Res. 00518-2025 Sala Constitucional — Administrative Failure to Respond in Well Permit and Environmental Viability ProcessOmisión de respuesta administrativa en trámite de pozo y viabilidad ambiental

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00518 - 2025

Fecha de la Resolución: 10 de Enero del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-031006-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-031006-0007-CO

Res. Nº 2025000518

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo interpuesto por Nombre440  , cédula de identidad CED5781, contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) Y LA DIRECCIÓN DE AGUAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

1.- Por escrito agregado al Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho el 04 de noviembre de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el pozo CY-15, actualmente clasificado como "acuífero semiconfinado", ubicado en Malpaís de Cóbano, muestra un nivel de 6.8 metros bajo la superficie. Dichas circunstancias hacen que lo procedente sea clasificarlo como un "acuífero libre cubierto". Agrega que no se ha demostrado de manera concluyente que el pozo CY-15 no esté impactando la quebrada ubicada a 32 metros de distancia. Al contrario, la alta producción y presencia de contaminación fecal en el pozo sugieren que podría estar aprovechando agua de la quebrada, lo cual justifica su cierre inmediato y la cancelación del trámite de concesión. Afirma que el 27 de agosto de 2024 y el 1 de setiembre de 2024 envió una solicitud a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, respectivamente, para que se lleve a cabo una inspección y cierre de dicho pozo. La gestión planteada ante la Dirección de Aguas se remitió a la dirección de correo electrónico: ...2138. Sin embargo, acusa que, a la fecha de interposición del presente recurso, no ha recibido respuesta ni se tiene conocimiento de algún abordaje a las solicitudes llevadas a cabo por las autoridades recurridas. Estima lesionados sus derechos fundamentales.

 2.- Mediante resolución de Presidencia de las 10:24 horas del 08 de noviembre de 2024, se le dio curso al presente recurso de amparo, la cual se notificó  a SETENA el 12 de noviembre de 2024 al ser las 10:29 horas y a la Dirección de Aguas el 8 de noviembre de 2024 (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento Andrés Cortez Orozco, Secretario General a.i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que: Ante esta Secretaría, lo que el accionante ingresó fue una gestión de incidente de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la Viabilidad Licencia Ambiental otorgada al proyecto por medio de la resolución No. 1425-2023-SETENA y solicitud de apertura de procedimiento administrativo, en el cual realiza una seria de alegatos de fondo, que abarcan más allá de una petición del cierre del pozo a la que se refiere la resolución que da curso a la presente gestión, y que tiene que ver con supuestas omisiones de la evaluación ambiental del proyecto, según el consecutivo de ingreso de correspondencia 8513-2024, del 28 de agosto del 2024 Ante la solicitud cursada, que corresponde a una gestión en la cual se debe activar un procedimiento administrativo, que conlleva la realización previa de gestiones, que incluye una serie de actos, tal como recabar prueba, solicitud de criterios técnicos, dar audiencia a la parte desarrolladora del proyecto, análisis jurídico, y no a un mero derecho de petición, la SETENA ha seguido el proceso como jurídicamente corresponde, según las siguientes actuaciones: 1- Se solicitó criterio técnico para mejor resolver (oficio No. SETENA-AJ-0298-2024 del 5 de setiembre del 2024). 2- Se brindó audiencia a la parte desarrolladora para que se refiriera a los alegatos indicados en el incidente (oficio No. SETENA-SG-1010-2024 del 5 de setiembre del 2024). 3- Se trasladó la respuesta y documentos aportados por el desarrollador al Dpto. Técnico para que fuera considerado en el criterio técnico solicitado (oficio SETENA-AJ-0320-2024 del 25 de setiembre del 2024). 4- El Dpto. Técnico realiza la repuesta (oficio DT-DEA-0812-2024 del 24 de setiembre 2024) 5- Se remitió la propuesta de resolución del incidente de nulidad a la Comisión Plenaria, para su conocimiento y resolución. (oficio AJ- 0332-2024 del 18 de octubre del 2024 6- Reuniones para el análisis del caso y aclaraciones sobre propuesta (25 de octubre del 2024 y 6 de noviembre 2024). 7- Se emitió por parte de la Comisión Plenaria la resolución No. 1932-2024-SETENA de las 10 horas 05 minutos del 6 de noviembre del 2024. En este caso, luego del análisis realizado desde la parte técnica y legal y de emitir una recomendación al órgano decisor, la Comisión Plenaria conoció el asunto en la sesión No. 85 y emitió la resolución en firme No. 1932-2024-SETENA de las 10 horas 05 minutos del 6 de noviembre del 2024 (anterior a la notificación del recurso de amparo en análisis) y se resolvió: PRIMERO: De conformidad con las razones de Hecho y Derecho de la presente resolución, acoger la Solicitud de aplicación de Medida Cautelar y ordenar la suspensión de actividades y de los efectos de la Resolución No. 1425-2023-SETENA que aprobó la Viabilidad Ambiental del proyecto Condominio Bella Flor de Montezuma, esto hasta tanto se resuelve el fondo de la Solicitud de Nulidad. SEGUNDO: Se ordena al Departamento de Evaluación Ambiental proceder con la revisión y el análisis de los argumentos indicados por el desarrollador y los documentos presentados, y así determinar si se mantiene lo resuelto mediante la resolución No. 1425- 2023-SETENA. TERCERO: Se ordena al Departamento de Evaluación Ambiental solicitar criterio al SINAC sobre la cobertura boscosa que se encuentra presente en el área de proyecto. CUARTO: Se ordena al desarrollador aportar los estudios que analizó el oficio Nombre194527, respecto al permiso emitido por parte de SENARA, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente resolución. Esta resolución fue debidamente notificada el día 12 del mismo mes y año a las 11:55 am, por cuanto se requería de la revisión final y correspondiente firma del Secretario General a.i, para la comunicación del acto adoptado. Con la información técnica anterior, queda por demostrado que esta Secretaría cumplió con el conocimiento, atención, análisis debido y la consecuente respuesta al interesado del incidente interpuesto, con un acto administrativo y firme del órgano colegiado decisor del 6 de noviembre del 2024. En este caso queda demostrado que la atención de la gestión, no fue consecuencia de la notificación del recurso de amparo, o su interposición, si no que desde el día 6 de noviembre del 2024, seis días antes de la notificación del amparo, el caso ya había sido resuelto con la interposición de una Medida Cautelar. Pero adicionalmente de previo a llegar a esa decisión queda demostrado que se realizaron gestiones interlocutorias necesarias para informar y motivar la decisión que se tomó, y de ordenar recabar prueba de otros entes competentes para poder resolver el fondo del asunto, en el tanto de análisis de caso y de las respuestas obtenidas se consideró necesario contar con las misma a efectos de tener todos los elementos probatorios y dictámenes necesarios, para llegar a resolver el fondo del incidente. Tercero: Conclusiones 1- Desde las competencias de esta Secretaría, se han llevado a cabo, todas las actuaciones necesarias para informar y motivar la decisión tomada, realizando los controles respectivos, y la aplicación de las medidas preventivas a modo de asegurar el resguardo del acuífero y otros factores ambientales presentes en el área del proyecto con la imposición de una de Medida Cautelar, actuación que ha sido debidamente notificada a las partes interesadas y se ordenó adicionalmente recabar prueba para mejor resolver en consulta a entes externos tal como SINAC y SENARA, criterios necesarios a efectos de poder resolver por resolución final la incidencia interpuesta. 2- Que lo resuelto y las actuaciones previas emitidas no se dieron como consecuencia de la interposición del presente recurso de amparo, sino que el acto administrativo, se formuló con anterioridad a que se notificara la resolución que dio curso al mismo, desde el 6 de noviembre del 2024. 3- Desde esta Secretaría, se ha actuado de conformidad a sus competencias y en respeto del debido proceso en materia administrativa y del Proceso de Evaluación Ambiental.

5.- Informa bajo juramento Roberto Valverde Paniagua, profesional Oficina Regional San Carlos, de la Unidad Hidrológica San Juan, del Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua, que: Respecto al tipo de acuífero captado por el Pozo CY-15. El acuífero es "semiconfinado" y debe clasificarse como "acuífero libre cubierto", esta Dirección difiere con lo indicado, ya que el mismo estudio que se menciona, el cual fue realizado en 2022 por Hidroingeniería S.A., declara: "Por el comportamiento de abatimiento inicial y rápida estabilización se considera un que estamos en presencia de un acuífero confinado, con su respectivo nivel piezométrico y dinámico. No se observa cambios en la pendiente, por lo que no se manifiestan evidencias de barreras positivas o negativas." Este estudio se encuentra en el expediente 23877-P, y esta Dirección concuerda con el criterio debido a que la capa Litológica situada por encima del acuífero corresponde a un suelo arcilloso de color café (según informe final de perforación presente en el expediente 23877-P), con un espesor de 12 metros, considerada una capa confinante. Con respecto a los retiros del pozo CY-15 y detección de coliformes en agua: Esta dirección revisó el estudio presentado por el solicitante. titulado "ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PRUEBA DE BOMBEO 72 horas TRÁNSITO DE CONTAMINANTE5 ANÁLISIS DE INTERFERENCIA POZO CY-15 Montezuma, Cóbano, Puntarenas" y en respuesta ante prevención en que se solicitó aclarar inconformidades con respecto a este estudio, se tuvo como resultado haberse demostrado técnicamente la factibilidad de una distancia de retiro de 16.01 metros para el pozo CY-15 y validada la justificación de que no habrá interferencia entre el pozo CY-15 y el cuerpo de agua tipo quebrada, sin afectación al recurso hídrico. Lo anterior revisado y aprobado técnicamente en los oficios DA-UHSAN-0705-2024 y DA-UHSAN-0862-2024. Se amplia en el tema de la contaminación detectada en el agua del pozo CY-15 por coliformes fecales y la interferencia entre el pozo y el cuerpo de agua. Según el estudio presentado por el solicitante, se declara y demuestra mediante un gráfico que: "No se prevé una afectación del pozo con la Quebrada intermitente debido a que el acuífero no abona agua a la Quebrada intermitente, debido a que el nivel del acuífero es inferior al nivel de la Quebrada. Por lo tanto, no existe riesgo de afectación del pozo a la Quebrada, se concluye que es improbable que el pozo esté afectando al cuerpo de agua superficial. En caso de que no exista una fuente de contaminación cercana al pozo (es decir, dentro del Retiro Operacional del Pozo o ROP), se deduce que la contaminación detectada en el agua del pozo proviene del acuífero y no directamente de la quebrada, como se señala en el recurso de amparo. Se plantea la posibilidad de que la quebrada al ser de tipo influente, esté afectando el acuífero que abastece al pozo. Esto sugiere que el pozo no impacta el cuerpo de agua superficial, en cambio, podría ser la quebrada la que influye indirectamente en la calidad del agua almacenada en el acuífero y que consecuentemente es extraída por pozo.

6.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 8:08 horas del 19 de diciembre de 2024, DIMITR RACHLIN, GERENTE TRES con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la sociedad de esta plaza denominada ONDAMONTEZUMAINC SRL presentó una coadyuvancia, e indicó: “PRIMERO: EN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE AGUAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA: Indica el recurrente, “que el pozo CY-15, actualmente clasificado como "acuífero semiconfinado", ubicado en Malpaís de Cóbano, muestra un nivel de 6.8 metros bajo la superficie, según un informe de 2022 realizado por la empresa Hidroingeniería S.A. Dichas circunstancias hacen que lo procedente sea clasificarlo como un "acuífero libre cubierto". Indica que el nivel del agua subterránea es muy superficial y por ende, más susceptible a contaminarse, lo cual se confirma puesto que se reportó presencia de coliformes fecales en el agua. Además, el pozo CY-15 se encuentra a 17 metros del límite del vecino más cercano y a 32 metros de un río, incumpliendo con las distancias mínimas establecidas por la Ley de Aguas, la cual exige 40 metros de separación de vecinos y 100 metros de separación de cuerpos de agua. Agrega que no se ha demostrado de manera concluyente que el pozo CY-15 no esté impactando la quebrada ubicada a 32 metros de distancia. Al contrario, la alta producción y presencia de contaminación fecal en el pozo sugieren que podría estar aprovechando agua de la quebrada, lo cual justifica su cierre inmediato y la cancelación del trámite de concesión.” Sugiere el recurrente, sin aportar prueba alguna más que su dicho, “dudas” en relación con la clasificación del pozo CY-15, las distancias mínimas de éste en relación con las colindancias y una quebrada, así como una eventual contaminación. Ante esta infundada imputación, la administración recurrida, presenta concluyente descargo, que desvirtúa en todo, las inexactas sugerencias del recurrente. Amén de las pruebas aportadas por la administración recurrida, es menester hacer del conocimiento de la honorable Sala Constitucional, la existencia de otra documentación probatoria que sustenta lo dicho por la recurrida. Así, mediante oficio 14 de agosto del 2024DA-UHSAN-0862-2024 dirigido al señor José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua de MINAE, por el señor Anthony Roberto Valverde Paniagua, Profesional de la Oficina Regional San Carlos Unidad Hidrológica San Juanito, se concluye técnicamente que: “Se demuestra técnicamente la factibilidad de una distancia de retiro de16.01metros para el pozo CY-15 ante posibles eventos potenciales de contaminación del acuífero… Teniendo en cuenta lo anterior, se valida la justificación de que no habrá interferencia entre el pozo CY-15 y el cuerpo de agua tipo quebrada. Por lo tanto, queda justificado técnica y científicamente que no existe afectación al recurso hídrico.” La citada prueba documental resulta útil y pertinente, toda vez que disipa las dudas sugeridas sin fundamento alguno por el recurrente, por lo que toda argumentación asociada a los principios precautorios que resguardan la tutela de los derechos fundamentales al ambiente y salud, se desvanecen al sustentarse técnica y científicamente lo resuelto por la administración, cuando se pronuncia favorablemente sobre este pozo. Al efecto, se adjunta la prueba a la que se hace referencia. Consecuencia de lo anterior, se hace injustificable sostener la aplicación del principio precautorio, a la luz de la jurisprudencia emitida por esta Sala: ““VI. -SOBRE EL PRINCIPIO PRECAUTORIO. - Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la bilateralidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322- 03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto- , se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “(…) Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos” En relación con lo argumentado frente al Pozo citado, resulta evidente que no se dan los supuestos que puedan justificar la observancia de los principios precautorios, que vayan a suspender las conductas administrativas emitidas, pues éstas son emitidas con fundamento en prueba científica y técnica que sustentan su adopción. No hay amenaza alguna de daños actuales o potenciales al medio ambiente, demostradas en el presente sumario por el recurrente, que requieran la adopción de una medida precautoria. SEGUNDO: EN RELACIÓN CON LA OMISIÓN DE RESPUESTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL Y LA DIRECCIÓN DE AGUAS: El recurrente afirma que el 27 de agosto de 2024 y el 1 de setiembre de 2024 envió una solicitud a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, respectivamente, para que se lleve a cabo una inspección y cierre de dicho pozo. Los informes rendidos por las administraciones, dan cuenta que ambas administraciones han respondido a las gestiones del recurrente, más aún, las respuestas dadas otorgan certeza que el resguardo al medio ambiente ha estado presente en su accionar, pues no solamente dan respuesta sino que, con vista en prueba científica, evidencian la conformidad con el ordenamiento de los actos administrativos emitidos. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LOS HECHOS: El presente asunto, versa exclusivamente en alegadas omisiones de respuesta. Sin embargo, conviene dejar en claro que, frente a situaciones referidas al medio ambiente, la actuación administrativa ha de estar fundada en la ciencia y la técnica. Lo anterior, es regulado en el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: “Artículo 16.- 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.” Esto cobra especial significado, cuando frente a la tutela del medio ambiente, la conducta administrativa, ha de servirse de la ciencia y la técnica para asegurar su adecuada protección. En este sensible tema, es abundante la jurisprudencia emitida por este alto tribunal. SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE PROTEGER EL AMBIENTE. La Sala Constitucional ha indicado, en reiterada jurisprudencia, que la Constitución Política y los instrumentos internacionales suscritos por Costa Rica, reconocen el derecho de los habitantes de la República a disfrutar del derecho a la salud y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna). En este sentido este Tribunal en sentencia No. 3705-93 de las 15 hrs. del 30 de julio de 1993 indicó: "...La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo...". De aquí se extrae una directriz mínima, según la cual el Estado Costarricense debe velar por la salud pública y la protección del ambiente. Ello implica no sólo que debe tomar las medidas necesarias para impedir que se atente contra ellos, sino también que debe adoptar medidas que los refuercen. Asimismo se ha reconocido el "principio precautorio", que obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario – dentro del ámbito permitido por el ordenamiento jurídico – a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio. Dentro de esta óptica, esta Sala mediante sentencia No. 1250-1999 de las 11:24 hrs. del 19 de febrero de 1999 dispuso: (...) en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente También, en la sentencia No. 132-99 de las 8:18 hrs. del 8 de enero de 1999 se indicó: "El principio de protección al medio ambiente no es una recomendación o una intención que da la Constitución, sino que, por el contrario, es un derecho de aplicación inmediata, por lo que existe una obligación por parte de los organismos gubernamentales de vigilar porque se cumplan las disposiciones legales que tiendan a proteger el medio ambiente." A manera de ejemplo, y en lo que aquí interesa, el Estado debe impedir la deforestación, el aprovechamiento irracional de los recursos naturales, tutelar el paisaje, proteger a determinadas especies, promover la creación de zonas de recreo, parques etc. IV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para casos como el de estudio, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura pasa por proteger el recurso antes de su degradación.” Habiendo sido dictadas las conductas, con base en la ciencia y la técnica, conforme la prueba aportada, existe certeza absoluta de protección al medio ambiente. De este modo, es claro que no ha acaecido violación alguna a derechos fundamentales en detrimento del recurrente, por lo que se solicita sea declarado sin lugar el presente recurso”.

 7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

  I.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA ACTIVA.  Por escrito aportado el 19 de diciembre de 2024, DIMITR RACHLIN, GERENTE TRES con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la sociedad de esta plaza denominada ONDAMONTEZUMAINC SRL presentó una coadyuvancia y solicitó se tuviera a dicha sociedad como coadyuvante activa del presente proceso. Afirma que se demostró técnicamente la factibilidad de una distancia de retiro de16.01metros para el pozo CY-15 ante posibles eventos potenciales de contaminación del acuífero y teniendo en cuenta lo anterior, se validó la justificación de que no habrá interferencia entre el pozo CY-15 y el cuerpo de agua tipo quebrada. Por lo tanto, queda justificado técnica y científicamente que no existe afectación al recurso hídrico. Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por la mencionada interviniente, resulta admisible la referida coadyuvancia.

 II. OBJETO DEL RECURSO. Señala el recurrente que el pozo CY-15, actualmente clasificado como "acuífero semiconfinado", ubicado en Malpaís de Cóbano, muestra un nivel de 6.8 metros bajo la superficie. Dichas circunstancias hacen que lo procedente sea clasificarlo como un "acuífero libre cubierto". Agrega que no se ha demostrado de manera concluyente que el citado pozo no esté impactando la quebrada ubicada a 32 metros de distancia. Al contrario, la alta producción y presencia de contaminación fecal en el pozo sugieren que podría estar aprovechando agua de la quebrada, lo cual justifica su cierre inmediato y la cancelación del trámite de concesión. Afirma que el 27 de agosto de 2024 y el 1 de setiembre de 2024, envió una solicitud a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, respectivamente, para que se lleve a cabo una inspección y cierre de dicho pozo. La gestión planteada ante la Dirección de Aguas se remitió a la dirección de correo electrónico: ...2138. Sin embargo, acusa que, a la fecha de interposición del presente recurso, no ha recibido respuesta ni se tiene conocimiento de algún abordaje a las solicitudes llevado a cabo por las autoridades recurridas. Estima lesionados sus derechos fundamentales.

 III. HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1.    Mediante resolución de Presidencia de las 10:24 horas del 08 de noviembre de 2024, se le dio curso al presente recurso de amparo, la cual se notificó a SETENA el 12 de noviembre de 2024 al ser las 10:29 horas y a la Dirección de Aguas el 8 de noviembre de 2024 (ver registro electrónico).

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)

2.    En fecha 27 de agosto de 2024, el recurrente ingresó una gestión de incidente de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la Viabilidad Licencia Ambiental otorgada al proyecto por medio de la resolución No. 1425-2023-SETENA y solicitud de apertura de procedimiento administrativo, en el cual realizó una seria de alegatos de fondo, que tienen que ver con omisiones de la evaluación ambiental del proyecto, según el consecutivo de ingreso de correspondencia 8513-2024, del 28 de agosto del 2024 (ver registro electrónico).

3.    La solicitud cursada, correspondió a una gestión en la cual se debió  activar un procedimiento administrativo, que conllevaba la realización previa de gestiones, que incluye una serie de actos, tal como recabar prueba, solicitud de criterios técnicos, dar audiencia a la parte desarrolladora del proyecto, análisis jurídico, se realizaron las siguientes actuaciones: 1- Se solicitó criterio técnico para mejor resolver (oficio No. SETENA-AJ-0298-2024 del 5 de setiembre del 2024). 2- Se brindó audiencia a la parte desarrolladora para que se refiriera a los alegatos indicados en el incidente (oficio No. SETENA-SG-1010-2024 del 5 de setiembre del 2024). 3- Se trasladó la respuesta y documentos aportados por el desarrollador al Dpto. Técnico para que fuera considerado en el criterio técnico solicitado (oficio SETENA-AJ-0320-2024 del 25 de setiembre del 2024). 4- El Dpto. Técnico realizó la repuesta (oficio DT-DEA-0812-2024 del 24 de setiembre 2024) 5- Se remitió la propuesta de resolución del incidente de nulidad a la Comisión Plenaria, para su conocimiento y resolución. (oficio AJ- 0332-2024 del 18 de octubre del 2024 6- Reuniones para el análisis del caso y aclaraciones sobre propuesta (25 de octubre del 2024 y 6 de noviembre 2024). 7- Se emitió por parte de la Comisión Plenaria la resolución No. 1932-2024-SETENA de las 10 horas 05 minutos del 6 de noviembre del 2024 (ver registro electrónico). 

4.    La Comisión Plenaria conoció el asunto en la sesión No. 85 y emitió la resolución en firme No. 1932-2024-SETENA de las 10 horas 05 minutos del 6 de noviembre del 2024 (anterior a la notificación del recurso de amparo en análisis) y se resolvió: “PRIMERO: De conformidad con las razones de Hecho y Derecho de la presente resolución, acoger la Solicitud de aplicación de Medida Cautelar y ordenar la suspensión de actividades y de los efectos de la Resolución No. 1425-2023-SETENA que aprobó la Viabilidad Ambiental del proyecto Condominio Bella Flor de Montezuma, esto hasta tanto se resuelve el fondo de la Solicitud de Nulidad. SEGUNDO: Se ordena al Departamento de Evaluación Ambiental proceder con la revisión y el análisis de los argumentos indicados por el desarrollador y los documentos presentados, y así determinar si se mantiene lo resuelto mediante la resolución No. 1425- 2023-SETENA. TERCERO: Se ordena al Departamento de Evaluación Ambiental solicitar criterio al SINAC sobre la cobertura boscosa que se encuentra presente en el área de proyecto. CUARTO: Se ordena al desarrollador aportar los estudios que analizó el oficio Nombre194527, respecto al permiso emitido por parte de SENARA, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente resolución” (ver registro electrónico). 

5.    La anterior resolución fue debidamente notificada el día 12 de noviembre a las 11:55 am, por cuanto se requería de la revisión final y correspondiente firma del secretario general Nombre32983, para la comunicación del acto adoptado (ver registro electrónico).

Unidad Hidrológica San Juan, del Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua.

1.    En fecha 30 de agosto de 2024, el recurrente envió una solicitud a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, para que se llevara a cabo una inspección y cierre de dicho pozo. La gestión planteada ante la Dirección de Aguas se remitió a la dirección de correo electrónico: ...2138; -medio oficial para recepción de gestiones de los usuarios- (ver registro electrónico).

2.    Mediante oficio DA-UHSAN-1176-2024, de fecha 13 de noviembre de 2024, la dirección de agua indicó que: “Respecto al tipo de acuífero captado por el Pozo CY-15. El acuífero es "semiconfinado" y debe clasificarse como "acuífero libre cubierto", esta Dirección difiere con lo indicado, ya que el mismo estudio que se menciona, el cual fue realizado en 2022 por Hidroingeniería S.A., declara: "Por el comportamiento de abatimiento inicial y rápida estabilización se considera un que estamos en presencia de un acuífero confinado, con su respectivo nivel piezométrico y dinámico. No se observa cambios en la pendiente, por lo que no se manifiestan evidencias de barreras positivas o negativas." Este estudio se encuentra en el expediente 23877-P, y esta Dirección concuerda con el criterio debido a que la capa Litológica situada por encima del acuífero corresponde a un suelo arcilloso de color café (según informe final de perforación presente en el expediente 23877-P), con un espesor de 12 metros, considerada una capa confinante. Con respecto a los retiros del pozo CY-15 y detección de coliformes en agua: Esta dirección revisó el estudio presentado por el solicitante. titulado "ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PRUEBA DE BOMBEO 72 horas TRÁNSITO DE CONTAMINANTE5 ANÁLISIS DE INTERFERENCIA POZO CY-15 Montezuma, Cóbano, Puntarenas" y en respuesta ante prevención en que se solicitó aclarar inconformidades con respecto a este estudio, se tuvo como resultado haberse demostrado técnicamente la factibilidad de una distancia de retiro de 16.01 metros para el pozo CY-15 y validada la justificación de que no habrá interferencia entre el pozo CY-15 y el cuerpo de agua tipo quebrada, sin afectación al recurso hídrico. Lo anterior revisado y aprobado técnicamente en los oficios DA-UHSAN-0705-2024 y DA-UHSAN-0862-2024. Se amplia en el tema de la contaminación detectada en el agua del pozo CY-15 por coliformes fecales y la interferencia entre el pozo y el cuerpo de agua. Según el estudio presentado por el solicitante, se declara y demuestra mediante un gráfico que: "No se prevé una afectación del pozo con la Quebrada intermitente debido a que el acuífero no abona agua a la Quebrada intermitente, debido a que el nivel del acuífero es inferior al nivel de la Quebrada. Por lo tanto, no existe riesgo de afectación del pozo a la Quebrada, se concluye que es improbable que el pozo esté afectando al cuerpo de agua superficial. En caso de que no exista una fuente de contaminación cercana al pozo (es decir, dentro del Retiro Operacional del Pozo o ROP), se deduce que la contaminación detectada en el agua del pozo proviene del acuífero y no directamente de la quebrada, como se señala en el recurso de amparo. Se plantea la posibilidad de que la quebrada al ser de tipo influente, esté afectando el acuífero que abastece al pozo. Esto sugiere que el pozo no impacta el cuerpo de agua superficial, en cambio, podría ser la quebrada la que influye indirectamente en la calidad del agua almacenada en el acuífero y que consecuentemente es extraída por pozo “(ver registro electrónico).

 IV. SOBRE EL CASO CONCRETO. Tras analizar los elementos probatorios aportados y los informes que rindieron bajo juramento las autoridades recurridas, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en el sub judice, se acredita una vulneración a los derechos de la parte tutelada por los motivos que a continuación se expondrán. Respecto a las actuaciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). En fecha 27 de agosto de 2024, el recurrente ingresó una gestión de incidente de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la Viabilidad Licencia Ambiental otorgada al proyecto por medio de la resolución No. 1425-2023-SETENA y solicitud de apertura de procedimiento administrativo, en el cual realizó una seria de alegatos de fondo, que tienen que ver con omisiones de la evaluación ambiental del proyecto, según el consecutivo de ingreso de correspondencia 8513-2024, del 28 de agosto del 2024. La solicitud cursada, correspondió a una gestión en la cual se debió  activar un procedimiento administrativo, que conllevaba la realización previa de gestiones, que incluye una serie de actos, tal como recabar prueba, solicitud de criterios técnicos, dar audiencia a la parte desarrolladora del proyecto, análisis jurídico, se realizaron las siguientes actuaciones: 1- Se solicitó criterio técnico para mejor resolver (oficio No. SETENA-AJ-0298-2024 del 5 de setiembre del 2024). 2- Se brindó audiencia a la parte desarrolladora para que se refiriera a los alegatos indicados en el incidente (oficio No. SETENA-SG-1010-2024 del 5 de setiembre del 2024). 3- Se trasladó la respuesta y documentos aportados por el desarrollador al Dpto. Técnico para que fuera considerado en el criterio técnico solicitado (oficio SETENA-AJ-0320-2024 del 25 de setiembre del 2024). 4- El Dpto. Técnico realizó la repuesta (oficio DT-DEA-0812-2024 del 24 de setiembre 2024) 5- Se remitió la propuesta de resolución del incidente de nulidad a la Comisión Plenaria, para su conocimiento y resolución. (oficio AJ- 0332-2024 del 18 de octubre del 2024 6- Reuniones para el análisis del caso y aclaraciones sobre propuesta (25 de octubre del 2024 y 6 de noviembre 2024). 7- Se emitió por parte de la Comisión Plenaria la resolución No. 1932-2024-SETENA de las 10 horas 05 minutos del 6 de noviembre del 2024. La Comisión Plenaria conoció el asunto en la sesión No. 85 y emitió la resolución en firme No. 1932-2024-SETENA de las 10 horas 05 minutos del 6 de noviembre del 2024 (anterior a la notificación del recurso de amparo en análisis) y se resolvió: “PRIMERO: De conformidad con las razones de Hecho y Derecho de la presente resolución, acoger la Solicitud de aplicación de Medida Cautelar y ordenar la suspensión de actividades y de los efectos de la Resolución No. 1425-2023-SETENA que aprobó la Viabilidad Ambiental del proyecto Condominio Bella Flor de Montezuma, esto hasta tanto se resuelve el fondo de la Solicitud de Nulidad. SEGUNDO: Se ordena al Departamento de Evaluación Ambiental proceder con la revisión y el análisis de los argumentos indicados por el desarrollador y los documentos presentados, y así determinar si se mantiene lo resuelto mediante la resolución No. 1425- 2023-SETENA. TERCERO: Se ordena al Departamento de Evaluación Ambiental solicitar criterio al SINAC sobre la cobertura boscosa que se encuentra presente en el área de proyecto. CUARTO: Se ordena al desarrollador aportar los estudios que analizó el oficio Nombre194527, respecto al permiso emitido por parte de SENARA, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la presente resolución”. La anterior resolución fue debidamente notificada el día 12 de noviembre a las 11:55 am, por cuanto se requería de la revisión final y correspondiente firma del secretario general a.i, para la comunicación del acto adoptado. Visto lo anterior, se aprecia que dicha resolución fue notificada a parte la tutelada luego de que se notificara el auto de curso de este proceso de amparo, razón por la cual se declara con lugar el recurso.  Respecto a las actuaciones de la Unidad Hidrológica San Juan, del Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Agua. Al respecto se tiene que efectivamente en fecha 30 de agosto de 2024, el recurrente envió una solicitud a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, para que se llevara a cabo una inspección y cierre de dicho pozo. La gestión planteada ante la Dirección de Aguas se remitió a la dirección de correo electrónico: ...2138; -medio oficial para recepción de gestiones de los usuarios. Por su parte señaló la dirección recurrida a esta Sala mediante oficio DA-UHSAN-1176-2024, de fecha 13 de noviembre de 2024,  que: “Respecto al tipo de acuífero captado por el Dirección22145 . El acuífero es "semiconfinado" y debe clasificarse como "acuífero libre cubierto", esta Dirección difiere con lo indicado, ya que el mismo estudio que se menciona, el cual fue realizado en 2022 por Hidroingeniería S.A., declara: "Por el comportamiento de abatimiento inicial y rápida estabilización se considera un que estamos en presencia de un acuífero confinado, con su respectivo nivel piezométrico y dinámico. No se observa cambios en la pendiente, por lo que no se manifiestan evidencias de barreras positivas o negativas." Este estudio se encuentra en el expediente 23877-P, y esta Dirección concuerda con el criterio debido a que la capa Litológica situada por encima del acuífero corresponde a un suelo arcilloso de color café (según informe final de perforación presente en el expediente 23877-P), con un espesor de 12 metros, considerada una capa confinante. Con respecto a los retiros del pozo CY-15 y detección de coliformes en agua: Esta dirección revisó el estudio presentado por el solicitante. titulado "ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PRUEBA DE BOMBEO 72 horas TRÁNSITO DE CONTAMINANTE5 ANÁLISIS DE INTERFERENCIA POZO CY-15 Montezuma, Cóbano, Puntarenas" y en respuesta ante prevención en que se solicitó aclarar inconformidades con respecto a este estudio, se tuvo como resultado haberse demostrado técnicamente la factibilidad de una distancia de retiro de 16.01 metros para el pozo CY-15 y validada la justificación de que no habrá interferencia entre el pozo CY-15 y el cuerpo de agua tipo quebrada, sin afectación al recurso hídrico. Lo anterior revisado y aprobado técnicamente en los oficios DA-UHSAN-0705-2024 y DA-UHSAN-0862-2024. Se amplia en el tema de la contaminación detectada en el agua del pozo CY-15 por coliformes fecales y la interferencia entre el pozo y el cuerpo de agua. Según el estudio presentado por el solicitante, se declara y demuestra mediante un gráfico que: "No se prevé una afectación del pozo con la Quebrada intermitente debido a que el acuífero no abona agua a la Quebrada intermitente, debido a que el nivel del acuífero es inferior al nivel de la Quebrada. Por lo tanto, no existe riesgo de afectación del pozo a la Quebrada, se concluye que es improbable que el pozo esté afectando al cuerpo de agua superficial. En caso de que no exista una fuente de contaminación cercana al pozo (es decir, dentro del Retiro Operacional del Pozo o ROP), se deduce que la contaminación detectada en el agua del pozo proviene del acuífero y no directamente de la quebrada, como se señala en el recurso de amparo. Se plantea la posibilidad de que la quebrada al ser de tipo influente, esté afectando el acuífero que abastece al pozo. Esto sugiere que el pozo no impacta el cuerpo de agua superficial, en cambio, podría ser la quebrada la que influye indirectamente en la calidad del agua almacenada en el acuífero y que consecuentemente es extraída por pozo “; todo lo cual no consta haber sido notificado a la parte recurrente, razón por la cual se declara con lugar el recurso.

  V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.             

Por tanto:

 Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en relación con la falta de respuesta por parte de la Dirección de Agua de la Oficina Regional San Carlos, Unidad Hidrológica San Juan, del Ministerio de Ambiente y Energía. Se le ordena a Roberto Valverde Paniagua, profesional de la Dirección de Agua de la Oficina Regional San Carlos, o, a quien en su lugar ejerza el cargo que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se notifique el oficio DA-UHSAN-1176-2024 de fecha 13 de noviembre de 2024,  al recurrente. Lo anterior, bajo la advertencia de que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Ministerio de Ambiente y Energía, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 24-031006-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:40:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Exp: 24-031006-0007-CO

Res. No. 2025000518

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty hours on the tenth of January of two thousand twenty-five .

  Amparo remedy filed by Name440 , identity card CED5781, against the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT (SETENA) AND THE WATER DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.

Whereas:

1.- By written submission added to the Electronic Case Management System of this Office on November 4, 2024, the petitioner files an amparo remedy and states that well CY-15, currently classified as a "semi-confined aquifer," located in Malpaís de Cóbano, shows a level of 6.8 meters below the surface. Such circumstances make it appropriate to classify it as a "covered unconfined aquifer." He adds that it has not been conclusively demonstrated that well CY-15 is not impacting the stream (quebrada) located 32 meters away. On the contrary, the high yield and presence of fecal contamination in the well suggest that it could be drawing water from the stream, which justifies its immediate closure and the cancellation of the concession (concesión) proceeding. He affirms that on August 27, 2024, and September 1, 2024, he sent a request to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and to the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, respectively, for an inspection and closure of said well to be carried out. The request filed before the Water Directorate was sent to the email address: ...2138. However, he alleges that, as of the date of filing this remedy, he has not received a response nor is there any knowledge of any action taken on the requests by the respondent authorities. He considers his fundamental rights to be harmed.

 2.- By ruling of the Presidency at 10:24 hours on November 8, 2024, this amparo remedy was given course, which was notified to SETENA on November 12, 2024, at 10:29 hours and to the Water Directorate on November 8, 2024 (see electronic record).

3.- Andrés Cortez Orozco, Acting Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), reports under oath that: Before this Secretariat, what the petitioner filed was a filing for an incident of absolute, evident, and manifest nullity of the Environmental License Feasibility granted to the project through resolution No. 1425-2023-SETENA and a request for the opening of an administrative procedure, in which he makes a series of substantive arguments, which go beyond a request for the closure of the well referred to in the ruling giving course to this proceeding, and which has to do with alleged omissions in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of the project, according to the incoming correspondence sequential number 8513-2024, of August 28, 2024. In response to the request filed, which corresponds to a proceeding in which an administrative procedure must be activated, which entails the prior execution of actions, including a series of acts, such as gathering evidence, requesting technical opinions, granting a hearing to the project developer, legal analysis, and not a mere right of petition, SETENA has followed the process as legally corresponds, according to the following actions: 1- A technical opinion was requested for a better resolution (official letter No. SETENA-AJ-0298-2024 of September 5, 2024). 2- A hearing was granted to the developer to address the arguments indicated in the incident (official letter No. SETENA-SG-1010-2024 of September 5, 2024). 3- The response and documents provided by the developer were forwarded to the Technical Dept. for consideration in the requested technical opinion (official letter SETENA-AJ-0320-2024 of September 25, 2024). 4- The Technical Dept. issues the response (official letter DT-DEA-0812-2024 of September 24, 2024). 5- The proposed resolution of the nullity incident was referred to the Plenary Commission, for its knowledge and resolution. (official letter AJ- 0332-2024 of October 18, 2024). 6- Meetings for the analysis of the case and clarifications on the proposal (October 25, 2024 and November 6, 2024). 7- Resolution No. 1932-2024-SETENA was issued by the Plenary Commission at 10 hours 05 minutes on November 6, 2024. In this case, after the analysis carried out from the technical and legal perspectives and after issuing a recommendation to the decision-making body, the Plenary Commission heard the matter in session No. 85 and issued final resolution No. 1932-2024-SETENA at 10 hours 05 minutes on November 6, 2024 (prior to the notification of the amparo remedy under analysis) and it was resolved: FIRST: In accordance with the factual and legal reasons of this resolution, to grant the Request for application of a Precautionary Measure and order the suspension of activities and the effects of Resolution No. 1425-2023-SETENA that approved the Environmental Feasibility of the Condominio Bella Flor de Montezuma project, until the merits of the Nullity Request are resolved. SECOND: The Department of Environmental Assessment is ordered to proceed with the review and analysis of the arguments indicated by the developer and the documents presented, and thus determine whether what was resolved via resolution No. 1425-2023-SETENA is upheld. THIRD: The Department of Environmental Assessment is ordered to request an opinion from SINAC on the forest cover (cobertura boscosa) present in the project area. FOURTH: The developer is ordered to provide the studies analyzed in official letter Name194527, regarding the permit issued by SENARA, within a period of 10 business days counted from the next business day following the notification of this resolution. This resolution was duly notified on the 12th of the same month and year at 11:55 am, as the final review and corresponding signature of the Acting Secretary General were required for the communication of the adopted act. With the foregoing technical information, it is demonstrated that this Secretariat complied with the knowledge, attention, due analysis, and the consequent response to the interested party regarding the filed incident, with an administrative act that is final from the collegiate decision-making body on November 6, 2024. In this case, it is demonstrated that the attention to the filing was not a consequence of the notification of the amparo remedy, or its filing, but rather that since November 6, 2024, six days before the notification of the amparo, the case had already been resolved with the imposition of a Precautionary Measure. But additionally, prior to reaching that decision, it is demonstrated that necessary interlocutory actions were taken to inform and motivate the decision made, and to order the gathering of evidence from other competent entities in order to resolve the merits of the matter. In the analysis of the case and the responses obtained, it was considered necessary to have them to gather all necessary evidentiary elements and opinions to reach a resolution on the merits of the incident. Third: Conclusions 1- Within the competencies of this Secretariat, all necessary actions have been taken to inform and motivate the decision made, performing the respective controls, and applying preventive measures to ensure the protection of the aquifer (acuífero) and other environmental factors present in the project area with the imposition of a Precautionary Measure, an action that has been duly notified to the interested parties and additionally ordered the gathering of evidence for a better resolution in consultation with external entities such as SINAC and SENARA, necessary opinions to be able to resolve the filed incidence by final resolution. 2- That what was resolved and the prior actions issued were not a consequence of the filing of this amparo remedy, but rather that the administrative act was formulated prior to the notification of the ruling that gave course to it, since November 6, 2024. 3- This Secretariat has acted in accordance with its competencies and in respect of due process in administrative matters and the Environmental Assessment Process.

5.- Roberto Valverde Paniagua, Professional of the San Carlos Regional Office, of the San Juan Hydrological Unit, of the Ministry of Environment and Energy, Water Directorate, reports under oath that: Regarding the type of aquifer tapped by Well CY-15. The aquifer is "semi-confined" and should be classified as a "covered unconfined aquifer," this Directorate disagrees with what is indicated, since the same study mentioned, which was conducted in 2022 by Hidroingeniería S.A., declares: "Due to the behavior of initial abatement and rapid stabilization, it is considered that we are in the presence of a confined aquifer, with its respective piezometric and dynamic level. No changes in slope are observed, so no evidence of positive or negative barriers is manifested." This study is found in file 23877-P, and this Directorate agrees with the opinion because the lithological layer situated above the aquifer corresponds to a brown clay soil (according to the final drilling report present in file 23877-P), with a thickness of 12 meters, considered a confining layer. Regarding the setbacks of well CY-15 and detection of coliforms in water: This directorate reviewed the study submitted by the applicant, titled "HYDROGEOLOGICAL STUDY PUMPING TEST 72 hours CONTAMINANT TRANSIT INTERFERENCE ANALYSIS WELL CY-15 Montezuma, Cóbano, Puntarenas" and in response to the prevention where it was requested to clarify discrepancies regarding this study, the result was having technically demonstrated the feasibility of a setback distance of 16.01 meters for well CY-15 and validated the justification that there will be no interference between well CY-15 and the stream-type water body, without affecting the water resource. The foregoing was technically reviewed and approved in official letters DA-UHSAN-0705-2024 and DA-UHSAN-0862-2024. The issue of contamination detected in the water of well CY-15 by fecal coliforms and the interference between the well and the water body is elaborated upon. According to the study submitted by the applicant, it is declared and demonstrated by a graphic that: "No impact of the well on the intermittent Stream is foreseen because the aquifer does not contribute water to the intermittent Stream, since the aquifer level is lower than the Stream level. Therefore, there is no risk of the well affecting the Stream; it is concluded that it is improbable that the well is affecting the surface water body. In the event that there is no source of contamination near the well (i.e., within the Operational Setback of the Well or ROP), it is deduced that the contamination detected in the well water comes from the aquifer and not directly from the stream, as indicated in the amparo remedy. The possibility is raised that the stream, being of an influent type, is affecting the aquifer that supplies the well. This suggests that the well does not impact the surface water body; instead, it could be the stream that indirectly influences the quality of the water stored in the aquifer and that is consequently extracted by the well."

6.- By written submission filed in the Secretariat of the Chamber at 8:08 hours on December 19, 2024, DIMITR RACHLIN, MANAGER THREE with powers of Unlimited General Attorney without Limit of Sum of the company domiciled in this city named ONDAMONTEZUMAINC SRL, filed a joinder (coadyuvancia), and indicated: “FIRST: IN RELATION TO THE WATER DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY: The petitioner indicates, "that well CY-15, currently classified as a 'semi-confined aquifer,' located in Malpaís de Cóbano, shows a level of 6.8 meters below the surface, according to a 2022 report made by the company Hidroingeniería S.A. These circumstances make it appropriate to classify it as a 'covered unconfined aquifer.' He indicates that the groundwater level is very shallow and therefore, more susceptible to contamination, which is confirmed since the presence of fecal coliforms in the water was reported. Furthermore, well CY-15 is located 17 meters from the boundary of the nearest neighbor and 32 meters from a river, failing to comply with the minimum distances established by the Water Law, which requires 40 meters separation from neighbors and 100 meters separation from water bodies. He adds that it has not been conclusively demonstrated that well CY-15 is not impacting the stream located 32 meters away. On the contrary, the high yield and presence of fecal contamination in the well suggest that it could be drawing water from the stream, which justifies its immediate closure and the cancellation of the concession proceeding." The petitioner suggests, without providing any evidence other than his own assertion, "doubts" regarding the classification of well CY-15, its minimum distances in relation to the adjoining properties and a stream, as well as eventual contamination. Before this unfounded imputation, the respondent administration presents a conclusive defense (descargo), which fully refutes the petitioner's inaccurate suggestions. In addition to the evidence provided by the respondent administration, it is necessary to make known to the honorable Constitutional Chamber the existence of other evidentiary documentation supporting the statements of the respondent. Thus, through official letter August 14, 2024 DA-UHSAN-0862-2024 addressed to Mr. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate of MINAE, by Mr. Anthony Roberto Valverde Paniagua, Professional of the San Carlos Regional Office San Juanito Hydrological Unit, it is technically concluded that: "The feasibility of a setback distance of 16.01 meters for well CY-15 against potential events of aquifer contamination is technically demonstrated... Taking the foregoing into account, the justification that there will be no interference between well CY-15 and the stream-type water body is validated. Therefore, it is technically and scientifically justified that there is no impact on the water resource." The cited documentary evidence is useful and pertinent, since it dispels the doubts suggested without any basis by the petitioner, therefore, all arguments associated with the precautionary principles that safeguard the protection of the fundamental rights to the environment and health vanish, as what was resolved by the administration when ruling favorably on this well is technically and scientifically supported. To this effect, the referenced evidence is attached. Consequently, it is unjustifiable to sustain the application of the precautionary principle (principio precautorio), in light of the jurisprudence issued by this Chamber: "“VI. -ON THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE (PRINCIPIO PRECAUTORIO). - One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary or prudent avoidance principle. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally indicates “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”. In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, includes as hermeneutical parameters the following principles: “1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary or in dubio pro natura criteria: When there is danger or threat of serious or imminent damage to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures”. In Ruling No. 1250-99 of 11:24 hours on February 19, 1999 (reiterated in Rulings Nos. 9773-00 of 9:44 hours on November 3, 2000, 1711-01 of 16:32 hours on February 27, 2001, and 6322-03 of 14:14 hours on July 3, 2003) this Court considered the following: “(...) Prevention aims to anticipate negative effects, and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage -or a doubt about it-, a precautionary measure must be adopted and even postpone the activity in question. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment”. Subsequently, in Ruling No. 3480-03 of 14:02 hours on May 2, 2003, this Court indicated that “(...) Well understood the precautionary principle (principio precautorio), it refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts” In relation to what is argued regarding the cited Well, it is evident that the conditions that could justify observing the precautionary principles, which would suspend the issued administrative actions, are not present, because these are issued based on scientific and technical evidence that supports their adoption. There is no threat whatsoever of current or potential damages to the environment, demonstrated in this summary proceeding by the petitioner, that require the adoption of a precautionary measure. SECOND: IN RELATION TO THE FAILURE TO RESPOND BY THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT AND THE WATER DIRECTORATE: The petitioner affirms that on August 27, 2024, and September 1, 2024, he sent a request to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) and to the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, respectively, for an inspection and closure of said well to be carried out. The reports rendered by the administrations demonstrate that both administrations have responded to the petitioner's filings, and moreover, the responses given provide certainty that the protection of the environment has been present in their actions, since they not only respond but also, based on scientific evidence, demonstrate conformity with the legal system of the administrative acts issued. LEGAL CONSIDERATIONS ON THE FACTS: The present matter deals exclusively with alleged failures to respond. However, it is appropriate to clarify that, in situations concerning the environment, administrative action must be based on science and technique. The foregoing is regulated in article 16 of the General Law of Public Administration, which provides: “Article 16.- 1. Under no circumstances may acts contrary to unequivocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic, or convenience be issued. 2. The Judge may control the conformity with these non-legal rules of the discretionary elements of the act, as if exercising a review of legality.” This takes on special significance when, regarding the protection of the environment, administrative conduct must make use of science and technique to ensure its adequate protection. On this sensitive topic, the jurisprudence issued by this high court is abundant. ON THE OBLIGATION OF THE STATE TO PROTECT THE ENVIRONMENT. The Constitutional Chamber has indicated, in reiterated jurisprudence, that the Political Constitution and the international instruments signed by Costa Rica recognize the right of the inhabitants of the Republic to enjoy the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment (articles 21, 50, 73, and 89 of the Magna Carta). In this sense, this Court, in judgment No. 3705-93 of 15 hrs. on July 30, 1993, indicated: "...Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this matter of the principle of 'injury,' already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself...". From this, a minimum guideline is extracted, according to which the Costa Rican State must ensure public health and environmental protection. This implies not only that it must take the necessary measures to prevent attacks against them, but also that it must adopt measures that reinforce them. Likewise, the "precautionary principle (principio precautorio)" has been recognized, which obliges the State to provide everything necessary – within the scope permitted by the legal system – to prevent irreversible damage to the environment. Within this perspective, this Chamber, through judgment No. 1250-1999 of 11:24 hrs. on February 19, 1999, ruled: (...) in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment. Also, in judgment No. 132-99 of 8:18 hrs. on January 8, 1999, it was indicated: "The principle of environmental protection is not a recommendation or an intention given by the Constitution, but rather, on the contrary, it is a right of immediate application, therefore there is an obligation on the part of government agencies to monitor compliance with legal provisions that tend to protect the environment." By way of example, and as relevant here, the State must prevent deforestation, the irrational exploitation of natural resources, protect the landscape, protect certain species, promote the creation of recreational areas, parks, etc. IV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary or prudent avoidance principle. This principle is contained in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally indicates “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”. In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, includes as hermeneutical parameters the following principles: “1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary or in dubio pro natura criteria: When there is danger or threat of serious or imminent damage to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be utilized as a reason for postponing the adoption of effective protection measures”. In Ruling No. 1250-99 of 11:24 hours on February 19, 1999 (reiterated in Rulings Nos. 9773-00 of 9:44 hours on November 3, 2000, 1711-01 of 16:32 hours on February 27, 2001, and 6322-03 of 14:14 hours on July 3, 2003) this Court considered the following: “(...) Prevention aims to anticipate negative effects, and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or the health of people. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage –or a doubt about it–, a precautionary measure must be adopted and even postpone the activity in question. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate for the damage caused to the environment”. Subsequently, in Ruling No. 3480-03 of 14:02 hours on May 2, 2003, this Court indicated that “Well understood the precautionary principle, it refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment.” For cases such as the one under study, the precautionary principle or in dubio pro natura assumes that when there are no studies or reports carried out in accordance with the unequivocal and exactly applied rules of science and technique that allow reaching a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request, suspend those in progress until the dubious state is cleared, and, in parallel, adopt all measures tending to its protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, sound environmental management involves protecting the resource before its degradation.” The actions having been ordered based on science and technique, according to the evidence provided, there is absolute certainty of environmental protection. Thus, it is clear that no violation of fundamental rights to the detriment of the petitioner has occurred, therefore, it is requested that this remedy be declared without merit.”

 7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

 Drawn up by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

  I.- ON THE REQUEST FOR ACTIVE JOINDER (COADYUVANCIA ACTIVA). By written submission filed on December 19, 2024, DIMITR RACHLIN, MANAGER THREE with powers of Unlimited General Attorney without Limit of Sum of the company domiciled in this city named ONDAMONTEZUMAINC SRL, filed a joinder (coadyuvancia) and requested that said company be considered an active joined party (coadyuvante activa) in this process. He affirms that the feasibility of a setback distance of 16.01 meters for well CY-15 against potential events of aquifer contamination was technically demonstrated, and considering the foregoing, the justification that there will be no interference between well CY-15 and the stream-type water body was validated. Therefore, it is technically and scientifically justified that there is no impact on the water resource. On this point, article 34, paragraph 3, of the Law of Constitutional Jurisdiction, stipulates that whoever has a legitimate interest in the process may intervene, whether in an active or passive capacity, as a joined party (coadyuvante). Consequently, by virtue of the provisions of the procedural rule cited above and what was stated by the mentioned intervenor, the referred joinder (coadyuvancia) is admissible.

 II. PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner states that well CY-15, currently classified as a "semi-confined aquifer," located in Malpaís de Cóbano, shows a level of 6.8 meters below the surface. Such circumstances make it appropriate to classify it as a "covered unconfined aquifer." He adds that it has not been conclusively demonstrated that the cited well is not impacting the stream (quebrada) located 32 meters away. On the contrary, the high yield and presence of fecal contamination in the well suggest that it could be drawing water from the stream, which justifies its immediate closure and the cancellation of the concession (concesión) proceeding.

He states that on August 27, 2024, and September 1, 2024, he sent a request to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) and to the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, respectively, for an inspection and closure of said well to be carried out. The petition filed before the Water Directorate was sent to the email address: ...2138. However, he alleges that, as of the date of filing this appeal, he has received no response nor is there any knowledge of any action taken on the requests by the respondent authorities. He considers his fundamental rights harmed.

III. PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent party has omitted to refer to them as provided in the initial order:

1. By a ruling of the Presidency at 10:24 a.m. on November 8, 2024, this amparo appeal was admitted, which was notified to SETENA on November 12, 2024, at 10:29 a.m. and to the Water Directorate on November 8, 2024 (see electronic record).

National Environmental Technical Secretariat (SETENA)

2. On August 27, 2024, the appellant filed a petition for an incident of absolute, evident, and manifest nullity of the Environmental License Feasibility granted to the project through resolution No. 1425-2023-SETENA and a request for the opening of an administrative proceeding, in which he made a series of substantive arguments related to omissions in the environmental impact assessment (evaluación ambiental) of the project, under incoming correspondence sequence number 8513-2024, dated August 28, 2024 (see electronic record).

3. The petition processed corresponded to a proceeding in which an administrative procedure had to be activated, entailing the prior completion of steps including a series of acts, such as gathering evidence, requesting technical criteria, granting a hearing to the project developer, and legal analysis; the following actions were taken: 1- A technical criterion was requested for a better resolution (official letter No. SETENA-AJ-0298-2024 of September 5, 2024). 2- A hearing was granted to the developer to address the arguments indicated in the incident (official letter No. SETENA-SG-1010-2024 of September 5, 2024). 3- The response and documents provided by the developer were forwarded to the Technical Department for consideration in the requested technical criterion (official letter SETENA-AJ-0320-2024 of September 25, 2024). 4- The Technical Department issued its response (official letter DT-DEA-0812-2024 of September 24, 2024). 5- The proposed resolution of the nullity incident was referred to the Plenary Commission for its knowledge and resolution (official letter AJ-0332-2024 of October 18, 2024). 6- Meetings for analysis of the case and clarifications on the proposal (October 25, 2024, and November 6, 2024). 7- The Plenary Commission issued resolution No. 1932-2024-SETENA at 10:05 a.m. on November 6, 2024 (see electronic record).

4. The Plenary Commission considered the matter in session No. 85 and issued the final resolution No. 1932-2024-SETENA at 10:05 a.m. on November 6, 2024 (prior to the notification of the amparo appeal under analysis), resolving: “FIRST: In accordance with the factual and legal grounds of this resolution, to accept the Request for the application of a Precautionary Measure and order the suspension of activities and the effects of Resolution No. 1425-2023-SETENA, which approved the Environmental Feasibility of the Condominio Bella Flor de Montezuma project, until the merits of the Nullity Request are resolved. SECOND: The Department of Environmental Assessment is ordered to proceed with the review and analysis of the arguments indicated by the developer and the documents submitted, to determine whether the decision made in resolution No. 1425-2023-SETENA is upheld. THIRD: The Department of Environmental Assessment is ordered to request an opinion from SINAC regarding the forest cover (cobertura boscosa) present in the project area. FOURTH: The developer is ordered to provide the studies analyzed in official letter Nombre194527, regarding the permit issued by SENARA, within a period of 10 business days counted from the business day following the notification of this resolution” (see electronic record).

5. The preceding resolution was duly notified on November 12 at 11:55 a.m., as final review and the corresponding signature of the general secretary Nombre32983 were required for the communication of the adopted act (see electronic record).

San Juan Hydrological Unit, of the Ministry of Environment and Energy, Water Directorate.

1. On August 30, 2024, the appellant sent a request to the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy for an inspection and closure of said well to be carried out. The petition filed before the Water Directorate was sent to the email address: ...2138; —the official channel for receiving user petitions— (see electronic record).

2. By official letter DA-UHSAN-1176-2024, dated November 13, 2024, the water directorate stated that: “Regarding the type of aquifer tapped by Well CY-15. The aquifer is ‘semi-confined’ and should be classified as a ‘covered unconfined aquifer.’ This Directorate disagrees with what was stated, because the same study mentioned, which was conducted in 2022 by Hidroingeniería S.A., declares: ‘Due to the behavior of initial drawdown and rapid stabilization, it is considered that we are in the presence of a confined aquifer, with its respective piezometric and dynamic level. No changes in the slope are observed, therefore no evidence of positive or negative barriers is evident.’ This study is in administrative case file 23877-P, and this Directorate agrees with the opinion because the lithological layer situated above the aquifer corresponds to a brown clay soil (according to the final drilling report present in administrative case file 23877-P), with a thickness of 12 meters, considered a confining layer. Regarding the setbacks of well CY-15 and the detection of coliforms in water: This directorate reviewed the study presented by the applicant, titled ‘HYDROGEOLOGICAL STUDY 72-HOUR PUMPING TEST CONTAMINANT TRANSPORT INTERFERENCE ANALYSIS WELL CY-15 Montezuma, Cóbano, Puntarenas,’ and in response to the preliminary order requesting clarification of non-conformities regarding this study, the result was that the feasibility of a setback distance of 16.01 meters for well CY-15 was technically demonstrated, and the justification was validated that there will be no interference between well CY-15 and the stream-type water body, without affecting the water resource. The foregoing was technically reviewed and approved in official letters DA-UHSAN-0705-2024 and DA-UHSAN-0862-2024. Expanding on the issue of contamination detected in the water of well CY-15 by fecal coliforms and the interference between the well and the water body. According to the study presented by the applicant, it is declared and demonstrated by means of a graph that: ‘No impact on the well from the intermittent stream is foreseen because the aquifer does not contribute water to the intermittent stream, due to the aquifer level being lower than the stream level. Therefore, there is no risk of the well affecting the stream; it is concluded that it is unlikely that the well is affecting the surface water body. In the event that there is no source of contamination near the well (that is, within the Operational Setback of the Well or ROP), it is deduced that the contamination detected in the well water originates from the aquifer and not directly from the stream, as indicated in the amparo appeal. The possibility is raised that the stream, being of an influent type, is affecting the aquifer that supplies the well. This suggests that the well does not impact the surface water body; instead, the stream could be the one indirectly influencing the quality of the water stored in the aquifer and consequently extracted by the well’” (see electronic record).

IV. ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities, this Tribunal has reached the conclusion that, in the sub judice case, a violation of the rights of the protected party is substantiated, for the reasons set forth below. Regarding the actions of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). On August 27, 2024, the appellant filed a petition for an incident of absolute, evident, and manifest nullity of the Environmental License Feasibility granted to the project through resolution No. 1425-2023-SETENA and a request for the opening of an administrative proceeding, in which he made a series of substantive arguments related to omissions in the environmental impact assessment of the project, under incoming correspondence sequence number 8513-2024, dated August 28, 2024. The petition processed corresponded to a proceeding in which an administrative procedure had to be activated, entailing the prior completion of steps including a series of acts, such as gathering evidence, requesting technical criteria, granting a hearing to the project developer, and legal analysis; the following actions were taken: 1- A technical criterion was requested for a better resolution (official letter No. SETENA-AJ-0298-2024 of September 5, 2024). 2- A hearing was granted to the developer to address the arguments indicated in the incident (official letter No. SETENA-SG-1010-2024 of September 5, 2024). 3- The response and documents provided by the developer were forwarded to the Technical Dept. for consideration in the requested technical criterion (official letter SETENA-AJ-0320-2024 of September 25, 2024). 4- The Technical Dept. issued its response (official letter DT-DEA-0812-2024 of September 24, 2024). 5- The proposed resolution of the nullity incident was referred to the Plenary Commission for its knowledge and resolution (official letter AJ-0332-2024 of October 18, 2024). 6- Meetings for analysis of the case and clarifications on the proposal (October 25, 2024, and November 6, 2024). 7- The Plenary Commission issued resolution No. 1932-2024-SETENA at 10:05 a.m. on November 6, 2024. The Plenary Commission considered the matter in session No. 85 and issued the final resolution No. 1932-2024-SETENA at 10:05 a.m. on November 6, 2024 (prior to the notification of the amparo appeal under analysis), resolving: “FIRST: In accordance with the factual and legal grounds of this resolution, to accept the Request for the application of a Precautionary Measure and order the suspension of activities and the effects of Resolution No. 1425-2023-SETENA, which approved the Environmental Feasibility of the Condominio Bella Flor de Montezuma project, until the merits of the Nullity Request are resolved. SECOND: The Department of Environmental Assessment is ordered to proceed with the review and analysis of the arguments indicated by the developer and the documents submitted, to determine whether the decision made in resolution No. 1425-2023-SETENA is upheld. THIRD: The Department of Environmental Assessment is ordered to request an opinion from SINAC regarding the forest cover present in the project area. FOURTH: The developer is ordered to provide the studies analyzed in official letter Nombre194527, regarding the permit issued by SENARA, within a period of 10 business days counted from the business day following the notification of this resolution.” The preceding resolution was duly notified on November 12 at 11:55 a.m., as final review and the corresponding signature of the acting general secretary were required for the communication of the adopted act. In view of the foregoing, it is observed that said resolution was notified to the protected party after the order admitting this amparo proceeding was notified, which is why the appeal is partially granted. Regarding the actions of the San Juan Hydrological Unit, of the Ministry of Environment and Energy, Water Directorate. In this regard, it is a fact that on August 30, 2024, the appellant sent a request to the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy for an inspection and closure of said well to be carried out. The petition filed before the Water Directorate was sent to the email address: ...2138; —the official channel for receiving user petitions. For its part, the respondent directorate indicated to this Chamber by official letter DA-UHSAN-1176-2024, dated November 13, 2024, that: “Regarding the type of aquifer tapped by the Dirección22145. The aquifer is ‘semi-confined’ and should be classified as a ‘covered unconfined aquifer.’ This Directorate disagrees with what was stated, because the same study mentioned, which was conducted in 2022 by Hidroingeniería S.A., declares: ‘Due to the behavior of initial drawdown and rapid stabilization, it is considered that we are in the presence of a confined aquifer, with its respective piezometric and dynamic level. No changes in the slope are observed, therefore no evidence of positive or negative barriers is evident.’ This study is in administrative case file 23877-P, and this Directorate agrees with the opinion because the lithological layer situated above the aquifer corresponds to a brown clay soil (according to the final drilling report present in administrative case file 23877-P), with a thickness of 12 meters, considered a confining layer. Regarding the setbacks of well CY-15 and the detection of coliforms in water: This directorate reviewed the study presented by the applicant, titled ‘HYDROGEOLOGICAL STUDY 72-HOUR PUMPING TEST CONTAMINANT TRANSPORT INTERFERENCE ANALYSIS WELL CY-15 Montezuma, Cóbano, Puntarenas,’ and in response to the preliminary order requesting clarification of non-conformities regarding this study, the result was that the feasibility of a setback distance of 16.01 meters for well CY-15 was technically demonstrated, and the justification was validated that there will be no interference between well CY-15 and the stream-type water body, without affecting the water resource. The foregoing was technically reviewed and approved in official letters DA-UHSAN-0705-2024 and DA-UHSAN-0862-2024. Expanding on the issue of contamination detected in the water of well CY-15 by fecal coliforms and the interference between the well and the water body. According to the study presented by the applicant, it is declared and demonstrated by means of a graph that: ‘No impact on the well from the intermittent stream is foreseen because the aquifer does not contribute water to the intermittent stream, due to the aquifer level being lower than the stream level. Therefore, there is no risk of the well affecting the stream; it is concluded that it is unlikely that the well is affecting the surface water body. In the event that there is no source of contamination near the well (that is, within the Operational Setback of the Well or ROP), it is deduced that the contamination detected in the well water originates from the aquifer and not directly from the stream, as indicated in the amparo appeal. The possibility is raised that the stream, being of an influent type, is affecting the aquifer that supplies the well. This suggests that the well does not impact the surface water body; instead, the stream could be the one indirectly influencing the quality of the water stored in the aquifer and consequently extracted by the well’”; none of which is recorded as having been notified to the appellant, which is why the appeal is partially granted.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are advised that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is partially granted, solely in relation to the lack of response by the Water Directorate of the San Carlos Regional Office, San Juan Hydrological Unit, of the Ministry of Environment and Energy. Roberto Valverde Paniagua, a professional of the Water Directorate of the San Carlos Regional Office, or whomever holds the position in his stead, is ordered to, within FIVE DAYS counted from the notification of this judgment, notify official letter DA-UHSAN-1176-2024 dated November 13, 2024, to the appellant. The foregoing, under the warning that, in accordance with article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The Ministry of Environment and Energy is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 24-031006-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:40:23.

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