Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De la relación de hechos probados se desprende que, no fue hasta 15 de diciembre de 2023 (con posterioridad a la notificación del auto inicial de este recurso de amparo) que la autoridad recurrida atendió la solicitud del petente. Lo anterior, ocurrió luego de transcurridos más de los diez días hábiles a los que hace referencia el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que resulta irrazonable, en perjuicio de los derechos fundamentales del promovente.
Bajo tal estado de cosas, dado que fue con ocasión de la notificación de la resolución de curso del presente proceso que la autoridad accionada, llevó a cabo las actuaciones pertinentes con el fin de restablecer los derechos fundamentales del recurrente, en aplicación del artículo 52 de Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, dado que la vulneración alegada cesó.
English (translation)From the proven facts, it is clear that it was not until December 15, 2023 (after the notification of the initial order in this amparo proceeding) that the respondent authority addressed the petitioner's request. This occurred more than ten business days after the period referred to in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, which is unreasonable and to the detriment of the petitioner's fundamental rights.
Under these circumstances, since the respondent authority took the relevant actions only after being notified of the order initiating this proceeding, in order to restore the petitioner's fundamental rights, the amparo is granted pursuant to Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, without a special award of costs, damages, and losses, since the alleged violation has ceased.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 04004 - 2024 Fecha de la Resolución: 16 de Febrero del 2024 a las 09:30 Expediente: 23-030197-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 23-030197-0007-CO Res. Nº 2024004004 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciseis de febrero de dos mil veinticuatro . Recurso de amparo promovido por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 002], contra la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 14:43 horas del 05 de diciembre de 2023, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el 16 de noviembre de 2023 presentó por escrito una gestión dirigida a la Comisión Planificación Local del Departamento de Ingeniería de la recurrida, en la que requirió la siguiente información: “1) Copia del Plan de desarrollo del cantón, actual y vigente autorizado por el consejo (sic) municipal 2) Copia del Plan estratégico municipal, actual y vigente autorizado por el consejo (sic) municipal 3) Criterios técnicos tomados en cuenta, topografía, estudios de estabilidad de taludes, estudios hidrogeológicos, IFAs, entre otros, que les permitiría cambiar el uso de suelo actual “Residencial” a la creación de una ZONA DESARROLLO ECONOMICO (ZDE) en mi propiedad folio Real 521474, ubicada en calle el moral, distrito Trinidad. 4) Indicar que (sic) mejoras en infraestructura y seguridad entre otros, realizará la municipalidad para pretender la creación de la Zona Desarrollo Económico en ese sector. 5) Fecha y horas en que se llevó a cabo la audiencia pública en donde se presentó la propuesta del nuevo plan regulador del distrito Trinidad. 6) En la audiencia pública llevada a cabo para presentar la propuesta del nuevo plan regulador, indicar por medio de copias el registro y cantidad de las personas que participaron en el distrito Trinidad. 7) Cuáles fueron las observaciones tanto verbales como escritas que los ciudadanos del distrito Trinidad realizaron a la nueva propuesta del plan regulador. 8) Copia del documento realizado por el INVU, “Remisión de Informes de procesos participativos distritales” 9) Por favor indicar por medio de internet el link donde puedo ver el nuevo plan regulador propuesto”. Reclama que, a la fecha de presentación de este recurso, la autoridad recurrida no le ha brindado respuesta alguna, actuación que considera violatoria de sus derechos fundamentales. 2.- En resolución de las 14:30 horas del 12 de diciembre de 2023, se da curso al proceso y solicita informe al alcalde y el jefe del Departamento de Ingeniería, ambos de la Municipalidad de Moravia, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 16:00 horas del 19 de diciembre de 2023, informan bajo juramento Roberto Zoch Gutiérrez e Iván Eduardo Arce Vargas, en sus respectivas condiciones de alcalde y director de la Dirección Técnica Operativa, ambos de la Municipalidad de Moravia, que “PRIMERO: Se admite con variantes y rectificaciones, toda vez que efectivamente el amparado solicitó la información a la cual hace referencia en su recurso. No obstante, es importante aclarar a la Sala que la información requerida por el amparado, quien es vecino de San José, San Sebastián, se refiere al Proyecto de Actualización del Plan Regulador del Cantón de Moravia, el cual se encuentra en trámite, y cuya audiencia pública tuvo lugar en el mes de junio del año en curso. En razón de lo anterior, considerando las variables del caso, se trata de un tema complejo, una actualización del plan regulador del Cantón de Moravia que está en trámite, lo que significa que aún no ha sido aprobado, y que pese a lo anterior, cualquier información que se brinde, sin haberse aprobado y habiendo pasado la audiencia pública, hace que la información solicitada deba ser consultada con otras dependencias de la corporación municipal para valorar qué información es posible brindar, toda vez que, como se dijo, la actualización del plan regulador del Cantón de Moravia está en trámite, esto es, a la fecha de hoy, no ha sido aprobado. En todo caso, a través del oficio A-PICIMM-061-12-2023 de fecha 15 de diciembre de 2023, suscrito por el Dr. Marvin Valverde Tenorio, Encargado de la Planificación Institucional y Control Interno de esta Municipalidad, se brindó respuesta al aquí amparado (VER DOCUMENTOS ANEXOS). (…) ASPECTOS DE FONDO: Se insiste y se reitera, la información requerida versa sobre el proyecto de actualización del Plan Regulador del Cantón de MORAVIA, el cual está en TRÁMITE. Debido a lo anterior, considerando las variables del caso, se trata de un tema complejo, una actualización del plan regulador del Cantón de Moravia que está en trámite, lo que significa que aún no ha sido aprobado, y que requería la consulta a otras dependencias de la corporación municipal. Sin embargo, ya fue atendido el requerimiento de información del amparado, según consta en la prueba aportada”. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que el 16 de noviembre de 2023 presentó por escrito una gestión dirigida a la Comisión Planificación Local del Departamento de Ingeniería de la recurrida, en la que requirió una serie de información; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo, no ha obtenido respuesta de su gestión. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El 16 de noviembre de 2023, el recurrente presentó por escrito ante el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Moravia, una gestión dirigida a la Comisión de Planificación Local del Nuevo Plan Regulador de la Municipalidad de Moravia, en los siguientes términos: “Que bajo las facultades que me otorga la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 11,27,30, 41,45 y 50 y siendo ustedes los responsables a nivel Municipal de los cambios del plan regulador del cantón, les solicito se sirvan certificar lo siguiente: 1) Copia del Plan de desarrollo del cantón, actual y vigente autorizado por el consejo (sic) municipal 2) Copia del Plan estratégico municipal, actual y vigente autorizado por el consejo (sic) municipal 3) Criterios técnicos tomados en cuenta, topografía, estudios de estabilidad de taludes, estudios hidrogeológicos, IFAs, entre otros, que les permitiría cambiar el uso de suelo actual “Residencial” a la creación de una ZONA DESARROLLO ECONOMICO (ZDE) en mi propiedad folio Real 521474, ubicada en calle el moral, distrito Trinidad. 4) Indicar que (sic) mejoras en infraestructura y seguridad entre otros, realizará la municipalidad para pretender la creación de la Zona Desarrollo Económico en ese sector. 5) Fecha y horas en que se llevó a cabo la audiencia pública en donde se presentó la propuesta del nuevo plan regulador del distrito Trinidad. 6) En la audiencia pública llevada a cabo para presentar la propuesta del nuevo plan regulador, indicar por medio de copias el registro y cantidad de las personas que participaron en el distrito Trinidad. 7) Cuáles fueron las observaciones tanto verbales como escritas que los ciudadanos del distrito Trinidad realizaron a la nueva propuesta del plan regulador. 8) Copia del documento realizado por el INVU, “Remisión de Informes de procesos participativos distritales” 9) Por favor indicar por medio de internet el link donde puedo ver el nuevo plan regulador propuesto” En el acto señaló expresamente para atender notificaciones la dirección electrónica [email protected] (véase prueba documental aportada por el recurrente, agregada al expediente digital). b) El 15 de diciembre de 2023, a las 09:33 las autoridades recurridas de la Municipalidad de Moravia fueron notificadas de la resolución inicial del recurso de amparo (véase actas de notificación, agregadas al expediente digital). c) El 15 de diciembre de 2023, a las 13:03 horas al petente se le comunicó a la dirección electrónica señala para recibir notificaciones, el oficio No. A-PICIMM 061-12-2023 del 15 de diciembre de 2023 y documentos anexos, en el cual se consignó lo siguiente: “Señor [Nombre 001] Asunto: Respuesta a Recurso Amparo, Exp. 23-030197-0007-CO En atención a dar respuesta ante interposición de recurso de amparo o, el cual se tramita bajo número de expediente 23-030197-0007-CO, se brinda la siguiente información: Punto 1. El Plan de Desarrollo Cantonal está en proceso de formulación y para ser facilitado debe ser primero aprobado por el Concejo Municipal. Se espera que dicho plan de desarrollo municipal sea presentado en diciembre, es importante indicar que actualmente no se cuenta con un Plan de Desarrollo Cantonal vigente. Punto 2. No existe algún documento municipal denominado Plan estratégico municipal aprobado por el Concejo Municipal. Punto 3. Sobre los aspectos solicitados: a. topográficos, se toman los datos de las fuentes oficiales (PRUGAM; Catastro municipal; Instituto Geográfico Nacional…) b. estudios de estabilidad de taludes, este elemento como tal no se contempla la realización específica de estudios para un un predio específico, ya que las características de los estudios del plan regulador son generales. c. estudios hidrogeológicos (ver adjunto) d. Ifas (ver adjunto) Con respecto a lo expresado "que les permitiría cambiar el uso de suelo actual a la creación de una ZDE en mi propiedad", es importante indicar que el análisis técnico llevado a cabo para la determinación de la zonificación, no considera las fincas de forma individual sino de forma genérica, respondiendo a la variable ambiental de conformidad con el Índice de Fragilidad Ambiental y la protección de los mantos acuíferos, es decir se analiza el territorio como un todo, llevando a cabo la división del territorio como un todo, teniendo como límite los estudios técnicos de base sin dejar de lado, la visión de desarrollo del cantón. Punto 4. Mejoras en infraestructura y seguridad, entre otros, realizará la municipalidad para pretender la creación de la ZDE Con respecto a este aspecto, se deberán crear las condiciones para realizar el desarrollo estratégico de dicha ZDE, de modo que en el borrador del Plan Regulador es una propuesta. Punto 5. fecha y hora en que se llevó a cabo la propuesta del nuevo plan regulador (ver adjunto) Punto 6. "...indicar por medio de copia el registro y cantidad de personas que participaron en el distrito de La Trinidad." De conformidad con la lista de participación se tiene el siguiente resultado: a. lista de asistencia presencial: 5 personas b. lista de personas de asistencia virtual: 39 personas (ver adjunto) Es importante consultar la legalidad de esta solicitud, pues se dan nombre, números de cedula y telefónica, direcciones electrónicas. Punto 7. ¿cuáles fueron las observaciones tanto verbales como escritas que los ciudadanos del distrito Trinidad realizaron a la nueva propuesta...? En este aspecto, es importante indicar que se relaciona con el punto 6. Punto 8. Con respecto a la dotación de una copia del documento realizado por el INVU "Remisión de Informes de procesos participativos distritales", es importante indicar que no se cuenta con algún documento "realizado" por el INVU denominado "Remisión de Informes de procesos participativos distritales". Punto 9. El link para ver la propuesta es www.moravia.go” (véase prueba informe y prueba documental aportados por las autoridades recurridas, agregados al expediente digital). III.- Sobre el caso en concreto. En el presente asunto el recurrente reclama que el 16 de noviembre de 2023 presentó por escrito una gestión dirigida a la Comisión Planificación Local del Departamento de Ingeniería de la recurrida, en la que requirió una serie de información; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo, no ha obtenido respuesta de su gestión. De la relación de hechos probados se desprende que, no fue hasta 15 de diciembre de 2023 (con posterioridad a la notificación del auto inicial de este recurso de amparo) que la autoridad recurrida atendió la solicitud del petente. Lo anterior, ocurrió luego de transcurridos más de los diez días hábiles a los que hace referencia el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que resulta irrazonable, en perjuicio de los derechos fundamentales del promovente. Bajo tal estado de cosas, dado que fue con ocasión de la notificación de la resolución de curso del presente proceso que la autoridad accionada, llevó a cabo las actuaciones pertinentes con el fin de restablecer los derechos fundamentales del recurrente, en aplicación del artículo 52 de Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, dado que la vulneración alegada cesó. IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. V.- Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro. Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: “ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. VI.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 párrafo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- GCZWMNZ16IM61 EXPEDIENTE N° 23-030197-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:40:49. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 04004 - 2024 Resolution Date: February 16, 2024 at 09:30 Case File: 23-030197-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of Matter: Amparo action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution Exp: 23-030197-0007-CO Res. No. 2024004004 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on February sixteen, two thousand twenty-four. Amparo action filed by [Name 001], identity card [Value 002], against the MUNICIPALITY OF MORAVIA. Whereas: 1.- By document filed to the digital case file at 14:43 hours on December 5, 2023, the petitioner files an amparo action and states that on November 16, 2023, they filed in writing a request addressed to the Local Planning Commission of the Engineering Department of the respondent, in which they requested the following information: "1) Copy of the current and in-force cantonal development plan authorized by the municipal council (sic) 2) Copy of the current and in-force municipal strategic plan authorized by the municipal council (sic) 3) Technical criteria taken into account, topography, slope stability studies, hydrogeological studies, IFAs, among others, that would allow you to change the current land use "Residential" to the creation of an ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE (ZDE) on my property, Real Folio 521474, located on Calle El Moral, Trinidad district. 4) Indicate which (sic) improvements in infrastructure and security, among others, the municipality will carry out to pursue the creation of the Economic Development Zone in that sector. 5) Date and times when the public hearing was held in which the proposal for the new regulatory plan for the Trinidad district was presented. 6) In the public hearing held to present the proposal for the new regulatory plan, indicate by means of copies the registration and number of persons who participated in the Trinidad district. 7) What were the observations, both verbal and written, that the citizens of the Trinidad district made to the new proposal for the regulatory plan. 8) Copy of the document prepared by INVU, "Referral of Reports on District Participatory Processes" 9) Please indicate via the internet the link where I can see the proposed new regulatory plan." They complain that, as of the date of filing this action, the respondent authority has not provided any response, an action they consider violates their fundamental rights. 2.- In a resolution at 14:30 hours on December 12, 2023, the proceeding is commenced and a report is requested from the mayor and the head of the Engineering Department, both of the Municipality of Moravia, regarding the facts alleged by the petitioner. 3.- By document filed to the digital case file at 16:00 hours on December 19, 2023, Roberto Zoch Gutiérrez and Iván Eduardo Arce Vargas, in their respective capacities as mayor and director of the Technical Operations Directorate, both of the Municipality of Moravia, report under oath that "FIRST: It is admitted with variations and rectifications, since the protected party indeed requested the information referred to in their action. However, it is important to clarify to the Chamber that the information requested by the protected party, who is a resident of San José, San Sebastián, refers to the Update Project for the Regulatory Plan of the Canton of Moravia, which is in process, and whose public hearing took place in June of the current year. Due to the foregoing, considering the variables of the case, this is a complex matter, an update of the regulatory plan of the Canton of Moravia that is in process, meaning it has not yet been approved, and that despite the above, any information provided, without having been approved and after the public hearing has passed, means that the information requested must be consulted with other dependencies of the municipal corporation to assess what information can be provided, since, as stated, the update of the regulatory plan of the Canton of Moravia is in process, that is, as of today's date, it has not been approved. In any case, through official communication A-PICIMM-061-12-2023 dated December 15, 2023, signed by Dr. Marvin Valverde Tenorio, Head of Institutional Planning and Internal Control of this Municipality, a response was provided to the protected party here (SEE ATTACHED DOCUMENTS). (...) SUBSTANTIVE ASPECTS: It is insisted and reiterated, the information requested concerns the update project for the Regulatory Plan of the Canton of MORAVIA, which is IN PROCESS. Due to the foregoing, considering the variables of the case, this is a complex matter, an update of the regulatory plan of the Canton of Moravia that is in process, meaning it has not yet been approved, and that required consultation with other dependencies of the municipal corporation. However, the information request of the protected party has already been addressed, as evidenced in the evidence provided." They request that the action be dismissed. 4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considering: I.- Object of the action. The petitioner alleges that on November 16, 2023, they filed in writing a request addressed to the Local Planning Commission of the Engineering Department of the respondent, in which they requested a series of information; however, as of the date they file this amparo action, they have not obtained a response to their request. II.- Proven facts. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them according to the provisions of the initial order: a) On November 16, 2023, the petitioner filed in writing with the Engineering Department of the Municipality of Moravia, a request addressed to the Local Planning Commission for the New Regulatory Plan of the Municipality of Moravia, in the following terms: "Under the powers granted to me by the Political Constitution of Costa Rica in its articles 11, 27, 30, 41, 45 and 50 and since you are the responsible parties at the Municipal level for changes to the canton's regulatory plan, I request you to certify the following: 1) Copy of the current and in-force cantonal development plan authorized by the municipal council (sic) 2) Copy of the current and in-force municipal strategic plan authorized by the municipal council (sic) 3) Technical criteria taken into account, topography, slope stability studies, hydrogeological studies, IFAs, among others, that would allow you to change the current land use "Residential" to the creation of an ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE (ZDE) on my property, Real Folio 521474, located on Calle El Moral, Trinidad district. 4) Indicate which (sic) improvements in infrastructure and security, among others, the municipality will carry out to pursue the creation of the Economic Development Zone in that sector. 5) Date and times when the public hearing was held in which the proposal for the new regulatory plan for the Trinidad district was presented. 6) In the public hearing held to present the proposal for the new regulatory plan, indicate by means of copies the registration and number of persons who participated in the Trinidad district. 7) What were the observations, both verbal and written, that the citizens of the Trinidad district made to the new proposal for the regulatory plan. 8) Copy of the document prepared by INVU, "Referral of Reports on District Participatory Processes" 9) Please indicate via the internet the link where I can see the proposed new regulatory plan" In the act, they expressly indicated the email address [email protected] for receiving notifications (see documentary evidence provided by the petitioner, added to the digital case file). b) On December 15, 2023, at 09:33, the respondent authorities of the Municipality of Moravia were notified of the initial resolution of the amparo action (see notification records, added to the digital case file). c) On December 15, 2023, at 13:03 hours, the following was communicated to the petitioner at the email address indicated for receiving notifications, official communication No. A-PICIMM 061-12-2023 dated December 15, 2023, and attached documents, which stated: "Mr. [Name 001] Subject: Response to Amparo Action, Exp. 23-030197-0007-CO In response to the filing of amparo action, which is processed under case file number 23-030197-0007-CO, the following information is provided: Point 1. The Cantonal Development Plan is in the formulation process and to be provided, it must first be approved by the Municipal Council. This municipal development plan is expected to be presented in December. It is important to note that currently, there is no current Cantonal Development Plan in force. Point 2. There is no municipal document called a Municipal Strategic Plan approved by the Municipal Council. Point 3. Regarding the requested aspects: a. topographic data, data are taken from official sources (PRUGAM; Municipal Cadastre; National Geographic Institute…) b. slope stability studies, this element as such does not contemplate carrying out specific studies for a specific property, since the characteristics of regulatory plan studies are general. c. hydrogeological studies (see attached) d. IFAs (see attached) Regarding the statement "that would allow you to change the current land use to the creation of a ZDE on my property", it is important to note that the technical analysis carried out to determine zoning does not consider properties individually but generically, responding to the environmental variable in accordance with the Environmental Fragility Index (Índice de Fragilidad Ambiental, IFA) and the protection of aquifers, that is, the territory is analyzed as a whole, carrying out the division of the territory as a whole, with the limit being the basic technical studies without neglecting the canton's development vision. Point 4. Improvements in infrastructure and security, among others, the municipality will carry out to pursue the creation of the ZDE. Regarding this aspect, the conditions must be created to carry out the strategic development of said ZDE, so that in the draft of the Regulatory Plan, it is a proposal. Point 5. Date and time when the proposal for the new regulatory plan was held (see attached) Point 6. "...indicate by means of a copy the registration and number of persons who participated in the district of La Trinidad." According to the participation list, the following result was obtained: a. In-person attendance list: 5 people b. Virtual attendance list: 39 people (see attached) It is important to consult the legality of this request, as names, ID and phone numbers, and email addresses are provided. Point 7. What were the observations, both verbal and written, that the citizens of the Trinidad district made to the new proposal...? In this regard, it is important to note that it relates to point 6. Point 8. Regarding the provision of a copy of the document prepared by INVU "Referral of Reports on District Participatory Processes", it is important to note that there is no document "prepared" by INVU called "Referral of Reports on District Participatory Processes". Point 9. The link to view the proposal is www.moravia.go" (see report evidence and documentary evidence provided by the respondent authorities, added to the digital case file). III.- On the specific case. In the present matter, the petitioner complains that on November 16, 2023, they filed in writing a request addressed to the Local Planning Commission of the Engineering Department of the respondent, in which they requested a series of information; however, as of the date they file this amparo action, they have not obtained a response to their request. From the account of proven facts, it is clear that it was not until December 15, 2023 (subsequent to the notification of the initial order of this amparo action) that the respondent authority addressed the petitioner's request. The foregoing occurred after more than ten business days referred to in Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) had elapsed, which is unreasonable, to the detriment of the promovant's fundamental rights. Under this state of affairs, since the respondent authority carried out the pertinent actions to restore the petitioner's fundamental rights upon notification of the resolution commencing this proceeding, in application of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the action is granted, without special assessment of costs, damages, and losses, given that the alleged violation has ceased. IV.- On the assessment of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine case, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable"), the granting must be without special assessment of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obligates the operative part of the judgment to state that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an obviously patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, which provides that: "any resolution that upholds the action shall abstractly assess the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite case retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, the majority's criterion is to resolve this action without assessment of costs, damages, and losses. V.- Partial dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado, solely in relation to the non-assessment of costs, damages, and losses against the respondent party. Although I concur with the rest of the Chamber in granting the action, I dissent from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being assessed the payment of costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party. The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable." On the other hand, Article 51 ibidem establishes that: "...any resolution that upholds the action shall abstractly assess the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment." This last norm establishes the general system regulating matters related to indemnification and the payment of costs, which the majority calls the "natural or normal form of conclusion of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…". In the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has considered the grievance proven; and, consequently, the need arises for an assessment of costs, damages, and losses. However, in the judgment of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the action, and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it learns of the amparo -a scenario contemplated in Article 52, referenced-, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the assessment against the offender for the indemnification of the damages and losses caused and for the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has considered the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it learned of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), in any of those scenarios, the imperative need arises for an assessment of costs, damages, and losses against the offender, the basis of which is found in the principles of protection of individuals' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct. Thus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not preclude the applicability of the assessment of costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of mandatory assessment in these respects contained in the Law of Constitutional Jurisdiction. On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even when it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered to their fundamental rights, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has agreed in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal conclusion of the proceeding." The legislator precisely established and delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution that commenced the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, in an unmistakable manner, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of assessment of costs, damages, and losses, despite the granting of the action, by providing that, in the cases regulated therein, the action shall be granted "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable." As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights. In my criterion, such exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic assessment of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such assessment is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unmistakably and clearly shown that in the specific case, no loss capable of being indemnified was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions -the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction-, the granting of this action must necessarily entail the assessment of costs, damages, and losses, and I so declare. As an additional reason, it is worth noting that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary purpose the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather, of the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From this perspective, the analysis carried out by this venue focuses on said verification; however, it does not delve into the weighing of whether those matters have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said assessment (of damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceedings, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause for patrimonial injuries that are legally indemnifiable. For reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from assessments issued in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose: "ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court corresponds to the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications." It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract assessment in those areas, as that type of claims would not be admissible within that type of case when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, or when there is no express pronouncement regarding this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an assessment or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that vein, in our judgment, under the tenor of the aforementioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial assessment requires proof, in each case, of situations from which it is deemed, with justification, that there are no patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified application duly substantiated on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is rendered that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation for reasons attributable to or apart from the respondent entity, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such substantive matter, concerning the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and concerning which, in accordance with what is regulated by the aforementioned mandate 52, are inherent to an abstract assessment that later forms the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses since, it is insisted, this is not its primary purpose or ratio. Thus, it is not incumbent upon the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have produced injuries to them is a matter that, as a matter of principle and subject to exceptional cases, does not form part of the analysis foundation for this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct an analysis on the merits of the situation to be protected, given the conclusion of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infraction, with which, much less can it be defined whether, from what the requester has denounced, there may or may not be situations warranting possible civil reparation. Thus, the exemption from the assessment referred to by that norm is exceptional in nature, not a matter of principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes an abstract assessment so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that exemption from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, could have suffered injuries in their patrimonial sphere would be jeopardized, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the individual. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted that, if the persistence of the threat or deterioration of their situation while it was caused to cease due to the reasons mentioned in the rule under review generated damages and losses (daños y perjuicios), it is a matter that, save evidence to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere occurrence of the factual scenario regulated in the aforementioned Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC). Therefore, with the usual respect for the majority position, I cast my vote and reiterate that granting this appeal must necessarily entail an abstract condemnation for costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios). VI.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs (costas), if applicable.” My interpretation of that rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if applicable” refers to costs (costas). Moreover, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs (costas). Certainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not indemnificatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to indemnification for the damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the appeal, and shall reserve their liquidation for the enforcement of the judgment.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses (daños y perjuicios) may have arisen. For this reason, an abstract condemnation for these is appropriate. If it were not done this way, if such condemnation were not issued, in the event that they did occur, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. Even if an abstract condemnation is issued, but no damages and losses (daños y perjuicios) have occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, since only that judge has the authority to deem the real existence and magnitude thereof as proven. With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when facing an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides the possibility that, if deemed just, the Chamber may condemn for costs (costas), even when the right has been restored. By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the condemnation for damages and losses (daños y perjuicios), but not the condemnation for costs (costas). VII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI. Por tanto: The appeal is granted, in accordance with the provisions of Article 52, paragraph 1 of the Constitutional Jurisdiction Law, without special condemnation for costs (costas), damages and losses (daños y perjuicios). Magistrate Salazar Alvarado partially dissents from the vote and orders condemnation for damages, losses (daños y perjuicios), and costs (costas). Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders condemnation for damages and losses (daños y perjuicios), but not condemnation for costs (costas). Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- GCZWMNZ16IM61 EXPEDIENTE N° 23-030197-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:40:49. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República