Res. 29302-2024 Sala Constitucional — Amparo against environmental viability for Cartago HospitalAmparo contra viabilidad ambiental del Hospital de Cartago

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Sala Constitucional

Resolución Nº 29302 - 2024

Fecha de la Resolución: 04 de Octubre del 2024 a las 09:20

Expediente: 24-026682-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE N° 24-026682-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2024029302

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de octubre de dos mil veinticuatro .

  Recurso de amparo interpuesto por ALLAN FRANCISCO ASTORGA GATGENS, cédula de identidad 0302520451, ALLAN LOPEZ SABORIO, cédula de identidad 0103870660, MARIA ANGELA MATA GUEVARA, cédula de identidad 0302170492, WALTER KRISHNA MONTERO POHLY, cédula de identidad 0104040883, contra la   SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL. 

Resultando:

  1.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 24 de septiembre de 2024, los recurrentes interponen recurso de amparo contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y manifiestan que impugnan la resolución número 1668-2023-SETENA del 1 de noviembre de 2023, por el que se otorgó viabilidad ambiental al Proyecto Hospital Maximiliano Peralta de Cartago (expediente administrativo D1-0116-2019-SETENA). En primer lugar, indican que el proceso de evaluación de impacto ambiental realizado por SETNA y avalado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), no fue completo ni integral, por cuanto se dejaron por fuera elementos clave que eran trascendentales para la toma de decisión sobre la viabilidad ambiental del proyecto. En su criterio, SETENA realizó un proceso de estudio de impacto ambiental incompleto, por cuanto solamente consideró los argumentos técnicos que se presentaron en el expediente de su proyecto, y que en su totalidad estaban directamente orientados a justificar que se otorgara la viabilidad ambiental del proyecto en el sitio planteado en el Guarco. No obstante cuando se profundiza en el análisis de esos mismos argumentos, se puede comprobar que los mismos no son satisfactorios y que plantean serias dudas sobre la condición técnica apropiada o ideal del terreno. Afirman que en su calidad de geólogos y especialistas en neotectónica de fallas geológicas, geología ambiental, gestión preventiva del riesgo y sedimentología, presentaron argumentos técnicos de contrapeso que no fueron evaluados por completo y de forma objetiva, tanto por SETENA como por MINAE, en el recurso de apelación que fue presentado por ellos. En primer lugar, existe un problema grave con respecto a la ubicación de la finca, pues se encuentra dentro de una zona industrial de categoría tres que corresponde con las industrias más contaminantes y ambientalmente molestas. Indican que el propio  Ministerio de Salud se ha pronunciado al respecto, al mencionar que no es ambiental ni legalmente viable que un hospital como el de Cartago, se localice en una zona industrial como la de Coris, pues se contradice los lineamientos del a Organización Mundial de la Salud sobre Hospital Seguro y del mismo marco Sendai. Creen en un nuevo hospital debe ser localizado en el sitio más seguro y resiliente posible, de manera que en caso de un evento de emergencia, el nosocomio sea capaz de recibir pacientes heridos o afectados por una emergencia, y no lo contrario, pues en la zona en cuestión es común que se ordene la evacuación de los trabajadores del sector, por los problemas de contaminación. Por otra parte, no se tomó en cuenta que bajo la finca en cuestión se presenta la falla geológica de Agua Caliente, que fue la causante del terremoto de Cartago de 1910, la cual ha acumulado energía sísmica y tiene gran probabilidad de producir un nuevo terremoto en los próximos años, situación que generaría una afectación severa al hospital. A lo anterior, debe agregarse el hecho de que el subsuelo superior del terreno, por más de veinte metros de espesor, presenta material lodoso que tiene serias limitaciones para el desarrollo de una construcción pensada como la edificación que se pretende desarrollar. Esto generaría la necesidad de realizar una serie de obras y medidas técnicas adicionales que generarían un aumento sustancial del costo de la obra, con el agravante de que la edificación tendría problemas de humedad durante toda su vida útil, deteriorando la calidad del servicio que brinda el hospital. Por otra parte, argumentan que el terreno para el nuevo hospital de Cartago se encuentra dentro de la zona industrial del Guarco, por lo que tiene un serio problema de viabilidad urbanística ante el INVU y el Ministerio de Salud, contraviniendo el lineamiento de Hospital Seguro. Afirman que el terreno para el nuevo nosocomio se ubica en la zona industrial del Valle de Coris y no en la periferia, violentando lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento de Zonificación parcial de Áreas Industriales en la Gran Área Metropolitana. Esto fue constatado por la Dirección de Urbanismo del INVU en el oficio DUV-040-05-2023 del 16 de mayo de 2023. Asimismo, debe de tomarse en cuenta que el Reglamento de Zonas Industriales de la GAMA, el Valle de Coris es una Industria tipo Tres, que tiene como característica el que se permita un potencial riesgo de molestias o contaminación mayor que otras zonas. De esta forma, es claro que el nuevo hospital de Cartago no se localiza en la periferia de la zona industrial, sino en su interior, por lo que para dar el visto bueno para la ubicación dentro de ese espacio, se requería el desarrollo de un estudio técnico que lo justificara, por lo que se da un vicio de nulidad. Agregan que la Ministra de Salud ha expuesto en numerosas ocasiones una argumentación seria con respecto a las razones por las que el Ministerio de Salud no daría el visto bueno técnico para el terreno en el Guarco para el nuevo Hospital de Cartago, posición que consideran correcta, en el sentido de que dar un aval al terreno de El Guarco iría en contra de la normativa urbana que rige los usos de suelo para zonas industriales desde el año 1997. A su parecer, la SETENA tenía la posibilidad de solicitar al INVU y al Ministerio de Salud, de previo a otorgar la viabilidad ambiental al proyecto, las debidas aclaraciones sobre el cumplimiento de la normativa para el uso de suelo del terreno de la finca en el Guarco para el nuevo Hospital de Cartago, sin embargo, no lo hizo y otorgó la viabilidad ambiental en un terreno que no cumple con la normativa, conforme se ha explicado. Por otra parte, afirman que el nivel de aguas subterráneos muy somero (menos de dos metros), lo que implica un obstáculo muy significativo para una obra de infraestructura que ocupe construir sótanos y desarrollo de obras de subsuelo. Un nivel de aguas subterráneas muy somero, a pesar de que se realicen obras de impermeabilización, tiene el potencial a mediano y largo plazo, de generar significativos problemas de humedad que afecta, no solo las paredes, sino también las tuberías de las instalaciones eléctricas, afectando los equipos electrónicos del nosocomio. Agregan que el desarrollo de obras constructivas para impermeabilizar las bases de la estructura podría representar costos adicionales para la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que no garantizaría la total impermeabilidad de los edificios. Indican que además de la situación descrita, los primeros veinte metros del subsuelo superior son muy lodosos, lo que implica que los movimientos de tierra que se requieren hacer para instalar las bases del edificio serán muy complicados, dado que la profundidad de la excavación a realizar es mucho mayor que la profundidad a la que se encuentra el nivel de aguas subterráneas y, aunque se logre bombear el agua subterránea, dado que se trata de lodos con gran porcentaje de arcilla que retiene gran cantidad de agua, el movimiento de tierras se tendría que dar en una condición de muy alta humedad del terreno. Nuevamente esta condición técnica adversa se transformaría en mayor tiempo para la realización de la obra y, por ende, un aumento en los costos. Alegan que en su momento presentaron sus argumentos ante la SETENA, sin embargo, no fueron tomados en cuenta. Ante ello impugnaron ante el Ministro de Ambiente y Energía, sin embargo, tampoco obtuvieron una respuesta positivas a sus pretensiones. Aducen que no tienen ningún interés político o económico para interponer este amparo, sino que buscan que el Hospital de Cartago se ubique en un terreno que cumpla con los requerimientos necesarios. Por lo expuesto, piden que se acoja el amparo y se anule la viabilidad ambiental otorgada.

 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

    I.- En el caso concreto, la pretensión de los recurrentes es que esta Sala anule la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA al proyecto para la construcción del nuevo hospital de Cartago, pues afirma que el terreno donde se pretende desarrollar esa obra no solo se ubica en una zona en la que no es posible realizar ese tipo de construcciones, sino porque, además, el terreno en sí no cumple con las condiciones necesarias para llevar a cabo la construcción de esa infraestructura, sin que implique un aumento sustancial del costo de las obras. Ahora bien, al conocer un asunto similar, esta Sala dispuso en el voto número 2023-9347 de las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, lo siguiente:

“I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que en el distrito La Asunción, existe el inmueble conocido como finca La Negra, la cual, junto con otras propiedades aledañas, conforman un territorio de más de 5 hectáreas que posee gran riqueza hidrogeológica, edafológica, florística y de más elementos del patrimonio natural y cultural. Acota que hace aproximadamente 8 años, viene dándose una presión por transformar el paisaje natural dominante del lugar y asentar proyectos urbanísticos de alta densidad, que son incompatibles con el uso de suelo actual. Enuncia que a los proyectos tramitados en los expedientes No. D2-13751-2014-SETENA y No. D1-17420-2016-SETENA se les otorgó las respectivas viabilidades ambientales; no obstante, ya están vencidas y pese a que no fueron iniciadas las obras, aún no se ha contemplado el cierre administrativo correspondiente. Expresa que en el proyecto “Condominio el Camino” se detectaron diversas inconsistencias que han ocasionado amenazas ambientales e impactos negativos. Reclama que la SETENA y la parte desarrolladora omitieron garantizar la participación ciudadana, por tratarse de temas ambientales. En cuanto al proyecto “Condominio Mixto Residencia Lagos de Belén”, alega que falta todavía el pronunciamiento final del Concejo, que resulta necesario para ese tipo de asuntos. Adiciona que es el proyecto de mayores riesgos contra el ambiente y contempla como área una nueva finca 4.5 hectáreas, conformada por la unificación de finca La Negra y otras aledañas, que hace algunos fueron parcialmente determinados como área de media vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Relata que ni la Municipalidad de Belén ni la SETENA exigieron estudios de impacto vial. Apunta que con el desarrollo de los proyectos referidos en el apartado anterior, existe una inminente amenaza de alto impacto ambiental al sistema de agua potable de La Asunción. Arguye que el Plan Regulador del cantón de Belén es un instrumento de planificación que se considera viejo y no ha sido actualizado, en consecuencia adolece de la incorporación de la variable ambiental. Solicita que se declare con lugar el recurso, se anule la viabilidad ambiental otorgada mediante resolución No. 161-2022-SETENA y se paralice toda construcción en el lugar. Pide que se revoquen los certificados de uso de suelo, disponibilidades de agua potable y todo permiso de construcción u otras aprobaciones parciales a nivel municipal en lo concerniente a los proyectos aludidos y se suspenda todo tipo de permiso de construcción hasta que se actualice y entre en vigencia un nuevo plan regulador. Requiere que se ordene la conformación de una comisión técnica imparcial que evalúe los daños ambientales en el sitio del proyecto Condominio Residencial el Camino.

II.- SOBRE LA INTERVENCIÓN DE ESTA SALA EN MATERIA AMBIENTAL. Respecto al tema de la tutela a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esta Sala mediante sentencia No. 2022017490 de las 11:10 horas del 26 de julio de 2022, consideró, en lo que interesa:

“(…) II.- DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO Y COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia n.°2021-007464, este Tribunal resolvió lo siguiente:

“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (véase Sentencia No. 1998-0180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país”. (Lo destacado no corresponde al original)”.

Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Esta norma que establece al efecto:

"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes".

Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

En esa línea considera esta Sala que la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el ordenamiento jurídico costarricense está prevista no solo en el artículo 50 de la Constitución Política –como ya se ha dicho– sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995, la Ley de Biodiversidad, la Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992 y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos ejemplos.

Esto hace necesario distinguir en materia ambiental cuándo procede ejercer por parte de la Sala la garantía de tal derecho y cuándo el asunto, pese a referirse a dicha materia, debe ser conocido por el juez ordinario para ejercer el control de legalidad que le es propio.

Así, en principio, el incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental, aunque de suyo tenga palmarias y serias repercusiones, es propio de ser conocido en la vía de legalidad —administrativa o jurisdiccional—.

Por otro lado, históricamente esta Sala ha sostenido la línea jurisprudencial de que “el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario porque tiene como única finalidad brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas” (entre muchos otros se pueden consultar los votos números 2003-14336, 2006-014421 y 2020-019038).

Es esa dirección, es criterio de la mayoría que, por vía de amparo, debe entenderse que en términos generales esta Sala debe conocer de los recursos de amparo en los que se alega la lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, siempre que los cuestionamientos y denuncias, por su complejidad, no rebasen la naturaleza sumaria del recurso de amparo. Por el contrario, resulta más garantista para todas las partes, e incluso para la tutela efectiva del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la protección de los recursos naturales, residenciar el conflicto en una vía ordinaria, de conocimiento plenario, en la que con más oportunidades procesales se pueda examinar la prueba y contrastar los agravios, en definitiva, para juzgar con detalle la regularidad de la conducta omisiva y/o activa de las administraciones públicas competentes en la atención y resolución del conflicto ambiental denunciado.

Además, debe darse otra condición: que la Administración no haya intervenido (ver voto n.°2022-009857). En efecto, cuando un ente u órgano público ha intervenido en diversas formas o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, particularmente si es de complejidad, el conocimiento y fiscalización de esa actividad corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Precisamente, es la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía de legalidad. En efecto, se insiste, si ya habido una conducta de la Administración que luego de un procedimiento administrativo ha otorgado derechos subjetivos, ha establecido sanciones o ha dictado una ruta para solventar la problemática denunciada, todo lo anterior sobre la base de la aplicación de normativa legal o infralegal, entonces correspondería a los jueces de lo contencioso-administrativo velar por la legalidad de tales actos administrativos. En este sentido, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se determinó que la jurisdicción contencioso-administrativa posee amplias competencias para conocer de agravios como los que se cuestionan en el sub lite. A tales efectos, este Tribunal ha reiterado lo siguiente:

“[A]nte la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o ‘amparo de legalidad’, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio”. (Ver, por ejemplo, las sentencias números 2010-17909, 2020-011247 y 2022-003724).

En contraposición a lo dicho sobre esa jurisdicción, la ausencia en un recurso de amparo constitucional de una fase probatoria plenaria que facilite la inmediación y el contradictorio de la prueba imponen necesariamente que, en aras de una adecuada y prudente protección del derecho, se recurra a la vía ordinaria para conocer conflictos medio ambientales de suyo complejos como el que se plantea en el caso concreto. De lo contrario, implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento sumario de tutela de los derechos fundamentales.

Tales consideraciones resultan aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dichas sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada.

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Vistas las consideraciones vertidas en la sentencia parcialmente transcrita, a esta Sala no le corresponde usurpar las atribuciones de la SETENA, ni fungir como órgano de alzada de esta, a efectos de analizar si los alcances de la viabilidad ambiental otorgada a los proyectos en cuestión, mediante resolución No. 161-2022-SETENA, se ajustaron o no a lo dispuesto en la normativa infraconstitucional aplicable y con base en ello disponer la suspensión de la actividad constructiva en el lugar, toda vez que ello debe ser dirimido en la vía común.

Asimismo, debe tener presente el accionante que la Sala Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones que emita la municipalidad recurrida en el tema de la regulación urbana y constructiva ni puede reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias. En ese sentido, no le atañe a este Tribunal analizar si los permisos municipales otorgados para el desarrollo de los proyectos en discusión, se ajustaron o no a lo dispuesto en la normativa legal vigente y menos aún disponer la revocatoria de esas autorizaciones. Aunado a lo anterior, excede el ámbito de competencia de esta jurisdicción especializada dilucidar si para tales efectos debió considerarse el programa PRUGAM, debido a la desactualización del plan regulador del cantón de Belén, pues ello se refiere a cuestiones de legalidad ordinaria”.

 II.- Lo dicho en el precedente de cita, resulta plenamente aplicable al caso en estudio, pues no le corresponde a esta Sala determinar la procedencia de la viabilidad ambiental otorgada por SETENA al nuevo hospital de Cartago, o si debían tomarse en cuenta las observaciones que los recurrentes hicieran en su momento ante dicha institución y el Ministro de Ambiente y Energía, en el recurso de apelación que interpusieran ante ese funcionario. Lo anterior, por cuanto ello implica un análisis de naturaleza técnica que es ajeno de competencias de esta jurisdicción, y que por ende deben ser planteados y resueltos en la vía ordinaria. A lo anterior, debe agregarse el hecho de que para analizar adecuadamente los argumentos planteados, sería necesario realizar una serie de diligencias que excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo, proceso en que no es material ni razonablemente posible entrar a un complicado sistema probatorio, como se requería para resolver los planteamientos que se presentan en el libelo de interposición. Así, por lo expuesto, el recurso debe ser rechazado.

 III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI

Por tanto:

   Se rechaza de plano el recurso.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alejandro Delgado F.




Alexandra Alvarado P.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 EUS43JSJ47BXQ61

EXPEDIENTE N° 24-026682-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 09:41:06.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE N° 24-026682-0007-CO

PROCEEDING: AMPARO ACTION

RESOLUTION Nº 2024029302

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes of October fourth, two thousand twenty-four.

Amparo action filed by ALLAN FRANCISCO ASTORGA GATGENS, identity card 0302520451, ALLAN LOPEZ SABORIO, identity card 0103870660, MARIA ANGELA MATA GUEVARA, identity card 0302170492, WALTER KRISHNA MONTERO POHLY, identity card 0104040883, against the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT.

Whereas:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on September 24, 2024, the petitioners file an amparo action against the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), and state that they challenge resolution number 1668-2023-SETENA of November 1, 2023, by which environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the Maximiliano Peralta de Cartago Hospital Project (administrative file D1-0116-2019-SETENA). In the first place, they indicate that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process carried out by SETENA and endorsed by the Ministry of Environment and Energy (MINAE), was not complete or comprehensive, since key elements that were transcendental for the decision-making on the environmental viability of the project were left out. In their opinion, SETENA carried out an incomplete environmental impact study (estudio de impacto ambiental) process, since it only considered the technical arguments that were presented in the project file, and which in their entirety were directly aimed at justifying the granting of environmental viability for the project at the proposed site in El Guarco. However, when the analysis of those same arguments is deepened, it can be proven that they are not satisfactory and that they raise serious doubts about the appropriate or ideal technical condition of the land. They affirm that in their capacity as geologists and specialists in neotectonics of geological faults, environmental geology, preventive risk management, and sedimentology, they presented counterweight technical arguments that were not completely and objectively evaluated, both by SETENA and by MINAE, in the appeal that was filed by them. In the first place, there is a serious problem regarding the location of the property, since it is located within a category-three industrial zone that corresponds to the most polluting and environmentally annoying industries. They indicate that the Ministry of Health itself has pronounced on the matter, mentioning that it is not environmentally or legally viable for a hospital such as that of Cartago to be located in an industrial zone such as Coris, since it contradicts the guidelines of the World Health Organization on Safe Hospitals and the Sendai framework itself. They believe that a new hospital must be located in the safest and most resilient site possible, so that in case of an emergency event, the hospital (nosocomio) is capable of receiving injured patients or those affected by an emergency, and not the opposite, since in the zone in question it is common that the evacuation of workers in the sector is ordered, due to pollution problems. On the other hand, it was not taken into account that under the property in question lies the Agua Caliente geological fault, which was the cause of the 1910 Cartago earthquake, which has accumulated seismic energy and has a high probability of producing a new earthquake in the coming years, a situation that would generate severe affectation to the hospital. To the foregoing, the fact must be added that the upper subsoil of the land, for more than twenty meters in thickness, presents muddy material that has serious limitations for the development of a construction intended as the building that is planned to be developed. This would generate the need to carry out a series of additional works and technical measures that would generate a substantial increase in the cost of the work, with the aggravation that the building would have humidity problems throughout its useful life, deteriorating the quality of the service provided by the hospital. On the other hand, they argue that the land for the new Cartago hospital is within the El Guarco industrial zone, so it has a serious urban viability problem before the INVU and the Ministry of Health, contravening the Safe Hospital guideline. They affirm that the land for the new hospital (nosocomio) is located in the industrial zone of the Coris Valley and not on the periphery, violating the provisions of Article 5 of the Partial Zoning Regulation for Industrial Areas in the Greater Metropolitan Area. This was confirmed by the Urban Planning Directorate of the INVU in official letter DUV-040-05-2023 of May 16, 2023. Likewise, it must be taken into account that under the GAMA Industrial Zones Regulation, the Coris Valley is a Type Three Industry, which has as a characteristic that a potential risk of annoyance or pollution greater than other zones is permitted. In this way, it is clear that the new Cartago hospital is not located on the periphery of the industrial zone, but inside it, so for granting approval for the location within that space, the development of a technical study that justified it was required, thus there is a nullity defect (vicio de nulidad). They add that the Minister of Health has on numerous occasions presented a serious argumentation regarding the reasons why the Ministry of Health would not grant technical approval for the land in El Guarco for the new Cartago Hospital, a position they consider correct, in the sense that granting an endorsement to the El Guarco land would go against the urban regulations governing land uses for industrial zones since 1997. In their view, SETENA had the possibility of requesting from the INVU and the Ministry of Health, prior to granting environmental viability to the project, the due clarifications on compliance with the regulations for the land use (uso de suelo) of the property in El Guarco for the new Cartago Hospital, however, it did not do so and granted environmental viability on a land that does not comply with the regulations, as has been explained. On the other hand, they affirm that the very shallow groundwater level (less than two meters), which implies a very significant obstacle for an infrastructure work that involves building basements and developing subsoil works. A very shallow groundwater level, despite waterproofing works being carried out, has the potential in the medium and long term to generate significant humidity problems that affect not only the walls, but also the pipes of the electrical installations, affecting the electronic equipment of the hospital (nosocomio). They add that the development of construction works to waterproof the bases of the structure could represent additional costs for the Costa Rican Social Security Fund, which would not guarantee the total impermeability of the buildings. They indicate that in addition to the described situation, the first twenty meters of the upper subsoil are very muddy, which implies that the earthworks (movimientos de tierra) required to install the bases of the building will be very complicated, given that the depth of the excavation to be carried out is much greater than the depth at which the groundwater level is found and, even if the groundwater is pumped out, given that it involves mud with a large percentage of clay that retains a large amount of water, the earthworks would have to take place in a condition of very high ground humidity. Again, this adverse technical condition would translate into a longer time to carry out the work and, therefore, an increase in costs. They allege that at the time they presented their arguments before SETENA, however, they were not taken into account. Before that, they challenged before the Minister of Environment and Energy, however, they also did not obtain a positive response to their claims. They argue that they have no political or economic interest in filing this amparo, but rather they seek that the Cartago Hospital be located on a land that meets the necessary requirements. For the foregoing, they request that the amparo be granted and the environmental viability granted be annulled.

2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted to its knowledge that proves to be manifestly inappropriate, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- In the specific case, the claim of the petitioners is that this Chamber annul the environmental viability granted by SETENA to the project for the construction of the new Cartago hospital, since they affirm that the land where it is intended to develop that work is not only located in an area where it is not possible to carry out that type of construction, but also because, additionally, the land itself does not meet the necessary conditions to carry out the construction of that infrastructure, without implying a substantial increase in the cost of the works. Now then, upon hearing a similar matter, this Chamber ordered in vote number 2023-9347 of nine hours and thirty minutes of April twenty-fifth, two thousand twenty-three, the following:

"I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner states that in the La Asunción district, there exists the property known as finca La Negra, which, together with other neighboring properties, make up a territory of more than 5 hectares that possesses great hydrogeological, edaphological, floristic wealth and other elements of natural and cultural heritage. He notes that approximately 8 years ago, there has been pressure to transform the dominant natural landscape of the place and settle high-density urban projects, which are incompatible with the current land use. He states that the projects processed in files No. D2-13751-2014-SETENA and No. D1-17420-2016-SETENA were granted the respective environmental viabilities; however, they are already expired and although the works were not started, the corresponding administrative closure has not yet been contemplated. He expresses that in the 'Condominio el Camino' project, various inconsistencies were detected that have caused environmental threats and negative impacts. He claims that SETENA and the developer omitted to guarantee citizen participation, as it involves environmental matters. Regarding the 'Condominio Mixto Residencia Lagos de Belén' project, he alleges that the final pronouncement of the Council, which is necessary for these types of matters, is still missing. He adds that it is the project of greatest risks against the environment and contemplates as an area a new 4.5-hectare property, formed by the unification of finca La Negra and other neighboring ones, which some time ago were partially determined as an area of medium vulnerability to aquifer contamination. He relates that neither the Municipality of Belén nor SETENA demanded road impact studies. He points out that with the development of the projects referred to in the previous section, there is an imminent threat of high environmental impact to the drinking water system of La Asunción. He argues that the Regulatory Plan of the canton of Belén is a planning instrument that is considered old and has not been updated, consequently it suffers from the incorporation of the environmental variable. He requests that the action be declared with merit, the environmental viability granted through resolution No. 161-2022-SETENA be annulled, and all construction in the place be paralyzed. He requests that the certificates of land use, drinking water availabilities, and all construction permits or other partial approvals at the municipal level be revoked concerning the alluded projects and that all types of construction permits be suspended until a new regulatory plan is updated and comes into effect. He requires that the formation of an impartial technical commission be ordered to evaluate the environmental damages at the site of the Condominio Residencial el Camino project.

II.- ON THE INTERVENTION OF THIS CHAMBER IN ENVIRONMENTAL MATTERS. Regarding the issue of the protection of a healthy and ecologically balanced environment, this Chamber, through judgment No. 2022017490 of 11:10 hours of July 26, 2022, considered, in what is of interest:

"(...) II.- RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT AND COMPETENCE OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER.

It must be indicated, in the first place, that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73 and 89, of the Political Constitution), as well as through the international regulations applicable in Costa Rica. In this sense, in judgment n.°2021-007464, this Court resolved the following:

'On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of that right requires that resources be used in a rational manner, and that it is the State's responsibility to protect the environment, according to the precautionary principle that governs in environmental matters. This principle obliges the State to arrange everything that is necessary, within the scope permitted by law, in order to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the propitious social conditions so that each person can enjoy their health, understood this right as a situation of physical, psychic (or mental) and social well-being (see Judgment No. 1998-0180 of 16:24 hours of January 13, 1998). The objective obligation of the State in matters of environmental protection does not inescapably entail a subjective right of persons to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that those suitable in protection of that right be adopted, in the face of openly negligent attitudes of public authorities, or of physical and legal persons. In this way, the State acquires the obligation to regulate the areas of social life from which dangers may arise for the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as those that violate the environment, which it can do through laws, regulations, agreements or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo action, a specific type of prestational activity by the State in compliance with its duty to protect life, health or the right to the environment for the benefit of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of persons. From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inertia of the State, through its competent bodies, in addressing the demands that the inhabitants of the country make in the exercise of their rights'. (The highlighting does not correspond to the original)."

Likewise, from Article 50 of the Political Constitution derives the obligation of the State to protect the environment. This norm establishes to that effect:

'The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are empowered to report the acts that infringe that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.'

Which corroborates that the various public authorities have the inescapable duty to preserve, defend and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment.

In that line, this Chamber considers that the protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican legal system is provided not only in Article 50 of the Political Constitution —as has already been said— but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of October 4, 1995, the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998, the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992 and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to cite just a few examples.

This makes it necessary to distinguish in environmental matters when it is appropriate for the Chamber to exercise the guarantee of such right and when the matter, despite referring to said matter, must be heard by the ordinary judge to exercise the legality control that is proper to it.

Thus, in principle, the non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters, even if it has obvious and serious repercussions, is proper to be heard in the legality venue —administrative or jurisdictional—.

On the other hand, historically this Chamber has maintained the jurisprudential line that 'the amparo process is of an eminently summary nature because its sole purpose is to provide timely protection against violations or imminent threats to fundamental rights and freedoms, so its processing does not lend itself well to the practice of slow and complex evidentiary proceedings' (among many others, votes numbers 2003-14336, 2006-014421 and 2020-019038 can be consulted).

In that direction, it is the criterion of the majority that, through amparo, it must be understood that in general terms this Chamber must hear amparo actions in which the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, provided that the questions and complaints, due to their complexity, do not exceed the summary nature of the amparo action. On the contrary, it is more protective for all parties, and even for the effective protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment and the protection of natural resources, to settle the conflict in an ordinary venue, of full knowledge, in which with more procedural opportunities the evidence can be examined and the grievances contrasted, in short, to judge in detail the regularity of the omissive and/or active conduct of the competent public administrations in the attention and resolution of the reported environmental conflict.

Furthermore, another condition must exist: that the Administration has not intervened (see vote n.°2022-009857). Indeed, when an entity or public body has intervened in various forms or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, particularly if it is complex, the knowledge and oversight of that activity corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. Precisely, it is the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter is the competence of the legality venue. Indeed, it is insisted, if there has already been a conduct of the Administration that after an administrative procedure has granted subjective rights, has established sanctions or has dictated a route to solve the reported problem, all of the above on the basis of the application of legal or infra-legal regulations, then it would correspond to the contentious-administrative judges to ensure the legality of such administrative acts. In this sense, from the entry into force of the Contentious-Administrative Procedural Code, it was determined that the contentious-administrative jurisdiction possesses broad powers to hear grievances such as those questioned in the sub lite. To these effects, this Court has reiterated the following:

'[W]ith the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that now the litigants have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and speedy due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of the deadlines for carrying out the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of deducible claims, orality —and its subprinciples of concentration, immediacy and speed—, the single instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing process or 'amparo of legality', the pure law processes, the new enforcement measures (coercive fines, substitutive or commissarial enforcement, seizure of property of the fiscal domain and some of the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest purpose and intention of achieving procedural economy, speed, promptness and the effective or fulfilled protection of the substantial legal situations of the administered, all with the guarantee of fundamental basic rights such as due process, defense and adversarial proceedings.' (See, for example, judgments numbers 2010-17909, 2020-011247 and 2022-003724).

In contrast to what has been said about that jurisdiction, the absence in a constitutional amparo action of a plenary evidentiary phase that facilitates the immediacy and the adversarial testing of the evidence necessarily requires that, for the sake of adequate and prudent protection of the right, the ordinary venue be used to hear environmental conflicts that are themselves complex, such as the one raised in the specific case. Otherwise, it would imply transforming the amparo into an ordinary process of full knowledge, which would denature it and make nugatory the purposes for which it has been designed, whereby it would lose its condition as a summary instrument for the protection of fundamental rights.

Such considerations are applicable to the case under study, since this Tribunal does not find reasons to vary the criterion expressed in said judgments, nor grounds that would lead it to assess the situation raised differently.

III.- ON THE SPECIFIC CASE. In view of the considerations expressed in the partially transcribed judgment, it is not for this Chamber to usurp the attributions of SETENA, nor to act as an appellate body thereof, for the purposes of analyzing whether the scope of the environmental viability granted to the projects in question, through resolution No. 161-2022-SETENA, complied or not with the provisions of the applicable infra-constitutional regulations and based on that to order the suspension of the construction activity in the place, since this must be resolved in the common venue.

Likewise, the petitioner must keep in mind that the Constitutional Chamber is not a comptroller of the legality of the actions or resolutions issued by the respondent municipality in the matter of urban and construction regulation, nor can it replace the active Administration in the management of its powers. In that sense, it is not for this Tribunal to analyze whether the municipal permits granted for the development of the projects in discussion complied or not with the provisions of the legal regulations in force, and even less to order the revocation of those authorizations. In addition to the foregoing, it exceeds the scope of competence of this specialized jurisdiction to elucidate whether for such purposes the PRUGAM program should have been considered, due to the outdatedness of the regulatory plan of the canton of Belén, since that refers to matters of ordinary legality."

II.- What was stated in the cited precedent is fully applicable to the case under study, since it is not for this Chamber to determine the appropriateness of the environmental viability granted by SETENA to the new Cartago hospital, or whether the observations that the petitioners made at the time before said institution and the Minister of Environment and Energy, in the appeal they filed before that official, should have been taken into account. The foregoing, because this implies an analysis of a technical nature that is beyond the competence of this jurisdiction, and that therefore must be raised and resolved in the ordinary venue. To the foregoing, the fact must be added that in order to adequately analyze the arguments raised, it would be necessary to carry out a series of proceedings that exceed the summary nature of the amparo action, a process in which it is not materially or reasonably possible to enter into a complicated evidentiary system, as would be required to resolve the claims that are presented in the filing brief. Thus, for the foregoing, the action must be rejected.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. Parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The action is rejected outright.

Fernando Castillo V.

President

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

Alexandra Alvarado P.

Rosibel Jara V.

Digitally Signed Document

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*EUS43JSJ47BXQ61*

EXPEDIENTE N° 24-026682-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters of vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-29-2026 09:41:06.

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