Res. 00538-2025 Sala Constitucional — Response to Environmental Complaint and Cessation of Harm in AmparoRespuesta a denuncia ambiental y cese del agravio en amparo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00538 - 2025

Fecha de la Resolución: 10 de Enero del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-032069-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-032069-0007-CO

Res. Nº 2025000538

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre26731   , cédula de identidad CED141761, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

Resultando:

 1.-Mediante escrito recibido el 13 de noviembre de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Manifiesta que el 22 de julio de 2024 planteó una gestión ante la autoridad recurrida, donde denunció lo siguiente: “1)- En reiteradas oportunidades se ha denunciado ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental y ante la Municipalidad de Desamparados el entubado de las Quebradas Poro, Quebrada Lajas, el Río jorco y otras dos Quebradas sin nombre, todas localizadas en San Rafael de Desamparados. Se ha denunciado también que la Compañía Inversionista Las Brisas S.A. levantó construcciones, parqueos y bodegas sobre las quebradas entubadas sin que para ello se hayan otorgado permisos de viabilidad ambiental, ni estudios previos, y menos aún que se hayan respetado los retiros de ley. Sobre las quebradas entubadas se ubica el parqueo que se alquila a la empresa "Hyundai", cubriendo más de 5000 metros cuadrados y parte de las bodegas de la Zona Franca y Depósito Fiscal ahí construidos. Sobre las quebradas entubadas se ubica el parqueo que se alquila a la empresa "Hyundai" y cubre más de 5000 metros cuadrados. Además, y por las mismas razones, no se respetó el área de protección de las mencionadas cuatro quebradas y del Río Jorco. 2)- La Municipalidad de Desamparados ha indicado únicamente que los trabajos de relleno efectuados en esa zona cuentan con el permiso de construcción PC 569-2015 para la colocación de 5000 m3 de lastre otorgado al amparo en la Viabilidad Ambiental 1293-2004 del Plan Maestro del Proyecto, ello a pesar de que reiteradamente se ha denunciado que la única finca que cuenta con viabilidad ambiental es la Finca del Partido de San José folio real N° 93200-A-0004 y que dicha viabilidad se había "extendido" fraudulentamente hacia las otras fincas que conforman el proyecto de bodegas ubicadas en la zona franca y depósito fiscal “Las Brisas”. Nada de lo anterior se ha investigado ni resuelto por parte de esa Municipalidad ni por la SETENA, no se han tomado las medidas correctivas necesarias ni tampoco se han aplicado las sanciones que corresponden por las graves infracciones denunciadas por lo que presento denuncia ante ustedes para que se proceda como corresponde (…)”. Sin embargo, acusa que, a la fecha de interposición del presente recurso, no ha recibido respuesta a dicha gestión. Ante ello, el 21 de agosto de 2024 planteó otra gestión ante el recurrido, mediante la cual requirió lo siguiente: “Solicito se me indique si la institución que usted representa tiene o no conocimiento de la existencia de la denuncia penal que se indica por parte de la Municipalidad de Desamparados y si se ha apersonado o no a la misma para coadyuvar en la investigadón, aportando la documentación con la que se cuente. En su defecto, ya teniendo conocimiento de los hechos, le insto a presentar las denuncias que corresponda, ante las instancias tanto administrativas como judiciales”. Empero, tampoco obtuvo respuesta a dicha gestión. Por lo expuesto, solicitan la intervención de la Sala.

2.-Por resolución de las 15:19 horas de 22 de noviembre de 2024, se dio curso al proceso y se solicitó informe director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, sobre los hechos alegados.

3- Informa bajo juramento David Chavarría Morales, en su condición de director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que “mediante informe número SINAC-ACC-OSJ-1774-2024 del 16 de diciembre del 2024 (…) de la oficina Subregional San José del Área de Conservación Central, rindió respuesta a lo solicitado: “1.- Que revisando los archivos de expedientes administrativos, que existen en la oficina Subregional San José, se pudo confirmar, que los hechos mencionados relacionados a movimiento de tierra, invasión a área de protección, entubamiento de cauce de dominio público (quebrada Poró, quebrada Lajas y río Jorjo) son de conocimiento de esta oficina, que forman parte del expediente del expediente de la oficina Subregional San José N° SINAC-SINAC-OSJ-exp-0215- 2023, el cual relacionado con expediente del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, quien investiga el caso mediante el expediente 23-036685-0042-PE. 2.- Que los hechos a que se refiere dicho recurso ya habían sido atendidos por la oficina Subregional de San José, antes de las fechas de presentación de las dos solicitudes indicadas por el señor Nombre26731    en recurso, los días 20 de agosto y 22 de junio del 2024. 3.- La causa o legajo de investigación anteriormente señalado se originó ante la atención de la queja ciudadana ingresada al Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) bajo el número 33486-2022, el caso fue atendido e informado a la Sección Especializada contra Delitos Ambientales y Bienestar Animal del OIJ mediante el informe SINAC-ACC-OSJ-inf-1668-2023 (la fecha de inspección 13 de noviembre del 2023, comprobante de traslado por correo electrónico al Sr. Nombre194705   , OIJ el día 22 de diciembre, 2023), los cuales generan y forman parte del expediente de la oficina Subregional San José N° SINAC-SINACOSJ-exp-0215-2023 y el expediente N° 23-036685-0042-PE. 4.- Posteriormente en consecuencia del oficio SINAC-ACC-OSJ-inf1666-2023, dicha Sección Especializada contra Delitos Ambientales y Bienestar Animal del OIJ sección junto con la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, con apoyo de funcionarios de la Oficina Subregional San José, se realizó un allanamiento al predio con el fin de verificar hechos relacionados con tala de árboles, invasión a área de protección, entubamiento de quebrada y movimientos de tierra. En misma diligencia se contó con personal de Ingeniería Forense, quienes se encargaron de la fijación de indicios relacionados con los hechos denunciados, así se deja ver en el informe de gira SINACACC-OSJ-inf-1644-2024, cual forma parte del expediente de la oficina N° SINAC-SINAC-OSJ-exp-0215-2023 relacionado con expediente N° 23-036685-0042-PE. 5.- A la fecha el caso del expediente del Ministerio Público con N° 23- 036685-0042-PE está en el proceso de investigación, que lleva el Ministerio Público, esta oficina no forma parte del este proceso de investigación según se indica en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Procedemos actuar cuando el Ministerio Público, OIJ nos indican las acciones que debemos realizar para continuar con el proceso de investigación, según nuestras competencias. 6.- Es importante indicar, además, que en el área donde se ubica la zona franca Las Brisas, se ha denunciado hechos similares años 2007 y 2008, según nuestras competencias, por parte de la oficina Subregional San José, ante el Ministerio Público y el Tribunal Ambiental, bajo el legajo de investigación expediente N° 07- 006343-647-PE, así como en el expediente administrativo N° 193- 08-01-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo. 7.- Que mediante el oficio SINAC-ACC-OSJ-1773-2024 con fecha 13 de diciembre del 2024, el cual forma parte del expediente administrativo de la oficina Subregional San José N° SINAC-SINACOSJ-exp-0215-2023 relacionado con el expediente N° 23- 036685-0042-PE, se procedió a informar al señor Nombre26731    sobre las actuaciones llevadas a cabo por esta oficina. 8.- Que con base en los hechos antes expuestos, esta oficina subregional está actuando según los procedimientos establecidos en la Legislación vigente, según nuestras competencias estipulados en el artículo 22 de la Ley Biodiversidad N° 7788; en concordancia con el principio de legalidad establecido en la Constitución Política y la Ley General de Administración Pública, en acatamiento lo indicado en el oficio SINAC-DE-498, donde el Director Ejecutivo nos instruye a través de los Directores de las Áreas de Conservación a atender y resolver sólo temas de nuestra competencia y atinencia. 9.- Lo anterior concuerda con la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220, donde se estable en los: artículo 3º-Respeto de competencias, artículo 4 y artículo 10- Responsabilidad de la Administración y el funcionario inciso “…b) No respetar las competencias…” 10.- Se solicita declarar sin lugar lo solicitado por la recurrente, que la oficina Subregional San José, Área Conservación Central actuado en el tiempo y alcance de nuestras competencias y responsabilidades. 11.- Se adjunta carpeta “Documentos adjuntas al oficio SINAC-ACCOSJ-1774-2024”, conformada con siguientes documentos: informe SINAC-ACC-OSJ-inf-1668-2023; informe SINAC-ACC-OSJ-inf1644-2024; oficio SINAC-ACC-OSJ-1773-2024, Certificación N° SINAC-ACC-OSJ-1778-2024. (La cursiva y negrita no es del original) (…) Dicha solicitud del señor Nombre26731  fue debidamente atendida en fecha 13 de diciembre del 2024 mediante el oficio SINAC-ACCOSJ-1773-2024 y notificada al correo electrónico ...4602 señalado por el recurrente según consta en imagen adjunta…”.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

 I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia N.°2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo, instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, sea la alegada demora de la Administración en atender y resolver una denuncia ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver lo planteado en este amparo.

II.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, pues reclama que el 22 de julio de 2024 planteó una denuncia ambiental ante el SINAC; además, el 21 de agosto de 2024 solicitó información de interés ante la recurrida. Sin embargo, acusa que aún no se ha resuelto su denuncia ni se le ha brindado respuesta a su gestión. 

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1.    El 13 de noviembre de 2023, en virtud de una denuncia vecinal, tramitada bajo el número 33486-2022, el SINAC realizó una inspección al sitio denunciado (ver informe rendido y prueba aportada al expediente digital).

2.    El 22 de diciembre de 2023, los hechos denunciados bajo el número 33486-2022 fueron informados por el SINAC a la Sección Especializada contra Delitos Ambientales y Bienestar Animal del Organismo de Investigación Judicial, mediante el informe SINAC-ACC-OSJ-inf-1668-2023, caso que fue tramitado en el expediente con N°23- 036685-0042-PE (ver informe rendido y prueba aportada al expediente digital).

3.    En fecha no precisa, la Sección Especializada contra Delitos Ambientales y Bienestar Animal del OIJ, junto con la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y con apoyo de funcionarios de la Oficina Subregional San José, realizaron un allanamiento al predio denunciado con el fin de verificar hechos relacionados con tala de árboles, invasión a área de protección, entubamiento de quebrada y movimientos de tierra (ver informe rendido y prueba aportada al expediente digital).

4.    El 22 de julio de 2024, el recurrente planteó una nueva denuncia ante SINAC, en la que alegó lo siguiente: “1)- En reiteradas oportunidades se ha denunciado ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental y ante la Municipalidad de Desamparados el entubado de las Quebradas Poro, Quebrada Lajas, el Río jorco y otras dos Quebradas sin nombre, todas localizadas en San Rafael de Desamparados. Se ha denunciado también que la Compañía Inversionista Las Brisas S.A. levantó construcciones, parqueos y bodegas sobre las quebradas entubadas sin que para ello se hayan otorgado permisos de viabilidad ambiental, ni estudios previos, y menos aún que se hayan respetado los retiros de ley. Sobre las quebradas entubadas se ubica el parqueo que se alquila a la empresa "Hyundai", cubriendo más de 5000 metros cuadrados y parte de las bodegas de la Zona Franca y Depósito Fiscal ahí construidos. Sobre las quebradas entubadas se ubica el parqueo que se alquila a la empresa "Hyundai" y cubre más de 5000 metros cuadrados. Además, y por las mismas razones, no se respetó el área de protección de las mencionadas cuatro quebradas y del Río Jorco. 2)- La Municipalidad de Desamparados ha indicado únicamente que los trabajos de relleno efectuados en esa zona cuentan con el permiso de construcción PC 569-2015 para la colocación de 5000 m3 de lastre otorgado al amparo en la Viabilidad Ambiental 1293-2004 del Plan Maestro del Proyecto, ello a pesar de que reiteradamente se ha denunciado que la única finca que cuenta con viabilidad ambiental es la Finca del Partido de San José folio real N° 93200-A-0004 y que dicha viabilidad se había "extendido" fraudulentamente hacia las otras fincas que conforman el proyecto de bodegas ubicadas en la zona franca y depósito fiscal “Las Brisas”. Nada de lo anterior se ha investigado ni resuelto por parte de esa Municipalidad ni por la SETENA, no se han tomado las medidas correctivas necesarias ni tampoco se han aplicado las sanciones que corresponden por las graves infracciones denunciadas por lo que presento denuncia ante ustedes para que se proceda como corresponde” (ver prueba aportada al expediente digital).

5.    El 21 de agosto de 2024, el amparado planteó otra gestión ante el recurrido, mediante la cual requirió lo siguiente: “Solicito se me indique si la institución que usted representa tiene o no conocimiento de la existencia de la denuncia penal que se indica por parte de la Municipalidad de Desamparados y si se ha apersonado o no a la misma para coadyuvar en la investigación, aportando la documentación con la que se cuente. En su defecto, ya teniendo conocimiento de los hechos, le insto a presentar las denuncias que corresponda, ante las instancias tanto administrativas como judiciales” (ver prueba aportada al expediente digital).

6.    El 12 de diciembre de 2024, se notificó la resolución de curso de este proceso a la autoridad recurrida (ver acta de notificación agregada al expediente digital).

7.    El 13 de diciembre de 2024, la autoridad recurrida, mediante el oficio SINAC-ACC-OSJ-1773-2024, informó al recurrente sobre las actuaciones llevadas a cabo por en virtud de la denuncia expuesta; lo anterior al correo electrónico ...4602 señalado por el recurrente al efecto (ver prueba aportada al expediente digital).

IV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En la especie, se constató que el 22 de julio de 2024, el recurrente planteó una nueva denuncia ante SINAC, en la que alegó lo siguiente: “1)- En reiteradas oportunidades se ha denunciado ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental y ante la Municipalidad de Desamparados el entubado de las Quebradas Poro, Quebrada Lajas, el Río jorco y otras dos Quebradas sin nombre, todas localizadas en San Rafael de Desamparados. Se ha denunciado también que la Compañía Inversionista Las Brisas S.A. levantó construcciones, parqueos y bodegas sobre las quebradas entubadas sin que para ello se hayan otorgado permisos de viabilidad ambiental, ni estudios previos, y menos aún que se hayan respetado los retiros de ley. Sobre las quebradas entubadas se ubica el parqueo que se alquila a la empresa "Hyundai", cubriendo más de 5000 metros cuadrados y parte de las bodegas de la Zona Franca y Depósito Fiscal ahí construidos. Sobre las quebradas entubadas se ubica el parqueo que se alquila a la empresa "Hyundai" y cubre más de 5000 metros cuadrados. Además, y por las mismas razones, no se respetó el área de protección de las mencionadas cuatro quebradas y del Río Jorco. 2)- La Municipalidad de Desamparados ha indicado únicamente que los trabajos de relleno efectuados en esa zona cuentan con el permiso de construcción PC 569-2015 para la colocación de 5000 m3 de lastre otorgado al amparo en la Viabilidad Ambiental 1293-2004 del Plan Maestro del Proyecto, ello a pesar de que reiteradamente se ha denunciado que la única finca que cuenta con viabilidad ambiental es la Finca del Partido de San José folio real N° 93200-A-0004 y que dicha viabilidad se había "extendido" fraudulentamente hacia las otras fincas que conforman el proyecto de bodegas ubicadas en la zona franca y depósito fiscal “Las Brisas”. Nada de lo anterior se ha investigado ni resuelto por parte de esa Municipalidad ni por la SETENA, no se han tomado las medidas correctivas necesarias ni tampoco se han aplicado las sanciones que corresponden por las graves infracciones denunciadas por lo que presento denuncia ante ustedes para que se proceda como corresponde”.

Posteriormente, el 21 de agosto de 2024, el amparado planteó otra gestión ante el recurrido, mediante la cual requirió lo siguiente: “Solicito se me indique si la institución que usted representa tiene o no conocimiento de la existencia de la denuncia penal que se indica por parte de la Municipalidad de Desamparados y si se ha apersonado o no a la misma para coadyuvar en la investigación, aportando la documentación con la que se cuente. En su defecto, ya teniendo conocimiento de los hechos, le insto a presentar las denuncias que corresponda, ante las instancias tanto administrativas como judiciales”.

Ahora bien, de los informes rendidos se verificó que, de previo a la denuncia planteada por el amparado, el SINAC ya tenía conocimiento de tales hechos, pues desde el 13 de noviembre de 2023, en virtud de una denuncia vecinal, tramitada bajo el número 33486-2022, el SINAC realizó una inspección al sitio denunciado y, el 22 de diciembre de 2023, los hechos fueron informados a la Sección Especializada contra Delitos Ambientales y Bienestar Animal del Organismo de Investigación Judicial, mediante el informe SINAC-ACC-OSJ-inf-1668-2023, caso que fue tramitado en el expediente con N°23- 036685-0042-PE, el cual actualmente está en trámite.

Pese a ello, no se tuvo por acreditado que, a la fecha de interposición del recurso, el SINAC hubiese informado al amparado lo pertinente a su denuncia ni que hubiera brindado respuesta a la gestión planteada. Así, fue hasta el 13 de diciembre de 2024, sea en fecha posterior a la notificación del amparo, que la autoridad recurrida, mediante el oficio SINAC-ACC-OSJ-1773-2024, informó al recurrente sobre las actuaciones llevadas a cabo por en virtud de la denuncia expuesta; lo anterior al correo electrónico ...4602 señalado por el recurrente al efecto.

En consecuencia, en vista que la autoridad recurrida informó al tutelado lo relativo a su denuncia, todo ello con ocasión a la interposición de este recurso, lo procedente es la estimatoria del mismo, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues su pretensión ya se vio satisfecha.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recursoúnicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “ si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr . artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.-NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. 

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:  

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. 

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VI.-VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

VII.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 Q435J6BTCESO61

EXPEDIENTE N° 24-032069-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:40:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**File No.** 24-032069-0007-CO

**Res. No.** 2025000538

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on January tenth, two thousand twenty-five.

An amparo action filed by Nombre26731, identity card CED141761, against the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS.

**Whereas:**

1.- By a brief received on November 13, 2024, the petitioner files an amparo action against the National System of Conservation Areas. He states that on July 22, 2024, he filed a petition before the respondent authority, in which he reported the following: “1)- On repeated occasions, the culverting of the Quebradas Poro, Quebrada Lajas, the Río Jorco, and two other unnamed Quebradas, all located in San Rafael de Desamparados, has been reported to the National Environmental Technical Secretariat and to the Municipality of Desamparados. It has also been reported that the company Inversionista Las Brisas S.A. erected buildings, parking lots, and warehouses over the culverted streams without having been granted environmental feasibility permits (permisos de viabilidad ambiental) for this, nor prior studies, and even less so that the legal setbacks (retiros de ley) were respected. The parking lot leased to the company "Hyundai" is located over the culverted streams, covering more than 5,000 square meters, as is part of the warehouses of the Free Zone and Customs Depot built there. The parking lot leased to the company "Hyundai" is located over the culverted streams and covers more than 5,000 square meters. Furthermore, and for the same reasons, the protection area (área de protección) of the aforementioned four streams and the Río Jorco was not respected. 2)- The Municipality of Desamparados has only indicated that the fill works carried out in that area have construction permit PC 569-2015 for the placement of 5,000 m3 of ballast, granted under the Environmental Feasibility 1293-2004 of the Project Master Plan, this despite it having been repeatedly reported that the only property that has environmental feasibility is the Finca del Partido de San José, real estate folio N° 93200-A-0004, and that said feasibility had been fraudulently "extended" to the other properties that make up the warehouse project located in the "Las Brisas" free zone and customs depot. None of the above has been investigated or resolved by said Municipality or by SETENA, the necessary corrective measures have not been taken, nor have the corresponding sanctions been applied for the serious infractions reported, so I file a complaint before you to proceed accordingly (…)”. However, he alleges that, as of the filing date of this action, he has not received a response to said petition. In view of this, on August 21, 2024, he filed another petition before the respondent, through which he requested the following: “I request that I be informed whether the institution you represent is aware or not of the existence of the criminal complaint indicated by the Municipality of Desamparados and whether or not it has appeared in it to assist in the investigation, providing any available documentation. Failing that, now being aware of the facts, I urge you to file the corresponding complaints before both administrative and judicial instances”. However, he also did not obtain a response to said petition. Based on the foregoing, they request the intervention of the Chamber.

2.- By resolution at 3:19 p.m. on November 22, 2024, the proceeding was initiated and a report was requested from the Executive Director of the National System of Conservation Areas regarding the alleged facts.

3.- David Chavarría Morales, in his capacity as Executive Director of the National System of Conservation Areas, reports under oath that “through report number SINAC-ACC-OSJ-1774-2024 of December 16, 2024 (…) from the San José Subregional Office of the Central Conservation Area, a response was rendered to what was requested: “1.- That upon reviewing the administrative case file archives existing in the San José Subregional Office, it was confirmed that the mentioned facts related to earthworks (movimiento de tierra), invasion of the protection area, culverting of a public-domain watercourse (quebrada Poró, quebrada Lajas, and río Jorco) are known to this office, forming part of the San José Subregional Office case file No. SINAC-SINAC-OSJ-exp-0215-2023, which is related to the Public Prosecutor's Office case file, specifically the Adjutant Agrarian Environmental Prosecutor's Office, which is investigating the case under file No. 23-036685-0042-PE. 2.- That the facts referred to in said action had already been addressed by the San José Subregional Office before the filing dates of the two requests indicated by Mr. Nombre26731 in the action, on August 20 and June 22, 2024. 3.- The previously indicated case or investigation file originated from the attention given to a citizen complaint entered into the Integrated System for Processing and Addressing Environmental Complaints (SITADA) under number 33486-2022; the case was addressed and reported to the Specialized Section against Environmental Crimes and Animal Welfare of the OIJ through report SINAC-ACC-OSJ-inf-1668-2023 (inspection date November 13, 2023, proof of transfer by email to Mr. Nombre194705, OIJ on December 22, 2023), which generate and form part of the San José Subregional Office case file No. SINAC-SINAC-OSJ-exp-0215-2023 and file No. 23-036685-0042-PE. 4.- Subsequently, as a consequence of official communication SINAC-ACC-OSJ-inf-1666-2023, said Specialized Section against Environmental Crimes and Animal Welfare of the OIJ, together with the Adjutant Agrarian Environmental Prosecutor's Office, with the support of officials from the San José Subregional Office, carried out a raid on the property to verify facts related to tree felling, invasion of the protection area, stream culverting, and earthworks. During the same proceeding, Forensic Engineering personnel were present, who were responsible for establishing evidence related to the reported facts, as shown in field report SINAC-ACC-OSJ-inf-1644-2024, which forms part of the office’s case file No. SINAC-SINAC-OSJ-exp-0215-2023 related to file No. 23-036685-0042-PE. 5.- To date, the case of the Public Prosecutor's Office file No. 23-036685-0042-PE is in the investigation process being conducted by the Public Prosecutor's Office; this office is not part of this investigation process as indicated in Article 295 of the Criminal Procedure Code. We proceed to act when the Public Prosecutor's Office or OIJ tells us the actions we must take to continue the investigation process, according to our competencies. 6.- It is important to also indicate that in the area where the Las Brisas free zone is located, similar facts were reported in the years 2007 and 2008, according to our competencies, by the San José Subregional Office, before the Public Prosecutor's Office and the Environmental Tribunal, under investigation file No. 07-006343-647-PE, as well as in administrative case file No. 193-08-01-TAA of the Administrative Environmental Tribunal. 7.- That through official communication SINAC-ACC-OSJ-1773-2024 dated December 13, 2024, which forms part of the San José Subregional Office’s administrative case file No. SINAC-SINAC-OSJ-exp-0215-2023 related to file No. 23-036685-0042-PE, Mr. Nombre26731 was informed of the actions carried out by this office. 8.- That based on the facts set forth above, this subregional office is acting according to the procedures established in current Legislation, according to our competencies stipulated in Article 22 of the Biodiversity Law No. 7788; in accordance with the principle of legality established in the Political Constitution and the General Public Administration Law, in compliance with what is indicated in official communication SINAC-DE-498, where the Executive Director instructs us through the Directors of the Conservation Areas to address and resolve only matters of our competence and pertinence. 9.- The foregoing is consistent with the Law for the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures No. 8220, which establishes in: Article 3-Respect for competencies, Article 4, and Article 10-Responsibility of the Administration and the official, subsection “…b) Not respecting competencies…” 10.- We request that the petitioner's request be declared without merit, as the San José Subregional Office, Central Conservation Area, has acted within the time and scope of our competencies and responsibilities. 11.- We attach the folder “Documents attached to official communication SINAC-ACC-OSJ-1774-2024”, consisting of the following documents: report SINAC-ACC-OSJ-inf-1668-2023; report SINAC-ACC-OSJ-inf-1644-2024; official communication SINAC-ACC-OSJ-1773-2024; Certification No. SINAC-ACC-OSJ-1778-2024. (The italics and bold are not from the original) (…) Said request from Mr. Nombre26731 was duly addressed on December 13, 2024, through official communication SINAC-ACC-OSJ-1773-2024 and notified to the email address ...4602 indicated by the petitioner, as shown in the attached image…”.

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Hess Herrera; and,

**Considering:**

I.- PRELIMINARY QUESTION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding, initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the case at hand, an exception is presented, namely the alleged delay by the Administration in addressing and resolving an environmental complaint. Having clarified this point, we proceed to resolve what is raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner believes his fundamental rights have been violated, as he claims that on July 22, 2024, he filed an environmental complaint before SINAC; furthermore, on August 21, 2024, he requested information of interest from the respondent. However, he alleges that his complaint has not yet been resolved, nor has a response been provided to his petition.

III.- PROVEN FACTS. Deemed important for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated:

1. On November 13, 2023, by virtue of a neighborhood complaint processed under number 33486-2022, SINAC conducted an inspection of the reported site (see report rendered and evidence provided to the digital case file).

2. On December 22, 2023, the facts reported under number 33486-2022 were communicated by SINAC to the Specialized Section against Environmental Crimes and Animal Welfare of the Judicial Investigation Organization, through report SINAC-ACC-OSJ-inf-1668-2023, a case that was processed under file No. 23-036685-0042-PE (see report rendered and evidence provided to the digital case file).

3. On an unspecified date, the Specialized Section against Environmental Crimes and Animal Welfare of the OIJ, together with the Adjutant Agrarian Environmental Prosecutor's Office and with the support of officials from the San José Subregional Office, conducted a raid on the reported property to verify facts related to tree felling, invasion of a protection area, stream culverting, and earthworks (see report rendered and evidence provided to the digital case file).

4. On July 22, 2024, the petitioner filed a new complaint before SINAC, in which he alleged the following: “1)- On repeated occasions, the culverting of the Quebradas Poro, Quebrada Lajas, the Río Jorco, and two other unnamed Quebradas, all located in San Rafael de Desamparados, has been reported to the National Environmental Technical Secretariat and to the Municipality of Desamparados. It has also been reported that the company Inversionista Las Brisas S.A. erected buildings, parking lots, and warehouses over the culverted streams without having been granted environmental feasibility permits for this, nor prior studies, and even less so that the legal setbacks were respected. The parking lot leased to the company "Hyundai" is located over the culverted streams, covering more than 5,000 square meters, as is part of the warehouses of the Free Zone and Customs Depot built there. The parking lot leased to the company "Hyundai" is located over the culverted streams and covers more than 5,000 square meters. Furthermore, and for the same reasons, the protection area of the aforementioned four streams and the Río Jorco was not respected. 2)- The Municipality of Desamparados has only indicated that the fill works carried out in that area have construction permit PC 569-2015 for the placement of 5,000 m3 of ballast, granted under Environmental Feasibility 1293-2004 of the Project Master Plan, this despite it having been repeatedly reported that the only property that has environmental feasibility is the Finca del Partido de San José, real estate folio N° 93200-A-0004, and that said feasibility had been fraudulently "extended" to the other properties that make up the warehouse project located in the "Las Brisas" free zone and customs depot. None of the above has been investigated or resolved by said Municipality or by SETENA, the necessary corrective measures have not been taken, nor have the corresponding sanctions been applied for the serious infractions reported, so I file a complaint before you to proceed accordingly” (see evidence provided to the digital case file).

5. On August 21, 2024, the protected party filed another petition before the respondent, through which he requested the following: “I request that I be informed whether the institution you represents is aware or not of the existence of the criminal complaint indicated by the Municipality of Desamparados and whether or not it has appeared in it to assist in the investigation, providing any available documentation. Failing that, now being aware of the facts, I urge you to file the corresponding complaints before both administrative and judicial instances” (see evidence provided to the digital case file).

6. On December 12, 2024, the resolution initiating this proceeding was notified to the respondent authority (see notification certificate added to the digital case file).

7. On December 13, 2024, the respondent authority, through official communication SINAC-ACC-OSJ-1773-2024, informed the petitioner of the actions carried out by virtue of the complaint filed; the foregoing to the email address ...4602 indicated by the petitioner for this purpose (see evidence provided to the digital case file).

IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In this case, it was verified that on July 22, 2024, the petitioner filed a new complaint before SINAC, in which he alleged the following: “1)- On repeated occasions, the culverting of the Quebradas Poro, Quebrada Lajas, the Río Jorco, and two other unnamed Quebradas, all located in San Rafael de Desamparados, has been reported to the National Environmental Technical Secretariat and to the Municipality of Desamparados. It has also been reported that the company Inversionista Las Brisas S.A. erected buildings, parking lots, and warehouses over the culverted streams without having been granted environmental feasibility permits for this, nor prior studies, and even less so that the legal setbacks were respected. The parking lot leased to the company "Hyundai" is located over the culverted streams, covering more than 5,000 square meters, as is part of the warehouses of the Free Zone and Customs Depot built there. The parking lot leased to the company "Hyundai" is located over the culverted streams and covers more than 5,000 square meters. Furthermore, and for the same reasons, the protection area of the aforementioned four streams and the Río Jorco was not respected. 2)- The Municipality of Desamparados has only indicated that the fill works carried out in that area have construction permit PC 569-2015 for the placement of 5,000 m3 of ballast, granted under Environmental Feasibility 1293-2004 of the Project Master Plan, this despite it having been repeatedly reported that the only property that has environmental feasibility is the Finca del Partido de San José, real estate folio N° 93200-A-0004, and that said feasibility had been fraudulently "extended" to the other properties that make up the warehouse project located in the "Las Brisas" free zone and customs depot. None of the above has been investigated or resolved by said Municipality or by SETENA, the necessary corrective measures have not been taken, nor have the corresponding sanctions been applied for the serious infractions reported, so I file a complaint before you to proceed accordingly”.

Subsequently, on August 21, 2024, the protected party filed another petition before the respondent, through which he requested the following: “I request that I be informed whether the institution you represent is aware or not of the existence of the criminal complaint indicated by the Municipality of Desamparados and whether or not it has appeared in it to assist in the investigation, providing any available documentation. Failing that, now being aware of the facts, I urge you to file the corresponding complaints before both administrative and judicial instances”.

Now, from the reports rendered, it was verified that, prior to the complaint filed by the protected party, SINAC was already aware of these facts, because since November 13, 2023, by virtue of a neighborhood complaint, processed under number 33486-2022, SINAC conducted an inspection of the reported site, and on December 22, 2023, the facts were communicated to the Specialized Section against Environmental Crimes and Animal Welfare of the Judicial Investigation Organization, through report SINAC-ACC-OSJ-inf-1668-2023, a case that was processed under file No. 23-036685-0042-PE, which is currently pending.

Despite this, it was not proven that, as of the filing date of the action, SINAC had informed the protected party of the relevant details regarding his complaint or that it had provided a response to the petition filed. Thus, it was not until December 13, 2024, i.e., after the notification of the amparo, that the respondent authority, through official communication SINAC-ACC-OSJ-1773-2024, informed the petitioner of the actions carried out by virtue of the complaint filed; the foregoing to the email address ...4602 indicated by the petitioner for this purpose.

Consequently, in view of the fact that the respondent authority informed the protected party regarding his complaint, all of this on the occasion of the filing of this action, it is appropriate to grant the action, without special condemnation for costs, damages, and losses, since his claim has already been satisfied.

V.- REGARDING THE CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at hand, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”), the granting must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the dispositive part of the ruling to state that the action is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”. It is emphasized that the Law states “if they are applicable”, which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Tribunal. In cases like this, the content of the protected party’s claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it states that: “any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment”, where the possibility of assessing whether indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public Law, General Procedural Law, or, as applicable, International or Community Law and, furthermore, in order, the General Public Administration Law and the Administrative Litigation Procedure Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law -cfr. Article 14-. For the administrative litigation jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Administrative Litigation Procedure Code, which responds to procedural logic in any subject matter. In any case, the affected party in the case at hand preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this action without condemnation for costs, damages, and losses.

VI.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Tribunal's thesis that when a citizen claims a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, it is the Administrative Litigation Courts that must hear the legal dispute, not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, as it is exclusively responsible for defining its own competence based on numeral 7 of its Law. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which can be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo protection process, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.

Although I agree with the rest of the Chamber in granting the action, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Constitutional Jurisdiction Law, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”.

Furthermore, in Article 51 ibidem, it is established that:

“...any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment”.

This last norm establishes the general system that regulates the matter of indemnification and payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of ending the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the opinion of the majority, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the action, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo —a situation contemplated in the referred Article 52—, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the action, a subject regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these cases, the imperative need for a condemnation for costs, damages, and losses against the infringer arises, the foundation of which is found in the principles of protection of individuals' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional conduct.

Therefore, the fact that at the moment the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of condemnation for costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in these aspects contained in the Constitutional Jurisdiction Law.

On the other hand, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the process”.

The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that granted leave to proceed with the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, in an indubitable manner, the revocation, cessation, or suspension of the impugned act that violates fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of condemnation to costs (costas), damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for the purposes of compensation and costs (costas), if they are applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it is only applicable in the situations strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation to costs (costas), damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, ceases, or suspends the impugned act, unless it is established in an indubitable and clear manner that in the specific case no compensable harm whatsoever was caused. Only and exclusively in such instances could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses arising from the impugned acts – whose specific determination does not correspond to this jurisdiction – the granting of this appeal must necessarily entail the condemnation to costs (costas), damages, and losses, and we so declare.

As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and the very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that could generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this court concentrates on such verification; however, it does not enter into the weighing of whether those matters have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected individuals. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, provides that said condemnation (in damages, losses, and costs (costas)) operates, if applicable, we the undersigned do not consider that this examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Code of Administrative Contentious Procedure, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 of the same law, that proceeding has as its object the following:

“ARTICLE 179.- It corresponds to the Administrative Contentious Court, the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”

It is clear that this proceeding is directed towards the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those categories, since this type of claim would not proceed within that type of cause when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs (costas), as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding before the administrative contentious court requires, as a sine qua non requirement, condemnation or an express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, under the terms of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that pecuniary condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is estimated, with reasoning. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is handed down that revokes, ceases, or suspends the impugned act, does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to the respondent entity’s own cause or another’s, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, in order of what is regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of an abstract condemnation that later constitutes the basis of analysis in the Administrative Contentious Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, for, it is insisted, that is not its primary object or ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages, as what is sought is the safeguarding of their fundamental rights. Later, whether these administrative conducts have produced injuries to them is an extreme that, by thesis of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis of analysis in this type of cause. It should be noted that, in the situation regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not carry out a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, the court does not proceed to assess whether or not there is an infraction, and therefore, much less can it be defined whether, from what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the dispensation from condemnation referred to in that rule is exceptional, not a matter of principle. Therefore, in those circumstances, the rule imposes condemnation in the abstract, so that its applicability is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs (costas) were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the claimed party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 of the same law. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted to cease the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the continuance of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was ceased due to the causes alluded to in the rule under examination, generated damages and losses, is an issue that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, should in no way be denied, as a premise, by the mere realization of the factual situation regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail the abstract condemnation in costs (costas), damages, and losses.

VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE DISPOSITIVE SECTION OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, ceases, or suspends the impugned act, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs (costas), if they are applicable.”

My interpretation of this rule is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are applicable” refers to the costs (costas). Furthermore, Article 197 of the Administrative Contentious Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to the costs (costas).

Certainly, under the terms of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but rather restorative; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs (costas) of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, condemnation in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title – derived from this proceeding – to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an abstract condemnation, no damages or losses occurred, the judge in the ordinary proceedings will so declare, since only the judge is responsible for having the real existence and magnitude of the same proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs (costas), even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the dispositive section and order the condemnation to damages and losses, but not in costs (costas).

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is granted, without special condemnation in costs (costas), damages, and losses. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the condemnation to damages, losses, and costs (costas). Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation to damages and losses, but not in costs (costas). Let this be notified.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\t

Fernando Castillo V.

President

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Fernando Cruz C.

\t

 

\t

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

\t

 

\t

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

\t

 

\t

Ingrid Hess H.

 

 

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