamento.

 

Se exceptúan aquellas situaciones provocadas por el abonado o usuario; por caso fortuito; por fuerza mayor; o por períodos programados de mantenimiento del sistema o daño causado por terceros; en cuyo caso aplicará lo establecido en este Reglamento en cuanto a la prestación del servicio en condiciones inferiores a las establecidas en este reglamento.

 

En los casos de declaración de emergencia o de interés público, ningún abonado debe quedar sin suministro del servicio de acueducto por falta de pago. Es obligación del abonado cumplir con el pago por el servicio de acueducto, de acuerdo con las condiciones de cobro que se establezcan (…)

 

Artículo 85.- Prioridad del abastecimiento en caso de escasez.

 

En caso de que el servicio de acueducto deba ser restringido, éste (sic)se brindará con el fin de satisfacer el consumo humano, con el siguiente orden de prioridades:

 

a. Hospitales, clínicas, centros de salud centros penitenciarios, albergues, campamentos de damnificados y aeropuertos.

 

b. Centros educativos.

 

c. Vivienda, para atender las necesidades básicas de las familias.

 

d. Actividades comerciales, agrícolas e industriales.

 

Artículo 86.- Interrupción temporal del servicio de agua potable.

 

En caso de interrupción temporal de la continuidad del servicio, los prestadores deberán comunicar a los abonados y usuarios a través de los medios de comunicación colectiva, lo siguiente:

 

a. Área y población afectadas;

 

b. Tipo de afectación al abonado;

 

c. Duración estimada de la interrupción;

 

d. Razones de la interrupción del servicio;

 

e. Medidas de contingencia en caso de ser necesarias;

 

f. Medios alternativos para el suministro del agua; y

 

g. Ubicación de los puntos de entrega del agua, en caso de que se realice por medio de cisternas. El punto de entrega debe estar lo más cerca posible de los domicilios para que se abastezcan varios usuarios a la vez, evitar desperdicio y que exista facilidad de recolección del agua.

 

Esta información deberá mantenerse actualizada.

 

Artículo 87.- Comunicación de las interrupciones del servicio de suministro de agua potable

 

Los prestadores deberán comunicar las interrupciones temporales del servicio de suministro de agua potable de la siguiente forma:

 

a. Para interrupciones programadas, con al menos 48 horas naturales de antelación;

 

b. Para interrupciones no programadas, dentro de las 4 horas naturales después de detectada la avería o producido su reporte.

 

Esta comunicación deberá realizarse mediante medios de comunicación colectiva, detallando la ubicación, el horario de suministro, las condiciones del servicio alternativo de agua potable y las zonas afectadas.

 

Artículo 88.- Medios alternativos de suministro del servicio de acueducto

 

Los prestadores definirán los servicios alternativos de suministro del servicio de acueducto, estos podrán ser camiones cisterna, tuberías temporales, fuente pública u otros, siempre que estos garanticen que el agua brindada reúna las características de calidad y que asegure el acceso al agua potable para cubrir las necesidades básicas de los usuarios del área afectada.

 

a. Si la interrupción del servicio de acueducto, contemplando su reparación, se prolonga por más de 6 horas naturales, de manera diaria, el prestador está obligado a brindar un servicio alternativo de suministro de agua potable a los abonados para cubrir las necesidades básicas.

 

b. Tratándose de interrupciones que se prolongan por más de 1 día, el suministro de agua potable será diario a todos los abonados afectados por los medios alternativos de que dispone el prestador.

 

c. En el caso de abonados con interrupciones prolongadas, por más de 5 días, el prestador definirá el mecanismo para brindarles el suministro de agua, de tal forma que facilite la entrega, por ejemplo, en tanques de almacenamiento (propios o en aquellos brindados por el prestador) para reducir la frecuencia de entrega y garantizar el agua para un mayor número de días.

 

d. El abastecimiento alternativo no se podrá mantener de forma continua por más de 2 años, salvo que la programación del proyecto para solucionar el déficit de agua se extienda por un plazo mayor; debiendo contemplarse en el plan de inversiones, las necesidades de desarrollo de los servicios públicos que brindan y el operador deberá informar, por los medios que tengan disponibles, el avance del proyecto.

 

e. En el caso de abastecimiento de agua por cisterna, el prestador del servicio deberá ofrecer al menos dos horarios, uno en la mañana y otro en la tarde para distribuir el agua para garantizar que los usuarios reciban el agua potable al menos una vez al día” (el destacado fue incorporado).

 

XXI.- En el informe No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló: “3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración”. Además, en el en el informe No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad (…) 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución (…) 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras (…) 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios”. Aunado a lo anterior, recuérdese que la Contraloría General de la República el 6 de junio de 2024, en un criterio aplicable mutatis mutandis al presente asunto, afirmó que: “Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad. También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios”.

 

XXII.- Por su parte, recuérdese que la ARESEP emitió el memorial No. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que evidenció algunos de los problemas del ICAA, como lo son “(…) el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…)”. Además, en tal estudio se recalcó que el ICAA cobra a las personas usuarias montos que incluyen un 57% de agua que se desperdicia y que, por ende, no conlleva una contraprestación a favor de los abonados. Ello se evidencia con la conclusión de la ARESEP en cuanto a que “El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones”.

 

XXIII.- Así las cosas, en el sub lite queda en evidencia que existe un problema estructural de parte del ICAA que ha afectado la prestación del servicio de agua potable en perjuicio de los habitantes de Ciudadela 15 de setiembre.

 

XXIV.- Acerca de esto, adviértase que, aun cuando en diversos informes del ICAA atinentes a tal problemática se ha indicado que el desabastecimiento obedece a múltiples factores, no puede obviarse que en el sub iudice ha quedado demostrado que el ICAA adolece de una inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno. La ARESEP mediante el oficio No. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, evidenció entre los problemas que afronta el ICAA “el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración”. De este modo, en la especie resulta evidente la conculcación del derecho fundamental de acceso al agua potable, máxime si se considera que el ordinal 50 de la Constitución Política dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”. En suma, se declara con lugar el recurso concerniente al ICAA.

 

 XXV.- Esta Sala Constitucional mediante la sentencia No. 2024-017902 de las 09:20 horas de 28 de junio de 2024, resolvió el recurso de amparo No. 24-007581-0007-CO, en el que vecinos de Hatillo cuestionaron los racionamientos de agua:

 

“(…) En el sub examine, los recurrentes consideran lesionados los derechos fundamentales de los vecinos de Hatillo, toda vez que acusan que la localidad que se ha visto afectada por racionamientos de agua aplicados por el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. Indican que los racionamientos se dan por períodos sumamente amplios, sin horarios definidos y sin que se les den alternativas para el suministro de agua, lo que afecta a las personas de la comunidad. Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades recurridas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se tiene por acreditado que los vecinos de la comunidad de Hatillo se han visto afectados por racionamientos en el servicio de agua potable. En este sentido, se verificó que la comunidad se abastece de agua potable del sistema de La Valencia del Área Metropolitana. Sin embargo, este sitio ha experimentado una serie de interrupciones, por racionamiento del servicio de cita, durante al menos 110 veces en lo que va del año 2024. Adviértase que, que tal afectación se ha derivado de una serie de factores, tales como la contaminación por hidrocarburos de la Planta Potabilizadora de Guadalupe, lo que ha implicado que el instituto accionado trasvase a otras comunidades el agua del sistema de La Valencia, así como interrupciones como consecuencia de cortes de electricidad, averías y fugas en algunos de los tubos de distribución del sistema. Bajo este panorama, cabe señalar que este Tribunal, ha validado en anteriores ocasiones que el instituto recurrido, por medio de su normativa institucional, aplique racionamientos en el servicio de agua potable por motivos de fuerza mayor o causas fortuitas. No obstante, la institución debe adoptar una serie de medidas para garantizar que la población tome las previsiones correspondientes y puedan buscar alternativas para no perder totalmente el acceso al agua. A mayor abundamiento, la institución accionada puede realizar racionamientos en sus servicios, pero debe hacerlo de forma planificada, estableciendo las coordinaciones necesarias y ejecutando acciones para garantizar la continuidad del servicio, tales como la determinación y cumplimiento de un horario, el cual debe ser comunicado oportunamente a las comunidades que se verán afectadas. En el caso concreto, ello se echa de menos, pues, si bien la autoridad recurrida asegura que los recortes de agua se realizaron por medio de cierres nocturnos de 10:00 p.m. a 3:00 a.m. o 4:00 a.m. del siguiente día para levantar el nivel de almacenamiento de los tanques, no menos cierto es que, la misma autoridad recurrida en su informe indica que boletines de suspensión adicionales pueden ser emitidos cuando se presentan desabastecimientos, es decir cuando el agua disponible se acaba por el aumento de la demanda de la población, o cuando se producen averías que afectan el servicio, lo que justamente ha sucedido en la comunidad de Hatillo en donde por las distintas averías y situaciones enumeradas en los hechos probados, las cuales han ocurrido durante los días 10 de febrero, 13 de febrero, 18 de febrero, 2 de marzo, 18 de marzo y 21 de marzo, todos de 2024, los vecinos se han quedado sin el servicio de agua potable por tiempos excesivos y sin tener conocimiento de la situación con anterioridad, lo que ha imposibilitado a los usuarios del servicio en la zona tomar las previsiones del caso. Aunado a ello, la institución debe establecer planes remediales, tales como la distribución constante, fijando un horario para ello también, por medio de camiones cisterna, lo que permitiría que las personas puedan aprovisionarse del líquido así puedan suplir sus necesidades; sin embargo, dicha solución también se echa de menos en el informe rendido por la autoridad recurrida en este caso. Nótese que, de conformidad con el informe rendido por la autoridad recurrida, se denota que, en los últimos años, los racionamientos de agua son cada vez más recurrentes, siendo que el instituto recurrido ha hecho esfuerzos institucionales para aminorar los impactos de ello en la población; sin embargo, queda acreditado la insuficiencia de infraestructura y la ejecución de planes y obras, tanto para cuidar el agua como para su eficaz distribución. Ciertamente, las autoridades recurridas en su informe aportan una serie de proyectos que se tienen previsto para ampliación de la producción en el sistema de La Valencia; no obstante, no existe claridad en cuanto a fechas posibles para la culminación de estas y para la entrada en funcionamiento de los proyectos enumerados. Obsérvese que, las mismas autoridades recurridas afirmaron que la afectación también ha sido consecuencia de la contaminación por hidrocarburos de la Planta Potabilizadora de Guadalupe; empero, es menester indicar que ello no es una justificación razonable, máxime que la Sala estimó que dicha emergencia obedeció también a una falta de previsión por parte de la administración (véase sentencia No. 2024-009354 de las 12:52 horas de 9 de abril de 2024). En mérito de las consideraciones expuestas, se constata que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha lesionado los derechos fundamentales de las personas amparadas, toda vez que no ha tomado las medidas necesarias para garantizarles la continuidad del servicio de agua potable y ante la aplicación de racionamientos no ha dispuesto ni ha cumplido un horario claro y previamente determinado, ni ha dispuesto el suministro por medio de camiones cisterna en horarios también previamente definidos. En consecuencia, se declara con lugar el recurso con las consecuencias que se establecen en la parte dispositiva de esta sentencia (…)

 

Por tanto:

 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Alejandra Mora Segura, en su condición de Gerenta General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que: 1) de forma inmediata a la notificación de esta sentencia, se disponga y se ejecute un horario claramente definido en caso que sea necesario continuar con los racionamientos de agua potable en la comunidad de Hatillo; y 2) de forma inmediata, garantice a través de alguna alternativa provisional, el suministro diario suficiente de agua potable para suplir las necesidades básicas de la población, cuando la interrupción del servicio sea por periodos de más ocho horas. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contenciosoadministrativa. Notifíquese. (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

 

 Dado todo lo expuesto líneas arriba, considera este Tribunal que aunado a lo ordenado en la citada sentencia, en esta ocasión se hace necesario imponer al ICAA la obligación de que, en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Hatillo se preste de forma eficiente, eficaz y continua.

 

XXVI.- Sobre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), y la necesidad de su intervención en este tipo de situaciones. Por último, en cuanto a la ARESEP, nótese que la ley No. 7593 del 9 de agosto de 1996 ‘Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)’ dispone:

 

“Artículo 4.- Objetivos Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora:

 

a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos definidos en esta ley y los que se definan en el futuro.

 

b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos.

 

c) Asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de esta ley.

 

d) Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad.

 

e) Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de concesiones.

 

f) Ejercer, conforme lo dispuesto en esta ley, la regulación de los servicios públicos definidos en ella.

 

Artículo 5.- Funciones En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son: (…)

 

c) Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes (…)” (el destacado fue agregado).

 

La ARESEP tiene entre sus funciones la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio de agua potable. Tal y como se ha destacado, existe constancia de larga data de que el ICAA no ha emprendido una gestión ineficaz del portafolio de los proyectos de inversión, lo que incluso fue reconocido por la propia ARESEP en el oficio No. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que destacó problemáticas del ICAA como “el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores”. La Defensoría de los Habitantes en el informe No. H-581-2024 del 10 de junio de 2024 rendido en el expediente No. 24-012146-0007-CO tenido ad effectum videndi, y aplicable mutatis mutandis al presente recurso, indicó: “De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, entre las funciones y objetivos fundamentales de ARESEP se encuentra el velar porque los prestadores de servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima estos servicios. Al respecto, ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. La Autoridad Reguladora manifiesta en su informe que, según la revisión en la base de datos del Área de Quejas, para los períodos 2023 y 2024 no hay quejas o trámites a nombre del recurrente por el desabastecimiento en el servicio de acueducto que presta el AyA en la comunidad de Coronado. No obstante lo anterior, la Defensoría considera que, como parte de sus funciones, sí le corresponde a la ARESEP velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede aducir para su no intervención, la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento “Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (AR-RTPAAH-2015)” y mencionado por la Autoridad Reguladora en su informe” (el destacado fue agregado). A la luz de lo expuesto, deberá entonces la ARESEP velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del ICAA en Hatillo, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo.

 

XXVII.- Sobre las solicitudes adicionales del tutelado. En escritos posteriores el promovente alegó que su esposa, supuestamente, está siendo víctima de represalias por haber él presentado el presente recurso de amparo, por lo que pidió a este Tribunal que testimoniara piezas para ante el Ministerio Público. De igual forma lo requirió para que se investigue a Johnny Aguilar Artavia, Presidente con representación judicial y extrajudicial de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo. También mostro inconformidad con que la asociación recurrida sea enlace con el ICAA, pues en su criterio deberían ser otras entidades o dependencias las encargadas.

 

XXVIII.- Se aclara al promovente que no le corresponde a esta Sala Constitucional investigar si su esposa o pareja verdaderamente está sufriendo las represalias que menciona. Lo anterior excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Si el recurrente considera que ella ha sido agraviada de alguna forma bien puede formular él mismo ante el Ministerio Público la denuncia que corresponda, para que se inicien las pesquisas pertinentes. Tampoco es este Tribunal al que le corresponde definir cuál entidad u órgano es el apropiado para que funja como enlace entre el ICAA y las distintas comunidades. Lo anterior excede la competencia de este Tribunal delimitada en la Ley y la propia Constitución Política. 

 

XXIX.- Lo mismo cabe decir respecto de lo aducido en cuanto a Johnny Aguilar Artavia: si el recurrente estima que el representante de la asociación demandada ha incurrido en algún delito, pues, se insiste, puede acudir ante el Ministerio Público.

 

XXX.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de esta sentencia, solo en lo que respecta a: a) el bloqueo del usuario del tutelado en la página oficial de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo; y b) los racionamientos en el suministro de agua potable en la localidad. (…)”

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) V.- Sobre el derecho al agua potable. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:

“(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.

Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.

El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).

De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)” (véase la sentencia No. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).

Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley No. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

 La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones” (el destacado fue agregado).

Sobre el particular, en la sentencia No. 2020003982 de las 11:50 horas del 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:

“(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:

Artículo 50.-

(…)

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:

Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.

 

La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.

La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».

En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.

Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.

Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.

Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.

Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.

Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:

“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-

Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-

De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.

En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)”.

De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:

“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.

Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)

25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.

26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.

 

27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.

28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)

37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;

c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;

d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;

f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;

h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el resaltado fue incorporado).

Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.

Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs. Perú, ese tribunal dispuso:

“121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.

122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.

123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.

124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.

125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado no corresponde al original). (...)" VCG09/2024


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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Eficiencia y eficacia de los servicios públicos

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

“(…) VI.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos, y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable. En la sentencia No. 2016012058 de las 9:30 horas de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:

“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.

 

Al efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:

 

“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:

 

“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:

 

“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)

 

En consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:

 

“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)

 

Con lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original)

 

“V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.

 

Al respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes. Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir. Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).

 En adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: "Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos". (…)” VCG09/2024

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: SERVICIOS PÚBLICOS

Subtemas:

AGUA POTABLE.

XXXI.- Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas. De forma muy respetuosa me separo del criterio de la mayoría de la Sala en cuanto a los racionamientos en el suministro de agua potable en la localidad de Hatillo y declaro sin lugar este extremo del recurso de amparo en atención a las siguientes consideraciones.

En el caso concreto, los elementos que se utilizan para fundamentar la estimatoria del proceso son los siguientes: el informe nro. IN-0042-IA-2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” del 15 de agosto de 2023 emitido por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y los informes nro. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, y nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, ambos dictados por la Contraloría General de la República. En tales informes, se indica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha logrado consolidar su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable para la continuidad en el servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad. Sin embargo, se evidencia que tales oficios y alegatos no han sido puestos en conocimiento ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el contexto de este proceso, con la finalidad de que pueda referirse a estos.

A partir de lo expuesto, a mi juicio, no hay elementos adecuadamente valorados bajo el principio del contradictorio, debido a que no ha existido una sustanciación de las piezas probatorias contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Sin embargo, no me parece procedente convertir este recurso de amparo en un proceso de pleno conocimiento. Ha de recordarse que la tramitación de un proceso sumario no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, que busquen examinar aspectos técnicos de diferente índole: de infraestructura, financieros, tarifarios, jurídicos, etc.

En síntesis, se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sin haberle dado la oportunidad de referirse a los oficios que dan pie a la declaratoria del con lugar. Y examinar con detalle tales oficios con todas las garantías procesales necesarias ya no sería propio de un recurso de amparo.

En atención a las pretensiones y a lo dicho por las autoridades bajo fe de juramento, en las condiciones que lo establece el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, considero hay una debida justificación de los problemas de abastecimiento y una constatación de las medidas inmediatamente eficaces para remediar la situación, tal como en otros precedentes similares la Sala lo ha declarado (ver en ese sentido las siguientes sentencias: 2024-005590 de las 09:20 horas del 1 de marzo de 2024, 2024-013992 de las 09:15 horas del 24 de mayo de 2024, 2024-015788 de las 09:30 horas del 7 de junio de 2024, 2024-017183 de las 09:20 horas del 21 de junio de 2024).

En virtud de lo expuesto, salvo parcialmente el voto en los términos acá indicados.

VCG09/2024

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Texto de la resolución

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Exp: 24-008159-0007-CO

Res. Nº 2024025605

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del seis de setiembre de dos mil veinticuatro .

 

 Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO MEJORAS DE CIUDADELA QUINCE DE SETIEMBRE HATILLO.  

Resultando:

1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 14:10 horas de 26 de marzo de 2024, [Nombre 001] presentó un recurso de amparo en contra del ICAA y la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo. Explicó que la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo lo bloqueó de su página oficial de Facebook por un comentario que no le agradó. Reclamó que por lo descrito se le imposibilita exponer sus puntos de vista respecto de una mesa de diálogo que iba a ser instaurada junto con el ICAA, con el fin de abordar el problema de los racionamientos en el servicio de suministro de agua potable; asimismo desconoce los horarios de distribución del líquido en los tanques instalados en el IPEC (acudió el 23 y 26 de marzo de 2024 pero no pudo tener acceso). Refirió que la forma acordada para facilitar agua excluye a las personas adultas mayores y con discapacidad, quienes no pueden transportar baldes llenos de agua hasta sus casas. Solicitó que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante el auto de las 12:56 horas de 18 de abril de 2024, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado al Gerente General del ICAA, y al Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo.

3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 14:47 horas de 24 de abril de 2024, María Alejandra Mora Segura, Gerente General del ICAA, informó: “(…) Que, como parte de las acciones de atención a las comunidades que presentan desabastecimiento del Acueducto Metropolitano el sector de 15 de Setiembre ha sido atendido en el marco de las reuniones comunales de Hatillo, con una representación comunal formal de la ADI 15 de Setiembre. Es a partir de esta representación comunal que se ha establecido una serie de seguimientos y acuerdos para dar atención oportuna a la población habitante de este sector. En ese sentido, las acciones que han sido requeridas ser coordinadas se han canalizado por medio de la representación formal de la Asociación de Desarrollo Especifico Pro-Mejoras de Ciudadela 15 de Setiembre Hatillo (…) Que, conforme se indica en el informe N°UEN-GA-2024-00738, entre las acciones realizadas para atención de este sector de la población y otros de Hatillo están: a. Suministro de agua por medio de camión cisterna: se contará con distribución de agua por medio de cisterna cuando el servicio se vea interrumpido por más de 8 horas. Se atenderán y agruparán solicitudes de camiones cisterna y se priorizarán de acuerdo con la cantidad de reportes de faltante. Se informará por medio de chats comunitarios de WhatsApp y redes sociales los sitios donde se encuentren los camiones cisterna. b. Comunicación institucional: se realizarán mejoras en la comunicación dirigida a las comunidades, en aspectos puntuales sobre qué y cómo se comunica. Además, se informa que se está realizando una campaña sobre el uso racional del agua. c. Identificación de puntos críticos para colocación de tanques de almacenamiento como fuente pública: Desde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se realiza levantamiento de tanques existentes para conocer las condiciones y activarlos. Se priorizan centros educativos, albergues, centros médicos, delegaciones de Fuerza Pública y Bomberos. d. Identificación de población con mayores condiciones de vulnerabilidad: se coordinará con la CCSS y otras entidades el acceso a la ubicación de población adulta mayor, personas con dificultades de movilidad, con condiciones graves de salud para gestionar una solución más personalizada. e. Espacios de reuniones con lideres comunales: Se debe mencionar que la Institución mantiene una estrecha relación de cercanía con las comunidades que presentan limitaciones por el desabastecimiento de agua potable o por abastecimientos controlados. Dentro de los espacios de reuniones se sostuvo el 22 de marzo 2024 en Presidencia Ejecutiva coordinada por el área de comunicación. 3. Que, como medios alternativos para el suministro de agua potable a la población se cuentan con los tanques de auto abastecimiento y el reparto por medio de cisternas. Con relación al reparto con camiones cisterna, según sean las condiciones de servicio en la comunidad de 15 de septiembre y con base en lo establecido en la reglamentación vigente, para los casos donde las suspensiones del servicio sean por situaciones imprevistas tales como fugas, o salidas del campo de pozos de La Valencia por falta de energía eléctrica y donde además, la afectación en los usuarios supere las 8 horas de afectación se hará un reparto alternativo de agua potable por medio de camiones cisterna. Para el caso específico, el AyA cuenta con el registrador de presión ubicado en el costado oeste del Condominio Mixto Bambú Eco, con base en los datos de presiones registrados, se puede indicar que durante el mes de abril del 2024 los usuarios no han tenido afectaciones mayores a las 8 horas de desabastecimiento. 4. Que, se gestiona con la comunidad la colocación de tanques como repositorios de agua que permiten a la población contar con un medio alterno; en Hatillo esta acción para algunos representantes comunitarios no tiene buena acogida, sin embargo, la población usuaria hace uso de dichos reservorios para realizar actividades diarias tales como preparación de alimentos y otras actividades. Esta acción es ejecutada principalmente por personas que dado sus horarios de trabajo se les ha dificultado el acarreo de agua cuando la cisterna ha realizado sus recorridos. Es importante mencionar que AyA activó (puso cacheras y llenado de agua potable) un tanque en el IPEC 15 de Setiembre para abastecer sector sur de la comunidad (a disposición desde Marzo 2024), sin embargo, este tanque no es propiedad de AyA sino del IPEC, y debido a las condiciones de riesgo que hay en este sector por vandalismo y habitantes de la calle que hacen mal uso de éstos, el líder comunal indicó que el mismo sería instalado dentro de la propiedad del IPEC con las cacheras hacía adentro, y de ser requerido el servicio por una persona de la comunidad se le procedería a abrir. En esta comunidad se han instalado 2 tanques para abastecimiento, el primero se instaló en la Escuela 15 de Setiembre en el mes de Febrero y el segundo con la colaboración del IPEC que facilitó un segundo tanque para que la comunidad pudiera acceder al recurso, la instalación de los tanques se comunicó por medio de las redes sociales institucionales, que son parte de los canales de información disponibles para la población. El criterio de instalar esta fuente de abastecimiento de esta forma estuvo mediado por el criterio del representante comunal y no una decisión arbitraria de la institución, pues las valoraciones de ser colocado de esta forma, tenían fundamento en los argumentos expuestos (…) 5. Que, posterior a la fecha del 29 de marzo se sostiene conversación con representante de la ADI 15 de Setiembre, indicando que el tanque tenía una fuga que debíamos reparar, y se da como respuesta que a este tanque era mejor ya no realizarle el llenado, debido a que el Director del Centro Educativo mostró cierto descontento con el ingreso de personas particulares al recinto educativo, externando, además, que al sitio no estaba llegando nadie a recoger agua, aduciendo que esto se daba porque en el sector el abastecimiento de agua potable era bastante estable. Posteriormente Se realizaron una serie de gestiones para identificar otro sitio que cumpliera las condiciones de idoneidad para colocar un tanque, sin embargo, en la zona es limitado poder contar con un lugar que cumpliera condiciones de resguardo del tanque, que permitiera estuviera con las cacheras a lo interno para evitar manipulación de personas que pudieran vandalizar el mismo, en ese sentido y tomando en cuenta que a partir del 1 de abril del presente año, se realiza publicación de horarios definidos para la atención de esta población usuaria, se valora que no hay requerimiento de tener un tanque en la zona debido al cumplimiento de los horarios establecidos por la institución. Es importante manifestar que estos tanques son medidas alternativas de abastecimiento cuando la población sufre desabastecimiento por días continuos y no programados, sin embargo, actualmente en este sector no se cumple con este criterio o condición (…) Que, según la información existente en el Sistema Comercial Institucional OPEN SCI, el señor [Nombre 001] cédula de identidad [Valor 002], no está registrado como usuario de AyA, no obstante, la información sobre las interrupciones del servicio de agua potable es publicada por la Institución para que quede a disposición del usuario y toda la población las 24 horas del día, durante todos los días del año, por medio de la página web institucional, la aplicación móvil Servicios AyA y las historias de Facebook. Esta información se publica con base en un boletín emitido por el Centro de Control Operacional, el cual contiene los datos de la interrupción del servicio, tales como la fecha, hora de inicio y hora estimada de finalización, sectores afectados, motivo de la interrupción, entre otros. Durante los meses de marzo y abril de 2024, se generaron 62 reportes por medio de la App Servicios AyA para el distrito de Hatillo, con el fin de informar sobre desabastecimientos e interrupciones del servicio de agua. La descarga y uso de la aplicación es gratuita y la información queda a disposición del usuario las 24 horas del día, durante todos los días del año. Conforme a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Técnico Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, ARPSAYA-2013 y su reforma, si la suspensión del servicio se prolonga por más de ocho horas naturales, se programa el suministro de agua potable por medio de camiones cisterna, para que los usuarios puedan suplir sus necesidades básicas. Para conocer la ubicación de los camiones cisterna, el usuario puede comunicarse por medio de la línea gratuita de atención telefónica 800-REPORTE (800-7376783) y por medio del número de servicio (NIS) el agente le puede informar la ubicación de la unidad más cercana. Además, la Institución pone a disponibilidad de la población una serie de canales para que éstos puedan informarse cuándo ocurren discontinuidades en su servicio a causa de averías u ocasionadas por abastecimientos controlados o por desabastecimientos cuando hay escasez del recurso, y que permite además realizar sus reportes de averías, entre ellos: a. Atención telefónica Gratuita: Línea 800-REPORTE (800-737-6783) b. Descargando en el celular la APP: SERVICIOS AYA c. WhatsApp: 8376-5103 d. Facebook: https://www.facebook.com/AcueductosyAlcantarilladosCR/ e. Correo Electrónico Oficial: [email protected] f. Sitio Web: www.aya.go.cr Por otra parte, estas acciones de mantener cercanía con los lideres comunales formales y otros identificados en la comunidad, es parte de los esfuerzos institucionales para redoblar la comunicación en las comunidades que presentan afectación, pero no es la única vía de comunicación y medio informativo que se tiene en las diferentes comunidades (…)” (sic).

4.- Por medio del escrito sin firmar agregado al expediente digital a las 12:54 horas de 25 de abril de 2024, el recurrente se refirió a lo indicado por la Gerente General del ICAA. Insistió en que no se ha cumplido con el programa de abastecimiento de agua potable. Destacó que no está registrado como usuario, pues no es propietario del medidor, ya que alquila la vivienda. 

5.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 14:08 horas de 10 de mayo de 2024, el recurrente hizo referencia a una situación que ocurrió con su esposa, en su lugar de trabajo, aparentemente a raíz del recurso de amparo. Denunció represalias en contra de su familia por haber acudido ante la Sala Constitucional.  Destacó: “(…) Pero recibida el acta de notificación, quería hacer del conocimiento de ustedes, que el señor Jhonny fue informado – pese a no ser notificado – de la tramitación del presente recurso de amparo, y que no dudó en tomar acciones indirectas en contra de un familiar mío de primer grado, por lo que solicito ante ustedes, si lo tienen a bien, y si es procedente, realizar el testimonio de piezas y que estas sean trasladadas al Ministerio Pública para que sean investigadas. Así mismo acompaño copia del acta donde se toma la declaración de mi esposa al respecto (…)” (sic).

6.- Mediante el escrito sin firmar agregado al expediente digital a las 14:46 horas de 13 de junio de 2024, el recurrente efectuó una serie de manifestaciones finales. Destacó que el ICAA mantiene diálogos para llegar a acuerdos en cuanto a horarios de abastecimiento y la ubicación de los tanques con las asociaciones de desarrollo de Hatillo, pero estas, a su juicio, no representan los intereses de los vecinos de la localidad. Opina que es necesario que se cree una mesa de diálogo con los vecinos y la participación de las autoridades municipales. Subrayó que una serie de vecinos considerandos non gratos fueron excluidos de los tanques junto con los habitantes de la calle, mientras estuvieron en funcionamiento. Añadió que: “(…) Aunque AYA defendió que durante el mes de abril no se mantuvieron cortes por más de 8 horas continuas, evitaron referirse a los últimos días del mes de marzo, que fueron los que motivaron la interposición del presente recurso (…) donde tuvieron cortes que superaron las 12 horas mismos que llevaron al AYA a tomar la decisión de ubicar y llenar los tanques en distintos puntos de hatillo (incluida la 15 de setiembre) (…)” (sic). Solicitó que se declare con lugar el recurso y se testimonien piezas ante el Ministerio Público, por las evasivas del Presidente de la Asociación recurrida para ser notificado.

7.- Mediante el auto de las 15:07 horas de 17 de julio de 2024, se dispuso solicitar al recurrente que aportara la dirección exacta del lugar señalado por la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, su representante legal o agente residente de notificación, o bien, el lugar exacto de la sede o domicilio oficial de la entidad.

8.- Por medio del escrito sin firmar agregado al expediente digital a las 09:17 horas de 24 de julio de 2024, el recurrente aseguró que no le fue posible recabar la información exigida, pues ni DINADECO cuenta con la misma.

9.- Mediante el auto de las 08:17 horas de 5 de agosto de 2024, se dispuso solicitar al Oficial Mayor Electoral, la certificación de la última dirección que aparece en la cuenta cedular de Johnny Federico Aguilar Artavia.

10.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 09:57 horas de 9 de agosto de 2024, se aportó lo requerido al Oficial Mayor Electoral.

11.- Mediante el auto de las 13:09 horas de 9 de agosto de 2024, se dio traslado al Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo.

12.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 08:25 horas de 27 de agosto de 2024, Johnny Aguilar Artavia, Presidente y Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Ciudadela Quince de Setiembre (Hatillo), contestó la audiencia conferida: “(…) en la página de Facebook se colocan algunas informaciones para la comunidad, como por ejemplo fue la ubicación de los tanques de agua para que los que así los que tuvieran a bien poder abastecer de dicho líquido, ya que eso fue en coordinación el A y A con instituciones actoras que inciden directamente con la comunidad (centros educativos en específico: 2; IPEC 15 DE SETIEMBRE Y LA ESCUELA 15 DE SETIEMBRE), importante hacer ver que la asociación de desarrollo no es quién decide o decidió la colocación e instalación de los tanques de agua en los centros educativos antes mencionados, sino una coordinación A y A y directores de los centros educativos, que es menester indicar que había uno en cada institución, cuestión muy extraña que el recurrente solo se refiriera al que se encontraba en el IPEC, si el de la escuela 15 de Setiembre lo tenía a escasos 200 metros o menos donde indicó vivir el recurrente, es más, con menos esfuerzo era más cómodo para éste abastecerse del tanque que colocó el A y A en la escuela 15 de Setiembre ya que no tenía que cruzar el puente subir gradas entre otros esfuerzo, pero solo acusa el recurrente el tanque del IPEC. Referente a lo que indica también el recurrente que se haya puesto un número de teléfono para escribir o llamar en caso de necesitar el líquido, es cierto en cuanto fuera necesario al estar estas instituciones en horas no laborales, siendo que son instituciones públicas, en horas de la noche las llaves de paso de agua efectivamente se quitaban por un tema de hampa y vandalismo en la comunidad que no está de más recordar el grave riesgo social que nos asecha, por tal, con la llamada o mensaje se le daba aviso al guarda de la institución donde estuvieran esperando abastecerse de agua para proceder con el abastecimiento (dicho recurrente solo utilizó el IPEC en lo que se puede entender en su queja). Sobre el bloqueo de la página de Facebook, no es cierto, de lo contrario hubiese aportado prueba que demostrase dicho bloqueo, es extraña y merecedora de no credibilidad la queja, nótese su autoridad si el recurrente como manifiesta que fue bloqueado en la red social de Facebook por parte de la asociación de desarrollo, porque este no utilizó el medio del número telefónico o bien enviar un mensaje de texto, si describió mi número telefónico al final de su escrito inicial de recurso de amparo, quiere decir ostentaba mi número de teléfono todo el tiempo desde que ocurrieron los hechos, de contrario lo hubiere mencionado en su escrito inicial de amparo, mismo número que estaba en la página de Facebook, es decir, el supuesto bloqueo que alega el recurrente no bloqueo las llamadas telefónicos mucho menos los mensajes de texto o por vía WhatsApp de esto no aporta prueba que sustente sus alegatos, es decir, su derecho al acceso a la información como al derecho al acceso al agua al recurrente nunca fue vulnerado, ya que en la misma página de Facebook estaban otros medios para enterarse, como los el número de teléfono y como el WhatsApp, note su autoridad del porque éste no utilizó el tanque que colocó el A y A en la escuela de la 15 de Setiembre, a continuación detalló mediante imagen ubicaciones de ambas instituciones en relación con la ubicación del domicilio del recurrente (…) Para el día 23 de marzo del año 2024, alega el recurrente que este día al ser las 12 media noche aún no contaban con agua en su hogar, lo cual en la madrugada se acercó al IPEC, y aqueja el recurrente que lo tomó por sorpresa que dicho tanque estuviera encerrado dentro del centro de estudio y no había nadie que abriera la supuesta “puerta”, cuestión extraña también porque no existía ninguna puerta, prueba de ello es su misma prueba documental que aporta con su escrito inicial de recurso amparo donde puede apreciarse que había y se mantuvo así una manguera de abasto pero sin llave de paso, evidentemente por ser las horas de madrugada como alega el recurrente, porque tampoco dice la hora que destinó a abastecerse de agua. Referente a que solo se beneficio a los supuestos simpatizantes de la agrupación es totalmente falso. prueba de ello, es que el recurrente habla de la falta de democratización que vulnera a la población, pero solo el mismo recurrente se ha quejado, no tuvieron problema alguno las instituciones educativas con dichos abastecimientos, al menos de lo que nos pudiéramos enterar. En aras de la verdad real y transparencia que deben imperar, señores magistrados, al señor recurrente pueden ustedes corroborar desde la misma página que es pública, no se le ha bloqueado, y al día de hoy consta que no está bloqueado, de lo contrario hubiese enviado prueba que pruebe sus alegatos de bloqueo. es cierto que a algunas personas que incitan a la violencia y vulneración de derechos se les ha bloqueado la página, para darle un ejemplo, uno de nuestros directivos de la junta administrativa de la asociación de desarrollo, persona de bien y trabajadora, en el mes de junio del presente año le dieron muerte por su defensa de seguridad en la comunidad, en estas comunidades del peligro asecha a aquellas personas que quieren el bien para sus comunidades, también tratamos de borrar post que hacen personas incitando los bloqueos de circunvalación por el tema del agua y otros problemas que nos asechan también, cuestión que esta agrupación no comparte ya que siempre procuramos llamar al diálogo como lo hizo el A y A con nosotros. Por tal, es que nuestra agrupación no ha bloqueado al señor, y a la fecha esta activo con un usuario de la página, rechazamos categóricamente que la misma haya vulnerado sus derechos, al contrario, siempre tuvo el medio para informarse como el teléfono celular en la página, que no lo utilizará por su mera voluntad no da para que manifieste vulneración a sus derechos (…)” (sic).

13.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 15:01 horas de 29 de agosto de 2024, el recurrente se refirió y cuestionó lo indicado por el Presidente y Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Ciudadela Quince de Setiembre (Hatillo), así como por el ICAA, respecto de los tanques de agua colocados en los centros educativos: “(…) Cabe señalar, ante la consulta del líder comunal, acerca de por qué no me quejé del tanque de agua ubicado en la escuela quince de setiembre, que el tanque de la escuela no comparte las mismas condiciones que el instalado en el IPE, ya que, a pesar de ser tan cercanos geográficamente, el tanque ubicado en la escuela quince de setiembre mantiene las cacheras a la orilla de la calle (se aprecia en la fotografía), y cualquier persona puede acercarse a tomar agua sin solicitar permiso y esperar la aprobación del líder comunal para que proceda a abril la puerta. ¿Será que hay menor incidencia del hampa en esos doscientos metros de diferencia? Sin duda, no cabría la queja, e incurriría en necedad, si me quejara igualmente del tanque ubicado en la escuela quince de setiembre, ya que, este tanque si estaba disponible para el público. Y la única razón por la que busqué el tanque del IPEC es porque el tanque de la escuela se había vaciado (a este sí se acercan los vecinos a tomar agua, y aún sigue disponible). Tampoco es cierto que un tanque esté más cerca de mi casa que el otro, pues mi vivienda se ubica en un unto medio de distancia entre ambos tanques (…)” (sic). Destacó: “(…) No es cierto que yo pudiera aportar alguna prueba en la red social de Facebook ya que la aplicación no da ningún aviso de que yo haya sido bloqueado, no se notifica ni me aparecen más publicaciones del perfil que me han bloqueado. Tampoco puedo acceder a una lista donde se detallen las cuentas que me han bloqueado, lo más que podría aportar yo, según un screenshot de una búsqueda en Facebook, señalando que no me aparece el perfil de la ADI 15 de setiembre, lo cual, aparece en Facebook como un indicio de que he sido bloqueado [aportó la imagen] Sin embargo, la persona que realiza el bloqueo, si tiene la posibilidad de mostrar la verdad o la falsedad del bloqueo, ya que puede acceder a la lista de personas bloqueadas, y con esto demostraría que el bloqueo no se realizó. Podría aportar como prueba un screnshot donde aparezca la lista de cuentas bloqueadas, demostrando que la mía no estaba incluida, sin embargo, no aportó el recurrido ninguna prueba que demuestre la falsedad de mi denuncia (…)” (sic). Describe la forma en que obtuvo el número telefónico del Presidente de la entidad, y la razón por la cual no lo utilizó.

 14.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso.  El recurrente explicó que la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo lo bloqueó de su página oficial de Facebook por un comentario que no le agradó. Reclamó que por lo descrito se le imposibilita exponer sus puntos de vista respecto de una mesa de diálogo que iba a ser instaurada junto con el ICAA, con el fin de abordar el problema de los racionamientos en el servicio de suministro de agua potable; asimismo desconoce los horarios de distribución del líquido en los tanques instalados en el IPEC (acudió el 23 y 26 de marzo de 2024 pero no pudo tener acceso). Refirió que la forma acordada para facilitar agua excluye a las personas adultas mayores y con discapacidad, quienes no pueden transportar baldes llenos de agua hasta sus casas. Insistió en que no se ha cumplido con el programa de abastecimiento de agua potable.

II.- Sobre la admisibilidad del recurso de amparo contra sujetos de derecho privado. A tenor de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es admisible el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el presente asunto esta Sala estima que la asociación recurrida se encuentra en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales ordinarios resultarían insuficientes y tardíos, para tutelar los derechos fundamentales de la parte amparada (dada su posición de enlace con la comunidad, en las mesas de diálogo con el ICAA). Nótese la especial situación de las Asociaciones de Desarrollo Integral, las cuales si bien son constituidas como sujetos de Derecho Privado, lo cierto es que de conformidad con la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, son de interés y utilidad pública, estando sometidas a un régimen general especial, con particularidades frente al régimen asociativo común. Por consiguiente, el recurso de amparo fue admitido.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

III.A.- En cuanto a la asociación recurrida.

[Nombre 001] es vecino de Hatillo, Ciudadela 15 de setiembre; vive en una casa arrendada, por lo que el medidor de agua potable no está inscrito a su nombre (ver la prueba aportada por el recurrente junto con el escrito de interposición, así como el escrito agregado al expediente digital a las 12:54 horas de 25 de abril de 2024).
El usuario del tutelado fue bloqueado en la página oficial de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, por haber hecho el siguiente comentario en una de las publicaciones: “(…) A esto le llaman desarrollo? (…)” (sic) (los autos).

III.B. En cuanto al ICAA y el suministro de agua potable.

En el informe No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” de 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló: “(…) 3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración (…)” (ver el expediente No. 24-012146-0007-CO, tenido ad effectum videndi et probandi).
Mediante oficio No. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” emitido por la ARESEP, se concluyó:“(…) respecto al equilibrio financiero del servicio de acueducto, si bien, actualmente se dispone de la liquidez necesaria para tender la prestación del servicio, en el mediano plazo, la misma se verá comprometida severamente, dadas las directrices implementadas por el AyA de utilizar los flujos del gasto por depreciación y depreciación revaluada (reposición de activos) para atender las obligaciones financieras asociadas a iniciativas de proyectos de inversión, las cuales han visto vencer el periodo de gracia (plazo para construir la obra), lo cual empieza a generar un gasto financiero, sin que a la fecha se disponga de una solución a las necesidades de los usuarios (ausencia de proyecto). Adicionalmente, el equilibrio financiero de un servicio público debe reflejar el resultado de una gestión eficiente y eficaz en materia de inversiones, costos y gastos económicos incurridos en cumplir con los estándares y las normas de calidad preestablecidos en la prestación del servicio de acueducto. En el caso de análisis, evidentemente, el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…) Es importante señalar que el flujo de rédito para el desarrollo está orientado en atender las necesidades de inversión y el repago de las obligaciones financieras (gasto por intereses) adquiridas por el prestador para financiar la cartera de proyectos en infraestructura. En este sentido, el no disponer de la información completa, que valide y permita dar trazabilidad de los costos y cambios en el alcance de los proyectos de inversión durante el periodo 2018-2024, somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones) como con los acreedores (deudas pendientes). Razón por la cual, la Autoridad Reguladora ha sido enfática desde el año 2021 mediante diferentes oficios y fiscalizaciones técnicas, que el AyA debe modificar sus gestión en proyectos de tal manera que el (sic) permita disponer de la información, garantizar la trazabilidad de la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios, validar la información de los proyectos en los reportes de capitalización contable, actualización del sistema de aprobación y seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la Aresep y le garantice a los usuarios que cada calón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz.  6. El nivel de rédito para el desarrollo obtenido por el AyA, (Rédito en dólares: 6, 71% y Rédito en colones: 9,4%) es menor al costo del endeudamiento asumido e incorporado en el presente estudio para el AyA (…), lo cual tiene una serie de implicaciones para el servicio, tales como: Está exponiendo al servicio público de acueducto a soportar un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad de generar recursos para el repago de esta, lo cual le está transfiriendo un riesgo operativo y financiero a los usuarios. El costo de la deuda asociado a proyectos a largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social, un rezago en las oportunidades de desarrollo y un potenciador de desigualdades territoriales y económico sociales. 7. El AyA debe de llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda de largo plazo, que garantice tasas de interés más competitivas y evitar un desclase financiero, así como evitar asumir y trasladar costos poco competitivos de deuda a los asociados, dado que, si bien las tarifas se fijan bajo el principio al costo, de conformidad con lo que establece el artículo No. 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora, no debe ser a cualquier costo (…)9. Se procedió a rechazar la solicitud de capitalización de los proyectos de inversión propuestos para el servicio de acueducto del periodo 2018-2021, por un monto de ₡ 108 081, 96, de acuerdo con los siguientes criterios: Un 70% de los proyectos no se encuentra disponible, según indica el operador, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de costo, alcance y plazo durante las etapas de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y capitalización de activos. Del 30% de los proyectos que adjuntan alguna documentación, en la mayoría de los casos corresponde a el (sic) monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, el cual en su mayoría no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Mucho menos poder identificar cuales (sic) proyectos son para sustituir activos y cuales (sic) son para ampliar o mejorar la prestación del servicio, a su vez no es posible identificar los retiros de activos asociados a las capitalizaciones por sustitución o reemplazos (…) 10. Ante las inconsistencias señaladas en las inversiones propuestas a capitalizar por parte del AyA, y dados los problemas de información asociados a los proyectos del 2018-2024, se ET-074-2018). Lo anterior, permitirá, por un lado, no trasladar a los usuarios montos asociados a iniciativas de proyectos que todavía no están útiles y utilizables o del todo no se le puede dar trazabilidad, y por otro lado, al prestador, a quien se le alerta del riesgo que se está materializando, ante la incapacidad de capitalizar los proyectos de inversión, dados los impactos financieros y operativos que acarrea ese descalce de obras y el financiamiento de estas, con tasa de interés del 13,5% promedio. 11. El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones. 12. El subregistro de ventas de agua potable por del AyA, en parte tiene su explicación en que 8 de cada 10 medidores están en mal estado o con su vida útil vencida, lo cual incide en que esos costos por ventas de agua no registrados correctamente, lo terminen pagando todos los usuarios del servicio, independientemente del estado físico del medidor, como un castigo al consumo y al ahorro del recurso hídrico que hacen las familias (…) 14. El AyA no tiene una estrategia que permita contar con la información de la calidad del agua actualizada de manera anual tanto para los sistemas operados por AyA como aquellos que ha delegado a prestadores del servicio como Asadas, genera que los problemas asociados a la presencia de parámetros como arsénico, hierro, manganeso y las moléculas asociadas a agroquímicos no sean atendidas a tiempo, y por el contrario los mismos solo reciben atención una vez que la afectación a la calidad del agua se ha materializado (…)” (el destacado fue incorporado). (Ver ad effectum videndi et probandi el expediente 24-013228-0007-CO).
En el informe No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada. 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal. 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones. 3.5. Los resultados encontrados limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.  4. DISPOSICIONES (…) A JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 4.4. Diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos: i) un plan de gestión de riesgos del portafolio; ii) un plan de recuperación del portafolio; iii) un sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio; iv) el portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución; v) las mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto de conformidad con los lineamientos de MIDEPLAN y la normativa aplicable vigente; vi) los criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad; y vii) los roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del modelo de gobernanza a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 30 de abril de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.5. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que contenga al menos las orientaciones para: i) la gestión de los recursos financieros; ii) diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos; iii) resultados de productos y servicios; iv) resultados financieros; v) resultados de los procesos (eficacia organizacional); y vi) resultados de liderazgo; con el fin de modernizar su organización, procesos y procedimientos, y aumentar la eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, sostenibilidad y productividad de sus actividades. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del Modelo a más tardar el 30 de junio de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 29 de mayo de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.6. Elaborar, divulgar e implementar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que incluya las acciones e instrucciones a ser implementadas para la gestión financiera del portafolio de inversión pública, que integre al menos: i) indicadores de sostenibilidad financiera del portafolio de inversiones y de la organización; ii) mecanismos de medición, monitoreo y control y su periodicidad; iii) los límites preventivos y alertas de los indicadores, iv) acciones de sensibilización en la organización sobre la sostenibilidad financiera; v) lineamiento sobre la frecuencia para solicitar ajustes tarifarios; y vi) reportes e insumos necesarios derivados del sistema de información referencial contenidos en el párrafo 4.4 del presente informe. Remitir a la Contraloría General una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta Directiva de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, posterior a la resolución por parte de ese órgano, remitir una certificación donde conste la divulgación e implementación de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 31 de agosto de 2026. (ver párrafos del 2.55 al 2.76). A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO 4.7. Resolver acerca de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que reciba de la Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo n.° 4.6 de este informe. Remitir al Órgano Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la propuesta (…)” (ver el expediente No. 24-012146-0007-CO, tenido ad effectum videndi et probandi).
El 18 de abril de 2024, se notificó a la Gerencia General del ICAA el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro digital de notificaciones).
A partir del 1° de abril de 2024, el sistema de abastecimiento de la Ciudadela 15 de setiembre se rige por un horario de martes, jueves y domingo de 4:00 am a 1:00 pm, y lunes, miércoles, viernes y sábado de 4:00 am a 11:00 am (ver el informe de Gestión Social – Dirección de Mercadeo – Gestión Técnica – Operativa Sistemas GAM – Centro Técnico Integrado del ICAA, agregado al expediente digital).
El 6 de junio de 2024, la Contraloría General de la República indicó: “III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 1- Aspectos relacionados con la suspensión del servicio Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito de San Isidro, el Órgano Contralor encuentra consistencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por el recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por el recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. Al respecto, con base en estudios de fiscalización realizados con anterioridad, entre ellos el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables. Por su parte, se tiene acreditado mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-00008-2018 antes mencionado, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad, en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades, restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos. Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades. Acerca de la suspensión del servicio, el recurrente señala que la situación empeoró a partir del 8 de mayo de 2024, con interrupciones de hasta tres días consecutivos sin agua. El agua se distribuye únicamente durante dos horas en la madrugada, de 2:00 a 4:00, lo cual obliga a los vecinos a permanecer despiertos para realizar actividades esenciales como lavar ropa y trastes. Además, destaca la existencia de una escuela en funcionamiento en la comunidad, donde cientos de niños y niñas necesitan agua, particularmente para prevenir la propagación de un cuadro viral de problemas estomacales alertado por el Ministerio de Salud. Cabe destacar, que de acuerdo al (sic) reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que los requerimientos mencionados. Asimismo, tal normativa 1 en los artículos 86 y 90 establece que las interrupciones temporales atendidas por medio de cisternas, deben contemplar puntos de entrega lo más cerca posible de los domicilios y con facilidad de recolección de agua, todo con el fin de conceder a todas las personas la posibilidad de acceder el servicio de agua potable en condiciones de igualdad, ante su naturaleza y carácter indispensable para la vida y salud humana. Sobre lo anterior, el ICAA en el memorando n.° SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, del 14 de mayo, describe las acciones de atención mediante el reparto de agua, en términos de cantidad de camiones cisterna y su equivalente en viajes de reparto y litros, así como el detalle de los puntos en los que fueron instalados 11 tanques de almacenamiento de agua como puntos de atención fija con camión cisterna. Al respecto, no se aporta evidencia documental sobre franjas horarias específicas en las se abasteció mediante el mecanismo alternativo de camiones cisterna el servicio se ha visto interrumpido, por tanto, este Órgano Contralor no puede emitir opinión. Asimismo, el informe “Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado” cita una serie de acuerdos entre el ICAA y representantes comunales de la comisión Pro-Agua San Francisco de Coronado, entre los que se encuentran instalar tanque en el sector de Corazón de Jesús, zona con alta afectación, así como coordinar con el Centro Educativo de la localidad el llenado de los tanques del Centro Educativo y con ello garantizar que el curso lectivo pueda continuar sin ningún tipo de interrupciones. No obstante, no se acredita en la prueba aportada el cumplimiento de los acuerdos antes citados, ni el establecimiento y ejecución de un mecanismo suficiente para la integración de todas las personas en condición de vulnerabilidad o en las condiciones citadas por el recurrente (infantes recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores, entre otros), principalmente en los casos donde se estima la utilización del cisterna como medio alternativo.  2- Sobre la respuesta del ICAA para solventar los problemas Como respuesta al recurso de amparo interpuesto, el ICAA refirió a una serie de hechos causales relacionados con las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano. Entre las justificaciones apuntadas, se indicó: 1) El desequilibrio entre la oferta y la demanda, impidiendo satisfacer la creciente demanda de los usuarios. Señala que este problema se ha agravado por el fenómeno El Niño y la contaminación con hidrocarburo de la toma de captación de la Planta Potabilizadora de Guadalupe, que estuvo fuera de operación del 28 de enero al 2 de febrero de 2024 y sigue funcionando de manera limitada. En marzo de 2024, también se registró una disminución en el caudal de producción de la Planta Los Cuadros y una fuga en la impulsión del bombeo de Coronado entre el 28 y 30 de marzo, desequilibrando el sistema e impidiendo su recuperación normal. A pesar de estas afectaciones, arguye que la población ha tenido acceso al agua potable a través de la red en periodos limitados. 2) Anuncio de suspensiones: Indica que las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano han sido anunciadas a la población por los canales oficiales y se han mantenido en apego a los horarios establecidos. Con el objetivo de atender tales condiciones, el ICAA señala haber emprendido acciones como la colocación de tanques en puntos estratégicos, el abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna y comunicación mediante líderes comunales, así como la inversión en la instalación de una línea de conducción entre la estación de rebombeo de “Vistamar” y hasta el tanque existente en la Finca de “Coronado” de AyA, en la comunidad de San Isidro de Coronado. Sin embargo no se refirió a que el servicio de agua se brinda solo entre las 2:00 y 4:00 de la madrugada. Acerca de lo anterior, la Contraloría General en el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión. Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable. En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio. Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad. También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios.  IV. CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2. Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en Vázquez de Coronado, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3. Este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento conforme a las condiciones requeridas. 4. No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar criterio. En todo caso, se recalca el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable; por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones” (el resaltado fue incorporado). (ver el expediente No. 24-012146-0007-CO, tenido ad effectum videndi et probandi).
Como parte de las acciones de atención a las comunidades que presentan desabastecimiento del acueducto metropolitano, el sector de 15 de setiembre ha sido atendido en el marco de las reuniones comunales de Hatillo, con una representación de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, a través de la cual se han coordinado las diversas acciones requeridas (ver el informe rendido por la Gerente General del ICAA, agregado al expediente digital).
Entre las acciones realizadas para la atención del sector de 15 de setiembre está: “(…) a. Suministro de agua por medio de camión cisterna: se contará con distribución de agua por medio de cisterna cuando el servicio se vea interrumpido por más de 8 horas. Se atenderán y agruparán solicitudes de camiones cisterna y se priorizarán de acuerdo con la cantidad de reportes de faltante. Se informará por medio de chats comunitarios de WhatsApp y redes sociales los sitios donde se encuentren los camiones cisterna. b. Comunicación institucional: se realizarán mejoras en la comunicación dirigida a las comunidades, en aspectos puntuales sobre qué y cómo se comunica. Además, se informa que se está realizando una campaña sobre el uso racional del agua. c. Identificación de puntos críticos para colocación de tanques de almacenamiento como fuente pública: Desde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se realiza levantamiento de tanques existentes para conocer las condiciones y activarlos. Se priorizan centros educativos, albergues, centros médicos, delegaciones de Fuerza Pública y Bomberos. d. Identificación de población con mayores condiciones de vulnerabilidad: se coordinará con la CCSS y otras entidades el acceso a la ubicación de población adulta mayor, personas con dificultades de movilidad, con condiciones graves de salud para gestionar una solución más personalizada. e. Espacios de reuniones con lideres comunales: Se debe mencionar que la Institución mantiene una estrecha relación de cercanía con las comunidades que presentan limitaciones por el desabastecimiento de agua potable o por abastecimientos controlados. Dentro de los espacios de reuniones se sostuvo el 22 de marzo 2024 en Presidencia Ejecutiva coordinada por el área de comunicación (…) se cuentan con los tanques de auto abastecimiento y el reparto por medio de cisternas. Con relación al reparto con camiones cisterna, según sean las condiciones de servicio en la comunidad de 15 de septiembre y con base en lo establecido en la reglamentación vigente, para los casos donde las suspensiones del servicio sean por situaciones imprevistas tales como fugas, o salidas del campo de pozos de La Valencia por falta de energía eléctrica y donde además, la afectación en los usuarios supere las 8 horas de afectación se hará un reparto alternativo de agua potable por medio de camiones cisterna. Para el caso específico, el AyA cuenta con el registrador de presión ubicado en el costado oeste del Condominio Mixto Bambú Eco, con base en los datos de presiones registrados, se puede indicar que durante el mes de abril del 2024 los usuarios no han tenido afectaciones mayores a las 8 horas de desabastecimiento (…)” (sic) (ver el informe rendido bajo juramento por la Gerente General del ICAA, agregado al expediente digital).
De acuerdo con la Macro Zona Oeste GAM del ICAA: “(…) Con relación al reparto con camiones cisterna, según sean las condiciones de servicio en la comunidad de 15 de septiembre y con base en lo establecido en la reglamentación vigente, para los casos donde las suspensiones del servicio sean por situaciones imprevistas tales como fugas, o salidas del campo de pozos de La Valencia por falta de energía eléctrica y donde además, la afectación en los usuarios supere las 8 horas de afectación se hará un reparto alternativo de agua potable por medio de camiones cisterna. Para el caso especifico el AyA cuenta con el registrador de presión ubicado en el costado oeste del Condominio Mixto Bambú Eco, con base a los datos de presiones registrados, se puede indicar que durante el mes de abril del 2024 los usuarios no han tenido afectaciones mayores a las 8 horas de desabastecimiento (…)” (sic) (ver el memorando No. SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00507 de 23 de abril de 2024, agregado al expediente digital).
También se han instalado tanques como repositorios de agua que permiten a la población contar con un medio alterno de abastecimiento: “(…) En Hatillo esta acción para algunos representantes comunitarios no tiene buena acogida, sin embargo, la población usuaria hace uso de dichos reservorios para realizar actividades diarias tales como preparación de alimentos y otras actividades. Esta acción es ejecutada principalmente por personas que dado sus horarios de trabajo se les ha dificultado el acarreo de agua cuando la cisterna ha realizado sus recorridos. Es importante mencionar que AyA activó (puso cacheras y llenado de agua potable) un tanque en el IPEC 15 de Setiembre para abastecer sector sur de la comunidad (a disposición desde Marzo 2024), sin embargo, este tanque no es propiedad de la institución AyA sino del IPEC, y debido a las condiciones de riesgo que hay en este sector por vandalismo y habitantes de la calle que hacen mal uso de estos, el líder comunal indicó que el mismo sería instalado dentro de la propiedad del IPEC con las cacheras hacía adentro, y de ser requerido el servicio por una persona de la comunidad se le procedería a abrir. Colocaremos imágenes del tanque y como estaba instalado (…) Tanques instalados en la comunidad de 15 de Setiembre En esta comunidad se han instalado 2 tanques para abastecimiento el primero se instaló en la Escuela 15 de Setiembre en el mes de Febrero y el segundo con la colaboración del IPEC que facilitó un segundo tanque para que la comunidad pudiera acceder al recurso. La instalación de los tanques se comunicó por medio de las redes sociales institucionales, que son parte de los canales de información disponibles para los clientes (…) Por lo que el criterio de instalar esta fuente de abastecimiento de esta forma estuvo mediado por el criterio del representante comunal y no una decisión arbitraria de la institución, pues las valoraciones de ser colocado de esta forma tenían fundamento en los argumentos expuestos. Posterior a la fecha del 29 de marzo se sostiene conversación con representante de ADI 15 de Setiembre indicando que el tanque tenía una fuga que debíamos reparar, y se da respuesta que este tanque era mejor ya no realizar el llenado, debido a qué el Director del Centro Educativo mostró cierto descontento con ingreso de personas particulares al recinto educativo. Externando, además, que al sitio no estaba llegando nadie a recoger agua, aduciendo que esto se daba porque en el sector el abastecimiento de agua potable era bastante estable (…) Por parte de la Gestión social se externa que se realizaron una serie de gestiones para identificar otro sitio que cumpliera las condiciones de idoneidad para colocar un tanque, sin embargo, en la zona es limitado poder contar con un lugar que cumpliera condiciones de resguardo del tanque, estuviera con las cacheras a lo interno para evitar manipulación de personas que pudieran vandalizar el tanque, en ese sentido y tomando en cuenta que a partir del 1 de abril se realiza publicación de horarios definidos para la atención de esta población usuaria se valora que no hay requerimiento de tener un tanque en la zona debido al cumplimiento de los horarios establecidos por la institución. Es importante manifestar que estos tanques son medidas alternativas de abastecimiento cuando la población sufre desabastecimiento por días continuos y no programados. Sin embargo, actualmente en este sector no se cumple con este criterio. Importante señalar que, todas estas acciones realizadas y ejecutadas por Mercadeo-Gestión Social son atendidas en procura de buscar el bienestar social de la población usuaria y disminuir las vulnerabilidades asociadas por los faltantes de agua potable, pero al momento esta población de la 15 de Setiembre cuenta con el servicio de agua potable en los horarios establecidos y hasta más horas al día (…)” (sic) (ver el informe de Gestión Social – Dirección de Mercadeo – Gestión Técnica – Operativa Sistemas GAM – Centro Técnico Integrado del ICAA, agregado al expediente digital).
La información sobre las interrupciones del servicio de agua potable es publicada por el ICAA: “(…) para que quede a disposición del usuario y toda la población las 24 horas del día, durante todos los días del año, por medio de la página web institucional, la aplicación móvil Servicios AyA y las historias de Facebook. Esta información se publica con base en un boletín emitido por el Centro de Control Operacional, el cual contiene los datos de la interrupción del servicio, tales como la fecha, hora de inicio y hora estimada de finalización, sectores afectados, motivo de la interrupción, entre otros. Durante los meses de marzo y abril de 2024, se generaron 62 reportes por medio de la App Servicios AyA para el distrito de Hatillo, con el fin de informar sobre desabastecimientos e interrupciones del servicio de agua. La descarga y uso de la aplicación es gratuita y la información queda a disposición del usuario las 24 horas del día, durante todos los días del año. Conforme a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Técnico Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, ARPSAYA-2013 y su reforma, si la suspensión del servicio se prolonga por más de ocho horas naturales, se programa el suministro de agua potable por medio de camiones cisterna, para que los usuarios puedan suplir sus necesidades básicas. Para conocer la ubicación de los camiones cisterna, el usuario puede comunicarse por medio de la línea gratuita de atención telefónica 800-REPORTE (800-7376783) y por medio del número de servicio (NIS) el agente le puede informar la ubicación de la unidad más cercana. Además, la Institución pone a disponibilidad de la población una serie de canales para que éstos puedan informarse cuándo ocurren discontinuidades en su servicio a causa de averías u ocasionadas por abastecimientos controlados o por desabastecimientos cuando hay escasez del recurso, y que permite además realizar sus reportes de averías, entre ellos: a. Atención telefónica Gratuita: Línea 800-REPORTE (800-737-6783) b. Descargando en el celular la APP: SERVICIOS AYA c. WhatsApp: 8376-5103 d. Facebook: https://www.facebook.com/AcueductosyAlcantarilladosCR/ e. Correo Electrónico Oficial: [email protected] f. Sitio Web: www.aya.go.cr Por otra parte, estas acciones de mantener cercanía con los lideres comunales formales y otros identificados en la comunidad, es parte de los esfuerzos institucionales para redoblar la comunicación en las comunidades que presentan afectación, pero no es la única vía de comunicación y medio informativo que se tiene en las diferentes comunidades (…)” (sic) (ver el informe rendido bajo juramento por la Gerente General del ICAA, agregado al expediente digital).

IV.- Hecho no probado. Se estima como no demostrado el siguiente hecho, de relevancia para la presente resolución: único.- que la asociación recurrida haya hecho públicas en el perfil de la entidad en la red social Facebook, las reglas de interacción para todos sus usuarios, así como las consecuencias de su irrespeto.

V.- Sobre el derecho al agua potable. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:

“(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.

Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.

El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).

De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)” (véase la sentencia No. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).

Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley No. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

 La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones” (el destacado fue agregado).

Sobre el particular, en la sentencia No. 2020003982 de las 11:50 horas del 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:

“(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:

Artículo 50.-

(…)

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:

Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.

La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.

La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».

En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.

Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.

Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.

Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.

Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.

Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:

“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-

Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-

De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.

En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)”.

De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:

“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.

Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)

25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.

26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.

27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.

28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)

37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;

c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;

d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;

f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;

h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el resaltado fue incorporado).

Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.

Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs. Perú, ese tribunal dispuso:

“121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.

122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.

123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.

124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.

125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado no corresponde al original).

VI.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos, y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable. En la sentencia No. 2016012058 de las 9:30 horas de 26 de agosto de 2016, esta Cámara indicó:

“(…) en el sub judice se determina que el ICAA, como ente rector en la materia, ha incumplido sus labores de fiscalización y supervisión sobre la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, y, por tanto, ha violentado los derechos de los recurrentes. Según los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, el ICAA es responsable, entres (sic) otras funciones, de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario; de dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes el servicio de agua potable; y de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país; por lo cual resulta inexcusable que el ICAA no haya actuado a fin de prevenir y remediar una situación como la presente, en que una ASADA ha venido prestando los servicios supracitados sin suscribir ningún convenio de delegación.

Al efecto, conviene recordar lo que la Sala, en la sentencia Nº 2014-012971 de las 14:45 horas de 8 de agosto de 2014, indicó en relación con el ICAA y sus deberes de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los servicios públicos en mención:

“IV.- Sobre el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y el papel del ICAA como ente rector en materia de abastecimiento de agua. En sentencia número 2012-12009 de las 09:05 horas del 31 de agosto de 2013, esta Sala dispuso lo siguiente, que resulta de interés para la resolución del sub lite:

“Esta Sala ha sostenido que la Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es: que sean prestados con elevados estándares de calidad. Lo que tiene, como correlato necesario, la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8 (que impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”), el 139, inciso 4 (en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno”) y el 191 (en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”). Este Tribunal también ha indicado que dicha garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable, al estar en juego bienes tan preciados como la salud y la vida humana, por lo que deben imperar con mayor rigor los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, continuidad y adaptación (ver, en este sentido, sentencias número 2008-016405 de las 19:04 horas del 30 de octubre de 2008 y 2008-017633 de las 12:06 horas del 5 de diciembre de 2008). En tal contexto adquiere particular trascendencia el papel del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como ente rector en la materia. Esta Sala ha señalado que:

“(…) conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha creado dicha institución autónoma con el expreso objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable. Para cumplir tal objeto, y de conformidad a lo previsto en el artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le corresponde dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de un servicio de agua potable, así como aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de la citada ley. Con lo que se verifica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el primer llamado en procurar porque todos los habitantes de la República puedan beneficiarse de un sistema de abastecimiento de agua potable, capaz de suministrar dicho líquido de forma continua y en cantidad suficiente para satisfacer debidamente las necesidades básicas de todas las personas, en resguardo efectivo de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud” (sentencia número 2011005457 de las 11:32 horas del 29 de abril de 2011.)

En consonancia con lo anterior, esta Sala ha destacado que en aquellos supuestos en que el servicio de suministro de agua para consumo humano lo presta una ASADA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a ejercer acciones efectivas y eficientes de vigilancia y de control del respectivo sistema de suministro de agua, en cuanto a su operación, mantenimiento, administración y desarrollo, para así garantizar su correcto funcionamiento (sentencia número 2011009487 de las 9:15 horas del 22 de julio de 2011). De hecho, recientemente, en sentencia número 2012006447 de las 10:30 horas del 18 de mayo de 2012, esta Sala expresó:

“(…) si bien el artículo 2 de la Ley 2726 faculta al AyA para convenir con organismos comunales la administración sistemas de acueductos y alcantarillados, el Instituto recurrido, como ente rector en la materia, es el responsable todos los asuntos relativos a la operación, mantenimiento, administración y desarrollo de los sistemas necesarios para el suministro de agua a las poblaciones. A partir de lo anterior, la Administración no puede excusar la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable, por la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural por parte del órgano privado concesionado (…)

Con lo que se constata la obligación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales” (lo destacado no corresponde al original)

“V.- Sobre el caso concreto. En la especie, la recurrente alega que en la comunidad de El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, el ICAA brinda el servicio de agua potable por delegación en una ASADA; empero, dicho servicio es prestado de manera deficiente y requiere mejoras en la infraestructura, por lo que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida para el mejoramiento de dicho acueducto, la cual no puede ejecutarse mientras el ICAA no realice los estudios técnicos correspondientes. Estima vulnerado su derecho fundamental de acceso al agua potable.

Al respecto, la Sala tuvo por acreditado que la Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, no cuenta con personería jurídica vigente, pues la misma venció desde el 31 de julio de 2007. Asimismo, se aprecia que la ASADA El Porvenir no ha presentado ante el ICAA la documentación requerida para el trámite de firma del convenio de delegación. Además, el ICAA no cuenta con un diagnóstico actualizado del sistema de acueducto operado por la ASADA El Porvenir. De los autos se constató que mediante oficio número SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 del 03 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina Regional de Sistemas Comunales de la Región Chorotega del ICAA sugirió a la ASADA El Porvenir que contratara los servicios de un profesional para que realizara un estudio técnico mediante el cual recomendara las mejoras requeridas por el acueducto. Finalmente, se demostró que la Municipalidad de La Cruz asignó una partida de 3 millones de colones para hacer las mejoras a la infraestructura del acueducto, la cual se ejecutará una vez efectuados los estudios técnicos correspondientes. Ante este panorama, estima la Sala que se debe acoger parcialmente el amparo, solo en contra del ICAA. Tal como se explicó en el considerando anterior, el ICAA está en la obligación de fiscalizar y garantizar el debido funcionamiento de los sistemas de acueductos comunales, de manera que no puede excusarse en que la inexistencia de un servicio eficiente de agua potable responde a la falta de organización comunal o la mala gestión en la administración del acueducto rural. Como ente rector en materia de abastecimiento de agua potable, el ICAA se encuentra llamado a coadyuvar para la pronta solución de la problemática que afecta la comunidad de El Porvenir, en La Cruz de Guanacaste. Así las cosas, para la Sala no es atendible el alegato de las autoridades recurridas del ICAA, en el sentido de que no les corresponde ningún tipo de responsabilidad por los problemas presentados con la ASADA de El Porvenir. Mientras la problemática en el abastecimiento de agua continúe, la parte más vulnerable son los vecinos de la localidad, quienes deben tolerar la inoperancia de las entidades encargadas y, consecuentemente, sufrir con la deficiente prestación del servicio público de agua potable. Bajo esa inteligencia, deberá el ICAA supervisar y emitir las órdenes necesarias para que la ASADA de El Porvenir ajuste su funcionamiento a derecho y se logren concretar los estudios técnicos necesarios para autorizar la inversión del presupuesto municipal ya destinado para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en esa comunidad y, por ende, de la calidad de vida de todos sus munícipes.” (El destacado no corresponde al original).

En adición, el ordinal 36 inciso 1) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, señala como obligación y derecho del ICAA: "Suscribir y rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios públicos".

VII.- Sobre la naturaleza jurídica de las Asociaciones de Desarrollo Integral. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2016-010313 de las 09:15 horas de 22 de julio de 2016, explicó:

 “(…) Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, es menester señalar la naturaleza jurídica de las Asociaciones de Desarrollo. El artículo 14 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad n°3859, declara de interés público la constitución y funcionamiento de asociaciones para el desarrollo de las comunidades, como un medio estimular a las poblaciones a organizarse para luchar, a la par de los organismos del Estado, por el desarrollo económico y social del país. Por otro lado, en el Reglamento a la Ley N°26935-G, en su artículo 11 dispone que: Las asociaciones para el desarrollo de la comunidad son organismos comunitarios de primer grado, con una circunscripción territorial determinada. Son entidades de interés público, aunque regidas por las normas del derecho privado, y como tales, están autorizadas para promover o realizar un conjunto de planes necesarios para desarrollar social, económica y culturalmente a los habitantes del área en que conviven, colaborando para ello con el Gobierno, las municipalidades y cualesquiera organismos públicos y privados. De esta misma forma se incorporan a las estrategias y planes de desarrollo regional y a la descentralización. Aunando a lo anterior, la Procuraduría General de la República en el dictamen C-336-2011, del 23 de diciembre de 2011, estableció que: “las asociaciones de desarrollo comunal, en sus distintas modalidades (integral y específico), son entidades regidas por el derecho privado. A pesar de ser organizaciones cuya constitución y funcionamiento ha sido declarada de interés público, ello no les da ese carácter y, en consecuencia, no se encuentran sujetas al régimen de derecho público propio de las entidades públicas”. Igualmente, este Tribunal Constitucional ha reconocido el carácter de sujeto de derecho privado a las Asociaciones, a modo de ejemplo, el voto 2016-6005 de las nueve horas cinco minutos del seis de mayo de dos mil dieciséis, en un amparo contra la Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge de Upala (…)” (sic).

 Vale la pena acotar a lo anterior que según lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento a la Ley No. 26935-G, las asociaciones de desarrollo de la comunidad serán de dos tipos: “(…) a) Integrales: son asociaciones que representan a personas que viven en una misma comunidad y para cuya constitución es necesario que se reúnan por lo menos cien de ellas, mayores de quince años. b) Específicas: son asociaciones cuya finalidad es desarrollar objetivos específicos que favorezcan las condiciones económicas, sociales y culturales de una comunidad. Para su constitución es necesario que se reúnan por lo menos cincuenta personas, mayores de quince años. También podrán constituirse asociaciones específicas de carácter sectorial a nivel cantonal (…)” (sic).

 VIII.- Sobre el bloqueo del tutelado de la página oficial de Facebook de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo. El recurrente aseguró que fue bloqueado en la página oficial de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, por haber hecho el siguiente comentario en una de las publicaciones: “(…) A esto le llaman desarrollo? (…)” (sic). En el escrito de contestación de la audiencia conferida Johnny Aguilar Artavia, Presidente y Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Ciudadela Quince de Setiembre (Hatillo), indicó: “(…) Sobre el bloqueo de la página de Facebook, no es cierto, de lo contrario hubiese aportado prueba que demostrase dicho bloqueo, es extraña y merecedora de no credibilidad la queja, nótese su autoridad si el recurrente como manifiesta que fue bloqueado en la red social de Facebook por parte de la asociación de desarrollo, porque este no utilizó el medio del número telefónico o bien enviar un mensaje de texto, si describió mi número telefónico al final de su escrito inicial de recurso de amparo, quiere decir ostentaba mi número de teléfono todo el tiempo desde que ocurrieron los hechos, de contrario lo hubiere mencionado en su escrito inicial de amparo, mismo número que estaba en la página de Facebook, es decir, el supuesto bloqueo que alega el recurrente no bloqueo las llamadas telefónicos mucho menos los mensajes de texto o por vía WhatsApp de esto no aporta prueba que sustente sus alegatos, es decir, su derecho al acceso a la información como al derecho al acceso al agua al recurrente nunca fue vulnerado, ya que en la misma página de Facebook estaban otros medios para enterarse, como los el número de teléfono y como el WhatsApp (…) En aras de la verdad real y transparencia que deben imperar, señores magistrados, al señor recurrente pueden ustedes corroborar desde la misma página que es pública, no se le ha bloqueado, y al día de hoy consta que no está bloqueado, de lo contrario hubiese enviado prueba que pruebe sus alegatos de bloqueo. es cierto que a algunas personas que incitan a la violencia y vulneración de derechos se les ha bloqueado la página, para darle un ejemplo, uno de nuestros directivos de la junta administrativa de la asociación de desarrollo, persona de bien y trabajadora, en el mes de junio del presente año le dieron muerte por su defensa de seguridad en la comunidad, en estas comunidades del peligro asecha a aquellas personas que quieren el bien para sus comunidades, también tratamos de borrar post que hacen personas incitando los bloqueos de circunvalación por el tema del agua y otros problemas que nos asechan también, cuestión que esta agrupación no comparte ya que siempre procuramos llamar al diálogo como lo hizo el A y A con nosotros. Por tal, es que nuestra agrupación no ha bloqueado al señor, y a la fecha esta activo con un usuario de la página, rechazamos categóricamente que la misma haya vulnerado sus derechos, al contrario, siempre tuvo el medio para informarse como el teléfono celular en la página, que no lo utilizará por su mera voluntad no da para que manifieste vulneración a sus derechos (…)” (sic). No obstante, mediante el escrito agregado al expediente digital a las 15:01 horas de 29 de agosto de 2024, el recurrente afirmó: “(…) No es cierto que yo pudiera aportar alguna prueba en la red social de Facebook ya que la aplicación no da ningún aviso de que yo haya sido bloqueado, no se notifica ni me aparecen más publicaciones del perfil que me han bloqueado. Tampoco puedo acceder a una lista donde se detallen las cuentas que me han bloqueado, lo más que podría aportar yo, según un screenshot de una búsqueda en Facebook, señalando que no me aparece el perfil de la ADI 15 de setiembre, lo cual, aparece en Facebook como un indicio de que he sido bloqueado [aportó la imagen] Sin embargo, la persona que realiza el bloqueo, si tiene la posibilidad de mostrar la verdad o la falsedad del bloqueo, ya que puede acceder a la lista de personas bloqueadas, y con esto demostraría que el bloqueo no se realizó. Podría aportar como prueba un screnshot donde aparezca la lista de cuentas bloqueadas, demostrando que la mía no estaba incluida, sin embargo, no aportó el recurrido ninguna prueba que demuestre la falsedad de mi denuncia (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Ciertamente el representante de la asociación recurrida no aportó prueba de que el amparado no apareciera en la lista de los usuarios bloqueados del perfil de la asociación en la red social Facebook, pese a que tiene esa posibilidad. Dado que las observaciones del promovente a lo contestado son plausibles, en aplicación del principio in dubio pro libertate e in dubio pro homine, ha de tenerse por demostrado el bloqueo del usuario del tutelado.

 IX.- Tal y como se ha señalado en los considerandos anteriores la asociación recurrida es una asociación de desarrollo específica cuya naturaleza es de Derecho Privado, pero a la vez es de interés y utilidad pública. En el presente asunto quedó demostrado que la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo cumple una función de enlace entre la comunidad y el ICAA, para abordar el problema de racionamientos en el suministro de agua potable en la comunidad. El recurrente afirmó que por habérsele bloqueado no puede externar sus opiniones sobre las medidas implementadas, y se obstaculiza su acceso a la información sobre los racionamientos.

 X.- Esta Sala Constitucional ya se ha referido sobre el bloqueo del acceso de usuarios o su expulsión de cuentas de la Administración Pública en redes sociales. Estos estándares son aplicables mutatis mutandis a la  Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo en este contexto, dado el interés y utilidad públicas de por medio, y ante todo por su posición frente al ICAA en el abordaje de la problemática del suministro de agua potable. En la sentencia No. 2023-027568 de las 09:20 horas de 27 de octubre de 2023, este Tribunal particularizó los siguientes estándares:

“(…) de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, la Administración Pública al crear y utilizar cuentas para interactuar con los usuarios de las distintas redes sociales, debe: a) establecer claramente las reglas de interacción en el grupo o perfil; b) señalar expresamente las consecuencias que el irrespeto a tales directrices podría traer; c) los efectos del incumplimiento deben ser razonables o proporcionados (estipulando una gradualidad en el bloqueo y/o expulsión) y; d) de previo a bloquear o expulsar un usuario debe explicársele que su comportamiento en el grupo o perfil contraviene las reglas de interacción estipuladas (…)” (sic).

XI.- No se demostró en el sub examine que se cumpliera con los parámetros citados, razón por la cual esta Sala Constitucional debe intervenir.

XII.- Sobre el acceso del tutelado a los tanques de autoabastecimiento instalados. El recurrente adujo que desconoce los horarios de distribución del líquido en los tanques instalados en el IPEC (acudió el 23 y 26 de marzo de 2024 pero no pudo tener acceso).

XIII.- El ICAA conformó que en la Ciudadela 15 de setiembre se han instalado tanques como repositorios de agua que permiten a la población contar con un medio alterno de abastecimiento: “(…) En Hatillo esta acción para algunos representantes comunitarios no tiene buena acogida, sin embargo, la población usuaria hace uso de dichos reservorios para realizar actividades diarias tales como preparación de alimentos y otras actividades. Esta acción es ejecutada principalmente por personas que dado sus horarios de trabajo se les ha dificultado el acarreo de agua cuando la cisterna ha realizado sus recorridos. Es importante mencionar que AyA activó (puso cacheras y llenado de agua potable) un tanque en el IPEC 15 de Setiembre para abastecer sector sur de la comunidad (a disposición desde Marzo 2024), sin embargo, este tanque no es propiedad de la institución AyA sino del IPEC, y debido a las condiciones de riesgo que hay en este sector por vandalismo y habitantes de la calle que hacen mal uso de estos, el líder comunal indicó que el mismo sería instalado dentro de la propiedad del IPEC con las cacheras hacía adentro, y de ser requerido el servicio por una persona de la comunidad se le procedería a abrir. Colocaremos imágenes del tanque y como estaba instalado (…) Tanques instalados en la comunidad de 15 de Setiembre En esta comunidad se han instalado 2 tanques para abastecimiento el primero se instaló en la Escuela 15 de Setiembre en el mes de Febrero y el segundo con la colaboración del IPEC que facilitó un segundo tanque para que la comunidad pudiera acceder al recurso. La instalación de los tanques se comunicó por medio de las redes sociales institucionales, que son parte de los canales de información disponibles para los clientes (…) Por lo que el criterio de instalar esta fuente de abastecimiento de esta forma estuvo mediado por el criterio del representante comunal y no una decisión arbitraria de la institución, pues las valoraciones de ser colocado de esta forma tenían fundamento en los argumentos expuestos. Posterior a la fecha del 29 de marzo se sostiene conversación con representante de ADI 15 de Setiembre indicando que el tanque tenía una fuga que debíamos reparar, y se da respuesta que este tanque era mejor ya no realizar el llenado, debido a qué el Director del Centro Educativo mostró cierto descontento con ingreso de personas particulares al recinto educativo. Externando, además, que al sitio no estaba llegando nadie a recoger agua, aduciendo que esto se daba porque en el sector el abastecimiento de agua potable era bastante estable (…) Por parte de la Gestión social se externa que se realizaron una serie de gestiones para identificar otro sitio que cumpliera las condiciones de idoneidad para colocar un tanque, sin embargo, en la zona es limitado poder contar con un lugar que cumpliera condiciones de resguardo del tanque, estuviera con las cacheras a lo interno para evitar manipulación de personas que pudieran vandalizar el tanque, en ese sentido y tomando en cuenta que a partir del 1 de abril se realiza publicación de horarios definidos para la atención de esta población usuaria se valora que no hay requerimiento de tener un tanque en la zona debido al cumplimiento de los horarios establecidos por la institución. Es importante manifestar que estos tanques son medidas alternativas de abastecimiento cuando la población sufre desabastecimiento por días continuos y no programados. Sin embargo, actualmente en este sector no se cumple con este criterio. Importante señalar que, todas estas acciones realizadas y ejecutadas por Mercadeo-Gestión Social son atendidas en procura de buscar el bienestar social de la población usuaria y disminuir las vulnerabilidades asociadas por los faltantes de agua potable, pero al momento esta población de la 15 de Setiembre cuenta con el servicio de agua potable en los horarios establecidos y hasta más horas al día (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

XIV.- Uno de los tanques en cuestión fue instalado en las instalaciones del IPEC por así haberlo requerido la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, con las cacheras hacia adentro como medida de seguridad ante el vandalismo. Ulteriormente el tanque fue retirado debido a que no era muy utilizado y ningún otro lugar en la zona cumplía con los requerimientos establecidos. Ahora bien, ese no fue el único tanque instalado, también se ubicó otro en la Escuela 15 de setiembre, el cual mantenía las cacheras a orilla de la calle y cualquier persona podía utilizarlo, sin necesidad de autorización. Es claro, entonces, que el amparado tenía otra opción para autoabastecerse. Nótese que en el escrito agregado al expediente digital a las 15:01 horas de 29 de agosto de 2024, el recurrente manifestó: “(…) ante la consulta del líder comunal, acerca de por qué no me quejé del tanque de agua ubicado en la escuela quince de setiembre, que el tanque de la escuela no comparte las mismas condiciones que el instalado en el IPEC, ya que, a pesar de ser tan cercanos geográficamente, el tanque ubicado en la escuela quince de setiembre mantiene las cacheras a orilla de la calle (se aprecia en la fotografía), y cualquier persona puede acercarse a tomar agua sin solicitar permiso y esperar la aprobación del líder comunal para que proceda a abrir la puerta. ¿Será que hay menor incidencia del hampa en esos doscientos metros de diferencia? Sin duda, no cabría la queja, e incurriría en necedad, si me quejara igualmente del tanque ubicado en la escuela quince de setiembre, ya que, este tanque si estaba disponible al público. Y la única razón por la que busqué el tanque del del IPEC es porque el tanque de la escuela se había vaciado (a este sí se acercan los vecinos a tomar agua, y aún sigue disponible) (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Para efectos de la jurisdicción constitucional y la tutela del derecho de acceso al agua potable lo relevante es que el tutelado y los vecinos de la localidad sí tenían disponible otra alternativa (aunque el recurrente afirmara que en el preciso instante que deseaba consumir agua, el de la escuela no tenía, de su propio dicho se desprende que posteriormente fue reabastecido).

XV.- El promovente afirmó que la forma acordada para facilitar agua excluye a las personas adultas mayores y con discapacidad, quienes no pueden transportar baldes llenos de agua hasta sus casas. El recurrente efectuó sus afirmaciones de forma general sin detallar un caso en particular de alguna persona adulta mayor o con alguna discapacidad. Lo anterior impide a este Tribunal elaborar una relación de hechos específica a partir de la cual determinar si se dio una lesión o amenaza concreta a un derecho fundamental. Se recuerda que el recurso de amparo es un mecanismo procesal para la tutelada de los derechos humanos frente a lesiones o amenazas claras, concretas, específicas e inminentes.

XVI.- En todo caso, el ICAA afirmó que entre las acciones desplegadas en la Ciudadela 15 de setiembre está: “(…) Identificación de población con mayores condiciones de vulnerabilidad: se coordinará con la CCSS y otras entidades el acceso a la ubicación de población adulta mayor, personas con dificultades de movilidad, con condiciones graves de salud para gestionar una solución más personalizada (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

XVII.- Sobre los racionamientos en el suministro de agua potable en la localidad de Hatillo. [Nombre 001] es vecino de Hatillo, Ciudadela 15 de setiembre; vive en una casa arrendada, por lo que el medidor de agua potable no está inscrito a su nombre.

XVIII.- En el informe No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló: “3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración”. Mediante oficio IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” emitido por la ARESEP, se concluyó: “(…) respecto al equilibrio financiero del servicio de acueducto, si bien, actualmente se dispone de la liquidez necesaria para tender la prestación del servicio, en el mediano plazo, la misma se verá comprometida severamente, dadas las directrices implementadas por el AyA de utilizar los flujos del gasto por depreciación y depreciación revaluada (reposición de activos) para atender las obligaciones financieras asociadas a iniciativas de proyectos de inversión, las cuales han visto vencer el periodo de gracia (plazo para construir la obra), lo cual empieza a generar un gasto financiero, sin que a la fecha se disponga de una solución a las necesidades de los usuarios (ausencia de proyecto). Adicionalmente, el equilibrio financiero de un servicio público debe reflejar el resultado de una gestión eficiente y eficaz en materia de inversiones, costos y gastos económicos incurridos en cumplir con los estándares y las normas de calidad preestablecidos en la prestación del servicio de acueducto. En el caso de análisis, evidentemente, el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…) Es importante señalar que el flujo de rédito para el desarrollo está orientado en atender las necesidades de inversión y el repago de las obligaciones financieras (gasto por intereses) adquiridas por el prestador para financiar la cartera de proyectos en infraestructura. En este sentido, el no disponer de la información completa, que valide y permita dar trazabilidad de los costos y cambios en el alcance de los proyectos de inversión durante el periodo 2018-2024, somete al prestador del servicio en una incapacidad de afrontar sus obligaciones con los usuarios en el futuro cercano (nuevas inversiones) como con los acreedores (deudas pendientes). Razón por la cual, la Autoridad Reguladora ha sido enfática desde el año 2021 mediante diferentes oficios y fiscalizaciones técnicas, que el AyA debe modificar sus gestión en proyectos de tal manera que el (sic) permita disponer de la información, garantizar la trazabilidad de la aprobación interna hasta la ejecución, corregir los plazos de atención de necesidades de los usuarios, validar la información de los proyectos en los reportes de capitalización contable, actualización del sistema de aprobación y seguimiento de Mideplan y plan de inversiones de la Aresep y le garantice a los usuarios que cada calón incorporado en tarifas relacionado con inversiones responde a una gestión transparente, confiable, oportuna, eficiente y eficaz. 6. El nivel de rédito para el desarrollo obtenido por el AyA, (Rédito en dólares: 6, 71% y Rédito en colones: 9,4%) es menor al costo del endeudamiento asumido e incorporado en el presente estudio para el AyA (…), lo cual tiene una serie de implicaciones para el servicio, tales como: Está exponiendo al servicio público de acueducto a soportar un costo por la deuda adquirida más elevado que su capacidad de generar recursos para el repago de esta, lo cual le está transfiriendo un riesgo operativo y financiero a los usuarios. El costo de la deuda asociado a proyectos a largo plazo por encima del nivel de rédito, aunado a los plazos para materializar una solución real a los problemas de abastecimiento o disponibilidad del servicio han provocado que el usuario asuma un alto costo social, un rezago en las oportunidades de desarrollo y un potenciador de desigualdades territoriales y económico sociales. 7. El AyA debe de llevar a cabo un proceso de refinanciamiento o renegociación de su deuda de largo plazo, que garantice tasas de interés más competitivas y evitar un desclase financiero, así como evitar asumir y trasladar costos poco competitivos de deuda a los asociados, dado que, si bien las tarifas se fijan bajo el principio al costo, de conformidad con lo que establece el artículo No. 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora, no debe ser a cualquier costo (…) 9. Se procedió a rechazar la solicitud de capitalización de los proyectos de inversión propuestos para el servicio de acueducto del periodo 2018-2021, por un monto de ₡ 108 081, 96, de acuerdo con los siguientes criterios: Un 70% de los proyectos no se encuentra disponible, según indica el operador, debido a la ausencia de los documentos de preinversión, lo cual no permite dar trazabilidad a los niveles de costo, alcance y plazo durante las etapas de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y capitalización de activos. Del 30% de los proyectos que adjuntan alguna documentación, en la mayoría de los casos corresponde a el (sic) monto presupuestado a la fecha de análisis del estudio, el cual en su mayoría no se le puede dar trazabilidad entre el proyecto y los activos que se pretenden capitalizar. Mucho menos poder identificar cuales (sic) proyectos son para sustituir activos y cuales (sic) son para ampliar o mejorar la prestación del servicio, a su vez no es posible identificar los retiros de activos asociados a las capitalizaciones por sustitución o reemplazos (…) 10. Ante las inconsistencias señaladas en las inversiones propuestas a capitalizar por parte del AyA, y dados los problemas de información asociados a los proyectos del 2018-2024, se ET-074-2018). Lo anterior, permitirá, por un lado, no trasladar a los usuarios montos asociados a iniciativas de proyectos que todavía no están útiles y utilizables o del todo no se le puede dar trazabilidad, y por otro lado, al prestador, a quien se le alerta del riesgo que se está materializando, ante la incapacidad de capitalizar los proyectos de inversión, dados los impactos financieros y operativos que acarrea ese descalce de obras y el financiamiento de estas, con tasa de interés del 13,5% promedio. 11. El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones. 12. El subregistro de ventas de agua potable por del AyA, en parte tiene su explicación en que 8 de cada 10 medidores están en mal estado o con su vida útil vencida, lo cual incide en que esos costos por ventas de agua no registrados correctamente, lo terminen pagando todos los usuarios del servicio, independientemente del estado físico del medidor, como un castigo al consumo y al ahorro del recurso hídrico que hacen las familias (…) 14. El AyA no tiene una estrategia que permita contar con la información de la calidad del agua actualizada de manera anual tanto para los sistemas operados por AyA como aquellos que ha delegado a prestadores del servicio como Asadas, genera que los problemas asociados a la presencia de parámetros como arsénico, hierro, manganeso y las moléculas asociadas a agroquímicos no sean atendidas a tiempo, y por el contrario los mismos solo reciben atención una vez que la afectación a la calidad del agua se ha materializado (…)” (el destacado fue incorporado). En el informe No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada. 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución, lo que demora la atención de las necesidades ciudadanas, afectando el beneficio para 2,8 millones de personas en agua potable y 1,2 millones de personas beneficiarias de proyectos de saneamiento en ciudades como Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo y Coco-Sardinal. 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, pues el diseño y gestión del portafolio de inversión del AyA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica. 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones. 3.5. Los resultados encontrados limitan el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, constituyéndose en un desafío principalmente en el contexto de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 4. DISPOSICIONES (…) A JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL AYA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 4.4. Diseñar, divulgar e implementar un modelo de gobernanza integral del portafolio que contenga al menos: i) un plan de gestión de riesgos del portafolio; ii) un plan de recuperación del portafolio; iii) un sistema de información confiable que ofrezca los datos integrados del tiempo, costo y alcance de los componentes del portafolio; iv) el portafolio ajustado y aprobado por el máximo jerarca, de acuerdo con la capacidad administrativa y técnica de ejecución; v) las mediciones de desempeño periódicas a lo largo del ciclo de vida del portafolio, programa y proyecto de conformidad con los lineamientos de MIDEPLAN y la normativa aplicable vigente; vi) los criterios de priorización de los componentes del portafolio, incluyendo criterios para poblaciones en condición de vulnerabilidad; y vii) los roles y responsables de cada una de las etapas de gestión del portafolio y sus componentes. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del modelo de gobernanza a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 30 de abril de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.5. Elaborar, divulgar e implementar un modelo para el mejoramiento de la gestión institucional, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que contenga al menos las orientaciones para: i) la gestión de los recursos financieros; ii) diseño y mejora de la gestión sistemática de los procesos; iii) resultados de productos y servicios; iv) resultados financieros; v) resultados de los procesos (eficacia organizacional); y vi) resultados de liderazgo; con el fin de modernizar su organización, procesos y procedimientos, y aumentar la eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, sostenibilidad y productividad de sus actividades. Remitir a la Contraloría General una certificación sobre el diseño y divulgación del Modelo a más tardar el 30 de junio de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 29 de mayo de 2026. (ver párrafos del 2.1 al 2.54). 4.6. Elaborar, divulgar e implementar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que incluya las acciones e instrucciones a ser implementadas para la gestión financiera del portafolio de inversión pública, que integre al menos: i) indicadores de sostenibilidad financiera del portafolio de inversiones y de la organización; ii) mecanismos de medición, monitoreo y control y su periodicidad; iii) los límites preventivos y alertas de los indicadores, iv) acciones de sensibilización en la organización sobre la sostenibilidad financiera; v) lineamiento sobre la frecuencia para solicitar ajustes tarifarios; y vi) reportes e insumos necesarios derivados del sistema de información referencial contenidos en el párrafo 4.4 del presente informe. Remitir a la Contraloría General una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta Directiva de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, posterior a la resolución por parte de ese órgano, remitir una certificación donde conste la divulgación e implementación de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera a más tardar el 30 de abril de 2025, además, un primer informe de avance de su implementación a más tardar el 31 de octubre de 2025 y un segundo informe de avance a más tardar el 31 de agosto de 2026. (ver párrafos del 2.55 al 2.76). A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AYA O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL CARGO 4.7. Resolver acerca de la propuesta de hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera, que reciba de la Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo n.° 4.6 de este informe. Remitir al Órgano Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la propuesta (…)”. El 6 de junio de 2024, la Contraloría General de la República, en un criterio aplicable mutatis mutandis al sub examine, indicó: “III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 1- Aspectos relacionados con la suspensión del servicio Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito de San Isidro, el Órgano Contralor encuentra consistencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por el recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por el recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. Al respecto, con base en estudios de fiscalización realizados con anterioridad, entre ellos el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, se encontraron coincidencias en la tendencia de desabastecimiento y constantes interrupciones en el servicio de agua potable en comunidades vulnerables. Por su parte, se tiene acreditado mediante el informe n.° DFOE-AE-IF-00008-2018 antes mencionado, que el servicio de agua constituye un seguro a las comunidades para no descender en la escala de vulnerabilidad, en tanto una de las manifestaciones de la pobreza conforme al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, es el acceso limitado a los servicios básicos. Además, dicho informe emitido por el Órgano Contralor señaló que el estado deficiente de prestación del servicio propicia la exposición a enfermedades, restricción al desarrollo de actividades productivas, consumo poco sostenible del agua y disminución en la capacidad de resiliencia ante eventos extremos. Todo lo anterior acentúa las causas estructurales de la vulnerabilidad, como pobreza y exclusión, en detrimento de la calidad de vida y potencial de desarrollo de esas comunidades. Acerca de la suspensión del servicio, el recurrente señala que la situación empeoró a partir del 8 de mayo de 2024, con interrupciones de hasta tres días consecutivos sin agua. El agua se distribuye únicamente durante dos horas en la madrugada, de 2:00 a 4:00, lo cual obliga a los vecinos a permanecer despiertos para realizar actividades esenciales como lavar ropa y trastes. Además, destaca la existencia de una escuela en funcionamiento en la comunidad, donde cientos de niños y niñas necesitan agua, particularmente para prevenir la propagación de un cuadro viral de problemas estomacales alertado por el Ministerio de Salud. Cabe destacar, que de acuerdo al (sic) reglamento vigente, si el desabastecimiento sobrepasa las 6 horas se debe emitir una comunicación colectiva y asegurarse un servicio alternativo que los requerimientos mencionados. Asimismo, tal normativa 1 en los artículos 86 y 90 establece que las interrupciones temporales atendidas por medio de cisternas, deben contemplar puntos de entrega lo más cerca posible de los domicilios y con facilidad de recolección de agua, todo con el fin de conceder a todas las personas la posibilidad de acceder el servicio de agua potable en condiciones de igualdad, ante su naturaleza y carácter indispensable para la vida y salud humana. Sobre lo anterior, el ICAA en el memorando n.° SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, del 14 de mayo, describe las acciones de atención mediante el reparto de agua, en términos de cantidad de camiones cisterna y su equivalente en viajes de reparto y litros, así como el detalle de los puntos en los que fueron instalados 11 tanques de almacenamiento de agua como puntos de atención fija con camión cisterna. Al respecto, no se aporta evidencia documental sobre franjas horarias específicas en las se abasteció mediante el mecanismo alternativo de camiones cisterna el servicio se ha visto interrumpido, por tanto, este Órgano Contralor no puede emitir opinión. Asimismo, el informe “Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado” cita una serie de acuerdos entre el ICAA y representantes comunales de la comisión Pro-Agua San Francisco de Coronado, entre los que se encuentran instalar tanque en el sector de Corazón de Jesús, zona con alta afectación, así como coordinar con el Centro Educativo de la localidad el llenado de los tanques del Centro Educativo y con ello garantizar que el curso lectivo pueda continuar sin ningún tipo de interrupciones. No obstante, no se acredita en la prueba aportada el cumplimiento de los acuerdos antes citados, ni el establecimiento y ejecución de un mecanismo suficiente para la integración de todas las personas en condición de vulnerabilidad o en las condiciones citadas por el recurrente (infantes recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores, entre otros), principalmente en los casos donde se estima la utilización del cisterna como medio alternativo.  2- Sobre la respuesta del ICAA para solventar los problemas Como respuesta al recurso de amparo interpuesto, el ICAA refirió a una serie de hechos causales relacionados con las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano. Entre las justificaciones apuntadas, se indicó: 1) El desequilibrio entre la oferta y la demanda, impidiendo satisfacer la creciente demanda de los usuarios. Señala que este problema se ha agravado por el fenómeno El Niño y la contaminación con hidrocarburo de la toma de captación de la Planta Potabilizadora de Guadalupe, que estuvo fuera de operación del 28 de enero al 2 de febrero de 2024 y sigue funcionando de manera limitada. En marzo de 2024, también se registró una disminución en el caudal de producción de la Planta Los Cuadros y una fuga en la impulsión del bombeo de Coronado entre el 28 y 30 de marzo, desequilibrando el sistema e impidiendo su recuperación normal. A pesar de estas afectaciones, arguye que la población ha tenido acceso al agua potable a través de la red en periodos limitados. 2) Anuncio de suspensiones: Indica que las suspensiones del servicio en el Acueducto Metropolitano han sido anunciadas a la población por los canales oficiales y se han mantenido en apego a los horarios establecidos. Con el objetivo de atender tales condiciones, el ICAA señala haber emprendido acciones como la colocación de tanques en puntos estratégicos, el abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna y comunicación mediante líderes comunales, así como la inversión en la instalación de una línea de conducción entre la estación de rebombeo de “Vistamar” y hasta el tanque existente en la Finca de “Coronado” de AyA, en la comunidad de San Isidro de Coronado. Sin embargo no se refirió a que el servicio de agua se brinda solo entre las 2:00 y 4:00 de la madrugada. Acerca de lo anterior, la Contraloría General en el “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” del 5 de setiembre de 2018, indicó que los acueductos requieren del almacenamiento de agua para cubrir la demanda y compensar las variaciones horarias, principalmente cuando la fuente de abastecimiento por sí sola no es suficiente para cubrir la demanda diaria, lo que deriva en suspensiones del servicio en cuestión. Sobre ello, debe distinguirse que la entrada en operación del tanque luego de la suspensión, no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento. Tal fenómeno se agrava en las zonas altas de la red, donde la topografía afecta la rapidez de restablecimiento del servicio de agua potable. En suma, la suspensión debe considerar el período de llenado y presurización de tuberías, y no solamente la salida y entrada en operación de los tanques de almacenamiento, de manera tal que el tiempo que tarda la suspensión sea correspondiente a la hora de finalización comunicada y con ello, a la hora esperada por los usuarios para el retorno del servicio. Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad. También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios.  IV. CONCLUSIONES Del contenido del presente informe se concluye lo siguiente: 1. Si bien la Contraloría General no ha realizado fiscalización del servicio de abastecimiento de agua potable directamente en la comunidad de San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, ni dispone de información cuantitativa sobre las interrupciones y prolongación de los cortes de agua en demás comunidades del distrito, el Órgano Contralor encuentra coherencia entre la condición del servicio público de agua potable descrita por la recurrente y la tendencia encontrada en informes elaborados por la CGR en comunidades vulnerables, en particular en términos de continuidad y almacenamiento; es decir, lo alegado por la recurrente es coincidente con lo encontrado por la Contraloría General en otras comunidades del país en condición de vulnerabilidad. 2. Pese a que tampoco se dispone de una fiscalización sobre la respuesta del ICAA ante la alegada falta de acción para contrarrestar la mencionada suspensión del servicio en Vázquez de Coronado, con base en otros resultados de fiscalización realizados por la CGR, se ha encontrado que el portafolio de inversiones del ICAA presenta una serie de deficiencias en su gestión del desempeño, así como debilidades en la gobernanza, lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida y la entrega de los beneficios esperados a la población. 3. Este Órgano Contralor apunta sobre la consideración del período de llenado y presurización de tuberías en el horario que se comunica a los usuarios sobre la suspensión, pues no solamente se debe tomar en cuenta la entrada en operación del tanque, ya que esto no garantiza la llegada pronta o inmediata del agua potable a los usuarios, en tanto es necesario que las redes de distribución (tuberías) alcancen el llenado y la presión apropiada para garantizar el abastecimiento conforme a las condiciones requeridas. 4. No se aportó evidencia o informes sobre las actuaciones de la ARESEP, en ese sentido este Órgano Contralor no puede aportar criterio. En todo caso, se recalca el deber establecido por Ley al Ente Regulador, sobre su obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima en los servicios públicos, incluido el de agua potable; por ejemplo, la obligación de elaborar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, así como el deber de la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados al servicio público, esto para el cumplimiento cabal de las obligaciones” (el resaltado fue incorporado). (ver el expediente No. 24-012146-0007-CO, tenido ad effectum videndi et probandi).

XIX.- A partir del 1° de abril de 2024, el sistema de abastecimiento de la Ciudadela 15 de setiembre se rige por un horario de martes, jueves y domingo de 4:00 am a 1:00 pm, y lunes, miércoles, viernes y sábado de 4:00 am a 11:00 am. Como parte de las acciones de atención a las comunidades que presentan desabastecimiento del acueducto metropolitano, el sector de 15 de setiembre ha sido atendido en el marco de las reuniones comunales de Hatillo, con una representación de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre, a través de la cual se han coordinado las diversas acciones requeridas. Entre las acciones realizadas para la atención del sector de 15 de setiembre está: “(…) a. Suministro de agua por medio de camión cisterna: se contará con distribución de agua por medio de cisterna cuando el servicio se vea interrumpido por más de 8 horas. Se atenderán y agruparán solicitudes de camiones cisterna y se priorizarán de acuerdo con la cantidad de reportes de faltante. Se informará por medio de chats comunitarios de WhatsApp y redes sociales los sitios donde se encuentren los camiones cisterna. b. Comunicación institucional: se realizarán mejoras en la comunicación dirigida a las comunidades, en aspectos puntuales sobre qué y cómo se comunica. Además, se informa que se está realizando una campaña sobre el uso racional del agua. c. Identificación de puntos críticos para colocación de tanques de almacenamiento como fuente pública: Desde el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se realiza levantamiento de tanques existentes para conocer las condiciones y activarlos. Se priorizan centros educativos, albergues, centros médicos, delegaciones de Fuerza Pública y Bomberos. d. Identificación de población con mayores condiciones de vulnerabilidad: se coordinará con la CCSS y otras entidades el acceso a la ubicación de población adulta mayor, personas con dificultades de movilidad, con condiciones graves de salud para gestionar una solución más personalizada. e. Espacios de reuniones con lideres comunales: Se debe mencionar que la Institución mantiene una estrecha relación de cercanía con las comunidades que presentan limitaciones por el desabastecimiento de agua potable o por abastecimientos controlados. Dentro de los espacios de reuniones se sostuvo el 22 de marzo 2024 en Presidencia Ejecutiva coordinada por el área de comunicación (…) se cuentan con los tanques de auto abastecimiento y el reparto por medio de cisternas. Con relación al reparto con camiones cisterna, según sean las condiciones de servicio en la comunidad de 15 de septiembre y con base en lo establecido en la reglamentación vigente, para los casos donde las suspensiones del servicio sean por situaciones imprevistas tales como fugas, o salidas del campo de pozos de La Valencia por falta de energía eléctrica y donde además, la afectación en los usuarios supere las 8 horas de afectación se hará un reparto alternativo de agua potable por medio de camiones cisterna. Para el caso específico, el AyA cuenta con el registrador de presión ubicado en el costado oeste del Condominio Mixto Bambú Eco, con base en los datos de presiones registrados, se puede indicar que durante el mes de abril del 2024 los usuarios no han tenido afectaciones mayores a las 8 horas de desabastecimiento (…)” (sic). De acuerdo con la Macro Zona Oeste GAM del ICAA: “(…) Con relación al reparto con camiones cisterna, según sean las condiciones de servicio en la comunidad de 15 de septiembre y con base en lo establecido en la reglamentación vigente, para los casos donde las suspensiones del servicio sean por situaciones imprevistas tales como fugas, o salidas del campo de pozos de La Valencia por falta de energía eléctrica y donde además, la afectación en los usuarios supere las 8 horas de afectación se hará un reparto alternativo de agua potable por medio de camiones cisterna. Para el caso especifico el AyA cuenta con el registrador de presión ubicado en el costado oeste del Condominio Mixto Bambú Eco, con base a los datos de presiones registrados, se puede indicar que durante el mes de abril del 2024 los usuarios no han tenido afectaciones mayores a las 8 horas de desabastecimiento (…)” (sic). También se han instalado tanques como repositorios de agua que permiten a la población contar con un medio alterno de abastecimiento: “(…) En Hatillo esta acción para algunos representantes comunitarios no tiene buena acogida, sin embargo, la población usuaria hace uso de dichos reservorios para realizar actividades diarias tales como preparación de alimentos y otras actividades. Esta acción es ejecutada principalmente por personas que dado sus horarios de trabajo se les ha dificultado el acarreo de agua cuando la cisterna ha realizado sus recorridos. Es importante mencionar que AyA activó (puso cacheras y llenado de agua potable) un tanque en el IPEC 15 de Setiembre para abastecer sector sur de la comunidad (a disposición desde Marzo 2024), sin embargo, este tanque no es propiedad de la institución AyA sino del IPEC, y debido a las condiciones de riesgo que hay en este sector por vandalismo y habitantes de la calle que hacen mal uso de estos, el líder comunal indicó que el mismo sería instalado dentro de la propiedad del IPEC con las cacheras hacía adentro, y de ser requerido el servicio por una persona de la comunidad se le procedería a abrir. Colocaremos imágenes del tanque y como estaba instalado (…) Tanques instalados en la comunidad de 15 de Setiembre En esta comunidad se han instalado 2 tanques para abastecimiento el primero se instaló en la Escuela 15 de Setiembre en el mes de Febrero y el segundo con la colaboración del IPEC que facilitó un segundo tanque para que la comunidad pudiera acceder al recurso. La instalación de los tanques se comunicó por medio de las redes sociales institucionales, que son parte de los canales de información disponibles para los clientes (…) Por lo que el criterio de instalar esta fuente de abastecimiento de esta forma estuvo mediado por el criterio del representante comunal y no una decisión arbitraria de la institución, pues las valoraciones de ser colocado de esta forma tenían fundamento en los argumentos expuestos. Posterior a la fecha del 29 de marzo se sostiene conversación con representante de ADI 15 de Setiembre indicando que el tanque tenía una fuga que debíamos reparar, y se da respuesta que este tanque era mejor ya no realizar el llenado, debido a qué el Director del Centro Educativo mostró cierto descontento con ingreso de personas particulares al recinto educativo. Externando, además, que al sitio no estaba llegando nadie a recoger agua, aduciendo que esto se daba porque en el sector el abastecimiento de agua potable era bastante estable (…) Por parte de la Gestión social se externa que se realizaron una serie de gestiones para identificar otro sitio que cumpliera las condiciones de idoneidad para colocar un tanque, sin embargo, en la zona es limitado poder contar con un lugar que cumpliera condiciones de resguardo del tanque, estuviera con las cacheras a lo interno para evitar manipulación de personas que pudieran vandalizar el tanque, en ese sentido y tomando en cuenta que a partir del 1 de abril se realiza publicación de horarios definidos para la atención de esta población usuaria se valora que no hay requerimiento de tener un tanque en la zona debido al cumplimiento de los horarios establecidos por la institución. Es importante manifestar que estos tanques son medidas alternativas de abastecimiento cuando la población sufre desabastecimiento por días continuos y no programados. Sin embargo, actualmente en este sector no se cumple con este criterio. Importante señalar que, todas estas acciones realizadas y ejecutadas por Mercadeo-Gestión Social son atendidas en procura de buscar el bienestar social de la población usuaria y disminuir las vulnerabilidades asociadas por los faltantes de agua potable, pero al momento esta población de la 15 de Setiembre cuenta con el servicio de agua potable en los horarios establecidos y hasta más horas al día (…)” (sic). La información sobre las interrupciones del servicio de agua potable es publicada por el ICAA: “(…) para que quede a disposición del usuario y toda la población las 24 horas del día, durante todos los días del año, por medio de la página web institucional, la aplicación móvil Servicios AyA y las historias de Facebook. Esta información se publica con base en un boletín emitido por el Centro de Control Operacional, el cual contiene los datos de la interrupción del servicio, tales como la fecha, hora de inicio y hora estimada de finalización, sectores afectados, motivo de la interrupción, entre otros. Durante los meses de marzo y abril de 2024, se generaron 62 reportes por medio de la App Servicios AyA para el distrito de Hatillo, con el fin de informar sobre desabastecimientos e interrupciones del servicio de agua. La descarga y uso de la aplicación es gratuita y la información queda a disposición del usuario las 24 horas del día, durante todos los días del año. Conforme a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Técnico Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, ARPSAYA-2013 y su reforma, si la suspensión del servicio se prolonga por más de ocho horas naturales, se programa el suministro de agua potable por medio de camiones cisterna, para que los usuarios puedan suplir sus necesidades básicas. Para conocer la ubicación de los camiones cisterna, el usuario puede comunicarse por medio de la línea gratuita de atención telefónica 800-REPORTE (800-7376783) y por medio del número de servicio (NIS) el agente le puede informar la ubicación de la unidad más cercana. Además, la Institución pone a disponibilidad de la población una serie de canales para que éstos puedan informarse cuándo ocurren discontinuidades en su servicio a causa de averías u ocasionadas por abastecimientos controlados o por desabastecimientos cuando hay escasez del recurso, y que permite además realizar sus reportes de averías, entre ellos: a. Atención telefónica Gratuita: Línea 800-REPORTE (800-737-6783) b. Descargando en el celular la APP: SERVICIOS AYA c. WhatsApp: 8376-5103 d. Facebook: https://www.facebook.com/AcueductosyAlcantarilladosCR/ e. Correo Electrónico Oficial: [email protected] f. Sitio Web: www.aya.go.cr Por otra parte, estas acciones de mantener cercanía con los lideres comunales formales y otros identificados en la comunidad, es parte de los esfuerzos institucionales para redoblar la comunicación en las comunidades que presentan afectación, pero no es la única vía de comunicación y medio informativo que se tiene en las diferentes comunidades (…)” (sic).

XX.- De previo a resolver lo que en derecho corresponde, se estima oportuno traer a colación la sentencia No. 2020007754 de las 9:45 horas del 24 de abril de 2020:

“III.-Caso concreto. En el sub examine, la recurrente indica que es una persona adulta mayor de 70 años que vive en Hatillo 2 con su esposo de 76 años, su hija de 40 años y su nieta de 10 años. Manifiesta que la comunidad que habita en la que vive sufre de racionamientos y suspensiones de agua, en principio, por la escasez de ese líquido. Narra que el 9 de marzo de 2020 tuvieron agua de las 4:15 a las 6:00 horas; sin embargo, fue tan poca que con costos pudo recoger para tomar y cocinar. Menciona que, debido a lo anterior, el agua no alcanzó para llenar los tanques de los inodoros ni tampoco para lavar la ropa. Alega que tienen más de 40 horas sin agua en sus hogares. Señala que, entre las 13:00 y 14:00 horas de ese mismo día, un vecino les indicó que había un camión cisterna en el sitio, lo que les permitió recoger agua; empero, acusa que, en ese momento, no hubo ningún tipo de aviso que informara que los camiones cisterna se encontraban cerca. Sostiene que, debido a lo anterior, los otros habitantes de la zona no pudieron recoger agua. Refiere que la presidenta ejecutiva del ICAA informó que con motivo del Covid 19 pondrían agua en dos momentos del día; no obstante, tal afirmación no ha sido cumplida. Pide que se respete el derecho que tiene de recibir agua potable en horarios y tiempo razonables.

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la recurrente es una persona adulta mayor. Los tanques del sur del ICAA tienen problemas de desabastecimiento y son los que suplen el servicio de agua para la zona de los Hatillos. Estos tanques toman el líquido principalmente del sistema La Valencia y se refuerzan con los sistemas de Puente de Mulas (a través de Bello Horizonte) y de Tres Ríos por medio los tanques de Curridabat. El ICAA cuenta infraestructura para potabilizar el agua; sin embargo, las fuentes no tienen la capacidad de proporcionar el recurso requerido. Los desabastecimientos dependen de una serie de factores tales como: la demanda de la población (que varía con la hora del día, la temperatura, el día de la semana, etc), la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, entre otras. En la época seca de años anteriores, el sistema de tanques del sur se podía reforzar por más tiempo con agua proveniente de la planta potabilizadora de Tres Ríos; no obstante, debido a los problemas que se afrontan en todo el acueducto, el refuerzo se ha minimizado. El ICAA ha desarrollado varios proyectos que ya están en operación y, en los dos últimos años, se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Doña Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, no ha sido suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. En 2019, el ICAA comenzó a operar el pozo Chigüite que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos, con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los tanques del sur. A finales de 2019, la Intendencia de Agua de la ARESEP solicitó a los operadores exponer sus planes de estiaje y las acciones para disminuir los racionamientos en 2020. De los planes aportados, la ARESEP destaca que se han aprobado los recursos suficientes a los efectos de realizar las inversiones necesarias para los racionamientos; sin embargo, la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores no ha sido la deseable. A partir del 6 de marzo de 2020, el ICAA dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la planta de Tres Ríos para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de tanques del sur. El 9 de marzo de 2020, la zona de Hatillo 2 tuvo agua de las 4:15 a las 6:00 horas. El 9 de marzo de 2020, la recurrente recibió agua de un camión cisterna. Al 10 de marzo de 2020, fecha de la interposición del recurso, aún no se había restablecido el servicio de agua en Hatillo 2. Las bitácoras de reparto de agua del ICAA consignan, en relación con Hatillo 2, lo siguiente: i) El 4 de marzo de 2020 se hicieron los siguientes viajes: a. Uno a “Hatillo 2-4-8”. b. Uno a “Hatillo “#1, #2”. ii) El 5 de marzo de 2020 se efectuaron ocho viajes a “Hatillo, Hatillos 2 y 4, Colegio Cedes Don Bosco”. iii) El 6 de marzo de 2020 se llevaron a cabo tres viajes a “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén”. iv) El 7 de marzo de 2020 se materializaron los siguientes viajes: a. Uno a “Parque nacional Mara Redonda. Hatillo # 2-Hatillo #8”. b. Uno a “Hatillo 2”. c. Uno a “Hatillo 2-4-8”. d. Tres a “Hatillo 2 Valdeado”. v)El 8 de marzo de 2020 se perpetraron los siguientes viajes: a. Uno a “Hatillo #2- Hatillo #8-INA Florida”. b. Dos a “Hatillo 2 y alrededores”.  c. Dos a “Hatillos 2, 3,5”.vi) El 9 de marzo de 2020 se consumaron dos viajes a “Hatillo #1, Hatillo centro y Hatillo #2”. Los usuarios pueden consultar los siguientes canales de comunicación para informarse de los boletines de afectación en sus respectivas comunidades a través: línea 800- REPORTE (7376783); aplicación para dispositivos SERVICIOS AYA; WhatsApp: 8376-5103 y Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. El 12 de marzo de 2020, el ICAA fue notificado del curso de este amparo. El 12 de marzo de 2020, el ICAA interconectó el pozo W5 al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillo. La Intendencia de Agua de la ARESEP, mediante oficio n.º OF-0200-IA-2020 de 16 de marzo de 2020 dirigido a la presidenta ejecutiva del ICAA, expuso: “(…) No obstante, y pese a que el país se encuentra actualmente en una situación de emergencia sanitaria, diferentes localidades del país, especialmente en Área Metropolitana de San José, se encuentran sufriendo constantes racionamientos de agua, justificado por el AyA en que esto sucede porque durante la época seca, el sistema de acueducto afronta un déficit de agua sumado al aumento en el consumo del líquido durante los meses de verano. Ante esto, la Autoridad Reguladora reitera que es responsabilidad de os prestadores implementar una política permanente de planificación que permita prevenir situaciones como esta, basados en estándares de eficiencia y considerando las circunstancias adversas que se dan durante la época anual de estiaje y de sequía. En particular, deben ser capaces de desarrollar una capacidad de respuesta y un plan de contingencia adecuado para evitar los racionamientos de agua en los periodos de sequía.  Los prestadores tienen conocimiento que el impacto del cambio climático en las aguas se traduce en una limitación en la cantidad del recurso y siendo uno de los principios fundamentales de los servicios públicos su continuidad, es indispensable que realicen los esfuerzos necesarios para mejorar de manera sostenida y no solo momentánea el problema de escasez de agua que afecta a las localidades a las que les brinda el servicio. Lo anterior contrasta con la persistencia de los problemas de racionamiento a lo largo de varios años y en una gran cantidad de comunidades, lo que reafirma que no se trata de situaciones que se puedan catalogar como caso fortuito o fuerza mayor.  Aunque la Autoridad Reguladora es consciente de los esfuerzos institucionales realizados por sus representadas para evitar los impactos en la población derivados de los racionamientos de agua que se han dado en los últimos años, este problema es cada vez más recurrente y afecta a una mayor cantidad de población. Las razones son múltiples, pero llama la atención de esta Autoridad reguladora el rezago en la inversión en infraestructura y las significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada (ANC). Es imprescindible que AyA solucione ambos problemas en un plazo prudencial. No obstante las advertencias realizadas por la Autoridad Reguladora sobre el particular y sobre todo, haberse tenido conocimiento a nivel nacional e internacional del actual brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), los racionamientos de agua por parte del AyA continúan siendo una medida recurrente y los usuarios siguen sufriendo la falta de agua, vulnerando con ello el sistema de salud del país y desde el punto de vista regulatorio, el principio fundamental de continuidad en la prestación de los servicios públicos; siendo su obligación de acuerdo con el artículo 14 incisos i) y j) de la Ley N°7593, el estar preparados para asegurar en el corto plazo la prestación del servicio de manera regular y segura. Las diferentes explicaciones que ha ofrecido el AyA en varias instancias sobre las razones que han llevado a los altos niveles de desabastecimiento de varias zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de San José, no permite concluir que se les deba excluir de la aplicación del citado artículo 95 o que se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, dado que, tal y como se indicó anteriormente, la situación de racionamientos se ha presentado en forma recurrente a lo largo de varios años. En consecuencia, se instruye en este acto al AyA, para que proceda con el ajuste en el monto de la facturación de los servicios a todos sus abonados afectados por los racionamientos, para los siguientes casos en que aplica el artículo 95 del Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015 sea: a) Cuando la prestación del servicio sea menor a 16 horas naturales diarias durante al menos 20 días naturales al mes; y b) Cuando la suspensión del servicio durante 24 horas naturales por más de tres días naturales consecutivos o más de 7 días naturales no consecutivos, ambos en el mismo mes. Esta disposición es independiente de otras que han girado en el sentido de corregir en un tiempo prudencial las situaciones de racionamiento que recurrentemente se han presentado; por lo que AyA no puede asumir que la aplicación del citado artículo 95 le exime de corregir la problemática tipificada. Adicionalmente, debe comunicarse a esta Autoridad Reguladora, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el mecanismo que implementará para cumplir con esta disposición”.  El 27 de marzo de 2020, el ICAA inició la sustitución de tuberías en sectores de Hatillo 2 por unas de mayor capacidad, lo que permitirá aumentar el caudal disponible para los hogares de calle Villanea, calle 50A, calle 52, calle 54A y alameda entre calles 54 A y calle 56, con un avance del 70%, ya que faltan las interconexiones y la conexión de acometidas. El 27 de marzo de 2020, el ICAA interconectó un nuevo pozo (W16) al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillos. Este pozo tiene una capacidad de producción de 75 litros por segundo (l/s), el equivalente al consumo diario de 18.500 personas. El ICAA se encuentra ejecutando el proyecto “BPIP N° 2680: Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela” con el fin de mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable en sectores con afectación crítica durante la época seca, tales como los barrios de sur, entre ellos Hatillo. El proyecto inició el 1º de febrero de 2019 y tiene proyectado finalizar el 1º de noviembre de 2023.

En relación con este tema, la Sala ha tenido definida una línea jurisprudencial. Por sentencia n.º 2019-019080 de las 9:20 horas de 4 de octubre de 2019 resolvió:

“III.- En cuanto al desabastecimiento de agua potable por la época seca. Respecto a esta problemática que, actualmente, afecta a muchas comunidades del territorio nacional, esta Sala mediante sentencia No. 2019-007183 de las 9:20 hrs. del 26 de abril de 2019, consideró lo siguiente:

 “…III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Si bien es cierto, este Tribunal ha reconocido, en reiterada jurisprudencia, que el acceso al agua potable es un derecho constitucional, derivado de los derechos a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, también lo es que en la actualidad, se presentan múltiples problemas de desabastecimiento del líquido vital, generados durante la época seca (en igual sentido véanse las sentencias Nº 2009-12511 de las 17:59 horas del 11 de agosto del 2009, Nº 2010-015448 de las 12:15 hora del 17 de setiembre de 2010,  Nº 2014-004918 de las 14:30 horas del 09 de abril de 2014, Nº 2017-006082 de las 09:45 hrs. del 28 de abril de 2017 y Nº 2016-007550 de las 09:05 del 3 de junio de 2016). Al respecto, la responsabilidad del Estado es la de implementar las medidas necesarias y óptimas para dar solución eficaz a estos problemas. Desde esta perspectiva, se acredita en autos que, en la zona señalada por el recurrente, se han presentado cortes de agua en los últimos meses, lo cual reconoce y detalla la autoridad recurrida. No obstante, se pudo acreditar que las suspensiones reclamadas por los usuarios del servicio no son producto de la negligencia o arbitrariedad de parte del Instituto accionado, sino que estas se deben a una situación de desabastecimiento general de todos los sistemas durante la época seca. En ese sentido se acreditó que, la autoridad accionada ha comunicado a través de diversos medios que durante esta época se producirán racionamientos de agua debido al déficit ocasionado por la reducción de los caudales que abastecen los tanques de captación y por el incremento del consumo de agua. Específicamente, Zapote pertenece a la zona de Operación San José, la cual es abastecida por medio de agua almacenada en los Tanques de Curridabat, los cuales se alimentar de agua proveniente del Sistema de Tres Ríos. Consta que, durante la producción normal, los Tanques de Curridabat al iniciar el día presentan un volumen de almacenamiento del 85%; no obstante, actualmente los niveles alcanzan un 20% de su capacidad, lo que lleva a que la zona sea propensa a desabastecimientos. Estos se producen cuando la demanda de la población supera el almacenamiento que se tiene y varían dependiendo de la demanda de la población, la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, la elevación de la zona, etc. Zapote es una de las zonas más altas por lo que el impacto del desabastecimiento de agua será mayor, dicha afectación se da únicamente en la época seca y no de forma constante a lo largo del año. Normalmente, los desabastecimientos inician alrededor de las 10:00 a.m. y el sistema comienza su recuperación alrededor de las 11:00 p.m. se apoya este problema mediante el reparto de agua con camiones cisterna para centros de población vulnerables. Los accionados indicaron que, han realizado trabajos para reforzar el sistema y beneficiar a las comunidades de los sectores más altos, también, han realizado interconexiones en la zona de La Pacífica para trasladar ese sector a otra zona de operación para acortar el área de cobertura de los tanques de Curridabat, se amplió la operación abastecida por el tanque de Cipreses para abarcar parte de San José que era abastecida exclusivamente por los Tanques de Curridabat. Como medida a largo plazo, la Institución recurrida impulsa proyectos que van enfocados al control del agua no contabilizada. Producto de lo anterior, ha trabajado en explotar nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación para el beneficio de la población del GAM y se ha estado trabajando en la elaboración de un proyecto que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción que beneficia al GAM, proyecto que se encuentra en la etapa de diseño y se concluiría en el año 2025. Asimismo, acreditan que, en la actualidad tienen operando en la GAM los pozos de Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP 9 y CNP 10. Este Tribunal considera que, pese a que se comprueba que efectivamente existe el desabastecimiento del servicio de agua potable en la comunidad que reside el recurrente, las autoridades recurridas demostraron que han actuado dentro de sus posibilidades materiales a fin de lograr una adecuada redistribución. Asimismo, considera esta Sala que, el desabastecimiento se da únicamente en época seca y no durante todos los meses del año ni durante todas las horas del día y dicha situación es comunicada a la población por diversos medios. Adicionalmente, se valora que la institución ha realizado trabajos para reforzar el sistema y ha tomado medidas correctivas y preventivas, entre las cuales se encuentra el estudio que realiza para la explotación de nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación, lo que beneficiara la población del GAM y que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción. En mérito de lo expuesto, la Sala descarta que la Administración haya sido omisa en la atención de los problemas en el suministro del servicio de agua potable en la zona afectada, por ende, se impone declarar sin lugar el recurso, tal como en efecto se hace. Lo anterior, sin perjuicio de recodarle a la institución recurrida su deber de continuar realizando trabajos para reforzar el sistema y evitar el desabastecimiento durante la época seca…”.

IV.- Respecto al desabastecimiento de agua acusado por los recurrentes. En el sub lite, los recurrentes acusan racionamientos arbitrarios del suministro de agua potable en el sector de Mata Redonda. Sobre tales hechos, en los informes suscritos por el gerente general y el subgerente de Gestión de Sistemas GAM, ambos del Instituto  Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -que se tienen dados bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la ley que rige esta jurisdicción-, se acepta que la citada localidad está siendo afectada, junto al resto del Acueducto Metropolitano, del impacto de la época seca de este año. Aunque aclaran que los desabastecimientos se presentan en el sector de Mata Redonda durante algunas horas del día, siempre en horas de la tarde, por lo que la población sí cuenta durante gran parte del día con el acceso al agua potable a través de la red de tuberías. Han explicado que debido a la entrada de esa temporada en el país, los caudales de las fuentes se reducen y con ello los caudales de producción. También sostienen que esa situación obedece a un aumento en el consumo de la población debido a que por las condiciones de la época se demanda una mayor cantidad de agua que en la estación lluviosa. Igualmente, informan que a pesar de estar en los meses en los que típicamente en el país se encuentra ya instalada la estación lluviosa, producto del fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) que está influyendo, las lluvias no han sido capaces de recargar fuentes y los sistemas han mantenido afectaciones que se traducen en una disminución más pronunciada en los caudales que la Institución puede tomar de estas fuentes para potabilizarlas y abastecer a la población. No obstante, indican que su representada procede a informar a la población, la situación que vive el país con respecto a la reducción de las fuentes naturales de agua potable, lo cual no solo afecta a las zonas de Mata Redonda, sino que se extiende a todo el territorio nacional. Refieren que el AyA pone a disposición de las personas usuarias los siguientes medios para comunicar los eventos que afectan la prestación del servicio de agua: Línea 800-REPORTE (7376783), página web de AyA, aplicación para celular (disponible para su descarga en las plataformas Android e iOS): "Servicios AyA", whatsApp institucional, 57 puntos de atención personalizada y página de Facebook. Además, a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aun tenga servicio, mientras que los que viven en las partes más altas, ya tienen rato sin estar con el servicio. En este contexto, la Sala entiende que la situación acusada no surge de manera directa de un problema de imposibilidad material, sino, de condiciones ajenas, fuera de control y fortuitas que se presentan en forma temporal, y no permanentes, en la prestación del servicio público reclamado. Circunstancias que han obligado a la institución recurrida a utilizar los medios de comunicación, para informar sobre la situación en la que se encuentran los sistemas, y pedir a la población tomar las medidas pertinentes para afrontar los desabastecimientos hasta que las condiciones de caudales en las fuentes recuperen su caudal habitual, así como tomar conciencia de la necesidad de no desperdiciar el recurso disponible. Aunque la Sala entiende que estamos ante la prestación de un servicio de primera necesidad, lo cierto es que, además de la existencia de una causa objetiva, la autoridad recurrida ha adoptado medidas para atender el problema, o sea, que no se ha desatendido de la situación acusada por los recurrentes. Nótese que se ha indicado que como parte de los esfuerzos realizados por la Institución para reducir la afectación producto de los desabastecimientos, se han desarrollado varios proyectos, que ya están en operación. El año pasado se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Dona Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, esto no fue suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. También se acaba de poner a operar el pozo Chigüite, que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los Tanques del Sur. Aunado a lo anterior, se tiene que contrario a lo alegado por los tutelados, en los últimos seis meses del año 2019 no se han brindado disponibilidades en el servicio de agua potable para desarrollos inmobiliarios en el sector de Mata Redonda — San José. Incluso, las últimas tres solicitudes de disponibilidad fueron negadas y se entregó a los interesados una carta donde se les indicaba la infraestructura que deberían construir de su propio peculio antes de poder contar con la disponibilidad en el servicio de agua potable.  Así como que los proyectos inmobiliarios que, actualmente, se construyen en esa localidad, cuentan con la respectiva disponibilidad en el servicio de agua potable, aprobadas tiempo antes de que se presentaran los problemas de desabastecimiento en la zona. Además, los proyectos inmobiliarios en construcción se abastecen por medio de un único medidor y cuentan con tanque de almacenamiento y sistema de bombeo privado. Bajo esa tesitura, al igual que el anterior antecedente, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso porque no se demostró que la falta del servicio de agua potable sea antojadiza, arbitraria o sin fundamento por parte de AyA, pues igualmente se comprobó que se han buscado soluciones a la problemática generada por las condiciones geográficas y climáticas que sufre la zona de Mata Redonda, así como que se han tomado medidas para atender esa situación. Aparte de que la acusada construcción indiscriminada, que no es tal, tampoco tiene incidencia en la referida problemática”.

Asimismo, en la resolución n.º 2019-008791 de las 9:30 horas de 17 de mayo de 2019 este Tribunal dispuso:

“III.- Sobre el incumplimiento de los horarios de racionamiento. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión al derecho a la salud del accionante. Del informe rendido por la autoridad recurrida, se constata que los días 23 y 24 de abril de 2019, existió un desabastecimiento en distintas comunidades de los alrededores de Guadalupe, propiamente en Santa Eduviges. Ante todo se debe tener claro que, de acuerdo con lo indicado por el ICAA, la institución no aplica racionamientos en el sector donde reside el amparado; la afectación es producida por el desabastecimiento cuando la población consume la totalidad del almacenamiento disponible, que es el que se ha podido almacenar durante la noche, cuando la demanda de la población baja, lo anterior, dada la escasez generada por la época seca. Ahora bien, según fue explicado por el ICAA, la red de tuberías funciona como un tanque de almacenamiento de gran tamaño, pues una vez que los tanques de almacenamiento son vaciados, existe agua dentro de las tuberías, cuyo consumo no se puede detectar. Una vez que el tanque queda vacío, la tubería se va descargando, pero a una tasa que no es conocida, ya que depende de muchos factores, tales como el clima, el día de la semana, la hora del día, por lo que es variable cada día. Esto hace casi imposible predecir la hora en la cual se va a ir acabando el agua disponible para el usuario. El ICAA a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aún tengan servicio, mientras que los que viven en las partes altas, desde un tiempo mayor, no cuentan con el servicio. Así las cosas, no se puede endilgar a la institución recurrida el que no se cumpla con el horario aproximado de suministro del líquido, pues no es algo que la entidad planifique, sino que depende directamente de la demanda y de las condiciones particulares del sistema, incluso climatológicas.

IV.- Del informe rendido bajo juramento por la Presidenta Ejecutiva del ICAA, así como de la lectura de la prueba aportada, se desprende que la entidad recurrida ha ejecutado medidas con el propósito de paliar los efectos de la escasez de agua, entre ellas: a) el abastecimiento mediante camiones cisterna, especialmente a centros educativos y centros de salud, b) el 8 de abril de 2019, se abrió un límite entre la zona de Guadalupe y Moravia, para reforzar el sector de Guadalupe, c) el 7 y el 11 de abril de 2019, se intervinieron fugas importantes no visibles, que estaban afectando el sistema, d) el 9 de abril de 2019, se habilitó un “bypass” para reforzar desde el tanque de Guadalupe, aún más el refuerzo que se le hace al tanque de San Blas, e) se han efectuado racionamientos en los sectores de Coronado, Los Cuadros y Montes de Oca con el objetivo de reforzar el abastecimiento de Guadalupe con el agua proveniente de la Planta de Tres Ríos, es decir repartir el déficit, f) se ha coordinado con el ICE con el fin de extraer más agua del embalse en esta época seca con la finalidad de aumentar la producción en Tres Ríos, y actualmente se dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la Planta de Tres Ríos, para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de Guadalupe y, g) a largo plazo se tiene planeado ejecutar el Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano, que pretende aumentar en hasta 2500 litros por segundo la producción que beneficia al Gran Área Metropolitana, mismo que se proyecta concluir en el año 2025. En criterio de este Tribunal, el ICAA ha abordado de forma diligente la problemática denunciada.  Bajo este orden de consideraciones, este extremo del recurso deviene improcedente. No obstante lo anterior, esta Sala recuerda al ICAA su obligación como entidad rectora de la gestión del recurso hídrico, de seguir implementando las medidas necesarias con el propósito de abordar el problema de escasez de agua, de tal forma que se aminore su repercusión sobre la calidad de vida de los usuarios y se garantice el derecho de acceso al agua potable”.

Sobre el particular, tal y como ocurrió en los precedentes de cita, la Sala observa que, en principio, la falta del servicio de agua potable responde a un problema de desabastecimiento. No obstante, la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19, hace necesario que este Tribunal se replantee la tesis supra citada. Al respecto, no solo consta que la problemática de desabastecimiento de agua se venía reflejando desde el 2017, sino que la ARESEP puntualizó que el ICAA tenía un rezago en la inversión en infraestructura y, además, significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada. Asimismo, el ente regulador también afirmó que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable.

De ahí que, previo a seguir validando alguna situación de desabastecimiento y en virtud de la pandemia por el COVID-19 (cuyas fatales repercusiones son públicas y notorias en otras latitudes), el ICAA debe implementar las acciones correspondientes a los efectos de solventar a corto plazo los problemas generados por la escasez de agua en las fuentes de producción, sin perjuicio de las soluciones a mediano y largo plazo que tenga proyectadas. Lo anterior se dispone, por cuanto el acceso a este líquido en medio de esta pandemia se torna fundamental para evitar una mayor propagación, según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Nótese que, luego de la comunicación del curso de este amparo, el ICAA efectuó dos interconexiones con pozos para reforzar abastecimiento en los sistemas afectados y, además, en Hatillo 2 sustituyó tuberías por otras de mayor capacidad, lo cual demuestra que sí tenía acciones a su alcance para al menos tratar de mitigar la situación; empero, no consta que estas hayan solventado lo acusado. Si bien se desprende que el ICAA ha procurado la repartición de agua potable por medio de camiones cisterna en Hatillo 2, no se aprecia con claridad si la cantidad de agua fue suficiente para suplir a las necesidades básicas de las personas afectadas. En ese sentido, el hecho de que, en un lapso de cuarenta horas, la recurrente solo haya tenido acceso al servicio por menos de dos, dimensiona la magnitud del problema y evidencia la transgresión al derecho de acceso al agua de la recurrente. Debido a lo anterior se impone la estimatoria del recurso en contra del ICAA, en los términos que se dictarán en parte dispositiva de la sentencia.

En relación con las demás autoridades recurridas, no se aprecia de manera evidente que tengan algún tipo de responsabilidad directa en los hechos acusados por la recurrente. De ahí que se declara sin lugar el recurso en su contra (…)” (el resaltado fue agregado).

Asimismo, obsérvese que en el reglamento No. 21 del 19 de marzo de 2024 ‘Reglamento Técnico "Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)"’, la ARESEP reguló:

“Artículo 7.- Obligatoriedad de la prestación de los servicios.

Siempre que sea técnicamente factible, los prestadores dentro de su jurisdicción deben brindar, en condiciones de prestación óptima, los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrantes.

Asimismo, todo prestador debe garantizar, el uso eficiente del recurso hídrico, la sostenibilidad del suministro en el corto, mediano y largo plazo de los servicios públicos (…)

Artículo 10.- Prestación del servicio en condiciones inferiores a la prestación óptima.

Solo en situaciones excepcionales: caso fortuito, fuerza mayor, daño causado por tercero o suspensiones programadas, se permitirá brindar los servicios en condiciones inferiores a la prestación óptima.

Sin embargo, el prestador deberá implementar a la mayor brevedad posible, las medidas correctivas temporales que correspondan para suministrar los servicios hasta tanto se logre reestablecer el servicio a condiciones óptimas (…)

Artículo 82.- Continuidad en la prestación de los servicios.

Los prestadores deben garantizar que el servicio se brinde sin interrupción, las 24 horas del día, los 365 días del año, con las condiciones de calidad y cantidad establecidas en este reglamento.

Se exceptúan aquellas situaciones provocadas por el abonado o usuario; por caso fortuito; por fuerza mayor; o por períodos programados de mantenimiento del sistema o daño causado por terceros; en cuyo caso aplicará lo establecido en este Reglamento en cuanto a la prestación del servicio en condiciones inferiores a las establecidas en este reglamento.

En los casos de declaración de emergencia o de interés público, ningún abonado debe quedar sin suministro del servicio de acueducto por falta de pago. Es obligación del abonado cumplir con el pago por el servicio de acueducto, de acuerdo con las condiciones de cobro que se establezcan (…)

Artículo 85.- Prioridad del abastecimiento en caso de escasez.

En caso de que el servicio de acueducto deba ser restringido, éste (sic)se brindará con el fin de satisfacer el consumo humano, con el siguiente orden de prioridades:

a. Hospitales, clínicas, centros de salud centros penitenciarios, albergues, campamentos de damnificados y aeropuertos.

b. Centros educativos.

c. Vivienda, para atender las necesidades básicas de las familias.

d. Actividades comerciales, agrícolas e industriales.

Artículo 86.- Interrupción temporal del servicio de agua potable.

En caso de interrupción temporal de la continuidad del servicio, los prestadores deberán comunicar a los abonados y usuarios a través de los medios de comunicación colectiva, lo siguiente:

a. Área y población afectadas;

b. Tipo de afectación al abonado;

c. Duración estimada de la interrupción;

d. Razones de la interrupción del servicio;

e. Medidas de contingencia en caso de ser necesarias;

f. Medios alternativos para el suministro del agua; y

g. Ubicación de los puntos de entrega del agua, en caso de que se realice por medio de cisternas. El punto de entrega debe estar lo más cerca posible de los domicilios para que se abastezcan varios usuarios a la vez, evitar desperdicio y que exista facilidad de recolección del agua.

Esta información deberá mantenerse actualizada.

Artículo 87.- Comunicación de las interrupciones del servicio de suministro de agua potable

Los prestadores deberán comunicar las interrupciones temporales del servicio de suministro de agua potable de la siguiente forma:

a. Para interrupciones programadas, con al menos 48 horas naturales de antelación;

b. Para interrupciones no programadas, dentro de las 4 horas naturales después de detectada la avería o producido su reporte.

Esta comunicación deberá realizarse mediante medios de comunicación colectiva, detallando la ubicación, el horario de suministro, las condiciones del servicio alternativo de agua potable y las zonas afectadas.

Artículo 88.- Medios alternativos de suministro del servicio de acueducto

Los prestadores definirán los servicios alternativos de suministro del servicio de acueducto, estos podrán ser camiones cisterna, tuberías temporales, fuente pública u otros, siempre que estos garanticen que el agua brindada reúna las características de calidad y que asegure el acceso al agua potable para cubrir las necesidades básicas de los usuarios del área afectada.

a. Si la interrupción del servicio de acueducto, contemplando su reparación, se prolonga por más de 6 horas naturales, de manera diaria, el prestador está obligado a brindar un servicio alternativo de suministro de agua potable a los abonados para cubrir las necesidades básicas.

b. Tratándose de interrupciones que se prolongan por más de 1 día, el suministro de agua potable será diario a todos los abonados afectados por los medios alternativos de que dispone el prestador.

c. En el caso de abonados con interrupciones prolongadas, por más de 5 días, el prestador definirá el mecanismo para brindarles el suministro de agua, de tal forma que facilite la entrega, por ejemplo, en tanques de almacenamiento (propios o en aquellos brindados por el prestador) para reducir la frecuencia de entrega y garantizar el agua para un mayor número de días.

d. El abastecimiento alternativo no se podrá mantener de forma continua por más de 2 años, salvo que la programación del proyecto para solucionar el déficit de agua se extienda por un plazo mayor; debiendo contemplarse en el plan de inversiones, las necesidades de desarrollo de los servicios públicos que brindan y el operador deberá informar, por los medios que tengan disponibles, el avance del proyecto.

e. En el caso de abastecimiento de agua por cisterna, el prestador del servicio deberá ofrecer al menos dos horarios, uno en la mañana y otro en la tarde para distribuir el agua para garantizar que los usuarios reciban el agua potable al menos una vez al día” (el destacado fue incorporado).

XXI.- En el informe No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República señaló: “3. Conclusiones 3.1. Desde su creación en 1961, el AyA tiene la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector y delegante del servicio. Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable, para que la prestación del servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad, en apego a los principios fundamentales del servicio público relativos a la adaptación a las necesidades sociales y la igualdad en el trato a los destinatarios del servicio. 3.2. En este marco, la calificación del servicio de agua potable de 4,45 de 10 en comunidades vulnerables revela una brecha significativa en la calidad de este servicio y los parámetros mínimos aceptables. Esto, resulta de una visión generalizada de estas comunidades que no incorpora enfoques de orden diferencial e intercultural en la prestación del servicio, que aseguren la protección y restauración de los derechos vulnerados. 3.3. Además, esta situación evidencia que desde un enfoque con sensibilidad étnica y cultural, falta mayor avance en la aplicación de buenas prácticas de administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto, que garanticen la sostenibilidad de estos para la prestación del servicio de agua potable a comunidades vulnerables. 3.4. La situación encontrada, propicia condiciones de pobreza, afectación a la salud, y las capacidades productivas, en detrimento del bienestar económico, social y ambiental que permita superar las condiciones de vulnerabilidad de la población. Es así como, resulta relevante la mejora en la calidad al constituir este un servicio fundamental para estas comunidades, en el cual interesa proteger la sostenibilidad de los fondos públicos invertidos en infraestructura y administración”. Además, en el en el informe No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, la Contraloría General de la República concluyó: “3.1. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad (…) 3.2. El AyA tampoco ha sido eficaz ni eficiente en la gestión del tiempo, costo y alcance del portafolio, pues un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 aún están en ejecución (…) 3.3. A su vez, la gestión del portafolio tampoco ha sido eficaz en la incorporación de proyectos prioritarios en congruencia con las necesidades ciudadanas actuales y futuras (…) 3.4. La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AyA a una situación de fragilidad, en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios”. Aunado a lo anterior, recuérdese que la Contraloría General de la República el 6 de junio de 2024, en un criterio aplicable mutatis mutandis al presente asunto, afirmó que: “Relativo a las inversiones efectuadas por el ICAA, mediante el “Informe de auditoría acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión de portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024 del 12 de abril de 2024, este Órgano Contralor determinó que la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del ICAA no ha sido eficaz ni eficiente; lo que limita la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida. También, se encontró que el diseño del portafolio de inversión del ICAA presenta un nivel incipiente y carece de una secuencia lógica y sistémica, conforme a las etapas establecidas de selección, priorización, balance estratégico y aprobación; además, no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes. Asimismo, en el citado informe de fiscalización se determinó que la gestión de la información por parte del ICAA no permite una administración eficiente del tiempo, costo y alcance del portafolio, ya que para diversos programas y proyectos no hay datos básicos como de fechas de inicio y finalización, costos reales y planificados, cantidad de población beneficiada y responsables de gestionar los proyectos. Estas condiciones dificultan la entrega de beneficios mediante inversiones para producir y mejorar los sistemas de agua potable, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad. También, se restringe el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales y nacionales, principalmente de aquellos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando el impacto extenso y progresivo que caracteriza a los proyectos hídricos, los cuales coadyuvan al desarrollo económico, del ambiente y la salud de las zonas influenciadas y beneficiadas por las inversiones. Así, dadas las deficiencias en la gestión de la información, se limita la identificación oportuna de las desviaciones en tiempo, costo y alcance de los proyectos por parte de los tomadores de decisión, lo que dificulta la atención de la necesidad pública con la prontitud requerida. Acerca del Informe n.° DFOE-SOS-IAD-00003-2024, vale la pena señalar que se prevé una condición de insostenibilidad financiera en la gestión del portafolio de proyectos a cargo del ICAA, lo que supone una situación de fragilidad. Sobre este aspecto destaca el no reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios”.

XXII.- Por su parte, recuérdese que la ARESEP emitió el memorial No. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que evidenció algunos de los problemas del ICAA, como lo son “(…) el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores, permite concluir que el equilibrio financiero del servicio no puede ser a cualquier costo (…)”. Además, en tal estudio se recalcó que el ICAA cobra a las personas usuarias montos que incluyen un 57% de agua que se desperdicia y que, por ende, no conlleva una contraprestación a favor de los abonados. Ello se evidencia con la conclusión de la ARESEP en cuanto a que “El ente regulador le reitera al AyA, que como parte del proceso de revaluación de los activos que integran la base tarifaria, el valor de esta es un 69% mayor, sin que medie una contraprestación en el servicio que se presta, lo cual debió fungir como un resguardo financiero para la reposición de los activos que llegan al final de su vida útil o por retino anticipado. No obstante, el AyA no ha redirigido dichos montos para atender la reposición de aquellos activos que han visto vencer la vida útil, en especial en tuberías de conducción y distribución, así como modernización del parque de medidores o la implementación del sistema de facturación que se encuentra pendiente de ser reemplazado desde el 2004. En lo que respecta al 57% del agua que el AyA le está cobrando a los usuarios, aun cuando se desperdicia por las aceras y carreteras por medio de fugas, anomalías en los registros de usuarios y ventas, errores en facturación, entre otros factores, la Autoridad Reguladora acordó recortar esos costos en un 10% cada dos años, dado que es obligación del prestador de un servicio público no solo ofrecer el servicio con calidad y cumplir con el principio de servicio al costo, lo cual no puede ser de recibo el que se le cobre a los usuarios por el agua que no es facturada correctamente como resultado de que el 80% del parque de hidrómetros está en mal estado, las ventas de agua en bloque se realizan con precios por debajo de la tarifa establecida, por el agua que se desperdicia con las fugas recurrentes enaceras y carreteras del país sin una atención oportuna y la ausencia de una política de sustitución de tuberías obsoletas y con más de 70 años de uso, las cuales se les cobra como nuevas. Lo anterior, significa aproximadamente 38,5 millones de metros cúbicos, que de ser eficientes en el uso del recurso hídrico que, dicho sea de paso, se promueve proteger por el mismo AyA, permitiría atender muchas de las disponibilidades rechazadas, evitar tantos recortes del suministro e incluso duplicidad de inversiones”.

XXIII.- Así las cosas, en el sub lite queda en evidencia que existe un problema estructural de parte del ICAA que ha afectado la prestación del servicio de agua potable en perjuicio de los habitantes de Ciudadela 15 de setiembre.

XXIV.- Acerca de esto, adviértase que, aun cuando en diversos informes del ICAA atinentes a tal problemática se ha indicado que el desabastecimiento obedece a múltiples factores, no puede obviarse que en el sub iudice ha quedado demostrado que el ICAA adolece de una inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno. La ARESEP mediante el oficio No. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, evidenció entre los problemas que afronta el ICAA “el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración”. De este modo, en la especie resulta evidente la conculcación del derecho fundamental de acceso al agua potable, máxime si se considera que el ordinal 50 de la Constitución Política dispone que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida” y que en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, cuyas características son: i) calidad; ii) accesibilidad; y iii) disponibilidad, lo que implica que “El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos”. En suma, se declara con lugar el recurso concerniente al ICAA.

 XXV.- Esta Sala Constitucional mediante la sentencia No. 2024-017902 de las 09:20 horas de 28 de junio de 2024, resolvió el recurso de amparo No. 24-007581-0007-CO, en el que vecinos de Hatillo cuestionaron los racionamientos de agua:

“(…) En el sub examine, los recurrentes consideran lesionados los derechos fundamentales de los vecinos de Hatillo, toda vez que acusan que la localidad que se ha visto afectada por racionamientos de agua aplicados por el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. Indican que los racionamientos se dan por períodos sumamente amplios, sin horarios definidos y sin que se les den alternativas para el suministro de agua, lo que afecta a las personas de la comunidad. Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades recurridas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se tiene por acreditado que los vecinos de la comunidad de Hatillo se han visto afectados por racionamientos en el servicio de agua potable. En este sentido, se verificó que la comunidad se abastece de agua potable del sistema de La Valencia del Área Metropolitana. Sin embargo, este sitio ha experimentado una serie de interrupciones, por racionamiento del servicio de cita, durante al menos 110 veces en lo que va del año 2024. Adviértase que, que tal afectación se ha derivado de una serie de factores, tales como la contaminación por hidrocarburos de la Planta Potabilizadora de Guadalupe, lo que ha implicado que el instituto accionado trasvase a otras comunidades el agua del sistema de La Valencia, así como interrupciones como consecuencia de cortes de electricidad, averías y fugas en algunos de los tubos de distribución del sistema. Bajo este panorama, cabe señalar que este Tribunal, ha validado en anteriores ocasiones que el instituto recurrido, por medio de su normativa institucional, aplique racionamientos en el servicio de agua potable por motivos de fuerza mayor o causas fortuitas. No obstante, la institución debe adoptar una serie de medidas para garantizar que la población tome las previsiones correspondientes y puedan buscar alternativas para no perder totalmente el acceso al agua. A mayor abundamiento, la institución accionada puede realizar racionamientos en sus servicios, pero debe hacerlo de forma planificada, estableciendo las coordinaciones necesarias y ejecutando acciones para garantizar la continuidad del servicio, tales como la determinación y cumplimiento de un horario, el cual debe ser comunicado oportunamente a las comunidades que se verán afectadas. En el caso concreto, ello se echa de menos, pues, si bien la autoridad recurrida asegura que los recortes de agua se realizaron por medio de cierres nocturnos de 10:00 p.m. a 3:00 a.m. o 4:00 a.m. del siguiente día para levantar el nivel de almacenamiento de los tanques, no menos cierto es que, la misma autoridad recurrida en su informe indica que boletines de suspensión adicionales pueden ser emitidos cuando se presentan desabastecimientos, es decir cuando el agua disponible se acaba por el aumento de la demanda de la población, o cuando se producen averías que afectan el servicio, lo que justamente ha sucedido en la comunidad de Hatillo en donde por las distintas averías y situaciones enumeradas en los hechos probados, las cuales han ocurrido durante los días 10 de febrero, 13 de febrero, 18 de febrero, 2 de marzo, 18 de marzo y 21 de marzo, todos de 2024, los vecinos se han quedado sin el servicio de agua potable por tiempos excesivos y sin tener conocimiento de la situación con anterioridad, lo que ha imposibilitado a los usuarios del servicio en la zona tomar las previsiones del caso. Aunado a ello, la institución debe establecer planes remediales, tales como la distribución constante, fijando un horario para ello también, por medio de camiones cisterna, lo que permitiría que las personas puedan aprovisionarse del líquido así puedan suplir sus necesidades; sin embargo, dicha solución también se echa de menos en el informe rendido por la autoridad recurrida en este caso. Nótese que, de conformidad con el informe rendido por la autoridad recurrida, se denota que, en los últimos años, los racionamientos de agua son cada vez más recurrentes, siendo que el instituto recurrido ha hecho esfuerzos institucionales para aminorar los impactos de ello en la población; sin embargo, queda acreditado la insuficiencia de infraestructura y la ejecución de planes y obras, tanto para cuidar el agua como para su eficaz distribución. Ciertamente, las autoridades recurridas en su informe aportan una serie de proyectos que se tienen previsto para ampliación de la producción en el sistema de La Valencia; no obstante, no existe claridad en cuanto a fechas posibles para la culminación de estas y para la entrada en funcionamiento de los proyectos enumerados. Obsérvese que, las mismas autoridades recurridas afirmaron que la afectación también ha sido consecuencia de la contaminación por hidrocarburos de la Planta Potabilizadora de Guadalupe; empero, es menester indicar que ello no es una justificación razonable, máxime que la Sala estimó que dicha emergencia obedeció también a una falta de previsión por parte de la administración (véase sentencia No. 2024-009354 de las 12:52 horas de 9 de abril de 2024). En mérito de las consideraciones expuestas, se constata que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha lesionado los derechos fundamentales de las personas amparadas, toda vez que no ha tomado las medidas necesarias para garantizarles la continuidad del servicio de agua potable y ante la aplicación de racionamientos no ha dispuesto ni ha cumplido un horario claro y previamente determinado, ni ha dispuesto el suministro por medio de camiones cisterna en horarios también previamente definidos. En consecuencia, se declara con lugar el recurso con las consecuencias que se establecen en la parte dispositiva de esta sentencia (…)

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Alejandra Mora Segura, en su condición de Gerenta General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que: 1) de forma inmediata a la notificación de esta sentencia, se disponga y se ejecute un horario claramente definido en caso que sea necesario continuar con los racionamientos de agua potable en la comunidad de Hatillo; y 2) de forma inmediata, garantice a través de alguna alternativa provisional, el suministro diario suficiente de agua potable para suplir las necesidades básicas de la población, cuando la interrupción del servicio sea por periodos de más ocho horas. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contenciosoadministrativa. Notifíquese. (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

 Dado todo lo expuesto líneas arriba, considera este Tribunal que aunado a lo ordenado en la citada sentencia, en esta ocasión se hace necesario imponer al ICAA la obligación de que, en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Hatillo se preste de forma eficiente, eficaz y continua.

XXVI.- Sobre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), y la necesidad de su intervención en este tipo de situaciones. Por último, en cuanto a la ARESEP, nótese que la ley No. 7593 del 9 de agosto de 1996 ‘Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)’ dispone:

“Artículo 4.- Objetivos Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora:

a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos definidos en esta ley y los que se definan en el futuro.

b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos.

c) Asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de esta ley.

d) Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad.

e) Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de concesiones.

f) Ejercer, conforme lo dispuesto en esta ley, la regulación de los servicios públicos definidos en ella.

Artículo 5.- Funciones En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son: (…)

c) Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes (…)” (el destacado fue agregado).

La ARESEP tiene entre sus funciones la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio de agua potable. Tal y como se ha destacado, existe constancia de larga data de que el ICAA no ha emprendido una gestión ineficaz del portafolio de los proyectos de inversión, lo que incluso fue reconocido por la propia ARESEP en el oficio No. IN-0042-IA-2023 del 15 de agosto de 2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, en el que destacó problemáticas del ICAA como “el disponer de un 57% de pérdidas de agua potable, inversiones con plazos de 10 a 15 años de ejecución, sobrecostos en obras de inversión por lo (sic) desfases en plazo a lo largo de toda la cadena de valor del proyecto atribuibles a la administración, con un 80% de medidores sub-registrando consumos, ausencia de registro de grandes consumidores y niveles de consumo, venta de agua en bloque con precios por debajo de las autorizados, licitaciones de inversiones sin garantías y resguardo de los recursos públicos comprometidos, ausencia de planificación institucional orientada a la sustitución de activos que presentan vencimientos en la vida útil, presencia de servicios sin medición, rechazos de disponibilidad de servicios y el 70% de los sistemas con estrés hídrico, entre otros factores”. La Defensoría de los Habitantes en el informe No. H-581-2024 del 10 de junio de 2024 rendido en el expediente No. 24-012146-0007-CO tenido ad effectum videndi, y aplicable mutatis mutandis al presente recurso, indicó: “De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°7593, entre las funciones y objetivos fundamentales de ARESEP se encuentra el velar porque los prestadores de servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima estos servicios. Al respecto, ARESEP elaboró en el año 2022 un diagnóstico del Servicio de Acueducto del AyA, en el cual se concluyó: “que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo”. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión. En aras de la salud pública y en cumplimiento de las competencias legalmente establecidas, la ARESEP tiene la responsabilidad de velar porque los prestadores de los servicios de suministro de agua potable brinden un servicio de calidad. De ahí el seguimiento estricto y exigencia de cumplimiento que debe dar dicha instancia a cada una de las conclusiones a que llegó el informe de cita, con el fin de asegurar que la prestación del servicio se hará cumpliendo los estándares de calidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad vigentes. La Autoridad Reguladora manifiesta en su informe que, según la revisión en la base de datos del Área de Quejas, para los períodos 2023 y 2024 no hay quejas o trámites a nombre del recurrente por el desabastecimiento en el servicio de acueducto que presta el AyA en la comunidad de Coronado. No obstante lo anterior, la Defensoría considera que, como parte de sus funciones, sí le corresponde a la ARESEP velar porque los prestadores de los servicios públicos cumplan las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar de forma óptima estos servicios, por lo que no puede aducir para su no intervención, la ausencia de denuncias que impulsen su actuar, mismo que debe ser proactivo y de oficio, procurando en todo momento el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento “Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (AR-RTPAAH-2015)” y mencionado por la Autoridad Reguladora en su informe” (el destacado fue agregado). A la luz de lo expuesto, deberá entonces la ARESEP velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público de suministro de agua potable por parte del ICAA en Hatillo, verbigracia, por medio de inspecciones técnicas a las propiedades, plantas y equipos destinados a brindar ese servicio, así como la ejecución de controles sobre las instalaciones y equipos dedicados a tal servicio público con miras a garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones en este campo.

XXVII.- Sobre las solicitudes adicionales del tutelado. En escritos posteriores el promovente alegó que su esposa, supuestamente, está siendo víctima de represalias por haber él presentado el presente recurso de amparo, por lo que pidió a este Tribunal que testimoniara piezas para ante el Ministerio Público. De igual forma lo requirió para que se investigue a Johnny Aguilar Artavia, Presidente con representación judicial y extrajudicial de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo. También mostro inconformidad con que la asociación recurrida sea enlace con el ICAA, pues en su criterio deberían ser otras entidades o dependencias las encargadas.

XXVIII.- Se aclara al promovente que no le corresponde a esta Sala Constitucional investigar si su esposa o pareja verdaderamente está sufriendo las represalias que menciona. Lo anterior excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Si el recurrente considera que ella ha sido agraviada de alguna forma bien puede formular él mismo ante el Ministerio Público la denuncia que corresponda, para que se inicien las pesquisas pertinentes. Tampoco es este Tribunal al que le corresponde definir cuál entidad u órgano es el apropiado para que funja como enlace entre el ICAA y las distintas comunidades. Lo anterior excede la competencia de este Tribunal delimitada en la Ley y la propia Constitución Política.  

XXIX.- Lo mismo cabe decir respecto de lo aducido en cuanto a Johnny Aguilar Artavia: si el recurrente estima que el representante de la asociación demandada ha incurrido en algún delito, pues, se insiste, puede acudir ante el Ministerio Público.

XXX.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de esta sentencia, solo en lo que respecta a: a) el bloqueo del usuario del tutelado en la página oficial de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo; y b) los racionamientos en el suministro de agua potable en la localidad.

XXXI.- Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas. De forma muy respetuosa me separo del criterio de la mayoría de la Sala en cuanto a los racionamientos en el suministro de agua potable en la localidad de Hatillo y declaro sin lugar este extremo del recurso de amparo en atención a las siguientes consideraciones.

En el caso concreto, los elementos que se utilizan para fundamentar la estimatoria del proceso son los siguientes: el informe nro. IN-0042-IA-2023 denominado “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” del 15 de agosto de 2023 emitido por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y los informes nro. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” del 5 de setiembre de 2018, y nro. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” del 12 de abril de 2024, ambos dictados por la Contraloría General de la República. En tales informes, se indica que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha logrado consolidar su función de dirigir, intervenir y velar por la correcta administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable para la continuidad en el servicio cumpla los atributos de calidad, continuidad y cantidad. Sin embargo, se evidencia que tales oficios y alegatos no han sido puestos en conocimiento ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el contexto de este proceso, con la finalidad de que pueda referirse a estos.

A partir de lo expuesto, a mi juicio, no hay elementos adecuadamente valorados bajo el principio del contradictorio, debido a que no ha existido una sustanciación de las piezas probatorias contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Sin embargo, no me parece procedente convertir este recurso de amparo en un proceso de pleno conocimiento. Ha de recordarse que la tramitación de un proceso sumario no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, que busquen examinar aspectos técnicos de diferente índole: de infraestructura, financieros, tarifarios, jurídicos, etc.

En síntesis, se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sin haberle dado la oportunidad de referirse a los oficios que dan pie a la declaratoria del con lugar. Y examinar con detalle tales oficios con todas las garantías procesales necesarias ya no sería propio de un recurso de amparo.

En atención a las pretensiones y a lo dicho por las autoridades bajo fe de juramento, en las condiciones que lo establece el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, considero hay una debida justificación de los problemas de abastecimiento y una constatación de las medidas inmediatamente eficaces para remediar la situación, tal como en otros precedentes similares la Sala lo ha declarado (ver en ese sentido las siguientes sentencias: 2024-005590 de las 09:20 horas del 1 de marzo de 2024, 2024-013992 de las 09:15 horas del 24 de mayo de 2024, 2024-015788 de las 09:30 horas del 7 de junio de 2024, 2024-017183 de las 09:20 horas del 21 de junio de 2024).

 En virtud de lo expuesto, salvo parcialmente el voto en los términos acá indicados.

XXXII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.             

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en lo que respecta a: a) el bloqueo del usuario del tutelado en la página oficial de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo; y b) los racionamientos en el suministro de agua potable en la localidad. Se ordena Johnny Aguilar Artavia, en su condición de Presidente y Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Ciudadela Quince de Setiembre (Hatillo), o a quien en su lugar funja como tal, disponer lo pertinente y coordinar lo necesario para que: a) de INMEDIATO, se desbloquee el acceso del tutelado a la página oficial de la entidad en Facebook; y b) dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia,  se establezca y haga públicas en el perfil de Facebook de la entidad, las reglas de interacción para todos sus usuarios, así como las consecuencias de su irrespeto (respetando el principio de gradualidad). Se ordena a María Alejandra Mora Segura, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), o a quien en su lugar ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que en el PLAZO MÁXIMO DE 18 MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se implementen las medidas requeridas para que el suministro de agua potable a la población de Hatillo se preste de forma eficiente, eficaz y continua. Todo lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo civil. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Tome nota quien ejerza el cargo de Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), de lo indicado en el considerando XXVI de esta sentencia. Notifíquese a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), para lo de su cargo. En todo lo demás se declara sin lugar el recurso. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara parcialmente con lugar el recurso. Notifíquese.-

 

 

 

 

	

Luis Fdo. Salazar A.

Presidente a.i

	

 




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ileana Sánchez N.




Alexandra Alvarado P.

	

 

	

Fernando Enrique Lara G.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 YB43396P7HTI61

1

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:20:12.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**JUDGMENT WITH DISSENTING VOTE**

**Indicators of Relevance**

Relevant judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

**Content of Interest:**

**Strategic Themes:** Human Rights, Environmental, Right to Health, Economic, Social, Cultural and Environmental Rights

**Type of content:** Majority vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** PUBLIC SERVICES

**Subtopics:**

DRINKING WATER.

**Topic:** FREEDOM OF EXPRESSION AND PRESS

**Subtopics:**

SOCIAL NETWORKS..

025605-24. PUBLIC SERVICES. FREEDOM OF EXPRESSION AND PRESS. IT IS ORDERED TO UNBLOCK A USER FROM THE OFFICIAL PAGE OF THE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO MEJORAS DE CIUDADELA QUINCE DE SETIEMBRE HATILLO; AND THE GENERAL MANAGER OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) IS ORDERED TO COORDINATE WHAT IS NECESSARY AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF HER COMPETENCIES, SO THAT WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF 18 MONTHS, THE REQUIRED MEASURES ARE IMPLEMENTED TO ENSURE THAT THE SUPPLY OF DRINKING WATER TO THE POPULATION OF HATILLO IS PROVIDED EFFICIENTLY, EFFECTIVELY, AND CONTINUOUSLY. LEGAL NATURE OF THE ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL. VCG09/2024

"(...) VII.- On the legal nature of the Asociaciones de Desarrollo Integral. This Constitutional Chamber, in judgment No. 2016-010313 of 09:15 hours on July 22, 2016, explained:

(...) Before entering to resolve the merits of the matter, it is necessary to point out the legal nature of the Development Associations. Article 14 of the Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad No. 3859 declares the constitution and operation of associations for community development to be of public interest, as a means to encourage populations to organize to fight, alongside State bodies, for the economic and social development of the country. On the other hand, the Reglamento a la Ley No. 26935-G, in its article 11, provides that: Associations for community development are first-degree community bodies, with a specific territorial circumscription. They are entities of public interest, although governed by private law rules, and as such, are authorized to promote or carry out a set of plans necessary to socially, economically, and culturally develop the inhabitants of the area in which they live, collaborating for this purpose with the Government, the municipalities, and any public and private bodies. In this same manner, they are incorporated into regional development strategies and plans and into decentralization. Adding to the above, the Procuraduría General de la República, in opinion C-336-2011 of December 23, 2011, established that: "community development associations, in their different modalities (integral and specific), are entities governed by private law. Despite being organizations whose constitution and operation has been declared of public interest, this does not give them that character and, consequently, they are not subject to the public law regime typical of public entities." Likewise, this Constitutional Court has recognized the character of a private law subject to the Associations, for example, in vote 2016-6005 of nine hours five minutes on May six, two thousand sixteen, in an amparo against the Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge de Upala (...)" (sic).

It is worth adding to the above that according to the provisions of article 12 of the Reglamento a la Ley No. 26935-G, community development associations shall be of two types: "(...) a) Integral: these are associations that represent people living in the same community and for whose constitution it is necessary that at least one hundred of them, over fifteen years of age, meet. b) Specific: these are associations whose purpose is to develop specific objectives that favor the economic, social, and cultural conditions of a community. For their constitution, it is necessary that at least fifty people, over fifteen years of age, meet. Specific associations of a sectoral nature at the cantonal level may also be constituted (...)" (sic).

VIII.- On the blocking of the protected party from the official Facebook page of the Asociación de Desarrollo Integral de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo. The appellant asserted that he was blocked on the official page of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, for having made the following comment on one of the publications: "(...) Do you call this development? (...)" (sic). In the reply brief to the hearing granted, Johnny Aguilar Artavia, President and Legal Representative of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Ciudadela Quince de Setiembre (Hatillo), indicated: "(...) Regarding the blocking of the Facebook page, it is not true, otherwise he would have provided evidence demonstrating said blocking, the complaint is strange and deserving of no credibility, note your authority if the appellant, as he states, was blocked on the social network Facebook by the development association, because he did not use the means of the telephone number or send a text message, if he described my telephone number at the end of his initial amparo brief, it means he had my telephone number all the time since the events occurred, otherwise he would have mentioned it in his initial amparo brief, the same number that was on the Facebook page, that is, the alleged blocking claimed by the appellant did not block telephone calls, much less text messages or via WhatsApp, of this he does not provide evidence to support his allegations, that is, his right to access information as well as the right to access water was never violated, since on the same Facebook page there were other means to find out, such as the telephone number and WhatsApp (...) In the interest of the real truth and transparency that must prevail, honorable magistrates, you can corroborate from the same page, which is public, that the appellant has not been blocked, and to this day it is on record that he is not blocked, otherwise he would have sent evidence that proves his allegations of blocking. It is true that some people who incite violence and violation of rights have been blocked from the page, to give you an example, one of our directors of the administrative board of the development association, a good and hardworking person, was killed in June of this year for his defense of security in the community, in these communities danger stalks those people who want good for their communities, we also try to delete posts made by people inciting the blockades of the circunvalación due to the water issue and other problems that also stalk us, a matter which this group does not share since we always try to call for dialogue as AyA did with us. Therefore, our group has not blocked the gentleman, and to date he is active with a user of the page, we categorically reject that it has violated his rights, on the contrary, he always had the means to inform himself, such as the cell phone on the page, the fact that he did not use it of his own free will does not give grounds for him to claim a violation of his rights (...)" (sic). However, through the brief added to the digital case file at 15:01 hours on August 29, 2024, the appellant stated: "(...) It is not true that I could provide any evidence on the social network Facebook since the application does not give any notice that I have been blocked, I am not notified nor do more publications from the profile that has blocked me appear. Nor can I access a list detailing the accounts that have blocked me, the most I could provide, according to a screenshot of a search on Facebook, pointing out that the profile of the ADI 15 de setiembre does not appear to me, which appears on Facebook as an indication that I have been blocked [he provided the image]. However, the person who performs the blocking does have the possibility of showing the truth or falsity of the blocking, since they can access the list of blocked people, and with this they would demonstrate that the blocking did not occur. They could provide as evidence a screenshot showing the list of blocked accounts, demonstrating that mine was not included, however, the respondent did not provide any evidence demonstrating the falsity of my complaint (...)" (sic) (emphasis does not belong to the original). Certainly, the representative of the respondent association did not provide evidence that the amparo petitioner did not appear on the list of blocked users of the association's profile on the social network Facebook, despite having that possibility. Given that the petitioner's observations to the response are plausible, applying the principle in dubio pro libertate and in dubio pro homine, the blocking of the protected party's user must be taken as proven.

IX.- As noted in the preceding recitals, the respondent association is a specific development association whose nature is Private Law, but at the same time it is of public interest and utility. In the present matter, it was demonstrated that the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo fulfills a liaison function between the community and the ICAA, to address the problem of rationing in the drinking water supply in the community. The appellant claimed that because he was blocked, he cannot express his opinions on the implemented measures, and his access to information about the rationing is hindered.

X.- This Constitutional Chamber has already ruled on the blocking of user access or expulsion from Public Administration accounts on social networks. These standards are applicable mutatis mutandis to the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo in this context, given the public interest and utility involved, and above all because of its position before the ICAA in addressing the problem of drinking water supply. In judgment No. 2023-027568 of 09:20 hours on October 27, 2023, this Court particularized the following standards:

"(...) in accordance with the jurisprudence of this Constitutional Chamber, the Public Administration, when creating and using accounts to interact with users of the different social networks, must: a) clearly establish the rules of interaction in the group or profile; b) expressly indicate the consequences that disrespect for such guidelines could bring; c) the effects of non-compliance must be reasonable or proportionate (stipulating a gradualness in blocking and/or expulsion) and; d) prior to blocking or expelling a user, it must be explained to them that their behavior in the group or profile contravenes the stipulated interaction rules (...)" (sic).

XI.- It was not demonstrated in the sub examine that the cited parameters were met, which is why this Constitutional Chamber must intervene.

XII.- On the protected party's access to the installed self-supply tanks. The appellant argued that he is unaware of the schedules for distributing the liquid in the tanks installed at the IPEC (he went on March 23 and 26, 2024 but could not gain access).

XIII.- The ICAA confirmed that in Ciudadela 15 de setiembre, tanks have been installed as water repositories that allow the population to have an alternative means of supply: "(...) In Hatillo, this action does not have good reception for some community representatives, however, the user population makes use of said reservoirs to carry out daily activities such as food preparation and other activities. This action is carried out mainly by people who, given their work schedules, have found it difficult to carry water when the cistern has made its rounds. It is important to mention that AyA activated (put taps and filled with drinking water) a tank at the IPEC 15 de Setiembre to supply the southern sector of the community (available since March 2024), however, this tank is not the property of the AyA institution but of the IPEC, and due to the risk conditions in this sector due to vandalism and street inhabitants who misuse these, the community leader indicated that it would be installed inside the IPEC property with the taps facing inward, and if the service was required by a person from the community, it would be opened for them. We will place images of the tank and how it was installed (...) Tanks installed in the community of 15 de Setiembre In this community, 2 tanks have been installed for supply, the first was installed at the Escuela 15 de Setiembre in February and the second with the collaboration of the IPEC, which provided a second tank so that the community could access the resource. The installation of the tanks was communicated through institutional social networks, which are part of the information channels available to customers (...) Therefore, the criterion of installing this supply source in this manner was mediated by the criterion of the community representative and not an arbitrary decision of the institution, since the assessments of it being placed in this way were based on the arguments presented. After March 29, a conversation was held with the representative of the ADI 15 de Setiembre indicating that the tank had a leak that we had to repair, and the response was given that it was better not to fill this tank anymore, because the Director of the Educational Center showed some displeasure with the entry of private individuals into the educational facility. Stating, in addition, that no one was arriving at the site to collect water, arguing that this was because the drinking water supply in the sector was quite stable (...) On the part of Social Management, it is stated that a series of efforts were made to identify another site that met the suitability conditions to place a tank, however, in the area, it is limited to be able to have a place that meets conditions for safeguarding the tank, with the taps internally to prevent manipulation by people who could vandalize the tank, in that sense, and taking into account that as of April 1, a publication of defined schedules for attending to this user population is made, it is assessed that there is no requirement to have a tank in the area due to compliance with the schedules established by the institution. It is important to state that these tanks are alternative supply measures when the population suffers from a lack of supply for continuous and unscheduled days. However, currently in this sector, this criterion is not met. It is important to note that all these actions carried out and executed by Marketing-Social Management are addressed in an effort to seek the social well-being of the user population and reduce the vulnerabilities associated with drinking water shortages, but at this moment, this population of 15 de Setiembre has drinking water service at the established schedules and even more hours per day (...)" (sic) (emphasis does not belong to the original).

XIV.- One of the tanks in question was installed at the IPEC facilities at the request of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, with the taps facing inward as a security measure against vandalism. Subsequently, the tank was withdrawn because it was not widely used and no other place in the area met the established requirements. Now, that was not the only tank installed; another was also located at the Escuela 15 de setiembre, which kept the taps on the edge of the street and any person could use it, without needing authorization. It is clear, then, that the amparo petitioner had another option for self-supply. Note that in the brief added to the digital case file at 15:01 hours on August 29, 2024, the appellant stated: "(...) regarding the community leader's query about why I did not complain about the water tank located at the Escuela Quince de Setiembre, the tank at the school does not share the same conditions as the one installed at the IPEC, since, despite being so geographically close, the tank located at the Escuela Quince de Setiembre keeps the taps on the edge of the street (as can be seen in the photograph), and any person can approach to take water without requesting permission and waiting for the community leader's approval to proceed to open the door. Is there perhaps a lower incidence of crime in those two hundred meters of difference? Undoubtedly, the complaint would not be applicable, and I would be stubborn if I complained equally about the tank located at the Escuela Quince de Setiembre, since this tank was indeed available to the public. And the only reason I looked for the IPEC tank is because the school tank had been emptied (neighbors do approach this one to take water, and it is still available) (...)" (sic) (emphasis does not belong to the original). For the purposes of constitutional jurisdiction and the protection of the right of access to drinking water, what is relevant is that the protected party and the neighbors of the locality did have another alternative available (even though the appellant claimed that at the precise moment he wished to consume water, the one at the school had none, from his own statement it follows that it was subsequently restocked).

XV.- The petitioner argued that the agreed-upon method for providing water excludes older adults and persons with disabilities, who cannot transport buckets full of water to their homes. The appellant made his statements generally, without detailing a specific case of any older adult or person with a disability. This prevents this Court from elaborating a specific account of facts from which to determine if a clear, concrete, specific, and imminent injury or threat to a fundamental right occurred. It is recalled that the amparo appeal is a procedural mechanism for the protection of human rights against clear, concrete, specific, and imminent injuries or threats.

XVI.- In any case, the ICAA stated that among the actions deployed in Ciudadela 15 de setiembre is: "(...) Identification of the population with greater vulnerability conditions: coordination will be made with the CCSS and other entities regarding access to the location of older adult population, people with mobility difficulties, and with serious health conditions to manage a more personalized solution (...)" (sic) (emphasis does not belong to the original).

XVII.- On the rationing in the drinking water supply in the locality of Hatillo. [Name 001] is a resident of Hatillo, Ciudadela 15 de setiembre; he lives in a rented house, so the drinking water meter is not registered in his name.

XVIII.- In report No. DFOE-AE-AI-00008-2018 "OPERATIONAL AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE IN THE PROVISION OF WATER SERVICE IN VULNERABLE COMMUNITIES" of September 5, 2018, the Contraloría General de la República pointed out: "3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, AyA has had the responsibility of resolving matters relating to the provision of drinking water service in the country, in its capacity as operator, rector, and delegator of the service. However, it has not managed to consolidate its function of directing, intervening, and ensuring the correct administration, operation, maintenance, and development of drinking water systems, so that the provision of the service meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in adherence to the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equal treatment of service recipients. 3.2. Within this framework, the rating of the drinking water service of 4.45 out of 10 in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized vision of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in the provision of the service, to ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. Furthermore, this situation shows that from an approach with ethnic and cultural sensitivity, there is a lack of further progress in the application of good practices for the administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems, which guarantee their sustainability for the provision of drinking water service to vulnerable communities. 3.4. The situation found fosters conditions of poverty, impact on health, and productive capacities, to the detriment of economic, social, and environmental well-being that would allow overcoming the population's vulnerability. Thus, the improvement in quality is relevant as this constitutes a fundamental service for these communities, in which protecting the sustainability of the public funds invested in infrastructure and administration is of interest." Through official letter IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called "EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)" issued by ARESEP, it was concluded: "(...) regarding the financial balance of the aqueduct service, although currently the necessary liquidity is available to tend to the provision of the service, in the medium term, it will be severely compromised, given the directives implemented by AyA to use the cash flows from depreciation and revalued depreciation (asset replacement) to meet the financial obligations associated with investment project initiatives, whose grace period (term to build the work) has expired, which is beginning to generate a financial expense, without there being to date a solution to the users' needs (absence of project). Additionally, the financial balance of a public service must reflect the result of efficient and effective management in terms of investments, economic costs, and expenses incurred in complying with the pre-established quality standards and norms in the provision of the aqueduct service. In the case under analysis, evidently, having 57% losses of drinking water, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to time lags throughout the entire value chain of the project attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, sale of bulk water at prices below those authorized, investment tenders without guarantees and safeguarding of committed public resources, absence of institutional planning aimed at replacing assets whose useful life is expiring, presence of services without metering, rejections of service availability, and 70% of systems with water stress, among other factors, allows concluding that the financial balance of the service cannot be at any cost (...) It is important to note that the cash flow from the return for development is oriented towards meeting investment needs and the repayment of financial obligations (interest expense) acquired by the provider to finance the portfolio of infrastructure projects. In this sense, not having the complete information, which validates and allows traceability of the costs and changes in the scope of investment projects during the 2018-2024 period, subjects the service provider to an inability to meet its obligations with users in the near future (new investments) as well as with creditors (pending debts). For this reason, the Regulatory Authority has been emphatic since 2021 through various official letters and technical oversight, that AyA must modify its project management in such a way that it allows it to have the information, guarantee the traceability from internal approval to execution, correct the timelines for addressing user needs, validate the project information in the accounting capitalization reports, update the Mideplan approval and monitoring system and the Aresep investment plan, and guarantee users that every colón incorporated into tariffs related to investments responds to transparent, reliable, timely, efficient, and effective management. 6. The level of return for development obtained by AyA, (Return in dollars: 6.71% and Return in colones: 9.4%) is lower than the cost of indebtedness assumed and incorporated in the present study for AyA (...), which has a series of implications for the service, such as: It is exposing the public aqueduct service to bear a cost for the acquired debt that is higher than its capacity to generate resources for its repayment, which is transferring an operational and financial risk to the users. The cost of the debt associated with long-term projects above the level of return, coupled with the timeframes to materialize a real solution to the supply or service availability problems, have caused the user to assume a high social cost, a lag in development opportunities, and an enhancer of territorial and economic-social inequalities. 7. AyA must carry out a refinancing or renegotiation process for its long-term debt, which guarantees more competitive interest rates and avoids a financial mismatch, as well as avoiding assuming and transferring costly non-competitive debt costs to the associates, given that, although tariffs are set under the principle of cost, in accordance with the provisions of Article No. 3 of the Ley de la Autoridad Reguladora, it must not be at any cost (...) 9. The capitalization request for the investment projects proposed for the aqueduct service for the 2018-2021 period was rejected, for an amount of ¢ 108,081.96, according to the following criteria: 70% of the projects are not available, according to the operator, due to the absence of pre-investment documents, which does not allow traceability of the cost levels, scope, and term during the pre-feasibility, feasibility, execution, and asset capitalization stages. Of the 30% of the projects that attach some documentation, in most cases it corresponds to the budgeted amount as of the study's analysis date, which in its majority cannot be traced between the project and the assets intended to be capitalized. Much less can it be identified which projects are to replace assets and which are to expand or improve the service provision; in turn, it is not possible to identify the asset retirements associated with capitalizations by substitution or replacements (...) 10. Given the inconsistencies noted in the investments proposed for capitalization by AyA, and given the information problems associated with the 2018-2024 projects, [resolves] ET-074-2018). The foregoing will allow, on the one hand, not to transfer to users amounts associated with project initiatives that are not yet useful and usable or for which traceability cannot be given at all, and on the other hand, to alert the provider of the risk that is materializing, given the inability to capitalize investment projects, given the financial and operational impacts caused by that mismatch of works and their financing, with an average interest rate of 13.5%. 11. The regulatory body reiterates to AyA that, as part of the revaluation process of the assets that make up the tariff base, the value of this is 69% higher, without any consideration in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or due to early retirement. However, AyA has not redirected said amounts to attend to the replacement of those assets whose useful life has expired, especially in conduction and distribution pipes, as well as modernization of the meter park or the implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004."

Regarding the 57% of water that AyA is charging users for, even though it is wasted along sidewalks and roads through leaks, anomalies in user and sales records, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut those costs by 10% every two years, given that it is the obligation of a public service provider not only to offer quality service and comply with the principle of service at cost, which cannot be accepted that users are charged for water that is not correctly billed as a result of 80% of the water meter stock (parque de hidrómetros) being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established tariff, water wasted through recurring leaks on the country's sidewalks and roads without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipes with over 70 years of use, which are charged for as if new. The above means approximately 38.5 million cubic meters, which, if we were efficient in the use of the water resource which, incidentally, is promoted to be protected by AyA itself, would allow many of the rejected availabilities to be addressed, avoid so many supply cuts (recortes del suministro), and even avoid duplication of investments. 12. The under-registration (subregistro) of drinking water sales by AyA is partly explained by the fact that 8 out of 10 meters are in poor condition or have reached the end of their useful life, which means that these costs for incorrectly unregistered water sales end up being paid by all service users, regardless of the physical condition of the meter, as a penalty for the consumption and saving of the water resource practiced by families (…) 14. AyA does not have a strategy that allows for annually updated water quality information both for systems operated by AyA and those it has delegated to service providers like Asadas, which causes problems associated with the presence of parameters such as arsenic, iron, manganese, and molecules associated with agrochemicals not to be addressed in time, and on the contrary, they only receive attention once the impact on water quality has materialized (…)" (the highlighting was incorporated). In report No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 "AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROJECT PORTFOLIO FOR THE SUPPLY OF DRINKING WATER AND SANITATION OF WASTEWATER OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS" (INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS) of April 12, 2024, the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) concluded: "3.1. The management of the investment project portfolio for drinking water supply and wastewater sanitation of AyA has not been effective in impacting populations in vulnerable conditions, since only 1.6% of the country's districts with the greatest vulnerability condition, according to the 2023 Social Development Index (Índice de Desarrollo Social de 2023), have scheduled investments in sanitation and only 16.7% in drinking water; likewise, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to AyA's 2021 Community Vulnerability Index for Drinking Water (Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021), have scheduled investment. 3.2. AyA has also not been effective or efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still in execution, which delays addressing citizen needs, affecting the benefit for 2.8 million people in drinking water and 1.2 million people benefiting from sanitation projects in cities such as Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo, and Coco-Sardinal. 3.3. In turn, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects congruent with current and future citizen needs, since the design and management of AyA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. 3.4. The inefficient management of the portfolio has led AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected due to the lack of recognition of investment costs in the tariffs that support the services, causing the proportion of income allocated to debt payments to increase each year. 3.5. The results found limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge primarily in the context of populations in vulnerable conditions. 4. PROVISIONS (…) TO JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF AYA OR WHOEVER IN HIS PLACE HOLDS THE POSITION 4.4. Design, disseminate, and implement a comprehensive portfolio governance model (modelo de gobernanza integral del portafolio) that contains at least: i) a portfolio risk management plan; ii) a portfolio recovery plan; iii) a reliable information system that provides integrated data on the time, cost, and scope of the portfolio components; iv) the portfolio adjusted and approved by the highest authority (máximo jerarca), in accordance with the administrative and technical execution capacity; v) periodic performance measurements throughout the life cycle of the portfolio, program, and project in accordance with MIDEPLAN guidelines and current applicable regulations; vi) the prioritization criteria for the portfolio components, including criteria for populations in vulnerable conditions; and vii) the roles and responsible parties for each of the management stages of the portfolio and its components. Send to the Office of the Comptroller General a certification regarding the design and dissemination of the governance model no later than April 30, 2025, furthermore, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than April 30, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.5. Develop, disseminate, and implement a model for the improvement of institutional management (modelo para el mejoramiento de la gestión institucional), in coordination with the Ministry of National Planning and Economic Policy (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), containing at least guidance for: i) financial resource management; ii) design and improvement of systematic process management; iii) product and service results; iv) financial results; v) process results (organizational effectiveness); and vi) leadership results; in order to modernize its organization, processes, and procedures, and increase the efficiency, effectiveness, relevance, quality, sustainability, and productivity of its activities. Send to the Office of the Comptroller General a certification regarding the design and dissemination of the Model no later than June 30, 2025, furthermore, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than May 29, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.6. Develop, disseminate, and implement a roadmap towards financial sustainability (hoja de ruta hacia la sostenibilidad financiera), including the actions and instructions to be implemented for the financial management of the public investment portfolio, integrating at least: i) financial sustainability indicators for the investment portfolio and the organization; ii) measurement, monitoring, and control mechanisms and their periodicity; iii) preventive limits and alerts for the indicators; iv) actions to raise awareness within the organization about financial sustainability; v) guidelines on the frequency for requesting tariff adjustments; and vi) reports and necessary inputs derived from the reference information system contained in paragraph 4.4 of this report. Send to the Office of the Comptroller General a certification attesting to the preparation and submission to the Board of Directors (Junta Directiva) of the proposed roadmap towards financial sustainability; subsequent to the resolution by that body, send a certification attesting to the dissemination and implementation of the roadmap towards financial sustainability no later than April 30, 2025, furthermore, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than August 31, 2026. (see paragraphs 2.55 to 2.76). TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AYA OR WHOEVER IN THEIR PLACE HOLDS THE POSITION 4.7. Resolve regarding the proposed roadmap towards financial sustainability, received from the Executive Presidency in compliance with the provision contained in paragraph No. 4.6 of this report. Send to the Comptroller Authority (Órgano Contralor) a copy of the agreement in which the resolution is recorded, no later than two months after the receipt of the proposal (…)". On June 6, 2024, the Office of the Comptroller General of the Republic, in a legal opinion (criterio) applicable mutatis mutandis to the sub examine, indicated: "III. LEGAL OPINION OF THE COMPTROLLER AUTHORITY (CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR) 1- Aspects related to service suspension Although the Office of the Comptroller General has not conducted oversight (fiscalización) of the drinking water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other communities of the district of San Isidro, the Comptroller Authority finds consistency between the condition of the public drinking water service described by the petitioner and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the petitioner is coincident with what was found by the Office of the Comptroller General in other communities in the country in vulnerable conditions. In this regard, based on oversight studies previously conducted, among them the "Operational audit report on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, coincidences were found in the trend of water shortages (desabastecimiento) and constant interruptions in drinking water service in vulnerable communities. For its part, it is established through the aforementioned report No. DFOE-AE-IF-00008-2018, that water service constitutes an insurance for communities against descending on the vulnerability scale, as one of the manifestations of poverty according to Sustainable Development Goal 1 is limited access to basic services. Furthermore, said report issued by the Comptroller Authority indicated that the deficient state of service provision fosters exposure to diseases, restriction on the development of productive activities, unsustainable water consumption, and a decrease in resilience capacity against extreme events. All of the above accentuates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of those communities. Regarding the service suspension, the petitioner indicates that the situation worsened as of May 8, 2024, with interruptions of up to three consecutive days without water. Water is distributed only for two hours in the early morning, from 2:00 to 4:00, which forces residents to stay awake to perform essential activities such as washing clothes and dishes. Additionally, it highlights the existence of a functioning school in the community, where hundreds of boys and girls need water, particularly to prevent the spread of a viral outbreak of stomach problems alerted by the Ministry of Health (Ministerio de Salud). It should be noted that according to the (sic) current regulations (reglamento), if the water shortage (desabastecimiento) exceeds 6 hours, a collective communication must be issued and an alternative service must be ensured for the mentioned requirements. Likewise, such regulation 1 in articles 86 and 90 establishes that temporary interruptions attended to by means of water tankers (cisternas), must contemplate delivery points as close as possible to the homes and with ease of water collection, all with the purpose of granting all people the possibility of accessing the drinking water service under conditions of equality, given its nature and indispensable character for human life and health. Regarding the above, the ICAA in memorandum No. SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, of May 14, describes the attention actions through water distribution, in terms of the number of tanker trucks and their equivalent in delivery trips and liters, as well as the detail of the points where 11 water storage tanks were installed as fixed attention points with tanker trucks. In this regard, no documentary evidence is provided regarding specific time slots in which the service was supplied through the alternative mechanism of tanker trucks when the service has been interrupted, therefore, this Comptroller Authority cannot issue an opinion. Likewise, the report "Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado" cites a series of agreements between the ICAA and community representatives of the Pro-Agua San Francisco de Coronado commission, among which are installing a tank in the Corazón de Jesús sector, a highly affected area, as well as coordinating with the Local Educational Center the filling of the Educational Center's tanks and thereby guaranteeing that the school year can continue without any type of interruptions. However, compliance with the aforementioned agreements is not accredited in the evidence provided, nor the establishment and execution of a sufficient mechanism for the integration of all persons in vulnerable conditions or under the conditions cited by the petitioner (newborn infants, children, adolescents, older adults, among others), mainly in cases where the use of the tanker truck is considered as an alternative means. 2- Regarding the ICAA's response to resolve the problems In response to the amparo recourse (recurso de amparo) filed, the ICAA referred to a series of causal facts related to the service suspensions in the Metropolitan Aqueduct (Acueducto Metropolitano). Among the justifications noted, it was indicated: 1) The imbalance between supply and demand, preventing satisfaction of the growing user demand. It points out that this problem has been aggravated by the El Niño phenomenon and the hydrocarbon contamination of the water intake (toma de captación) of the Guadalupe Potabilization Plant (Planta Potabilizadora de Guadalupe), which was out of operation from January 28 to February 2, 2024, and continues operating in a limited manner. In March 2024, a decrease in the production flow of the Los Cuadros Plant and a leak in the pumping line (impulsión del bombeo) of Coronado between March 28 and 30 were also recorded, unbalancing the system and preventing its normal recovery. Despite these impacts, it argues that the population has had access to drinking water through the network in limited periods. 2) Announcement of suspensions: Indicates that the service suspensions in the Metropolitan Aqueduct have been announced to the population through official channels and have been maintained in accordance with established schedules. With the aim of addressing such conditions, the ICAA indicates having undertaken actions such as the placement of tanks at strategic points, alternative supply via tanker trucks, and communication through community leaders, as well as the investment in the installation of a transmission line (línea de conducción) between the booster station (estación de rebombeo) of "Vistamar" and up to the existing tank at the "Coronado" Farm of AyA, in the community of San Isidro de Coronado. However, it did not refer to the fact that the water service is provided only between 2:00 and 4:00 in the early morning. Regarding the above, the Office of the Comptroller General in the "Operational audit report on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, indicated that aqueducts (acueductos) require water storage to cover demand and compensate for hourly variations, mainly when the supply source by itself is not sufficient to cover daily demand, which results in suspensions of the service in question. On this point, it must be distinguished that the entry into operation of the tank after the suspension does not guarantee the prompt or immediate arrival of drinking water to the users, as it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach filling and the appropriate pressure to guarantee supply. Such a phenomenon is aggravated in the high areas of the network, where topography affects the speed of restoration of the drinking water service. In summary, the suspension must consider the pipe filling and pressurization period (período de llenado y presurización de tuberías), and not only the exit and entry into operation of the storage tanks, so that the time the suspension takes corresponds to the communicated end time and, with it, the time expected by the users for the return of the service. Regarding the investments made by the ICAA, through the "Audit report on the effectiveness and efficiency of the investment project portfolio management for drinking water supply and wastewater sanitation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers" No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, this Comptroller Authority determined that the management of the investment project portfolio for drinking water supply and wastewater sanitation of the ICAA has not been effective or efficient; which limits addressing the public need with the required timeliness. Also, it was found that the design of the ICAA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence, in accordance with the established stages of selection, prioritization, strategic balance, and approval; furthermore, there is no risk management nor are responsible parties defined for the portfolio and its components. Likewise, in the cited oversight report, it was determined that information management by the ICAA does not allow efficient administration of the time, cost, and scope of the portfolio, since for various programs and projects there is no basic data such as start and end dates, real and planned costs, number of population benefited, and responsible parties for managing the projects. These conditions hinder the delivery of benefits through investments to produce and improve drinking water systems, mainly affecting communities in vulnerable conditions. Also, it restricts the fulfillment of institutional and national strategic objectives, mainly those associated with the Sustainable Development Goals, minimizing the extensive and progressive impact that characterizes water projects, which contribute to the economic development, environment, and health of the zones influenced and benefited by the investments. Thus, given the deficiencies in information management, the timely identification of deviations in time, cost, and scope of the projects by decision-makers is limited, which hinders addressing the public need with the required promptness. Regarding Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is foreseen in the management of the project portfolio under the ICAA's charge, which implies a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the tariffs that support the services stands out. IV. CONCLUSIONS From the content of this report, the following is concluded: 1. Although the Office of the Comptroller General has not conducted oversight of the drinking water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor has quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other communities of the district, the Comptroller Authority finds coherence between the condition of the public drinking water service described by the petitioner and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the petitioner is coincident with what was found by the Office of the Comptroller General in other communities in the country in vulnerable conditions. 2. Although there is also no oversight regarding the ICAA's response to the alleged lack of action to counteract the mentioned service suspension in Vázquez de Coronado, based on other oversight results carried out by the CGR, it has been found that the ICAA's investment portfolio presents a series of deficiencies in its performance management, as well as weaknesses in governance, which limits addressing the public need with the required timeliness and the delivery of the expected benefits to the population. 3. This Comptroller Authority points out the consideration of the pipe filling and pressurization period in the schedule communicated to users about the suspension, since not only the entry into operation of the tank should be taken into account, as this does not guarantee the prompt or immediate arrival of drinking water to the users, while it is necessary for the distribution networks (pipes) to reach filling and the appropriate pressure to guarantee supply in accordance with the required conditions. 4. No evidence or reports were provided regarding the actions of ARESEP; in that sense, this Comptroller Authority cannot provide a legal opinion. In any case, the duty established by Law on the Regulatory Entity is emphasized, regarding its obligation to ensure compliance with quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision standards in public services, including drinking water; for example, the obligation to carry out technical inspections of the properties, plants, and equipment destined to provide the public service, as well as the duty to execute controls on the facilities and equipment dedicated to the public service, this for the full fulfillment of obligations" (the highlighting was incorporated). (see case file No. 24-012146-0007-CO, admitted ad effectum videndi et probandi).

XIX.- As of April 1, 2024, the supply system for Ciudadela 15 de setiembre is governed by a schedule of Tuesday, Thursday, and Sunday from 4:00 am to 1:00 pm, and Monday, Wednesday, Friday, and Saturday from 4:00 am to 11:00 am. As part of the actions to address communities experiencing water shortages (desabastecimiento) from the metropolitan aqueduct (acueducto metropolitano), the 15 de setiembre sector has been attended within the framework of the Hatillo community meetings, with a representation from the Specific Development Association Pro Improvements of Ciudadela Quince de Setiembre (Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre), through which the various required actions have been coordinated. Among the actions taken to address the 15 de setiembre sector are: "(…) a. Supply of water by means of tanker trucks (camión cisterna): there will be water distribution by tanker truck when the service is interrupted for more than 8 hours. Requests for tanker trucks will be addressed and grouped, and prioritized according to the number of shortage reports. The public will be informed through community WhatsApp chats and social media of the sites where the tanker trucks are located. b. Institutional communication: improvements will be made in communication directed at the communities, on specific aspects of what and how to communicate. In addition, it is reported that a campaign on the rational use of water is being carried out. c. Identification of critical points for placing storage tanks as a public source: The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is conducting a survey of existing tanks to ascertain their condition and activate them. Educational centers, shelters, medical centers, Public Force (Fuerza Pública) delegations, and Firefighters (Bomberos) are prioritized. d. Identification of population with greater vulnerability conditions: access to the location of the elderly population, people with mobility difficulties, and those with serious health conditions will be coordinated with the CCSS and other entities to manage a more personalized solution. e. Spaces for meetings with community leaders: It should be mentioned that the Institution maintains a close relationship of proximity with the communities that present limitations due to drinking water shortages or controlled supplies. Within the meeting spaces, one was held on March 22, 2024, in the Executive Presidency, coordinated by the communication area (…) there are self-supply tanks and distribution by tanker trucks. Regarding distribution by tanker trucks, depending on the service conditions in the community of 15 de septiembre and based on the provisions of current regulations, for cases where service suspensions are due to unforeseen situations such as leaks, or outages of the La Valencia well field due to lack of electrical power, and where, in addition, the impact on users exceeds 8 hours of interruption, an alternative distribution of drinking water by tanker trucks will be made. For the specific case, AyA has the pressure recorder located on the west side of the Bambú Eco Mixed Condominium, based on the recorded pressure data, it can be indicated that during the month of April 2024 users have not had impacts greater than 8 hours of water shortage (…)" (sic). According to the ICAA's Macro Zona Oeste GAM: "(…) Regarding distribution by tanker trucks, depending on the service conditions in the community of 15 de septiembre and based on the provisions of current regulations, for cases where service suspensions are due to unforeseen situations such as leaks, or outages of the La Valencia well field due to lack of electrical power, and where, in addition, the impact on users exceeds 8 hours of interruption, an alternative distribution of drinking water by tanker trucks will be made. For the specific case, AyA has the pressure recorder located on the west side of the Bambú Eco Mixed Condominium, based on the recorded pressure data, it can be indicated that during the month of April 2024 users have not had impacts greater than 8 hours of water shortage (…)" (sic). Tanks have also been installed as water repositories allowing the population to have an alternative means of supply: "(…) In Hatillo this action does not have good acceptance for some community representatives; however, the user population makes use of said reservoirs to carry out daily activities such as food preparation and other activities. This action is carried out mainly by people who, given their work schedules, have found it difficult to haul water when the tanker truck has made its rounds. It is important to mention that AyA activated (put locks (cacheras) and filled with drinking water) a tank at IPEC 15 de Setiembre to supply the southern sector of the community (available since March 2024); however, this tank is not the property of the AyA institution but of IPEC, and due to the risky conditions in this sector from vandalism and homeless individuals who misuse these, the community leader indicated that it would be installed inside the IPEC property with the locks facing inward, and if the service was required by a person from the community, it would be opened for them. We will place images of the tank and how it was installed (…) Tanks installed in the community of 15 de Setiembre In this community, 2 tanks have been installed for supply; the first was installed at the 15 de Setiembre School in the month of February and the second with the collaboration of IPEC, which facilitated a second tank so that the community could access the resource. The installation of the tanks was communicated through institutional social media, which are part of the information channels available to customers (…) So the decision to install this supply source in this way was mediated by the judgment of the community representative and not an arbitrary decision of the institution, since the assessments for placing it in this manner were based on the arguments presented. After the date of March 29, a conversation was held with a representative of ADI 15 de Setiembre indicating that the tank had a leak that we had to repair, and a response was given that it was better not to fill this tank anymore, because the Director of the Educational Center showed some displeasure with the entry of private individuals into the educational facility."

Stating, furthermore, that no one was coming to the site to collect water, arguing that this occurred because the supply of potable water in the sector was quite stable (…) The social outreach team stated that a series of efforts were made to identify another site that met the conditions of suitability for placing a tank; however, in the area, the availability of a location meeting the conditions for safeguarding the tank, with internal faucets to prevent manipulation by persons who could vandalize the tank, is limited. In that regard, and considering that as of April 1st, defined schedules for serving this user population are published, it is assessed that there is no requirement to have a tank in the area due to compliance with the schedules established by the institution. It is important to state that these tanks are alternative supply measures when the population suffers disconnection for continuous, unscheduled days. However, currently in this sector, this criterion is not met. It is important to note that all these actions carried out and executed by Marketing-Social Outreach are addressed in an effort to seek the social well-being of the user population and reduce the vulnerabilities associated with potable water shortages, but at this time, the population of 15 de Setiembre has potable water service during the established hours and even for more hours per day (…)” (sic). Information on potable water service interruptions is published by the ICAA: “(…) so that it is available to the user and the entire population 24 hours a day, every day of the year, through the institutional website, the Servicios AyA mobile application, and Facebook stories. This information is published based on a bulletin issued by the Operational Control Center, which contains the data of the service interruption, such as the date, start time and estimated end time, affected sectors, reason for the interruption, among others. During the months of March and April 2024, 62 reports were generated through the Servicios AyA App for the Hatillo district, in order to inform about water disconnections and service interruptions. The download and use of the application is free and the information is available to the user 24 hours a day, every day of the year. Pursuant to the provisions of Article 33 of the Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer and Hydrant Services, ARPSAYA-2013 and its amendment, if the service suspension lasts for more than eight consecutive hours, the supply of potable water by means of tanker trucks is scheduled, so that users can meet their basic needs. To find the location of the tanker trucks, the user can communicate through the toll-free telephone service line 800-REPORTE (800-7376783), and by means of the service number (NIS), the agent can inform them of the location of the nearest unit. In addition, the Institution makes available to the population a series of channels so that they can be informed when discontinuities occur in their service due to breakdowns or caused by controlled supplies or by disconnections when there is a scarcity of the resource, and which also allows them to make their breakdown reports, including: a. Toll-free telephone service: Line 800-REPORTE (800-737-6783) b. Downloading the APP to the cell phone: SERVICIOS AYA c. WhatsApp: 8376-5103 d. Facebook: https://www.facebook.com/AcueductosyAlcantarilladosCR/ e. Official Email: [email protected] f. Website: www.aya.go.cr On the other hand, these actions to maintain closeness with formal community leaders and others identified in the community are part of the institutional efforts to reinforce communication in communities that are affected, but it is not the only communication channel and information medium available in the different communities (…)” (sic).


XX.- Prior to resolving what is appropriate in law, it is deemed opportune to bring up judgment No. 2020007754 of 9:45 a.m. on April 24, 2020:


“III.- Specific case. In the sub examine, the petitioner indicates that she is an older adult, 70 years of age, living in Hatillo 2 with her 76-year-old husband, her 40-year-old daughter, and her 10-year-old granddaughter. She states that the community she inhabits suffers from water rationing and suspensions, initially due to the scarcity of that liquid. She recounts that on March 9, 2020, they had water from 4:15 a.m. to 6:00 a.m.; however, it was so little that she barely managed to collect enough for drinking and cooking. She mentions that, due to the above, the water was not enough to fill the toilet tanks or to wash clothes. She alleges that they have been without water in their homes for more than 40 hours. She points out that, between 1:00 p.m. and 2:00 p.m. on that same day, a neighbor told them that there was a tanker truck at the site, which allowed them to collect water; however, she accuses that, at that moment, there was no type of notice informing that the tanker trucks were nearby. She maintains that, due to the above, the other inhabitants of the area could not collect water. She states that the executive president of the ICAA reported that due to Covid-19, they would provide water at two times during the day; nevertheless, such a statement has not been fulfilled. She requests that her right to receive potable water at reasonable times and for a reasonable duration be respected.


From the study of the case files, it has been demonstrated that the petitioner is an older adult. The ICAA's southern tanks have problems with water disconnection and are the ones that supply water service to the Hatillos area. These tanks draw the liquid mainly from the La Valencia system and are reinforced with the Puente de Mulas (through Bello Horizonte) and Tres Ríos systems through the Curridabat tanks. The ICAA has infrastructure to purify water; however, the sources do not have the capacity to provide the required resource. The water disconnections depend on a series of factors such as: population demand (which varies with the time of day, temperature, day of the week, etc.), the production available at the moment, the level in the storage tank, the topographic elevation of the service, the distance from the service to the distribution point, among others. In the dry season of previous years, the southern tank system could be reinforced for a longer time with water from the Tres Ríos potable water treatment plant; nevertheless, due to the problems faced throughout the aqueduct, this reinforcement has been minimized. The ICAA has developed several projects that are already in operation, and in the last two years, nearly 500 liters per second were incorporated with the Doña Lela, San Miguel, and Palermo wells and CNP 7, 8, and 9; however, it has not been sufficient to avoid the summer effect being experienced. In 2019, the ICAA began operating the Chigüite well, which incorporates 20 liters per second into the Tres Ríos system, directly helping the Curridabat system, and this allows reinforcing the southern tanks during some moments of the day. At the end of 2019, the ARESEP Water Superintendency requested the operators to present their dry season plans and actions to mitigate the rationing in 2020. From the plans provided, the ARESEP highlights that sufficient resources have been approved for the purpose of making the necessary investments to address the rationing; however, the operators' capacity for project execution has not been what was desired. As of March 6, 2020, the ICAA has an additional flow of approximately 100 l/s in the Tres Ríos plant to reinforce some of the affected systems, including the southern tanks system. On March 9, 2020, the Hatillo 2 area had water from 4:15 a.m. to 6:00 a.m. On March 9, 2020, the petitioner received water from a tanker truck. As of March 10, 2020, the date of the filing of the petition, water service had not yet been restored in Hatillo 2. The ICAA's water distribution logs record, in relation to Hatillo 2, the following: i) On March 4, 2020, the following trips were made: a. One to “Hatillo 2-4-8”. b. One to “Hatillo “#1, #2”. ii) On March 5, 2020, eight trips were made to “Hatillo, Hatillos 2 y 4, Colegio Cedes Don Bosco”. iii) On March 6, 2020, three trips were made to “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén”. iv) On March 7, 2020, the following trips were carried out: a. One to “Parque nacional Mara Redonda. Hatillo # 2-Hatillo #8”. b. One to “Hatillo 2”. c. One to “Hatillo 2-4-8”. d. Three to “Hatillo 2 Valdeado”. v) On March 8, 2020, the following trips were made: a. One to “Hatillo #2- Hatillo #8-INA Florida”. b. Two to “Hatillo 2 y alrededores”. c. Two to “Hatillos 2, 3,5”. vi) On March 9, 2020, two trips were made to “Hatillo #1, Hatillo centro y Hatillo #2”. Users can consult the following communication channels to learn about the service interruption bulletins in their respective communities: line 800-REPORTE (7376783); application for SERVICIOS AYA devices; WhatsApp: 8376-5103; and Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. On March 12, 2020, the ICAA was notified of the course of this amparo. On March 12, 2020, the ICAA interconnected well W5 to the ME-A-17 La Valencia system, which will reinforce the water supply in the most critical sectors of the capital, such as the Hatillos. The ARESEP Water Superintendency, via official letter No. OF-0200-IA-2020 dated March 16, 2020, addressed to the executive president of the ICAA, stated: “(…) Nonetheless, and despite the country currently being in a sanitary emergency situation, different localities in the country, especially in the Greater Metropolitan Area of San José, are suffering constant water rationing, justified by AyA on the grounds that this occurs because during the dry season, the aqueduct system faces a water deficit combined with an increase in liquid consumption during the summer months. Given this, the Regulatory Authority reiterates that it is the responsibility of the providers to implement a permanent planning policy that allows preventing situations like this, based on efficiency standards and considering the adverse circumstances that occur during the annual dry and drought season. In particular, they must be capable of developing an adequate response capacity and contingency plan to prevent water rationing during drought periods. The providers are aware that the impact of climate change on water bodies translates into a limitation in the quantity of the resource, and since one of the fundamental principles of public services is their continuity, it is essential that they make the necessary efforts to improve the problem of water scarcity affecting the localities they serve in a sustained manner, and not just momentarily. The foregoing contrasts with the persistence of rationing problems over several years and in a large number of communities, which reaffirms that these are not situations that can be classified as a fortuitous event or force majeure. Although the Regulatory Authority is aware of the institutional efforts made by its regulated entities to avoid impacts on the population derived from the water rationing that has occurred in recent years, this problem is becoming increasingly recurrent and affects a larger amount of population. The reasons are multiple, but this Regulatory Authority notes with concern the lag in infrastructure investment and the significant losses from non-revenue water (agua no contabilizada). It is imperative that AyA resolve both problems within a reasonable timeframe. Notwithstanding the warnings made by the Regulatory Authority on this matter and, above all, despite having been aware at the national and international level of the current outbreak of the Coronavirus disease (COVID-19), water rationing by AyA continues to be a recurring measure and users continue to suffer from the lack of water, thereby violating the country's health system and, from the regulatory perspective, the fundamental principle of continuity in the provision of public services; its obligation being, in accordance with Article 14, subsections i) and j) of Law No. 7593, to be prepared to ensure the regular and safe provision of the service in the short term. The different explanations that AyA has offered in various instances regarding the reasons that have led to the high levels of water disconnection in various areas of the country, especially in the Greater Metropolitan Area of San José, do not allow concluding that they should be excluded from the application of the aforementioned article 95, or that they constitute fortuitous events or force majeure, given that, as indicated previously, the rationing situation has occurred recurrently over several years. Consequently, AyA is hereby instructed to proceed with the adjustment in the billing amount for services to all its subscribers affected by the rationing, for the following cases in which Article 95 of the Technical Regulation AR-PSAYA-2015 applies: a) When service provision is less than 16 consecutive hours per day for at least 20 consecutive days per month; and b) When service suspension lasts for 24 consecutive hours for more than three consecutive days or more than 7 non-consecutive days, both in the same month. This provision is independent of others that have been issued with the aim of correcting the recurrent rationing situations within a reasonable time; therefore, AyA cannot assume that the application of the aforementioned Article 95 exempts it from correcting the identified problem. Additionally, it must inform this Regulatory Authority, within a maximum period of five business days, of the mechanism it will implement to comply with this provision.” On March 27, 2020, the ICAA began the replacement of pipes in sectors of Hatillo 2 with higher-capacity ones, which will increase the available flow for the homes on Calle Villanea, Calle 50A, Calle 52, Calle 54A, and the pedestrian walkway between Calle 54 A and Calle 56, with 70% progress, as the interconnections and service connections are still pending. On March 27, 2020, the ICAA interconnected a new well (W16) to the ME-A-17 La Valencia system, which will reinforce the water supply in the most critical sectors of the capital, such as the Hatillos. This well has a production capacity of 75 liters per second (l/s), equivalent to the daily consumption of 18,500 people. The ICAA is executing the project “BPIP N° 2680: Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano through the implementation of new wells in San Rafael, Alajuela” in order to improve potable water supply conditions in sectors critically affected during the dry season, such as the southern neighborhoods, including Hatillo. The project began on February 1, 2019, and is projected to finish on November 1, 2023.


Regarding this issue, this Chamber has established a jurisprudential line. By judgment No. 2019-019080 of 9:20 a.m. on October 4, 2019, it resolved:


“III.- Regarding the potable water disconnection due to the dry season. With respect to this problem that currently affects many communities in the national territory, this Chamber, through judgment No. 2019-007183 of 9:20 a.m. on April 26, 2019, considered the following:


“…III.- ON THE SPECIFIC CASE. Although it is true that this Tribunal has recognized, in reiterated jurisprudence, that access to potable water is a constitutional right, derived from the rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, it is also true that currently, multiple problems of disconnection of the vital liquid are occurring, generated during the dry season (in the same sense, see judgments No. 2009-12511 of 5:59 p.m. on August 11, 2009, No. 2010-015448 of 12:15 p.m. on September 17, 2010, No. 2014-004918 of 2:30 p.m. on April 9, 2014, No. 2017-006082 of 9:45 a.m. on April 28, 2017, and No. 2016-007550 of 9:05 a.m. on June 3, 2016). In this regard, the responsibility of the State is to implement the necessary and optimal measures to provide an effective solution to these problems. From this perspective, it is accredited in the case files that, in the area indicated by the petitioner, water cuts have occurred in recent months, which the respondent authority acknowledges and details. However, it was possible to prove that the suspensions claimed by the service users are not the product of negligence or arbitrariness on the part of the respondent Institute, but rather are due to a general water disconnection situation affecting all systems during the dry season. In that sense, it was proven that the respondent authority has communicated through various means that during this season, water rationing will occur due to the deficit caused by the reduction in flows supplying the catchment tanks and by the increase in water consumption. Specifically, Zapote belongs to the San José Operation zone, which is supplied through water stored in the Curridabat Tanks, which are fed by water from the Tres Ríos System. It is documented that, during normal production, the Curridabat Tanks at the start of the day have a storage volume of 85%; nevertheless, currently the levels reach 20% of their capacity, which leads the area to be prone to water disconnections. These occur when population demand exceeds the available storage and vary depending on population demand, the production available at the moment, the level in the storage tank, the topographic elevation of the service, the distance from the service to the distribution point, the elevation of the area, etc. Zapote is one of the highest areas, so the impact of water disconnection will be greater; this disconnection occurs only during the dry season and not constantly throughout the year. Normally, disconnections start around 10:00 a.m., and the system begins its recovery around 11:00 p.m.; this problem is supported by water distribution using tanker trucks for vulnerable population centers. The respondents indicated that they have carried out works to reinforce the system and benefit the communities in the highest sectors; they have also made interconnections in the La Pacífica area to move that sector to another operation zone to shorten the coverage area of the Curridabat tanks; the operation supplied by the Cipreses tank was expanded to cover part of San José that was exclusively supplied by the Curridabat Tanks. As a long-term measure, the respondent Institution is promoting projects focused on controlling non-revenue water. As a result of the above, it has worked on exploiting new sources that are currently in operation for the benefit of the GAM population, and work has been underway on developing a project intended to increase the production benefiting the GAM by up to 2500 liters per second, a project that is in the design stage and would be completed by the year 2025. Likewise, they certify that they currently have the Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP 9, and CNP 10 wells operating in the GAM. This Tribunal considers that, despite it being verified that the potable water disconnection indeed exists in the community where the petitioner resides, the respondent authorities demonstrated that they have acted within their material possibilities in order to achieve an adequate redistribution. Likewise, this Chamber considers that the disconnection occurs only during the dry season and not during all months of the year or during all hours of the day, and this situation is communicated to the population through various means. Additionally, it is valued that the institution has carried out works to reinforce the system and has taken corrective and preventive measures, including the study it is conducting for the exploitation of new sources that are currently in operation, which will benefit the GAM population and which aims to increase production by up to 2500 liters per second. By virtue of the foregoing, the Chamber rules out that the Administration has been remiss in attending to the problems in the supply of potable water service in the affected area; therefore, it is imperative to declare the petition without merit, as is hereby done. This, without prejudice to reminding the respondent institution of its duty to continue carrying out works to reinforce the system and prevent water disconnection during the dry season…”.


IV.- Regarding the water disconnection alleged by the petitioners. In the sub lite, the petitioners allege arbitrary rationing of the potable water supply in the Mata Redonda sector. Regarding these facts, in the reports signed by the general manager and the deputy manager of GAM Systems Management, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) - which are considered given under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the law governing this jurisdiction - it is accepted that the aforementioned locality is being affected, along with the rest of the Metropolitan Aqueduct, by the impact of this year's dry season. Although they clarify that water disconnections occur in the Mata Redonda sector during some hours of the day, always in the afternoon, so the population does have access to potable water through the pipeline network for a large part of the day. They have explained that due to the onset of that season in the country, the source flows are reduced, and with them, the production flows. They also maintain that this situation is due to an increase in population consumption because the season's conditions demand a greater amount of water than in the rainy season. Likewise, they report that despite being in the months when the rainy season is typically already established in the country, as a result of the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) phenomenon that is having an influence, the rains have not been able to recharge sources, and the systems have maintained disruptions that translate into a more pronounced decrease in the flows that the Institution can take from these sources to purify and supply the population. However, they indicate that their represented entity proceeds to inform the population about the situation the country is experiencing with respect to the reduction of natural potable water sources, which not only affects the Mata Redonda areas but extends to the entire national territory. They state that AyA makes the following means available to users to communicate events affecting the provision of water service: Line 800-REPORTE (7376783), AyA website, mobile application (available for download on Android and iOS platforms): "Servicios AyA", institutional WhatsApp, 57 personalized service points, and the Facebook page. In addition, through its water disconnection bulletins, it indicates a time at which it is believed, on average, the population will be without service; however, at the indicated time, there will be people (from the lower lying parts of the pressure zone) who still have service, while those living in the highest parts have already been without service for some time. In this context, the Chamber understands that the alleged situation does not arise directly from a problem of material impossibility, but rather from external, uncontrolled, and fortuitous conditions that occur temporarily, and not permanently, in the provision of the public service claimed. Circumstances that have forced the respondent institution to use communication media to inform about the situation in which the systems find themselves, and to ask the population to take the pertinent measures to face the water disconnections until the flow conditions in the sources recover their usual flow, as well as to become aware of the need not to waste the available resource. Although the Chamber understands that we are dealing with the provision of an essential service, the truth is that, besides the existence of an objective cause, the respondent authority has adopted measures to address the problem, meaning that it has not neglected the situation alleged by the petitioners. Note that it has been indicated that, as part of the efforts made by the Institution to reduce the disruption caused by water disconnections, several projects have been developed, which are already in operation. Last year, nearly 500 liters per second were incorporated with the Doña Lela, San Miguel, and Palermo wells and CNP 7, 8, and 9; however, this was not enough to avoid the summer effect being experienced. The Chigüite well has also just been put into operation, adding 20 liters per second to the Tres Ríos system, which directly helps the Curridabat system, and this allows reinforcing the Southern Tanks during some moments of the day. In addition to the above, it is noted that, contrary to what was alleged by the protected parties, in the last six months of 2019, no service availabilities in potable water service have been granted for real estate developments in the Mata Redonda — San José sector. Indeed, the last three availability requests were denied, and a letter was given to the interested parties indicating the infrastructure they would have to build at their own expense before being able to have availability of potable water service. Also, the real estate projects currently under construction in that locality have the respective availability of potable water service, approved well before the water disconnection problems appeared in the area. Furthermore, the real estate projects under construction are supplied through a single meter and have a private storage tank and pumping system. Under that reasoning, as with the previous precedent, what is appropriate is to declare the petition without merit because it was not demonstrated that the lack of potable water service is capricious, arbitrary, or without basis on the part of AyA, since it was equally proven that solutions have been sought for the problems generated by the geographical and climatic conditions suffered by the Mata Redonda area, and that measures have been taken to address that situation. Apart from that, the alleged indiscriminate construction, which is not such, also has no impact on the aforementioned problem”.


Likewise, in resolution No. 2019-008791 of 9:30 a.m. on May 17, 2019, this Tribunal ordered:


“III.- Regarding the non-compliance with rationing schedules. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal dismisses the injury to the petitioner's right to health. From the report rendered by the respondent authority, it is verified that on April 23 and 24, 2019, a water disconnection existed in different communities around Guadalupe, specifically in Santa Eduviges. First and foremost, it must be clear that, according to what was indicated by the ICAA, the institution does not apply rationing in the sector where the amparo petitioner resides; the disruption is produced by water disconnection when the population consumes all the available storage, which is what could be stored during the night when population demand drops, the foregoing given the scarcity generated by the dry season. Now, as explained by the ICAA, the pipeline network functions as a large storage tank, since once the storage tanks are emptied, water exists inside the pipes, whose consumption cannot be detected. Once the tank is empty, the pipeline gradually discharges, but at a rate that is not known, as it depends on many factors, such as the weather, the day of the week, the time of day, and is therefore variable each day. This makes it almost impossible to predict the time at which the water available to the user will run out. The ICAA, through its water disconnection bulletins, indicates a time at which it is believed that, on average, the population will be without service; however, at the indicated time, there will be people (from the lower lying parts of the pressure zone) who still have service, while those living in the highest parts have been without service for a longer time.”

That being the case, the respondent institution cannot be blamed for failing to meet the approximate schedule for supplying the liquid, since this is not something the entity plans, but rather depends directly on demand and the particular conditions of the system, including climatic conditions.

IV.- From the report rendered under oath by the Executive President of the ICAA, as well as from the reading of the evidence provided, it follows that the respondent entity has implemented measures for the purpose of mitigating the effects of the water shortage, among them: a) supply via tanker trucks, especially to educational centers and health centers, b) on April 8, 2019, an interconnection was opened between the Guadalupe and Moravia zones, to reinforce the Guadalupe sector, c) on April 7 and 11, 2019, significant non-visible leaks that were affecting the system were repaired, d) on April 9, 2019, a “bypass” was enabled to reinforce from the Guadalupe tank, further strengthening the supply to the San Blas tank, e) rationing has been carried out in the sectors of Coronado, Los Cuadros, and Montes de Oca with the objective of reinforcing the supply to Guadalupe with water from the Tres Ríos Plant, that is, sharing the deficit, f) coordination has been carried out with the ICE in order to extract more water from the reservoir during this dry season for the purpose of increasing production at Tres Ríos, and currently approximately 100 l/s of additional flow is available at the Tres Ríos Plant, to reinforce some of the affected systems, including that of Guadalupe, and, g) in the long term, the Metropolitan Aqueduct Expansion Project is planned, which aims to increase production benefiting the Greater Metropolitan Area by up to 2500 liters per second, a project expected to be completed in the year 2025. In the opinion of this Court, the ICAA has diligently addressed the reported problem. Under this set of considerations, this aspect of the appeal becomes without merit. Notwithstanding the foregoing, this Chamber reminds the ICAA of its obligation as the governing entity for water resource management, to continue implementing the necessary measures for the purpose of addressing the water scarcity problem, in such a way that its impact on the quality of life of users is lessened and the right of access to potable water is guaranteed.”

On this matter, as occurred in the cited precedents, the Chamber observes that, in principle, the lack of potable water service responds to a supply shortage problem. However, the national emergency situation caused by COVID-19 makes it necessary for this Court to reconsider the thesis cited above. In this regard, it is not only a matter of record that the water supply shortage problem had been manifesting since 2017, but also that ARESEP pointed out that the ICAA had a backlog in infrastructure investment and, in addition, significant losses due to unaccounted-for water. Likewise, the regulatory body also affirmed that the capacity for execution of projects by the potable water service operators has not been ideal.

Hence, prior to continuing to validate any supply shortage situation and by virtue of the COVID-19 pandemic (whose fatal repercussions are public and notorious in other latitudes), the ICAA must implement the corresponding actions for the purpose of solving, in the short term, the problems generated by water scarcity at the production sources, without prejudice to the medium and long-term solutions it has planned. The foregoing is ordered because access to this liquid amid this pandemic becomes fundamental to prevent further spread, according to the recommendations of the Ministry of Health. It should be noted that, after the communication regarding the course of this amparo action, the ICAA made two interconnections with wells to reinforce supply in the affected systems and, furthermore, in Hatillo 2 it replaced pipes with others of greater capacity, which demonstrates that it did have actions within its reach to at least try to mitigate the situation; however, it is not shown that these solved the complaint. Although it follows that the ICAA has sought the distribution of potable water by means of tanker trucks in Hatillo 2, it is not clearly discernible whether the quantity of water was sufficient to supply the basic needs of the affected persons. In that sense, the fact that, in a period of forty hours, the appellant only had access to the service for less than two measures the magnitude of the problem and demonstrates the violation of the appellant’s right of access to water. Due to the foregoing, the granting of the appeal against the ICAA is required, under the terms that will be dictated in the operative part of the judgment.

Regarding the other respondent authorities, it is not evident that they have any type of direct responsibility in the acts complained of by the appellant. Hence, the appeal against them is declared without merit (…)” (the highlighting was added).

Likewise, it should be noted that in regulation No. 21 of March 19, 2024, ‘Reglamento Técnico "Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH-2023)"’ [Technical Regulation "Provision of Supply of Aqueduct, Sanitary Sewerage, and Hydrant Services (AR-RT-SUMAAH-2023)"], ARESEP regulated:

“Article 7.- Mandatory nature of service provision.

Whenever technically feasible, providers within their jurisdiction must provide aqueduct, sanitary sewerage, and hydrant services under optimal provision conditions.

Likewise, every provider must guarantee the efficient use of the water resource and the sustainability of the supply of public services in the short, medium, and long term (…)

Article 10.- Provision of service under conditions inferior to optimal provision.

Only in exceptional situations: act of God, force majeure, damage caused by a third party, or scheduled suspensions, shall it be permitted to provide services under conditions inferior to optimal provision.

However, the provider must implement, as soon as possible, the corresponding temporary corrective measures to supply the services until the service can be reestablished under optimal conditions (…)

Article 82.- Continuity in the provision of services.

Providers must guarantee that the service is provided without interruption, 24 hours a day, 365 days a year, under the quality and quantity conditions established in this regulation.

Excepted are those situations caused by the subscriber or user; by act of God; by force majeure; or by scheduled system maintenance periods or damage caused by third parties; in which case the provisions established in this Regulation regarding the provision of service under conditions inferior to those established in this regulation shall apply.

In cases of declaration of emergency or public interest, no subscriber shall be left without aqueduct service supply due to lack of payment. The subscriber is obligated to comply with payment for the aqueduct service, in accordance with the collection conditions established (…)

Article 85.- Priority of supply in case of scarcity.

In the event that the aqueduct service must be restricted, it shall be provided for the purpose of satisfying human consumption, with the following order of priorities:

a. Hospitals, clinics, health centers, penitentiary centers, shelters, disaster victim camps, and airports.

b. Educational centers.

c. Housing, to meet the basic needs of families.

d. Commercial, agricultural, and industrial activities.

Article 86.- Temporary interruption of potable water service.

In the event of a temporary interruption of service continuity, providers must communicate the following to subscribers and users through mass communication media:

a. Affected area and population;

b. Type of impact to the subscriber;

c. Estimated duration of the interruption;

d. Reasons for the service interruption;

e. Contingency measures in case they are needed;

f. Alternative means for supplying water; and

g. Location of water delivery points, in the event it is carried out via tanker trucks. The delivery point must be as close as possible to the residences so that several users can be supplied at once, waste is avoided, and ease of water collection exists.

This information must be kept updated.

Article 87.- Communication of potable water supply service interruptions.

Providers must communicate temporary interruptions of the potable water supply service as follows:

a. For scheduled interruptions, at least 48 calendar hours in advance;

b. For unscheduled interruptions, within 4 calendar hours after the fault is detected or its report is produced.

This communication must be made through mass communication media, detailing the location, the supply schedule, the conditions of the alternative potable water service, and the affected areas.

Article 88.- Alternative means of aqueduct service supply.

Providers shall define the alternative services for aqueduct service supply; these may be tanker trucks, temporary pipes, public water source, or others, provided they guarantee that the water provided meets the quality characteristics and ensures access to potable water to cover the basic needs of the users in the affected area.

a. If the interruption of the aqueduct service, including its repair, extends for more than 6 calendar hours daily, the provider is obligated to provide an alternative potable water supply service to subscribers to cover basic needs.

b. In the case of interruptions extending for more than 1 day, the supply of potable water shall be daily to all affected subscribers through the alternative means available to the provider.

c. In the case of subscribers with prolonged interruptions, of more than 5 days, the provider shall define the mechanism to provide them with the water supply, in such a way that delivery is facilitated, for example, in storage tanks (their own or those provided by the provider) to reduce delivery frequency and guarantee water for a greater number of days.

d. Alternative supply cannot be maintained continuously for more than 2 years, unless the project schedule to solve the water deficit extends for a longer term; the investment plan must contemplate the development needs of the public services provided, and the operator must report, through the means available, the progress of the project.

e. In the case of water supply by tanker truck, the service provider must offer at least two schedules, one in the morning and another in the afternoon, to distribute the water to guarantee that users receive potable water at least once a day” (the highlighting was incorporated).

XXI.- In report No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” [OPERATIONAL AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE IN THE PROVISION OF WATER SERVICE IN VULNERABLE COMMUNITIES] of September 5, 2018, the Contraloría General de la República indicated: “3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, the AyA has had the responsibility to resolve matters relating to the provision of potable water service in the country, in its condition as operator, governing body, and delegator of the service. However, it has not been able to consolidate its function of directing, intervening, and ensuring the correct administration, operation, maintenance, and development of potable water systems, so that service provision meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in accordance with the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equality in the treatment of service recipients. 3.2. In this framework, the rating of potable water service of 4.45 out of 10 in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized vision of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in service provision, approaches which would ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. In addition, this situation demonstrates that from an ethnically and culturally sensitive approach, greater progress is lacking in the application of good practices for the administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems, which would guarantee their sustainability for the provision of potable water service to vulnerable communities. 3.4. The situation found fosters conditions of poverty, affects health, and productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being that would allow overcoming the population’s conditions of vulnerability. That is how quality improvement becomes relevant, since this constitutes a fundamental service for these communities, in which protecting the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration is important.” Furthermore, in report No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” [AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE PORTFOLIO MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS FOR THE SUPPLY OF POTABLE WATER AND WASTEWATER SANITATION OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS] of April 12, 2024, the Contraloría General de la República concluded: “3.1. The portfolio management of investment projects for the supply of potable water and wastewater sanitation of the AyA has not been effective in impacting populations in vulnerable conditions (…) 3.2. The AyA has also been neither effective nor efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still under execution (…) 3.3. In turn, the portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in congruence with current and future citizen needs (…) 3.4. The inefficient portfolio management has led the AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected due to the lack of recognition of investment costs in the rates that sustain the services.” In addition to the foregoing, it should be recalled that on June 6, 2024, the Contraloría General de la República, in a criterion applicable mutatis mutandis to the present matter, affirmed that: “Regarding the investments made by the ICAA, through the ‘Audit report on the effectiveness and efficiency of the investment project portfolio management for the supply of potable water and sanitation of residual waters of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados’ No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, this Audit Body determined that the management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation of the ICAA has not been effective or efficient; which limits addressing the public need with the required timeliness. Also, it was found that the design of the ICAA’s investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence, in accordance with the established stages of selection, prioritization, strategic balance, and approval; in addition, there is no risk management nor are those responsible for the portfolio and its components defined. Likewise, the cited audit report determined that the ICAA’s information management does not allow efficient administration of the portfolio’s time, cost, and scope, since for various programs and projects there is no basic data such as start and end dates, actual and planned costs, the quantity of benefited population, and those responsible for managing the projects. These conditions hinder the delivery of benefits through investments to produce and improve potable water systems, mainly affecting communities in vulnerable conditions. Also, the fulfillment of institutional and national strategic objectives is restricted, mainly those associated with the Sustainable Development Goals, minimizing the extensive and progressive impact that characterizes water projects, which contribute to the economic, environmental, and health development of the areas influenced and benefited by the investments. Thus, given the deficiencies in information management, the timely identification of deviations in the time, cost, and scope of projects by decision-makers is limited, which makes it difficult to address the public need with the required promptness. Regarding Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is foreseen in the management of the project portfolio under the ICAA’s responsibility, which implies a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the rates that sustain the services stands out.”

XXII.- For its part, it should be recalled that ARESEP issued memorandum No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” [EX OFFICIO RATE STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)], in which it revealed some of the ICAA’s problems, such as “(…) having 57% potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to time lags throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-recording consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, wholesale water sales at prices below authorized levels, investment tenders without guarantees and protection of committed public resources, absence of institutional planning oriented towards the replacement of assets reaching the end of their useful life, presence of unmetered services, rejections of service availability, and 70% of systems under water stress, among other factors, allows concluding that the financial equilibrium of the service cannot be at any cost (…).” In addition, in that study it was emphasized that the ICAA charges users amounts that include 57% water that is wasted and, therefore, does not entail a consideration in favor of the subscribers. This is evidenced by ARESEP’s conclusion that “The regulatory body reiterates to the AyA that, as part of the revaluation process of the assets that make up the rate base, its value is 69% higher, without a consideration in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or for early retirement. However, the AyA has not redirected those amounts to address the replacement of those assets whose useful life has expired, especially in conveyance and distribution pipes, as well as modernization of the meter fleet or implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. Regarding the 57% of water that the AyA is charging users, even though it is wasted along sidewalks and roadways through leaks, anomalies in user registrations and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut these costs by 10% every two years, given that it is the obligation of a public service provider not only to offer the service with quality and comply with the principle of service at cost, which cannot be accepted that users are charged for water that is not correctly billed as a result of 80% of the water meter fleet being in poor condition, wholesale water sales being made at prices below the established rate, water wasted through recurrent leaks on sidewalks and roadways of the country without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipes with more than 70 years of use, which are charged as if new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if efficient in the use of the water resource that, incidentally, the AyA itself promotes protecting, would allow addressing many of the rejected availabilities, avoiding so many supply cuts and even duplication of investments.”

XXIII.- Thus, in the sub lite case, it is evident that there is a structural problem on the part of the ICAA that has affected the provision of potable water service to the detriment of the inhabitants of Ciudadela 15 de setiembre.

XXIV.- Regarding this, it should be noted that, even though various ICAA reports pertaining to this problem have indicated that the supply shortage is due to multiple factors, it cannot be ignored that in the sub iudice case it has been demonstrated that the ICAA suffers from inadequate planning, lack of project execution, and internal lack of coordination. ARESEP, through official letter No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, revealed among the problems the ICAA faces “having 57% potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to time lags throughout the entire project value chain attributable to the administration.” In this way, in this case the violation of the fundamental right of access to potable water is evident, especially considering that Article 50 of the Political Constitution provides that “Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life” and that in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights it was established that “The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use,” whose characteristics are: i) quality; ii) accessibility; and iii) availability, which implies that “The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses.” In summary, the appeal concerning the ICAA is granted.

XXV.- This Constitutional Chamber, through judgment No. 2024-017902 at 09:20 hours on June 28, 2024, resolved the amparo action No. 24-007581-0007-CO, in which residents of Hatillo challenged the water rationing:

“(…) In the sub examine case, the appellants consider the fundamental rights of the residents of Hatillo violated, since they complain that the locality has been affected by water rationing applied by the Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. They indicate that the rationing occurs for extremely long periods, without defined schedules and without being given alternatives for water supply, which affects the people of the community. In this regard, after analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, it is taken as accredited that the residents of the community of Hatillo have been affected by rationing in the potable water service. In this sense, it was verified that the community is supplied with potable water from the La Valencia system of the Área Metropolitana. However, this site has experienced a series of interruptions, due to rationing of the cited service, for at least 110 times so far in the year 2024. It should be noted that such impact has derived from a series of factors, such as hydrocarbon contamination of the Guadalupe Potable Water Treatment Plant, which has implied that the respondent institute transfers water from the La Valencia system to other communities, as well as interruptions as a consequence of electricity cuts, faults, and leaks in some of the system’s distribution pipes. Under this panorama, it should be pointed out that this Court has validated on previous occasions that the respondent institute, through its institutional regulations, applies rationing in the potable water service for reasons of force majeure or acts of God. However, the institution must adopt a series of measures to guarantee that the population takes the corresponding precautions and can seek alternatives so as not to completely lose access to water. Further elaborating, the respondent institution can carry out rationing of its services, but must do so in a planned manner, establishing the necessary coordination and executing actions to guarantee the continuity of the service, such as the determination and fulfillment of a schedule, which must be communicated in a timely manner to the communities that will be affected. In the specific case, this is lacking, since, although the respondent authority assures that the water cuts were carried out through nighttime closures from 10:00 p.m. to 3:00 a.m. or 4:00 a.m. the following day to raise the storage level of the tanks, it is no less true that the same respondent authority in its report indicates that additional suspension bulletins may be issued when supply shortages occur, that is, when the available water runs out due to increased population demand, or when faults occur that affect the service, which is precisely what has happened in the community of Hatillo where, due to the various faults and situations listed in the proven facts, which have occurred on the days February 10, February 13, February 18, March 2, March 18, and March 21, all of 2024, the residents have been left without potable water service for excessive times and without knowing the situation beforehand, which has made it impossible for the service users in the area to take the necessary precautions. In addition to this, the institution must establish remedial plans, such as constant distribution, also setting a schedule for this, by means of tanker trucks, which would allow people to stock up on the liquid and thus be able to meet their needs; however, this solution is also lacking in the report rendered by the respondent authority in this case. It should be noted that, in accordance with the report rendered by the respondent authority, it is denoted that, in recent years, water rationing is increasingly recurrent, and the respondent institute has made institutional efforts to lessen the impacts of this on the population; however, the insufficiency of infrastructure and the execution of plans and works, both to conserve water and for its effective distribution, is accredited. Certainly, the respondent authorities in their report provide a series of projects planned for expanding production in the La Valencia system; however, there is no clarity as to possible dates for the completion of these and for the entry into operation of the listed projects. It should be observed that the same respondent authorities affirmed that the impact has also been a consequence of the hydrocarbon contamination of the Guadalupe Potable Water Treatment Plant; however, it is necessary to indicate that this is not a reasonable justification, especially since the Chamber considered that said emergency was also due to a lack of foresight on the part of the administration (see judgment No. 2024-009354 at 12:52 hours on April 9, 2024). In consideration of the foregoing, it is verified that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has violated the fundamental rights of the protected persons, since it has not taken the necessary measures to guarantee them the continuity of the potable water service and, in the face of the application of rationing, has neither established nor complied with a clear and previously determined schedule, nor has it arranged supply by means of tanker trucks on schedules also previously defined. Consequently, the appeal is granted with the consequences established in the operative part of this judgment (…)

Therefore:

The appeal is granted.

It is ordered that María Alejandra Mora Segura, in her capacity as General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever occupies that position in her place, issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of her authority, so that: 1) immediately upon notification of this judgment, a clearly defined schedule be established and implemented if it is necessary to continue drinking water rationing (racionamientos de agua potable) in the community of Hatillo; and 2) immediately, ensure through some provisional alternative, the sufficient daily supply of drinking water to meet the basic needs of the population, when the service interruption is for periods of more than eight hours. The respondents, or those occupying their positions, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo action, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in contentious-administrative proceedings. Let it be notified. (…)" (sic) (emphasis not in the original).

Given everything stated above, this Court considers that, in addition to what was ordered in the aforementioned judgment, it is necessary on this occasion to impose on ICAA the obligation that, within a MAXIMUM PERIOD OF 18 MONTHS, counted from the notification of this ruling, the necessary measures be implemented so that the drinking water supply to the population of Hatillo is provided in an efficient, effective, and continuous manner.

XXVI.- Regarding the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP), and the need for its intervention in this type of situation. Finally, regarding the ARESEP, note that Law No. 7593 of August 9, 1996, 'Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)' provides:

"Article 4.- Objectives The fundamental objectives of the Regulatory Authority are:

a) To harmonize the interests of consumers, users, and providers of the public services defined in this law and those defined in the future.

b) To strive for balance between the needs of users and the interests of public service providers.

c) To ensure that public services are provided in accordance with the provisions of subsection b) of Article 3 of this law.

d) To formulate and ensure compliance with the quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability requirements necessary to optimally provide the public services subject to its authority.

e) To cooperate with State entities competent in environmental protection, when dealing with the provision of regulated services or the granting of concessions.

f) To exercise, in accordance with the provisions of this law, the regulation of the public services defined therein.

Article 5.- Functions In the public services defined in this article, the Regulatory Authority shall set prices and rates; in addition, it shall ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision, according to Article 25 of this law. The aforementioned public services are: (…)

c) Supply of aqueduct and sewerage service, including drinking water, collection, treatment, and disposal of black water, residual water, and rainwater, as well as the installation, operation, and maintenance of hydrant service (…)" (highlighting added).

The ARESEP has among its functions the obligation to ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of drinking water service. As has been highlighted, there is long-standing evidence that ICAA has not undertaken effective management of its investment project portfolio, a fact even acknowledged by the ARESEP itself in official letter No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called "EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA)", which highlighted ICAA's problems such as "having 57% drinking water losses, investments taking 10 to 15 years to execute, cost overruns in investment works due to (sic) time lags throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, an absence of records for large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below authorized ones, investment tenders without guarantees and safeguarding of committed public resources, absence of institutional planning oriented toward the replacement of assets reaching the end of their useful life, presence of unmetered services, rejections of service availability, and 70% of systems with water stress, among other factors." The Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) in report No. H-581-2024 of June 10, 2024, submitted in case file No. 24-012146-0007-CO, taken ad effectum videndi, and applicable mutatis mutandis to this remedy, stated: "In accordance with the provisions of Articles 4 and 5 of the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, among the fundamental functions and objectives of ARESEP is ensuring that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to optimally provide these services. In this regard, ARESEP prepared a diagnosis of the AyA Aqueduct Service in 2022, which concluded: 'that the institution presents 57% drinking water losses, that the execution of investment projects or works is incomplete and takes 10 to 15 years, and that 80% of meters present under-registration of consumption.' Furthermore, it warned of the absence of records for large consumers and consumption levels, as well as institutional planning oriented toward asset replacement, along with rejections in service availability, and that 70% of aqueduct systems present water stress. It also concluded that there are failures in verifying water quality across all service providers in the country, and the absence of a strategy to keep water quality information updated annually by the National Water Laboratory. Finally, the diagnosis highlights the need for refinancing of credit obligations associated with investment projects or works. In the interest of public health and in compliance with legally established powers, the ARESEP has the responsibility to ensure that drinking water supply service providers deliver quality service. Hence the strict monitoring and requirement of compliance that this body must give to each of the conclusions reached in the cited report, in order to ensure that service provision will comply with the current standards of quality, continuity, timeliness, and reliability. The Regulatory Authority states in its report that, according to a review in the Complaints Area database, for the periods 2023 and 2024 there are no complaints or processes in the complainant's name regarding the lack of aqueduct service provided by AyA in the community of Coronado. Notwithstanding the foregoing, the Ombudsman's Office considers that, as part of its functions, it does correspond to ARESEP to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to optimally provide these services; therefore, it cannot claim, as a reason for its non-intervention, the absence of complaints to prompt its action, which must be proactive and ex officio, seeking at all times compliance with the provisions of the Regulation 'Comprehensive reform of the technical regulation for the provision of aqueduct, sanitary sewerage, and hydrant services (AR-RTPAAH-2015)' and mentioned by the Regulatory Authority in its report" (highlighting added). In light of the foregoing, the ARESEP must therefore ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of the public drinking water supply service by ICAA in Hatillo, for instance, through technical inspections of the properties, plants, and equipment used to provide that service, as well as the execution of controls over the facilities and equipment dedicated to said public service, with a view to guaranteeing full compliance with the obligations in this field.

XXVII.- Regarding the petitioner's additional requests. In subsequent filings, the petitioner alleged that his wife is supposedly being subjected to reprisals for his having filed this amparo action, and therefore asked this Court to certify documents to be sent to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). He likewise requested an investigation of Johnny Aguilar Artavia, President with judicial and extrajudicial representation of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo. He also expressed disagreement that the respondent association serves as liaison with ICAA, since in his opinion other entities or agencies should be in charge.

XXVIII.- It is clarified to the petitioner that it is not the responsibility of this Constitutional Chamber to investigate whether his wife or partner is truly suffering the mentioned reprisals. The foregoing exceeds the summary nature of the amparo action. If the petitioner considers that she has been aggrieved in any way, he may well file the corresponding complaint himself before the Public Prosecutor's Office, so that the pertinent inquiries can be initiated. Neither is it the role of this Court to determine which entity or body is appropriate to act as liaison between ICAA and the different communities. The foregoing exceeds the jurisdiction of this Court as delimited in the Law and the Political Constitution itself.

XXIX.- The same must be said regarding what was argued concerning Johnny Aguilar Artavia: if the petitioner believes that the representative of the respondent association has committed any crime, then, it is reiterated, he may go to the Public Prosecutor's Office.

XXX.- Conclusion. Under this set of circumstances, the amparo action must be declared partially with merit, with the consequences specified in the operative part of this judgment, only with respect to: a) the blocking of the petitioner's user account on the official page of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo; and b) the rationing (racionamientos) in the drinking water supply in the locality. (…)"

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

"(…) V.- On the right to drinking water. Firstly, it is pertinent to indicate that the right of access to drinking water has been recognized in this venue in ample jurisprudence and its conventional and constitutional backing has been emphasized:

"(…) V.- The Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated at the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which states that: "Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services". The lack of resources does not justify non-fulfillment of the duties of public administrations in the provision of this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).

For its part, as both the Attorney General's Office and the AyA representative recognize in their reports, in the international field the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majoritarian. It is held that without equitable access to a minimum requirement of drinking water, other established rights would be unattainable—such as the right to an adequate standard of living for health and for well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that \"the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights\". It is also emphasized that the Member States of the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.

Meanwhile, several international conferences have been held, prominent among which is the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977, which recognized that all peoples have the right to access drinking water to satisfy their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equal opportunities for all to enjoy basic resources.

The concept of satisfying basic water needs was further strengthened during the Earth Summit in 1992 in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that \"in developing and using water resources, priority must be given to satisfying basic needs and conserving ecosystems.\" Similarly, in the Implementation Plan adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to \"employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services,\" without cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. Likewise, there are dozens of international instruments that directly and indirectly deal with water as a human right of all persons and peoples, such that it is not only an issue that by its nature tends toward nationalization, but toward the internationalization of its use and utilization" (see judgment number 2006-5606 of 15:21 hours on April 26, 2006).

From the foregoing, we can affirm that a fundamental right to drinking water exists, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. Likewise, access to drinking water has been categorized as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. Thus, the Member States of the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.” Equally, regarding this topic we can find a vast number of international instruments that refer to the right of access to drinking water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on drinking water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Statement on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Point 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, adopted by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70/169, adopted by the United Nations General Assembly in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc. (…)" (see judgment No. 2019017397 of 12:54 hours on September 11, 2019).

Additionally, since the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, in Costa Rica the right to drinking water is expressly recognized at the constitutional level in the following terms:

"(…) ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.

Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.

The State shall guarantee, defend, and preserve that right.

The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.

Every person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable to protect such human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law created for these effects and priority shall be given to the supply of drinking water for consumption by persons and populations" (highlighting added).

On this matter, in judgment No. 2020003982 of 11:50 hours on February 26, 2020, this Court resolved the legislative consultation related to the mentioned partial reform to numeral 50 of the Political Constitution and indicated:

"(…) VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional reform bill presented by the entirety of the 57 Deputies of the Legislative Assembly consists of two articles that aim to add a final paragraph to Article 50 of the Political Constitution, as well as incorporate a new transitional provision in Title XVIII, Sole Chapter, Transitional Provisions of the Political Constitution, in the following manner:

“ARTICLE 1.- A paragraph is added to the end of Article 50 of the Political Constitution of November 7, 1949. The text is the following:

Article 50.-

(…)

Every person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable to protect such human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law created for these effects, and priority shall be given to the supply of drinking water for consumption by persons and populations.

ARTICLE 2.- A new transitional provision is added to Title XVIII, sole chapter, Transitional Provisions, of the Political Constitution, related to Article 50. The text is the following:

Article 50 – XX. The current laws, concessions, and use permits, granted in accordance with the law, as well as the rights derived from them, shall remain in force while a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water does not enter into force.”.

The proposal thus raised and already approved in the first debate refers not only to the express recognition of access to water as a human right but is directly related to the fact that the human right positively recognized therein concerns access to drinking water, since it is based on the consideration of water—and especially drinking water—as an essential and intrinsic element for the life and health of people, thus aligning with the provisions of Article 21 and the first part of the same Article 50 of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this Chamber that derive from such norms.

The Chamber notes that the right of access to water, and especially drinking water, forms part of various enunciations in the field of international human rights law, through different instruments with varying scope or legal nature, but which, by their very condition and pursuant to the provisions of Article 48 of the Political Constitution, must necessarily be considered regarding this matter. Thus, this right has been related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Statement on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year, 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in paragraph 1) of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights – Protocol of San Salvador –, and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself. And regarding general resolutions, there are, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution: E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution 70/169 of December 17, 2015, which expressly state that water must be "safe and of acceptable quality for personal and domestic uses," and the access to "safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner."

In this sense, it is valid to affirm that the proposal for an addition to Article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is in line with the legal developments on the matter shown at the international level and reflected in declarations, conventions, and resolutions of different natures, from which its conformity with the legal progress shown internationally on this topic results, and that, by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of the States, just as this constitutional reform proposal aims to formalize at that level.

It is important to note that the proposal's intent is to formalize the situation at the constitutional level, because the issue of access to water, and to drinking water, is certainly regulated in our country at the legal level by a profuse regulatory framework that encompasses from the 1942 Water Law, the 1953 General Drinking Water Law, the 1961 Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the 1973 General Health Law, the 1983 SENARA Creation Law, the 1995 Organic Environmental Law, and the 1996 Ley Forestal, among others.

Likewise, the protection of the environment and the right to water that constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life but also the inherent and necessary protection that must be provided to it by the institutional system in general, from specialized agencies such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), and the National Service of Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), to others of a broader nature such as the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Health, and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources but also their legitimate allocation for human consumption in compliance with the established parameters and the real possibilities of their effective supply – see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262, and 2016-1791-.

It is important to point out the emphasis that the reform proposes not only in terms of recognizing access to drinking water as a human right but also its particular condition as a demanial good, in the same sense that the various legislation enunciated here already refers. Note that the normative proposal states that "water is a good of the Nation", that is, a good that belongs generally to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, a good that is diffused among all of society and its actors, a public domain good that requires not only full protection due to its condition of being essential for life but also to allow its use for the various spheres required, provided that due sustainability and comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are respected. Note that the recognition of the human right concerns drinking water, and it is subsequently stated that water—in general terms—is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way the impossibility of using the resource for other types of purposes—agricultural, industrial, or development—provided it is done in accordance with the provisions on the aforementioned right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and upon it, a human right of access to drinking water, from which it follows that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms but also the recognition of access to drinking water as a human right.

On the other hand, it must be taken into consideration that, as already stated, this access must be sought and provided in accordance with the prior fulfillment of the established parameters and according to (sic) the real possibilities of supply.

That is, as established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, while the recognition of access to potable water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the specific and certain possibilities of granting, from which it follows that this access, recognized as fundamental, may well be subject to the fulfillment of specific conditions that, in turn, allow for the guarantee of the existence and preservation of this resource.

It is for this reason that the aforementioned United Nations General Assembly resolution, number 70-169, of December 17, 2015, states in its section 5 the exhortation to States to:

“Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner, while eliminating inequalities in access, in particular for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on the grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in a slum, income level and other relevant factors.” –emphasis is not from the original-

This progressivity referred to in this resolution develops the analogous provision that, in conventional terms, is enshrined in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:

“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized herein by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.” –emphasis added-

Thus, the legitimate regulation that allows for the adequate and orderly access to potable water recognized herein as a human right is valid, since it is about fostering its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.

It is for this reason that the legislation regulating the matter –such as the one proposed in the same paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposed transitional provision XX– must, at the appropriate time, necessarily be consistent with the set of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to potable water also as a human right, meaning that certainly the legislation indicated therein must conform to the Law of the Constitution and the provisions it contemplates on the matter.

In this sense, in accordance with what has been stated herein, it is observed that the project being processed under legislative file 21,382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, therefore it properly meshes with the provision of Article 50 of the Constitution, and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, without there being in any way any friction with those essential or core elements that inform and integrate the Law of the Constitution (…)”.

Likewise, it is worth highlighting what is established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made at the 29th session held in Geneva between November 11 and 29, 2002, in which it was stated:

“(…) 2. The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.

3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living “including adequate food, clothing and housing”. The use of the word “including” indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.

Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right contained in article 11, paragraph 1, (see General Comment No. 6 (1995))2. The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1)3 and the rights to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1)4. The right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity (…)

10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water, and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water resources. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water.

11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with article 11, paragraph 1, and article 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations.

12. While the adequacy of water required for the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:

a) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions.

b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person’s health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.

c) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions:

i) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services.

ii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights.

iii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds.

iv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)

25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires the State to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right. The obligation to promote obliges the State party to take steps to ensure that there is appropriate education concerning the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States parties are also obliged to fulfil (provide) the right when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal.

26. The obligation to fulfil requires States parties to adopt the necessary measures directed towards the full realization of the right to water. This obligation includes, inter alia, according sufficient recognition of this right within the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation; adopting a national water strategy and plan of action to realize this right; ensuring that water is affordable for everyone; and facilitating improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas.


27. To ensure that water is affordable, States parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.

28. States parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that there is sufficient and safe water for present and future generations22. Such strategies and programmes may include: (a) reducing depletion of water resources through unsustainable extraction, diversion and damming; (b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by substances such as radiation, harmful chemicals and human excreta; (c) monitoring water reserves; (d) ensuring that proposed developments do not interfere with access to adequate water; (e) assessing the impacts of actions that may impinge upon water availability and natural-ecosystems watersheds, such as climate changes, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity23; (f) increasing the efficient use of water by end-users; (g) reducing water wastage in its distribution; (h) response mechanisms for emergency situations; and (i) establishing competent institutions and appropriate institutional arrangements to carry out the strategies and programmes (…)

37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee’s view, at least a number of core obligations in relation to the right to water can be identified, which are of immediate effect:

a) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses to prevent disease;

b) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non‑discriminatory basis, especially in respect of disadvantaged or marginalized groups;

c) To ensure physical access to water facilities or services that provide sufficient, safe and regular water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;

d) To ensure personal security is not threatened when having to physically access water;

e) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;

f) To adopt and implement a national water strategy and plan of action addressing the whole population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of a participatory and transparent process; it should include methods, such as right to water indicators and benchmarks, by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give particular attention to all disadvantaged or marginalized groups;

g) To monitor the extent of the realization, or the non-realization, of the right to water;

h) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;

i) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular ensuring access to adequate sanitation (…)” (the highlighting was incorporated).

The foregoing is relevant in that it details the content of the right to water by outlining its characteristics, including quality, accessibility, and availability, since it establishes that the human right to water implies a sufficient supply for each person for personal and domestic use.

On the other hand, in the judgment of November 27, 2023, issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of the Inhabitants of La Oroya vs. Peru, that court ordered:

“121. Likewise, persons enjoy the right to water that is free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes the obligation on States to: a) design regulations and policies that define water quality standards and, with greater emphasis, treated and wastewater standards that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitor the contamination levels of water bodies and, if necessary, report possible risks to human health and ecosystem health; c) carry out plans and, in general, undertake all practices to control water quality, including the identification of their main causes of contamination; d) implement measures to enforce water quality standards, and e) adopt actions to ensure the sustainable management of water resources. The Court also considers that States must design their regulations, plans, and water quality control measures in accordance with the best available science, attentive to the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability and, even, through international cooperation.

122. As a complement to the foregoing, the Court recalls that in the case of the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This arises from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow for the derivation of rights from which, in turn, the right to water arises. In this regard, the Court noted that among these are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.

123. Regarding the normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that “access to water […] includes ‘drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, and personal and household hygiene,’ as well as for some individuals and groups also […] ‘additional water resources due to health, climate, and work conditions’.” Likewise, that “access to water” implies “obligations of progressive realization,” but that “nevertheless, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and taking steps to achieve its full realization.” Furthermore, that States must provide protection against acts of private parties, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as “guarantee a minimum essential amount of water,” in those “particular cases of persons or groups of persons who are not in a position to access water by themselves […], for reasons beyond their control.”

124. At this point, the Court specifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects water bodies as elements of the environment that have a value in themselves, as a universal interest, and for their importance to other living organisms including human beings. The second facet recognizes the determining role that water has in human beings and their survival, and, therefore, protects their access, use, and enjoyment by human beings. In this way, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component starts from an ecocentric premise, while -for example- the right to potable water and its sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, the violation of one necessarily implies the violation of the other.

125. Moreover, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and to water. This right is covered by the obligation of respect and guarantee, established in Article 1.1 of the Convention, one of the ways of observing which consists of preventing violations. This obligation extends to the private sphere to prevent third parties from violating the protected legal rights, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and that ensure that their eventual violations are effectively considered and treated as an illegal act. In this vein, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)” (the highlighting does not correspond to the original). (...) VCG09/2024

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Content of Interest:

Content Type: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Efficiency and effectiveness of public services

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

PRINCIPLE OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICES

“(…) VI.- Regarding the right to the proper functioning of public services, and the role of the ICAA as the governing body on potable water supply. In Judgment No. 2016012058 of 9:30 a.m. on August 26, 2016, this Chamber indicated:

“(…) in the sub judice, it is determined that the ICAA, as the governing body in the matter, has failed to comply with its duties of inspection and supervision over the provision of the public potable water and sewerage service, and, therefore, has violated the rights of the petitioners. According to Articles 1 and 2 of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, the ICAA is responsible, among other functions, for resolving everything related to the supply of potable water and the sanitary sewerage service; for directing and overseeing everything concerning providing the inhabitants with the service of potable water; and for directly administering and operating the aqueduct and sewerage systems throughout the country; therefore, it is inexcusable that the ICAA has not acted to prevent and remedy a situation like the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without signing any delegation agreement.


To this effect, it is worth recalling what the Chamber, in Judgment No. 2014-012971 of 2:45 p.m. on August 8, 2014, indicated regarding the ICAA and its duties to supervise and guarantee the proper functioning of the public services in question:


“IV.- Regarding the right to the proper functioning of public services and the role of the ICAA as the governing body on water supply. In Judgment number 2012-12009 of 09:05 a.m. on August 31, 2013, this Chamber ordered the following, which is of interest for the resolution of the sub lite:


“This Chamber has held that the Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of the administered to the proper and efficient functioning of public services, that is: that they be provided with high standards of quality. This has, as a necessary corollary, the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, speedily, effectively, and efficiently. This latter obligation arises from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8 (which imposes on the Executive Branch the duty to “Oversee the proper functioning of the administrative services and dependencies”), 139, subsection 4 (insofar as it incorporates the concept of “proper course of the Government”) and 191 (to the extent that it incorporates the principle of “efficiency of the administration”). This Court has also indicated that said atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as the supply of potable water, as highly valued assets such as health and human life are at stake, so the principles of effectiveness, efficiency, speed, continuity, and adaptation must prevail with greater rigor (see, in this sense, judgments number 2008-016405 of 7:04 p.m. on October 30, 2008 and 2008-017633 of 12:06 p.m. on December 5, 2008). In this context, the role of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing body in the matter, acquires particular importance. This Chamber has noted that:


“(…) in accordance with the provisions of Article 1 of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, said autonomous institution has been created with the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying regulations, carrying out and promoting the planning, financing, and development and of resolving everything related to the supply of potable water. To fulfill this purpose, and in accordance with the provisions of Article 2 of that same regulatory body, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for directing and overseeing everything concerning providing the inhabitants of the Republic with a potable water service, as well as making use of, utilizing, governing, or monitoring, as the case may be, all public-domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of the cited law. With which it is verified that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the first entity called upon to ensure that all inhabitants of the Republic can benefit from a potable water supply system, capable of supplying said liquid continuously and in sufficient quantity to duly satisfy the basic needs of all persons, in effective protection of their fundamental rights to life and health” (judgment number 2011005457 of 11:32 a.m. on April 29, 2011.)


In line with the above, this Chamber has emphasized that in those cases where the service of supplying water for human consumption is provided by an ASADA, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is called upon to exercise effective and efficient actions of oversight and control of the respective water supply system, regarding its operation, maintenance, administration, and development, in order to guarantee its proper functioning (judgment number 2011009487 of 9:15 a.m. on July 22, 2011). In fact, recently, in judgment number 2012006447 of 10:30 a.m. on May 18, 2012, this Chamber stated:


“(…) although Article 2 of Law 2726 empowers AyA to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewerage systems, the respondent Institute, as the governing body in the matter, is responsible for all matters relating to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for the water supply to the populations. Based on the foregoing, the Administration cannot excuse the lack of an efficient potable water service on the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct by the concessionaire private entity (…)


With which the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to supervise and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems is verified” (the highlighting is not from the original)


“V.- Regarding the specific case. In the case at hand, the petitioner alleges that in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, the ICAA provides the potable water service through delegation to an ASADA; however, said service is provided deficiently and requires improvements in the infrastructure, for which the Municipality of La Cruz allocated a budget item for the improvement of said aqueduct, which cannot be executed until the ICAA carries out the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to potable water violated.


In this regard, the Chamber deemed it proven that the Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, does not have a current legal personality, as it expired on July 31, 2007. Likewise, it is noted that the ASADA El Porvenir has not submitted to the ICAA the documentation required for the processing of the signing of the delegation agreement. Furthermore, the ICAA does not have an updated diagnosis of the aqueduct system operated by the ASADA El Porvenir. From the case records, it was verified that through official letter number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 of July 3, 2014, the Head of the Regional Office of Community Systems of the Chorotega Region of the ICAA suggested that the ASADA El Porvenir contract the services of a professional to carry out a technical study through which the improvements required by the aqueduct would be recommended. Finally, it was demonstrated that the Municipality of La Cruz allocated a budget item of 3 million colones to make the improvements to the aqueduct infrastructure, which will be executed once the corresponding technical studies are carried out. Given this scenario, the Chamber considers that the amparo must be partially granted, only against the ICAA. As explained in the preceding recital, the ICAA is obligated to supervise and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems, so it cannot excuse itself by claiming that the lack of an efficient potable water service is due to the lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct.”

As the governing body for drinking water supply, ICAA is called upon to assist in the prompt resolution of the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Thus, for the Chamber, the argument of the respondent authorities of ICAA, to the effect that they bear no responsibility for the problems presented with the ASADA of El Porvenir, is not admissible. As long as the water supply problem persists, the most vulnerable parties are the residents of the locality, who must tolerate the ineffectiveness of the responsible entities and, consequently, suffer with the deficient provision of the public drinking water service. Under this understanding, ICAA must supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of El Porvenir adjusts its operations to the law and the necessary technical studies can be completed to authorize the investment of the municipal budget already allocated for the improvement of the drinking water supply in that community and, therefore, the quality of life of all its residents.” (The highlighting is not from the original).

 In addition, numeral 36, subsection 1) of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, indicates as an obligation and right of ICAA: "Enter into and terminate Delegation Agreements for the management of aqueduct and sewer systems with Administrator Associations, when so recommended by Management and approved by its Board of Directors, for reasons of convenience, timeliness, or ineffectiveness in the provision of public services". (…)” VCG09/2024

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Content of Interest:

Content Type: Dissenting Vote

Branch of Law: 4. CONSTITUTIONAL GUARANTEE MATTERS

Topic: PUBLIC SERVICES

Subtopics:

DRINKING WATER.

XXXI.- Partial dissenting vote by Magistrate Garro Vargas. With great respect, I dissent from the majority opinion of the Chamber regarding the rationing of drinking water supply in the locality of Hatillo and declare this aspect of the recurso de amparo without merit based on the following considerations.

In the specific case, the elements used to support the granting of the process are the following: report no. IN-0042-IA-2023 titled “EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” of August 15, 2023, issued by the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos and reports no. DFOE-AE-AI-00008-2018 “OPERATIONAL AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE IN THE PROVISION OF WATER SERVICE IN VULNERABLE COMMUNITIES” of September 5, 2018, and no. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE PORTFOLIO OF INVESTMENT PROJECTS FOR DRINKING WATER SUPPLY AND WASTEWATER SANITATION OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” of April 12, 2024, both issued by the Contraloría General de la República. In these reports, it is indicated that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has not been able to consolidate its role of directing, intervening, and ensuring the correct administration, operation, maintenance, and development of drinking water systems so that service continuity meets the attributes of quality, continuity, and quantity. However, it is evident that such official communications and allegations have not been brought to the attention of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, within the context of this process, so that it could respond to them.

Based on the foregoing, in my judgment, there are no elements properly assessed under the principle of adversary proceedings (principio del contradictorio), because there has been no substantiation of the evidentiary pieces against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. However, I do not find it appropriate to convert this recurso de amparo into a plenary proceeding. It must be remembered that the processing of a summary proceeding is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary measures that seek to examine technical aspects of various kinds: infrastructure, financial, tariff, legal, etc.

In summary, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is condemned without having been given the opportunity to comment on the official communications that give rise to the declaration with merit. And examining such official communications in detail with all the necessary procedural guarantees would no longer be appropriate for a recurso de amparo.

In consideration of the claims and of what was stated by the authorities under oath, under the conditions established by Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, I believe there is a proper justification for the supply problems and a verification of the immediately effective measures to remedy the situation, just as in other similar precedents the Chamber has declared (see in that regard the following judgments: 2024-005590 at 09:20 a.m. on March 1, 2024, 2024-013992 at 09:15 a.m. on May 24, 2024, 2024-015788 at 09:30 a.m. on June 7, 2024, 2024-017183 at 09:20 a.m. on June 21, 2024).

By virtue of the foregoing, I cast a partially dissenting vote in the terms indicated herein.

VCG09/2024

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Text of the Resolution

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Exp: 24-008159-0007-CO

Res. Nº 2024025605

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and five minutes on September sixth, two thousand twenty-four.

Recurso de amparo filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) and the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PRO MEJORAS DE CIUDADELA QUINCE DE SETIEMBRE HATILLO.

Whereas:

1.- Through the brief added to the digital case file at 2:10 p.m. on March 26, 2024, [Name 001] filed a recurso de amparo against ICAA and the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo. He explained that the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo blocked him from its official Facebook page because of a comment it did not like. He complained that because of what was described, he was prevented from presenting his points of view regarding a dialogue table that was to be established together with ICAA, in order to address the problem of rationing in the drinking water supply service; he also does not know the distribution schedules for the liquid in the tanks installed at the IPEC (he went on March 23 and 26, 2024, but could not gain access). He stated that the agreed-upon method for providing water excludes older adults (personas adultas mayores) and persons with disabilities, who cannot transport buckets full of water to their homes. He requested that the recurso be declared with merit.

2.- Through the order issued at 12:56 p.m. on April 18, 2024, the recurso de amparo was admitted, and the General Manager of ICAA and the President of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo were notified.

3.- Through the brief added to the digital case file at 2:47 p.m. on April 24, 2024, María Alejandra Mora Segura, General Manager of ICAA, reported: “(…) That, as part of the actions to assist communities experiencing a shortage in the Metropolitan Aqueduct, the 15 de Setiembre sector has been assisted within the framework of the Hatillo community meetings, with a formal community representation from the ADI 15 de Setiembre. It is through this community representation that a series of follow-ups and agreements have been established to provide timely assistance to the population inhabiting this sector. In that sense, the actions that have been requested to be coordinated have been channeled through the formal representation of the Asociación de Desarrollo Especifico Pro-Mejoras de Ciudadela 15 de Setiembre Hatillo (…) That, as indicated in report No. UEN-GA-2024-00738, among the actions taken to assist this sector of the population and others in Hatillo are: a. Water supply via tanker truck: water distribution via tanker truck will be provided when the service is interrupted for more than 8 hours. Tanker truck requests will be handled and grouped, and they will be prioritized according to the quantity of shortage reports. The locations where tanker trucks will be located will be reported through community WhatsApp chats and social media. b. Institutional communication: improvements will be made in the communication directed to the communities, on specific aspects of what and how it is communicated. Furthermore, it is reported that a campaign on the rational use of water is being carried out. c. Identification of critical points for the placement of storage tanks as a public source: The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is conducting a survey of existing tanks to know their conditions and activate them. Educational centers, shelters, medical centers, Fuerza Pública and Bomberos stations are prioritized. d. Identification of the population with higher vulnerability conditions: access to the location of the older adult population, persons with mobility difficulties, and those with serious health conditions will be coordinated with the CCSS and other entities to manage a more personalized solution. e. Meeting spaces with community leaders: It should be mentioned that the Institution maintains a close relationship with the communities that experience limitations due to drinking water shortages or controlled supplies. Among the meeting spaces, one was held on March 22, 2024, at the Executive Presidency, coordinated by the communications area. 3. That, as alternative means for the supply of drinking water to the population, self-supply tanks and distribution via tanker trucks are available. Regarding distribution via tanker trucks, depending on the service conditions in the community of 15 de Septiembre and based on the provisions of the current regulations, for cases where service suspensions are due to unforeseen situations such as leaks, or field outputs at the Pozos de La Valencia due to a lack of electrical power, and where, additionally, the impact on users exceeds 8 hours of interruption, an alternative distribution of drinking water via tanker trucks will be made. For the specific case, AyA has a pressure recorder located on the west side of the Condominio Mixto Bambú Eco. Based on the recorded pressure data, it can be indicated that during the month of April 2024, users have not had interruptions exceeding 8 hours of shortage. 4. That, it is managed with the community the placement of tanks as water repositories that allow the population to have an alternative means; in Hatillo, this action is not well received by some community representatives; however, the user population makes use of said reservoirs to carry out daily activities such as food preparation and other activities. This action is carried out mainly by people who, given their work schedules, have had difficulty hauling water when the tanker truck has made its rounds. It is important to mention that AyA activated (placed spigots and filled with drinking water) a tank at the IPEC 15 de Setiembre to supply the southern sector of the community (available since March 2024); however, this tank is not the property of AyA but of the IPEC, and due to the risk conditions in this sector from vandalism and street inhabitants who misuse them, the community leader indicated that it would be installed inside the IPEC property with the spigots facing inward, and if the service was required by a person from the community, it would be opened for them. In this community, 2 tanks have been installed for supply; the first was installed at the Escuela 15 de Setiembre in the month of February, and the second with the collaboration of the IPEC, which provided a second tank so that the community could access the resource. The installation of the tanks was communicated through institutional social media, which are part of the information channels available to the population. The criteria for installing this supply source in this way was mediated by the judgment of the community representative and not an arbitrary decision of the institution, since the assessments of it being placed in this way were based on the arguments presented (…) 5. That, subsequent to the date of March 29, a conversation was held with a representative of the ADI 15 de Setiembre, indicating that the tank had a leak that we had to repair, and the response was that it was better to no longer fill this tank, because the Director of the Educational Center showed some displeasure with the entry of private individuals into the educational facility, also stating that no one was coming to the site to collect water, arguing that this was because the drinking water supply in the sector was quite stable. Subsequently, a series of steps were taken to identify another site that met the suitability conditions for placing a tank; however, in the area, it is difficult to have a place that met conditions for safeguarding the tank and would allow it to have the spigots inside to prevent manipulation by persons who could vandalize it. In that sense, and taking into account that as of April 1 of this year, defined schedules for attending to this user population were published, it is assessed that there is no requirement to have a tank in the area due to compliance with the schedules established by the institution. It is important to state that these tanks are alternative supply measures when the population suffers shortages for continuous and unscheduled days; however, currently in this sector, this criterion or condition is not met (…) That, according to the information existing in the Institutional Commercial System OPEN SCI, Mr. [Name 001], identity card [Value 002], is not registered as a user of AyA; however, the information on interruptions to the drinking water service is published by the Institution so that it is available to the user and the entire population 24 hours a day, every day of the year, through the institutional website, the Servicios AyA mobile application, and Facebook stories. This information is published based on a bulletin issued by the Operational Control Center, which contains the data on the service interruption, such as the date, start time and estimated completion time, affected sectors, reason for the interruption, among others. During the months of March and April 2024, 62 reports were generated through the Servicios AyA App for the district of Hatillo, in order to inform about shortages and interruptions of the water service. Downloading and using the application is free and the information is available to the user 24 hours a day, every day of the year. In accordance with the provisions of Article 33 of the Reglamento Técnico Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes, ARPSAYA-2013 and its amendment, if the service suspension lasts for more than eight clock hours, the supply of drinking water is scheduled via tanker trucks, so that users can meet their basic needs. To find out the location of the tanker trucks, the user can contact the toll-free customer service line 800-REPORTE (800-7376783) and, using the service number (NIS), the agent can inform them of the location of the nearest unit. Furthermore, the Institution makes available to the population a series of channels so that they can find out when service discontinuities occur due to breakdowns, or caused by controlled supplies or shortages when there is a scarcity of the resource, and which also allows them to report their breakdowns, among them: a. Toll-free Customer Service: Line 800-REPORTE (800-737-6783) b. Downloading the APP on a cellphone: SERVICIOS AYA c. WhatsApp: 8376-5103 d. Facebook: https://www.facebook.com/AcueductosyAlcantarilladosCR/ e. Official Email: [email protected] f. Website: www.aya.go.cr On the other hand, these actions to maintain closeness with formal community leaders and others identified in the community are part of the institutional efforts to redouble communication in the affected communities, but it is not the only communication and information channel available in the different communities (…)” (sic).

4.- Through the unsigned brief added to the digital case file at 12:54 p.m. on April 25, 2024, the petitioner commented on what was indicated by the General Manager of ICAA. He insisted that the drinking water supply program has not been complied with. He noted that he is not registered as a user, as he is not the owner of the meter, since he rents the dwelling.

5.- Through the brief added to the digital case file at 2:08 p.m. on May 10, 2024, the petitioner referred to a situation that occurred with his wife at her workplace, apparently as a result of the recurso de amparo. He reported reprisals against his family for having appealed to the Sala Constitucional. He emphasized: “(…) But having received the notification record, I wanted to inform you that Mr. Jhonny was informed – despite not being notified – of the processing of this recurso de amparo, and that he did not hesitate to take indirect actions against a first-degree relative of mine, which is why I request before you, if you see fit and if it is procedurally appropriate, to certify copies of the case file documents and have them transferred to the Ministerio Público for investigation. I also attach a copy of the record where my wife's statement in this regard is taken (…)” (sic).

6.- Through the unsigned brief added to the digital case file at 2:46 p.m. on June 13, 2024, the petitioner made a series of final statements. He emphasized that ICAA holds dialogues to reach agreements regarding supply schedules and the location of tanks with the development associations of Hatillo, but these, in his opinion, do not represent the interests of the residents of the locality. He expressed the view that it is necessary to create a dialogue table with the residents and the participation of the municipal authorities. He underlined that a series of residents considered non gratos were excluded from the tanks, along with street inhabitants, while they were in operation. He added that: “(…) Although AYA argued that during the month of April there were no cuts for more than 8 continuous hours, they avoided referring to the last days of the month of March, which were the ones that motivated the filing of this recurso (…) where they had cuts that exceeded 12 hours, which led AYA to make the decision to locate and fill tanks at different points in Hatillo (including 15 de Setiembre) (…)” (sic). He requested that the recurso be declared with merit and that case file documents be certified for the Ministerio Público, due to the evasions of the President of the respondent Association in being notified.

7.- Through the order issued at 3:07 p.m. on July 17, 2024, it was ordered to request the petitioner to provide the exact address of the place indicated by the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, its legal representative or resident agent for notifications, or alternatively, the exact place of the entity’s headquarters or official domicile.

8.- Through the unsigned brief added to the digital case file at 9:17 a.m. on July 24, 2024, the petitioner stated that he was unable to gather the required information, as not even DINADECO has it.

9.- Through the order issued at 8:17 a.m. on August 5, 2024, it was ordered to request the Oficial Mayor Electoral to certify the last address appearing in the identity card record of Johnny Federico Aguilar Artavia.

10.- Through the brief added to the digital case file at 9:57 a.m. on August 9, 2024, what was requested from the Oficial Mayor Electoral was provided.

11.- Through the order issued at 1:09 p.m. on August 9, 2024, the President of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo was notified.

12.- Through the brief added to the digital case file at 8:25 a.m. on August 27, 2024, Johnny Aguilar Artavia, President and Legal Representative of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Ciudadela Quince de Setiembre (Hatillo), responded to the granted hearing: “(…) on the Facebook page, some information for the community is posted, as for example was the location of the water tanks so that those who saw fit could supply themselves with said liquid, since that was in coordination with A y A and the acting institutions that directly impact the community (educational centers specifically: 2; IPEC 15 DE SETIEMBRE AND THE ESCUELA 15 DE SETIEMBRE), it is important to note that the development association is not the one who decides or decided the placement and installation of the water tanks at the aforementioned educational centers, but rather a coordination between A y A and the directors of the educational centers. It is necessary to indicate that there was one at each institution, a very strange matter that the petitioner only referred to the one that was at the IPEC, when the one at the Escuela 15 de Setiembre was barely 200 meters or less from where the petitioner indicated he lives; moreover, with less effort it was more convenient for him to supply himself from the tank that A y A placed at the Escuela 15 de Setiembre, since he did not have to cross the bridge, climb stairs, among other efforts, but the petitioner only accuses the tank at the IPEC. Regarding what the petitioner also indicates that a telephone number was provided to write or call in case of needing the liquid, it is true insofar as it was necessary when these institutions are during non-working hours, given that they are public institutions, at night the water shut-off valves were indeed removed due to an issue of crime and vandalism in the community, which is worth remembering the serious social risk that plagues us; therefore, with the call or message, the guard at the institution was notified where they were waiting to supply themselves with water in order to proceed with the supply (said petitioner only used the IPEC, from what can be understood in his complaint). Regarding the block from the Facebook page, it is not true; otherwise, he would have provided proof demonstrating said blocking. The complaint is strange and unworthy of credibility; note, Your Honors, if the petitioner states that he was blocked on the social network Facebook by the development association, why did he not use the means of the telephone number or send a text message, as he described my telephone number at the end of his initial recurso de amparo brief; this means he had my telephone number the entire time since the events occurred. Otherwise, he would have mentioned it in his initial amparo brief, the same number that was on the Facebook page. That is, the alleged blocking claimed by the petitioner did not block telephone calls, much less text messages or via WhatsApp. He provides no evidence to support his claims, meaning that the petitioner's right to access information as well as the right to access water was never violated, since on the same Facebook page there were other means to find out, such as the telephone number and WhatsApp. Note, Your Honors, why he did not use the tank that A y A placed at the Escuela de la 15 de Setiembre. I will now detail through an image the locations of both institutions in relation to the location of the petitioner's domicile (…) For the day of March 23, 2024, the petitioner alleges that as of midnight they still did not have water in their home, and in the early morning he approached the IPEC, and the petitioner complains that he was taken by surprise that said tank was enclosed inside the study center and there was no one to open the so-called "door." A strange matter also because there was no door, proof of which is his own documentary evidence that he provides with his initial recurso de amparo brief, where it can be seen that there was and remained a supply hose but without a shut-off valve, evidently because of it being the early morning hours as the petitioner alleges, because he also does not state the time he went to supply himself with water. Regarding that only the supposed sympathizers of the group benefited, it is totally false. Proof of this is that the petitioner speaks of the lack of democratization that violates the population, but only the petitioner himself has complained. The educational institutions had no problem whatsoever with said supplies, at least as far as we might know. In the interests of the real truth and transparency that must prevail, Your Honors Magistrates, you can corroborate from the same page, which is public, that the petitioner has not been blocked, and to this day it is confirmed that he is not blocked; otherwise, he would have sent proof to prove his claims of blocking. It is true that some people who incite violence and the violation of rights have been blocked from the page; to give an example, one of our directors on the administrative board of the development association, a person of good character and a worker, in June of this year was killed for his defense of security in the community. In these communities, danger stalks those people who want the good for their communities. We also try to delete posts made by people inciting the blockades of the Circunvalación route due to the water issue and other problems that plague us as well, a matter that this group does not share, as we always seek to call for dialogue, as A y A did with us. Therefore, our group has not blocked the gentleman, and to date he is active as a user of the page. We categorically reject that it has violated his rights. On the contrary, he always had the means to inform himself, such as the cellphone number on the page. That he did not use it of his own free will is not grounds to claim a violation of his rights (…)” (sic).

13.- Through the brief added to the digital case file at 3:01 p.m. on August 29, 2024, the petitioner referred to and questioned what was indicated by the President and Legal Representative of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Ciudadela Quince de Setiembre (Hatillo), as well as by ICAA, regarding the water tanks placed at the educational centers: “(…) It should be noted, in response to the community leader's question about why I did not complain about the water tank located at the Escuela Quince de Setiembre, that the tank at the school does not share the same conditions as the one installed at the IPE, since, despite being so close geographically, the tank located at the Escuela Quince de Setiembre keeps the spigots at the edge of the street (it can be seen in the photograph), and any person can approach to take water without requesting permission and waiting for the community leader's approval to proceed to open the door. Is there perhaps a lower incidence of crime in those two hundred meters of difference? Undoubtedly, there would be no grounds for complaint, and I would be stubborn, if I equally complained about the tank located at the Escuela Quince de Setiembre, since this tank was available to the public. And the only reason I sought the tank at the IPEC is because the tank at the school had emptied (residents do approach this one to take water, and it is still available). It is also not true that one tank is closer to my house than the other, since my dwelling is located at a midpoint between both tanks (…)” (sic). He emphasized: “(…) It is not true that I could provide any proof on the social network Facebook, since the application does not give any notice that I have been blocked; I am not notified, nor do I see more publications from the profile that has blocked me. I also cannot access a list detailing the accounts that have blocked me. The most I could provide, according to a screenshot of a search on Facebook, is pointing out that the profile of the ADI 15 de Setiembre does not appear to me, which appears on Facebook as an indication that I have been blocked [he provided the image]. However, the person who performs the block does have the possibility of showing the truth or falsehood of the block, since they can access the list of blocked people, and with this they would demonstrate that the blocking was not carried out. I could provide as evidence a screenshot showing the list of blocked accounts, demonstrating that mine was not included; however, the respondent provided no evidence proving the falsehood of my complaint (…)” (sic).

Describe the way in which you obtained the telephone number of the entity's President, and the reason why you did not use it.

14.- In the proceedings followed, legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.- Purpose of the appeal. The appellant explained that the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo blocked him from its official Facebook page because of a comment it did not like. He complained that, as a result of what has been described, he is unable to present his points of view regarding a dialogue table that was to be established together with the ICAA, in order to address the problem of rationing in the drinking water supply service; likewise, he is unaware of the schedules for distributing the liquid in the tanks installed at the IPEC (he went on March 23 and 26, 2024, but could not gain access). He reported that the agreed-upon method for providing water excludes older adults and persons with disabilities, who cannot transport full buckets of water to their homes. He insisted that the drinking water supply program has not been fulfilled.

II.- On the admissibility of the amparo appeal against subjects of private law. Pursuant to the provisions of Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the amparo appeal is admissible against actions or omissions of subjects of private law, when these act or should act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights and freedoms referred to in Article 2, subsection a) of the same Law. In the present matter, this Chamber considers that the respondent association is in a position of power against which ordinary jurisdictional remedies would be insufficient and tardy to protect the fundamental rights of the amparo petitioner (given its role as a liaison with the community, in the dialogue tables with the ICAA). Note the special situation of Asociaciones de Desarrollo Integral, which, although they are constituted as subjects of Private Law, the truth is that, in accordance with the Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, they are of public interest and utility, being subject to a special general regime, with particularities compared to the common associative regime. Consequently, the amparo appeal was admitted.

III.- Proven facts. The following facts are deemed duly demonstrated as being of importance for the decision in this matter:

III.A.- Regarding the respondent association.

[Name 001] is a resident of Hatillo, Ciudadela 15 de setiembre; he lives in a rented house, which is why the drinking water meter is not registered in his name (see the evidence provided by the appellant together with the filing brief, as well as the document added to the digital case file at 12:54 hours on April 25, 2024).
The protected party's user was blocked on the official page of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, for having made the following comment on one of the publications: “(…) Is this what they call development? (…)” (sic) (the case file).

III.B. Regarding the ICAA and the drinking water supply.

In report No. DFOE-AE-AI-00008-2018 "INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES" of September 5, 2018, the Contraloría General de la República stated: “(…) 3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, AyA has had the responsibility for resolving matters relating to the provision of the country's drinking water service, in its capacity as operator, rector, and delegator of the service. However, it has not managed to consolidate its function of directing, intervening, and ensuring the correct administration, operation, maintenance, and development of drinking water systems, so that the provision of the service complies with the attributes of quality, continuity, and quantity, in adherence to the fundamental principles of public service related to adaptation to social needs and equality in the treatment of service recipients. 3.2. Within this framework, the drinking water service rating of 4.45 out of 10 in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized vision of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in the provision of the service, which would ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. Furthermore, this situation shows that, from an ethnically and culturally sensitive approach, greater progress is lacking in the application of good practices for the administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems, which guarantee their sustainability for the provision of the drinking water service to vulnerable communities. 3.4. The situation found fosters conditions of poverty, impacts on health, and productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being that would allow the population's conditions of vulnerability to be overcome. Thus, improvement in quality is relevant, as this constitutes a fundamental service for these communities, in which it is of interest to protect the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration (…)” (see case file No. 24-012146-0007-CO, held ad effectum videndi et probandi).

Through official letter No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” issued by ARESEP, it was concluded: “(…) regarding the financial equilibrium of the aqueduct service, although there is currently the necessary liquidity to tend to the provision of the service, in the medium term, it will be severely compromised, given the directives implemented by AyA to use the flows from depreciation expense and revalued depreciation (asset replacement) to meet the financial obligations associated with investment project initiatives, which have seen their grace period (time to build the work) expire, which begins to generate a financial expense, without a solution to the users' needs (absence of project) being available to date. Additionally, the financial equilibrium of a public service must reflect the result of efficient and effective management in terms of investments, economic costs, and expenses incurred in complying with the quality standards and norms pre-established in the provision of the aqueduct service. In the case under analysis, evidently, having 57% drinking water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to (sic) time lags throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below authorized levels, investment tenders without guarantees and safeguarding of the committed public resources, absence of institutional planning oriented towards the replacement of assets that are reaching the end of their useful life, presence of services without measurement, rejections of service availability, and 70% of systems with water stress, among other factors, allows concluding that the financial equilibrium of the service cannot be at any cost (…) It is important to point out that the return-for-development flow is oriented towards meeting investment needs and the repayment of financial obligations (interest expense) acquired by the provider to finance the portfolio of infrastructure projects. In this sense, not having the complete information that validates and allows traceability of the costs and changes in the scope of investment projects during the 2018-2024 period subjects the service provider to an inability to face its obligations to users in the near future (new investments) as well as to creditors (outstanding debts). Reason for which the Regulatory Authority has been emphatic since 2021 through various official letters and technical inspections that AyA must modify its project management in such a way that it (sic) allows it to have the information, guarantee the traceability of internal approval up to execution, correct the timeframes for addressing user needs, validate project information in accounting capitalization reports, update the approval and monitoring system of Mideplan and Aresep's investment plan, and guarantee to users that every colón incorporated into rates related to investments responds to transparent, reliable, timely, efficient, and effective management. 6. The level of return for development obtained by AyA (Return in dollars: 6.71% and Return in colones: 9.4%) is lower than the cost of the debt assumed and incorporated into the present study for AyA (…), which has a series of implications for the service, such as: It is exposing the public aqueduct service to bearing a cost for the acquired debt that is higher than its capacity to generate resources for its repayment, which is transferring an operational and financial risk to the users. The cost of debt associated with long-term projects above the return level, coupled with the timeframes to materialize a real solution to the supply or service availability problems, have caused the user to assume a high social cost, a lag in development opportunities, and a driver of territorial and socioeconomic inequalities. 7. AyA must carry out a process of refinancing or renegotiation of its long-term debt, guaranteeing more competitive interest rates and avoiding a financial mismatch, as well as avoiding assuming and transferring uncompetitive debt costs to associates, given that, although rates are set under the cost principle, in accordance with the provisions of Article No. 3 of the Ley de la Autoridad Reguladora, it must not be at any cost (…) 9. The capitalization request for the investment projects proposed for the aqueduct service for the 2018-2021 period was rejected, in the amount of ₡108,081.96, according to the following criteria: 70% of the projects are not available, according to the operator, due to the absence of pre-investment documents, which does not allow traceability of the cost levels, scope, and timeframe during the pre-feasibility, feasibility, execution, and asset capitalization stages. Of the 30% of projects that do attach some documentation, in most cases it corresponds to (sic) the budgeted amount as of the date of the study analysis, which for the most part cannot be traced between the project and the assets intended to be capitalized. Much less are we able to identify which (sic) projects are for replacing assets and which (sic) are for expanding or improving the service provision; in turn, it is not possible to identify asset retirements associated with capitalizations for substitution or replacements (…) 10. Given the inconsistencies noted in the investments proposed for capitalization by AyA, and given the information problems associated with the 2018-2024 projects (ET-074-2018) is ordered. The foregoing will allow, on one hand, not transferring to users amounts associated with project initiatives that are not yet useful and usable or for which traceability cannot be provided at all, and on the other hand, to the provider, who is alerted to the risk that is materializing, given the inability to capitalize investment projects, considering the financial and operational impacts caused by this mismatch of works and their financing, with an average interest rate of 13.5%. 11. The regulatory body reiterates to AyA that, as part of the revaluation process of the assets that make up the rate base, the value of this base is 69% higher, without any corresponding counterperformance in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or for early retirement. However, AyA has not redirected said amounts to address the replacement of those assets that have seen their useful life expire, especially in conduction and distribution pipelines, as well as the modernization of the meter stock or the implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. With respect to the 57% of water that AyA is charging users for, even though it is wasted onto sidewalks and roads through leaks, anomalies in user records and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut those costs by 10% every two years, given that it is the obligation of the public service provider not only to offer the service with quality and comply with the principle of service at cost, which cannot be acceptable, that users are charged for water that is not correctly billed as a result of 80% of the hydrometer stock being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established rate, water that is wasted through recurring leaks on the country's sidewalks and roads without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipelines that are over 70 years old, which are charged for as if new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if we were efficient in the use of water resources, which, by the way, AyA itself promotes protecting, would make it possible to address many of the rejected availabilities, avoid so many supply cuts, and even avoid duplication of investments. 12. The under-recording of drinking water sales by AyA is partly explained by the fact that 8 out of every 10 meters are in poor condition or have reached the end of their useful life, which results in these costs for water sales not correctly recorded being ultimately paid by all users of the service, regardless of the physical state of the meter, as a penalty on the consumption and saving of water resources practiced by families (…) 14. AyA does not have a strategy that allows it to have annually updated water quality information for both the systems operated by AyA and those it has delegated to service providers such as Asadas, leading to problems associated with the presence of parameters such as arsenic, iron, manganese, and molecules associated with agrochemicals not being addressed in time, and on the contrary, they only receive attention once the impact on water quality has materialized (…)” (the highlighting was incorporated). (See ad effectum videndi et probandi case file 24-013228-0007-CO).

In report No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” of April 12, 2024, the Contraloría General de la República concluded: “3.1. The management of the portfolio of investment projects for the supply of drinking water and sanitation of wastewater by AyA has not been effective in impacting populations in condition of vulnerability, since only 1.6% of the districts with the highest condition of vulnerability in the country, according to the 2023 Social Development Index, have programmed investments in sanitation and only 16.7% in drinking water; likewise, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to AyA's 2021 Community Vulnerability Index for Drinking Water have programmed investment. 3.2. AyA has also not been effective or efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still under execution, which delays addressing citizen needs, affecting the benefit for 2.8 million people in drinking water and 1.2 million people beneficiaries of sanitation projects in cities such as Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo, and Coco-Sardinal. 3.3. In turn, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in congruence with current and future citizen needs, since the design and management of AyA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. 3.4. Inefficient portfolio management has led AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected due to the lack of recognition of investment costs in the rates that sustain the services, causing the proportion of income allocated to debt payments to increase each year. 3.5. The results found limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge, mainly in the context of populations in condition of vulnerability. 4. ORDERS (…) TO JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF AYA OR TO WHOMEVER HOLDS THE POSITION 4.4. Design, disseminate, and implement a comprehensive portfolio governance model that contains at least: i) a portfolio risk management plan; ii) a portfolio recovery plan; iii) a reliable information system that offers integrated data on the time, cost, and scope of the portfolio components; iv) the portfolio adjusted and approved by the highest-ranking official, in accordance with the administrative and technical execution capacity; v) periodic performance measurements throughout the life cycle of the portfolio, program, and project in accordance with MIDEPLAN's guidelines and current applicable regulations; vi) criteria for prioritizing portfolio components, including criteria for populations in condition of vulnerability; and vii) the roles and responsibilities for each stage of portfolio management and its components. Send to the Contraloría General a certification on the design and dissemination of the governance model no later than April 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than April 30, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.5. Develop, disseminate, and implement a model for the improvement of institutional management, in coordination with the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, containing at least guidelines for: i) the management of financial resources; ii) design and improvement of systematic process management; iii) product and service results; iv) financial results; v) process results (organizational effectiveness); and vi) leadership results; with the purpose of modernizing its organization, processes, and procedures, and increasing the efficiency, effectiveness, relevance, quality, sustainability, and productivity of its activities. Send to the Contraloría General a certification on the design and dissemination of the Model no later than June 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than May 29, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.6. Develop, disseminate, and implement a roadmap towards financial sustainability, including the actions and instructions to be implemented for the financial management of the public investment portfolio, integrating at least: i) financial sustainability indicators for the investment portfolio and the organization; ii) measurement, monitoring, and control mechanisms and their periodicity; iii) preventive limits and alerts for the indicators; iv) awareness-raising actions within the organization on financial sustainability; v) guideline on the frequency for requesting rate adjustments; and vi) reports and necessary inputs derived from the reference information system contained in paragraph 4.4 of this report. Send to the Contraloría General a certification stating the development and submission to the Board of Directors of the proposed roadmap towards financial sustainability; following the resolution by that body, send a certification stating the dissemination and implementation of the roadmap towards financial sustainability no later than April 30, 2025, in addition, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than August 31, 2026. (see paragraphs 2.55 to 2.76). TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AYA OR TO WHOMEVER HOLDS THE POSITION 4.7. Resolve regarding the proposed roadmap towards financial sustainability, received from the Executive Presidency in compliance with the order contained in paragraph No. 4.6 of this report. Send to the Contraloría copy of the agreement recording the decision, no later than two months after receipt of the proposal (…)” (see case file No. 24-012146-0007-CO, held ad effectum videndi et probandi).

On April 18, 2024, the initial order of the amparo appeal was notified to the General Management of the ICAA (see the digital notification record).

Starting from April 1, 2024, the supply system of Ciudadela 15 de setiembre is governed by a schedule of Tuesday, Thursday, and Sunday from 4:00 am to 1:00 pm, and Monday, Wednesday, Friday, and Saturday from 4:00 am to 11:00 am (see the Social Management report – Marketing Directorate – Technical Management – GAM Systems Operations – ICAA Integrated Technical Center, added to the digital case file).

On June 6, 2024, the Contraloría General de la República indicated: “III. CRITERION OF THE CONTRALOR BODY 1- Aspects related to the suspension of the service Although the Contraloría General has not conducted oversight of the drinking water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other communities of the San Isidro district, the Contralor Body finds consistency between the condition of the public drinking water service described by the appellant and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the appellant is consistent with what was found by the Contraloría General in other vulnerable communities in the country. In this regard, based on oversight studies previously carried out, among them the “Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del Estado en la prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables (DFOE-AE-IF-00008-2018)” of September 5, 2018, coincidences were found in the trend of shortages and constant interruptions in the drinking water service in vulnerable communities. For its part, it is accredited by the aforementioned report No. DFOE-AE-IF-00008-2018 that the water service constitutes an insurance for communities to avoid descending in the scale of vulnerability, as one of the manifestations of poverty according to Sustainable Development Goal 1 is limited access to basic services. Furthermore, said report issued by the Contralor Body pointed out that the deficient state of service provision fosters exposure to diseases, restriction in the development of productive activities, little sustainable consumption of water, and a decrease in resilience capacity to extreme events. All of the foregoing accentuates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of those communities. Regarding the suspension of the service, the appellant points out that the situation worsened starting May 8, 2024, with interruptions of up to three consecutive days without water. Water is distributed only for two hours in the early morning, from 2:00 to 4:00, which forces residents to stay awake to carry out essential activities such as washing clothes and dishes. Furthermore, they highlight the existence of a school operating in the community, where hundreds of boys and girls need water, particularly to prevent the spread of a viral outbreak of stomach problems alerted by the Ministry of Health. It should be noted that, according to (sic) current regulations, if the shortage exceeds 6 hours, a collective communication must be issued and an alternative service must be ensured as per the aforementioned requirements. Likewise, such regulation 1 in Articles 86 and 90 establishes that temporary interruptions addressed by means of cisterns must contemplate delivery points as close as possible to the domiciles and with ease of water collection, all with the aim of granting all persons the possibility of accessing the drinking water service under conditions of equality, given its nature and indispensable character for human life and health. Regarding the above, the ICAA in memorandum No. SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430 of May 14, describes the assistance actions through water distribution, in terms of the number of cistern trucks and their equivalent in distribution trips and liters, as well as the detail of the points where 11 water storage tanks were installed as fixed assistance points with cistern trucks. In this regard, no documentary evidence is provided regarding specific time slots in which the service has been interrupted and supplied through the alternative mechanism of cistern trucks; therefore, this Contralor Body cannot issue an opinion. Likewise, the report “Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado” cites a series of agreements between the ICAA and community representatives of the Pro-Agua San Francisco de Coronado commission, among which are installing a tank in the Corazón de Jesús sector, an area with high impact, as well as coordinating with the local Educational Center the filling of the Educational Center's tanks and thereby ensuring that the school year can continue without any type of interruptions. However, the fulfillment of the aforementioned agreements is not accredited in the evidence provided, nor the establishment and execution of a sufficient mechanism for the integration of all persons in condition of vulnerability or in the conditions cited by the appellant (newborn infants, children, adolescents, older adults, among others), mainly in cases where the use of the cistern is considered as an alternative means. 2- On the ICAA's response to solve the problems In response to the amparo appeal filed, the ICAA referred to a series of causal facts related to the service suspensions in the Metropolitan Aqueduct. Among the justifications noted, it was indicated: 1) The imbalance between supply and demand, making it impossible to satisfy the growing user demand. It points out that this problem has been aggravated by the El Niño phenomenon and the hydrocarbon contamination of the intake for the Guadalupe Potabilization Plant, which was out of operation from January 28 to February 2, 2024, and continues to function in a limited manner. In March 2024, a decrease in the production flow of the Los Cuadros Plant and a leak in the Coronado pumping discharge line between March 28 and 30 were also recorded, unbalancing the system and preventing its normal recovery. Despite these impacts, it argues that the population has had access to drinking water through the network in limited periods. 2) Announcement of suspensions: It indicates that the service suspensions in the Metropolitan Aqueduct have been announced to the population through official channels and have been maintained in adherence to the established schedules. With the objective of addressing such conditions, the ICAA points out having undertaken actions such as the placement of tanks at strategic points, alternative supply through cistern trucks, and communication through community leaders, as well as investment in the installation of a transmission line between the "Vistamar" repumping station and the existing tank at the "Coronado" AyA property, in the community of San Isidro de Coronado. However, it did not refer to the fact that the water service is provided only between 2:00 and 4:00 in the early morning.

Regarding the above, the Comptroller General's Office, in the "Operational audit report on the effectiveness and efficiency of the State in providing water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, indicated that aqueducts require water storage to cover demand and compensate for hourly variations, mainly when the supply source alone is insufficient to cover daily demand, which leads to suspensions of the service in question. In this regard, it must be distinguished that the entry into operation of the tank after the suspension does not guarantee the prompt or immediate arrival of potable water to users, as it is necessary for the distribution networks (pipes) to achieve adequate filling and pressure to guarantee supply. This phenomenon is aggravated in the high zones of the network, where the topography affects the speed of restoration of the potable water service. In summary, the suspension must consider the pipe filling and pressurization period, and not only the exit from and entry into operation of the storage tanks, so that the time the suspension lasts corresponds to the communicated end time and, thereby, to the time expected by users for the return of service. Regarding the investments made by the ICAA, through the "Audit report on the effectiveness and efficiency of the investment project portfolio management for potable water supply and wastewater sanitation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers" No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, this Comptroller Body determined that the management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation of the ICAA has not been effective or efficient; which limits the attention to the public need with the required timeliness. Also, it was found that the design of the ICAA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence, in accordance with the established stages of selection, prioritization, strategic balance, and approval; furthermore, there is no risk management nor are those responsible for the portfolio and its components defined. Likewise, in the aforementioned oversight report, it was determined that information management by the ICAA does not allow for efficient administration of the portfolio's time, cost, and scope, since for various programs and projects there is no basic data such as start and end dates, actual and planned costs, the number of beneficiaries, and those responsible for managing the projects. These conditions hinder the delivery of benefits through investments to produce and improve potable water systems, mainly affecting communities in a condition of vulnerability. Also, the fulfillment of institutional and national strategic objectives is restricted, mainly those associated with the Sustainable Development Goals, minimizing the extensive and progressive impact that characterizes water projects, which contribute to the economic, environmental, and health development of the zones influenced and benefited by the investments. Thus, given the deficiencies in information management, the timely identification of deviations in time, cost, and scope of the projects by decision-makers is limited, which hinders the attention to the public need with the required promptness. Regarding Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is foreseen in the management of the project portfolio under the charge of the ICAA, which implies a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the rates that support the services stands out. IV. CONCLUSIONS From the content of this report, the following is concluded: 1. Although the Comptroller General's Office has not conducted oversight of the potable water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other communities of the district, the Comptroller Body finds coherence between the condition of the public potable water service described by the appellant and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the appellant coincides with what was found by the Comptroller General's Office in other communities of the country in a condition of vulnerability. 2. Despite also not having oversight on the ICAA's response to the alleged lack of action to counteract the mentioned service suspension in Vázquez de Coronado, based on other oversight results conducted by the CGR, it has been found that the ICAA's investment portfolio presents a series of deficiencies in its performance management, as well as weaknesses in governance, which limits the attention to the public need with the required timeliness and the delivery of the expected benefits to the population. 3. This Comptroller Body points out the consideration of the pipe filling and pressurization period in the schedule communicated to users about the suspension, since not only the entry into operation of the tank must be taken into account, as this does not guarantee the prompt or immediate arrival of potable water to users, as it is necessary for the distribution networks (pipes) to achieve adequate filling and pressure to guarantee supply according to the required conditions. 4. No evidence or reports were provided on the actions of ARESEP; in that sense, this Comptroller Body cannot provide an opinion. In any case, the duty established by Law upon the Regulatory Entity is emphasized, regarding its obligation to ensure compliance with quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision standards in public services, including potable water; for example, the obligation to conduct technical inspections of the properties, plants, and equipment intended to provide the public service, as well as the duty to execute controls over the facilities and equipment dedicated to the public service, this for the full compliance of the obligations" (the highlighting was incorporated). (see file No. 24-012146-0007-CO, held ad effectum videndi et probandi).

As part of the actions to address the communities experiencing shortages from the metropolitan aqueduct, the 15 de setiembre sector has been attended to within the framework of the Hatillo community meetings, with a representation from the Specific Development Association Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, through which the various required actions have been coordinated (see the report submitted by the General Manager of the ICAA, added to the digital file).

Among the actions carried out to address the 15 de setiembre sector are: "(...) a. Water supply by tanker truck: water distribution via tanker truck will be available when the service is interrupted for more than 8 hours. Tanker truck requests will be handled and grouped and prioritized according to the number of shortage reports. The sites where the tanker trucks are located will be communicated through community WhatsApp chats and social networks. b. Institutional communication: improvements will be made in communication directed to the communities, on specific aspects of what and how it is communicated. Additionally, it is reported that a campaign on the rational use of water is being carried out. c. Identification of critical points for the placement of storage tanks as a public source: The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is conducting a survey of existing tanks to understand their conditions and activate them. Educational centers, shelters, medical centers, Fuerza Pública and Fire Department stations are prioritized. d. Identification of population with greater vulnerability conditions: Access to the location of the elderly population, people with mobility difficulties, and those with serious health conditions will be coordinated with the CCSS and other entities to manage a more personalized solution. e. Meeting spaces with community leaders: It should be mentioned that the Institution maintains a close relationship of proximity with the communities that have limitations due to the shortage of potable water or due to controlled supplies. Within the meeting spaces, one was held on March 22, 2024, at the Executive Presidency, coordinated by the communication area (...) self-supply tanks and distribution via tanker trucks are available. Regarding distribution by tanker trucks, depending on the service conditions in the community of 15 de septiembre and based on the provisions of current regulations, for cases where service suspensions are due to unforeseen situations such as leaks, or outages of the La Valencia well field due to lack of electrical power, and where, in addition, the impact on users exceeds 8 hours of effect, an alternative distribution of potable water by tanker trucks will be carried out. For the specific case, the AyA has a pressure recorder located on the west side of the Condominio Mixto Bambú Eco; based on the recorded pressure data, it can be indicated that during the month of April 2024, users have not had effects exceeding 8 hours of shortage (...)" (sic) (see the report submitted under oath by the General Manager of the ICAA, added to the digital file).

According to the GAM West Macro Zone of the ICAA: "(...) Regarding distribution by tanker trucks, depending on the service conditions in the community of 15 de septiembre and based on the provisions of current regulations, for cases where service suspensions are due to unforeseen situations such as leaks, or outages of the La Valencia well field due to lack of electrical power, and where, in addition, the impact on users exceeds 8 hours of effect, an alternative distribution of potable water by tanker trucks will be carried out. For the specific case, the AyA has a pressure recorder located on the west side of the Condominio Mixto Bambú Eco; based on the registered pressure data, it can be indicated that during the month of April 2024, users have not had effects exceeding 8 hours of shortage (...)" (sic) (see memorandum No. SG-GSGAM-MZOESTE-2024-00507 of April 23, 2024, added to the digital file).

Tanks have also been installed as water repositories that allow the population to have an alternative means of supply: "(...) In Hatillo, this action is not well received by some community representatives; however, the user population makes use of these reservoirs to carry out daily activities such as food preparation and other activities. This action is executed mainly by people who, given their work schedules, have found it difficult to haul water when the tanker truck has made its rounds. It is important to mention that AyA activated (placed spigots and filled with potable water) a tank at IPEC 15 de Setiembre to supply the southern sector of the community (available since March 2024); however, this tank is not the property of the AyA institution but of IPEC, and due to the risk conditions in this sector from vandalism and street dwellers who misuse these, the community leader indicated that it would be installed inside the IPEC property with the spigots facing inward, and if a person from the community requires the service, it would be opened for them. We will place images of the tank and how it was installed (...) Tanks installed in the community of 15 de Setiembre In this community, 2 tanks have been installed for supply; the first was installed at the Escuela 15 de Setiembre in the month of February, and the second with the collaboration of IPEC, which provided a second tank so the community could access the resource. The installation of the tanks was communicated through institutional social networks, which are part of the information channels available for clients (...) Therefore, the criterion of installing this supply source in this manner was mediated by the criterion of the community representative and not an arbitrary decision of the institution, as the assessments for it to be placed this way were based on the arguments presented. After the date of March 29, a conversation was held with a representative of ADI 15 de Setiembre indicating that the tank had a leak that we had to repair, and the response is given that it was better to no longer fill this tank, because the Director of the Educational Center showed some discontent with the entry of private individuals into the educational facility. Also stating that no one was coming to collect water at the site, claiming this was because the potable water supply in the sector was quite stable (...) On the part of Social Management, it is expressed that a series of steps were taken to identify another site that met the suitability conditions for placing a tank; however, in the area, it is limited to be able to have a place that met conditions for safeguarding the tank, with spigots on the inside to avoid manipulation by people who could vandalize the tank. In that sense, and taking into account that starting April 1, defined schedules for serving this user population are published, it is assessed that there is no requirement to have a tank in the area due to compliance with the schedules established by the institution. It is important to state that these tanks are alternative supply measures when the population suffers shortages for continuous and unscheduled days. However, this criterion is not currently met in this sector. It is important to point out that all these actions carried out and executed by Marketing-Social Management are attended to in an effort to seek the social well-being of the user population and reduce the vulnerabilities associated with potable water shortages, but at this moment, this population of 15 de Setiembre has potable water service at the established schedules and even for more hours a day (...)" (sic) (see the report from Social Management – Marketing Department – Technical Management – Operational GAM Systems – Integrated Technical Center of the ICAA, added to the digital file).

Information on interruptions to the potable water service is published by the ICAA: "(...) so that it is available to the user and the entire population 24 hours a day, every day of the year, through the institutional website, the Servicios AyA mobile application, and Facebook stories. This information is published based on a bulletin issued by the Operational Control Center, which contains the data on the service interruption, such as the date, start time and estimated end time, affected sectors, reason for the interruption, among others. During the months of March and April 2024, 62 reports were generated through the Servicios AyA App for the district of Hatillo, in order to inform about shortages and interruptions of the water service. The download and use of the application is free and the information is available to the user 24 hours a day, every day of the year. In accordance with the provisions of article 33 of the Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services, ARPSAYA-2013 and its amendment, if the service suspension lasts for more than eight calendar hours, the supply of potable water via tanker trucks is programmed, so that users can meet their basic needs. To find out the location of the tanker trucks, the user can contact the toll-free telephone service line 800-REPORTE (800-7376783) and by means of the service number (NIS) the agent can inform them of the location of the nearest unit. In addition, the Institution makes available to the population a series of channels so that they can find out when discontinuities in their service occur due to breakdowns or caused by controlled supplies or shortages when there is a scarcity of the resource, and which also allows them to make breakdown reports, including: a. Toll-free telephone service: Line 800-REPORTE (800-737-6783) b. Downloading the APP to the mobile phone: SERVICIOS AYA c. WhatsApp: 8376-5103 d. Facebook: https://www.facebook.com/AcueductosyAlcantarilladosCR/ e. Official Email: [email protected] f. Website: www.aya.go.cr On the other hand, these actions of maintaining closeness with formal community leaders and others identified in the community are part of the institutional efforts to redouble communication in the communities that present an impact, but it is not the only communication channel and information medium available in the different communities (...)" (sic) (see the report submitted under oath by the General Manager of the ICAA, added to the digital file).

IV.- Unproven fact. The following fact, of relevance for this resolution, is deemed as not demonstrated: sole.- that the respondent association made public on the entity's Facebook social network profile the interaction rules for all its users, as well as the consequences of disrespecting them.

V.- On the right to potable water. Firstly, it should be noted that the right of access to potable water has been recognized in this venue in multiple jurisprudence and its conventional and constitutional backing has been emphasized:

"(...) V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment (medio ambiente), food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous others of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that: 'Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone has the right to live in a healthy environment (medio ambiente sano) and to have access to basic public services.' The lack of resources does not justify the non-fulfillment of the duties of public administrations in the provision of this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).

For its part, as well recognized by both the Attorney General's Office and the representative of the AyA in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majority. It is maintained that without equitable access to a minimum requirement of potable water, other established rights would be unattainable—such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Also, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that "the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights." It is also emphasized that the State parties to the International Covenant have the duty to fulfill progressively, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.

For its part, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access potable water to satisfy their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equality of opportunity for all to enjoy basic resources.

The concept of satisfying basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that "in developing and using water resources, priority must be given to satisfying basic needs and the conservation (conservación) of ecosystems." Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to "employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services," without cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. Likewise, there are dozens of international instruments that directly and indirectly deal with water as a human right of all persons and peoples, in such a way that it is not only a topic that by its nature tends towards nationalization, but also towards the internationalization of its use and exploitation" (see judgment number 2006-5606 of 3:21 p.m. on April 26, 2006).

From the foregoing, we can affirm that a fundamental right to potable water exists, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment (medio ambiente sano), among others, whereby all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, given that it is essential for human life and health. Likewise, access to potable water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that "the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. In this way, the State parties to the International Covenant have the duty to fulfill progressively, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use." Equally, regarding this topic, we can find a vast number of international instruments that refer to the right to access potable water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on Potable Water Supply and Environmental Sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Pto. 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, approved by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, approved by the United Nations General Assembly in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Objectives 6 and 7), etc. (...)" (see judgment No. 2019017397 of 12:54 p.m. on September 11, 2019).

Additionally, since the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, in Costa Rica, the right to potable water is expressly recognized at the constitutional level in the following terms:

"(...) ARTICLE 50.- The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.

Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado). Therefore, they are legitimized to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused.

The State shall guarantee, defend, and preserve that right.

The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.

Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable for protecting such a human right. Its use, protection, sustainability, conservation (conservación), and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these effects, and the supply of potable water for the consumption of persons and populations shall have priority" (the highlighting was added).

In this regard, in judgment No. 2020003982 of 11:50 a.m. on February 26, 2020, this Court evacuated the legislative consultation related to the mentioned partial amendment to numeral 50 of the Political Constitution and indicated:

"(...) VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The bill for the partial constitutional amendment presented by the entirety of the 57 Deputies of the Legislative Assembly consists of two articles that intend the addition of a final paragraph to Article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitory provision in Title XVIII, Chapter Unique, Transitory Provisions of the Political Constitution, in the following manner:

"ARTICLE 1.- A paragraph is added to the end of Article 50 of the Political Constitution, of November 7, 1949. The text is as follows:

Article 50.-

(...)

Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable for protecting such a human right. Its use, conservation (conservación), and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these effects, and the supply of potable water for the consumption of persons and populations shall have priority.

ARTICLE 2.- A new transitory provision is added to Title XVIII, Chapter Unique, Transitory Provisions, of the Political Constitution, related to Article 50. The text is as follows:

Article 50 – XX. The current laws, concessions, and use permits, granted in accordance with law, as well as the rights derived from these, remain in force until a new law regulating the use, exploitation, and conservation (conservación) of water enters into force.".

The proposal thus presented and already approved in the first debate refers not only to the express recognition of access to water as a human right, but is directly related to the fact that this human right that is positively recognized therein is about access to potable water, since it is based on the consideration of water—and especially potable water—as an essential and intrinsic element for the life and health of people, thus coming into consonance with what is indicated in Article 21 and in the first part of the same Article 50 of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this same Chamber that derive from such norms.

The Chamber warns that the right of access to water, and especially to potable water, forms part of various enunciations in the field of international human rights law, through different instruments with different scope or legal nature, but which, by their own condition and pursuant to the provisions of Article 48 of the Political Constitution, are capable of being mandatorily considered as far as this subject matter corresponds.

Thus, this right has been related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of that same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in subparagraph 1) of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights –Protocol of San Salvador–, and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself. And in terms of general resolutions, there is, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN resolution: E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution number 70/169, of 17 December 2015, which expressly state that water must be "safe and of acceptable quality for personal and domestic uses," and access to "drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner."

In this sense, it is valid to affirm that the proposed addition to Article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is consistent with the legal developments on the matter shown at the international level and which are embodied in declarations, conventions, and resolutions of different natures, from which its conformity with the legal progress shown in this regard at the international level results, and that by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of the States, just as this proposed constitutional reform seeks to formalize at that level.

It is important to note that the reference is made to the fact that the proposal intends to formalize the situation at the constitutional level, since certainly the issue of access to water, and to drinking water, is regulated in our country within the scope of legality, by a profuse regulatory framework that ranges from the Water Law (Ley de Aguas) of 1942, the General Drinking Water Law (Ley General de Agua Potable) of 1953, the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) of 1961, the General Health Law (Ley General de Salud) of 1973, the Law Creating SENARA (Ley de Creación del SENARA) of 1983, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) of 1995, and the Forestry Law (Ley Forestal) of 1996, among others.

Likewise, the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the consubstantial and necessary protection that must be provided by the institutional framework in general, from specialized agencies such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) and the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), to others of a broader nature such as the Water Directorate (Dirección de Aguas) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía) itself, the Ministry of Health (Ministerio de Salud) and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of hydraulic resources (recurso hídrico), but also their legitimate provision for human consumption under compliance with established parameters and the real possibilities of their effective supply –see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791–.

It is important to note the emphasis that the reform proposes not only in terms of recognizing access to drinking water as a human right, but also its particular condition as a public domain asset (bien demanial), in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers to. Note that the regulatory proposal states that "water is an asset of the Nation," that is, an asset that generally belongs to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, an asset that is diffused throughout society and its actors, a public domain asset that requires not only full protection because of its condition of being essential for life, but also to allow its use for the various areas that may be required, provided that due sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are addressed. Note that the recognition of the human right is over drinking water, pointing out subsequently that water –thus, in general terms– is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way the impossibility of using the resource for other types of purposes –agricultural, industrial, or development–, provided it is done in a manner adjusted to the provisions on the referred right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and over it, a human right of access to drinking water, from which it results that the regulatory formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to drinking water as a human right.

On the other hand, it should be taken into consideration that, according to what has already been indicated, this access must be sought and provided in accordance with the prior compliance with the established parameters and according to (sic) the real possibilities of supply. That is, as has been established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, although the recognition of access to drinking water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the concrete and certain possibilities of granting, from which it follows that this access that is recognized as fundamental may well be subject to compliance with specific conditions that in turn allow guaranteeing the existence and preservation of this asset.

It is for this reason that the aforementioned resolution of the United Nations General Assembly, number 70-169, of 17 December 2015, states in its section 5 the exhortation to States to:

"Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, in particular for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion, and national or social origin or on any other ground, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in slums, income level, and other relevant factors." –the highlighting is not from the original–

This progressivity to which reference is made in this resolution develops the homologous provision that in conventional terms is enshrined in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:

"Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures." –emphasis added–

Thus, the legitimate regulation that allows adequate and orderly access to the drinking water recognized here as a human right is valid, since it involves fostering its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.

It is for this reason that the legislation regulating the matter –as could be the one proposed in the same paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposal of transitory provision XX– must, in due course, necessarily be consistent with the burden of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to drinking water also as a human right that it is, so certainly that legislation indicated there must adjust to the Law of the Constitution and to the provisions contemplated therein on the matter.

In this sense, in accordance with what is stated here, it is noted that the bill being processed under legislative file 21.382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, so it fits adequately within the same provision of Article 50 of the Constitution, and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, without there being in any way any friction with those essential elements or of a core nature that inform and integrate the Law of the Constitution (...)".

Similarly, it is pertinent to highlight what was established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made at the 29th session held in Geneva between 11 and 29 November 2002, in which it was indicated:

"(…) 2. The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.

3. In paragraph 1 of article 11 of the Covenant, a series of rights are enumerated that derive from the right to an adequate standard of living, \"including adequate food, clothing and housing\", and are indispensable for its realization. The use of the word \"including\" indicates that this enumeration of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly because it is one of the most fundamental conditions for survival.

Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right protected by paragraph 1 of article 11 (see General Comment No. 6 (1995))2. The right to water is also inextricably associated with the right to the highest attainable standard of health (para. 1 of art. 12)3 and the right to adequate housing and adequate food (para. 1 of art. 11)4. This right should also be considered in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, among which the right to life and human dignity occupies a primordial place (…)

10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to a water supply necessary to exercise the right to water and the right to be free from interference, such as, for example, not to suffer arbitrary disconnections of supply or the non-contamination of water resources. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides the population with equal opportunities to enjoy the right to water.

11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with paragraph 1 of article 11 and article 12. The adequacy of water should not be interpreted restrictively, simply in relation to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not fundamentally as an economic good. The manner in which the right to water is exercised must also be sustainable, so that this right can be exercised by present and future generations.

12. While the adequacy of water required to exercise the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:

a) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation and personal and household hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water resources due to health, climate, and work conditions.

b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, and therefore free from micro-organisms or chemical or radioactive substances that may constitute a threat to a person's health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.

c) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State Party. Accessibility has four overlapping dimensions:

i) Physical accessibility. Water and water facilities and services must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity of, each household, educational institution or workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services.

ii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights.

iii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all, in law and in fact, including the most vulnerable or marginalized sectors of the population, without discrimination on any of the prohibited grounds.

iv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)

25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires States Parties to take positive measures that permit and assist individuals and communities to exercise the right. The obligation to promote obliges the State Party to take measures to ensure that there is appropriate dissemination of information about the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States Parties also have the obligation to provide (guarantee) the right in cases where individuals or groups are unable, for reasons beyond their control, to exercise that right themselves by the means at their disposal.

26. The obligation to fulfil requires States Parties to adopt the necessary measures directed towards the full realization of the right to water. This obligation comprises, among other things, the need to recognize this right in sufficient degree within the national political and legal systems, preferably by means of legislative implementation; to adopt a national water strategy and plan of action to realize this right; to ensure that water is affordable to everyone; and to facilitate improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas.

27. To ensure that water is affordable, States Parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost supply of water; and (c) income supplements. All payments for water supply services must be based on the principle of equity, to ensure that these services, whether privately or publicly provided, are affordable to all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.

28. States Parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that there is sufficient and safe water for present and future generations22. Such strategies and programmes may include: (a) reducing depletion of water resources through extraction, diversion or damming; (b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by radiation, harmful chemicals and human excrement; (c) monitoring water reserves; (d) ensuring that proposed developments do not impede access to adequate water; (e) assessing the possible impacts of certain measures on water availability and on watersheds of natural ecosystems, such as climate changes, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity23; (f) increasing the efficient use of water by end-users; (g) reducing water wastage in its distribution; (h) response mechanisms for emergency situations; i) creating competent institutions and establishing appropriate institutional arrangements to implement the strategies and programmes (…)

37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States Parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee’s view, at least some core obligations in relation to the right to water can be identified, which are of immediate effect:

a) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses and to prevent disease;

b) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially in respect of disadvantaged or marginalized groups;

c) To ensure physical access to water facilities or services that provide a sufficient and regular supply of safe water; that have an adequate number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;

d) To ensure personal security is not threatened when people have to go to obtain water;

e) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;

f) To adopt and implement a national water strategy and plan of action covering the whole population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of (sic) a participatory and transparent process; it should provide methods, such as establishing indicators and benchmarks by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall pay particular attention to all vulnerable or marginalized groups;

g) To monitor the extent of the realization, or the non-realization, of the right to water;

h) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;

i) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular ensuring access to adequate sanitation services (…)” (the highlighting was added).

The foregoing is of relevance because it details the content of the right to water by outlining its characteristics, among them, quality, accessibility, and availability, since it establishes that the human right to water implies sufficient supply for each person for personal and domestic use.

On the other hand, in the judgment of 27 November 2023 issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case Habitants of La Oroya vs. Peru, that court ordered:

"121. Likewise, persons enjoy the right for water to be free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes the obligation on States consisting of: a) designing regulations and policies that define water quality standards and, reinforced, in treated and residual waters that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitoring the levels of contamination of water bodies and, where applicable, informing about possible risks to human health and the health of ecosystems; c) carrying out plans and, in general, undertaking any practice with the purpose of controlling water quality that include the identification of its main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards, and e) adopting actions that ensure the management of water resources sustainably. The Court also considers that States must design their regulations, plans, and measures for controlling water quality in accordance with the best available science, attentive to the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability and, inclusive, based on international cooperation.

122. Complementing the above, the Court recalls that in the case Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) Vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This follows from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow deriving rights from which, in turn, the right to water follows. In this regard, the Court indicated that among those are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.

123. Regarding the normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that 'access to water […] comprises "drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, and personal and household hygiene", as well as for some individuals and groups also […] "additional water resources due to health, climate, and work conditions"'. Likewise, that 'access to water' implies 'obligations of progressive realization', but that 'nevertheless, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization'. Furthermore, that States must provide protection against acts by private parties, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as 'guarantee a minimum essential water', in those 'particular cases of individuals or groups of individuals who are not in a position to access water by themselves […], for reasons beyond their control'.

124. At this point, the Tribunal specifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects water bodies as elements of the environment that have a value in themselves, as a universal interest, and due to their importance for other living organisms including human beings. The second facet recognizes the determining role that water has for human beings and their survival, and, therefore, protects its access, use, and utilization by human beings. In this way, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component departs from an ecocentric premise, while -for example- the right to potable water and its sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, the violation of one necessarily implies the violation of the other.

125. Furthermore, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation to respect and to ensure, provided for in Article 1.1 of the Convention, one of the ways of complying with which consists of preventing violations. This obligation projects into the private sphere to prevent third parties from violating the protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and that ensure that their eventual violations are effectively considered and treated as an unlawful act. Along these lines, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and control certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct, and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)" (the highlighting does not correspond to the original).

VI.- On the right to the proper functioning of public services, and the role of ICAA as the governing body in the matter of drinking water supply. In Judgment No. 2016012058 of 9:30 a.m. on 26 August 2016, this Chamber indicated:

"(…) in the sub judice it is determined that the ICAA, as the governing body in the matter, has breached its duties of inspection and supervision over the provision of the public service of drinking water and sewerage, and, therefore, has violated the rights of the petitioners. According to Articles 1 and 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), the ICAA is responsible, among (sic) other functions, for resolving everything related to the supply of drinking water and the sanitary sewer service; for directing and supervising everything concerning providing the inhabitants with drinking water service; and for directly administering and operating aqueduct and sewer systems throughout the country; for which it is inexcusable that the ICAA has not acted in order to prevent and remedy a situation like the present one, in which an ASADA has been providing the aforementioned services without signing any delegation agreement.

To this effect, it is pertinent to recall what the Chamber, in Judgment No. 2014-012971 of 2:45 p.m. on 8 August 2014, indicated in relation to the ICAA and its duties to supervise and guarantee the proper functioning of the public services in question:

"IV.- On the right to the proper functioning of public services and the role of the ICAA as the governing body in the matter of water supply. In Judgment number 2012-12009 of 09:05 a.m. on 31 August 2013, this Chamber ordered the following, which is of interest for the resolution of the sub lite:

"This Chamber has held that the Political Constitution implicitly enshrines the fundamental right of the administered to the proper and efficient functioning of public services, that is: that they be provided with high quality standards. This has, as a necessary corollary, the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, prompt, effective, and efficient manner. This last obligation follows from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subparagraph 8 (which imposes on the Executive Branch the duty to "Monitor the proper functioning of administrative services and dependencies"), 139, subparagraph 4 (insofar as it incorporates the concept of "proper conduct of the Government") and 191 (to the extent that it incorporates the principle of "efficiency of the administration").

This Court has also indicated that this atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as the supply of potable water, since such precious assets as health and human life are at stake, and therefore the principles of effectiveness, efficiency, speed, continuity, and adaptation must prevail with greater rigor (see, in this regard, judgments number 2008-016405 of 19:04 hours on October 30, 2008, and 2008-017633 of 12:06 hours on December 5, 2008). In this context, the role of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the governing body in the matter, acquires particular significance. This Chamber has stated that:

“(…) pursuant to the provisions of article 1 of the Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, said autonomous institution was created with the express purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of potable water. To fulfill this purpose, and in accordance with the provisions of article 2 of that same regulatory body, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the Republic with a potable water service, as well as utilizing, using, governing, or supervising, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of the cited law. Thus, it is verified that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the first entity called upon to ensure that all inhabitants of the Republic can benefit from a potable water supply system capable of supplying said liquid continuously and in sufficient quantity to adequately satisfy the basic needs of all persons, in effective protection of their fundamental rights to life and health” (judgment number 2011005457 of 11:32 hours on April 29, 2011.)

In line with the foregoing, this Chamber has emphasized that in those cases where the water supply service for human consumption is provided by an ASADA, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is called upon to exercise effective and efficient oversight and control actions over the respective water supply system, regarding its operation, maintenance, administration, and development, in order to guarantee its correct functioning (judgment number 2011009487 of 9:15 hours on July 22, 2011). In fact, recently, in judgment number 2012006447 of 10:30 hours on May 18, 2012, this Chamber stated:

“(…) although article 2 of Law 2726 empowers AyA to agree with community organizations on the administration of aqueduct and sewer systems, the respondent Institute, as the governing body in the matter, is responsible for all matters related to the operation, maintenance, administration, and development of the systems necessary for supplying water to the populations. Based on the foregoing, the Administration cannot excuse the non-existence of an efficient potable water service due to a lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct by the private concessionary body (…)

Thus, the obligation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to supervise and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems is confirmed” (the highlighting does not correspond to the original)

“V.- Regarding the specific case. In this instance, the appellant claims that in the community of El Porvenir de La Cruz, Guanacaste, the ICAA provides the potable water service by delegation to an ASADA; however, said service is provided deficiently and requires improvements to the infrastructure, for which reason the Municipalidad de La Cruz allocated a budget item for the improvement of said aqueduct, which cannot be executed until the ICAA carries out the corresponding technical studies. She considers her fundamental right of access to potable water to be violated.

In this regard, the Chamber considered it proven that the Asociación Administradora del Acueducto Rural El Porvenir, La Cruz, Guanacaste, does not have valid legal status, as it expired on July 31, 2007. Likewise, it is noted that the ASADA El Porvenir has not submitted to the ICAA the documentation required for the process of signing the delegation agreement. Furthermore, the ICAA does not have an updated diagnosis of the aqueduct system operated by the ASADA El Porvenir. From the case file, it was verified that through official communication number SB-GSC-GA-FA-ORAC-CH-2014-1758 of July 3, 2014, the Head of the Oficina Regional de Sistemas Comunales of the Región Chorotega of the ICAA suggested to the ASADA El Porvenir that it contract the services of a professional to carry out a technical study recommending the improvements required by the aqueduct. Finally, it was demonstrated that the Municipalidad de La Cruz allocated a budget of 3 million colones to make improvements to the aqueduct infrastructure, which will be executed once the corresponding technical studies are completed. Given this scenario, the Chamber considers that the amparo action must be partially granted, only against the ICAA. As explained in the preceding recital, the ICAA is obligated to supervise and guarantee the proper functioning of community aqueduct systems, such that it cannot excuse itself by claiming that the non-existence of an efficient potable water service is due to a lack of community organization or poor management in the administration of the rural aqueduct. As the governing body in matters of potable water supply, the ICAA is called upon to contribute to the prompt resolution of the problems affecting the community of El Porvenir, in La Cruz de Guanacaste. Thus, the Chamber finds no merit in the argument of the respondent authorities of the ICAA that they bear no responsibility for the problems presented with the ASADA of El Porvenir. As long as the problem in the water supply continues, the most vulnerable parties are the residents of the locality, who must tolerate the inaction of the responsible entities and, consequently, suffer from the deficient provision of the public potable water service. Under this understanding, the ICAA must supervise and issue the necessary orders so that the ASADA of El Porvenir adjusts its operation to the law and manages to complete the technical studies necessary to authorize the investment of the municipal budget already allocated for the improvement of the potable water supply in that community and, therefore, the quality of life of all its citizens.” (The highlighting does not correspond to the original).

In addition, section 36, subsection 1) of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, indicates as an obligation and right of the ICAA: "To sign and rescind Delegation Agreements for the management of aqueduct and sewer systems with Administrative Associations, when so recommended by the Management and approved by its Board of Directors, for reasons of convenience, opportunity, or ineffectiveness in the provision of public services".

VII.- Regarding the legal nature of Comprehensive Development Associations. This Constitutional Chamber, in Judgment No. 2016-010313 of 09:15 hours on July 22, 2016, explained:

 “(…) Before addressing the merits of the matter, it is necessary to point out the legal nature of the Development Associations. Article 14 of the Law on Community Development No. 3859 declares the constitution and operation of associations for the development of communities to be of public interest, as a means to stimulate the populations to organize themselves to fight, alongside State bodies, for the economic and social development of the country. On the other hand, the Regulation to Law No. 26935-G, in its article 11, provides that: The associations for community development are first-degree community organizations, with a defined territorial jurisdiction. They are entities of public interest, although governed by private law rules, and as such, are authorized to promote or carry out a set of plans necessary for the social, economic, and cultural development of the inhabitants of the area in which they coexist, collaborating for this purpose with the Government, the municipalities, and any public and private bodies. In this same manner, they are incorporated into regional development strategies and plans for decentralization. Adding to the above, the Procuraduría General de la República, in opinion C-336-2011 of December 23, 2011, established that: “community development associations, in their different modalities (comprehensive and specific), are entities governed by private law. Despite being organizations whose constitution and operation have been declared of public interest, this does not grant them that character and, consequently, they are not subject to the public law regime typical of public entities”. Similarly, this Constitutional Court has recognized the character of a private law subject to the Associations, for example, ruling 2016-6005 of nine hours five minutes on May six, two thousand sixteen, in an amparo action against the Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge de Upala (…)” (sic).

 It is worth noting in addition to the above that, according to the provisions of article 12 of the Regulation to Law No. 26935-G, community development associations shall be of two types: “(…) a) Comprehensive: these are associations that represent people living in the same community and for whose constitution it is necessary that at least one hundred of them, over fifteen years of age, meet. b) Specific: these are associations whose purpose is to develop specific objectives that favor the economic, social, and cultural conditions of a community. For their constitution, it is necessary that at least fifty people, over fifteen years of age, meet. Specific associations of a sectoral nature at the cantonal level may also be constituted (…)” (sic).

 VIII.- Regarding the blocking of the protected party from the official Facebook page of the Asociación de Desarrollo Integral de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo. The appellant asserted that he was blocked on the official page of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, for having made the following comment on one of the publications: “(…) You call this development? (…)” (sic). In the response brief to the hearing granted, Johnny Aguilar Artavia, President and Legal Representative of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Ciudadela Quince de Setiembre (Hatillo), stated: “(…) Regarding the blocking of the Facebook page, it is not true, otherwise he would have provided evidence demonstrating said blocking, the complaint is strange and undeserving of credibility, note its authoritativeness if the appellant as he states was blocked on the social network Facebook by the development association, because he did not use the means of the telephone number or send a text message, if he described my telephone number at the end of his initial amparo action brief, it means he had my phone number all the time since the events occurred, otherwise he would have mentioned it in his initial amparo brief, the same number that was on the Facebook page, that is, the alleged blocking that the appellant claims did not block telephone calls much less text messages or via WhatsApp of this he does not provide evidence that supports his allegations, that is, his right of access to information as well as the right of access to water of the appellant were never violated, since on the same Facebook page there were other means to find out, such as the telephone number and WhatsApp (…) In the interests of the real truth and transparency that must prevail, honorable magistrates, the appellant, as you can verify from the page itself which is public, has not been blocked, and to this day it is clear that he is not blocked, otherwise he would have sent evidence that proves his allegations of blocking. it is true that some people who incite violence and violation of rights have been blocked from the page, to give you an example, one of our directors of the administrative board of the development association, a good and hardworking person, in the month of June of this year was killed for his defense of security in the community, in these communities danger lurks for those people who want good for their communities, we also try to delete posts made by people inciting the blockades of the circunvalación because of the water issue and other problems that also beset us, a matter that this group does not share since we always seek to call for dialogue as the A y A did with us. Therefore, our group has not blocked the gentleman, and to date he is active with a user account of the page, we categorically reject that it has violated his rights, on the contrary, he always had the means to inform himself such as the cell phone on the page, that he did not use it of his own free will does not warrant his claiming violation of his rights (…)” (sic). However, by means of the brief added to the digital case file at 15:01 hours on August 29, 2024, the appellant affirmed: “(…) It is not true that I could provide any evidence on the social network Facebook since the application does not give any notice that I have been blocked, I am not notified nor do I see any more publications from the profile that has blocked me. Nor can I access a list detailing the accounts that have blocked me, the most I could provide, according to a screenshot of a search on Facebook, pointing out that the profile of the ADI 15 de setiembre does not appear to me, which appears on Facebook as an indication that I have been blocked [he provided the image] However, the person who performs the blocking does have the possibility of showing the truth or falsehood of the blocking, since they can access the list of blocked people, and with this they would demonstrate that the blocking was not carried out. They could provide as evidence a screenshot showing the list of blocked accounts, demonstrating that mine was not included, however, the respondent did not provide any evidence demonstrating the falsehood of my complaint (…)” (sic) (the emphasis does not belong to the original). Certainly, the representative of the respondent association did not provide evidence that the protected party did not appear on the list of blocked users on the association's profile on the social network Facebook, despite having that possibility. Given that the petitioner's observations on the response are plausible, in application of the principle in dubio pro libertate and in dubio pro homine, the blocking of the protected party's user account must be considered proven.

 IX.- As has been pointed out in the previous recitals, the respondent association is a specific development association whose nature is Private Law, but at the same time it is of public interest and utility. In the present matter, it was demonstrated that the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo performs a liaison function between the community and the ICAA, to address the problem of rationing in the supply of potable water in the community. The appellant asserted that because he has been blocked, he cannot express his opinions on the implemented measures, and his access to information about the rationing is hindered.

 X.- This Constitutional Chamber has already referred to the blocking of user access or their expulsion from Public Administration accounts on social networks. These standards are applicable mutatis mutandis to the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo in this context, given the public interest and utility involved, and above all due to its position vis-à-vis the ICAA in addressing the problem of potable water supply. In Judgment No. 2023-027568 of 09:20 hours on October 27, 2023, this Court specified the following standards:

“(…) in accordance with the jurisprudence of this Constitutional Chamber, the Public Administration, when creating and using accounts to interact with users of the various social networks, must: a) clearly establish the rules of interaction in the group or profile; b) expressly state the consequences that disrespect for such guidelines could bring; c) the effects of non-compliance must be reasonable or proportional (stipulating a gradation in blocking and/or expulsion) and; d) prior to blocking or expelling a user, it must be explained to them that their behavior in the group or profile contravenes the stipulated interaction rules (…)” (sic).

XI.- It was not demonstrated in the sub examine that the cited parameters were met, which is why this Constitutional Chamber must intervene.

XII.- Regarding the protected party's access to the installed self-supply tanks. The appellant alleged that he is unaware of the distribution schedules for the liquid in the tanks installed at the IPEC (he went on March 23 and 26, 2024 but was unable to gain access).

XIII.- The ICAA confirmed that in Ciudadela 15 de setiembre, tanks have been installed as water repositories that allow the population to have an alternative means of supply: “(…) In Hatillo this action does not have good reception among some community representatives, however, the user population makes use of said reservoirs to carry out daily activities such as food preparation and other activities. This action is carried out mainly by people who, given their work schedules, have found it difficult to haul water when the tanker truck has made its rounds. It is important to mention that AyA activated (placed faucets and filled with potable water) a tank at IPEC 15 de Setiembre to supply the southern sector of the community (available since March 2024), however, this tank is not the property of the AyA institution but of IPEC, and due to the risk conditions in this sector from vandalism and homeless people who misuse these, the community leader indicated that it would be installed inside the IPEC property with the faucets facing inward, and if the service is required by a person from the community, it would be opened for them. We will place images of the tank and how it was installed (…) Tanks installed in the community of 15 de Setiembre In this community, 2 tanks have been installed for supply, the first was installed at the Escuela 15 de Setiembre in February and the second with the collaboration of IPEC which facilitated a second tank so that the community could access the resource. The installation of the tanks was communicated through institutional social networks, which are part of the information channels available to clients (…) Therefore, the criterion for installing this supply source in this way was mediated by the criterion of the community representative and not an arbitrary decision of the institution, since the evaluations for placing it in this form were based on the arguments presented. After the date of March 29, a conversation was held with a representative of ADI 15 de Setiembre indicating that the tank had a leak that we had to repair, and a response was given that it was better to no longer fill this tank, because the Director of the Educational Center expressed some displeasure with the entry of private individuals into the educational facility. Also stating that no one was coming to collect water at the site, arguing that this was because in the sector the potable water supply was quite stable (…) The Social Management department states that a series of efforts were made to identify another site that met the suitability conditions to place a tank, however, in the area it is limited to be able to count on a place that met conditions for safeguarding the tank, with the faucets on the inside to avoid manipulation by people who could vandalize the tank, in that sense and taking into account that as of April 1, a publication of defined schedules for serving this user population was made, it is assessed that there is no requirement to have a tank in the area due to compliance with the schedules established by the institution. It is important to state that these tanks are alternative supply measures when the population suffers shortages for continuous and unscheduled days. However, currently in this sector this criterion is not met. It is important to point out that all these actions carried out and executed by Marketing-Social Management are addressed in an effort to seek the social well-being of the user population and reduce the vulnerabilities associated with potable water shortages, but at this time this population of 15 de Setiembre has potable water service in the established schedules and even more hours per day (…)” (sic) (the emphasis does not belong to the original).

XIV.- One of the tanks in question was installed at the IPEC facilities as requested by the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo, with the faucets facing inward as a security measure against vandalism. Subsequently, the tank was removed because it was not widely used and no other place in the area met the established requirements. Now, that was not the only tank installed; another was also placed at the Escuela 15 de setiembre, which kept the faucets at the edge of the street and any person could use it, without the need for authorization. It is clear, then, that the protected party had another option for self-supply. Note that in the brief added to the digital case file at 15:01 hours on August 29, 2024, the appellant stated: “(…) when consulted by the community leader about why I did not complain about the water tank located at the escuela quince de setiembre, that the school tank does not share the same conditions as the one installed at IPEC, since, despite being so geographically close, the tank located at the escuela quince de setiembre keeps the faucets at the edge of the street (as seen in the photograph), and any person can approach to get water without asking permission and waiting for the community leader's approval to proceed to open the gate. Is there, perhaps, a lower incidence of crime in those two hundred meters of difference? Without a doubt, the complaint would have no basis, and I would be being stubborn, if I complained equally about the tank located at the escuela quince de setiembre, since this tank was indeed available to the public. And the only reason I looked for the tank at IPEC is because the school tank had been emptied (neighbors do approach this one to get water, and it is still available) (…)” (sic) (the emphasis does not belong to the original). For purposes of the constitutional jurisdiction and the protection of the right of access to potable water, what is relevant is that the protected party and the residents of the locality did have another alternative available (although the appellant claimed that at the precise moment he wished to consume water, the one at the school had none, from his own statement it is clear that it was subsequently resupplied).

XV.- The petitioner stated that the agreed-upon method for providing water excludes older adults and persons with disabilities, who cannot transport full buckets of water to their homes. The appellant made his statements in a general manner without detailing a particular case of any older adult or person with a disability. The foregoing prevents this Court from elaborating a specific relation of facts from which to determine whether a clear, concrete, specific, and imminent injury or threat to a fundamental right occurred. It is recalled that the amparo action is a procedural mechanism for the protection of human rights against clear, concrete, specific, and imminent injuries or threats.

XVI.- In any case, the ICAA affirmed that among the actions deployed in Ciudadela 15 de setiembre is: “(…) Identification of population with greater vulnerability conditions: coordination will be made with the CCSS and other entities for access to the location of older adults, people with mobility difficulties, with serious health conditions to manage a more personalized solution (…)” (sic) (the emphasis does not belong to the original).

XVII.- Regarding the rationing in the supply of potable water in the locality of Hatillo. [Nombre 001] is a resident of Hatillo, Ciudadela 15 de setiembre; he lives in a rented house, so the potable water meter is not registered in his name.

XVIII.- In Report No. DFOE-AE-AI-00008-2018 "INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES" of September 5, 2018, the Contraloría General de la República stated: "3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, the AyA has had the responsibility of resolving matters relating to the provision of the country's potable water service, in its capacity as operator, regulator, and delegator of the service. However, it has not managed to consolidate its function of directing, intervening, and ensuring the correct administration, operation, maintenance, and development of potable water systems, so that the provision of the service meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in adherence to the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equality in the treatment of service recipients. 3.2. Within this framework, the rating of 4.45 out of 10 for the potable water service in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized vision of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in the provision of the service, to ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. Furthermore, this situation shows that from an approach with ethnic and cultural sensitivity, there is a lack of further progress in the application of good practices in the administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems, which guarantee their sustainability for the provision of potable water service to vulnerable communities. 3.4. The situation encountered fosters conditions of poverty, impacts on health, and productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being that would allow overcoming the population's conditions of vulnerability. Thus, improving quality is relevant since this constitutes a fundamental service for these communities, in which it is important to protect the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration." By means of official communication IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called "ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)" issued by ARESEP, it was concluded: "(…) regarding the financial balance of the aqueduct service, although there is currently sufficient liquidity to attend to the provision of the service, in the medium term, it will be severely compromised, given the directives implemented by AyA to use the flows from depreciation expense and revalued depreciation (asset replacement) to meet the financial obligations associated with investment project initiatives, which have seen their grace period (time to build the work) expire, which is beginning to generate a financial expense, without a solution to the needs of the users being available to date (absence of a project). Additionally, the financial balance of a public service must reflect the result of efficient and effective management in terms of investments, economic costs, and expenses incurred to comply with the pre-established quality standards and norms in the provision of the aqueduct service."

In the case under analysis, evidently, having 57% potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to (sic) time lags throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, absence of registration of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment tenders without guarantees and safeguarding of committed public resources, absence of institutional planning aimed at replacing assets reaching the end of their useful life, presence of unmetered services, rejections of service availability, and 70% of systems with water stress, among other factors, allows the conclusion that the financial equilibrium of the service cannot be achieved at any cost (…) It is important to note that the return on development (rédito para el desarrollo) is oriented toward meeting investment needs and repaying financial obligations (interest expense) acquired by the provider to finance the portfolio of infrastructure projects. In this sense, not having complete information that validates and allows traceability of costs and changes in the scope of investment projects during the 2018-2024 period subjects the service provider to an inability to meet its obligations to users in the near future (new investments) and to creditors (outstanding debts). For this reason, the Regulatory Authority has been emphatic since 2021 through various official communications and technical oversight inspections that AyA must modify its project management such that it (sic) allows having the information, guaranteeing traceability from internal approval to execution, correcting the timeframes for addressing user needs, validating project information in accounting capitalization reports, updating the Mideplan approval and monitoring system and the Aresep investment plan, and guaranteeing to users that each colón incorporated into tariffs related to investments corresponds to transparent, reliable, timely, efficient, and effective management. 6. The level of return on development (rédito para el desarrollo) obtained by AyA (Return in dollars: 6.71% and Return in colones: 9.4%) is lower than the cost of indebtedness assumed and incorporated in the present study for AyA (…), which has a series of implications for the service, such as: It is exposing the public aqueduct service to bearing a cost for the acquired debt higher than its capacity to generate resources for its repayment, thereby transferring operational and financial risk to users. The cost of debt associated with long-term projects above the level of return, coupled with the timeframes for materializing a real solution to supply or service availability problems, has caused the user to assume a high social cost, a lag in development opportunities, and an enhancer of territorial and socio-economic inequalities. 7. AyA must carry out a process of refinancing or renegotiating its long-term debt, which guarantees more competitive interest rates and avoids a financial mismatch, as well as avoiding assuming and transferring uncompetitive debt costs to associates, given that, although tariffs are set under the cost principle, in accordance with Article No. 3 of the Regulatory Authority Law, it must not be at any cost (…) 9. The request for capitalization of the investment projects proposed for the aqueduct service for the 2018-2021 period was rejected, for an amount of ₡ 108,081,96, according to the following criteria: 70% of the projects are not available, as indicated by the operator, due to the absence of pre-investment documents, which does not allow traceability of cost levels, scope, and timeframe during the pre-feasibility, feasibility, execution, and asset capitalization stages. Of the 30% of projects that attach some documentation, in most cases it corresponds to the (sic) budgeted amount as of the date of the study analysis, the majority of which cannot be traced between the project and the assets intended to be capitalized. Much less being able to identify which (sic) projects are for replacing assets and which (sic) are for expanding or improving service delivery, while also making it impossible to identify the retirement of assets associated with capitalizations due to substitution or replacements (…) 10. Given the inconsistencies noted in the investments proposed for capitalization by AyA, and given the information problems associated with the 2018-2024 projects, it is ET-074-2018). The foregoing will allow, on the one hand, not passing on to users amounts associated with project initiatives that are not yet useful and usable or cannot be traced at all, and on the other hand, to alert the provider of the risk that is materializing, given the inability to capitalize investment projects, given the financial and operational impacts that this mismatch of works and their financing entails, with an average interest rate of 13.5%. 11. The regulatory body reiterates to AyA that, as part of the revaluation process of the assets comprising the tariff base, its value is 69% higher, without any corresponding benefit in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or due to early retirement. However, AyA has not redirected said amounts to address the replacement of those assets that have seen their useful life expire, especially in conduction and distribution pipelines, as well as modernization of the meter park or implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. Regarding the 57% of water that AyA is charging users for, even though it is wasted along sidewalks and roads through leaks, anomalies in user records and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut those costs by 10% every two years, given that it is the obligation of the public service provider not only to offer the service with quality and comply with the principle of service at cost, which cannot be accepted that users are charged for water that is not billed correctly as a result of 80% of the hydrometer park being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established tariff, water that is wasted due to recurrent leaks on the country's sidewalks and roads without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipelines with more than 70 years of use, which are charged as if new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if efficient in the use of the water resource—which, it should be noted, AyA itself promotes protecting—would allow addressing many of the rejected availabilities, avoiding so many supply cuts, and even duplication of investments. 12. The under-registration of potable water sales by AyA is partly explained by the fact that 8 out of every 10 meters are in poor condition or have reached the end of their useful life, which means that those costs for water sales not correctly recorded end up being paid by all service users, regardless of the physical condition of the meter, as a penalty on consumption and the water resource savings made by families (…) 14. AyA does not have a strategy to ensure having water quality information updated annually for both the systems operated by AyA and those it has delegated to service providers such as Asadas, causing problems associated with the presence of parameters such as arsenic, iron, manganese, and molecules associated with agrochemicals not to be addressed in time, and on the contrary, they only receive attention once the impact on water quality has materialized (…)" (the highlighting was incorporated). In report No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 "AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROJECT PORTFOLIO FOR THE SUPPLY OF POTABLE WATER AND SANITATION OF WASTEWATER OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS" dated April 12, 2024, the Office of the Comptroller General of the Republic concluded: "3.1. The management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation by AyA has not been effective in impacting populations in vulnerable conditions, since only 1.6% of the country's districts with the highest vulnerability condition, according to the 2023 Social Development Index, have investments programmed in sanitation and only 16.7% in potable water; likewise, only 41.6% of the districts identified as most vulnerable according to AyA's 2021 Community Vulnerability Index for Potable Water have programmed investment. 3.2. AyA has also been neither effective nor efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still in execution, delaying the attention to citizen needs, affecting the benefit for 2.8 million people in potable water and 1.2 million people beneficiaries of sanitation projects in cities such as Limón, Golfito, Quepos, Palmares, Jacó, Tamarindo, and Coco-Sardinal. 3.3. In turn, portfolio management has also not been effective in incorporating priority projects in congruence with current and future citizen needs, since the design and management of AyA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence. 3.4. The inefficient management of the portfolio has led AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected given the lack of recognition of investment costs in the tariffs that sustain the services, causing the proportion of income allocated to paying obligations to increase each year. 3.5. The findings encountered limit the achievement of Sustainable Development Goal No. 6, which focuses on ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all, constituting a challenge mainly in the context of populations in vulnerable conditions. 4. PROVISIONS (…) TO JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF AYA OR TO WHOMEVER OCCUPIES THE POSITION 4.4. Design, disclose, and implement a comprehensive portfolio governance model that contains at least: i) a portfolio risk management plan; ii) a portfolio recovery plan; iii) a reliable information system that provides integrated data on the time, cost, and scope of the portfolio components; iv) the portfolio adjusted and approved by the highest-ranking official, in accordance with administrative and technical execution capacity; v) periodic performance measurements throughout the life cycle of the portfolio, program, and project in accordance with MIDEPLAN guidelines and the applicable current regulations; vi) the prioritization criteria for the portfolio components, including criteria for populations in vulnerable conditions; and vii) the roles and responsibilities for each of the portfolio management stages and its components. Send to the Comptroller General a certification on the design and disclosure of the governance model no later than April 30, 2025, additionally, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than April 30, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.5. Elaborate, disclose, and implement a model for improving institutional management, in coordination with the Ministry of National Planning and Economic Policy, which contains at least the guidelines for: i) financial resource management; ii) design and improvement of systematic process management; iii) product and service results; iv) financial results; v) process results (organizational effectiveness); and vi) leadership results; in order to modernize its organization, processes, and procedures, and increase the efficiency, effectiveness, relevance, quality, sustainability, and productivity of its activities. Send to the Comptroller General a certification on the design and disclosure of the Model no later than June 30, 2025, additionally, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than May 29, 2026. (see paragraphs 2.1 to 2.54). 4.6. Elaborate, disclose, and implement a roadmap towards financial sustainability, that includes the actions and instructions to be implemented for the financial management of the public investment portfolio, which integrates at least: i) financial sustainability indicators for the investment portfolio and the organization; ii) measurement, monitoring, and control mechanisms and their periodicity; iii) preventive limits and alerts for the indicators; iv) awareness-raising actions within the organization on financial sustainability; v) guidelines on the frequency for requesting tariff adjustments; and vi) reports and necessary inputs derived from the referential information system contained in paragraph 4.4 of this report. Send to the Comptroller General a certification stating the elaboration and submission to the Board of Directors of the roadmap proposal towards financial sustainability; after the resolution by that body, send a certification stating the disclosure and implementation of the roadmap towards financial sustainability no later than April 30, 2025, additionally, a first progress report on its implementation no later than October 31, 2025, and a second progress report no later than August 31, 2026. (see paragraphs 2.55 to 2.76). TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AYA OR TO WHOMEVER OCCUPIES THE POSITION 4.7. Resolve on the roadmap proposal towards financial sustainability, received from the Executive Presidency in compliance with the provision contained in paragraph No. 4.6 of this report. Send to the Comptroller Body a copy of the agreement stating what was resolved, no later than two months after receiving the proposal (…)". On June 6, 2024, the Office of the Comptroller General of the Republic, in an opinion applicable *mutatis mutandis* to the *sub examine*, stated: "III. CRITERION OF THE COMPTROLLER BODY 1- Aspects related to the suspension of the service Although the Comptroller General has not conducted an oversight inspection of the potable water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other communities of the district of San Isidro, the Comptroller Body finds consistency between the condition of the public potable water service described by the complainant and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the complainant coincides with what was found by the Comptroller General in other communities of the country in vulnerable conditions. In this regard, based on oversight studies previously conducted, among them the "Operational audit report on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, coincidences were found in the trend of supply shortages and constant interruptions in the potable water service in vulnerable communities. For its part, it is accredited through the aforementioned report No. DFOE-AE-IF-00008-2018, that water service constitutes insurance for communities not to descend on the scale of vulnerability, insofar as one of the manifestations of poverty according to Sustainable Development Goal 1 is limited access to basic services. Furthermore, said report issued by the Comptroller Body pointed out that the deficient state of service delivery fosters exposure to diseases, restriction of productive activity development, unsustainable water consumption, and a decrease in resilience capacity to extreme events. All of the above accentuates the structural causes of vulnerability, such as poverty and exclusion, to the detriment of the quality of life and development potential of those communities. Regarding the suspension of service, the complainant indicates that the situation worsened as of May 8, 2024, with interruptions of up to three consecutive days without water. Water is distributed only for two hours in the early morning, from 2:00 to 4:00 a.m., which forces residents to stay awake to carry out essential activities such as washing clothes and dishes. Additionally, they highlight the existence of an operational school in the community, where hundreds of boys and girls need water, particularly to prevent the spread of a viral outbreak of stomach problems alerted by the Ministry of Health. It should be noted that, according to the (sic) current regulations, if the supply shortage exceeds 6 hours, a collective communication must be issued and an alternative service ensuring the mentioned requirements must be secured. Likewise, such regulation in Articles 86 and 90 establishes that temporary interruptions addressed by means of tanker trucks must contemplate delivery points as close as possible to households and with ease of water collection, all with the aim of granting all persons the possibility of accessing the potable water service under conditions of equality, given its nature and indispensable character for human life and health. Regarding the above, ICAA in memorandum No. SG-GSGAM-MZESTE-2024-00430, dated May 14, describes the response actions through water distribution, in terms of the number of tanker trucks and their equivalent in distribution trips and liters, as well as the detail of the points where 11 water storage tanks were installed as fixed service points with tanker trucks. In this regard, no documentary evidence is provided on specific time slots in which the service was supplied through the alternative mechanism of tanker trucks when the service has been interrupted; therefore, this Comptroller Body cannot issue an opinion. Likewise, the report "Atención San Francisco de Coronado: Trabajo interdisciplinario. Gestión Social- Dirección de Mercadeo- Gestión Técnica- Operativa Sistemas GAM. Centro Técnico Integrado" cites a series of agreements between ICAA and community representatives of the Pro-Agua San Francisco de Coronado commission, among which are installing a tank in the Corazón de Jesús sector, an area with high impact, as well as coordinating with the Local Educational Center the filling of the Educational Center's tanks and thereby guaranteeing that the school year can continue without any interruptions. However, compliance with the aforementioned agreements is not accredited in the evidence provided, nor the establishment and execution of a sufficient mechanism for the integration of all persons in vulnerable conditions or under the conditions cited by the complainant (newborn infants, children, adolescents, older adults, among others), mainly in cases where the use of tanker trucks is estimated as an alternative means. 2- Regarding the ICAA's response to solve the problems In response to the amparo appeal filed, ICAA referred to a series of causal events related to the service suspensions in the Metropolitan Aqueduct. Among the justifications indicated were: 1) The imbalance between supply and demand, preventing the satisfaction of the growing demand of users. It points out that this problem has been aggravated by the El Niño phenomenon and the hydrocarbon contamination of the intake for the Guadalupe Water Treatment Plant, which was out of operation from January 28 to February 2, 2024, and continues to function in a limited manner. In March 2024, a decrease in the production flow of the Los Cuadros Plant was also recorded, as well as a leak in the Coronado pumping line between March 28 and 30, unbalancing the system and preventing its normal recovery. Despite these impacts, it argues that the population has had access to potable water through the network in limited periods. 2) Announcement of suspensions: It indicates that the suspensions of service in the Metropolitan Aqueduct have been announced to the population through official channels and have been maintained in adherence to established schedules. With the aim of addressing such conditions, ICAA indicates having undertaken actions such as placing tanks at strategic points, alternative supply through tanker trucks, and communication through community leaders, as well as investment in the installation of a conduction line between the "Vistamar" booster station and up to the existing tank at the "Coronado" Farm of AyA, in the community of San Isidro de Coronado. However, it did not refer to the fact that the water service is only provided between 2:00 and 4:00 a.m. Regarding the above, the Comptroller General in the "Operational audit report on the effectiveness and efficiency of the State in the provision of water service in vulnerable communities (DFOE-AE-IF-00008-2018)" of September 5, 2018, indicated that aqueducts require water storage to cover demand and compensate for hourly variations, mainly when the supply source alone is not sufficient to cover daily demand, which results in the suspension of the service in question. On this matter, it must be distinguished that the entry into operation of the tank after the suspension does not guarantee the prompt or immediate arrival of potable water to users, as it is necessary for the distribution networks (pipelines) to achieve filling and appropriate pressure to guarantee supply. Such a phenomenon is aggravated in the high areas of the network, where topography affects the speed of restoration of the potable water service. In summary, the suspension must consider the period of filling and pressurization of pipelines, and not only the cessation and entry into operation of storage tanks, so that the time the suspension lasts corresponds to the communicated end time and thereby, to the time expected by users for the return of service. Regarding the investments made by ICAA, through the "Audit report on the effectiveness and efficiency of the management of the investment project portfolio for the supply of potable water and sanitation of wastewater of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers" No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, this Comptroller Body determined that the management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation of ICAA has not been effective or efficient; which limits addressing the public need with the required opportunity. Also, it was found that the design of ICAA's investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence, according to the established stages of selection, prioritization, strategic balance, and approval; furthermore, there is no risk management nor are those responsible for the portfolio and its components defined. Likewise, in the cited oversight inspection report it was determined that the management of information by ICAA does not allow efficient administration of the time, cost, and scope of the portfolio, since for various programs and projects there are no basic data such as start and end dates, real and planned costs, quantity of beneficiary population, and those responsible for managing the projects. These conditions hinder the delivery of benefits through investments to produce and improve potable water systems, mainly affecting communities in vulnerable conditions. Also, compliance with institutional and national strategic objectives is restricted, mainly those associated with the Sustainable Development Goals, minimizing the extensive and progressive impact that characterizes water projects, which contribute to the economic development, environment, and health of the areas influenced and benefited by the investments. Thus, given the deficiencies in information management, the timely identification of deviations in time, cost, and scope of projects by decision-makers is limited, which hinders addressing the public need with the required promptness. Regarding Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is foreseen in the management of the project portfolio under ICAA's responsibility, which implies a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the tariffs that sustain the services stands out. IV. CONCLUSIONS From the content of this report, the following is concluded: 1. Although the Comptroller General has not conducted an oversight inspection of the potable water supply service directly in the community of San José, Vázquez de Coronado, San Francisco de Corazón de Jesús, nor does it have quantitative information on the interruptions and prolongation of water cuts in other communities of the district, the Comptroller Body finds coherence between the condition of the public potable water service described by the complainant and the trend found in reports prepared by the CGR in vulnerable communities, particularly in terms of continuity and storage; that is, what is alleged by the complainant coincides with what was found by the Comptroller General in other communities of the country in vulnerable conditions. 2. Despite also not having an oversight inspection on ICAA's response to the alleged lack of action to counteract the aforementioned suspension of service in Vázquez de Coronado, based on other oversight inspection results conducted by the CGR, it has been found that ICAA's investment portfolio presents a series of deficiencies in its performance management, as well as weaknesses in governance, which limits addressing the public need with the required opportunity and the delivery of the expected benefits to the population. 3. This Comptroller Body points out the consideration of the period of filling and pressurization of pipelines in the schedule communicated to users about the suspension, since not only must the entry into operation of the tank be taken into account, as this does not guarantee the prompt or immediate arrival of potable water to users, insofar as it is necessary for the distribution networks (pipelines) to achieve filling and appropriate pressure to guarantee supply in accordance with the required conditions. 4. No evidence or reports were provided on the actions of ARESEP; therefore, this Comptroller Body cannot provide a criterion. In any case, the duty established by Law for the Regulatory Body is emphasized, regarding its obligation to ensure compliance with quality, quantity, reliability, continuity, opportunity, and optimal delivery standards in public services, including potable water; for example, the obligation to prepare technical inspections of the properties, plants, and equipment destined to provide the public service, as well as the duty to execute controls over the installations and equipment dedicated to the public service, this for the full compliance of the obligations" (the highlighting was incorporated). (see file No. 24-012146-0007-CO, held *ad effectum videndi et probandi*).

XIX.- Starting April 1, 2024, the supply system of Ciudadela 15 de setiembre is governed by a schedule of Tuesday, Thursday, and Sunday from 4:00 a.m. to 1:00 p.m., and Monday, Wednesday, Friday, and Saturday from 4:00 a.m. to 11:00 a.m. As part of the attention actions for communities experiencing supply shortages from the metropolitan aqueduct, the 15 de setiembre sector has been addressed within the framework of the community meetings of Hatillo, with representation from the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre, through which the various required actions have been coordinated. Among the actions carried out to address the 15 de setiembre sector is: "(…) a. Water supply by means of tanker truck: water distribution by means of tanker trucks will be available when the service is interrupted for more than 8 hours.

Requests for water tanker trucks will be handled and grouped, and will be prioritized according to the number of shortage reports. The locations where the water tanker trucks are situated will be communicated through community WhatsApp chats and social media. b. Institutional communication: improvements will be made to communication directed at the communities, regarding specific aspects of what is communicated and how. Additionally, it is reported that a campaign on the rational use of water is being carried out. c. Identification of critical points for the placement of storage tanks as a public source: The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) is conducting a survey of existing tanks to ascertain their conditions and activate them. Educational centers, shelters, medical centers, Public Force and Fire Department stations are being prioritized. d. Identification of the population with the greatest conditions of vulnerability: access to the location of older adults, persons with mobility difficulties, and those with serious health conditions will be coordinated with the CCSS and other entities in order to manage a more personalized solution. e. Meeting spaces with community leaders: It should be mentioned that the Institution maintains a close relationship with communities experiencing limitations due to potable water shortages or controlled supplies. Within the meeting spaces, one was held on March 22, 2024, at the Executive Presidency, coordinated by the communications area (…) there are self-supply tanks and distribution by water tanker trucks. Regarding distribution by water tanker trucks, according to the service conditions in the community of 15 de Septiembre and based on the provisions of current regulations, for cases where service suspensions are due to unforeseen situations such as leaks, or outages at the La Valencia wellfield due to lack of electrical power, and where, additionally, the impact on users exceeds 8 hours, an alternative distribution of potable water by means of water tanker trucks will be carried out. For the specific case, the AyA has the pressure recorder located on the west side of the Condominio Mixto Bambú Eco; based on the recorded pressure data, it can be stated that during the month of April 2024, users have not experienced impacts greater than 8 hours of shortage (…)” (sic). According to the Western GAM Macro Zone of the ICAA: “(…) Regarding distribution by water tanker trucks, according to the service conditions in the community of 15 de Septiembre and based on the provisions of current regulations, for cases where service suspensions are due to unforeseen situations such as leaks, or outages at the La Valencia wellfield due to lack of electrical power, and where, additionally, the impact on users exceeds 8 hours, an alternative distribution of potable water by means of water tanker trucks will be carried out. For the specific case, the AyA has the pressure recorder located on the west side of the Condominio Mixto Bambú Eco; based on the recorded pressure data, it can be stated that during the month of April 2024, users have not experienced impacts greater than 8 hours of shortage (…)” (sic). Tanks have also been installed as water repositories that allow the population to have an alternative means of supply: “(…) In Hatillo, this action is not well received by some community representatives; however, the user population makes use of these reservoirs to carry out daily activities such as food preparation and other activities. This action is carried out mainly by people who, given their work schedules, have found it difficult to fetch water when the water tanker truck has made its rounds. It is important to mention that the AyA activated (provided taps and filled with potable water) a tank at the IPEC 15 de Setiembre to supply the southern sector of the community (available since March 2024); however, this tank is not the property of the AyA institution but of the IPEC, and due to the risk conditions in this sector from vandalism and street dwellers who misuse these, the community leader indicated that it would be installed inside the IPEC property with the taps facing inward, and if the service were required by a person from the community, it would be opened for them. We will place images of the tank and how it was installed (…) Tanks installed in the community of 15 de Setiembre. In this community, 2 tanks have been installed for supply; the first was installed at the 15 de Setiembre School in the month of February, and the second with the collaboration of the IPEC, which provided a second tank so the community could access the resource. The installation of the tanks was communicated through institutional social networks, which are part of the information channels available to customers (…) Therefore, the criterion for installing this supply source in this manner was mediated by the criterion of the community representative and not an arbitrary decision by the institution, as the assessments for placing it this way were based on the arguments presented. After the date of March 29, a conversation was held with a representative of the ADI 15 de Setiembre indicating that the tank had a leak that we needed to repair, and the response was given that it was better to no longer fill this tank, because the Director of the Educational Center showed some displeasure with the entry of private individuals onto the educational premises. Also stating that no one was coming to the site to collect water, arguing that this was because the potable water supply in the sector was quite stable (…) The Social Management department stated that a series of steps were taken to identify another site that met the suitability conditions for placing a tank; however, in the area, it is limited to be able to have a place that meets conditions of safeguarding the tank, with the taps on the inside to avoid manipulation by people who could vandalize the tank. In that sense, and taking into account that as of April 1, a publication of defined schedules for serving this user population was made, it is assessed that there is no requirement to have a tank in the area due to compliance with the schedules established by the institution. It is important to state that these tanks are alternative supply measures when the population suffers shortages for continuous and unscheduled days. However, this criterion is currently not met in this sector. It is important to point out that all these actions carried out and executed by Marketing-Social Management are addressed in an effort to seek the social well-being of the user population and reduce the vulnerabilities associated with potable water shortages, but at the moment, this population of 15 de Setiembre has potable water service during the established schedules and even for more hours a day (…)” (sic). The information about potable water service interruptions is published by the ICAA: “(…) so that it is available to the user and the entire population 24 hours a day, every day of the year, through the institutional website, the AyA Services (Servicios AyA) mobile application, and Facebook stories. This information is published based on a bulletin issued by the Operational Control Center, which contains the data of the service interruption, such as the date, start time, and estimated end time, affected sectors, reason for the interruption, among others. During the months of March and April 2024, 62 reports were generated through the AyA Services (Servicios AyA) App for the district of Hatillo, in order to inform about shortages and interruptions of the water service. The download and use of the application is free, and the information is available to the user 24 hours a day, every day of the year. In accordance with the provisions of article 33 of the Technical Regulation for the Provision of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services, ARPSAYA-2013 and its amendment, if the service suspension lasts more than eight natural hours, the supply of potable water by means of water tanker trucks is scheduled, so that users can meet their basic needs. To find out the location of the water tanker trucks, the user can contact the free telephone service line 800-REPORTE (800-7376783) and, by means of the service number (NIS), the agent can inform them of the location of the nearest unit. In addition, the Institution makes available to the population a series of channels so that they can find out when discontinuities occur in their service due to breakdowns, or caused by controlled supplies or shortages when there is a scarcity of the resource, and which also allows them to make their breakdown reports, including: a. Free Telephone Service: Line 800-REPORTE (800-737-6783) b. Downloading the APP to your cell phone: AYA SERVICES (SERVICIOS AYA) c. WhatsApp: 8376-5103 d. Facebook: https://www.facebook.com/AcueductosyAlcantarilladosCR/ e. Official Email: [email protected] f. Website: www.aya.go.cr On the other hand, these actions of maintaining closeness with formal community leaders and others identified in the community are part of the institutional efforts to redouble communication in the communities that are affected, but it is not the only communication channel and information medium available in the different communities (…)” (sic).

XX.- Before resolving what is appropriate in law, it is deemed opportune to bring up ruling No. 2020007754 of 9:45 a.m. on April 24, 2020:

“III.- Specific Case. In the sub examine, the petitioner indicates that she is an older adult aged 70 who lives in Hatillo 2 with her 76-year-old husband, her 40-year-old daughter, and her 10-year-old granddaughter. She states that the community she lives in suffers from rationing and water suspensions, primarily due to the scarcity of that liquid. She narrates that on March 9, 2020, they had water from 4:15 a.m. to 6:00 a.m.; however, it was so little that she was barely able to collect enough for drinking and cooking. She mentions that, due to the above, the water was not enough to fill the toilet tanks or to wash clothes. She alleges that they have been without water in their homes for more than 40 hours. She points out that, between 1:00 p.m. and 2:00 p.m. on that same day, a neighbor told them that there was a water tanker truck at the site, which allowed them to collect water; however, she accuses that, at that moment, there was no type of notice informing that the water tanker trucks were nearby. She maintains that, due to the above, the other inhabitants of the area could not collect water. She refers that the executive president of the ICAA informed that, due to Covid 19, they would provide water at two times of the day; however, this statement has not been fulfilled. She requests that her right to receive potable water at reasonable times and for reasonable durations be respected.

From the study of the case file, it is proven that the petitioner is an older adult. The southern tanks of the ICAA have supply problems and are the ones that supply the water service for the Hatillos area. These tanks take the liquid mainly from the La Valencia system and are reinforced with the Puente de Mulas systems (through Bello Horizonte) and the Tres Ríos system through the Curridabat tanks. The ICAA has infrastructure to make water potable; however, the sources lack the capacity to provide the required resource. The shortages depend on a series of factors such as: population demand (which varies with the time of day, temperature, day of the week, etc.), the production available at the time, the level in the storage tank, the topographic elevation of the service, the distance from the service to the distribution point, among others. In the dry season of previous years, the southern tank system could be reinforced for a longer time with water from the Tres Ríos potabilization plant; however, due to the problems faced across the entire aqueduct, the reinforcement has been minimized. The ICAA has developed several projects that are already in operation, and, in the last two years, approximately 500 liters per second were incorporated with the Doña Lela, San Miguel, and Palermo wells and CNP 7, 8, and 9; however, this has not been enough to avoid the summer effect being experienced. In 2019, the ICAA began operating the Chigüite well, which incorporates 20 liters per second into the Tres Ríos system, which directly helps the Curridabat system and this allows the southern tanks to be reinforced during some moments of the day. At the end of 2019, the Water Superintendency of ARESEP requested the operators to present their dry season plans and the actions to reduce rationing in 2020. From the plans provided, ARESEP highlights that sufficient resources have been approved for the purpose of making the necessary investments for rationing; however, the project execution capacity on the part of the operators has not been desirable. As of March 6, 2020, the ICAA had an additional flow of around 100 l/s available at the Tres Ríos plant to reinforce some of the affected systems, including the southern tanks system. On March 9, 2020, the Hatillo 2 area had water from 4:15 a.m. to 6:00 a.m. On March 9, 2020, the petitioner received water from a water tanker truck. As of March 10, 2020, the date of filing the appeal, the water service in Hatillo 2 had not yet been restored. The water distribution logs of the ICAA record, in relation to Hatillo 2, the following: i) On March 4, 2020, the following trips were made: a. One to “Hatillo 2-4-8”. b. One to “Hatillo “#1, #2”. ii) On March 5, 2020, eight trips were made to “Hatillo, Hatillos 2 y 4, Colegio Cedes Don Bosco”. iii) On March 6, 2020, three trips were carried out to “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén”. iv) On March 7, 2020, the following trips materialized: a. One to “Parque nacional Mara Redonda. Hatillo # 2-Hatillo #8”. b. One to “Hatillo 2”. c. One to “Hatillo 2-4-8”. d. Three to “Hatillo 2 Valdeado”. v) On March 8, 2020, the following trips were perpetrated: a. One to “Hatillo #2- Hatillo #8-INA Florida”. b. Two to “Hatillo 2 and surrounding areas”. c. Two to “Hatillos 2, 3,5”. vi) On March 9, 2020, two trips were consummated to “Hatillo #1, Hatillo centro and Hatillo #2”. Users can consult the following communication channels to find out about the impact bulletins in their respective communities through: line 800- REPORTE (7376783); application for devices AYA SERVICES (SERVICIOS AYA); WhatsApp: 8376-5103 and Facebook: COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS). On March 12, 2020, the ICAA was notified of the course of this amparo. On March 12, 2020, the ICAA interconnected the W5 well to the ME-A-17 La Valencia system, which will allow reinforcing the water supply in the most critical sectors of the capital, such as the Hatillos. The Water Superintendency of ARESEP, through official letter No. OF-0200-IA-2020 of March 16, 2020, addressed to the executive president of the ICAA, stated: “(…) Nevertheless, and despite the fact that the country is currently in a health emergency situation, different localities in the country, especially in the San José Metropolitan Area, are suffering constant water rationing, justified by the AyA on the grounds that this occurs because during the dry season, the aqueduct system faces a water deficit added to the increase in liquid consumption during the summer months. Faced with this, the Regulatory Authority reiterates that it is the responsibility of the providers to implement a permanent planning policy that allows preventing situations like this, based on efficiency standards and considering the adverse circumstances that occur during the annual dry season and drought period. In particular, they must be capable of developing an adequate response capacity and contingency plan to avoid water rationing in periods of drought. Providers are aware that the impact of climate change on waters translates into a limitation in the quantity of the resource, and since one of the fundamental principles of public services is their continuity, it is essential that they make the necessary efforts to improve the problem of water scarcity that affects the localities they serve in a sustained manner, and not just momentarily. The foregoing contrasts with the persistence of the rationing problems over several years and in a great number of communities, which reaffirms that these are not situations that can be classified as fortuitous events or force majeure. Although the Regulatory Authority is aware of the institutional efforts made by its represented parties to avoid the impacts on the population derived from the water rationing that have occurred in recent years, this problem is increasingly recurrent and affects a larger quantity of population. The reasons are multiple, but this Regulatory Authority notes with concern the lag in infrastructure investment and the significant losses due to unaccounted-for water (ANC). It is imperative that AyA solves both problems within a reasonable period. Despite the warnings issued by the Regulatory Authority on the matter and, above all, having become aware nationally and internationally of the current outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), water rationing by the AyA continues to be a recurring measure and users continue to suffer from lack of water, thereby undermining the country's health system and, from the regulatory point of view, the fundamental principle of continuity in the provision of public services; its obligation according to article 14 subsections i) and j) of Law No. 7593 being to be prepared to ensure the provision of the service in a regular and safe manner in the short term. The different explanations that the AyA has offered in various forums about the reasons that have led to the high levels of shortage in several areas of the country, especially in the San José Metropolitan Area, do not allow concluding that they should be excluded from the application of the cited article 95 or that these are fortuitous cases or force majeure, given that, as previously indicated, the rationing situation has occurred recurrently over several years. Consequently, the AyA is hereby instructed to proceed with the adjustment in the billing amount of services to all its subscribers affected by the rationing, for the following cases where article 95 of the AR-PSAYA-2015 Technical Regulation applies, namely: a) When the provision of the service is less than 16 natural hours daily for at least 20 natural days per month; and b) When the suspension of the service for 24 natural hours for more than three consecutive natural days or more than 7 non-consecutive natural days, both in the same month. This provision is independent of others that have been issued in the sense of correcting the rationing situations that have recurrently occurred within a reasonable time; therefore, AyA cannot assume that the application of the cited article 95 exempts it from correcting the typified problem. Additionally, the mechanism it will implement to comply with this provision must be communicated to this Regulatory Authority within a maximum period of five business days.” On March 27, 2020, the ICAA began replacing pipes in sectors of Hatillo 2 with higher-capacity ones, which will allow increasing the available flow for households on Villanea street, 50A street, 52 street, 54A street, and the boulevard between 54 A street and 56 street, with a 70% progress, as the interconnections and the connection of service lines are still pending. On March 27, 2020, the ICAA interconnected a new well (W16) to the ME-A-17 La Valencia system, which will allow reinforcing the water supply in the most critical sectors of the capital, such as the Hatillos. This well has a production capacity of 75 liters per second (l/s), equivalent to the daily consumption of 18,500 people. The ICAA is executing the project “BPIP No. 2680: Expansion of the production of the Metropolitan Aqueduct through the implementation of new wells in San Rafael, Alajuela” in order to improve potable water supply conditions in sectors critically affected during the dry season, such as the southern neighborhoods, including Hatillo. The project began on February 1, 2019, and is projected to end on November 1, 2023.

In relation to this issue, this Chamber has defined a jurisprudential line. By ruling No. 2019-019080 of 9:20 a.m. on October 4, 2019, it resolved:

“III.- Regarding the shortage of potable water due to the dry season. Regarding this problem that currently affects many communities in the national territory, this Chamber, through ruling No. 2019-007183 of 9:20 a.m. on April 26, 2019, considered the following:

 “…III.- ON THE SPECIFIC CASE. While it is true, this Tribunal has recognized, in repeated jurisprudence, that access to potable water is a constitutional right, derived from the rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, it is also true that currently, multiple problems of shortage of the vital liquid occur, generated during the dry season (in the same sense, see rulings No. 2009-12511 of 5:59 p.m. on August 11, 2009, No. 2010-015448 of 12:15 p.m. on September 17, 2010, No. 2014-004918 of 2:30 p.m. on April 9, 2014, No. 2017-006082 of 9:45 a.m. on April 28, 2017, and No. 2016-007550 of 9:05 a.m. on June 3, 2016). In this regard, the responsibility of the State is to implement the necessary and optimal measures to provide an effective solution to these problems. From this perspective, it is accredited in the case file that, in the area indicated by the petitioner, water cuts have occurred in recent months, which the respondent authority acknowledges and details. However, it was possible to prove that the suspensions claimed by the service users are not the product of negligence or arbitrariness on the part of the respondent Institute, but rather are due to a general supply shortage situation of all systems during the dry season. In that sense, it was accredited that the respondent authority has communicated through various means that during this season, water rationing will occur due to the deficit caused by the reduction of flows that supply the collection tanks and by the increase in water consumption. Specifically, Zapote belongs to the San José Operation zone, which is supplied by water stored in the Curridabat Tanks, which are fed by water from the Tres Ríos System. It is on record that, during normal production, the Curridabat Tanks at the beginning of the day have a storage volume of 85%; however, currently the levels reach 20% of their capacity, which means the area is prone to shortages. These occur when the population demand exceeds the available storage and vary depending on population demand, the production available at the time, the level in the storage tank, the topographic elevation of the service, the distance from the service to the distribution point, the elevation of the area, etc. Zapote is one of the highest areas, so the impact of the water shortage will be greater; this impact occurs only in the dry season and not constantly throughout the year. Normally, shortages begin around 10:00 a.m. and the system begins its recovery around 11:00 p.m. This problem is supported by distributing water with water tanker trucks to vulnerable population centers. The respondents indicated that they have carried out work to reinforce the system and benefit the communities in the highest sectors; they have also carried out interconnections in the La Pacífica zone to transfer that sector to another operation zone to shorten the coverage area of the Curridabat tanks; the operation supplied by the Cipreses tank was expanded to cover part of San José that was exclusively supplied by the Curridabat Tanks. As a long-term measure, the respondent Institution is promoting projects focused on controlling unaccounted-for water. As a result of the above, it has worked on exploiting new sources that are currently in operation for the benefit of the GAM population, and work has been underway on the development of a project that aims to increase the production that benefits the GAM by up to 2500 liters per second, a project that is in the design stage and would be completed in the year 2025. Likewise, they prove that, currently, the Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP 9, and CNP 10 wells are operating in the GAM. This Tribunal considers that, despite the fact that it is confirmed that a shortage of potable water service indeed exists in the community where the petitioner resides, the respondent authorities have demonstrated that they have acted within their material possibilities in order to achieve an adequate redistribution. Likewise, this Chamber considers that the shortage occurs only during the dry season and not during all months of the year nor during all hours of the day, and this situation is communicated to the population through various means. Additionally, it is valued that the institution has carried out work to reinforce the system and has taken corrective and preventive measures, among which is the study being conducted for the exploitation of new sources that are currently in operation, which will benefit the GAM population and aims to increase production by up to 2500 liters per second. By virtue of the foregoing, the Chamber rules out that the Administration has been negligent in addressing the supply problems of the potable water service in the affected area; therefore, it must declare the appeal without merit, as is hereby done. The foregoing, without prejudice to reminding the respondent institution of its duty to continue carrying out work to reinforce the system and avoid shortages during the dry season…”.

IV.- Regarding the water shortage accused by the petitioners. In the sub lite, the petitioners accuse arbitrary rationing of the potable water supply in the Mata Redonda sector. Regarding these facts, in the reports signed by the general manager and the assistant manager of GAM Systems Management, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers—which are considered given under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the law governing this jurisdiction—it is accepted that the cited locality is being affected, along with the rest of the Metropolitan Aqueduct, by the impact of this year's dry season. Although they clarify that shortages occur in the Mata Redonda sector during some hours of the day, always in the afternoon, so the population does have access to potable water through the pipeline network for a large part of the day. They have explained that due to the arrival of that season in the country, the flows of the sources are reduced, and with them, the production flows. They also maintain that this situation is due to an increase in population consumption because, due to the season's conditions, a greater amount of water is demanded than in the rainy season. Likewise, they report that despite being in the months when the rainy season is typically already established in the country, as a result of the El Niño-Southern Oscillation (ENOS) phenomenon that is having an influence, the rains have not been able to recharge sources and the systems have maintained impacts that translate into a more pronounced decrease in the flows that the Institution can take from these sources to make them potable and supply the population. However, they indicate that their represented party proceeds to inform the population of the situation the country is experiencing regarding the reduction of natural sources of potable water, which not only affects the Mata Redonda areas but extends to the entire national territory. They refer that the AyA makes the following means available to users to communicate events that affect the provision of water service: Line 800-REPORTE (7376783), the AyA website, mobile application (available for download on Android and iOS platforms): “Servicios AyA”, institutional WhatsApp, 57 personalized service points, and the Facebook page.

Furthermore, through its shortage bulletins, it indicates a time at which it is believed that on average the population will not have service; however, within the indicated timeframe, there will be people (in the lowest parts of the pressure zone) who still have service, while those who live in the highest parts have already been without service for some time. In this context, the Chamber understands that the situation complained of does not arise directly from a problem of material impossibility, but rather from external, uncontrollable, and fortuitous conditions that occur temporarily, and not permanently, in the provision of the public service claimed. Circumstances that have forced the respondent institution to use the media to inform about the situation of the systems and to ask the population to take the pertinent measures to face the shortages until the flow conditions at the sources recover their usual flow, as well as to become aware of the need not to waste the available resource. Although the Chamber understands that we are dealing with the provision of an essential service, the truth is that, in addition to the existence of an objective cause, the respondent authority has adopted measures to address the problem, that is, it has not neglected the situation alleged by the petitioners. Note that it has been indicated that as part of the efforts made by the Institution to reduce the impact resulting from the shortages, several projects have been developed, which are already in operation. Last year, nearly 500 liters per second were incorporated with the Dona Lela, San Miguel, and Palermo wells and CNP 7, 8, and 9; however, this was not enough to avoid the summer effect being experienced. The Chigüite well has also just been put into operation, which incorporates 20 liters per second into the Tres Ríos system, directly helping the Curridabat system, and this allows reinforcing the Southern Tanks during some moments of the day. In addition to the foregoing, contrary to what was alleged by the petitioners, in the last six months of 2019, no service availability (disponibilidades) in the potable water service was granted for real estate developments in the Mata Redonda — San José sector. In fact, the last three availability requests were denied, and the interested parties were given a letter indicating the infrastructure they would have to build at their own expense before being able to have service availability for potable water. As well as that the real estate projects currently being built in that locality have the respective service availability for potable water, approved long before the shortage problems arose in the area. Furthermore, the real estate projects under construction are supplied through a single meter and have a storage tank and private pumping system. Under this reasoning, as with the previous precedent, what is appropriate is to dismiss the appeal because it was not demonstrated that the lack of potable water service is capricious, arbitrary, or unfounded on the part of AyA, since it was equally proven that solutions have been sought to the problems generated by the geographical and climatic conditions suffered by the Mata Redonda area, as well as that measures have been taken to address this situation. Apart from the fact that the alleged indiscriminate construction, which is not such, also has no impact on the aforementioned problem.”

Likewise, in Resolution No. 2019-008791 of 9:30 a.m. on May 17, 2019, this Court ordered:

“III.- On the non-compliance with rationing schedules. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court dismisses the injury to the petitioner's right to health. From the report issued by the respondent authority, it is verified that on April 23 and 24, 2019, there was a shortage in different communities around Guadalupe, specifically in Santa Eduviges. First of all, it must be clear that, according to what was indicated by the ICAA, the institution does not apply rationing in the sector where the protected party resides; the impact is produced by the shortage when the population consumes all the available storage, which is what has been able to be stored during the night, when the population's demand drops, due to the scarcity generated by the dry season. Now, as explained by the ICAA, the pipe network functions as a large storage tank, because once the storage tanks are emptied, there is water inside the pipes, whose consumption cannot be detected. Once the tank is empty, the pipe is discharged, but at a rate that is not known, since it depends on many factors, such as the weather, the day of the week, the time of day, so it is variable each day. This makes it almost impossible to predict the time at which the water available to the user will run out. The ICAA, through its shortage bulletins, indicates a time at which it is believed that on average the population will not have service; however, within the indicated timeframe, there will be people (in the lowest parts of the pressure zone) who still have service, while those who live in the highest parts have been without service for a longer time. Thus, the respondent institution cannot be blamed for not meeting the approximate schedule for supplying the liquid, as this is not something the entity plans, but rather depends directly on demand and the particular conditions of the system, including climatological ones.

IV.- From the report rendered under oath by the Executive President of the ICAA, as well as from the reading of the evidence provided, it is clear that the respondent entity has implemented measures to mitigate the effects of water scarcity, among them: a) supply by tanker trucks, especially to educational centers and health centers, b) on April 8, 2019, a boundary was opened between the Guadalupe and Moravia zone to reinforce the Guadalupe sector, c) on April 7 and 11, 2019, significant non-visible leaks that were affecting the system were intervened, d) on April 9, 2019, a 'bypass' was enabled to further reinforce the supply from the Guadalupe tank to the San Blas tank, e) rationing has been carried out in the sectors of Coronado, Los Cuadros, and Montes de Oca with the aim of reinforcing the supply of Guadalupe with water from the Tres Ríos Plant, that is, distributing the deficit, f) coordination has been carried out with the ICE to extract more water from the reservoir in this dry season to increase production in Tres Ríos, and currently around 100 additional l/s of flow is available at the Tres Ríos Plant to reinforce some of the affected systems, including that of Guadalupe, and g) in the long term, the Metropolitan Aqueduct Expansion Project is planned, which aims to increase production benefiting the Greater Metropolitan Area by up to 2500 liters per second, projected to be completed in 2025. In this Court's opinion, the ICAA has diligently addressed the reported problem. Under this order of considerations, this part of the appeal becomes inadmissible. Notwithstanding the foregoing, this Chamber reminds the ICAA of its obligation as the governing entity for water resource management to continue implementing the necessary measures to address the problem of water scarcity, in such a way as to reduce its impact on the quality of life of the users and guarantee the right of access to potable water.”

On this point, as occurred in the cited precedents, the Chamber observes that, in principle, the lack of potable water service is due to a shortage problem. However, the national emergency situation caused by COVID-19 makes it necessary for this Court to reconsider the thesis cited above. In this regard, it is not only evident that the problem of water shortage had been reflected since 2017, but ARESEP pointed out that the ICAA had a lag in investment in infrastructure and, in addition, significant losses due to unaccounted-for water. Likewise, the regulatory entity also stated that the capacity for project execution by the potable water service operators has not been as desired.

Hence, before continuing to validate any shortage situation and by virtue of the COVID-19 pandemic (whose fatal repercussions are public and notorious in other latitudes), the ICAA must implement the corresponding actions to solve in the short term the problems generated by water scarcity in the production sources, without prejudice to the medium and long-term solutions it has planned. The foregoing is ordered because access to this liquid in the midst of this pandemic is fundamental to prevent further spread, according to the recommendations of the Ministry of Health. Note that, after the communication of the course of this amparo, the ICAA carried out two interconnections with wells to reinforce supply in the affected systems and, in addition, in Hatillo 2 it replaced pipes with others of greater capacity, which demonstrates that it did have actions within its reach to at least try to mitigate the situation; however, it is not evident that these have solved what was complained of. While it is clear that the ICAA has sought to distribute potable water by means of tanker trucks in Hatillo 2, it is not clearly seen whether the amount of water was sufficient to meet the basic needs of the affected people. In this sense, the fact that, in a period of forty hours, the petitioner only had access to the service for less than two hours, measures the magnitude of the problem and demonstrates the violation of the petitioner's right of access to water. Due to the foregoing, the upholding of the appeal against the ICAA is imposed, under the terms to be set forth in the operative part of the judgment.

In relation to the other respondent authorities, it is not clearly evident that they have any type of direct responsibility in the facts alleged by the petitioner. Hence, the appeal against them is dismissed (...)” (highlighting added).

Likewise, note that in Regulation No. 21 of March 19, 2024, 'Technical Regulation "Provision of the Supply of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services (AR-RT-SUMAAH-2023)"', ARESEP regulated:

“Article 7.- Obligatory nature of the provision of services.
Whenever technically feasible, providers within their jurisdiction must provide aqueduct, sanitary sewer, and hydrant services under optimal provision conditions.
Likewise, every provider must guarantee the efficient use of the water resource and the sustainability of the supply in the short, medium, and long term of public services (...)

Article 10.- Provision of service under conditions inferior to optimal provision.
Only in exceptional situations: act of God, force majeure, damage caused by a third party, or scheduled suspensions, shall it be permitted to provide services in conditions inferior to optimal provision.
However, the provider must implement, as soon as possible, the corresponding temporary corrective measures to supply the services until the service can be reestablished to optimal conditions (...)

Article 82.- Continuity in the provision of services.
Providers must guarantee that the service is provided without interruption, 24 hours a day, 365 days a year, with the quality and quantity conditions established in this regulation.
Excepted are those situations caused by the subscriber or user; by act of God; by force majeure; or by scheduled system maintenance periods or damage caused by third parties; in which case the provisions of this Regulation regarding service provision under conditions inferior to those established in this regulation shall apply.
In cases of declaration of emergency or public interest, no subscriber shall be left without aqueduct service supply for lack of payment. It is the subscriber's obligation to comply with the payment for the aqueduct service, according to the collection conditions established (...)

Article 85.- Priority of supply in case of scarcity.
In case the aqueduct service must be restricted, it shall be provided to satisfy human consumption, with the following order of priorities:
a. Hospitals, clinics, health centers, penitentiary centers, shelters, camps for disaster victims, and airports.
b. Educational centers.
c. Housing, to meet the basic needs of families.
d. Commercial, agricultural, and industrial activities.

Article 86.- Temporary interruption of the potable water service.
In case of temporary interruption of service continuity, providers must communicate the following to subscribers and users through mass media:
a. Affected area and population;
b. Type of impact on the subscriber;
c. Estimated duration of the interruption;
d. Reasons for the service interruption;
e. Contingency measures if necessary;
f. Alternative means for water supply; and
g. Location of water delivery points, in case it is done by tanker trucks. The delivery point must be as close as possible to the homes so that several users can be supplied at once, avoiding waste and ensuring ease of water collection.
This information must be kept updated.

Article 87.- Communication of interruptions to the potable water supply service
Providers must communicate temporary interruptions to the potable water supply service in the following manner:
a. For scheduled interruptions, at least 48 calendar hours in advance;
b. For unscheduled interruptions, within 4 calendar hours after the fault is detected or its report is produced.
This communication must be carried out through mass media, detailing the location, the supply schedule, the conditions of the alternative potable water service, and the affected areas.

Article 88.- Alternative means of aqueduct service supply
Providers shall define the alternative services for aqueduct service supply; these may be tanker trucks, temporary pipes, public fountain, or others, provided they guarantee that the water provided meets the quality characteristics and ensures access to potable water to cover the basic needs of the users in the affected area.
a. If the aqueduct service interruption, including its repair, lasts more than 6 calendar hours daily, the provider is obligated to provide an alternative potable water supply service to the subscribers to cover basic needs.
b. In the case of interruptions lasting more than 1 day, the supply of potable water shall be daily to all affected subscribers through the alternative means available to the provider.
c. In the case of subscribers with prolonged interruptions, for more than 5 days, the provider shall define the mechanism to provide water supply, in such a way that it facilitates delivery, for example, in storage tanks (own or those provided by the provider) to reduce the frequency of delivery and guarantee water for a greater number of days.
d. The alternative supply may not be maintained continuously for more than 2 years, unless the project schedule to solve the water deficit extends for a longer period; the investment plan must contemplate the development needs of the public services provided and the operator must report, through the means available to them, the progress of the project.
e. In the case of water supply by tanker truck, the service provider must offer at least two schedules, one in the morning and another in the afternoon to distribute the water to guarantee that users receive potable water at least once a day” (the highlighting has been added).

XXI.- In Report No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “OPERATIONAL AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE STATE IN PROVIDING WATER SERVICE IN VULNERABLE COMMUNITIES” of September 5, 2018, the Comptroller General of the Republic stated: “3. Conclusions 3.1. Since its creation in 1961, AyA has had the responsibility of resolving matters relating to the provision of the country's potable water service, in its capacity as operator, governing body, and service delegator. However, it has not managed to consolidate its function of directing, intervening in, and ensuring the correct administration, operation, maintenance, and development of potable water systems, so that service provision meets the attributes of quality, continuity, and quantity, in compliance with the fundamental principles of public service relating to adaptation to social needs and equality in the treatment of service recipients. 3.2. Within this framework, the rating of potable water service of 4.45 out of 10 in vulnerable communities reveals a significant gap in the quality of this service and the minimum acceptable parameters. This results from a generalized vision of these communities that does not incorporate differential and intercultural approaches in service provision, which would ensure the protection and restoration of violated rights. 3.3. Furthermore, this situation demonstrates that from an ethnic and culturally sensitive approach, greater progress is lacking in the application of good practices for the administration, operation, maintenance, and development of aqueduct systems, which guarantee their sustainability for the provision of potable water service to vulnerable communities. 3.4. The situation found fosters conditions of poverty, health impacts, and impairment of productive capacities, to the detriment of the economic, social, and environmental well-being that would allow overcoming the population's conditions of vulnerability. Thus, the improvement in quality is relevant, as this is a fundamental service for these communities, in which protecting the sustainability of public funds invested in infrastructure and administration is of interest.” Furthermore, in Report No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “AUDIT REPORT ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROJECT PORTFOLIO FOR POTABLE WATER SUPPLY AND WASTEWATER SANITATION OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS” of April 12, 2024, the Comptroller General of the Republic concluded: “3.1. The management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation of AyA has not been effective in impacting populations in vulnerable conditions (...) 3.2. AyA has also not been effective or efficient in managing the time, cost, and scope of the portfolio, since 57% of the projects that should have been completed by January 2024 are still under execution (...) 3.3. In turn, portfolio management has also not been effective in the incorporation of priority projects in congruence with current and future citizen needs (...) 3.4. Inefficient portfolio management has led AyA to a situation of fragility, in which financial unsustainability is projected in the face of the lack of recognition of investment costs in the rates that sustain the services.” In addition to the foregoing, recall that the Comptroller General of the Republic on June 6, 2024, in an opinion applicable mutatis mutandis to the present matter, affirmed that: “Concerning the investments made by the ICAA, through the 'Audit report on the effectiveness and efficiency of the management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers' No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024 of April 12, 2024, this Comptroller Body determined that the management of the investment project portfolio for potable water supply and wastewater sanitation of the ICAA has not been effective or efficient; which limits the attention to the public need with the required timeliness. Also, it was found that the design of the ICAA investment portfolio presents an incipient level and lacks a logical and systemic sequence, according to the established stages of selection, prioritization, strategic balance, and approval; furthermore, there is no risk management nor are those responsible for the portfolio and its components defined. Likewise, in the cited audit report, it was determined that the management of information by the ICAA does not allow efficient administration of the portfolio's time, cost, and scope, since for various programs and projects there is no basic data such as start and end dates, real and planned costs, quantity of beneficiary population, and those responsible for managing the projects. These conditions hinder the delivery of benefits through investments to produce and improve potable water systems, mainly affecting communities in vulnerable conditions. Also, the fulfillment of institutional and national strategic objectives is restricted, mainly those associated with the Sustainable Development Goals, minimizing the extensive and progressive impact that characterizes water projects, which contribute to the economic, environmental, and health development of the areas influenced and benefited by the investments. Thus, given the deficiencies in information management, the timely identification of deviations in time, cost, and scope of projects by decision-makers is limited, which hinders the attention to the public need with the required promptness. Regarding Report No. DFOE-SOS-IAD-00003-2024, it is worth noting that a condition of financial unsustainability is foreseen in the management of the project portfolio in charge of the ICAA, which supposes a situation of fragility. On this aspect, the non-recognition of investment costs in the rates that sustain the services stands out.”

XXII.- For its part, recall that ARESEP issued memorandum No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called “EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA)”, in which it evidenced some of the problems of the ICAA, such as “(...) having 57% losses of potable water, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to delays throughout the entire value chain of the project attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, lack of registration of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below those authorized, investment bidding processes without guarantees and safeguarding of committed public resources, absence of institutional planning oriented towards the replacement of assets that present expiration of their useful life, presence of unmetered services, rejections of service availability (disponibilidades), and 70% of systems with water stress, among other factors, allows concluding that the financial equilibrium of the service cannot be at any cost (...).” In addition, in that study, it was emphasized that the ICAA charges users amounts that include 57% of water that is wasted and, therefore, does not entail a consideration in favor of the subscribers. This is evidenced by the conclusion of ARESEP that “The regulatory entity reiterates to AyA, that as part of the revaluation process of the assets that make up the rate base, the value of this is 69% higher, without any consideration in the service provided, which should have served as a financial safeguard for the replacement of assets reaching the end of their useful life or due to early retirement. However, AyA has not redirected said amounts to address the replacement of those assets whose useful life has expired, especially in conduction and distribution pipes, as well as the modernization of the meter fleet or the implementation of the billing system that has been pending replacement since 2004. Regarding the 57% of water that AyA is charging users, even when it is wasted through sidewalks and roads via leaks, anomalies in user registrations and sales, billing errors, among other factors, the Regulatory Authority agreed to cut those costs by 10% every two years, given that it is the obligation of a public service provider not only to offer service with quality and comply with the principle of service at cost, which cannot be accepted that users are charged for water that is not correctly billed as a result of 80% of the hydrometer fleet being in poor condition, bulk water sales being made at prices below the established rate, the water wasted through recurrent leaks on the country's sidewalks and roads without timely attention, and the absence of a policy for replacing obsolete pipes with more than 70 years of use, which are charged for as if new. The foregoing means approximately 38.5 million cubic meters, which, if efficient in the use of the water resource that, incidentally, AyA itself promotes protecting, would allow addressing many of the rejected service availabilities (disponibilidades), avoiding so many supply cuts, and even duplication of investments.”

XXIII.- Thus, in the sub lite it is evident that there is a structural problem on the part of the ICAA that has affected the provision of the potable water service to the detriment of the inhabitants of Ciudadela 15 de setiembre.

XXIV.- About this, note that, even though various ICAA reports concerning this problem have indicated that the shortage is due to multiple factors, it cannot be ignored that in the sub iudice it has been demonstrated that the ICAA suffers from inadequate planning, lack of project execution, and internal lack of coordination. ARESEP, through official letter No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called “EX OFFICIO TARIFF STUDY CORRESPONDING TO THE AQUEDUCT SERVICE PROVIDED BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AyA),” evidenced among the problems facing the ICAA “having 57% losses of potable water, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to delays throughout the entire value chain of the project attributable to the administration.” Thus, in the present case, the violation of the fundamental right of access to potable water is evident, especially considering that Article 50 of the Political Constitution provides that “Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life” and that in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights it was established that “The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible, and affordable water for personal and domestic use,” whose characteristics are: i) quality; ii) accessibility; and iii) availability, which implies that “The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses.” In sum, the appeal concerning the ICAA is upheld.

XXV.- This Constitutional Chamber, through Judgment No. 2024-017902 of 9:20 a.m. on June 28, 2024, resolved the amparo appeal No. 24-007581-0007-CO, in which residents of Hatillo challenged the water rationing:

“(...) In the sub examine, the petitioners consider the fundamental rights of the residents of Hatillo to be injured, since they allege that the locality has been affected by water rationing applied by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. They indicate that the rationing occurs for extremely long periods, without defined schedules and without being given alternatives for water supply, which affects the people of the community. In this regard, after analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it is considered accredited that the residents of the community of Hatillo have been affected by rationing in the potable water service. In this sense, it was verified that the community is supplied with potable water from the La Valencia system of the Metropolitan Area.

However, this site has experienced a series of interruptions, due to rationing of the water service, at least 110 times so far in 2024. Note that such impact has resulted from a series of factors, such as the hydrocarbon contamination of the Guadalupe Water Treatment Plant (Planta Potabilizadora de Guadalupe), which has meant that the respondent institute has transferred water from the La Valencia system to other communities, as well as interruptions as a consequence of power outages, breakdowns, and leaks in some of the system's distribution pipes. Under this scenario, it is worth noting that this Court has validated on previous occasions that the respondent institute, through its institutional regulations, apply rationing of the potable water service for reasons of force majeure or fortuitous events. However, the institution must adopt a series of measures to ensure that the population takes the corresponding precautions and can seek alternatives so as not to completely lose access to water. Furthermore, the respondent institution may carry out rationing of its services, but it must do so in a planned manner, establishing the necessary coordination and executing actions to guarantee the continuity of the service, such as determining and adhering to a schedule, which must be communicated in a timely manner to the communities that will be affected. In the specific case, this is found lacking, because, although the respondent authority assures that the water cuts were carried out through nighttime closures from 10:00 p.m. to 3:00 a.m. or 4:00 a.m. the following day to raise the storage level of the tanks, it is no less true that the same respondent authority in its report indicates that additional suspension bulletins may be issued when shortages occur, that is, when the available water runs out due to increased demand from the population, or when breakdowns occur that affect the service, which is precisely what has happened in the community of Hatillo where, due to the various breakdowns and situations listed in the proven facts, which occurred on February 10, February 13, February 18, March 2, March 18, and March 21, all in 2024, residents have been left without potable water service for excessive periods and without prior knowledge of the situation, which has made it impossible for service users in the area to take the necessary precautions. In addition to this, the institution must establish remedial plans, such as constant distribution, also setting a schedule for it, by means of tanker trucks (camiones cisterna), which would allow people to stock up on the liquid and thus meet their needs; however, this solution is also found lacking in the report rendered by the respondent authority in this case. Note that, in accordance with the report rendered by the respondent authority, it is evident that, in recent years, water rationing has become increasingly recurrent, and the respondent institute has made institutional efforts to mitigate its impacts on the population; however, the insufficiency of infrastructure and the execution of plans and works, both to conserve water and for its efficient distribution, is accredited. Certainly, the respondent authorities in their report provide a series of projects planned for expanding production in the La Valencia system; however, there is no clarity regarding possible dates for the completion of these projects and for the commissioning of the listed projects. Observe that the same respondent authorities stated that the impact has also been a consequence of the hydrocarbon contamination of the Guadalupe Water Treatment Plant (Planta Potabilizadora de Guadalupe); however, it is necessary to indicate that this is not a reasonable justification, especially since the Chamber considered that said emergency was also due to a lack of foresight on the part of the administration (see judgment No. 2024-009354 of 12:52 hours on April 9, 2024). By virtue of the considerations set forth, it is verified that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has injured the fundamental rights of the protected persons, given that it has not taken the necessary measures to guarantee them the continuity of the potable water service and, in the face of the application of rationing, has neither established nor complied with a clear and previously determined schedule, nor has it provided supply by means of tanker trucks (camiones cisterna) on schedules also previously defined. Consequently, the appeal is granted with the consequences established in the operative part of this judgment (…)

Por tanto:

The appeal is granted. María Alejandra Mora Segura, in her capacity as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever occupies her position, is ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of her powers, so that: 1) immediately upon notification of this judgment, a clearly defined schedule is established and executed in the event that it is necessary to continue with potable water rationing in the community of Hatillo; and 2) immediately, ensure, through some provisional alternative, the sufficient daily supply of potable water to meet the basic needs of the population, when the service interruption is for periods of more than eight hours. The respondents, or whoever occupies their positions, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Notify. (…)” (sic) (emphasis not in original).

Given everything stated above, this Court considers that, in addition to what was ordered in the cited judgment, on this occasion it is necessary to impose on the ICAA the obligation to, within a MAXIMUM PERIOD OF 18 MONTHS, counted from the notification of this ruling, implement the measures required so that the supply of potable water to the population of Hatillo is provided in an efficient, effective, and continuous manner.

XXVI.- Regarding the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), and the need for its intervention in this type of situation. Finally, regarding the ARESEP, note that Law No. 7593 of August 9, 1996, ‘Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)’ provides:

“Article 4.- Objectives The fundamental objectives of the Regulatory Authority are:

a) To harmonize the interests of consumers, users, and providers of the public services defined in this law and those defined in the future.

b) To seek a balance between the needs of users and the interests of public service providers.

c) To ensure that public services are provided in accordance with the provisions of subsection b) of Article 3 of this law.

d) To formulate and ensure compliance with the requirements of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to optimally provide the public services subject to its authority.

e) To cooperate with State entities competent in environmental protection, when it concerns the provision of regulated services or the granting of concessions.

f) To exercise, as provided in this law, the regulation of the public services defined therein.

Article 5.- Functions In the public services defined in this article, the Regulatory Authority shall set prices and rates; in addition, it shall ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision, according to Article 25 of this law. The aforementioned public services are: (…)

c) Supply of aqueduct and sewerage service, including potable water, the collection, treatment, and disposal of black water, wastewater, and rainwater, as well as the installation, operation, and maintenance of the hydrant service (…)” (highlighting added).

The ARESEP has among its functions the obligation to ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of the potable water service. As has been highlighted, there is long-standing evidence that the ICAA has undertaken ineffective management of the investment project portfolio, which was even recognized by the ARESEP itself in official letter No. IN-0042-IA-2023 of August 15, 2023, called “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)”, in which it highlighted problems of the ICAA such as “having 57% potable water losses, investments with execution periods of 10 to 15 years, cost overruns in investment works due to delays (sic) in deadlines throughout the entire project value chain attributable to the administration, with 80% of meters under-registering consumption, absence of records of large consumers and consumption levels, bulk water sales at prices below authorized levels, investment tenders without guarantees and safeguarding of committed public resources, absence of institutional planning aimed at the replacement of assets reaching the end of their useful life, presence of services without metering, rejections of service availability, and 70% of systems with water stress, among other factors”. The Defensoría de los Habitantes, in report No. H-581-2024 of June 10, 2024, rendered in file No. 24-012146-0007-CO, taken ad effectum videndi, and applicable mutatis mutandis to this appeal, stated: “In accordance with the provisions of Articles 4 and 5 of the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, among the fundamental functions and objectives of ARESEP is to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to optimally provide these services. In this regard, ARESEP prepared a diagnosis in 2022 of the AyA Aqueduct Service, in which it concluded: ‘that the institution presents 57% potable water losses, that the execution of investment projects or works is incomplete and takes 10 to 15 years, and that 80% of meters present under-registration of consumption’. Furthermore, it warned about the absence of records of large consumers and consumption levels, as well as institutional planning aimed at asset replacement, together with the rejection of service availability, and that 70% of aqueduct systems present water stress. It was also concluded that there are breaches in water quality verification across all service providers in the country, and the absence of a strategy to keep water quality information updated annually, by the Laboratorio Nacional de Aguas. Finally, the diagnosis highlights the need for refinancing of credit obligations associated with investment projects or works. In the interest of public health and in compliance with legally established competencies, ARESEP has the responsibility to ensure that potable water supply service providers offer a quality service. Hence the strict monitoring and demand for compliance that this entity must give to each of the conclusions reached in the cited report, in order to ensure that the provision of service will be carried out meeting the current quality, continuity, timeliness, and reliability standards. The Regulatory Authority states in its report that, according to the review of the Complaints Area database, for the 2023 and 2024 periods there are no complaints or proceedings in the name of the appellant regarding the shortage in the aqueduct service provided by AyA in the community of Coronado. Notwithstanding the foregoing, the Defensoría considers that, as part of its functions, it is the responsibility of ARESEP to ensure that public service providers comply with the conditions of quality, quantity, timeliness, continuity, and reliability necessary to optimally provide these services, and therefore it cannot allege, for its non-intervention, the absence of complaints to prompt its action, which must be proactive and ex officio, always ensuring compliance with the provisions of the Regulation ‘Reforma integral del reglamento técnico para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario e hidrante (AR-RTPAAH-2015)’ and mentioned by the Regulatory Authority in its report” (highlighting added). In light of the foregoing, the ARESEP must therefore ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of the public potable water supply service by the ICAA in Hatillo, for example, through technical inspections of the properties, plants, and equipment intended to provide that service, as well as the execution of controls over the facilities and equipment dedicated to such public service with a view to guaranteeing full compliance with the obligations in this field.

XXVII.- Regarding the additional requests of the protected party. In later writings, the petitioner alleged that his wife is supposedly being subjected to reprisals for him having filed this amparo appeal, and therefore asked this Court to certify documents to be sent to the Ministerio Público. He similarly requested an investigation into Johnny Aguilar Artavia, President with judicial and extrajudicial representation of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo. He also expressed disagreement that the respondent association acts as a liaison with the ICAA, since in his opinion other entities or dependencies should be in charge.

XXVIII.- It is clarified to the petitioner that it is not the role of this Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to investigate whether his wife or partner is truly suffering the reprisals he mentions. The foregoing exceeds the summary nature of the amparo appeal. If the appellant considers that she has been aggrieved in some way, he can very well file the corresponding complaint himself before the Ministerio Público, so that the pertinent investigations may be initiated. Nor is it for this Court to define which entity or body is appropriate to act as a liaison between the ICAA and the various communities. The foregoing exceeds the competence of this Court, as delimited by the Law and the Political Constitution itself.

XXIX.- The same must be said regarding what was alleged concerning Johnny Aguilar Artavia: if the appellant believes that the representative of the respondent association has incurred in any crime, then, it is reiterated, he may go before the Ministerio Público.

XXX.- Conclusion. Under this set of circumstances, the appeal must be partially granted, with the consequences specified in the operative part of this judgment, only with respect to: a) the blocking of the protected party's user on the official page of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo; and b) the rationing of the potable water supply in the locality.

XXXI.- Partial dissenting vote of Magistrate Garro Vargas. I very respectfully depart from the majority opinion of the Chamber regarding the rationing of the potable water supply in the locality of Hatillo and declare this part of the amparo appeal without merit in view of the following considerations.

In the specific case, the elements used to support the granting of the proceeding are the following: report No. IN-0042-IA-2023 called “ESTUDIO TARIFARIO DE OFICIO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACUEDUCTO QUE PRESTA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)” of August 15, 2023, issued by the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, and reports No. DFOE-AE-AI-00008-2018 “INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES VULNERABLES” of September 5, 2018, and No. DFOE-SOS-AID-00003-2024 “INFORME DE AUDITORÍA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” of April 12, 2024, both issued by the Contraloría General de la República. In these reports, it is indicated that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has not managed to consolidate its function of directing, intervening, and overseeing the correct administration, operation, maintenance, and development of potable water systems so that the continuity of service meets the attributes of quality, continuity, and quantity. However, it is evident that such official letters and allegations have not been brought to the attention of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in the context of this proceeding, so that it could address them.

Based on the foregoing, in my judgment, there are no elements adequately assessed under the adversarial principle (principio del contradictorio), because there has been no substantiation of the evidentiary items against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. However, it does not seem appropriate to me to convert this amparo appeal into a plenary proceeding. It must be remembered that the processing of a summary proceeding is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, which seek to examine technical aspects of different kinds: infrastructure, financial, tariff, legal, etc.

In summary, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is condemned without having been given the opportunity to address the official letters that give rise to the granting declaration. And examining such official letters in detail with all the necessary procedural guarantees would no longer be appropriate for an amparo appeal.

In consideration of the claims and what was stated by the authorities under oath, under the conditions established by Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, I consider there is a proper justification for the supply problems and a verification of the immediately effective measures to remedy the situation, just as in other similar precedents the Chamber has declared (see in this regard the following judgments: 2024-005590 of 09:20 hours on March 1, 2024, 2024-013992 of 09:15 hours on May 24, 2024, 2024-015788 of 09:30 hours on June 7, 2024, 2024-017183 of 09:20 hours on June 21, 2024).

By virtue of the foregoing, I partially dissent in the terms indicated herein.

XXXII.- Documentation provided to the file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted, only with respect to: a) the blocking of the protected party's user on the official page of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo; and b) the rationing of the potable water supply in the locality. Johnny Aguilar Artavia, in his capacity as President and Legal Representative of the Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras Ciudadela Quince de Setiembre (Hatillo), or whoever serves as such in his place, is ordered to arrange what is pertinent and coordinate what is necessary so that: a) IMMEDIATELY, the protected party's access to the entity's official Facebook page is unblocked; and b) within the maximum period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the rules of interaction for all its users are established and made public on the entity's Facebook profile, as well as the consequences of their disrespect (respecting the principle of graduality). María Alejandra Mora Segura, in her capacity as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), or whoever occupies that position in her place, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her powers, so that within a MAXIMUM PERIOD OF 18 MONTHS, counted from the notification of this ruling, the measures required are implemented so that the supply of potable water to the population of Hatillo is provided in an efficient, effective, and continuous manner. All the foregoing is ordered with the warning that, based on Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on those who receive an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and do not comply with it or do not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de Ciudadela Quince de Setiembre Hatillo is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment in the civil jurisdiction. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Whoever holds the position of Regulador General of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), take note of what is indicated in considerando XXVI of this judgment. Notify the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), for what is within its purview. In all other respects, the appeal is declared without merit. Magistrate Garro Vargas dissents and declares the appeal partially granted. Notify.-