Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Si bien, se observa que, más de dos meses después de planteadas las denuncias y durante la tramitación de este proceso, las autoridades recurridas clausuraron el sitio aludido en el sub examine, no se observa que hayan analizado, cada una dentro del ámbito de sus competencias, los problemas aludidos sobre el manejo de los residuos existentes, la posible afectación ambiental, la supuesta contaminación del río y los referidos inconvenientes de salud pública. Nótese que tanto el órgano ministerial como el ayuntamiento se limitaron a exponer sus actuaciones relacionadas con la clausura del local; empero, no resolvieron en sede administrativa lo correspondiente al resto de aspectos mencionados en las gestiones. Incluso, ni siquiera demostraron haber notificado a las personas accionantes la resolución de las denuncias en cuanto a los problemas mencionados ut supra.
En consecuencia, como lo denunciado podría tener implicaciones ambientales y de salud pública, la intervención de la Sala se vuelve necesaria a fin de que, dentro de un plazo razonable, se valoren tales aspectos y se les notifique a las partes gestionantes lo correspondiente. De ahí que se acredita la transgresión al numeral 41 de la Constitución Política, por cuanto las gestiones no han sido atendidas dentro de un plazo célere, las cuales, debido a su contenido, tienen relevancia a los efectos del artículo 50 eiusdem.
English (translation)Although more than two months after the complaints were filed and during the processing of this case, the respondent authorities closed the site mentioned, it is not observed that they analyzed, each within the scope of their powers, the issues regarding the management of existing waste, the possible environmental impact, the alleged river contamination, and the aforementioned public health problems. Note that both the ministerial body and the municipality limited themselves to describing their actions regarding the closure of the premises; however, they did not administratively resolve the other aspects raised in the filings. Moreover, they did not even prove they notified the complainants of the decision on those issues. Consequently, since the matter could have environmental and public health implications, the Chamber's intervention becomes necessary so that, within a reasonable time, these aspects are evaluated and the interested parties are notified. Thus, a violation of Article 41 of the Constitution is established, as the filings were not handled promptly, and given their content, they are relevant under Article 50 of the same.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 37925 - 2024 Fecha de la Resolución: 20 de Diciembre del 2024 a las 09:30 Expediente: 24-033200-0007-CO Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: BASURA. CONTAMINACION. Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: QUEJA. Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: ORDEN SANITARIA.. 037925-24. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. VECINOS ACUSAN LA CONTAMINACIÓN QUE GENERA UN BOTADERO DE BASURA, EN ZONA RESIDENCIAL, PRÓXIMA AL RÍO TIRIBI. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA Y AL MINISTERIO DE SALUD, QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE UN MES, SE ANALICEN ÍNTEGRAMENTE LAS SITUACIONES DENUNCIADAS, EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RESIDUOS EXISTENTES, LA POSIBLE AFECTACIÓN AMBIENTAL, LA ALUDIDA CONTAMINACIÓN DEL RÍO Y LOS REFERIDOS PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA Y, DE RESULTAR PROCEDENTES, SE EMITAN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. VCG01/2025 “(…) V.-Sobre el caso concreto. En el sub lite, las personas accionantes plantean recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuelita y el Ministerio de Salud. Indican que el 13 de setiembre de 2024 denunciaron ante la municipalidad recurrida la operación de un “botadero y chatarrería de basura” que funciona sin las debidas autorizaciones legales y en clara violación de la normativa ambiental. Señalan que debido a lo anterior se está contaminando la zona residencial próxima al río Tiribi, lo cual agrava considerablemente los impactos ambientales y de salud pública que se derivan de su funcionamiento. Añaden que la acumulación de desechos puede desembocar en el río y contaminarlo. Refieren que también resulta perjudicial a la salud pública al propiciar la expansión de plagas y generar malos olores, lo cual fue mencionado en la denuncia ante el gobierno local. Agregan que solicitaron la inspección del lugar para que se comprobara lo reclamado, así como su clausura y que se recogieran los residuos (con su respectivo envío a un sitio en el que se les diera el tratamiento adecuado). Reclaman que han acudido a la municipalidad accionada para buscar el expediente correspondiente, pero no aparece. Acusan que el 13 de setiembre de 2024 plantearon una denuncia por tales hechos ante la Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita del Ministerio de Salud, pero no ha resuelto ni tampoco ha actuado. Piden que se declare la omisión de las autoridades recurridas de solucionar el problema de contaminación, así como la transgresión al deber de coordinación interinstitucional. Consideran que es urgente la recolección de residuos para que se les brinde un tratamiento adecuado. Estiman que se les deben contestar las denuncias para que se les aclare por qué no han actuado. Manifiestan que lo requerido es el cierre inmediato del “botadero y chatarrera”. Del estudio de los autos, con respecto al Ministerio de Salud, se tiene por demostrado, que, el 13 de setiembre de 2024, la Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita recibió una denuncia a nombre de [Nombre 003], en la que describió: “Se adjunta escrito con la explicación de la denuncia. Chatarrera y botadero con funcionamiento ilegal y perjudicial para la comunidad a su alrededor. Afecta la salud pública con la expansión de plagas, malos olores, además afecta la salud de las personas que habitan en los alrededores”; además, en el documento adjunto formuló la siguiente petitoria: “1.- Que se haga una inspección para comprobar nuestro decir y se nos señale que (sic) acciones se harán para resolver la problemática denunciada. 2.- Se solicita al Ministerio de Salud que envíe orden sanitaria a la Municipalidad de Alajuelita y al propietario del inmueble para que recoja los residuos que se encuentran en el botadero y chatarrero para llevarlos a un sitio donde les den un tratamiento adecuado”. A esta denuncia se le asignó el consecutivo 110-24 y en ella señaló el correo para notificaciones [email protected]. El 28 de noviembre de 2024, un funcionario del Ministerio de Salud llamó en tres ocasiones a la denunciante “para identificar la problemática”, pero no obtuvo respuesta. El 28 de noviembre de 2024 se consignó en el acta de inspección A-059-2024 que se procuró contactar a la denunciante, pero no contestó; asimismo, que no se encontró el lugar denunciado. El 29 de noviembre de 2024 se consignó en el acta de inspección A-065-2024 con respecto a la dirección: “200 m este del pequeño (sic) mundo (sic) de Alajuelita”: “Hay un taller en la zona, no tiene PSF, se realizan actividades de trituración de residuos plásticos, similar a un gestor autorizado de residuos sólidos, sin embargo no cuentan con permiso sanitario de funcionamiento, lo cual incumple del Decreto Ejecutivo N ° 43432. El sr que opera el taller es Alexander Betancourt Cason, indica que él alquila un sector de la propiedad denunciada, y los residuos al lado del río Tiribí son asunto del dueño de la propiedad. Menciona que el dueño está fuera del país. Se observan residuos sólidos en la colindancia de la propiedad denunciada con el Río Tiribí. Durante el tiempo de la inspección no se observan vehículos o camiones moviendo o depositando residuos. Tampoco se perciben malos olores. Debido a la complejidad del caso se coordina con la Municipalidad de Alajuelita para clausurar el lugar. Se acuerda realizar las gestiones el día 03 de diciembre del año 2024”. El 3 de diciembre de 2024 se consignó en el acta de inspección A-067-2024, que, con ocasión de la denuncia 110-29 se clausuró la “chatarrera sin permiso”. El 3 de diciembre de 2024 se emitió el acta de clausura MS-DRRSCS-ARSAL-1169-2024, en la que se consignó: “El suscrito, Bach. Mauricio Díaz Chavarría, Gestor Ambiental, funcionario del Ministerio de Salud, del Área Rectora de Salud de Alajuelita, ha procedido a efectuar la clausura del establecimiento: Chatarrera Sin Permiso Sanitario de Funcionamiento situado en Urba Alajuelita catastro N ° 2018-70247-C (…), acción que se toma con base en el ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR N ° A-067-2024 de fecha 03/12/2024 (…)”. Además, en cuanto a la Municipalidad de Alajuelita, se comprobó que el 13 de setiembre de 2024 recibió una denuncia planteada por las personas aquí accionantes, en la que expusieron que la operación de un “botadero y chatarrería de basura” ubicado “500 mts sudeste del Pequeño Mundo de Alajuelita (…), distrito Horizontes, a mano izquierda colindante con el río Tiribí” que funciona sin autorizaciones ni permisos, afecta a las personas y contamina el ambiente al no cumplir estándares técnicos; además, formularon las siguientes pretensiones: “1.- Que se haga una inspección para comprobar nuestro decir y se nos señale qué acciones se harán para resolver la problemática denunciada. 2.- Se solicita a la alcaldía que recojan los residuos y que los envíen a un sitio que les den el tratamiento adecuado. Si es al MinSa se pide que envíen orden sanitaria a la Muni (sic) y al propietario para que recoja los residuos para llevarlos a un sitio. (…) 3.- Pedimos que de ser procedente se clausure el lugar. Y se recomiendo (sic) a la Municipalidad se desarrolle algún proyecto para el disfrute de los vecinos del cantón, o bien, que se restauré (sic) el pasaje con el fin de mantener el cuidado del Río colindante”. En esta denuncia se señalaron los medios para recibir notificaciones [email protected] o [email protected]. El Subproceso de Inspección del gobierno local, en el acta de clausura de locales comerciales 170-2024 de 3 de diciembre de 2024 con respecto a la actividad comercial de “Recicladera” y en relación con la “Finca: 223097”, consignó: “Se conversa vía telefónica con (…) dueños de la actividad y se les indica que el lugar quedará clausurado por no tener la licencia correspondiente como lo indica el codigo (sic) Municipal Art. 88, en acompañamiento del Ministerio de Salud. No se levantarán sellos hasta contar con los permisos necesarios”. Por otra parte, no se constató que la Municipalidad de Alajuelita les haya notificado a las personas recurrentes alguna resolución de la denuncia planteada el 13 de setiembre de 2024. Tampoco que el Ministerio de Salud le haya notificado a [Nombre 003] alguna resolución de la denuncia formulada el 13 de setiembre de 2024. Desde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, procede declarar parcialmente con lugar el recurso. Si bien, se observa que, más de dos meses después de planteadas las denuncias y durante la tramitación de este proceso, las autoridades recurridas clausuraron el sitio aludido en el sub examine, no se observa que hayan analizado, cada una dentro del ámbito de sus competencias, los problemas aludidos sobre el manejo de los residuos existentes, la posible afectación ambiental, la supuesta contaminación del río y los referidos inconvenientes de salud pública. Nótese que tanto el órgano ministerial como el ayuntamiento se limitaron a exponer sus actuaciones relacionadas con la clausura del local; empero, no resolvieron en sede administrativa lo correspondiente al resto de aspectos mencionados en las gestiones. Incluso, ni siquiera demostraron haber notificado a las personas accionantes la resolución de las denuncias en cuanto a los problemas mencionados ut supra. En consecuencia, como lo denunciado podría tener implicaciones ambientales y de salud pública, la intervención de la Sala se vuelve necesaria a fin de que, dentro de un plazo razonable, se valoren tales aspectos y se les notifique a las partes gestionantes lo correspondiente. De ahí que se acredita la transgresión al numeral 41 de la Constitución Política, por cuanto las gestiones no han sido atendidas dentro de un plazo célere, las cuales, debido a su contenido, tienen relevancia a los efectos del artículo 50 eiusdem. Por otra parte, aun cuando las personas accionantes acusan que no aparece el expediente en la municipalidad, no menos cierto es que no mencionaron las fechas en que presuntamente lo solicitaron, ni tampoco aportaron alguna gestión al respecto. Ergo, prima facie se descarta alguna transgresión en ese sentido, susceptible de ser declarada en este recurso de amparo. Asimismo, si consideran que los problemas que denunciaron deben ser resueltos de una forma determinada, o bien, que se les deben aclarar los motivos por los cuales las autoridades no han actuado, pueden plantear los alegatos y gestiones que estimen pertinentes en sede administrativa. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. VI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. Considero que asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado -entre otros aspectos- ante la municipalidad recurrida la operación de un “botadero y chatarrería de basura” que funciona sin las debidas autorizaciones legales y en clara violación de la normativa ambiental, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a la amparada y demás vecinos. VCG01/2025 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 24-033200-0007-CO Res. Nº 2024037925 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil veinticuatro . Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 24- 033200-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004], [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 005], contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA y el MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente el 25 de noviembre de 2024, las personas accionantes plantean recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuelita y el Ministerio de Salud. Indican que el 13 de setiembre de 2024 denunciaron ante la municipalidad recurrida la operación de un “botadero y chatarrería de basura” que funciona sin las debidas autorizaciones legales y en clara violación de la normativa ambiental. Señalan que debido a lo anterior se está contaminando la zona residencial próxima al río Tiribi, lo cual agrava considerablemente los impactos ambientales y de salud pública que se derivan de su funcionamiento. Añaden que la acumulación de desechos puede desembocar en el río y contaminarlo. Refieren que también resulta perjudicial a la salud pública al propiciar la expansión de plagas y generar malos olores, lo cual fue mencionado en la denuncia ante el gobierno local. Agregan que solicitaron la inspección del lugar para que se comprobara lo reclamado, así como la clausura del lugar y que se recogieran los residuos (con su respectivo envío a un sitio en el que se les diera el tratamiento adecuado). Reclaman que han acudido a la municipalidad accionada para buscar el expediente correspondiente, pero no aparece. Acusan que el 13 de setiembre de 2024 plantearon una denuncia por tales hechos ante la Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita del Ministerio de Salud, pero no ha resuelto ni tampoco ha actuado. Piden que se declare la omisión de las autoridades recurridas de solucionar el problema de contaminación, así como la transgresión al deber de coordinación interinstitucional. Consideran que es urgente la recolección de residuos para que se les brinde un tratamiento adecuado. Refieren que se les deben contestar las denuncias para que se les aclare por qué no han actuado. Manifiestan que lo requerido es el cierre inmediato del “botadero y chatarrera”. 2.- Mediante resolución de las 9:47 horas de 27 de noviembre de 2024, la Presidencia de la Sala dio curso al proceso. En adición, solicitó informe al alcalde de Alajuelita y al director del Área Rectora de Salud de Alajuelita del Ministerio de Salud, sobre los siguientes hechos: “que el 13 de setiembre de 2024 denunciaron ante la Municipalidad recurrida en relación con la operación de un botadero y chatarrería de basura, el cual funciona sin las debidas autorizaciones legales correspondientes y en clara violación de la normativa ambiental. Que con ello se está contaminando una zona residencial, próxima además al Río Tiribi, lo cual agrava considerablemente los impactos ambientales y de salud pública que derivan de su funcionamiento. Que en la denuncia planteada se solicitó la realización de una inspección y se solicitó a la misma municipalidad que recogieran los residuos y los enviaran a un sitio donde les diera el tratamiento adecuado, así como que se realizara la clausura del lugar. Reclama que han acudido a la municipalidad accionada para buscar el expediente correspondiente, pero éste no aparece. Acusa que igualmente el 13 de setiembre de 2024 plantearon una denuncia ante la Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita del Ministerio de Salud, por la lesión a su derecho a la salud, derechos al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero esa autoridad tampoco ha resuelto la denuncia y a la fecha desconocen si se ha dado algún resultado”. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 4 de diciembre de 2024, rinde informe bajo juramento Roberto Madrigal Abarca, director del Área Rectora de Salud de Alajuelita del Ministerio de Salud, en los siguientes términos: “II. ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL CASO CONCRETO: 1. El 13 de setiembre del 2024, la Sra. [Nombre 003] interpone una denuncia en el Área Rectora de Salud de Alajuelita por el siguiente motivo “chatarrera y botadero con funcionamiento ilegal y perjudicial para la comunidad a su alrededor afecta la salud pública con la expansión de plagas, malos olores, además afecta la salud de las personas que habitan en los alrededores”, la misma desconoce información de la persona o establecimiento denunciado, además adjunta informe sobre la denuncia ante la alcandía (folio 00005-00011). 2. El día 28 de noviembre del 2024, el Sr. Mauricio Díaz Chavarría, Gestor ambiental del Ministerio de Salud atiende la denuncia. Se busca el sitio denunciado, sin embargo, no se logra ubicar. Así consignado en el acta de inspección A-059- 2024. Ese mismo día se llama a la denunciante en tres ocasiones para identificar la ubicación, sin embargo, no responde las llamadas. 3. El día 29 de noviembre del 2024, el Sr. Mauricio Diaz Chavarría valora nuevamente la denuncia y se logra ubicar el sitio denunciado. En el sitio se observan residuos sólidos en la colindancia entre la propiedad denunciada y el Río Tiribi. Durante el tiempo de la inspección no se observan vehículos o camiones depositando o moviendo residuos, tampoco se perciben malos olores. Durante la inspección atiende el Sr. Alexander Betancourt Cascon, nacionalidad colombiana, número de identificación 98471914. El Sr Alexander indica que él alquila un sector de la propiedad denunciada y que los residuos al lado del Río Tiribi son asuntos del dueño de la propiedad. Además, menciona que el dueño está fuera del país. El Sr. Alexander realiza actividades aparentemente de gestión de residuos sólidos, tiene baldes plásticos almacenados y los tritura con una máquina, no cuenta con permiso sanitario de funcionamiento respectivo para realizar la actividad. Debido a la complejidad del caso y problemática existente, se coordina con la Municipalidad de Alajuelita para lograr clausurar el lugar el día de hoy 03 de diciembre del 2024. Así consignado en el acta de inspección A-065-2024. 4. El 03 de diciembre de 2024, el Sr. Mauricio Díaz Chavarría, acompañado por la Sra. Yendry Muñoz Vásquez, gestora ambiental del Ministerio de Salud, el Sr. Pedro Moya Díaz, inspector de la Municipalidad de Alajuelita, el Sr. Dereck Fallas Amador, funcionario municipal, y el Sr. Jonathan Arrieta Ulloa, vicealcalde de Alajuelita, se presentaron en la propiedad denunciada. Se llevó a cabo la clausura de la actividad relacionada con la gestión de residuos, específicamente en el establecimiento que realizaba actividades de trituración de plástico. La Municipalidad y el Ministerio de Salud colocaron señalización de CLAUSURADO, como se detalla en el acta de inspección A067-2024. Durante la inspección, se identificaron dos talleres adicionales en la propiedad, además del que gestiona plástico. Ambos talleres operaban sin el permiso sanitario de funcionamiento correspondiente, lo que llevó a su clausura. Se evidencia un taller de Pintura de Vehículos, tanto la Municipalidad y el Ministerio de Salud también colocaron señalización de CLAUSURADO en este establecimiento, registrado en el acta de inspección A-068-2024. Además, una mueblería, que igualmente, se procedió a clausurar, con señalización de CLAUSURADO adherida, como se consigna en el acta de inspección A-069-2024. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Como pueden observar, señores Magistrados, la inspección reveló una situación problemática ambiental de riesgo en esa comunidad por lo que es importante señalar que estas problemáticas son de abordaje interinstitucional. Esta autoridad sanitaria no ha sido omisa en la atención de la problemática denunciada por la parte amparada. Asimismo, no ha incurrido en incumplimiento a la autoridad, dado que los elementos probatorios en el expediente administrativo que demuestran el abordaje de la denuncia. PETITORIA: Con base en los aspectos de hecho y derecho, antes expuestos solicito al Tribunal Constitucional, SE DECLARE SIN LUGAR LA PRESENTE, y se EXIMA DE TODA RESPONSABILIDAD A ESTA AUTORIDAD DE SALUD, por cuanto se han realizado todas las acciones que nos competen e incluso se trabajó con otras instituciones del cantón para resolver la problemática”. 4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 6 de diciembre de 2024, rinde informe bajo juramento María del Rosario Siles Fernández, alcaldesa de Alajuelita, en los siguientes términos: “SEGUNDO: el día 03 de diciembre, el subproceso de Inspecciones, realizó una visita en la finca 223097, perteneciente a la sociedad Constructora C Y L Hermanos S.A, cedula 3-101-426738, esta visita se efectúa en compañía del área de Salud de Alajuelita. El fin de dicha visita era la clausura de las diferentes actividades irregulares que se realizan en el inmueble, ya que no cuentan con las licencias correspondientes, se adjuntan las actas 170, 171 y 172 de clausura”. 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y, Considerando: I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante gestiones relacionadas con denuncias ambientales y de salud pública que presuntamente no han sido resueltas dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo. II.- Objeto del recurso. Las personas accionantes plantean recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuelita y el Ministerio de Salud. Indican que el 13 de setiembre de 2024 denunciaron ante la municipalidad recurrida la operación de un “botadero y chatarrería de basura” que funciona sin las debidas autorizaciones legales y en clara violación de la normativa ambiental. Señalan que debido a lo anterior se está contaminando la zona residencial próxima al río Tiribi, lo cual agrava considerablemente los impactos ambientales y de salud pública que se derivan de su funcionamiento. Añaden que la acumulación de desechos puede desembocar en el río y contaminarlo. Refieren que también resulta perjudicial a la salud pública al propiciar la expansión de plagas y generar malos olores, lo cual fue mencionado en la denuncia ante el gobierno local. Agregan que solicitaron la inspección del lugar para que se comprobara lo reclamado, así como su clausura y que se recogieran los residuos (con su respectivo envío a un sitio en el que se les diera el tratamiento adecuado). Reclaman que han acudido a la municipalidad accionada para buscar el expediente correspondiente, pero no aparece. Acusan que el 13 de setiembre de 2024 plantearon una denuncia por tales hechos ante la Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita del Ministerio de Salud, pero no ha resuelto ni tampoco ha actuado. Piden que se declare la omisión de las autoridades recurridas de solucionar el problema de contaminación, así como la transgresión al deber de coordinación interinstitucional. Consideran que es urgente la recolección de residuos para que se les brinde un tratamiento adecuado. Estiman que se les deben contestar las denuncias para que se les aclare por qué no han actuado. Manifiestan que lo requerido es el cierre inmediato del “botadero y chatarrera”. III.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como demostrados los siguientes hechos: a) Con respecto al Ministerio de Salud: El 13 de setiembre de 2024, la Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita recibió una denuncia a nombre de [Nombre 003], en la que describió: “Se adjunta escrito con la explicación de la denuncia. Chatarrera y botadero con funcionamiento ilegal y perjudicial para la comunidad a su alrededor. Afecta la salud pública con la expansión de plagas, malos olores, además afecta la salud de las personas que habitan en los alrededores”; además, en el documento adjunto formuló la siguiente petitoria: “1.- Que se haga una inspección para comprobar nuestro decir y se nos señale que (sic) acciones se harán para resolver la problemática denunciada. 2.- Se solicita al Ministerio de Salud que envíe orden sanitaria a la Municipalidad de Alajuelita y al propietario del inmueble para que recoja los residuos que se encuentran en el botadero y chatarrero para llevarlos a un sitio donde les den un tratamiento adecuado”. A esta denuncia se le asignó el consecutivo 110-24 y en ella señaló el correo para notificaciones [email protected]. (Prueba aportada por el Ministerio de Salud). El 28 de noviembre de 2024, un funcionario del Ministerio de Salud llamó en tres ocasiones a la denunciante “para identificar la problemática”, pero no obtuvo respuesta. (Prueba aportada por el Ministerio de Salud). El 28 de noviembre de 2024 se consignó en el acta de inspección A-059-2024 que se procuró contactar a la denunciante, pero no contestó; asimismo, que no se encontró el lugar denunciado. (Prueba aportada por el Ministerio de Salud). El 29 de noviembre de 2024 se consignó en el acta de inspección A-065-2024 con respecto a la dirección: “200 m este del pequeño (sic) mundo (sic) de Alajuelita”: “Hay un taller en la zona, no tiene PSF, se realizan actividades de trituración de residuos plásticos, similar a un gestor autorizado de residuos sólidos, sin embargo no cuentan con permiso sanitario de funcionamiento, lo cual incumple del Decreto Ejecutivo N ̊ 43432. El sr que opera el taller es Alexander Betancourt Cason, indica que él alquila un sector de la propiedad denunciada, y los residuos al lado del río Tiribí son asunto del dueño de la propiedad. Menciona que el dueño está fuera del país. Se observan residuos sólidos en la colindancia de la propiedad denunciada con el Río Tiribí. Durante el tiempo de la inspección no se observan vehículos o camiones moviendo o depositando residuos. Tampoco se perciben malos olores. Debido a la complejidad del caso se coordina con la Municipalidad de Alajuelita para clausurar el lugar. Se acuerda realizar las gestiones el día 03 de diciembre del año 2024”. (Prueba aportada por el Ministerio de Salud). El 3 de diciembre de 2024 se consignó en el acta de inspección A-067-2024, que, con ocasión de la denuncia 110-29 se clausuró la “chatarrera sin permiso”. (Prueba aportada por el Ministerio de Salud). El 3 de diciembre de 2024 se emitió el acta de clausura MS-DRRSCS-ARSAL-1169-2024, en la que se consignó: “El suscrito, Bach. Mauricio Díaz Chavarría, Gestor Ambiental, funcionario del Ministerio de Salud, del Área Rectora de Salud de Alajuelita, ha procedido a efectuar la clausura del establecimiento: Chatarrera Sin Permiso Sanitario de Funcionamiento situado en Urba Alajuelita catastro N ̊ 2018-70247-C (…), acción que se toma con base en el ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR N ̊ A-067-2024 de fecha 03/12/2024 (…)”. (Prueba aportada por el Ministerio de Salud). b) Con respecto a la Municipalidad de Alajuelita: El 13 de setiembre de 2024 recibió una denuncia planteada por las personas aquí accionantes, en la que expusieron que la operación de un “botadero y chatarrería de basura” ubicado “500 mts sudeste del Pequeño Mundo de Alajuelita (…), distrito Horizontes, a mano izquierda colindante con el río Tiribí” que funciona sin autorizaciones ni permisos, afecta a las personas y contamina el ambiente al no cumplir estándares técnicos; además, formularon las siguientes pretensiones: “1.- Que se haga una inspección para comprobar nuestro decir y se nos señale qué acciones se harán para resolver la problemática denunciada. 2.- Se solicita a la alcaldía que recojan los residuos y que los envíen a un sitio que les den el tratamiento adecuado. Si es al MinSa se pide que envíen orden sanitaria a la Muni (sic) y al propietario para que recoja los residuos para llevarlos a un sitio. (…) 3.- Pedimos que de ser procedente se clausure el lugar. Y se recomiendo (sic) a la Municipalidad se desarrolle algún proyecto para el disfrute de los vecinos del cantón, o bien, que se restauré (sic) el pasaje con el fin de mantener el cuidado del Río colindante”. En esta denuncia se señalaron los medios para recibir notificaciones [email protected] o [email protected]. (Prueba aportada por la Municipalidad de Alajuelita). El Subproceso de Inspección del gobierno local, en el acta de clausura de locales comerciales 170-2024 de 3 de diciembre de 2024 con respecto a la actividad comercial de “Recicladera” y en relación con la “Finca: 223097”, consignó: “Se conversa vía telefónica con (…) dueños de la actividad y se les indica que el lugar quedará clausurado por no tener la licencia correspondiente como lo indica el codigo (sic) Municipal Art. 88, en acompañamiento del Ministerio de Salud. No se levantarán sellos hasta contar con los permisos necesarios”. (Prueba aportada por la Municipalidad de Alajuelita). IV.- Hechos no probados. De importancia para la resolución de este asunto se estiman como no demostrados lo siguientes hechos: Que la Municipalidad de Alajuelita les haya notificado a las personas recurrentes alguna resolución de la denuncia planteada el 13 de setiembre de 2024. Que el Ministerio de Salud le haya notificado a [Nombre 003] alguna resolución de la denuncia formulada el 13 de setiembre de 2024. V.-Sobre el caso concreto. En el sub lite, las personas accionantes plantean recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuelita y el Ministerio de Salud. Indican que el 13 de setiembre de 2024 denunciaron ante la municipalidad recurrida la operación de un “botadero y chatarrería de basura” que funciona sin las debidas autorizaciones legales y en clara violación de la normativa ambiental. Señalan que debido a lo anterior se está contaminando la zona residencial próxima al río Tiribi, lo cual agrava considerablemente los impactos ambientales y de salud pública que se derivan de su funcionamiento. Añaden que la acumulación de desechos puede desembocar en el río y contaminarlo. Refieren que también resulta perjudicial a la salud pública al propiciar la expansión de plagas y generar malos olores, lo cual fue mencionado en la denuncia ante el gobierno local. Agregan que solicitaron la inspección del lugar para que se comprobara lo reclamado, así como su clausura y que se recogieran los residuos (con su respectivo envío a un sitio en el que se les diera el tratamiento adecuado). Reclaman que han acudido a la municipalidad accionada para buscar el expediente correspondiente, pero no aparece. Acusan que el 13 de setiembre de 2024 plantearon una denuncia por tales hechos ante la Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita del Ministerio de Salud, pero no ha resuelto ni tampoco ha actuado. Piden que se declare la omisión de las autoridades recurridas de solucionar el problema de contaminación, así como la transgresión al deber de coordinación interinstitucional. Consideran que es urgente la recolección de residuos para que se les brinde un tratamiento adecuado. Estiman que se les deben contestar las denuncias para que se les aclare por qué no han actuado. Manifiestan que lo requerido es el cierre inmediato del “botadero y chatarrera”. Del estudio de los autos, con respecto al Ministerio de Salud, se tiene por demostrado, que, el 13 de setiembre de 2024, la Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita recibió una denuncia a nombre de [Nombre 003], en la que describió: “Se adjunta escrito con la explicación de la denuncia. Chatarrera y botadero con funcionamiento ilegal y perjudicial para la comunidad a su alrededor. Afecta la salud pública con la expansión de plagas, malos olores, además afecta la salud de las personas que habitan en los alrededores”; además, en el documento adjunto formuló la siguiente petitoria: “1.- Que se haga una inspección para comprobar nuestro decir y se nos señale que (sic) acciones se harán para resolver la problemática denunciada. 2.- Se solicita al Ministerio de Salud que envíe orden sanitaria a la Municipalidad de Alajuelita y al propietario del inmueble para que recoja los residuos que se encuentran en el botadero y chatarrero para llevarlos a un sitio donde les den un tratamiento adecuado”. A esta denuncia se le asignó el consecutivo 110-24 y en ella señaló el correo para notificaciones [email protected]. El 28 de noviembre de 2024, un funcionario del Ministerio de Salud llamó en tres ocasiones a la denunciante “para identificar la problemática”, pero no obtuvo respuesta. El 28 de noviembre de 2024 se consignó en el acta de inspección A-059-2024 que se procuró contactar a la denunciante, pero no contestó; asimismo, que no se encontró el lugar denunciado. El 29 de noviembre de 2024 se consignó en el acta de inspección A-065-2024 con respecto a la dirección: “200 m este del pequeño (sic) mundo (sic) de Alajuelita”: “Hay un taller en la zona, no tiene PSF, se realizan actividades de trituración de residuos plásticos, similar a un gestor autorizado de residuos sólidos, sin embargo no cuentan con permiso sanitario de funcionamiento, lo cual incumple del Decreto Ejecutivo N ̊ 43432. El sr que opera el taller es Alexander Betancourt Cason, indica que él alquila un sector de la propiedad denunciada, y los residuos al lado del río Tiribí son asunto del dueño de la propiedad. Menciona que el dueño está fuera del país. Se observan residuos sólidos en la colindancia de la propiedad denunciada con el Río Tiribí. Durante el tiempo de la inspección no se observan vehículos o camiones moviendo o depositando residuos. Tampoco se perciben malos olores. Debido a la complejidad del caso se coordina con la Municipalidad de Alajuelita para clausurar el lugar. Se acuerda realizar las gestiones el día 03 de diciembre del año 2024”. El 3 de diciembre de 2024 se consignó en el acta de inspección A-067-2024, que, con ocasión de la denuncia 110-29 se clausuró la “chatarrera sin permiso”. El 3 de diciembre de 2024 se emitió el acta de clausura MS-DRRSCS-ARSAL-1169-2024, en la que se consignó: “El suscrito, Bach. Mauricio Díaz Chavarría, Gestor Ambiental, funcionario del Ministerio de Salud, del Área Rectora de Salud de Alajuelita, ha procedido a efectuar la clausura del establecimiento: Chatarrera Sin Permiso Sanitario de Funcionamiento situado en Urba Alajuelita catastro N ̊ 2018-70247-C (…), acción que se toma con base en el ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR N ̊ A-067-2024 de fecha 03/12/2024 (…)”. Además, en cuanto a la Municipalidad de Alajuelita, se comprobó que el 13 de setiembre de 2024 recibió una denuncia planteada por las personas aquí accionantes, en la que expusieron que la operación de un “botadero y chatarrería de basura” ubicado “500 mts sudeste del Pequeño Mundo de Alajuelita (…), distrito Horizontes, a mano izquierda colindante con el río Tiribí” que funciona sin autorizaciones ni permisos, afecta a las personas y contamina el ambiente al no cumplir estándares técnicos; además, formularon las siguientes pretensiones: “1.- Que se haga una inspección para comprobar nuestro decir y se nos señale qué acciones se harán para resolver la problemática denunciada. 2.- Se solicita a la alcaldía que recojan los residuos y que los envíen a un sitio que les den el tratamiento adecuado. Si es al MinSa se pide que envíen orden sanitaria a la Muni (sic) y al propietario para que recoja los residuos para llevarlos a un sitio. (…) 3.- Pedimos que de ser procedente se clausure el lugar. Y se recomiendo (sic) a la Municipalidad se desarrolle algún proyecto para el disfrute de los vecinos del cantón, o bien, que se restauré (sic) el pasaje con el fin de mantener el cuidado del Río colindante”. En esta denuncia se señalaron los medios para recibir notificaciones [email protected] o [email protected]. El Subproceso de Inspección del gobierno local, en el acta de clausura de locales comerciales 170-2024 de 3 de diciembre de 2024 con respecto a la actividad comercial de “Recicladera” y en relación con la “Finca: 223097”, consignó: “Se conversa vía telefónica con (…) dueños de la actividad y se les indica que el lugar quedará clausurado por no tener la licencia correspondiente como lo indica el codigo (sic) Municipal Art. 88, en acompañamiento del Ministerio de Salud. No se levantarán sellos hasta contar con los permisos necesarios”. Por otra parte, no se constató que la Municipalidad de Alajuelita les haya notificado a las personas recurrentes alguna resolución de la denuncia planteada el 13 de setiembre de 2024. Tampoco que el Ministerio de Salud le haya notificado a [Nombre 003] alguna resolución de la denuncia formulada el 13 de setiembre de 2024. Desde este panorama, en los términos planteados en el escrito de interposición, procede declarar parcialmente con lugar el recurso. Si bien, se observa que, más de dos meses después de planteadas las denuncias y durante la tramitación de este proceso, las autoridades recurridas clausuraron el sitio aludido en el sub examine, no se observa que hayan analizado, cada una dentro del ámbito de sus competencias, los problemas aludidos sobre el manejo de los residuos existentes, la posible afectación ambiental, la supuesta contaminación del río y los referidos inconvenientes de salud pública. Nótese que tanto el órgano ministerial como el ayuntamiento se limitaron a exponer sus actuaciones relacionadas con la clausura del local; empero, no resolvieron en sede administrativa lo correspondiente al resto de aspectos mencionados en las gestiones. Incluso, ni siquiera demostraron haber notificado a las personas accionantes la resolución de las denuncias en cuanto a los problemas mencionados ut supra. En consecuencia, como lo denunciado podría tener implicaciones ambientales y de salud pública, la intervención de la Sala se vuelve necesaria a fin de que, dentro de un plazo razonable, se valoren tales aspectos y se les notifique a las partes gestionantes lo correspondiente. De ahí que se acredita la transgresión al numeral 41 de la Constitución Política, por cuanto las gestiones no han sido atendidas dentro de un plazo célere, las cuales, debido a su contenido, tienen relevancia a los efectos del artículo 50 eiusdem. Por otra parte, aun cuando las personas accionantes acusan que no aparece el expediente en la municipalidad, no menos cierto es que no mencionaron las fechas en que presuntamente lo solicitaron, ni tampoco aportaron alguna gestión al respecto. Ergo, prima facie se descarta alguna transgresión en ese sentido, susceptible de ser declarada en este recurso de amparo. Asimismo, si consideran que los problemas que denunciaron deben ser resueltos de una forma determinada, o bien, que se les deben aclarar los motivos por los cuales las autoridades no han actuado, pueden plantear los alegatos y gestiones que estimen pertinentes en sede administrativa. VI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. Considero que asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado -entre otros aspectos- ante la municipalidad recurrida la operación de un “botadero y chatarrería de basura” que funciona sin las debidas autorizaciones legales y en clara violación de la normativa ambiental, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a la amparada y demás vecinos. VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a María del Rosario Siles Fernández y Roberto Madrigal Abarca, por su orden alcaldesa de Alajuelita y director del Área Rectora de Salud de Alajuelita del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se analicen íntegramente las situaciones denunciadas en las gestiones del 13 de setiembre de 2024 (en relación con el manejo de los residuos existentes, la posible afectación ambiental, la aludida contaminación del río y los referidos problemas de salud pública) y, de resultar procedentes, se emitan los actos administrativos correspondientes. Asimismo, se les ordena a tales autoridades, resolver las gestiones planteadas por las personas gestionantes en cuanto a los problemas mencionados ut supra, lo cual implica comunicar las acciones llevadas a cabo y las medidas tomadas dirigidas a atender las situaciones denunciadas, lo cual les deberá ser notificado dentro del mismo plazo otorgado ut supra a los medios señalados para tales efectos. Se advierte a las autoridades recurridas que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuelita al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese. Fernando Cruz C. Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Aracelly Pacheco S. Alexandra Alvarado P. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- MBLIQD0EDPW61 EXPEDIENTE N° 24-033200-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2258-4157 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:26:13. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Resolution No. 37925 - 2024** **Date of Resolution:** December 20, 2024, at 09:30 **Case File:** 24-033200-0007-CO **Drafted by:** Alexandra Alvarado Paniagua **Type of Matter:** Amparo appeal **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Judgment with Separate Opinion** **Relevance Indicators** Relevant Judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations **Content of Interest:** **Strategic Themes:** Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights **Type of Content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** GARBAGE. POLLUTION. **Topic:** MUNICIPALITY **Subtopics:** COMPLAINT. **Topic:** EXECUTIVE BRANCH **Subtopics:** SANITARY ORDER.. 037925-24. ENVIRONMENT. MUNICIPALITY. NEIGHBORS ACCUSE THE POLLUTION GENERATED BY A GARBAGE DUMP IN A RESIDENTIAL AREA, NEAR THE RÍO TIRIBI. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED. THE MUNICIPALITY OF ALAJUELITA AND THE MINISTRY OF HEALTH ARE ORDERED, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF ONE MONTH, TO FULLY ANALYZE THE REPORTED SITUATIONS REGARDING MANAGEMENT OF EXISTING WASTE, THE POSSIBLE ENVIRONMENTAL IMPACT, THE ALLEGED POLLUTION OF THE RIVER, AND THE REFERRED PUBLIC HEALTH PROBLEMS, AND, IF DEEMED APPROPRIATE, TO ISSUE THE CORRESPONDING ADMINISTRATIVE ACTS. VCG01/2025 "(…) V.- On the specific case. In the matter at hand (sub lite), the plaintiffs file an amparo appeal against the Municipality of Alajuelita and the Ministry of Health. They state that on September 13, 2024, they reported to the respondent municipality the operation of a "garbage dump and scrap yard (botadero y chatarrería de basura)" operating without the proper legal authorizations and in clear violation of environmental regulations. They indicate that, due to the above, the residential area near the río Tiribi is being polluted, which considerably aggravates the environmental and public health impacts arising from its operation. They add that the accumulation of waste can end up in the river and contaminate it. They state that it is also harmful to public health by promoting the spread of pests and generating foul odors, which was mentioned in the complaint before the local government. They add that they requested an inspection of the site to verify what was claimed, as well as its closure and that the waste be collected (and sent to a site where it receives adequate treatment). They complain that they have gone to the respondent municipality to locate the corresponding case file, but it is not found. They accuse that on September 13, 2024, they filed a complaint for these events before the Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita of the Ministry of Health, but it has neither resolved nor acted. They request that the omission of the respondent authorities to solve the pollution problem be declared, as well as the violation of the duty of inter-institutional coordination. They consider the collection of waste urgent so that it receives adequate treatment. They believe that their complaints must be answered to clarify why they have not acted. They state that what is required is the immediate closure of the "garbage dump and scrap yard (botadero y chatarrera)". From the study of the case records, with respect to the Ministry of Health, it is proven that on September 13, 2024, the Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita received a complaint in the name of [Nombre 003], describing: "A written explanation of the complaint is attached. Scrap yard and garbage dump operating illegally and harmfully to the surrounding community. Affects public health with the spread of pests, foul odors, and also affects the health of the people living in the surroundings"; moreover, in the attached document, they made the following request: "1.- That an inspection be carried out to verify our statement and we be informed of what actions will be taken to resolve the reported issues. 2.- The Ministry of Health is requested to send a sanitary order (orden sanitaria) to the Municipality of Alajuelita and the property owner to collect the waste found in the garbage dump and scrap yard to take it to a site where it receives adequate treatment". This complaint was assigned the tracking number 110-24, and it indicated the email for notifications: [email protected]. On November 28, 2024, an official of the Ministry of Health called the complainant three times "to identify the problem," but received no answer. On November 28, 2024, it was recorded in inspection report (acta de inspección) A-059-2024 that an attempt was made to contact the complainant, but she did not answer; likewise, that the reported place was not found. On November 29, 2024, it was recorded in inspection report (acta de inspección) A-065-2024 regarding the address: "200 m east of the Pequeño Mundo in Alajuelita": "There is a workshop in the area, it has no PSF, plastic waste shredding activities are carried out, similar to an authorized solid waste manager (gestor autorizado de residuos sólidos); however, they do not have a sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento), which violates Executive Decree No. 43432 (Decreto Ejecutivo N ° 43432). The gentleman operating the workshop is Alexander Betancourt Cason, he indicates that he rents a sector of the reported property, and the waste next to the río Tiribí is the responsibility of the property owner. He mentions that the owner is out of the country. Solid waste is observed on the boundary of the reported property with the Río Tiribí. During the time of the inspection, no vehicles or trucks are observed moving or depositing waste. No foul odors are perceived either. Due to the complexity of the case, coordination is made with the Municipality of Alajuelita to close the site. It is agreed to carry out the procedures on December 3, 2024". On December 3, 2024, it was recorded in inspection report (acta de inspección) A-067-2024 that, on the occasion of complaint 110-29, the "scrap yard without a permit (chatarrera sin permiso)" was closed. On December 3, 2024, closure report MS-DRRSCS-ARSAL-1169-2024 was issued, stating: "The undersigned, Bach. Mauricio Díaz Chavarría, Environmental Manager (Gestor Ambiental), official of the Ministry of Health, of the Área Rectora de Salud de Alajuelita, has proceeded to carry out the closure of the establishment: Scrap Yard Without Sanitary Operating Permit (Chatarrera Sin Permiso Sanitario de Funcionamiento) located in Urba Alajuelita, property registration number (catastro) No. 2018-70247-C (…), an action taken based on VISUAL INSPECTION REPORT (ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR) No. A-067-2024 dated 12/03/2024 (…)". Furthermore, regarding the Municipality of Alajuelita, it was verified that on September 13, 2024, it received a complaint filed by the plaintiffs here, in which they stated that the operation of a "garbage dump and scrap yard (botadero y chatarrería de basura)" located "500 meters southeast of the Pequeño Mundo de Alajuelita (…), Horizontes district, on the left-hand side adjacent to the río Tiribí," operating without authorizations or permits, affects people and pollutes the environment by not complying with technical standards; furthermore, they made the following claims: "1.- That an inspection be carried out to verify our statement and we be informed of what actions will be taken to resolve the reported issues. 2.- The mayor's office is requested to collect the waste and send it to a site where it receives adequate treatment. If it is the Ministry of Health, it is requested that a sanitary order (orden sanitaria) be sent to the Municipality and the property owner to collect the waste to take it to a site. (…) 3.- We request that, if applicable, the site be closed. And we recommend that the Municipality develop some project for the enjoyment of the canton's residents, or that the landscape be restored in order to maintain the care of the adjacent River. (…)" This complaint indicated the means for receiving notifications: [email protected] or [email protected]. The local government's Inspection Sub-process, in commercial premises closure report (acta de clausura de locales comerciales) 170-2024 dated December 3, 2024, regarding the commercial activity of "Recicladera" and in relation to "Farm: 223097 (Finca: 223097)", recorded: "A telephone conversation is held with (…) owners of the activity and they are informed that the site will be closed for not having the corresponding license as indicated by Municipal Code Art. 88, in accompaniment with the Ministry of Health. Seals will not be lifted until the necessary permits are obtained". On the other hand, it was not verified that the Municipality of Alajuelita had notified the appellants of any resolution regarding the complaint filed on September 13, 2024. Nor that the Ministry of Health has notified [Nombre 003] of any resolution regarding the complaint filed on September 13, 2024. From this panorama, in the terms set forth in the filing document, it is appropriate to partially grant the appeal. Although it is observed that, more than two months after the complaints were filed and during the processing of this proceeding, the respondent authorities closed the site mentioned in the matter under examination (sub examine), it is not observed that they have analyzed, each within the scope of their competencies, the alleged problems regarding the management of existing waste, the possible environmental impact, the alleged river contamination, and the referred public health issues. Note that both the ministerial body and the municipality limited themselves to presenting their actions related to the closure of the premises; however, they did not resolve, in the administrative venue (sede administrativa), the matters corresponding to the rest of the aspects mentioned in the petitions. Indeed, they did not even demonstrate having notified the plaintiffs of the resolution of the complaints regarding the problems mentioned above (ut supra). Consequently, as the reported matter could have environmental and public health implications, the intervention of the Chamber becomes necessary so that, within a reasonable period, these aspects are assessed and the managing parties are notified accordingly. Hence, the violation of numeral 41 of the Political Constitution (Constitución Política) is accredited, given that the petitions have not been addressed within a speedy timeframe, which, due to their content, are relevant for the purposes of Article 50 of the same body of law (eiusdem). On the other hand, even though the plaintiffs claim that the case file is not found at the municipality, it is no less true that they did not mention the dates on which they allegedly requested it, nor did they provide any related petition. Ergo, at first sight (prima facie), any violation in that sense, susceptible to being declared in this amparo appeal, is dismissed. Likewise, if they consider that the problems they reported must be resolved in a specific way, or that the reasons why the authorities have not acted must be clarified, they may raise the arguments and petitions they deem pertinent in the administrative venue (sede administrativa). (…)" ... See more **Related Judgments** **Content of Interest:** **Type of Content:** Separate opinion **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** MUNICIPALITY **Subtopics:** INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. **VI.- Opinion of Magistrate Salazar Alvarado.** I consider that environmental matters, if there has already been intervention by the Public Administration (Administración Pública), their knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as happens in this case, in which the appellant party claims to have reported - among other aspects - to the respondent municipality the operation of a "garbage dump and scrap yard (botadero y chatarrería de basura)" operating without the proper legal authorizations and in clear violation of environmental regulations, which affects the right of the protected party and other neighbors to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life. VCG01/2025 ... See more **Text of the resolution** Exp: 24-033200-0007-CO Res. No. 2024037925 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on December twentieth, two thousand twenty-four. Amparo appeal processed under case file number 24-033200-0007-CO, filed by [Nombre 001], identity card [Valor 001], [Nombre 002], identity card [Valor 002], [Nombre 003], identity card [Valor 003], [Nombre 004], identity card [Valor 004], [Nombre 005], identity card [Valor 005], against the MUNICIPALITY OF ALAJUELITA and the MINISTRY OF HEALTH. Findings of Fact (Resultando): 1.- By document incorporated into the case file on November 25, 2024, the plaintiffs file an amparo appeal against the Municipality of Alajuelita and the Ministry of Health. They state that on September 13, 2024, they reported to the respondent municipality the operation of a "garbage dump and scrap yard (botadero y chatarrería de basura)" operating without the proper legal authorizations and in clear violation of environmental regulations. They indicate that, due to the above, the residential area near the río Tiribi is being polluted, which considerably aggravates the environmental and public health impacts arising from its operation. They add that the accumulation of waste can end up in the river and contaminate it. They state that it is also harmful to public health by promoting the spread of pests and generating foul odors, which was mentioned in the complaint before the local government. They add that they requested an inspection of the site to verify what was claimed, as well as the closure of the site and that the waste be collected (and sent to a site where it receives adequate treatment). They complain that they have gone to the respondent municipality to locate the corresponding case file, but it is not found. They accuse that on September 13, 2024, they filed a complaint for these events before the Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita of the Ministry of Health, but it has neither resolved nor acted. They request that the omission of the respondent authorities to solve the pollution problem be declared, as well as the violation of the duty of inter-institutional coordination. They consider the collection of waste urgent so that it receives adequate treatment. They state that their complaints must be answered to clarify why they have not acted. They state that what is required is the immediate closure of the "garbage dump and scrap yard (botadero y chatarrera)". 2.- By resolution at 9:47 hours on November 27, 2024, the Presidency of the Chamber admitted the proceeding. In addition, it requested a report from the mayor of Alajuelita and the director of the Área Rectora de Salud de Alajuelita of the Ministry of Health, on the following facts: "that on September 13, 2024, they filed a complaint before the respondent Municipality regarding the operation of a garbage dump and scrap yard, which operates without the corresponding proper legal authorizations and in clear violation of environmental regulations. That this is polluting a residential area, also near the Río Tiribi, which considerably aggravates the environmental and public health impacts arising from its operation. That in the filed complaint, an inspection was requested, and the same municipality was asked to collect the waste and send it to a site where it receives adequate treatment, as well as to carry out the closure of the site. They complain that they have gone to the respondent municipality to locate the corresponding case file, but it is not found. They accuse that on September 13, 2024, they also filed a complaint before the Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita of the Ministry of Health, for the violation of their right to health, rights to a healthy and ecologically balanced environment, but that authority has also not resolved the complaint, and to date they do not know if any result has occurred." 3.- By document incorporated into the digital case file on December 4, 2024, Roberto Madrigal Abarca, director of the Área Rectora de Salud de Alajuelita of the Ministry of Health, submits a sworn report, in the following terms: "II. ACTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH IN THE SPECIFIC CASE: 1. On September 13, 2024, Mrs. [Nombre 003] filed a complaint before the Área Rectora de Salud de Alajuelita for the following reason 'scrap yard and garbage dump operating illegally and harmfully to the surrounding community, affects public health with the spread of pests, foul odors, and also affects the health of the people living in the surroundings,' she does not know information about the reported person or establishment; furthermore, she attaches a report about the complaint before the mayor's office (folio 00005-00011). 2. On November 28, 2024, Mr. Mauricio Díaz Chavarría, Environmental Manager (Gestor ambiental) of the Ministry of Health, attends to the complaint. The reported site is searched for; however, it cannot be located. As recorded in inspection report (acta de inspección) A-059-2024. That same day, the complainant is called three times to identify the location; however, she does not answer the calls. 3. On November 29, 2024, Mr. Mauricio Diaz Chavarría reassesses the complaint and manages to locate the reported site. At the site, solid waste is observed on the boundary between the reported property and the Río Tiribi. During the time of the inspection, no vehicles or trucks are observed depositing or moving waste, nor are foul odors perceived. During the inspection, Mr. Alexander Betancourt Cascon, Colombian nationality, identification number 98471914, attends. Mr. Alexander indicates that he rents a sector of the reported property and that the waste next to the Río Tiribi is the responsibility of the property owner. Additionally, he mentions that the owner is out of the country. Mr. Alexander conducts activities apparently related to solid waste management; he has stored plastic buckets and shreds them with a machine; he does not have the respective sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) to carry out the activity. Due to the complexity of the case and the existing problems, coordination is made with the Municipality of Alajuelita to achieve closure of the site today, December 3, 2024. As recorded in inspection report (acta de inspección) A-065-2024. 4. On December 3, 2024, Mr. Mauricio Díaz Chavarría, accompanied by Mrs. Yendry Muñoz Vásquez, environmental manager of the Ministry of Health, Mr. Pedro Moya Díaz, inspector of the Municipality of Alajuelita, Mr. Dereck Fallas Amador, municipal official, and Mr. Jonathan Arrieta Ulloa, vice-mayor of Alajuelita, appeared at the reported property. The closure of the activity related to waste management was carried out, specifically at the establishment conducting plastic shredding activities. The Municipality and the Ministry of Health placed CLOSED signage, as detailed in inspection report (acta de inspección) A067-2024. During the inspection, two additional workshops were identified on the property, besides the one managing plastic. Both workshops operated without the corresponding sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento), which led to their closure. A Vehicle Painting workshop was evident; both the Municipality and the Ministry of Health also placed CLOSED signage on this establishment, recorded in inspection report (acta de inspección) A-068-2024. Additionally, a furniture workshop, which was also closed, with CLOSED signage attached, as recorded in inspection report (acta de inspección) A-069-2024. ON THE MERITS OF THE APPEAL. As you can see, Justices, the inspection revealed a problematic environmental risk situation in that community, so it is important to note that these problems require an inter-institutional approach. This health authority has not been negligent in addressing the issue reported by the protected party. Likewise, it has not incurred non-compliance with the authority, given that the evidentiary elements in the administrative file demonstrate the approach to the complaint. PETITION: Based on the factual and legal aspects set forth above, I request the Constitutional Court to DECLARE THIS APPEAL WITHOUT MERIT, and to EXEMPT THIS HEALTH AUTHORITY FROM ALL RESPONSIBILITY, because all actions within our competence have been carried out, and we even worked with other institutions of the canton to resolve the problem." 4.- By document incorporated into the digital case file on December 6, 2024, María del Rosario Siles Fernández, mayor of Alajuelita, submits a sworn report, in the following terms: "SECOND: on December 3, the Inspections sub-process conducted a visit to farm 223097 (finca 223097), belonging to the company Constructora C Y L Hermanos S.A, ID 3-101-426738, this visit was carried out in the company of the Health area of Alajuelita. The purpose of said visit was the closure of the different irregular activities taking place on the property, as they do not have the corresponding licenses; closure reports (actas) 170, 171, and 172 are attached." 5.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and, Findings of Law (Considerando): I.- Prior clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the Public Administration (Administración Pública) has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or sector-specific laws for special administrative procedures, to resolve, by final act, an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the available administrative appeals. Precisely, in the matter at hand (sub lite), an exception case is raised, as it concerns petitions related to environmental and public health complaints that have allegedly not been resolved within a reasonable timeframe. The point having been clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- Purpose of the appeal. The plaintiffs file an amparo appeal against the Municipality of Alajuelita and the Ministry of Health. They state that on September 13, 2024, they reported to the respondent municipality the operation of a "garbage dump and scrap yard (botadero y chatarrería de basura)" operating without the proper legal authorizations and in clear violation of environmental regulations. They indicate that, due to the above, the residential area near the río Tiribi is being polluted, which considerably aggravates the environmental and public health impacts arising from its operation. They add that the accumulation of waste can end up in the river and contaminate it. They state that it is also harmful to public health by promoting the spread of pests and generating foul odors, which was mentioned in the complaint before the local government. They add that they requested an inspection of the site to verify what was claimed, as well as its closure and that the waste be collected (and sent to a site where it receives adequate treatment). They complain that they have gone to the respondent municipality to locate the corresponding case file, but it is not found. They accuse that on September 13, 2024, they filed a complaint for these events before the Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita of the Ministry of Health, but it has neither resolved nor acted. They request that the omission of the respondent authorities to solve the pollution problem be declared, as well as the violation of the duty of inter-institutional coordination. They consider the collection of waste urgent so that it receives adequate treatment. They believe that their complaints must be answered to clarify why they have not acted. They state that what is required is the immediate closure of the "garbage dump and scrap yard (botadero y chatarrera)". III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered proven: a) With respect to the Ministry of Health: On September 13, 2024, the Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita received a complaint in the name of [Nombre 003], describing: "A written explanation of the complaint is attached. Scrap yard and garbage dump operating illegally and harmfully to the surrounding community. Affects public health with the spread of pests, foul odors, and also affects the health of the people living in the surroundings"; moreover, in the attached document, they made the following request: "1.- That an inspection be carried out to verify our statement and we be informed of what actions will be taken to resolve the reported issues. 2.- The Ministry of Health is requested to send a sanitary order (orden sanitaria) to the Municipality of Alajuelita and the property owner to collect the waste found in the garbage dump and scrap yard to take it to a site where it receives adequate treatment". This complaint was assigned the tracking number 110-24, and it indicated the email for notifications: [email protected]. (Evidence provided by the Ministry of Health). On November 28, 2024, an official of the Ministry of Health called the complainant three times "to identify the problem," but received no answer. (Evidence provided by the Ministry of Health). On November 28, 2024, it was recorded in inspection report (acta de inspección) A-059-2024 that an attempt was made to contact the complainant, but she did not answer; likewise, that the reported place was not found. (Evidence provided by the Ministry of Health). On November 29, 2024, it was recorded in inspection report (acta de inspección) A-065-2024 regarding the address: "200 m east of the Pequeño Mundo in Alajuelita": "There is a workshop in the area, it has no PSF, plastic waste shredding activities are carried out, similar to an authorized solid waste manager (gestor autorizado de residuos sólidos); however, they do not have a sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento), which violates Executive Decree No. 43432 (Decreto Ejecutivo N ̊ 43432). The gentleman operating the workshop is Alexander Betancourt Cason, he indicates that he rents a sector of the reported property, and the waste next to the río Tiribí is the responsibility of the property owner. He mentions that the owner is out of the country. Solid waste is observed on the boundary of the reported property with the Río Tiribí. During the time of the inspection, no vehicles or trucks are observed moving or depositing waste. No foul odors are perceived either. Due to the complexity of the case, coordination is made with the Municipality of Alajuelita to close the site. It is agreed to carry out the procedures on December 3, 2024". (Evidence provided by the Ministry of Health). On December 3, 2024, it was recorded in inspection report (acta de inspección) A-067-2024 that, on the occasion of complaint 110-29, the "scrap yard without a permit (chatarrera sin permiso)" was closed. (Evidence provided by the Ministry of Health). On December 3, 2024, closure report MS-DRRSCS-ARSAL-1169-2024 was issued, stating: "The undersigned, Bach. Mauricio Díaz Chavarría, Environmental Manager (Gestor Ambiental), official of the Ministry of Health, of the Área Rectora de Salud de Alajuelita, has proceeded to carry out the closure of the establishment: Scrap Yard Without Sanitary Operating Permit (Chatarrera Sin Permiso Sanitario de Funcionamiento) located in Urba Alajuelita, property registration number (catastro) No. 2018-70247-C (…), an action taken based on VISUAL INSPECTION REPORT (ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR) No. A-067-2024 dated 12/03/2024 (…)". (Evidence provided by the Ministry of Health). b) With respect to the Municipality of Alajuelita: On September 13, 2024, it received a complaint filed by the plaintiffs here, in which they stated that the operation of a "garbage dump and scrap yard (botadero y chatarrería de basura)" located "500 meters southeast of the Pequeño Mundo de Alajuelita (…), Horizontes district, on the left-hand side adjacent to the río Tiribí," operating without authorizations or permits, affects people and pollutes the environment by not complying with technical standards; furthermore, they made the following claims: "1.- That an inspection be carried out to verify our statement and we be informed of what actions will be taken to resolve the reported issues. 2.- The mayor's office is requested to collect the waste and send it to a site where it receives adequate treatment. If it is the Ministry of Health, it is requested that a sanitary order (orden sanitaria) be sent to the Municipality and the property owner to collect the waste to take it to a site. (…) 3.- We request that, if applicable, the site be closed. And we recommend that the Municipality develop some project for the enjoyment of the canton's residents, or that the landscape be restored in order to maintain the care of the adjacent River. (…)" This complaint indicated the means for receiving notifications: [email protected] or [email protected]. (Evidence provided by the Municipality of Alajuelita). The local government's Inspection Subprocess (Subproceso de Inspección), in commercial premises closure report 170-2024 of December 3, 2024, regarding the commercial activity of “Recicladera” and in relation to “Property: 223097” (Finca: 223097), recorded: “A telephone conversation is held with (…) the owners of the activity and they are informed that the place will be closed for not having the corresponding license as indicated by Municipal code (sic) Art. 88, in coordination with the Ministry of Health. Seals will not be lifted until the necessary permits are obtained.” (Evidence provided by the Municipality of Alajuelita). IV.- Unproven facts. Of importance for the resolution of this matter, the following facts are deemed not proven: That the Municipality of Alajuelita notified the petitioners of any resolution regarding the complaint filed on September 13, 2024. That the Ministry of Health notified [Name 003] of any resolution regarding the complaint filed on September 13, 2024. V.- Regarding the specific case. In the case at hand, the petitioners file an amparo appeal against the Municipality of Alajuelita and the Ministry of Health. They indicate that on September 13, 2024, they reported to the respondent municipality the operation of an “illegal dump and scrap yard (botadero y chatarrería de basura)” that operates without the proper legal authorizations and in clear violation of environmental regulations. They point out that, due to the above, the residential area near the Tiribí River is being contaminated, which considerably aggravates the environmental and public health impacts derived from its operation. They add that the accumulation of waste could end up in the river and contaminate it. They state that it is also detrimental to public health by fostering the spread of pests and generating foul odors, which was mentioned in the complaint to the local government. They add that they requested an inspection of the site to verify what was claimed, as well as its closure and the collection of waste (with its respective shipment to a site where it could receive adequate treatment). They complain that they have gone to the respondent municipality to retrieve the corresponding file, but it does not appear. They allege that on September 13, 2024, they filed a complaint regarding these facts with the Alajuelita Health Governing Area Directorate (Dirección del Área Rectora de Salud de Alajuelita) of the Ministry of Health, but it has not resolved nor has it acted. They request that the omission of the respondent authorities to solve the contamination problem be declared, as well as the violation of the duty of inter-institutional coordination. They consider that the collection of waste is urgent so that it can be given adequate treatment. They believe that the complaints must be answered to clarify why they have not acted. They state that what is required is the immediate closure of the “dump and scrap yard (botadero y chatarrera)”. From the study of the case file, regarding the Ministry of Health, it has been proven that, on September 13, 2024, the Alajuelita Health Governing Area Directorate received a complaint on behalf of [Name 003], in which they described: “A document with the explanation of the complaint is attached. Illegal and harmful scrap yard and dump operating to the detriment of the surrounding community. It affects public health with the spread of pests, foul odors, and also affects the health of the people living in the surroundings”; furthermore, in the attached document they made the following petition: “1.- That an inspection be carried out to verify our statement and to indicate to us what actions will be taken to resolve the reported problem. 2.- The Ministry of Health is requested to send a sanitary order to the Municipality of Alajuelita and to the property owner to collect the waste located in the dump and scrap yard to take it to a site where it can be given adequate treatment.” This complaint was assigned the consecutive number 110-24 and therein they indicated the email address for notifications: [email protected]. On November 28, 2024, an official from the Ministry of Health called the complainant on three occasions “to identify the problem,” but received no answer. On November 28, 2024, it was recorded in inspection report A-059-2024 that an attempt was made to contact the complainant, but she did not answer; likewise, that the reported location was not found. On November 29, 2024, it was recorded in inspection report A-065-2024 with respect to the address: “200 m east of pequeño (sic) mundo (sic) de Alajuelita”: “There is a workshop in the area, it does not have a PSF, plastic waste crushing activities are carried out, similar to an authorized solid waste manager, however, they do not have a sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento), which violates Executive Decree N ̊ 43432. The man operating the workshop is Alexander Betancourt Cason, he indicates that he rents a sector of the reported property, and the waste beside the Tiribí River is the business of the property owner. He mentions that the owner is out of the country. Solid waste is observed on the boundary of the reported property with the Tiribí River. During the time of the inspection, no vehicles or trucks are observed moving or depositing waste. Neither are foul odors perceived. Due to the complexity of the case, coordination is made with the Municipality of Alajuelita to close the place. It is agreed to carry out the procedures on December 3, 2024.” On December 3, 2024, it was recorded in inspection report A-067-2024 that, on occasion of complaint 110-29, the “unpermitted scrap yard (chatarrera sin permiso)” was closed. On December 3, 2024, closure report MS-DRRSCS-ARSAL-1169-2024 was issued, in which it was recorded: “The undersigned, Bach. Mauricio Díaz Chavarría, Environmental Manager (Gestor Ambiental), official of the Ministry of Health, of the Alajuelita Health Governing Area, has proceeded to close the establishment: Scrap Yard Without Sanitary Operating Permit located in Urba Alajuelita cadastre N ̊ 2018-70247-C (…), an action taken based on VISUAL INSPECTION REPORT N ̊ A-067-2024 dated 12/03/2024 (…)”. Furthermore, regarding the Municipality of Alajuelita, it was verified that on September 13, 2024, it received a complaint filed by the petitioners herein, in which they stated that the operation of an “illegal dump and scrap yard (botadero y chatarrería de basura)” located “500 m southeast of Pequeño Mundo de Alajuelita (…), Horizontes district, on the left-hand side bordering the Tiribí River” operates without authorizations or permits, affects people, and contaminates the environment by not complying with technical standards; in addition, they made the following claims: “1.- That an inspection be carried out to verify our statement and to indicate to us what actions will be taken to resolve the reported problem. 2.- The mayor's office is requested to collect the waste and send it to a site where it is given adequate treatment. If it is the Ministry of Health (MinSa), they are asked to send a sanitary order to the Municipality (Muni) and to the owner to collect the waste and take it to a site. (…) 3.- We ask that, if appropriate, the place be closed. And it is recommended (sic) to the Municipality that some project be developed for the enjoyment of the canton's residents, or that the landscape be restored in order to maintain the care of the bordering River.” In this complaint, the following means for receiving notifications were indicated: [email protected] or [email protected]. The local government's Inspection Subprocess (Subproceso de Inspección), in commercial premises closure report 170-2024 of December 3, 2024, regarding the commercial activity of “Recicladera” and in relation to “Property: 223097” (Finca: 223097), recorded: “A telephone conversation is held with (…) the owners of the activity and they are informed that the place will be closed for not having the corresponding license as indicated by Municipal code (sic) Art. 88, in coordination with the Ministry of Health. Seals will not be lifted until the necessary permits are obtained.” On the other hand, it was not verified that the Municipality of Alajuelita notified the petitioners of any resolution regarding the complaint filed on September 13, 2024. Nor that the Ministry of Health notified [Name 003] of any resolution regarding the complaint filed on September 13, 2024. From this scenario, in the terms set out in the filing brief, it is appropriate to partially grant the appeal. Although it is observed that, more than two months after the complaints were filed and during the processing of this case, the respondent authorities closed the site referred to in the case at hand (sub examine), it is not observed that they have analyzed, each within the scope of their competencies, the problems alluded to regarding the management of existing waste, the possible environmental impact, the alleged contamination of the river, and the referred public health inconveniences. It should be noted that both the ministerial body and the city council limited themselves to presenting their actions related to the closure of the premises; however, they did not resolve, in the administrative venue, what corresponds to the rest of the aspects mentioned in the filings. In fact, they did not even demonstrate having notified the petitioners of the resolution of the complaints regarding the problems mentioned supra. Consequently, as the matter reported could have environmental and public health implications, the intervention of this Chamber becomes necessary so that, within a reasonable timeframe, such aspects are assessed and the corresponding party is notified. Hence, the violation of numeral 41 of the Political Constitution is accredited, since the filings have not been addressed within a prompt timeframe, which, due to their content, are relevant for the purposes of article 50 eiusdem. On the other hand, even though the petitioners allege that the file does not appear in the municipality, it is no less true that they did not mention the dates on which they presumably requested it, nor did they provide any filing in this regard. Ergo, prima facie, any violation in that sense, susceptible to being declared in this amparo appeal, is dismissed. Likewise, if they consider that the problems they reported must be resolved in a specific manner, or that the reasons why the authorities have not acted must be clarified to them, they may present the arguments and filings they deem pertinent in the administrative venue. VI.- Note by Magistrate Salazar Alvarado. I consider that environmental matters, if the Public Administration has already intervened, their knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner assures having reported -among other aspects- to the respondent municipality the operation of an “illegal dump and scrap yard (botadero y chatarrería de basura)” that operates without the proper legal authorizations and in clear violation of environmental regulations, which affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a decent level of quality of life for the protected party and other residents. VII.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Plenary Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore (Por tanto): The appeal is partially granted. María del Rosario Siles Fernández and Roberto Madrigal Abarca, in their respective capacities as Mayor of Alajuelita and Director of the Alajuelita Health Governing Area of the Ministry of Health, or whoever holds these positions, are ordered to coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the situations reported in the filings of September 13, 2024, are comprehensively analyzed (in relation to the management of existing waste, the possible environmental impact, the alleged contamination of the river, and the referred public health problems) and, if they prove to be founded, the corresponding administrative acts are issued. Likewise, these authorities are ordered to resolve the claims raised by the petitioners regarding the problems mentioned supra, which entails communicating the actions carried out and the measures taken aimed at addressing the reported situations, which must be notified within the same period granted supra to the means indicated for such purposes. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the offense is not more severely penalized. The State and the Municipality of Alajuelita are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify. Fernando Cruz C. Acting President (Presidente a.i) Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Aracelly Pacheco S. Alexandra Alvarado P. Digitally Signed Document -- Verification code -- MBLIQD0EDPW61 EXPEDIENTE N° 24-033200-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2258-4157 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judiciary. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:26:13. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República