Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Por las consideraciones expuestas, se impone estimar el recurso contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, a los efectos de que coordinen lo necesario para que se solucionen las afectaciones que provocan los problemas de aguas residuales del sector del INVU en el barrio El Cocal de Puntarenas, en relación con el sistema de alcantarillado que atraviesa las propiedades por medio de una servidumbre. En ese sentido, la Municipalidad de Puntarenas deberá analizar la condición actual (física y jurídica) de la servidumbre así como sus respectivas implicaciones desde un punto de vista legal y técnico, y remitir tal informe al Ministerio de Salud. Asimismo, la autoridad de salud deberá analizar el informe de la municipalidad y emitir su propio criterio sobre la servidumbre a los efectos de evaluar la posible responsabilidad de la municipalidad y de los propietarios de los inmuebles, para que así dicte las medidas provisionales y definitivas que procuren la solución de la problemática denunciada. Finalmente, la Municipalidad de Puntarenas deberá acatar las órdenes sanitarias que se dicten en su contra, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se puedan cuestionar tales actos administrativos dictados, así como su viabilidad jurídica y técnica.
English (translation)Based on the foregoing considerations, it is necessary to grant the appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, so that they coordinate what is necessary to solve the impacts caused by the wastewater problems in the INVU sector of the El Cocal neighborhood of Puntarenas, in relation to the sewer system that crosses the properties through an easement. In that sense, the Municipality of Puntarenas must analyze the current condition (physical and legal) of the easement and its respective implications from a legal and technical point of view, and forward said report to the Ministry of Health. Likewise, the health authority must analyze the municipality's report and issue its own opinion on the easement for the purpose of evaluating the possible responsibility of the municipality and the property owners, so that it may issue provisional and definitive measures to seek a solution to the reported problem. Finally, the Municipality of Puntarenas must comply with the sanitary orders issued against it, without prejudice to the possibility of challenging such administrative acts in ordinary proceedings, as well as their legal and technical viability.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 00583 - 2025 Fecha de la Resolución: 10 de Enero del 2025 a las 09:20 Expediente: 24-033317-0007-CO Redactado por: Ingrid Hess Herrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. ORDEN SANITARIA.. Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: ALCANTARILLADO. INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. Tema: AMBIENTE Subtemas: CONTAMINACION. ALCANTARILLADO. 000583-25. PODER EJECUTIVO MUNICIPALIDAD. AMBIENTE. VECINOS DE PUNTARENAS, ACUSAN QUE SUS CASS, UBICADAS EN EL COCAL, TIENEN PROBLEMAS, PUES LES INGRESAN AGUAS NEGRAS, POR FALTA DE MATENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SIN QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, TOMEN ACCIONES. 1) SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE PUNTARENAS Y AL MINISTERIO DE SALUD, SE BRINDE UNA SOLUCIÓN A LAS AFECTACIONES QUE PROVOCAN LOS PROBLEMAS DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DEL INVU EN EL BARRIO EL COCAL DE PUNTARENAS, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO QUE ATRAVIESA LAS PROPIEDADES POR MEDIO DE UNA SERVIDUMBRE. AL MINISTERIO DE SALUD, QUE, DE MANERA INMEDIATA, GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES PARA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PROVISIONALES A EFECTOS DE QUE SE ATIENDAN LOS REBALSES DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DEL INVU DEL BARRIO EL COCAL DE PUNTARENAS Y LOS CONSECUENTES PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN Y MALOS OLORES. 3) REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE LA SERVIDUMBRE MENCIONADA Y, EMITIR LAS LAS ÓRDENES SANITARIAS CORRESPONDIENTES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS REBALSES DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DEL INVU DEL BARRIO EL COCAL DE PUNTARENAS Y LOS CONSECUENTES PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN Y MALOS OLORES. VCG01/2025 “(…) III.- ANTECEDENTES DEL RECURSO. Este Tribunal conoció en los recursos de amparo No. 18-006056-0007-CO y No. 19-015715-0007-CO, interpuestos por otros accionantes, sobre la situación que aquí se acusa, por la problemática de aguas negras provenientes de la red interna de alcantarillado de la urbanización en El Cocal de Puntarenas Así, en sentencia nro. 2019022487 de las 09:15 horas del 15 de noviembre de 2019, se dispuso: “(…) III.- Sobre el fondo. En el sub lite, el recurrente, quien tiene 83 años, indica que en el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas existe un problema de contaminación, malos olores, salida de aguas negras tanto en baños como en patios y estancamiento de aguas negras y servidas. Explica que, entre los años 1950 y 1960, el INVU construyó 24 casas en el sector este del barrio El Cocal de Puntarenas con una servidumbre medianera de tubería para la evacuación de las aguas y cajas de registro espaciadas a lo largo para su limpieza. Manifiesta que las aguas entran al tanque por lo que el “lodo fecal” se va depositando y el resto del agua discurre por el lado norte hacia el estero. Arguye que en 1961 adquirió la casa n.º 19 y desde ese año es residente de la ciudadela. Menciona que por las tapas quebradas algunos vecinos introducían objetos, por lo que la tubería se tapaba y, además del rebalse de las aguas contaminadas en los patios, los baños no podían ser utilizados. Refiere que cada inquilino fue cerrando su patio y, por tanto, obstruyendo la servidumbre. Sostiene que, pese a lo anterior, la servidumbre tiene validez, pues pasa por todos los patios y, aun cuando algunos vecinos han construido tanques sépticos, el agua de descarga de las lavadoras, baños y cocinas circula por la tubería. Relata que el ICAA no dispone de alcantarillado sanitario en las calles de la comunidad de El Cocal y la mayoría de las aguas de las construcciones son vertidas al estero. Asevera que el sistema de evacuación de aguas fue diseñado por el INVU; sin embargo, fue prácticamente un engaño para los dueños, quienes deben soportar las condiciones. Expone que en 2009 plantearon varias gestiones ante la Municipalidad de Puntarenas por una construcción en el patio de casa n.º 24 por parte de Guillermo Acevedo; sin embargo, fue con ocasión de la intervención de la Defensoría de los Habitantes, que, mediante oficio n.º PUC-1647-2009 de 24 de agosto de 2009, se les dio una respuesta cuando la construcción ya estaba terminada. Agrega que lo anterior impide la limpieza y eliminación de las obstrucciones de la tubería. Acota que, ante los constantes taponamientos y la renuencia municipal para brindar una solución, el 6 de febrero de 2017 (acta n.º 17) tuvo audiencia con el concejo municipal, lo cual generó la conformación de una comisión de regidores, para la que se invitó a personeros de las autoridades de salud, del ICAA, de la municipalidad y dos miembros de la comunidad. Refiere que la municipalidad se comprometió a limpiar el tanque séptico general; empero, no atendió el resto de la solicitud. Menciona que quedaron pendientes los siguientes puntos: “a) apertura de la entrada a la servidumbre, b) colocación de unos treinta metros de tubería de mayor diámetro, c) instalación de una válvula de Vaivén, para evitar el ingreso de las mareas al tanque general. d) Construcción de un portón en la entrada de la servidumbre, ampliar la caja de registro en la zona cercana del parquecito de niños, para efecto de las limpiezas futuras por parte del AyA e) colocar un portón al lado norte ingreso al parquecito para evitar el ingreso de vehículos particulares. La instalación de solo 30 metros de tubería de concreto y no en los 150 metros de todo el recorrido, es porque en este tramo final es en donde se producen los taponamientos”. Expone que en algún momento hubo pacto entre personas del Ministerio de Salud, del ICAA y la Asociación de Desarrollo Integral de Cocal, para que cuando ocurriera un taponamiento de la tubería, los vecinos se comunicaran con las oficinas de salud (destacadas en Cocal), quienes solicitarían el servicio de las cuadrillas para la limpieza. Arguye que la limpieza se ha venido dando en su casa de habitación, pues otros vecinos no tienen voluntad para dar facilidades en sus casas, por la suciedad de “lodo fecal” que dejan los miembros de la cuadrilla. Reclama que en uno de los taponamientos y, pese a haberlo solicitado por escrito, la nueva jerarca del ICAA no autorizó a la cuadrilla a ingresar a zona privada. Afirma que no hay otro sitio para acceder a la servidumbre, ya que el ingreso a la servidumbre fue usurpado por la construcción del patio de la casa n.º 24. Aduce que las instituciones del gobierno no han mostrado interés en solucionar el problema de salud y que los vecinos se han distanciado de la lucha, por lo que quedó solo con el problema. Manifiesta que las autoridades ni siquiera valoran sus propuestas de solución. Expone que la municipalidad tuvo que haber recibido de parte del INVU las calles, zonas verdes y servidumbres para su administración. Señala que el ICAA no tiene red sanitaria en El Cocal y no tiene interés en resolver el asunto. Relata que el Ministerio de Salud envía órdenes sanitarias a las autoridades públicas; sin embargo, estas no se cumplen. Pide un resarcimiento por daño moral, pues la Municipalidad de Puntarenas no atendió a tiempo la construcción de un taller y la usurpación del ingreso a la servidumbre de aguas negras, lo cual no se ha resuelto luego de diez años. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la Unidad Cantonal de Puntarenas del ICAA, por oficio n.º GSP-RPC-PU-2019-000648 de 5 de setiembre de 2019, señaló que en ese sector ya existió un recurso de amparo (n.°18-006056-0007-CO) y que el ICAA únicamente brinda el servicio de abastecimiento de agua potable. Indicó que en el sector existen sistemas de recolección sanitarios comunales y que el del INVU propiamente consiste en un sistema de alcantarillado condominal, en el cual las viviendas de un cuadrante específico cuentan con una tubería de alcantarillado sanitario ubicada internamente a lo largo de la servidumbre de paso de tubería, la cual se encuentra en los patios traseros de las viviendas y cruza todas las propiedades involucradas, por lo que fue obstruida por parte de los vecinos. Refirió que el alcantarillado nunca ha sido recibido por el ICAA; sin embargo, a solicitud del área rectora de salud, se han dado reuniones interinstitucionales en las que participan el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Puntarenas y los vecinos. Expuso que el Ministerio de Salud gira órdenes sanitarias al ICAA para que intervenga y solucione el problema de obstrucción. Adujo que aun cuando el ICAA no tenga injerencia en el sistema, se actúa por el principio de obediencia y para asegurar la salud pública. Aseveró que también, pese a que en el recurso de amparo n.°18-006056-0007-CO no se le estableció responsabilidad al ICAA se le ordenó dar colaboración a la Municipalidad de Puntarenas. Afirmó que, pese a lo ordenado por la Sala en el proceso anterior, la Municipalidad de Puntarenas únicamente construyó las tapas de los tanques de recolección de aguas, no ha realizado la limpieza ni tampoco ha tomado las acciones para corregir los problemas de invasión de terrenos en servidumbre de paso de tubería. Por otra parte, la Sala comprobó que el Director del Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, por oficio n.º MP-DCU-483-09-2019 de 9 de setiembre de 2019, indicó: “(…) Al momento de la inspección de campo, en el lugar descrito, no se pudo determinó ningún tipo de contaminación con material fecal, ni malos olores, ni rebalse de aguas negras en el sector. Cabe destacar que la inspección se realizó en el sitio de convergencia de la tubería con el tanque séptico, según fotografía adjunta. En las inmediaciones no se detectó el problema denunciado. Lo que ocurra dentro de las viviendas, no pudo ser determinado por ser propiedades cuyo acceso es privado, al ser en su mayoría casas de habitación. En el sector todos los vecinos se apoderaron de la franja de terreno destinada a servidumbre de paso de tuberías de aguas negras y residuales. Dicha franja de terreno es propiedad del INVU, por lo que ni la Municipalidad ni el A y A, hemos podido intervenir para buscar la liberación de la misma. De existir algún problema de obstrucción, el mismo ha sido provocado por alguno de los residentes, al apropiarse de forma indebida de la servidumbre. Se desconoce las razones de haber habilitado un diseño de urbanización incluyendo esa servidumbre de paso de aguas, ya que el mismo fue elaborado y aprobado por el INVU en el año 1960. Ni la Municipalidad ni el A y A, tienen acceso a la tubería ya que la servidumbre de aguas desde el inicio hasta el final se encuentra invadida por los vecinos, mediante tapias, agregados, techos, etc., por lo que desconocemos el estado de la tubería. En cuanto hemos recibido denuncias por parte de los vecinos acerca de alguna obstrucción, nos hemos apoyado del A y A, a fin de que su personal, ingresando dentro de la vivienda del afectado, realice labores de desobstrucción con la maquinaria y el personal; lo cual no es correcto y pone en riesgo al personal mismo; ya que existe el riesgo que por la operación de la maquinaria y equipo dentro de la vivienda se podrían causar daños que conllevarían a denuncias civiles; por lo que esta práctica se ha eliminado. (…) Las acciones realizadas por la municipalidad para erradicar el problema fueron llevadas a cabo a principios del presente año, cuando un grupo de vecinos indicó que el problema de rebalse de aguas negras dentro de sus casas se suscitaba producto de que el tanque colector de las mismas, ubicado en el parque junto al caserío, se encontraba totalmente obstruido. Por tal razón, la municipalidad adquirió´ el compromiso de limpiarlo, y para ello realizó una contratación directa de una empresa encargada en la materia, para realizar la limpieza y reparación del tanque por un monto de un millón de colones, trabajos que fueron ejecutadas en el mes de febrero del presente año, pero al parecer el problema de rebalse persistió, al ser un daño en la tubería a la cual no tenemos acceso. (…) En cuanto a nuestras funciones, acerca de las afectaciones que aquejan al recurrente, no tenemos ninguna actividad pendiente por realizar; como bien se sabe, cada cierto tiempo se tiene que dar limpieza al tanque séptico; por lo que se estima que para este año no habrán más intervenciones, dado que lo limpiamos en febrero. El tema del manejo y tratamiento de las aguas negras y servidas por ley le competen al A y A. Finalmente, mientras no se defina la situación jurídica en torno a la servidumbre de paso de las aguas, por parte del INVU y los vecinos, las intervenciones de limpieza de la tubería van a ser cada día más complicadas”. En adición, este Tribunal observa que el Ministerio de Salud ha girado una gran cantidad de órdenes sanitarias tanto a la Municipalidad de Puntarenas como al ICAA; sin embargo, el problema persiste. La Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, en el informe técnico n.º MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019 de 9 setiembre de 2019, luego de exponer todas las actuaciones de su representada, manifestó: “CONSIDERANDO (…) 80. En atención a indicación recibida en resolución N° 2018008599, del expediente N° 18-006056-0007-CO, con fecha 1 de junio del 2018 (…) 81. Según reunión llevada a cabo el 18/06/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes y Municipalidad de Puntarenas y comunidad los Acuerdos tomados: - la Municipalidad realizará la limpieza de los tanques y la construcción de las tapas de los tanques y el portón del parquecito; además deberá acatar resolución N° 2018008599 de dar limpieza y mantenimiento a los tanques y gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Una vez libre el paso a la servidumbre los vecinos podrán dar mantenimiento y no ha sido recibido por el A y A. la Defensoría recomienda que las acciones se resuelvan igual en caos (sic) similares analizados. 82. Según lo observado en Acta de Inspección Ocular N° 284-Reg-2018 con fecha del 18 de junio 2018, realizada en conjunto con la Municipalidad de Puntarenas, "se observa tres aberturas sin tapa que corresponde al sistema de aguas residuales, se percibe olores pestilentes. Ser observa vehículo estacionado dentro del parque y salida del garaje del SR. Guillermo Acevedo. Existe una pared de concreto que une ambas viviendas de las alamedas, generando obstrucción a servidumbre. " 83. En reunión llevada a cabo el 24/07/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes y Municipalidad de Puntarenas y comunidad; Entre lo mencionado y acuerdos tomados: Ing. Mauricio Gutiérrez sugiere la necesidad de pasar el sistema de manejo de aguas residuales a la administración de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. - la Municipalidad de Puntarenas deberá realizar estudio legal acerca de servidumbre de calle 40. 84. En reunión llevada a cabo el 27/07/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de Puntarenas y comunidad; Entre lo mencionado y acuerdos -la Municipalidad de Puntarenas deberá realizar estudio legal acerca de servidumbre de calle 40 y organizar visitas en conjunto con el fin de tener una visión clara de la problemática. 85. Que según consta en Acta de Inspección Ocular N° 295-Reg-2018; En visita realizada el día 6 de agosto del 2018 se comprueban las tres cajas carecen de tapa y dos de ellas tienen restos de las antiguas tapas en su interior. Presentan acumulación de sedimentos, lodos y aguas, además se perciben malos olores. 86. Que según Orden Sanitaria N° OS-0180REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018 notificados el 12 de setiembre del 2018, al alcalde Municipal y al presidente del Concejo Municipal, respectivamente, en donde deberán proceder a cumplir con: 1.Coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que se proceda a la limpieza y mantenimiento de los tanques sépticos ubicados en la vía pública de Invu El Cocal; de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; esto incluye la colocación de las respectivas tres tapas. 2. Presentar un Plan de Acción, con su respectivo cronograma con plazos no mayor a un año y responsables, que incluya: 2.a) Adoptar las medidas oportunas a fin de corregir y evitar más obstáculos para el normal discurrir de las aguas, para que se elimine toda obstrucción o construcción encontrada en la servidumbre de paso, que permita una adecuada evacuación y flujo de las aguas residuales en la "red de alcantarillado sanitario " de modo que se evite un estancamiento y rebalse de aguas residuales, y con ello la afectación a la salud pública. 2.b) Velar porque se realicen actividades de limpieza con la regularidad necesaria; y de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. " 87. En visita realizada el día 18 de setiembre del 2018, según consta en Acta de Inspección Ocular N° 349-Reg-2018: se comprueba que existe obstrucción del sistema de aguas residuales, los tres tanques no tienen tapa, hay sedimentación y no hay movimiento del agua. 88. Que según Orden sanitaria 183-Reg-2018, notificada el 18/09/2018al señor Danilo Chavarría Velázquez, jefe cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en la cual se indica que, en un plazo de 1 día hábil, tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de los patios de las viviendas. 2.- SOBRE LOS HECHOS POSTERIORES A LA DENUNCIA: 89. Se recibe la denuncia el día 24 de setiembre del 2018 según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1346-18 por parte del Sr. Marco Torres, en la cual indica que persiste la problemática por obstrucción de las tuberías de aguas negras; la cuadrilla de del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados estuvo la semana pasada y no lograron destapar la obstrucción en su totalidad. 90. Que el 01 de octubre del 2018 se realizan visitas en varias viviendas y la vía pública de la Urbanización el Invu. El Cocal según consta en Acta de Inspección Ocular N° 373-Reg-2018 y N° 375-Reg-2018, donde se comprueba sedimentación en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito y que el cenicero ubicado en la servidumbre de paso de aguas residuales se encuentra lleno de aguas residuales debido a reiterada obstrucción. Se realizan pruebas con fluoresceína sódica y no se comprueba contaminación. 91. Que el 2 de octubre del 2018 según consta en Acta de Inspección Ocular N° 378-Reg- 2017, se realizan visitas en varias viviendas y la vía pública, donde se comprueba sedimentación en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito", y que el cenicero ubicado en la servidumbre de paso de aguas residuales se encuentra lleno de aguas residuales debido a reiterada obstrucción. Se realizan pruebas con fluoresceína sódica y no se comprueba contaminación. 92. Según Orden Sanitaria N° OS-187-REG-2018, notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-189-REG-2018, notificada al alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 3 de octubre del 2018, con plazo de 24 horas, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública y dentro de patios de las viviendas. 93. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 383-Reg-2018, del 4 de octubre del 2018. se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la Ordenes Sanitarias, al momento de la visita, se logra comprobar que no se han realizado actos por parte de la Municipalidad de Puntarenas ni el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales. 94. Que mediante oficios N° PC-ARS-PC-442-2018 y PC-ARS-PC-443-2018, notificados el 4 de octubre del 2018, se presentan formales denuncias judiciales por desobediencia a la autoridad por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de la Municipalidad de Puntarenas. 95. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 385-Reg-2018, de día 05 de octubre del 2018 se realiza nueva visita. Se logra comprobar que existe sedimentación y agua de lluvia en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito" y que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales, ya que a pesar de que funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se apersonaron recientemente, no se realizaron las acciones requeridas. 96. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 386-Reg-2018, del día 05 de octubre del 2018 se logra comprobar que la caja de registro del Sr Marco Torres se encuentra colapsada. Pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene los tanques principales (tres cajas de registro) se encuentran llanos de agua, no hay malos olores. Que funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se apersonaron recientemente, no se realizaron las accione (sic) solicitadas. 97. Que mediante oficio N° GSP-RPC-PU-201 8-00654, recibido el 11 de octubre, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al Orden sanitaria 183-Reg-2018. 98. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 512-Reg-2018, del día 11 de octubre del 201 8 se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Marco Torres se encuentra obstruida pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene a su alrededor. 99. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 514-Reg2018, del día 22 de octubre del 2018 se logra comprobar el incumplimiento de las Orden Sanitaria N° OS-0180-REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018. 100. Se recibe la denuncia el día 5 de noviembre del 201 8, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PCAC-1 560-18, por parte del Sr. Marco Torres, en la cual indica que nuevamente se presentó la problemática por obstrucción de las tuberías de aguas negras. 101. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 430-Reg-2018, del día 7 de noviembre del 2018 se logra comprobar que la caja de registro del Sr Marco Torres se encuentra obstruida. Pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene a su alrededor Los tres tanques en el parquecito continúan sin tapa, se perciben olores putrefactos y está próximo a rebalsarse. 102. Según Orden Sanitaria N° OS-208-REG-2018 notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-209-REG-2018, notificada al Alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 9 de noviembre del 2018 con plazo de 24 horas, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 103. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 521-Reg-2018, del 12 de noviembre del 2018, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la (sic) Ordenes (sic) Sanitarias. Al momento de la visita, se logra comprobar que no se han realizado actos por parte de la Municipalidad de Puntarenas ni el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales. 104. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 522-Reg-2018, del 13 de noviembre del 2018, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la (sic) Ordenes (sic) Sanitarias OS- 208-REG-2018 y Nº -209-REG-2018, se comprueba las mejoras realizadas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 105. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 523-Reg-2018, del 13 de noviembre del 2018 se logra comprobar el Incumplimiento de las Orden (sic) Sanitaria N° OS-0180-REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018. 106. Que mediante oficio N° PC-ARS-PC-516-2018 con fecha del 13 de noviembre 2018 dirigido a la Municipalidad de Puntarenas según con referencia al problema de rebalse de aguas residuales en los patios de las viviendas, producto de la continua obstrucción que genera el colapso del alcantarillado sanitario en la calle 40, el INVU Cocal Puntarenas, se solicita su atención al oficio PC-ARS-PC-0325-2018 y el Ordenamiento Sanitario N° OS-0180-REG-2018. 107 Se recibe la nota el día 20 de diciembre del 2018, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1776-18, por parte del Sr. Marco Torres, en la cual indica que hay presencia de maquinaria trabajando en tanque séptico general y solicita funcionario a inspeccionar. 108. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 526-Reg-2018, del 20 de diciembre del 2018, se realiza visita de, encontrándose trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal, en respuesta a oficios y ordenamientos sanitarios que solicitan acción por parte de la Municipalidad de Puntarenas, es urgente que se realicen acciones para prevenir la contaminación al ambiente y riesgo a la salud pública, por los trabajos realizados con lodos del tanque de aguas residuales dispuestos en un parquecito en el INVU, barrio el Cocal de Puntarenas, y se acaten la normativa (Articulo 24.- Del vertido de lodos. Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de lodos y biosólidos a cuerpos de agua y de lodos sin tratamiento a los suelos), además de corregirlo relacionada con el transporte y disposición final, para que se utilicen vehículos óptimos. Igualmente que se tomen las medidas de salud ocupacional para que no se incurra en riesgos a la salud de los trabajadores. 109. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 527-Reg-2018, del 21 de diciembre del 2018, se realiza visita de seguimiento a los trabajos realizados, sin variación en la manera que la maquinaria y trabajadores realizan los mismos. 110. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 001-Reg-2019 del 9 de enero del 2019, se realiza visita encontrándose trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal. Además, se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Marco Torres se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene.111. Según Orden Sanitaria N° OS-001-REG-2019, notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-002-REG-2019, notificada a la Alcaldesa de la Municipalidad de Puntarenas que fueron notificadas el 8 de enero del 2019, con plazo de 3 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 112. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 042-Reg-2019, del 11 de enero del 2019, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la Ordenes (sic) Sanitarias, se comprueba las mejoras realizadas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Además, los trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal por parte de la Municipalidad de Puntarenas y contratación externa; con algunas anomalías. 113. Que mediante oficio N° GSPRPC-PU-2019-0018, recibido el 14 de enero del 2019, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al Orden sanitaria 001-Reg-2019. 114. Se recibe la nota el día 22 de abril del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-056219, por parte del Sr. Marco Torres en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras. 115. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 086-Reg-2019, del 26 de abril del 2019, se realiza se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Marco Torres se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene. Se observa humedad alrededor de los tanques recientemente reparados. 16. Según Orden Sanitaria N° OS-041-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N°OS-042-REG-2019 notificada a la Alcaldesa de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 29 de abril del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 117. Que el 30 de abril 2019, se recibe Recurso de Revocatoria por parte de la Municipalidad de Puntarenas, contra N°OS-042-REG-2019, la cual es atendida por medio del oficio MS-DRRSPCDARSPC- 0176-2019. 118. Se recibe la nota el día 5 de agosto del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1 096-19, por parte del Sr. Marco Torres, en la cual en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras en su comunidad. 119. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 289-Reg-2019 y N° 290-Reg-2019, del 13 de agosto del 2019, se realiza, se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Marco Torres se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene. Además de que ya no existe macetera encima de la servidumbre. 120. Mediante Orden Sanitaria N° OS-1 13-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 13 de agosto del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 121. Que mediante oficio N° GSP-RPCPU-2019-00594, recibido el 21 de agosto del 2019, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al (sic) Orden sanitaria 01 13-Reg-2019. 122. Que a través de los últimos cinco años se han atendido múltiples denuncias interpuestas por los vecinos del sector del Cocal en Puntarenas con referencia al problema de rebalse de aguas residuales producto del colapso del alcantarillado sanitario, se han brindado soluciones temporales, ya que dicho sistema de alcantarillado sanitario se obstruye y colapsa periódicamente. 123. Que mediante inspecciones oculares se hace constancia de que, entre los dos sectores de viviendas existe una servidumbre, por la cual pasa la tubería que conduce las aguas residuales que se generan en estas viviendas. Asimismo, que la entrada norte de esta servidumbre se le ha cerrado el paso con pared de concreto, existen muros divisorios entre cada propiedad y existen modificaciones en algunos de los ceniceros, estas modificaciones constructivas no fueron avaladas por este Ministerio. 124. Que según lo indicado por diferentes denunciantes el proyecto habitacional fue construido por desarrolladora INVU, posee un sistema de tratamiento para las aguas residuales que consta de cajas de registro para cada vivienda, una tubería que conduce las aguas residuales (grises negras y posiblemente algunas aguas pluviales), hacia tres tanques de sedimentación, que, por medio de tubería de diámetro desconocido, dispone el afluente al estero. 125. Que no hay constancia en archivo físico ni digital del Área Rectora de algún documento que informe sobre el desfogue del sistema de recolección de aguas residuales en el cuerpo receptor estero ni se cuenta con un croquis o plano del sistema para disponer las aguas residuales, el tanque séptico o el drenaje. 126. Según lo observado por este Ministerio hay tres tanques de sedimentación ubicados en una zona pública donde hay un área de juegos para niños y no se observa portón; se verifica que ya se les colocó tapa de cemento en estos tanques. Y se desconoce si dicho sistema no reúne las características y condiciones de un sistema funcional y efectivo en el tratamiento y disposición final de aguas residuales, lo que podría ocasionar grave contaminación ambiental, situando en riesgo la salud pública y esto afectaría el equilibrio de los ecosistemas, aunado a los factores socio económicos de la zona”. Asimismo, la Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, por informe técnico n.º MS-DRRSPC DARSPC-IT-043-2019 de 24 de setiembre de 2019, refirió lo siguiente: “CONSIDERANDO 1. Que desde el año 2013, el Área Rectora de Salud Puntarenas - Chacarita, ha venido gestionando acciones puntuales en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Municipalidad de Puntarenas, en colaboración con vecinos afectados, desde el incremento en las denuncias sobre los problemas de obstrucción y rebalse de aguas en la “Red de aguas Residuales” del INVU Cocal. Esto se evidencia con mayor detalle en Informe Técnico N° MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019, el cual informa acerca de lo realizado por gestora ambiental Bach. Brook Vega Davies, del Proceso de Regulación de la Salud de esta Área Rectora de Salud, en respuesta al Recurso de Amparo presentado el 2 de setiembre ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según Expediente N° 19-015715-0007-CO. 2. Se recibe la nota el día 18 de setiembre del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1317-19, por parte del Sr. Marco Torres, en la cual en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras en su comunidad. 3. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 416-Reg-2019, del 19 de setiembre del 2019; se ingresa en su propiedad con su autorización para verificar los hechos denunciados, ante obstrucción del sistema de drenaje compartido, entre varias viviendas, lo cual provoca aumento del nivel del agua en caja de registro. Las aguas son contenidas por muro y tapa a su alrededor, ser observan aguas residuales en nivel cercano a rebalsarse. 4. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 419-Reg-2019, del 19 de setiembre del 2019; en seguimiento de OS-0180-Reg-2018, OS-0181-Reg-2018 y oficio PC-ARS-PC-516-2018; se observan tres tanques con tapa de cemento, con algunas grietas, no se observa humedad alrededor de estos y se perciben malos olores provenientes de tanques y el alcantarillado pluvial. Se observa un vehículo estacionado dentro del parquecito, con placa CL 190839, el cual ser encuentra contiguo a una puerta metálica color negro, esto corresponde a la pared construida que obstruye la servidumbre de paso, en su sector norte, contiguo al parque para niños. 5. Mediante Orden Sanitaria N° OS-167-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 19 de setiembre del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 6. Que ante constantes denuncias recibidas en este Ministerio, se puede evidenciar que la problemática ha venido en aumento y que no ha disminuido desde que se realizó la limpieza del los tres tanques ubicados en parque entre calles 38 y 40, esto por parte de la Municipalidad. Se desconoce si hay influencia por las llenas de las mareas que podría generar afectación en el sistema de aguas residuales, el cual desfoga en el estero de Puntarenas”. Atinente al sub examine, la Sala, mediante sentencia n.º 2018-008599 de las 9:15 horas del 1º de junio de 2018, resolvió: “Considerando: (…) IV.- Sobre el fondo. En el caso particular, son dos los temas que plantea el tutelado, vecino del Barrio EL Invu del Cocal de Puntarenas, ante las autoridades recurridas. Por un lado el problema con la falta de limpieza los tanques de captación de aguas negras y por otro, el problema de falta de mantenimiento del alcantarillado del desarrollo habitacional en que habita. Cada uno de ellos se analiza por separado. 1) Sobre la falta de limpieza los tanques de captación de aguas negras: De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se constata por un lado que el desarrollo habitacional donde está el tanque séptico en la rotonda y vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas, en cuestión, fue realizado por el INVU incluyendo el sistema de recolección, que no es administrado por el AyA. Sobre el problema de falta de mantenimiento de los tanques de captación de aguas negras, las autoridades recurridas son contestes en sus respectivos informes al indicar que la situación es real pero la limpieza de los tanques es una obligación que deben asumir los propietarios. Sobre el particular, el Alcalde Municipal omite referirse directamente a la situación planteada por el recurrente y hace énfasis en que esa corporación municipal no cuenta con la atribución directa ni tiene el equipo para realizar una tarea de limpieza de tanques; labor que corresponde, según afirma el Alcalde informante, a los vecinos. Así las cosas, en cuanto el recurso se dirige contra la Municipalidad recurrida esta Sala determina que pese al dicho del Alcalde según el cual la tarea de limpiar los tanques de captación indicados debe ser asumida por los particulares; lo cierto del caso es que conoce de la problemática que afecta a los habitantes de esa zona, y es su deber disponer lo necesario para conminar a los responsables a dar una solución al problema que se conoce desde el año 2015, no obstante se limita a señalar la problemática sin hacer nada al respecto. En el mismo sentido, del informe dado a esta Sala por parte del Área Rectora del Ministerio de Salud esta admite que existe un problema sanitario subsiste, pues admite que la tapa contiene grietas que permiten la salida de malos olores. Pero, no observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas efectivas para evitar el problema de salud pública que supone el mal estado de la tapa del tanque, que no solo no está sellada sino tiene grietas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. Con base en lo expuesto, la Sala considera que la inactividad de la Municipalidad de Puntarenas y del Ministerio de Salud, en este caso es violatoria del derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano del amparado, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario que puede surgir del mal estado en que se encuentra y la falta de mantenimiento del tanque de captación de aguas negras. 2) Sobre la falta de mantenimiento del alcantarillado del desarrollo habitacional. De los hechos que se tienen por debidamente demostrados en este asunto, y en particular del informe del representante del AyA se desprende que, el sistema de recolección de aguas al que se refiere el recurrente, requiere de mantenimiento preventivo y es necesaria la intervención del ente administrador del sistema, pues en el lugar se ha tolerado la invasión de terrenos en servidumbre de paso de tubería, lo que ha impedido el acceso para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de recolección. De lo expuesto, y particularmente de lo que indica en su informe el representante del AyA ante esta Sala, se desprende que la falta de seguimiento de obras por doquier en la zona afectada, aún sobre el área donde pasa la tubería, ha traído como consecuencia que se den fugas y dificultades para dar mantenimiento a las alcantarillas y sistema de recolección de aguas. Además queda claro que faltan tapas que no han sido reparadas y la carencia de mantenimiento que caracteriza la red de colección de aguas del proyecto habitacional donde reside el recurrente; lleva a concluir que la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas no ha coordinado y cuanto menos realizado las acciones necesarias tendientes a corregir y a evitar que se agrave la situación de la red de recolección de aguas, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema. Tal pasividad también caracteriza la poca injerencia del Área de Salud recurrida en esta zona, inercia que ha incidido negativamente en la comunidad, pues en ocasiones ha provocado el rebalse de captación y ha limitado el paso de peatones y vehículos. Ahora bien, en cuanto a la probable solución a los problemas de disposición de aguas residuales, del informe pedido por esta Sala al AyA se tiene que tal obligación recae en el desarrollador del proyecto. No obstante, en principio las obras no deberían ser asumidas por la Administración, se constata que ni la Municipalidad recurrida ni el Ministerio de Salud, ante quienes se planteó la respectiva denuncia, han dispuesto lo que les corresponde, dentro de sus atribuciones, para coordinar o emitir las órdenes sanitarias, según corresponde, dirigidas a corregir el problema. Al contrario, lejos de exigir una posición correctiva, -en el lugar se ha tolerado la construcción sobre la servidumbre donde pasa la tubería (véase el informe del AyA). Cuanto menos se ha adoptado una actitud preventiva, pese a que tanto la Municipalidad como el Área de Salud recurridos, admiten que existe el problema de disposición de aguas que pone en riesgo la salud pública y que es conocido desde hace varios años. De lo expuesto, se denota la falta de coordinación de parte de las autoridades recurridas, para dar una solución integral al problema. Por su parte, el representante del Ministerio de Salud intenta justificar su inercia en el informe rendido ante esta Sala, al indicar que en este momento no hay una situación de desbordamiento de aguas. Así las cosas, a criterio de este Tribunal, la actitud pasiva del Área de Salud, que espera el desbordamiento de las aguas para actuar es a todas luces insuficiente, pues el plan es esperar a que se dé una situación límite para procurar dar una solución; en vez de implementar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de recolección de aguas, que se sabe afecta a los habitantes del lugar, de una buena vez. Como consecuencia procede acoger el recurso, en cuanto se dirige contra la Municipalidad y el Área de Salud de Puntarenas, como en efecto se dispone. (…) VII. DEL AMPARO CONTRA EL AYA: Por último, procede desestimar el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por cuanto del informe rendido se desprende que en el lugar donde habita el tutelado, lo que existe es un sistema de recolección privada de aguas residuales, ya que en el sector del Cocal, el AyA únicamente da el servicio de agua potable. Así, el problema sanitario está generado por un sistema de manejo de aguas residuales que no ha sido recibido por esa institución. Por otro lado, las veces que por mandato del Ministerio de Salud -mediante órdenes sanitarias-, ha pedido la intervención de la institución para la resolución del problema, ya que media la salud pública, el AyA ha acatado lo ordenado. Como consecuencia se desestima el recurso, en cuanto a este extremo, lo que en efecto se dispone. VIII. CONCLUSIÓN. En el caso particular, se comprueban los problemas del alcantarillado en la rotonda y en la vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas, que provocan estancamiento y desbordamiento de las aguas, situación que es conocida por el Área Rectora de Salud y la Municipalidad de Puntarenas. No obstante, pese a la denuncia planteada, tales autoridades han omitido encontrar una solución, bajo la excusa de que corresponde a los particulares o al desarrollador el mantenimiento de la red de agua, así como limpiar los tanques sépticos. A lo anterior se suma que no existe a la fecha ninguna orden vigente dirigida por las autoridades de la Municipalidad de Puntarenas recurrida, a los propietarios o/y al encargado del proyecto habitacional, para que den el debido mantenimiento a la red de recolección de aguas, ni procedan a la limpieza del tanque séptico, pese a que tiene fisuras y partes rotas. Tampoco consta que se haya girado órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud, que es el responsable de velar por su obligatorio cumplimiento tal y como le compete según lo determina la Ley General de Salud, que establece el deber ineludible de parte del Ministerio de Salud de atender en forma directa o bien obligar al desarrollador a corregir de forma inmediata el problema que se está ocasionando por la incorrecta disposición de las aguas residuales, situación que está generando el problema de salud que afecta a los amparados y que tiene a agravarse en época de lluvias. Así las cosas, en aplicación del principio preventivo que opera en materia ambiental, procede ordenar a la Municipalidad de Puntarenas y al Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud coordinar lo necesario dentro del ámbito de sus atribuciones, y darle seguimiento a la situación, conforme se indica en la parte dispositiva de esta resolución. Asimismo, deberán resolver y contestar la denuncia planteada por el recurrente desde diciembre de 2017, en el plazo que se indica en la parte dispositiva de esta resolución. (…) Por tanto: Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Randall Chavarría Matarrita en su condición de Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas y o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que en el plazo máximo de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, se proceda a la limpieza y mantenimiento del tanque séptico que se encuentra ubicado en la rotonda y en la vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas señalado por el tutelado; y en el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, adoptar las medidas oportunas a fin corregir y evitar más obstáculos para el discurrir de las aguas. En ese mismo plazo, deberá velar porque se realice tal actividad de limpieza con la regularidad necesaria; y, de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En aplicación del principio preventivo, se ordena a Ericka Jiménez Valverde en su calidad de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas -Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud o a quien en su lugar ocupe el cargo, girar las órdenes sanitarias que considere, para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, así como del tanque séptico indicado”. Desde este panorama, procede acoger parcialmente con lugar el recurso contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas. Sobre el particular, el recurrente hizo referencia a una problemática que ya había sido conocida en esta jurisdicción en virtud de un recurso de amparo que planteó otra persona. Este Tribunal en la sentencia parcialmente transcrita ordenó a la Municipalidad de Puntarenas coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que no solo se procediera con la limpieza y mantenimiento del tanque séptico, sino también que se adoptaran las medidas oportunas a fin corregir y evitar más obstáculos para el discurrir de las aguas; además, que debería velar por que se realizara la limpieza con la regularidad necesaria y, de ser necesario, gestionar la coordinación técnica con el ICAA. De igual forma, en esa oportunidad, la Sala ordenó al Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud girar las órdenes sanitarias que considerara, para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, así como del tanque séptico. En el caso concreto, de la prueba aportada por las autoridades recurridas, se desprende que los problemas detectados en el recurso de amparo anterior se mantienen. Al respecto, se observa que, si bien la municipalidad realizó una limpieza de los tanques sépticos en febrero de 2019 (los cuales están conectados a la servidumbre), en su informe expuso que no tenía ninguna tarea pendiente, pues no iba a hacer una nueva en lo que restaba del año. Ahora, pese a lo indicado, se constata que, luego de la limpieza de los tanques, el ICAA (ente al que no se le imputó responsabilidad sino únicamente el deber de coordinación técnica) ha tenido que intervenir por el rebalse de aguas negras, lo que demuestra que el problema no se ha solventado. En adición, los oficios de las autoridades de salud expresamente reconocieron que en los últimos cinco años se han atendido múltiples denuncias interpuestas por los vecinos de El Cocal por el rebalse de aguas residuales que se produce porque el alcantarillado sanitario colapsa periódicamente; asimismo, manifestaron conocer que las viviendas son atravesadas por una servidumbre, cuya entrada se encuentra cerrada por una pared de concreto y está obstruida por muros divisorios entre cada propiedad. Precisamente, el Área de Salud de Puntarenas señaló que desconocía si el sistema reunía las características y condiciones de un sistema funcional y efectivo en el tratamiento y disposición final de aguas residuales, lo que podría ocasionar grave contaminación ambiental, situando en riesgo la salud pública y el equilibrio de los ecosistemas. Lo expuesto resulta reprochable pues, si se constata una amenaza o potencial afectación al ambiente y la salud pública, se deben tomar las medidas adecuadas para que estas desaparezcan. Ahora, aun cuando el Ministerio de Salud ha denunciado penalmente al alcalde de Puntarenas por desobediencia a la autoridad y ha ejecutado una gran cantidad de actuaciones, no menos cierto es que la situación denunciada se mantiene. De igual manera, no se puede obviar que la Municipalidad de Puntarenas considera que el problema de marras es competencia del ICAA y este último, además de indicar que no le corresponde la solución, también reprocha que el gobierno local, no solo no ha cumplido la sentencia de la Sala sino que tampoco ha velado por que se eliminen las obstrucciones de la servidumbre de la tubería que se encuentra en el patio de los vecinos. De hecho, uno de los principales problemas es que las autoridades municipales no tienen certeza de la situación jurídica de la servidumbre, pues aun cuando manifestaron que le pertenecía al INVU, de la prueba para mejor resolver ordenada al Registro Nacional, no se evidenció tal afirmación. Incluso, el Ministerio de Salud le requirió a la Municipalidad de Puntarenas que efectuara un estudio legal de la servidumbre, pero no consta que eso haya ocurrido. Por las consideraciones expuestas, se impone estimar el recurso contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, a los efectos de que coordinen lo necesario para que se solucionen las afectaciones que provocan los problemas de aguas residuales y pluviales del sector del INVU en el barrio El Cocal de Puntarenas, en relación con el sistema de alcantarillado que atraviesa las propiedades por medio de una servidumbre. En ese sentido, la Municipalidad de Puntarenas deberá analizar la condición actual (física y jurídica) de la servidumbre así como sus respectivas implicaciones desde un punto de vista legal y técnico, y remitir tal informe al Ministerio de Salud. Asimismo, la autoridad de salud deberá analizar el informe de la municipalidad y emitir su propio criterio sobre la servidumbre a los efectos de evaluar la posible responsabilidad de la municipalidad y de los propietarios de los inmuebles, para que así dicte las medidas provisionales y definitivas que procuren la solución de la problemática denunciada. Finalmente, la Municipalidad de Puntarenas deberá acatar las órdenes sanitarias que se dicten en su contra, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se puedan cuestionar tales actos administrativos dictados, así como su viabilidad jurídica y técnica. En relación con lo anterior, si bien se reconoció que en la zona no hay alcantarillado sanitario, esa situación no exime a los responsables de procurar un adecuado tratamiento de las aguas residuales mientras subsista tal situación. Ahora, si el recurrente considera que el ICAA debe construir una red sanitaria en El Cocal de forma inmediata, deberá gestionarle ante esa institución, o bien, en la jurisdicción ordinaria para que, con mayores elementos, en una vía amplia se evacúe la prueba correspondiente y se determine su procedencia o no. Por otra parte, sobre las soluciones específicas que propone el recurrente, estas deberán ser planteadas ante las mismas autoridades, o bien, en la jurisdicción ordinaria. Además, en cuanto al INVU, de acuerdo con los elementos que constan en autos, se declara sin lugar el recurso, toda vez que no resulta evidente que tenga alguna conexión actual con lo acusado; lo anterior se dispone sin perjuicio de que en una vía plena se pueda determinar alguna posible responsabilidad. Finalmente, en los mismos términos del precedente citado, se desestima el recurso en contra del ICAA; sin embargo, deberá tomar nota esta autoridad a los efectos de que brinde, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo técnico que le requieran las autoridades de salud. Asimismo, deberá participar de las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, para que con su conocimiento técnico contribuya a la solución del problema. IV.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan problemas de contaminación que afecta al Estero de Puntarenas, por las aguas negras y aguas servidas, provenientes del barrio El Cocal de Puntarenas, lo que afecta la salud de los vecinos del lugar, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud. 1) Se ordena a Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, a Carlos Manuel Venegas Porras, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud y a Carlos Manuel Venegas Porras, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen sus cargos, que coordinen lo necesario dentro del ámbito de sus competencia a efectos de que, en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución a las afectaciones que provocan los problemas de aguas residuales del sector del INVU en el barrio El Cocal de Puntarenas, en relación con el sistema de alcantarillado que atraviesa las propiedades por medio de una servidumbre. 2) Se ordena a Carlos Manuel Venegas Porras, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud y a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas, o a quienes ocupen sus cargos, que, de manera INMEDIATA, giren las órdenes pertinentes para que se tomen las medidas provisionales a efectos de que se atiendan los rebalses de aguas residuales en el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas y los consecuentes problemas de contaminación y malos olores. 3) Se ordena a Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y tome las medidas necesarias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se elabore un estudio de la condición actual de la servidumbre con citas n.º 331-07008-01-0900-001 (que pesa sobre la finca n.º 6-43840-000 inscrita a nombre de Marco Antonio Torres Madrigal) y que atraviesa el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas; además, dentro de los TRES DÍAS posteriores a la emisión del informe deberá remitirlo al Área Rectora de Salud de Puntarenas la Dirección Regional. 4) Se ordena a Carlos Manuel Venegas Porras, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud y a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas, o a quienes ocupen sus cargos, una vez que la Municipalidad de Puntarenas les remita el estudio sobre la servidumbre mencionada, deberán, dentro del plazo de UN MES, a partir de su recibido, emitir un criterio técnico y jurídico sobre ella y, en ese mismo plazo, dictar las órdenes sanitarias correspondientes para la solución de los rebalses de aguas residuales en el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas y los consecuentes problemas de contaminación y malos olores. 5) Se ordena a Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, o a quien ocupe ese cargo, acatar las medidas sanitarias que dicte el Ministerio de Salud, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se puedan cuestionar tales actos administrativos dictados, así como su viabilidad jurídica y técnica. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Puntarenas al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Tome nota el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo consignado en el considerando III. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese a Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, a Carlos Manuel Venegas Porras, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud y a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas, en forma personal”. IV.- Sobre las funciones de las municipalidades de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política, esta Sala en sentencia nro. 2023011483 de las 09:20 horas del 19 de mayo de 2023, indicó: “(…) IV.- Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha reconocido la obligación de las Municipalidades de ejecutar acciones eficaces y céleres en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada a cada corporación municipal, y que se encuentra íntimamente ligado al elemento de población. Tales obligaciones, derivan de lo contemplado en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, siendo que abarca un amplio número de actividades. Así, en sentencias N° 2011-12886 de las 12:44 horas de 23 de setiembre de 2011 y N° 2015010541 de las 09:20 horas de 17 de julio de 2015, entre otras, esta Sala indicó: “(…) conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población”. Además, en materia de prestación de servicios, esta Sala ha señalado –v. gr. sentencia N° 2016-000427 de las 09:30 horas de 15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento de estos corresponde a un derecho fundamental. Esto, a partir del contenido de los artículos 139, 140 y 191 de la Constitución Política. Esto se traduce en la obligación de las distintas Administraciones Públicas de prestar servicios de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Asimismo, de la parte orgánica de la Carta Fundamental, se erigen una serie de principios de la organización y función de la Administración, los cuales han sido desarrollados por normas infra constitucionales, tales como la Ley General de la Administración Pública, que en sus artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1, impone el deber de los órganos del Estado, de orientar y nutrir la organización y la función administrativa. Así, el principio de eficacia supone que la organización administrativa está diseñada para la obtención de objetivos y fines asignados por el propio ordenamiento jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de cuentas. Por su parte, la eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la Administración el principio de simplicidad, el cual se debe entender como la obligación de que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión, sin procedimientos complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El principio de celeridad, impone la obligación a las Administraciones Públicas a cumplir con sus objetivos y fines, de la forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e injustificados. Así, estos principios imponen una serie de exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos (…)”. V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Se acredita que, el tutelado vive en El Cocal de Puntarenas, en las casas conocidas como las del Seguro Social, en la calle 38-40. Que, hace aproximadamente un mes, en su vivienda y en las de otros vecinos, comenzaron a ingresar aguas negras provenientes de la red interna de alcantarillado de la urbanización. Explica que esta situación se debe, aparentemente, a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes. Señala que dichas aguas, deberían descargarse en unos tanques cercanos; sin embargo, circulan libremente debido al colapso u obstrucción del sistema de alcantarillado. Manifiesta que este hecho pone en peligro su vida y la de muchas personas del sector, incluidas mujeres niños y adultos mayores y peligro al ambiente. Por lo anterior, acudió a la oficina del alcalde de Puntarenas para informar sobre la situación, pero éste argumentó que no dispone de la maquinaria, ni los recursos necesarios para solucionar el problema, sin importarle el riesgo que esto representa para la salud de los habitantes. El recurrente enfatiza que, pese a la gravedad del problema, las autoridades responsables, no han tomado acciones para remediarlo. Del análisis de los informes rendidos, así como, de la prueba que consta en autos, la Sala determina que lleva razón el tutelado en su alegato. Lo anterior, porque, consta que desde el 2018, otros vecinos de El Cocal de Puntarenas acudieron a este Tribunal por la misma problemática que les aqueja, sobre aguas negras provenientes de la red interna de alcantarillado de la urbanización, situación que, a la fecha cuando el recurrente acude a este amparo, las autoridades accionadas no habían realizado las gestiones correspondientes para solucionar el problema que les aqueja, pese a las dos órdenes que este Tribunal emitió. Por lo anterior, y en concordancia con la sentencia nro. 2018-008599 de las 9:15 horas del 1º de junio de 2018 y la sentencia nro. 2019022487 de las 09:15 horas del 15 de noviembre de 2019, se procede a acoger de manera parcial el recurso interpuesto en cuanto a la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud, por las siguientes razones: En cuanto a la Municipalidad de Puntarenas. Si bien, el alcalde informa que ese municipio ha venido realizando el mantenimiento y limpieza de los tanques de depósito comunales, todos los años; no obstante, se aprecia que esto no ha sido suficiente, ya que el problema que aqueja a la comunidad de El Cocal de Puntarenas, persiste. En efecto, nótese, que las mismas autoridades accionadas reconocen la problemática; sin embargo, no informan a la Sala, qué acciones definitivas vayan a realizar a fin de encontrar una solución al problema, ya que el alcalde solamente, se limita a indicar que la comunidad no cuenta con red de alcantarillado sanitario. Que dicho proyecto de vivienda fue promovido y construido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el cual diseñó sistemas de tratamiento por medio de tanque séptico común, por ende, las aguas que descarga cada vivienda van a un tanque de captación general para todo el proyecto y que efectivamente en las inspecciones realizadas se logró determinar que la causa del problema es la falta de trampas de grasas para evitar las obstrucciones al sistema de tuberías, ya que como es un único sistema de tuberías para todas las casas, si uno de ellos no realiza un mantenimiento y limpieza adecuados, afecta a su vivienda y las de los otros, por cuanto el sistema se obstruye y rebalsa las aguas hacia adentro de las casas. Por lo anterior, las tuberías a las que se hace referencia en el informe de cita, no se pueden limpiar desde afuera o por el frente de las propiedades, ya que las mismas se ubican en los patios de las viviendas, y ello ocasiona la imposibilidad para que el municipio pueda accionar, al tratarse de una propiedad privada. Indica, además, que el único acceso al ramal de tubería que existía fue cerrado por todos los vecinos, al construir unas tapias, y que, al realizar consulta al Registro de la propiedad, se desprende que dicho acceso corresponde a una servidumbre de aguas propiedad del INVU; a la cual tampoco puede tener acceso el municipio. Situación que fue igualmente señalada por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien informó que, el sistema de recolección de aguas residuales cuenta con una tubería interna que atraviesa los patios traseros de todas las propiedades, correspondiente a una servidumbre de paso cita de inscripción N°331-07008-01-0900-001 (misma servidumbre que se conoció en el amparo 19-015715-0007-CO); no obstante, el acceso de ingreso a la servidumbre de paso de la tubería de recolección se encuentra obstruido, por cuanto los habitantes han realizado diversas construcciones en la servidumbre, como tapias, bodegas, corredores y un taller entre otros. Que a pesar de que el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema del INVU Cocal, le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas, el AyA, por medio de órdenes sanitarias generadas por el Ministerio de Salud se ha encargado de brindar mantenimiento en los tanques de recolección de aguas residuales del sector; sin embargo, dicha labor se dificulta por cuanto no existe libre acceso en la servidumbre de paso de las aguas residuales dispuesta para este fin, debiendo ingresar los funcionarios del AyA por medio de propiedad privada para efectuar las desobstrucciones. Señala que le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas ejecutar las acciones legales pertinentes para mantener el libre acceso en la servidumbre. Asimismo, que por esa problemática en el 2018, los vecinos del Cocal han interpuesto dos recursos de amparo, donde este Tribunal ordena al Municipio a realizar las labores legales pertinentes para permitir el libre acceso en la servidumbre de paso y a ejecutar la limpieza y mantenimiento del tanque séptico, de igual manera gestionar la coordinación técnica con el AyA. Por lo que, la Institución ha participado en reuniones interinstitucionales con el MINSA y la Municipalidad de Puntarenas, con el fin de brindar la colaboración y/o asesoría que se requiera para la correcta ejecución del sistema de aguas residuales. Sobre este tema, la Sala en el voto mencionado No. 2019022487 de las 09:15 horas del 15 de noviembre de 2019, ordenó lo siguiente: (…) 3) Se ordena a Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y tome las medidas necesarias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se elabore un estudio de la condición actual de la servidumbre con citas n.º 331-07008-01-0900-001 (que pesa sobre la finca n.º 6-43840-000 inscrita a nombre de Marco Antonio Torres Madrigal) y que atraviesa el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas; además, dentro de los TRES DÍAS posteriores a la emisión del informe deberá remitirlo al Área Rectora de Salud de Puntarenas la Dirección Regional (…)”. De lo anterior, se aprecia que, lo ordenado en su momento por este Tribunal no se ha realizado, pues las mismas autoridades reconocen de la problemática que se genera de dicha servidumbre, y no informa el alcalde del municipio accionado, qué medidas se van a realizar a fin de buscar una solución al problema. Sobre el Ministerio de Salud. Si bien, de los informes rendidos y de la prueba que consta en autos, se acredita que las autoridades accionadas del Ministerio de Salud -Área Rectora de Salud de Puntarenas – Chacarita-, han realizado gestiones a fin de cumplir con las ordenes que en su momento dio este Tribunal, tal como se aprecian en los hechos probados de esta sentencia, y que, ante el incumplimiento de la orden sanitaria 0112-REG-2024 por parte de la Municipalidad de Puntarenas, el 4 de diciembre del 2024, se interpuso denuncia penal contra la Municipalidad de Puntarenas, por el presunto Delito de Desobediencia a la Autoridad ante la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público en Puntarenas; sin embargo, lo cierto del caso es que, para esta Sala su deber ha sido insuficiente, pues dicho ministerio demanda la observancia, así como, el garantizar la protección de la salud de la población y del medioambiente. Por lo anterior, la Sala aprecia que, las autoridades accionadas de la Municipalidad de Puntarenas y del Ministerio de Salud, no han cumplido con la orden que dictó este Tribunal, en las sentencias de los expedientes nro. 18-006056-0007-CO y nro. 19-015715-0007-CO, pues si bien las autoridades reconocen la problemática denunciada y a la fecha que el tutelado acude en amparo -más de seis años después-, la municipalidad accionada solamente da soluciones paliativas, y no aporta pruebas a la Sala, en donde se indique las acciones tomadas, ya sea de coordinación con las autoridades que estime necesario, así como, con los dueños de las propiedades que se requiera, a fin de dar una solución integral y definitiva al problema que aqueja a las personas que viven en el barrio El Cocal de Puntarenas , situación contraria a los principios constitucionales de eficiencia y eficacia que debe imperar en los deberes de la función pública. En consecuencia, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso en cuanto a estas dos autoridades accionadas, y reiterar la orden que anteriormente fue dada por esta Sala, en la sentencia nro. 2019022487 de las 09:15 horas del 15 de noviembre de 2019. VI.- Por otra parte, en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Sala, no encuentra elementos que indiquen que dicha institución haya incurrido en actuaciones que afecten los derechos fundamentales del tutelado, pues se aprecia que dicho instituto brinda únicamente el servicio de agua potable en el sector del INVU, conocido como Barrio El Cocal ubicado en la provincia de Puntarenas y que, a pesar de que el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema del INVU Cocal, le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas, el AyA, por medio de órdenes sanitarias generadas por el Ministerio de Salud se ha encargado de brindar mantenimiento en los tanques de recolección de aguas residuales del sector. En consecuencia, en cuanto a dicho instituto se declara sin lugar el recurso. Sin embargo, deberá tomar nota esta autoridad a los efectos de que brinde, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo técnico que le requieran las autoridades de salud. Asimismo, deberá participar de las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, para que con su conocimiento técnico contribuya a la solución del problema. (...)" ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 169- Gobierno municipal Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) IV.- Sobre las funciones de las municipalidades de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política, esta Sala en sentencia nro. 2023011483 de las 09:20 horas del 19 de mayo de 2023, indicó: “(…) IV.- Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha reconocido la obligación de las Municipalidades de ejecutar acciones eficaces y céleres en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada a cada corporación municipal, y que se encuentra íntimamente ligado al elemento de población. Tales obligaciones, derivan de lo contemplado en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, siendo que abarca un amplio número de actividades. Así, en sentencias N° 2011-12886 de las 12:44 horas de 23 de setiembre de 2011 y N° 2015010541 de las 09:20 horas de 17 de julio de 2015, entre otras, esta Sala indicó: “(…) conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población”. Además, en materia de prestación de servicios, esta Sala ha señalado –v. gr. sentencia N° 2016-000427 de las 09:30 horas de 15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento de estos corresponde a un derecho fundamental. Esto, a partir del contenido de los artículos 139, 140 y 191 de la Constitución Política. Esto se traduce en la obligación de las distintas Administraciones Públicas de prestar servicios de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Asimismo, de la parte orgánica de la Carta Fundamental, se erigen una serie de principios de la organización y función de la Administración, los cuales han sido desarrollados por normas infra constitucionales, tales como la Ley General de la Administración Pública, que en sus artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1, impone el deber de los órganos del Estado, de orientar y nutrir la organización y la función administrativa. Así, el principio de eficacia supone que la organización administrativa está diseñada para la obtención de objetivos y fines asignados por el propio ordenamiento jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de cuentas. Por su parte, la eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la Administración el principio de simplicidad, el cual se debe entender como la obligación de que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión, sin procedimientos complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El principio de celeridad, impone la obligación a las Administraciones Públicas a cumplir con sus objetivos y fines, de la forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e injustificados. Así, estos principios imponen una serie de exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos (…)”. (…)” VCG01/2025 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. VII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se reclama la contaminación y afectaciones que generan el ingreso de aguas negras provenientes de la red interna de alcantarillado de la urbanización, por falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado, en la calle 38-40, de la zona de El Cocal de Puntarenas. La parte recurrente señala que ha interpuesto las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Puntarenas; sin embargo, no han logrado resolver el problema principal, lo que produce una afectación a la salud y a la vida de los vecinos, e implica un riesgo para la salud pública. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VCG01/2025 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 24-033317-0007-CO Res. Nº 2025000583 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-033317-0007-CO, interpuesto por Nombre194443 , cédula de identidad CED141533, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS Y EL MINISTERIO DE SALUD. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en la Sala el 26 de noviembre de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo, indica: que vive en El Cocal de Puntarenas, en las casas conocidas como las del Seguro Social, en la Dirección22105 . Expone que, hace aproximadamente un mes, en su vivienda y en las de otros vecinos, comenzaron a ingresar aguas negras provenientes de la red interna de alcantarillado de la urbanización. Explica que esta situación se debe, aparentemente, a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes. Señala que dichas aguas, que deberían descargarse en unos tanques cercanos, circulan libremente debido al colapso u obstrucción del sistema de alcantarillado. Manifiesta que este hecho pone en peligro su vida y la de muchas personas del sector, incluidas mujeres niños y adultos mayores. Refiere que hace aproximadamente quince días acudió a la oficina del alcalde de Puntarenas para informar sobre la situación, pero el alcalde le argumentó que no dispone de la maquinaria, ni los recursos necesarios para solucionar el problema, sin importarle el riesgo que esto representa para la salud de los habitantes. Afirma que, debido a los malos olores y la contaminación producida por las aguas negras, ha sufrido problemas de salud, tales como dolores de estómago y fuertes dolores de cabeza. Además, destaca que, para protegerse de posibles infecciones y preservar su salud, se vio obligado a mudarse temporalmente a casa de familiares. El recurrente enfatiza que, pese a la gravedad del problema, las autoridades responsables, incluyendo el alcalde de Puntarenas, el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud, no han tomado acciones para remediarlo. Aduce que esta inacción no solo pone en peligro el derecho a la salud y la vida de los habitantes, sino que también genera una seria contaminación ambiental, violando así los artículos 21 y 50 de la Constitución Política. Solicita se ordene de manera inmediata al Ministerio de Salud, a Acueductos y Alcantarillados, y a la Municipalidad de Puntarenas adoptar las medidas necesarias para resolver el problema de las aguas negras que circulan por las viviendas. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley. 2.- Por resolución de las veinte horas cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, el presidente de la Sala dio curso al amparo. 3.- Informan bajo juramento la Dra. Mary Denisse Munive Angermüller, vicepresidenta de la República y ministra de Salud, y la Dra. Carolina Lizeth Guillén Meléndez, directora a.i., del Área Rectora de Salud de Puntarenas–Chacarita: “INFORME DE LEY De conformidad con lo requerido en el presente Recurso de Amparo, se rinde el presente informe de ley con sustento en el Oficio N°MS-DRRSPC-DARSPC-0815-2024 del 04 de diciembre del 2024, evidenciando del mismo las actuaciones pertinentes por parte del Ministerio de Salud, a través del Área Rectora de Salud Puntarenas -Chacarita, misma perteneciente a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Pacífico Central, mencionando en lo que nos ocupa: “…PRIMERO En atención a denuncia sanitaria recibida en esta Área Rectora de Salud mediante boleta de recepción de documentos N°N°PC-AC-925-2024 relacionada con Acumulación de aguas residuales en cajas de registro de servidumbre que canaliza aguas residuales de viviendas ubicadas entre Dirección22106 , el 19 de setiembre del 2024 se realiza inspección en el sitio como consta en Acta de Inspección Ocular N°0315-Reg-2024 y fue posible comprobar anomalías sanitarias relacionadas con acumulación de aguas en cajas de registro de servidumbre y malos olores. SEGUNDO: Producto de la inspección realizada, el 04 de octubre del 2024 se notificó orden sanitaria 0112-REG-2024 al Sr. Randall Alexis Chavarría Matarrita en su cargo como Alcalde Municipal para que antes del 9 de octubre del 2024 sean tomadas medidas que aseguren el adecuado funcionamiento de servidumbre que canaliza aguas residuales de viviendas ubicadas entre Dirección22107 , , . TERCERO: Durante inspección de campo realizada el jueves 10 de octubre del 2024 no se observaron cambios en el sitio en comparación con la inspección realizada el 19 de setiembre del 2024. CUARTO: Después de finalizar el plazo otorgado para cumplir con la orden sanitaria 0112-REG-2024 no se recibió de forma física o digital informe por parte de la Municipalidad de Puntarenas, informando sobre las acciones que ejecutadas en cumplimiento con ordenamiento sanitario 0112-REG-2024. QUINTO: Ante el incumplimiento de la orden sanitaria 0112-REG-2024 por parte de la Municipalidad de Puntarenas, el 11 de octubre del 2024 se notificó informe sanitario MS-DRRSPC-DARSPC-0699-2024 que establece la multa por incumplimiento al Sr. Randall Alexis Chavarría Matarrita en su cargo como Alcalde Municipal según lo establecido en las medidas decretadas por las autoridades de salud conforme lo descrito en los artículos 378 y 378 bis de la Ley General de Salud N°5395. SEXTO: El 8 de noviembre del 2024 finalizó el plazo otorgado para cancelar la infracción correspondiente sin que se haya recibido respuesta por escrito a informe sanitario o entero a favor del Gobierno de la República. Por lo anterior se hizo remisión del expediente administrativo de este caso para dar inicio con el proceso de cobro administrativo correspondiente conforme lo establecido en el artículo 13 del Reglamento a la Ley N°9837 "Reforma Ley General de Salud" N°42293-S. SETIMO: El 4 de diciembre del 2024 se interpuso denuncia penal por el presunto Delito de Desobediencia a la Autoridad ante la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público en Puntarenas, para que basados en el numeral 314 del Código Pena se ordene a la Municipalidad de Puntarenas responder a las acciones solicitadas por esta Área Rectora de Salud en cuanto a cumplimiento del ordenamiento sanitario N°0112-REG-2024 y cancelar la multa notificada mediante informe sanitario con oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0699-2024…” Es por lo anteriormente expresado señores Magistrados, que esta representación de salud considera que no ha sido omisa en su actuar y se ha demostrado que se han venido realizando las gestiones oportunas para proteger los derechos de los vecinos del Cocal de Puntarenas en cuanto a la problemática de aguas residuales existente en dicha comunidad, notificando los actos administrativos correspondientes a los responsables de velar por el bienestar de la población en cuanto a temas de servidumbres, calles y avenidas cantonales se refiere, tal y como consta en el expediente administrativo que resguarda esta Área Rectora de Salud Puntarenas – Chacarita. Así las cosas, se desprende con total claridad que de manera efectiva y eficiente el Ministerio de Salud a través del Área Rectora de Salud Puntarenas – Chacarita y la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Pacífico Central, hemos venido realizando una labor acorde a nuestras competencias y fundamental en cuanto al presente asunto, por lo que se adjunta la información necesaria para resolver lo solicitado por esta Honorable Sala Constitucional en apego al principio de legalidad instituido en el artículo 11 de la Constitución Política y el ordinal 11 de la Ley General de la Administración Pública”. Solicitan se declare sin lugar el recurso. 4.- Informa bajo juramento Emilio Corrales Fallas, encargado de la Oficina Cantonal de Puntarenas de la Región Pacífico Central de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: “Con fundamento en el informe N°GSP-RPC-2024-02610 de fecha 05 de diciembre del 2024, elaborado por la Ingra. Karla Ordoñez Sequeira directora de Recolección y Tratamiento de la Región Pacífico Central, el cual se adjunta como prueba y forma parte integral del expediente administrativo, queda demostrado que: En el sector del INVU, conocido como Dirección263 ubicado en la provincia de Puntarenas, el AyA brinda únicamente el servicio de Agua Potable, el sistema de recolección de aguas residuales fue realizado por el INVU, como un sistema de Alcantarillado Condominal y el mismo fue recibido por la Municipalidad de Puntarenas, correspondiendo al Municipio su mantenimiento preventivo y correctivo. Ahora bien, este sistema de recolección de aguas residuales cuenta con una tubería interna que atraviesa los patios traseros de todas las propiedades, correspondiente a una servidumbre de paso cita de inscripción N°331-07008-01-0900-001 no obstante, el acceso de ingreso a la servidumbre de paso de la tubería de recolección se encuentra obstruido, por cuanto los habitantes han realizado diversas construcciones en la servidumbre, como tapias, bodegas, corredores y un taller entre otros, (Ver informe N°GSP-RPC-2024-02610). Por otra parte, a pesar de que el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema del INVU Cocal, le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas, el AyA, por medio de órdenes sanitarias generadas por el Ministerio de Salud se ha encargado de brindar mantenimiento en los tanques de recolección de aguas residuales del sector, empero, dicha labor se dificulta por cuanto no existe libre acceso en la servidumbre de paso de las aguas residuales dispuesta para este fin, debiendo ingresar los funcionarios del AyA por medio de propiedad privada para efectuar las desobstrucciones o en su defecto como puede observarse en la imagen inserta en el acápite anterior, los funcionarios exponen su integridad física, debiendo pasar por encima de tapias para realizar la desobstrucción de la tubería, por cuanto es imposible el ingreso por medio de la servidumbre debido a la existencia de edificaciones, se señala que corresponde a la Municipalidad de Puntarenas ejecutar las acciones legales pertinentes para mantener el libre acceso en la servidumbre. (Ver informe N°GSP-RPC-2024-02610). Se acota que, desde el año 2018 los vecinos del Cocal han interpuesto dos recursos de amparo con relación a los derrames de aguas residuales, lo cual esta Honorable Magistratura puede constatar en la resolución N°2018008599 del expediente N°18-006056-0007-CO y la resolución N°2019022487 del expediente 19-015715-0007-CO, en ambas resoluciones se ordena al Municipio a realizar las labores legales pertinentes para permitir el libre acceso en la servidumbre de paso y a ejecutar la limpieza y mantenimiento del tanque séptico, de igual manera gestionar la coordinación técnica con el AyA; para lo cual vale resaltar que la Institución ha participado en reuniones interinstitucionales con el MINSA y la Municipalidad de Puntarenas, con el fin de brindar la colaboración y/o asesoría que se requiera para la correcta ejecución del sistema de aguas residuales. (Ver informe N°GSP-RPC-2024-02610). Es menester indicarle a esta Sala Constitucional, que en respuesta a la Orden Sanitaria OS-0006-REG-2021 emitida por el MINSA en fecha 03 de febrero del 2021, se emite el oficio N°GSP-RPC-2021-00138, en donde se le recuerda al MINSA que el responsable del adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado del Cocal es la Municipalidad de Puntarenas, adicionalmente se le informa que: …”NO se van a realizar más trabajos de desobstrucción en el sitio en el tanto no se cuente con un acceso adecuado y seguro al sistema de recolección, puesto que no es justificable poner en riesgo a los funcionarios que desempeñan labores de mantenimiento de redes debido a la falta de condiciones adecuadas en el ingreso al sitio…” (ver oficio N°GSP-RPC-2021-00138). II. NORMATIVA APLICABLE. En respaldo de lo anteriormente señalado, es menester indicar lo que al respecto establecen el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°27, Alcance N°29 del 9 de febrero de 2021 y la Ley General de la Administración Pública, artículos 11 y 13 inciso 1. “Artículo 14- De las condiciones para la prestación de los servicios. AyA prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas, para actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados en este reglamento. Los servicios de agua potable y de saneamiento los otorgará el AyA sobre calle o vía pública o sobre servidumbre de tubería y de paso inscrita a favor del AyA o inscrita a favor de terceros, según aplique de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de este reglamento. Lo anterior, siempre que existan redes del AyA en funcionamiento…” Ley General de la Administración Pública, artículos 11 y 13 incisos 1 “1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. “1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. En el presente caso, se constata que no se ha violentado ningún derecho Constitucional, ya que como ha quedado evidenciado en el informe técnico que forma parte integral del escrito que se presenta en este acto, el AyA ha realizado trabajos correctivos en la red de alcantarillado sanitario del INVU Cocal, a pesar de que el sistema fue recibido por la Municipalidad de Puntarenas, correspondiéndole a esta dar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema, así mismo se recalca que el sistema de alcantarillado sanitario del INVU Cocal está ubicado en propiedad privada, en donde el AyA no tiene competencia de ingreso, adicionalmente la servidumbre de paso dispuesta para el sistema de aguas residuales, tiene edificaciones que impiden el libre acceso, siendo obligación de la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, habilitar la servidumbre de paso por los medios legales pertinentes, no omito manifestar, el deber del Municipio de vigilar y fiscalizar tanto los tragantes de aguas pluviales como las cajas de registro y pozos de aguas residuales. El AyA de manera diligente, siempre ha colaborado en la atención y resolución de órdenes sanitarias generadas por el MINSA, específicamente en la ejecución de trabajos de desobstrucción del sistema de alcantarillado del Cocal, no obstante, hasta tanto la Municipalidad de Puntarenas no se ocupe en buscar alternativas para habilitar el acceso por medio de la servidumbre de paso dispuesta para el sistema de aguas residuales, la Institución se ve imposibilitada en cooperar con la resolución de órdenes sanitarias en el sistema de recolección del Cocal, ya que se justifica poner en riesgo a los funcionarios que desempeñan labores de mantenimiento de redes debido a la falta de condiciones adecuadas en el ingreso al sitio. Por ende, de conformidad con los hechos anteriormente expuestos, se demuestra que ninguna de las actuaciones de este Instituto ha sido antojadiza, arbitraria o infundada. Mi representada ha ejecutado y realizado todas las acciones que corresponden al ámbito de sus competencias y dentro del marco de legalidad que nos rige, por lo que se concluye que AyA cumplió con todas las obligaciones impuestas por imperio de ley, en el marco constitucional y legal conforme al principio de legalidad. Por consiguiente, no se ha violentado ninguno de los derechos fundamentales del recurrente”. Solicita se declare sin lugar el recurso. 5.- Informa bajo juramento Randall Alexis Chavarría Matarrita, alcalde de la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas: “se informa a su Autoridad, lo señalado por el Ing. Mauricio Gutiérrez Villafuerte, director de Desarrollo Territorial y Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, mediante oficio MP-DDTU-OF-393-12-2024 de fecha 05 de diciembre de 2024; el cual indica lo siguiente: "la comunidad de El Cocal de Puntarenas, no cuenta con red de alcantarillado sanitario. Que el ente rector en materia de aguas sanitarias y pluviales de acuerdo a su ley constitutiva es el AyA. En Puntarenas existe una oficina Regional del AyA, ubicada en Barranca y nos hemos puesto a disposición muchas veces a efectos de colaborar para dar contención al problema que presenta las casas del seguro social, Dirección22105 . Indica además, el Ing. Gutiérrez Villafuerte, que dicho proyecto de vivienda fue promovido y construido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el cual diseñó sistemas de tratamiento por medio de tanque séptico común, por ende, las aguas que descarga cada vivienda van a un tanque de captación general para todo el proyecto. Ahora bien, estas obras debieron ser entregadas al AyA, pero el INVU no lo hizo, causando ahora que AyA alegue no ser responsable de dar una solución, pese a que por ley le corresponde. En cuanto al problema de rebalse, según lo indica el mismo recurrente, se presenta en cada una y dentro de las viviendas --en sus patios-, señala el recurrente; y al respecto Índica el informe citado, que por parte de la Dirección de Desarrollo Territorial y Urbano, han realizado varias inspecciones, y han logrado determinar que la causa del problema es la falta de trampas de grasas para evitar las obstrucciones al sistema de tuberías. Para mayor abundamiento señala que, como es un único sistema de tuberías para todas las casas, si uno de ellos no realiza un mantenimiento y limpieza adecuados, aféela su vivienda y las da los otros, por cuanto el sistema se obstruye y rebalsa las aguas hacia adentro de ¡as casas. Por lo anterior, las tuberías a las que se hace referencia en el informe de cita, no se pueden limpiar desde afuera o por el frente de las propiedades, ya que las mismas se ubican en los patios de las viviendas, y ello ocasiona la imposibilidad para que el municipio pueda accionar, al tratarse de una propiedad privada. Indica además, que el único acceso al ramal de tubería que existía, fue cerrado por todos los vecinos, al construir unas tapias, y que al realizar consulta al Registro de la propiedad, se desprende que dicho acceso corresponde a una servidumbre de aguas propiedad del INVU; a la cual tampoco puede tener acceso el municipio. Finalmente y en lo que sí es competencia del municipio que represento, es en el mantenimiento y limpieza de los tanques de depósito comunales; la cual realiza el municipio todos los años, ya que los mismos se encuentran ubicados en un espacio destinado para dichos efectos, y al cual se puede tener acceso por la calle pública. Así las cosas, y de acuerdo con el informe técnico de referencia y que se aporta como prueba documental, la problemática denunciada es provocada por la falta de mantenimiento de la tubería de los mismos residentes del lugar, y no por fallos ocasionados o no atendidos por la Municipalidad de Puntarenas. Por todo lo anterior, no existe responsabilidad de mi representada, en la atención del problema planteado por el recurrente, y tampoco es posible tener acceso al sitio donde se origina la misma, ya que se trata del interior de las propiedades privadas de los vecinos de El Cocal de Puntarenas, específicamente en las casas conocidas como del Seguro Social Dirección22105 ”. Solicita se declare sin lugar el recurso. 6.- Informa bajo juramento Juan Manuel Quesada Espinoza, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: “Con fundamento en el informe N°GSP-RPC-2024-02610, de fecha 05 de diciembre del 2024, elaborado por la Ingra. Karla Ordoñez Sequeira, directora de Recolección y Tratamiento de la Región Pacífico Central, el cual se adjunta como prueba y forma parte integral del expediente administrativo, queda demostrado que: En el sector del INVU, conocido como Dirección263 , ubicado en la provincia de Puntarenas, el AyA brinda únicamente el servicio de Agua Potable. El sistema de recolección de aguas residuales fue realizado por el INVU, como un sistema de Alcantarillado Condominal y el mismo fue recibido por la Municipalidad de Puntarenas, correspondiendo al Municipio su mantenimiento preventivo y correctivo. Ahora bien, este sistema de recolección de aguas residuales cuenta con una tubería interna que atraviesa los patios traseros de todas las propiedades, correspondiente a una servidumbre de paso cita de inscripción N°331-07008-01-0900-001 no obstante, el acceso de ingreso a la servidumbre de paso de la tubería de recolección se encuentra obstruido, por cuanto los habitantes han realizado diversas construcciones en la servidumbre, como tapias, bodegas, corredores y un taller entre otros (Ver informe N°GSP-RPC-2024-02610). Por otra parte, a pesar de que el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema del INVU Cocal le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas, el AyA, por medio de órdenes sanitarias generadas por el Ministerio de Salud, se ha encargado de brindar mantenimiento en los tanques de recolección de aguas residuales del sector. Empero, dicha labor se dificulta por cuanto no existe libre acceso en la servidumbre de paso de las aguas residuales dispuesta para este fin, debiendo ingresar los funcionarios del AyA por medio de propiedad privada para efectuar las desobstrucciones o en su defecto como puede observarse en la imagen inserta en el acápite anterior, los funcionarios exponen su integridad física, debiendo pasar por encima de tapias para realizar la desobstrucción de la tubería, por cuanto es imposible el ingreso por medio de la servidumbre debido a la existencia de edificaciones, se señala que corresponde a la Municipalidad de Puntarenas ejecutar las acciones legales pertinentes para mantener el libre acceso en la servidumbre. (Ver informe N°GSP-RPC-2024-02610). Se acota que, desde el año 2018, los vecinos del Cocal han interpuesto dos recursos de amparo con relación a los derrames de aguas residuales, lo cual esta Honorable Magistratura puede constatar en la resolución N°2018008599 del expediente N°18-006056-0007-CO y la resolución N°2019022487 del expediente 19-015715-0007-CO, en ambas resoluciones se ordenó al Municipio a realizar las labores legales pertinentes para permitir el libre acceso en la servidumbre de paso y a ejecutar la limpieza y mantenimiento del tanque séptico, de igual manera gestionar la coordinación técnica con el AyA; para lo cual vale resaltar que este Instituto ha participado en reuniones interinstitucionales con el MINSA y la Municipalidad de Puntarenas, con el fin de brindar la colaboración y/o asesoría que se requiera para la correcta ejecución del sistema de aguas residuales (Ver informe N°GSP-RPC-2024-02610). Es menester indicarle a esta Sala Constitucional, que en respuesta a la Orden Sanitaria OS-0006-REG-2021 emitida por el MINSA en fecha 03 de febrero del 2021, se emite el oficio N°GSP-RPC-2021-00138, en donde se le recuerda al MINSA que el responsable del adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado del Cocal es la Municipalidad de Puntarenas. Adicionalmente, se le informa que: “…NO se van a realizar más trabajos de desobstrucción en el sitio en el tanto no se cuente con un acceso adecuado y seguro al sistema de recolección, puesto que no es justificable poner en riesgo a los funcionarios que desempeñan labores de mantenimiento de redes debido a la falta de condiciones adecuadas en el ingreso al sitio…” (ver oficio N°GSP-RPC-2021-00138)”. Solicita se declare sin lugar el recurso. 7.- El 11 de diciembre del año en curso, el recurrente aporta escrito al expediente donde reitera los alegados del presente recurso de amparo. 8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Hess Herrera; y, CONSIDERANDO: I.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente alega que, vive en El Cocal de Puntarenas, en las casas conocidas como las del Seguro Social, en la Dirección22105 . Expone que, hace aproximadamente un mes, en su vivienda y en las de otros vecinos, comenzaron a ingresar aguas negras provenientes de la red interna de alcantarillado de la urbanización. Explica que esta situación se debe, aparentemente, a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes. Señala que dichas aguas, deberían descargarse en unos tanques cercanos; sin embargo, circulan libremente debido al colapso u obstrucción del sistema de alcantarillado. Manifiesta que este hecho pone en peligro su vida y la de muchas personas del sector, incluidas mujeres niños y adultos mayores. Refiere que hace aproximadamente quince días el tutelado acudió a la oficina del alcalde de Puntarenas para informar sobre la situación, pero éste le argumentó que no dispone de la maquinaria, ni los recursos necesarios para solucionar el problema, sin importarle el riesgo que esto representa para la salud de los habitantes y genera contaminación ambiental. Alega que, pese a la gravedad del problema, las autoridades responsables, no han tomado acciones para remediarlo. Solicita se ordene de manera inmediata al Ministerio de Salud, a Acueductos y Alcantarillados, y a la Municipalidad de Puntarenas adoptar las medidas necesarias para resolver el problema de las aguas negras que circulan por las viviendas. II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: Ministerio de Salud a) El 17 de setiembre de 2024, en el Área Rectora de Salud de Puntarenas – Chacarita, se recibió denuncia anónima, mediante boleta de recepción de documentos PC-AC-925-2024 relacionada con acumulación de aguas residuales en cajas de registro de servidumbre que canaliza aguas residuales de viviendas ubicadas entre Dirección22106 . (informe rendido y prueba que consta en el expediente); b) El 19 de setiembre del 2024, se realiza inspección en el sitio y fue posible comprobar anomalías sanitarias relacionadas con acumulación de aguas en cajas de registro de servidumbre y malos olores. (informe rendido y prueba que consta en el expediente); c) El 04 de octubre del 2024, producto de la inspección realizada, se notificó orden sanitaria 0112-REG-2024 al Sr. Randall Alexis Chavarría Matarrita, alcalde Municipal, para que antes del 9 de octubre del 2024 sean tomadas las medidas que aseguren el adecuado funcionamiento de servidumbre que canaliza aguas residuales de viviendas ubicadas entre Dirección22107 , , . (informe rendido y prueba que consta en el expediente); d) El 10 de octubre del 2024 durante inspección de campo realizada, no se observaron cambios en el sitio en comparación con la inspección realizada el 19 de setiembre del 2024. (informe rendido y prueba que consta en el expediente); e) Después de finalizar el plazo otorgado para cumplir con la orden sanitaria 0112-REG-2024 no se recibió de forma física o digital informe por parte de la Municipalidad de Puntarenas, informando sobre las acciones ejecutadas en cumplimiento de la orden 0112-REG-2024. (informe rendido); f) Ante el incumplimiento de la orden sanitaria 0112-REG-2024 por parte de la Municipalidad de Puntarenas, el 11 de octubre del 2024 se notificó informe sanitario MS-DRRSPC-DARSPC-0699-2024 que establece la multa por incumplimiento al Sr. Randall Alexis Chavarría Matarrita en su cargo como alcalde Municipal. (informe rendido); g) El 4 de diciembre del 2024, se interpuso denuncia penal contra la Municipalidad de Puntarenas, por el presunto Delito de Desobediencia a la autoridad ante la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público en Puntarenas. (informe rendido). Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados h) En el sector del INVU, conocido como Barrio El Cocal ubicado en la provincia de Puntarenas, el AyA brinda únicamente el servicio de agua potable. El sistema de recolección de aguas residuales fue realizado por el INVU, como un sistema de alcantarillado condominal y el mismo fue recibido por la Municipalidad de Puntarenas, correspondiendo al Municipio su mantenimiento preventivo y correctivo. (informe rendido); i) El sistema de recolección de aguas residuales cuenta con una tubería interna que atraviesa los patios traseros de todas las propiedades, correspondiente a una servidumbre de paso cita de inscripción N°331-07008-01-0900-001; no obstante, el acceso de ingreso a la servidumbre de paso de la tubería de recolección se encuentra obstruido, por cuanto los habitantes han realizado diversas construcciones en la servidumbre, como tapias, bodegas, corredores y un taller entre otros. (informe rendido); j) Que a pesar de que el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema del INVU Cocal, le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas, el AyA, por medio de órdenes sanitarias generadas por el Ministerio de Salud se ha encargado de brindar mantenimiento en los tanques de recolección de aguas residuales del sector, empero, dicha labor se dificulta por cuanto no existe libre acceso en la servidumbre de paso de las aguas residuales dispuesta para este fin, debiendo ingresar los funcionarios del AyA por medio de propiedad privada para efectuar las desobstrucciones, se señala que corresponde a la Municipalidad de Puntarenas ejecutar las acciones legales pertinentes para mantener el libre acceso en la servidumbre.(informe rendido); k) Desde el año 2018 los vecinos del Cocal han interpuesto dos recursos de amparo con relación a los derrames de aguas residuales: la resolución N°2018008599 y la resolución N°2019022487, en ambas se ordena al Municipio realizar las labores legales pertinentes para permitir el libre acceso en la servidumbre de paso y a ejecutar la limpieza y mantenimiento del tanque séptico, de igual manera gestionar la coordinación técnica con el AyA. Por lo que, la Institución ha participado en reuniones interinstitucionales con el MINSA y la Municipalidad de Puntarenas, con el fin de brindar la colaboración y/o asesoría que se requiera para la correcta ejecución del sistema de aguas residuales. (informe rendido). Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas l) Que según indica el director de Desarrollo Territorial y Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, mediante oficio MP-DDTU-OF-393-12-2024 de fecha 05 de diciembre de 2024: la comunidad de El Cocal de Puntarenas no cuenta con red de alcantarillado sanitario. Que el ente rector en materia de aguas sanitarias y pluviales de acuerdo con su ley constitutiva es el AyA. En Puntarenas existe una oficina Regional del AyA, ubicada en Barranca y nos hemos puesto a disposición muchas veces a efectos de colaborar para dar contención al problema que presenta las casas del seguro social, Dirección22105 . (informe rendido); m) Que dicho proyecto de vivienda fue promovido y construido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el cual diseñó sistemas de tratamiento por medio de tanque séptico común, por ende, las aguas que descarga cada vivienda van a un tanque de captación general para todo el proyecto. (informe rendido); n) En cuanto al problema de rebalse. La Dirección de Desarrollo Territorial y Urbano, han realizado varias inspecciones, y han logrado determinar que la causa del problema es la falta de trampas de grasas para evitar las obstrucciones al sistema de tuberías. Para mayor abundamiento señala que, como es un único sistema de tuberías para todas las casas, si uno de ellos no realiza un mantenimiento y limpieza adecuados, afecta a su vivienda y las de los otros, por cuanto el sistema se obstruye y rebalsa las aguas hacia adentro de las casas. Por lo anterior, las tuberías a las que se hace referencia en el informe de cita, no se pueden limpiar desde afuera o por el frente de las propiedades, ya que las mismas se ubican en los patios de las viviendas, y ello ocasiona la imposibilidad para que el municipio pueda accionar, al tratarse de una propiedad privada. Indica, además, que el único acceso al ramal de tubería que existía fue cerrado por todos los vecinos, al construir unas tapias, y que, al realizar consulta al Registro de la Propiedad, se desprende que dicho acceso corresponde a una servidumbre de aguas propiedad del INVU; a la cual tampoco puede tener acceso el municipio. (informe rendido): o) Que el mantenimiento y limpieza de los tanques de depósito comunales, el municipio lo realiza todos los años. (informe rendido). III.- ANTECEDENTES DEL RECURSO. Este Tribunal conoció en los recursos de amparo No. 18-006056-0007-CO y No. 19-015715-0007-CO, interpuestos por otros accionantes, sobre la situación que aquí se acusa, por la problemática de aguas negras provenientes de la red interna de alcantarillado de la urbanización en El Cocal de Puntarenas Así, en sentencia nro. 2019022487 de las 09:15 horas del 15 de noviembre de 2019, se dispuso: “(…) III.- Sobre el fondo. En el sub lite, el recurrente, quien tiene 83 años, indica que en el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas existe un problema de contaminación, malos olores, salida de aguas negras tanto en baños como en patios y estancamiento de aguas negras y servidas. Explica que, entre los años 1950 y 1960, el INVU construyó 24 casas en el sector este del barrio El Cocal de Puntarenas con una servidumbre medianera de tubería para la evacuación de las aguas y cajas de registro espaciadas a lo largo para su limpieza. Manifiesta que las aguas entran al tanque por lo que el “lodo fecal” se va depositando y el resto del agua discurre por el lado norte hacia el estero. Arguye que en 1961 adquirió la casa n.º 19 y desde ese año es residente de la ciudadela. Menciona que por las tapas quebradas algunos vecinos introducían objetos, por lo que la tubería se tapaba y, además del rebalse de las aguas contaminadas en los patios, los baños no podían ser utilizados. Refiere que cada inquilino fue cerrando su patio y, por tanto, obstruyendo la servidumbre. Sostiene que, pese a lo anterior, la servidumbre tiene validez, pues pasa por todos los patios y, aun cuando algunos vecinos han construido tanques sépticos, el agua de descarga de las lavadoras, baños y cocinas circula por la tubería. Relata que el ICAA no dispone de alcantarillado sanitario en las calles de la comunidad de El Cocal y la mayoría de las aguas de las construcciones son vertidas al estero. Asevera que el sistema de evacuación de aguas fue diseñado por el INVU; sin embargo, fue prácticamente un engaño para los dueños, quienes deben soportar las condiciones. Expone que en 2009 plantearon varias gestiones ante la Municipalidad de Puntarenas por una construcción en el patio de casa n.º 24 por parte de Guillermo Acevedo; sin embargo, fue con ocasión de la intervención de la Defensoría de los Habitantes, que, mediante oficio n.º PUC-1647-2009 de 24 de agosto de 2009, se les dio una respuesta cuando la construcción ya estaba terminada. Agrega que lo anterior impide la limpieza y eliminación de las obstrucciones de la tubería. Acota que, ante los constantes taponamientos y la renuencia municipal para brindar una solución, el 6 de febrero de 2017 (acta n.º 17) tuvo audiencia con el concejo municipal, lo cual generó la conformación de una comisión de regidores, para la que se invitó a personeros de las autoridades de salud, del ICAA, de la municipalidad y dos miembros de la comunidad. Refiere que la municipalidad se comprometió a limpiar el tanque séptico general; empero, no atendió el resto de la solicitud. Menciona que quedaron pendientes los siguientes puntos: “a) apertura de la entrada a la servidumbre, b) colocación de unos treinta metros de tubería de mayor diámetro, c) instalación de una válvula de Vaivén, para evitar el ingreso de las mareas al tanque general. d) Construcción de un portón en la entrada de la servidumbre, ampliar la caja de registro en la zona cercana del parquecito de niños, para efecto de las limpiezas futuras por parte del AyA e) colocar un portón al lado norte ingreso al parquecito para evitar el ingreso de vehículos particulares. La instalación de solo 30 metros de tubería de concreto y no en los 150 metros de todo el recorrido, es porque en este tramo final es en donde se producen los taponamientos”. Expone que en algún momento hubo pacto entre personas del Ministerio de Salud, del ICAA y la Asociación de Desarrollo Integral de Cocal, para que cuando ocurriera un taponamiento de la tubería, los vecinos se comunicaran con las oficinas de salud (destacadas en Cocal), quienes solicitarían el servicio de las cuadrillas para la limpieza. Arguye que la limpieza se ha venido dando en su casa de habitación, pues otros vecinos no tienen voluntad para dar facilidades en sus casas, por la suciedad de “lodo fecal” que dejan los miembros de la cuadrilla. Reclama que en uno de los taponamientos y, pese a haberlo solicitado por escrito, la nueva jerarca del ICAA no autorizó a la cuadrilla a ingresar a zona privada. Afirma que no hay otro sitio para acceder a la servidumbre, ya que el ingreso a la servidumbre fue usurpado por la construcción del patio de la casa n.º 24. Aduce que las instituciones del gobierno no han mostrado interés en solucionar el problema de salud y que los vecinos se han distanciado de la lucha, por lo que quedó solo con el problema. Manifiesta que las autoridades ni siquiera valoran sus propuestas de solución. Expone que la municipalidad tuvo que haber recibido de parte del INVU las calles, zonas verdes y servidumbres para su administración. Señala que el ICAA no tiene red sanitaria en El Cocal y no tiene interés en resolver el asunto. Relata que el Ministerio de Salud envía órdenes sanitarias a las autoridades públicas; sin embargo, estas no se cumplen. Pide un resarcimiento por daño moral, pues la Municipalidad de Puntarenas no atendió a tiempo la construcción de un taller y la usurpación del ingreso a la servidumbre de aguas negras, lo cual no se ha resuelto luego de diez años. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la Unidad Cantonal de Puntarenas del ICAA, por oficio n.º GSP-RPC-PU-2019-000648 de 5 de setiembre de 2019, señaló que en ese sector ya existió un recurso de amparo (n.°18-006056-0007-CO) y que el ICAA únicamente brinda el servicio de abastecimiento de agua potable. Indicó que en el sector existen sistemas de recolección sanitarios comunales y que el del INVU propiamente consiste en un sistema de alcantarillado condominal, en el cual las viviendas de un cuadrante específico cuentan con una tubería de alcantarillado sanitario ubicada internamente a lo largo de la servidumbre de paso de tubería, la cual se encuentra en los patios traseros de las viviendas y cruza todas las propiedades involucradas, por lo que fue obstruida por parte de los vecinos. Refirió que el alcantarillado nunca ha sido recibido por el ICAA; sin embargo, a solicitud del área rectora de salud, se han dado reuniones interinstitucionales en las que participan el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Puntarenas y los vecinos. Expuso que el Ministerio de Salud gira órdenes sanitarias al ICAA para que intervenga y solucione el problema de obstrucción. Adujo que aun cuando el ICAA no tenga injerencia en el sistema, se actúa por el principio de obediencia y para asegurar la salud pública. Aseveró que también, pese a que en el recurso de amparo n.°18-006056-0007-CO no se le estableció responsabilidad al ICAA se le ordenó dar colaboración a la Municipalidad de Puntarenas. Afirmó que, pese a lo ordenado por la Sala en el proceso anterior, la Municipalidad de Puntarenas únicamente construyó las tapas de los tanques de recolección de aguas, no ha realizado la limpieza ni tampoco ha tomado las acciones para corregir los problemas de invasión de terrenos en servidumbre de paso de tubería. Por otra parte, la Sala comprobó que el Director del Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, por oficio n.º MP-DCU-483-09-2019 de 9 de setiembre de 2019, indicó: “(…) Al momento de la inspección de campo, en el lugar descrito, no se pudo determinó ningún tipo de contaminación con material fecal, ni malos olores, ni rebalse de aguas negras en el sector. Cabe destacar que la inspección se realizó en el sitio de convergencia de la tubería con el tanque séptico, según fotografía adjunta. En las inmediaciones no se detectó el problema denunciado. Lo que ocurra dentro de las viviendas, no pudo ser determinado por ser propiedades cuyo acceso es privado, al ser en su mayoría casas de habitación. En el sector todos los vecinos se apoderaron de la franja de terreno destinada a servidumbre de paso de tuberías de aguas negras y residuales. Dicha franja de terreno es propiedad del INVU, por lo que ni la Municipalidad ni el A y A, hemos podido intervenir para buscar la liberación de la misma. De existir algún problema de obstrucción, el mismo ha sido provocado por alguno de los residentes, al apropiarse de forma indebida de la servidumbre. Se desconoce las razones de haber habilitado un diseño de urbanización incluyendo esa servidumbre de paso de aguas, ya que el mismo fue elaborado y aprobado por el INVU en el año 1960. Ni la Municipalidad ni el A y A, tienen acceso a la tubería ya que la servidumbre de aguas desde el inicio hasta el final se encuentra invadida por los vecinos, mediante tapias, agregados, techos, etc., por lo que desconocemos el estado de la tubería. En cuanto hemos recibido denuncias por parte de los vecinos acerca de alguna obstrucción, nos hemos apoyado del A y A, a fin de que su personal, ingresando dentro de la vivienda del afectado, realice labores de desobstrucción con la maquinaria y el personal; lo cual no es correcto y pone en riesgo al personal mismo; ya que existe el riesgo que por la operación de la maquinaria y equipo dentro de la vivienda se podrían causar daños que conllevarían a denuncias civiles; por lo que esta práctica se ha eliminado. (…) Las acciones realizadas por la municipalidad para erradicar el problema fueron llevadas a cabo a principios del presente año, cuando un grupo de vecinos indicó que el problema de rebalse de aguas negras dentro de sus casas se suscitaba producto de que el tanque colector de las mismas, ubicado en el parque junto al caserío, se encontraba totalmente obstruido. Por tal razón, la municipalidad adquirió́ el compromiso de limpiarlo, y para ello realizó una contratación directa de una empresa encargada en la materia, para realizar la limpieza y reparación del tanque por un monto de un millón de colones, trabajos que fueron ejecutadas en el mes de febrero del presente año, pero al parecer el problema de rebalse persistió, al ser un daño en la tubería a la cual no tenemos acceso. (…) En cuanto a nuestras funciones, acerca de las afectaciones que aquejan al recurrente, no tenemos ninguna actividad pendiente por realizar; como bien se sabe, cada cierto tiempo se tiene que dar limpieza al tanque séptico; por lo que se estima que para este año no habrán más intervenciones, dado que lo limpiamos en febrero. El tema del manejo y tratamiento de las aguas negras y servidas por ley le competen al A y A. Finalmente, mientras no se defina la situación jurídica en torno a la servidumbre de paso de las aguas, por parte del INVU y los vecinos, las intervenciones de limpieza de la tubería van a ser cada día más complicadas”. En adición, este Tribunal observa que el Ministerio de Salud ha girado una gran cantidad de órdenes sanitarias tanto a la Municipalidad de Puntarenas como al ICAA; sin embargo, el problema persiste. La Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, en el informe técnico n.º MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019 de 9 setiembre de 2019, luego de exponer todas las actuaciones de su representada, manifestó: “CONSIDERANDO (…) 80. En atención a indicación recibida en resolución N° 2018008599, del expediente N° 18-006056-0007-CO, con fecha 1 de junio del 2018 (…) 81. Según reunión llevada a cabo el 18/06/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes y Municipalidad de Puntarenas y comunidad los Acuerdos tomados: - la Municipalidad realizará la limpieza de los tanques y la construcción de las tapas de los tanques y el portón del parquecito; además deberá acatar resolución N° 2018008599 de dar limpieza y mantenimiento a los tanques y gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Una vez libre el paso a la servidumbre los vecinos podrán dar mantenimiento y no ha sido recibido por el A y A. la Defensoría recomienda que las acciones se resuelvan igual en caos (sic) similares analizados. 82. Según lo observado en Acta de Inspección Ocular N° 284-Reg-2018 con fecha del 18 de junio 2018, realizada en conjunto con la Municipalidad de Puntarenas, "se observa tres aberturas sin tapa que corresponde al sistema de aguas residuales, se percibe olores pestilentes. Ser observa vehículo estacionado dentro del parque y salida del garaje del SR. Guillermo Acevedo. Existe una pared de concreto que une ambas viviendas de las alamedas, generando obstrucción a servidumbre. " 83. En reunión llevada a cabo el 24/07/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes y Municipalidad de Puntarenas y comunidad; Entre lo mencionado y acuerdos tomados: Ing. Mauricio Gutiérrez sugiere la necesidad de pasar el sistema de manejo de aguas residuales a la administración de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. - la Municipalidad de Puntarenas deberá realizar estudio legal acerca de servidumbre de Dirección7112 . 84. En reunión llevada a cabo el 27/07/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de Puntarenas y comunidad; Entre lo mencionado y acuerdos -la Municipalidad de Puntarenas deberá realizar estudio legal acerca de servidumbre de Dirección7112 y organizar visitas en conjunto con el fin de tener una visión clara de la problemática. 85. Que según consta en Acta de Inspección Ocular N° 295-Reg-2018; En visita realizada el día 6 de agosto del 2018 se comprueban las tres cajas carecen de tapa y dos de ellas tienen restos de las antiguas tapas en su interior. Presentan acumulación de sedimentos, lodos y aguas, además se perciben malos olores. 86. Que según Orden Sanitaria N° OS-0180REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018 notificados el 12 de setiembre del 2018, al alcalde Municipal y al presidente del Concejo Municipal, respectivamente, en donde deberán proceder a cumplir con: 1.Coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que se proceda a la limpieza y mantenimiento de los tanques sépticos ubicados en la vía pública de Invu El Cocal; de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; esto incluye la colocación de las respectivas tres tapas. 2. Presentar un Plan de Acción, con su respectivo cronograma con plazos no mayor a un año y responsables, que incluya: 2.a) Adoptar las medidas oportunas a fin de corregir y evitar más obstáculos para el normal discurrir de las aguas, para que se elimine toda obstrucción o construcción encontrada en la servidumbre de paso, que permita una adecuada evacuación y flujo de las aguas residuales en la "red de alcantarillado sanitario " de modo que se evite un estancamiento y rebalse de aguas residuales, y con ello la afectación a la salud pública. 2.b) Velar porque se realicen actividades de limpieza con la regularidad necesaria; y de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. " 87. En visita realizada el día 18 de setiembre del 2018, según consta en Acta de Inspección Ocular N° 349-Reg-2018: se comprueba que existe obstrucción del sistema de aguas residuales, los tres tanques no tienen tapa, hay sedimentación y no hay movimiento del agua. 88. Que según Orden sanitaria 183-Reg-2018, notificada el 18/09/2018al señor Danilo Chavarría Velázquez, jefe cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en la cual se indica que, en un plazo de 1 día hábil, tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de los patios de las viviendas. 2.- SOBRE LOS HECHOS POSTERIORES A LA DENUNCIA: 89. Se recibe la denuncia el día 24 de setiembre del 2018 según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1346-18 por parte del Sr. Nombre194444 , en la cual indica que persiste la problemática por obstrucción de las tuberías de aguas negras; la cuadrilla de del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados estuvo la semana pasada y no lograron destapar la obstrucción en su totalidad. 90. Que el 01 de octubre del 2018 se realizan visitas en varias viviendas y la vía pública de la Urbanización el Invu. El Cocal según consta en Acta de Inspección Ocular N° 373-Reg-2018 y N° 375-Reg-2018, donde se comprueba sedimentación en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito y que el cenicero ubicado en la servidumbre de paso de aguas residuales se encuentra lleno de aguas residuales debido a reiterada obstrucción. Se realizan pruebas con fluoresceína sódica y no se comprueba contaminación. 91. Que el 2 de octubre del 2018 según consta en Acta de Inspección Ocular N° 378-Reg- 2017, se realizan visitas en varias viviendas y la vía pública, donde se comprueba sedimentación en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito", y que el cenicero ubicado en la servidumbre de paso de aguas residuales se encuentra lleno de aguas residuales debido a reiterada obstrucción. Se realizan pruebas con fluoresceína sódica y no se comprueba contaminación. 92. Según Orden Sanitaria N° OS-187-REG-2018, notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-189-REG-2018, notificada al alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 3 de octubre del 2018, con plazo de 24 horas, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública y dentro de patios de las viviendas. 93. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 383-Reg-2018, del 4 de octubre del 2018. se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la Ordenes Sanitarias, al momento de la visita, se logra comprobar que no se han realizado actos por parte de la Municipalidad de Puntarenas ni el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales. 94. Que mediante oficios N° PC-ARS-PC-442-2018 y PC-ARS-PC-443-2018, notificados el 4 de octubre del 2018, se presentan formales denuncias judiciales por desobediencia a la autoridad por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de la Municipalidad de Puntarenas. 95. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 385-Reg-2018, de día 05 de octubre del 2018 se realiza nueva visita. Se logra comprobar que existe sedimentación y agua de lluvia en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito" y que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales, ya que a pesar de que funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se apersonaron recientemente, no se realizaron las acciones requeridas. 96. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 386-Reg-2018, del día 05 de octubre del 2018 se logra comprobar que la caja de registro del Sr Nombre194444 se encuentra colapsada. Pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene los tanques principales (tres cajas de registro) se encuentran llanos de agua, no hay malos olores. Que funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se apersonaron recientemente, no se realizaron las accione (sic) solicitadas. 97. Que mediante oficio N° GSP-RPC-PU-201 8-00654, recibido el 11 de octubre, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al Orden sanitaria 183-Reg-2018. 98. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 512-Reg-2018, del día 11 de octubre del 201 8 se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Nombre194444 se encuentra obstruida pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene a su alrededor. 99. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 514-Reg2018, del día 22 de octubre del 2018 se logra comprobar el incumplimiento de las Orden Sanitaria N° OS-0180-REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018. 100. Se recibe la denuncia el día 5 de noviembre del 201 8, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PCAC-1 560-18, por parte del Sr. Nombre194444 , en la cual indica que nuevamente se presentó la problemática por obstrucción de las tuberías de aguas negras. 101. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 430-Reg-2018, del día 7 de noviembre del 2018 se logra comprobar que la caja de registro del Sr Nombre194444 se encuentra obstruida. Pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene a su alrededor Los tres tanques en el parquecito continúan sin tapa, se perciben olores putrefactos y está próximo a rebalsarse. 102. Según Orden Sanitaria N° OS-208-REG-2018 notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-209-REG-2018, notificada al Alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 9 de noviembre del 2018 con plazo de 24 horas, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 103. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 521-Reg-2018, del 12 de noviembre del 2018, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la (sic) Ordenes (sic) Sanitarias. Al momento de la visita, se logra comprobar que no se han realizado actos por parte de la Municipalidad de Puntarenas ni el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales. 104. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 522-Reg-2018, del 13 de noviembre del 2018, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la (sic) Ordenes (sic) Sanitarias OS- 208-REG-2018 y Nº -209-REG-2018, se comprueba las mejoras realizadas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 105. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 523-Reg-2018, del 13 de noviembre del 2018 se logra comprobar el Incumplimiento de las Orden (sic) Sanitaria N° OS-0180-REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018. 106. Que mediante oficio N° PC-ARS-PC-516-2018 con fecha del 13 de noviembre 2018 dirigido a la Municipalidad de Puntarenas según con referencia al problema de rebalse de aguas residuales en los patios de las viviendas, producto de la continua obstrucción que genera el colapso del alcantarillado sanitario en la Dirección7112 , el INVU Cocal Puntarenas, se solicita su atención al oficio PC-ARS-PC-0325-2018 y el Ordenamiento Sanitario N° OS-0180-REG-2018. 107 Se recibe la nota el día 20 de diciembre del 2018, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1776-18, por parte del Sr. Nombre194444 , en la cual indica que hay presencia de maquinaria trabajando en tanque séptico general y solicita funcionario a inspeccionar. 108. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 526-Reg-2018, del 20 de diciembre del 2018, se realiza visita de, encontrándose trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal, en respuesta a oficios y ordenamientos sanitarios que solicitan acción por parte de la Municipalidad de Puntarenas, es urgente que se realicen acciones para prevenir la contaminación al ambiente y riesgo a la salud pública, por los trabajos realizados con lodos del tanque de aguas residuales dispuestos en un parquecito en el INVU, barrio el Cocal de Puntarenas, y se acaten la normativa (Articulo 24.- Del vertido de lodos. Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de lodos y biosólidos a cuerpos de agua y de lodos sin tratamiento a los suelos), además de corregirlo relacionada con el transporte y disposición final, para que se utilicen vehículos óptimos. Igualmente que se tomen las medidas de salud ocupacional para que no se incurra en riesgos a la salud de los trabajadores. 109. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 527-Reg-2018, del 21 de diciembre del 2018, se realiza visita de seguimiento a los trabajos realizados, sin variación en la manera que la maquinaria y trabajadores realizan los mismos. 110. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 001-Reg-2019 del 9 de enero del 2019, se realiza visita encontrándose trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal. Además, se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Nombre194444 se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene.111. Según Orden Sanitaria N° OS-001-REG-2019, notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-002-REG-2019, notificada a la Alcaldesa de la Municipalidad de Puntarenas que fueron notificadas el 8 de enero del 2019, con plazo de 3 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 112. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 042-Reg-2019, del 11 de enero del 2019, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la Ordenes (sic) Sanitarias, se comprueba las mejoras realizadas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Además, los trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal por parte de la Municipalidad de Puntarenas y contratación externa; con algunas anomalías. 113. Que mediante oficio N° GSPRPC-PU-2019-0018, recibido el 14 de enero del 2019, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al Orden sanitaria 001-Reg-2019. 114. Se recibe la nota el día 22 de abril del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-056219, por parte del Sr. Nombre194444 en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras. 115. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 086-Reg-2019, del 26 de abril del 2019, se realiza se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Nombre194444 se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene. Se observa humedad alrededor de los tanques recientemente reparados. 16. Según Orden Sanitaria N° OS-041-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N°OS-042-REG-2019 notificada a la Alcaldesa de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 29 de abril del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 117. Que el 30 de abril 2019, se recibe Recurso de Revocatoria por parte de la Municipalidad de Puntarenas, contra N°OS-042-REG-2019, la cual es atendida por medio del oficio MS-DRRSPCDARSPC- 0176-2019. 118. Se recibe la nota el día 5 de agosto del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1 096-19, por parte del Sr. Nombre194444 , en la cual en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras en su comunidad. 119. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 289-Reg-2019 y N° 290-Reg-2019, del 13 de agosto del 2019, se realiza, se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Nombre194444 se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene. Además de que ya no existe macetera encima de la servidumbre. 120. Mediante Orden Sanitaria N° OS-1 13-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 13 de agosto del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 121. Que mediante oficio N° GSP-RPCPU-2019-00594, recibido el 21 de agosto del 2019, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al (sic) Orden sanitaria 01 13-Reg-2019. 122. Que a través de los últimos cinco años se han atendido múltiples denuncias interpuestas por los vecinos del sector del Cocal en Puntarenas con referencia al problema de rebalse de aguas residuales producto del colapso del alcantarillado sanitario, se han brindado soluciones temporales, ya que dicho sistema de alcantarillado sanitario se obstruye y colapsa periódicamente. 123. Que mediante inspecciones oculares se hace constancia de que, entre los dos sectores de viviendas existe una servidumbre, por la cual pasa la tubería que conduce las aguas residuales que se generan en estas viviendas. Asimismo, que la entrada norte de esta servidumbre se le ha cerrado el paso con pared de concreto, existen muros divisorios entre cada propiedad y existen modificaciones en algunos de los ceniceros, estas modificaciones constructivas no fueron avaladas por este Ministerio. 124. Que según lo indicado por diferentes denunciantes el proyecto habitacional fue construido por desarrolladora INVU, posee un sistema de tratamiento para las aguas residuales que consta de cajas de registro para cada vivienda, una tubería que conduce las aguas residuales (grises negras y posiblemente algunas aguas pluviales), hacia tres tanques de sedimentación, que, por medio de tubería de diámetro desconocido, dispone el afluente al estero. 125. Que no hay constancia en archivo físico ni digital del Área Rectora de algún documento que informe sobre el desfogue del sistema de recolección de aguas residuales en el cuerpo receptor estero ni se cuenta con un croquis o plano del sistema para disponer las aguas residuales, el tanque séptico o el drenaje. 126. Según lo observado por este Ministerio hay tres tanques de sedimentación ubicados en una zona pública donde hay un área de juegos para niños y no se observa portón; se verifica que ya se les colocó tapa de cemento en estos tanques. Y se desconoce si dicho sistema no reúne las características y condiciones de un sistema funcional y efectivo en el tratamiento y disposición final de aguas residuales, lo que podría ocasionar grave contaminación ambiental, situando en riesgo la salud pública y esto afectaría el equilibrio de los ecosistemas, aunado a los factores socio económicos de la zona”. Asimismo, la Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, por informe técnico n.º MS-DRRSPC DARSPC-IT-043-2019 de 24 de setiembre de 2019, refirió lo siguiente: “CONSIDERANDO 1. Que desde el año 2013, el Área Rectora de Salud Puntarenas - Chacarita, ha venido gestionando acciones puntuales en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Municipalidad de Puntarenas, en colaboración con vecinos afectados, desde el incremento en las denuncias sobre los problemas de obstrucción y rebalse de aguas en la “Red de aguas Residuales” del INVU Cocal. Esto se evidencia con mayor detalle en Informe Técnico N° MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019, el cual informa acerca de lo realizado por gestora ambiental Bach. Brook Vega Davies, del Proceso de Regulación de la Salud de esta Área Rectora de Salud, en respuesta al Recurso de Amparo presentado el 2 de setiembre ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según Expediente N° 19-015715-0007-CO. 2. Se recibe la nota el día 18 de setiembre del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1317-19, por parte del Sr. Nombre194444 , en la cual en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras en su comunidad. 3. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 416-Reg-2019, del 19 de setiembre del 2019; se ingresa en su propiedad con su autorización para verificar los hechos denunciados, ante obstrucción del sistema de drenaje compartido, entre varias viviendas, lo cual provoca aumento del nivel del agua en caja de registro. Las aguas son contenidas por muro y tapa a su alrededor, ser observan aguas residuales en nivel cercano a rebalsarse. 4. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 419-Reg-2019, del 19 de setiembre del 2019; en seguimiento de OS-0180-Reg-2018, OS-0181-Reg-2018 y oficio PC-ARS-PC-516-2018; se observan tres tanques con tapa de cemento, con algunas grietas, no se observa humedad alrededor de estos y se perciben malos olores provenientes de tanques y el alcantarillado pluvial. Se observa un vehículo estacionado dentro del parquecito, con placa Placa36952, el cual ser encuentra contiguo a una puerta metálica color negro, esto corresponde a la pared construida que obstruye la servidumbre de paso, en su sector norte, contiguo al parque para niños. 5. Mediante Orden Sanitaria N° OS-167-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 19 de setiembre del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 6. Que ante constantes denuncias recibidas en este Ministerio, se puede evidenciar que la problemática ha venido en aumento y que no ha disminuido desde que se realizó la limpieza del los tres tanques ubicados en parque entre Dirección22106 , esto por parte de la Municipalidad. Se desconoce si hay influencia por las llenas de las mareas que podría generar afectación en el sistema de aguas residuales, el cual desfoga en el estero de Puntarenas”. Atinente al sub examine, la Sala, mediante sentencia n.º 2018-008599 de las 9:15 horas del 1º de junio de 2018, resolvió: “Considerando: (…) IV.- Sobre el fondo. En el caso particular, son dos los temas que plantea el tutelado, vecino del Dirección659 Dirección22108 Invu Dirección567 Dirección22109 Dirección476 Dirección11928, ante las autoridades recurridas. Por un lado el problema con la falta de limpieza los tanques de captación de aguas negras y por otro, el problema de falta de mantenimiento del alcantarillado del desarrollo habitacional en que habita. Cada uno de ellos se analiza por separado. 1) Sobre la falta de limpieza los tanques de captación de aguas negras: De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se constata por un lado que el desarrollo habitacional donde está el tanque séptico en la rotonda y vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas, en cuestión, fue realizado por el INVU incluyendo el sistema de recolección, que no es administrado por el AyA. Sobre el problema de falta de mantenimiento de los tanques de captación de aguas negras, las autoridades recurridas son contestes en sus respectivos informes al indicar que la situación es real pero la limpieza de los tanques es una obligación que deben asumir los propietarios. Sobre el particular, el Alcalde Municipal omite referirse directamente a la situación planteada por el recurrente y hace énfasis en que esa corporación municipal no cuenta con la atribución directa ni tiene el equipo para realizar una tarea de limpieza de tanques; labor que corresponde, según afirma el Alcalde informante, a los vecinos. Así las cosas, en cuanto el recurso se dirige contra la Municipalidad recurrida esta Sala determina que pese al dicho del Alcalde según el cual la tarea de limpiar los tanques de captación indicados debe ser asumida por los particulares; lo cierto del caso es que conoce de la problemática que afecta a los habitantes de esa zona, y es su deber disponer lo necesario para conminar a los responsables a dar una solución al problema que se conoce desde el año 2015, no obstante se limita a señalar la problemática sin hacer nada al respecto. En el mismo sentido, del informe dado a esta Sala por parte del Área Rectora del Ministerio de Salud esta admite que existe un problema sanitario subsiste, pues admite que la tapa contiene grietas que permiten la salida de malos olores. Pero, no observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas efectivas para evitar el problema de salud pública que supone el mal estado de la tapa del tanque, que no solo no está sellada sino tiene grietas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. Con base en lo expuesto, la Sala considera que la inactividad de la Municipalidad de Puntarenas y del Ministerio de Salud, en este caso es violatoria del derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano del amparado, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario que puede surgir del mal estado en que se encuentra y la falta de mantenimiento del tanque de captación de aguas negras. 2) Sobre la falta de mantenimiento del alcantarillado del desarrollo habitacional. De los hechos que se tienen por debidamente demostrados en este asunto, y en particular del informe del representante del AyA se desprende que, el sistema de recolección de aguas al que se refiere el recurrente, requiere de mantenimiento preventivo y es necesaria la intervención del ente administrador del sistema, pues en el lugar se ha tolerado la invasión de terrenos en servidumbre de paso de tubería, lo que ha impedido el acceso para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de recolección. De lo expuesto, y particularmente de lo que indica en su informe el representante del AyA ante esta Sala, se desprende que la falta de seguimiento de obras por doquier en la zona afectada, aún sobre el área donde pasa la tubería, ha traído como consecuencia que se den fugas y dificultades para dar mantenimiento a las alcantarillas y sistema de recolección de aguas. Además queda claro que faltan tapas que no han sido reparadas y la carencia de mantenimiento que caracteriza la red de colección de aguas del proyecto habitacional donde reside el recurrente; lleva a concluir que la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas no ha coordinado y cuanto menos realizado las acciones necesarias tendientes a corregir y a evitar que se agrave la situación de la red de recolección de aguas, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema. Tal pasividad también caracteriza la poca injerencia del Área de Salud recurrida en esta zona, inercia que ha incidido negativamente en la comunidad, pues en ocasiones ha provocado el rebalse de captación y ha limitado el paso de peatones y vehículos. Ahora bien, en cuanto a la probable solución a los problemas de disposición de aguas residuales, del informe pedido por esta Sala al AyA se tiene que tal obligación recae en el desarrollador del proyecto. No obstante, en principio las obras no deberían ser asumidas por la Administración, se constata que ni la Municipalidad recurrida ni el Ministerio de Salud, ante quienes se planteó la respectiva denuncia, han dispuesto lo que les corresponde, dentro de sus atribuciones, para coordinar o emitir las órdenes sanitarias, según corresponde, dirigidas a corregir el problema. Al contrario, lejos de exigir una posición correctiva, -en el lugar se ha tolerado la construcción sobre la servidumbre donde pasa la tubería (véase el informe del AyA). Cuanto menos se ha adoptado una actitud preventiva, pese a que tanto la Municipalidad como el Área de Salud recurridos, admiten que existe el problema de disposición de aguas que pone en riesgo la salud pública y que es conocido desde hace varios años. De lo expuesto, se denota la falta de coordinación de parte de las autoridades recurridas, para dar una solución integral al problema. Por su parte, el representante del Ministerio de Salud intenta justificar su inercia en el informe rendido ante esta Sala, al indicar que en este momento no hay una situación de desbordamiento de aguas. Así las cosas, a criterio de este Tribunal, la actitud pasiva del Área de Salud, que espera el desbordamiento de las aguas para actuar es a todas luces insuficiente, pues el plan es esperar a que se dé una situación límite para procurar dar una solución; en vez de implementar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de recolección de aguas, que se sabe afecta a los habitantes del lugar, de una buena vez. Como consecuencia procede acoger el recurso, en cuanto se dirige contra la Municipalidad y el Área de Salud de Puntarenas, como en efecto se dispone. (…) VII. DEL AMPARO CONTRA EL AYA: Por último, procede desestimar el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por cuanto del informe rendido se desprende que en el lugar donde habita el tutelado, lo que existe es un sistema de recolección privada de aguas residuales, ya que en el sector del Cocal, el AyA únicamente da el servicio de agua potable. Así, el problema sanitario está generado por un sistema de manejo de aguas residuales que no ha sido recibido por esa institución. Por otro lado, las veces que por mandato del Ministerio de Salud -mediante órdenes sanitarias-, ha pedido la intervención de la institución para la resolución del problema, ya que media la salud pública, el AyA ha acatado lo ordenado. Como consecuencia se desestima el recurso, en cuanto a este extremo, lo que en efecto se dispone. VIII. CONCLUSIÓN. En el caso particular, se comprueban los problemas del alcantarillado en la rotonda y en la vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas, que provocan estancamiento y desbordamiento de las aguas, situación que es conocida por el Área Rectora de Salud y la Municipalidad de Puntarenas. No obstante, pese a la denuncia planteada, tales autoridades han omitido encontrar una solución, bajo la excusa de que corresponde a los particulares o al desarrollador el mantenimiento de la red de agua, así como limpiar los tanques sépticos. A lo anterior se suma que no existe a la fecha ninguna orden vigente dirigida por las autoridades de la Municipalidad de Puntarenas recurrida, a los propietarios o/y al encargado del proyecto habitacional, para que den el debido mantenimiento a la red de recolección de aguas, ni procedan a la limpieza del tanque séptico, pese a que tiene fisuras y partes rotas. Tampoco consta que se haya girado órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud, que es el responsable de velar por su obligatorio cumplimiento tal y como le compete según lo determina la Ley General de Salud, que establece el deber ineludible de parte del Ministerio de Salud de atender en forma directa o bien obligar al desarrollador a corregir de forma inmediata el problema que se está ocasionando por la incorrecta disposición de las aguas residuales, situación que está generando el problema de salud que afecta a los amparados y que tiene a agravarse en época de lluvias. Así las cosas, en aplicación del principio preventivo que opera en materia ambiental, procede ordenar a la Municipalidad de Puntarenas y al Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud coordinar lo necesario dentro del ámbito de sus atribuciones, y darle seguimiento a la situación, conforme se indica en la parte dispositiva de esta resolución. Asimismo, deberán resolver y contestar la denuncia planteada por el recurrente desde diciembre de 2017, en el plazo que se indica en la parte dispositiva de esta resolución. (…) Por tanto: Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Randall Chavarría Matarrita en su condición de Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas y o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que en el plazo máximo de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, se proceda a la limpieza y mantenimiento del tanque séptico que se encuentra ubicado en la rotonda y en la vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas señalado por el tutelado; y en el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, adoptar las medidas oportunas a fin corregir y evitar más obstáculos para el discurrir de las aguas. En ese mismo plazo, deberá velar porque se realice tal actividad de limpieza con la regularidad necesaria; y, de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En aplicación del principio preventivo, se ordena a Ericka Jiménez Valverde en su calidad de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas -Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud o a quien en su lugar ocupe el cargo, girar las órdenes sanitarias que considere, para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, así como del tanque séptico indicado”. Desde este panorama, procede acoger parcialmente con lugar el recurso contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas. Sobre el particular, el recurrente hizo referencia a una problemática que ya había sido conocida en esta jurisdicción en virtud de un recurso de amparo que planteó otra persona. Este Tribunal en la sentencia parcialmente transcrita ordenó a la Municipalidad de Puntarenas coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que no solo se procediera con la limpieza y mantenimiento del tanque séptico, sino también que se adoptaran las medidas oportunas a fin corregir y evitar más obstáculos para el discurrir de las aguas; además, que debería velar por que se realizara la limpieza con la regularidad necesaria y, de ser necesario, gestionar la coordinación técnica con el ICAA. De igual forma, en esa oportunidad, la Sala ordenó al Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud girar las órdenes sanitarias que considerara, para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, así como del tanque séptico. En el caso concreto, de la prueba aportada por las autoridades recurridas, se desprende que los problemas detectados en el recurso de amparo anterior se mantienen. Al respecto, se observa que, si bien la municipalidad realizó una limpieza de los tanques sépticos en febrero de 2019 (los cuales están conectados a la servidumbre), en su informe expuso que no tenía ninguna tarea pendiente, pues no iba a hacer una nueva en lo que restaba del año. Ahora, pese a lo indicado, se constata que, luego de la limpieza de los tanques, el ICAA (ente al que no se le imputó responsabilidad sino únicamente el deber de coordinación técnica) ha tenido que intervenir por el rebalse de aguas negras, lo que demuestra que el problema no se ha solventado. En adición, los oficios de las autoridades de salud expresamente reconocieron que en los últimos cinco años se han atendido múltiples denuncias interpuestas por los vecinos de El Cocal por el rebalse de aguas residuales que se produce porque el alcantarillado sanitario colapsa periódicamente; asimismo, manifestaron conocer que las viviendas son atravesadas por una servidumbre, cuya entrada se encuentra cerrada por una pared de concreto y está obstruida por muros divisorios entre cada propiedad. Precisamente, el Área de Salud de Puntarenas señaló que desconocía si el sistema reunía las características y condiciones de un sistema funcional y efectivo en el tratamiento y disposición final de aguas residuales, lo que podría ocasionar grave contaminación ambiental, situando en riesgo la salud pública y el equilibrio de los ecosistemas. Lo expuesto resulta reprochable pues, si se constata una amenaza o potencial afectación al ambiente y la salud pública, se deben tomar las medidas adecuadas para que estas desaparezcan. Ahora, aun cuando el Ministerio de Salud ha denunciado penalmente al alcalde de Puntarenas por desobediencia a la autoridad y ha ejecutado una gran cantidad de actuaciones, no menos cierto es que la situación denunciada se mantiene. De igual manera, no se puede obviar que la Municipalidad de Puntarenas considera que el problema de marras es competencia del ICAA y este último, además de indicar que no le corresponde la solución, también reprocha que el gobierno local, no solo no ha cumplido la sentencia de la Sala sino que tampoco ha velado por que se eliminen las obstrucciones de la servidumbre de la tubería que se encuentra en el patio de los vecinos. De hecho, uno de los principales problemas es que las autoridades municipales no tienen certeza de la situación jurídica de la servidumbre, pues aun cuando manifestaron que le pertenecía al INVU, de la prueba para mejor resolver ordenada al Registro Nacional, no se evidenció tal afirmación. Incluso, el Ministerio de Salud le requirió a la Municipalidad de Puntarenas que efectuara un estudio legal de la servidumbre, pero no consta que eso haya ocurrido. Por las consideraciones expuestas, se impone estimar el recurso contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, a los efectos de que coordinen lo necesario para que se solucionen las afectaciones que provocan los problemas de aguas residuales y pluviales del sector del INVU en el barrio El Cocal de Puntarenas, en relación con el sistema de alcantarillado que atraviesa las propiedades por medio de una servidumbre. En ese sentido, la Municipalidad de Puntarenas deberá analizar la condición actual (física y jurídica) de la servidumbre así como sus respectivas implicaciones desde un punto de vista legal y técnico, y remitir tal informe al Ministerio de Salud. Asimismo, la autoridad de salud deberá analizar el informe de la municipalidad y emitir su propio criterio sobre la servidumbre a los efectos de evaluar la posible responsabilidad de la municipalidad y de los propietarios de los inmuebles, para que así dicte las medidas provisionales y definitivas que procuren la solución de la problemática denunciada. Finalmente, la Municipalidad de Puntarenas deberá acatar las órdenes sanitarias que se dicten en su contra, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se puedan cuestionar tales actos administrativos dictados, así como su viabilidad jurídica y técnica. En relación con lo anterior, si bien se reconoció que en la zona no hay alcantarillado sanitario, esa situación no exime a los responsables de procurar un adecuado tratamiento de las aguas residuales mientras subsista tal situación. Ahora, si el recurrente considera que el ICAA debe construir una red sanitaria en El Cocal de forma inmediata, deberá gestionarle ante esa institución, o bien, en la jurisdicción ordinaria para que, con mayores elementos, en una vía amplia se evacúe la prueba correspondiente y se determine su procedencia o no. Por otra parte, sobre las soluciones específicas que propone el recurrente, estas deberán ser planteadas ante las mismas autoridades, o bien, en la jurisdicción ordinaria. Además, en cuanto al INVU, de acuerdo con los elementos que constan en autos, se declara sin lugar el recurso, toda vez que no resulta evidente que tenga alguna conexión actual con lo acusado; lo anterior se dispone sin perjuicio de que en una vía plena se pueda determinar alguna posible responsabilidad. Finalmente, en los mismos términos del precedente citado, se desestima el recurso en contra del ICAA; sin embargo, deberá tomar nota esta autoridad a los efectos de que brinde, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo técnico que le requieran las autoridades de salud. Asimismo, deberá participar de las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, para que con su conocimiento técnico contribuya a la solución del problema. IV.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan problemas de contaminación que afecta al Estero de Puntarenas, por las aguas negras y aguas servidas, provenientes del barrio El Cocal de Puntarenas, lo que afecta la salud de los vecinos del lugar, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud. 1) Se ordena a Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, a Carlos Manuel Venegas Porras, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud y a Carlos Manuel Venegas Porras, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen sus cargos, que coordinen lo necesario dentro del ámbito de sus competencia a efectos de que, en el plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución a las afectaciones que provocan los problemas de aguas residuales del sector del INVU en el Dirección11300 , en relación con el sistema de alcantarillado que atraviesa las propiedades por medio de una servidumbre. 2) Se ordena a Carlos Manuel Venegas Porras, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud y a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas, o a quienes ocupen sus cargos, que, de manera INMEDIATA, giren las órdenes pertinentes para que se tomen las medidas provisionales a efectos de que se atiendan los rebalses de aguas residuales en el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas y los consecuentes problemas de contaminación y malos olores. 3) Se ordena a Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y tome las medidas necesarias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se elabore un estudio de la condición actual de la servidumbre con citas n.º 331-07008-01-0900-001 (que pesa sobre la finca n.º Dirección22110 inscrita a nombre de Nombre194444 ) y que atraviesa el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas; además, dentro de los TRES DÍAS posteriores a la emisión del informe deberá remitirlo al Área Rectora de Salud de Puntarenas la Dirección Regional. 4) Se ordena a Carlos Manuel Venegas Porras, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud y a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas, o a quienes ocupen sus cargos, una vez que la Municipalidad de Puntarenas les remita el estudio sobre la servidumbre mencionada, deberán, dentro del plazo de UN MES, a partir de su recibido, emitir un criterio técnico y jurídico sobre ella y, en ese mismo plazo, dictar las órdenes sanitarias correspondientes para la solución de los rebalses de aguas residuales en el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas y los consecuentes problemas de contaminación y malos olores. 5) Se ordena a Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, o a quien ocupe ese cargo, acatar las medidas sanitarias que dicte el Ministerio de Salud, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se puedan cuestionar tales actos administrativos dictados, así como su viabilidad jurídica y técnica. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Puntarenas al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Tome nota el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo consignado en el considerando III. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese a Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, a Carlos Manuel Venegas Porras, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud de la Región Pacífico Central del Ministerio de Salud y a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas, en forma personal”. IV.- Sobre las funciones de las municipalidades de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política, esta Sala en sentencia nro. 2023011483 de las 09:20 horas del 19 de mayo de 2023, indicó: “(…) IV.- Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha reconocido la obligación de las Municipalidades de ejecutar acciones eficaces y céleres en función de las necesidades de la circunscripción territorial asignada a cada corporación municipal, y que se encuentra íntimamente ligado al elemento de población. Tales obligaciones, derivan de lo contemplado en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, siendo que abarca un amplio número de actividades. Así, en sentencias N° 2011-12886 de las 12:44 horas de 23 de setiembre de 2011 y N° 2015010541 de las 09:20 horas de 17 de julio de 2015, entre otras, esta Sala indicó: “(…) conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población”. Además, en materia de prestación de servicios, esta Sala ha señalado –v. gr. sentencia N° 2016-000427 de las 09:30 horas de 15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento de estos corresponde a un derecho fundamental. Esto, a partir del contenido de los artículos 139, 140 y 191 de la Constitución Política. Esto se traduce en la obligación de las distintas Administraciones Públicas de prestar servicios de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Asimismo, de la parte orgánica de la Carta Fundamental, se erigen una serie de principios de la organización y función de la Administración, los cuales han sido desarrollados por normas infra constitucionales, tales como la Ley General de la Administración Pública, que en sus artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1, impone el deber de los órganos del Estado, de orientar y nutrir la organización y la función administrativa. Así, el principio de eficacia supone que la organización administrativa está diseñada para la obtención de objetivos y fines asignados por el propio ordenamiento jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de cuentas. Por su parte, la eficiencia implica la obtención de los mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la Administración el principio de simplicidad, el cual se debe entender como la obligación de que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión, sin procedimientos complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El principio de celeridad, impone la obligación a las Administraciones Públicas a cumplir con sus objetivos y fines, de la forma más expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e injustificados. Así, estos principios imponen una serie de exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos (…)”. V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Se acredita que, el tutelado vive en El Cocal de Puntarenas, en las casas conocidas como las del Seguro Social, en la Dirección22105 . Que, hace aproximadamente un mes, en su vivienda y en las de otros vecinos, comenzaron a ingresar aguas negras provenientes de la red interna de alcantarillado de la urbanización. Explica que esta situación se debe, aparentemente, a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes. Señala que dichas aguas, deberían descargarse en unos tanques cercanos; sin embargo, circulan libremente debido al colapso u obstrucción del sistema de alcantarillado. Manifiesta que este hecho pone en peligro su vida y la de muchas personas del sector, incluidas mujeres niños y adultos mayores y peligro al ambiente. Por lo anterior, acudió a la oficina del alcalde de Puntarenas para informar sobre la situación, pero éste argumentó que no dispone de la maquinaria, ni los recursos necesarios para solucionar el problema, sin importarle el riesgo que esto representa para la salud de los habitantes. El recurrente enfatiza que, pese a la gravedad del problema, las autoridades responsables, no han tomado acciones para remediarlo. Del análisis de los informes rendidos, así como, de la prueba que consta en autos, la Sala determina que lleva razón el tutelado en su alegato. Lo anterior, porque, consta que desde el 2018, otros vecinos de El Cocal de Puntarenas acudieron a este Tribunal por la misma problemática que les aqueja, sobre aguas negras provenientes de la red interna de alcantarillado de la urbanización, situación que, a la fecha cuando el recurrente acude a este amparo, las autoridades accionadas no habían realizado las gestiones correspondientes para solucionar el problema que les aqueja, pese a las dos órdenes que este Tribunal emitió. Por lo anterior, y en concordancia con la sentencia nro. 2018-008599 de las 9:15 horas del 1º de junio de 2018 y la sentencia nro. 2019022487 de las 09:15 horas del 15 de noviembre de 2019, se procede a acoger de manera parcial el recurso interpuesto en cuanto a la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud, por las siguientes razones: En cuanto a la Municipalidad de Puntarenas. Si bien, el alcalde informa que ese municipio ha venido realizando el mantenimiento y limpieza de los tanques de depósito comunales, todos los años; no obstante, se aprecia que esto no ha sido suficiente, ya que el problema que aqueja a la comunidad de El Cocal de Puntarenas, persiste. En efecto, nótese, que las mismas autoridades accionadas reconocen la problemática; sin embargo, no informan a la Sala, qué acciones definitivas vayan a realizar a fin de encontrar una solución al problema, ya que el alcalde solamente, se limita a indicar que la comunidad no cuenta con red de alcantarillado sanitario. Que dicho proyecto de vivienda fue promovido y construido por el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el cual diseñó sistemas de tratamiento por medio de tanque séptico común, por ende, las aguas que descarga cada vivienda van a un tanque de captación general para todo el proyecto y que efectivamente en las inspecciones realizadas se logró determinar que la causa del problema es la falta de trampas de grasas para evitar las obstrucciones al sistema de tuberías, ya que como es un único sistema de tuberías para todas las casas, si uno de ellos no realiza un mantenimiento y limpieza adecuados, afecta a su vivienda y las de los otros, por cuanto el sistema se obstruye y rebalsa las aguas hacia adentro de las casas. Por lo anterior, las tuberías a las que se hace referencia en el informe de cita, no se pueden limpiar desde afuera o por el frente de las propiedades, ya que las mismas se ubican en los patios de las viviendas, y ello ocasiona la imposibilidad para que el municipio pueda accionar, al tratarse de una propiedad privada. Indica, además, que el único acceso al ramal de tubería que existía fue cerrado por todos los vecinos, al construir unas tapias, y que, al realizar consulta al Registro de la propiedad, se desprende que dicho acceso corresponde a una servidumbre de aguas propiedad del INVU; a la cual tampoco puede tener acceso el municipio. Situación que fue igualmente señalada por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quien informó que, el sistema de recolección de aguas residuales cuenta con una tubería interna que atraviesa los patios traseros de todas las propiedades, correspondiente a una servidumbre de paso cita de inscripción N°331-07008-01-0900-001 (misma servidumbre que se conoció en el amparo 19-015715-0007-CO); no obstante, el acceso de ingreso a la servidumbre de paso de la tubería de recolección se encuentra obstruido, por cuanto los habitantes han realizado diversas construcciones en la servidumbre, como tapias, bodegas, corredores y un taller entre otros. Que a pesar de que el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema del INVU Cocal, le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas, el AyA, por medio de órdenes sanitarias generadas por el Ministerio de Salud se ha encargado de brindar mantenimiento en los tanques de recolección de aguas residuales del sector; sin embargo, dicha labor se dificulta por cuanto no existe libre acceso en la servidumbre de paso de las aguas residuales dispuesta para este fin, debiendo ingresar los funcionarios del AyA por medio de propiedad privada para efectuar las desobstrucciones. Señala que le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas ejecutar las acciones legales pertinentes para mantener el libre acceso en la servidumbre. Asimismo, que por esa problemática en el 2018, los vecinos del Cocal han interpuesto dos recursos de amparo, donde este Tribunal ordena al Municipio a realizar las labores legales pertinentes para permitir el libre acceso en la servidumbre de paso y a ejecutar la limpieza y mantenimiento del tanque séptico, de igual manera gestionar la coordinación técnica con el AyA. Por lo que, la Institución ha participado en reuniones interinstitucionales con el MINSA y la Municipalidad de Puntarenas, con el fin de brindar la colaboración y/o asesoría que se requiera para la correcta ejecución del sistema de aguas residuales. Sobre este tema, la Sala en el voto mencionado No. 2019022487 de las 09:15 horas del 15 de noviembre de 2019, ordenó lo siguiente: (…) 3) Se ordena a Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y tome las medidas necesarias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se elabore un estudio de la condición actual de la servidumbre con citas n.º 331-07008-01-0900-001 (que pesa sobre la finca n.º 6-43840-000 inscrita a nombre de Nombre194444 ) y que atraviesa el sector del INVU del Dirección11300 ; además, dentro de los TRES DÍAS posteriores a la emisión del informe deberá remitirlo al Área Rectora de Salud de Puntarenas la Dirección Regional (…)”. De lo anterior, se aprecia que, lo ordenado en su momento por este Tribunal no se ha realizado, pues las mismas autoridades reconocen de la problemática que se genera de dicha servidumbre, y no informa el alcalde del municipio accionado, qué medidas se van a realizar a fin de buscar una solución al problema. Sobre el Ministerio de Salud. Si bien, de los informes rendidos y de la prueba que consta en autos, se acredita que las autoridades accionadas del Ministerio de Salud -Área Rectora de Salud de Puntarenas – Chacarita-, han realizado gestiones a fin de cumplir con las ordenes que en su momento dio este Tribunal, tal como se aprecian en los hechos probados de esta sentencia, y que, ante el incumplimiento de la orden sanitaria 0112-REG-2024 por parte de la Municipalidad de Puntarenas, el 4 de diciembre del 2024, se interpuso denuncia penal contra la Municipalidad de Puntarenas, por el presunto Delito de Desobediencia a la Autoridad ante la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público en Puntarenas; sin embargo, lo cierto del caso es que, para esta Sala su deber ha sido insuficiente, pues dicho ministerio demanda la observancia, así como, el garantizar la protección de la salud de la población y del medioambiente. Por lo anterior, la Sala aprecia que, las autoridades accionadas de la Municipalidad de Puntarenas y del Ministerio de Salud, no han cumplido con la orden que dictó este Tribunal, en las sentencias de los expedientes nro. 18-006056-0007-CO y nro. 19-015715-0007-CO, pues si bien las autoridades reconocen la problemática denunciada y a la fecha que el tutelado acude en amparo -más de seis años después-, la municipalidad accionada solamente da soluciones paliativas, y no aporta pruebas a la Sala, en donde se indique las acciones tomadas, ya sea de coordinación con las autoridades que estime necesario, así como, con los dueños de las propiedades que se requiera, a fin de dar una solución integral y definitiva al problema que aqueja a las personas que viven en el barrio El Cocal de Puntarenas , situación contraria a los principios constitucionales de eficiencia y eficacia que debe imperar en los deberes de la función pública. En consecuencia, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso en cuanto a estas dos autoridades accionadas, y reiterar la orden que anteriormente fue dada por esta Sala, en la sentencia nro. 2019022487 de las 09:15 horas del 15 de noviembre de 2019. VI.- Por otra parte, en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Sala, no encuentra elementos que indiquen que dicha institución haya incurrido en actuaciones que afecten los derechos fundamentales del tutelado, pues se aprecia que dicho instituto brinda únicamente el servicio de agua potable en el sector del INVU, conocido como Barrio El Cocal ubicado en la provincia de Puntarenas y que, a pesar de que el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema del INVU Cocal, le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas, el AyA, por medio de órdenes sanitarias generadas por el Ministerio de Salud se ha encargado de brindar mantenimiento en los tanques de recolección de aguas residuales del sector. En consecuencia, en cuanto a dicho instituto se declara sin lugar el recurso. Sin embargo, deberá tomar nota esta autoridad a los efectos de que brinde, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo técnico que le requieran las autoridades de salud. Asimismo, deberá participar de las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, para que con su conocimiento técnico contribuya a la solución del problema. VII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se reclama la contaminación y afectaciones que generan el ingreso de aguas negras provenientes de la red interna de alcantarillado de la urbanización, por falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado, en la Dirección22105 , de la zona de El Cocal de Puntarenas. La parte recurrente señala que ha interpuesto las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Puntarenas; sin embargo, no han logrado resolver el problema principal, lo que produce una afectación a la salud y a la vida de los vecinos, e implica un riesgo para la salud pública. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra la Municipalidad de Puntarenas y el Ministerio de Salud. 1) Se ordena a Randall Alexis Chavarría Matarrita, alcalde de la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas, a la Dra. Mary Denisse Munive Angermüller, ministra de Salud, y a la Dra. Carolina Lizeth Guillén Meléndez, directora a.i., del Área Rectora de Salud de Puntarenas–Chacarita-, o a quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario dentro del ámbito de sus competencias a efectos de que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución a las afectaciones que provocan los problemas de aguas residuales del sector del INVU en el barrio El Cocal de Puntarenas, en relación con el sistema de alcantarillado que atraviesa las propiedades por medio de una servidumbre. 2) Se ordena a la Dra. Mary Denisse Munive Angermüller, ministra de Salud, y a la Dra. Carolina Lizeth Guillén Meléndez, directora a.i., del Área Rectora de Salud de Puntarenas–Chacarita-, o a quienes ocupen sus cargos, que, de manera INMEDIATA, giren las órdenes pertinentes para que se tomen las medidas provisionales a efectos de que se atiendan los rebalses de aguas residuales en el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas y los consecuentes problemas de contaminación y malos olores. 3) Se ordena a Randall Alexis Chavarría Matarrita, alcalde de la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y tome las medidas necesarias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se elabore un estudio de la condición actual de la servidumbre con citas n.º 331-07008-01-0900-001 y que atraviesa el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas; además, dentro de los TRES DÍAS posteriores a la emisión del informe deberá remitirlo al Área Rectora de Salud de Puntarenas–Chacarita-. 4) Se ordena a la Dra. Mary Denisse Munive Angermüller, ministra de Salud, y a la Dra. Carolina Lizeth Guillén Meléndez, directora a.i., del Área Rectora de Salud de Puntarenas–Chacarita-, o a quienes ocupen sus cargos, una vez que la Municipalidad de Puntarenas les remita el estudio sobre la servidumbre mencionada, deberán, dentro del plazo de UN MES, a partir de su recibido, emitir un criterio técnico y jurídico sobre ella y, en ese mismo plazo, dictar las órdenes sanitarias correspondientes para la solución de los rebalses de aguas residuales en el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas y los consecuentes problemas de contaminación y malos olores. 5) Se ordena Randall Alexis Chavarría Matarrita, alcalde de la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas, o a quien ocupe ese cargo, acatar las medidas sanitarias que dicte el Ministerio de Salud, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se puedan cuestionar tales actos administrativos dictados, así como su viabilidad jurídica y técnica. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Puntarenas al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Tome nota el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de lo indicado en el Considerando VI de esta sentencia. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- SG2NSFBVEKE61 EXPEDIENTE N° 24-033317-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:39:56. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**III. BACKGROUND OF THE APPEAL.** This Court heard, in amparo appeals No. 18-006056-0007-CO and No. 19-015715-0007-CO, filed by other claimants, regarding the situation alleged herein, concerning the problem of sewage (aguas negras) from the internal sewer network of the housing development in El Cocal de Puntarenas. Thus, in ruling no. 2019022487 of 09:15 hours on November 15, 2019, it was ordered: "(...) III. On the merits. In the sub lite, the appellant, who is 83 years old, states that in the INVU sector of the El Cocal de Puntarenas neighborhood there is a problem of contamination, bad odors, sewage backup in both bathrooms and yards, and stagnation of sewage and wastewater (aguas negras y servidas). He explains that, between 1950 and 1960, the INVU built 24 houses in the eastern sector of the El Cocal de Puntarenas neighborhood with a median pipeline easement (servidumbre medianera de tubería) for water evacuation and manholes spaced along it for cleaning. He states that the water enters the tank, so the 'fecal sludge' is deposited and the rest of the water flows along the north side towards the estuary. He argues that in 1961 he acquired house No. 19 and has been a resident of the housing complex since that year. He mentions that due to broken covers, some neighbors introduced objects, causing the pipe to clog and, in addition to the overflow of contaminated water in the yards, the bathrooms could not be used. He recounts that each tenant gradually enclosed their yard, thereby obstructing the easement. He maintains that, despite this, the easement is valid, as it runs through all the yards and, even though some neighbors have built septic tanks, the discharge water from washing machines, bathrooms, and kitchens circulates through the pipe. He relates that the ICAA does not have a sanitary sewer on the streets of the El Cocal community and most of the water from the buildings is discharged into the estuary. He asserts that the water evacuation system was designed by the INVU; however, it was practically a deception for the owners, who must endure the conditions. He states that in 2009 they filed several complaints with the Municipality of Puntarenas regarding a construction in the yard of house No. 24 by Guillermo Acevedo; however, it was on the occasion of the intervention of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) that, through official letter No. PUC-1647-2009 of August 24, 2009, they received a response when the construction was already completed. He adds that this prevents the cleaning and elimination of pipe obstructions. He notes that, faced with the constant blockages and municipal reluctance to provide a solution, on February 6, 2017 (minutes No. 17), he had a hearing with the municipal council, which led to the formation of a commission of councilors, to which officials from the health authorities, the ICAA, the municipality, and two community members were invited. He recounts that the municipality undertook to clean the general septic tank; however, it did not address the rest of the request. He mentions that the following points remained pending: 'a) opening of the easement entrance, b) placement of about thirty meters of larger-diameter pipe, c) installation of a check valve (válvula de Vaivén), to prevent tides from entering the general tank. d) Construction of a gate at the easement entrance, expansion of the manhole in the area near the small children's park, for future cleaning by the AyA. e) Place a gate on the north side entrance to the park to prevent the entry of private vehicles. The installation of only 30 meters of concrete pipe and not along the 150 meters of the entire run, is because it is in this final section where the blockages occur.' He states that at some point there was an agreement between people from the Ministry of Health, the ICAA, and the Cocal Community Development Association (Asociación de Desarrollo Integral de Cocal), so that when a pipe blockage occurred, the neighbors would contact the health offices (stationed in Cocal), who would request the service of work crews for cleaning. He argues that cleaning has been taking place in his dwelling, as other neighbors are unwilling to provide facilities in their homes, due to the 'fecal sludge' dirt left by the crew members. He claims that during one of the blockages, and despite having requested it in writing, the new head of the ICAA did not authorize the crew to enter private property. He affirms that there is no other place to access the easement, since the entrance to the easement was usurped by the construction of the yard of house No. 24. He argues that government institutions have shown no interest in solving the health problem and that the neighbors have distanced themselves from the fight, leaving him alone with the problem. He states that the authorities do not even consider his proposed solutions. He explains that the municipality should have received the streets, green areas, and easements from the INVU for its administration. He points out that the ICAA does not have a sanitary sewer network in El Cocal and has no interest in resolving the matter. He relates that the Ministry of Health issues sanitary orders to public authorities; however, these are not complied with. He requests compensation for moral damages, as the Municipality of Puntarenas did not timely address the construction of a workshop and the usurpation of the entrance to the sewage easement, which has not been resolved after ten years. From the study of the case file, it has been proven that the Puntarenas Cantonal Unit of the ICAA, through official letter No. GSP-RPC-PU-2019-000648 of September 5, 2019, indicated that an amparo appeal (No. 18-006056-0007-CO) already existed in that sector and that the ICAA only provides the drinking water supply service. It indicated that communal sanitary collection systems exist in the sector and that the INVU system specifically consists of a condominium sewer system (alcantarillado condominal), in which the homes of a specific quadrant have a sanitary sewer pipe located internally along the pipeline easement (servidumbre de paso de tubería), which is located in the backyards of the homes and crosses all the properties involved, which is why it was obstructed by the neighbors. It stated that the sewer has never been received by the ICAA; however, at the request of the health governing area, inter-institutional meetings have been held involving the Ministry of Health, the Municipality of Puntarenas, and the neighbors. It explained that the Ministry of Health issues sanitary orders to the ICAA to intervene and resolve the obstruction problem. It argued that even though the ICAA has no involvement in the system, it acts on the principle of obedience and to ensure public health. It asserted that, also, even though responsibility was not assigned to the ICAA in amparo appeal No. 18-006056-0007-CO, it was ordered to provide collaboration to the Municipality of Puntarenas. It affirmed that, despite what was ordered by the Chamber in the previous process, the Municipality of Puntarenas only built the covers for the water collection tanks, has not performed cleaning, nor has it taken actions to correct the problems of land invasion in the pipeline easement. On the other hand, the Chamber verified that the Director of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas, through official letter No. MP-DCU-483-09-2019 of September 9, 2019, indicated: '(...) At the time of the field inspection, at the described location, no type of contamination with fecal material, nor bad odors, nor sewage overflow in the sector could be determined. It is worth noting that the inspection was carried out at the point of convergence of the pipeline with the septic tank, according to the attached photograph. In the immediate vicinity, the reported problem was not detected. What occurs inside the homes could not be determined as these are properties whose access is private, being mostly dwellings. In the sector, all the neighbors appropriated the strip of land intended as an easement (servidumbre) for sewage and wastewater pipelines. This strip of land is property of the INVU, so neither the Municipality nor the AyA have been able to intervene to seek its liberation. If there is any obstruction problem, it has been caused by one of the residents, by improperly appropriating the easement. The reasons for having enabled a development design including this water easement are unknown, as it was prepared and approved by the INVU in 1960. Neither the Municipality nor the AyA have access to the pipeline, as the water easement is invaded from start to finish by the neighbors, through walls, additions, roofs, etc., so we are unaware of the condition of the pipeline. Whenever we have received complaints from neighbors about an obstruction, we have relied on the AyA so that its personnel, entering the affected person's home, carry out unblocking work with machinery and personnel; which is not correct and puts the personnel themselves at risk; since there is a risk that the operation of machinery and equipment inside the home could cause damage that would lead to civil lawsuits; therefore, this practice has been eliminated. (...) The actions taken by the municipality to eradicate the problem were carried out at the beginning of this year, when a group of neighbors indicated that the sewage backup problem inside their homes arose because the collection tank, located in the park next to the settlement, was completely clogged. For this reason, the municipality assumed the commitment to clean it, and to do so, it directly contracted a company specialized in the field to clean and repair the tank for an amount of one million colones, work that was carried out in February of this year, but apparently the overflow problem persisted, as it is a damage to the pipeline to which we have no access. (...) Regarding our functions concerning the afflictions affecting the appellant, we have no pending activity to carry out; as is well known, the septic tank must be cleaned periodically; therefore, it is estimated that there will be no further interventions this year, given that we cleaned it in February. The issue of sewage and wastewater management and treatment is legally the responsibility of the AyA. Finally, as long as the legal situation regarding the water passage easement is not defined by the INVU and the neighbors, pipeline cleaning interventions will become increasingly more complicated.' In addition, this Court observes that the Ministry of Health has issued a large number of sanitary orders to both the Municipality of Puntarenas and the ICAA; however, the problem persists. The Environmental Manager of the Health Regulation Process of the Puntarenas-Chacarita Health Governing Area, in technical report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019 of September 9, 2019, after presenting all the actions of her represented entity, stated: 'CONSIDERING (...) 80. In response to the indication received in resolution No. 2018008599, of case file No. 18-006056-0007-CO, dated June 1, 2018 (...) 81. According to a meeting held on 06/18/2018, together with the Ombudsman's Office and Municipality of Puntarenas and community, the Agreements reached: - the Municipality will clean the tanks and build the tank covers and the park gate; it must also comply with resolution No. 2018008599 to clean and maintain the tanks and manage technical coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). Once the passage to the easement is clear, the neighbors will be able to provide maintenance and it has not been received by the AyA. The Ombudsman's Office recommends that the actions be resolved similarly in similar cases analyzed. 82. As observed in Ocular Inspection Report (Acta de Inspección Ocular) No. 284-Reg-2018 dated June 18, 2018, carried out jointly with the Municipality of Puntarenas, 'three openings without covers corresponding to the wastewater system are observed, pestilent odors are perceived. A vehicle parked inside the park and the exit from the garage of Mr. Guillermo Acevedo are observed. There is a concrete wall that joins both homes on the avenues, generating obstruction to the easement.' 83. In a meeting held on 07/24/2018, together with the Ombudsman's Office and Municipality of Puntarenas and community; Among the mentions and agreements reached: Eng. Mauricio Gutiérrez suggests the need to transfer the wastewater management system to the administration of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. - the Municipality of Puntarenas must conduct a legal study regarding the 40th street easement. 84. In a meeting held on 07/27/2018, together with the Ombudsman's Office, Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Municipality of Puntarenas and community; Among the mentions and agreements - the Municipality of Puntarenas must conduct a legal study regarding the 40th street easement and organize joint visits in order to have a clear vision of the problem. 85. As recorded in Ocular Inspection Report No. 295-Reg-2018; During a visit made on August 6, 2018, it is confirmed that the three manholes lack covers and two of them have remains of the old covers inside them. They present accumulation of sediments, sludge, and water, and bad odors are also perceived. 86. According to Sanitary Order (Orden Sanitaria) No. OS-0180REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018, notified on September 12, 2018, to the Municipal Mayor and the president of the Municipal Council, respectively, in which they must proceed to comply with: 1. Coordinate what is necessary and issue the pertinent instructions to proceed with the cleaning and maintenance of the septic tanks located on the public road of Invu El Cocal; if necessary, it must manage technical coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; this includes the placement of the respective three covers. 2. Present an Action Plan, with its respective schedule with terms no longer than one year and those responsible, including: 2.a) Adopt the appropriate measures to correct and prevent further obstacles to the normal flow of water, to eliminate any obstruction or construction found in the passage easement, which allows for adequate evacuation and flow of wastewater in the 'sanitary sewer network' so as to prevent stagnation and overflow of wastewater, and thus the impact on public health. 2.b) Ensure that cleaning activities are carried out with the necessary regularity; and if necessary, it must manage technical coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers." 87. In a visit made on September 18, 2018, as recorded in Ocular Inspection Report No. 349-Reg-2018: it is confirmed that there is an obstruction of the wastewater system, the three tanks are uncovered, there is sedimentation, and there is no water movement. 88. According to Sanitary Order 183-Reg-2018, notified on 09/18/2018 to Mr. Danilo Chavarría Velázquez, cantonal head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in which it is indicated that, within 1 business day, take the necessary measures to prevent the overflow of sewage (aguas negras) in the manhole located on the public road (easement) and inside the yards of the homes. 2.- REGARDING THE FACTS SUBSEQUENT TO THE COMPLAINT: 89. The complaint is received on September 24, 2018, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1346-18 from Mr. Marco Torres, in which he indicates that the problem persists due to obstruction of the sewage pipes; the crew from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers was there last week and could not completely unclog the obstruction. 90. On October 1, 2018, visits were made to several homes and the public road of the Invu Urbanization. El Cocal as recorded in Ocular Inspection Report No. 373-Reg-2018 and No. 375-Reg-2018, where sedimentation is confirmed in the three uncovered tanks located in the 'small park' and that the cleanout (cenicero) located in the wastewater passage easement is full of wastewater due to repeated obstruction. Tests were performed with sodium fluorescein and no contamination was confirmed. 91. On October 2, 2018, as recorded in Ocular Inspection Report No. 378-Reg-2017, visits were made to several homes and the public road, where sedimentation is confirmed in the three uncovered tanks located in the 'small park', and that the cleanout located in the wastewater passage easement is full of wastewater due to repeated obstruction. Tests were performed with sodium fluorescein and no contamination was confirmed. 92. According to Sanitary Order No. OS-187-REG-2018, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and Sanitary Order No. OS-189-REG-2018, notified to the mayor of the Municipality of Puntarenas, which were notified on October 3, 2018, with a 24-hour deadline, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of sewage in the manhole located on the public road and inside the yards of the homes. 93. As recorded in Ocular Inspection Report No. 383-Reg-2018, of October 4, 2018, a follow-up visit is conducted to verify compliance with the Sanitary Orders. At the time of the visit, it is confirmed that no actions have been taken by the Municipality of Puntarenas or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as the problem continues due to obstruction of the wastewater disposal system. 94. Through official letters No. PC-ARS-PC-442-2018 and PC-ARS-PC-443-2018, notified on October 4, 2018, formal judicial complaints for disobedience to authority are filed against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Municipality of Puntarenas. 95. As recorded in Ocular Inspection Report No. 385-Reg-2018, on October 5, 2018, a new visit is conducted. It is confirmed that there is sedimentation and rainwater in the three uncovered tanks located in the 'small park' and that the problem continues due to obstruction of the wastewater disposal system, since despite the fact that officials from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers recently appeared, the required actions were not taken. 96. As recorded in Ocular Inspection Report No. 386-Reg-2018, on October 5, 2018, it is confirmed that Mr. Marco Torres's manhole is collapsed. But it has not overflowed due to the wall surrounding it; the main tanks (three manholes) are full of water, there are no bad odors. Although officials from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers recently appeared, the requested actions were not taken. 97. Through official letter No. GSP-RPC-PU-2018-00654, received on October 11, from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, information is provided regarding the response to Sanitary Order 183-Reg-2018. 98. As recorded in Ocular Inspection Report No. 512-Reg-2018, on October 11, 2018, it is confirmed that Mr. Marco Torres's manhole is obstructed but has not overflowed due to the wall surrounding it. 99. As recorded in Ocular Inspection Report No. 514-Reg2018, on October 22, 2018, the non-compliance with Sanitary Order No. OS-0180-REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018 is confirmed. 100. The complaint is received on November 5, 2018, as recorded in Document Receipt Slip No. PCAC-1560-18, from Mr. Marco Torres, in which he indicates that the problem of obstruction of the sewage pipes occurred again. 101. As recorded in Ocular Inspection Report No. 430-Reg-2018, on November 7, 2018, it is confirmed that Mr. Marco Torres's manhole is obstructed. But it has not overflowed due to the wall surrounding it. The three tanks in the park continue without covers, putrid odors are perceived, and it is close to overflowing. 102. According to Sanitary Order No. OS-208-REG-2018, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and Sanitary Order No. OS-209-REG-2018, notified to the Mayor of the Municipality of Puntarenas, which were notified on November 9, 2018, with a 24-hour deadline, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of sewage in the manhole located on the public road (easement) and inside the yards of the homes. 103. As recorded in Ocular Inspection Report No. 521-Reg-2018, of November 12, 2018, a follow-up visit is conducted to verify compliance with the Sanitary Orders. At the time of the visit, it is confirmed that no actions have been taken by the Municipality of Puntarenas or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as the problem continues due to obstruction of the wastewater disposal system. 104. As recorded in Ocular Inspection Report No. 522-Reg-2018, of November 13, 2018, a follow-up visit is conducted to verify compliance with Sanitary Orders OS-208-REG-2018 and No. -209-REG-2018, the improvements made by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are confirmed. 105. As recorded in Ocular Inspection Report No. 523-Reg-2018, of November 13, 2018, the Non-compliance with Sanitary Order No. OS-0180-REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018 is confirmed. 106. Through official letter No. PC-ARS-PC-516-2018 dated November 13, 2018, addressed to the Municipality of Puntarenas, with reference to the problem of wastewater overflow in the yards of the homes, resulting from the continuous obstruction that causes the collapse of the sanitary sewer on 40th Street, INVU Cocal Puntarenas, its attention is requested to official letter PC-ARS-PC-0325-2018 and Sanitary Ordering No. OS-0180-REG-2018. 107. The note is received on December 20, 2018, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1776-18, from Mr. Marco Torres, in which he indicates that there is machinery working on the general septic tank and requests an official to inspect. 108. As recorded in Ocular Inspection Report No. 526-Reg-2018, of December 20, 2018, a visit is made, finding work being carried out at that moment in the Invu Cocal park, in response to official letters and sanitary orderings that request action from the Municipality of Puntarenas. It is urgent to take actions to prevent environmental contamination and risk to public health, due to the work carried out with sludge from the wastewater tank deposited in a small park in the INVU, El Cocal de Puntarenas neighborhood, and to comply with regulations (Article 24.- On the discharge of sludge. The discharge of any type of sludge and biosolids into bodies of water and untreated sludge into soils is prohibited), in addition to correcting it regarding transport and final disposal, so that optimal vehicles are used. Likewise, that occupational health measures be taken so as not to incur risks to the health of workers. 109. As recorded in Ocular Inspection Report No. 527-Reg-2018, of December 21, 2018, a follow-up visit is made to the work carried out, with no change in the way the machinery and workers are performing it. 110. As recorded in Ocular Inspection Report No. 001-Reg-2019 of January 9, 2019, a visit is made finding work being carried out at that moment in the Invu Cocal park. In addition, it is confirmed that Mr. Marco Torres's manhole is collapsed, but it has not overflowed due to the wall surrounding it. 111. According to Sanitary Order No. OS-001-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and Sanitary Order No. OS-002-REG-2019, notified to the Mayoress of the Municipality of Puntarenas, which were notified on January 8, 2019, with a deadline of 3 business days, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of sewage in the manhole located on the public road (easement) and inside the yards of the homes. 112. As recorded in Ocular Inspection Report No. 042-Reg-2019, of January 11, 2019, a follow-up visit is conducted to verify compliance with the Sanitary Orders, the improvements made by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are confirmed. Additionally, the work was being carried out at that moment in the Invu Cocal park by the Municipality of Puntarenas and external contracting; with some anomalies. 113. Through official letter No. GSPRPC-PU-2019-0018, received on January 14, 2019, from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, information is provided regarding the response to Sanitary Order 001-Reg-2019. 114. The note is received on April 22, 2019, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-056219, from Mr. Marco Torres, in which he indicates that there is an obstruction of the sewage pipes. 115. As recorded in Ocular Inspection Report No. 086-Reg-2019, of April 26, 2019, it is carried out, confirming that Mr. Marco Torres's manhole is collapsed, but it has not overflowed due to the wall surrounding it. Moisture is observed around the recently repaired tanks. 16. According to Sanitary Order No. OS-041-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and Sanitary Order No. OS-042-REG-2019, notified to the Mayoress of the Municipality of Puntarenas, which were notified on April 29, 2019, with a deadline of 5 business days, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of sewage in the manhole located on the public road (easement) and inside the yards of the homes. 117. On April 30, 2019, a Motion for Reconsideration (Recurso de Revocatoria) is received from the Municipality of Puntarenas, against No. OS-042-REG-2019, which is addressed via official letter MS-DRRSPCDARSPC-0176-2019. 118. The note is received on August 5, 2019, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1096-19, from Mr. Marco Torres, in which he indicates that there is an obstruction of the sewage pipes in his community. 119. As recorded in Ocular Inspection Report No. 289-Reg-2019 and No. 290-Reg-2019, of August 13, 2019, it is carried out, confirming that Mr. Marco Torres's manhole is collapsed, but it has not overflowed due to the wall surrounding it. Furthermore, the planter on top of the easement (servidumbre) no longer exists. 120. By Sanitary Order No. OS-1 13-REG-2019, notified to the Cantonal Chief of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on August 13, 2019, with a deadline of 5 business days, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of blackwater in the manhole located on the public road (easement, servidumbre) and within the patios of the dwellings. 121. That by official letter No. GSP-RPCPU-2019-00594, received on August 21, 2019, from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, information is provided regarding the response to Sanitary Order 01 13-Reg-2019. 122. That over the last five years, multiple complaints filed by the residents of the Cocal sector in Puntarenas have been addressed regarding the problem of wastewater overflow resulting from the collapse of the sanitary sewer system; temporary solutions have been provided, since said sanitary sewer system periodically clogs and collapses. 123. That through on-site inspections, it is recorded that, between the two housing sectors, there is an easement (servidumbre), through which the pipe that carries the wastewater generated in these dwellings passes. Likewise, that the north entrance of this easement (servidumbre) has had its access closed with a concrete wall, there are dividing walls between each property, and there are modifications to some of the cleanouts, these constructive modifications were not approved by this Ministry. 124. That as indicated by various complainants, the housing project was built by the developer INVU, it has a wastewater treatment system that consists of manholes for each dwelling, a pipe that carries the wastewater (gray, black, and possibly some stormwater) to three sedimentation tanks, which, by means of a pipe of unknown diameter, discharges the effluent into the estuary. 125. That there is no record in the physical or digital file of the Rectorate Area of any document reporting the outfall of the wastewater collection system into the receiving body, the estuary, nor is there a sketch or plan of the wastewater disposal system, the septic tank, or the drainage. 126. According to what was observed by this Ministry, there are three sedimentation tanks located in a public area where there is a children's playground and no gate is observed; it is verified that a cement cover has already been placed on these tanks. And it is unknown whether said system meets the characteristics and conditions of a functional and effective system for the treatment and final disposal of wastewater, which could cause serious environmental contamination, putting public health at risk, and this would affect the balance of the ecosystems, coupled with the socio-economic factors of the area.” Likewise, the Environmental Manager of the Health Regulation Process of the Puntarenas-Chacarita Health Rectorate Area, by technical report No. MS-DRRSPC DARSPC-IT-043-2019 of September 24, 2019, stated the following: “CONSIDERING 1. That since 2013, the Puntarenas - Chacarita Health Rectorate Area has been managing specific actions jointly with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Municipality of Puntarenas, in collaboration with affected neighbors, since the increase in complaints about obstruction and water overflow problems in the 'Wastewater Network' of INVU Cocal. This is evidenced in greater detail in Technical Report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019, which reports on what was carried out by environmental manager, Bach. Brook Vega Davies, of the Health Regulation Process of this Health Rectorate Area, in response to the Amparo Appeal filed on September 2 before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, according to Case File No. 19-015715-0007-CO. 2. The note is received on September 18, 2019, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1317-19, from Mr. Marco Torres, in which he indicates that there is an obstruction of the blackwater pipes in his community. 3. As recorded in On-Site Inspection Report No. 416-Reg-2019, of September 19, 2019; access to his property was entered with his authorization to verify the reported facts, due to obstruction of the shared drainage system among several dwellings, which causes an increase in the water level in the manhole. The water is contained by the wall and cover around it; wastewater is observed at a level close to overflowing. 4. As recorded in On-Site Inspection Report No. 419-Reg-2019, of September 19, 2019; in follow-up to OS-0180-Reg-2018, OS-0181-Reg-2018, and official letter PC-ARS-PC-516-2018; three tanks with cement covers are observed, with some cracks, no moisture is observed around them, and foul odors are perceived coming from the tanks and the storm sewer. A vehicle is observed parked inside the small park, with license plate CL 190839, which is located next to a black metal door; this corresponds to the built wall that obstructs the easement of passage (servidumbre de paso), in its northern sector, next to the children's park. 5. By Sanitary Order No. OS-167-REG-2019, notified to the Cantonal Chief of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on September 19, 2019, with a deadline of 5 business days, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of blackwater in the manhole located on the public road (easement, servidumbre) and within the patios of the dwellings. 6. That given the constant complaints received by this Ministry, it can be evidenced that the problem has been increasing and that it has not diminished since the cleaning of the three tanks located in the park between streets 38 and 40 was carried out, this by the Municipality. It is unknown whether there is influence from the high tides that could generate an impact on the wastewater system, which discharges into the estuary of Puntarenas.” Regarding the sub examine, the Chamber, by judgment No. 2018-008599 of 9:15 a.m. on June 1, 2018, resolved: “Considering: (...) IV.- On the merits. In the particular case, there are two issues raised by the petitioner, a resident of the Barrio El Invu of Cocal de Puntarenas, before the respondent authorities. On one hand, the problem with the lack of cleaning of the blackwater collection tanks, and on the other, the problem of lack of maintenance of the sewer system of the housing development where he lives. Each one is analyzed separately. 1) Regarding the lack of cleaning of the blackwater collection tanks: From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of this matter, it is confirmed, on one hand, that the housing development where the septic tank in the roundabout and public road of INVU del Cocal de Puntarenas, in question, is located was built by INVU, including the collection system, which is not administered by the AyA. Regarding the problem of lack of maintenance of the blackwater collection tanks, the respondent authorities agree in their respective reports by indicating that the situation is real, but the cleaning of the tanks is an obligation that the owners must assume. On this matter, the Municipal Mayor omits referring directly to the situation raised by the petitioner and emphasizes that this municipal corporation does not have the direct authority or the equipment to carry out a tank cleaning task; a task that corresponds, according to the reporting Mayor, to the neighbors. Thus, insofar as the appeal is directed against the respondent Municipality, this Chamber determines that despite the Mayor's statement according to which the task of cleaning the indicated collection tanks must be assumed by private individuals; the fact is that he is aware of the problem affecting the inhabitants of that area, and it is his duty to arrange what is necessary to compel those responsible to provide a solution to the problem that has been known since 2015; nevertheless, he limits himself to pointing out the problem without doing anything about it. In the same vein, from the report given to this Chamber by the Rectorate Area of the Ministry of Health, it admits that a sanitary problem persists, since it admits that the cover has cracks that allow the escape of foul odors. But this Chamber does not observe that the Ministry has adopted effective measures to prevent the public health problem posed by the poor condition of the tank cover, which is not only unsealed but has cracks. The provision of a public service such as that which is in the hands of the Ministry of Health demands an efficiency and diligence perhaps beyond that necessary on the part of other public bodies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, as far as its competencies are concerned. Based on the foregoing, the Chamber considers that the inactivity of the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health, in this case, violates the petitioner's fundamental right to health and a healthy environment; therefore, it is appropriate to grant the appeal against them and order that the necessary, even radical, measures be arranged, and the pertinent decisions be adopted in order to eliminate the sanitary problem that may arise from the poor condition and lack of maintenance of the blackwater collection tank. 2) Regarding the lack of maintenance of the sewer system of the housing development. From the facts that are taken as duly proven in this matter, and in particular from the report of the AyA representative, it is clear that the water collection system referred to by the petitioner requires preventive maintenance and the intervention of the system's managing entity is necessary, since the encroachment of land within the easement (servidumbre) of the pipe's passage has been tolerated at the site, which has prevented access to carry out preventive and corrective maintenance work on the collection network. From the foregoing, and particularly from what the AyA representative indicates in his report before this Chamber, it is clear that the lack of follow-up on construction works everywhere in the affected area, even over the area where the pipe passes, has resulted in leaks and difficulties in maintaining the sewers and the water collection system. Furthermore, it is clear that there are missing covers that have not been repaired, and the lack of maintenance that characterizes the water collection network of the housing project where the petitioner resides leads to the conclusion that the Municipality of the Central Canton of Puntarenas has not coordinated, much less carried out, the necessary actions aimed at correcting and preventing the situation of the water collection network from worsening, in order to guarantee the proper functioning of the system. Such passivity also characterizes the limited intervention of the respondent Health Area in this zone, inertia that has negatively impacted the community, as it has sometimes caused the collection overflow and has limited the passage of pedestrians and vehicles. Now, regarding the probable solution to the wastewater disposal problems, from the report requested by this Chamber from the AyA, it is understood that such obligation falls on the developer of the project. However, although in principle the works should not be assumed by the Administration, it is confirmed that neither the respondent Municipality nor the Ministry of Health, before whom the respective complaint was filed, have arranged what corresponds to them, within their powers, to coordinate or issue the sanitary orders, as appropriate, aimed at correcting the problem. On the contrary, far from demanding a corrective stance, construction on the easement (servidumbre) where the pipe passes has been tolerated at the site (see the AyA report). At the very least, a preventive attitude has been adopted, despite the fact that both the respondent Municipality and the Health Area admit that the water disposal problem exists, which puts public health at risk and has been known for several years. From the foregoing, the lack of coordination on the part of the respondent authorities to provide an integral solution to the problem is evident. For his part, the representative of the Ministry of Health attempts to justify his inertia in the report rendered before this Chamber, by indicating that at this moment there is no water overflow situation. Thus, in the view of this Tribunal, the passive attitude of the Health Area, which waits for the water overflow to act, is clearly insufficient, as the plan is to wait for a critical situation to occur in order to try to provide a solution, instead of implementing the preventive and corrective maintenance of the water collection network, which is known to affect the inhabitants of the place, once and for all. Consequently, it is appropriate to grant the appeal, insofar as it is directed against the Municipality and the Health Area of Puntarenas, as is in effect ordered. (...) VII. OF THE AMPARO AGAINST THE AYA: Finally, it is appropriate to dismiss the amparo against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, inasmuch as it is clear from the report rendered that in the place where the petitioner lives, what exists is a private wastewater collection system, since in the Cocal sector, the AyA only provides potable water service. Thus, the sanitary problem is generated by a wastewater management system that has not been received by that institution. On the other hand, the times that by mandate of the Ministry of Health—through sanitary orders—the intervention of the institution has been requested for the resolution of the problem, given that public health is involved, the AyA has complied with what was ordered. As a consequence, the appeal is dismissed, as to this point, which is in effect ordered. VIII. CONCLUSION. In the particular case, the problems of the sewer system in the roundabout and on the public road of INVU del Cocal de Puntarenas are confirmed, which cause stagnation and overflow of water, a situation that is known to the Health Rectorate Area and the Municipality of Puntarenas. However, despite the filed complaint, such authorities have omitted finding a solution, under the excuse that the maintenance of the water network and the cleaning of the septic tanks correspond to private individuals or the developer. In addition to the above, to date there is no current order issued by the authorities of the respondent Municipality of Puntarenas to the owners and/or the person in charge of the housing project to properly maintain the water collection network or proceed with the cleaning of the septic tank, even though it has fissures and broken parts. Nor is there any record that sanitary orders have been issued by the Ministry of Health, which is responsible for ensuring their mandatory compliance, as it is competent to do according to the General Health Law, which establishes the unavoidable duty on the part of the Ministry of Health to directly attend to or compel the developer to immediately correct the problem being caused by the incorrect disposal of wastewater, a situation that is generating the health problem affecting the petitioners and which tends to worsen during the rainy season. Thus, in application of the preventive principle that operates in environmental matters, it is appropriate to order the Municipality of Puntarenas and the Health Rectorate Area of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health to coordinate what is necessary within the scope of their powers, and to follow up on the situation, as indicated in the operative part of this resolution. Likewise, they must resolve and respond to the complaint filed by the petitioner since December 2017, within the period indicated in the operative part of this resolution. (...) Therefore: The appeal is declared GRANTED. Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Municipal Mayor of the Central Canton of Puntarenas, and/or whoever in his place holds said position, is ordered to coordinate what is necessary and issue the pertinent instructions so that, within a maximum period of one month counted from the notification of this judgment, the cleaning and maintenance of the septic tank located at the roundabout and on the public road of INVU del Cocal de Puntarenas indicated by the petitioner be carried out; and within a period of one year counted from the notification of this judgment, to adopt the appropriate measures to correct and prevent further obstacles to the flow of water. Within that same period, he must ensure that such cleaning activity is carried out with the necessary regularity; and, if necessary, must arrange technical coordination with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In application of the preventive principle, Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Health Rectorate Area of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, or whoever in her place holds the position, is ordered to issue the sanitary orders she considers necessary for the proper functioning of the sanitary sewer system, as well as the indicated septic tank.” From this perspective, it is appropriate to partially grant the appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas. On this matter, the petitioner referred to a problem that had already been known in this jurisdiction by virtue of an amparo appeal filed by another person. In the partially transcribed judgment, this Tribunal ordered the Municipality of Puntarenas to coordinate what was necessary and issue the pertinent instructions not only to proceed with the cleaning and maintenance of the septic tank, but also to adopt the appropriate measures to correct and prevent further obstacles to the flow of water; furthermore, it had to ensure that the cleaning was carried out with the necessary regularity and, if necessary, arrange technical coordination with the ICAA. Likewise, on that occasion, the Chamber ordered the Health Rectorate Area of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health to issue the sanitary orders it considered necessary for the proper functioning of the sanitary sewer system, as well as the septic tank. In the specific case, from the evidence provided by the respondent authorities, it is clear that the problems detected in the previous amparo appeal persist. In this regard, it is observed that, although the municipality carried out a cleaning of the septic tanks in February 2019 (which are connected to the easement, servidumbre), it stated in its report that it had no pending tasks, as it was not going to do a new one in the remainder of the year. Now, despite what was indicated, it is confirmed that, after the cleaning of the tanks, the ICAA (an entity to which no responsibility was attributed, only the duty of technical coordination) has had to intervene due to the overflow of blackwater, which demonstrates that the problem has not been solved. In addition, the official letters from the health authorities expressly recognized that over the last five years, multiple complaints filed by the residents of El Cocal have been addressed regarding the overflow of wastewater that occurs because the sanitary sewer periodically collapses; likewise, they stated knowing that the dwellings are crossed by an easement (servidumbre), whose entrance is closed by a concrete wall and is obstructed by dividing walls between each property. Precisely, the Health Area of Puntarenas indicated that it was unaware whether the system met the characteristics and conditions of a functional and effective system for the treatment and final disposal of wastewater, which could cause serious environmental contamination, putting public health and the balance of the ecosystems at risk. The foregoing is reprehensible because, if a threat or potential impact to the environment and public health is verified, the appropriate measures must be taken to make these disappear. Now, even though the Ministry of Health has criminally denounced the mayor of Puntarenas for disobedience to authority and has carried out a large number of actions, it is no less true that the reported situation persists. Likewise, it cannot be overlooked that the Municipality of Puntarenas considers that the problem in question is the responsibility of the ICAA, and the latter, in addition to indicating that the solution does not correspond to it, also reproaches that the local government has not only failed to comply with the Chamber's judgment, but has also failed to ensure that the obstructions of the easement (servidumbre) of the pipe located in the neighbors' patio are eliminated. In fact, one of the main problems is that the municipal authorities do not have certainty about the legal situation of the easement (servidumbre), since even though they stated that it belonged to INVU, this assertion was not evidenced by the evidence-for-better-resolution ordered to the National Registry. Even the Ministry of Health requested that the Municipality of Puntarenas carry out a legal study of the easement (servidumbre), but there is no record that this has occurred. For the considerations set forth, it is necessary to grant the appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, so that they coordinate what is necessary to solve the impacts caused by the wastewater and stormwater problems in the INVU sector in the El Cocal neighborhood of Puntarenas, in relation to the sewer system that crosses the properties by means of an easement (servidumbre). In that sense, the Municipality of Puntarenas must analyze the current condition (physical and legal) of the easement (servidumbre), as well as its respective implications from a legal and technical point of view, and forward said report to the Ministry of Health. Likewise, the health authority must analyze the municipality's report and issue its own opinion on the easement (servidumbre) in order to evaluate the possible responsibility of the municipality and the property owners, so that it may then issue the provisional and definitive measures aimed at solving the reported problem. Finally, the Municipality of Puntarenas must comply with the sanitary orders issued against it, without prejudice to the fact that such administrative acts issued, as well as their legal and technical viability, may be challenged through ordinary channels. In relation to the foregoing, although it was recognized that there is no sanitary sewer system in the area, this situation does not exempt those responsible from ensuring adequate treatment of wastewater while such situation persists. Now, if the petitioner considers that the ICAA must immediately build a sanitary network in El Cocal, he must request it before that institution, or, in the ordinary jurisdiction, so that, with more elements, the corresponding evidence can be evaluated in a broad venue and its appropriateness or not can be determined. On the other hand, regarding the specific solutions proposed by the petitioner, these must be raised before the same authorities, or, in the ordinary jurisdiction. Furthermore, as for INVU, according to the elements that appear in the case file, the appeal is declared without merit, since it is not evident that it has any current connection with the alleged acts; the foregoing is ordered without prejudice to the fact that any possible responsibility may be determined in a full venue. Finally, in the same terms as the cited precedent, the appeal against the ICAA is dismissed; however, this authority must take note in order to provide, within the scope of its competencies, the technical support requested by the health authorities. Likewise, it must participate in the corresponding coordination with the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, so that with its technical knowledge it contributes to the solution of the problem. IV.- Note of Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the opinion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which pollution problems are alleged that affect the Estero de Puntarenas, due to the blackwater and sewage coming from the El Cocal neighborhood of Puntarenas, which affects the health of the local residents, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life. Therefore: The appeal is declared partially granted only against the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health. 1) Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, Carlos Manuel Venegas Porras, in his capacity as Regional Director of Health Stewardship of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, and Carlos Manuel Venegas Porras, in his capacity as Regional Director of Health Stewardship of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, or whoever holds their positions, are ordered to coordinate what is necessary within the scope of their competencies so that, within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, a solution is provided to the impacts caused by the wastewater problems in the INVU sector in the El Cocal neighborhood of Puntarenas, in relation to the sewer system that crosses the properties by means of an easement (servidumbre). 2) Carlos Manuel Venegas Porras, in his capacity as Regional Director of Health Stewardship of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, and Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Health Rectorate Area of Puntarenas, or whoever holds their positions, are ordered to, IMMEDIATELY, issue the pertinent orders to take provisional measures so that the wastewater overflows in the INVU sector of the El Cocal neighborhood of Puntarenas and the consequent problems of pollution and foul odors are addressed. 3) Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, or whoever holds that position, is ordered to issue the pertinent orders and take the necessary measures so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, a study of the current condition of the easement (servidumbre) with record No. 331-07008-01-0900-001 (which encumbers property No. 6-43840-000 registered in the name of Marco Antonio Torres Madrigal) and which crosses the INVU sector of the El Cocal neighborhood of Puntarenas is prepared; furthermore, within THREE DAYS after the issuance of the report, it must forward it to the Health Rectorate Area of Puntarenas and the Regional Directorate. 4) Carlos Manuel Venegas Porras, in his capacity as Regional Director of Health Stewardship of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, and Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Health Rectorate Area of Puntarenas, or whoever holds their positions, once the Municipality of Puntarenas sends them the study on the aforementioned easement (servidumbre), must, within a period of ONE MONTH from its receipt, issue a technical and legal opinion on it and, within that same period, issue the corresponding sanitary orders for the solution of the wastewater overflows in the INVU sector of the El Cocal neighborhood of Puntarenas and the consequent problems of pollution and foul odors. 5) Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, or whoever holds that position, is ordered to comply with the sanitary measures issued by the Ministry of Health, without prejudice to the fact that such administrative acts issued, as well as their legal and technical viability, may be challenged through ordinary channels. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely penalized. The State and the Municipality of Puntarenas are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative proceedings. In all other respects, the appeal is declared without merit. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados shall take note of what is stated in considering III. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, Carlos Manuel Venegas Porras, in his capacity as Regional Director of Health Governance for the Central Pacific Region of the Ministry of Health, and Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Governing Health Area of Puntarenas, personally." IV.- Regarding the functions of the municipalities in accordance with Article 169 of the Political Constitution, this Chamber, in ruling No. 2023011483 of 09:20 hours on May 19, 2023, stated: "(…) IV.- This Court, in its jurisprudence, has recognized the obligation of Municipalities to execute effective and expeditious actions based on the needs of the territorial constituency assigned to each municipal corporation, which is intimately linked to the element of population. Such obligations derive from what is contemplated in Articles 169 and 170 of the Political Constitution, covering a broad number of activities. Thus, in rulings No. 2011-12886 of 12:44 hours on September 23, 2011, and No. 2015010541 of 09:20 hours on July 17, 2015, among others, this Chamber stated: '(…) as established by Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, municipalities are responsible for the administration of local services and interests, in order to promote the comprehensive development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees -at least- efficient electrification and communication services; good systems for providing potable water and evacuating wastewater, adequate aqueduct and sewer systems, lighting and ornamental systems for cities; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the population's life comfortable and safe.' Furthermore, regarding service provision, this Chamber has indicated –e.g., ruling No. 2016-000427 of 09:30 hours on January 15, 2016– that the proper functioning of these services corresponds to a fundamental right. This is based on the content of Articles 139, 140, and 191 of the Political Constitution. This translates into the obligation of the various Public Administrations to provide services in a continuous, regular, expeditious, effective, and efficient manner. Likewise, from the organic part of the Fundamental Charter, a series of principles for the organization and function of the Administration are established, which have been developed by infra-constitutional norms, such as the General Law of Public Administration, which in its Articles 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, imposes the duty on State organs to guide and nurture administrative organization and function. Thus, the principle of effectiveness means that the administrative organization is designed to achieve the objectives and purposes assigned by the legal system itself, which necessitates planning and accountability. For its part, efficiency implies obtaining the best results with the rational use of the resources available to the different dependencies. Furthermore, the Administration is bound by the principle of simplicity, which should be understood as the obligation for administrative structures and their competencies to be easily understandable, without complex procedures that delay the satisfaction of public interests. The principle of speed imposes the obligation on Public Administrations to fulfill their objectives and purposes in the most expeditious, rapid, and accurate manner possible, to avoid undue and unjustified delays. Thus, these principles impose a series of demands, responsibilities, and permanent duties on all public entities (…).'" V.- ON THE SPECIFIC CASE. It is demonstrated that the protected party lives in El Cocal de Puntarenas, in the houses known as the Seguro Social ones, on Calle 38-40. That, approximately one month ago, untreated sewage (aguas negras) from the development's internal sewer network began entering his dwelling and those of other neighbors. He explains that this situation is apparently due to a lack of maintenance by the competent authorities. He points out that said water, which should discharge into some nearby tanks, flows freely due to the collapse or obstruction of the sewer system. He states that this fact endangers his life and that of many people in the sector, including women, children, and older adults, and endangers the environment. Therefore, he went to the office of the mayor of Puntarenas to report the situation, but the mayor argued that he does not have the machinery or the necessary resources to solve the problem, without caring about the risk this represents to the inhabitants' health. The petitioner emphasizes that, despite the seriousness of the problem, the responsible authorities have not taken any action to remedy it. From the analysis of the reports rendered, as well as the evidence in the record, the Chamber determines that the protected party is correct in his allegation. The foregoing, because it is evident that since 2018, other neighbors from El Cocal de Puntarenas have come to this Court for the same problem afflicting them, regarding untreated sewage (aguas negras) from the development's internal sewer network, a situation that, as of the date when the petitioner filed this amparo, the respondent authorities had not carried out the corresponding actions to solve the problem afflicting them, despite the two orders this Court issued. Therefore, and in accordance with ruling No. 2018-008599 of 9:15 hours on June 1, 2018, and ruling No. 2019022487 of 09:15 hours on November 15, 2019, the appeal filed is partially granted regarding the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health, for the following reasons: Regarding the Municipality of Puntarenas. Although the mayor reports that this municipality has been performing maintenance and cleaning of the communal deposit tanks every year, it is observed that this has not been sufficient, as the problem afflicting the community of El Cocal de Puntarenas persists. Indeed, it should be noted that the respondent authorities themselves acknowledge the problem; however, they do not inform the Chamber what definitive actions they will carry out to find a solution to the problem, since the mayor merely limits himself to indicating that the community does not have a sanitary sewer network. That said housing project was promoted and built by the Institute of Housing and Urbanism (Instituto de Vivienda y Urbanismo, INVU), which designed treatment systems by means of a common septic tank, therefore, the water discharged from each dwelling goes to a general catchment tank for the entire project, and that indeed, in the inspections carried out, it was determined that the cause of the problem is the lack of grease traps to prevent obstructions to the pipe system, since as it is a single pipe system for all the houses, if one of them does not perform adequate maintenance and cleaning, it affects their dwelling and those of the others, because the system becomes obstructed and overflows water into the houses. Therefore, the pipes referred to in the cited report cannot be cleaned from the outside or from the front of the properties, as they are located in the backyards of the dwellings, and this makes it impossible for the municipality to take action, as it is private property. He also indicates that the only access to the pipeline branch that existed was closed off by all the neighbors when they built some walls, and that, when consulting the Property Registry, it is evident that said access corresponds to an easement (servidumbre) for water owned by INVU; which the municipality cannot access either. A situation that was equally pointed out by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which reported that the wastewater collection system has an internal pipe that crosses the backyards of all the properties, corresponding to an easement (servidumbre) of passage with registration number N°331-07008-01-0900-001 (the same servidumbre that was known in the amparo 19-015715-0007-CO); however, the access to the easement (servidumbre) of passage for the collection pipe is obstructed, because the inhabitants have built various constructions on the servidumbre, such as walls, warehouses, corridors, and a workshop, among others. That although the preventive and corrective maintenance of the INVU Cocal system corresponds to the Municipality of Puntarenas, AyA, through sanitary orders generated by the Ministry of Health, has been responsible for providing maintenance to the wastewater collection tanks in the sector; however, this work is difficult because there is no free access in the easement (servidumbre) of passage for wastewater designated for this purpose, and AyA officials must enter through private property to perform the clearing of obstructions. It points out that it is up to the Municipality of Puntarenas to execute the pertinent legal actions to maintain free access in the servidumbre. Likewise, due to this problem in 2018, the neighbors of Cocal filed two amparo appeals, where this Court ordered the Municipality to carry out the pertinent legal work to allow free access in the easement (servidumbre) of passage and to execute the cleaning and maintenance of the septic tank, and similarly to arrange technical coordination with AyA. Therefore, the Institution has participated in inter-institutional meetings with MINSA and the Municipality of Puntarenas, in order to provide the collaboration and/or advice required for the correct operation of the wastewater system. On this topic, the Chamber, in the aforementioned vote No. 2019022487 of 09:15 hours on November 15, 2019, ordered the following: '(…) 3) Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, or whoever holds that position, is ordered to issue the pertinent orders and take the necessary measures so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, a study is prepared of the current condition of the easement (servidumbre) with citation No. 331-07008-01-0900-001 (which burdens property No. 6-43840-000 registered in the name of Marco Antonio Torres Madrigal) and which crosses the INVU sector of the El Cocal neighborhood of Puntarenas; furthermore, within THREE DAYS after the report is issued, it must be sent to the Governing Health Area of Puntarenas and the Regional Directorate (…).'" From the foregoing, it is observed that what was ordered at the time by this Court has not been carried out, since the same authorities acknowledge the problem generated by said easement (servidumbre), and the mayor of the respondent municipality does not inform what measures will be taken to seek a solution to the problem. Regarding the Ministry of Health. Although, from the reports rendered and the evidence in the record, it is demonstrated that the respondent authorities of the Ministry of Health -Governing Health Area of Puntarenas – Chacarita- have taken steps to comply with the orders this Court gave at the time, as can be seen in the proven facts of this judgment, and that, given the non-compliance with sanitary order 0112-REG-2024 by the Municipality of Puntarenas, on December 4, 2024, a criminal complaint was filed against the Municipality of Puntarenas for the alleged Crime of Disobedience to Authority before the Deputy Prosecutor's Office of the Public Ministry in Puntarenas; however, the truth of the matter is that, for this Chamber, its duty has been insufficient, as said ministry demands observation, as well as guaranteeing the protection of the population's health and the environment. Therefore, the Chamber considers that the respondent authorities of the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health have not complied with the order issued by this Court in the rulings of case files No. 18-006056-0007-CO and No. 19-015715-0007-CO, because although the authorities acknowledge the reported problem and as of the date the protected party files for amparo—more than six years later—the respondent municipality only provides palliative solutions, and does not provide evidence to the Chamber indicating the actions taken, whether in coordination with the authorities it deems necessary, as well as with the owners of the required properties, in order to provide a comprehensive and definitive solution to the problem afflicting the people who live in the El Cocal neighborhood of Puntarenas, a situation contrary to the constitutional principles of efficiency and effectiveness that must prevail in the duties of public function. Consequently, what is appropriate is to declare the appeal with merit regarding these two respondent authorities, and to reiterate the order previously given by this Chamber in ruling No. 2019022487 of 09:15 hours on November 15, 2019. VI.- On the other hand, regarding the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Chamber does not find elements indicating that said institution has incurred in actions that affect the fundamental rights of the protected party, since it is observed that said institute provides only the potable water service in the INVU sector, known as Barrio El Cocal, located in the province of Puntarenas, and that, despite the preventive and corrective maintenance of the INVU Cocal system corresponding to the Municipality of Puntarenas, AyA, through sanitary orders generated by the Ministry of Health, has been responsible for providing maintenance to the wastewater collection tanks in the sector. Consequently, regarding said institute, the appeal is declared without merit. However, this authority must take note in order to provide, within the scope of its competencies, the technical support requested by the health authorities. Likewise, it must participate in the corresponding coordination with the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, so that with its technical knowledge it contributes to the solution of the problem. (...)" ... See more Related Rulings Content of Interest: Content type: Majority vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 169- Municipal government Subtopics: NOT APPLICABLE. ARTICLE 169 OF THE POLITICAL CONSTITUTION “(…) IV.- Regarding the functions of the municipalities in accordance with Article 169 of the Political Constitution, this Chamber, in ruling No. 2023011483 of 09:20 hours on May 19, 2023, stated: "(…) IV.- This Court, in its jurisprudence, has recognized the obligation of Municipalities to execute effective and expeditious actions based on the needs of the territorial constituency assigned to each municipal corporation, which is intimately linked to the element of population. Such obligations derive from what is contemplated in Articles 169 and 170 of the Political Constitution, covering a broad number of activities. Thus, in rulings No. 2011-12886 of 12:44 hours on September 23, 2011, and No. 2015010541 of 09:20 hours on July 17, 2015, among others, this Chamber stated: '(…) as established by Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, municipalities are responsible for the administration of local services and interests, in order to promote the comprehensive development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees -at least- efficient electrification and communication services; good systems for providing potable water and evacuating wastewater, adequate aqueduct and sewer systems, lighting and ornamental systems for cities; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the population's life comfortable and safe.' Furthermore, regarding service provision, this Chamber has indicated –e.g., ruling No. 2016-000427 of 09:30 hours on January 15, 2016– that the proper functioning of these services corresponds to a fundamental right. This is based on the content of Articles 139, 140, and 191 of the Political Constitution. This translates into the obligation of the various Public Administrations to provide services in a continuous, regular, expeditious, effective, and efficient manner. Likewise, from the organic part of the Fundamental Charter, a series of principles for the organization and function of the Administration are established, which have been developed by infra-constitutional norms, such as the General Law of Public Administration, which in its Articles 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, imposes the duty on State organs to guide and nurture administrative organization and function. Thus, the principle of effectiveness means that the administrative organization is designed to achieve the objectives and purposes assigned by the legal system itself, which necessitates planning and accountability. For its part, efficiency implies obtaining the best results with the rational use of the resources available to the different dependencies. Furthermore, the Administration is bound by the principle of simplicity, which should be understood as the obligation for administrative structures and their competencies to be easily understandable, without complex procedures that delay the satisfaction of public interests. The principle of speed imposes the obligation on Public Administrations to fulfill their objectives and purposes in the most expeditious, rapid, and accurate manner possible, to avoid undue and unjustified delays. Thus, these principles impose a series of demands, responsibilities, and permanent duties on all public entities (…).' (…)” VCG01/2025 ... See more Content of Interest: Content type: Separate note Branch of Law: 4. MATTERS OF GUARANTEE Topic: MUNICIPALITY Subtopics: INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. VII.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that, if the Public Administration has already intervened, the knowledge and resolution of the matter correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the case when other rights of the people affected by the source of contamination are involved, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the complaint is about the contamination and effects generated by the ingress of untreated sewage (aguas negras) from the development's internal sewer network, due to a lack of maintenance of the sewer system, on Calle 38-40, in the El Cocal area of Puntarenas. The petitioner states that he has filed the corresponding complaints before the Ministry of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of Puntarenas; however, they have not managed to solve the main problem, which produces an impact on the health and lives of the neighbors, and implies a risk to public health. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life. VCG01/2025 ... See more Text of the resolution Exp: 24-033317-0007-CO Res. Nº 2025000583 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on January ten, two thousand twenty-five. Amparo appeal processed in case file number 24-033317-0007-CO, filed by Nombre194443 , identity card CED141533, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, THE MUNICIPALITY OF PUNTARENAS, AND THE MINISTRY OF HEALTH. WHEREAS: 1.- By document received in the Chamber on November 26, 2024, the petitioner files an amparo appeal, stating: that he lives in El Cocal de Puntarenas, in the houses known as the Seguro Social ones, at Dirección22105 . He states that, approximately one month ago, untreated sewage (aguas negras) from the development's internal sewer network began entering his dwelling and those of other neighbors. He explains that this situation is apparently due to a lack of maintenance by the competent authorities. He points out that said water, which should discharge into some nearby tanks, flows freely due to the collapse or obstruction of the sewer system. He states that this fact endangers his life and that of many people in the sector, including women, children, and older adults. He relates that approximately fifteen days ago he went to the office of the mayor of Puntarenas to report the situation, but the mayor argued that he does not have the machinery or the necessary resources to solve the problem, without caring about the risk this represents to the inhabitants' health. He affirms that, due to the bad odors and pollution produced by the untreated sewage (aguas negras), he has suffered health problems, such as stomach aches and severe headaches. Furthermore, he highlights that, to protect himself from possible infections and preserve his health, he was forced to temporarily move to relatives' homes. The petitioner emphasizes that, despite the seriousness of the problem, the responsible authorities, including the mayor of Puntarenas, the executive president of Acueductos y Alcantarillados, and the Ministry of Health, have not taken any action to remedy it. He argues that this inaction not only endangers the right to health and life of the inhabitants, but also generates serious environmental contamination, thus violating Articles 21 and 50 of the Political Constitution. He requests that the Ministry of Health, Acueductos y Alcantarillados, and the Municipality of Puntarenas be immediately ordered to adopt the necessary measures to solve the problem of untreated sewage (aguas negras) circulating through the dwellings. He requests that the appeal be declared with merit with the legal consequences. 2.- By resolution at twenty hours fifty-four minutes on November twenty-nine, two thousand twenty-four, the President of the Chamber granted leave to proceed with the amparo. 3.- The following report under oath by Dr. Mary Denisse Munive Angermüller, Vice President of the Republic and Minister of Health, and Dr. Carolina Lizeth Guillén Meléndez, Acting Director of the Governing Health Area of Puntarenas–Chacarita: "LEGAL REPORT In accordance with what is required in this Amparo Appeal, this legal report is rendered based on Official Letter N°MS-DRRSPC-DARSPC-0815-2024 of December 4, 2024, demonstrating from it the pertinent actions by the Ministry of Health, through the Governing Health Area of Puntarenas -Chacarita, belonging to the Regional Directorate of Health Governance Central Pacific, mentioning in what concerns us: '…FIRST In response to a sanitary complaint received in this Governing Health Area via document receipt form N°PC-AC-925-2024 related to the Accumulation of wastewater in registration boxes of an easement (servidumbre) channeling wastewater from dwellings located between Dirección22106 , on September 19, 2024, an on-site inspection was carried out as recorded in Ocular Inspection Report N°0315-Reg-2024 and it was possible to verify sanitary anomalies related to the accumulation of water in easement (servidumbre) registration boxes and bad odors. SECOND: As a result of the inspection carried out, on October 4, 2024, sanitary order 0112-REG-2024 was notified to Mr. Randall Alexis Chavarría Matarrita in his position as Municipal Mayor so that before October 9, 2024, measures are taken to ensure the proper functioning of the easement (servidumbre) that channels wastewater from dwellings located between Dirección22107 , , . THIRD: During a field inspection carried out on Thursday, October 10, 2024, no changes were observed at the site compared to the inspection carried out on September 19, 2024. FOURTH: After the period granted to comply with sanitary order 0112-REG-2024 ended, no report was received physically or digitally from the Municipality of Puntarenas, informing about the actions executed in compliance with sanitary order 0112-REG-2024. FIFTH: Given the non-compliance with sanitary order 0112-REG-2024 by the Municipality of Puntarenas, on October 11, 2024, sanitary report MS-DRRSPC-DARSPC-0699-2024 establishing the fine for non-compliance was notified to Mr. Randall Alexis Chavarría Matarrita in his position as Municipal Mayor, according to the provisions of the measures decreed by the health authorities as described in Articles 378 and 378 bis of the General Health Law No. 5395. SIXTH: On November 8, 2024, the period granted to pay the corresponding fine ended without a written response to the sanitary report or payment in favor of the Government of the Republic having been received. Therefore, the administrative file for this case was sent to begin the corresponding administrative collection process as established in Article 13 of the Regulation to Law No. 9837 "Reform General Health Law" No. 42293-S. SEVENTH: On December 4, 2024, a criminal complaint was filed for the alleged Crime of Disobedience to Authority before the Deputy Prosecutor's Office of the Public Ministry in Puntarenas, so that based on numeral 314 of the Penal Code, the Municipality of Puntarenas is ordered to respond to the actions requested by this Governing Health Area regarding compliance with sanitary order No. 0112-REG-2024 and to pay the fine notified via sanitary report with official letter MS-DRRSPC-DARSPC-0699-2024…' It is for the reasons expressed above, esteemed Magistrates, that this health representation considers that it has not been neglectful in its actions and it has been demonstrated that the appropriate steps have been taken to protect the rights of the neighbors of Cocal de Puntarenas regarding the existing wastewater problem in said community, by notifying the corresponding administrative acts to those responsible for ensuring the welfare of the population regarding matters of servidumbres, cantonal streets, and avenues refer, as stated in the administrative file kept by this Governing Health Area of Puntarenas – Chacarita. Thus, it is clearly evident that effectively and efficiently, the Ministry of Health, through the Governing Health Area of Puntarenas – Chacarita and the Regional Directorate of Health Governance Central Pacific, has been carrying out work in accordance with our competencies and fundamental regarding the present matter. Therefore, the necessary information is attached to resolve what is requested by this Honorable Constitutional Chamber in adherence to the principle of legality established in Article 11 of the Political Constitution and numeral 11 of the General Law of Public Administration." They request that the appeal be declared without merit. 4.- The following reports under oath by Emilio Corrales Fallas, head of the Cantonal Office of Puntarenas of the Central Pacific Region of the Peripheral Systems Management Sub-management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers: “Based on report N°GSP-RPC-2024-02610 dated December 5, 2024, prepared by Eng. Karla Ordoñez Sequeira, Director of Collection and Treatment of the Central Pacific Region, which is attached as evidence and forms an integral part of the administrative file, it is demonstrated that: In the INVU sector, known as Dirección263 located in the province of Puntarenas, AyA provides only the Potable Water service; the wastewater collection system was built by INVU, as a Condominial Sewer system and it was received by the Municipality of Puntarenas, its preventive and corrective maintenance being the responsibility of the Municipality. Now, this wastewater collection system has an internal pipe that crosses the backyards of all the properties, corresponding to an easement (servidumbre) of passage with registration number N°331-07008-01-0900-001; however, the access to the easement (servidumbre) of passage for the collection pipe is obstructed, because the inhabitants have built various constructions on the servidumbre, such as walls, warehouses, corridors, and a workshop, among others, (See report N°GSP-RPC-2024-02610). On the other hand, even though preventive and corrective maintenance of the INVU Cocal system is the responsibility of the Municipality of Puntarenas, AyA, by means of sanitary orders issued by the Ministry of Health, has been tasked with providing maintenance to the wastewater collection tanks in the sector; however, this work is difficult because there is no free access along the wastewater easement (servidumbre de paso) designated for this purpose, forcing AyA personnel to enter through private property to carry out unblocking work, or failing that, as can be seen in the image inserted in the previous section, the personnel risk their physical integrity, having to climb over walls to unblock the pipeline, given that entry via the easement is impossible due to the existence of structures. It is noted that it falls to the Municipality of Puntarenas to undertake the pertinent legal actions to maintain free access along the easement. (See report N°GSP-RPC-2024-02610). It is noted that, since 2018, residents of Cocal have filed two amparo actions regarding wastewater spills, which this Honorable Court can verify in resolution N°2018008599 of case file N°18-006056-0007-CO and resolution N°2019022487 of case file 19-015715-0007-CO; in both resolutions, the Municipality is ordered to carry out the pertinent legal work to allow free access along the easement (servidumbre de paso) and to perform cleaning and maintenance of the septic tank (tanque séptico), as well as to manage technical coordination with AyA; in this regard, it is worth emphasizing that the Institution has participated in inter-institutional meetings with MINSA and the Municipality of Puntarenas, in order to provide the collaboration and/or advice required for the proper operation of the wastewater system. (See report N°GSP-RPC-2024-02610). It must be pointed out to this Constitutional Chamber that, in response to Sanitary Order OS-0006-REG-2021 issued by MINSA on February 3, 2021, official communication N°GSP-RPC-2021-00138 was issued, in which MINSA is reminded that the party responsible for the adequate preventive and corrective maintenance of the Cocal sewer system is the Municipality of Puntarenas; additionally, MINSA is informed that: …”NO further unblocking work will be carried out at the site as long as there is not adequate and safe access to the collection system, since it is not justifiable to put personnel who perform network maintenance work at risk due to the lack of adequate conditions for entering the site…” (see official communication N°GSP-RPC-2021-00138). II. APPLICABLE REGULATIONS. In support of the foregoing, it is necessary to indicate what is established in this regard by the Regulation for the Provision of AyA Services (Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA) published in Official Gazette La Gaceta N°27, Alcance N°29 of February 9, 2021, and the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), articles 11 and 13, subsection 1. “Article 14 – Conditions for the provision of services. AyA shall provide its services once technical feasibility is verified in built or to-be-built properties, dedicated to the residence of persons, or for commercial or industrial activities that comply with the requirements and uses authorized in this regulation. Potable water and sanitation services shall be granted by AyA over a public street or road or over a pipeline easement and right-of-way (servidumbre de tubería y de paso) registered in favor of AyA or registered in favor of third parties, as applicable according to the provisions of article 16 of this regulation. The foregoing, provided that there are operational AyA networks…” General Law of Public Administration, articles 11 and 13, subsection 1: “1. The Public Administration shall act subject to the legal system and may only carry out those acts or provide those public services authorized by said system, according to the hierarchical scale of its sources.” “1. The Administration shall be subject, in general, to all written and unwritten norms of the administrative system, and to the private law supplementary thereto, without being able to derogate from them or disapply them for specific cases. In the present case, it is verified that no Constitutional right has been violated, since, as has been evidenced in the technical report that forms an integral part of the submission presented in this act, AyA has carried out corrective work on the sanitary sewer network of the INVU Cocal, even though the system was received by the Municipality of Puntarenas, it being the responsibility of the latter to provide preventive and corrective maintenance of the system. Likewise, it is emphasized that the sanitary sewer system of the INVU Cocal is located on private property, where AyA has no authority to enter; additionally, the easement (servidumbre de paso) designated for the wastewater system has structures that impede free access, it being the obligation of the MUNICIPALITY OF PUNTARENAS to enable the easement (servidumbre de paso) through the pertinent legal means. I cannot fail to mention the duty of the Municipality to monitor and supervise both the storm drain catch basins and the manholes and wastewater wells. AyA has diligently always collaborated in addressing and resolving sanitary orders issued by MINSA, specifically in carrying out unblocking work on the Cocal sewer system; however, as long as the Municipality of Puntarenas does not undertake to seek alternatives to enable access via the easement (servidumbre de paso) designated for the wastewater system, the Institution finds itself unable to cooperate in resolving sanitary orders in the Cocal collection system, since it is not justifiable to put personnel who perform network maintenance work at risk due to the lack of adequate conditions for entering the site. Therefore, in accordance with the facts set forth above, it is demonstrated that none of the actions of this Institute have been capricious, arbitrary, or unfounded. My represented entity has carried out and performed all actions that fall within the scope of its competencies and within the framework of legality that governs us, such that it is concluded that AyA complied with all obligations imposed by rule of law, within the constitutional and legal framework in accordance with the principle of legality. Consequently, none of the fundamental rights of the petitioner have been violated.” It requests that the appeal be dismissed. 5.- Reports under oath Randall Alexis Chavarría Matarrita, mayor of the Municipality of the Central Canton of Puntarenas: “Your Authority is informed of what was indicated by Eng. Mauricio Gutiérrez Villafuerte, director of Territorial and Urban Development of the Municipality of Puntarenas, via official communication MP-DDTU-OF-393-12-2024 dated December 5, 2024; which states the following: \"The community of El Cocal in Puntarenas does not have a sanitary sewer network. That the governing body for sanitary and stormwater matters according to its constitutive law is AyA. In Puntarenas there is a Regional office of AyA, located in Barranca, and we have made ourselves available many times in order to collaborate to contain the problem presented by the social security houses, Address 22105. Eng. Gutiérrez Villafuerte further indicates that said housing project was promoted and built by the Instituto de Vivienda y Urbanismo, which designed treatment systems by means of a common septic tank (tanque séptico común); therefore, the waters discharged by each dwelling go to a general collection tank (tanque de captación general) for the entire project. Now, these works should have been handed over to AyA, but INVU did not do so, now causing AyA to claim it is not responsible for providing a solution, even though it is legally its responsibility. Regarding the overflow problem, as indicated by the petitioner himself, it occurs in each and every dwelling—in their yards—states the petitioner; and in this regard, the cited report indicates that the Directorate of Territorial and Urban Development has carried out several inspections and has managed to determine that the cause of the problem is the lack of grease traps to prevent blockages in the pipeline system. For further elaboration, it states that, as there is a single pipeline system for all the houses, if one of them does not perform adequate maintenance and cleaning, it affects their dwelling and those of the others, because the system becomes obstructed and overflows the waters into the inside of the houses. Therefore, the pipelines referenced in the cited report cannot be cleaned from outside or from the front of the properties, since they are located in the yards of the dwellings, and this makes it impossible for the municipality to take action, as it is private property. It further indicates that the only access to the pipeline branch that existed was closed by all the neighbors, by building some walls, and that upon consulting the Property Registry (Registro de la Propiedad), it appears that said access corresponds to a water easement (servidumbre de aguas) owned by INVU; to which the municipality also cannot have access. Finally, and regarding what is indeed the competence of the municipality I represent, it is the maintenance and cleaning of the communal holding tanks; which the municipality performs every year, since they are located in a space intended for said purposes, and which can be accessed via the public street. Thus, and according to the technical report referenced and provided as documentary evidence, the reported problem is caused by the lack of maintenance of the pipeline by the residents themselves of the place, and not by failures caused or neglected by the Municipality of Puntarenas. For all the foregoing, my represented entity bears no responsibility for addressing the problem raised by the petitioner, nor is it possible to access the site where it originates, since it concerns the interior of the private properties of the neighbors of El Cocal in Puntarenas, specifically in the houses known as del Seguro Social Address 22105.” It requests that the appeal be dismissed. 6.- Reports under oath Juan Manuel Quesada Espinoza, executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: “Based on report N°GSP-RPC-2024-02610, dated December 5, 2024, prepared by Eng. Karla Ordoñez Sequeira, director of Collection and Treatment of the Central Pacific Region, which is attached as evidence and forms an integral part of the administrative file, it is demonstrated that: In the INVU sector, known as Address 263, located in the province of Puntarenas, AyA provides only the potable water service. The wastewater collection system was built by INVU, as a condominial sewer system (Alcantarillado Condominal), and it was received by the Municipality of Puntarenas, the Municipality being responsible for its preventive and corrective maintenance. Now, this wastewater collection system has an internal pipeline that crosses the back yards of all the properties, corresponding to an easement (servidumbre de paso) with entry number N°331-07008-01-0900-001; however, entry access to the easement (servidumbre de paso) of the collection pipeline is obstructed, because the residents have built various structures on the easement, such as walls, storage sheds, corridors, and a workshop, among others (See report N°GSP-RPC-2024-02610). On the other hand, even though preventive and corrective maintenance of the INVU Cocal system is the responsibility of the Municipality of Puntarenas, AyA, by means of sanitary orders issued by the Ministry of Health, has been tasked with providing maintenance to the wastewater collection tanks in the sector. However, this work is difficult because there is no free access along the wastewater easement (servidumbre de paso) designated for this purpose, forcing AyA personnel to enter through private property to carry out unblocking work, or failing that, as can be seen in the image inserted in the previous section, the personnel risk their physical integrity, having to climb over walls to unblock the pipeline, given that entry via the easement is impossible due to the existence of structures. It is noted that it falls to the Municipality of Puntarenas to undertake the pertinent legal actions to maintain free access along the easement. (See report N°GSP-RPC-2024-02610). It is noted that, since 2018, residents of Cocal have filed two amparo actions regarding wastewater spills, which this Honorable Court can verify in resolution N°2018008599 of case file N°18-006056-0007-CO and resolution N°2019022487 of case file 19-015715-0007-CO; in both resolutions, the Municipality was ordered to carry out the pertinent legal work to allow free access along the easement (servidumbre de paso) and to perform cleaning and maintenance of the septic tank (tanque séptico), as well as to manage technical coordination with AyA; in this regard, it is worth emphasizing that this Institute has participated in inter-institutional meetings with MINSA and the Municipality of Puntarenas, in order to provide the collaboration and/or advice required for the proper operation of the wastewater system (See report N°GSP-RPC-2024-02610). It must be pointed out to this Constitutional Chamber that, in response to Sanitary Order OS-0006-REG-2021 issued by MINSA on February 3, 2021, official communication N°GSP-RPC-2021-00138 was issued, in which MINSA is reminded that the party responsible for the adequate preventive and corrective maintenance of the Cocal sewer system is the Municipality of Puntarenas. Additionally, MINSA is informed that: “…NO further unblocking work will be carried out at the site as long as there is not adequate and safe access to the collection system, since it is not justifiable to put personnel who perform network maintenance work at risk due to the lack of adequate conditions for entering the site…” (see official communication N°GSP-RPC-2021-00138).” It requests that the appeal be dismissed. 7.- On December 11 of the current year, the petitioner submits a written statement to the case file reiterating the arguments of this amparo action. 8.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Hess Herrera; and, CONSIDERING: I.- SUBJECT OF THE ACTION: The petitioner alleges that he lives in El Cocal, Puntarenas, in the houses known as the social security houses, at Address 22105. He explains that approximately one month ago, wastewater (aguas negras) from the urbanization's internal sewer network began entering his dwelling and those of other neighbors. He explains that this situation is apparently due to a lack of maintenance by the competent authorities. He points out that said waters should discharge into some nearby tanks; however, they flow freely due to the collapse or blockage of the sewer system. He states that this fact endangers his life and that of many people in the sector, including women, children, and older adults. He recounts that approximately fifteen days ago, the protected party went to the office of the mayor of Puntarenas to report the situation, but the mayor argued that he does not have the machinery or the necessary resources to solve the problem, without caring about the risk this represents for the health of the inhabitants and the environmental contamination it generates. He alleges that, despite the seriousness of the problem, the responsible authorities have not taken action to remedy it. He requests that an immediate order be issued to the Ministry of Health, Acueductos y Alcantarillados, and the Municipality of Puntarenas to adopt the measures necessary to resolve the problem of the wastewater circulating through the dwellings. II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven: Ministry of Health a) On September 17, 2024, the Puntarenas – Chacarita Rectorate Health Area received an anonymous complaint, via document receipt form PC-AC-925-2024, related to the accumulation of wastewater in manholes (cajas de registro) of an easement (servidumbre) that channels wastewater from dwellings located between Address 22106. (report rendered and evidence on file); b) On September 19, 2024, an on-site inspection was carried out, and it was possible to verify sanitary anomalies related to the accumulation of water in manholes of the easement (cajas de registro de servidumbre) and foul odors. (report rendered and evidence on file); c) On October 4, 2024, as a result of the inspection conducted, sanitary order 0112-REG-2024 was notified to Mr. Randall Alexis Chavarría Matarrita, municipal mayor, so that before October 9, 2024, measures are taken to ensure the proper functioning of the easement (servidumbre) that channels wastewater from dwellings located between Address 22107. (report rendered and evidence on file); d) On October 10, 2024, during an on-site field inspection, no changes were observed at the site compared to the inspection carried out on September 19, 2024. (report rendered and evidence on file); e) After the deadline granted to comply with sanitary order 0112-REG-2024 expired, no physical or digital report was received from the Municipality of Puntarenas informing about the actions taken in compliance with order 0112-REG-2024. (report rendered); f) Given the non-compliance with sanitary order 0112-REG-2024 by the Municipality of Puntarenas, on October 11, 2024, sanitary report MS-DRRSPC-DARSPC-0699-2024 was notified, which establishes the fine for non-compliance to Mr. Randall Alexis Chavarría Matarrita in his capacity as municipal mayor. (report rendered); g) On December 4, 2024, a criminal complaint was filed against the Municipality of Puntarenas for the alleged Crime of Disobedience to Authority before the Adjunta Prosecutor's Office of the Public Ministry (Ministerio Público) in Puntarenas. (report rendered). Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados h) In the INVU sector, known as Barrio El Cocal, located in the province of Puntarenas, AyA provides only the potable water service. The wastewater collection system was built by INVU, as a condominial sewer system, and it was received by the Municipality of Puntarenas, the Municipality being responsible for its preventive and corrective maintenance. (report rendered); i) The wastewater collection system has an internal pipeline that crosses the back yards of all the properties, corresponding to an easement (servidumbre de paso) with entry number N°331-07008-01-0900-001; however, entry access to the easement (servidumbre de paso) of the collection pipeline is obstructed, because the residents have built various structures on the easement, such as walls, storage sheds, corridors, and a workshop, among others. (report rendered); j) That even though preventive and corrective maintenance of the INVU Cocal system is the responsibility of the Municipality of Puntarenas, AyA, by means of sanitary orders issued by the Ministry of Health, has been tasked with providing maintenance to the wastewater collection tanks in the sector; however, this work is difficult because there is no free access along the wastewater easement (servidumbre de paso) designated for this purpose, forcing AyA personnel to enter through private property to carry out unblocking work. It is noted that it falls to the Municipality of Puntarenas to undertake the pertinent legal actions to maintain free access along the easement. (report rendered); k) Since 2018, residents of Cocal have filed two amparo actions regarding wastewater spills: resolution N°2018008599 and resolution N°2019022487, in both of which the Municipality is ordered to carry out the pertinent legal work to allow free access along the easement (servidumbre de paso) and to perform cleaning and maintenance of the septic tank (tanque séptico), as well as to manage technical coordination with AyA. Therefore, the Institution has participated in inter-institutional meetings with MINSA and the Municipality of Puntarenas, in order to provide the collaboration and/or advice required for the proper operation of the wastewater system. (report rendered). Municipality of the Central Canton of Puntarenas l) That as indicated by the director of Territorial and Urban Development of the Municipality of Puntarenas, via official communication MP-DDTU-OF-393-12-2024 dated December 5, 2024: the community of El Cocal, Puntarenas, does not have a sanitary sewer network. That the governing body for sanitary and stormwater matters according to its constitutive law is AyA. In Puntarenas, there is a Regional office of AyA, located in Barranca, and we have made ourselves available many times in order to collaborate to contain the problem presented by the social security houses, Address 22105. (report rendered); m) That said housing project was promoted and built by the Instituto de Vivienda y Urbanismo, which designed treatment systems by means of a common septic tank (tanque séptico común); therefore, the waters discharged by each dwelling go to a general collection tank for the entire project. (report rendered); n) Regarding the overflow problem, the Directorate of Territorial and Urban Development has carried out several inspections and has managed to determine that the cause of the problem is the lack of grease traps to prevent blockages in the pipeline system. For further elaboration, it states that, as there is a single pipeline system for all the houses, if one of them does not perform adequate maintenance and cleaning, it affects their dwelling and those of the others, because the system becomes obstructed and overflows the waters into the inside of the houses. Therefore, the pipelines referenced in the cited report cannot be cleaned from outside or from the front of the properties, since they are located in the yards of the dwellings, and this makes it impossible for the municipality to take action, as it is private property. It further indicates that the only access to the pipeline branch that existed was closed by all the neighbors, by building some walls, and that, upon consulting the Property Registry, it appears that said access corresponds to a water easement (servidumbre de aguas) owned by INVU; to which the municipality also cannot have access. (report rendered): o) That the municipality carries out the maintenance and cleaning of the communal holding tanks every year. (report rendered). III.- BACKGROUND OF THE ACTION. This Court took cognizance of amparo actions No. 18-006056-0007-CO and No. 19-015715-0007-CO, filed by other plaintiffs, regarding the situation at issue here, for the problem of wastewater from the urbanization's internal sewer network in El Cocal, Puntarenas. Thus, in decision No. 2019022487 of 09:15 hours on November 15, 2019, it was ordered: “(…) III.- On the merits. In the sub lite case, the petitioner, who is 83 years old, indicates that in the INVU sector of the El Cocal neighborhood in Puntarenas, there is a problem of contamination, foul odors, outflow of wastewater both in bathrooms and in yards, and stagnation of wastewater and sewage. He explains that, between 1950 and 1960, INVU built 24 houses in the eastern sector of the El Cocal neighborhood in Puntarenas with a median easement for a pipeline (servidumbre medianera de tubería) for the evacuation of the waters and manholes (cajas de registro) spaced along it for cleaning. He states that the waters enter the tank so that the “fecal sludge” is deposited and the rest of the water flows out the north side toward the estuary. He argues that in 1961 he acquired house No. 19 and has been a resident of the small housing complex since that year. He mentions that due to broken covers, some neighbors introduced objects, causing the pipeline to become clogged, and in addition to the overflow of contaminated waters in the yards, the bathrooms could not be used. He recounts that each tenant gradually enclosed their yard and, therefore, obstructed the easement (servidumbre). He maintains that, despite the foregoing, the easement (servidumbre) is valid, since it runs through all the yards and, even though some neighbors have built septic tanks (tanques sépticos), the discharge water from washing machines, bathrooms, and kitchens circulates through the pipeline. He relates that ICAA does not have a sanitary sewer system on the streets of the El Cocal community, and most of the waters from the constructions are discharged into the estuary. He asserts that the water evacuation system was designed by INVU; however, it was practically a deception for the owners, who must endure the conditions. He explains that in 2009 they raised several complaints before the Municipality of Puntarenas regarding a construction in the yard of house No. 24 by Guillermo Acevedo; however, it was on the occasion of the intervention of the Defensoría de los Habitantes that, via official communication No. PUC-1647-2009 of August 24, 2009, they were given a response when the construction was already finished. He adds that the foregoing prevents the cleaning and removal of blockages from the pipeline. He notes that, given the constant blockages and the municipal reluctance to provide a solution, on February 6, 2017 (minutes No. 17), he had a hearing with the municipal council, which led to the formation of a commission of council members, to which representatives from the health authorities, ICAA, the municipality, and two community members were invited. He recounts that the municipality committed to cleaning the general septic tank (tanque séptico general); however, it did not address the rest of the request. He mentions that the following points remained pending: “a) opening the entrance to the easement (servidumbre), b) placing about thirty meters of larger-diameter pipeline, c) installing a check valve, to prevent tides from entering the general tank, d) Construction of a gate at the entrance to the easement (servidumbre), expanding the manhole (caja de registro) in the area near the small children’s park, for future cleanings by AyA, e) placing a gate on the north side entrance to the small park to prevent the entry of private vehicles. The installation of only 30 meters of concrete pipe and not along the entire 150-meter route is because it is in this final stretch where the blockages occur.” He explains that at some point there was an agreement between people from the Ministry of Health, ICAA, and the Asociación de Desarrollo Integral de Cocal, so that when a pipeline blockage occurred, the neighbors would contact the health offices (stationed in Cocal), who would request the service of the crews for cleaning. He argues that the cleaning has been taking place at his dwelling house, since other neighbors are unwilling to provide facilities in their houses because of the dirtiness of the “fecal sludge” left by the crew members. He complains that during one of the blockages, and despite having requested it in writing, the new head of ICAA did not authorize the crew to enter a private area. He affirms that there is no other place to access the easement (servidumbre), since the entrance to the easement (servidumbre) was usurped by the construction of the yard of house No. 24. He argues that government institutions have shown no interest in solving the health problem, and that the neighbors have distanced themselves from the struggle, leaving him alone with the problem. He states that the authorities do not even assess his proposed solutions. He explains that the municipality should have received the streets, green zones, and easements (servidumbres) from INVU for its administration. He points out that ICAA does not have a sanitary network in El Cocal and has no interest in resolving the matter. He recounts that the Ministry of Health sends sanitary orders to public authorities; however, these are not complied with. He requests compensation for moral damages, since the Municipality of Puntarenas did not timely address the construction of a workshop and the usurpation of the entrance to the wastewater easement (servidumbre de aguas negras), which has not been resolved after ten years. From the study of the case records, it is deemed proven that the Cantonal Unit of Puntarenas of ICAA, by official communication No. GSP-RPC-PU-2019-000648 of September 5, 2019, pointed out that an amparo action already existed in that sector (No. 18-006056-0007-CO) and that ICAA only provides the potable water supply service. It indicated that there are communal sanitary collection systems in the sector and that the INVU system specifically consists of a condominial sewer system, in which the dwellings of a specific quadrant have a sanitary sewer pipeline located internally along the pipeline easement (servidumbre de paso de tubería), which is located in the back yards of the dwellings and crosses all the properties involved, and was therefore obstructed by the neighbors. He stated that the sewer system has never been received by the ICAA; however, at the request of the governing health area (área rectora de salud), inter-institutional meetings have been held involving the Ministry of Health, the Municipality of Puntarenas, and the residents. He explained that the Ministry of Health issues sanitary orders (órdenes sanitarias) to the ICAA to intervene and resolve the obstruction problem. He argued that even though the ICAA has no jurisdiction over the system, it acts on the principle of obedience and to ensure public health. He asserted that also, despite the fact that in amparo appeal No. 18-006056-0007-CO no responsibility was assigned to the ICAA, it was ordered to provide collaboration to the Municipality of Puntarenas. He stated that, despite what was ordered by the Chamber in the prior proceeding, the Municipality of Puntarenas only built the lids for the water collection tanks, has not carried out cleaning, nor has it taken actions to correct the problems of encroachment (invasión de terrenos) on the pipeline easement (servidumbre de paso de tubería). Furthermore, the Chamber verified that the Director of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas, by official communication No. MP-DCU-483-09-2019 dated September 9, 2019, stated: "(...) At the time of the field inspection, at the described location, no type of contamination with fecal matter, nor bad odors, nor black water overflow could be identified in the sector. It is worth noting that the inspection was carried out at the convergence point of the pipeline with the septic tank, according to the attached photograph. In the immediate vicinity, the reported problem was not detected. What occurs inside the dwellings could not be determined because they are properties with private access, being mostly single-family homes. In the sector, all the neighbors have taken possession of the strip of land designated as an easement (servidumbre de paso) for the black and residual water pipelines. Said land strip is the property of the INVU; therefore, neither the Municipality nor the A y A have been able to intervene to seek its liberation. If any obstruction problem exists, it has been caused by one of the residents, by improperly appropriating the easement. The reasons for having established an urbanization design including that water passage easement are unknown, since it was developed and approved by the INVU in 1960. Neither the Municipality nor the A y A have access to the pipeline because the water easement, from beginning to end, is encroached upon (invadida) by the neighbors, by means of walls, additions, roofs, etc., so we are unaware of the pipeline's condition. When we have received complaints from neighbors about an obstruction, we have relied on the A y A so that its personnel, entering the affected person's dwelling, carry out unblocking tasks with machinery and personnel; which is not correct and puts the personnel themselves at risk; since there is a risk that the operation of machinery and equipment inside the dwelling could cause damages that would lead to civil lawsuits; therefore, this practice has been eliminated. (...) The actions carried out by the municipality to eradicate the problem were undertaken at the beginning of this year, when a group of neighbors indicated that the problem of black water overflow inside their homes arose because the collective tank for said waters, located in the park next to the hamlet, was completely obstructed. For this reason, the municipality undertook the commitment to clean it, and for this purpose, it carried out a direct contracting of a company specialized in the matter, to clean and repair the tank for an amount of one million colones, work that was executed in the month of February of this year, but apparently the overflow problem persisted, being damage to the pipeline to which we have no access. (...) Regarding our functions, concerning the issues afflicting the petitioner, we have no pending activity to carry out; as is well known, the septic tank must be cleaned periodically; therefore, it is estimated that there will be no further interventions this year, given that we cleaned it in February. The matter of the management and treatment of black and sewage water corresponds by law to the A y A. Finally, as long as the legal situation regarding the water passage easement is not defined by the INVU and the neighbors, pipeline cleaning interventions will become increasingly more complicated." In addition, this Tribunal notes that the Ministry of Health has issued a large number of sanitary orders to both the Municipality of Puntarenas and the ICAA; however, the problem persists. The Environmental Manager of the Health Regulation Process of the Governing Health Area of Puntarenas-Chacarita (Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita), in technical report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019 dated September 9, 2019, after outlining all the actions of her represented entity, stated: "CONSIDERING (...) 80. In response to the instruction received in resolution No. 2018008599, of case file No. 18-006056-0007-CO, dated June 1, 2018 (...) 81. According to a meeting held on 06/18/2018, together with the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) and the Municipality of Puntarenas and the community, the Agreements reached: - the Municipality will carry out the cleaning of the tanks and the construction of the tank lids and the gate of the small park; it must also comply with resolution No. 2018008599 to clean and maintain the tanks and manage technical coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Once the passage to the easement is clear, the neighbors will be able to provide maintenance and it has not been received by the A y A. The Ombudsman's Office recommends that the actions be resolved equally in similar cases analyzed. 82. As observed in Ocular Inspection Record No. 284-Reg-2018 dated June 18, 2018, carried out jointly with the Municipality of Puntarenas, "three openings without a lid corresponding to the wastewater system are observed, pestilent odors are perceived. A vehicle parked inside the park and the garage exit of MR. Guillermo Acevedo are observed. There is a concrete wall that joins both dwellings of the alamedas, generating obstruction to the easement." 83. In a meeting held on 07/24/2018, together with the Ombudsman's Office and the Municipality of Puntarenas and the community; Among what was mentioned and the agreements reached: Eng. Mauricio Gutiérrez suggests the need to transfer the wastewater management system to the administration of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. - The Municipality of Puntarenas must carry out a legal study regarding the easement of Dirección7112. 84. In a meeting held on 07/27/2018, together with the Ombudsman's Office, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipality of Puntarenas and the community; Among what was mentioned and the agreements - the Municipality of Puntarenas must carry out a legal study regarding the easement of Dirección7112 and organize joint visits in order to have a clear vision of the problem. 85. That as stated in Ocular Inspection Record No. 295-Reg-2018; In a visit carried out on August 6, 2018, it is verified that the three boxes lack a lid and two of them have remnants of the old lids inside. They show accumulation of sediment, sludge and water, and bad odors are also perceived. 86. That according to Sanitary Order No. OS-0180REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018, notified on September 12, 2018, to the Municipal Mayor and the President of the Municipal Council, respectively, wherein they must proceed to comply with: 1. Coordinate what is necessary and issue the pertinent instructions to proceed with the cleaning and maintenance of the septic tanks located on the public road of Invu El Cocal; if necessary, it must manage technical coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; this includes the placement of the respective three lids. 2. Present an Action Plan, with its respective schedule with deadlines of no more than one year and responsible parties, that includes: 2.a) Adopt the appropriate measures to correct and prevent further obstacles to the normal flow of water, so that any obstruction or construction found in the passage easement (servidumbre de paso) is eliminated, allowing an adequate evacuation and flow of wastewater in the "sanitary sewer network", so as to avoid stagnation and overflow of wastewater, and thereby the impact on public health. 2.b) Ensure that cleaning activities are carried out with the necessary regularity; and if necessary, it must manage technical coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers." 87. In a visit carried out on September 18, 2018, as stated in Ocular Inspection Record No. 349-Reg-2018: it is verified that there is obstruction of the wastewater system, the three tanks have no lids, there is sedimentation and no water movement. 88. That according to Sanitary Order 183-Reg-2018, notified on 09/18/2018 to Mr. Danilo Chavarría Velázquez, cantonal head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in which it is indicated that, within a period of 1 business day, take the necessary measures to prevent the overflow of black water in the inspection chamber (caja de registro) located on the public road (easement) and within the patios of the dwellings. 2.- ON THE FACTS SUBSEQUENT TO THE COMPLAINT: 89. The complaint is received on September 24, 2018, as stated in Document Reception Slip No. PC-AC-1346-18, from Mr. Nombre194444, in which he indicates that the problem due to obstruction of the black water pipes persists; the crew from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers was here last week and they were unable to completely unclog the obstruction. 90. That on October 1, 2018, visits are made to several dwellings and the public road of the Urbanization El Invu. El Cocal as stated in Ocular Inspection Record No. 373-Reg-2018 and No. 375-Reg-2018, where sedimentation is verified in the three lidless tanks located in the "small park" and that the sump (cenicero) located in the wastewater passage easement is full of wastewater due to repeated obstruction. Tests with sodium fluorescein were performed and no contamination is verified. 91. That on October 2, 2018, as stated in Ocular Inspection Record No. 378-Reg-2017, visits are made to several dwellings and the public road, where sedimentation is verified in the three lidless tanks located in the "small park", and that the sump located in the wastewater passage easement is full of wastewater due to repeated obstruction. Tests with sodium fluorescein were performed and no contamination is verified. 92. According to Sanitary Order No. OS-187-REG-2018, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and Sanitary Order No. OS-189-REG-2018, notified to the Mayor of the Municipality of Puntarenas, which were notified on October 3, 2018, within a 24-hour deadline, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of black water in the inspection chamber located on the public road and within the patios of the dwellings. 93. As stated in Ocular Inspection Record No. 383-Reg-2018, of October 4, 2018, a follow-up visit is made to verify compliance with the Sanitary Orders. At the time of the visit, it is verified that no actions have been taken by the Municipality of Puntarenas or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, since the problem continues due to obstruction of the wastewater disposal system. 94. That through official communications No. PC-ARS-PC-442-2018 and PC-ARS-PC-443-2018, notified on October 4, 2018, formal judicial complaints are filed for disobedience to authority against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Municipality of Puntarenas. 95. As stated in Ocular Inspection Record No. 385-Reg-2018, on October 5, 2018, a new visit is made. It is verified that there is sedimentation and rainwater in the three lidless tanks located in the "small park" and that the problem continues due to obstruction of the wastewater disposal system, since despite the fact that officials from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers recently appeared, the required actions were not taken. 96. As stated in Ocular Inspection Record No. 386-Reg-2018, on October 5, 2018, it is verified that Mr. Nombre194444's inspection chamber is collapsed. But it has not overflowed due to the wall that contains it. The main tanks (three inspection chambers) are full of water, there are no bad odors. That officials from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers recently appeared, the requested actions were not taken. 97. That through official communication No. GSP-RPC-PU-2018-00654, received on October 11, by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, a report is given on the response to Sanitary Order 183-Reg-2018. 98. As stated in Ocular Inspection Record No. 512-Reg-2018, on October 11, 2018, it is verified that Mr. Nombre194444's inspection chamber is obstructed but has not overflowed due to the wall around it. 99. As stated in Ocular Inspection Record No. 514-Reg2018, on October 22, 2018, non-compliance with Sanitary Order No. OS-0180-REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018 is verified. 100. The complaint is received on November 5, 2018, as stated in Document Reception Slip No. PCAC-1 560-18, from Mr. Nombre194444, in which he indicates that the problem due to obstruction of the black water pipes occurred again. 101. As stated in Ocular Inspection Record No. 430-Reg-2018, on November 7, 2018, it is verified that Mr. Nombre194444's inspection chamber is obstructed. But it has not overflowed due to the wall around it. The three tanks in the small park continue without lids, putrid odors are perceived, and they are close to overflowing. 102. According to Sanitary Order No. OS-208-REG-2018 notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and Sanitary Order No. OS-209-REG-2018, notified to the Mayor of the Municipality of Puntarenas, which were notified on November 9, 2018, within a 24-hour deadline, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of black water in the inspection chamber located on the public road (easement) and within the patios of the dwellings. 103. As stated in Ocular Inspection Record No. 521-Reg-2018, of November 12, 2018, a follow-up visit is made to verify compliance with the Sanitary Orders. At the time of the visit, it is verified that no actions have been taken by the Municipality of Puntarenas or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, since the problem continues due to obstruction of the wastewater disposal system. 104. As stated in Ocular Inspection Record No. 522-Reg-2018, of November 13, 2018, a follow-up visit is made to verify compliance with Sanitary Orders OS-208-REG-2018 and No. -209-REG-2018, the improvements carried out by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are verified. 105. As stated in Ocular Inspection Record No. 523-Reg-2018, of November 13, 2018, non-compliance with Sanitary Order No. OS-0180-REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018 is verified. 106. That through official communication No. PC-ARS-PC-516-2018 dated November 13, 2018, addressed to the Municipality of Puntarenas regarding the problem of wastewater overflow in the patios of the dwellings, resulting from the continuous obstruction that causes the collapse of the sanitary sewer system in Dirección7112, INVU Cocal Puntarenas, its attention is requested to official communication PC-ARS-PC-0325-2018 and Sanitary Ordering No. OS-0180-REG-2018. 107. The note is received on December 20, 2018, as stated in Document Reception Slip No. PC-AC-1776-18, from Mr. Nombre194444, in which he indicates that there is machinery working on the general septic tank and requests an official to inspect. 108. As stated in Ocular Inspection Record No. 526-Reg-2018, of December 20, 2018, a visit is made, finding work being carried out at this moment in the small park of Invu Cocal, in response to official communications and sanitary orders requesting action by the Municipality of Puntarenas; it is urgent that actions be taken to prevent environmental contamination and risk to public health, due to the work carried out with sludge from the wastewater tank disposed of in a small park in the INVU, barrio El Cocal of Puntarenas, and that regulations be complied with (Article 24.- On the dumping of sludge. The dumping of any type of sludge and biosolids into bodies of water and of untreated sludge onto soils is prohibited), in addition to correcting it related to transport and final disposal, so that optimal vehicles are used. Likewise, that occupational health measures be taken so as not to incur risks to the health of the workers. 109. As stated in Ocular Inspection Record No. 527-Reg-2018, of December 21, 2018, a follow-up visit is made to the work carried out, with no variation in the way the machinery and workers are performing it. 110. As stated in Ocular Inspection Record No. 001-Reg-2019 of January 9, 2019, a visit is made finding work being carried out at this moment in the small park of Invu Cocal. Furthermore, it is verified that Mr. Nombre194444's inspection chamber is collapsed, but it has not overflowed due to the wall that it has. 111. According to Sanitary Order No. OS-001-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and Sanitary Order No. OS-002-REG-2019, notified to the Mayoress of the Municipality of Puntarenas, which were notified on January 8, 2019, within a 3-business-day deadline, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of black water in the inspection chamber located on the public road (easement) and within the patios of the dwellings. 112. As stated in Ocular Inspection Record No. 042-Reg-2019, of January 11, 2019, a follow-up visit is made to verify compliance with the Sanitary Orders; the improvements carried out by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are verified. Furthermore, the work is being carried out at this moment in the small park of Invu Cocal by the Municipality of Puntarenas and an external contractor; with some anomalies. 113. That through official communication No. GSPRPC-PU-2019-0018, received on January 14, 2019, by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, a report is given on the response to Sanitary Order 001-Reg-2019. 114. The note is received on April 22, 2019, as stated in Document Reception Slip No. PC-AC-056219, from Mr. Nombre194444 in which he indicates that there is obstruction of the black water pipes. 115. As stated in Ocular Inspection Record No. 086-Reg-2019, of April 26, 2019, it is carried out and it is verified that Mr. Nombre194444's inspection chamber is collapsed, but it has not overflowed due to the wall that it has. Humidity is observed around the recently repaired tanks. 16. According to Sanitary Order No. OS-041-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and Sanitary Order No. OS-042-REG-2019 notified to the Mayoress of the Municipality of Puntarenas, which were notified on April 29, 2019, within a 5-business-day deadline, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of black water in the inspection chamber located on the public road (easement) and within the patios of the dwellings. 117. That on April 30, 2019, an Appeal for Revocation is received from the Municipality of Puntarenas, against No. OS-042-REG-2019, which is handled through official communication MS-DRRSPCDARSPC-0176-2019. 118. The note is received on August 5, 2019, as stated in Document Reception Slip No. PC-AC-1 096-19, from Mr. Nombre194444, in which he indicates that there is obstruction of the black water pipes in his community. 119. As stated in Ocular Inspection Record No. 289-Reg-2019 and No. 290-Reg-2019, of August 13, 2019, it is carried out, and it is verified that Mr. Nombre194444's inspection chamber is collapsed, but it has not overflowed due to the wall that it has. Furthermore, that there is no longer a planter on top of the easement. 120. Through Sanitary Order No. OS-1 13-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers on August 13, 2019, within a 5-business-day deadline, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of black water in the inspection chamber located on the public road (easement) and within the patios of the dwellings. 121. That through official communication No. GSP-RPCPU-2019-00594, received on August 21, 2019, by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, a report is given on the response to Sanitary Order 01 13-Reg-2019. 122. That over the last five years, multiple complaints filed by the residents of the Cocal sector in Puntarenas have been addressed regarding the problem of wastewater overflow resulting from the collapse of the sanitary sewer system; temporary solutions have been provided, since said sanitary sewer system becomes obstructed and collapses periodically. 123. That through ocular inspections, it is recorded that, between the two housing sectors, there is an easement (servidumbre), through which the pipeline that carries the wastewater generated in these dwellings passes. Likewise, that the north entrance of this easement has been blocked off with a concrete wall, there are dividing walls between each property, and there are modifications in some of the sumps; these constructive modifications were not endorsed by this Ministry. 124. That as indicated by different complainants, the housing project was built by the developer INVU, it has a treatment system for wastewater consisting of inspection chambers (cajas de registro) for each dwelling, a pipeline that carries the wastewater (grey, black, and possibly some stormwater) to three sedimentation tanks, which, through a pipeline of unknown diameter, discharges the effluent to the estuary. 125. That there is no record in the physical or digital file of the Governing Health Area of any document that reports on the discharge of the wastewater collection system into the estuary receiving body, nor is there a sketch or plan of the system for disposing of the wastewater, the septic tank, or the drainage. 126. According to what is observed by this Ministry, there are three sedimentation tanks located in a public area where there is a children's play area and no gate is observed; it is verified that cement lids have now been placed on these tanks. And it is unknown if said system does not meet the characteristics and conditions of a functional and effective system for the treatment and final disposal of wastewater, which could cause serious environmental contamination, placing public health at risk and this would affect the balance of the ecosystems, coupled with the socio-economic factors of the area." Likewise, the Environmental Manager of the Health Regulation Process of the Governing Health Area of Puntarenas-Chacarita, through technical report No. MS-DRRSPC DARSPC-IT-043-2019 dated September 24, 2019, stated the following: "CONSIDERING 1. That since the year 2013, the Governing Health Area of Puntarenas - Chacarita, has been managing specific actions jointly with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Municipality of Puntarenas, in collaboration with affected residents, since the increase in complaints about the problems of obstruction and water overflow in the "Wastewater Network" of INVU Cocal. This is evidenced in greater detail in Technical Report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019, which reports on what was carried out by Environmental Manager Bach. Brook Vega Davies, of the Health Regulation Process of this Governing Health Area, in response to the Amparo Appeal filed on September 2 before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, according to Case File No. 19-015715-0007-CO. 2. The note is received on September 18, 2019, as stated in Document Reception Slip No. PC-AC-1317-19, from Mr. Nombre194444, in which he indicates that there is obstruction of the black water pipes in his community. 3. As stated in Ocular Inspection Record No. 416-Reg-2019, of September 19, 2019; entry is made into his property with his authorization to verify the reported facts, regarding obstruction of the shared drainage system among several dwellings, which causes an increase in the water level in the inspection chamber. The waters are contained by a wall and lid around it; wastewater is observed at a level close to overflowing. 4. As stated in Ocular Inspection Record No. 419-Reg-2019, of September 19, 2019; in follow-up to OS-0180-Reg-2018, OS-0181-Reg-2018 and official communication PC-ARS-PC-516-2018; three tanks with cement lids are observed, with some cracks, no humidity is observed around them, and bad odors are perceived coming from the tanks and the stormwater sewer. A parked vehicle is observed inside the small park, with license plate Placa36952, which is located next to a black metal door; this corresponds to the constructed wall that obstructs the passage easement (servidumbre de paso), in its north sector, adjacent to the children's park. 5. Through Sanitary Order No. OS-167-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers on September 19, 2019, within a 5-business-day deadline, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of black water in the inspection chamber located on the public road (easement) and within the patios of the dwellings. 6. That given constant complaints received by this Ministry, it can be evidenced that the problem has been increasing and has not diminished since the cleaning of the three tanks located in the park between Dirección22106 was carried out, this by the Municipality. It is unknown if there is influence from the high tides that could generate impact on the wastewater system, which discharges into the Puntarenas estuary." Regarding the sub examine, the Chamber, through judgment No. 2018-008599 at 9:15 a.m. on June 1, 2018, resolved: "Considering: (...) IV.- On the merits. In the particular case, there are two issues raised by the protected party, a resident of Dirección659 Dirección22108 Invu Dirección567 Dirección22109 Dirección476 Dirección11928, before the respondent authorities. On the one hand, the problem with the lack of cleaning of the black water collection tanks, and on the other, the problem of lack of maintenance of the sewer system (alcantarillado) of the housing development in which he lives. Each is analyzed separately. 1) On the lack of cleaning of the black water collection tanks: From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities - which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction -, and the evidence provided for the resolution of this matter, it is verified, on the one hand, that the housing development where the septic tank is located in the roundabout and public road of the INVU of El Cocal de Puntarenas, in question, was built by the INVU including the collection system, which is not administered by the AyA. On the problem of lack of maintenance of the black water collection tanks, the respondent authorities are in agreement in their respective reports when indicating that the situation is real, but the cleaning of the tanks is an obligation that the owners must assume. On this matter, the Municipal Mayor omits referring directly to the situation raised by the petitioner and emphasizes that this municipal corporation does not have the direct authority nor does it have the equipment to carry out a tank cleaning task; a job that, according to the reporting Mayor, corresponds to the residents. Thus, insofar as the appeal is directed against the respondent Municipality, this Chamber determines that despite the Mayor's statement that the task of cleaning the indicated collection tanks must be assumed by the individuals; the truth of the matter is that he is aware of the problem affecting the inhabitants of that area, and it is his duty to arrange what is necessary to compel those responsible to provide a solution to the problem known since 2015, nevertheless he limits himself to pointing out the issue without doing anything about it. In the same sense, from the report given to this Chamber by the Governing Health Area of the Ministry of Health, it admits that a sanitary problem subsists, as it admits that the lid has cracks that allow the escape of bad odors." But the Court does not observe that the Ministry has adopted effective measures to prevent the public health problem posed by the poor condition of the tank lid, which is not only unsealed but also cracked. The provision of a public service such as that in the hands of the Ministry of Health demands an efficiency and diligence perhaps beyond that required of other public bodies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, as far as its powers are concerned. Based on the foregoing, the Court considers that the inaction of the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health, in this case, violates the fundamental right to health and a healthy environment of the protected party, and therefore it is appropriate to grant the appeal against them and order that the necessary measures, even radical ones, be arranged and the relevant decisions adopted in order to eliminate the health problem that may arise from the poor condition and lack of maintenance of the black water collection tank. 2) Regarding the lack of maintenance of the housing development's sewer system. From the facts that are deemed duly demonstrated in this matter, and in particular from the report of the AyA representative, it is clear that the water collection system referred to by the petitioner requires preventive maintenance and the intervention of the entity administering the system is necessary, since the invasion of lands within the pipeline passage easement (servidumbre de paso de tubería) has been tolerated at the site, which has prevented access to carry out preventive and corrective maintenance work on the collection network. From the foregoing, and particularly from what the AyA representative indicates in his report before this Court, it is clear that the lack of monitoring of works throughout the affected area, even over the area where the pipeline passes, has resulted in leaks and difficulties in maintaining the sewers and water collection system. Furthermore, it is clear that there are missing manhole covers that have not been repaired and the lack of maintenance that characterizes the water collection network of the housing project where the petitioner resides; this leads to the conclusion that the Municipality of the Central Canton of Puntarenas has not coordinated, much less carried out, the necessary actions aimed at correcting and preventing the worsening of the situation of the water collection network, in order to guarantee the proper functioning of the system. Such passivity also characterizes the limited intervention of the respondent Health Area in this zone, inertia that has negatively impacted the community, since on occasion it has caused the collection system to overflow and has restricted the passage of pedestrians and vehicles. Now, regarding the probable solution to the wastewater disposal problems, from the report requested by this Court from AyA, it is understood that such obligation falls on the developer of the project. However, in principle the works should not be assumed by the Administration, it is confirmed that neither the respondent Municipality nor the Ministry of Health, before whom the respective complaint was filed, have arranged what is their responsibility, within their powers, to coordinate or issue health orders, as appropriate, aimed at correcting the problem. On the contrary, far from demanding a corrective position, -construction over the easement where the pipeline passes has been tolerated at the site (see the AyA report). At the very least, a preventive attitude has been adopted, even though both the respondent Municipality and the Health Area admit that there is a water disposal problem that puts public health at risk and has been known for several years. From the foregoing, the lack of coordination on the part of the respondent authorities to provide a comprehensive solution to the problem is evident. For his part, the representative of the Ministry of Health attempts to justify his inertia in the report rendered before this Court, by indicating that at this moment there is no water overflow situation. This being the case, in the opinion of this Court, the passive attitude of the Health Area, which waits for the water to overflow before acting, is clearly insufficient, as the plan is to wait for a critical situation to arise before seeking a solution; instead of implementing the preventive and corrective maintenance of the water collection network, which is known to affect the local inhabitants, once and for all. Consequently, it is appropriate to grant the appeal, insofar as it is directed against the Municipality and the Health Area of Puntarenas, as is hereby ordered. (...) VII. OF THE AMPARO AGAINST AYA: Finally, it is appropriate to dismiss the amparo against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, since it is clear from the report rendered that in the place where the protected party resides, what exists is a private wastewater collection system, since in the El Cocal sector, AyA only provides potable water service. Thus, the health problem is generated by a wastewater management system that has not been received by that institution. Moreover, the times that, by mandate of the Ministry of Health—through health orders—it has requested the institution's intervention to resolve the problem, given that public health is at stake, AyA has complied with what was ordered. Consequently, the appeal is dismissed as to this point, as is hereby ordered. VIII. CONCLUSION. In this particular case, the sewer problems at the traffic circle and on the public road of the INVU in Cocal de Puntarenas are confirmed, causing stagnation and overflow of water, a situation known to the Governing Health Area and the Municipality of Puntarenas. However, despite the complaint filed, these authorities have failed to find a solution, under the excuse that it is up to private individuals or the developer to maintain the water network, as well as to clean the septic tanks. Added to the above is that there is currently no valid order issued by the authorities of the respondent Municipality of Puntarenas to the owners and/or the person in charge of the housing project, to provide proper maintenance to the water collection network, nor to proceed with the cleaning of the septic tank, even though it has cracks and broken parts. Nor is there any evidence that health orders have been issued by the Ministry of Health, which is responsible for ensuring their mandatory compliance as is within its power according to the General Health Law, which establishes the unavoidable duty on the part of the Ministry of Health to directly address or force the developer to immediately correct the problem being caused by the incorrect disposal of wastewater, a situation that is generating the health problem affecting the protected parties and which tends to worsen during the rainy season. This being the case, in application of the preventive principle that operates in environmental matters, it is appropriate to order the Municipality of Puntarenas and the Governing Health Area of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health to coordinate what is necessary within the scope of their powers, and to monitor the situation, as indicated in the operative part of this resolution. Likewise, they must resolve and respond to the complaint filed by the petitioner since December 2017, within the period indicated in the operative part of this resolution. (...) Therefore: The appeal is declared WITH MERIT. Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Municipal Mayor of the Central Canton of Puntarenas and/or whoever holds that position in his place, is ordered to coordinate what is necessary and issue the pertinent instructions so that, within a maximum period of one month from the notification of this judgment, the cleaning and maintenance of the septic tank located at the traffic circle and on the public road of the INVU in Cocal de Puntarenas indicated by the protected party be carried out; and within a period of one year from the notification of this judgment, to adopt the appropriate measures to correct and avoid further obstacles to the flow of water. Within that same period, they must ensure that such cleaning activity is carried out with the necessary regularity; and, if necessary, they must arrange technical coordination with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In application of the preventive principle, Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Governing Health Area of Puntarenas -Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, or whoever holds that position in her place, is ordered to issue the health orders she deems necessary for the proper functioning of the sanitary sewer system, as well as the indicated septic tank." From this context, it is appropriate to partially grant the appeal with merit against the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas. In this regard, the petitioner referred to a problem that had already been known in this jurisdiction by virtue of an amparo appeal filed by another person. This Court, in the partially transcribed judgment, ordered the Municipality of Puntarenas to coordinate what was necessary and issue the pertinent instructions so that not only the cleaning and maintenance of the septic tank be carried out, but also that the appropriate measures be adopted to correct and avoid further obstacles to the flow of water; furthermore, that it should ensure that the cleaning was carried out with the necessary regularity and, if necessary, arrange technical coordination with the ICAA. Similarly, on that occasion, the Court ordered the Governing Health Area of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health to issue the health orders it deemed necessary for the proper functioning of the sanitary sewer system, as well as the septic tank. In the specific case, from the evidence provided by the respondent authorities, it is clear that the problems detected in the previous amparo appeal persist. In this respect, it is observed that, although the municipality cleaned the septic tanks in February 2019 (which are connected to the easement), it stated in its report that it had no pending tasks, as it was not going to perform a new one for the remainder of the year. Now, despite what was indicated, it is confirmed that, after the cleaning of the tanks, the ICAA (an entity which was not assigned responsibility but only the duty of technical coordination) has had to intervene due to the overflow of black water, which demonstrates that the problem has not been solved. In addition, the official communications from the health authorities expressly acknowledged that in the last five years, multiple complaints filed by the residents of El Cocal have been addressed regarding the overflow of wastewater that occurs because the sanitary sewer system periodically collapses; likewise, they stated they knew that the homes are crossed by an easement, whose entrance is closed by a concrete wall and is obstructed by dividing walls between each property. Precisely, the Health Area of Puntarenas indicated that it did not know if the system met the characteristics and conditions of a functional and effective system for the treatment and final disposal of wastewater, which could cause serious environmental contamination, putting public health and the balance of ecosystems at risk. The foregoing is reprehensible because, if a threat or potential impact to the environment and public health is confirmed, appropriate measures must be taken so that these disappear. Now, even though the Ministry of Health has filed criminal complaints against the mayor of Puntarenas for disobedience to authority and has carried out a large number of actions, it is no less true that the reported situation persists. Similarly, it cannot be ignored that the Municipality of Puntarenas considers that the problem in question is the responsibility of the ICAA, and the latter, in addition to indicating that the solution is not its responsibility, also reproaches that the local government has not only failed to comply with the Court's judgment but has also failed to ensure that the obstructions in the pipeline easement located in the neighbors' backyards are removed. In fact, one of the main problems is that the municipal authorities are uncertain of the legal status of the easement, because even though they stated it belonged to the INVU, from the evidence for better resolution ordered from the National Registry, such an assertion was not evidenced. Even the Ministry of Health requested the Municipality of Puntarenas to carry out a legal study of the easement, but there is no evidence that this occurred. For the reasons set forth, it is imperative to grant the appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, so that they coordinate what is necessary to solve the impacts caused by the wastewater and stormwater problems in the INVU sector of the El Cocal neighborhood in Puntarenas, in relation to the sewer system that crosses the properties by means of an easement. In this sense, the Municipality of Puntarenas must analyze the current (physical and legal) condition of the easement as well as its respective implications from a legal and technical point of view, and send such report to the Ministry of Health. Likewise, the health authority must analyze the municipality's report and issue its own criteria on the easement in order to assess the possible responsibility of the municipality and the property owners, so that it issues the provisional and definitive measures that seek to solve the reported problem. Finally, the Municipality of Puntarenas must comply with the health orders issued against it, without prejudice to the fact that such administrative acts issued, as well as their legal and technical viability, may be challenged in the ordinary courts. In relation to the foregoing, although it was recognized that there is no sanitary sewer system in the area, this situation does not exempt those responsible from seeking adequate treatment of wastewater while such a situation persists. Now, if the petitioner considers that the ICAA must immediately build a sanitary network in El Cocal, he must request it from that institution, or else, in the ordinary jurisdiction so that, with greater elements, in a broad proceeding, the corresponding evidence can be presented and its appropriateness can be determined. On the other hand, regarding the specific solutions proposed by the petitioner, these must be raised before the same authorities, or else, in the ordinary jurisdiction. Furthermore, regarding the INVU, according to the elements contained in the case file, the appeal is declared without merit, since it is not evident that it has any current connection with the accusation; the foregoing is ordered without prejudice to any possible liability being determined in a full proceeding. Finally, in the same terms as the cited precedent, the appeal against the ICAA is dismissed; however, this authority must take note in order to provide, within the scope of its powers, the technical support requested by the health authorities. Likewise, it must participate in the corresponding coordination with the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, so that with its technical knowledge it contributes to solving the problem. IV.- Note by Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where pollution problems are alleged that affect the Estero de Puntarenas, due to black water and wastewater coming from the El Cocal neighborhood of Puntarenas, affecting the health of the local residents, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life. Therefore: The appeal is declared partially with merit only against the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health. 1) Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, Carlos Manuel Venegas Porras, in his capacity as Regional Director of Health Governance of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, and Carlos Manuel Venegas Porras, in his capacity as Regional Director of Health Governance of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, or whoever occupies their positions, are ordered to coordinate what is necessary within the scope of their powers so that, within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, a solution be provided to the impacts caused by the wastewater problems in the INVU sector at Dirección11300 , in relation to the sewer system that crosses the properties by means of an easement. 2) Carlos Manuel Venegas Porras, in his capacity as Regional Director of Health Governance of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, and Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Governing Health Area of Puntarenas, or whoever occupies their positions, are ordered to IMMEDIATELY issue the pertinent orders so that provisional measures are taken in order to address the wastewater overflows in the INVU sector of the El Cocal neighborhood of Puntarenas and the resulting problems of contamination and foul odors. 3) Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, or whoever holds that position, is ordered to issue the pertinent orders and take the necessary measures so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, a study of the current condition of the easement with citation no. 331-07008-01-0900-001 (which burdens the property no. Dirección22110 registered under the name of Nombre194444 ) and that crosses the INVU sector of the El Cocal neighborhood in Puntarenas be prepared; furthermore, within THREE DAYS after the issuance of the report, it must be sent to the Governing Health Area of Puntarenas, the Regional Directorate. 4) Carlos Manuel Venegas Porras, in his capacity as Regional Director of Health Governance of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, and Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Governing Health Area of Puntarenas, or whoever occupies their positions, are ordered, once the Municipality of Puntarenas sends them the study on the aforementioned easement, they must, within a period of ONE MONTH from its receipt, issue a technical and legal opinion on it and, within that same period, issue the corresponding health orders for the solution of the wastewater overflows in the INVU sector of the El Cocal neighborhood of Puntarenas and the resulting problems of contamination and foul odors. 5) Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, or whoever holds that position, is ordered to comply with the health measures issued by the Ministry of Health, without prejudice to the fact that such administrative acts issued, as well as their legal and technical viability, may be challenged in the ordinary courts. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Puntarenas are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the events that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment in the contentious-administrative courts. In all other respects, the appeal is declared without merit. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados shall take note of what is stated in Considerando III. Judge Salazar Alvarado adds a note. Notify personally Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, Carlos Manuel Venegas Porras, in his capacity as Regional Director of Health Governance of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, and Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Governing Health Area of Puntarenas." IV.- Regarding the functions of the municipalities in accordance with article 169 of the Political Constitution, this Court, in judgment no. 2023011483 of 09:20 hours on May 19, 2023, stated: "(...) IV.- This Court, in its jurisprudence, has recognized the obligation of Municipalities to execute effective and swift actions based on the needs of the territorial circumscription assigned to each municipal corporation, and which is intimately linked to the population element. Such obligations derive from what is contemplated in articles 169 and 170 of the Political Constitution, covering a wide range of activities. Thus, in judgments No. 2011-12886 of 12:44 hours on September 23, 2011, and No. 2015010541 of 09:20 hours on July 17, 2015, among others, this Court stated: '(...) as established in article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, it is the responsibility of the municipalities to administer local services and interests, in order to promote the comprehensive development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees—at least—efficient electricity and communication services; good systems for supplying potable water and evacuating wastewater, adequate aqueduct and sewer systems, lighting and ornamental systems for cities; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the life of the population comfortable and safe.' Furthermore, regarding the provision of services, this Court has indicated—e.g., judgment No. 2016-000427 of 09:30 hours on January 15, 2016—that their proper functioning corresponds to a fundamental right. This, based on the content of articles 139, 140, and 191 of the Political Constitution. This translates into the obligation of the various Public Administrations to provide services in a continuous, regular, swift, effective, and efficient manner. Likewise, from the organic part of the Constitution, a series of principles of the organization and function of the Administration are established, which have been developed by infra-constitutional norms, such as the General Law of Public Administration, which in its articles 4, 225, paragraph 1, and 269, paragraph 1, imposes the duty on State bodies to guide and nurture administrative organization and function. Thus, the principle of effectiveness implies that the administrative organization is designed to achieve the objectives and purposes assigned by the legal system itself, which necessitates the existence of planning and accountability. Meanwhile, efficiency implies obtaining the best results with the rational use of the resources available to the different departments. Furthermore, the principle of simplicity is imposed on the Administration, which must be understood as the obligation for administrative structures and their competencies to be easily understood, without complex procedures that delay the satisfaction of public interests. The principle of swiftness imposes the obligation on Public Administrations to fulfill their objectives and purposes in the most expeditious, rapid, and accurate manner possible, to avoid undue and unjustified delays. Thus, these principles impose a series of requirements, responsibilities, and permanent duties on all public entities (...)." V.- ON THE SPECIFIC CASE. It is proven that the protected party lives in El Cocal de Puntarenas, in the houses known as those of the Social Security, at Dirección22105 . That, about a month ago, black water from the urbanization's internal sewer network began to enter his home and those of other neighbors. He explains that this situation is apparently due to a lack of maintenance by the competent authorities. He states that these waters should discharge into nearby tanks; however, they flow freely due to the collapse or obstruction of the sewer system. He declares that this event endangers his life and that of many people in the sector, including women, children, and older adults, and endangers the environment. For this reason, he went to the office of the mayor of Puntarenas to report the situation, but the mayor argued that he does not have the machinery or the necessary resources to solve the problem, without caring about the risk this represents to the health of the inhabitants. The petitioner emphasizes that, despite the seriousness of the problem, the responsible authorities have taken no action to remedy it. From the analysis of the reports rendered, as well as the evidence in the case file, the Court determines that the protected party is correct in his claim. This is because it is recorded that since 2018, other residents of El Cocal in Puntarenas came to this Court for the same problem affecting them, regarding black water from the urbanization's internal sewer network, a situation for which, as of the date the petitioner files this amparo, the respondent authorities had not undertaken the corresponding steps to solve the problem affecting them, despite the two orders this Court issued. Therefore, and in accordance with judgment no. 2018-008599 of 9:15 hours on June 1, 2018, and judgment no. 2019022487 of 09:15 hours on November 15, 2019, the Court proceeds to partially grant the appeal filed against the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health, for the following reasons: Regarding the Municipality of Puntarenas. While the mayor reports that the municipality has been performing maintenance and cleaning of the communal deposit tanks every year, it is nonetheless observed that this has not been sufficient, since the problem affecting the community of El Cocal in Puntarenas persists. Indeed, note that the respondent authorities themselves acknowledge the problem; however, they do not inform the Court of any definitive actions they will take to find a solution to the problem, as the mayor merely limits himself to stating that the community does not have a sanitary sewer network. That said housing project was promoted and built by the Instituto de Vivienda y Urbanismo, which designed treatment systems using a common septic tank, therefore, the water discharged from each home goes to a general collection tank for the entire project and that, indeed, in the inspections carried out, it was possible to determine that the cause of the problem is the lack of grease traps to prevent obstructions in the piping system, since, as it is a single piping system for all the houses, if one of them does not perform adequate maintenance and cleaning, it affects their home and those of others, because the system becomes obstructed and the water overflows into the houses. For this reason, the pipes referred to in the cited report cannot be cleaned from the outside or from the front of the properties, since they are located in the backyards of the homes, and this makes it impossible for the municipality to take action, as it is private property. He also indicates that the only access to the pipeline branch that existed was closed by all the neighbors when they built walls, and that, upon consulting the Property Registry, it is clear that said access corresponds to a water easement (servidumbre de aguas) owned by the INVU; to which the municipality also cannot have access. A situation that was equally pointed out by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which reported that the wastewater collection system has an internal pipeline that crosses the backyards of all the properties, corresponding to a passage easement (servidumbre de paso) with registration citation No. 331-07008-01-0900-001 (the same easement that was known in amparo 19-015715-0007-CO); however, the access entry to the collection pipeline passage easement is obstructed, as the inhabitants have carried out various constructions within the easement, such as walls, storage sheds, corridors, and a workshop, among others. That even though preventive and corrective maintenance of the INVU Cocal system is the responsibility of the Municipality of Puntarenas, AyA, through sanitary orders issued by the Ministry of Health, has undertaken to provide maintenance for the wastewater collection tanks in the sector; however, this task is made difficult because there is no free access along the wastewater passage easement (servidumbre de paso de las aguas residuales) established for this purpose, and AyA officials must enter through private property to carry out the unblocking work. It notes that it is the responsibility of the Municipality of Puntarenas to take the pertinent legal actions to maintain free access along the easement (servidumbre). Likewise, that due to this problem in 2018, the residents of Cocal filed two amparo actions, in which this Court ordered the Municipality to carry out the pertinent legal work to allow free access along the passage easement (servidumbre de paso) and to perform the cleaning and maintenance of the septic tank, and similarly to manage technical coordination with AyA. Therefore, the Institution has participated in inter-institutional meetings with MINSA and the Municipality of Puntarenas, in order to provide the collaboration and/or advice required for the correct execution of the wastewater system. On this matter, the Chamber, in the aforementioned vote No. 2019022487 of 09:15 hours on November 15, 2019, ordered the following: (…) 3) Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, or whoever holds that office, is ordered to issue the pertinent orders and take the necessary measures so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, a study of the current condition of the easement (servidumbre) with citations no. 331-07008-01-0900-001 (which encumbers farm no. 6-43840-000 registered in the name of Nombre194444 ) and which crosses the INVU sector of Dirección11300 is prepared; furthermore, within THREE DAYS after the issuance of the report, it must be forwarded to the Health Governing Area of Puntarenas the Regional Directorate (…)”. From the foregoing, it is evident that what was ordered at the time by this Court has not been carried out, since the same authorities acknowledge the problem that is generated from said easement (servidumbre), and the mayor of the respondent municipality does not inform what measures will be taken in order to seek a solution to the problem. Regarding the Ministry of Health. Even though, from the reports submitted and the evidence on file, it is proven that the respondent authorities of the Ministry of Health -Health Governing Area of Puntarenas – Chacarita-, have taken steps to comply with the orders previously issued by this Court, as seen in the proven facts of this judgment, and that, in the face of non-compliance with sanitary order 0112-REG-2024 by the Municipality of Puntarenas, on December 4, 2024, a criminal complaint was filed against the Municipality of Puntarenas, for the alleged Crime of Disobedience to Authority before the Adjutant Prosecutor's Office of the Public Ministry in Puntarenas; however, the truth of the matter is that, for this Chamber, their duty has been insufficient, since said ministry demands observance, as well as guaranteeing the protection of the health of the population and the environment. For the foregoing, the Chamber considers that the respondent authorities of the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health have not complied with the order issued by this Court, in the judgments of expedientes no. 18-006056-0007-CO and no. 19-015715-0007-CO, because although the authorities acknowledge the reported problem and as of the date the protected party files for amparo –over six years later–, the respondent municipality only provides palliative solutions, and does not provide evidence to the Chamber indicating the actions taken, either in coordination with the authorities it deems necessary, as well as with the owners of the required properties, in order to provide a comprehensive and definitive solution to the problem afflicting the people living in the El Cocal neighborhood of Puntarenas, a situation contrary to the constitutional principles of efficiency and effectiveness that must prevail in the duties of public service. Consequently, the appropriate course is to declare the recourse partially with merit regarding these two respondent authorities, and to reiterate the order previously given by this Chamber, in judgment no. 2019022487 of 09:15 hours on November 15, 2019. VI.- On the other hand, regarding the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), the Chamber does not find elements indicating that said institution has incurred in actions affecting the fundamental rights of the protected party, since it is observed that said institute provides only potable water service in the INVU sector, known as Barrio El Cocal located in the province of Puntarenas and that, even though preventive and corrective maintenance of the INVU Cocal system is the responsibility of the Municipality of Puntarenas, AyA, through sanitary orders issued by the Ministry of Health, has undertaken to provide maintenance for the wastewater collection tanks in the sector. Consequently, with regard to said institute, the recourse is declared without merit. However, this authority shall take note in order to provide, within the scope of its powers, the technical support required by the health authorities. Likewise, it shall participate in the corresponding coordination with the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, so that with its technical knowledge it contributes to the solution of the problem. VII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the administrative contentious jurisdiction. However, I do enter to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and contamination-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where contamination and impacts caused by the influx of black water from the internal sewer network of the urbanization are claimed, due to lack of maintenance of the sewer system, in Dirección22105 , in the area of El Cocal de Puntarenas. The appellant states that they have filed the corresponding complaints before the Ministry of Health, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of Puntarenas; however, they have not managed to resolve the main problem, which produces an impact on the health and lives of the residents, and implies a risk to public health. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life. VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The appellant is warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. THEREFORE (POR TANTO): The recourse is partially declared with merit only against the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health. 1) Randall Alexis Chavarría Matarrita, mayor of the Municipality of the Central Canton of Puntarenas, Dr. Mary Denisse Munive Angermüller, Minister of Health, and Dr. Carolina Lizeth Guillén Meléndez, acting director of the Health Governing Area of Puntarenas–Chacarita-, or whoever holds those positions, are ordered to coordinate whatever is necessary within the scope of their powers so that, within the period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, a solution is provided to the impacts caused by the wastewater problems in the INVU sector in the El Cocal neighborhood of Puntarenas, in relation to the sewer system that crosses the properties by means of an easement (servidumbre). 2) Dr. Mary Denisse Munive Angermüller, Minister of Health, and Dr. Carolina Lizeth Guillén Meléndez, acting director of the Health Governing Area of Puntarenas–Chacarita-, or whoever holds their positions, are ordered to, IMMEDIATELY, issue the pertinent orders so that provisional measures are taken in order to address the wastewater overflows in the INVU sector of the El Cocal neighborhood of Puntarenas and the consequent problems of contamination and foul odors. 3) Randall Alexis Chavarría Matarrita, mayor of the Municipality of the Central Canton of Puntarenas, or whoever holds that office, is ordered to issue the pertinent orders and take the necessary measures so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, a study of the current condition of the easement (servidumbre) with citations no. 331-07008-01-0900-001 and which crosses the INVU sector of the El Cocal neighborhood of Puntarenas is prepared; furthermore, within THREE DAYS after the issuance of the report, it must be forwarded to the Health Governing Area of Puntarenas–Chacarita-. 4) Dr. Mary Denisse Munive Angermüller, Minister of Health, and Dr. Carolina Lizeth Guillén Meléndez, acting director of the Health Governing Area of Puntarenas–Chacarita-, or whoever holds their positions, are ordered to, once the Municipality of Puntarenas sends them the study on the mentioned easement (servidumbre), must, within the period of ONE MONTH, from its receipt, issue a technical and legal opinion on it and, within that same period, issue the corresponding sanitary orders for the solution of the wastewater overflows in the INVU sector of the El Cocal neighborhood of Puntarenas and the consequent problems of contamination and foul odors. 5) Randall Alexis Chavarría Matarrita, mayor of the Municipality of the Central Canton of Puntarenas, or whoever holds that office, is ordered to comply with the sanitary measures issued by the Ministry of Health, without prejudice to the possibility of challenging such administrative acts issued, as well as their legal and technical viability, through ordinary channels. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Puntarenas are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated upon the execution of the judgment in administrative contentious proceedings. In all other respects, the recourse is declared without merit. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers shall take note of what is indicated in Considerando VI of this judgment. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- SG2NSFBVEKE61 EXPEDIENTE N° 24-033317-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:39:56. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República