Res. 00075-2025 Sala Constitucional — Consolidation of amparos on access to construction permits in river protection zonesAcumulación de amparos sobre acceso a permisos de construcción en zona de protección de ríos

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Sala Constitucional

Resolución Nº 00075 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Enero del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-033482-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-033482-0007-CO

Res. Nº 2025000075

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de enero de dos mil veinticinco .

 

   Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-033482-0007-CO, interpuesto por Nombre173241   , cédula de identidad CED132593, contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.

Resultando:

 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a las 15:50 horas del 27 de noviembre de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN. Manifiesta, en resumen, que anteriormente, acudió en amparo contra las autoridades recurridas, recurso que se tramita en el expediente N° 24-027574-0007-CO, en el que señaló: “(…) que en vista de que la empresa  denominada Finca La Familia Sociedad Anónima, con cédula jurídica número CED142044, representada por Marco David Jiménez Solís, está levantando unos enormes puentes colgantes y plataformas de descanso y de observación dentro de los 50 metros de la Zona de Protección de Ríos de la finca de su propiedad número 1-246334-000, sobre el río denominado Barucito, destruyendo gran cantidad de bosques y sotobosque para abrir espacio para la construcción de dichas obras, y con ello reduciendo el hábitat y fuentes de alimentación de la fauna, solicitó ante el Departamento de Control Constructivo de la municipalidad accionada, le certificaran o le hicieran constar si dicha empresa cuenta con permiso municipal para construir en las fincas de su propiedad, fincas de San José No. 246334-000 y No. 365366. En respuesta de dicho departamento a través del oficio No. CNS- 0280-24- ACO, con fecha del 08 de agosto del 2024, le indicó que la indicada empresa cuenta con el permiso municipal de construcción No. PDC-0531-2024- ACO, para la construcción de senderos accesibles y plataformas de observación por un área de 600 m2, en la finca de su propiedad No. 246334-000.  Señala que en razón de que la empresa citada, está levantando las obras indicadas dentro de los 50 metros de protección de ríos, y debido a que ante esta Sala existen pendientes para su resolución final sendas acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de los artículos 33 BIS y 33 TER de la Ley Forestal, y que esta Sala por resolución de las 14:35 horas del 06 de febrero del 2023, dictada en el expediente No. 23-002032-0007-CO, que es acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote, en contra de los artículos 33 BIS y 33 TER, puso en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de

inconstitucionalidad ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso; optó por solicitar copia del permiso de construcción otorgado por la municipalidad recurrida a la indicada empresa, para el levantamiento de las citadas obras. Lo anterior por ser de su interés averiguar qué caló en el ánimo de los funcionarios municipales para otorgar un permiso de construcción en la Zona de Protección de Ríos, pese a la existencia de la orden expresa emanada de esta Jurisdicción dirigida a todas las autoridades que agotan la vía administrativa, y que debido a ese pronunciamiento la Dirección de Aguas está impedida de otorgar dichos permisos, que sería el instrumento o herramienta que facultaría a cualquier municipalidad a otorgar permisos para construir en la Zonas de Protección de Ríos. Por ello, el 30 de septiembre de 2024, se apersonó a la municipalidad accionada, al ser las 7:30 horas, donde fue atendido por el guarda de seguridad del sitio y quien lo remitió a la Oficina del Catastro Municipal, donde le explicó a los funcionarios lo que solicitaba, presentándoles la solicitud escrita debidamente autenticada; sin embargo, le respondieron que por órdenes superiores del Departamento de Control Constructivo y de la misma Alcaldía, tienen prohibido entregar copias de los permisos de construcción a personas que no sean parte en dichos permisos, a no ser que medie orden de un juez, dado que los expedientes relacionado con los permisos de construcción son privados; denegándole el acceso al expediente. Acota que dichos funcionarios solo se limitaron a comunicarle que dichos expedientes son privados, no obstante, considera dicha justificación inválida, pues ante una solicitud de información de este tipo, que es un mero permiso de construcción municipal, la municipalidad está en la obligación de facilitar la información solicitada, o por lo menos realizar un análisis de los datos contenidos en el expediente cuya copia se solicitó, y suministrar únicamente los datos de interés público, resguardando los datos personales y sensibles, si es que existen. Añade que, tampoco tiene la obligación de acreditar cuál es el interés público que persigue con la obtención de la información aludida, ni dichos funcionarios tienen la facultad de colocar en el rango de lo privado un mero permiso de construcción que puede afectar los derechos e intereses de terceros o inclusive de la colectividad en su conjunto, por estar en riesgo los recursos naturales y el ambiente. Arguye que la información solicitada tiene un carácter eminentemente público, pues se trata de un permiso para el levantamiento de obras cuya construcción puede afectar a terceros respecto a los retiros frontales, posteriores y laterales, a la altura de las edificaciones, por poder estar dándosele un uso distinto al permitido, por falta del alineamiento de construcción del MOPT, falta de desfogues de aguas pluviales que puede ocasionar una reacción en cadena respecto a la correcta disposición de las aguas pluviales, falta de la viabilidad ambiental dependiendo de la obra y de su ubicación geográfica, el criterio del MINAE para zonas boscosas, la disponibilidad de agua potable, o la falta de permiso que debe otorgar la Dirección de Aguas del MINAE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 BIS y 33 TER de la Ley Forestal. Señala que ante la negativa, solo optó por solicitarles a los funcionarios que le recibieran la solicitud escrita (gestión visible en folio 28), que le colocaran el sello de recibido en la segunda copia, y que le notificaran al medio señalado lo que resolvieran respecto a dicha solicitud y así poder recurrir lo resuelto; sin embargo, también se negaron a recibirle la solicitud escrita, aduciendo que para que me iban a recibir algo que no contestarían. Alega que actualmente no tiene claro si los funcionarios municipales fueron descuidados a la hora de otorgar el citado permiso de construcción, o por el contrario lo otorgaron con pleno conocimiento y voluntad de que lo que hacían era antijurídico, pero con independencia de la forma en que lo otorgaron, lo cierto del caso es que ahora que se pone de manifiesto la problemática que está ocasionando tanto la municipalidad recurrida como la empresa Finca La Familia S.A. Refiere que la municipalidad recurrida también está infringiendo el principio de competencia funcional y material de las diferentes instituciones involucradas en el otorgamiento de los diferentes permisos, pues otorgó un permiso para levantar obras que son competencia o de resorte absoluto de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, conforme a lo establecido en los artículos 33 BIS y 33 TER de la Ley Forestal. (…)”. En esta ocasión, aporta una serie de apreciaciones al respecto del problema de fondo denunciado, particularmente la falta de control sobre las acciones del sujeto de derecho privado mencionado en el antecedente. Invoca la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente N° 23-002032-0007-CO. Indica que el 29 de octubre de 2024, solicitó copia de expediente administrativo N° ADM-0230-24-ACO, que la jefe del Departamento de Control Constructivo del gobierno local recurrido alega es la causa administrativa que tiene abierta en contra del sujeto de derecho privado para investigar su participación en los hechos denunciados. Acusa que se le denegó el acceso a dicho expediente, alegándose que se trata de un asunto privado, lo que niega y afirma que es el denunciante de los hechos expuestos ante las dependencias recurridas, hechos delictivos contra el ambiente y los recursos naturales y, en especial, contra el recurso hídrico, lo que atañe a todos los ciudadanos del país y, por ello, se le debe tener por apersonado en dicho expediente como denunciante calificado, y no como simple denunciante. Estima que lo expuesto viola sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

 2.- Mediante resolución de las 19:40 horas del 03 de diciembre de 2024, se dio curso al presente recurso.

 3.- Mediante escrito agregado a las 16:04 horas del 16 de diciembre de 2024, el recurrente interpone recurso de revocatoria, de reconsideración y solicitud de adición contra la resolución de las 19:40 horas del 03 de diciembre de 2024. Señala, que el suscrito recurrió al Señor NELSON JOSÉ FALLAS CAMPOS, Jefe de la oficina del SINAC de Pérez Zeledón, y al Jefe de la oficina de la Dirección de Aguas de esa misma Jurisdicción, pues dichos funcionarios omitieron adoptar las acciones que correspondían ante las denuncias formuladas por el suscrito recurrente ante sus oficinas, de hecho, dentro de pocos días dichas denuncias cumplirán dos meses desde su interposición y a la fecha de hoy ni siquiera me han contestado la más mínima gestión, es decir, desde que se interpuso la denuncia hace casi dos meses, dichos funcionarios han guardado silencio. Además, interpuso el amparo contra dichos funcionarios, por la omisión de decomisar el equipo y maquinaria utilizada por el representante de la empresa infractora para cometer los delitos de corta o eliminación de árboles e invasión a la zona de protección y solicita tener como recurridos a los funcionarios del SINAC y de la Dirección de Aguas.

4.- Informan bajo juramento Emanuel Ceciliano Alfaro y Yendry Quesada Sancho, en su condición respectiva de  Alcalde y Coordinadora a.i. de la Actividad de Control Constructivo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, que se otorgó un permiso de construcción apegado a la normativa vigente y aplicable en la materia, no obstante, se logró determinar que, por parte del administrado en el proceso de construcción procedieron a variar el proyecto respecto de lo aprobado por la dependencia municipal de Control Constructivo, para lo cual dicha oficina ya interpuso sus buenos oficios y se instauró el procedimiento correspondiente en sede administrativa conforme a derecho. Indican, que resulta falso que, el permiso de construcción antes mencionado, fue producto de una inspección realizada por funcionarios de esta Municipalidad y el Jefe del SINAC; ya que, dicha inspección (en la que no participó la Municipalidad ni el jefe de Dirección de Aguas, únicamente aportó un informe para verificar que el proyecto no afectaría áreas protección de nacientes y/o cobertura boscosa, lo anterior se puede verificar en el mapa 1 del informe rendido por el SINAC ubicado en la página 30 del escrito 001 del recurrido. Agregan, que tampoco es cierto que, por parte de la Municipalidad, no se han ejercido  labores de vigilancia, ya que, en atención a la denuncia recibida del aquí recurrente, se acudió a realizar inspección al proyecto en mención, incluso, de manera coordinada interinstitucionalmente con el SINAC y Dirección de Agua, en vista de la importancia del caso, el acta de dicha inspección se puede ver en la página 48 del escrito 001 del recurrente. Agrega, que también resulta falso que se violentara el tema de los sellos puesto que la colocación de sellos no es un acto mandatorio y en el presente caso no se utilizaron, tal como se le indicó en el oficio OFI-0673-24-ACO. Explican, que de la inspección realizada queda constancia el acta No. 0016-24-ACO-YQS y a boleta de paralización correspondiente. Aclara, que el proyecto en cuestión posee un permiso de construcción vigente, por lo que se paraliza la obra que invade el área de protección y lo que corresponde respecto a estas es la demolición. Consideran, que la Municipalidad ha atendido cada una de las gestiones del señor Nombre173241 , incluso dándose inicio a un expediente administrativo producto de la denuncia del recurrente, en donde se están llevando a cabo todas las diligencias administrativas para la búsqueda de la verdad real de los hechos en sede administrativa y proceder conforme a derecho, en donde de forma clara ostenta ser una parte del procedimiento y como tal con acceso al expediente administrativo de denuncia, motivo por el cual, cada uno de estos alegatos deben ser declarados sin lugar. Alegan que el recurrente es parte de un procedimiento administrativo en esta Municipalidad en calidad de denunciante según expediente administrativo DEN-0052-24-ACO, mismo al cual tiene total acceso como parte activa del procedimiento; sin embargo, confunde el aquí recurrente el hecho de acceso al expediente administrativo número ADM-0230-24-ACO, ya que dicho expediente obedece a una causa aparte de oficio entre esta Municipalidad y el administrado Marco Jiménez Solís,  expediente el cual contiene información de carácter confidencial, que es a lo que por parte de esta Municipalidad no se ha brindado acceso al señor Nombre173241 ,  debiendo necesario manifestar que dicho expediente está activo y sin finalizar. Explica, que resulta materialmente imposible que se le haga parte del expediente ADM-0230-24-ACO al recurrente, en razón que dicho expediente radica en una actuación de oficio de esta Municipalidad, y que, producto de la denuncia del recurrente  se procedió con la apertura de un expediente administrativo independiente en donde el  señor Nombre173241  figura como parte y tiene total acceso al expediente de supra. Recalca que, el permiso otorgado no contemplaba ningún tipo  de obra en áreas de protección, como sí lo quiere hacer ver el recurrente; no obstante, durante el proceso constructivo, se recibe denuncia del recurrente, la misma se atendió y se procedió como corresponde respecto a las obras que modifican radicalmente el proyecto. Refieren, que la inspección realizada el 22 de octubre de 2024 fue atendida con funcionarios del SINAC y Dirección de Aguas. En cuanto a la denuncia de los delitos ambientales ante quien corresponda, se atendió la denuncia del recurrente en inspección con SINAC y Dirección de Aguas, quienes son los competentes y en vista de que este caso fue atendido interinstitucionalmente, el enfoque de esta dependencia municipal es la regularización de las obras en el sentido urbanístico y ambiental conforme a la normativa, tal como se hizo para la aprobación del permiso de construcción otorgado originalmente. Solicita se declare sin lugar el recurso.

 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

 Considerando:

 I.-  Objeto del recurso.  El recurrente manifiesta que, ya interpuso otro recurso de amparo contra la Municipalidad recurrida debido a que solicitó  copia del permiso de construcción otorgado por la municipalidad recurrida a la empresa que construye las obras dentro de la zona de protección del río Barucitos, lo cual le fue denegado y, aporta una serie de apreciaciones al respecto del problema de fondo denunciado, particularmente la falta de control sobre las acciones del sujeto de derecho privado. Además, alega que el 29 de octubre de 2024, solicitó copia de expediente administrativo N° ADM-0230-24-ACO, y se le denegó alegándose que se trata de un asunto privado, pese a que él es el denunciante calificado. Estima que lo expuesto viola sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

 II.- Acumulación de procesos. Visto que existe una evidente conexidad entre lo discutido en el  recurso de amparo que se tramita ante esta Sala bajo expediente N° 24-027574-0007-CO  y el objeto de este amparo, ya que ambos se encuentran relacionados con el acceso a documentos afines con un proyecto de construcción que la Municipalidad recurrida autorizó en la zona del río Barucitos; y que según el dicho del recurrente le han sido negados; a fin de evitar resoluciones contradictorias, acumúlese este asunto al recurso indicado.

 III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se acumula este asunto al recurso de amparo que se tramita ante esta Sala en el expediente número  24-027574-0007-CO.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 OPVI7947BY2U61

EXPEDIENTE N° 24-033482-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:41:02.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 00075 - 2025

Date of Resolution: January 7, 2025 at 09:20

Case File: 24-033482-0007-CO

Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Type of Matter: Amparo Action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Text of the Resolution

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Exp: 24-033482-0007-CO

Res. No. 2025000075

 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on January seven, two thousand twenty-five.

 
   Amparo action processed in case file number 24-033482-0007-CO, filed by Nombre173241   , identity card CED132593, against the MUNICIPALITY OF PÉREZ ZELEDÓN.

Whereas:

 1.- By a writing filed with the Secretariat of the Chamber and added to the case file at 3:50 p.m. on November 27, 2024, the petitioner files an amparo action against the MUNICIPALITY OF PÉREZ ZELEDÓN. He states, in summary, that he previously filed an amparo action against the respondent authorities, an action processed in case file No. 24-027574-0007-CO, in which he indicated: “(…) that given that the company called Finca La Familia Sociedad Anónima, with legal identity number CED142044, represented by Marco David Jiménez Solís, is erecting enormous hanging bridges and rest and observation platforms within the 50 meters of the River Protection Zone of property number 1-246334-000, owned by them, on the river called Barucito, destroying large amounts of forest and understory to clear space for the construction of said works, and thereby reducing the habitat and food sources of the fauna, he requested the Department of Construction Control of the respondent municipality to certify or confirm whether said company has a municipal permit to build on its properties, San José properties No. 246334-000 and No. 365366. In response from said department through official letter No. CNS- 0280-24- ACO, dated August 8, 2024, he was informed that the indicated company has municipal construction permit No. PDC-0531-2024- ACO, for the construction of accessible trails and observation platforms for an area of 600 m2, on its property No. 246334-000. He indicates that because the cited company is erecting the indicated works within the 50 meters of river protection, and because there are pending final resolution before this Chamber respective unconstitutionality actions filed against articles 33 BIS and 33 TER of the Forestry Law (Ley Forestal), and that this Chamber, by resolution at 2:35 p.m. on February 6, 2023, issued in case file No. 23-002032-0007-CO, which is an unconstitutionality action filed by the Federation of Aqueducts of the El Chayote Protective Zone (Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote), against articles 33 BIS and 33 TER, informed the courts and the bodies that exhaust the administrative route that the unconstitutionality claim has been established, so that in processes or procedures in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, no final resolution is issued while the Chamber has not made a ruling on the case; he chose to request a copy of the construction permit granted by the respondent municipality to the indicated company for the erection of the cited works. The foregoing because it is in his interest to find out what swayed the municipal officials to grant a construction permit in the River Protection Zone, despite the existence of the express order emanating from this Jurisdiction directed to all authorities that exhaust the administrative route, and that because of that pronouncement the Dirección de Aguas is prevented from granting said permits, which would be the instrument or tool that would empower any municipality to grant permits to build in River Protection Zones. Therefore, on September 30, 2024, he appeared at the respondent municipality, at 7:30 a.m., where he was attended by the site security guard who directed him to the Municipal Cadastre Office, where he explained to the officials what he was requesting, presenting the duly authenticated written request; however, they responded that by superior orders of the Department of Construction Control and the Mayor's Office itself, they are prohibited from delivering copies of construction permits to persons who are not parties to said permits, unless ordered by a judge, given that the files related to construction permits are private; denying him access to the file. He notes that said officials only limited themselves to informing him that said files are private, however, he considers said justification invalid, because in the face of a request for information of this type, which is a mere municipal construction permit, the municipality is obliged to facilitate the requested information, or at least to conduct an analysis of the data contained in the file whose copy was requested, and provide only the data of public interest, safeguarding personal and sensitive data, if any exist. He adds that he also has no obligation to prove what public interest he pursues in obtaining the aforementioned information, nor do said officials have the power to place in the realm of privacy a mere construction permit that can affect the rights and interests of third parties or even of the community as a whole, because natural resources and the environment are at risk. He argues that the requested information is eminently public in nature, since it is a permit for the erection of works whose construction may affect third parties regarding front, rear, and side setbacks, the height of the buildings, as it could be being given a use different from that permitted, due to lack of MOPT construction alignment, lack of stormwater drainage that could cause a chain reaction regarding the correct disposal of stormwater, lack of environmental feasibility (viabilidad ambiental) depending on the work and its geographical location, the MINAE criterion for forested areas, the availability of potable water, or the lack of a permit that must be granted by the Dirección de Aguas of MINAE, in accordance with the provisions of articles 33 BIS and 33 TER of the Forestry Law (Ley Forestal). He indicates that in the face of the refusal, he only chose to ask the officials to receive the written request (a procedure visible on folio 28), to place the received stamp on the second copy, and to notify him at the indicated means of whatever they resolved regarding said request so that he could appeal the resolution; however, they also refused to receive the written request, arguing why would they receive something they were not going to answer. He alleges that currently it is not clear to him whether the municipal officials were careless when granting the cited construction permit, or on the contrary they granted it with full knowledge and will that what they were doing was unlawful, but regardless of the manner in which they granted it, the fact of the matter is now that the problem being caused by both the respondent municipality and the company Finca La Familia S.A. is made evident. He refers that the respondent municipality is also infringing the principle of functional and material competence of the different institutions involved in granting the various permits, since it granted a permit to erect works that are the absolute competence or purview of the Dirección de Aguas of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), in accordance with the provisions of articles 33 BIS and 33 TER of the Forestry Law (Ley Forestal). (…)”. On this occasion, he provides a series of assessments regarding the underlying problem reported, particularly the lack of control over the actions of the private legal entity mentioned in the background. He invokes the unconstitutionality action processed in case file No. 23-002032-0007-CO. He indicates that on October 29, 2024, he requested a copy of administrative file No. ADM-0230-24-ACO, which the head of the Department of Construction Control of the respondent local government claims is the administrative case it has opened against the private legal entity to investigate its participation in the reported events. He accuses that he was denied access to said file, alleging that it is a private matter, which he denies and affirms that he is the complainant of the facts presented before the respondent offices, criminal acts against the environment and natural resources and, especially, against water resources, which concerns all citizens of the country and, therefore, he should be considered a party appearing in said file as a qualified complainant, and not as a simple complainant. He considers that the foregoing violates his fundamental rights. He requests that the action be granted, with the legal consequences.

 2.- By resolution at 7:40 p.m. on December 3, 2024, this action was admitted for processing.

 3.- By a writing added at 4:04 p.m. on December 16, 2024, the petitioner files an appeal for revocation, reconsideration, and a request for addition against the resolution at 7:40 p.m. on December 3, 2024. He indicates that the undersigned appealed to Mr. NELSON JOSÉ FALLAS CAMPOS, Head of the SINAC office of Pérez Zeledón, and to the Head of the Dirección de Aguas office of that same Jurisdiction, because said officials omitted to adopt the corresponding actions in the face of the complaints filed by the undersigned petitioner before their offices; in fact, within a few days said complaints will be two months old since their filing and as of today's date they have not even answered the slightest procedure, that is, since the complaint was filed almost two months ago, said officials have remained silent. Furthermore, he filed the amparo action against said officials, for the omission to seize the equipment and machinery used by the representative of the offending company to commit the crimes of cutting or elimination of trees and invasion of the protection zone, and requests that the officials of SINAC and the Dirección de Aguas be considered as respondents.

4.- Emanuel Ceciliano Alfaro and Yendry Quesada Sancho, in their respective capacities as Mayor and Acting Coordinator of the Construction Control Activity, both of the Municipality of Pérez Zeledón, report under oath that a construction permit was granted in compliance with the regulations in force and applicable to the matter; however, it was determined that, during the construction process, the managed party proceeded to vary the project from what was approved by the municipal office of Construction Control, for which said office has already intervened and the corresponding procedure was instituted in the administrative venue in accordance with the law. They indicate that it is false that the aforementioned construction permit was the product of an inspection carried out by officials of this Municipality and the Head of SINAC; given that, said inspection (in which neither the Municipality nor the head of Dirección de Aguas participated, they only provided a report to verify that the project would not affect protection areas for springs (nacientes) and/or forest cover (cobertura boscosa), this can be verified in map 1 of the report issued by SINAC located on page 30 of writing 001 of the respondent. They add that it is also not true that the Municipality has not carried out surveillance work, since, in response to the complaint received from the petitioner here, an inspection of the project in question was carried out, even in an inter-institutionally coordinated manner with SINAC and Dirección de Agua, given the importance of the case; the minutes of said inspection can be seen on page 48 of writing 001 of the petitioner. He adds that it is also false that the issue of seals was violated since the placement of seals is not a mandatory act and in the present case they were not used, as was indicated in official letter OFI-0673-24-ACO. They explain that the inspection carried out is recorded in minutes No. 0016-24-ACO-YQS and the corresponding stop-work order. They clarify that the project in question has a valid construction permit, therefore the work invading the protection area is halted and what corresponds regarding these works is demolition. They consider that the Municipality has attended to each of the procedures of Mr. Nombre173241, even initiating an administrative file as a result of the petitioner's complaint, where all administrative diligence is being carried out to seek the real truth of the facts in the administrative venue and to proceed in accordance with the law, where he clearly holds that he is a party to the procedure and as such has access to the administrative complaint file, which is why each of these allegations must be dismissed. They allege that the petitioner is a party to an administrative procedure in this Municipality as a complainant under administrative file DEN-0052-24-ACO, to which he has total access as an active party to the procedure; however, the petitioner here confuses the fact of access to administrative file number ADM-0230-24-ACO, since said file corresponds to a separate ex officio case between this Municipality and the managed party Marco Jiménez Solís, a file which contains information of a confidential nature, which is what this Municipality has not provided access to Mr. Nombre173241, it being necessary to state that said file is active and not finalized. They explain that it is materially impossible to make the petitioner a party to file ADM-0230-24-ACO, because said file stems from an ex officio action by this Municipality, and that, as a result of the petitioner's complaint, an independent administrative file was opened in which Mr. Nombre173241 appears as a party and has total access to the aforementioned file. They emphasize that the permit granted did not contemplate any type of work in protection areas, as the petitioner tries to suggest; however, during the construction process, a complaint was received from the petitioner, it was attended to, and action was taken as appropriate regarding the works that radically modify the project. They refer that the inspection carried out on October 22, 2024, was attended with officials from SINAC and Dirección de Aguas. Regarding the complaint of environmental crimes before the corresponding authority, the petitioner's complaint was addressed in an inspection with SINAC and Dirección de Aguas, who are the competent authorities, and given that this case was attended inter-institutionally, the focus of this municipal office is the regularization of the works in the urbanistic and environmental sense in accordance with regulations, as was done for the approval of the construction permit originally granted. They request that the action be dismissed.

 4.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

 Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

 Considering:

 I.- Object of the action. The petitioner states that he already filed another amparo action against the respondent Municipality because he requested a copy of the construction permit granted by the respondent municipality to the company constructing the works within the protection zone of the Barucitos river, which was denied to him and, he provides a series of assessments regarding the underlying problem reported, particularly the lack of control over the actions of the private legal entity. In addition, he alleges that on October 29, 2024, he requested a copy of administrative file No. ADM-0230-24-ACO, and it was denied to him alleging that it is a private matter, even though he is the qualified complainant. He considers that the foregoing violates his fundamental rights. He requests that the action be granted, with the legal consequences.

 II.- Accumulation of proceedings. Given that there is an evident connection between what is discussed in the amparo action processed before this Chamber under case file No. 24-027574-0007-CO and the object of this amparo, since both are related to access to documents related to a construction project that the respondent Municipality authorized in the Barucitos river area; and which according to the petitioner's statement have been denied to him; in order to avoid contradictory resolutions, this matter is accumulated to the indicated action.

 III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

This matter is accumulated to the amparo action processed before this Chamber in case file number 24-027574-0007-CO.-

 
 
 

	
Fernando Castillo V.

President

	
 



Fernando Cruz C.

	
 

	
Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

	
 

	
Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

	
 

	
Ingrid Hess H.

 

 
Digitally Signed Document

-- Verification code --

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 OPVI7947BY2U61

CASE FILE No. 24-033482-0007-CO

 
Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Morenos Street, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, Dirección17  

 
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SCIJ de la Procuraduría General de la República