Res. 00551-2025 Sala Constitucional — Belated MINAE response to environmental impact inquiriesRespuesta extemporánea de MINAE sobre consultas de impactos ambientales

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00551 - 2025

Fecha de la Resolución: 10 de Enero del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-032537-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-032537-0007-CO

Res. Nº 2025000551

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre89658   , cédula de identidad número CED7517, diputado de la República, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA1.

RESULTANDO:

 1.- Por escrito agregado a este expediente el Dirección20308    , el recurrente alegó, resumen, que, el Dirección22239     , mediante oficio número AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, solicitó a la Dirección de Agua información relativa a impactos ambientales del Centro Tecnológico de Transferencia de Desechos Sólidos en Nombre194999 de Osa. Sin embargo, no ha recibido respuesta.

 2.- Por resolución de las 15:11 horas del 22 de noviembre del 2024, se le dio curso al proceso, lo que se notificó a la autoridad recurrida el 27 de noviembre de 2024.

 3.- Por escrito agregado a este expediente el Dirección22200    , José Miguel Zeledón Calderón, director de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, rindió el informe. Indicó lo siguiente:

“Manifiesta el recurrente que con fecha 29 de octubre del 2024, envió por correo el oficio AL-FPFA-AARB-OFI0518-2024 y que a la fecha no se le ha contestado.

ANTECEDENTES DEL RECURSO DE AMPARO Y DE LA ATENCION DE DIFERENTES OFICIOS DEL RECURRENTE SOBRE EL TEMA EN CONSULTA.

Efectivamente, con fecha 29 de octubre se recibió vía correo electrónico el oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0518- 2024, y se siguió el procedimiento que ha dispuesto el Despacho del Ministro de Ambiente y Energía, para atender la correspondencia de los señores Diputados, preparándose el informe técnico correspondiente a fin de que se brinde la respuesta debida desde el Despacho. A esos efectos véase el correo electrónico enviado por la Directora de Despacho, Ana Luisa Leiva.

No obstante, de previo a entrar en el fondo del objeto del recurso, debemos indicar que la consulta que realiza el Diputado Nombre89658 en esta nueva ocasión (AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024), ya había sido atendida parcialmente, mediante el oficio DM-0942-2024 del 18 de octubre del 2024, por medio del cual se dio respuesta al oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0512-2024, de fecha 22 de octubre del 2024. En esa ocasión, el señor Nombre89658 consultó y requirió lo siguiente:

1.Copia digital del permiso de vertido de aguas residuales tratadas otorgado a nombre de NOVA TIERRA ENERGY COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con ente generador “Centro de Transferencia Tecnológica ambiental Ka Meat Sea”, expediente 6213-V.

2. Copia digital del expediente 6213-V.

3. Copia digital de los estudios técnicos utilizados para otorgar estos permisos.

4. ¿Se consideró el impacto ambiental sobre los Humedales Térraba Sierpe y el Río Sierpe? Se solicita adjuntar copia digital de los estudios técnicos referentes a este aspecto.

Mediante el oficio DM-0942-2024 de 18 de octubre del 2024, se le dio respuesta a la consulta para lo cual, conforme lo dispuesto y señalado por el Despacho del Ministro, se le adjunto copia del informe técnico emitido por la Dirección de Agua, mediante oficio DA-2468-2024 del 24 de octubre el 2024, en el que atendió uno por uno los puntos consultados en ese momento.

En respuesta al oficio DM-942-2024, el señor Nombre89658, consulta directamente al señor Ministro de Ambiente y Energía mediane oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024, del 29 de octubre del 2024, lo siguiente:

¿Se consideró el impacto ambiental sobre los Humedales Térraba Sierpe y el Río Sierpe siendo que el Río Nombre194999 Viejo es afluente de este Patrimonio Natural del Estado? Se solicita adjuntar copia digital de los estudios técnicos referentes a las afectaciones sobre el Patrimonio Natural del Estado en la zona.

2. En su respuesta DA-UHTPSOZ-1438-2024, donde se adjunta el permiso de vertido se indica que se cuenta con acceso a acueducto rural. ¿Se tiene por comprobado esta situación? Siendo que ni siquiera las personas vecinas de la comunidad tienen acceso a agua potable.

3. ¿Por qué no se consideró las afectaciones sobre Patrimonio Natural del Estado (Humedal Térraba Sierpe)?

4. ¿Qué visitas al campo realizó la Dirección de Aguas o personeros del MINAE para verificar la información suministrada? Se solicita copia digital de los informes o reportes de visita al lugar.

5. ¿Tiene certeza este ministerio y sus dependencias de que el número de finca aportado por el desarrollador corresponde al lugar físico donde se llevará a cabo el proyecto?

Para atender la respuesta del oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024, se preparó la información por parte de esta Dirección según el oficio DA-2628-2024 de fecha 14 de noviembre del 2024.

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE AMPARO Y LA FALTA DE RESPUESTA AL OFICIO AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, MEDIANTE LA CUAL CONSULTA LO SIGUIENTE:

1. ¿Qué estudios y aspectos técnicos se tomaron en cuenta para considerar las posibles afectaciones al Patrimonio Natural del Estado (Humedal Térraba Sierpe) al otorgar permisos de vertido de aguas residuales sobre un río que es afluente del Río Sierpe y por lo tanto, del Humedal Térraba Sierpe? Si no se consideró, favor explicar por qué no se consideraron estas afectaciones.

2. ¿Qué estudios y aspectos técnicos al respecto de las afectaciones a la salud de la comunidad de Nombre194999   se tomaron en cuenta para otorgar la viabilidad ambiental? Si no se consideró, favor explicar por qué no se consideraron estas afectaciones.

3. ¿Qué verificación de datos en campo realizó esta Dirección de Aguas para comprobar que exista disponibilidad de agua en el lugar siendo que la comunidad de Nombre194999 no cuenta con acceso a agua potable?

4. ¿Tiene certeza esta Dirección y sus dependencias de que el número de finca aportado por el desarrollador corresponde al lugar físico donde se llevará a cabo el proyecto?

5. ¿Cómo garantiza el permiso de vertido de aguas residuales otorgado por esta Dirección el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política para las y los vecinos de Nombre194999 de Osa?

Nuevamente, reiterar que para atender la consulta del señor Nombre89658, como se indicó al inicio de este oficio, se elaboró el informe técnico, según oficio DA-2537-2024 del 31 de octubre del 2024, como insumo técnico para que desde el Despacho del señor Ministro se atendiera la consulta del señor Nombre89658, remitiéndose por correo del 11 de noviembre del presente año, al Despacho del señor Ministro el oficio citado.

En este oficio se hace una descripción detallada de los procedimientos que conlleva la aprobación de un sistema de tratamiento y su permiso de vertido. Por otra parte, la consulta del señor Nombre89658 versa además sobre temas que no son competencia de esta Dirección tales como: estudios para otorgar la viabilidad ambiental (SETNA) o el tema de acceso a agua potable por parte de la comunidad (AYA o ASADAS), lo cual se le informó una vez más.

Es importante, informar que algunos aspectos de este nuevo oficio del señor Nombre89658, han sido contestados con los informes citados”.

4.- Informa bajo juramento Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, que: “1). Este Despacho Ministerial, procedió a darle respuesta al oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0518- 2024, del señor Nombre89658   , mediante el oficio DM-1115-2024, de fecha 28 de noviembre del 2024. 2). Conforme se demuestra con el comprobante adjunto se notificó oficialmente el oficio DM-1115- 2024, a las 16:50 horas, del día 28 de noviembre del 2024, cumpliendo así con lo ordenado por esta honorable Sala Constitucional”.

 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- OBJETO. El recurrente alegó que, el 29 de octubre del 2024, solicitó a la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía información relativa a impactos ambientales del Centro Tecnológico de Transferencia de Desechos Sólidos en Nombre194999 de Osa. Sin embargo, no ha recibido respuesta.

 II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1)   El Dirección22240    , el recurrente mediante oficio número AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, dirigido al director de Agua del MINAE, solicitó lo siguiente:

a.    “Reciba un saludo cordial, la presente tiene por fin solicitar la siguiente información referente al Centro Tecnológico de Transferencia de Desechos sólidos en Nombre194999   tramitado bajo el expediente Dl-0815-2022 ante SETENA y que ya cuenta con el permiso de vertido otorgado por esta Dirección de Aguas. Se solicita la siguiente información:

b.    l. ¿Qué estudios y aspectos técnicos se tomaron en cuenta para considerar las posibles afectaciones al Patrimonio Natural del Estado (Humedal Térraba Sierpe) al otorgar permisos de vertido de aguas residuales sobre un río que es afluente del Río Sierpe y por lo tanto, del Humedal Térraba Sierpe? Si no se consideró, favor explicar por qué no se consideraron estas afectaciones.

c.     ¿Qué estudios y aspectos técnicos al respecto de las afectaciones a la salud de la comunidad de Nombre194999   se tomaron en cuenta para otorgar la viabilidad ambiental? Si no se consideró, favor explicar por qué no se consideraron estas afectaciones.

d.    ¿Qué verificación de datos en campo realizó esta Dirección de Aguas para comprobar que exista disponibilidad de agua en el lugar siendo que la comunidad de Nombre194999 no cuenta con acceso a agua potable?

e.     ¿Tiene certeza esta Dirección y sus dependencias de que el número de finca aportado por el desarrollador corresponde al lugar físico donde se llevará a cabo el proyecto?

f.      ¿Cómo garantiza el permiso de vertido de aguas residuales otorgado por esta Dirección el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política para las y los vecinos de Nombre194999 de Osa?” (informe rendido y copia aportada).

2)   La Dirección de Agua elaboró informe técnico según oficio DA-2537-2024 del 31 de octubre del 2024, como insumo para que desde el Despacho del ministro se atendiera la consulta (informe rendido).

3)   El 11 de noviembre del 2024, la Dirección de Agua remitió al Despacho del ministro el oficio citado (informe rendido).

4)   El Despacho Ministerial, procedió a darle respuesta al oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0518- 2024, mediante el oficio DM-1115-2024, de fecha 28 de noviembre del 2024, el cual se notificó oficialmente a las 16:50 horas, del día 28 de noviembre del 2024 (informe rendido).

5)   Por resolución de las 15:11 horas del 22 de noviembre del 2024, se le dio curso al proceso, lo que se notificó a la autoridad recurrida el 27 de noviembre de 2024 (informe rendido).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, se tiene por acreditado que, el 29 de octubre del 2024, el recurrente mediante oficio número AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, dirigido al director de Agua del MINAE, solicitó lo siguiente: “Reciba un saludo cordial, la presente tiene por fin solicitar la siguiente información referente al Centro Tecnológico de Transferencia de Desechos sólidos en Nombre194999   tramitado bajo el expediente Dl-0815-2022 ante SETENA y que ya cuenta con el permiso de vertido otorgado por esta Dirección de Aguas. Se solicita la siguiente información: l. ¿Qué estudios y aspectos técnicos se tomaron en cuenta para considerar las posibles afectaciones al Patrimonio Natural del Estado (Humedal Térraba Sierpe) al otorgar permisos de vertido de aguas residuales sobre un río que es afluente del Río Sierpe y por lo tanto, del Humedal Térraba Sierpe? Si no se consideró, favor explicar por qué no se consideraron estas afectaciones. ¿Qué estudios y aspectos técnicos al respecto de las afectaciones a la salud de la comunidad de Nombre194999   se tomaron en cuenta para otorgar la viabilidad ambiental? Si no se consideró, favor explicar por qué no se consideraron estas afectaciones. ¿Qué verificación de datos en campo realizó esta Dirección de Aguas para comprobar que exista disponibilidad de agua en el lugar siendo que la comunidad de Nombre194999 no cuenta con acceso a agua potable?¿Tiene certeza esta Dirección y sus dependencias de que el número de finca aportado por el desarrollador corresponde al lugar físico donde se llevará a cabo el proyecto?¿Cómo garantiza el permiso de vertido de aguas residuales otorgado por esta Dirección el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política para las y los vecinos de Nombre194999 de Osa?”. Por su parte la Dirección de Agua elaboró informe técnico según oficio DA-2537-2024 del 31 de octubre del 2024, como insumo para que desde el Despacho del ministro se atendiera la consulta. El 11 de noviembre del 2024, la Dirección de Agua remitió al Despacho del ministro el oficio citado. El Despacho Ministerial, procedió a darle respuesta al oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0518- 2024, mediante el oficio DM-1115-2024, de fecha 28 de noviembre del 2024, el cual se notificó oficialmente a las 16:50 horas, del día 28 de noviembre del 2024, Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso como en efecto se dispone, sin emitir orden alguna, dado que la gestión presentada por la parte recurrente ya fue atendida por la autoridad recurrida.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

 VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

 VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 JCIMR46VM47M61

EXPEDIENTE N° 24-032537-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:40:09.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 00551 - 2025**

**Date of Resolution:** January 10, 2025 at 09:20

**Case File:** 24-032537-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Cruz Castro

**Type of Matter:** Amparo appeal

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the resolution**



Exp: 24-032537-0007-CO

Res. No. 2025000551

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours and twenty minutes on January tenth, two thousand twenty-five.

An amparo appeal filed by Nombre89658 , identity card number CED7517, Deputy of the Republic, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY1.

**WHEREAS:**

**1.-** By document added to this case file on Dirección20308 , the appellant alleged, in summary, that, on Dirección22239 , by official letter number AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, he requested information from the Directorate of Water regarding environmental impacts of the Solid Waste Transfer Technology Center in Nombre194999 of Osa. However, he has not received a response.

**2.-** By resolution at 15:11 hours on November 22, 2024, the proceedings were ordered to proceed, which was notified to the respondent authority on November 27, 2024.

**3.-** By document added to this case file on Dirección22200 , José Miguel Zeledón Calderón, Director of Water of the Ministry of Environment and Energy, submitted the report. He stated the following:

“The appellant states that on October 29, 2024, he sent official letter AL-FPFA-AARB-OFI0518-2024 by mail and that to date it has not been answered.

BACKGROUND OF THE AMPARO APPEAL AND THE HANDLING OF DIFFERENT OFFICIAL LETTERS FROM THE APPELLANT ON THE SUBJECT UNDER CONSULTATION.

Effectively, on October 29, official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024 was received via email, and the procedure established by the Office of the Minister of Environment and Energy was followed to handle correspondence from the members of Congress, preparing the corresponding technical report so that the appropriate response is provided from the Office. For these purposes, see the email sent by the Chief of Staff, Ana Luisa Leiva.

However, before going into the merits of the appeal, we must indicate that the consultation made by Deputy Nombre89658 on this new occasion (AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024), had already been partially addressed, through official letter DM-0942-2024 of October 18, 2024, by which a response was given to official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0512-2024, dated October 22, 2024. On that occasion, Mr. Nombre89658 consulted and requested the following:

1. A digital copy of the treated wastewater discharge permit granted in the name of NOVA TIERRA ENERGY COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, with generating entity “Ka Meat Sea Environmental Technology Transfer Center”, case file 6213-V.

2. A digital copy of case file 6213-V.

3. A digital copy of the technical studies used to grant these permits.

4. Was the environmental impact on the Térraba Sierpe Wetlands and the Sierpe River considered? It is requested to attach a digital copy of the technical studies referring to this aspect.

Through official letter DM-0942-2024 of October 18, 2024, a response was given to the consultation for which, as ordered and indicated by the Office of the Minister, a copy of the technical report issued by the Directorate of Water was attached, through official letter DA-2468-2024 of October 24, 2024, in which the points consulted at that time were addressed one by one.

In response to official letter DM-942-2024, Mr. Nombre89658 consulted the Minister of Environment and Energy directly through official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024, of October 29, 2024, the following:

Was the environmental impact on the Térraba Sierpe Wetlands and the Sierpe River considered, given that the Nombre194999 Viejo River is a tributary of this Natural Heritage of the State? It is requested to attach a digital copy of the technical studies referring to the effects on the Natural Heritage of the State in the area.

2. In your response DA-UHTPSOZ-1438-2024, where the discharge permit is attached, it is indicated that there is access to a rural aqueduct. Has this situation been verified? Given that not even the neighboring residents of the community have access to potable water.

3. Why were the effects on the Natural Heritage of the State (Térraba Sierpe Wetland) not considered?

4. What field visits did the Directorate of Water or MINAE officials carry out to verify the information provided? A digital copy of the site visit reports or logs is requested.

5. Is this ministry and its dependencies certain that the property number provided by the developer corresponds to the physical location where the project will be carried out?

To address the response to official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024, the information was prepared by this Directorate according to official letter DA-2628-2024 dated November 14, 2024.

ON THE MERITS OF THE AMPARO APPEAL AND THE LACK OF RESPONSE TO OFFICIAL LETTER AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, THROUGH WHICH THE FOLLOWING IS CONSULTED:

1. What technical studies and aspects were taken into account to consider possible effects on the Natural Heritage of the State (Térraba Sierpe Wetland) when granting wastewater discharge permits on a river that is a tributary of the Sierpe River and, therefore, of the Térraba Sierpe Wetland? If not considered, please explain why these effects were not considered.

2. What technical studies and aspects regarding the effects on the health of the community of Nombre194999 were taken into account to grant environmental viability? If not considered, please explain why these effects were not considered.

3. What field data verification did this Directorate of Water carry out to verify that there is water availability in the place, given that the community of Nombre194999 does not have access to potable water?

4. Is this Directorate and its dependencies certain that the property number provided by the developer corresponds to the physical location where the project will be carried out?

5. How does the wastewater discharge permit granted by this Directorate guarantee compliance with Article 50 of the Political Constitution for the residents of Nombre194999 of Osa?

Again, reiterate that to address the consultation of Mr. Nombre89658, as indicated at the beginning of this official letter, the technical report was prepared, according to official letter DA-2537-2024 of October 31, 2024, as technical input so that the Office of the Minister could address the consultation of Mr. Nombre89658, sending the cited official letter to the Office of the Minister by mail on November 11 of this year.

In this official letter, a detailed description is made of the procedures involved in the approval of a treatment system and its discharge permit. On the other hand, the consultation of Mr. Nombre89658 also deals with matters that are not the competence of this Directorate such as: studies to grant environmental viability (SETENA) or the issue of access to potable water by the community (AyA or ASADAS), which was informed to him once again.

It is important to report that some aspects of this new official letter from Mr. Nombre89658 have been answered with the cited reports.”

**4.-** Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy, reports under oath, that: “1). This Ministerial Office proceeded to respond to official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, from Mr. Nombre89658 , through official letter DM-1115-2024, dated November 28, 2024. 2). As evidenced by the attached proof, official letter DM-1115-2024 was officially notified at 16:50 hours, on November 28, 2024, thus complying with what was ordered by this honorable Constitutional Chamber”.

**5.-** In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

**Considering:**

**I.- PURPOSE.** The appellant alleged that, on October 29, 2024, he requested information from the Directorate of Water of the Ministry of Environment and Energy regarding environmental impacts of the Solid Waste Transfer Technology Center in Nombre194999 of Osa. However, he has not received a response.

**II.- PROVEN FACTS.** Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly proven:

1) On Dirección22240 , the appellant, through official letter number AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, addressed to the Director of Water of MINAE, requested the following:

a. “Receive a cordial greeting, the purpose of this letter is to request the following information regarding the Solid Waste Transfer Technology Center in Nombre194999 processed under case file Dl-0815-2022 before SETENA and which already has the discharge permit granted by this Directorate of Water. The following information is requested:

b. 1. What technical studies and aspects were taken into account to consider possible effects on the Natural Heritage of the State (Térraba Sierpe Wetland) when granting wastewater discharge permits on a river that is a tributary of the Sierpe River and, therefore, of the Térraba Sierpe Wetland? If not considered, please explain why these effects were not considered.

c. What technical studies and aspects regarding the effects on the health of the community of Nombre194999 were taken into account to grant environmental viability? If not considered, please explain why these effects were not considered.

d. What field data verification did this Directorate of Water carry out to verify that there is water availability in the place, given that the community of Nombre194999 does not have access to potable water?

e. Is this Directorate and its dependencies certain that the property number provided by the developer corresponds to the physical location where the project will be carried out?

f. How does the wastewater discharge permit granted by this Directorate guarantee compliance with Article 50 of the Political Constitution for the residents of Nombre194999 of Osa?” (report submitted and copy provided).

2) The Directorate of Water prepared a technical report according to official letter DA-2537-2024 of October 31, 2024, as input so that the Office of the Minister could address the consultation (report submitted).

3) On November 11, 2024, the Directorate of Water sent the cited official letter to the Office of the Minister (report submitted).

4) The Ministerial Office proceeded to respond to official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, through official letter DM-1115-2024, dated November 28, 2024, which was officially notified at 16:50 hours, on November 28, 2024 (report submitted).

5) By resolution at 15:11 hours on November 22, 2024, the proceedings were ordered to proceed, which was notified to the respondent authority on November 27, 2024 (report submitted).

**III.- ON THE SPECIFIC CASE.** In the sub examine, it is deemed accredited that, on October 29, 2024, the appellant, through official letter number AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, addressed to the Director of Water of MINAE, requested the following: “Receive a cordial greeting, the purpose of this letter is to request the following information regarding the Solid Waste Transfer Technology Center in Nombre194999 processed under case file Dl-0815-2022 before SETENA and which already has the discharge permit granted by this Directorate of Water. The following information is requested: 1. What technical studies and aspects were taken into account to consider possible effects on the Natural Heritage of the State (Térraba Sierpe Wetland) when granting wastewater discharge permits on a river that is a tributary of the Sierpe River and, therefore, of the Térraba Sierpe Wetland? If not considered, please explain why these effects were not considered. What technical studies and aspects regarding the effects on the health of the community of Nombre194999 were taken into account to grant environmental viability? If not considered, please explain why these effects were not considered. What field data verification did this Directorate of Water carry out to verify that there is water availability in the place, given that the community of Nombre194999 does not have access to potable water? Is this Directorate and its dependencies certain that the property number provided by the developer corresponds to the physical location where the project will be carried out? How does the wastewater discharge permit granted by this Directorate guarantee compliance with Article 50 of the Political Constitution for the residents of Nombre194999 of Osa?”. For its part, the Directorate of Water prepared a technical report according to official letter DA-2537-2024 of October 31, 2024, as input so that the Office of the Minister could address the consultation. On November 11, 2024, the Directorate of Water sent the cited official letter to the Office of the Minister. The Ministerial Office proceeded to respond to official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0518-2024, through official letter DM-1115-2024, dated November 28, 2024, which was officially notified at 16:50 hours, on November 28, 2024. Thus, the appropriate course is to declare the appeal with merit, as is hereby ordered, without issuing any order, given that the request presented by the appellant has already been addressed by the respondent authority.

**IV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION.** Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if applicable”), the grant of the appeal must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the appeal is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is issued “solely for purposes of indemnification and costs, if applicable”. It is emphasized that the Law indicates “if applicable”, which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident economic nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that upholds the appeal shall order, in the abstract, the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”, where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of General Public and Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.

**V.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.**

Although I agree with the rest of the Chamber in declaring the appeal with merit, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if applicable”.

On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

“...any resolution that upholds the appeal shall order, in the abstract, the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment”.

This last rule establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the judgment of the undersigned, from the systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court finds an injury to a fundamental right; and, therefore, declares the appeal with merit, as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo –a scenario contemplated in Article 52, referenced–, by force of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the order against the infringer for the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent measure, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the grant of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those cases, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional action.

Thus, the fact that at the time of hearing and resolving the amparo with merit, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory award in these regards, contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.

On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on, the merits of the claim, has verified the violation of their fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the process”.

The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that ordered the amparo to proceed; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that orders, in an unequivocal manner, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the rule in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, despite the grant of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared with merit “solely for purposes of indemnification and costs, if applicable”. As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly evident that in the specific case no compensable harm was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. Since in this case there is no element whatsoever that rebuts the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions –whose specific determination does not correspond to this jurisdiction–, the grant of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and I so declare.

As an additional reason, it should be noted that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary purpose the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, of the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From that perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on that verification, however, it does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the eminently economic sphere of the protected people. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said award (of damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that, it is within another ordinary proceeding, that it must be defined whether within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of economic injuries that are legally indemnifiable. As a reference, numerals 179 to 184 of the Contentious Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from awards ordered in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:

“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications”.

It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in the abstract in those items, since such type of claims would not be applicable within that type of cause when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the non-applicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express ruling in this regard. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express ruling by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, under the terms of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation of that economic award requires the proof, in each case, of situations from which it is reasonably concluded that there are no economic injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The sole circumstance that, in the course of the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the accused entity's own doing or by an external cause, the accused indolence or reproached disturbance, may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by mandate 52 alluded to, are proper for an award in the abstract that later constitutes a basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, this is not its object or primary ratio. Thus, the protected person is not responsible for claiming or demonstrating damages, being that what they seek is the safeguard of their fundamental rights. Later, whether those administrative conducts have produced injuries to them is an extreme that, as a matter of principle and save for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis in this type of cause. Note that, in the case regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make an analysis of the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it is not entered into an assessment of whether or not there is an infraction, whereby, much less can it be defined whether from what was denounced by the requester, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the dispensation of the award referred to in that rule is exceptional in nature, not a principle. Therefore, in those cases, the rule imposes the award in the abstract, so that it is within another plenary proceeding that its applicability is analyzed. Otherwise, if that liberation from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their economic sphere would be put at risk, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature, that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguard of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurs.

It is insisted that if the persistence of the threat or deterioration of their situation, until it was caused to cease for the reasons referred to in the provision under review, generated damages (daños y perjuicios), it is a matter that, absent evidence to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, solely due to the occurrence of the factual scenario regulated in the aforementioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority position, I cast my vote and reiterate that the granting of this recurso must necessarily entail a condemnation in the abstract for costs (costas), damages (daños y perjuicios).

VI.- DISSENTING OPINION OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the recurso shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs (costas), if they are applicable."

My interpretation of that provision is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to costs (costas). Moreover, article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs (costas).

Certainly, under article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the recurso de amparo is not compensatory but restitutory; however, article 51 of the LJC states: "Every resolution granting the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the recurso, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment."

If the right has been violated and the Chamber so finds, even if it has been restored, damages (daños y perjuicios) could have arisen. For this reason, a condemnation in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such a condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title —derived from this proceeding— to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite there being a condemnation in the abstract, the damages (daños y perjuicios) have not occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only that judge has the authority to find proven the real existence and magnitude of the same.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with a recurso de amparo. It remains to be said that article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs (costas), even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order condemnation in damages (daños y perjuicios), but not in costs (costas).

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The recurrente party is warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The recurso is granted, with no special condemnation in costs (costas), damages (daños y perjuicios). Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation in damages (daños y perjuicios) and costs (costas). Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders condemnation in damages (daños y perjuicios), but not in costs (costas). Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 





Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.





Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.





Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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JCIMR46VM47M61

EXPEDIENTE N° 24-032537-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:40:09.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República