Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Primeramente, debe de indicarse que aun y cuando el correo electrónico al que el recurrente remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admite que remitió un correo dándole acuse de recibido. Con dicho acto, no solo la autoridad recurrida se dio por conocedora de la gestión, sino que proveyó lo correspondiente para que se le brinde una respuesta a la interesada, con lo cual se obligó en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política. Además de conformidad con el principio de coordinación administrativa, si la autoridad recurrida consideró que el medio utilizado no era el medio adecuado, al aceptar la gestión y darle recibido, debió de remitirla a la vía correspondiente. Por ello, no es válido que envíe al petente a presentarla de nuevo por otra vía, pudiendo ellos mismo brindarle el trámite correspondiente.
English (translation)First, it must be noted that even though the email address to which the petitioner sent his request is not an official means for receiving such requests, it is true that the respondent acknowledges having sent an email acknowledging receipt. By that act, not only did the respondent become aware of the request, but it also took the necessary steps for a response to be provided to the interested party, thereby obligating itself under Article 27 of the Constitution. Furthermore, in accordance with the principle of administrative coordination, if the respondent considered that the means used was improper, upon accepting the request and acknowledging receipt, it should have forwarded it to the appropriate channel. Therefore, it is not valid to send the petitioner to resubmit it through another channel when the municipality itself could have processed it accordingly.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 04041 - 2024 Fecha de la Resolución: 16 de Febrero del 2024 a las 09:30 Expediente: 24-000118-0007-CO Redactado por: Ingrid Hess Herrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 24-000118-0007-CO Res. Nº 2024004041 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciseis de febrero de dos mil veinticuatro . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGÍA, contra la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ . Resultando: 1.- Por escrito aportado en la Secretaría de la Sala el 4 de enero de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que es una persona adulta mayor. Indica que el 3 de octubre de 2023 remitió el oficio No. AEL-00140-2023 de 2 de octubre de 2023 dirigido a la autoridad recurrida, en el que pidió la siguiente información: "(...) brindarme un informe detallado, de información pura y simple sobre el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que realiza hoy el Cantón de Sarapiquí, para lo cual me permito indicar los siguientes términos: 1.- ¿Cuáles son los estudios técnicos de carácter ambiental, técnico-financiero, económico, y administrativo que sustentan la decisión de disponer los residuos sólidos del Cantón de Sarapiquí fuera de dicho Cantón, obviando incluso vertederos ubicados en el Cantón de Pococí y Limón? 2.- ¿Cuáles son los factores de razonabilidad técnica, de proporcionalidad, y sobre todo de carácter ambiental ecológico que mediaron en la decisión para elegir disponer sus desechos sólidos en el sitio actual elegido por esa administración Municipal? Le ruego una copia fiel de dichos estudios técnicos. ambientales, jurídicos y financiero contables en los que se basó la decisión. Esto lo solicito dentro del plazo de los 10 días que señala la jurisprudencia constitucional y los artículos 11. 28, 50 y 46 infine de la Constitución Política. 3.- ¿Cuál es el nombre del sitio de disposición final utilizado por la Municipalidad de Sarapiquí para la disposición actual de los residuos sólidos, su ubicación geográfica, vigencia del contrato, funcionarios municipales que emitieron la recomendación, las calidades profesionales de dichos funcionarios y la ocupación actual de todos los que participaron en ese proceso dentro del gobierno local de Sarapiquí? 4.- En el mismo orden de ideas le negó brindarme copia de los contratos vigentes con la empresa encargada en este momento de la disposición final de los residuos sólidos del Cantón de Sarapiquí, precio por tonelada métrica de RSU recibida, así como el cuadro comparativo de los precios de las demás ofertas que en su momento fueron desechadas. 5. Ruego brindarme un desglose detallado de los montos cancelados por la administración municipal de Sarapiquí para la disposición final de los residuos sólidos durante los últimos 10 años, con indicación de empresa (sic) a quien (sic) se le realizó el pago, cantidad de toneladas anuales, y demás información sin omitir detalles. (...)". Reclama que, a la fecha de interposición de este recurso, tampoco la presente gestión había sido contestada, ni se le había dado acceso a la información solicitada 2.- Informa bajo juramento Rossylin Valverde Charpentier, en su condición de alcaldesa interina de la Municipalidad de Sarapiquí que la petición planteada por el ciudadano [Nombre 001] no ha ingresado formalmente al municipio, si bien es cierto que el recurrente remitió una petición de solicitud de información al correo electrónico: [email protected] este no es un medio oficial debidamente habilitado para atender solicitudes de información, reclamos o recursos de naturaleza administrativa, lo anterior consta expresamente en la página web oficial de la Municipalidad de Sarapiquí. Por lo anterior no fue posible para la Unidad de Gestión Ambiental conocer en tiempo y forma la gestión de solicitud de información pretendida. Llama la atención que pese a que se le informó en su oportunidad al recurrente de forma directa como debía dirigir su solicitud lo oculte a la Sala Constitucional a su conveniencia omitiendo indicar la comunicación escrita que realizó Valverde Charpentier el día jueves, 5 de octubre de 2023 a las 15 horas con 10 minutos mediante correo electrónico, tal y como se demuestra con la documental que se aporta, donde se le indicó al señor [Nombre 001], lo siguiente: “Estimado don [Nombre 001], gusto de saludarle: En seguimiento a su solicitud a través del documento AEL-00140-2023, me permito informarle que según lo establecido por esta institución, las direcciones de los funcionarios no constituyen un medio oficial de la Municipalidad de Sarapiquí habilitado para enviar o tramitar denuncias, reclamos o impugnaciones, así como tampoco para realizar peticiones que versen sobre casos concretos que deban ser sometidos a conocimiento y resolución de los distintos órganos competentes de esta institución. Por lo anterior, para poder tramitar su solicitud, esta deberá ser remitida mediante escrito presentado ante la Unidad de Plataforma de Servicios o a través de la opción que se ofrece la página web www.sarapiqui.go.cr, en el apartado denominado “Servicios en Línea”. En virtud del conocimiento que se tiene a partir del día 29 de enero de 2024 - fecha en que fue notificado el traslado del presente recurso -, dentro del plazo de diez días hábiles se procederá a dar la respuesta debida al recurrente. En conclusión, se recalca que el medio electrónico al cual el recurrente remitió la solicitud de información no está previsto como un mecanismo oficial de comunicación por esta Institución, lo cual se le hizo saber al recurrente de manera clara y precisa en su oportunidad, tal y como se demuestra mediante la prueba documental que aquí se ofrece y aporta. 3.- El recurrente [Nombre 001], réplica el informe rendido y manifiesta que el oficio AEL-00140-2023 de fecha 02 de octubre último, fue remitido al correo electrónico de costumbre [email protected] el cual siempre fungió como medio de comunicación expedita con el señor Diego Arce Gestor Ambiental Municipalidad de Sarapiquí y que en respuesta recibieron de manera casi inmediata acuse de recibido por parte de la señora Rossylyn Valverde Charpentier en su condición de nueva Gestora Ambiental de la Municipalidad de Sarapiquí. Además indica que en fecha que no precisa recibió una nueva comunicación indicando que debía acudir a la plataforma de servicios mediante un vínculo de internet, el cual considera sufre recurrentes interrupciones. Además indica que por vía telefónica, se comunicaron con una persona del Departamento de gestión ambiental de la Municipalidad de Sarapiquí, y la información solicitada mediante su gestión -oficio AEL-00140-2023 de fecha 02 de octubre último- ya estaba siendo recolectada y que no era necesario reenviarla a la plataforma de servicios. 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Hess Herrera; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente menciona que el 3 de octubre de 2023 remitió el oficio No. AEL-00140-2023 de 2 de octubre de 2023 dirigido a la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad recurrida, en el que pidió información de su interés y no se le ha dado respuesta. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) el 3 de octubre de 2023, el recurrente remitió vía correo electrónico, el oficio No. AEL-00140-2023 de 2 de octubre de 2024 dirigido a la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad recurrida, en el que pidió la siguiente información: "(...) brindarme un informe detallado, de información pura y simple sobre el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que realiza hoy el Cantón de Sarapiquí, para lo cual me permito indicar los siguientes términos: 1.- ¿Cuáles son los estudios técnicos de carácter ambiental, técnico-financiero, económico, y administrativo que sustentan la decisión de disponer los residuos sólidos del Cantón de Sarapiquí fuera de dicho Cantón, obviando incluso vertederos ubicados en el Cantón de Pococí y Limón? 2.- ¿Cuáles son los factores de razonabilidad técnica, de proporcionalidad, y sobre todo de carácter ambiental ecológico que mediaron en la decisión para elegir disponer sus desechos sólidos en el sitio actual elegido por esa administración Municipal? Le ruego una copia fiel de dichos estudios técnicos. ambientales, jurídicos y financiero contables en los que se basó la decisión. Esto lo solicito dentro del plazo de los 10 días que señala la jurisprudencia constitucional y los artículos 11. 28, 50 y 46 infine de la Constitución Política. 3.- ¿Cuál es el nombre del sitio de disposición final utilizado por la Municipalidad de Sarapiquí para la disposición actual de los residuos sólidos, su ubicación geográfica, vigencia del contrato, funcionarios municipales que emitieron la recomendación, las calidades profesionales de dichos funcionarios y la ocupación actual de todos los que participaron en ese proceso dentro del gobierno local de Sarapiquí? 4.- En el mismo orden de ideas le negó brindarme copia de los contratos vigentes con la empresa encargada en este momento de la disposición final de los residuos sólidos del Cantón de Sarapiquí, precio por tonelada métrica de RSU recibida, así como el cuadro comparativo de los precios de las demás ofertas que en su momento fueron desechadas. 5. Ruego brindarme un desglose detallado de los montos cancelados por la administración municipal de Sarapiquí para la disposición final de los residuos sólidos durante los últimos 10 años, con indicación de empresa (sic) a quien (sic) se le realizó el pago, cantidad de toneladas anuales, y demás información sin omitir detalles. (...)”; b) el 4 de octubre del año en curso, la Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Sarapiquí confirmó al recurrente, el recibido del oficio AEL-00140-2023 (prueba aportada); c) el día jueves 5 de octubre de 2023 a las 15 horas con 10 minutos mediante correo electrónico, la autoridad recurrida remitió respuesta al recurrente y le indicó lo siguiente: “Estimado don [Nombre 001], gusto de saludarle: En seguimiento a su solicitud a través del documento AEL-00140-2023, me permito informarle que según lo establecido por esta institución, las direcciones de los funcionarios no constituyen un medio oficial de la Municipalidad de Sarapiquí habilitado para enviar o tramitar denuncias, reclamos o impugnaciones, así como tampoco para realizar peticiones que versen sobre casos concretos que deban ser sometidos a conocimiento y resolución de los distintos órganos competentes de esta institución. Por lo anterior, para poder tramitar su solicitud, esta deberá ser remitida mediante escrito presentado ante la Unidad de Plataforma de Servicios o a través de la opción que se ofrece la página web www.sarapiqui.go.cr, en el apartado denominado “Servicios en Línea” (informe rendido bajo juramento). III.- Sobre el principio de coordinación interadministrativa. Uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La autonomía administrativa o de otro grado de cuya titularidad gozan los entes públicos los obliga a coordinar sus acciones, puesto que, no pueden estar sometidos recíprocamente a relaciones de jerarquía por su naturaleza interorgánica. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada. La coordinación se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación. IV.- Caso concreto.- En la especie, el recurrente acusa que solicitó a la autoridad recurrida, información de su interés vía correo electrónico; sin embargo, al momento de presentado el recurso, no se le ha brindado respuesta. Al respecto la autoridad recurrida informa que el correo electrónico utilizado por el recurrente para remitir el oficio No. AEL-00140-2023 de 2 de octubre de 2023 a la autoridad recurrida, [email protected], no es un medio oficial debidamente habilitado para atender solicitudes de información, reclamos o recursos de naturaleza administrativa solicitud de información y que así se le hizo saber, el día jueves 5 de octubre de 2023 mediante correo electrónico. Ahora bien, partiendo de la prueba aportada a los autos y del informe rendido, esta Sala comprueba la lesión a los derechos fundamentales del recurrente por las razones que se dirán. Primeramente, debe de indicarse que aun y cuando el correo electrónico al que el recurrente remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admite que remitió un correo dándole acuse de recibido. Con dicho acto, no solo la autoridad recurrida se dio por conocedora de la gestión, sino que proveyó lo correspondiente para que se le brinde una respuesta a la interesada, con lo cual se obligó en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política. Además de conformidad con el principio de coordinación administrativa, si la autoridad recurrida consideró que el medio utilizado no era el medio adecuado, al aceptar la gestión y darle recibido, debió de remitirla a la vía correspondiente. Por ello, no es válido que envíe al petente a presentarla de nuevo por otra vía, pudiendo ellos mismo brindarle el trámite correspondiente. En relación con la doctrina que subyace en el canon 73 de la Ley General de la Administración Pública impone el deber a un órgano administrativo que reciba peticiones que no es competente para atender, remitirlas a la instancia interna competente, a efectos de proceder con la debida atención y oportuna resolución. Así las cosas, esta Sala verifica la lesión a los derechos fundamentales del recurrente, y lo procedente es declarar con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva. V.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. A diferencia de la mayoría de la Sala, considero que los derechos del recurrente no fueron lesionados. Tal y como se desprende del Considerando IV, el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la gestión no constituye un mecanismo oficial para la atención de comunicaciones. Por lo anterior, estimo que el reclamo resulta improcedente, con independencia de si le brindaron respuesta o no, pues se denota que el correo electrónico al que el interesado remitió su gestión, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones. VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Rossylin Valverde Charpentier, en su condición de alcaldesa interina de la Municipalidad de Sarapiquí, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que en el plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se brinde la respuesta que corresponda a la solicitud de información presentada por el recurrente el 02 de octubre de 2023 y se le notifique al medio señalado para tales efectos. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Sarapiquí al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez salva el voto y declara sin lugar el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- VBMGDXEUWPY61 EXPEDIENTE N° 24-000118-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:41:11. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 04041 - 2024 Resolution Date: February 16, 2024, at 09:30 Expediente: 24-000118-0007-CO Drafted by: Ingrid Hess Herrera Type of matter: Recurso de amparo Reviewed by: SALA CONSTITUCIONAL Ruling with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution Exp: 24-000118-0007-CO Res. No. 2024004041 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and thirty minutes on the sixteenth of February, two thousand twenty-four. Recurso de amparo filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGÍA, against the MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ. Resultando: 1.- By a written submission filed with the Secretariat of the Chamber on January 4, 2024, the petitioner files a recurso de amparo and states that he is an older adult. He indicates that on October 3, 2023, he sent official letter No. AEL-00140-2023 dated October 2, 2023, addressed to the respondent authority, in which he requested the following information: "(...) provide me with a detailed report, of pure and simple information on the treatment and final disposal of solid waste currently carried out by the Canton of Sarapiquí, for which purpose I am permitted to indicate the following terms: 1.- What are the technical studies of an environmental, technical-financial, economic, and administrative nature that support the decision to dispose of the solid waste of the Canton of Sarapiquí outside of said Canton, even bypassing landfills located in the Cantons of Pococí and Limón? 2.- What are the factors of technical reasonableness, proportionality, and, above all, of an environmental-ecological nature that mediated in the decision to choose to dispose of its solid waste at the current site chosen by that Municipal administration? I beg you for a faithful copy of said technical, environmental, legal, and financial-accounting studies on which the decision was based. I request this within the 10-day period indicated by constitutional jurisprudence and Articles 11, 28, 50, and 46 in fine of the Political Constitution. 3.- What is the name of the final disposal site used by the Municipality of Sarapiquí for the current disposal of solid waste, its geographical location, the term of the contract, the municipal officials who issued the recommendation, the professional qualifications of said officials, and the current occupation of all those who participated in that process within the local government of Sarapiquí? 4.- In the same vein, I beg you to provide me with a copy of the current contracts with the company currently responsible for the final disposal of solid waste from the Canton of Sarapiquí, the price per metric ton of MSW received, as well as the comparative table of prices of the other offers that were discarded at the time. 5. I beg you to provide me with a detailed breakdown of the amounts paid by the municipal administration of Sarapiquí for the final disposal of solid waste during the last 10 years, indicating the company (sic) to which (sic) the payment was made, the quantity of annual tons, and other information without omitting details. (...)". He complains that, as of the date of filing this recurso, the present request had also not been answered, nor had he been given access to the requested information. 2.- Rossylin Valverde Charpentier, in her capacity as acting mayor of the Municipality of Sarapiquí, reports under oath that the petition raised by citizen [Name 001] has not formally entered the municipality, although it is true that the petitioner sent a request for information to the email address: [email protected], this is not an official means duly authorized to handle information requests, complaints, or recursos of an administrative nature, as is expressly stated on the official website of the Municipality of Sarapiquí. For the foregoing reason, it was not possible for the Unidad de Gestión Ambiental to learn of the intended request for information in a timely and proper manner. It is noteworthy that, despite having been informed directly at the time of how he should direct his request, he conceals this from the Sala Constitucional for his own convenience, omitting to indicate the written communication that Valverde Charpentier made on Thursday, October 5, 2023, at 3:10 p.m. via email, as demonstrated by the documentary evidence provided, where Mr. [Name 001] was told the following: "Dear Mr. [Name 001], I am pleased to greet you: Following up on your request through document AEL-00140-2023, I am permitted to inform you that, according to the provisions established by this institution, the officials' addresses do not constitute an official means of the Municipality of Sarapiquí authorized to send or process complaints, reclamos, or impugnaciones, nor to make requests that deal with specific cases that must be submitted to the knowledge and resolution of the distinct competent bodies of this institution. Therefore, in order to process your request, it must be submitted by writing presented before the Unidad de Plataforma de Servicios or through the option offered on the website www.sarapiqui.go.cr, in the section called "Servicios en Línea". By virtue of the knowledge obtained as of January 29, 2024 - the date on which the transfer of this recurso was notified -, within a period of ten business days, the due response to the petitioner will be provided. In conclusion, it is reiterated that the electronic means to which the petitioner sent the request for information is not provided for as an official communication mechanism by this Institution, which was made known to the petitioner clearly and precisely at the time, as demonstrated by the documentary evidence offered and provided herein. 3.- The petitioner [Name 001] replies to the report rendered and states that official letter AEL-00140-2023 dated October 2nd last was sent to the customary email address [email protected], which has always served as a means of expedited communication with Mr. Diego Arce, Environmental Manager of the Municipality of Sarapiquí, and that in response they received an almost immediate acknowledgment of receipt from Ms. Rossylyn Valverde Charpentier in her capacity as the new Environmental Manager of the Municipality of Sarapiquí. He also indicates that on an unspecified date, he received a new communication indicating that he should go to the service platform via an internet link, which he considers suffers from recurrent interruptions. He further indicates that by telephone, they communicated with a person from the Environmental Management Department of the Municipality of Sarapiquí, and the information requested through their request—official letter AEL-00140-2023 dated October 2nd last—was already being collected and that it was not necessary to resend it to the service platform. 4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Judge Hess Herrera; and, Considerando: I.- Object of the recurso. The petitioner mentions that on October 3, 2023, he sent official letter No. AEL-00140-2023 dated October 2, 2023, to the Unidad de Gestión Ambiental of the respondent municipality, in which he requested information of his interest and has not been given a response. II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: a) on October 3, 2023, the petitioner sent via email official letter No. AEL-00140-2023 dated October 2, 2024, addressed to the Unidad de Gestión Ambiental of the respondent municipality, in which he requested the following information: "(...) provide me with a detailed report, of pure and simple information on the treatment and final disposal of solid waste currently carried out by the Canton of Sarapiquí, for which purpose I am permitted to indicate the following terms: 1.- What are the technical studies of an environmental, technical-financial, economic, and administrative nature that support the decision to dispose of the solid waste of the Canton of Sarapiquí outside of said Canton, even bypassing landfills located in the Cantons of Pococí and Limón? 2.- What are the factors of technical reasonableness, proportionality, and, above all, of an environmental-ecological nature that mediated in the decision to choose to dispose of its solid waste at the current site chosen by that Municipal administration? I beg you for a faithful copy of said technical, environmental, legal, and financial-accounting studies on which the decision was based. I request this within the 10-day period indicated by constitutional jurisprudence and Articles 11, 28, 50, and 46 in fine of the Political Constitution. 3.- What is the name of the final disposal site used by the Municipality of Sarapiquí for the current disposal of solid waste, its geographical location, the term of the contract, the municipal officials who issued the recommendation, the professional qualifications of said officials, and the current occupation of all those who participated in that process within the local government of Sarapiquí? 4.- In the same vein, I beg you to provide me with a copy of the current contracts with the company currently responsible for the final disposal of solid waste from the Canton of Sarapiquí, the price per metric ton of MSW received, as well as the comparative table of prices of the other offers that were discarded at the time. 5. I beg you to provide me with a detailed breakdown of the amounts paid by the municipal administration of Sarapiquí for the final disposal of solid waste during the last 10 years, indicating the company (sic) to which (sic) the payment was made, the quantity of annual tons, and other information without omitting details. (...)”; b) on October 4 of the current year, the Environment Unit of the Municipality of Sarapiquí confirmed to the petitioner the receipt of official letter AEL-00140-2023 (evidence provided); c) on Thursday, October 5, 2023, at 3:10 p.m. via email, the respondent authority sent a reply to the petitioner and stated the following: “Dear Mr. [Name 001], I am pleased to greet you: Following up on your request through document AEL-00140-2023, I am permitted to inform you that, according to the provisions established by this institution, the officials' addresses do not constitute an official means of the Municipality of Sarapiquí authorized to send or process complaints, reclamos, or impugnaciones, nor to make requests that deal with specific cases that must be submitted to the knowledge and resolution of the distinct competent bodies of this institution. Therefore, in order to process your request, it must be submitted by writing presented before the Unidad de Plataforma de Servicios or through the option offered on the website www.sarapiqui.go.cr, in the section called “Servicios en Línea” (report rendered under oath). III.- On the principle of inter-administrative coordination. One of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must exist between all public entities and bodies when exercising their competencies and providing the services that the legal system has assigned to them. Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and obligates all public entities. Coordination may be interorganic—between the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship—or intersubjective, that is, between public entities, each with legal personality, its own budget, autonomy, and specific competencies. The administrative autonomy or other degree of autonomy held by public entities obliges them to coordinate their actions, since they cannot be reciprocally subject to hierarchical relationships due to their interorganic nature. Administrative coordination has the purpose of avoiding duplications and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, that they are performed in a rational and orderly manner. Coordination is achieved through the establishment of fluid and permanent levels or channels of information between public entities, all of which can be achieved through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies. IV.- Specific case.- In the present case, the petitioner alleges that he requested information of his interest from the respondent authority via email; however, at the time the recurso was filed, he had not been given a response. In this regard, the respondent authority reports that the email address used by the petitioner to send official letter No. AEL-00140-2023 dated October 2, 2023, to the respondent authority, [email protected], is not an official means duly authorized to handle requests for information, complaints, or recursos of an administrative nature, and that this was made known to him on Thursday, October 5, 2023, via email. Now, based on the evidence provided in the case file and the report rendered, this Chamber verifies the injury to the fundamental rights of the petitioner for the reasons that will be stated. Firstly, it must be indicated that even though the email address to which the petitioner sent his petition does not constitute an official means for the receipt of such requests, the fact is that the respondent party acknowledges having sent an email acknowledging receipt. With said act, the respondent authority not only became aware of the request but also provided what was necessary so that a response could be given to the interested party, thereby obligating itself under the terms provided for in Article 27 of the Political Constitution. Furthermore, in accordance with the principle of administrative coordination, if the respondent authority considered that the means used was not the appropriate means, upon accepting the request and acknowledging receipt, it should have forwarded it to the corresponding channel. Therefore, it is not valid to send the petitioner to file it again through another channel, when they themselves could provide the corresponding processing. In relation to the doctrine underlying canon 73 of the General Law of Public Administration, it imposes the duty on an administrative body that receives requests it is not competent to handle to forward them to the competent internal body, in order to proceed with the due attention and timely resolution. Thus, this Chamber verifies the injury to the fundamental rights of the petitioner, and the appropriate course is to grant the recurso under the terms indicated in the operative part. V.- DISSENTING VOTE OF JUDGE CASTILLO VÍQUEZ. Unlike the majority of the Chamber, I consider that the petitioner's rights were not injured. As is evident from Considerando IV, the email address to which the petitioner sent the request does not constitute an official mechanism for handling communications. For the foregoing reason, I believe the claim is inadmissible, regardless of whether a response was provided or not, since it is noted that the email address to which the interested party sent his request does not constitute an official means for the receipt of such requests. VI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, should they have provided any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Por tanto: The recurso is granted. Rossylin Valverde Charpentier, in her capacity as acting mayor of the Municipality of Sarapiquí, or whoever holds that position in her stead, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her competencies so that, within a maximum period of TEN DAYS, counted from the notification of this ruling, the corresponding response is provided to the request for information filed by the petitioner on October 2, 2023, and it is notified to the means indicated for such purposes. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within a recurso de amparo, and fails to comply with it or have it complied with, provided the offense is not more severely penalized. The Municipality of Sarapiquí is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in enforcement of judgment in contentious-administrative proceedings. Judge Castillo Víquez dissents and dismisses the recurso. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- VBMGDXEUWPY61 EXPEDIENTE N° 24-000118-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic mail: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 15:41:11.