Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)No obstante, luego de examinar detenidamente la prueba aportada al recurso de amparo, la Sala estima que sí se han conculcado los derechos fundamentales del recurrente. Este Tribunal aprecia que en el correo electrónico que se le envió al amparado en fecha 24 de enero de 2024, solamente se le adjunta una copia del Oficio N° DRyT-OMSR-2024-00035 de fecha 20 de enero del 2024, suscrito por el Ingeniero William Leininger Sancho, funcionario del área de Operación Y Mantenimiento del Sistema de Recolección RyT del AyA, en donde se le remite la denuncia del tutelado a la Municipalidad de Desamparados, por ser de su competencia. Sin embargo, se extraña una respuesta formal y por escrito, dirigida concretamente al recurrente, explicándole el proceder de la institución accionada para atender su denuncia, así como los resultados obtenidos. En consideración de la Sala, la simple acción de enviar una copia de un oficio que ni siquiera es dirigido personalmente al recurrente, no puede ser considerada suficiente para amparar el derecho contemplado en el ordinal 41, de la Constitución Política. El amparado, como administrado y vecino de la localidad, merece una respuesta concretamente dirigida a él, por medio de oficio formal y oficial de la entidad accionada, donde se le explique la atención que se le dio a su denuncia, y cuáles fueron los resultados obtenidos, así como las decisiones finales que se adoptaron.
English (translation)However, after carefully examining the evidence submitted with the amparo, the Chamber finds that the fundamental rights of the petitioner were indeed violated. The Tribunal notes that the email sent to the petitioner on January 24, 2024, merely attaches a copy of Official Letter No. DRyT-OMSR-2024-00035 dated January 20, 2024, signed by Engineer William Leininger Sancho, an official from AyA's RyT Collection System Operations and Maintenance area, forwarding the petitioner's complaint to the Municipality of Desamparados as it falls within their jurisdiction. However, a formal written response, specifically addressed to the petitioner, explaining the institution's actions to address his complaint and the results obtained, is lacking. In the Chamber's view, the mere act of sending a copy of a letter that is not even personally addressed to the petitioner cannot be considered sufficient to protect the right enshrined in Article 41 of the Political Constitution. The petitioner, as an administered party and resident of the locality, deserves a response specifically addressed to him, through a formal official letter from the respondent entity, explaining how his complaint was handled, what results were obtained, and what final decisions were made.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 04768 - 2024 Fecha de la Resolución: 23 de Febrero del 2024 a las 09:20 Expediente: 24-001662-0007-CO Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 24-001662-0007-CO Res. Nº 2024004768 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitres de febrero de dos mil veinticuatro . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA). Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Manifiesta que es una persona adulta mayor. Hace aproximadamente seis meses, funcionarios del instituto recurrido realizaron un arreglo en la calle ubicada frente a su casa de habitación, sea en [...]. Después de tales arreglos se "(...) levantó una tapa metálica (...)" y la cuadrilla la dejó así. A partir de ese momento, las aguas servidas que deberían transcurrir por dichas tuberías se salen, ahora también lo hacen por el caño, con lo que se contamina el ambiente. Por lo anterior, el 5 y 8 de enero de 2024, remitió una gestión vía correo electrónico a la dirección: [email protected], dirigida la autoridad recurrida, con el fin de denunciar el problema anterior y solicitarle que le informara: "(...) si han sido previamente informados respecto a esta calamidad (…)”. Reclama que, a la fecha de interposición de este recurso, no había recibido respuesta alguna ni acceso a toda la información solicitada. Solicita que se declare con lugar el presente recurso. 2.- Mediante resolución de Presidencia de las 18:46 horas del 31 de enero de 2024, se dio curso al proceso. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital, informa bajo juramento María Alejandra Mora Segura, en su condición de GERENTE GENERAL del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, que mediante Oficio N° DRyT-OMSR-2024-00035 de fecha 20 de enero del 2024, el Ingeniero William Leininger Sancho, funcionario del área de Operación Y Mantenimiento del Sistema de Recolección RyT del AyA, le informa a la señora María Fallas Monge (Municipalidad de Desamparados ) acerca de las inspecciones realizadas con ocasión de las denuncias presentadas ante el Instituto, detectándose anomalías en el sistema pluvial, sobre el cual la Municipalidad tiene absoluta responsabilidad (no siendo este competencia del AyA). En dicho oficio, el Ingeniero Leininger Sancho, expresamente indica que la Municipalidad de Desamparados es la encargada de dar mantenimiento y operación al sistema pluvial, razón por la cual se traslada la denuncia para su debida atención por parte del órgano local. Detalle del traslado del caso a la Municipalidad como ente responsable: Orden de Servicio N° 47744881, Distrito Desamparados, Dirección Avenida 4 y C / 1, Situación encontrada Red pluvial obstruida. Se adjunta FOTO y Ubicación mediante correo. Es importante, para efectos de descargo de responsabilidad de mi representada, indicar que al interesado se le dio respuesta el 24 de enero de 2024 mediante correo electrónico, informándosele que el caso se había trasladado a la Municipalidad de Desamparados, como responsable de dar solución al mismo. El problema que enfrenta y expone el recurrente, se da por la mala práctica de manejo del alcantarillado pluvial; responsabilidad de la Municipalidad de Desamparados. asimismo, el Ministerio de Salud, conforme con sus competencias, debe girar las órdenes sanitarias respectivas. Aclara que este recurso de amparo es ajeno al AyA. Las instituciones competentes (Municipalidad de Desamparados, y Ministerio de Salud) son las que deben tomar las medidas correspondientes, cada una de ellas en el marco de sus competencias y del ordenamiento jurídico vigente. Menciona que es deber del Ministerio de Salud velar por la solución al problema que aqueja al recurrente. Expresa que tratándose de sistemas de alcantarillado pluvial, las tarifas para su operación y mantenimiento las cobra el gobierno local; y que este tipo de sistemas no es competencia del AyA de modo alguno. De conformidad con el informe rendido por el ingeniero del AyA, incluso tuvo que realizar una inspección para así determinar no sólo la esencia del problema sino además dar traslado posterior -junto con la prueba- a la Municipalidad de Desamparados. Afirma que para la información que solicita el amparado no solo se inició con el trámite, sino que se le ha informado acerca de las acciones llevadas a cabo. Sostiene que la denuncia y/o consulta no se puede identificar como una petición pura y simple, sino compleja dado que su respuesta implica la participación de otras dependencias fuera del Instituto (Municipalidad de Desamparados y Ministerio de Salud). Esto conllevaba todo un procedimiento que debe ser agotado previo a obtener la resolución del asunto en marras. Sin perjuicio de lo anterior, AyA no ha dejado por ningún motivo al recurrente en estado de incertidumbre, pues sí informó a este acerca del trámite que se le estaba dando a su petición, aspecto de gran relevancia para la decisión del presente caso. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso. 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, Considerando: I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia, relacionada con contaminación por aguas servidas, la cual no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo a los derechos fundamentales que se invocan (ambiente y salud), esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las denuncias de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- Cuestión previa. En vista de que la gerenta general del AyA omitió indicar en el informe rendido bajo juramento, si el correo electrónico [email protected] se encuentra previsto como mecanismo oficial de comunicación con la Institución, se tiene por cierto este hecho y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. III.- Objeto del recurso. La parte recurrente alega que el 5 y 8 de enero de 2024, remitió una gestión vía correo electrónico a la dirección: [email protected], dirigida la autoridad recurrida, con el fin de denunciar el problema que sufre cerca de su vivienda, pues dejaron una tapa de alcantarilla abierta y las aguas servidas se salen produciendo afectaciones al ambiente y a la salud. Reclama que, a la fecha de interposición de este recurso, no había recibido respuesta alguna. IV.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El 5 y 8 de enero de 2024, el recurrente remitió una gestión vía correo electrónico a la dirección: [email protected], dirigida a la autoridad recurrida, con el fin de denunciar el problema que sufre cerca de su vivienda, pues dejaron una tapa de alcantarilla abierta y las aguas servidas se salen produciendo afectaciones al ambiente y a la salud (ver prueba aportada). b) Mediante Oficio N° DRyT-OMSR-2024-00035 de fecha 20 de enero del 2024, el Ingeniero William Leininger Sancho, funcionario del área de Operación Y Mantenimiento del Sistema de Recolección RyT del AyA, le informa a la Municipalidad de Desamparados acerca de las inspecciones realizadas con ocasión de las denuncias presentadas ante el Instituto, detectándose anomalías en el sistema pluvial, sobre el cual la municipalidad tiene responsabilidad y no el AyA (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). c) Al interesado se le dio respuesta el 24 de enero de 2024 mediante correo electrónico, informándosele que el caso se había trasladado a la Municipalidad de Desamparados, como responsable de dar solución al mismo (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada). V.- Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa. VI.- Sobre el caso concreto. Del estudio de los autos se acredita que, en efecto, el 5 y 8 de enero de 2024, el recurrente remitió una gestión vía correo electrónico a la dirección: [email protected], dirigida a la autoridad recurrida, con el fin de denunciar el problema que sufre cerca de su vivienda, pues dejaron una tapa de alcantarilla abierta y las aguas servidas se salen produciendo afectaciones al ambiente y a la salud. Mediante Oficio N° DRyT-OMSR-2024-00035 de fecha 20 de enero del 2024, el Ingeniero William Leininger Sancho, funcionario del área de Operación Y Mantenimiento del Sistema de Recolección RyT del AyA, le informa a la Municipalidad de Desamparados acerca de las inspecciones realizadas con ocasión de las denuncias presentadas ante el Instituto, detectándose anomalías en el sistema pluvial, sobre el cual la municipalidad tiene responsabilidad y no el AyA. La recurrida asegura que al interesado se le dio respuesta el 24 de enero de 2024 mediante correo electrónico, informándosele que el caso se había trasladado a la Municipalidad de Desamparados, como responsable de dar solución al mismo. No obstante, luego de examinar detenidamente la prueba aportada al recurso de amparo, la Sala estima que sí se han conculcado los derechos fundamentales del recurrente. Este Tribunal aprecia que en el correo electrónico que se le envió al amparado en fecha 24 de enero de 2024, solamente se le adjunta una copia del Oficio N° DRyT-OMSR-2024-00035 de fecha 20 de enero del 2024, suscrito por el Ingeniero William Leininger Sancho, funcionario del área de Operación Y Mantenimiento del Sistema de Recolección RyT del AyA, en donde se le remite la denuncia del tutelado a la Municipalidad de Desamparados, por ser de su competencia. Sin embargo, se extraña una respuesta formal y por escrito, dirigida concretamente al recurrente, explicándole el proceder de la institución accionada para atender su denuncia, así como los resultados obtenidos. En consideración de la Sala, la simple acción de enviar una copia de un oficio que ni siquiera es dirigido personalmente al recurrente, no puede ser considerada suficiente para amparar el derecho contemplado en el ordinal 41, de la Constitución Política. El amparado, como administrado y vecino de la localidad, merece una respuesta concretamente dirigida a él, por medio de oficio formal y oficial de la entidad accionada, donde se le explique la atención que se le dio a su denuncia, y cuáles fueron los resultados obtenidos, así como las decisiones finales que se adoptaron. Nada de esto sucedió en el sub lite y, es por ello que la Sala se decanta por acoger el proceso. En cuanto a la problemática ambiental en sí misma, se omite pronunciamiento alguno, toda vez que de la lectura atenta del recurso de amparo, se desprende que la petitoria del recurrente, en su condición de abogado, es únicamente en relación con la falta de respuesta a la denuncia y a eso es a lo que se limita el conocimiento del sub examine. VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA -Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Alejandra Mora Segura, en su condición de GERENTE GENERAL del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, o a quienes ocupen esos cargos, adoptar las medidas pertinentes, dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le remita al recurrente una contestación dirigida directamente a él, donde se atienda su denuncia, en los términos explicados en esta sentencia. Se le advierte a los recurridos que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- Q9BPY43YH7EK61 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:41:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Resolution No. 04768 - 2024 Date of Resolution: 23 February 2024 at 09:20 Case File: 24-001662-0007-CO Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado Type of Matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Decision with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution Exp: 24-001662-0007-CO Res. No. 2024004768 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-third of February, two thousand twenty-four. Recurso de amparo filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA). Whereas: 1.- By written submission incorporated into the digital case file, the petitioner files a recurso de amparo against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. He states that he is an older adult. Approximately six months ago, officials of the respondent institute carried out repairs on the street located in front of his home, specifically in [...]. After such repairs, they "(...) lifted a metal manhole cover (...)" and the work crew left it that way. From that moment on, the wastewater (aguas servidas) that should flow through said pipes spills out, and now it also comes out through the drainpipe, thus contaminating the environment. Due to the foregoing, on 5 and 8 January 2024, he sent a communication via email to the address: [email protected], addressed to the respondent authority, in order to report the aforementioned problem and request that they inform him: "(...) if they have been previously informed regarding this calamity (…)". He claims that, as of the date of filing this recurso, he had not received any response or access to all the requested information. He requests that this recurso be granted. 2.- By means of a ruling from the Presidency at 18:46 hours on 31 January 2024, the proceeding was admitted. 3.- By written submission incorporated into the digital case file, María Alejandra Mora Segura, in her capacity as GENERAL MANAGER of the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, reports under oath that by means of Official Letter No. DRyT-OMSR-2024-00035 dated 20 January 2024, Engineer William Leininger Sancho, an official from the area of Operation and Maintenance of the RyT Collection System of AyA, informed Mrs. María Fallas Monge (Municipalidad de Desamparados) about the inspections carried out on the occasion of the complaints filed with the Institute, detecting anomalies in the stormwater (pluvial) system, over which the Municipalidad has absolute responsibility (this not being the competence of AyA). In said official letter, Engineer Leininger Sancho expressly indicates that the Municipalidad de Desamparados is responsible for the maintenance and operation of the stormwater system, which is why the complaint is transferred for its due attention by the local body. Detail of the transfer of the case to the Municipalidad as the responsible entity: Service Order No. 47744881, District Desamparados, Address Avenida 4 and C / 1, Situation found: Obstructed stormwater network. PHOTO and Location attached by mail. It is important, for the purposes of discharging my represented party's responsibility, to indicate that the interested party was given a response on 24 January 2024 by email, informing him that the case had been transferred to the Municipalidad de Desamparados, as the party responsible for providing a solution to it. The problem faced and described by the petitioner arises from poor management practices of the stormwater sewer system; responsibility of the Municipalidad de Desamparados. Likewise, the Ministry of Health, in accordance with its powers, must issue the respective sanitary orders. She clarifies that this recurso de amparo is alien to AyA. The competent institutions (Municipalidad de Desamparados, and Ministry of Health) are the ones that must take the corresponding measures, each within the framework of their powers and the current legal system. She mentions that it is the duty of the Ministry of Health to ensure the solution to the problem afflicting the petitioner. She states that regarding stormwater sewer systems, the rates for their operation and maintenance are charged by the local government; and that this type of system is not the competence of AyA in any way. In accordance with the report issued by the AyA engineer, he even had to carry out an inspection to determine not only the essence of the problem but also to subsequently transfer it -together with the evidence- to the Municipalidad de Desamparados. She affirms that for the information requested by the amparado, not only was the procedure initiated, but he was also informed about the actions taken. She maintains that the complaint and/or inquiry cannot be identified as a pure and simple petition, but rather a complex one given that its response implies the participation of other dependencies outside the Institute (Municipalidad de Desamparados and Ministry of Health). This entailed an entire procedure that must be exhausted before obtaining a resolution of the matter in question. Notwithstanding the foregoing, AyA has not for any reason left the petitioner in a state of uncertainty, as it did inform him about the procedure being given to his petition, an aspect of great relevance for the decision in the present case. She requests that the Chamber dismiss the recurso. 4.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted. Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and, Considering: I.- Preliminary clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the administration has complied or not with the time limits set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve an administrative procedure by final act –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the applicable administrative resources. Precisely, in the sub lite, a case of exception is raised, as it involves a complaint related to contamination by wastewater (aguas servidas), which has not been resolved within a reasonable time. In light of the fundamental rights invoked (environment and health), this Chamber assesses possible delays in the resolution of such complaints. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- Preliminary matter. In view of the fact that the General Manager of AyA omitted to indicate in the report rendered under oath whether the email address [email protected] is established as an official communication mechanism with the Institution, this fact is deemed true, and we proceed to analyze the constitutionality of this matter in accordance with the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction. III.- Object of the recurso. The petitioner claims that on 5 and 8 January 2024, he sent a communication via email to the address: [email protected], addressed to the respondent authority, in order to report the problem he suffers near his home, as they left a manhole cover open and wastewater (aguas servidas) spills out, causing effects on the environment and health. He claims that, as of the date of filing this recurso, he had not received any response. IV.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order: a) On 5 and 8 January 2024, the petitioner sent a communication via email to the address: [email protected], addressed to the respondent authority, in order to report the problem he suffers near his home, as they left a manhole cover open and wastewater (aguas servidas) spills out, causing effects on the environment and health (see evidence provided). b) By means of Official Letter No. DRyT-OMSR-2024-00035 dated 20 January 2024, Engineer William Leininger Sancho, an official from the area of Operation and Maintenance of the RyT Collection System of AyA, informed the Municipalidad de Desamparados about the inspections carried out on the occasion of the complaints filed with the Institute, detecting anomalies in the stormwater system, over which the municipalidad has responsibility and not AyA (see report rendered under oath and evidence provided). c) The interested party was given a response on 24 January 2024 by email, informing him that the case had been transferred to the Municipalidad de Desamparados, as the party responsible for providing a solution to it (see report rendered under oath and evidence provided). V.- On the right to prompt and complete justice. The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee the citizenry the fulfillment of prompt and complete justice, without denial, which implies, in the scope of administrative justice, its obligation to decide with diligence and celerity the claims raised by the governed, in such a way that its resolution is consistent with the extremes alleged, as well as to communicate the decision to the interested parties, all within a reasonable time. In this sense, the "reasonable" nature of the duration of administrative activity is determined on a case-by-case basis based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the extent of the evidence to be gathered, or the degree of affectation to the person or the environment of the challenged act, from which it is inferred that there is no strict right to the constitutionalization of time limits, but rather a right for constitutionality control to be applied over those actions of the Administration in which there are no sufficient reasons to justify the time taken in resolving some type of administrative proceeding. VI.- Regarding the specific case. From the study of the case records, it is proven that, indeed, on 5 and 8 January 2024, the petitioner sent a communication via email to the address: [email protected], addressed to the respondent authority, in order to report the problem he suffers near his home, as they left a manhole cover open and wastewater (aguas servidas) spills out, causing effects on the environment and health. By means of Official Letter No. DRyT-OMSR-2024-00035 dated 20 January 2024, Engineer William Leininger Sancho, an official from the area of Operation and Maintenance of the RyT Collection System of AyA, informed the Municipalidad de Desamparados about the inspections carried out on the occasion of the complaints filed with the Institute, detecting anomalies in the stormwater system, over which the municipalidad has responsibility and not AyA. The respondent assures that the interested party was given a response on 24 January 2024 by email, informing him that the case had been transferred to the Municipalidad de Desamparados, as the party responsible for providing a solution to it. However, after carefully examining the evidence provided with the recurso de amparo, the Chamber considers that the fundamental rights of the petitioner have indeed been violated. This Court notes that in the email sent to the amparado on 24 January 2024, only a copy of Official Letter No. DRyT-OMSR-2024-00035 dated 20 January 2024, signed by Engineer William Leininger Sancho, an official from the area of Operation and Maintenance of the RyT Collection System of AyA, was attached, wherein the protected party's complaint is referred to the Municipalidad de Desamparados, as it falls under its competence. However, a formal and written response, addressed specifically to the petitioner, explaining the action taken by the respondent institution to address his complaint, as well as the results obtained, is missing. In the Chamber's opinion, the mere act of sending a copy of an official letter that is not even addressed personally to the petitioner cannot be considered sufficient to protect the right enshrined in Article 41 of the Political Constitution. The amparado, as an administered person and resident of the locality, deserves a response specifically addressed to him, by means of a formal and official letter from the respondent entity, explaining the attention given to his complaint, what the results obtained were, as well as the final decisions adopted. None of this occurred in the sub lite and, it is for this reason that the Chamber opts to grant the action. As for the environmental problem itself, any pronouncement is omitted, since from a careful reading of the recurso de amparo, it is clear that the petitioner's request, in his capacity as a lawyer, is solely in relation to the lack of response to the complaint, and the knowledge in the sub examine is limited to that. VII.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT -AND COMPLETE- ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Administrative Litigation Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the recurso de amparo established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own jurisdiction. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are admissible to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on 22 February 2008), the competent authorities are the judges of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. This Chamber must warn the parties that, if they have provided any documents on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of thirty business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on 03 May 2012, Article LXXXI. THEREFORE: The recurso is granted. María Alejandra Mora Segura, in her capacity as GENERAL MANAGER of the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, or those who hold those positions, is ordered to adopt the pertinent measures, within the scope of their powers, so that, within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, a response addressed directly to the petitioner is sent to him, addressing his complaint, in the terms explained in this judgment. The respondents are warned that, if they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this ruling, which will be settled in the enforcement of the judgment in the administrative litigation jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alejandro Delgado F. Digitally Signed Document -- Verification code -- Q9BPY43YH7EK61 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:41:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República