Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Así las cosas, dado que las autoridades no se refirieron al acusado incumplimiento, este Tribunal tiene por ciertos los hechos que se acusan y, por ende, se constata la desobediencia acusada. Ergo, se acoge la gestión formulada.
Por tanto:
Se acoge la gestión formulada. En consecuencia, se reitera a Humberto Soto Herrera y Randall Barquero Piedra, por su orden alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen actualmente esos cargos, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia nro. 2022003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de ordenarse el testimonio de piezas para ante el Ministerio Público en su contra si no acataren tal disposición.
English (translation)Given that the authorities did not address the alleged non-compliance, this Court deems the claimed facts as proven and, therefore, finds the claimed disobedience. Hence, the claim is upheld.
Therefore:
The claim is upheld. Consequently, Humberto Soto Herrera and Randall Barquero Piedra, as mayor and president of the Municipal Council of the Municipality of Alajuela, respectively, or whoever currently holds those positions, are reiterated to immediately comply with ruling No. 2022003192 of 9:30 a.m. on February 11, 2022. The above is issued with the warning that, should they fail to comply, the relevant documents will be forwarded to the Public Prosecutor’s Office.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 07746 - 2024 Fecha de la Resolución: 20 de Marzo del 2024 a las 09:45 Expediente: 21-023717-0007-CO Redactado por: Paul Rueda Leal Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 21-023717-0007-CO Res. Nº 2024007746 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinte de marzo de dos mil veinticuatro . Gestión posterior planteada por [Nombre 001], en relación con la sentencia nro. 2022003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022. Resultando: 1.- Por escrito incorporado en el expediente electrónico el 4 de marzo de 2024, el recurrente interpone gestión posterior en relación con la sentencia nro. 2022003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022. Manifiesta: “A esta fecha la corporación municipal sigue sin ejecutar lo ordenado en la sentencia supra indicada, y el daño social y ambiental ha aumentado considerablemente y de puede que manera irreparable, por lo que a mi consideración esta sentencia no ha logrado ser ejecutiva ni ejecutoria. Ruego se haga valer la autoridad judicial frente a la admsintración (sic) municipal para que se cumpla lo ordenado”. 2.- Mediante resolución de magistrado instructor de las 14:09 horas de 6 de marzo de 2024 se confirió audiencia a Humberto Soto Herrera y Randall Barquero Piedra, por su orden, alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen actualmente esos cargos, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen. 3.- Por constancia de 14 de marzo de 20243, Mariane Castro Villalobos y Orlando Loría Vargas, por su orden secretaria y técnico judicial 3, ambos de esta Sala, hicieron saber: “revisado, a las once horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de marzo de dos mil veinticuatro, en el sistema costarricense de gestión de despachos judiciales el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 07/03/2024 al 12/03/2024, el ALCALDE Y EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA hayan presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las catorce horas nueve minutos del seis de marzo de dos mil veinticuatro, en el expediente número 21-023717-0007-CO”. 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Rueda Leal; y, Considerando: I.- CUESTIÓN PREVIA. En vista de que el acalde y el presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela, omitieron rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se procede a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas aportadas a los autos. II.- En la sentencia nro. 2022003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022, se dispuso: “Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Sofía Marcela González Barquero y a Leslye Rubén Bojorges León, por su orden, alcaldesa y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo correspondiente, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las diligencias necesarias y se lleven a cabo los procedimientos correspondientes a los efectos de solucionar: 1) la situación de actividades comerciales y construcciones ilegales en los inmuebles aludidos en este recurso, con el objeto de que sean ajustadas a derecho; 2) la cuestión del manejo de las aguas pluviales y negras en el sitio, así como otros problemas de salud pública y afectación al ambiente producto de las actividades y construcciones irregulares supracitadas. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del CódigoProcesal Contencioso Administrativo. Notifíquese.”. Tal sentencia fue notificada a las partes por correo electrónico el 15 de febrero de 2022. III.- En la sentencia interlocutoria nro. 2022019667 de las 9:15 horas de 26 de agosto de 2022, se resolvió: “III.- SOBRE LA GESTIÓN DE INEJECUCIÓN. En el sub lite, el amparado plantea gestión de desobediencia en relación con la sentencia n.° 2022-003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022. Expone que las autoridades no han tomado las acciones pertinentes para cumplir lo ordenado en la sentencia referida, especialmente respecto de las construcciones ilegales en los inmuebles ubicados sobre un manto acuífero. Añade que las aguas negras y pluviales de tales construcciones ilegales discurren sobre la vía pública del residencial Cataluña, lo que perjudica gravemente la salud pública de los habitantes. Al respecto, conviene traer a colación lo ordenado en la sentencia n.° 2022-003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022: “se realicen las diligencias necesarias y se lleven a cabo los procedimientos correspondientes a los efectos de solucionar: 1) la situación de actividades comerciales y construcciones ilegales en los inmuebles aludidos en este recurso, con el objeto de que sean ajustadas a derecho; 2) la cuestión del manejo de las aguas pluviales y negras en el sitio, así como otros problemas de salud pública y afectación al ambiente producto de las actividades y construcciones irregulares supracitadas.” Con respecto a la primera orden: “1) la situación de actividades comerciales y construcciones ilegales en los inmuebles aludidos en este recurso, con el objeto de que sean ajustadas a derecho”, del estudio de los autos se colige que la Municipalidad trasladó una solicitud al Proceso de Control Fiscal y Urbano de esa corporación, en aras de que se ejerciera el control necesario sobre la finca n.° 14824, donde se desarrolla una serie de actividades ilegales que generan contaminación ambiental. Asimismo, se confeccionó el acta de Información de Obra Concluida sin Licencia, en la que se describieron las obras sin permiso de construcción y se identificaron sus dueños. Sin embargo, la autoridad recurrida informa que la notificación personal del proceso no se logró, por lo que se procedió a notificar mediante la publicación de un edicto, lo que actualmente se encuentra en trámite. Así las cosas, se informa que: “una vez trascurrido (sic) los 30 días, se publicaría una segunda acta por edicto, establecido en el artículo 94 de la Ley de Construcciones, para luego vencido los plazos, trasladar el expediente al Proceso de Servicios Jurídicos para el inicio de proceso ordinario de demolición”. Ahora bien, en relación con las actividades comerciales irregulares se lograron ubicar tres en el sitio. Una corresponde a un taller de elaboración de artículos metálicos, al que se le otorgaron ocho días hábiles para poner a derecho la actividad. No obstante, el taller continuó ejerciendo el comercio sin la licencia municipal, razón por la cual fue clausurado. Las otras actividades identificadas fueron un taller de ebanistería, que estaba cerrado en tal momento por lo que no se le pudo notificar, y otro de enderezado y pintura, que sí pudo ser notificado mediante la boleta n.° 013068. Desde este panorama, si bien se acreditó que la Municipalidad de Alajuela inició las gestiones pertinentes para ajustar a derecho las actividades comerciales y construcciones ilegales, no se desprenden elementos que brinden certeza a esta Sala para acreditar el cumplimiento cabal de lo ordenado dentro del plazo conferido por este Tribunal. En consecuencia, procede acoger la gestión formulada, en lo que a este extremo se refiere. IV.- Por otra parte, en cuanto al segundo punto ordenado: se realicen las diligencias necesarias y se lleven a cabo los procedimientos correspondientes a los efectos de solucionar: (...) 2) la cuestión del manejo de las aguas pluviales y negras en el sitio, así como otros problemas de salud pública y afectación al ambiente producto de las actividades y construcciones irregulares supracitadas.”, las autoridades municipales determinaron que la opción más viable y beneficiosa para atender lo ordenado por esta Sala corresponde a la construcción de una obra para el manejo de las aguas pluviales y negras en la ruta 5 “Inicio en calle Las Brisas, hasta quebrada Seca por medio de terreno a expropiar”. No obstante, del informe rendido por la autoridad se desprende que “La condición desventajosa que posee dicha opción resultaba en que nuestra institución requiere adquirir un terreno para establecer una servidumbre pluvial desde la carretera hasta la quebrada Targua. Sin embargo, esta actividad ha llevado a cabo las gestiones necesarias para realizar el proceso de adquisición del terreno, tales como avalúo, proceso de catastrado del plano de la propiedad (a segregar) y preparación de especificaciones técnicas para la contratación de los trabajos.”. En mérito de lo expuesto, si bien se acredita que, a la fecha, el proceso referido se encuentra en trámite de la inscripción del plano catastrado del terreno y que ya se destinaron ₡400.000.000,00 del presupuesto extraordinario I-2022 para comenzar con el proceso de contratación mediante el SICOP, no menos cierto es que no consta el plazo estimado para la finalización del proceso de contratación ni una fecha aproximada para la conclusión de la obra requerida. Por consiguiente, la autoridad recurrida todavía no ha dado solución suficiente al manejo de las aguas pluviales y negras en el sitio, motivo por el cual en cuanto a este punto también queda comprobada la desobediencia a lo ordenado en la sentencia n.° 2022-003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022. Ergo, procede acoger este extremo de la gestión planteada. Ahora, visto que las personas que al presente ejercen los cargos de alcalde y presidente del Concejo Municipal de Alajuela no son las mismas que a quienes se giró la orden en el pronunciamiento aludido, se ordena el cumplimiento de lo ahí dispuesto a quienes en la actualidad ostenten tale cargos. (...) Por tanto: Se ordena a Humberto Soto Herrera y Randall Barquero Piedra, por su orden, alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia n.° 2022-003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022. Se advierte a los recurridos, que según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese”. Tal sentencia fue notificada a las partes por correo electrónico el 29 de agosto de 2022. IV.- En la sentencia interlocutoria nro. 2022023080 de las 9:30 horas de 4 de octubre de 2022, se resolvió: “IV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub examine, la autoridad plantea gestión de aclaración y adición en relación con la sentencia interlocutoria n.° 2022-019667 de las 9:15 horas de 26 de agosto de 2022. Asevera que ante audiencia de desobediencia se rindió informe en conjunto con el presidente del Concejo Municipal; incluso, en el escrito se especificó “téngase este informe para todas las partes”. Asimismo, se contestó prueba para mejor resolver y, nuevamente, esto se hizo en las mismas condiciones descritas. No obstante, reclama que en el expediente digital se consignó una constancia de no rinde informe en cuanto al presidente del Concejo Municipal. Considera que tal constancia fue un error por parte del técnico judicial. Solicita que se aclare el porqué de que se haya consignado la cuestión previa de la sentencia referida, visto que los informes fueron firmados por todas las partes. Al respecto, el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y los precedentes de esta Sala señalan como presupuesto de admisibilidad de las gestiones de adición y aclaración que sean interpuestas dentro del tercer día posterior a la notificación del fallo. En la especie, esto se incumplió, pues la sentencia n.° 2022-019667 se tuvo por notificada el 30 de agosto de 2022, pero la gestión de marras no se formuló sino hasta el 12 del mes siguiente. Por ello, se desestima tal gestión. (…) Por tanto: No ha lugar a la gestión formulada.”. Tal sentencia fue notificada a las partes por correo electrónico el 5 de octubre de 2022. V.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En la especie, el recurrente interpone gestión de desobediencia en relación con la sentencia nro. 2022003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022. Al respecto, es menester recordar que en la referida resolución se ordenó: “a Sofía Marcela González Barquero y a Leslye Rubén Bojorges León, por su orden, alcaldesa y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela (…) en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las diligencias necesarias y se lleven a cabo los procedimientos correspondientes a los efectos de solucionar: 1) la situación de actividades comerciales y construcciones ilegales en los inmuebles aludidos en este recurso, con el objeto de que sean ajustadas a derecho; 2) la cuestión del manejo de las aguas pluviales y negras en el sitio, así como otros problemas de salud pública y afectación al ambiente producto de las actividades y construcciones irregulares supracitadas.”. Posteriormente, al conocer una gestión de desobediencia formulada por el accionante, en la resolución interlocutoria nro. 2022019667 de las 9:15 horas de 26 de agosto de 2022, esta Cámara resolvió: “(…) visto que las personas que al presente ejercen los cargos de alcalde y presidente del Concejo Municipal de Alajuela no son las mismas que a quienes se giró la orden en el pronunciamiento aludido, se ordena el cumplimiento de lo ahí dispuesto a quienes en la actualidad ostenten tale cargos (…) Por tanto: Se ordena a Humberto Soto Herrera y Randall Barquero Piedra, por su orden, alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen esos cargos, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia n.° 2022-003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022(…)”. Ahora bien, en el sub lite, pese a que esta Sala emitió la resolución de las 14:09 horas de 6 de marzo de 2024, a través de la cual se emplazó al alcalde y al presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela para que se refirieran y aportaran las pruebas correspondientes acerca de los hechos y las omisiones que se les atribuyen, y a que dicho proveído se notificó ese mismo día, no consta que los accionados hayan rendido los informes requeridos. Así las cosas, dado que las autoridades no se refirieron al acusado incumplimiento, este Tribunal tiene por ciertos los hechos que se acusan y, por ende, se constata la desobediencia acusada. Ergo, se acoge la gestión formulada. VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012. Por tanto: Se acoge la gestión formulada. En consecuencia, se reitera a Humberto Soto Herrera y Randall Barquero Piedra, por su orden alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen actualmente esos cargos, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la sentencia nro. 2022003192 de las 9:30 horas de 11 de febrero de 2022. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de ordenarse el testimonio de piezas para ante el Ministerio Público en su contra si no acataren tal disposición. Notifíquese esta resolución a Humberto Soto Herrera y Randall Barquero Piedra, por su orden alcalde y presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes actualmente ocupen esos cargos, en forma personal. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H. Ana María Picado B. Alejandro Delgado F. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- TZIYF7M47ZA461 EXPEDIENTE N° 21-023717-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 15:41:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Constitutional Chamber Resolution No. 07746 - 2024 Resolution Date: 20 March 2024 at 09:45 Case File: 21-023717-0007-CO Drafted by: Paul Rueda Leal Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Rulings from the same case file Ruling with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution Exp: 21-023717-0007-CO Res. No. 2024007746 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-five hours on March twenty, two thousand twenty-four. Post-decision motion filed by [Name 001], in relation to ruling no. 2022003192 of 9:30 hours on February 11, 2022. Whereas: 1.- By brief added to the electronic case file on March 4, 2024, the appellant files a post-decision motion in relation to ruling no. 2022003192 of 9:30 hours on February 11, 2022. He states: “To this date, the municipal corporation continues failing to execute what was ordered in the ruling indicated above, and the social and environmental damage has increased considerably and possibly irreparably, so in my opinion this ruling has failed to be executive or enforceable. I beg that judicial authority be asserted against the municipal administration so that what has been ordered is complied with.” 2.- By resolution of the instructing magistrate at 14:09 hours on March 6, 2024, a hearing was granted to Humberto Soto Herrera and Randall Barquero Piedra, in that order, mayor and president of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela, or to whoever currently holds those positions, so that they may address and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to them. 3.- By certification of March 14, 2024, Mariane Castro Villalobos and Orlando Loría Vargas, in that order secretary and judicial technician 3, both of this Chamber, made it known: “reviewed, at eleven fifty-four hours on March fourteen, two thousand twenty-four, in the Costa Rican judicial office management system the control of documents received and this case file, it did not appear that from 03/07/2024 to 03/12/2024, the MAYOR AND THE PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL, BOTH OF THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA had submitted any brief or document, in order to render the report requested in the resolution issued at fourteen hours nine minutes on March six, two thousand twenty-four, in case file number 21-023717-0007-CO”. 4.- In the proceedings followed, legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Rueda Leal; and, Considering: I.- PRELIMINARY ISSUE. Given that the mayor and the president of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela, failed to render the report within the deadline set by this Tribunal in the procedural resolution of the sub lite, in accordance with Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, we proceed to resolve the appeal based on the remaining briefs and evidence provided in the case record. II.- In ruling no. 2022003192 of 9:30 hours on February 11, 2022, it was ordered: “The appeal is granted. Sofía Marcela González Barquero and Leslye Rubén Bojorges León, in that order, mayoress and president of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate the corresponding actions, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their competences, so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this ruling, the necessary steps be taken and the corresponding procedures carried out for the purpose of resolving: 1) the situation of illegal commercial activities and constructions on the properties mentioned in this appeal, so that they are brought into compliance with the law; 2) the issue of stormwater and sewage management at the site, as well as other public health problems and environmental impact resulting from the aforementioned irregular activities and constructions. The appealed authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Alajuela is ordered to pay the costs, damages, and losses caused, which shall be liquidated in execution of judgment before the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado notes. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of this ruling and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Notify.” This ruling was notified to the parties by email on February 15, 2022. III.- In interlocutory ruling no. 2022019667 of 9:15 hours on August 26, 2022, it was resolved: “III.- REGARDING THE MOTION FOR NON-EXECUTION. In the sub lite, the amparo beneficiary files a motion of disobedience in relation to ruling no. 2022-003192 of 9:30 hours on February 11, 2022. He states that the authorities have not taken the pertinent actions to comply with what was ordered in the referred ruling, especially regarding the illegal constructions on the properties located over an aquifer. He adds that the sewage and stormwater from such illegal constructions flow onto the public road of the Cataluña residential area, which seriously harms the public health of the inhabitants. In this regard, it is pertinent to recall what was ordered in ruling no. 2022-003192 of 9:30 hours on February 11, 2022: “the necessary steps be taken and the corresponding procedures carried out for the purpose of resolving: 1) the situation of illegal commercial activities and constructions on the properties mentioned in this appeal, so that they are brought into compliance with the law; 2) the issue of stormwater and sewage management at the site, as well as other public health problems and environmental impact resulting from the aforementioned irregular activities and constructions.” Regarding the first order: “1) the situation of illegal commercial activities and constructions on the properties mentioned in this appeal, so that they are brought into compliance with the law”, from the study of the case record, it is inferred that the Municipality forwarded a request to the Fiscal and Urban Control Process of that corporation, so that the necessary control be exercised over estate no. 14824, where a series of illegal activities generating environmental pollution are carried out. Likewise, the Information Record of Completed Work Without a License was prepared, in which the works without a construction permit were described and their owners were identified. However, the appealed authority reports that personal notification of the process was not achieved, so notification was proceeded with by publication of an edict, which is currently in process. Thus, it is reported that: “once the 30 days have elapsed, a second record would be published by edict, as established in Article 94 of the Construction Law, so that after the deadlines have expired, the file can be transferred to the Legal Services Process for the initiation of an ordinary demolition process”. Now, regarding the irregular commercial activities, three were identified at the site. One corresponds to a workshop for the manufacture of metal articles, which was given eight business days to bring the activity into compliance with the law. However, the workshop continued to operate commercially without the municipal license, for which reason it was closed. The other activities identified were a carpentry workshop, which was closed at that time and therefore could not be notified, and a straightening and painting shop, which could be notified through form no. 013068. From this perspective, while it was accredited that the Municipality of Alajuela initiated the pertinent steps to bring the illegal commercial activities and constructions into compliance with the law, no elements emerge that provide certainty to this Chamber to certify the full compliance with what was ordered within the deadline granted by this Tribunal. Consequently, it is appropriate to accept the motion filed, with respect to this point. IV.- On the other hand, regarding the second ordered point: the necessary steps be taken and the corresponding procedures carried out for the purpose of resolving: (...) 2) the issue of stormwater and sewage management at the site, as well as other public health problems and environmental impact resulting from the aforementioned irregular activities and constructions.”, the municipal authorities determined that the most viable and beneficial option to address what was ordered by this Chamber corresponds to the construction of a work for the management of stormwater and sewage on route 5 “Beginning on Las Brisas Street, to Quebrada Seca through land to be expropriated”. However, from the report rendered by the authority, it follows that “The disadvantageous condition that this option possesses was that our institution requires acquiring land to establish a stormwater easement from the road to the Targua creek. However, this activity has carried out the necessary steps to conduct the land acquisition process, such as an appraisal, the cadastral mapping process of the property plan (to be segregated), and the preparation of technical specifications for the contracting of the works.” In merit of the foregoing, while it is accredited that, to date, the referred process is in the process of registering the cadastral plan of the land and that ₡400,000,000.00 from the extraordinary budget I-2022 have already been allocated to begin the contracting process through SICOP, it is no less true that the estimated deadline for the completion of the contracting process is not recorded, nor is an approximate date for the conclusion of the required work. Consequently, the appealed authority has not yet provided sufficient solution to the management of stormwater and sewage at the site, for which reason, regarding this point as well, disobedience to what was ordered in ruling no. 2022-003192 of 9:30 hours on February 11, 2022 is proven. Ergo, it is appropriate to accept this part of the motion filed. Now, given that the persons who currently hold the positions of mayor and president of the Municipal Council of Alajuela are not the same as those to whom the order was issued in the referred ruling, compliance with what is ordered therein is commanded to those who currently hold such positions. (...) Therefore: Humberto Soto Herrera and Randall Barquero Piedra, in that order, mayor and president of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela, or whoever holds those positions, are ordered to immediately comply with the provisions of ruling no. 2022-003192 of 9:30 hours on February 11, 2022. The respondents are warned that, according to Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. Notify”. This ruling was notified to the parties by email on August 29, 2022. IV.- In interlocutory ruling no. 2022023080 of 9:30 hours on October 4, 2022, it was resolved: “IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub examine, the authority files a motion for clarification and addition in relation to interlocutory ruling no. 2022-019667 of 9:15 hours on August 26, 2022. It asserts that upon the disobedience hearing, a report was rendered jointly with the president of the Municipal Council; indeed, in the brief it was specified “consider this report for all parties”. Likewise, evidence was responded to for better resolution and, again, this was done under the same conditions described. However, it claims that in the digital case file, a certification of non-rendering of a report was recorded regarding the president of the Municipal Council. It considers that such certification was an error on the part of the judicial technician. It requests that it be clarified why the preliminary issue of the referred ruling was recorded, given that the reports were signed by all parties. In this regard, Article 12 of the Law of Constitutional Jurisdiction and the precedents of this Chamber establish as a prerequisite for admissibility of motions for addition and clarification that they be filed within the third day following the notification of the decision. In the present case, this was not complied with, as ruling no. 2022-019667 was deemed notified on August 30, 2022, but the motion in question was not filed until the 12th of the following month. Therefore, this motion is dismissed. (…) Therefore: The motion filed is denied.” This ruling was notified to the parties by email on October 5, 2022. V.- REGARDING THE MOTION FILED. In the present case, the appellant files a motion of disobedience in relation to ruling no. 2022003192 of 9:30 hours on February 11, 2022. In this regard, it is necessary to remember that in the referred resolution it was ordered: “Sofía Marcela González Barquero and Leslye Rubén Bojorges León, in that order, mayoress and president of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela (...) within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this ruling, the necessary steps be taken and the corresponding procedures carried out for the purpose of resolving: 1) the situation of illegal commercial activities and constructions on the properties mentioned in this appeal, so that they are brought into compliance with the law; 2) the issue of stormwater and sewage management at the site, as well as other public health problems and environmental impact resulting from the aforementioned irregular activities and constructions.” Subsequently, upon hearing a disobedience motion filed by the claimant, in interlocutory resolution no. 2022019667 of 9:15 hours on August 26, 2022, this Chamber resolved: “(...) given that the persons who currently hold the positions of mayor and president of the Municipal Council of Alajuela are not the same as those to whom the order was issued in the referred ruling, compliance with what is ordered therein is commanded to those who currently hold such positions (...) Therefore: Humberto Soto Herrera and Randall Barquero Piedra, in that order, mayor and president of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela, or whoever holds those positions, are ordered to immediately comply with the provisions of ruling no. 2022-003192 of 9:30 hours on February 11, 2022 (...)”. Now, in the sub lite, despite this Chamber issuing the resolution at 14:09 hours on March 6, 2024, through which the mayor and the president of the Municipal Council of the Municipality of Alajuela were summoned to address and provide the corresponding evidence about the facts and omissions attributed to them, and that said order was notified that same day, it is not recorded that the respondents have rendered the required reports. Thus, given that the authorities did not address the alleged non-compliance, this Tribunal takes the accused facts as true and, therefore, verifies the alleged disobedience. Ergo, the motion filed is accepted. VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, has been provided, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Plenary Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in the Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012. Therefore: The motion filed is accepted. Consequently, Humberto Soto Herrera and Randall Barquero Piedra, in that order mayor and president of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela, or whoever currently holds those positions, are reiterated the immediate compliance with the provisions of ruling no. 2022003192 of 9:30 hours on February 11, 2022. The foregoing is issued with the warning that testimony of the records will be ordered to be forwarded to the Public Ministry against them if they fail to comply with this order. Let this resolution be notified to Humberto Soto Herrera and Randall Barquero Piedra, in that order mayor and president of the Municipal Council, both of the Municipality of Alajuela, or to whoever currently holds those positions, personally. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H. Ana María Picado B. Alejandro Delgado F. Digitally Signed Document -- Verification code -- TZIYF7M47ZA461 CASE FILE No. 21-023717-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Retrieved from Nexus.PJ on: 08-05-2026 15:41:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República