Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En el caso concreto, se observa que el reclamo del recurrente no guarda relación -al menos en forma directa- con una eventual lesión de algún derecho fundamental. Por el contrario, lo planteado constituye un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Jurisdicción. […] Determinar el futuro de dicho inmueble, si debe o no ser traspasado y a quién, son discusiones meramente legales y no constitucionales, que deben discutirse en la vía de legalidad común. […] el amparo tiene la especial naturaleza de restituir derechos fundamentales lesionados, no retribuir daños causados. En otras palabras, no puede ser empleado con fines retributivos, cobratorios o indemnizatorios.
English (translation)In this specific case, it is observed that the petitioner’s claim is not related —at least directly— to a potential violation of any fundamental right. On the contrary, the matter constitutes an ordinary legality dispute outside the scope of this Court’s jurisdiction. […] Determining the fate of said property, whether it should be transferred and to whom, are purely legal and not constitutional discussions that must be addressed through ordinary legal channels. […] the amparo has the special nature of restoring injured fundamental rights, not compensating for damages caused. In other words, it cannot be used for retributive, collection, or indemnification purposes.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 33636 - 2024 Fecha de la Resolución: 12 de Noviembre del 2024 a las 09:20 Expediente: 24-029806-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 24-029806-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2024033636 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del doce de noviembre de dos mil veinticuatro . Recurso de amparo interpuesto por RICARDO MADRIGAL MADRIGAL con cédula de identidad número 1-0570-0168, vecino de Los Planes de Bahía Drake Cantón Osa, Puntarenas, contra EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional a las 13:59 horas del 23 de octubre de 2024, el recurrente manifiesta que denuncia actos contrarios a los principios de protección, prevención, preservación de los recursos forestales y medio ambiente en áreas silvestres protegidas y el principio precautorio e in dubio pro natura, establecido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente que Costa Rica ha ratificado como leyes por parte de un funcionario público quien es el jefe de la oficina subregional del Instituto de Desarrollo Rural, en adelante INDER, en relación con una parcela ubicada en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Manifiesta que la parcela A-6 es un terreno de bosque en un cien por ciento de 35 hectáreas que se encuentra en medio de varias parcelas dentro del Asentamiento Campesino Osa bajo la matricula folio real 6-39334-000 dentro de los límites de la Reserva Forestal Golfo Dulce, afectada al dominio público como Patrimonio Natural del Estado. Tanto la Parcela A-6 y la parcela A-1 eran un solo inmueble o bloque forestal que fue posteriormente dividida por el IDA posterior a la invasión y desalojo por precaristas en 2000. En aquel momento, se asignó una familia en la parcela A-1. En el 2003 se hizo una consulta al entonces IDA en relación con la parcela A-6. La Dirección Regional indicó que el IDA estaba obligado a asignarla a otra familia y adjudicarla en determinada forma. Sin embargo, con el transcurso de los años y la presencia de distintos funcionarios, el destino de la parcela A-6 ha ido cambiando. De hecho, hay una discusión legal sobre su situación de hecho y de derecho, en tanto hay terceros que han pretendido ocuparla. En su caso, ha solicitado varias veces que el IDA, ahora INDER, inicie gestiones de traspaso de ese predio por estar desocupado y en serio riesgo. Sin embargo, el director regional del INDER se niega a hacerlo alegando una serie de tecnicismos y excusas burocráticas, entre otras, que hay que gestionar la autorización ante las autoridades superiores, cuando lo cierto es que es a él a quien corresponde autorizar tal traspaso. Solicita que la Sala Constitucional ordene al INDER, al amparo de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política se traspase la parcela A-6, área de bosque primario y que está desocupada, propiedad del INDER le sea traspasada al Ministerio de Ambiente y Energía MINAE. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente solicita a este Tribunal ordenar al INDER el traspaso de una parcela, la A-6, el cual está pendiente desde hace años. Considera que no hacerlo, pone en peligro la integridad del inmueble. II.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En el caso concreto, se observa que el reclamo del recurrente no guarda relación -al menos en forma directa- con una eventual lesión de algún derecho fundamental. Por el contrario, lo planteado constituye un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Jurisdicción. Al respecto, se debe indicar que, este Tribunal no es un contralor de legalidad ni una instancia más de la Administración, de modo que no le corresponde revisar -conforme a los hechos y la normativa aplicable- las actuaciones del INDER en relación con la parcela A-6. Determinar el futuro de dicho inmueble, si debe o no ser traspasado y a quien, son discusiones meramente legales y no constitucionales, que deben discutirse en la vía de legalidad común. En consecuencia, deberá la parte recurrente, si a bien lo tiene, plantear sus reclamos en la vía administrativa o judicial correspondiente. (Véase en similar sentido la sentencia Nº 2022030137 de las 09:21 horas del 16 de diciembre de 2022). Por otra parte, la Sala no puede tramitar, por la vía del amparo, una denuncia por una posible negligencia acciones irregulares por parte de un funcionario público, ya que no forma parte de sus competencias el sentar responsabilidades penales y/o disciplinarias del caso. Además, el amparo tiene la especial naturaleza de restituir derechos fundamentales lesionados, no retribuir daños causados. En otras palabras, no puede ser empleado con fines retributivos, cobratorios o indemnizatorios. En virtud de lo anterior, el amparo resulta inadmisible. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alexandra Alvarado P. Rosibel Jara V. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- MK2SY8V8XLG61 EXPEDIENTE N° 24-029806-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 05:25:26. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE N° 24-029806-0007-CO PROCEEDING: AMPARO ACTION RESOLUTION Nº 2024033636 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twelfth of November two thousand twenty-four. Amparo action filed by RICARDO MADRIGAL MADRIGAL, identity card number 1-0570-0168, resident of Los Planes de Bahía Drake, Osa Canton, Puntarenas, against THE INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT. Whereas: 1.- By written submission received in the Secretariat of the Constitutional Chamber at 13:59 hours on October 23, 2024, the petitioner states that he denounces acts contrary to the principles of protection, prevention, preservation of forest resources and environment in protected wild areas and the precautionary principle and in dubio pro natura, established in international treaties on human rights and the environment that Costa Rica has ratified as laws, by a public official who is the head of the subregional office of the Institute of Rural Development, hereinafter INDER, in relation to a plot located within the Golfo Dulce Forest Reserve. He states that plot A-6 is a one hundred percent forested (bosque) land of 35 hectares located in the midst of several plots within the Asentamiento Campesino Osa under real property registration folio real 6-39334-000 within the boundaries of the Golfo Dulce Forest Reserve, encumbered (afectada) to the public domain as Natural Heritage of the State. Both Plot A-6 and plot A-1 were a single property or forest block that was subsequently divided by the IDA after the invasion and eviction of squatters (precaristas) in 2000. At that time, a family was assigned to plot A-1. In 2003 a consultation was made to the then IDA in relation to plot A-6. The Regional Directorate indicated that the IDA was obliged to assign it to another family and award (adjudicarla) it in a certain manner. However, with the passage of years and the presence of different officials, the fate of plot A-6 has been changing. In fact, there is a legal discussion about its de facto and de jure situation, insofar as there are third parties who have attempted to occupy it. In his case, he has repeatedly requested that the IDA, now INDER, initiate proceedings to transfer (traspaso) that property because it is vacant and at serious risk. However, the regional director of INDER refuses to do so, alleging a series of technicalities and bureaucratic excuses, among others, that authorization must be obtained from higher authorities, when the truth is that it is he who is responsible for authorizing such transfer. He requests that the Constitutional Chamber order INDER, under the protection of Articles 50 and 89 of the Political Constitution, to transfer plot A-6, an area of primary forest (bosque primario) that is vacant, property of INDER, to the Ministry of Environment and Energy, MINAE. 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any motion brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient judging elements to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a prior equal or similar rejected motion. Drafted by Judge Castillo Víquez; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner requests this Court to order INDER to transfer a plot, A-6, which has been pending for years. He considers that not doing so endangers the integrity of the property. II.- ON THE INADMISSIBILITY OF THE ACTION. In the specific case, it is observed that the petitioner's claim bears no relation —at least directly— to an eventual violation of any fundamental right. On the contrary, what is raised constitutes a conflict of ordinary legality outside the scope of competence of this Jurisdiction. In this regard, it must be noted that this Court is not a comptroller of legality nor an additional instance of the Administration, and it is therefore not its role to review —in accordance with the facts and applicable regulations— the actions of INDER in relation to plot A-6. Determining the future of said property, whether or not it should be transferred and to whom, are merely legal and not constitutional discussions, which must be argued in ordinary legality channels. Consequently, the petitioner must, if he sees fit, raise his claims in the corresponding administrative or judicial channel. (See in a similar sense judgment Nº 2022030137 of 09:21 hours on December 16, 2022). Moreover, the Chamber cannot process, through the amparo action, a complaint of possible negligence or irregular actions by a public official, since establishing criminal and/or disciplinary responsibilities in the matter is not part of its competencies. Furthermore, the amparo action has the special nature of restoring violated fundamental rights, not compensating caused damages. In other words, it cannot be used for retributive, collection, or compensatory purposes. By virtue of the foregoing, the amparo action is inadmissible. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The action is rejected outright. Fernando Castillo V. President Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alexandra Alvarado P. Rosibel Jara V. Document Digitally Signed -- Verification code -- MK2SY8V8XLG61 EXPEDIENTE N° 24-029806-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6 This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 05:25:26. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República