Res. 31515-2024 Sala Constitucional — Enforcement of Maritime Zone Concession Cancellation and Gates Blocking Public RoadsEjecución de cancelación de concesión en zona marítimo terrestre y portones que obstruyen vía pública

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Sala Constitucional

Resolución Nº 31515 - 2024

Fecha de la Resolución: 25 de Octubre del 2024 a las 09:20

Expediente: 24-024092-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
PLAN REGULADOR.
DENUNCIA.

Tema: LIBERTAD DE TRÁNSITO

Subtemas:

BLOQUEO VIA PUBLICA.

031515-24. MUNICIPALIDAD. LIBERTAD DE TRÁNSITO. VECINOS ACUSAN QUE LA MUNICIPALIDAD NO HA RESUELTO, DENUNCIA SOBRE VARIAS CONSTRUCCIONES EN UN AREA PROTEGIDA Y COLOCACIÓN DE PORTONES HECHA POR UNA EMPRESA PRIVADA EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, EN SANTA TERESA. EN CUANTO A LA CANCELACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA EMPRESA, ES UN ASUNTO DE LEGALIDAD. POR OTRO LADO SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD, DEFINIR, EN EL PLAZO DE DOS MESES, SI LOS PORTONES SE ENCUENTRAN O NO EN VÍA PÚBLICA. VCG11/2024

IV.- SOBRE EL ACUERDO DE CANCELACIÓN DE LA CONCESIÓN OTORGADA A COLEMU S.A. Como primer aspecto y punto medular de este proceso de amparo, el recurrente señala que acude a esta Sala en virtud que las autoridades del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, a la fecha, luego de varios años transcurridos, han omitido ejecutar el acuerdo tomado en la sesión No. 185-2019, artículo VII, inciso b), de fecha 12 de noviembre de 2019, mediante el cual, a su vez, se resolvió decretar la cancelación de la concesión otorgada a la empresa Colemu S.A. en playa Santa Teresa y se ordenó, también, la demolición de obras levantadas en zona pública (rancho y parrilla), así como un portón que está ubicado fuera del área concesionada y la revocación de un permiso de construcción de una tapia ubicada fuera del área concesionada.  Acusa que no existen motivos para haber retrasado, por tantos años, la ejecución de dicho acuerdo y continuar tolerando el daño ambiental que se produce. Explica que esa cancelación se emitió luego de comprobarse que la referida empresa había incurrido en varias infracciones a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y a las disposiciones contempladas en el Plan Regulador de Santa Teresa (v.gr. haber construido en zonas ambientales protegidas, construido edificios sin permisos, haber invadido la zona pública y haber instalado portones en lugares que dan acceso a vías públicas). Afirma que ese acto fue impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la mencionada sociedad concesionaria, pero fue desestimado, confirmándose el acto impugnado.

Alega también que los recurridos han buscado la manera de evitar la ejecución de dicho acuerdo, es decir, para revocar el referido acto, lo cual, sin embargo, ya no es posible hacer. Menciona igualmente que, pese a que se acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para que ordenara la ejecución del referido acuerdo, dicha gestión fue rechazada (por falta de legitimación del solicitante). Sostiene, entonces, que la ejecución de dicho acuerdo es, por tanto, una medida necesaria para cumplir el mandato constitucional de velar por un ambiente sano. En su criterio, los recurridos han incumplido su deber de reparar el daño ambiental causado por Colemu S.A., pese a que existe un acuerdo administrativo firme que permite hacerlo.

Solicita, en consecuencia, que se acoja este proceso de amparo y se les ordene a las autoridades recurridas del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, ejecutar el acuerdo adoptado en la sesión No. 185-2019, artículo VII, inciso b), de fecha 12 de noviembre de 2019. Incluso, en escrito posterior, el accionante reafirma que esta es la pretensión principal al interponer este proceso de amparo.

Revisados los autos, se tiene por demostrado que, ciertamente, luego de un procedimiento administrativo realizado en el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (por presuntas irregularidades cometidas por la sociedad Colemu, en calidad de concesionaria), en la sesión No. 185-2019, artículo VII, inciso b), de fecha 12 de noviembre de 2019, dicho concejo, en calidad de órgano decisor, dispuso lo siguiente:

“(…) Dictar el Acto Final de Hechos Probados y No Probados en todos sus extremos y en consecuencia; / Ordenar la demolición inmediata de las obras levantadas en la zona pública, a saber rancho y parrilla, al frente de la parcela concesionada. / Demoler el portón denominado Nº 2 que se encuentra fuera del área concesionada y que invade la zona de protección. / Revocar el permiso de construcción de la tapia por haberse autorizado en un área fuera de la parcela concesionada. / Decretar la cancelación de la concesión Nº 1768-2000. Representada por la señora CARLOTA DORRING MEADOWS, cedula de residencia N 175200002119. / Habiendo sometido a consulta de esta resolución, a las autoridades competentes, previstas en la normativa citada. Y una vez en firme este acuerdo de cancelación y ejecutable, infórmese al Registro Público para que se proceda a la cancelación del respectivo asiento registral a nombre de la concesionaria COLEMU S.A. (…)”.

Igualmente, se demostró que el concejo recurrido, el 17 de diciembre de 2019, rechazó el recurso de revocatoria formulado por Colemu S.A. en contra del citado acuerdo y que, por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo (Sección Tercera), en calidad de contralor no jerárquico de legalidad, mediante la Sentencia No. 66-2022 de las 16:22 hrs. de 24 de febrero de 2023, declaró sin lugar el recurso de apelación formulado también por dicha concesionaria, dándose por agotada así, la vía administrativa.

En adición a lo anterior, consta que, durante este año 2024, los recurridos se han cuestionado o replanteado su competencia para revocar la referida concesión, así como los fundamentos que conllevaron a tomar el referido acuerdo. De esta manera, se acreditó que el Intendente Municipal, el 7 de marzo de 2024 y por oficio No. INT-074-2024, solicitó al ICT criterio sobre la viabilidad jurídica de revocar el acto que ordenó la cancelación de la citada concesión y sobre la facultad que posee al efecto el concejo. Este último oficio fue atendido por el ICT mediante oficio No. AL-A-0317-2024 de 12 de marzo de 2024, refiriéndose a las competencias que posee, sobre el particular, el referido concejo de distrito. Asimismo, consta que en la sesión No. 12-2024 de 23 de julio de 2024, el concejo recurrido (conformado por la nueva integración), conoció el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos relacionado con la concesión otorgada a Colemu S.A. que dispuso: “(…) Se dictamina que este Órgano Colegiado NO tiene facultad de resolver dicha situación pues no es facultad revocar un acuerdo que sigue el debido proceso a no ser que una instancia judicial así lo determine o que se encuentre errores de fondo que generó la cancelación de la concesión. ES TODO (…)”. En virtud de lo anterior, se acreditó que el referido concejo dispuso solicitar a la asesora legal del concejo ampliar el dictamen emitido a efecto de poder comprender claramente el tema. Según se verificó, de esta sesión y, a partir de lo dispuesto en los oficios No. INT-074-2024 y No. AL-A-0317-2024, nació la necesidad de realizar una revisión legal del procedimiento administrativo que ordenó la cancelación de la concesión.

De esta manera, se verificó que la citada Comisión de Jurídicos, el 27 de agosto de 2024, dispuso lo siguiente:

“(…) DICTAMEN N° 01 CONSIDERANDO: Que el Concejo ha trasladado el OFICIO INT-2024-138 de la Intendencia Municipal y el OFICIO AI-A-0317-2024 del ICT. Esta comisión, tampoco el Concejo Municipal, o la administración tienen la facultad de poder anular un acuerdo que siguió el debido proceso, a no ser que una instancia judicial así lo determine. O en todo caso, que administrativamente se encuentren errores de fondo absolutos o relativos en el procedimiento administrativo que la recomendación final al Concejo Municipal, para anular la concesión. POR LO TANTO. Esta comisión permanente de Asuntos Jurídicos con base en el artículo 34 inciso g, y 49 del Código Municipal DICTAMINA, recomendar al Concejo: 1. Se asigne a un profesional en derecho que estudie el procedimiento administrativo que dio origen a la cancelación de la concesión de COLEMU, a fin de determinar si esta cumplió con el marco normativo. ES TODO. Se somete a votación el dictamen en cual es aprobado en todas sus partes (…)”.

Y que, en la sesión ordinaria No. 019-24, artículo VI, inciso c) de 10 de septiembre de 2024, el Concejo de Concejales recurrido dispuso lo siguiente:

 

 “(…) ACUERDO N°6. Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “5.1 Acoger el dictamen presentado por la comisión de asuntos jurídicos y dar pase del mismo a la Intendencia Municipal a fin de que asigne a un profesional en derecho que estudie el procedimiento administrativo que dio origen a la cancelación de la concesión de COLEMU, a fin de determinar si esta cumplió con el marco normativo (…)”.

Por su parte, resulta de interés lo informado por las autoridades recurridas a esta jurisdicción, en el sentido que:

“(…) ante la existencia de los oficios INT-074-2024 del 07 de marzo del 2024 y AL-A-0317-2024, del 12 de marzo del 2024, en los cuales de manera ambigua se logra corroborar que la misma Administración que señala la cancelación de concesión solicita al Instituto Costarricense de Turismo se pronuncie al respecto siendo que pueden existir vicios de nulidad en la tramitación del procedimiento administrativo; sería irresponsable por parte de la nueva Administración asumida a partir de 01 de mayo del 2024, teniendo en cuenta la continuidad de la responsabilidad en materia administrativa, proceder de manera acelerada y arbitraria con la desinscripción registral sin revisar el procedimiento llevado a cabo de conformidad al principio de legalidad y el principio del debido proceso, consagrados en los artículos 11, 39 y 41 de la Constitución Política de Costa Rica y artículo 11 de la Ley General de Administración Pública (…)”.

Ahora bien, analizado todo lo anterior, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este extremo del recurso y, por ende, la petición principal formulada por el recurrente.

Lo anterior, medularmente, en el tanto no le corresponde a esta Sala, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso sometido a estudio, verificar la legalidad de la concesión otorgada a Colemu S.A., así como si el acuerdo que ordenó su cancelación está ajustado a derecho (o no) y si, por ende, este debe ser ejecutado de forma inmediata, tal y como lo pretende el accionante. Esto, principalmente, si se toma en cuenta que, según se acreditó a partir de las pruebas allegadas a los autos y del informe rendido bajo la solemnidad de juramento, en este momento existen dudas sobre el procedimiento instaurado años atrás (que conllevó a la emisión del acuerdo de cancelación bajo estudio), lo que, a su vez, motivó a los recurridos –antes de notificado este amparo–, a que acordaran designar un profesional en derecho que estudiara y examinara este último a fin de determinar si el mismo cumplió o no con el marco normativo.

 

Bajo este panorama, tal y como se dijo, no puede esta jurisdicción constitucional sustituir la labor que se ha ordenado llevar a cabo (designada en dicho profesional en derecho), para examinar la legalidad o no de la actuación de la concesionaria (concretamente sus obligaciones respecto al contrato suscrito para llevar a cabo sus actividades en zona marítimo terrestre) y, también, el procedimiento instaurado que conllevó a la emisión del acuerdo de cancelación en cuestión. No resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio, a través de la vía sumaria del amparo, para dilucidar los referidos aspectos señalados por la parte tutelada

En ese mismo orden de consideraciones, es de suma importancia destacar que el recurrente, en los escritos presentado ante esta Sala, no hizo referencia a algún problema ambiental en concreto sufrido en la zona de interés. El accionante se limitó a hacer referencia, grosso modo, a una afectación general al medio ambiente por la no ejecución del acuerdo bajo estudio, sin mencionar o precisar cuál es el presunto o los presuntos daños ambientales producidos en la zona ante la permanencia de Colemu S.A como concesionaria. Incluso, no consta que el recurrente hubiera presentado una denuncia formal ante el concejo recurrido respecto a algún daño ambiental en particular sufrido en el mencionado sitio.

De esta forma, la inconformidad genérica y en abstracto que formula el accionante respecto a la no ejecución del citado acuerdo municipal, deberá se planteada, si a bien se tiene, ante las vías ordinarias de legalidad administrativas y jurisdiccionales creadas especialmente al efecto pues, como se dijo, exceden el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política.

V.- EN CUANTO A LOS PORTONES COLOCADOS PRESUNTAMENTE EN UNA VÍA PÚBLICA. De forma subsidiaria o paralelamente al agravio principal, el recurrente también reclama concretamente que la empresa Colemu S.A. ha privatizado dos vías públicas mediate la colocación de portones, lo cual impide el paso de peatones y vehículos a la zona pública. Explica que esas vías conducen específicamente a la playa y a un parqueo previsto en el Plan Regulador de Playa Santa Teresa. Acusa que las autoridades del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano no han realizado gestión alguna en aras de solventar dicha situación y derribar, entonces, esas ilegítimas estructuras.

 

Sobre este aspecto en particular, se tiene por demostrado que el recurrente presentó ante el ICT una denuncia por la existencia de un portón (y no de dos como se alega en este amparo), en los accesos públicos sobre el mojón 503 del Plan Regulador de Santa Teresa ubicados en la parcela concesionada a Colemu S.A. Consta también que, en virtud de lo anterior, el ICT emitió el oficio No. DPD-ZMT-387-2024 de fecha 26 de julio de 2024, mediante el cual solicitó al concejo recurrido informar sobre la existencia de dicha estructura, conforme los siguientes términos:_

“(…) Asunto: Solicitud de aclaración para atender denuncia de existencia de un portón que impide el libre acceso de las personas a zona pública en Playa Santa Teresa cerca del mojón 503. Petitoria: Por lo antes expuesto y con la finalidad de brindar respuesta pronta y oportuna al denunciante respetuosamente les solicito que, en su condición de administradores de la Zona Marítimo Terrestre en su jurisdicción, nos informen acerca de: 1. La condición actual que presenta el acceso al sector de playa Santa Teresa específicamente en el acceso establecido por el Plan Regulador vigente que desemboca en el mojón del IGN N° 503, según imagen aportada. 2. En caso de existir el portón denunciado que se observa en las fotografías aportadas por el denunciante; mismo que evidentemente estaría impidiendo el libre tránsito acceso de las personas a la zona pública, indicar las acciones y el plazo en que serían implementadas dichas acciones para hacer cumplir la ley y restituir dicho acceso público a la zona pública (…)”.

Asimismo, se demostró que, en agosto de 2024, las autoridades recurridas ordenaron la realización de una inspección en el sitio bajo estudio, “(…) la cual señaló la existencia del portón mencionado (…)”. Por lo anterior, el 4 de septiembre de 2024 se notificó a la sociedad Colemu S.A. advertencia administrativa para remover en cuarenta y ocho horas los portones que obstruyen el acceso a la calle pública y el sendero peatonal público “(…) los cuales deben de tener libre acceso por su carácter demanial (…)”.

En adición a lo anterior, consta que, mediante oficio No. ZMT-260-2024 de 4 de septiembre de 2024, la Coordinadora de la Zona Marítimo Terrestre del concejo recurrido respondió al ICT oficio No. DPD-ZMT-387-2024. En este documento se hizo referencia a la inspección realizada en agosto de ese mismo año y a la advertencia de remoción de los referidos portones notificada a la sociedad Colemu.

Se verificó que el 11 de septiembre de 2024, un inspector del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del concejo recurrido realizó una nueva inspección en el referido sitio y verificó que la advertencia girada a Colemu S.A. no había sido cumplida. Asimismo, se demostró que, pocos días después, el 16 de septiembre de 2024, la referida empresa presentó ante la parte recurrida el llamado Informe Técnico Estudio de Geoespacial de Portones/Accesos, donde se detalla que existe un error por parte de la administración sobre la georreferenciación de los accesos públicos señalados en la prevención y la ubicación de los portones.

Según se acreditó, en virtud de lo anterior, por oficio No. ZMT-272-2024 de 16 de septiembre de 2024, la Coordinadora de la Zona Marítimo Terrestre del concejo puso en conocimiento del ICT el estudio aportado por la referida sociedad y apuntó que era “(…) necesario trasladar estos documentos al ingeniero Topógrafo de este Departamento a fin de ser revisados y brindar el informe correspondiente, de conformidad al principio constitucional del debido proceso (…)”. También se dijo que, una vez analizados los documentos aportados por la sociedad y realizado el informe por el topógrafo de ese departamento, se determinarían las acciones a seguir por parte de la administración.

Igualmente, se acreditó que mediante oficio No. ZMT-274-2024 de 19 de septiembre de 2024, la coordinadora del citado Departamento de Zona Marítimo Terrestre dejó sin efecto la advertencia administrativa girada a Colemu S.A. el 4 de septiembre de ese mismo año “(…) hasta tanto esta Coordinación cuente con el Informe técnico del Ingeniero Topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre sobre Informe Técnico Estudio de Georreferenciación de Portones/Accesos presentado por la sociedad a fin de proceder de conformidad con el Principio Constitucional del Debido Proceso (…)”. Lo anterior le fue informado al ICT mediante oficio No. ZMT-278-2024 de 23 de septiembre de 2024 y se aclaró que “(…) Una vez realizado el informe técnico por parte del ingeniero institucional, se realizará resolución razonada y fundamentada, sobre este asunto específico, valorando si efectivamente los portones se encuentran en vía pública y debe actuar la Administración o si bien es un tema de fondo sobre la concesionaria que deba ser elevado al Concejo de Concejales (…)”.

También, consta que el 3 de octubre de 2024, la Coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, a fin de dar respuesta al Instituto Costarricense de Turismo, solicitó al ingeniero topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, realizar un levantamiento topográfico sobre los accesos públicos en el mojón 503 del Plan Regulador de Santa Teresa, con el fin de “(…) confirmar si efectivamente los portones se encuentran obstaculizando accesos públicos (…)”. Por ende, según se aclaró, para la fecha de rendido el informe por las autoridades recurridas, sea, el 4 de octubre de 2024, se estaban realizando gestiones para atender la aclaración solicitada por el ICT mediante oficio de 26 de julio de 2024, concretamente, por parte del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, el que tiene a cargo realizar el mencionado levantamiento topográfico en el sitio.

En adición a lo anterior, resulta menester mencionar que las autoridades recurridas, en dicho informe rendido a esta Sala, han sostenido y explicado que (a partir sobre todo de lo dispuesto en los oficios Nos CYV-OF-GE-049-2018 de 27 de febrero del 2018 y No. CYV-OF-GE-118-2018 del 5 de junio del 2018, cuyo contenido se cita en el elenco de hechos probados de esta sentencia), existe una duda tocante a las referidas estructuras (portones) y a su precisa ubicación sobre el mojón 503 del Plan Regulador de Santa Teresa, por lo que se ha vuelto necesario la realización de una nueva inspección y de un levantamiento topográfico para aclarar dicho aspecto y tomar las decisiones que sean necesarias. Sobre el particular, exponen los recurridos:

“(…) existen inconsistencias en los oficios CYV-OF-GE-049-2018 del 27 de febrero del 2018 y CYV-OF-GE-118-2018 del 05 de junio del 2018 sobre los accesos públicos, es por esta razón que se solicitó al Ingeniero Topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre realizar de manera interna un levantamiento sobre el área del mojón 503 del Plan Regulador Santa Teresa. (…)

sobre el oficio CYV-OF-GE-049-2018, señala que existe un desface lineal sobre los mojones de la lámina del plan regulador y los mojones oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, esto quiere decir que el desface lineal entre los mojones ocasiona que la lámina del plan regulador Playa Santa Teresa no se ajusta a la realidad del sitio lo cual significa que existe una probabilidad que el portón objeto de la aclaración solicitada por el Instituto Costarricense de Turismo eventualmente no este obstruyendo el acceso y el oficio antes mencionado no aclara este presupuesto solo indica la existencia “de un considerable desfase lineal sobre los mojones”. (…)

Lo mismo ocurre con el oficio CYV-OF-GE-118-2018 del 05 de junio del 2018, siendo que no tiene congruencia (…) El informe data 05 de junio del 2018, el Plan Regulador Playa Santa Teresa tiene su último ajuste y rectificación publicado en el periódico oficial la Gaceta número 72 del miércoles 15 de abril del año 2015, de modo tal que para el año 2018 se encontraba vigente la actual lámina en la cual se consigna dos accesos públicos sobre los mojones 116-503, sin embargo, este oficio señala que el acceso #2 no está indicado en el Plan Regulador Playa Santa Teresa, lo cual es inconsistente y genera incertidumbre porque la lámina si lo señala; razón por la cual es necesario recurrir al Principio Constitucional del Debido Proceso y actualizar el levantamiento topográfico por parte de este Concejo Municipal a fin de esclarecer lo señalado por estos oficios, en virtud de esto es menester indicar lo contemplado en el artículo 157 de la Ley General de Administración Pública “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos” (…)”.

Dicho lo anterior, resulta menester empezar aclarando que a esta Sala Constitucional tampoco le corresponde, ante las circunstancias supra descritas y, por tratarse de un tema de mera legalidad, llevar a cabo, a través de este recurso sumario de amparo, un estudio exhaustivo y determinar técnicamente –con fundamento en lo que estipula el plan regulador, la ubicación de los mojones y el proceso de georreferencia, entre otros aspectos–, en qué zona en concreto se encuentran ubicados los portones a los que se hizo referencia supra y fueron instalados o construidos por la concesionaria Colemu S.A. cerca de la playa Santa Teresa, es decir, si estos se encuentran o no en una vía de naturaleza pública y si, por ende, se encuentran o no obstaculizando el libre paso de todas las personas (sean o no estos huéspedes, usuarios o trabajadores del inmueble concesionado). Este punto en particular, sin lugar a dudas, debe ser resuelto por las autoridades recurridas, con ayuda de los profesionales y especialistas en dicha materia, tal y como ya se ha dispuesto, según se demostró.

No obstante lo anterior, es importante también tomar en consideración que, en este caso en particular, está de por medio el acceso y libre tránsito de las personas a través de una vía eventualmente pública. De ahí que, la determinación de esta condición sí resulta de suma relevancia en términos de constitucionalidad, sobre todo, si se toma en cuenta que la discusión sobre este punto en particular se ha venido efectuando desde hace muchos años (según lo consignado en el considerando anterior) y se ha retomado particularmente en el concejo recurrido desde julio de 2024, a partir de la denuncia interpuesta por el recurrente ante el ICT.

Si bien, este órgano constitucional observa que se han venido realizando, sobre todo recientemente, gestiones tendentes a definir efectivamente dicha condición, lo cierto es que, a la fecha, según se demostró, esta actuación no se ha llevado a cabo finalmente, por lo cual persiste la incerteza sobre dicho punto en particular.

Por consiguiente, esta Sala Constitucional es del criterio que este preciso punto del amparo sí debe ser acogido, en aras que las autoridades del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano realicen –dentro del plazo que se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia–, las gestiones pertinentes para definir si los referidos portones se encuentran o no en una vía pública, impidiendo o no ilegítimamente el tránsito de los administrados–, siendo que, de determinarse que dichas estructuras sí están en esa vía, se proceda con su demolición. (…)”

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

 VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente asegura que la concesionaria Colemu S.A ha colocado portones que impiden el libre paso de peatones y vehículos en la zona pública y, pese a las denuncias, el Concejo Municipal Distrito de Cóbano, no ha regularizado la situación.

VCG11/2024

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Texto de la resolución

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Exp: 24-024092-0007-CO

Res. Nº 2024031515

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro .

 

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO.

RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado a la Sala el 30 de agosto de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que por oficio No. CYV-OF-GE-0429-2018 de 5 de junio de 2018, el ingeniero Javier Corrales del Departamento de Catastro y Valoraciones del Concejo Municipal de Cóbano informó a la Coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del mismo ente municipal sobre un levantamiento topográfico en la concesión de Colemu S.A. en Playa Santa Teresa. El informe reveló que la compañía había bloqueado ilegalmente un acceso público y había construido edificaciones sobre 507,4 metros cuadrados de zona protegida, violando el Plan Regulador de Playa Santa Teresa, publicado en La Gaceta el 8 de marzo del 2000, que prohíbe construcciones en estas áreas para preservar el medio ambiente. Añade que mediante oficio No. CYV-OF-GE-118-2018 de 20 de junio de 2018, el ingeniero Javier Corrales indicó la existencia de dos accesos a la concesión de Colemu S.A. que están en zona marítimo terrestre no concesionada (es decir, que están bajo administración municipal). Afirma que ambas son vías públicas que fueron obstruidas desde su conexión con la calle pública principal mediante portones ilegalmente colocados por Colemu S.A.. Acusa que esas dos vías han sido privatizadas de hecho, impidiéndose no solo el uso del parqueo público, sino también el paso de vehículos y peatones a la zona pública. Indica que los dos anteriores oficios se encuentran incorporados en el expediente de concesión de Colemu S.A. (No. [Valor 002], del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del concejo recurrido). Alega que, pese a tratarse de la invasión de un área significativa de zona protegida (la cual está al lado de un manglar) y de la privatización de dos vías públicas, seis años después las autoridades recurridas continúan tolerando la continuación del daño ambiental. Explica que, tras un largo y costoso procedimiento administrativo, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano canceló la concesión en zona marítimo terrestre otorgada a la sociedad Colemu. Concretamente, en la sesión No. 185-2019, artículo VII, inciso b), de fecha 12 de noviembre de 2019, se resolvió lo siguiente: “(…) Dictar el acto Final de Hechos Probados y No Probados en todos sus extremos y en consecuencia; Ordenar la demolición inmediata de las obras levantadas en la zona pública, a saber rancho y parrilla, al frente de la parcela concesionada. Demoler el portón denominado N. 2 que se encuentra fuera del área concesionada y que invade la zona de protección. Revocar el permiso de construcción de la tapia por haberse autorizado en un área fuera de la parcela concesionada. Decretar la cancelación de la concesión N. 1768-2000. Representada por la señora Carlota Dorring Meadows con cédula de residencia No. 1752000212009. Habiendo sometido a consulta de esta resolución, a las autoridades competentes, previstas en la normativa citada y una vez en firme este acuerdo de cancelación y ejecutable, infórmese al Registro Público para que se proceda a la cancelación del respectivo asiento registral a nombre de la concesionaria COLEMU. S.A (…)”. Sostiene que dicho acuerdo se emitió luego de comprobarse que la empresa concesionaria había incurrido en múltiples infracciones a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y a las disposiciones del plan regulador. Además, se comprobó que “(…) la empresa concesionaria había incurrido (sic) múltiples infracciones a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y a las disposiciones del Plan Regulador. Entre otros hechos, se demostró que Colemu S.A. había construido en más de 550 metros en zonas ambientales protegidas, invadido además áreas previstas como zonas de servicios públicos, erigido edificaciones sin permisos de construcción, superando la altura máxima permitida en el Plan Regulador, invadido la zona pública e instalando portones de acceso a dos vías públicas previstas en el Plan Regulador (…)”. Narra que ese acuerdo fue impugnado por Colemu S.A. ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Sin embargo, dicho recurso de apelación fue declarado sin lugar y se confirmó el acto impugnado mediante la Sentencia No. 66-2022 de 24 de febrero de 2023. Asimismo, señala que, en contra de la ejecución de ese acuerdo, Colemu S.A. solicitó ante el Tribunal una medida cautelar provisional de suspensión, la cual también se rechazó mediante el Voto No. 314-2023 de 14 de junio de 2023. Agrega que el concejo, en la sesión ordinaria No. 162-2023, artículo VI, inciso b), instruyó a la Intendencia para que contratara un notario público que realizara la cancelación en el Registro Público del asiento de inscripción de dicha concesión; sin embargo, señala que en marzo de 2024 el cartel fue declarado desierto alegándose razones de interés público. Desde entonces, el actual Intendente, Ronny Montero Orozco, ha suspendido la contratación de los servicios notariales requeridos, pese a que se le ha solicitado hacerlo. Menciona que, a la fecha, continúa el daño ambiental y siguen en pie las construcciones ilegales en zonas protegidas y los portones que impiden el acceso a las vías públicas. Además, acusan que, pese que “(…) ha caducado la potestad de revocar el acto administrativo de cancelación de la concesión al haber transcurrido más de cuatro años desde su emisión (inciso 4 del artículo 156 de la Ley General de la Administración Pública), el actual Intendente y el Presidente del Consejo (sic) Municipal en sesión del 23 de julio del 2024, rechazan el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad que declaraba improcedente la revocatoria del referido acto, e instruyen a la Asesora Legal del Consejo (sic) para que estudie un fórmula para poder revocar el acto administrativo que entre ostas cosas cancela la concesión del Colemu S.A. (…)”. Manifiesta que, según el acta de la sesión No. 12-2024 de 23 de julio de 2024, artículo VI, inciso f), ante la recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de que el Concejo no tenía facultades para revocar el acuerdo de cancelación de la concesión de Colemu S.A., el Presidente solicitó a dicha comisión, para mejor resolver, ampliar el dictamen “a fin de poder entender claramente el tema”. Apunta que “(…) el video de la sesión, aproximadamente en el minuto 60, se puede apreciar como (sic) ante la recomendación que hace la Asesora Legal, el Presidente y el Intendente formulan objeciones, y se puede apreciar que dan instrucciones para encontrar la manera de cómo proceder para revocar el acto administrativo en cuestión, tanto es así que hablan de hacer una consulta a la Procuraduría General o de constituir un órgano director (…)”. Alega que, pese a todo lo anterior, de manera sorprendente, en la sesión No. 011-2024 de 16 de julio de 2024, el Concejo Municipal envió a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, la solicitud de prórroga de la concesión formulada por Colemu S.A.. Todo lo anterior, pese a que dicha concesión, desde el punto de vista jurídico, no existe, por haber sido cancelada mediante un acto administrativo firme. Acusa que, pese a encontrarse firme el acuerdo que cancela la concesión y que ordena el derribo de estructuras y portones, al día de formulado este amparo, cinco años después, la municipalidad recurrida no ha realizado ninguna actuación dirigida a ejecutarlo. Explica que, “(…) La ejecución del acto de administrativo que cancela la concesión de Colemu S.A. supondría que la parcela concesionada estaría de nuevo bajo administración municipal, y consecuentemente se procedería a reparar el DAÑO AMBIENTAL, demoliendo las construcciones que invaden las zonas protegidas, así como habilitar el acceso a la zona pública por las vías públicas obstruidas con portones por Colemu S.A. (…)”. Sostiene que el Intendente ha paralizado la contratación del notario que realizaría la cancelación registral de la concesión, primer paso para expulsar a los ocupantes, poder entrar en posesión del terreno y proceder las autoridades municipales con las demoliciones de las construcciones ilegales, específicamente las edificadas en zonas protegidas, así como las que violan la altura máxima prevista en el Plan Regulador. Igualmente, no se ha demolido el portón construido en zona protegida y que impide el acceso a una calle pública que conduce a la playa y a un parqueo previsto en el Plan Regulador de Playa Santa Teresa. Tampoco se ha demolido la tapia construida fuera del terreno de la concesión, ni demás estructuras, muchas de las cuales se encuentran construidas en zonas protegidas tal como se indica en el propio acuerdo que canceló la concesión. Apunta que, en virtud de una gestión realizada por su persona, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) remitió el oficio No. DPD-ZMT-387- 2024 de 26 de julio de 2024 al Intendente y al Concejo Municipal de Distrito, previniéndosele para que se procediera con el derribo del portón que obstruye la vía pública y que fue colocado al costado norte del terreno en concesión (portón que el acuerdo de cancelación ordenaba demoler) y les otorgó el plazo de diez días para responder. El oficio fue recibido el día 29 de julio del 2024, sin embargo, al día 29 de agosto del 2024, no había sido respondido por los personeros municipales. Explica que se ha intentado por la vía contenciosa administrativa obligar al Concejo Municipal de Cóbano a ejecutar lo dispuesto en el acuerdo No. 185-2019 de 12 de noviembre de 2024. Sin embargo, indica que mediante el Voto No. 2024-2284 de las 10:45 hrs. de 9 de abril de 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó la gestión al estimar que se carecía de la legitimación necesaria. Expone que, ante dicho rechazo, la vía del recurso de amparo es la única que le queda para hacer valer los derechos y poner fin al daño ambiental en la zona marítimo terrestre y se proceda así a permitir el acceso a las vías públicas obstruidas por personeros de Colemu S.A.. Acusa que los recurridos “(…) han buscado impedir que el Consejo (sic) Municipal de Distrito repare el DAÑO AMBIENTAL infringido por la compañía Colemu S.A. a la cual se le ha revocado la concesión en zona marítimo terrestre. Los recurridos han buscado evitar que la Municipalidad proceda a ejecutar el acuerdo administrativo que supone que la (sic) pueda entrar en posesión de la parcela en concesión y proceder con la demolición de las construcciones que fueron edificadas en más de quinientos metros cuadrados de zona protegida, además de habilitar las vías públicas que han sido ilegalmente obstruidas por los personeros de Colemu S.A. (…)”. Sostiene que el acuerdo administrativo que ordena la cancelación de la concesión de Colemu S.A. y la demolición de las construcciones ilegales en zonas protegidas no solo es legítimo, sino que constituye una obligación del Estado de restaurar y proteger el equilibrio ecológico que ha sido afectado por las acciones de la concesionaria. Manifiesta que la ejecución de dicho acuerdo es, por tanto, una medida necesaria para cumplir con el mandato constitucional de velar por un ambiente sano y para corregir las irregularidades que han comprometido este derecho fundamental. Además, la no ejecución de este acuerdo podría ser interpretada como una omisión del deber constitucional del Estado de garantizar y proteger el derecho al ambiente, lo cual es inadmisible bajo el artículo 50 de la Constitución. Alega que los recurridos, por acción y omisión, han incumplido su deber de reparar el daño ambiental causado por Colemu S.A., no obstante existir un acuerdo administrativo firme, revisado por las autoridades jurisdiccionales, que permite hacerlo, y en virtud del cual podría la Municipalidad tomar posesión de la parcela, demoler las construcciones en zonas protegidas y permitir el acceso a las vías públicas bloqueadas. Solicita que se acoja este amparo y se les ordene a los recurridos proceder con la ejecución del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria No. 185-2019, artículo VII, inciso b), de fecha 12 de noviembre de 2019 y, una vez entrada en posesión del terreno, proceder a reparar los daños ambientales producidos por Colemu S.A., demoliendo las construcciones edificadas en zonas protegidas y los portones que impiden el ingreso a las dos vías públicas obstruidas.

2.- Mediante resolución de las 17:53 hrs. de 13 de septiembre de 2024, la Presidencia de la Sala dispuso lo siguiente: “(…) De previo a resolver lo que proceda en el RECURSO DE AMPARO que se tramita en el expediente No. 24-024092-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], indique el recurrente, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, si ha planteado de manera formal y por escrito la gestión correspondiente a efecto de denunciar ante las autoridades correspondientes la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso. De ser afirmativa su respuesta, deberá aportar copias completas, legibles y con los respectivos comprobantes de recibido o envío de las denuncias que formuló y, de haber recibido alguna resolución, deberá indicar cuál fue su resultado y presentar la documentación generada con ocasión de dichas diligencias. Lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda y bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere (artículos 38 y 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notifíquese (…)”.

3.- Por escrito aportado a la Sala el 19 de septiembre de 2024, el recurrente manifiesta expresamente lo siguiente: “(…) Cumpliendo con la prevención de las 17:53 horas del 13 de septiembre del 2024, me permito indicar que además del suscrito recurrente, terceras personas han solicitado infructuosamente al Consejo (sic)  Municipal de Distrito, al Tribunal Contencioso Administrativo y a la Contraloría General de la República la ejecución del acuerdo administrastivo (sic) firme que se indica en memorial de interposición del recurso. Aclarando lo anterior y cumpliendo con lo prevenido aporto los documentos siguientes: 1. Escrito dirigido al Consejo (sic) solicitando la de (sic) ejecución del acuerdo suscrito por el señor Juan Luis Brenes Vega, en representación de Dombas del Pacífico S.A., y de fecha 24 de marzo del 2023. 2. Transcripción del acuerdo adoptado en sesión ordinaria 153-23, artículo IX, inciso b, del 4 de abril del 2023 de la entidad municipal recurrida, en donde se le responde al señor Juan Luis Brenes Vega que la sentencia que ratifica el acuerdo de cancelación de la concesión se encuentra en valoración por la comisión de zona marítimo terrestre. Sobra decir, que un año y medio después continúa en esa situación. 3. Respuesta de la Contraloría General de República a la denuncia interpuesta por el señor Juan Luis Brenes Vega ante la negativa a ejecutar el acuerdo de cancelación de la conexión por parte de Consejo (sic) Municipal de Distrito de Cóbano, de fecha 28 de junio del 2023. 4. Solicitud formulada por la (sic) señor Ginger Bermúdez Gamboa, en representación de Dombas del Pacífico S.A., presentada el 19 de sepSembre (sic) del 2023 y dirigida al Intendente Municipal, la cual NUNCA FUE RESPONDIDA por este último. 5. Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, de las 10:42 horas del 9 de abril del 2024, en la cual, por motivos de falta de legitimación, se rechaza la demanda dirigida a obligar a la municipalidad recurrida a ejecutar el acto de cancelación de la concesión interpuesta por la señora Ginger Bermúdez Gamboa en representación de Dombas del Pacífico S.A. 6. Correo electrónico de fecha 10 de julio del 2024 de la señora Ginger Bermúdez a la Licda. Lidieth Porras Córdoba, coordinadora de la zona marítimo terrestre de la municipalidad recurrida. 7. Correo electrónico de la Licda. Lidieth Porras Córdoba de fecha 12 de agosto del 2024 en donde, a manera de respuesta, se contenta con indicar que está recién nombrada y que el asunto continúa en análisis de la comisión de zona marítimo terrestre (situación en que se encuentra desde abril del 2023). Como se puede constatar se han agotado los recursos ante la manifiesta voluntad por parte de la recurrida de ejecutar el acto administrativo de cancelación de la concesión a nombre de Colemu S.A., por lo que el presente recurso de amparo es prácticamente el único recurso con que cuento para obligar a la municipalidad para que proceda conforme a la Ley (…)”.

4.- Por resolución de las 18:42 hrs. de 30 de septiembre de 2024, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

 5.- Mediante memorial aportado a la Sala el 4 de octubre de 2024, Ronny José Montero Orozco, en su condición de Intendente Municipal, Lidieth Porras Córdoba, en su condición de Coordinadora de la Zona Marítimo Terrestre y Minor Centeno Sandí, en su condición de Presidente del Concejo de Concejales, todos del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, rinden informen y señalan expresamente lo siguiente: “(…) Según los hechos señalados por el recurrente, es necesario indicar que dieron origen entre los mojones 116-503 de la lámina del Plan Regulador Santa Teresa, específicamente como manifiesta en el hecho cuarto de su escrito inicial, sobre la parcela concesionada a nombre de la sociedad Colemu Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-083435, la cual se determinó la cancelación mediante acuerdo del Concejo de Concejales de este Concejo Municipal de Distrito, según sesión ordinaria a número 185-2019, artículo VII, inciso b, del día doce de noviembre del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, posterior de haberse realizado procedimiento administrativo incoado en la Ley General de Administración Pública.Como es de conocimiento, se realizó cambio de Administración en este Concejo Municipal el 01 de mayo del 2024; razón por la cual, esta nueva Administración se ha estado actualizando con los casos que quedaron pendientes de la administración pasada, como lo es el caso que nos ocupa, el cual se debió realizar la cancelación en su momento procesal oportuno, sin embargo, contrario a esto consta a folio 547 del expediente administrativo número [Valor 002] a nombre de la sociedad Colemu, S. A., oficio número INT-074-2024 del 07 de marzo del 2024, emitido por la Intendencia Municipal anterior que consulta al Instituto Costarricense de Turismo, lo siguiente; “4. Pretensión En atención a las manifestaciones antes indicadas, respetuosamente solicito se confirme lo siguiente:  - Que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano se encuentra legalmente facultado para               revocar el Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria número 185- 2019, artículo VII, inciso b), del día 12 de noviembre del año 2019 que ordenó la cancelación de la concesión en Zona Marítimo Terrestre otorgada a la empresa COLEMU S.A., con base en lo dispuesto en los               artículos 152, 153 y 155 de la Ley General de la Administración Pública”. El Instituto Costarricense de Turismo da respuesta a la Administración mediante oficio AL-A-0317-2024, del 12 de marzo del 2024, visible a folio 559 del expediente administrativo número [Valor 002], sin embargo fue traslada al Concejo Municipal en el mes de abril, señalando lo siguiente; “III. Conclusión En virtud de todo lo expuesto, este Asesoría Legal arriba a las siguientes conclusiones:1. Es improcedente la pretensión de querer una respuesta en el plazo de 10 días, toda vez               que, no estamos ante una petición de información pura y simple. 2. Es improcedente la pretensión de querer respuesta en el plazo de 10 días, pues tal y como               lo señala el artículo 8 de la Ley 9097, no se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones o competencias de los poderes públicos e instituciones. 3. Para dilucidar aspectos de legalidad, según la Ley 6043 en su artículo 4, es a través de la               Procuraduría General de la República que debe ejercerse el control de legalidad. 4. Los Concejos de Distrito, por disposición de las Leyes 8173 y 6043, tienen las mismas               facultades que la Municipalidades y por tanto las mismas competencias constitucionales. 5. Por todo lo analizado en este documento, carece de competencia esta Asesoría Legal, para               dar respuesta a la consulta realizada por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. 6. El revocar actos propios es un acto administrativo, que, como tal, debe estar debidamente fundamentado y queda bajo absoluta responsabilidad del órgano que dictó y decide revocar el acto, sea el Consejo (sic) Municipal del Distrito de Cóbano. De esta manera queda emitido el presente oficio, según consulta realizada por oficio N° INT-              074-2024.” El oficio AL-A-0317-2024 del 12 de marzo del 2024 antes mencionado, llegó por consulta al Concejo de Concejales de este Concejo Municipal de Distrito, siguiendo el debido proceso y en virtud de la nueva Administración como se indicó anteriormente a partir del 01 de mayo del 2024, se da traslado a la comisión de jurídicos para que revise si el procedimiento de cancelación de la concesión no se encuentra viciado de conformidad a la consulta realizada por la Administración pasada al Instituto Costarricense de Turismo mediante oficio INT-074-2024 del 07 de marzo del 2024, es importante indicar que la actual Intendencia Municipal no tiene injerencia alguna sobre el traslado de este asunto a la comisión de jurídicos, toda vez que, dicho traslado es realizado por acuerdo de los Concejales, tal y como indica el artículo 17 inciso c) del Código Municipal; al respecto es importante indicar lo señalado por el acuerdo del Concejo de Concejales mediante sesión ordinaria número 019- 24, artículo VI, inciso c, del día diez de setiembre del año dos mil veinticuatro; “TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO Para su conocimiento y fines consiguientes le transcribo lo acordado por este Concejo en su sesión ordinaria número 019- 24, artículo VI, inciso c, del día diez de setiembre del año dos mil veinticuatro, a las dieciocho horas, en la sala de sesiones de este Concejo, que dice: ASUNTO.  REVOCATORIA DE ACUERDO DE COLEMU S.A              DICTAMEN DE COMISIÓN Acta número cero cuatro - dos mil veinticuatro de la comisión permanente de Asuntos               Jurídicos, celebrada el día veintisiete de agosto del dos mil veinticuatro, a las dieciséis horas               en la sala de sesiones de este Concejo. Presentes los miembros: Minor Centeno, Ivania               Prendas, Mario Delgado y los asesores Diego Céspedes Núñez. Técnico Talento Humano del Concejo Municipal de Distrito y la Licda. Aralyn Villegas, Asesora Legal del Concejo de Concejales DICTAMEN N° 01 CONSIDERANDO: Que el Concejo ha trasladado el OFICIO INT-2024-138 de la Intendencia Municipal y el OFICIO AI-A-0317-2024 del ICT. Esta comisión, tampoco el Concejo Municipal, o la administración tienen la facultad de poder anular un acuerdo que siguió el debido proceso, a no ser que una instancia judicial así lo determine. O en todo caso, que administrativamente se encuentren errores de fondo absolutos o relativos en el procesamiento administrativo que la recomendación final al Concejo Municipal, para anular la concesión. POR LO TANTO 1. Esta comisión permanente de Asuntos Jurídicos con base en el artículo 34 inciso g, y 49 del Código Municipal DICTAMINA, recomendar al Concejo: Se le asigne a un profesional en derecho que estudie el procedimiento administrativo que dio origen a la cancelación de la concesión de COLEMU, a fin de determinar si esta cumplió con el marco normativo.ES TODO. Se somete a votación el dictamen el cual es aprobado en todas sus partes. ACUERDO N°6 Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “5.1. Acoger el dictamen presentado por               la comisión de asuntos jurídicos y dar pase del mismo a la Intendencia Municipal a fin de               que asigne a un profesional en derecho que estudie el procedimiento administrativo que dio origen a la cancelación de la concesión de COLEMU, a fin de determinar si esta cumplió con el marco normativo”.” Es importante aclarar a los señores Magistrados, que esta corporación municipal es consciente que la responsabilidad en la Administración es continua, tanto para proceder con lo solicitado por el recurrente como para la sociedad Colemu S. A., teniendo en cuenta que estamos frente a una nueva Administración, con un acuerdo de cancelación de concesión pendiente de desinscribir por la anterior Administración ante el Registro Nacional y ante la existencia de los oficios INT-074-2024 del 07 de marzo del 2024 y AL-A-0317-2024, del 12 de marzo del 2024, en los cuales de manera ambigua se logra corroborar que la misma Administración que señala la cancelación de concesión solicita al Instituto Costarricense de Turismo se pronuncie al respecto siendo que pueden existir vicios de nulidad en la tramitación del procedimiento administrativo; sería irresponsable por parte de la nueva Administración asumida a partir de 01 de mayo del 2024, teniendo en cuenta la continuidad de la responsabilidad en materia administrativa, proceder de manera acelerada y arbitraria con la desinscripción registral sin revisar el procedimiento llevado a cabo de conformidad al principio de legalidad y el principio del debido proceso, consagrados en los artículos 11, 39 y 41 de la Constitución Política de Costa Rica y artículo 11 de la Ley General de Administración Pública.  En virtud de lo anterior se procede a dar respuesta sobre los hechos alegados por el recurrente. PRIMERO: Sobre el oficio CYV-OF-GE-049-2018. Existe un error en lo planteado por el recurrente siendo que describe dicho oficio CYV-OF-GE-0429-2018 del 05 de junio del 2018, sin embargo, tanto en la prueba que aporta el mismo señor [Nombre 001] como consta en el expediente administrativo [Valor 002] visible a folio 314 lo correcto es CYV-OF-GE-049-2018 del 27 de febrero del 2018. Es importante mencionar sobre este oficio que señala la existencia de un portón que bloquea el paso a un acceso público, pero seguidamente manifiesta lo siguiente; (…) Sobre lo señalado por el recurrente se puede indicar que la invasión en la zonificación clasificada como Zona de Protección (ZP), se encuentra contemplada en el procedimiento administrativo realizado de manera previa a la cancelación de la concesión por acuerdo del Concejo de Concejales, el cual fue trasladado a la comisión de jurídicos a fin de ser revisar si dicho procedimiento se realizó conforme a derecho corresponde, sin embargo, tome nota este respetable tribunal lo señalado sobre el acceso de vía pública, existe un considerable desfase lineal entre los mojones que repercute consecuentemente en la lámina del Plan Regulador Santa Teresa, además, este oficio al final señala que la zona marítimo terrestre descrita en el plan regulador no coincide exactamente con la zona marítimo terrestre que se genera a partir de la prolongación de la línea de mojones oficiales del IGN, razón por la cual, no se tiene certeza de que lo señalado en este oficio se ajuste a la realidad del terreno según lo consignado por el Ing. Javier Corrales Masis, este punto se desarrollará más adelante. SEGUNDO: Sobre el oficio CYV-OF-GE-118-2018. Existe un error en lo planteado por el recurrente siendo que describe dicho oficio CYV-OF-GE-118 del 20 de junio del 2018, sin embargo, tanto en la prueba que aporta el mismo señor [Nombre 001] como consta en el expediente administrativo [Valor 002] visible a folio 316 lo correcto es CYV-OF-GE-118-2018 del 05 de junio del 2018. Sobre este oficio no llevan razón las manifestaciones del recurrente siendo que señala la existencia de dos vías públicas que se mantienen obstruidas, sin embargo, de manera correcta se puede leer visible a folio 316 que solo el acceso #1 es catalogado como vía pública, toda vez que, el acceso #2 no esta indicado en el Plan Regulador Costero Playa Santa Teresa, lo cual es incongruente y nos referiremos más delante de estas inconsistencias. TERCERO:  Sobre este hecho también nos referiremos mas adelante; es menester indicar nuevamente a este restable Tribunal que esta Administración asumió su cargo el 01 de mayo del 2024, que ha estado actualizándose de los casos pendientes de resolver por administraciones pasadas y que desde el primer día que se tuvo conocimiento sobre este asunto se ha estado gestionando conforme corresponde. CUARTO: Según acuerdo del Concejo de Concejales sesión Ordinaria número 185-2019, artículo VII, inciso b, del día doce de noviembre del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas se señala la cancelación de la concesión, a folio 423 del expediente administrativo consta sentencia número 66-2022 de las dieciséis horas veintidós minutos del veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Colemu Sociedad Anónima, asimismo, a folio 501 del mismo expediente consta voto 314-2023 de las quince horas con veinticinco minutos del catorce de junio del doa mil veintitrés emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual declara sin lugar la medida cautelar promovida por la sociedad antes mencionada. QUINTO: No es cierto lo manifestado por el recurrente, toda vez que, el Lic. Ronny José Montero Orozco en su calidad de Intendente Municipal NO HA SUSPENDIDO la contratación de los servicios notariales señalados, tome en consideración los honorables Magistrados que el recurrente indica; “La partida presupuestaria para la contratación del notario fue incorporada al presupuesto               del 2024 y bajada a la plataforma del Sicop, con el visto bueno del Intendente, el 21 de febrero del 2024. El 11 de marzo del 2024 fue bajado el cartel de la contratación, y q el 14               de marzo del 2024, tres días, el cartel fue declarado como desierto, alegándose razones de interés público” En primer lugar, el Lic. Ronny José Montero Orozco, asume la Intendencia Municipal el día 01 de mayo del 2024, fecha que es posterior a las señaladas por el recurrente, en segundo lugar, tal y como supra se desarrolló mediante sesión ordinaria número 019- 24, artículo VI, inciso c, del día diez de setiembre del año dos mil veinticuatro, se comisionó el presente asunto a la comisión de asuntos jurídicos, la cual solicitó dar traslado a la Intendencia Municipal para que un profesional en Derecho revise el procedimiento administrativo y corroborar que no se encuentre viciado tal y como señaló la administración anterior mediante oficios INT-074-2024 del 07 de marzo del 2024 y AL-A-0317-2024, del 12 de marzo del 2024. SEXTO: Mediante sesión Ordinaria número 12-2024, artículo VI, inciso f, del día veintitrés de julio del año dos mil veinticuatro, se señala que no es facultad del Concejo de Concejales revocar un acuerdo previo, siendo que, existen los instrumentos jurídicos correspondientes para ese acto, no es cierto lo señalado por el recurrente sobre las manifestaciones de la Intendencia Municipal, Presidente del Concejo y Asesora Legal del Concejo en esta sesión, toda vez que, la consulta a la Procuraduría General de la República fue propuesta por el Instituto Costarricense de Turismo según oficio AL-A-0317-2024 de conformidad a la consulta realizada por el anterior Intendente Municipal según oficio INT-074-2024, así las cosas, de esta sesión nace la necesidad de realizar una revisión legal al procedimiento administrativo que ordena la cancelación de la sociedad en virtud de los oficios antes mencionados y teniendo en cuenta el tiempo prematuro que ha estado al corriente la nueva administración a partir del 01 de mayo del 2024. SÉTIMO: Existe un tema relevante que el recurrente desconoce, siendo que, como Administración nos debemos al Principio del Debido Proceso, de conformidad a los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, los actos de los administrados deben gestionarse sea para aceptarlos o rechazarlos, en virtud de lo anterior se aclara lo siguiente: El Departamento de Zona Marítimo Terrestre recibe la solicitud de prórroga de la concesión mediante escrito presentado el día 29 de mayo del 2024 visible a folio 566 del expediente administrativo, siendo que registralmente la concesión se encuentra inscrita a nombre de la sociedad Colemu S. A., se recibe y se hace traslado al Concejo de Concejales mediante oficio ZMT-197-2024 (folio 582), toda vez que, al existir acuerdo que cancela la concesión este departamento no tiene injerencia y es incompetente para analizar o resolver  asuntos de fondo sobre la concesionaria, mediante sesión ordinaria 013-24, artículo VI, inciso f, del día treinta de julio del año dos mil veinticuatro, emitida por el Concejo de Concejales de este Concejo Municipal de Distrito, se acordó “se espere a conocer el dictamen de la comisión permanente de asuntos jurídicos sobre el proceso a seguir en el caso COLEMU S.A. para poder tomar una decisión con respecto a esta solicitud” (folio 591) cumpliendo a cabalidad el principio constitucional del debido proceso. OCTAVO: No es cierto que esta Administración no ha realizado ninguna actuación para ejecutar el acto administrativo sobre este caso específico, tal y como se ha venido desarrollando en virtud de los acuerdos del Concejo de Concejales mencionados y que el mismo recurrente señala, esta corporación municipal ha gestionado de manera diligente el presente asunto desde el momento que tuvo conocimiento, es necesario  indicar nuevamente los oficios INT-074-2024 del 07 de marzo del 2024 y AL-A-0317-2024, del 12 de marzo del 2024, los cuales se han arrastrado de la administración pasada a la actual quien de manera responsable mediante sesión ordinaria número 019- 24, artículo VI, inciso c, del día diez de setiembre del año dos mil veinticuatro, del Concejo de Concejales acordó “Se le asigne a un profesional en derecho que estudie el procedimiento administrativo que dio origen a la cancelación de la concesión de COLEMU, a fin de determinar si esta cumplió con el marco normativo” a fin de proceder conforme a Derecho corresponde. NOVENO y DÉCIMO. En este punto se procede a ampliar los hechos primero, segundo y tercero. El señor [Nombre 001] acude al Instituto Costarricense de Turismo a consultar sobre los accesos públicos sobre el mojón 503 del Plan Regulador Santa Teresa, específicamente, la parcela concesionada a nombre de la sociedad Colemu, S. A., NO ES CIERTO que el ICT previniera a esta Administración proceder con el derribo de un portón, según el oficio DPD-ZMT 387-2024 del viernes 26 de julio de 2024, señala una solicitud de aclaración para contestar una denuncia. (…) Tal y como se desprende de dicho oficio, no existe la prevención que señala el recurrente, siendo que esta solicitud versa únicamente sobre accesos públicos correspondientes al mojón 503 del Plan Regulador Playa Santa Teresa, se tramita en el Departamento de Zona Marítimo Terrestre al no tener injerencia sobre sobre temas de fondo con la cancelación de la concesión a nombre de la sociedad Colemu S. A., se procede a dar tramite mediante inspección de campo, la cual señala la existencia del portón mencionado y se notifica a la sociedad Advertencia Administrativa a fin de remover dichos portones, sin tener resultados positivos, de modo tal que la Administración debía proceder con la eliminación de los mismos; de previo a ejecutar la Advertencia Administrativa, personeros de la sociedad se presentan al Departamento de Zona Marítimo Terrestre y aportan Informe Técnico Estudio de Georreferenciación de Portones/Accesos, en el cual detalla que existe un error por parte de la Administración sobre la georreferenciación de los accesos públicos señalados en la prevención y la ubicación donde se encuentran los portones, con este presupuesto es necesario indicar lo siguiente (…) En virtud del principio del debido proceso antes mencionado es necesario brindar al administrado su derecho defensa, derecho de ser oído y la oportunidad de presentar sus argumentos, así como la prueba que considere pertinente, a fin de no incurrir la Administración en violación a los derechos constitucionales que poseen los habitantes de este Distrito, se requiere que el oficio topográfico presentado por la sociedad sea valorado por el ingeniero institucional a fin de dar respuesta y argumentar si su criterio se ajusta a derecho o por el contrario lo ahí estipulado no concuerda con la lámina correspondiente al Plan Regulador Costero Playa Santa Teresa, posteriormente el día 27 de setiembre del 2024 el señor [Nombre 001] envió vía correo electrónico al Departamento de Zona Marítimo Terrestre un oficio JDG-1325-23/24 del 11 de setiembre de 2024, emitido por Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en el cual se detalla que el Ingeniero Juan Carlos Gómez Rojas, ingeniero que realizó el informe presentado por la sociedad, se encuentra suspendido razón por la cual se procedió a solicitar certificación sobre la situación profesional del Ing. Gómez Rojas al CFIA a fin de aclarar la validez de dicho informe, esta certificación se encuentra en trámite (…) En virtud de lo anterior y a fin de dar respuesta al Instituto Costarricense de Turismo sobre la aclaración, se solicitó al Ingeniero Topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre a realizar el levantamiento topográfico de manera interna sin tomar en cuenta el informe presentado por el Ing. Gómez por parte de Colemu S. A., a fin de no causar eventuales vicios o nulidades al no tener certeza al día de hoy sobre la validez de sus actos como profesional; precisamente en este punto es necesario tomar en cuenta lo indicado en los hechos primero, segundo y tercero,  de conformidad al principio constitucional del Debido Proceso antes mencionado y el Principio Constitucional de Razonabilidad y Proporcionalidad del cual esta respetable Sala Constitucional ha señalado lo siguiente mediante las sentencias 6805-11, 3950-12 (…) La Ley no puede ser irracional, asimismo, su aplicación no debe ser arbitraria, los actos realizados por la Administración deben ser conforme señala el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, estar sometida al ordenamiento, realizar aquellos actos y servicios autorizados por el ordenamiento jurídico, según la escala de jerarquía de las fuentes, es por esta razón que el presente proceso se esta (sic) llevando de conformidad al Principio del Debido Proceso, esta Administración no puede ni debe actuar de la manera acelerada y arbitraria que propone el recurrente, siendo que, existen inconsistencias en los oficios CYV-OF-GE-049-2018 del 27 de febrero del 2018 y CYV-OF-GE-118-2018 del 05 de junio del 2018 sobre los accesos públicos, es por esta razón que se solicitó al Ingeniero Topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre realizar de manera interna un levantamiento sobre el área del mojón 503 del Plan Regulador Santa Teresa. Como se mencionó en el hecho primero sobre el oficio CYV-OF-GE-049-2018, señala que existe un desface lineal sobre los mojones de la lámina del plan regulador y los mojones oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, esto quiere decir que el desface lineal entre los mojones ocasiona que la lámina del plan regulador Playa Santa Teresa no se ajusta a la realidad del sitio lo cual significa que existe una probabilidad que el portón objeto de la aclaración solicitada por el Instituto Costarricense de Turismo eventualmente no este obstruyendo el acceso y el oficio antes mencionado no aclara este presupuesto solo indica la existencia “de un considerable desfase lineal sobre los mojones”. El artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública señala que el contenido del acto administrativo debe ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas, además de ser proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados, asimismo, el articulo 35 de la Ley 6043 sobre Zona Marítimo Terrestre, señala que las Municipalidades mantendrán bajo su custodia y administración las áreas de la Zona Marítimo Terrestre, no es procedente para la Administración actuar contrario a lo establece la normativa, contrario a nuestra Carta Magna y contrario a la jurisprudencia citada por esta honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo ocurre con el oficio CYV-OF-GE-118-2018 del 05 de junio del 2018, siendo que no tiene congruencia al señalar lo siguiente; (…) El informe data 05 de junio del 2018, el Plan Regulador Playa Santa Teresa tiene su último ajuste y rectificación publicado en el periódico oficial la Gaceta número 72 del miércoles 15 de abril del año 2015, de modo tal que para el año 2018 se encontraba vigente la actual lámina en la cual se consigna dos accesos públicos sobre los mojones 116-503, sin embargo, este oficio señala que el acceso #2 no esta (sic) indicado en el Plan Regulador Playa Santa Teresa, lo cual es inconsistente y genera incertidumbre porque la lámina si lo señala; razón por la cual es necesario recurrir al Principio Constitucional del Debido Proceso y actualizar el levantamiento topográfico por parte de este Concejo Municipal a fin de esclarecer lo señalado por estos oficios, en virtud de esto es menester indicar lo contemplado en el artículo 157 de la Ley General de Administración Pública “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos” LÁMINA PLAN REGULADOR PLAYA SANTA TERESA (…) En virtud de lo supra desarrollado, no lleva en razón el recurrente al indicar que esta Administración ha sido omisa al gestionar el caso que nos ocupa ya que desde el momento que se tuvo conocimiento del mismo se ha gestionado conforme a Derecho corresponde, es cierto que administraciones pasadas no han ejecutado los acuerdos realizados, sin embargo, tome en cuenta los honorables Magistrados de esta Sala Constitucional que la actual Administración tomo posesión de este Concejo Municipal a partir del 01 de mayo del año en curso y de conformidad a lo supra desarrollado se le ha dado la atención correspondiente al presente caso, en primer lugar sobre la cancelación de la concesión se encuentra siendo revisado por un profesional en Derecho el procedimiento administrativo el cual la Administración pasada indicó posibles irregularidades mediante oficio INT-074-2024 del 07 de marzo del 2024 enviado al Instituto Costarricense de Turismo, teniendo respuesta mediante oficio AL-A-0317-2024, del 12 de marzo del 2024, una vez obtenido el resultado correspondiente esta Administración procederá de conformidad. En segundo lugar, sobre la aclaración solicitada por el Instituto Costarricense de Turismo sobre accesos públicos mediante oficio DPD-ZMT 387-2024 del viernes 26 de julio de 2024, se encuentra siendo abordado por parte del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, quien estará realizando levantamiento topográfico en el sitio a fin de esclarecer el contenido de los oficios CYV-OF-GE-049-2018 del 27 de febrero del 2018-  CYV-OF-GE-118-2018 del 05 de junio del 2018 y así proceder de manera responsable y diligente; es importante indicar que el Instituto Costarricense de Turismo ha dado visto bueno sobre este asunto y la necesidad de ser gestionado según los parámetros del debido proceso, se aporta como prueba el expediente mediante el cual se encuentra gestionando lo solicitado por ICT (…)”. Solicitan se declare sin lugar el recurso y que, además, se les otorgue un plazo prudencial de tres meses a fin de terminar el debido proceso iniciado respecto al oficio DPD-ZMT-387-2024 de aclaración del ICT sobre el acceso a vías públicas en el mojón 503 del Plan Regulador de Playa Santa Teresa, pues el ingeniero topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, se encuentra trabajando en el levantamiento topográfico en el sitio, con el fin de aclarar lo dispuesto en los oficios No. CYV-OF-GE-049-2018 de 27 de febrero de 2018 y CYV-OF-GE-118-2018 de 5 de junio de 2028 y tener el informe final sobre la revisión del procedimiento administrativo que ordenó la cancelación de la concesión (…)”.

6.- Por escrito aportado a la Sala el 11 de octubre de 2024, Carlos Mauricio Duarte Duarte y Angie Vanesssa Bonilla Santana, en su condición de concejales municipales propietarios del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, emiten manifestaciones respecto a los hechos acusados en este proceso de amparo. Señalan que efectivamente personeros de Colemu S.A. colocaron ilegalmente dos portones que impiden el acceso a dos vías públicas ubicadas en una sección de la zona marítimo terrestre sin concesionar, por lo que está bajo administración municipal. Afirman que ambas vías están contempladas en el Plan Regulador de Santa Teresa: una conduce desde la calle principal a la concesión y la otra a la zona pública (playa). Este último portón fue construido en la zona protegida de un río que desemboca en un pequeño manglar. Afirman que han solicitado en varias ocasiones y mediante mociones que se proceda con la demolición de esos portones y se habiliten ambas vías, pero el resto de miembros del concejo lo han impedido. Incluso, en la última sesión del concejo (No. 022-2024 de 1° de octubre de 2024), procedieron a revocar un acuerdo relacionado con la habilitación de esas vías. Alegan que se ha dado largas al asunto, bajo el argumento que se debe otorgar el debido proceso a dicha empresa. De otra parte, señalan que ciertamente, desde noviembre de 2019, se ordenó la desinscripción en el Registro de Concesiones de la concesión otorgada a Colemu S.A.  y que, cinco años después, no se ha procedido de tal forma, pese a que el acuerdo está en firme. Aducen que el Intendente y el Presidente del Concejo, han obstaculizado la ejecución de ese acuerdo. Afirman que, al día de hoy, las construcciones ilegales que invaden la zona protegida y que violan las disposiciones del citado plan regulador, siguen intactas, por lo que el daño ambiental se mantiene. Solicitan que se declare con lugar el recurso.

7.- Por escrito aportado a la Sala el 16 de octubre de 2024, el recurrente se refiere al informe rendido por las autoridades recurridas, reitera los argumentos expuestos y aporta prueba para mejor resolver. Sostiene que “(…) una municipalidad no puede realizar una investigación prospectiva para determinar la anulabilidad de un acto administrativo firme que ya ha sido ratificado por el Tribunal Contencioso Administrativo, como es el que anula la concesión a nombre de Colemu S.A (…)”. Agrega que los portones bajo estudio están ubicados en terrenos de la zona marítimo terrestre no concesionados, es decir, bajo la administración municipal, y menciona que “(…) Independientemente de si la ubicación exacta de las vías bloqueadas coincide plenamente con lo estipulado en el Plan Regulador de Santa Teresa, la existencia de dichas vías está debidamente documentada tanto en los oficios referidos como en la lámina del Plan Regulador y en el plano catastrado de la concesión a nombre de Colemu S.A. (…)”. Afirma que la pretensión principal de este amparo es obligar a los recurridos a ejecutar el acuerdo firme tomado el 12 de noviembre de 2019, con el fin que se repare el daño ambiental causado por las construcciones ilegalmente erigidas en zonas protegidas.

8.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

 

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que los representantes de la concesionaria Colemu S.A. han invadido, con varias construcciones, área de la zona protegida ubicada en Playa Santa Teresa y, a su vez, han instalado portones que impiden el paso de peatones y vehículos en la zona o vía pública. Alega que, a pesar que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano acordó desde noviembre de 2019 cancelar la concesión otorgada a dicha sociedad –en atención a una serie de irregularidades halladas–, y demoler las referidas estructuras, estas precisas actuaciones no se han ejecutado a la fecha, tal y como corresponde, en aras de resguardar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y para habilitar el acceso a la zona pública.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

HECHOS RELACIONADOS CON LA CANCELACIÓN DE LA CONCESIÓN A COLEMU S.A.:

1)    Mediante formulario de solicitud de concesión de fecha 24 de marzo de 2004, la empresa Colemu S.A., representada por los señores Víctor Manuel Rodríguez Rescia y Dennis Rubie Castro, solicitó la concesión de la parcela ubicada en la Provincia de Puntarenas, Cantón Puntarenas, Distrito Cóbano, lugar Santa Teresa, por una medida de 16500,24 metros cuadrados, adjuntando un croquis del cuadro de distribución de áreas según el Plan Regulador de Playa Santa Teresa (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

2)    Al ser las 11:00 hrs. de 3 de noviembre de 2004, se suscribió el Contrato de Concesión entre la Municipalidad de Puntarenas y Colemu S.A. describiéndose en las cláusulas novena, décima y décima primera los linderos, el área y la zonificación de la parcela, respectivamente. En lo que respecta a las obligaciones de la concesionaria, se establecieron las siguientes cláusulas: “(…) DÉCIMO-QUINTA: OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO: El concesionario acepta todas y cada una de las obligaciones contenidas en la Ley seis mil cuarenta y tres del dos de marzo de mil novecientos setenta y siete y su Reglamento aprobado por el Decreto Ejecutivo número siete mil ochocientos cuarenta y uno-P del cuatro de enero de mil novecientos setenta y ocho.- DÉCIMO-SEXTA: LIMITACIONES.· La concesión no se podrá ceder, traspasar o gravar parcial o totalmente a ninguna persona física o jurídica sin previa autorización escrita de la Municipalidad y del Instituto Costarricense de Turismo, bajo pena de rescindirle al concesionario esta concesión si incumple lo anterior. Asimismo deberá inscribir el movimiento en el Registro General de Concesiones.- (…) DECIMO-SEPTIMA: LIMITACION: El concesionario no podrá modificar ninguna de las cláusulas del presente contrato sin previa autorización escrita del Concejo Municipal, so pena de rescindir el derecho de concesión otorgada,- (…) DECIMO-NOVENA: El concesionario se compromete a presentar las declaraciones que correspondan sobre el valor de las construcciones que se levanten en la parcela y la cancelación del tributo respectivo conforme al artículo seis, Inciso c) de la Ley siete mil quinientos nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco. (…) VIGÉSIMO-PRIMERA: LEGISLACIÓN APLICABLE: Las partes contratantes acuerdan que, en todo lo no previsto aquí, regirán las disposiciones contenidas en la Ley seis mil cuarenta y tres, su Reglamento y cualesquiera otras leyes conexas.- VIGÉSIMO-SEGUNDA: CANCELACIÓN: El incumplimiento de las anteriores cláusulas, así como de las disposiciones de la Ley y su Reglamento citados, dará derecho a la Municipalidad, previa consulta a las entidades correspondientes, para dar por cancelada la presente concesión, sin responsabilidad ni reconocimiento de cualquier tipo de concesionario (…)” (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

3)    Mediante resolución No. G-275-2005 de las 09:05 hrs. de 8 de febrero de 2005, el Instituto Costarricense de Turismo aprobó la referida concesión en los siguientes términos: “(…) Se aprueba la concesión remitida por la Municipalidad de Puntarenas, a favor de COLEMU SOCIEDAD AÑONIMA; cédula jurídica tres - ciento uno - ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco - treinta y seis, representada por los señores Dennis Rubie Castro, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de sabanilla (sic) de Montes de Oca, con cédula de identidad número uno - quinientos ochenta y tres - ochocientos veintisiete y Víctor Manuel Rodríguez Rescia, mayor, soltero, abogado y notario, vecino de Tibás, San José, con cédula de identidad uno - seiscientos nueve - cero treinta y uno, sobre una parcela ubicada en Playa Santa Teresa, Distrito Cóbano, Cantón Central de la Provincia de Puntarenas, con un área total de dieciséis mil quinientos metros cuadrados con veinticuatro decímetros, según plano catastro P - novecientos veintitrés mil ciento cincuenta y siete - dos mil cuatro, con la siguiente distribución de áreas: Zona Residencial Recreativa con un área de un mil ciento treinta y seis metros cuadrados con dos decímetros (1.136.02m2), Zona de Protección con un área de cinco mil novecientos treinta un metros cuadrados con veintitrés decímetros (5.931.23m2) y Zona Hotelera con un área de nueve mil doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros (9.284.54m2) y Zona de Servicios Básicos con un área de ciento cuarenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros (148.45m2) (…)” (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

4)    Dicha concesión fue inscrita ante el Registro Nacional de Concesiones en fecha 3 de marzo de 2006 (ver informe y prueba).

5)    En el expediente administrativo conformado al efecto, constan una serie de permisos de construcción emitidos a favor de Colemu S.A., en relación con la referida concesión otorgada (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

6)    De previo al año 2015, las autoridades del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano habían realizado varias inspecciones en la parcela concesionada, verificándose la realización de diversas obras que no contaban con permiso (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

7)    El último ajuste y rectificación realizado al Plan Regulador de Santa Teresa se publicó en La Gaceta No. 72 de 15 de abril de 2015 (ver informe).

8)    Mediante oficio de fecha 21 de febrero de 2018, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre le remitió a la Intendencia Municipal un informe de inspección sobre las obras existentes en la parcela, localizándose en la misma 21 construcciones en total, para un aproximado de 2538 metros cuadrados, según el siguiente detalle: a) 3 casas de habitación, 3 piscinas, 3 ranchos grandes y 6 ranchos pequeños para una medida de 2203 metros cuadrados y, b) 2 bodegas, 1 lavandería y dormitorio, galerón, para una medida de 335 metros cuadrados (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

9)    En oficio No. CYV-OF-GE-049-2018 de 27 de febrero de 2018, el Departamento de Catastro y Valoraciones realizó un levantamiento topográfico de todas las construcciones existentes dentro de los límites de la concesión con el fin dar ubicación georreferenciada de las mismas y colocarlas dentro de las zonificaciones establecidas en el plan regulador.  En tal ocasión se consignó expresamente lo siguiente: “(…) Se procedió a hacer un montaje del levantamiento de detalles topográficos. Correspondiente a la concesión con expediente 1768-2000 a COLEMU S.A. y basado en el Plan Regulador sector costero de Playa Santa Teresa, donde se indica lo siguiente: Se realiza levantamiento topográfico de todas las construcciones existentes dentro de los límites de la concesión otorgada a COLEMU S.A., con el fin de dar ubicación geo-referenciada de las mismas, para colocar de manera certera y precisas las mismas dentro de las zonificaciones establecidas en el plan regulador (…) Se logra determinar la existencia de un portón que bloquea el paso a un acceso público que está presente en toda la documentación antes descrita. Se determina que la porción de terreno descrita en el plano de catastro de COLEMU S.A. para la concesión, según el plan regulador abarca un Área de aproximadamente 322 m no descrita con ninguna zonificación, ver montaje. Es importante recalcar que el levantamiento realizado está basado en los mojones encontrados en campo, los cuales posteriormente se referencian y ajustan con los mojones de nuestra base de datos GIS que son los oficializados por el instituto geográfico nacional IGN. No obstante la revisión de la zonificación y la determinación de invasiones y sus áreas, se calcula basado en el plan regulador de playa Santa Teresa, y es de necesaria aclaración que los mojones del plan regulador y los oficializados por el IGN presentan un considerable desfase lineal entre sí. Además la zona marítimo terrestre descrita en el plan regulador no coincide exactamente con la zona marítimo terrestre que se genera a partir de la prolongación de la línea de mojones oficiales del IGN (…)” (ver informe y prueba).

10)       Por oficio No. CYV-OF-GE-118-2018 de 5 de junio de 2018, el Departamento de Catastro y Valoraciones del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano realizó un montaje de planos sobre los accesos a la concesión, en los cuales se indica: “(…) El terreno donde se encuentran los dos accesos físicos reales a la concesión bridada a COLEMU S.A. estaban catalogados por el INDER como la parcela 60, pero después del análisis conjunto con esta institución se determina que esta parcela está en su totalidad incluida dentro de la zona marítimo terrestre de administración del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, basados en el amojonamiento oficial del IGN. Se aclara que únicamente el acceso #1 (ver montaje) está indicado en el plan regulador y además catalogado por esta institución como una vía pública, conjuntamente es el acceso a vía pública con el cual la concesión de COLEMU S.A. fue otorgada, bajo la condición y el frente a calle publica necesario para dicho trámite. Indicando nuevamente que está situado en zona marítimo terrestre y por lo tanto administrado por nosotros. Se aclara que el acceso #2 (ver montaje) no está indicado en el Plan Regulador Costero Playa Santa Teresa y se encuentra ubicado en su totalidad en la Zona Marítimo Terrestre de administración municipal. / Se aclara que existe una zona de estacionamiento indicada en el plan regulador que será habilitada próximamente por esta institución para el disfrute del público (…)” (ver informe y prueba).

11)       Mediante Oficio-ING-326-2018 de fecha 13 de junio de 2018, el Departamento de Ingeniería y Construcciones del concejo recurrido realizó un análisis de las construcciones y permisos existentes en la concesión de  Colemu  S.A., emitiendo un detalle de estos con un montaje gráfico de los mismos en la zona concesionada. Adicionalmente se vertieron algunas observaciones sobre cada permiso, en donde se detalla: “(…) 105/2007 / Se modificó en forma puesto que la tramitada en planos era rectangular y se utilizaron formas redondeadas. No se conoce si el área de la piscina coincide con el área tramitada en plano. / -020/2008 / Tramitada como una estructura Palafito, no contempla área constructiva en planta baja. En la realidad, actualmente se encuentra cerrada con paredes y habilitada en su parte interna. / -037/2008 / Era una vivienda existente para la cual se tramitó un permiso de construcción nuevo. La misma supera en altura lo permitido según el plan regulador. La misma fue remodelada con el permiso de construcción 252/2008. / -170/2008 La piscina se construyó más pequeña de lo contemplado pero se construyó una terraza perimetral que sí tiene el área de 42m2 tramitada en los planos constructivos. El muro de 100m está ubicado en planos constructivos fuera de la propiedad, frente a la calle pública y cuenta con dos portones los cuales si se construyeron. El muro no se ha construido y por haberse aprobado fuera de la propiedad, debería anularse. / -252/2008 / Ampliación del permiso 170/2008. La estructura en planos fue modificada en la realidad ya que era una estructura desligada a un costado el cual fue anexo a la construcción existente. / -151/2010 / Consiste en cuatro estructuras tipo habitación ubicadas en forma de espejo, separadas por un pasillo. El informe de inspección de ZMT informa que la altura es 10, superando lo permitido. / Se construyó una ampliación que invade el retiro lateral, según informe del topógrafo Felipe Rodríguez (folio 263 exp. ZMT), inicialmente era un alero abierto (ver folio 241 exp ZMT). Hoy en día se encuentra cerrado. / -069/2013 / Estructura de cubierta de techo que cubre el pasillo abierto entre las dos estructuras tipo vivienda del permiso 151/2010. / -070/2013 / Construcción de una tercera vivienda del lado próximo a la playa. / Es importante mencionar que tras revisar los planos físicos encontrados en el archivo municipal, y los digitales obtenidos de parte del CFIA, se encontraron sellos del ICT y del INVU solo en el permiso tramitado con número 151/2010 y 070/2013.” (…)” (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

12)       Mediante informe de investigación preliminar elaborado por la Asesoría Legal del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, por presuntas irregularidades respecto a la ocupación y ejecución de obras al margen de la normativa que regula la zona marítimo terrestre por parte de Colemu S.A., se determinó que “(…) Por las aparentes infracciones al ordenamiento jurídico descritas en este documento, como resultado del acaecimiento de los hechos comentados a lo largo del presente informe, se solicita valorar la apertura de un procedimiento administrativo para comprobar la verdad real de los hechos, deslindar las responsabilidades e imponer las sanciones que pudieran proceder en contra de la concesionaria Colemu S.A, respectivamente, de acuerdo con los hechos descritos. / Asimismo, estimar con ello, la eventual responsabilidad administrativa, civil o penal que arrojen producto del eventual proceso que este genere” (…)” (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

13)       Mediante resolución No. IC-024-2019 de las 11:10 hrs. de 4 de febrero de 2019, la Intendencia Municipal ordenó abrir el procedimiento administrativo ordinario contra la empresa Colemu S.A. en virtud de los hechos investigados (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda)

14)       Mediante oficio No. CMS-367-2019 de fecha 22 de agosto de 2019, se comunicó a Colemu S.A, el inciso a), artículo II), de la sesión extraordinaria No. 86-19 celebrada en fecha 15 de julio de 2019, del Concejo Municipal de Distrito, en el cual se acordó lo siguiente: “(…) Con cuatro votos presentes a favor SE ACUERDA: "1.1 Dispensar del trámite de comisión". ACUERDO UNANIME Y FIRME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal (sic) el cual se prueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO. / 1.2. Acoger el informe final de hechos probados y no probados emitido por el órgano director externo del Órgano Director del Procedimiento Administrativo para Investigar Presuntas Anomalías cometidas en la concesión que ejerce COLEMU S.A. y sus respectivas recomendaciones y en consecuencia: 1.2.1. Solicitarle a la Administración la demolición inmediata de las obras levantadas en la zona pública, a saber rancho y parrilla, al frente de la parcela concesionada. / 1.2.2. Solicitarle a la Administración demoler el portón denominado Nº 2 que se encuentra fuera del área concesionada y que invade la zona de protección. / 1.2.3 Revocar el permiso de construcción Nº 170/2008 correspondiente a una tapia por haberse autorizado en un área fuera de la parcela concesionada / 1.2.4 Trasladar a la (sic) Instituto Costarricense de Turismo y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en cumplimiento con lo establecido en el articulo (sic) 80 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre Nº 6043 todo lo relacionado con el Procedimiento Administrativo en contra de la concesionaria COLEMU S.A. Expediente [Valor 002], para su respectivo criterio" ACUERDO UNANIME Y FIRME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO (…)” (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda)

15)       Mediante inciso b, artículo VII, de la sesión ordinaria No. 185-2019, celebrada en fecha 12 de noviembre de 2019, el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, en calidad de órgano decisor por la materia Zona Marítimo Terrestre, acordó lo siguiente: “(…) Dictar el Acto Final de Hechos Probados y No Probados en todos sus extremos y en consecuencia; / Ordenar la demolición inmediata de las obras levantadas en la zona pública, a saber rancho y parrilla, al frente de la parcela concesionada. / Demoler el portón denominado Nº 2 que se encuentra fuera del área concesionada y que invade la zona de protección. / Revocar el permiso de construcción de la tapia por haberse autorizado en un área fuera de la parcela concesionada. / Decretar la cancelación de la concesión Nº 1768-2000. Representada por la señora CARLOTA DORRING MEADOWS, cedula de residencia N 175200002119. / Habiendo sometido a consulta de esta resolución, a las autoridades competentes, previstas en la normativa citada. Y una vez en firme este acuerdo de cancelación y ejecutable, infórmese al Registro Público para que se proceda a la cancelación del respectivo asiento registral a nombre de la concesionaria COLEMU S.A. (…)” (ver prueba y expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

16)       El representante de la empresa Colemu S.A. formuló recurso de revocatoria con apelación en contra de lo dispuesto en el inciso b, artículo VII, de la sesión ordinaria No. 185-2019. Mediante inciso a, artículo VIII de la sesión ordinaria 190-19 celebrada en fecha 17 de diciembre de 2019, el Concejo Municipal de Distrito recurrido rechazó el recurso de revocatoria interpuesto (ver expediente No. 23-004947-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda).

17)       Mediante la Sentencia No. 66-2022 de las 16:22 hrs. de 24 de febrero de 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo (Sección Tercera), en calidad de contralor no jerárquico de legalidad, declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por la empresa Colemu S.A. en contra del citado acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 185-2019. En su parte dispositiva, se indicó expresamente lo siguiente: “(…) Por tanto Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, por lo que se confirma el acto impugnado. Se da por agotada la vía administrativa (…)”  (ver informe y prueba).

18)       Contra la ejecución del referido acuerdo Colemu S.A. solicitó ante el Tribunal Contencioso Administrativa una medida cautelar provisional de suspensión, la cual se rechazó mediante el Voto No. 314-2023 de 14 de junio de 2023 (ver informe). 

19)       El 7 de marzo de 2024, la Intendencia Municipal de Cóbano emitió oficio No. INT-074-2024 dirigido al Instituto Costarricense de Turismo, con el siguiente asunto: “Solicitud de confirmación sobre viabilidad jurídica para revocar acto administrativo que ordena la cancelación de la concesión en zona marítimo terrestre de la sociedad Colemu S.A.”. En la pretensión de ese oficio, se señaló expresamente lo siguiente: “(…) Solicito se confirme lo siguiente: -Que el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano se encuentra legalmente facultado para revocar el Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria número 185-2019, artículo VII, inciso b), del día 12 de noviembre del año 2019 que ordenó la cancelación de la concesión en Zona Marítimo Terrestre otorgada a la empresa COLEMU S.A. con base en lo dispuesto en los artículos 152, 153 y 155 de la Ley General de la Administración Pública (…)” (ver informe y prueba).

20)       El Instituto Costarricense de Turismo, mediante oficio No. AL-A-0317-2024 de 12 de marzo de 2024, dio respuesta a la anterior gestión, conforme los siguientes términos: “(…) 4. Lo Concejos de Distrito, por disposición de las Leyes 8173 y 6043, tienen las mismas facultades que la (sic) Municipalidades y por tanto las mismas competencias constitucionales. 5. Por todo lo analizado en este documento, carece de competencia esta Asesoría Legal para dar respuesta a la consulta realizada por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano. 6. El revocar actos propios es un acto administrativo, que, como tal, debe estar debidamente fundamentado y queda bajo absoluta responsabilidad del órgano que dictó y decide revocar el acto, sea el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (…)” (ver informe y prueba).

21)       Mediante el Voto No. 2024-2284 de las 10:42 hrs. de 9 de abril de 2024, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolvió proceso de ejecución de acto firme y favorable formulado por un tercero interesado en la concesión (Dombas del Pacífico S.R.L,). Este proceso fue desestimado, conforme lo siguientes términos: “(…) IV.- DEL ACTO QUE SE PRETENDE EJECUTAR. Dicho lo anterior, tenemos que la parte actora pretende la ejecución de un acto emitido por el Concejo Municipal de Cóbano, en sesión Extraordinaria número 86-19, artículo II, inciso a), del quince de julio de dos mil diecinueve, donde se acordó acoger el firme final sobre anomalías cometidas en la concesión otorgada a la sociedad COLEMU S.A y donde solicita la demolición de obras y portón, y revocar permiso de construcción correspondiente a una tapia, y además trasladar al Instituto Costarricense de Turismo y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (en cumplimiento artículo 80 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre Nº 6043) el Procedimiento Administrativo en contra de la concesionaría COLEMU S.A Expediente [Valor 002], para su respectivo criterio. Una vez revisado el acto considera esta autoridad que que (sic) no corresponde a un acto administrativo firme y favorable por las siguientes razones. En primer lugar, como bien lo indica el Concejo de Distrito de Cóbano el acto en cuestión no le otorga un derecho positivo directo a DOMBAS DEL PACÍFICO S.R.L, lo que la empresa tiene es una expectativa de que cuando la concesión se cancele pueda participar solicitando la concesión de dicha parcela. En segundo lugar, tenemos que el acto citado, establece que se da traslado del expediente administrativo al Instituto Costarricense de Turismo y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, para su respectivo criterio, en consecuencia en este momento el acto no cuenta con un acto firme y favorable emitido por del Concejo de Distrito de Cóbana (sic), con independencia de que el Tribunal Contencioso Administrativo Sección III, mediante la resolución 66-2022 de las dieciséis horas veintidós minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, haya agotado la vía administrativa denegando el recurso de apelación representado la sociedad COLUME S.A, contra el acuerdo antes supra citado. Tercero, no corresponde a un acto firme y favorable en los términos del numeral 228 de la Ley General de la Administración Pública y 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Para mayor claridad resulta importante indicar que el derecho subjetivo, se ha definido como el reconocimiento de un derecho o de un poder de un sujeto (s) que puede hacer valer frente a otros, imponiéndoles obligaciones o deberes, en su interés propio, reconocimiento que implica que va acompaña del derecho a la tutela judicial. Cuando un sujeto obstenta (sic) un derecho subjetivo, tiene a su favor la garantía del derecho objetivo para accionar por vía coercitiva su ejecución, es decir de hacer valer la facultad que de el (sic) corresponde, esto en los casos en los cuales la administración u otro sujeto, pretenda perturbar o desconocer su derecho. Todo derecho corresponde a un sujeto que es el titular, ya que el derecho subjetivo va íntimamente unido a la persona o personas a las cuales pertenece. En el presente caso, estas características no se encuentran dentro del acto ya que no le otorga a la parte un derecho positivo, como se indico (sic) línea atrás.- Dicho lo anterior resulta claro que la pretensión deducida resulta improcedente, ya que no estamos en presencia de una vía declarativa de derechos, sino ante una vía en donde se pretende ejecutar un acto, que ya se determino (sic) no resulta favorable a los intereses de la parte actora, siendo improcedente este tipo de pretensiones dentro del presente proceso, que aún y cuando se refuta jurisdiccional, en palabras de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, es una vía para concretar la voluntad de la administración, que no determina más obligaciones que las determinadas en el acto que se pretende ejecutar, requisito que no tiene la parte actora ya que no obstenta (sic) un acto firme y favorable. Debiendo ante la improcedencia rechazarse las pretensiones deducidas respecto de la conducta realizada por la accionada. Si se encuentra el actor inconforme con lo dispuesto o por la actuación del ente territorial debe acudir a la vía correspondiente sea al proceso plenario, pero no por medio del presente proceso que solo tiene como efecto concretar la voluntad de la administración cuando el acto emitido resulta firme y favorable lo cual no se da en el presente caso.- (…) POR TANTO: En consecuencia se declara SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS el proceso de EJECUCIÓN DE ACTO FIRME Y FAVORABLE interpuesto por DOMBAS DEL PACÍFICO S.R.L, contra la CONCEJO DE DISTRITO DE CÓBANO, PUNTARENAS.- Se dicta sin especial condenatoria en costas de la ejecución de acto firme y favorable.- NOTIFÍQUESE.-Vera Mora Rojas (Jueza).- (…)” (ver prueba).

22)       El 29 de mayo de 2024, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano recibió solicitud de prórroga de la concesión otorgada a Colemu S.A.. Esa solicitud se trasladó al Concejo de Concejales mediante oficio No. ZMT-197-2024, debido a la situación que se mantenía para entonces con dicha empresa (proceso de cancelación de concesión) (ver informe y prueba). 

23)       En la sesión No. 12-2024 de 23 de julio de 2024, el concejo recurrido conoció dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos relacionado con la concesión otorgada a Colemu S.A. que dispuso: “(…) Se dictamina que este Órgano Colegiado NO tiene facultad de resolver dicha situación pues no es facultad revocar un acuerdo que sigue el debido proceso a no ser que una instancia judicial así lo determine o que se encuentre errores de fondo que generó la cancelación de la concesión. ES TODO (…)”. En virtud de lo anterior, el referido concejo dispuso solicitar a la asesora legal del concejo ampliar el dictamen emitido a efecto de poder comprender claramente el tema (ver prueba). De esta sesión y, a partir de lo dispuesto en los oficios No. INT-074-2024 y No. AL-A-0317-2024, nació la necesidad de realizar una revisión legal del procedimiento administrativo que ordenó la cancelación de la concesión (ver informe).

24)       Mediante la sesión ordinaria No. 013-2024, artículo VI, inciso f), de 30 de julio de 2024, el Concejo de Concejales del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano acordó lo siguiente respecto a la solicitud de prórroga de concesión planteada por Colemu S.A. “(…) se espere a conocer el dictamen de la comisión permanente de asuntos jurídicos sobre el proceso a seguir en el caso COLEMU S.A. para poder tomar una decisión con respecto a esta solicitud (…)” (ver informe y prueba).

25)       La citada Comisión de Jurídicos, el 27 de agosto de 2024, dispuso lo siguiente “(…) DICTAMEN N° 01 CONSIDERANDO: Que el Concejo ha trasladado el OFICIO INT-2024-138 de la Intendencia Municipal y el OFICIO AI-A-0317-2024 del ICT. Esta comisión, tampoco el Concejo Municipal, o la administración tienen la facultad de poder anular un acuerdo que siguió el debido proceso, a no ser que una instancia judicial así lo determine. O en todo caso, que administrativamente se encuentren errores de fondo absolutos o relativos en el procedimiento administrativo que la recomendación final al Concejo Municipal, para anular la concesión. POR LO TANTO. Esta comisión permanente de Asuntos Jurídicos con base en el artículo 34 inciso g, y 49 del Código Municipal DICTAMINA, recomendar al Concejo: 1. Se asigne a un profesional en derecho que estudie el procedimiento administrativo que dio origen a la cancelación de la concesión de COLEMU, a fin de determinar si esta cumplió con el marco normativo. ES TODO. Se somete a votación el dictamen en cual es aprobado en todas sus partes (…)” (ver informe).

26)       El 30 de agosto de 2024, se formuló el presente recurso de amparo (ver escrito de interposición).

27)       En la sesión ordinaria No. 019-24, artículo VI, inciso c) de 10 de septiembre de 2024, el Concejo de Concejales recurrido dispuso lo siguiente: “(…) ACUERDO N°6. Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “5.1 Acoger el dictamen presentado por la comisión de asuntos jurídicos y dar pase del mismo a la Intendencia Municipal a fin de que asigne a un profesional en derecho que estudie el procedimiento administrativo que dio origen a la cancelación de la concesión de COLEMU, a fin de determinar si esta cumplió con el marco normativo (…)” (ver informe).

28)       El 1° de octubre de 2024, las autoridades recurridas fueron notificadas de la interposición de este amparo (ver actas de notificación).

 

HECHOS RELACIONADOS CON GESTIÓN REALIZADA POR ICT Y LA EXISTENCIA DE PORTONES EN LA ZONA CONCESIONADA

1)    En fecha no precisa, el recurrente presentó ante el Instituto Costarricense de Turismo una denuncia por la existencia de un portón en los accesos públicos sobre el mojón 503 del Plan Regulador de Santa Teresa ubicados en la parcela concesionada a Colemu S.A. En virtud de lo anterior, el ICT emitió el oficio No. DPD-ZMT-387-2024 de fecha 26 de julio de 2024, dirigido al Concejo recurrido, con el siguiente texto: “(…) Asunto: Solicitud de aclaración para atender denuncia de existencia de un portón que impide el libre acceso de las personas a zona pública en Playa Santa Teresa cerca del mojón 503. Petitoria: Por lo antes expuesto y con la finalidad de brindar respuesta pronta y oportuna al denunciante respetuosamente les solicito que, en su condición de administradores de la Zona Marítimo Terrestre en su jurisdicción, nos informen acerca de: 1. La condición actual que presenta el acceso al sector de playa Santa Teresa específicamente en el acceso establecido por el Plan Regulador vigente que desemboca en el mojón del IGN N° 503, según imagen aportada. 2. En caso de existir el portón denunciado que se observa en las fotografías aportadas por el denunciante; mismo que evidentemente estaría impidiendo el libre tránsito acceso de las personas a la zona pública, indicar las acciones y el plazo en que serían implementadas dichas acciones para hacer cumplir la ley y restituir dicho acceso público a la zona pública (…)” (ver informe y prueba).

2)           En agosto de 2024, las autoridades recurridas ordenaron la realización de una inspección en el sitio bajo estudio, “(…) la cual señaló la existencia del portón mencionado (…)”. Por lo anterior, el 4 de septiembre de 2024 se notificó a la sociedad Colemu S.A. advertencia administrativa para remover en cuarenta y ocho horas los portones que obstruyen el acceso a la calle pública y el sendero peatonal público “(…) los cuales deben de tener libre acceso por su carácter demanial (…)” (ver informe y prueba).

3)           Mediante oficio No. ZMT-260-2024 de 4 de septiembre de 2024, la Coordinadora de la Zona Marítimo Terrestre del concejo recurrido respondió al ICT oficio No. DPD-ZMT-387-2024. En este documento se hizo referencia a la inspección realizada en agosto de ese mismo año y a la advertencia de remoción de los referidos portones notificada a la sociedad Colemu (ver prueba).

4)           El 11 de septiembre de 2024, un inspector del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del concejo recurrido realizó una nueva inspección en el referido sitio y verificó que la advertencia girada a Colemu S.A. no había sido cumplida (ver prueba).

5)           El 16 de septiembre de 2024, la referida empresa presentó ante la parte recurrida el llamado Informe Técnico Estudio de Geoespacial de Portones/Accesos, donde se detalla que existe un error por parte de la administración sobre la georreferenciación de los accesos públicos señalados en la prevención y la ubicación de los portones (ver informe y prueba).

6)           Por oficio No. ZMT-272-2024 de 16 de septiembre de 2024, la Coordinadora de la Zona Marítimo Terrestre del concejo puso en conocimiento del ICT el estudio aportado por la referida sociedad y apuntó que era “(…) necesario trasladar estos documentos al ingeniero Topógrafo de este Departamento a fin de ser revisados y brindar el informe correspondiente, de conformidad al principio constitucional del debido proceso (…)”. También se dijo que, una vez analizados los documentos aportados por la sociedad y realizado el informe por el topógrafo de ese departamento, se determinarían las acciones a seguir por parte de la administración (ver prueba).

7)           Mediante oficio No. ZMT-274-2024 de 19 de septiembre de 2024, la coordinadora del citado Departamento de Zona Marítimo Terrestre dejó sin efecto la advertencia administrativa girada a Colemu S.A. el 4 de septiembre de ese mismo año “(…) hasta tanto esta Coordinación cuente con el Informe técnico del Ingeniero Topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre sobre Informe Técnico Estudio de Georreferenciación de Portones/Accesos presentado por la sociedad a fin de proceder de conformidad con el Principio Constitucional del Debido Proceso (…)”. Lo anterior le fue informado al ICT mediante oficio No. ZMT-278-2024 de 23 de septiembre de 2024 y se aclaró que “(…) Una vez realizado el informe técnico por parte del ingeniero institucional, se realizará resolución razonada y fundamentada, sobre este asunto específico, valorando si efectivamente los portones se encuentran en vía pública y debe actuar la Administración o si bien es un tema de fondo sobre la concesionaria que deba ser elevado al Concejo de Concejales (…)”  (ver prueba).

8)           El 3 de octubre de 2024, la Coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, a fin de dar respuesta al Instituto Costarricense de Turismo, solicitó al ingeniero topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, realizar un levantamiento topográfico sobre los accesos públicos en el mojón 503 del Plan Regulador de Santa Teresa, con el fin de “(…) confirmar si efectivamente los portones se encuentran obstaculizando accesos públicos (…)” (ver informe y prueba).

9)           Para la fecha de rendido el informe por las autoridades recurridas, sea, el 4 de octubre de 2024, se estaban realizando gestiones para atender la aclaración solicitada por el ICT mediante oficio de 26 de julio de 2024, concretamente, por parte del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, el que tiene a cargo realizar el mencionado levantamiento topográfico en el sitio (ver informe).

III.- HECHO NO PROBADO. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tiene por indemostrado el siguiente: Único: Que el tutelado hubiera presentado alguna gestión formal ante las autoridades recurridas (v.gr. una denuncia por algún daño ambiental en concreto cometido por la permanencia de Colemu S.A en la zona concesionada) y que esta no hubiera sido atendida (los autos).

IV.- SOBRE EL ACUERDO DE CANCELACIÓN DE LA CONCESIÓN OTORGADA A COLEMU S.A. Como primer aspecto y punto medular de este proceso de amparo, el recurrente señala que acude a esta Sala en virtud que las autoridades del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, a la fecha, luego de varios años transcurridos, han omitido ejecutar el acuerdo tomado en la sesión No. 185-2019, artículo VII, inciso b), de fecha 12 de noviembre de 2019, mediante el cual, a su vez, se resolvió decretar la cancelación de la concesión otorgada a la empresa Colemu S.A. en playa Santa Teresa y se ordenó, también, la demolición de obras levantadas en zona pública (rancho y parrilla), así como un portón que está ubicado fuera del área concesionada y la revocación de un permiso de construcción de una tapia ubicada fuera del área concesionada.  Acusa que no existen motivos para haber retrasado, por tantos años, la ejecución de dicho acuerdo y continuar tolerando el daño ambiental que se produce. Explica que esa cancelación se emitió luego de comprobarse que la referida empresa había incurrido en varias infracciones a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y a las disposiciones contempladas en el Plan Regulador de Santa Teresa (v.gr. haber construido en zonas ambientales protegidas, construido edificios sin permisos, haber invadido la zona pública y haber instalado portones en lugares que dan acceso a vías públicas). Afirma que ese acto fue impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la mencionada sociedad concesionaria, pero fue desestimado, confirmándose el acto impugnado.

Alega también que los recurridos han buscado la manera de evitar la ejecución de dicho acuerdo, es decir, para revocar el referido acto, lo cual, sin embargo, ya no es posible hacer. Menciona igualmente que, pese a que se acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para que ordenara la ejecución del referido acuerdo, dicha gestión fue rechazada (por falta de legitimación del solicitante). Sostiene, entonces, que la ejecución de dicho acuerdo es, por tanto, una medida necesaria para cumplir el mandato constitucional de velar por un ambiente sano. En su criterio, los recurridos han incumplido su deber de reparar el daño ambiental causado por Colemu S.A., pese a que existe un acuerdo administrativo firme que permite hacerlo.

Solicita, en consecuencia, que se acoja este proceso de amparo y se les ordene a las autoridades recurridas del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, ejecutar el acuerdo adoptado en la sesión No. 185-2019, artículo VII, inciso b), de fecha 12 de noviembre de 2019. Incluso, en escrito posterior, el accionante reafirma que esta es la pretensión principal al interponer este proceso de amparo.

Revisados los autos, se tiene por demostrado que, ciertamente, luego de un procedimiento administrativo realizado en el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano (por presuntas irregularidades cometidas por la sociedad Colemu, en calidad de concesionaria), en la sesión No. 185-2019, artículo VII, inciso b), de fecha 12 de noviembre de 2019, dicho concejo, en calidad de órgano decisor, dispuso lo siguiente:

“(…) Dictar el Acto Final de Hechos Probados y No Probados en todos sus extremos y en consecuencia; / Ordenar la demolición inmediata de las obras levantadas en la zona pública, a saber rancho y parrilla, al frente de la parcela concesionada. / Demoler el portón denominado Nº 2 que se encuentra fuera del área concesionada y que invade la zona de protección. / Revocar el permiso de construcción de la tapia por haberse autorizado en un área fuera de la parcela concesionada. / Decretar la cancelación de la concesión Nº 1768-2000. Representada por la señora CARLOTA DORRING MEADOWS, cedula de residencia N 175200002119. / Habiendo sometido a consulta de esta resolución, a las autoridades competentes, previstas en la normativa citada. Y una vez en firme este acuerdo de cancelación y ejecutable, infórmese al Registro Público para que se proceda a la cancelación del respectivo asiento registral a nombre de la concesionaria COLEMU S.A. (…)”.

Igualmente, se demostró que el concejo recurrido, el 17 de diciembre de 2019, rechazó el recurso de revocatoria formulado por Colemu S.A. en contra del citado acuerdo y que, por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo (Sección Tercera), en calidad de contralor no jerárquico de legalidad, mediante la Sentencia No. 66-2022 de las 16:22 hrs. de 24 de febrero de 2023, declaró sin lugar el recurso de apelación formulado también por dicha concesionaria, dándose por agotada así, la vía administrativa.

En adición a lo anterior, consta que, durante este año 2024, los recurridos se han cuestionado o replanteado su competencia para revocar la referida concesión, así como los fundamentos que conllevaron a tomar el referido acuerdo. De esta manera, se acreditó que el Intendente Municipal, el 7 de marzo de 2024 y por oficio No. INT-074-2024, solicitó al ICT criterio sobre la viabilidad jurídica de revocar el acto que ordenó la cancelación de la citada concesión y sobre la facultad que posee al efecto el concejo. Este último oficio fue atendido por el ICT mediante oficio No. AL-A-0317-2024 de 12 de marzo de 2024, refiriéndose a las competencias que posee, sobre el particular, el referido concejo de distrito. Asimismo, consta que en la sesión No. 12-2024 de 23 de julio de 2024, el concejo recurrido (conformado por la nueva integración), conoció el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos relacionado con la concesión otorgada a Colemu S.A. que dispuso: “(…) Se dictamina que este Órgano Colegiado NO tiene facultad de resolver dicha situación pues no es facultad revocar un acuerdo que sigue el debido proceso a no ser que una instancia judicial así lo determine o que se encuentre errores de fondo que generó la cancelación de la concesión. ES TODO (…)”. En virtud de lo anterior, se acreditó que el referido concejo dispuso solicitar a la asesora legal del concejo ampliar el dictamen emitido a efecto de poder comprender claramente el tema. Según se verificó, de esta sesión y, a partir de lo dispuesto en los oficios No. INT-074-2024 y No. AL-A-0317-2024, nació la necesidad de realizar una revisión legal del procedimiento administrativo que ordenó la cancelación de la concesión.

De esta manera, se verificó que la citada Comisión de Jurídicos, el 27 de agosto de 2024, dispuso lo siguiente:

“(…) DICTAMEN N° 01 CONSIDERANDO: Que el Concejo ha trasladado el OFICIO INT-2024-138 de la Intendencia Municipal y el OFICIO AI-A-0317-2024 del ICT. Esta comisión, tampoco el Concejo Municipal, o la administración tienen la facultad de poder anular un acuerdo que siguió el debido proceso, a no ser que una instancia judicial así lo determine. O en todo caso, que administrativamente se encuentren errores de fondo absolutos o relativos en el procedimiento administrativo que la recomendación final al Concejo Municipal, para anular la concesión. POR LO TANTO. Esta comisión permanente de Asuntos Jurídicos con base en el artículo 34 inciso g, y 49 del Código Municipal DICTAMINA, recomendar al Concejo: 1. Se asigne a un profesional en derecho que estudie el procedimiento administrativo que dio origen a la cancelación de la concesión de COLEMU, a fin de determinar si esta cumplió con el marco normativo. ES TODO. Se somete a votación el dictamen en cual es aprobado en todas sus partes (…)”.

Y que, en la sesión ordinaria No. 019-24, artículo VI, inciso c) de 10 de septiembre de 2024, el Concejo de Concejales recurrido dispuso lo siguiente:

 “(…) ACUERDO N°6. Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “5.1 Acoger el dictamen presentado por la comisión de asuntos jurídicos y dar pase del mismo a la Intendencia Municipal a fin de que asigne a un profesional en derecho que estudie el procedimiento administrativo que dio origen a la cancelación de la concesión de COLEMU, a fin de determinar si esta cumplió con el marco normativo (…)”.

 

Por su parte, resulta de interés lo informado por las autoridades recurridas a esta jurisdicción, en el sentido que:

“(…) ante la existencia de los oficios INT-074-2024 del 07 de marzo del 2024 y AL-A-0317-2024, del 12 de marzo del 2024, en los cuales de manera ambigua se logra corroborar que la misma Administración que señala la cancelación de concesión solicita al Instituto Costarricense de Turismo se pronuncie al respecto siendo que pueden existir vicios de nulidad en la tramitación del procedimiento administrativo; sería irresponsable por parte de la nueva Administración asumida a partir de 01 de mayo del 2024, teniendo en cuenta la continuidad de la responsabilidad en materia administrativa, proceder de manera acelerada y arbitraria con la desinscripción registral sin revisar el procedimiento llevado a cabo de conformidad al principio de legalidad y el principio del debido proceso, consagrados en los artículos 11, 39 y 41 de la Constitución Política de Costa Rica y artículo 11 de la Ley General de Administración Pública (…)”.

 

Ahora bien, analizado todo lo anterior, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para acoger este extremo del recurso y, por ende, la petición principal formulada por el recurrente.

Lo anterior, medularmente, en el tanto no le corresponde a esta Sala, por tratarse de un tema de mera y pura legalidad, analizar por el fondo el caso sometido a estudio, verificar la legalidad de la concesión otorgada a Colemu S.A., así como si el acuerdo que ordenó su cancelación está ajustado a derecho (o no) y si, por ende, este debe ser ejecutado de forma inmediata, tal y como lo pretende el accionante. Esto, principalmente, si se toma en cuenta que, según se acreditó a partir de las pruebas allegadas a los autos y del informe rendido bajo la solemnidad de juramento, en este momento existen dudas sobre el procedimiento instaurado años atrás (que conllevó a la emisión del acuerdo de cancelación bajo estudio), lo que, a su vez, motivó a los recurridos –antes de notificado este amparo–, a que acordaran designar un profesional en derecho que estudiara y examinara este último a fin de determinar si el mismo cumplió o no con el marco normativo.

Bajo este panorama, tal y como se dijo, no puede esta jurisdicción constitucional sustituir la labor que se ha ordenado llevar a cabo (designada en dicho profesional en derecho), para examinar la legalidad o no de la actuación de la concesionaria (concretamente sus obligaciones respecto al contrato suscrito para llevar a cabo sus actividades en zona marítimo terrestre) y, también, el procedimiento instaurado que conllevó a la emisión del acuerdo de cancelación en cuestión. No resulta material ni razonablemente posible entrar a un complicado y lento sistema probatorio, a través de la vía sumaria del amparo, para dilucidar los referidos aspectos señalados por la parte tutelada

En ese mismo orden de consideraciones, es de suma importancia destacar que el recurrente, en los escritos presentado ante esta Sala, no hizo referencia a algún problema ambiental en concreto sufrido en la zona de interés. El accionante se limitó a hacer referencia, grosso modo, a una afectación general al medio ambiente por la no ejecución del acuerdo bajo estudio, sin mencionar o precisar cuál es el presunto o los presuntos daños ambientales producidos en la zona ante la permanencia de Colemu S.A como concesionaria. Incluso, no consta que el recurrente hubiera presentado una denuncia formal ante el concejo recurrido respecto a algún daño ambiental en particular sufrido en el mencionado sitio. 

De esta forma, la inconformidad genérica y en abstracto que formula el accionante respecto a la no ejecución del citado acuerdo municipal, deberá se planteada, si a bien se tiene, ante las vías ordinarias de legalidad administrativas y jurisdiccionales creadas especialmente al efecto pues, como se dijo, exceden el carácter sumario del recurso de amparo, así como la competencia de este Tribunal otorgada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la propia Constitución Política.

V.- EN CUANTO A LOS PORTONES COLOCADOS PRESUNTAMENTE EN UNA VÍA PÚBLICA. De forma subsidiaria o paralelamente al agravio principal, el recurrente también reclama concretamente que la empresa Colemu S.A. ha privatizado dos vías públicas mediate la colocación de portones, lo cual impide el paso de peatones y vehículos a la zona pública. Explica que esas vías conducen específicamente a la playa y a un parqueo previsto en el Plan Regulador de Playa Santa Teresa. Acusa que las autoridades del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano no han realizado gestión alguna en aras de solventar dicha situación y derribar, entonces, esas ilegítimas estructuras.

Sobre este aspecto en particular, se tiene por demostrado que el recurrente presentó ante el ICT una denuncia por la existencia de un portón (y no de dos como se alega en este amparo), en los accesos públicos sobre el mojón 503 del Plan Regulador de Santa Teresa ubicados en la parcela concesionada a Colemu S.A. Consta también que, en virtud de lo anterior, el ICT emitió el oficio No. DPD-ZMT-387-2024 de fecha 26 de julio de 2024, mediante el cual solicitó al concejo recurrido informar sobre la existencia de dicha estructura, conforme los siguientes términos:_

“(…) Asunto: Solicitud de aclaración para atender denuncia de existencia de un portón que impide el libre acceso de las personas a zona pública en Playa Santa Teresa cerca del mojón 503. Petitoria: Por lo antes expuesto y con la finalidad de brindar respuesta pronta y oportuna al denunciante respetuosamente les solicito que, en su condición de administradores de la Zona Marítimo Terrestre en su jurisdicción, nos informen acerca de: 1. La condición actual que presenta el acceso al sector de playa Santa Teresa específicamente en el acceso establecido por el Plan Regulador vigente que desemboca en el mojón del IGN N° 503, según imagen aportada. 2. En caso de existir el portón denunciado que se observa en las fotografías aportadas por el denunciante; mismo que evidentemente estaría impidiendo el libre tránsito acceso de las personas a la zona pública, indicar las acciones y el plazo en que serían implementadas dichas acciones para hacer cumplir la ley y restituir dicho acceso público a la zona pública (…)”.

Asimismo, se demostró que, en agosto de 2024, las autoridades recurridas ordenaron la realización de una inspección en el sitio bajo estudio, “(…) la cual señaló la existencia del portón mencionado (…)”. Por lo anterior, el 4 de septiembre de 2024 se notificó a la sociedad Colemu S.A. advertencia administrativa para remover en cuarenta y ocho horas los portones que obstruyen el acceso a la calle pública y el sendero peatonal público “(…) los cuales deben de tener libre acceso por su carácter demanial (…)”.

En adición a lo anterior, consta que, mediante oficio No. ZMT-260-2024 de 4 de septiembre de 2024, la Coordinadora de la Zona Marítimo Terrestre del concejo recurrido respondió al ICT oficio No. DPD-ZMT-387-2024. En este documento se hizo referencia a la inspección realizada en agosto de ese mismo año y a la advertencia de remoción de los referidos portones notificada a la sociedad Colemu.

Se verificó que el 11 de septiembre de 2024, un inspector del Departamento de Zona Marítimo Terrestre del concejo recurrido realizó una nueva inspección en el referido sitio y verificó que la advertencia girada a Colemu S.A. no había sido cumplida. Asimismo, se demostró que, pocos días después, el 16 de septiembre de 2024, la referida empresa presentó ante la parte recurrida el llamado Informe Técnico Estudio de Geoespacial de Portones/Accesos, donde se detalla que existe un error por parte de la administración sobre la georreferenciación de los accesos públicos señalados en la prevención y la ubicación de los portones.

Según se acreditó, en virtud de lo anterior, por oficio No. ZMT-272-2024 de 16 de septiembre de 2024, la Coordinadora de la Zona Marítimo Terrestre del concejo puso en conocimiento del ICT el estudio aportado por la referida sociedad y apuntó que era “(…) necesario trasladar estos documentos al ingeniero Topógrafo de este Departamento a fin de ser revisados y brindar el informe correspondiente, de conformidad al principio constitucional del debido proceso (…)”. También se dijo que, una vez analizados los documentos aportados por la sociedad y realizado el informe por el topógrafo de ese departamento, se determinarían las acciones a seguir por parte de la administración.

Igualmente, se acreditó que mediante oficio No. ZMT-274-2024 de 19 de septiembre de 2024, la coordinadora del citado Departamento de Zona Marítimo Terrestre dejó sin efecto la advertencia administrativa girada a Colemu S.A. el 4 de septiembre de ese mismo año “(…) hasta tanto esta Coordinación cuente con el Informe técnico del Ingeniero Topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre sobre Informe Técnico Estudio de Georreferenciación de Portones/Accesos presentado por la sociedad a fin de proceder de conformidad con el Principio Constitucional del Debido Proceso (…)”. Lo anterior le fue informado al ICT mediante oficio No. ZMT-278-2024 de 23 de septiembre de 2024 y se aclaró que “(…) Una vez realizado el informe técnico por parte del ingeniero institucional, se realizará resolución razonada y fundamentada, sobre este asunto específico, valorando si efectivamente los portones se encuentran en vía pública y debe actuar la Administración o si bien es un tema de fondo sobre la concesionaria que deba ser elevado al Concejo de Concejales (…)”.

También, consta que el 3 de octubre de 2024, la Coordinadora del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, a fin de dar respuesta al Instituto Costarricense de Turismo, solicitó al ingeniero topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, realizar un levantamiento topográfico sobre los accesos públicos en el mojón 503 del Plan Regulador de Santa Teresa, con el fin de “(…) confirmar si efectivamente los portones se encuentran obstaculizando accesos públicos (…)”. Por ende, según se aclaró, para la fecha de rendido el informe por las autoridades recurridas, sea, el 4 de octubre de 2024, se estaban realizando gestiones para atender la aclaración solicitada por el ICT mediante oficio de 26 de julio de 2024, concretamente, por parte del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, el que tiene a cargo realizar el mencionado levantamiento topográfico en el sitio. 

En adición a lo anterior, resulta menester mencionar que las autoridades recurridas, en dicho informe rendido a esta Sala, han sostenido y explicado que (a partir sobre todo de lo dispuesto en los oficios Nos CYV-OF-GE-049-2018 de 27 de febrero del 2018 y No. CYV-OF-GE-118-2018 del 5 de junio del 2018, cuyo contenido se cita en el elenco de hechos probados de esta sentencia), existe una duda tocante a las referidas estructuras (portones) y a su precisa ubicación sobre el mojón 503 del Plan Regulador de Santa Teresa, por lo que se ha vuelto necesario la realización de una nueva inspección y de un levantamiento topográfico para aclarar dicho aspecto y tomar las decisiones que sean necesarias. Sobre el particular, exponen los recurridos:

“(…) existen inconsistencias en los oficios CYV-OF-GE-049-2018 del 27 de febrero del 2018 y CYV-OF-GE-118-2018 del 05 de junio del 2018 sobre los accesos públicos, es por esta razón que se solicitó al Ingeniero Topógrafo del Departamento de Zona Marítimo Terrestre realizar de manera interna un levantamiento sobre el área del mojón 503 del Plan Regulador Santa Teresa. (…)

sobre el oficio CYV-OF-GE-049-2018, señala que existe un desface lineal sobre los mojones de la lámina del plan regulador y los mojones oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, esto quiere decir que el desface lineal entre los mojones ocasiona que la lámina del plan regulador Playa Santa Teresa no se ajusta a la realidad del sitio lo cual significa que existe una probabilidad que el portón objeto de la aclaración solicitada por el Instituto Costarricense de Turismo eventualmente no este obstruyendo el acceso y el oficio antes mencionado no aclara este presupuesto solo indica la existencia “de un considerable desfase lineal sobre los mojones”. (…)

Lo mismo ocurre con el oficio CYV-OF-GE-118-2018 del 05 de junio del 2018, siendo que no tiene congruencia (…) El informe data 05 de junio del 2018, el Plan Regulador Playa Santa Teresa tiene su último ajuste y rectificación publicado en el periódico oficial la Gaceta número 72 del miércoles 15 de abril del año 2015, de modo tal que para el año 2018 se encontraba vigente la actual lámina en la cual se consigna dos accesos públicos sobre los mojones 116-503, sin embargo, este oficio señala que el acceso #2 no está indicado en el Plan Regulador Playa Santa Teresa, lo cual es inconsistente y genera incertidumbre porque la lámina si lo señala; razón por la cual es necesario recurrir al Principio Constitucional del Debido Proceso y actualizar el levantamiento topográfico por parte de este Concejo Municipal a fin de esclarecer lo señalado por estos oficios, en virtud de esto es menester indicar lo contemplado en el artículo 157 de la Ley General de Administración Pública “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos” (…)”.

Dicho lo anterior, resulta menester empezar aclarando que a esta Sala Constitucional tampoco le corresponde, ante las circunstancias supra descritas y, por tratarse de un tema de mera legalidad, llevar a cabo, a través de este recurso sumario de amparo, un estudio exhaustivo y determinar técnicamente –con fundamento en lo que estipula el plan regulador, la ubicación de los mojones y el proceso de georreferencia, entre otros aspectos–, en qué zona en concreto se encuentran ubicados los portones a los que se hizo referencia supra y fueron instalados o construidos por la concesionaria Colemu S.A. cerca de la playa Santa Teresa, es decir, si estos se encuentran o no en una vía de naturaleza pública y si, por ende, se encuentran o no obstaculizando el libre paso de todas las personas (sean o no estos huéspedes, usuarios o trabajadores del inmueble concesionado). Este punto en particular, sin lugar a dudas, debe ser resuelto por las autoridades recurridas, con ayuda de los profesionales y especialistas en dicha materia, tal y como ya se ha dispuesto, según se demostró.

No obstante lo anterior, es importante también tomar en consideración que, en este caso en particular, está de por medio el acceso y libre tránsito de las personas a través de una vía eventualmente pública. De ahí que, la determinación de esta condición sí resulta de suma relevancia en términos de constitucionalidad, sobre todo, si se toma en cuenta que la discusión sobre este punto en particular se ha venido efectuando desde hace muchos años (según lo consignado en el considerando anterior) y se ha retomado particularmente en el concejo recurrido desde julio de 2024, a partir de la denuncia interpuesta por el recurrente ante el ICT.

Si bien, este órgano constitucional observa que se han venido realizando, sobre todo recientemente, gestiones tendentes a definir efectivamente dicha condición, lo cierto es que, a la fecha, según se demostró, esta actuación no se ha llevado a cabo finalmente, por lo cual persiste la incerteza sobre dicho punto en particular.

Por consiguiente, esta Sala Constitucional es del criterio que este preciso punto del amparo sí debe ser acogido, en aras que las autoridades del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano realicen –dentro del plazo que se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia–, las gestiones pertinentes para definir si los referidos portones se encuentran o no en una vía pública, impidiendo o no ilegítimamente el tránsito de los administrados–, siendo que, de determinarse que dichas estructuras sí están en esa vía, se proceda con su demolición.

 VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente asegura que la concesionaria Colemu S.A ha colocado portones que impiden el libre paso de peatones y vehículos en la zona pública y, pese a las denuncias, el Concejo Municipal Distrito de Cóbano, no ha regularizado la situación.

 VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en cuanto al agravio relacionado con la presunta existencia de portones en una vía pública que impiden el libre tránsito. Se le ordena a Ronny José Montero Orozco, en su condición de Intendente Municipal, a Lidieth Porras Córdoba, en su condición de Coordinadora de la Zona Marítimo Terrestre y a Minor Centeno Sandí, en su condición de Presidente del Concejo de Concejales, todos del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, o a quienes respectivamente ocupen tales cargos, que coordinen entre sí lo pertinente, giren las órdenes necesarias y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se defina si los portones referidos en este asunto se hallan o no en vía pública y si consecuentemente obstaculizan o no accesos públicos. Asimismo, se les ordena que, en caso de encontrarse tales estructuras en vía pública, se proceda, dentro de ese mismo plazo, a su demolición. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Concejo Municipal de Distrito de Cóbano al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.-

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Alejandro Delgado F.




Aracelly Pacheco S.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 24-024092-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:21:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

IV.- REGARDING THE AGREEMENT TO CANCEL THE CONCESSION GRANTED TO COLEMU S.A. As a first aspect and central point of this amparo proceeding, the petitioner states that he comes before this Chamber because the authorities of the Cóbano District Municipal Council, to date, after several years have passed, have failed to execute the agreement adopted in session No. 185-2019, article VII, subsection b), dated November 12, 2019, through which, in turn, it was resolved to decree the cancellation of the concession granted to the company Colemu S.A. on Santa Teresa beach and the demolition of works built on public zone (rancho and parrilla) was also ordered, as well as a gate that is located outside the conceded area and the revocation of a construction permit for a wall located outside the conceded area. He contends that there are no reasons to have delayed, for so many years, the execution of said agreement and to continue tolerating the environmental damage being produced. He explains that this cancellation was issued after it was verified that the referred company had incurred several violations of the Zona Marítimo Terrestre Law and the provisions contemplated in the Santa Teresa Regulating Plan (e.g., having built in protected environmental zones, built buildings without permits, having invaded the public zone, and having installed gates in places that provide access to public roads). He affirms that this act was challenged before the Tribunal Contencioso Administrativo by the mentioned concessionaire company, but it was dismissed, confirming the challenged act.

He also claims that the respondents have sought ways to avoid the execution of said agreement, that is, to revoke the referred act, which, however, is no longer possible to do. He likewise mentions that, despite having resorted to the Tribunal Contencioso Administrativo to order the execution of the referred agreement, said petition was rejected (due to the petitioner's lack of standing). He maintains, therefore, that the execution of said agreement is, consequently, a necessary measure to fulfill the constitutional mandate to ensure a healthy environment. In his opinion, the respondents have breached their duty to repair the environmental damage caused by Colemu S.A., despite the existence of a firm administrative agreement that allows it.

He requests, consequently, that this amparo proceeding be granted and that the respondent authorities of the Cóbano District Municipal Council be ordered to execute the agreement adopted in session No. 185-2019, article VII, subsection b), dated November 12, 2019. Even in a subsequent writing, the petitioner reaffirms that this is the main claim when filing this amparo proceeding.

Upon review of the case file, it has been demonstrated that, indeed, after an administrative procedure carried out in the Cóbano District Municipal Council (for alleged irregularities committed by the company Colemu, as concessionaire), in session No. 185-2019, article VII, subsection b), dated November 12, 2019, said council, as the decision-making body, ordered the following:

“(…) Dictar el Acto Final de Hechos Probados y No Probados in all its aspects and consequently; / Order the immediate demolition of the works built in the public zone, namely rancho and parrilla, in front of the conceded parcel. / Demolish the gate called Nº 2 that is located outside the conceded area and that invades the protection zone. / Revoke the construction permit for the wall because it was authorized in an area outside the conceded parcel. / Decree the cancellation of concession Nº 1768-2000. Represented by Mrs. CARLOTA DORRING MEADOWS, residence ID number N 175200002119. / Having submitted this resolution for consultation to the competent authorities, provided for in the cited regulations. And once this cancellation agreement is firm and enforceable, inform the Registro Público so that the cancellation of the respective registry entry in the name of the concessionaire COLEMU S.A. may proceed. (…)”

Likewise, it was demonstrated that on December 17, 2019, the respondent council rejected the motion for revocation filed by Colemu S.A. against the cited agreement and that, for its part, the Tribunal Contencioso Administrativo (Third Section), acting as a non-hierarchical controller of legality, through Judgment No. 66-2022 at 4:22 p.m. on February 24, 2023, dismissed the appeal also filed by said concessionaire, thus exhausting the administrative channel.

In addition to the above, it is recorded that, during this year 2024, the respondents have questioned or reconsidered their competence to revoke the referred concession, as well as the grounds that led to the adoption of the referred agreement. In this way, it was proven that on March 7, 2024, and through official letter No. INT-074-2024, the Municipal Intendente requested the ICT's opinion on the legal viability of revoking the act that ordered the cancellation of the cited concession and on the power the council possesses to that effect. This latter official letter was addressed by the ICT through official letter No. AL-A-0317-2024 of March 12, 2024, referring to the powers possessed by the referred district council on this matter. Likewise, it is recorded that in session No. 12-2024 of July 23, 2024, the respondent council (comprised of the new members), heard the opinion of the Permanent Commission of Legal Affairs related to the concession granted to Colemu S.A., which determined: “(…) It is opined that this Collegiate Body DOES NOT have the authority to resolve said situation because it is not empowered to revoke an agreement that followed due process unless a judicial instance so determines or if fundamental errors that caused the cancellation of the concession are found. THAT IS ALL (…)” In light of the foregoing, it was shown that the referred council ordered that the council's legal advisor be asked to expand on the opinion issued in order to be able to clearly understand the matter. As was verified, from this session and, based on the provisions of official letters No. INT-074-2024 and No. AL-A-0317-2024, the need arose to conduct a legal review of the administrative procedure that ordered the cancellation of the concession.

In this manner, it was verified that the cited Legal Affairs Commission, on August 27, 2024, ordered the following:

“(…) DICTAMEN N° 01 CONSIDERANDO: Que el Concejo ha trasladado el OFICIO INT-2024-138 de la Intendencia Municipal y el OFICIO AI-A-0317-2024 del ICT. This commission, nor the Municipal Council, nor the administration has the authority to annul an agreement that followed due process, unless a judicial instance so determines. Or in any case, that administratively absolute or relative fundamental errors are found in the administrative procedure whose final recommendation to the Municipal Council was to annul the concession. POR LO TANTO. Esta comisión permanente de Asuntos Jurídicos based on article 34 subsection g, and 49 of the Código Municipal DICTAMINA, recommend to the Council: 1. Assign a legal professional to study the administrative procedure that gave rise to the cancellation of COLEMU's concession, in order to determine if it complied with the regulatory framework. THAT IS ALL. The opinion is put to a vote and is approved in all its parts (…)”

And that, in ordinary session No. 019-24, article VI, subsection c) of September 10, 2024, the respondent Council of Councilors ordered the following:

 
 “(…) ACUERDO N°6. Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “5.1 Acoger el dictamen presented by the legal affairs commission and forward it to the Municipal Intendencia so that it may assign a legal professional to study the administrative procedure that gave rise to the cancellation of COLEMU's concession, in order to determine if it complied with the regulatory framework (…)”

For its part, what was reported by the respondent authorities to this jurisdiction is of interest, in the sense that:

“(…) given the existence of official letters INT-074-2024 of March 7, 2024, and AL-A-0317-2024, of March 12, 2024, in which it can be ambiguously confirmed that the same Administration that ordered the cancellation of the concession requests the Instituto Costarricense de Turismo to pronounce on the matter, and there may be nullity defects in the processing of the administrative procedure; it would be irresponsible on the part of the new Administration assumed as of May 1, 2024, taking into account the continuity of responsibility in administrative matters, to proceed in an accelerated and arbitrary manner with the registry deregistration without reviewing the procedure carried out in accordance with the principle of legality and the principle of due process, enshrined in articles 11, 39, and 41 of the Constitución Política de Costa Rica and article 11 of the Ley General de Administración Pública (…)”

Now then, having analyzed all of the above, this Constitutional Court does not consider that there is any merit to grant this aspect of the appeal and, therefore, the main petition formulated by the petitioner.

The foregoing, fundamentally, insofar as it does not fall to this Chamber, as this is a matter of mere and pure legality, to analyze the case submitted for study on its merits, to verify the legality of the concession granted to Colemu S.A., as well as whether the agreement that ordered its cancellation is in accordance with the law (or not) and whether, therefore, it must be executed immediately, as intended by the petitioner. This, mainly, if it is taken into account that, as was proven from the evidence adduced in the case file and the report rendered under the solemnity of oath, at this time there are doubts about the procedure established years ago (which led to the issuance of the cancellation agreement under study), which, in turn, led the respondents –before being notified of this amparo– to agree to appoint a legal professional to study and examine the latter in order to determine whether or not it complied with the regulatory framework.

 
Under this panorama, as stated, this constitutional jurisdiction cannot substitute the work that has been ordered to be carried out (assigned to said legal professional), to examine the legality or not of the concessionaire's actions (specifically its obligations regarding the contract signed to carry out its activities in the zona marítimo terrestre) and, also, the procedure established that led to the issuance of the cancellation agreement in question. It is not materially or reasonably possible to enter into a complicated and slow evidentiary system, through the summary amparo channel, to elucidate the referred aspects pointed out by the protected party.

In that same order of considerations, it is of utmost importance to highlight that the petitioner, in the writings presented before this Chamber, did not refer to any specific environmental problem suffered in the area of interest. The petitioner merely referred, grosso modo, to a general impact on the environment due to the non-execution of the agreement under study, without mentioning or specifying what the alleged environmental damage or damages produced in the area are due to the permanence of Colemu S.A. as concessionaire. Even more, there is no evidence that the petitioner had filed a formal complaint before the respondent council regarding any particular environmental damage suffered at the mentioned site.

In this way, the generic and abstract disagreement formulated by the petitioner regarding the non-execution of the cited municipal agreement must be raised, if deemed appropriate, before the ordinary administrative and jurisdictional legality channels created especially for that purpose because, as stated, they exceed the summary nature of the amparo appeal, as well as the competence of this Court granted by the Ley de la Jurisdicción Constitucional and the Constitución Política itself.

V.- REGARDING THE GATES ALLEGEDLY PLACED ON A PUBLIC ROAD. In a subsidiary manner or parallel to the main grievance, the petitioner also specifically claims that the company Colemu S.A. has privatized two public roads through the placement of gates, which impedes the passage of pedestrians and vehicles to the public zone. He explains that these roads lead specifically to the beach and to a parking lot provided for in the Regulating Plan of Playa Santa Teresa. He contends that the authorities of the Cóbano District Municipal Council have not taken any action to resolve said situation and demolish, therefore, those illegitimate structures.

 
Regarding this particular aspect, it has been proven that the petitioner filed a complaint before the ICT regarding the existence of a gate (and not two as alleged in this amparo), in the public accesses at IGN landmark 503 of the Santa Teresa Regulating Plan located on the parcel conceded to Colemu S.A. It is also recorded that, by virtue of the foregoing, the ICT issued official letter No. DPD-ZMT-387-2024 dated July 26, 2024, through which it requested the respondent council to report on the existence of said structure, under the following terms:_

“(…) Subject: Request for clarification to address complaint regarding the existence of a gate that impedes the free access of people to the public zone on Playa Santa Teresa near IGN landmark 503. Petition: For the foregoing and with the purpose of providing a prompt and timely response to the complainant, I respectfully request that, in your condition as administrators of the Zona Marítimo Terrestre in your jurisdiction, you inform us about: 1. The current condition presented by the access to the Santa Teresa beach sector specifically at the access established by the current Regulating Plan that leads to IGN landmark N° 503, according to the image provided. 2. If the denounced gate observed in the photographs provided by the complainant exists; the same that would evidently be impeding the free transit access of people to the public zone, indicate the actions and the timeline in which said actions would be implemented to enforce the law and restitute said public access to the public zone (…)”

Likewise, it was proven that, in August 2024, the respondent authorities ordered an inspection at the site under study, “(…) which indicated the existence of the mentioned gate (…)”. Therefore, on September 4, 2024, an administrative warning was notified to the company Colemu S.A. to remove within forty-eight hours the gates that obstruct access to the public street and the public pedestrian path “(…) which must have free access due to their demanial nature (…)”

In addition to the foregoing, it is recorded that, through official letter No. ZMT-260-2024 of September 4, 2024, the Coordinator of the Zona Marítimo Terrestre of the respondent council responded to the ICT's official letter No. DPD-ZMT-387-2024. This document referred to the inspection carried out in August of that same year and to the removal warning for the referred gates notified to the company Colemu.

It was verified that on September 11, 2024, an inspector from the Zona Marítimo Terrestre Department of the respondent council conducted a new inspection at the referred site and verified that the warning issued to Colemu S.A. had not been complied with. Likewise, it was proven that, a few days later, on September 16, 2024, the referred company presented to the respondent party the so-called Technical Report Geospatial Study of Gates/Accesses, detailing that there is an error on the part of the administration regarding the georeferencing of the public accesses indicated in the warning and the location of the gates.

As was proven, by virtue of the foregoing, through official letter No. ZMT-272-2024 of September 16, 2024, the Coordinator of the Zona Marítimo Terrestre of the council informed the ICT of the study provided by the referred company and noted that it was “(…) necessary to transfer these documents to the Topographer Engineer of this Department in order to be reviewed and to provide the corresponding report, in accordance with the constitutional principle of due process (…)”. It was also said that, once the documents provided by the company were analyzed and the report was prepared by the topographer of that department, the actions to be followed by the administration would be determined.

Similarly, it was proven that through official letter No. ZMT-274-2024 of September 19, 2024, the coordinator of the cited Zona Marítimo Terrestre Department rendered without effect the administrative warning issued to Colemu S.A. on September 4 of that same year “(…) until such time as this Coordination has the technical report from the Topographer Engineer of the Zona Marítimo Terrestre Department on the Technical Report Georeferencing Study of Gates/Accesses presented by the company in order to proceed in accordance with the Constitutional Principle of Due Process (…)”. The foregoing was reported to the ICT through official letter No. ZMT-278-2024 of September 23, 2024, clarifying that “(…) Once the technical report is prepared by the institutional engineer, a reasoned and substantiated resolution will be issued, on this specific matter, evaluating whether the gates are indeed on a public road and the Administration must act or if it is a matter of substance regarding the concessionaire that should be elevated to the Council of Councilors (…)”.

Furthermore, it is recorded that on October 3, 2024, the Coordinator of the Zona Marítimo Terrestre Department, in order to respond to the Instituto Costarricense de Turismo, requested the topographer engineer of the Zona Marítimo Terrestre Department to conduct a topographic survey on the public accesses at IGN landmark 503 of the Santa Teresa Regulating Plan, in order to “(…) confirm if the gates are indeed obstructing public accesses (…)”. Therefore, as clarified, as of the date the report was rendered by the respondent authorities, that is, October 4, 2024, efforts were being made to address the clarification requested by the ICT through the official letter of July 26, 2024, specifically, by the Zona Marítimo Terrestre Department, which is responsible for conducting the mentioned topographic survey at the site.

In addition to the foregoing, it is necessary to mention that the respondent authorities, in said report rendered to this Chamber, have maintained and explained that (based especially on the provisions of official letters Nos CYV-OF-GE-049-2018 of February 27, 2018, and No. CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018, the content of which is cited in the list of proven facts of this judgment), there is a doubt regarding the referred structures (gates) and their precise location at IGN landmark 503 of the Santa Teresa Regulating Plan, making it necessary to conduct a new inspection and a topographic survey to clarify said aspect and make the necessary decisions. On this matter, the respondents state:

“(…) there are inconsistencies in official letters CYV-OF-GE-049-2018 of February 27, 2018, and CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018, regarding the public accesses, which is why the Topographer Engineer of the Zona Marítimo Terrestre Department was requested to internally carry out a survey on the area of IGN landmark 503 of the Santa Teresa Regulating Plan. (…)

regarding official letter CYV-OF-GE-049-2018, it indicates that there is a linear offset regarding the landmarks on the regulating plan sheet and the landmarks officially established by the Instituto Geográfico Nacional, this means that the linear offset between the landmarks causes the Santa Teresa Regulating Plan sheet not to adjust to the reality of the site, which means there is a probability that the gate subject to the clarification requested by the Instituto Costarricense de Turismo may not eventually be obstructing the access and the aforementioned official letter does not clarify this assumption it only indicates the existence “de un considerable desfase lineal sobre los mojones”. (…)

The same occurs with official letter CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018, which lacks consistency (…) The report is dated June 5, 2018, the Santa Teresa Regulating Plan had its last adjustment and rectification published in the official newspaper La Gaceta number 72 of Wednesday, April 15, 2015, so that by the year 2018 the current sheet was in force in which two public accesses on landmarks 116-503 are recorded, however, this official letter indicates that access #2 is not indicated in the Santa Teresa Regulating Plan, which is inconsistent and generates uncertainty because the sheet does indicate it; this is why it is necessary to resort to the Constitutional Principle of Due Process and update the topographic survey by this Municipal Council in order to clarify what is indicated by these official letters, by virtue of this it is necessary to indicate what is contemplated in article 157 of the Ley General de Administración Pública “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos” (…)”.

Having said the above, it is necessary to start by clarifying that it is also not for this Constitutional Chamber, given the circumstances described above and, as it is a matter of mere legality, to carry out, through this summary amparo appeal, an exhaustive study and technically determine –based on what the regulating plan stipulates, the location of the landmarks, and the georeferencing process, among other aspects–, in which specific zone the gates referred to supra are located and were installed or built by the concessionaire Colemu S.A. near Santa Teresa beach, that is, whether or not they are on a public road and whether or not they are consequently obstructing the free passage of all persons (whether or not they are guests, users, or workers of the conceded property). This particular point, without a doubt, must be resolved by the respondent authorities, with the help of professionals and specialists in said field, as has already been ordered, as was demonstrated.

Notwithstanding the foregoing, it is also important to take into consideration that, in this particular case, the access and free transit of people through an eventually public road is at stake. Hence, the determination of this condition is indeed highly relevant in terms of constitutionality, especially if it is taken into account that the discussion on this particular point has been taking place for many years (as recorded in the preceding considerando) and has been retaken particularly in the respondent council since July 2024, following the complaint filed by the petitioner before the ICT.

Although this constitutional body observes that efforts have been made, especially recently, aimed at effectively defining said condition, the truth is that, to date, as was demonstrated, this action has not been definitively carried out, which is why uncertainty persists on this particular point.

Consequently, this Constitutional Chamber is of the opinion that this specific point of the amparo must indeed be granted, in order for the authorities of the Cóbano District Municipal Council to carry out –within the time limit to be stated in the operative part of this judgment–, the pertinent efforts to define whether or not the referred gates are on a public road, illegitimately impeding or not the transit of the citizens–, with the understanding that, if it is determined that said structures are indeed on that road, they shall proceed with their demolition. (…)”

Decree the cancellation of concession No. 1768-2000, represented by Ms. Carlota Dorring Meadows, with residency card No. 1752000212009. Having submitted this resolution for consultation to the competent authorities provided for in the cited regulations, and once this cancellation agreement is final and enforceable, the Public Registry shall be informed so that the respective registration entry in the name of the concessionaire COLEMU, S.A. may be cancelled (…)”. He maintains that this agreement was issued after it was verified that the concessionaire company had incurred multiple infractions of the Maritime-Terrestrial Zone Law and the provisions of the regulatory plan (plan regulador). Furthermore, it was verified that “(…) the concessionaire company had incurred (sic) multiple infractions of the Maritime-Terrestrial Zone Law and the provisions of the Regulatory Plan. Among other facts, it was demonstrated that Colemu S.A. had built on more than 550 meters in protected environmental areas, also invaded areas designated as public service zones, erected buildings without construction permits, exceeding the maximum height allowed in the Regulatory Plan, invaded the public zone, and installed access gates on two public roads provided for in the Regulatory Plan (…)”. He narrates that this agreement was challenged by Colemu S.A. before the Administrative Litigation Court. However, that appeal was dismissed, and the challenged act was confirmed by Judgment No. 66-2022 of February 24, 2023. Likewise, he indicates that, against the enforcement of that agreement, Colemu S.A. requested a provisional precautionary measure of suspension before the Court, which was also rejected by Vote No. 314-2023 of June 14, 2023. He adds that the council, in ordinary session No. 162-2023, article VI, subsection b), instructed the Intendancy to hire a notary public to carry out the cancellation in the Public Registry of the registration entry for said concession; however, he indicates that in March 2024, the tender was declared void, alleging reasons of public interest. Since then, the current Intendant, Ronny Montero Orozco, has suspended the contracting of the required notarial services, despite having been asked to do so. He mentions that, to date, the environmental damage continues, and the illegal constructions in protected zones and the gates that impede access to public roads remain standing. Furthermore, they accuse that, despite the fact that “(…) the power to revoke the administrative act cancelling the concession has expired, as more than four years have passed since its issuance (subsection 4 of article 156 of the General Law of Public Administration), the current Intendant and the President of the Municipal Council (sic), in a session on July 23, 2024, reject the report from the Municipality's Legal Affairs Commission that declared the revocation of the referred act inadmissible, and instruct the Council's Legal Advisor (sic) to study a formula to revoke the administrative act which, among other things, cancels the concession of Colemu S.A. (…)”. He states that, according to the minutes of session No. 12-2024 of July 23, 2024, article VI, subsection f), given the recommendation of the Permanent Legal Affairs Commission that the Council lacked the authority to revoke the agreement cancelling Colemu S.A.'s concession, the President asked said commission, to better resolve, to expand the opinion “in order to clearly understand the issue.” He points out that “(…) in the video of the session, approximately at minute 60, one can see how (sic) before the recommendation made by the Legal Advisor, the President and the Intendant raise objections, and one can appreciate that they give instructions to find a way to proceed to revoke the administrative act in question, so much so that they speak of consulting the Attorney General's Office or constituting a governing body (…)”. He alleges that, despite all the above, surprisingly, in session No. 011-2024 of July 16, 2024, the Municipal Council sent the request for extension of the concession formulated by Colemu S.A. to the Maritime-Terrestrial Zone Commission. All of the above, despite the fact that said concession, from a legal standpoint, does not exist, having been cancelled by a final administrative act. He accuses that, despite the finality of the agreement that cancels the concession and orders the demolition of structures and gates, to the date of filing this amparo, five years later, the respondent municipality has not carried out any action aimed at enforcing it. He explains that, “(…) The execution of the administrative act that cancels the concession of Colemu S.A. would mean that the concession plot would once again be under municipal administration, and consequently, steps would be taken to repair the ENVIRONMENTAL DAMAGE, demolishing the constructions that invade the protected zones, as well as enabling access to the public zone via the public roads obstructed by gates by Colemu S.A. (…)”. He maintains that the Intendant has paralyzed the hiring of the notary who would carry out the registration cancellation of the concession, the first step to evicting the occupants, being able to take possession of the land, and for the municipal authorities to proceed with the demolitions of the illegal constructions, specifically those built in protected zones, as well as those that violate the maximum height provided for in the Regulatory Plan. Likewise, the gate built in the protected zone, which impedes access to a public street leading to the beach and a parking area provided for in the Playa Santa Teresa Regulatory Plan, has not been demolished. Nor has the wall built outside the concession land been demolished, nor other structures, many of which are built in protected zones as indicated in the very agreement that cancelled the concession. He points out that, by virtue of a procedure carried out by him, the Costa Rican Tourism Institute (ICT) sent official letter No. DPD-ZMT-387-2024 of July 26, 2024, to the Intendant and the District Municipal Council, warning them to proceed with the demolition of the gate that obstructs the public road and which was placed on the north side of the concession land (a gate the cancellation agreement ordered demolished) and granted them a deadline of ten days to respond. The official letter was received on July 29, 2024; however, as of August 29, 2024, it had not been answered by the municipal officials. He explains that attempts have been made, through administrative litigation, to compel the Municipal Council of Cóbano to execute the provisions of agreement No. 185-2019 of November 12, 2024. However, he indicates that by Vote No. 2024-2284 of 10:45 a.m. on April 9, 2024, the Administrative Litigation and Civil Treasury Court rejected the proceeding, deeming that the necessary standing was lacking. He states that, given this rejection, the amparo remedy is the only recourse left to him to enforce rights and end the environmental damage in the maritime-terrestrial zone, thus allowing access to the public roads obstructed by agents of Colemu S.A.. He accuses the respondents of having “(…) sought to prevent the District Municipal Council (sic) from repairing the ENVIRONMENTAL DAMAGE inflicted by the company Colemu S.A., whose concession in the maritime-terrestrial zone has been revoked. The respondents have sought to prevent the Municipality from proceeding to execute the administrative agreement that would allow it to take possession of the concession plot and proceed with the demolition of the constructions that were built on more than five hundred square meters of protected zone, in addition to opening up the public roads that have been illegally obstructed by agents of Colemu S.A. (…)”. He maintains that the administrative agreement ordering the cancellation of Colemu S.A.'s concession and the demolition of the illegal constructions in protected zones is not only legitimate but also constitutes an obligation of the State to restore and protect the ecological balance that has been affected by the actions of the concessionaire. He states that the execution of said agreement is, therefore, a necessary measure to comply with the constitutional mandate to ensure a healthy environment and to correct the irregularities that have compromised this fundamental right. Furthermore, the non-execution of this agreement could be interpreted as an omission of the State's constitutional duty to guarantee and protect the right to the environment, which is inadmissible under article 50 of the Constitution. He alleges that the respondents, by action and omission, have failed in their duty to repair the environmental damage caused by Colemu S.A., despite the existence of a final administrative agreement, reviewed by jurisdictional authorities, that allows for it, and by virtue of which the Municipality could take possession of the plot, demolish the constructions in protected zones, and allow access to the blocked public roads. He requests that this amparo be accepted and that the respondents be ordered to proceed with the execution of the agreement adopted in ordinary session No. 185-2019, article VII, subsection b), dated November 12, 2019, and, once in possession of the land, proceed to repair the environmental damage caused by Colemu S.A., demolishing the constructions built in protected zones and the gates that impede entry to the two obstructed public roads.

2.- By resolution of 5:53 p.m. on September 13, 2024, the Presidency of the Chamber ordered the following: “(…) Prior to resolving what is appropriate in the AMPARO REMEDY being processed under file No. 24-024092-0007-CO, filed by [Name 001], the petitioner must indicate, within a period of THREE DAYS, counted from the notification of this pronouncement, whether he has formally and in writing raised the corresponding procedure in order to denounce before the corresponding authorities the situation he describes in the filing brief for this remedy. If his answer is affirmative, he must provide complete, legible copies with the respective proof of receipt or sending of the complaints he formulated and, if he has received any resolution, he must indicate its result and present the documentation generated on the occasion of said proceedings. The foregoing, as such information is essential to resolve what is legally appropriate, and under warning of outright rejection of the remedy if he does not do so (articles 38 and 42 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Notify (…)”.

3.- By a written submission provided to the Chamber on September 19, 2024, the petitioner expressly states the following: “(…) Complying with the warning of 5:53 p.m. on September 13, 2024, I wish to indicate that in addition to the undersigned petitioner, third persons have unsuccessfully requested the District Municipal Council (sic), the Administrative Litigation Court, and the Comptroller General of the Republic to execute the final administrative agreement (sic) indicated in the filing brief for the remedy. Clarifying the foregoing and complying with what was warned, I provide the following documents: 1. Written request addressed to the Council (sic) requesting the (sic) execution of the agreement, signed by Mr. Juan Luis Brenes Vega, representing Dombas del Pacífico S.A., dated March 24, 2023. 2. Transcription of the agreement adopted in ordinary session 153-23, article IX, subsection b, of April 4, 2023, of the respondent municipal entity, in which Mr. Juan Luis Brenes Vega is answered that the judgment upholding the concession cancellation agreement is under evaluation by the maritime-terrestrial zone commission. It goes without saying that a year and a half later, it remains in that situation. 3. Response from the Comptroller General of the Republic to the complaint filed by Mr. Juan Luis Brenes Vega regarding the refusal to execute the concession cancellation agreement by the District Municipal Council (sic) of Cóbano, dated June 28, 2023. 4. Request formulated by (sic) Mr. Ginger Bermúdez Gamboa, representing Dombas del Pacífico S.A., submitted on September 19 (sic) 2023, and addressed to the Municipal Intendant, which was NEVER ANSWERED by the latter. 5. Judgment of the Administrative Litigation and Civil Treasury Court of the Second Judicial Circuit of San José, of 10:42 a.m. on April 9, 2024, in which, for lack of standing, the lawsuit aimed at compelling the respondent municipality to execute the act of concession cancellation filed by Ms. Ginger Bermúdez Gamboa representing Dombas del Pacífico S.A. was rejected. 6. Email dated July 10, 2024, from Ms. Ginger Bermúdez to Ms. Lidieth Porras Córdoba, coordinator of the maritime-terrestrial zone of the respondent municipality. 7. Email from Ms. Lidieth Porras Córdoba dated August 12, 2024, in which, by way of response, she merely indicates that she is newly appointed and that the matter continues under analysis by the maritime-terrestrial zone commission (a situation it has been in since April 2023). As can be verified, remedies have been exhausted in the face of the manifest will of the respondent to not execute the administrative act cancelling the concession in the name of Colemu S.A., for which reason this amparo remedy is practically the only recourse I have to compel the municipality to proceed in accordance with the Law (…)”.

4.- By resolution of 6:42 p.m. on September 30, 2024, the process is given course and the respondent authorities are requested to submit their reports.

5.- By means of a brief provided to the Chamber on October 4, 2024, Ronny José Montero Orozco, in his capacity as Municipal Intendant, Lidieth Porras Córdoba, in her capacity as Coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone, and Minor Centeno Sandí, in his capacity as President of the Council of Councilors, all of the District Municipal Council of Cóbano, render their report and expressly state the following: “(…) According to the facts indicated by the petitioner, it is necessary to state that they originated between landmarks 116-503 of the Santa Teresa Regulatory Plan map, specifically as stated in the fourth fact of his initial brief, regarding the parcel concessioned in the name of the company Colemu Sociedad Anónima, legal identification number 3-101-083435, for which cancellation was determined by agreement of the Council of Councilors of this District Municipal Council, per ordinary session number 185-2019, article VII, subsection b, of the twelfth day of November, year two thousand nineteen, at five o'clock in the afternoon, after having conducted the administrative procedure initiated under the General Law of Public Administration. As is known, a change of Administration occurred in this Municipal Council on May 1, 2024; for which reason, this new Administration has been updating itself on the cases pending from the past administration, such as the case at hand, for which the cancellation should have been carried out at its opportune procedural moment; however, contrary to this, at folio 547 of the administrative file number [Value 002] in the name of the company Colemu, S.A., official letter number INT-074-2024 of March 7, 2024, issued by the previous Municipal Intendancy which consulted the Costa Rican Tourism Institute, for the following: “4. Purpose In view of the aforementioned statements, I respectfully request confirmation on the following: - That the District Municipal Council of Cóbano is legally empowered to revoke the Agreement adopted in Ordinary Session number 185-2019, article VII, subsection b), of November 12, 2019, that ordered the cancellation of the concession in the Maritime-Terrestrial Zone granted to the company COLEMU S.A., based on the provisions of articles 152, 153, and 155 of the General Law of Public Administration.” The Costa Rican Tourism Institute responded to the Administration via official letter AL-A-0317-2024, of March 12, 2024, visible at folio 559 of administrative file number [Value 002]; however, it was forwarded to the Municipal Council in April, stating the following: “III. Conclusion By virtue of all the foregoing, this Legal Advisory Office reaches the following conclusions: 1. The claim of wanting a response within a 10-day period is inadmissible, since we are not dealing with a pure and simple request for information. 2. The claim of wanting a response within a 10-day period is inadmissible, as indicated by article 8 of Law 9097, petitions whose purpose is outside the attributions or competences of the public powers and institutions shall not be admitted. 3. To elucidate aspects of legality, according to article 4 of Law 6043, it is through the Attorney General's Office that legality control must be exercised. 4. The District Councils, by provision of Laws 8173 and 6043, have the same powers as the Municipalities and, therefore, the same constitutional competencies. 5. For all the aspects analyzed in this document, this Legal Advisory Office lacks the competence to respond to the consultation made by the District Municipal Council of Cóbano. 6. Revoking one's own acts is an administrative act, which, as such, must be duly grounded and falls under the absolute responsibility of the body that issued and decides to revoke the act, that is, the Municipal Council (sic) of the District of Cóbano. In this manner, this official letter is issued, according to the consultation made via official letter No. INT-074-2024.” The aforementioned official letter AL-A-0317-2024 of March 12, 2024, arrived by consultation to the Council of Councilors of this District Municipal Council, following due process and by virtue of the new Administration, as indicated above, starting from May 1, 2024. It was referred to the legal affairs commission to review whether the procedure for cancelling the concession is not vitiated, in accordance with the consultation made by the past Administration to the Costa Rican Tourism Institute via official letter INT-074-2024 of March 7, 2024. It is important to note that the current Municipal Intendancy has no interference regarding the referral of this matter to the legal affairs commission, given that said referral is carried out by agreement of the Councilors, as indicated in article 17, subsection c) of the Municipal Code; in this regard, it is important to point out what was indicated by the agreement of the Council of Councilors through ordinary session number 019-24, article VI, subsection c, of the tenth day of September, year two thousand twenty-four; “TRANSCRIPTION OF AGREEMENT For your knowledge and consequent purposes, I transcribe what was agreed by this Council in its ordinary session number 019-24, article VI, subsection c, of the tenth day of September, year two thousand twenty-four, at six o'clock in the evening, in the session hall of this Council, which reads: MATTER. REVOCATION OF AGREEMENT OF COLEMU S.A. OPINION OF COMMISSION Minutes number zero four - two thousand twenty-four of the permanent Legal Affairs Commission, held on the twenty-seventh day of August, two thousand twenty-four, at four o'clock in the afternoon in the session hall of this Council. Present members: Minor Centeno, Ivania Prendas, Mario Delgado and advisors Diego Céspedes Núñez, Human Talent Technician of the District Municipal Council, and Ms. Aralyn Villegas, Legal Advisor to the Council of Councilors. OPINION No. 01 CONSIDERING: That the Council has referred OFFICIAL LETTER INT-2024-138 from the Municipal Intendancy and OFFICIAL LETTER AI-A-0317-2024 from the ICT. This commission, nor the Municipal Council, nor the administration have the power to annul an agreement that followed due process, unless a judicial instance so determines. Or in any case, that administratively absolute or relative substantive errors are found in the administrative processing that led to the final recommendation to the Municipal Council to cancel the concession. THEREFORE 1. This permanent Legal Affairs Commission, based on article 34, subsection g, and 49 of the Municipal Code OPINES, recommending to the Council: A legal professional be assigned to study the administrative procedure that gave rise to the cancellation of the concession of COLEMU, in order to determine whether it complied with the regulatory framework. THAT IS ALL. The opinion is submitted to a vote and is approved in all its parts. AGREEMENT No. 6 With five votes present in favor, IT IS AGREED: “5.1. Accept the opinion presented by the legal affairs commission and forward it to the Municipal Intendancy so that it may assign a legal professional to study the administrative procedure that gave rise to the cancellation of the concession of COLEMU, in order to determine whether it complied with the regulatory framework”.” It is important to clarify to the esteemed Magistrates that this municipal corporation is aware that responsibility in the Administration is continuous, both to proceed with what is requested by the petitioner and for the company Colemu S.A., taking into account that we are facing a new Administration, with a concession cancellation agreement pending deregistration by the previous Administration before the National Registry, and given the existence of official letters INT-074-2024 of March 7, 2024, and AL-A-0317-2024, of March 12, 2024, in which it can be ambiguously corroborated that the same Administration that orders the concession cancellation requests the Costa Rican Tourism Institute to rule on the matter, as there may be grounds for nullity in the processing of the administrative procedure; it would be irresponsible on the part of the new Administration assumed as of May 1, 2024, considering the continuity of responsibility in administrative matters, to proceed in an accelerated and arbitrary manner with the registration deregistration without reviewing the procedure carried out, in accordance with the principle of legality and the principle of due process, enshrined in articles 11, 39, and 41 of the Political Constitution of Costa Rica and article 11 of the General Law of Public Administration. By virtue of the foregoing, we proceed to respond to the facts alleged by the petitioner. FIRST: Regarding official letter CYV-OF-GE-049-2018. There is an error in what the petitioner raises, as he describes said official letter as CYV-OF-GE-0429-2018 of June 5, 2018; however, both in the evidence provided by Mr. [Name 001] himself and as recorded in administrative file [Value 002] visible at folio 314, the correct reference is CYV-OF-GE-049-2018 of February 27, 2018. It is important to mention about this official letter that it indicates the existence of a gate that blocks passage to a public access, but immediately afterwards it states the following; (…) Regarding what is indicated by the petitioner, it can be stated that the encroachment on zoning classified as Protection Zone (ZP) is contemplated in the administrative procedure carried out prior to the cancellation of the concession by agreement of the Council of Councilors, which was referred to the legal affairs commission to be reviewed, to determine if said procedure was carried out in accordance with the applicable law. However, let this respected court take note of what is stated about the public road access: there is a considerable linear offset between the landmarks, which consequently affects the Santa Teresa Regulatory Plan map. Furthermore, this official letter at the end states that the maritime-terrestrial zone described in the regulatory plan does not exactly coincide with the maritime-terrestrial zone generated from the extension of the line of official IGN landmarks, which is why there is no certainty that what is indicated in this official letter is consistent with the reality of the terrain as recorded by Eng. Javier Corrales Masis. This point will be developed further on. SECOND: Regarding official letter CYV-OF-GE-118-2018. There is an error in what the petitioner raises, as he describes said official letter as CYV-OF-GE-118 of June 20, 2018; however, both in the evidence provided by Mr. [Name 001] himself and as recorded in administrative file [Value 002] visible at folio 316, the correct reference is CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018. Regarding this official letter, the petitioner's statements are incorrect, as it indicates the existence of two public roads that remain obstructed; however, it can be correctly read, visible at folio 316, that only access #1 is classified as a public road, since access #2 is not indicated in the Playa Santa Teresa Coastal Regulatory Plan, which is incongruent, and we will refer further to these inconsistencies later. THIRD: We will also refer further to this fact later; it is necessary to again indicate to this Restable Court that this Administration assumed its position on May 1, 2024, that it has been updating itself on the cases pending resolution from past administrations, and that from the very first day it became aware of this matter, it has been processed as appropriate. FOURTH: According to the agreement of the Council of Councilors, Ordinary Session number 185-2019, article VII, subsection b, of the twelfth day of November, year two thousand nineteen, at five o'clock in the afternoon, the cancellation of the concession is ordered. At folio 423 of the administrative file, judgment number 66-2022 of four twenty-two in the afternoon of February twenty-fourth, two thousand twenty-three, issued by the Administrative Litigation Court, appears, which dismisses the appeal filed by the company Colemu Sociedad Anónima; likewise, at folio 501 of the same file, vote 314-2023 of three twenty-five in the afternoon of June fourteenth, two thousand twenty-three, issued by the Administrative Litigation Court, appears, which dismisses the precautionary measure promoted by the aforementioned company. FIFTH: What the petitioner states is not true, given that Mr. Ronny José Montero Orozco, in his capacity as Municipal Intendant, HAS NOT SUSPENDED the contracting of the indicated notarial services. Let the honorable Magistrates consider what the petitioner indicates: “The budget item for the contracting of the notary was incorporated into the 2024 budget and released to the Sicop platform, with the approval of the Intendant, on February 21, 2024. On March 11, 2024, the tender was released, and on March 14, 2024, three days, the tender was declared void, alleging reasons of public interest.” Firstly, Mr. Ronny José Montero Orozco assumed the Municipal Intendancy on May 1, 2024, a date subsequent to those indicated by the petitioner. Secondly, as developed above, through ordinary session number 019-24, article VI, subsection c, of September 10, two thousand twenty-four, this matter was referred to the legal affairs commission, which requested referral to the Municipal Intendancy so that a legal professional could review the administrative procedure and corroborate that it is not vitiated as indicated by the previous administration via official letters INT-074-2024 of March 7, 2024, and AL-A-0317-2024, of March 12, 2024. SIXTH: Through Ordinary Session number 12-2024, article VI, subsection f, of July twenty-third, two thousand twenty-four, it is indicated that it is not within the power of the Council of Councilors to revoke a prior agreement, and that the corresponding legal instruments exist for that act. What the petitioner states about the statements of the Municipal Intendancy, the President of the Council, and the Legal Advisor of the Council in this session is not true, given that the consultation to the Attorney General's Office was proposed by the Costa Rican Tourism Institute according to official letter AL-A-0317-2024, in accordance with the consultation made by the previous Municipal Intendant per official letter INT-074-2024; thus, from this session arose the need to conduct a legal review of the administrative procedure that orders the cancellation of the company, by virtue of the aforementioned official letters and taking into account the early stage at which the new administration has been up-to-date as of May 1, 2024. SEVENTH: There is a relevant issue that the petitioner is unaware of, which is that, as an Administration, we are bound by the Principle of Due Process, in accordance with articles 39 and 41 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica. The acts of the administrated parties must be processed, whether to accept or reject them. By virtue of this, the following is clarified: The Maritime-Terrestrial Zone Department received the request for extension of the concession via a filing submitted on May 29, 2024, visible at folio 566 of the administrative file, given that the concession is registered in the name of the company Colemu S.

A., it is received and forwarded to the Council of Councillors via official communication ZMT-197-2024 (folio 582), since, given the existence of an agreement that cancels the concession, this department has no standing and lacks competence to analyze or resolve substantive issues regarding the concessionaire. During ordinary session 013-24, article VI, subsection f, of the thirtieth day of July of the year two thousand twenty-four, issued by the Council of Councillors of this District Municipal Council, it was agreed "to await the opinion of the permanent commission on legal affairs regarding the process to follow in the case of COLEMU S.A. in order to make a decision regarding this request" (folio 591), fully complying with the constitutional principle of due process (debido proceso). EIGHTH: It is not true that this Administration has taken no action to enforce the administrative act in this specific case, as it has been developing by virtue of the aforementioned agreements of the Council of Councillors and as the appellant himself points out. This municipal corporation has diligently managed this matter from the moment it became aware of it. It is necessary to again indicate official communications INT-074-2024 of March 7, 2024, and AL-A-0317-2024 of March 12, 2024, which have been carried over from the past administration to the current one, which responsibly, through ordinary session number 019-24, article VI, subsection c, of the tenth day of September of the year two thousand twenty-four, of the Council of Councillors, agreed "to assign a legal professional to study the administrative procedure that gave rise to the cancellation of the concession of COLEMU, in order to determine whether it complied with the regulatory framework" in order to proceed as Law requires. NINTH and TENTH. At this point, facts one, two, and three are expanded upon. Mr. [Name 001] went to the Costa Rican Tourism Institute (ICT) to inquire about the public accesses on boundary marker (mojón) 503 of the Santa Teresa Regulatory Plan, specifically, the parcel concessioned in the name of the company Colemu, S. A. IT IS NOT TRUE that the ICT cautioned this Administration to proceed with the demolition of a gate. According to official communication DPD-ZMT 387-2024 of Friday, July 26, 2024, it indicates a request for clarification to respond to a complaint. (...) As is evident from said communication, the caution that the appellant indicates does not exist, as this request deals only with public accesses corresponding to boundary marker 503 of the Playa Santa Teresa Regulatory Plan. It is processed in the Terrestrial Maritime Zone Department as it has no standing on substantive issues regarding the cancellation of the concession in the name of the company Colemu S. A. It is processed by means of a field inspection, which indicates the existence of the mentioned gate, and the company is notified of an Administrative Warning to remove said gates, without having positive results, such that the Administration had to proceed with their removal; prior to enforcing the Administrative Warning, representatives of the company appeared before the Terrestrial Maritime Zone Department and provided a Technical Report, a Georeferencing Study of Gates/Accesses, in which they detail that there is an error on the part of the Administration regarding the georeferencing of the public accesses indicated in the caution and the location where the gates are found. With this premise, it is necessary to indicate the following (...) By virtue of the aforementioned principle of due process, it is necessary to grant the administrated party their right to a defense, the right to be heard, and the opportunity to present their arguments, as well as the evidence they consider pertinent, so that the Administration does not incur a violation of the constitutional rights held by the inhabitants of this District. It is required that the topographical communication submitted by the company be evaluated by the institutional engineer in order to respond and argue whether his criteria conforms to the law or, on the contrary, what is stipulated therein does not agree with the master map corresponding to the Playa Santa Teresa Coastal Regulatory Plan. Subsequently, on September 27, 2024, Mr. [Name 001] sent via electronic mail to the Terrestrial Maritime Zone Department an official communication JDG-1325-23/24 of September 11, 2024, issued by the Federated College of Engineers and Architects (CFIA), which details that the Engineer Juan Carlos Gómez Rojas, the engineer who produced the report submitted by the company, is suspended. For this reason, a certification regarding the professional status of Eng. Gómez Rojas was requested from the CFIA to clarify the validity of said report; this certification is in process (...) By virtue of the foregoing, and in order to respond to the Costa Rican Tourism Institute on the clarification, the Topographical Engineer of the Terrestrial Maritime Zone Department was requested to carry out the topographic survey internally without considering the report submitted by Eng. Gómez on behalf of Colemu S. A., so as not to cause potential defects or nullities due to a lack of certainty as of today regarding the validity of his acts as a professional; precisely at this point, it is necessary to consider what is indicated in facts one, two, and three, in accordance with the aforementioned constitutional principle of Due Process and the Constitutional Principle of Reasonableness and Proportionality, on which this honorable Constitutional Chamber has indicated the following through judgments 6805-11, 3950-12 (...) The Law cannot be irrational; likewise, its application must not be arbitrary. The acts carried out by the Administration must be, as indicated by article 11 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), subject to the legal order, and perform those acts and services authorized by the legal order, according to the hierarchy of sources. It is for this reason that the present process is being carried out in conformity with the Principle of Due Process. This Administration cannot and must not act in the hasty and arbitrary manner that the appellant proposes, given that there are inconsistencies in official communications CYV-OF-GE-049-2018 of February 27, 2018, and CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018, regarding public accesses. It is for this reason that the Topographical Engineer of the Terrestrial Maritime Zone Department was requested to internally carry out a survey on the area of boundary marker 503 of the Santa Teresa Regulatory Plan. As mentioned in fact one regarding official communication CYV-OF-GE-049-2018, it indicates that there is a linear offset between the boundary markers on the regulatory plan map and the boundary markers officialized by the National Geographic Institute (IGN). This means that the linear offset between the boundary markers causes the master map of the Playa Santa Teresa Regulatory Plan to not conform to the reality of the site, which means there is a probability that the gate, the subject of the clarification requested by the Costa Rican Tourism Institute, may not actually be obstructing the access, and the aforementioned communication does not clarify this premise; it only indicates the existence "of a considerable linear offset between the boundary markers." Article 132 of the General Law of Public Administration indicates that the content of the administrative act must be lawful, possible, clear, and precise and must cover all factual and legal issues arising from the motive, even if they were not debated by the interested parties, in addition to being proportional to the legal purpose and corresponding to the motive, when both are regulated. Likewise, article 35 of Law 6043 on the Terrestrial Maritime Zone indicates that the Municipalities will maintain under their custody and administration the areas of the Terrestrial Maritime Zone. It is not appropriate for the Administration to act contrary to what the regulations establish, contrary to our Magna Carta, and contrary to the jurisprudence cited by this honorable Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. The same occurs with official communication CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018, as it lacks congruence when indicating the following; (...) The report is dated June 5, 2018. The Playa Santa Teresa Regulatory Plan had its last adjustment and rectification published in the official newspaper La Gaceta number 72 of Wednesday, April 15, 2015, such that by the year 2018, the current master map was in effect, which shows two public accesses on boundary markers 116-503. However, this communication indicates that access #2 is not indicated in the Playa Santa Teresa Regulatory Plan, which is inconsistent and generates uncertainty because the master map does indicate it. For this reason, it is necessary to resort to the Constitutional Principle of Due Process and update the topographic survey by this Municipal Council in order to clarify what is indicated by these communications. By virtue of this, it is necessary to indicate what is contemplated in article 157 of the General Law of Public Administration: "At any time, the Administration may rectify material or factual errors and arithmetic errors." MASTER MAP PLANN SANTA TERESA BEACH REGULATOR (...) By virtue of the supra-developed, the appellant is not correct in indicating that this Administration has been negligent in managing the case at hand since, from the moment it became aware of it, it has been managed according to Law. It is true that past administrations did not execute the agreements made. However, the honorable Magistrates of this Constitutional Chamber should consider that the current Administration took office of this Municipal Council starting May 1 of the current year, and in conformity with the supra-developed, the present case has been given the corresponding attention. Firstly, regarding the cancellation of the concession, the administrative procedure is being reviewed by a legal professional, which the past Administration indicated had possible irregularities via official communication INT-074-2024 of March 7, 2024, sent to the Costa Rican Tourism Institute, receiving a response via official communication AL-A-0317-2024 of March 12, 2024. Once the corresponding result is obtained, this Administration will proceed accordingly. Secondly, regarding the clarification requested by the Costa Rican Tourism Institute on public accesses via official communication DPD-ZMT 387-2024 of Friday, July 26, 2024, it is being addressed by the Terrestrial Maritime Zone Department, which will be conducting a topographic survey at the site to clarify the contents of official communications CYV-OF-GE-049-2018 of February 27, 2018, and CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018, and thus proceed responsibly and diligently. It is important to indicate that the Costa Rican Tourism Institute has given its approval on this matter and the need for it to be managed according to the parameters of due process. The administrative file through which the request from ICT is being managed is provided as evidence (...)”. They request that the appeal be declared without merit and that, additionally, they be granted a prudential period of three months to conclude the due process initiated regarding official communication DPD-ZMT-387-2024 for the ICT's clarification on access to public roads at boundary marker 503 of the Playa Santa Teresa Regulatory Plan, since the topographical engineer of the Terrestrial Maritime Zone Department is working on the topographic survey at the site, in order to clarify what is provided in official communications No. CYV-OF-GE-049-2018 of February 27, 2018, and CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2028, and to have the final report on the review of the administrative procedure that ordered the cancellation of the concession (...)".

6.- By means of a document submitted to the Chamber on October 11, 2024, Carlos Mauricio Duarte Duarte and Angie Vanessa Bonilla Santana, in their capacity as proprietary municipal councillors of the District Municipal Council of Cóbano, issue statements regarding the acts accused in this amparo (constitutional protection) proceeding. They indicate that indeed, representatives of Colemu S.A. illegally placed two gates that impede access to two public roads located in a section of the terrestrial maritime zone that is not concessioned, and therefore is under municipal administration. They affirm that both roads are contemplated in the Santa Teresa Regulatory Plan: one leads from the main street to the concession and the other to the public zone (beach). This latter gate was built in the protected zone of a river that flows into a small mangrove. They affirm that they have requested on several occasions and through motions that the demolition of those gates proceed and that both roads be enabled, but the rest of the council members have prevented it. Even in the last session of the council (No. 022-2024 of October 1, 2024), they proceeded to revoke an agreement related to the enabling of those roads. They allege that delays have been made in the matter, under the argument that due process must be granted to said company. On the other hand, they indicate that certainly, since November 2019, the deregistration in the Registry of Concessions of the concession granted to Colemu S.A. was ordered and that, five years later, such action has not been carried out, despite the agreement being final. They argue that the Mayor (Intendente) and the President of the Council have obstructed the execution of that agreement. They affirm that, to this day, the illegal constructions that invade the protected zone and that violate the provisions of the cited regulatory plan remain intact, so the environmental damage persists. They request that the appeal be declared with merit.

7.- By means of a document submitted to the Chamber on October 16, 2024, the appellant refers to the report rendered by the respondent authorities, reiterates the arguments presented, and provides evidence for a better resolution. He maintains that "(...) a municipality cannot conduct a prospective investigation to determine the annullability of a final administrative act that has already been ratified by the Administrative Litigation Tribunal, such as the one that annulled the concession in the name of Colemu S.A. (...)". He adds that the gates under study are located on non-concessioned lands of the terrestrial maritime zone, that is, under municipal administration, and mentions that "(...) Regardless of whether the exact location of the blocked roads fully coincides with what is stipulated in the Santa Teresa Regulatory Plan, the existence of said roads is duly documented both in the referenced communications and in the master map of the Regulatory Plan and in the cadastral plan of the concession in the name of Colemu S.A. (...)". He affirms that the main claim of this amparo is to compel the respondents to execute the final agreement reached on November 12, 2019, so that the environmental damage caused by the illegally erected constructions in protected zones may be repaired.

8.- In the processing of the case, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

CONSIDERING:

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant indicates that the representatives of the concessionaire Colemu S.A. have invaded, with several constructions, an area of the protected zone located in Playa Santa Teresa and, in turn, have installed gates that impede the passage of pedestrians and vehicles in the zone or public road. He alleges that, although the District Municipal Council of Cóbano agreed in November 2019 to cancel the concession granted to said company –in response to a series of irregularities found–, and to demolish the referred structures, these precise actions have not been executed to date, as is proper, in order to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment and to enable access to the public zone.

II.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are deemed accredited:

FACTS RELATED TO THE CANCELLATION OF THE CONCESSION TO COLEMU S.A.:

1) By means of a concession application form dated March 24, 2004, the company Colemu S.A., represented by Messrs. Víctor Manuel Rodríguez Rescia and Dennis Rubie Castro, requested the concession of the parcel located in the Province of Puntarenas, Canton of Puntarenas, District of Cóbano, place of Santa Teresa, for a measurement of 16,500.24 square meters, attaching a sketch of the area distribution table according to the Playa Santa Teresa Regulatory Plan (see case file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Treasury Tribunal).

2) At 11:00 hrs. on November 3, 2004, the Concession Agreement was entered into between the Municipality of Puntarenas and Colemu S.A., describing in clauses nine, ten, and eleven the boundaries, the area, and the zoning of the parcel, respectively. Regarding the obligations of the concessionaire, the following clauses were established: "(...) FIFTEENTH: OBLIGATION OF THE CONCESSIONAIRE: The concessionaire accepts each and every one of the obligations contained in Law six thousand forty-three of March two, nineteen hundred seventy-seven and its Regulation approved by Executive Decree number seven thousand eight hundred forty-one-P of January four, nineteen hundred seventy-eight. - SIXTEENTH: LIMITATIONS. The concession may not be assigned, transferred, or encumbered partially or totally to any natural or legal person without the prior written authorization of the Municipality and of the Costa Rican Tourism Institute, under penalty of rescinding this concession for the concessionaire if the above is breached. Likewise, it must register the movement in the General Registry of Concessions.- (...) SEVENTEENTH: LIMITATION: The concessionaire may not modify any of the clauses of this contract without the prior written authorization of the Municipal Council, under penalty of rescinding the concession right granted.- (...) NINETEENTH: The concessionaire undertakes to submit the corresponding declarations on the value of the constructions erected on the parcel and the payment of the respective tax in accordance with article six, Subsection c) of Law seven thousand five hundred nine of May nineteen hundred ninety-five. (...) TWENTY-FIRST: APPLICABLE LEGISLATION: The contracting parties agree that, in everything not provided for herein, the provisions contained in Law six thousand forty-three, its Regulation, and any other related laws will govern.- TWENTY-SECOND: CANCELLATION: Non-compliance with the foregoing clauses, as well as with the provisions of the cited Law and its Regulation, shall entitle the Municipality, after prior consultation with the corresponding entities, to cancel this concession, without liability or recognition of any type to the concessionaire (...)" (see case file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Treasury Tribunal).

3) By means of resolution No. G-275-2005 at 09:05 hrs. on February 8, 2005, the Costa Rican Tourism Institute approved the referred concession in the following terms: "(...) The concession submitted by the Municipality of Puntarenas is approved, in favor of COLEMU SOCIEDAD ANONIMA; legal identification number three - one hundred one - eighty-three thousand four hundred thirty-five - thirty-six, represented by Messrs. Dennis Rubie Castro, of legal age, married once, lawyer and notary, resident of Sabanilla (sic) de Montes de Oca, with identity card number one - five hundred eighty-three - eight hundred twenty-seven, and Víctor Manuel Rodríguez Rescia, of legal age, single, lawyer and notary, resident of Tibás, San José, with identity card number one - six hundred nine - zero thirty-one, over a parcel located in Playa Santa Teresa, District of Cóbano, Central Canton of the Province of Puntarenas, with a total area of sixteen thousand five hundred square meters and twenty-four square decimeters, according to cadastral plan P - nine hundred twenty-three thousand one hundred fifty-seven - two thousand four, with the following area distribution: Residential-Recreational Zone with an area of one thousand one hundred thirty-six square meters and two square decimeters (1,136.02 m2), Protection Zone with an area of five thousand nine hundred thirty-one square meters and twenty-three square decimeters (5,931.23 m2), and Hotel Zone with an area of nine thousand two hundred eighty-four square meters and fifty-four square decimeters (9,284.54 m2), and Basic Services Zone with an area of one hundred forty-eight square meters and forty-five square decimeters (148.45 m2) (...)" (see case file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Treasury Tribunal).

4) Said concession was registered with the National Registry of Concessions on March 3, 2006 (see report and evidence).

5) In the administrative file created for this purpose, there is a series of construction permits issued in favor of Colemu S.A., in relation to the referred concession granted (see case file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Treasury Tribunal).

6) Prior to the year 2015, the authorities of the District Municipal Council of Cóbano had conducted several inspections on the concessioned parcel, verifying the execution of various works that did not have a permit (see case file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Treasury Tribunal).

7) The last adjustment and rectification made to the Santa Teresa Regulatory Plan was published in La Gaceta No. 72 of April 15, 2015 (see report).

8) By means of an official communication dated February 21, 2018, the Terrestrial Maritime Zone Department sent the Municipal Mayor's Office an inspection report on the works existing on the parcel, locating a total of 21 constructions, for an approximate area of 2538 square meters, according to the following detail: a) 3 dwelling houses, 3 swimming pools, 3 large ranchos, and 6 small ranchos for a measurement of 2203 square meters and, b) 2 warehouses, 1 laundry and dormitory, and a large shed, for a measurement of 335 square meters (see case file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Treasury Tribunal).

9) In official communication No. CYV-OF-GE-049-2018 of February 27, 2018, the Department of Cadastre and Valuations conducted a topographic survey of all existing constructions within the boundaries of the concession for the purpose of providing their georeferenced location and placing them within the zonings established in the regulatory plan. On that occasion, the following was expressly recorded: "(...) We proceeded to create an overlay of the topographic detail survey corresponding to the concession with file 1768-2000 to COLEMU S.A. and based on the Coastal Sector Regulatory Plan of Playa Santa Teresa, where the following is indicated: A topographic survey is conducted of all existing constructions within the boundaries of the concession granted to COLEMU S.A., for the purpose of giving a geo-referenced location of the same, to place them accurately and precisely within the zonings established in the regulatory plan (...) It is determined that there is a gate that blocks the passage to a public access that is present in all the documentation described above. It is determined that the portion of land described in the cadastral plan of COLEMU S.A. for the concession, according to the regulatory plan, covers an Area of approximately 322 m not described with any zoning, see overlay. It is important to emphasize that the survey carried out is based on the boundary markers (mojones) found in the field, which are subsequently referenced and adjusted with the boundary markers from our GIS database, which are those officialized by the National Geographic Institute (IGN). However, the review of the zoning and the determination of encroachments and their areas is calculated based on the Playa Santa Teresa regulatory plan, and it is necessary to clarify that the boundary markers of the regulatory plan and those officialized by the IGN show a considerable linear offset from each other. Furthermore, the terrestrial maritime zone described in the regulatory plan does not exactly coincide with the terrestrial maritime zone generated from the extension of the official IGN boundary marker line (...)" (see report and evidence).

10) By official communication No. CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018, the Department of Cadastre and Valuations of the District Municipal Council of Cóbano made an overlay of plans on the accesses to the concession, in which it is indicated: "(...) The land where the two real physical accesses to the concession provided to COLEMU S.A. are located was cataloged by INDER as parcel 60, but after joint analysis with this institution, it is determined that this parcel is entirely included within the terrestrial maritime zone under administration of the District Municipal Council of Cóbano, based on the official demarcation by the IGN. It is clarified that only access #1 (see overlay) is indicated in the regulatory plan and also cataloged by this institution as a public road, and it is simultaneously the access to a public road with which the concession of COLEMU S.A. was granted, under the condition and the frontage to a public street necessary for said procedure. Indicating again that it is situated in the terrestrial maritime zone and therefore administered by us. It is clarified that access #2 (see overlay) is not indicated in the Playa Santa Teresa Coastal Regulatory Plan and is located entirely in the Terrestrial Maritime Zone under municipal administration. / It is clarified that there is a parking zone indicated in the regulatory plan that will be enabled shortly by this institution for the enjoyment of the public (...)" (see report and evidence).

11) By means of Communication-ING-326-2018 dated June 13, 2018, the Department of Engineering and Construction of the respondent council conducted an analysis of the constructions and permits existing in the concession of Colemu S.A., issuing a detail of these with a graphic overlay of them in the concessioned zone. Additionally, some observations were made on each permit, detailing: "(...) 105/2007 / The shape was modified since what was processed in the plans was rectangular, and rounded shapes were used. It is not known if the area of the pool coincides with the area processed in the plan. / -020/2008 / Processed as a Palafito type structure, it does not contemplate a constructive area on the ground floor. In reality, it is currently closed with walls and enabled in its interior part. / -037/2008 / It was an existing dwelling for which a new construction permit was processed. It exceeds the height permitted according to the regulatory plan. It was remodeled with construction permit 252/2008. / -170/2008 The pool was built smaller than contemplated, but a perimeter terrace was built that does have the 42 m2 area processed in the construction plans. The 100m wall is located in the construction plans outside the property, in front of the public road, and includes two gates, which were indeed built. The wall has not been built, and because it was approved outside the property, it should be annulled. / -252/2008 / Expansion of permit 170/2008. The structure in the plans was modified in reality since it was a detached structure on one side that was annexed to the existing construction. / -151/2010 / It consists of four room-type structures located in a mirrored layout, separated by a hallway. The ZMT inspection report reports that the height is 10, exceeding the permitted limit. / An expansion was built that encroaches on the side setback, according to the report of topographer Felipe Rodríguez (folio 263 ZMT file); initially, it was an open eave (see folio 241 ZMT file). Today it is enclosed. / -069/2013 / Roof structure covering the open hallway between the two dwelling-type structures of permit 151/2010. / -070/2013 / Construction of a third dwelling on the side next to the beach. / It is important to mention that after reviewing the physical plans found in the municipal archive, and the digital ones obtained from the CFIA, seals from the ICT and INVU were found only on the permit processed with numbers 151/2010 and 070/2013." (...)" (see case file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Treasury Tribunal).

12) By means of a preliminary investigation report prepared by the Legal Advisory Office of the District Municipal Council of Cóbano, for presumed irregularities regarding the occupation and execution of works outside the regulations governing the terrestrial maritime zone by Colemu S.A., it was determined that "(...) Due to the apparent infractions of the legal order described in this document, as a result of the occurrence of the events commented on throughout this report, it is requested to assess the opening of an administrative procedure to verify the real truth of the facts, to delineate responsibilities, and to impose the sanctions that may be applicable against the concessionaire Colemu S.A., respectively, in accordance with the described facts. / Likewise, to estimate therewith the eventual administrative, civil, or criminal liability that may arise as a result of the possible process this generates" (...)" (see case file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Treasury Tribunal).

13) By means of resolution No. IC-024-2019 at 11:10 hrs. on February 4, 2019, the Municipal Mayor's Office ordered the opening of the ordinary administrative procedure against the company Colemu S.A. by virtue of the facts investigated (see case file No.

14) By official communication No. CMS-367-2019 dated August 22, 2019, Colemu S.A. was notified of subsection a), article II), of the extraordinary session No. 86-19 held on July 15, 2019, of the District Municipal Council, in which the following was agreed: "(...) With four votes present in favor, IT IS AGREED: \"1.1 To dispense with the commission procedure\". UNANIMOUS AND FINAL AGREEMENT. The application of article 45 of the municipal code (sic) is put to a vote, which is approved in all its parts, the foregoing agreement being DEFINITIVELY APPROVED. / 1.2. To accept the final report of proven and unproven facts issued by the external directing body of the Directing Body of the Administrative Procedure to Investigate Alleged Anomalies committed in the concession held by COLEMU S.A. and its respective recommendations and consequently: 1.2.1. To request the Administration to immediately demolish the works erected in the public zone, namely the ranch and grill, in front of the concession plot. / 1.2.2. To request the Administration to demolish the gate designated No. 2 which is located outside the concession area and encroaches on the protection zone. / 1.2.3. To revoke construction permit No. 170/2008 corresponding to a wall because it was authorized in an area outside the concession plot. / 1.2.4. To forward to the (sic) Instituto Costarricense de Turismo and the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, in compliance with the provisions of article (sic) 80 of the Regulation of the Maritime Terrestrial Zone Law No. 6043, everything related to the Administrative Procedure against the concessionaire COLEMU S.A. File [Value 002], for their respective opinion." UNANIMOUS AND FINAL AGREEMENT. The application of article 45 of the municipal code is put to a vote, which is approved in all its parts, the foregoing agreement being DEFINITIVELY APPROVED (...)" (see file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Tax Court)

15) By means of subsection b, article VII, of ordinary session No. 185-2019, held on November 12, 2019, the District Municipal Council of Cóbano, acting as the decision-making body for Maritime Terrestrial Zone matters, agreed to the following: "(...) To issue the Final Act of Proven and Unproven Facts in its entirety and consequently; / To order the immediate demolition of the works erected in the public zone, namely the ranch and grill, in front of the concession plot. / To demolish the gate designated No. 2 which is located outside the concession area and encroaches on the protection zone. / To revoke the wall's construction permit because it was authorized in an area outside the concession plot. / To decree the cancellation of concession No. 1768-2000. Represented by Mrs. CARLOTA DORRING MEADOWS, residence ID No. 175200002119. / Having submitted this resolution for consultation to the competent authorities, as provided for in the cited regulations. And once this cancellation agreement is final and enforceable, the Public Registry shall be informed so that it may proceed to cancel the respective registration entry in the name of the concessionaire COLEMU S.A. (...)" (see evidence and file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Tax Court).

16) The representative of the company Colemu S.A. filed a motion for revocation (recurso de revocatoria) with a subsidiary appeal (apelación) against the provisions of subsection b, article VII, of ordinary session No. 185-2019. By means of subsection a, article VIII of ordinary session 190-19 held on December 17, 2019, the respondent District Municipal Council rejected the motion for revocation filed (see file No. 23-004947-1027-CA of the Administrative and Civil Tax Court).

17) By means of Judgment No. 66-2022 at 4:22 p.m. on February 24, 2023, the Administrative Court (Third Section), acting as non-hierarchical comptroller of legality, dismissed the subsidiary appeal filed by the company Colemu S.A. against the cited agreement adopted in ordinary session No. 185-2019. In its operative part, it expressly stated the following: "(...) Therefore, the subsidiary appeal filed is dismissed, whereby the challenged act is confirmed. The administrative channels are hereby exhausted (...)" (see report and evidence).

18) Against the execution of the aforementioned agreement, Colemu S.A. requested a provisional interim measure (medida cautelar) of suspension before the Administrative Court, which was rejected by means of Ruling No. 314-2023 of June 14, 2023 (see report).

19) On March 7, 2024, the Municipal Mayoralty (Intendencia Municipal) of Cóbano issued official communication No. INT-074-2024 addressed to the Instituto Costarricense de Turismo, with the following subject: "Request for confirmation regarding legal feasibility to revoke an administrative act ordering the cancellation of the concession in the maritime terrestrial zone of the company Colemu S.A.". In the petition of that communication, the following was expressly stated: "(...) I request confirmation of the following: -That the District Municipal Council of Cóbano is legally empowered to revoke the Agreement adopted in Ordinary Session number 185-2019, article VII, subsection b), of November 12, 2019, which ordered the cancellation of the concession in the Maritime Terrestrial Zone granted to the company COLEMU S.A., based on the provisions of articles 152, 153 and 155 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (...)" (see report and evidence).

20) The Instituto Costarricense de Turismo, by official communication No. AL-A-0317-2024 of March 12, 2024, responded to the foregoing request, in the following terms: "(...) 4. District Councils, by provision of Laws 8173 and 6043, have the same powers as the (sic) Municipalities and therefore the same constitutional competencies. 5. For everything analyzed in this document, this Legal Advisory Unit (Asesoría Legal) lacks competence to respond to the query made by the District Municipal Council of Cóbano. 6. Revoking one's own acts is an administrative act, which, as such, must be duly substantiated and falls under the absolute responsibility of the body that issued and decides to revoke the act, that is, the District Municipal Council of Cóbano (...)" (see report and evidence).

21) By means of Ruling No. 2024-2284 at 10:42 a.m. on April 9, 2024, the Administrative and Civil Tax Court resolved an enforcement proceeding for a final and favorable act filed by a third party interested in the concession (Dombas del Pacífico S.R.L.). This proceeding was dismissed, pursuant to the following terms: "(...) IV.- OF THE ACT SOUGHT TO BE ENFORCED. Having said the foregoing, we have that the plaintiff seeks the enforcement of an act issued by the Municipal Council of Cóbano, in extraordinary session number 86-19, article II, subsection a), of July fifteenth, two thousand nineteen, where it was agreed to accept the final report on anomalies committed in the concession granted to the company COLEMU S.A. and where it requests the demolition of works and gate, and to revoke the construction permit corresponding to a wall, and also to forward to the Instituto Costarricense de Turismo and the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (in compliance with article 80 of the Regulation of the Maritime Terrestrial Zone Law No. 6043) the Administrative Procedure against the concessionaire COLEMU S.A. File [Value 002], for their respective opinion. Having reviewed the act, this authority considers that (sic) it does not correspond to a final and favorable administrative act for the following reasons. First, as the District Council of Cóbano rightly points out, the act in question does not grant a direct positive right to DOMBAS DEL PACÍFICO S.R.L.; what the company has is an expectation that once the concession is cancelled, it may participate by applying for the concession of said plot. Second, we have that the cited act establishes that the administrative file is forwarded to the Instituto Costarricense de Turismo and the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal for compliance with the provisions of article 80 of the Regulation of the Maritime Terrestrial Zone Law, for their respective opinion; consequently, at this moment, the act does not have a final and favorable act issued by the District Council of Cóbano (sic), regardless of whether the Administrative Court Section III, by means of resolution 66-2022 at sixteen hours twenty-two minutes on February twenty-fourth, two thousand twenty-three, exhausted the administrative channels denying the subsidiary appeal filed by the company COLUME S.A. against the agreement supra cited above. Third, it does not correspond to a final and favorable act within the terms of numeral 228 of the General Law of Public Administration and 176 of the Administrative Contentious Procedural Code. For greater clarity, it is important to indicate that a subjective right (derecho subjetivo) has been defined as the recognition of a right or power of a subject(s) that can be asserted against others, imposing obligations or duties upon them, in their own interest; recognition that implies it is accompanied by the right to judicial protection. When a subject holds (sic) a subjective right, they have in their favor the guarantee of objective law to enforce its execution by coercive means, that is, to assert the power that corresponds to them (sic), in cases where the administration or another subject intends to disturb or disregard their right. Every right corresponds to a subject who is the holder, since the subjective right is intimately linked to the person or persons to whom it belongs. In the present case, these characteristics are not found within the act, as it does not grant the party a positive right, as indicated (sic) above.- Having said the foregoing, it is clear that the claim brought is inadmissible, since we are not in the presence of a declaratory process for rights, but rather in a process where the enforcement of an act is sought, which has already been determined (sic) not to be favorable to the interests of the plaintiff, this type of claim being inadmissible within the present process, which even when refuted as jurisdictional, in the words of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, is a channel to concretize the will of the administration, which determines no obligations other than those determined in the act sought to be enforced, a requirement the plaintiff does not have as they do not hold (sic) a final and favorable act. Given the inadmissibility, the claims brought regarding the conduct carried out by the respondent must be rejected. If the plaintiff disagrees with the provisions or the actions of the territorial entity, they must resort to the corresponding channel, that is, the plenary process, but not through the present process which only has the effect of concretizing the will of the administration when the issued act is final and favorable, which is not the case here.- (...) THEREFORE: Consequently, the ENFORCEMENT PROCEEDING OF A FINAL AND FAVORABLE ACT filed by DOMBAS DEL PACÍFICO S.R.L., against the DISTRICT COUNCIL OF CÓBANO, PUNTARENAS is DISMISSED IN ITS ENTIRETY.- It is ordered without special condemnation as to costs of the enforcement of final and favorable act.- NOTIFY.-Vera Mora Rojas (Judge).- (...)" (see evidence).

22) On May 29, 2024, the Maritime Terrestrial Zone Department of the District Municipal Council of Cóbano received a request for extension of the concession granted to Colemu S.A. This request was forwarded to the Council of Councilors by official communication No. ZMT-197-2024, due to the situation that was then ongoing with said company (concession cancellation process) (see report and evidence).

23) In session No. 12-2024 of July 23, 2024, the respondent council considered a report from the Permanent Commission on Legal Affairs related to the concession granted to Colemu S.A. which stated: "(...) It is ruled that this Collegiate Body does NOT have the power to resolve said situation because it is not empowered to revoke an agreement that followed due process unless a judicial instance so determines or fundamental errors that led to the cancellation of the concession are found. THAT IS ALL (...)". By virtue of the foregoing, the aforementioned council ordered that the council's legal advisor be requested to expand the issued report in order to clearly understand the matter (see evidence). From this session and, based on the provisions of official communications No. INT-074-2024 and No. AL-A-0317-2024, the need arose to carry out a legal review of the administrative procedure that ordered the cancellation of the concession (see report).

24) By means of ordinary session No. 013-2024, article VI, subsection f), of July 30, 2024, the Council of Councilors of the District Municipal Council of Cóbano agreed to the following regarding the concession extension request filed by Colemu S.A. "(...) to wait until the report of the permanent commission on legal affairs regarding the process to follow in the COLEMU S.A. case is known in order to make a decision regarding this request (...)" (see report and evidence).

25) The aforementioned Legal Commission, on August 27, 2024, ordered the following: "(...) REPORT No. 01 WHEREAS: That the Council has forwarded OFFICIAL COMMUNICATION INT-2024-138 from the Municipal Mayoralty and OFFICIAL COMMUNICATION AI-A-0317-2024 from the ICT. This commission, nor the Municipal Council, or the administration have the power to annul an agreement that followed due process, unless a judicial instance so determines. Or in any case, that administratively absolute or relative fundamental errors are found in the administrative procedure leading to the final recommendation to the Municipal Council to annul the concession. THEREFORE. This permanent commission on Legal Affairs, based on article 34, subsection g, and 49 of the Municipal Code, RULES, to recommend to the Council: 1. To assign a legal professional to study the administrative procedure that gave rise to the cancellation of the COLEMU concession, in order to determine if it complied with the regulatory framework. THAT IS ALL. The report is put to a vote and is approved in all its parts (...)" (see report).

26) On August 30, 2024, the present amparo remedy (recurso de amparo) was filed (see filing brief).

27) In ordinary session No. 019-24, article VI, subsection c) of September 10, 2024, the respondent Council of Councilors ordered the following: "(...) AGREEMENT No. 6. With five votes present in favor, IT IS AGREED: "5.1 To accept the report presented by the commission on legal affairs and forward it to the Municipal Mayoralty so that it may assign a legal professional to study the administrative procedure that gave rise to the cancellation of the COLEMU concession, in order to determine if it complied with the regulatory framework (...)" (see report).

28) On October 1, 2024, the respondent authorities were notified of the filing of this amparo (see notification records).

FACTS RELATED TO THE REQUEST MADE BY ICT AND THE EXISTENCE OF GATES IN THE CONCESSION ZONE

1) On an unspecified date, the petitioner filed a complaint before the Instituto Costarricense de Turismo regarding the existence of a gate on the public accesses at boundary marker 503 of the Santa Teresa Regulatory Plan (Plan Regulador) located on the plot granted under concession to Colemu S.A. By virtue of the foregoing, the ICT issued official communication No. DPD-ZMT-387-2024 dated July 26, 2024, addressed to the respondent Council, with the following text: "(...) Subject: Request for clarification to address complaint regarding the existence of a gate that prevents free access of persons to the public zone in Playa Santa Teresa near boundary marker 503. Petition: For the foregoing reasons and in order to provide a prompt and timely response to the complainant, I respectfully request that, in your capacity as administrators of the Maritime Terrestrial Zone in your jurisdiction, you inform us about: 1. The current condition of the access to the Santa Teresa beach sector, specifically at the access established by the current Regulatory Plan leading to IGN boundary marker No. 503, according to the provided image. 2. If the reported gate observed in the photographs provided by the complainant exists; which evidently would be preventing the free transit and access of persons to the public zone, indicate the actions and the timeframe in which such actions would be implemented to enforce the law and restore said public access to the public zone (...)" (see report and evidence).

2) In August 2024, the respondent authorities ordered an inspection at the site under study, "(...) which indicated the existence of the mentioned gate (...)". Therefore, on September 4, 2024, the company Colemu S.A. was notified of an administrative warning to remove within forty-eight hours the gates obstructing access to the public road and the public pedestrian path "(...) which must have free access due to their public domain character (carácter demanial) (...)" (see report and evidence).

3) By official communication No. ZMT-260-2024 of September 4, 2024, the Coordinator of the Maritime Terrestrial Zone of the respondent council responded to ICT official communication No. DPD-ZMT-387-2024. In this document, reference was made to the inspection carried out in August of that same year and to the warning for removal of the mentioned gates notified to the company Colemu (see evidence).

4) On September 11, 2024, an inspector from the Maritime Terrestrial Zone Department of the respondent council conducted a new inspection at the aforementioned site and verified that the warning issued to Colemu S.A. had not been complied with (see evidence).

5) On September 16, 2024, the aforementioned company presented before the respondent party the so-called Technical Report Geospatial Study of Gates/Accesses, detailing that there is an error on the part of the administration regarding the georeferencing of the public accesses indicated in the warning and the location of the gates (see report and evidence).

6) By official communication No. ZMT-272-2024 of September 16, 2024, the Coordinator of the Maritime Terrestrial Zone of the council informed the ICT of the study provided by the aforementioned company and noted that it was "(...) necessary to forward these documents to the Topographer Engineer of this Department in order to be reviewed and to provide the corresponding report, in accordance with the constitutional principle of due process (debido proceso) (...)". It was also stated that, once the documents provided by the company were analyzed and the report by the department's topographer was completed, the actions to be taken by the administration would be determined (see evidence).

7) By official communication No. ZMT-274-2024 of September 19, 2024, the coordinator of the cited Maritime Terrestrial Zone Department rendered without effect the administrative warning issued to Colemu S.A. on September 4 of that same year "(...) until such time as this Coordination Unit has the Technical Report from the Topographer Engineer of the Maritime Terrestrial Zone Department regarding the Technical Report Georeferencing Study of Gates/Accesses presented by the company, in order to proceed in accordance with the Constitutional Principle of Due Process (...)". The ICT was informed of the foregoing by official communication No. ZMT-278-2024 of September 23, 2024, and it was clarified that "(...) Once the technical report is completed by the institutional engineer, a reasoned and substantiated resolution will be issued on this specific matter, assessing whether the gates are indeed on public roads and the Administration must act, or if it is a substantive matter regarding the concessionaire that should be elevated to the Council of Councilors (...)" (see evidence).

8) On October 3, 2024, in order to respond to the Instituto Costarricense de Turismo, the Coordinator of the Maritime Terrestrial Zone Department requested the topographer engineer of the Maritime Terrestrial Zone Department to conduct a topographic survey (levantamiento topográfico) of the public accesses at boundary marker 503 of the Santa Teresa Regulatory Plan, with the purpose of "(...) confirming if the gates are indeed obstructing public accesses (...)" (see report and evidence).

9) As of the date the report was rendered by the respondent authorities, that is, October 4, 2024, efforts were underway to address the clarification requested by the ICT by means of the official communication of July 26, 2024, specifically, by the Maritime Terrestrial Zone Department, which is in charge of carrying out the mentioned topographic survey at the site (see report).

III.- UNPROVEN FACT. Of relevance to resolve this amparo remedy, the following is deemed unproven: Sole: That the protected party had filed any formal request before the respondent authorities (e.g., a complaint for a specific environmental damage committed by the permanence of Colemu S.A. in the concession zone) and that this had not been addressed (the case file).

IV.- REGARDING THE AGREEMENT FOR CANCELLATION OF THE CONCESSION GRANTED TO COLEMU S.A. As the first aspect and core issue of this amparo process, the petitioner points out that he comes before this Chamber because the authorities of the District Municipal Council of Cóbano, to date, after several years have elapsed, have omitted to execute the agreement adopted in session No. 185-2019, article VII, subsection b), dated November 12, 2019, by which, in turn, it was resolved to decree the cancellation of the concession granted to the company Colemu S.A. on Santa Teresa beach and it was also ordered the demolition of works erected in the public zone (ranch and grill), as well as a gate located outside the concession area and the revocation of a construction permit for a wall located outside the concession area. He accuses that there are no reasons for having delayed, for so many years, the execution of said agreement and continuing to tolerate the environmental damage being produced. He explains that this cancellation was issued after it was proven that the aforementioned company had incurred several violations of the Maritime Terrestrial Zone Law and the provisions contemplated in the Santa Teresa Regulatory Plan (e.g., having built in protected environmental zones, constructed buildings without permits, having invaded the public zone, and having installed gates in places that give access to public roads). He affirms that this act was challenged before the Administrative Court by the aforementioned concessionaire company, but it was dismissed, confirming the challenged act.

He also alleges that the respondents have sought ways to avoid the execution of said agreement, that is, to revoke the aforementioned act, which, however, is no longer possible to do. He also mentions that, despite resorting to the Administrative Court to order the execution of the aforementioned agreement, said request was rejected (due to lack of standing (legitimación) of the applicant). He argues, then, that the execution of said agreement is, therefore, a necessary measure to comply with the constitutional mandate to ensure a healthy environment. In his opinion, the respondents have breached their duty to repair the environmental damage caused by Colemu S.A., despite the existence of a final administrative agreement that allows for this.

He therefore requests that this amparo process be granted and that the respondent authorities of the District Municipal Council of Cóbano be ordered to execute the agreement adopted in session No. 185-2019, article VII, subsection b), dated November 12, 2019. Indeed, in a subsequent submission, the plaintiff reaffirms that this is the main claim when filing this amparo process.

Having reviewed the case file, it is deemed proven that, indeed, after an administrative procedure carried out in the District Municipal Council of Cóbano (for alleged irregularities committed by the company Colemu, as concessionaire), in session No. 185-2019, article VII, subsection b), dated November 12, 2019, said council, acting as the decision-making body, ordered the following:

"(...) To issue the Final Act of Proven and Unproven Facts in its entirety and consequently; / To order the immediate demolition of the works erected in the public zone, namely the ranch and grill, in front of the concession plot. / To demolish the gate designated No. 2 which is located outside the concession area and encroaches on the protection zone. / To revoke the wall's construction permit because it was authorized in an area outside the concession plot. / To decree the cancellation of concession No. 1768-2000. Represented by Mrs. CARLOTA DORRING MEADOWS, residence ID No. 175200002119. / Having submitted this resolution for consultation to the competent authorities, as provided for in the cited regulations. And once this cancellation agreement is final and enforceable, the Public Registry shall be informed so that it may proceed to cancel the respective registration entry in the name of the concessionaire COLEMU S.A. (...)".

Likewise, it was demonstrated that the respondent council, on December 17, 2019, rejected the motion for revocation filed by Colemu S.A. against the cited agreement and that, for its part, the Administrative Court (Third Section), acting as a non-hierarchical comptroller of legality, by means of Judgment No. 66-2022 at 4:22 p.m. on February 24, 2023, dismissed the subsidiary appeal also filed by said concessionaire, thus exhausting the administrative channels (vía administrativa).

In addition to the foregoing, it is recorded that, during this year 2024, the respondents have questioned or reconsidered their competence to revoke the aforementioned concession, as well as the grounds that led to the adoption of the mentioned agreement. Thus, it was accredited that the Municipal Intendant, on March 7, 2024, and by official communication No. INT-074-2024, requested the ICT for an opinion on the legal feasibility of revoking the act that ordered the cancellation of the cited concession and on the power the council possesses for that purpose. This latter communication was addressed by the ICT through official communication No. AL-A-0317-2024 of March 12, 2024, referring to the competencies held, on this matter, by the mentioned district council. Likewise, it is recorded that in session No. 12-2024 of July 23, 2024, the respondent council (composed of the new membership), considered the report of the Permanent Commission on Legal Affairs related to the concession granted to Colemu S.A., which stated: "(...) It is ruled that this Collegiate Body does NOT have the power to resolve said situation because it is not empowered to revoke an agreement that followed due process unless a judicial instance so determines or fundamental errors that led to the cancellation of the concession are found. THAT IS ALL (...)". By virtue of the foregoing, it was accredited that the aforementioned council ordered that the council's legal advisor be requested to expand the issued report in order to clearly understand the matter. As verified, from this session and, based on the provisions of official communications No. INT-074-2024 and No. AL-A-0317-2024, the need arose to carry out a legal review of the administrative procedure that ordered the cancellation of the concession.

Thus, it was verified that the aforementioned Legal Commission, on August 27, 2024, ordered the following:

"(...) REPORT No. 01 WHEREAS: That the Council has forwarded OFFICIAL COMMUNICATION INT-2024-138 from the Municipal Mayoralty and OFFICIAL COMMUNICATION AI-A-0317-2024 from the ICT. This commission, nor the Municipal Council, or the administration have the power to annul an agreement that followed due process, unless a judicial instance so determines. Or in any case, that administratively absolute or relative fundamental errors are found in the administrative procedure leading to the final recommendation to the Municipal Council to annul the concession. THEREFORE. This permanent commission on Legal Affairs, based on article 34, subsection g, and 49 of the Municipal Code, RULES, to recommend to the Council: 1. To assign a legal professional to study the administrative procedure that gave rise to the cancellation of the COLEMU concession, in order to determine if it complied with the regulatory framework. THAT IS ALL. The report is put to a vote and is approved in all its parts (...)".

And that, in ordinary session No. 019-24, article VI, subsection c) of September 10, 2024, the respondent Council of Councilors ordered the following:

 "(...) AGREEMENT No. 6.

With five votes present in favor IT IS AGREED: “5.1 To accept the opinion (dictamen) presented by the legal affairs commission and forward it to the Municipal Administration (Intendencia Municipal) so that it assigns a legal professional to study the administrative procedure that gave rise to the cancellation of COLEMU’s concession, in order to determine whether it complied with the regulatory framework (…)”.

For their part, what the respondent authorities have reported to this jurisdiction is of interest, in the sense that:

“(…) given the existence of official letters INT-074-2024 of March 7, 2024, and AL-A-0317-2024, of March 12, 2024, in which it can be ambiguously corroborated that the same Administration that indicates the cancellation of the concession requests the Instituto Costarricense de Turismo to pronounce on the matter, given that there may be nullity defects (vicios de nulidad) in the processing of the administrative procedure; it would be irresponsible for the new Administration assumed as of May 1, 2024, considering the continuity of responsibility in administrative matters, to proceed in an accelerated and arbitrary manner with the deregistration (desinscripción registral) without reviewing the procedure carried out in accordance with the principle of legality (principio de legalidad) and the principle of due process (principio del debido proceso), enshrined in Articles 11, 39, and 41 of the Political Constitution of Costa Rica and Article 11 of the General Law of Public Administration (…)”.

Having analyzed all of the foregoing, this Constitutional Court does not consider that there is any merit whatsoever to uphold this part of the appeal and, therefore, the main petition made by the appellant.

The foregoing, fundamentally, insofar as it is not for this Chamber, because it is a matter of mere and pure legality, to analyze the merits of the case submitted for study, to verify the legality of the concession granted to Colemu S.A., as well as whether the agreement that ordered its cancellation is in accordance with law (or not) and if, therefore, it must be executed immediately, as the claimant intends. This is especially so, if one takes into account that, as was accredited from the evidence provided to the proceedings and the report rendered under the solemnity of oath, at this moment there are doubts about the procedure instituted years ago (which led to the issuance of the cancellation agreement under study), which, in turn, motivated the respondents—before this amparo was notified—to agree to designate a legal professional to study and examine the latter in order to determine whether or not it complied with the regulatory framework.

Under this panorama, as stated, this constitutional jurisdiction cannot substitute the task that has been ordered to be carried out (designated to said legal professional), to examine the legality or not of the concessionaire's actions (specifically its obligations regarding the contract signed to carry out its activities in the maritime-terrestrial zone) and, also, the procedure instituted that led to the issuance of the cancellation agreement in question. It is not materially or reasonably possible to enter into a complicated and slow evidentiary system, through the summary amparo procedure, to elucidate the aforementioned aspects indicated by the protected party.

In that same order of considerations, it is of great importance to highlight that the appellant, in the writings presented before this Chamber, did not make reference to any specific environmental problem suffered in the area of interest. The claimant merely referred, roughly (grosso modo), to a general effect on the environment due to the non-execution of the agreement under study, without mentioning or specifying what the alleged environmental damage or damages produced in the zone are due to the permanence of Colemu S.A. as concessionaire. It is not even on record that the appellant had filed a formal complaint before the respondent council regarding any particular environmental damage suffered in the mentioned site.

Thus, the generic and abstract disagreement that the claimant formulates regarding the non-execution of the cited municipal agreement, must be raised, if deemed appropriate, before the ordinary administrative and jurisdictional legality channels created especially for that purpose since, as stated, they exceed the summary nature of the amparo remedy, as well as the competence of this Court granted by the Law of Constitutional Jurisdiction and the Political Constitution itself.

V.- REGARDING THE GATES ALLEGEDLY PLACED ON A PUBLIC THOROUGHFARE. Subsidiarily or in parallel to the main grievance, the appellant also specifically claims that the company Colemu S.A. has privatized two public thoroughfares by placing gates, which impedes the passage of pedestrians and vehicles to the public zone. He explains that these thoroughfares lead specifically to the beach and to a parking area foreseen in the Santa Teresa Beach Regulatory Plan (Plan Regulador de Playa Santa Teresa). He accuses that the authorities of the Cóbano District Municipal Council have not carried out any action in order to resolve said situation and demolish, then, those illegitimate structures.

Regarding this particular aspect, it has been proven that the appellant filed a complaint before the ICT regarding the existence of a gate (and not two as alleged in this amparo), on the public accesses over landmark (mojón) 503 of the Santa Teresa Regulatory Plan located on the plot granted in concession to Colemu S.A. It is also on record that, by virtue of the foregoing, the ICT issued official letter No. DPD-ZMT-387-2024 dated July 26, 2024, through which it requested the respondent council to report on the existence of said structure, in the following terms:_

“(…) Subject: Request for clarification to address complaint of the existence of a gate that impedes free access of persons to the public zone at Santa Teresa Beach near landmark 503. Request: For the foregoing and with the purpose of providing a prompt and timely response to the complainant, I respectfully request that you, in your capacity as administrators of the Maritime-Terrestrial Zone in your jurisdiction, inform us about: 1. The current condition of the access to the Santa Teresa beach sector specifically at the access established by the current Regulatory Plan that leads to IGN landmark No. 503, according to the image provided. 2. Should the denounced gate observed in the photographs provided by the complainant exist; same that evidently would be impeding the free transit access of persons to the public zone, indicate the actions and the timeframe in which said actions would be implemented to enforce the law and restore said public access to the public zone (…)”.

Likewise, it was proven that, in August 2024, the respondent authorities ordered an inspection to be carried out at the site under study, “(…) which indicated the existence of the mentioned gate (…)”. Due to the foregoing, on September 4, 2024, the company Colemu S.A. was notified of an administrative warning to remove within forty-eight hours the gates that obstruct access to the public street and the public pedestrian path “(…) which must have free access due to their public domain character (carácter demanial) (…)”.

In addition to the foregoing, it is on record that, through official letter No. ZMT-260-2024 of September 4, 2024, the Coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone of the respondent council responded to the ICT’s official letter No. DPD-ZMT-387-2024. In this document, reference was made to the inspection carried out in August of that same year and to the warning for removal of the referred gates notified to the company Colemu.

It was verified that on September 11, 2024, an inspector of the Maritime-Terrestrial Zone Department of the respondent council carried out a new inspection at the referred site and verified that the warning issued to Colemu S.A. had not been complied with. Likewise, it was proven that, a few days later, on September 16, 2024, the referred company presented to the respondent party the so-called Technical Report Geospatial Study of Gates/Accesses (Informe Técnico Estudio de Geoespacial de Portones/Accesos), where it is detailed that there is an error on the part of the administration regarding the georeferencing of the public accesses indicated in the warning and the location of the gates.

As accredited, by virtue of the foregoing, through official letter No. ZMT-272-2024 of September 16, 2024, the Coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone of the council brought to the attention of the ICT the study provided by the referred company and noted that it was “(…) necessary to transfer these documents to the Surveyor Engineer of this Department in order to be reviewed and to provide the corresponding report, in accordance with the constitutional principle of due process (…)”. It was also said that, once the documents provided by the company were analyzed and the report by the surveyor of that department was made, the actions to be followed by the administration would be determined.

Equally, it was accredited that through official letter No. ZMT-274-2024 of September 19, 2024, the coordinator of the cited Maritime-Terrestrial Zone Department rendered without effect the administrative warning issued to Colemu S.A. on September 4 of that same year “(…) until such time as this Coordination has the technical report from the Surveyor Engineer of the Maritime-Terrestrial Zone Department regarding the Technical Report Georeferencing Study of Gates/Accesses presented by the company in order to proceed in accordance with the Constitutional Principle of Due Process (…)”. The foregoing was informed to the ICT through official letter No. ZMT-278-2024 of September 23, 2024, and it was clarified that “(…) Once the technical report has been carried out by the institutional engineer, a reasoned and substantiated resolution will be issued on this specific matter, assessing whether the gates are indeed on a public thoroughfare and the Administration must act, or if it is a substantive issue regarding the concessionaire that must be elevated to the Council of Councilors (Concejo de Concejales) (…)”.

Also, it is on record that on October 3, 2024, the Coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone Department, in order to respond to the Instituto Costarricense de Turismo, requested the surveyor engineer of the Maritime-Terrestrial Zone Department to carry out a topographic survey (levantamiento topográfico) on the public accesses at landmark 503 of the Santa Teresa Regulatory Plan, with the aim of “(…) confirming whether the gates are indeed obstructing public accesses (…)”. Therefore, as clarified, as of the date the report was rendered by the respondent authorities, that is, October 4, 2024, efforts were being made to address the clarification requested by the ICT through official letter of July 26, 2024, specifically, by the Maritime-Terrestrial Zone Department, which is in charge of carrying out the mentioned topographic survey at the site.

In addition to the foregoing, it is necessary to mention that the respondent authorities, in said report rendered to this Chamber, have maintained and explained that (based above all on what is set forth in official letters Nos. CYV-OF-GE-049-2018 of February 27, 2018, and No. CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018, whose content is cited in the list of proven facts of this judgment), there is a doubt concerning the referred structures (gates) and their precise location over landmark 503 of the Santa Teresa Regulatory Plan, for which reason a new inspection and a topographic survey have become necessary to clarify said aspect and make the decisions that are necessary. On this matter, the respondents state:

“(…) there are inconsistencies in official letters CYV-OF-GE-049-2018 of February 27, 2018, and CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018, regarding the public accesses, which is why the Surveyor Engineer of the Maritime-Terrestrial Zone Department was requested to internally carry out a survey on the area of landmark 503 of the Santa Teresa Regulatory Plan. (…)

regarding official letter CYV-OF-GE-049-2018, it indicates that there is a linear mismatch regarding the landmarks of the regulatory plan sheet and the landmarks made official by the Instituto Geográfico Nacional, this means that the linear mismatch between the landmarks causes the Santa Teresa Beach regulatory plan sheet not to conform to the reality of the site, which means there is a probability that the gate subject to the clarification requested by the Instituto Costarricense de Turismo may eventually not be obstructing the access, and the aforementioned official letter does not clarify this assumption, it only indicates the existence ‘of a considerable linear mismatch over the landmarks’. (…)

The same occurs with official letter CYV-OF-GE-118-2018 of June 5, 2018, in that it has no congruence (…) The report dates June 5, 2018, the Santa Teresa Beach Regulatory Plan has its last adjustment and rectification published in the official newspaper La Gaceta number 72 of Wednesday, April 15, 2015, such that as of the year 2018 the current sheet was in force in which two public accesses are consigned over landmarks 116-503, however, this official letter indicates that access #2 is not indicated in the Santa Teresa Beach Regulatory Plan, which is inconsistent and generates uncertainty because the sheet does indicate it; which is why it is necessary to resort to the Constitutional Principle of Due Process and update the topographic survey by this Municipal Council in order to clarify what is indicated by these official letters, by virtue of this it is necessary to indicate what is contemplated in Article 157 of the General Law of Public Administration ‘At any time the Administration may rectify material or factual errors and arithmetical ones’ (…)”.

Having said the foregoing, it is necessary to begin by clarifying that this Constitutional Chamber is not responsible, given the circumstances described above and, because it is a matter of mere legality, for carrying out, through this summary amparo remedy, an exhaustive study and technically determining—based on what the regulatory plan stipulates, the location of landmarks and the georeferencing process, among other aspects—in which specific zone the gates referred to above are located and were installed or built by the concessionaire Colemu S.A. near Santa Teresa beach, that is, whether or not they are on a route of a public nature and if, therefore, they are or are not obstructing the free passage of all persons (whether or not they are guests, users, or workers of the concession property). This particular point, without a doubt, must be resolved by the respondent authorities, with the help of professionals and specialists in said matter, as has already been ordered, as was proven.

Notwithstanding the foregoing, it is also important to consider that, in this particular case, the access and free transit of persons through an eventually public thoroughfare is at stake. Hence, the determination of this condition is indeed of great relevance in terms of constitutionality, especially if one considers that the discussion on this particular point has been taking place for many years (as stated in the preceding whereas) and has been taken up particularly in the respondent council since July 2024, stemming from the complaint filed by the appellant before the ICT.

Although this constitutional body observes that actions have been carried out, especially recently, aimed at effectively defining said condition, the truth is that, to date, as was proven, this action has not been finally carried out, for which reason uncertainty persists on this particular point.

Therefore, this Constitutional Chamber is of the opinion that this precise point of the amparo must indeed be upheld, in order that the authorities of the Cóbano District Municipal Council carry out—within the timeframe that will be stated in the operative part of this judgment—, the pertinent actions to define whether the referred gates are or are not on a public thoroughfare, whether they are or are not illegitimately impeding the transit of citizens, provided that, if it is determined that said structures are indeed on that thoroughfare, their demolition shall proceed.

VI.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In principle thesis, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, just as happens in this case, in which the appellant assures that the concessionaire Colemu S.A. has placed gates that impede the free passage of pedestrians and vehicles in the public zone and, despite the complaints, the Cóbano District Municipal Council has not regularized the situation.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are forewarned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, has been provided, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not retrieved within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is partially granted only regarding the grievance related to the alleged existence of gates on a public thoroughfare that impede free transit. Ronny José Montero Orozco, in his capacity as Municipal Administrator (Intendente Municipal), Lidieth Porras Córdoba, in her capacity as Coordinator of the Maritime-Terrestrial Zone, and Minor Centeno Sandí, in his capacity as President of the Council of Councilors, all of the Cóbano District Municipal Council, or whoever respectively holds such positions, are ordered to coordinate among themselves what is pertinent, issue the necessary orders, and carry out all actions that are within the scope of their competencies so that, within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, it is defined whether the gates referred to in this matter are or are not on a public thoroughfare and whether they consequently obstruct public accesses or not. Likewise, they are ordered that, should such structures be found on a public thoroughfare, their demolition proceed within that same period. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be fulfilled or enforced, issued within an amparo remedy, and does not fulfill it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely penalized. The Cóbano District Municipal Council is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.-

Fernando Castillo V.
President

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alejandro Delgado F.

Aracelly Pacheco S.

Ana Cristina Fernandez A.

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Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Corte Suprema de Justicia Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6

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