Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”.
Si bien los casos ambientales pueden presentar una naturaleza compleja y, consecuentemente, requerir de un amplio contradictorio, lo cierto es que resulta irrazonable someter a las partes interesadas a un plazo de espera tan extenso para su resolución, lo que lesiona su derecho a una justicia pronta y cumplida, máxime que no se tiene, siquiera, un plazo aproximado para la resolución final del proceso.”
English (translation)“In the Chamber’s opinion, the lack of procedural impetus by the Environmental Administrative Tribunal has produced an undue delay or unjustified tardiness that has violated the fundamental right to a prompt and complete administrative procedure. Article 110 of the Organic Environmental Law enshrines the principle of celerity in the handling of administrative procedures related to environmental complaints, expressly providing that: ‘Ex officio, the Environmental Administrative Tribunal shall give impetus to the proceeding and the processing of matters under its jurisdiction, with the speed required by the affected situation. The decision shall be issued within a term not exceeding thirty days; in special cases, the period may be extended for up to an additional thirty days. The administration is obliged to provide a prompt and complete response.’
Although environmental cases may be complex in nature and consequently require an extensive adversarial process, it is unreasonable to subject the interested parties to such a long waiting period for their resolution, which harms their right to prompt and complete justice, especially when there is not even an approximate deadline for the final resolution of the proceeding.”
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 28024 - 2024 Fecha de la Resolución: 27 de Setiembre del 2024 a las 09:20 Expediente: 23-016628-0007-CO Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: DAÑO AMBIENTAL. Tema: PROPIEDAD Subtemas: DAÑOS. 028024-24. AMBIENTE. PROPIEDAD. SE ACUSA QUE, DESDE EL 2018, PLANTÓ UNA QUEJA ANTE EL RECURRIDO, PORQUE UN VECINO DE TARRAZÚ, CAMBIÓ EL CURSO DE UNA QUEBRADA, AFECTANDO VARIAS PROPIEDADES. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A AL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, QUE LLEVE A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y COORDINE LO NECESARIO PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES, SE RESUELVA DE FORMA DEFINITIVA LA DENUNCIA AMBIENTAL Y SE NOTIFIQUE LO RESUELTO. VCG10/2024 “(…) VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude ante esta Sala, ya que desde el año 2018 presentó una denuncia por la desviación de una quebrada, lo cual afectó su propiedad. No obstante, a la fecha no se ha resuelto el problema. Al respecto, según se desprende del informe rendido por las autoridades recurridas -que se tiene dado bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción-, la denuncia presentada por la recurrente actualmente es conocida y tramitada en el Tribunal Ambiental Administrativo. En dicha instancia, se asignó el expediente N° [Valor 002] y se han dictado una serie de resoluciones -apertura del proceso ordinario y señalamiento de la audiencia oral y pública-. De tal forma, en el caso concreto, se logra constatar la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. Nótese, que a la fecha de interposición de este recurso, habían transcurrido poco menos de cuatro años, sin que el Tribunal Ambiental Administrativo resolviera la denuncia en cuestión. Al conocer un caso análogo, esta Sala determinó, mediante la Sentencia N° 2016-002168 de las 09:15 horas del 12 de febrero de 2016, lo siguiente: “En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”. Si bien los casos ambientales pueden presentar una naturaleza compleja y, consecuentemente, requerir de un amplio contradictorio, lo cierto es que resulta irrazonable someter a las partes interesadas a un plazo de espera tan extenso para su resolución, lo que lesiona su derecho a una justicia pronta y cumplida, máxime que no se tiene, siquiera, un plazo aproximado para la resolución final del proceso. Por ende, el recurso debe ser acogido, según lo indicado en la parte dispositiva de esta Sentencia, en lo que al Tribunal Ambiental Administrativo se refiere. Por otro lado, del elenco de hechos probados, no se desprende alguna actuación u omisión, por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía o de la Municipalidad de Tarrazú, que resulten lesivas a derecho fundamental alguno, por lo que el recurso debe ser desestimado, en lo que a esas autoridades se refiere. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) V.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50, de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. (…)” VCG10/2024 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VCG10/2024 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 049- Jurisdicción Contencioso Administrativa Subtemas: NO APLICA. VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que la recurrente incoó una denuncia por la desviación de una quebrada que colinda con su inmueble, afectando su derecho a la propiedad, pero que no ha sido resuelta. VCG10/2024 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 23-016628-0007-CO Res. Nº 2024028024 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de setiembre de dos mil veinticuatro . Recurso de amparo que se tramita en el expediente N°23-016628-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINSITRATIVO Y OTROS. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido ante la Secretaría de la Sala a las 11:11 horas del 13 de julio de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Tarrazú y el Ministerio de Ambiente y Energía, y manifiesta que su propiedad colindaba con una quebrada en el año 2017, pero el ingeniero Carlos Elizondo Vargas cambió el curso de esa quebrada y, al hacerlo, se favoreció como un lote para la venta. Señala que por esa razón, interpuso la denuncia N°052-18, el 08 de noviembre de 2018, ante el Ministerio de Ambiente y Energía; sin embargo, no han resuelto nada. Narra que en el año 2022 el referido ingeniero Carlos Elizondo Vargas vendió ese lote a Hugo Corella quien, a sabiendas de la denuncia, contrató a un funcionario de la Municipalidad de Tarrazú, el ingeniero ambiental Miguel Gamboa, para la construcción de la vivienda en área protegida. Reclama que la municipalidad otorgó los permisos de construcción basándose en el plano emitido por Carlos Elizondo Vargas, con el cual modificó el curso natural de la quebrada, la cual desvió en un área de cuarenta metros de largo por ocho de ancho. Indica que entonces presentó ante la municipalidad una copia de la denuncia que antes había interpuesto ante el Ministerio de Ambiente y Energía, pero aún así, concluyeron las obras. Reclama que con esta construcción se han visto afectados por este nuevo vecino, porque nunca iban a tenerlo, debido a que colindaban con una quebrada. Solicita que se hagan valer las leyes para no verse afectados con el camino que fue abierto y la propiedad creada y vendida, dentro de un área protegida. 2.- Mediante resolución de las 11:14 horas del 14 de julio de 2023, la Presidencia de la Sala Constitucional previno a la parte recurrente aportar copias completas, legibles y con los respectivos comprobantes de recibido o envío de la denuncia formulada ante el Ministerio de Ambiente y Energía, así como cualquier resolución emitida para la resolución de la misma. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 14 de julio de 2023, la parte recurrente cumplió con la prevención realizada. 4.- Mediante la resolución de las 11:05 horas del 18 de julio de 2023, se dio curso al proceso y se concedió audiencia al integrante del Tribunal Ambiental Administrativo que tramita el expediente N°[Valor 002] o, en su defecto, al Presidente de ese Tribunal, así como a la Coordinadora de la Unidad Hidrológica de Tárcoles de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, y al Alcalde y a la encargada del Departamento de Desarrollo de Control Urbano; ambos de la Municipalidad de Tarrazú, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 5.- Informa bajo juramento Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, que el 10 de septiembre de 2019, se recibió el traslado de denuncia por aparente desviación, obras en cauce y aprovechamiento contra el señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas, presentada por la recurrente, por lo que se designó el expediente N° [Valor 002]. Posteriormente, mediante la resolución de las 10:40 horas del 02 de junio de 2020, se declaró la apertura de un proceso ordinario administrativo y se señaló la audiencia oral y pública, pero posteriormente fue suspendida. Indica que mediante la resolución de las14:50 horas del 18 de julio de 2023, se modificó la imputación de cargos originalmente realizada. Considera que se han realizado todas las gestiones administrativas necesarias y correspondientes al procedimiento ordinario. Solicita se declare sin lugar el recurso. 6.- Informa bajo juramento Danny Olivares Rivera, en su condición de Coordinador a.i. de la Unidad Hidrológica de Tárcoles – Pacífico Central de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, que el 19 de septiembre de 2017, se recibió una denuncia presentada por Randall Durán Sánchez, por el desvío de una quebrada por parte del señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas. Señala que se procedió a realizar una inspección en el sitio, lo que generó el informe N°DA-UHTPCOSJ-0364-2019 de fecha 25 de febrero de 2019, el cual fue remitido como denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo el 10 de septiembre de 2019. Solicita se declare sin lugar el recurso. 7.- Informan bajo juramento Ana Lorena Rovira Gutiérrez y Lidy Andrea Gamboa Chacón, por su orden Alcaldesa y Coordinadora del Departamento de Desarrollo Urbano, ambas de la Municipalidad de Tarrazú, que el señor Hugo Corella Agüero solicitó un permiso de construcción para la propiedad que está a su nombre, la cual se encuentra debidamente catastrada. Explican que, para otorgar ese permiso, se analiza la información y descripción gráfica del plano de catastro. Posteriormente, se solicita el alineamiento de las áreas de protección forestal, por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, quien determina a partir de donde se puede construir. Aseguran desconocer de la desviación de la quebrada y de la existencia de una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Añaden que, tras tener conocimiento de la denuncia, se recibió una solicitud de permiso para construir un garaje y una tapia, el cual fue denegado con fundamento en la existencia de la denuncia ambiental. No obstante, esa construcción fue igualmente realizada, sin los permisos correspondientes, por lo que el municipio realizó la clausura de la obra. Solicitan se declare sin lugar el recurso, en lo que al municipio se refiere. 8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, CONSIDERANDO: I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la falta de resolución de una denuncia ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente acusa que desde el año 2018, planteó una denuncia ante las autoridades recurridas, ya que su vecino cambió el curso de una quebrada, afectando su propiedad. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta a su denuncia ni se ha dado una solución a los hechos denunciados. III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El 19 de septiembre de 2017, la Unidad Hidrológica de Tárcoles – Pacífico Central de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, recibió una denuncia por el desvío de una quebrada por parte del señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas). b) La Unidad Hidrológica de Tárcoles – Pacífico Central de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía realizó una inspección en el sitio denunciado y generó el informe N°DA-UHTPCOSJ-0364-2019 de fecha 25 de febrero de 2019, el cual fue remitido como denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo el 10 de septiembre de 2019 (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas). c) El Tribunal Ambiental Administrativo asignó el expediente N° [Valor 002] a la denuncia presentada (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas). d) El Tribunal Ambiental Administrativo, mediante la resolución N° [Valor 003] de las 10:40 horas del 02 de junio de 2020, dio apertura al proceso ordinario administrativo contra el señor Elizondo Vargas y fijó la celebración de una audiencia oral y pública para el 20 de junio de 2022 (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas). e) A través de la resolución N° [Valor 004] de las 08:45 horas del 20 de junio de 2022, el Tribunal Ambiental Administrativo dispuso la suspensión de la audiencia señalada (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas). f) Mediante la resolución N°1030-2023-TAA de las 14:50 horas del 18 de julio de 2024, el Tribunal Ambiental Administrativo acordó modificar la imputación de cargos realizada en la resolución N° [Valor 003] (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas). IV.- HECHOS NO PROBADOS. No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, de relevancia para la resolución de este asunto: a) Que el Tribunal Ambiental Administrativo haya atendido formalmente la denuncia interpuesta por la recurrente. b) Que la amparada haya interpuesto una formal denuncia ante la Municipalidad de Tarrazú. V.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50, de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que, tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude ante esta Sala, ya que desde el año 2018 presentó una denuncia por la desviación de una quebrada, lo cual afectó su propiedad. No obstante, a la fecha no se ha resuelto el problema. Al respecto, según se desprende del informe rendido por las autoridades recurridas -que se tiene dado bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción-, la denuncia presentada por la recurrente actualmente es conocida y tramitada en el Tribunal Ambiental Administrativo. En dicha instancia, se asignó el expediente N° [Valor 002] y se han dictado una serie de resoluciones -apertura del proceso ordinario y señalamiento de la audiencia oral y pública-. De tal forma, en el caso concreto, se logra constatar la lesión a los derechos fundamentales de la amparada. Nótese, que a la fecha de interposición de este recurso, habían transcurrido poco menos de cuatro años, sin que el Tribunal Ambiental Administrativo resolviera la denuncia en cuestión. Al conocer un caso análogo, esta Sala determinó, mediante la Sentencia N° 2016-002168 de las 09:15 horas del 12 de febrero de 2016, lo siguiente: “En criterio de la Sala, la falta de impulso procesal por parte del Tribunal Ambiental Administrativo ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que ha vulnerado el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. El artículo 110, de la Ley Orgánica del Ambiente, consagra el principio de celeridad en el trámite de los procedimientos administrativos relacionados con denuncias ambientales, al establecer, en forma expresa, lo siguiente: "De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada. El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida”. Si bien los casos ambientales pueden presentar una naturaleza compleja y, consecuentemente, requerir de un amplio contradictorio, lo cierto es que resulta irrazonable someter a las partes interesadas a un plazo de espera tan extenso para su resolución, lo que lesiona su derecho a una justicia pronta y cumplida, máxime que no se tiene, siquiera, un plazo aproximado para la resolución final del proceso. Por ende, el recurso debe ser acogido, según lo indicado en la parte dispositiva de esta Sentencia, en lo que al Tribunal Ambiental Administrativo se refiere. Por otro lado, del elenco de hechos probados, no se desprende alguna actuación u omisión, por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía o de la Municipalidad de Tarrazú, que resulten lesivas a derecho fundamental alguno, por lo que el recurso debe ser desestimado, en lo que a esas autoridades se refiere. VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que la recurrente incoó una denuncia por la desviación de una quebrada que colinda con su inmueble, afectando su derecho a la propiedad, pero que no ha sido resuelta. IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDEINTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Vicepresidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien en sus lugar ejerza el cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario para que, dentro del plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente N° [Valor 002] y se notifique lo resuelto. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado, de forma separada, ponen notas. En cuanto a la Municipalidad de Tarrazú y el Ministerio de Ambiente y Energía, se declara sin lugar el recurso.- Fernando Castillo V. Presidente Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Alexandra Alvarado P. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 32I47M6V5IV461 EXPEDIENTE N° 23-016628-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:20:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
SALA CONSTITUCIONAL Resolution No. 28024 - 2024 Date of Resolution: September 27, 2024, at 09:20 Docket: 23-016628-0007-CO Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado Type of matter: Amparo proceeding Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with separate note Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Strategic Themes: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics: ENVIRONMENTAL DAMAGE. Topic: PROPERTY Subtopics: DAMAGES. 028024-24. ENVIRONMENT. PROPERTY. IT IS ALLEGED THAT, SINCE 2018, A COMPLAINT WAS FILED BEFORE THE RECURRED PARTY BECAUSE A NEIGHBOR IN TARRAZÚ CHANGED THE COURSE OF A STREAM (QUEBRADA), AFFECTING SEVERAL PROPERTIES. THE RECURSO IS GRANTED. CONSEQUENTLY, THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO IS ORDERED TO CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF ITS COMPETENCIES AND COORDINATE WHATEVER IS NECESSARY SO THAT, WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS, THE ENVIRONMENTAL COMPLAINT IS DEFINITIVELY RESOLVED AND THE DECISION IS NOTIFIED. VCG10/2024 “(…) VI.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appealing party comes before this Chamber, since in 2018 she filed a complaint for the diversion of a stream (quebrada), which affected her property. However, to date the problem has not been resolved. In this regard, as is evident from the report rendered by the recurred authorities -which is given under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction-, the complaint filed by the appellant is currently known and processed in the Tribunal Ambiental Administrativo. In that instance, docket No. [Value 002] was assigned, and a series of resolutions have been issued -opening of the ordinary proceeding and scheduling of the oral and public hearing-. Thus, in the specific case, an injury to the fundamental rights of the protected party is verified. Note that, as of the date this recurso was filed, slightly less than four years had elapsed without the Tribunal Ambiental Administrativo resolving the complaint in question. When hearing an analogous case, this Chamber determined, through Judgment No. 2016-002168 of 09:15 hours on February 12, 2016, the following: “In the Chamber's opinion, the lack of procedural impetus by the Tribunal Ambiental Administrativo has produced an undue delay or unjustified postponement that has violated the fundamental right to a prompt and fulfilled administrative proceeding. Article 110 of the Ley Orgánica del Ambiente enshrines the principle of celerity in the processing of administrative proceedings related to environmental complaints, by expressly establishing the following: "Ex officio, the Tribunal Ambiental Administrativo must propel the proceeding and the processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a term not exceeding thirty days; in special cases, the term may be extended for up to thirty more days. The administration's obligation to provide a prompt and fulfilled response is established." Although environmental cases can be complex in nature and, consequently, require an extensive contradictory phase, the truth is that it is unreasonable to subject the interested parties to such an extensive waiting period for their resolution, which injures their right to prompt and fulfilled justice, especially since there is not even an approximate deadline for the final resolution of the process. Therefore, the recurso must be upheld, as indicated in the operative part of this Judgment, regarding the Tribunal Ambiental Administrativo. On the other hand, from the list of proven facts, no action or omission is evident on the part of the authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía or the Municipalidad de Tarrazú that is injurious to any fundamental right, so the recurso must be dismissed, regarding those authorities. (...)” ... See more Related Judgments Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 050- Environment Subtopics: NOT APPLICABLE. ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION “(…) V.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life of all, which necessitates the intervention of the Public Authorities on the factors that can alter its balance and hinder a person's development in a healthy environment. The State constitutes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment (medio ambiente) and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State, therefore, regarding environmental protection, the functions of stewardship (rectoría), control, and oversight of environmental matters correspond to the State, in charge of the various administrative agencies. (...)” VCG10/2024 ... See more Content of Interest: Type of content: Separate note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and fulfilled justice Subtopics: NOT APPLICABLE. VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Tribunals of the Contentious-Administrative jurisdiction and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo proceeding established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it corresponds, based on numeral 7 of its Law, to define exclusively its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of guarantee of amparo, in other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VCG10/2024 ... See more Content of Interest: Type of content: Separate note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 049- Contentious-Administrative Jurisdiction Subtopics: NOT APPLICABLE. VIII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criteria that if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the affected persons are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, where it is alleged that the appellant filed a complaint for the diversion of a stream (quebrada) that borders her property, affecting her right to property, but which has not been resolved. VCG10/2024 ... See more Text of the resolution Exp: 23-016628-0007-CO Res. No. 2024028024 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on September twenty-seventh, two thousand twenty-four. Amparo proceeding processed in docket No. 23-016628-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO AND OTHERS. WHEREAS: 1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 11:11 hours on July 13, 2023, the appealing party files an amparo proceeding against the Municipalidad de Tarrazú and the Ministerio de Ambiente y Energía, and states that her property bordered a stream (quebrada) in 2017, but engineer Carlos Elizondo Vargas changed the course of that stream and, in doing so, benefited himself with a lot for sale. She points out that for this reason, she filed complaint No. 052-18 on November 8, 2018, before the Ministerio de Ambiente y Energía; however, they have not resolved anything. She narrates that in 2022, the aforementioned engineer Carlos Elizondo Vargas sold that lot to Hugo Corella who, aware of the complaint, hired an official of the Municipalidad de Tarrazú, environmental engineer Miguel Gamboa, for the construction of the house in a protected area. She claims that the municipality granted the construction permits based on the plan issued by Carlos Elizondo Vargas, with which he modified the natural course of the stream (quebrada), which he diverted in an area of forty meters long by eight wide. She indicates that she then presented to the municipality a copy of the complaint she had previously filed before the Ministerio de Ambiente y Energía, but even so, they completed the works. She claims that with this construction they have been affected by this new neighbor, because they were never going to have one, since they bordered a stream (quebrada). She requests that the laws be enforced so as not to be affected by the road that was opened and the property created and sold, within a protected area. 2.- By resolution of 11:14 hours on July 14, 2023, the Presidency of the Sala Constitucional warned the appealing party to provide complete, legible copies with the respective proof of receipt or sending of the complaint filed before the Ministerio de Ambiente y Energía, as well as any resolution issued for its resolution. 3.- By brief incorporated into the digital docket on July 14, 2023, the appealing party complied with the warning made. 4.- By resolution of 11:05 hours on July 18, 2023, the process was given course and a hearing was granted to the member of the Tribunal Ambiental Administrativo who processes docket No. [Value 002] or, in his/her absence, to the President of that Tribunal, as well as to the Coordinator of the Tárcoles Hydrological Unit of the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía, and to the Mayor and the person in charge of the Urban Control Development Department; both of the Municipalidad de Tarrazú, regarding the facts alleged by the appealing party. 5.- Under oath, Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Vice President of the Tribunal Ambiental Administrativo, reports that on September 10, 2019, the transfer of the complaint for apparent diversion, works in the channel (cauce), and use against Mr. Carlos Eduardo Elizondo Vargas, filed by the appellant, was received, for which docket No. [Value 002] was assigned. Subsequently, by resolution of 10:40 hours on June 2, 2020, the opening of an ordinary administrative proceeding was declared and the oral and public hearing was scheduled, but it was later suspended. She indicates that by resolution of 14:50 hours on July 18, 2023, the imputation of charges originally made was modified. She considers that all necessary and corresponding administrative procedures for the ordinary proceeding have been carried out. She requests that the recurso be dismissed. 6.- Under oath, Danny Olivares Rivera, in his capacity as a.i. Coordinator of the Tárcoles Hydrological Unit – Central Pacific of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, reports that on September 19, 2017, a complaint filed by Randall Durán Sánchez was received, for the diversion of a stream (quebrada) by Mr. Carlos Eduardo Elizondo Vargas. He points out that an on-site inspection was carried out, which generated report No. DA-UHTPCOSJ-0364-2019 dated February 25, 2019, which was forwarded as a complaint to the Tribunal Ambiental Administrativo on September 10, 2019. He requests that the recurso be dismissed. 7.- Under oath, Ana Lorena Rovira Gutiérrez and Lidy Andrea Gamboa Chacón, respectively Mayor and Coordinator of the Urban Development Department, both of the Municipalidad de Tarrazú, report that Mr. Hugo Corella Agüero requested a construction permit for the property that is in his name, which is duly registered in the cadastre. They explain that, to grant that permit, the information and graphic description of the cadastre plan are analyzed. Subsequently, the alignment of forest protection areas is requested from the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, which determines from where construction can take place. They claim to be unaware of the diversion of the stream (quebrada) and the existence of a complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo. They add that, after becoming aware of the complaint, a permit request to build a garage and a wall was received, which was denied based on the existence of the environmental complaint. However, that construction was carried out anyway, without the corresponding permits, so the municipality ordered the closure of the work. They request that the recurso be dismissed, as far as the municipality is concerned. 8.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Magistrate Salazar Alvarado drafts; and, CONSIDERING: I.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction -with some exceptions- those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative proceedings, to resolve by final act an administrative proceeding -initiated ex officio or at the instance of a party- or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in the sub lite, an exception case is raised, as it concerns the lack of resolution of an environmental complaint. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- PURPOSE OF THE RECURSO. The appealing party alleges that since 2018, she filed a complaint before the recurred authorities, since her neighbor changed the course of a stream (quebrada), affecting her property. However, as of the date this recurso was filed, she has not received a response to her complaint nor has a solution been given to the reported facts. III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the recurred party has omitted to refer to them as provided in the initial order: a) On September 19, 2017, the Tárcoles Hydrological Unit – Central Pacific of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía received a complaint for the diversion of a stream (quebrada) by Mr. Carlos Eduardo Elizondo Vargas (see report rendered and evidence provided by the recurred authorities). b) The Tárcoles Hydrological Unit – Central Pacific of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía conducted an on-site inspection at the reported site and generated report No. DA-UHTPCOSJ-0364-2019 dated February 25, 2019, which was forwarded as a complaint to the Tribunal Ambiental Administrativo on September 10, 2019 (see report rendered and evidence provided by the recurred authorities). c) The Tribunal Ambiental Administrativo assigned docket No. [Value 002] to the complaint filed (see report rendered and evidence provided by the recurred authorities). d) The Tribunal Ambiental Administrativo, by resolution No. [Value 003] of 10:40 hours on June 2, 2020, opened the ordinary administrative proceeding against Mr. Elizondo Vargas and scheduled an oral and public hearing for June 20, 2022 (see report rendered and evidence provided by the recurred authorities). e) Through resolution No. [Value 004] of 08:45 hours on June 20, 2022, the Tribunal Ambiental Administrativo ordered the suspension of the scheduled hearing (see report rendered and evidence provided by the recurred authorities). f) By resolution No. 1030-2023-TAA of 14:50 hours on July 18, 2024, the Tribunal Ambiental Administrativo agreed to modify the imputation of charges made in resolution No. [Value 003] (see report rendered and evidence provided by the recurred authorities). IV.- UNPROVEN FACTS. The following facts, of relevance to the resolution of this matter, are not deemed duly proven: a) That the Tribunal Ambiental Administrativo has formally addressed the complaint filed by the appellant. b) That the protected party has filed a formal complaint before the Municipalidad de Tarrazú. V.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life of all, which necessitates the intervention of the Public Authorities on the factors that can alter its balance and hinder a person's development in a healthy environment. The State constitutes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment (medio ambiente) and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State, therefore, regarding environmental protection, the functions of stewardship (rectoría), control, and oversight of environmental matters correspond to the State, in charge of the various administrative agencies. VI.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appealing party comes before this Chamber, since in 2018 she filed a complaint for the diversion of a stream (quebrada), which affected her property. However, to date the problem has not been resolved. In this regard, as is evident from the report rendered by the recurred authorities -which is given under oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction-, the complaint filed by the appellant is currently known and processed in the Tribunal Ambiental Administrativo. In that instance, docket No. [Value 002] was assigned, and a series of resolutions have been issued -opening of the ordinary proceeding and scheduling of the oral and public hearing-. Thus, in the specific case, an injury to the fundamental rights of the protected party is verified. Note that, as of the date this recurso was filed, slightly less than four years had elapsed without the Tribunal Ambiental Administrativo resolving the complaint in question. When hearing an analogous case, this Chamber determined, through Judgment No. 2016-002168 of 09:15 hours on February 12, 2016, the following: “In the Chamber's opinion, the lack of procedural impetus by the Tribunal Ambiental Administrativo has produced an undue delay or unjustified postponement that has violated the fundamental right to a prompt and fulfilled administrative proceeding. Article 110 of the Ley Orgánica del Ambiente enshrines the principle of celerity in the processing of administrative proceedings related to environmental complaints, by expressly establishing the following: "Ex officio, the Tribunal Ambiental Administrativo must propel the proceeding and the processing of matters within its competence, with the speed required by the affected situation. The ruling must be issued within a term not exceeding thirty days; in special cases, the term may be extended for up to thirty more days. The administration's obligation to provide a prompt and fulfilled response is established." Although environmental cases can be complex in nature and, consequently, require an extensive contradictory phase, the truth is that it is unreasonable to subject the interested parties to such an extensive waiting period for their resolution, which injures their right to prompt and fulfilled justice, especially since there is not even an approximate deadline for the final resolution of the process. Therefore, the recurso must be upheld, as indicated in the operative part of this Judgment, regarding the Tribunal Ambiental Administrativo. On the other hand, from the list of proven facts, no action or omission is evident on the part of the authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía or the Municipalidad de Tarrazú that is injurious to any fundamental right, so the recurso must be dismissed, regarding those authorities. VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Tribunals of the Contentious-Administrative jurisdiction and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo proceeding established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it corresponds, based on numeral 7 of its Law, to define exclusively its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of guarantee of amparo, in other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VIII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criteria that if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the affected persons are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, where it is alleged that the appellant filed a complaint for the diversion of a stream (quebrada) that borders her property, affecting her right to property, but which has not been resolved. IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE DOCKET. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in an additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on Electronic Docket before the Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI. THEREFORE: The recurso is granted. Consequently, Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Vice President of the Tribunal Ambiental Administrativo, or whoever holds the position in her place, is ordered to carry out all actions within the scope of her competencies and coordinate whatever is necessary so that, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this Judgment, the environmental complaint processed under docket No. [Value 002] is definitively resolved and the decision is notified. The recurred parties are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or have it complied with, provided that the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrates Castillo Víquez and Salazar Alvarado, separately, add notes. As for the Municipalidad de Tarrazú and the Ministerio de Ambiente y Energía, the recurso is dismissed.- Fernando Castillo V. Presidente Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Alexandra Alvarado P. Jose Roberto Garita N. Digitally Signed Document -- Verification code -- 32I47M6V5IV461 DOCKET No. 23-016628-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Prohibited its reproduction and/or distribution for consideration. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:20:33. SCIJ of Hacienda SCIJ of the Procuraduría General de la República