Res. 01161-2025 Sala Constitucional — Declassification of municipal parks and donation to MEP without compensationDesafectación de parques municipales y donación al MEP sin compensación

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01161 - 2025

Fecha de la Resolución: 15 de Enero del 2025 a las 10:05

Expediente: 22-005867-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Control constitucional: Sentencia desestimatoria

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tema: PROPIEDAD

Subtemas:

NO APLICA.

PROPIEDAD. DONACIÓN DE INMUEBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Expediente: 22-005867-0007-CO

Sentencia: 001161-25 del 15 de enero del 2025

Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Norma impugnada: Ley de desafectación de los bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Curridabat y autorización para donarlos al Ministerio de Educación Pública. (Escuela José María Zeledón). No. 10118

Parte dispositiva: Se declara SIN lugar la acción. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y rechaza la admisibilidad de esta acción de inconstitucionalidad en lo relativo a la alegada lesión del principio de autonomía municipal.

CO02/25

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Texto de la resolución

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Exp: 22-005867-0007-CO

Res. Nº 2025001161

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cinco minutos del quince de enero de dos mil veinticinco .

 Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre194565  , en su condición de Alcalde de Curridabat, para que se declare inconstitucional la “Ley de desafectación de dos bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Curridabat y autorización para donarlos al Ministerio de Educación Pública (Escuela José María Zeledón)”, n.° 10118, publicada en el Alcance n.° 36 a la Gaceta n.° 33 del 18 de febrero de 2022, por estimarla violatoria de los artículos 50 y 170 de la Constitución Política. Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa y el Ministro de Educación Pública.

Resultando:

    1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:28 del 18 de marzo del 2022, el accionante solicita se declare inconstitucional la “Ley de desafectación de dos bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Curridabat y autorización para donarlos al Ministerio de Educación Pública (Escuela José María Zeledón)”, n.° 10118, publicada en el Alcance n.° 36 a la Gaceta n.° 33 del 18 de febrero de 2022, por estimarla violatoria de los artículos 50 y 170 de la Constitución Política. La normativa se impugna, por cuanto la Municipalidad de Curridabat es propietaria registral de dos bienes inmuebles que se ubican en el distrito de Curridabat, específicamente en la Urbanización José María Zeledón, que se detallan así: “a. Finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio real matricula número Placa36959        (Placa36960.° - ), con una medida de once mil ochocientos cuarenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (11849,58 m2), naturaleza parque. b. Finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio real matricula número Placa36961        (Placa36962.° - ), con una medida de trece mil ciento treinta y ocho metros con veinticinco decímetros cuadrados (13.138,25 m2), naturaleza parque”. El 29 de setiembre de 2020, se presentó el proyecto de ley -denominado en ese entonces- "Autorización a la Municipalidad de Curridabat para que segregue dos lotes de su propiedad, los cuales se desafectan del uso público, se afectan a un nuevo uso público, y los done al Ministerio de Educación Pública (Escuela José María Zeledón Brenes)", al que se asignó el número de expediente legislativo n.° 22.235 por el que se proponía autorizar a la Municipalidad de Curridabat, para que de los dos lotes antes mencionados, se segregaran porciones de cada uno de ellos para así donarlos al Ministerio de Educación Pública (en adelante MEP), con el fin de que se restaure y construyan las nuevas obras para la Escuela José María Zeledón Brenes que se encuentra asentada en este y, que ha quedado rezagada en infraestructura, al no estar a nombre del MEP. Para ello, se disponía cambiar la naturaleza del terreno con el fin de que pasara de "terreno de parque" a terreno destinado a la “consolidación del centro educativo Escuela José María Zeledón Brenes”. Como parte del proceso legislativo, mediante oficio CPEM-101-2020 del 10 de marzo de 2021, suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, en su condición de Jefa del Área de Comisiones Legislativa, y recibido en la Municipalidad de Curridabat el 16 de marzo de 2021, se solicitó evacuar la consulta remitida por la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, en relación con ese proyecto. Así que, mediante oficio MC-CM-116-03-2021 del 24 de marzo de 2021, remitido esa misma fecha se transcribió el acuerdo n.° 4, que consta en el artículo 2, capítulo 3 del acta de la sesión ordinaria n.° 47-2021 del 23 de marzo de 2021, por el que el Concejo Municipal de Curridabat adoptó evacuar negativamente la consulta del proyecto de ley n.° 22.235, por cuanto son terrenos destinados a parque público y no es posible compensar el uso con otro terreno ubicado en la zona, de conformidad con lo que indica el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. A pesar de contar con dicha oposición, así como de las advertencias emitidas por parte de Servicios Técnicos en igual sentido, el expediente contó con el dictamen afirmativo de mayoría el 14 de setiembre de 2021. A partir de dicho documento, el proyecto se denomina "Desafectación de dos bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Curridabat y autorización para donarlos al Ministerio de Educación Pública (Escuela José Maria Zeledón Brenes)". Dicho proyecto fue votado en segundo debate el 13 de enero de 2022, y publicado en el Alcance n.° 36 a la Gaceta n.° 33 del viernes 18 de febrero de 2022, con el número de ley 10118. Aducen que la ley en cuestión es una flagrante violación al principio de autonomía municipal consagrado en la Constitución Política, así como al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, por cuanto si bien es entendible la intención del legislador de consolidar registralmente el inmueble en el que se asienta un centro educativo, lo cierto es que ello no puede devenir en una afectación al derecho que le asiste a los vecinos de la Urbanización José María Zeledón, ya que esas dos fracciones de terreno tienen naturaleza de parque, y no hay, de por medio, la compensación respectiva (refiere la sentencia de esta Sala n.° 2000-4332). Refiere que, esta Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, indicando que, en casos como el que nos ocupa, prima el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en la urbanización, y que se ven afectados cuando se ha dispuesto la desafectación de áreas de parque o facilidades comunales, sin que se haya compensado el área cedida. Los inmuebles que tienen la naturaleza de parques, así como los que son facilidades comunales y juegos infantiles, tienen el objetivo de servir como área de recreo y esparcimiento para los residentes de la urbanización, por ello es que se obliga a los fraccionadores a reservar esas áreas, así que, el no buscar o contar con un terreno de compensación, vendría a atentar contra el artículo 50 de la Constitución Política, ya que dejar sin área de parque a una urbanización es una infracción al derecho constitucional de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Reitera que, en la especie, no se determinó cuál será ese "otro terreno" que vendrá a compensar el área de parque que se donará al MEP, lo que hace que la ley impugnada sea inconstitucional, por desafectar porciones de inmuebles destinados a "Parque" propiedad de la Municipalidad de Curridabat, sin que se determine en la ley, el inmueble que compense las pérdidas de las áreas, con las mismas condiciones o mejores que las dispuestas para ello actualmente. Así lo advirtió este municipio a la Asamblea Legislativa oportunamente, al contestar la audiencia conferida por esta durante el trámite legislativo de esta ley. Sin embargo, ello fue ignorado por la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. Considera que, desconocer la posición del gobierno local respecto a terrenos que son de su propiedad y de naturaleza de parque, contraviene la autonomía que le es otorgada constitucionalmente, ya que se están ignorando los razonamientos fundados que se emitieron para dictaminar de forma negativa la consulta del proyecto en cuestión. Refiere que, ello es ignorar la autonomía municipal y su potestad para desarrollar proyectos en beneficio de la población, siendo uno de esos inmuebles, precisamente, donde se ubica la piscina municipal, que si bien no se vería afectada directamente con esta ley, sí genera afectación en cuanto a los proyectos deportivos que este municipio tiene a futuro para dichas áreas y, por ende, afecta los bienes demaniales de los habitantes del cantón. 

2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostentan para promover esta acción de inconstitucionalidad, señala que proviene del artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto se alega la defensa de intereses difusos.

3.- Por resolución de las ocho horas cincuenta y dos minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, a la Presidenta de la Asamblea Legislativa y al Ministro de Educación Pública. Disponiendo además que “en los casos de acción directa, como ocurre en esta

acción, que se acude en defensa de intereses difusos, no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto n.° 537-91 del Tribunal Constitucional).”

4.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 62, 63 y 64 del Boletín Judicial, de los días 31 de marzo, 01 y 04 de abril del 2022.

5.- Informa, SILVIA HERNANDEZ SANCHEZ, en su calidad de Presidenta de la Asamblea Legislativa, en resumen que: I. ANTECEDENTES: Tramitación de la ley 10118. El 29 de setiembre del 2020 el expediente legislativo n°22235 ingresó a la corriente legislativa, el texto base se publicó en el Diario Oficial Alcance 266 Gaceta 245 del 7 de octubre de 2020. La iniciativa fue objeto de estudio por parte de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, la cual en sesión del 10 de marzo del 2021 aprobó una moción para consultar el proyecto a la Municipalidad de Curridabat, al Ministerio de Educación Pública y a la Junta de Educación de la Escuela José María Zeledón Brenes. Constan los acuerdos de la Municipalidad de Curridabat (folio 10-13 y 114-123), así como la respuesta del Ministerio de Educación Pública (folio 189-190). El proyecto fue trasladado el 6 de agosto del 2021 a la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración (folios 201-203) a solicitud de los presidentes de ambas comisiones y con el visto bueno de la Presidencia de la Asamblea Legislativa. En sesión n°13 del 14 de setiembre del 2021 se aprueba una moción de texto sustitutivo y en esa misma sesión el proyecto recibe Dictamen afirmativo de mayoría por parte de la Comisión de Gobierno y Administración. En sesión n°36 del 27 de octubre de 2021 con 38 votos a favor, se aprueba en primer debate el proyecto de ley. A folio 282 consta redacción final, y a folios 251-259 una consulta de constitucionalidad, la cual fue declarada inadmisible debido a que de los diez diputados originales, dos de ellos retiraron su firma. El expediente se aprueba en segundo debate en sesión 47 del 13 de enero del 2022 con 39 votos a favor. II. Sobre los cuestionamientos: No son de recibo los argumentos alegatos. La ley 10118 se aprobó en consonancia con el artículo 121.14 de la Constitución Política, en todo momento se respetó la autonomía municipal y lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Es oportuno que el Tribunal Constitucional analice la constitucionalidad de esta ley bajo una concepción moderna del dominio público. Asimismo, cuando existe tensión entre el derecho a la educación y el derecho al ambiente, debe buscarse la mayor optimización de los recursos. La desafectación de los terrenos y el traspaso al Ministerio de Educación también persigue el desarrollo humano, el bien común y permite realizar acciones positivas por parte del Estado y resolver necesidades sociales. Adicionalmente, no hay duda que la ley cuestionada tiene como objetivo mejorar las condiciones de una Escuela que desde hace 30 años ha prestado sus servicios a la comunidad y ha sido de beneficio para los vecinos. Este traspaso no causa una afectación general a la colectividad, dado que el sacrificio es razonable, útil, oportuno y necesario. Permitir que la Escuela mejore sus condiciones se justifica razonablemente dentro de la potestad atribuida a la Municipalidad para planificar el desarrollo urbanístico dentro de los intereses y servicios locales, máxime tratándose de una escuela pública que implica la consideración de necesidades de la niñez, adolescentes, la juventud y de las familias más necesitadas. La ley no contradice la Ley de Planificación Urbana, dado que eventualmente la Municipalidad podría contar con un bien que cumpla con los requisitos para la indicada compensación. Además, lo que establece la Ley de Planificación Urbana es posterior a la creación de la Escuela en el año 1992, y la compensación se refiere a las áreas de facilidades comunales. La ley no viola el artículo 50, todo lo contrario, busca ofrecer a las personas menores de edad el disfrute del ambiente. Un ejemplo de ponderación del derecho a la educación y el derecho al ambiente se puede ver en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia donde se resolvió sobre las aulas ambientales (T-329 del 10/05/2010). La ley se trata de una autorización a fin de que la Municipalidad de Curridabat pueda hacer la segregación y traspaso, de tal forma que la situación sobre la compensación puede cambiar y la Municipalidad eventualmente podría contar con un bien con el cual realizar la compensación. Solicita se rechace la acción.

6.- La Procuraduría General de la República rindió su informe. Señala en resumen que: I. OBJETO DE LA ACCIÓN: El accionante solicita que se declare inconstitucional la Ley N°10118 del 2 de febrero de 2022, denominada Ley de Desafectación de dos bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Curridabat y autorización para donarlos al Ministerio de Educación Pública (Escuela José María Zeledón Brenes). Esto con el fin de consolidar registralmente el inmueble en el que se asienta dicho centro educativo. Reclama que a pesar de que la Municipalidad de Curridabat se opuso durante el trámite legislativo a su aprobación, la ley fue finalmente aprobada, atentando contra la autonomía municipal y lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, ya que no era posible compensar el terreno destinado originalmente a parque, con otro ubicado en la zona. Considera que se ha violentado, además, el derecho de los vecinos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues se desafectó el área de parque y facilidades comunales sin compensación. II. ACERCA DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN: Para el tema que nos ocupa, debe resaltarse que la Sala ha sido enfática en permitir la acción directa cuando está de por medio la preservación del medio ambiente, reconociendo tradicionalmente la existencia de intereses difusos en esta materia. Adicionalmente, el señor alcalde accionante puede acudir en defensa de los intereses de los munícipes del cantón, por lo que este órgano asesor considera que se encuentra plenamente legitimado para interponer la acción de inconstitucionalidad que plantea. En consecuencia, no se encuentra reparo alguno en cuanto a la legitimación del accionante. III. CUESTIÓN PREVIA: SOBRE LA MUTACIÓN DEMANIAL Y EL CAMBIO DE DESTINO DE LOS PARQUES: Dado el especial régimen jurídico de los bienes de dominio público, su desafectación se ha regulado por el procedimiento especial contemplado en el numeral 69 de la Ley de Contratación Administrativa. Dicha norma, prevé la desafectación de los bienes de dominio público, siempre y cuando se haga mediante el mismo mecanismo de afectación. En otras palabras, si mediante ley se afectó al uso público determinado bien, deberá emitirse una norma de igual rango para desafectarlo del dominio público. La excepción a la regla anterior, lo constituyen las áreas silvestres protegidas, consideradas patrimonio natural del Estado, pues en todos los casos, la Ley Orgánica del Ambiente obliga en su artículo 38, a que su cobertura no pueda ser reducida sino es a través de una ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen la medida. Así las cosas, en el caso del patrimonio natural del Estado, aun cuando la afectación haya sido realizada por vía reglamentaria, su desafectación únicamente puede ser realizada vía ley, por la vocación ambiental que tienen estos terrenos. Además de la desafectación, es posible también jurídicamente cambiar el destino original de un bien de dominio público, cuando exista un interés público que así lo justifique. Esta posibilidad se conoce bajo el concepto de mutación demanial, sobre el cual nos referimos en el dictamen C-210-2002 del 21 de agosto del 2002. De lo anterior, podemos extraer que en el ámbito doctrinario se ha aceptado el cambio de destino de un bien de dominio público, siempre que se haga a través de una norma de rango legal. En respaldo de lo anterior, el artículo 45 de la Ley de Planificación Urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 1968. En igual sentido, el artículo 62 del Código Municipal (Nº 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas), establece la forma en que las municipalidades pueden llevar a cabo una donación de un bien inmueble afectado a un uso o fin público. Precisamente a partir de dichas disposiciones nació la norma impugnada en la presente acción, pues a través de ella el legislador decidió desafectar dos inmuebles con vocación de parque, propiedad de la Municipalidad de Curridabat, para que se pudieran donar al Ministerio de Educación Pública. En la misma ley, sin embargo, se afectó a un fin público los terrenos resultantes, pues se dedicarán en adelante a consolidar una escuela pública que se construyó sobre los inmuebles. En otras palabras, no se trata de una simple desafectación del dominio público, sino más bien de una mutación demanial, pues se ha cambiado el destino a los inmuebles, pero su fin sigue estando afectado al servicio público. Como se trata de un cambio de destino de dos porciones de terreno que originalmente estaban destinados a zona de parque, debemos referirnos específicamente a las particularidades de estas áreas. De importancia, debemos señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Construcciones (N.° 833 de 4 de noviembre de 1949) y 40, 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana (N.° 4240 de 15 de noviembre de 1968) no existe duda de que los parques son bienes de dominio público. De dicha norma podemos deducir que los parques se encuentran afectados al dominio público por disposición de la ley, puesto que deben utilizarse para el disfrute y uso común, respetando ese destino para el que fueron creados. Por tanto, para su desafectación se ocupa una norma legal de igual rango, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Contratación Administrativa ya comentado. Pero, adicionalmente, debemos señalar que, en el caso de los parques y las zonas verdes de las urbanizaciones, la Sala Constitucional ha incluido su protección dentro del ámbito del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, indicando: “este Tribunal ha sostenido en su reiterada jurisprudencia el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este derecho funamental (sic) se desarrolla, entre otros, en leyes como la de Planificación Urbana, que obliga al urbanizador al establecimiento de zonas que deben ser destinadas a parques y zonas verdes comunales. Cuando se trata de urbanizaciones establecidas bajo la vigencia de aquella ley, las áreas verdes previamente establecidas y aprobadas por la Municipalidad, cumplen con el fin específico de servir a la comunidad en la que se encuentra el terreno, pues el costo de esas áreas, por razones obvias, ha sido sufragadas por los vecinos, al pagar el precio del terreno donde han fincado sus viviendas, de ahí que su finalidad es servirles para el desarrollo integral de sus capacidades. (Voto N° 4332-2000 de las 10:51 horas del 19 de mayo de 2000). Partiendo de lo anterior, aun cuando el artículo 45 de la Ley de Planificación Urbana permite que los terrenos cedidos por los desarrolladores puedan ser transferidos a otro uso público mediante una ley y que incluso, según el artículo 40 de dicha ley, las áreas de facilidades comunales pueden eliminarse a cambio de una mejora u otra facilidad compensatoria, se ha hecho la salvedad en cuanto a las áreas de parques, disponiéndose lo siguiente: "La facultad que tiene la Municipalidad de variar el destino de los terrenos cedidos, únicamente puede aplicarse a los terrenos que se dediquen a cubrir las facilidades comunales, no así a los que deben destinarse a parque, en primer lugar, por cuanto, la norma es clara al señalar que este cambio puede verificarse con el remanente de terreno una vez que haya cubierto la necesidad de parque, y en segundo lugar, por cuanto en el párrafo segundo de esta disposición, expresamente se dispone que el área para parque no puede ser menor de una tercera parte del porcentaje de terreno que se cede" (Sala Constitucional, voto N° 4205-1996 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996. Se añade el énfasis. Ver además Voto N° 4332-2000 de las 10:51 horas del 19 de mayo de 2000). Como se observa del criterio expuesto y de importancia para este caso, la Sala ha considerado que la construcción de escuelas es incompatible con el destino de las áreas de parque y zona verde, por lo que ni la municipalidad ni el legislador podrían eliminar libremente el área de parque, sin definir a cambio un espacio que compense la pérdida del área para cumplir con los porcentajes mínimos exigidos en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana y, de esta forma, garantizar el derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado de los vecinos del lugar. Es por ello que, en el caso de los parques, a diferencia de otros bienes de dominio público, se han impuesto límites para su disposición en aras de tutelar la función social ligada al derecho fundamental establecido en el artículo 50 de la Constitución Política. Dentro de estos límites no sólo está la necesidad de una norma de rango legal para variar su destino, sino que, además, la compensación sería el límite del ente público para poder trasladar este bien a otro órgano o ente que quiera tutelar un interés superior. Precisamente con base en esa línea seguida por la Sala Constitucional, recientemente la Procuraduría emitió el dictamen PGR-C-060-2022 del 18 de marzo de 2022, a solicitud del alcalde de la Municipalidad de Curridabat. En este criterio señalamos al señor alcalde que “no es posible desafectar un parque o variar su destino para la construcción de una escuela, sin compensar el área de manera simultánea con otro terreno en igualdad de condiciones.” No obstante ello, debemos aclarar que en dicho criterio no se realizó un análisis específico de la norma aquí impugnada, sino que se atendió de manera general una interrogante sobre la desafectación y cambio de destino de los parques. Sin perjuicio de lo indicado, procederemos a analizar de manera específica la norma impugnada y explicaremos los motivos por los que, en este caso, estimamos que no resulta inconstitucional, a pesar de los criterios ya comentados de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República. IV. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA: Para realizar el análisis de la norma impugnada resulta relevante acudir a las actas legislativas del proyecto de ley 22235, que le sirvió de base. De ellas, se desprende que desde el año 1992 se ubicó a la Escuela José María Zeledón Brenes del cantón de Curridabat, sobre un área de terreno que pertenece a la municipalidad de ese cantón. Dada la necesidad de realizarle mejoras a la escuela y la imposibilidad de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública de invertir recursos en un terreno que no se encuentra a nombre de dicho ministerio, el proyecto de ley se planteó como una solución para atender la problemática existente (folios 2 y 3 del expediente legislativo). De importancia para la presente acción, debemos señalar que esa iniciativa nació de la propia Municipalidad de Curridabat, la cual por oficio SMMC-347-12-2015 del 3 de diciembre de 2015, remitió el acuerdo N° 6 de la sesión ordinaria 291-2015 del 26 de noviembre de 2015, mediante el cual el Concejo Municipal de entonces autorizó al alcalde para que presentara ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley (folios 5 y 9 a 13 del expediente legislativo). Esta solicitud sirvió de base inicialmente al proyecto de ley número 20004, el cual fue dictaminado de manera positiva pero archivado por vencimiento del plazo cuatrienal el 20 de junio de 2020. Dado ello, la iniciativa fue presentada nuevamente bajo el número de proyecto de ley 22235, que dio finalmente fundamento a la Ley 10118. Adicionalmente, en el oficio indicado, la Municipalidad hizo constar el informe técnico DCBIMC-0153-11-2015 del 25 de noviembre de 2015, emitido por el ingeniero Douglas Alvarado, Director de Castro y bienes Inmuebles de la Municipalidad de Curridabat, en el cual se señala que: “Tomando en consideración el área a donar que corresponde a las fincas inscritas al folio real números 1-295979-000 y 1-349996, se determina que según el diseño de sitio de la Urbanización José María Zeledón, la eventual segregación no afecta lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana” (folios 11 y 223 del expediente legislativo). Posteriormente, durante el trámite legislativo del expediente 22235, la Asamblea Legislativa consultó preceptivamente al Concejo Municipal de Curridabat mediante el oficio CPEM-101-2020 del 10 de marzo de 2021 (folio 86 del expediente legislativo), el cual rindió su criterio mediante el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N°47-2021 del 23 de marzo de 2021, artículo 2, capítulo 3. Esta vez, el actual Concejo Municipal se opuso al proyecto de ley al considerar que no puede compensar el terreno segregado al parque con otro de igual naturaleza dentro de la Urbanización José María Zeledón (folio 113 a 116 del expediente legislativo). No obstante ello, no presentó ningún informe técnico que desvirtuara lo expresado por el ingeniero municipal en el informe DCBIMC- 0153-11-2015 del 25 de noviembre de 2015, en cuanto a que la eventual segregación no afectaba lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana y que sirvió de fundamento a la solicitud del entonces Concejo Municipal. Posteriormente, diez diputados presentaron una consulta facultativa de constitucionalidad, tramitada bajo el expediente 22-22814-0007-CO, la cual fue declarada inadmisible mediante sentencia 2022-00440 de las 9:15 horas del 7 de enero de 2022, en virtud de que dos diputados firmantes retiraron su apoyo a la consulta. Ahora bien, a partir del cuadro fáctico descrito y de la norma finalmente aprobada, estimamos que en el presente caso no existe inconstitucionalidad alguna por las razones que pasaremos a explicar. En primer lugar, debemos señalar que debe descartarse la violación a la autonomía municipal por cuanto, como indicamos, la iniciativa legislativa fue requerida por la propia municipalidad de Curridabat desde el año 2015, para lo cual se aportó el respectivo acuerdo de su Concejo de entonces solicitando la presentación del proyecto de ley. Adicionalmente, debe considerarse que la naturaleza jurídica de la norma impugnada es únicamente de norma habilitante y no tiene la capacidad de obligar al ente municipal a donar los inmuebles en cuestión. Al respecto, este órgano asesor en reiteradas oportunidades ha señalado que las leyes autorizantes como la impugnada, carecen de efectividad por sí mismas. Al respecto, en el dictamen C-073-97 del 9 de mayo de 1997. Partiendo de que la ley impugnada es únicamente una norma habilitante para que la Municipalidad de Curridabat pueda donar al MEP los terrenos donde se encuentra la Escuela José María Zeledón Brenes, estimamos que la norma en sí misma no puede violentar la autonomía municipal, pues el ente municipal debe adoptar el acuerdo respectivo para la firma de la escritura ante la Notaría del Estado. Lo anterior fue advertido durante el trámite legislativo al consultarse a esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que sirvió de base a la Ley 10118. Específicamente en la opinión jurídica OJ-112-2017 del 11 de setiembre de 2017, en la cual se indicó: “El proyecto de ley en cuestión, de aprobarse, facultaría a la Municipalidad de Curridabat, a disponer del bien en los términos referidos. Es importante tener en cuenta, que ya en reiteradas oportunidades, la Procuraduría ha manifestado que la autorización para donar es de carácter facultativo y no imperativo para la administración activa. Las leyes que autorizan a las instituciones públicas a traspasar sus bienes, carecen de efectividad por sí mismas; se requiere por un lado las autorizaciones de los representantes respectivos para suscribir la escritura, así como el traspaso efectivo del bien, en aras de cumplir con el principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública y 11 de la Constitución Política. (Ver entre otros OJ-095-2001) Para el caso concreto, se requeriría con posterioridad a la aprobación de la ley especial, un acuerdo del Consejo Municipal autorizando tanto la donación del bien, así como a su representante para firmar la escritura de traspaso respectiva. En igual sentido, el Ministerio de Educación Pública deberá por medio de su jerarca, aceptar la donación de los inmuebles y autorizar al representante de la Procuraduría General de la República, para firmar la escritura de mérito.” Descartada la violación a la autonomía municipal por las razones indicadas, debemos analizar si existe o no una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los vecinos del cantón, dado el argumento del accionante en cuanto a la falta de compensación de un terreno para la zona de parque. Al respecto, ha quedado acreditado que a pesar de que fue la propia municipalidad la que solicitó a la Asamblea Legislativa la emisión de la norma impugnada, posteriormente, durante el trámite legislativo del proyecto de ley 22235, la municipalidad manifestó la necesidad de compensar el área de parque que se estaba perdiendo, sin embargo, ni dicha municipalidad ni los vecinos encontraron un terreno que pudiera concretar esa compensación (folios 4 y folio 113 a 116 del expediente legislativo). No obstante ello, como indicamos, no se presentó en esta oportunidad ningún informe técnico que desvirtuara el emitido por el ingeniero Douglas Alvarado, Director de Castro y bienes Inmuebles de la Municipalidad de Curridabat, en el cual señalaba que “la eventual segregación no afecta lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana” (folios y 223 11 del expediente legislativo). Esto resulta de vital importancia, pues si bien la Sala Constitucional ha protegido la existencia de parques y facilidades comunales como parte del contenido del derecho al ambiente, lo cierto es que únicamente ha tutelado la existencia de los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana para dichas áreas. En otras palabras, no existe un derecho fundamental específico a disfrutar de porcentajes más allá de los fijados por el legislador. Así se desprende de la sentencia 2000-4332 de las 10:51 horas del 19 de mayo de 2000, citada en nuestro primer apartado. Nótese que la norma impugnada únicamente autoriza la segregación de dos lotes cuya extensión alcanza los 4 580 m2 (artículo 2 de la Ley 10118) y la finca madre contaba con una extensión inicial de 24.987 m2. Esto se desprende del artículo 1° de la ley, que autoriza la segregación de un primer lote de 935 m2 de una finca madre de 11849,58 m2, y un segundo lote de 3645 m2, de una finca madre de 13 138,25 m2, En otras palabras, el cambio de destino ocurrió sobre una porción muy pequeña del terreno destinado a parque donde, además, desde el año 1992 se encuentra la Escuela José María Zeledón Brenes. Por tanto, no es cierto que los vecinos del lugar no puedan disfrutar de su derecho al esparcimiento como consecuencia de la norma impugnada, pues desde hace treinta años han tenido el mismo acceso a la zona de parque que, además, aun con la segregación autorizada, cuenta con más de veinte mil metros cuadrados de extensión. Por tanto, debe ser la propia municipalidad la que demuestre a la Sala que el porcentaje actual de parque no cumple lo estipulado en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana, interpretándose a favor de la conservación de la norma hasta tanto no se demuestre lo contrario. Lo anterior, sumado al informe técnico del ingeniero municipal que señala que la autorización no violenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, nos lleva a concluir que la norma impugnada tampoco resulta violatoria de lo dispuesto en el numeral 50 constitucional. Debe tomarse en consideración que la jurisprudencia de la Sala que reconoce la imposibilidad de desafectar el área de parque de una comunidad sin la respectiva compensación, ha sido emitida en supuestos donde se priva a los vecinos de la comunidad de los porcentajes mínimos dispuestos en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana, lo cual no parece ser este caso, pues el ente municipal no ha desvirtuado el criterio técnico de su propio ingeniero municipal y el legislador expresamente valoró este hecho, así como el beneficio generado a la comunidad para justificar la falta de compensación del terreno que se autorizó a segregar (ver exposición de motivos del proyecto de ley). Además, debe considerarse que en este caso no se trata de la construcción de una nueva escuela (casos analizados por la Sala en otras oportunidades), sino de una escuela que ya ha estado en el lugar por treinta años. Finalmente, y no menos importante, debemos señalar que en este caso debe valorarse también el interés superior de los menores de la comunidad que acuden a la Escuela José María Zeledón Brenes, la cual ha estado durante tres décadas en un terreno municipal, impidiendo que el Ministerio de Educación Pública pueda realizar las mejoras y la inversión que se necesita para garantizar en forma efectiva el derecho a la educación de los menores. Ese interés superior, encuentra su reconocimiento en el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Ver además, Sala Constitucional, resolución número 2008-6813 de las diecisiete horas y cincuenta y seis minutos del veintitrés de abril del dos mil ocho. En este caso, la ponderación entre el interés superior de los menores que pretende tutelar la norma impugnada y el derecho al esparcimiento de los vecinos que, además, seguirán contando con la misma zona de parque, debe inclinar la balanza a la protección del primero. V. CONCLUSIÓN: En vista de las anteriores consideraciones, la Procuraduría considera que el accionante se encuentra legitimado para interponer la presente acción de inconstitucionalidad. En cuanto al fondo, se estima que la norma impugnada no resulta inconstitucional. En la forma expuesta se deja evacuada la audiencia otorgada.

7.- Rinde su informe, Steven González Cortés, en su calidad de Ministro de Educación Pública. En resumen: ARGUMENTOS DEL ACCIONANTE: Aduce el señor alcalde del cantón de Curridabat que la ley en cuestión es una flagrante violación al principio de autonomía municipal consagrado en la Constitución Política, así como al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, por cuanto si bien es entendible la intención del legislador de consolidar registralmente el inmueble en el que se asienta un centro educativo, lo cierto es que ello no puede devenir en una afectación al derecho que les asiste a los vecinos de la Urbanización José María Zeledón, ya que esas dos fracciones de terreno tienen naturaleza de parque, y no hay, de por medio, la compensación respectiva (refiere la sentencia de esta Sala n.° 2000-4332). El no buscar o contar con un terreno de compensación, vendría a atentar contra el artículo 50 de la Constitución Política, ya que dejar sin área de parque a una urbanización es una infracción al derecho constitucional de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ASPECTOS PREVIOS. Sobre el Interés Superior de la Persona Menor de Edad: La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido basta a través de los años en determinar y reconocer el Interés superior de la persona menor de edad, y así lo recoge en la resolución N° 3299-2021. Sobre los antecedentes de la normativa impugnada- Es importante contextualizar que los terrenos en posesión de la Escuela José María Zeledón desde hace más de 30 años, entregados por la Municipalidad de Curridabat en la Urbanización José María Zeledón, miden aproximadamente 4.500 metros cuadrados, debidamente delimitados por la Municipalidad por medio de mallas metálicas. Es decir, la cabida del terreno que se pretende donar al Ministerio de Educación Pública es la misma que desde hace más de 30 años se tiene destinada para la Escuela, con la nueva ley no cambia dicha medida, por lo que la zona destinada a parque se mantiene incólume. La estructura del inmueble destinado a escuela cuenta con una orden sanitaria que la declaran inhabitable, por lo que se requiere de una intervención inmediata para garantizar la seguridad tanto de los estudiantes como del personal del Ministerio de Educación Pública que labora en dicho centro educativo. El órgano del estado que regenta todo lo relacionado con materia educativa, incluyendo la infraestructura, es el Ministerio de Educación Pública, además, para realizar cualquier mejora, o construcción de obra nueva, requiere cumplir con los lineamientos presupuestarios establecidos, razón por la cual, para poder hacer cualquier remodelación, obra de mantenimiento u obra nueva, esta cartera ministerial requiere que el terreno donde se ubica el centro educativo se encuentre a nombre del Estado. Motivados por la urgencia de poder brindar el servicio básico el Educación a las personas menores de edad, es que se promueve la promulgación de la Ley de desafectación de dos bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Curridabat y autorización para donarlos al Ministerio de Educación Pública (Escuela José María Zeledón)”, n.° 10118, publicada en el Alcance n.° 36 a la Gaceta n.° 33 del 18 de febrero de 2022. Sobre la afectación y desafectación de bienes públicos. - La potestad única para desafectar un bien de dominio público recae sobre la Asamblea Legislativa, ya que es su voluntad la que hace que un determinado bien ingrese o se enajene del dominio público. Conceptualmente hablando, la doctrina señala como de dominio público a todos aquellos bienes (sin importar su naturaleza), subordinados a un régimen jurídico su vez el citado dictamen C-210-2002. Sobre la normativa invocada por el accionante. - Es omiso y hasta contradictorio la interpretación antojadiza del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, hecha por la parte accionante, en cuanto que dicha norma establece que si bien es cierto los urbanizadores deben ceder a la corporación municipal un porcentaje del terreno, este porcentaje a su vez no se destina total y exclusivamente a parque o zonas recreativas. Con claridad meridiana se colige que para uso de parque se debe destinar no menos de un tercio del área que debe ceder el urbanizador, quedando los otros dos tercios destinados a un fin distinto al de “uso de parque”, como lo señala el mismo artículo. El mismo artículo faculta a la Municipalidad a autorizar que de esas dos terceras partes exentas del “uso de parque” puedan ser transferidas directamente a las entidades estatales encargadas de establecer en las mismas los servicios o facilidades de su respectiva competencia. Ahora bien, según el artículo 45 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo vigente desde el 13 de setiembre de 2020, se conceptualiza “Facilidades comunales”. De acuerdo con el citado artículo, la educación es uno de los presupuestos contemplados como “facilidades comunales” y más aún el mismo artículo dice que son las áreas destinadas a la construcción de infraestructura de educación.  Además, el área ocupada por la Escuela Dr. José María Zeledón es inferior a los porcentajes establecidos en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana, ya que según lo indica el mismo accionante las fincas a segregar miden 11849,58 m2 y 13.138,25 m2 respectivamente y que juntas componen lo que la Municipalidad denomina área de parque, sumando entre ambas 24987,83 m2. De esta manera según lo establece el invocado artículo, un tercio corresponde al área de parque (8329,27 m2) y los otros dos tercios (16658,55 m2) servirán para instalar facilidades comunales. Es así que a todas luces no existe roce con la legalidad y mucho menos afectación alguna. Sobre los artículos de la Constitución Política la ley objeto de esta acción de inconstitucionalidad, desde hace más de 30 años ha sido destinado al uso como centro educativo, cuenta además con infraestructura construida por el Ministerio de Educación Pública destinada para con el fin de brindar el servicio educativo a las personas habitantes de la comunidad. La zona destinada a parque no se ha visto afectada por la presencia de la infraestructura educativa, cuya edificación es previa a muchas de las instalaciones deportivas y recreativas construidas por la Municipalidad de Curridabat. Debido a lo anterior y a la luz del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, el segregar los 4500 m2 que señala la ley impugnada, no representa una violación a lo instituido en nuestra carta magna. La ley N° 10118, denominada “Desafectación de dos bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Curridabat y autorización para donarlos al Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. Ministerio de Educación Pública (Escuela José María Zeledón)”, no vulnera el principio de autonomía municipal, muy por el contrario, lo que pretende el accionante es imponer una interpretación errónea al artículo 40 de la Ley de planificación Urbana, para suponer una transgresión al artículo 50 constitucional. Sobre este particular es importante hacer un acápite sobre el principio de carga de la prueba: Dentro de los alegatos esgrimidos por el accionante, se nota la ausencia de argumentos que demuestren un daño evidente y manifiesto a la normativa tanto constitucional como de inferior jerarquía invocada. No justifica de forma técnica que con la segregación de los terrenos contemplados en la ley N° 10118, se genere una disminución del área destinada a parque y mucho menos algún perjuicio que deba ser resarcido por medio de una indemnización a la corporación municipal. Sobre el perjuicio al servicio educativo. - Primeramente, debemos determinar la educación como un servicio público, y sobre este particular es menester señalar que, la Sala Constitucional ha indicado que el servicio público, se designa a una actividad dirigida a la satisfacción de una necesidad general, que es de interés público y que está sujeta a un régimen jurídico especial. Consecuente con lo anterior, nuestra Constitución Política incorpora, dentro del elenco de los Derechos, específicamente en los artículos 77 y 78, donde se establecen, el deber del Estado de garantizar la existencia y funcionamiento de un sistema de educación pública. Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado la existencia a la educación como un servicio público, citando la sentencia N.° 9740-2008 de las 11:15 horas del 13 de junio de 2008. Siendo así, es dable afirmar que para que se pueda utilizar como zona de parque, su finalidad está directamente ligada al esparcimiento y recreación general, sobre todos los habitantes de la comunidad, son áreas que requieren de espacios abiertos en los que las personas puedan retirarse a descansar, practicar deportes, jugar con sus hijos, y, en fin, disfrutar de un ambiente adecuado para sus ratos de ocio. En este caso tal y como se puede observar es un terreno que está destinado a un centro educativo, con lo cual su naturaleza jurídica no concuerda con el término de utilización de zonas para recrearse. En este caso al desafectar la porción del terreno de la Ley citada, no se está variando la naturaleza de “facilidad comunal”, sino que más bien es para beneficio y uso de la comunidad vecinal, toda vez que, se contaría con un centro educativo que reúna las condiciones óptimas para albergar a una población estudiantil de la misma comunidad, en aras de salvaguardar el interés superior del niño, al derecho a una educación de calidad y, en atención al principio de inclusión, al contar con la implementación de la Ley 7600 mencionada. Sobre la Orden Sanitaria emitida por Ministerio De Salud. No omitimos señalar que, existe una orden sanitaria CS-ARS-CU-0356-14, emitida por el Área Rectora de Salud de Curridabat, en el cual señalan que en la visita efectuada al Centro Educativo, se determinó que, presenta condiciones de deterioro en su estructura de cielorraso que es urgente realizar en intervención, dado que constituye un riesgo para la salud y seguridad de la población estudiantil, personal docente y administrativo, así como, los otros aspectos que presenta y que limita un adecuado funcionamiento y atención de la población. Ahora bien, es preciso destacar que es una obligación ejecutarla, por lo que, de no acatar la orden sanitaria, el Ministerio de Educación Pública, debe cerrar las puertas del centro educativo, causando un perjuicio ante a la comunidad, ya que tendrían que desplazarse a otros centros educativos aledaños. Lo anterior tomando, en consideración que, tiene una población de 150 estudiantes para el curso lectivo 2022, con una proyección aproximada de 300 alumnos, para el curso lectivo 2024. Al aprobarse la ley en estudio, una de las razones y motivaciones más importantes que debe conllevar como fundamento todo acto administrativo, es que para el Estado, el Ministerio de Educación y la población estudiantil, se imposibilita el empleo en remodelaciones de la infraestructura, a pesar de contar con el presupuesto asignado para las reparaciones, mientras el terreno continúe registrado a nombre del ayuntamiento, por una norma de carácter técnico legal, afectando en gran medida el rendimiento de los estudiantes. Así se desprende del estudio técnico realizado por la Dirección de Infraestructura Educativa por medio del oficio DVM-A-DIEE-DS-CBI-0108-2021, de fecha 16 de abril de 2021, que en lo conducente indica: …Este terreno se encuentra inscrito a nombre de la municipalidad de Curridabat como parte de los folios reales de San José 295979-000 y 349997-000, cuenta con el plano catastrado SJ- 759908- 1988. Se llevó a cabo la revisión topográfica del plano catastrado precitado, y se constató que coincide en ubicación, área y dimensiones con el terreno que ocupa la escuela José María Zeledón. El terreno cuenta en este momento con alguna infraestructura educativa, sin embargo, se requiere ampliar la planta física para atender la demanda actual y futura. Para poder invertir en esta ampliación de planta física, se necesita inscribir ante el Registro Nacional el inmueble a nombre del Estado- MEP. El sector norte del terreno es en donde se desarrollaran las nuevas edificaciones, este sector cuenta con las características técnicas adecuadas para dicha ampliación. CONCLUSIONES: Como se ha visto a lo largo de esta exposición, el centro educativo Escuela Dr. José María Zeledón, alberga una población de 150 estudiantes, con una proyección de 300 para el curso lectivo 2024, a los cuales no solo se les brinda el servicio de educación, sino que también comprende otros servicios como el de comedor escolar, lo que permite que muchos de los estudiantes que hacen uso de ese servicio puedan satisfacer sus necesidades no solo educativas sino que también alimenticias en muchos casos. Con el inminente cierre por deterioro de las instalaciones del centro educativo se generaría un perjuicio invaluable a una población vulnerable como lo son las personas menores de edad usuarias del servicio educativo de la escuela Dr. José María Zeledón. Como ente rector en materia educativa, el Ministerio de Educación Pública ha gestionado los recursos para restaurar y ampliar las instalaciones educativas, no obstante, al no pertenecer el inmueble al Ministerio de Educación Pública y por mandato de ley, resulta material y legalmente imposible invertir los dineros con los que ya se cuenta y que también como es conocido, por razones de índole presupuestario, al no ejecutarse dentro del ejercicio fiscal, se dejará de contar con ellos. Debido a lo anterior es que se promulgó la Ley N° 10118, denominada “Desafectación de dos bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Curridabat y autorización para donarlos al Ministerio de Educación Pública (Escuela José María Zeledón)”, que permite realizar la donación de los terrenos que desde hace más de treinta años ha ocupado la Escuela en favor del Ministerio de Educación Pública y así poder realizar las obras necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo. Del estudio de la normativa invocada por la parte accionante, se determina con lúcida nitidez que erra en sus argumentaciones, notándose la ausencia de pruebas y argumentos que demuestren que existe afectación al principio constitucional que estatuye el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además no acredita que se contravenga lo establecido en el numeral 40 de la Ley de Panificación Urbana, en primer término porque no se está cambiando el destino de dichos terrenos, pues desde hace tres décadas la Municipalidad de Curridabat le cedió al Ministerio de Educación Pública los 4500 m2 que se encuentran destinados a albergar las instalaciones del Centro Educativo Escuela Dr. José María Zeledón, en segundo lugar, no modifican los porcentajes establecidos para área de parque, por lo que no hay afectación al derecho constitucional del que goza toda persona a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y por último desatiende el ayuntamiento los conceptos de “facilidades comunales” contenidos en la Ley de Planificación Urbana y desarrollado conceptualmente en el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pues sus argumentos, de manera errónea y amañada, se desarrollan bajo la premisa que el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, se refiere a que la totalidad del área cedida por el urbanizador debe ser utilizada para uso exclusivo de “área de parque”, fundamentando ahí su teoría de la compensación, pretendiendo imponer una condición imposible de cumplir, toda vez que la misma Municipalidad expone que no existe dentro de la Urbanización un terreno que cumpla con los requisitos que trata de imponer a manera de compensación. PETITORIA: Se solicita rechazar de plano la solicitud de declaración de inconstitucionalidad. En caso de conocerse por el fondo se solicita declarar sin lugar, en todos sus extremos.

8.- Coadyuvancia pasiva de Nombre194566   , en su condición de presidente de la Junta de Educación de la Escuela José María Zeledón, indicando que esta acción resulta inadmisible porque no versa sobre la protección al ambiente sino sobre la indemnización de la desafectación de bienes municipales, en consecuencia considera que se requiere de un proceso previo. Expone los siguientes argumentos: -Historia de la relación de fraternidad y solidaridad entre la Municipalidad, la Escuela José María Zeledón y el MEP, y las vicisitudes surgidas en el 2021. Desde antes de 1992 medió un acuerdo promovido por la Municipalidad de Curridabat con el Ministerio de Educación para edificar en terrenos municipales la Escuela José María Zeledón Brenes en la Urbanización del mismo nombre, otorgándole a la Escuela la posesión del área indicada en la Ley n°10.118. Posteriormente en el mismo terreno se creó un parque de recreación hasta con piscina, y la Municipalidad construyó una malla metálica para protegerla. La Escuela fue declarada inhabitable en 1995 por el Ministerio de Salud, el municipio contribuyó para salvar el centro educativo. La misma situación se presentó en el 2015, cuando nuevamente volvió a declararse inhabitable. En el caso de la Escuela José María Zeledón, construida por el MEP en terrenos municipales, se lograría la obtención de financiamiento para el mantenimiento y la ampliación, si el inmueble pasaba a ser propiedad del MEP o del Concejo de Educación. El mismo Concejo Municipal en el año 2015 tomó una serie de acuerdos para la donación de los terrenos. Además se ordenó realizar todos los estudios necesarios para cumplir con los requisitos para la presentación de un proyecto de ley, entre los estudios está el dictamen DSITNT-0139-011-2016 donde se indicaba que ello no afectaba el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. El proyecto se presentó y en la Asamblea Legislativa se tramitó bajo expediente n°20.004 en el 2016, pero vencido el periodo legislativo sin la aprobación del proyecto éste se archivó. Luego, en el periodo legislativo 2018-2022 la Junta de Educación gestionó ante la Municipalidad y el MEP someter a conocimiento de la Asamblea Legislativa el mismo proyecto de ley, y el Alcalde del momento indicó en la Comisión que la desafectación debía ser compensada con otro terrenos en la Urbanización o en el distrito primero del cantón, en iguales o mejores condiciones. La Comisión legislativa rechazó la propuesta del Alcalde. Se presentó una consulta de constitucionalidad, que no se evacuó por el retiro de firmas (ver voto n°2022 del 2022). El 13 de enero del 2022 la Asamblea aprobó la ley. En otro caso similar, el Concejo Municipal le ordenó al Alcalde Municipal continuar con el traspaso del inmueble a favor de la Escuela Juan Santamaría, para la correspondiente donación. I.- Sobre la doctrina de la mutación de bienes públicos sin compensación entre entes públicos, diferente a la desafectación con donación. Como la desafectación es el paso de un bien público a un sujeto privado resulta lógica la indemnización; empero, si la desafectación es de un bien de un ente público hacia otro de servicio público, con autorización de donación, por lo general hay aquiescencia del primero en donar gratuitamente y no existe conflictividad. Empero, unas veces sí y otras no, la Sala Constitucional ha exigido la obligación de indemnizar con la desafectación. La Procuraduría General de la República ha elaborado muy interesantes pronunciamientos sobre la figura de la mutación de bienes públicos sin compensación entre entes públicos. II.- Acuso desproporcionalidad y discriminación en la compensación cobrada por la Municipalidad a un servicio público cumplido por 30 años, en un terreno que no afecta las otras actividades deportivas y de recreación, en armonía con un ambiente sano debiendo ser a título gratuito. III.- Combate el insostenible motivo jurídico de la inconstitucionalidad. IV.- Violación del principio de igualdad al darle un trato diferente a las Escuelas Juan Santamaría y José María Zeledón Brenes, ambas con leyes de desafectación y donación al MEP, en una solicitando la escritura de donación gratuita y en otra presentando una acción de inconstitucionalidad. V.- Violación al derecho a la educación de los jóvenes estudiantes. VI.- La escuela más pobre del cantón con una obligación de imposible cumplimiento, exagerada, injusta, desproporcionada con una compensación impagable de un millón de dólares por los terrenos entregados hace 30 años. Aporta la prueba correspondiente.

9.- Por resolución de las doce horas diecisiete minutos del dos de mayo de dos mil veintidós, se admitió la coadyuvancia pasiva de Nombre194566   , en su condición de presidente de la Junta de Educación de la Escuela José María Zeledón. Además, se tuvieron por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República, al Presidente de la Asamblea Legislativa y al Ministro de Educación Pública en la resolución de las 8:52 horas del 24 de marzo de 2022

10.- Mediante escrito presentado el 30 de mayo del 2022 se apersona Nombre5635  , vecino de Curridabat, a presentar coadyuvancia. Sin embargo, por presentarse fuera del plazo establecido, resulta inadmisible.

11.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal. 

12.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- Sobre el objeto de la impugnación.- El accionante, en calidad de Alcalde Municipal, solicita que se declare inconstitucional la Ley N°10118 del 2 de febrero de 2022, denominada Ley de Desafectación de dos bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Curridabat y autorización para donarlos al Ministerio de Educación Pública (Escuela José María Zeledón Brenes). Dicha ley establece lo siguiente:

 

“DESAFECTACIÓN DE DOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Y AUTORIZACIÓN PARA DONARLOS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (ESCUELA JOSÉ MARÍA ZELEDÓN BRENES)

 

            ARTÍCULO 1- Se desafectan del uso y dominio público dos bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad de Curridabat, cédula jurídica número tres - cero uno cuatro - cero cuatro d1)B cero cuatro siete (N.º CED80641), los cuales se describen de la siguiente· manera:

 

            Un lote de novecientos treinta y cinco metros (935 m2), que se segrega de la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio real matrícula número Placa36959        (N.º Placa36964), provincia de San José, cantón de Curridabat. La finca madre se describe de la siguiente manera: terreno destinado a parque comunal, ubicado en la provincia de San José, cantón 18 Curridabat, Dirección12011 ° , con una medida de once mil ochocientos cuarenta y nueve metros c 3drados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (11849,58 m:'), con los siguientes linderos: al norte con calle pública, Dirección22149       (70,15m); al sur con Fernando Monge Vargas; al este con Dirección22150         y un metros (184,71m) y al oeste con la Municipalidad de Curridabat, de conformidad con el plano catastrado número Placa36963         (N.º 516072-1983).

 

            El segundo lote mide tres mil seiscientos cuarenta y cinco metros cuadrados (3 645 m2), que se segrega de la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio n:al matrícula número Placa36961      -    (N.º Placa36965) provincia de San José, cantón de Curridabat. La finca madre se describe de la siguiente manera: terreno destinado a parque comunal, ubicado en la provincia de San José, cantón 18 Curridabat, Dirección22151 ° , con una medida de trece mil ciento treinta y ocho metros con veinticinco decímetros cuadrados (13 138,25 m2) por los siguientes linderos: al norte con calle; al sur con calle; al este con Hogares de Costa Rica S.A., y al oeste con calle; no hay plano catastrado registrado.

 

            Se autoriza a la Municipalidad de Curridabat, cédula jurídica número tres - cero uno cuatro - cero cuatro dos, cero cuatro siete (N.º CED80641), para que done los dos lotes desafectados  y descritos anteriormente al Ministerio de Educación Pública, cédula jurídica número CED141635  cero-cero cuatro dos cero cero dos (N.º 2-100-042002), libres de gravámenes y anotaciones.

 

ARTÍCULO 2- El lote resultante de la unión de ambos terrenos segregados se afecta al nuevo uso de centro educativo, con una medida de cuatro mil quinientos ochenta metros cuadrados (4 580m2), de conformidad con el plano catastrado número  siete  cinco  nueve  nueve   cero   ocho-uno   nueve   ocho   ocho (N.º 759908-1988).

 

ARTÍCULO 3- Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura de traspaso del bien inmueble y proceda a su inscripción en el Registro Nacional. Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale el Registro Nacional.

 

Rige a partir de su publicación.”

 

 

Los alegatos están referidos a los siguientes aspectos:

 

1.    Violación al artículo 170 constitucional (autonomía municipal): Indica el accionante que, consta en el expediente legislativo que el Concejo Municipal evacuó la consulta en forma negativa. A pesar de que la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo conoció de la oposición al proyecto, la respuesta negativa fue ignorada y se continuó con la tramitación hasta llegar a la promulgación de la ley. Considera que, desconocer la posición del gobierno local respecto a terrenos que son de su propiedad y de naturaleza de parque, contraviene la autonomía que le es otorgada constitucionalmente. Uno de los inmuebles es donde se ubica la piscina municipal, por lo que se genera afectación a los proyectos deportivos futuros del cantón.

2.    Violación del derecho al ambiente, de los bienes demaniales y del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana: Indica el accionante que los inmuebles en cuestión son naturaleza de parque, sin embargo la ley impugnada no establece la compensación de las áreas, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. Agrega que la ley impugnada está violentando el artículo 50 de la Constitución Política, por cuanto todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho que se materializa con los espacios naturales y áreas de parque que se destinan para el uso y disfrute de los vecinos de las distintas localidades (ver voto n°2007-2942). La Sala Constitucional ha indicado que resulta inconstitucional la desafectación de un área de parque sin que se haya cumplido el procedimiento correspondiente. Dejar sin área de parque a una urbanización es una infracción al derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (ver voto n°2000-4332 y n°2013-9997). Concluye que, debido a que no se determinó cuál será ese “otro terreno” que vendrá a compensar el área de parque que se donará al MEP, ello conlleva a que la ley impugnada sea inconstitucional por desafectar porciones de inmuebles destinados a parque propiedad de la Municipalidad de Curridabat. Finalmente agrega que, la ley impugnada viene a ser un evidente quebranto a la protección que la Administración está obligada a hacer de un bien demanial de la comunidad, como es este caso, dos porciones de terreno que pertenecen a parques.

En síntesis indica que la ley impugnada violenta la autonomía municipal, por cuanto la Municipalidad de Curridabat se opuso durante el trámite legislativo a su aprobación; y además, el derecho de los vecinos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues se desafectó el área de parque y facilidades comunales sin compensación.

II.- Las reglas de legitimación en las acciones de inconstitucionalidad y la legitimación en este caso.- El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. A partir de lo dicho,  se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos", que son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país, el buen manejo del gasto público, y el derecho a la salud, entre otros. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no es taxativa. Ahora bien, esta acción fue admitida en tanto se alega la defensa de intereses difusos, en protección del derecho fundamental al ambiente  (artículo 50 de la Constitución Política). Sobre el alegato de violación de la autonomía municipal, la Sala ha indicado que “la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un Alcalde municipal, en representación de una corporación territorial, debe contar, ineludiblemente, con un acuerdo del Concejo Municipal que así lo autorice y habilite, caso contrario debe tenerse como inadmisible.” (ver voto n°2007-007136). En este caso, el accionante indica que fue autorizado mediante acuerdo del Concejo Municipal n°6 que consta en el artículo 1°, capítulo 2° de la sesión ordinaria n°92-2022 del 1 de febrero de 2022. Por lo tanto, en esta acción también se cuenta con legitimación para la defensa de intereses corporativos, como lo son, en este caso, los relacionados con la autonomía de la Municipalidad de Curridabat. Así entonces, el accionante cuenta con la legitimación suficiente para presentar esta acción, tanto por la defensa de intereses difusos como por la defensa de intereses corporativos. Finalmente se trata de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía, pues se trata de la impugnación de una normativa legal; y además el actor cumplió los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo del asunto. 

III.- Sobre el trámite legislativo de la Ley n°10118.- Según se desprende del informe rendido por la Procuraduría General de la República, de las actas legislativas del proyecto de ley 22235, el cual dio origen a la ley impugnada, consta lo siguiente:

-Desde el año 1992 se ubicó a la Escuela José María Zeledón Brenes del cantón de Curridabat, sobre un área de terreno que pertenece a la municipalidad de ese cantón.

-Dada la necesidad de realizarle mejoras a la escuela y la imposibilidad de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública de invertir recursos en un terreno que no se encuentra a nombre de dicho ministerio, el proyecto de ley se planteó como una solución para atender la problemática existente (folios 2 y 3 del expediente legislativo).

-Esta iniciativa nació de la propia Municipalidad de Curridabat, la cual por oficio SMMC-347-12-2015 del 3 de diciembre de 2015, remitió el acuerdo N° 6 de la sesión ordinaria 291-2015 del 26 de noviembre de 2015, mediante el cual el Concejo Municipal de entonces autorizó al alcalde para que presentara ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley (folios 5 y 9 a 13 del expediente legislativo). La Municipalidad hizo constar el informe técnico DCBIMC-0153-11-2015 del 25 de noviembre de 2015, emitido por el ingeniero Douglas Alvarado, Director de Castro y bienes Inmuebles de la Municipalidad de Curridabat, en el cual se señala que: “Tomando en consideración el área a donar que corresponde a las fincas inscritas al folio real números 1-295979-000 y 1-349996, se determina que según el diseño de sitio de la Dirección11008   , la eventual segregación no afecta lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana” (folios 11 y 223 del expediente legislativo).

-Esta solicitud sirvió de base inicialmente al proyecto de ley número 20004, el cual fue dictaminado de manera positiva pero archivado por vencimiento del plazo cuatrienal el 20 de junio de 2020.

-La iniciativa fue presentada nuevamente bajo el número de proyecto de ley 22.235, en fecha 29 de setiembre del 2020.

-Durante el trámite legislativo del expediente 22235, la Asamblea Legislativa consultó preceptivamente al Concejo Municipal de Curridabat mediante el oficio CPEM-101-2020 del 10 de marzo de 2021 (folio 86 del expediente legislativo), el cual rindió su criterio mediante el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N°47-2021 del 23 de marzo de 2021, artículo 2, capítulo 3. Al respecto, el actual Concejo Municipal se opuso al proyecto de ley al considerar que son terrenos destinados a parque público y no es posible compensar el uso con otro terreno ubicado en la zona, de conformidad como lo indica el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana (folio 113 a 116 del expediente legislativo).

-El proyecto fue dictaminado de forma afirmativa, por mayoría, el 14 de setiembre del 2021.

-Diez diputados presentaron una consulta facultativa de constitucionalidad, tramitada bajo el expediente 22-22814-0007-CO, la cual fue declarada inadmisible mediante sentencia 2022-00440 de las 9:15 horas del 7 de enero de 2022, en virtud de que dos diputados firmantes retiraron su apoyo a la consulta.

-El proyecto fue votado en segundo debate el 13 de enero de 2022, y publicado en el Alcance n°36 a la Gaceta n°33 del viernes 18 de febrero de 2022.

IV.- Sobre el alegato de violación a la autonomía municipal.- En criterio del accionante, la ley impugnada viola el principio de autonomía municipal por cuanto en el expediente legislativo consta que el Concejo Municipal se pronunció en forma negativa sobre el proyecto de ley que dio origen a la ley impugnada. A pesar de ello, la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo ignora tal negativa y continuó con la tramitación hasta llegar a la promulgación de la ley. Según el informe rendido por la PGR, la iniciativa nació de la propia Municipalidad de Curridabat (año 2015 que dio origen al proyecto 20004) y el proyecto que dio origen a la ley impugnada (año 2020 proyecto 22235) fue consultado al Concejo Municipal de Curridabat. Así debe descartarse la violación a la autonomía municipal por cuanto, la iniciativa legislativa fue requerida por la propia municipalidad de Curridabat desde el año 2015, para lo cual se aportó el respectivo acuerdo de su Concejo de entonces solicitando la presentación del proyecto de ley. Adicionalmente, debe considerarse que la naturaleza jurídica de la norma impugnada es únicamente de norma habilitante y no tiene la capacidad de obligar al ente municipal a donar los inmuebles en cuestión. Partiendo de que la ley impugnada es únicamente una norma habilitante para que la Municipalidad de Curridabat pueda donar al MEP los terrenos donde se encuentra la Escuela José María Zeledón Brenes, estima que la norma en sí misma no puede violentar la autonomía municipal, pues el ente municipal debe adoptar el acuerdo respectivo para la firma de la escritura ante la Notaría del Estado. Por su parte, en sus respectivos informes, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Educación Pública y el coadyuvante pasivo indican en su orden lo siguiente:

-La ley se trata de una autorización a fin de que la Municipalidad de Curridabat pueda hacer la segregación y traspaso, de tal forma que la situación sobre la compensación puede cambiar y la Municipalidad eventualmente podría contar con un bien con el cual realizar la compensación.

-La cabida del terreno que se pretende donar al Ministerio de Educación Pública es la misma que desde hace más de 30 años se tiene destinada para la Escuela, con la nueva ley no cambia dicha medida, por lo que la zona destinada a parque se mantiene incólume. La estructura del inmueble destinado a escuela cuenta con una orden sanitaria que la declaran inhabitable, por lo que se requiere de una intervención inmediata para garantizar la seguridad tanto de los estudiantes como del personal del Ministerio de Educación Pública que labora en dicho centro educativo. Así, no vulnera el principio de autonomía municipal, muy por el contrario.

-Desde antes de 1992 medió un acuerdo promovido por la Municipalidad de Curridabat con el Ministerio de Educación para edificar en terrenos municipales la Escuela José María Zeledón Brenes en la Urbanización del mismo nombre, otorgándole a la Escuela la posesión del área indicada en la Ley n°10.118. El mismo Concejo Municipal en el año 2015 tomó una serie de acuerdos para la donación de los terrenos. Además se ordenó realizar todos los estudios necesarios para cumplir con los requisitos para la presentación de un proyecto de ley, entre los estudios está el dictamen DSITNT-0139-011-2016 donde se indicaba que ello no afectaba el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. La solicitud del Alcalde de compensación es de imposible cumplimiento, además, en otro caso de otra escuela no se exigió tal compensación.

 

Al respecto, esta Sala concluye que la normativa impugnada no violenta el principio de autonomía municipal. Tal como lo indica la PGR, partiendo de que la ley impugnada es únicamente una norma habilitante para que la Municipalidad de Curridabat pueda donar al MEP los terrenos donde se encuentra la Escuela José María Zeledón Brenes, la norma en sí misma no puede violentar la autonomía municipal. La ley cuestionada faculta a la Municipalidad de Curridabat, a disponer del bien en los términos referidos. Pero tal disposición normativa constituye una autorización de carácter facultativo y no un imperativo para que la Municipalidad de Curridabat pueda donar los terrenos en cuestión. La autorización legislativa es una especie de permiso para que una determinada institución pueda, si así se decide, tomar el acuerdo del acto que le ha sido permitido. Es la remoción del obstáculo jurídico que le impide a las instituciones públicas disponer libremente de sus bienes. Tal como lo ha indicado esta Sala  “la intervención de la Asamblea Legislativa en esta materia es un acto de autorización típicamente tutelar, que consiste en la remoción de un obstáculo legal para que el órgano competente, realice la actividad autorizada.” (ver voto n°5026-97). Las leyes que autorizan a las instituciones públicas a traspasar sus bienes carecen de efectividad por sí mismas. Para que puedan finalmente ejecutarse se requiere en este caso, tal como lo indica la PGR, primero, de un acuerdo del Consejo Municipal autorizando la donación del bien, pero además autorización a su representante para firmar la escritura de traspaso respectiva. En segundo lugar, el jerarca del Ministerio de Educación Pública debería aceptar la donación de los inmuebles y autorizar al representante de la Procuraduría General de la República para firmar la escritura. Así entonces, la autonomía municipal, definida por esta Sala como “la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso).” (voto n°1999-05445) no se ve afectada ni comprometida por la sola o mera existencia de una ley como la cuestionada, cuyo objetivo es la autorización -y no la obligación, el mandato o el imperativo- a la Municipalidad de Curridabat, para que done los dos lotes desafectados  y descritos al Ministerio de Educación Pública. 

 

V.- Sobre los alegatos de violación al derecho al ambiente y a la protección de bienes demaniales.- En criterio del accionante, la ley impugnada está violentando el artículo 50 de la Constitución Política, por cuanto todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho que se materializa con los espacios naturales y áreas de parque que se destinan para el uso y disfrute de los vecinos de las distintas localidades. En este caso, dos porciones de terrenos que pertenecen a parques se están autorizando donar de la Municipalidad de Curridabat al Ministerio de Educación Pública, lo cual se hace sin compensación (en violación del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana), y además supone cambiar la naturaleza de parque a “terreno destinado a la consolidación del centro educativo Escuela José María Zeledón”, desafectando inmuebles destinados a parque.

 

Según el informe rendido por la PGR, la ley en cuestión se trata de una mutación demanial y no de una simple desafectación del dominio público, pues con la autorización de donación de dos inmuebles de la Municipalidad de Curridabat al Ministerio de Educación los inmuebles con vocación de parque siguen estando afectados al servicio público. En el caso de los parques y las zonas verdes de las urbanizaciones, la Sala Constitucional ha incluido su protección dentro del ámbito del derecho a un ambiente (ver voto n°2332-2000). En el expediente legislativo, no se presentó ningún informe técnico que desvirtuara el emitido por el ingeniero Douglas Alvarado, Director de Catastro y bienes Inmuebles de la Municipalidad de Curridabat, en el cual señalaba que “la eventual segregación no afecta lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana” (folios y 223 11 del expediente legislativo). La Sala Constitucional ha protegido la existencia de parques y facilidades comunales como parte del contenido del derecho al ambiente, únicamente de los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana para dichas áreas, no existe un derecho fundamental específico a disfrutar de porcentajes más allá de los fijados por el legislador. Nótese que la norma impugnada únicamente autoriza la segregación de dos lotes cuya extensión alcanza los 4.580 m2 (artículo 2 de la Ley 10118) y la finca madre contaba con una extensión inicial de 24.987 m2. En otras palabras, el cambio de destino ocurrió sobre una porción muy pequeña del terreno destinado a parque donde, además, desde el año 1992 se encuentra la Escuela José María Zeledón Brenes. Por tanto, no es cierto que los vecinos del lugar no puedan disfrutar de su derecho al esparcimiento como consecuencia de la norma impugnada, pues desde hace treinta años han tenido el mismo acceso a la zona de parque que, además, aun con la segregación autorizada, cuenta con más de veinte mil metros cuadrados de extensión. Concluye que, la norma impugnada tampoco resulta violatoria de lo dispuesto en el numeral 50 constitucional. La jurisprudencia de la Sala que reconoce la imposibilidad de desafectar el área de parque de una comunidad sin la respectiva compensación, ha sido emitida en supuestos donde se priva a los vecinos de la comunidad de los porcentajes mínimos dispuestos en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana,  lo cual no parece ser este caso. Además, debe considerarse que en este caso no se trata de la construcción de una nueva escuela (casos analizados por la Sala en otras oportunidades), sino de una escuela que ya ha estado en el lugar por treinta años. Finalmente, en este caso debe valorarse también el interés superior de los menores de la comunidad que acuden a la Escuela José María Zeledón Brenes, la cual ha estado durante tres décadas en un terreno municipal, impidiendo que el Ministerio de Educación Pública pueda realizar las mejoras y la inversión que se necesita para garantizar en forma efectiva el derecho a la educación de los menores.

 

Por su parte, en sus respectivos informa, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Educación Pública y el coadyuvante pasivo indicando en su orden que:

 

-La ley 10118 se aprobó en consonancia con el artículo 121.14 de la Constitución Política, en todo momento se respetó la autonomía municipal y lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Es oportuno que el Tribunal Constitucional analice la constitucionalidad de esta ley bajo una concepción moderna del dominio público. Asimismo, cuando existe tensión entre el derecho a la educación y el derecho al ambiente, debe buscarse la mayor optimización de los recursos. La ley no viola el artículo 50, todo lo contrario, busca ofrecer a las personas menores de edad el disfrute del ambiente.

-La cabida del terreno que se pretende donar al Ministerio de Educación Pública es la misma que desde hace más de 30 años se tiene destinada para la Escuela, con la nueva ley no cambia dicha medida, por lo que la zona destinada a parque se mantiene incólume. La estructura del inmueble destinado a escuela cuenta con una orden sanitaria que la declaran inhabitable, por lo que se requiere de una intervención inmediata para garantizar la seguridad tanto de los estudiantes como del personal del Ministerio de Educación Pública que labora en dicho centro educativo. Motivados por la urgencia de poder brindar el servicio básico el Educación a las personas menores de edad, es que se promueve la promulgación de la ley en cuestión. Con claridad meridiana se colige que para uso de parque se debe destinar no menos de un tercio del área que debe ceder el urbanizador, quedando los otros dos tercios destinados a un fin distinto al de “uso de parque”, como lo señala el mismo artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. Según lo establece dicho artículo, un tercio corresponde al área de parque (8329,27 m2) y los otros dos tercios (16658,55 m2) servirán para instalar facilidades comunales. La zona destinada a parque no se ha visto afectada por la presencia de la infraestructura educativa. Segregar los 4500 m2 que señala la ley impugnada, no representa una violación a lo instituido en nuestra carta magna. Con el inminente cierre por deterioro de las instalaciones del centro educativo se generaría un perjuicio invaluable a una población vulnerable como lo son las personas menores de edad usuarias del servicio educativo de la escuela Dr. José María Zeledón. Solicita declarar sin lugar, en todos sus extremos

-Como la desafectación es el paso de un bien público a un sujeto privado resulta lógica la indemnización; empero, si la desafectación es de un bien de un ente público hacia otro de servicio público, con autorización de donación, por lo general hay aquiescencia del primero en donar gratuitamente y no existe conflictividad. La compensación cobrada por la Municipalidad a un servicio público cumplido por 30 años, en un terreno que no afecta las otras actividades deportivas y de recreación, en armonía con un ambiente sano debiendo ser a título gratuito, la hace desproporcionada y discriminatoria.

 

Al respecto, esta Sala no considera que en este caso la ley impugnada resulte violatoria del derecho al ambiente, conforme a las razones que se explican a continuación:

 

1)   Se mantiene la naturaleza pública de los terrenos: En este caso, la denominada desafectación no es una cesación de la demanialidad, sino un cambio o mutación del fin público concreto asignado, que pasaría de un uso público a cargo de la Municipalidad de Curridabat a un uso público para centro educativo público a cargo del Ministerio de Educación Pública. Así, esta mutación demanial permite un “cambio jurídico” entre órganos y entes públicos, y un cambio de su uso. Este último sin embargo, pese al cambio, sigue conservando el uso público. De esta forma la desafectación que indica la norma impugnada, conserva el uso público de los bienes inmuebles en cuestión, pues los bienes inmuebles en cuestión pasan de una naturaleza pública de “terreno destinado a parque” a uno de naturaleza pública de “uso de centro educativo”.

2)   Cambio de finalidad de “parque” a finalidad de “centro educativo” ya había operado en el plano fáctico: La mutación del fin público concreto asignado a los bienes inmuebles en cuestión (los cuales miden aproximadamente 4.500 m2) ya había operado en el plano fáctico desde el año 1992, año en el cual la Municipalidad de Curridabat entrega dichos terrenos para fundar dentro de la Urbanización José María Zeledón, la escuela José María Zeledón Brenes como un centro educativo diurno dentro de la Dirección Regional de Educación San José Central, Circuito 04. Además, debido al deterioro de la infraestructura y a las órdenes sanitarias emitidas en contra de la edificación se justificó la presentación del proyecto de ley que dio origen a la ley en cuestión, a efectos de que los inmuebles estén a nombre del Estado y éste pueda así realizar las remodelaciones y obras necesarias.

3)   La jurisprudencia de esta Sala ha tutelado el destino de parque de los terrenos municipales, pero no ha constitucionalizado porcentajes específicos de terreno para este fin: Si bien no corresponde a esta Sala confrontar una ley (ley impugnada) con otra (artículo 40 Ley de Planificación Urbana), es lo cierto que cuando de bienes públicos afectos a fines ambientales se trata, esta Sala ha precisado ciertas regulaciones urbanísticas, indicando que, derivado del derecho al ambiente existe un derecho de los vecinos a disfrutar de una zona verde de esparcimiento y por lo tanto: “La municipalidad local no puede libremente eliminar el destino de los terrenos dedicados a parque, tampoco podría hacerlo el legislador -sin definir a cambio un espacio que compense la pérdida del área de parque-, pues ello convertiría en inconstitucional el acuerdo o la ley que así lo disponga, por irrespeto del contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar de esas zonas de esparcimiento, que como se indicó, hacen parte de la calidad de vida que la Constitución les garantiza. El término "facilidades comunales" no tiene la amplitud que se le quiere implicar. Resulta obvio para esta Sala que se refiere a construcciones indispensables para el disfrute comunal del bien destinado a área verde, parque y esparcimiento; consiguientemente, la construcción de edificios para servicios públicos a manera de ejemplo bibliotecas, escuelas, salones comunales, etc, resultan incompatibles con el destino de áreas de parque y zona verde que el legislador ha exigido para algunos terrenos, y, sin duda, para que las asociaciones interesadas puedan emprender la construcción de edificaciones como las que resultan de su interés, deben sufragar lo que involucra a todos los miembros o vecinos de la localidad que se van a beneficiar con el uso público y general del inmueble- el costo del mismo.” (voto n°2000-4332 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-148995). Ahora bien, lo indicado no significa que esta Sala esté constitucionalizando porcentajes específicos realizados por los fraccionadores de terrenos, conforme a la legislación urbanística, sino únicamente que las áreas destinadas a parques no pueden vaciarse de contenido en su totalidad. En este caso se constata que los inmuebles segregados miden entre ambos 24.987,83 m2, correspondiendo un tercio al área de parque (8.329,27 m2) y los otros dos tercios (16.658,55 m2) para facilidades comunales; y que la donación en cuestión es de aproximadamente 4.500 m2. Tomando en cuenta que, este último, desde hace más de 30 años ha sido destinado al uso como centro educativo, cuenta con infraestructura construida por el Ministerio de Educación Pública destinada para con el fin de brindar el servicio educativo a las personas habitantes de la comunidad, y que la zona destinada a parque no se ha visto afectada por la presencia de la infraestructura educativa. Así lo indica la Dirección de Infraestructura Educativa por medio del oficio DVM-A-DIEE-DS-CBI-0108-2021, de fecha 16 de abril de 2021, que dice: “…Este terreno se encuentra inscrito a nombre de la municipalidad de Curridabat como parte de los folios reales de San José 295979-000 y 349997-000, cuenta con el plano catastrado SJ- 759908- 1988. Se llevó a cabo la revisión topográfica del plano catastrado precitado, y se constató que coincide en ubicación, área y dimensiones con el terreno que ocupa la escuela José María Zeledón.”

4)   Informe técnico señala que segregación no afecta art.40 de Ley de Planificación Urbana: Tal como lo hace ver la PGR en su informe, en el expediente legislativo consta el informe técnico emitido por el ingeniero Douglas Alvarado, Director de Catastro y bienes Inmuebles de la Municipalidad de Curridabat, en el cual señalaba que “la eventual segregación no afecta lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana” (folios y 223 11 del expediente legislativo). No existiendo a la fecha, informe técnico que se contraponga a tal señalamiento. Por lo tanto, más allá de que excede de la competencia de esta Sala verificar que la ley en cuestión se oponga a otra ley (art.40 Ley de Planificación Urbana), es lo cierto que, no se ha demostrado que los derechos ambientales que tutela la Ley de Planificación Urbana se vean conculcados con la normativa impugnada. 

5)   Ponderación con el derecho a la educación y el principio de interés superior del menor: Esta Sala procede a ponderar lo cuestionado con el derecho a la educación de menores de edad y el principio de interés superior del menor. Lo anterior además, tomando en cuenta que, la donación en cuestión corresponde a aproximadamente 4.500 m2, restando en total más de 20.000 m2 que la Municipalidad bien puede destinar en un porcentaje amplio para parque; y que no se demostró que esos 4.500 m2 se hayan disminuido propiamente del tercio del área de parque (8.329,27 m2), o que de los otros dos tercios (16.658,55 m2) para facilidades comunales no se pueda destinar también a parque. Se indica en los informes que la escuela en cuestión, que tiene más de treinta años, tiene una población de 150 estudiantes para el curso lectivo 2022, con una proyección aproximada de 300 alumnos, para el curso lectivo 2024, lo cual va en beneficio de la comunidad.

VI.- Conclusión.- Dado que la ley impugnada no violenta el principio de autonomía municipal, pues se trata de una autorización y no de una obligación que el legislador le impuso al ente municipal. Dado que la ley impugnada no violenta el derecho al ambiente por cuanto se mantiene la naturaleza pública de los terrenos; por cuanto el cambio de finalidad de “parque” a finalidad de “centro educativo” ya había operado en el plano fáctico desde hace treinta años; por cuanto la jurisprudencia de esta Sala ha tutelado el destino de parque de los terrenos municipales, pero no ha constitucionalizado porcentajes específicos de terreno para este fin; por cuanto el informe técnico que consta en el expediente la segregación no afecta art.40 de Ley de Planificación Urbana; por cuanto la donación en cuestión corresponde a aproximadamente 4.500 m2, restando en total más de 20.000 m2 que la Municipalidad bien puede destinar en un porcentaje amplio para parque, y que no se demostró que esos 4.500 m2 se hayan disminuido propiamente del tercio del área de parque (8.329,27 m2), o que de los otros dos tercios (16.658,55 m2) para facilidades comunales no se pueda destinar también a parque; y por cuanto esta Sala debe ponderar lo cuestionado con el derecho a la educación de menores de edad y el principio de interés superior del menor para un aproximado de 300 alumnos para el ciclo lectivo 2024. No existe mérito para acoger esta acción, la cual se impone declarar sin lugar, tal como en efecto se hace.-

 VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS

Respetuosa del criterio de la mayoría, salvo parcialmente el voto en lo relativo a la admisibilidad de la acción, pues estimo que quien la interpone no invocó apropiadamente la legitimación que permite evaluar la presunta lesión al principio de autonomía municipal.

Del escrito de interposición de la acción de inconstitucionalidad se desprende que el argumento sobre la legitimación para interponer la acción responde a la defensa de intereses difusos y así fue cursado este expediente por parte de la Presidencia de la Sala. De modo que el accionante no justificó la legitimación que ostenta para reclamar la defensa del aludido principio de autonomía. Si se mira con detalle, tampoco aportó al expediente de esta acción el acuerdo municipal que lo habilita para la formulación de este proceso de control de constitucionalidad. En cuyo caso, considero que no procede que este Tribunal de forma oficiosa sume motivos para admitir la legitimación y examinar ese agravio por el fondo.

Desde mi perspectiva, atendiendo a las características de las acciones de inconstitucionalidad, no le corresponde a esta Sala suplir las deficiencias en la argumentación del accionante y sumar motivos diferentes a los planteados en el libelo de interposición. Esta es la posición que he sostenido en el pasado y que corresponde reiterar en esta oportunidad. Al respecto, en el voto salvado de la sentencia n.°2021-01158 expresé lo siguiente:

“He estimado necesario salvar mi voto y declarar sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad, pero por razones de legitimación.

 

En primer lugar, es preciso subrayar lo que ha dicho este Tribunal en relación con la naturaleza y las formalidades que se deben cumplir rigurosamente en las acciones de inconstitucionalidad. Al respecto, la Sala ha insistido que el legislador diseñó este proceso de control de constitucionalidad como uno formal. De manera que, para efectos de admisibilidad, se deben cumplir una serie de requisitos establecidos al efecto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC). Además de acreditar las condiciones de admisibilidad y de legitimación (poderes y certificaciones), la Ley exige el cumplimiento de ciertas formalidades importantes como la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada y con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos (art. 78) y la certificación literal del memorial donde se hizo la reserva de inconstitucionalidad en el asunto previo (art. 79). Si uno o varios de estos requisitos no se cumplen, la Presidencia de la Sala puede solicitar que se subsanen las formalidades mencionadas y, si no se diere el cumplimiento a lo ordenado, el Presidente debe denegar el trámite de la acción de inconstitucionalidad (art. 80).

 

En tesis de minoría he manifestado que, tanto la interpretación de los arts. 78 y 79 como la del propio art. 80 de la Ley que rige esta jurisdicción, debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, con el fin de que el acceso a la justicia constitucional no resulte innecesariamente limitado. Sin embargo, sí se debe verificar el control de los correspondientes requisitos para activar el control de constitucionalidad de las normas. (…)

 

De este modo, no parece que resulte válido utilizar “el ropaje” de un interés difuso de los consumidores para fundamentar que procede la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad, cuando lo que se procura es el resguardo de otro tipo de derechos o intereses que en realidad engloban a una comunidad económica más amplia (a los importadores de vehículos), siendo incluso contradictorio procurar tutelar ambos intereses en un mismo proceso de amparo que, a su vez, sirva de base para esta acción de inconstitucionalidad.

Finalmente, he de señalar que si el actor fundamentó su legitimación en un recurso de amparo, no procede que este Tribunal unilateralmente le reconozca una legitimación adicional al considerar lo siguiente:

“Sobre el particular, estima la Sala que, además del recurso de amparo que se ha admitido como asunto previo base de esta acción de inconstitucionalidad, la parte actora también ostenta legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de la norma impugnada en los términos del artículo 75 párrafo 2º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ello por cuanto se trata de la defensa de un interés que atañe a la colectividad nacional en su conjunto como lo son los intereses económicos de los consumidores”.

 

Al respecto, como ya se apuntó supra, la acción de inconstitucionalidad es un proceso formal que, de tener alguna deficiencia, no puede ser obviada por esta Sala y debe ser subsanada por el propio accionante. Por lo que no es admisible que este Tribunal oficiosamente supla o subsane las deficiencias del recurso que se invoca como asunto base, porque en este caso supondría a su vez intervenir en aspectos de la admisibilidad de la acción que correspondían ser cumplidos por parte del accionante.

 

Partiendo de lo anterior, considero improcedente que este Tribunal agregue oficiosamente razones para justificar la admisión de esta acción de inconstitucionalidad: primero, porque no fue argumentado por la parte y, además, porque no se brindó audiencia a las autoridades recurridas respecto a ese nuevo argumento añadido unilateralmente por la Sala.

En consecuencia, al estimar que el recurso de amparo es inadmisible, considero que también lo es la presente acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, la declaro sin lugar, pero bajo estos argumentos de legitimación y admisibilidad del proceso”. (Lo destacado no corresponde al original).

 

La propia mayoría de esta Sala en otras oportunidades ha afirmado lo siguiente:

“Por otro lado, el accionante mencionó en el escrito de interposición, que en caso de que la Sala considere que los intereses difusos son los aplicables, sea admitida la acción en ese carácter; sin embargo, no dio mayor fundamento ni justificación. Tal pretensión, resulta totalmente improcedente e inaceptable, visto que no corresponde a este Tribunal, justificar de oficio la legitimación de los accionantes, ni solventar la omisión de la justificación que debe ser brindada. Dado lo expuesto, en criterio de este Tribunal, procede rechazar de plano esta acción de inconstitucionalidad”. (Lo destacado no corresponde al original). (Ver sentencia n.°2020-024182).

 

De este modo, siendo consecuente con mi línea de votación, considero que esta acción debe rechazarse parcialmente en lo relativo a la defensa del principio de autonomía municipal.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.  

Por tanto:

Se declara SIN lugar la acción. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y rechaza la admisibilidad de esta acción de inconstitucionalidad en lo relativo a la alegada lesión del principio de autonomía municipal.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 OAQGRDZRXEW61

EXPEDIENTE N° 22-005867-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:41:59.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution Nº 01161 - 2025**

**Date of Resolution:** January 15, 2025 at 10:05 a.m.

**Case File:** 22-005867-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Cruz Castro

**Type of Matter:** Unconstitutionality action

**Constitutional Review:** Dismissive judgment

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority vote

**Branch of Law:** 3. MATTERS OF CONSTITUTIONALITY CONTROL

**Topic:** PROPERTY

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

PROPERTY. DONATION OF REAL PROPERTY FROM THE MUNICIPALITY OF CURRIDABAT TO THE MINISTRY OF EDUCATION.

**Case File:** 22-005867-0007-CO

**Judgment:** 001161-25 of January 15, 2025

**Type of Matter:** Unconstitutionality action

**Challenged Norm:** Law for the declassification of real property owned by the Municipality of Curridabat and authorization to donate them to the Ministry of Public Education. (José María Zeledón School). No. 10118

**Operative Part:** The action is declared WITHOUT merit. Judge Garro Vargas partially dissents and rejects the admissibility of this unconstitutionality action regarding the alleged violation of the principle of municipal autonomy.

CO02/25

**... See more**

**Text of the resolution**

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**Case File:** 22-005867-0007-CO

**Res. No.** 2025001161

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at ten hours five minutes on the fifteenth of January two thousand twenty-five.

Unconstitutionality action brought by [Name194565], in his capacity as Mayor of Curridabat, seeking a declaration that the "Law for the declassification of two real properties owned by the Municipality of Curridabat and authorization to donate them to the Ministry of Public Education (José María Zeledón School)", No. 10118, published in Supplement No. 36 to La Gaceta No. 33 of February 18, 2022, is unconstitutional, as it is deemed to violate Articles 50 and 170 of the Political Constitution. Also participating in the proceedings were the representative of the Office of the Attorney General of the Republic, the President of the Legislative Assembly, and the Minister of Public Education.

**Whereas:**

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 11:28 on March 18, 2022, the petitioner requests that the “Law for the declassification of two real properties owned by the Municipality of Curridabat and authorization to donate them to the Ministry of Public Education (José María Zeledón School)”, No. 10118, published in Supplement No. 36 to La Gaceta No. 33 of February 18, 2022, be declared unconstitutional, as it is deemed to violate Articles 50 and 170 of the Political Constitution. The regulation is challenged because the Municipality of Curridabat is the registered owner of two real properties located in the district of Curridabat, specifically in the José María Zeledón Urbanization, detailed as follows: “a. Farm registered in the Public Property Registry, under the folio real system, registration number Placa36959 (Placa36960.-), measuring eleven thousand eight hundred forty-nine square meters and fifty-eight square decimeters (11849.58 m2), nature park. b. Farm registered in the Public Property Registry, under the folio real system, registration number Placa36961 (Placa36962.-), measuring thirteen thousand one hundred thirty-eight meters and twenty-five square decimeters (13,138.25 m2), nature park”. On September 29, 2020, a bill was introduced - then named - "Authorization to the Municipality of Curridabat to segregate two lots of its property, which are declassified from public use, reclassified to a new public use, and donated to the Ministry of Public Education (José María Zeledón Brenes School)", assigned legislative file number 22,235, which proposed authorizing the Municipality of Curridabat to segregate portions from each of the two aforementioned lots in order to donate them to the Ministry of Public Education (hereinafter MEP), for the purpose of restoring and constructing new works for the José María Zeledón Brenes School located there, which has fallen behind in infrastructure due to the land not being in the name of the MEP. To this end, it was stipulated that the nature of the land be changed from "park land" to land intended for the “consolidation of the José María Zeledón Brenes educational center”. As part of the legislative process, via official letter CPEM-101-2020 of March 10, 2021, signed by Ms. Erika Ugalde Camacho, in her capacity as Head of the Legislative Commissions Area, and received at the Municipality of Curridabat on March 16, 2021, it was requested that the consultation sent by the Permanent Commission on Municipal Affairs and Participatory Local Development regarding this project be addressed. Thus, via official letter MC-CM-116-03-2021 of March 24, 2021, sent that same date, Agreement No. 4 was transcribed, which is recorded in Article 2, Chapter 3 of the minutes of Ordinary Session No. 47-2021 of March 23, 2021, by which the Municipal Council of Curridabat resolved to respond negatively to the consultation on Bill No. 22,235, because these are lands intended for public parks and it is not possible to compensate the use with another land located in the area, in accordance with Article 40 of the Urban Planning Law. Despite having such opposition, as well as the warnings issued by the Technical Services in the same vein, the file received an affirmative majority opinion on September 14, 2021. From that document onward, the bill was named "Declassification of two real properties owned by the Municipality of Curridabat and authorization to donate them to the Ministry of Public Education (José María Zeledón Brenes School)". This bill was voted on in the second debate on January 13, 2022, and published in Supplement No. 36 to La Gaceta No. 33 of Friday, February 18, 2022, with Law Number 10118. They argue that the law in question constitutes a flagrant violation of the principle of municipal autonomy enshrined in the Political Constitution, as well as Article 40 of the Urban Planning Law, because although the legislator's intention to consolidate the property registration of the real estate where an educational center is located is understandable, the reality is that this cannot result in an impairment of the right held by the residents of the José María Zeledón Urbanization, since those two land portions are of a park nature, and there is no respective compensation involved (referencing this Chamber's judgment No. 2000-4332). They note that this Chamber has repeatedly ruled, indicating that in cases such as the one at hand, the right to a healthy and ecologically balanced environment of the people living in the urbanization prevails, and that these people are impacted when the declassification of park areas or community facilities has been ordered without compensating the ceded area. Properties that have the nature of parks, as well as those that are community facilities and playgrounds, have the objective of serving as a recreational and leisure area for the residents of the urbanization, which is why developers (fraccionadores) are required to reserve these areas; thus, not seeking or having land for compensation would violate Article 50 of the Political Constitution, since leaving a development without park areas is a violation of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. They reiterate that, in this case, it was not determined what that "other land" that will compensate for the park area to be donated to the MEP will be, which makes the challenged law unconstitutional for declassifying portions of real estate intended as a "Park" owned by the Municipality of Curridabat, without determining in the law the property that would compensate for the area losses, with the same or better conditions than those currently established for this purpose. This was duly advised by this municipality to the Legislative Assembly, when responding to the hearing granted by the latter during the legislative processing of this law. However, this was ignored by the Permanent Commission on Municipal Affairs and Participatory Local Development. It considers that ignoring the local government's position regarding lands that are its property and of a park nature contravenes the autonomy granted to it constitutionally, since the well-founded reasoning issued to provide a negative opinion on the consultation of the project in question is being ignored. It states that this is to ignore municipal autonomy and its power to develop projects for the benefit of the population, one of these properties being, specifically, where the municipal pool is located, which, although it would not be directly affected by this law, does generate an impact regarding the sports projects this municipality has planned for the future for said areas and, therefore, affects the public domain assets (bienes demaniales) of the canton's inhabitants.

2.- To substantiate the legal standing they hold to bring this unconstitutionality action, it notes that it derives from Article 75, second paragraph, of the Constitutional Jurisdiction Law, insofar as the defense of diffuse interests is claimed.

3.- By resolution at eight hours fifty-two minutes on March twenty-four, two thousand twenty-two, the action was admitted, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic, the President of the Legislative Assembly, and the Minister of Public Education. It was also ordered that “in cases of direct action, as occurs in this action, brought in defense of diffuse interests, the suspensive effect of the filing does not apply (see ruling No. 537-91 of the Constitutional Court).”

4.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law were published in numbers 62, 63, and 64 of the Judicial Bulletin, on March 31, April 1, and April 4, 2022.

5.- SILVIA HERNANDEZ SANCHEZ, in her capacity as President of the Legislative Assembly, reports, in summary that: I. BACKGROUND: Processing of Law 10118. On September 29, 2020, legislative file No. 22235 entered the legislative process; the base text was published in the Official Gazette Supplement 266, La Gaceta 245 of October 7, 2020. The initiative was under study by the Permanent Special Commission on Municipal Affairs and Participatory Local Development, which, in a session on March 10, 2021, approved a motion to consult the project with the Municipality of Curridabat, the Ministry of Public Education, and the Education Board of the José María Zeledón Brenes School. The agreements of the Municipality of Curridabat are on record (folio 10-13 and 114-123), as well as the response from the Ministry of Public Education (folio 189-190). The project was transferred on August 6, 2021, to the Permanent Ordinary Commission on Government and Administration (folios 201-203) at the request of the presidents of both commissions and with the approval of the Presidency of the Legislative Assembly. In session No. 13 of September 14, 2021, a substitute text motion is approved, and in that same session, the project receives an affirmative majority opinion from the Commission on Government and Administration. In session No. 36 of October 27, 2021, with 38 votes in favor, the bill is approved in the first debate. At folio 282, the final wording is recorded, and at folios 251-259, a constitutionality consultation, which was declared inadmissible because, of the ten original deputies, two of them withdrew their signatures. The file is approved in the second debate in session 47 of January 13, 2022, with 39 votes in favor. II. Regarding the questions raised: The arguments alleged are not acceptable. Law 10118 was approved in accordance with Article 121.14 of the Political Constitution; municipal autonomy and the provisions of constitutional Article 50 were respected at all times. It is appropriate for the Constitutional Court to analyze the constitutionality of this law under a modern concept of public domain. Likewise, when there is tension between the right to education and the right to the environment, the greatest optimization of resources must be sought. The declassification of the lands and the transfer to the Ministry of Education also pursues human development, the common good, and allows the State to carry out positive actions and address social needs. Additionally, there is no doubt that the questioned law aims to improve the conditions of a school that has been providing its services to the community for 30 years and has been of benefit to the residents. This transfer does not cause a general affectation to the community, given that the sacrifice is reasonable, useful, timely, and necessary. Allowing the school to improve its conditions is reasonably justified within the power granted to the Municipality to plan urban development within local interests and services, especially concerning a public school, which involves considering the needs of children, adolescents, youth, and the neediest families. The law does not contradict the Urban Planning Law, given that the Municipality could eventually possess a property that meets the requirements for the indicated compensation. Furthermore, what the Urban Planning Law establishes postdates the creation of the School in 1992, and the compensation refers to community facilities areas. The law does not violate Article 50; quite the contrary, it seeks to offer minors the enjoyment of the environment. An example of weighing the right to education and the right to the environment can be seen in the jurisprudence of the Constitutional Court of Colombia, where it ruled on environmental classrooms (T-329 of 05/10/2010). The law is an authorization so that the Municipality of Curridabat may carry out the segregation and transfer, such that the situation regarding compensation could change, and the Municipality could eventually possess a property with which to effect the compensation. It requests that the action be dismissed.

6.- The Office of the Attorney General of the Republic submitted its report. It states, in summary, that: I. PURPOSE OF THE ACTION: The petitioner requests that Law No. 10118 of February 2, 2022, denominated Law for the Declassification of Two Real Properties Owned by the Municipality of Curridabat and Authorization to Donate Them to the Ministry of Public Education (José María Zeledón Brenes School) be declared unconstitutional. This is for the purpose of consolidating the property registration of the real estate on which said educational center sits. It claims that, despite the Municipality of Curridabat opposing its approval during the legislative process, the law was finally approved, violating municipal autonomy and the provisions of Article 40 of the Urban Planning Law, since it was not possible to compensate the land originally intended as a park with another located in the zone. It considers that the right of the residents to enjoy a healthy and ecologically balanced environment has also been violated, since the park area and community facilities were declassified without compensation. II. REGARDING THE ADMISSIBILITY OF THE ACTION: For the matter at hand, it must be emphasized that the Chamber has been emphatic in allowing direct action when the preservation of the environment is at stake, traditionally recognizing the existence of diffuse interests in this matter. Additionally, the petitioner Mayor may bring action in defense of the interests of the residents of the canton, which is why this advisory body considers that he is fully authorized to bring the unconstitutionality action he raises. Consequently, there are no objections whatsoever regarding the legal standing of the petitioner. III. PRELIMINARY ISSUE: ON THE DEMANIAL MUTATION AND THE CHANGE OF DESTINATION OF PARKS: Given the special legal regime of public domain assets, their declassification has been regulated by the special procedure contemplated in Section 69 of the Administrative Contracting Law. This norm provides for the declassification of public domain assets, provided it is done through the same classification mechanism. In other words, if a certain asset was classified for public use by means of a law, a norm of equal rank must be issued to declassify it from the public domain. The exception to the above rule is constituted by protected wilderness areas, considered the State's natural heritage, because in all cases, the Organic Environmental Law obligates in its Article 38 that their coverage cannot be reduced except through a law of the Republic, after conducting the technical studies that justify the measure. Thus, in the case of the State's natural heritage, even when the classification was made by means of a regulation, its declassification can only be done by law, due to the environmental purpose these lands have. In addition to declassification, it is also legally possible to change the original destination of a public domain asset when there is a public interest that justifies it. This possibility is known under the concept of demanial mutation (mutación demanial), to which we referred in opinion C-210-2002 of August 21, 2002. From the above, we can extract that the doctrinal sphere has accepted the change of destination of a public domain asset, provided it is done through a legal norm of legislative rank. In support of the above, Article 45 of the Urban Planning Law, No. 4240 of November 15, 1968. In the same vein, Article 62 of the Municipal Code (No. 7794 of April 30, 1998, and its amendments), establishes the manner in which municipalities may carry out a donation of real property classified for a public use or purpose. It is precisely from these provisions that the norm challenged in this action arose, because through it, the legislator decided to declassify two real properties with a park purpose, owned by the Municipality of Curridabat, so that they could be donated to the Ministry of Public Education. In the same law, however, the resulting lands were classified for a public purpose, since they will henceforth be dedicated to consolidating a public school that was built on the properties. In other words, it is not a simple declassification from the public domain, but rather a demanial mutation (mutación demanial), as the destination of the properties has been changed, but their purpose remains classified for public service. Since this is a change of destination of two portions of land that were originally intended as a park zone, we must refer specifically to the particularities of these areas. Importantly, we must note that in accordance with the provisions of Articles 37 of the Construction Law (No. 833 of November 4, 1949) and 40, 43, and 44 of the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968), there is no doubt that parks are public domain assets. From this norm, we can deduce that parks are classified under the public domain by legal provision, since they must be used for enjoyment and common use, respecting that destination for which they were created. Therefore, their declassification requires a legal norm of equal rank, pursuant to the provisions of Article 69 of the Administrative Contracting Law already mentioned. But, additionally, we must note that, in the case of parks and green areas in developments, the Constitutional Chamber has included their protection within the scope of the right to a healthy and ecologically balanced environment, stating: “this Court has held in its reiterated jurisprudence the right of all to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. This fundamental right (sic) is developed, among others, in laws such as the Urban Planning Law, which obligates the developer to establish zones that must be designated as parks and communal green areas. When it comes to developments established under the validity of that law, the green areas previously established and approved by the Municipality, fulfill the specific purpose of serving the community in which the land is located, since the cost of those areas, for obvious reasons, has been borne by the neighbors, when paying the price of the land where they have established their homes, hence their purpose is to serve them for the integral development of their capacities. (Ruling No. 4332-2000 of 10:51 hours on May 19, 2000). Based on the above, even though Article 45 of the Urban Planning Law allows that lands ceded by developers may be transferred to another public use by means of a law, and that even, according to Article 40 of said law, community facilities areas may be eliminated in exchange for an improvement or other compensatory facility, an exception has been made regarding park areas, providing the following: "The power that the Municipality has to vary the destination of ceded lands can only be applied to lands dedicated to covering community facilities, not to those that must be designated as parks, in the first place, because the norm is clear in indicating that this change may be verified with the remaining land once the need for the park area has been covered, and in the second place, because in the second paragraph of this provision, it is expressly provided that the park area cannot be less than one third of the percentage of land that is ceded" (Constitutional Chamber, ruling No. 4205-1996 of 14:33 hours on August 20, 1996. Emphasis added. Also see Ruling No. 4332-2000 of 10:51 hours on May 19, 2000). As can be observed from the stated criterion, and of importance for this case, the Chamber has considered that the construction of schools is incompatible with the destination of park and green zone areas, so neither the municipality nor the legislator could freely eliminate the park area without defining, in exchange, a space that compensates for the loss of the area to comply with the minimum percentages required in Article 40 of the Urban Planning Law and, in this way, guarantee the fundamental right to a healthy and balanced environment of the local residents. It is for this reason that, in the case of parks, unlike other public domain assets, limits have been imposed on their disposal for the sake of protecting the social function linked to the fundamental right established in Article 50 of the Political Constitution. Among these limits is not only the need for a norm of legislative rank to vary its destination, but also that compensation would be the limit for the public entity to be able to transfer this asset to another body or entity that seeks to protect a superior interest. Precisely based on this line followed by the Constitutional Chamber, the Office of the Attorney General recently issued opinion PGR-C-060-2022 of March 18, 2022, at the request of the Mayor of the Municipality of Curridabat. In this criterion, we indicated to the mayor that “it is not possible to declassify a park or vary its destination for the construction of a school, without simultaneously compensating the area with another land under equal conditions.” However, we must clarify that said criterion did not perform a specific analysis of the norm challenged here, but rather addressed, in a general manner, a question about the declassification and change of destination of parks. Without prejudice to the foregoing, we will proceed to analyze the challenged norm specifically and explain the reasons why, in this case, we believe it is not unconstitutional, despite the criteria already mentioned by the Constitutional Chamber and the Office of the Attorney General of the Republic. IV. ANALYSIS OF CONSTITUTIONALITY OF THE CHALLENGED NORM: To carry out the analysis of the challenged norm, it is relevant to refer to the legislative records of Bill 22235, which served as its basis. From these, it is evident that since 1992, the José María Zeledón Brenes School of the canton of Curridabat was located on a land area belonging to the municipality of that canton. Given the need to make improvements to the school and the impossibility of the Directorate of Infrastructure and Equipment of the Ministry of Public Education to invest resources in land that is not in the name of said ministry, the bill was proposed as a solution to address the existing problems (folios 2 and 3 of the legislative file). Of importance for this action, we must note that this initiative originated from the Municipality of Curridabat itself, which, through official letter SMMC-347-12-2015 of December 3, 2015, forwarded Agreement No. 6 of Ordinary Session 291-2015 of November 26, 2015, by which the then Municipal Council authorized the mayor to submit the bill to the Legislative Assembly (folios 5 and 9 to 13 of the legislative file). This request initially served as the basis for Bill Number 20004, which received a positive opinion but was archived due to the expiration of the four-year term on June 20, 2020. Given this, the initiative was presented again under Bill Number 22235, which ultimately provided the basis for Law 10118. Additionally, in the indicated official letter, the Municipality recorded the technical report DCBIMC-0153-11-2015 of November 25, 2015, issued by engineer Douglas Alvarado, Director of Property Cadastre and Real Estate of the Municipality of Curridabat, which states that: “Considering the area to be donated, which corresponds to the farms registered under folio real numbers 1-295979-000 and 1-349996, it is determined that according to the site design of the José María Zeledón Urbanization, the eventual segregation does not affect the provisions of Article 40 of the Urban Planning Law” (folios 11 and 223 of the legislative file). Subsequently, during the legislative process of File 22235, the Legislative Assembly mandatorily consulted the Municipal Council of Curridabat through official letter CPEM-101-2020 of March 10, 2021 (folio 86 of the legislative file), which rendered its opinion through the agreement reached in Ordinary Session No. 47-2021 of March 23, 2021, Article 2, Chapter 3. On this occasion, the current Municipal Council opposed the bill, considering that it cannot compensate the segregated land for the park with another of the same nature within the José María Zeledón Urbanization (folio 113 to 116 of the legislative file). Nevertheless, it did not present any technical report that refuted what was expressed by the municipal engineer in report DCBIMC-0153-11-2015 of November 25, 2015, regarding the eventual segregation not affecting the provisions of Article 40 of the Urban Planning Law, which served as the basis for the request by the then Municipal Council. Later, ten deputies filed a facultative consultation of constitutionality, processed under File 22-22814-0007-CO, which was declared inadmissible by judgment 2022-00440 at 9:15 hours on January 7, 2022, because two signing deputies withdrew their support for the consultation. Now, based on the factual picture described and the norm finally approved, we believe that in the present case there is no unconstitutionality whatsoever for the reasons we will now explain. Firstly, we must note that the violation of municipal autonomy must be dismissed because, as we indicated, the legislative initiative was requested by the Municipality of Curridabat itself in 2015, for which the respective agreement of its then Council requesting the submission of the bill was provided. Additionally, it must be considered that the legal nature of the challenged norm is solely that of an enabling norm and does not have the capacity to obligate the municipal entity to donate the properties in question. In this regard, this advisory body has repeatedly stated that authorizing laws, such as the one challenged, lack effectiveness by themselves. On this matter, see opinion C-073-97 of May 9, 1997. Starting from the premise that the challenged law is solely an enabling norm so that the Municipality of Curridabat may donate to the MEP the lands where the José María Zeledón Brenes School is located, we believe that the norm itself cannot violate municipal autonomy, because the municipal entity must adopt the respective agreement for the signing of the deed before the State Notary Office. The foregoing was noted during the legislative process when this Office of the Attorney General was consulted on the bill that served as the basis for Law 10118. Specifically, in legal opinion OJ-112-2017 of September 11, 2017, in which it was stated: "The bill in question, if approved, would empower the Municipality of Curridabat to dispose of the property under the referred terms."

It is important to bear in mind that the Office of the Attorney General has already stated on repeated occasions that the authorization to donate is facultative and not imperative for the active administration. The laws that authorize public institutions to transfer their assets are not effective by themselves; on the one hand, the authorizations of the respective representatives to sign the deed are required, as well as the effective transfer of the asset, in order to comply with the principle of legality enshrined in Article 11 of the General Public Administration Law and Article 11 of the Political Constitution. (See, among others, OJ-095-2001) For this specific case, subsequent to the approval of the special law, an agreement of the Municipal Council would be required authorizing both the donation of the asset and its representative to sign the respective transfer deed. In the same vein, the Ministry of Public Education must, through its highest authority, accept the donation of the properties and authorize the representative of the Office of the Attorney General of the Republic to sign the relevant deed.” Having dismissed the violation of municipal autonomy for the reasons indicated, we must analyze whether or not there is a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment of the residents of the canton, given the claimant's argument regarding the lack of compensation for a plot of land for the park area. In this regard, it has been proven that even though it was the municipality itself that requested the Legislative Assembly to issue the challenged rule, subsequently, during the legislative process of bill 22235, the municipality expressed the need to compensate for the park area that was being lost; however, neither the municipality nor the residents found a plot of land that could materialize that compensation (folios 4 and folio 113 to 116 of the legislative file). Notwithstanding this, as we indicated, no technical report was presented on this occasion to refute the one issued by engineer Douglas Alvarado, Director of Cadastre and Real Estate of the Municipality of Curridabat, in which he stated that “the eventual segregation does not affect the provisions of Article 40 of the Urban Planning Law” (folios 223 and 11 of the legislative file). This is vitally important, because although the Constitutional Chamber has protected the existence of parks and community facilities as part of the content of the right to the environment, the truth is that it has only safeguarded the existence of the minimum percentages established in Article 40 of the Urban Planning Law for said areas. In other words, there is no specific fundamental right to enjoy percentages beyond those set by the legislator. This is derived from judgment 2000-4332 of 10:51 a.m. on May 19, 2000, cited in our first section. Note that the challenged rule only authorizes the segregation of two lots whose area reaches 4,580 m2 (Article 2 of Law 10118) and the parent property had an initial area of 24,987 m2. This is derived from Article 1 of the law, which authorizes the segregation of a first lot of 935 m2 from a parent property of 11,849.58 m2, and a second lot of 3,645 m2 from a parent property of 13,138.25 m2. In other words, the change of purpose occurred over a very small portion of the land destined for a park where, furthermore, the Escuela José María Zeledón Brenes has been located since 1992. Therefore, it is not true that the local residents cannot enjoy their right to recreation as a consequence of the challenged rule, since for thirty years they have had the same access to the park area which, moreover, even with the authorized segregation, has more than twenty thousand square meters of area. Therefore, it must be the municipality itself that demonstrates to the Chamber that the current park percentage does not comply with the provisions of Article 40 of the Urban Planning Law, interpreting in favor of the conservation of the rule until proven otherwise. The foregoing, added to the technical report of the municipal engineer stating that the authorization does not violate the provisions of Article 40 of the Urban Planning Law, leads us to conclude that the challenged rule is also not a violation of the provisions of Article 50 of the Constitution. It must be taken into consideration that the Chamber's jurisprudence recognizing the impossibility of decommissioning the park area of a community without the respective compensation has been issued in cases where the community residents are deprived of the minimum percentages set forth in Article 40 of the Urban Planning Law, which does not appear to be the case here, as the municipal entity has not refuted the technical opinion of its own municipal engineer and the legislator expressly assessed this fact, as well as the benefit generated to the community, to justify the lack of compensation for the land that was authorized to be segregated (see statement of purpose of the bill). Furthermore, it must be considered that this case does not involve the construction of a new school (cases analyzed by the Chamber on other occasions), but rather a school that has already been in the location for thirty years. Finally, and no less important, we must point out that in this case the best interests of the minors in the community who attend the Escuela José María Zeledón Brenes must also be assessed, a school that has been on municipal land for three decades, preventing the Ministry of Public Education from carrying out the improvements and investment needed to effectively guarantee the right to education of the minors. This best interest finds its recognition in Article 3 of the Convention on the Rights of the Child. See also, Constitutional Chamber, resolution number 2008-6813 of four fifty-six p.m. on April twenty-third, two thousand eight. In this case, the balancing between the best interests of the minors that the challenged rule seeks to protect and the right to recreation of the residents who, furthermore, will continue to have the same park area, must tip the scale towards the protection of the former. V. CONCLUSION: In view of the foregoing considerations, the Office of the Attorney General considers that the claimant has standing to file this action of unconstitutionality. On the merits, it is considered that the challenged rule is not unconstitutional. In the manner set forth, the granted hearing is hereby discharged.

7.- Steven González Cortés submits his report, in his capacity as Minister of Public Education. In summary: CLAIMANT'S ARGUMENTS: The mayor of the canton of Curridabat alleges that the law in question is a flagrant violation of the principle of municipal autonomy enshrined in the Political Constitution, as well as of Article 40 of the Urban Planning Law, because although the legislator's intention to consolidate the registration of the property on which an educational center sits is understandable, the truth is that this cannot result in an impairment of the right held by the residents of the Urbanización José María Zeledón, given that those two land fractions (fracciones de terreno) have the nature of a park, and there is no respective compensation involved (refers to judgment of this Chamber No. 2000-4332). Not seeking or having a compensating land would violate Article 50 of the Political Constitution, since depriving an urbanization of a park area is an infraction of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. PRELIMINARY ASPECTS. On the Best Interest of the Minor: The jurisprudence of the Constitutional Chamber has been extensive over the years in determining and recognizing the best interest of the minor, as reflected in resolution No. 3299-2021. On the background of the challenged rule- It is important to contextualize that the lands in the possession of the Escuela José María Zeledón for more than 30 years, delivered by the Municipality of Curridabat in the Urbanización José María Zeledón, measure approximately 4,500 square meters, duly delimited by the Municipality by means of metal fences. That is, the capacity of the land to be donated to the Ministry of Public Education is the same as that which has been destined for the School for more than 30 years; the new law does not change that measurement, so the area destined for a park remains unchanged. The structure of the property destined for a school has a sanitary order declaring it uninhabitable, so immediate intervention is required to guarantee the safety of both the students and the Ministry of Public Education personnel working in said educational center. The state body that governs everything related to educational matters, including infrastructure, is the Ministry of Public Education; furthermore, to carry out any improvement or construction of new works, it must comply with the established budgetary guidelines, which is why, to be able to make any remodeling, maintenance work, or new construction, this ministry requires the land where the educational center is located to be in the name of the State. Motivated by the urgency to provide the basic service of Education to minors, the enactment of the Law for the decommissioning (desafectación) of two properties owned by the Municipality of Curridabat and authorization to donate them to the Ministry of Public Education (Escuela José María Zeledón)”, No. 10118, published in Alcance No. 36 to La Gaceta No. 33 of February 18, 2022, was promoted. On the designation and decommissioning of public assets. - The sole authority to decommission a public domain asset rests with the Legislative Assembly, since it is its will that causes a specific asset to enter or be alienated from the public domain. Conceptually speaking, doctrine designates as public domain all those assets (regardless of their nature), subordinated to a special legal regime, in turn, the cited legal opinion C-210-2002. On the regulations invoked by the claimant. - The claimant's capricious interpretation of Article 40 of the Urban Planning Law is flawed and even contradictory, insofar as said rule establishes that although it is true that developers (urbanizadores) must cede a percentage of the land to the municipal corporation, this percentage in turn is not totally and exclusively destined for a park or recreational areas. It is deduced with absolute clarity that for park use no less than one-third of the area that the developer must cede must be destined, with the other two-thirds destined for a purpose other than "park use", as the same article states. The same article empowers the Municipality to authorize that those two-thirds exempt from "park use" may be transferred directly to the state entities in charge of establishing the services or facilities of their respective competence therein. Now then, according to Article 45 of the Regulations for Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations of the National Institute of Housing and Urbanism in force since September 13, 2020, "Community facilities" (Facilidades comunales) are conceptualized. According to the cited article, education is one of the items contemplated as "community facilities" and even more so the same article says they are the areas destined for the construction of education infrastructure. Furthermore, the area occupied by the Escuela Dr. José María Zeledón is less than the percentages established in Article 40 of the Urban Planning Law, since as the claimant himself indicates, the farms (fincas) to be segregated measure 11,849.58 m2 and 13,138.25 m2 respectively and that together make up what the Municipality calls the park area, totaling 24,987.83 m2 between the two. In this manner, according to the provisions of the invoked article, one-third corresponds to the park area (8,329.27 m2) and the other two-thirds (16,658.55 m2) will serve to install community facilities. Thus, it is clearly evident that there is no conflict with legality and much less any impairment. Regarding the articles of the Political Constitution, for more than 30 years the law subject to this action of unconstitutionality has been destined for use as an educational center; it also has infrastructure built by the Ministry of Public Education destined for the purpose of providing educational services to the inhabitants of the community. The area destined for a park has not been affected by the presence of the educational infrastructure, whose construction predates many of the sports and recreational facilities built by the Municipality of Curridabat. Due to the foregoing and in light of Article 40 of the Urban Planning Law, segregating the 4,500 m2 indicated in the challenged law does not represent a violation of what is instituted in our Constitution. Law No. 10118, called “Decommissioning of two properties owned by the Municipality of Curridabat and authorization to donate them to the Curricular Transformation, a commitment to educational quality. Ministry of Public Education (Escuela José María Zeledón)”, does not violate the principle of municipal autonomy, quite the contrary, what the claimant seeks is to impose an erroneous interpretation on Article 40 of the Urban Planning Law, to assume a transgression of Article 50 of the Constitution. Regarding this particular, it is important to make a section on the principle of burden of proof: Within the arguments put forth by the claimant, the absence of arguments demonstrating evident and manifest damage to both the constitutional and lower-ranking norms invoked is noticeable. He does not technically justify that the segregation of the lands contemplated in Law No. 10118 generates a decrease in the area destined for a park, much less any harm that should be compensated through an indemnity to the municipal corporation. On the harm to the educational service. - Firstly, we must determine education as a public service, and regarding this particular, it is necessary to point out that the Constitutional Chamber has indicated that the term public service designates an activity directed at satisfying a general need, which is of public interest and is subject to a special legal regime. Consistent with the foregoing, our Political Constitution incorporates, within the list of Rights, specifically in Articles 77 and 78, the duty of the State to guarantee the existence and functioning of a public education system. Therefore, constitutional jurisprudence has pointed out the existence of education as a public service, citing judgment No. 9740-2008 of 11:15 a.m. on June 13, 2008. Thus, it is possible to affirm that for an area to be used as a park zone, its purpose is directly linked to general leisure and recreation for all the inhabitants of the community; these are areas that require open spaces where people can retire to rest, practice sports, play with their children, and, in short, enjoy an environment suitable for their leisure time. In this case, as can be observed, it is a land that is destined for an educational center, with which its legal nature does not match the term of using areas for recreation. In this case, by decommissioning the portion of land from the cited Law, the nature of "community facility" is not being changed, but rather it is for the benefit and use of the neighboring community, since there would be an educational center that meets the optimal conditions to house a student population from the same community, in order to safeguard the best interests of the child, the right to quality education and, in attention to the principle of inclusion, by having the implementation of the mentioned Law 7600. On the Sanitary Order issued by the Ministry Of Health. We do not omit to point out that there is a sanitary order CS-ARS-CU-0356-14, issued by the Health Governing Area of Curridabat, which states that during the visit made to the Educational Center, it was determined that it presents deteriorated conditions in its ceiling structure, making it urgent to intervene, given that it constitutes a risk to the health and safety of the student population, teaching, and administrative staff, as well as the other aspects it presents that limit adequate functioning and attention to the population. Now then, it is necessary to highlight that executing it is an obligation, therefore, if the sanitary order is not complied with, the Ministry of Public Education must close the doors of the educational center, causing harm to the community, as they would have to travel to other nearby educational centers. The foregoing, taking into consideration that it has a population of 150 students for the 2022 school year, with an approximate projection of 300 students for the 2024 school year. Upon the approval of the law under study, one of the most important reasons and motivations that every administrative act must carry as a foundation is that for the State, the Ministry of Education, and the student population, the use of remodeling infrastructure is made impossible, despite having the assigned budget for repairs, as long as the land continues to be registered in the name of the town council, due to a technical-legal rule, greatly affecting student performance. This is derived from the technical study conducted by the Department of Educational Infrastructure through official communication DVM-A-DIEE-DS-CBI-0108-2021, dated April 16, 2021, which states in pertinent part: …This land is registered in the name of the municipality of Curridabat as part of the real folios of San José 295979-000 and 349997-000, and it has the cadastral map SJ- 759908- 1988. A topographic review of the aforementioned cadastral map was carried out, and it was verified that it coincides in location, area, and dimensions with the land occupied by the Escuela José María Zeledón. The land currently has some educational infrastructure; however, the physical plant needs to be expanded to meet current and future demand. In order to invest in this expansion of the physical plant, the property needs to be registered before the National Registry in the name of the State- MEP. The northern sector of the land is where the new buildings will be developed; this sector has the technical characteristics suitable for said expansion. CONCLUSIONS: As seen throughout this exposition, the educational center Escuela Dr. José María Zeledón houses a population of 150 students, with a projection of 300 for the 2024 school year, to whom not only the education service is provided, but also other services such as the school cafeteria, which allows many of the students who make use of that service to satisfy not only their educational but also their nutritional needs in many cases. With the imminent closure due to deterioration of the facilities of the educational center, invaluable harm would be generated to a vulnerable population such as the minors who use the educational service of the Escuela Dr. José María Zeledón. As the governing body in educational matters, the Ministry of Public Education has managed the resources to restore and expand the educational facilities; however, as the property does not belong to the Ministry of Public Education and by legal mandate, it is materially and legally impossible to invest the funds already available, which also, as is known, for budgetary reasons, will no longer be available if not executed within the fiscal year. Due to this, Law No. 10118, called “Decommissioning of two properties owned by the Municipality of Curridabat and authorization to donate them to the Ministry of Public Education (Escuela José María Zeledón)”, was enacted, allowing the donation of the lands that the School has occupied for more than thirty years in favor of the Ministry of Public Education and thus be able to carry out the necessary works to guarantee the continuity of the educational service. From the study of the regulations invoked by the claimant, it is determined with lucid clarity that he errs in his arguments, noting the absence of evidence and arguments demonstrating that there is an impairment of the constitutional principle that establishes the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment. Furthermore, he does not prove that the provisions of Article 40 of the Urban Planning Law are contravened, firstly because the purpose of said lands is not being changed, since three decades ago the Municipality of Curridabat ceded to the Ministry of Public Education the 4,500 m2 that are destined to house the facilities of the Educational Center Escuela Dr. José María Zeledón; secondly, the percentages established for the park area are not modified, so there is no impairment of the constitutional right of every person to have a healthy and ecologically balanced environment; and lastly, the town council disregards the concepts of “community facilities” (facilidades comunales) contained in the Urban Planning Law and conceptually developed in the Regulations for Subdivisions and Urbanizations of the National Institute of Housing and Urbanism, since its arguments, erroneously and contrived, are developed under the premise that Article 40 of the Urban Planning Law means that the entirety of the area ceded by the developer must be used for the exclusive use of a “park area”, basing its theory of compensation there, seeking to impose an impossible condition to fulfill, insofar as the Municipality itself states that there is no land within the Urbanization that meets the requirements it tries to impose as compensation. PETITION: It is requested that the request for declaration of unconstitutionality be rejected outright. If considered on the merits, it is requested to declare it without merit in all its aspects.

8.- Passive joinder by Nombre194566, in his capacity as president of the Education Board of the Escuela José María Zeledón, indicating that this action is inadmissible because it does not concern environmental protection but rather the indemnification for the decommissioning of municipal assets; consequently, he considers that a prior process is required. He presents the following arguments: -History of the relationship of fraternity and solidarity between the Municipality, the Escuela José María Zeledón, and the MEP, and the vicissitudes that arose in 2021. Before 1992, an agreement promoted by the Municipality of Curridabat with the Ministry of Education mediated to build the Escuela José María Zeledón Brenes on municipal lands in the Urbanization of the same name, granting the School possession of the area indicated in Law No. 10,118. Subsequently, a recreation park, complete with a swimming pool, was created on the same land, and the Municipality built a metal fence to protect it. The School was declared uninhabitable in 1995 by the Ministry of Health; the municipality contributed to saving the educational center. The same situation arose in 2015, when it was again declared uninhabitable. In the case of the Escuela José María Zeledón, built by the MEP on municipal lands, obtaining financing for maintenance and expansion could be achieved if the property became the property of the MEP or the Education Council. The Municipal Council itself in 2015 made a series of agreements for the donation of the lands. Furthermore, it ordered all necessary studies to be carried out to meet the requirements for presenting a bill; among the studies is opinion DSITNT-0139-011-2016 where it was indicated that this did not affect Article 40 of the Urban Planning Law. The project was presented and processed in the Legislative Assembly under file No. 20,004 in 2016, but once the legislative term expired without the project's approval, it was archived. Later, in the 2018-2022 legislative term, the Education Board managed before the Municipality and the MEP to submit the same bill to the knowledge of the Legislative Assembly, and the Mayor at that time indicated before the Committee that the decommissioning had to be compensated with other lands in the Urbanization or in the first district of the canton, in equal or better conditions. The Legislative Committee rejected the Mayor's proposal. A consultation on constitutionality was presented, which was not discharged due to the withdrawal of signatures (see vote No. 2022 of 2022). On January 13, 2022, the Assembly approved the law. In another similar case, the Municipal Council ordered the Municipal Mayor to continue with the transfer of the property in favor of the Escuela Juan Santamaría, for the corresponding donation. I.- On the doctrine of the mutation of public assets without compensation between public entities, as opposed to decommissioning with donation. Since decommissioning is the transfer of a public asset to a private subject, compensation is logical; however, if the decommissioning is of an asset from one public entity to another for public service, with donation authorization, there is generally the acquiescence of the first to donate gratuitously and no conflict exists. However, sometimes yes and sometimes no, the Constitutional Chamber has required the obligation to indemnify with decommissioning. The Office of the Attorney General of the Republic has prepared very interesting pronouncements on the figure of the mutation of public assets without compensation between public entities. II.- I accuse disproportionality and discrimination in the compensation charged by the Municipality for a public service provided for 30 years, on land that does not affect other sports and recreational activities, in harmony with a healthy environment, which should be free of charge. III.- It combats the untenable legal reason for unconstitutionality. IV.- Violation of the principle of equality by treating the Escuelas Juan Santamaría and José María Zeledón Brenes differently, both with laws for decommissioning and donation to the MEP, in one requesting the gratuitous donation deed and in the other filing an action of unconstitutionality. V.- Violation of the right to education of young students. VI.- The poorest school in the canton with an impossible, exaggerated, unjust, disproportionate obligation with an unpayable compensation of one million dollars for the lands delivered 30 years ago. Provides the corresponding evidence.

9.- By resolution of twelve hours seventeen minutes on May two, two thousand twenty-two, the passive joinder of Nombre194566, in his capacity as president of the Education Board of the Escuela José María Zeledón, was admitted. Furthermore, the hearings granted to the Office of the Attorney General of the Republic, the President of the Legislative Assembly, and the Minister of Public Education were deemed answered in the resolution of 8:52 a.m. on March 24, 2022.

10.- Through a written submission filed on May 30, 2022, Nombre5635, a resident of Curridabat, appears to present a joinder. However, as it was presented outside the established time limit, it is inadmissible.

11.- The hearing indicated in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by Article 9 ibidem, considering this resolution to be sufficiently founded on evident principles and norms, as well as on the jurisprudence of this Court.

12.- The prescriptions of law have been complied with in the proceedings.

Drafted by Judge Cruz Castro; and,

Considering:

I.- On the object of the challenge.- The claimant, in his capacity as Municipal Mayor, requests that Law No. 10118 of February 2, 2022, called the Law for the Decommissioning of two properties owned by the Municipality of Curridabat and authorization to donate them to the Ministry of Public Education (Escuela José María Zeledón Brenes), be declared unconstitutional. Said law establishes the following:

“DECOMMISSIONING OF TWO PROPERTIES OWNED BY THE MUNICIPALITY OF CURRIDABAT AND AUTHORIZATION TO DONATE THEM TO THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION (ESCUELA JOSÉ MARÍA ZELEDÓN BRENES)

ARTICLE 1- Two properties owned by the Municipality of Curridabat, legal identification number three - zero one four - zero four d one B zero four seven (No. CED80641), are decommissioned from public use and domain, which are described as follows:

A lot of nine hundred and thirty-five square meters (935 m2), which is segregated from the farm (finca) registered in the Public Registry of Property, under the real folio system registration number Placa36959 (No. Placa36964), province of San José, canton of Curridabat.

The parent property is described as follows: land designated for a communal park, located in the province of San José, canton 18 Curridabat, Dirección12011 ° , measuring eleven thousand eight hundred forty-nine square meters and fifty-eight square decimeters (11849.58 m²), with the following boundaries: to the north with a public street, Dirección22149 (70.15m); to the south with Fernando Monge Vargas; to the east with Dirección22150 and one meter (184.71m) and to the west with the Municipality of Curridabat, in accordance with cadastral map number Placa36963 (No. 516072-1983).

The second lot measures three thousand six hundred forty-five square meters (3,645 m²), which is segregated from the property registered in the Public Property Registry, under the folio system registration number Placa36961 - (No. Placa36965) province of San José, canton of Curridabat. The parent property is described as follows: land designated for a communal park, located in the province of San José, canton 18 Curridabat, Dirección22151 ° , measuring thirteen thousand one hundred thirty-eight square meters and twenty-five square decimeters (13,138.25 m²) with the following boundaries: to the north with a street; to the south with a street; to the east with Hogares de Costa Rica S.A., and to the west with a street; there is no registered cadastral map.

The Municipality of Curridabat, legal identification number three - zero one four - zero four two, zero four seven (No. CED80641), is authorized to donate the two lots, released from public use and described above, to the Ministry of Public Education, legal identification number CED141635 zero-zero four two zero zero two (No. 2-100-042002), free of liens and annotations.

ARTICLE 2- The lot resulting from the union of both segregated lands is affected to the new use of an educational center, measuring four thousand five hundred eighty square meters (4,580 m²), in accordance with cadastral map number seven five nine nine zero eight-one nine eight eight (No. 759908-1988).

ARTICLE 3- The State Notary is authorized to prepare the deed of transfer of the real property and proceed with its registration in the National Registry. Likewise, the Office of the Attorney General of the Republic is authorized to correct the defects indicated by the National Registry.

It takes effect upon its publication.”

The arguments refer to the following aspects:

1. Violation of Article 170 of the Constitution (municipal autonomy): The claimant indicates that the legislative record shows the Municipal Council issued a negative consultation response. Despite the Permanent Commission on Municipal Affairs and Participatory Local Development being aware of the opposition to the project, the negative response was ignored and processing continued until the law was enacted. It considers that disregarding the local government's position regarding lands that are its property and of a park nature contravenes the autonomy granted to it constitutionally. One of the properties is where the municipal pool is located, thereby generating an impact on the future sports projects of the canton.

2. Violation of the right to the environment, of public domain assets, and of Article 40 of the Urban Planning Law: The claimant indicates that the properties in question are of a park nature; however, the challenged law does not establish compensation for the areas, as established by Article 40 of the Urban Planning Law. It adds that the challenged law is violating Article 50 of the Political Constitution, insofar as every citizen has the right to a healthy and ecologically balanced environment, a right that materializes with the natural spaces and park areas designated for the use and enjoyment of the residents of the different localities (see vote n°2007-2942). The Constitutional Chamber has indicated that releasing an area of park from public use without having completed the corresponding procedure is unconstitutional. Leaving an urbanization without a park area is an infringement of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (see vote n°2000-4332 and n°2013-9997). It concludes that, because it was not determined which will be that "other land" that will compensate for the park area to be donated to the MEP, this leads to the challenged law being unconstitutional for releasing portions of properties destined for parks, owned by the Municipality of Curridabat, from public use. Finally, it adds that the challenged law constitutes an evident breach of the protection that the Administration is obliged to provide for a public domain asset of the community, as is the case here, two portions of land belonging to parks.

In summary, it indicates that the challenged law violates municipal autonomy, because the Municipality of Curridabat opposed its approval during the legislative process; and also, the right of residents to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as the park area and communal facilities were released from public use without compensation.

II.- The standing rules in unconstitutionality actions and standing in this case.- Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction regulates the requirements that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a matter pending resolution in an administrative or judicial venue in which the unconstitutionality is invoked, a requirement that is not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when due to the nature of the norm there is no individual or direct harm; when it is based on the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole, or when it is filed by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, or the Ombudsman, in these latter cases, within their respective spheres of competence. Based on the foregoing, the possibility of appearing in defense of "diffuse interests" is foreseen, which are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united based on a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights that it has described as "diffuse," such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, the proper management of public spending, and the right to health, among others. Furthermore, the enumeration made by the Constitutional Chamber is not exhaustive. Now, this action was admitted insofar as the defense of diffuse interests is alleged, in protection of the fundamental right to the environment (Article 50 of the Political Constitution). Regarding the allegation of violation of municipal autonomy, the Chamber has indicated that “the unconstitutionality action filed by a Municipal Mayor, on behalf of a territorial corporation, must inevitably have an agreement from the Municipal Council that authorizes and enables it, otherwise it must be considered inadmissible.” (see vote n°2007-007136). In this case, the claimant indicates that he was authorized by Municipal Council agreement n°6 contained in article 1, chapter 2 of ordinary session n°92-2022 of February 1, 2022. Therefore, in this action, there is also standing for the defense of corporate interests, such as, in this case, those related to the autonomy of the Municipality of Curridabat. Thus, the claimant has sufficient standing to file this action, both for the defense of diffuse interests and for the defense of corporate interests. Finally, it is a matter whose constitutionality may be reviewed in this venue, as it involves the challenge of a legal norm; and in addition, the claimant complied with the requirements stipulated in articles 78 and 79 of the procedural law. In conclusion, the present action is admissible, and therefore the object and merits of the matter must be discussed immediately.

III.- On the legislative process of Law n°10118.- As can be deduced from the report rendered by the Office of the Attorney General of the Republic, from the legislative records of bill of law 22235, which gave rise to the challenged law, the following is recorded:

-Since 1992, the Escuela José María Zeledón Brenes in the canton of Curridabat was located on a land area belonging to the municipality of that canton.

-Given the need to make improvements to the school and the impossibility of the Directorate of Infrastructure and Equipment of the Ministry of Public Education to invest resources in a land that is not in the name of said ministry, the bill of law was proposed as a solution to address the existing problem (folios 2 and 3 of the legislative record).

-This initiative originated from the Municipality of Curridabat itself, which through official communication SMMC-347-12-2015 of December 3, 2015, referred Agreement No. 6 of ordinary session 291-2015 of November 26, 2015, whereby the Municipal Council of that time authorized the mayor to present the bill of law to the Legislative Assembly (folios 5 and 9 to 13 of the legislative record). The Municipality recorded the technical report DCBIMC-0153-11-2015 of November 25, 2015, issued by engineer Douglas Alvarado, Director of Cadastre and Real Estate of the Municipality of Curridabat, in which it is stated that: “Taking into consideration the area to be donated that corresponds to the properties registered under real folios numbers 1-295979-000 and 1-349996, it is determined that according to the site design of Dirección11008, the eventual segregation does not affect what is established in Article 40 of the Urban Planning Law” (folios 11 and 223 of the legislative record).

-This request initially served as the basis for bill of law number 20004, which was positively reported out but archived due to expiration of the four-year term on June 20, 2020.

-The initiative was re-submitted under bill of law number 22,235 on September 29, 2020.

-During the legislative process of file 22235, the Legislative Assembly preceptively consulted the Municipal Council of Curridabat through official communication CPEM-101-2020 of March 10, 2021 (folio 86 of the legislative record), which rendered its criteria through the agreement taken in ordinary session No. 47-2021 of March 23, 2021, article 2, chapter 3. In this regard, the current Municipal Council opposed the bill of law, considering that they are lands designated for a public park and it is not possible to compensate the use with another land located in the zone, in accordance with what Article 40 of the Urban Planning Law indicates (folios 113 to 116 of the legislative record).

-The bill was reported out affirmatively, by majority, on September 14, 2021.

-Ten deputies filed a facultative constitutionality consultation, processed under file 22-22814-0007-CO, which was declared inadmissible by judgment 2022-00440 of 9:15 a.m. on January 7, 2022, by virtue of two signing deputies withdrawing their support for the consultation.

-The bill was voted on in the second debate on January 13, 2022, and published in Number 36 to Gazette n°33 of Friday, February 18, 2022.

IV.- On the allegation of violation of municipal autonomy.- In the opinion of the claimant, the challenged law violates the principle of municipal autonomy because the legislative record shows that the Municipal Council pronounced itself negatively on the bill of law that gave rise to the challenged law. Despite this, the Permanent Commission on Municipal Affairs and Participatory Local Development ignored said negative response and continued with the processing until the law was enacted. According to the report rendered by the PGR, the initiative originated from the Municipality of Curridabat itself (year 2015 which gave rise to bill 20004) and the bill that gave rise to the challenged law (year 2020 bill 22235) was consulted with the Municipal Council of Curridabat. Thus, the violation of municipal autonomy must be dismissed because the legislative initiative was requested by the Municipality of Curridabat itself since 2015, for which the respective agreement of its then Council requesting the presentation of the bill of law was provided. Additionally, it must be considered that the legal nature of the challenged norm is solely an enabling norm and does not have the capacity to compel the municipal entity to donate the properties in question. Starting from the premise that the challenged law is solely an enabling norm so that the Municipality of Curridabat may donate to the MEP the lands where the Escuela José María Zeledón Brenes is located, it is estimated that the norm in itself cannot violate municipal autonomy, as the municipal entity must adopt the respective agreement for the signing of the deed before the State Notary. For their part, in their respective reports, the Legislative Assembly, the Ministry of Public Education, and the passive coadjuvant indicate in order the following:

-The law is an authorization so that the Municipality of Curridabat may carry out the segregation and transfer, in such a way that the situation regarding compensation may change and the Municipality could eventually have an asset with which to perform the compensation.

-The capacity of the land intended to be donated to the Ministry of Public Education is the same as has been designated for the School for more than 30 years; the new law does not change said measurement, so the zone designated for a park remains untouched. The structure of the property destined for the school has a sanitary order declaring it uninhabitable; therefore, immediate intervention is required to guarantee the safety of both the students and the Ministry of Public Education personnel working at said educational center. Thus, it does not violate the principle of municipal autonomy; quite the opposite.

-Since before 1992, an agreement promoted by the Municipality of Curridabat with the Ministry of Education was in place to build the Escuela José María Zeledón Brenes on municipal lands in the Urbanization of the same name, granting the School possession of the area indicated in Law n°10,118. The same Municipal Council in 2015 took a series of agreements for the donation of the lands. In addition, it was ordered to carry out all necessary studies to comply with the requirements for the presentation of a bill of law; among the studies is the opinion DSITNT-0139-011-2016 where it was indicated that this did not affect Article 40 of the Urban Planning Law. The Mayor's request for compensation is impossible to fulfill; furthermore, in another case involving another school, such compensation was not required.

In this regard, this Chamber concludes that the challenged regulation does not violate the principle of municipal autonomy. As indicated by the PGR, starting from the premise that the challenged law is solely an enabling norm so that the Municipality of Curridabat may donate to the MEP the lands where the Escuela José María Zeledón Brenes is located, the norm in itself cannot violate municipal autonomy. The questioned law empowers the Municipality of Curridabat to dispose of the asset in the referred terms. But such normative provision constitutes an authorization of a facultative nature and not an imperative for the Municipality of Curridabat to donate the lands in question. The legislative authorization is a kind of permission so that a specific institution may, if so decided, take the agreement for the act it has been permitted. It is the removal of the legal obstacle that prevents public institutions from freely disposing of their assets. As this Chamber has indicated, “the intervention of the Legislative Assembly in this matter is a typically tutelary act of authorization, consisting of the removal of a legal obstacle so that the competent body performs the authorized activity.” (see vote n°5026-97). Laws that authorize public institutions to transfer their assets lack effectiveness by themselves. For them to finally be executed, it is required in this case, as indicated by the PGR, first, an agreement of the Municipal Council authorizing the donation of the asset, but also authorization to its representative to sign the respective transfer deed. Second, the head of the Ministry of Public Education would have to accept the donation of the properties and authorize the representative of the Office of the Attorney General of the Republic to sign the deed. Thus, municipal autonomy, defined by this Chamber as “the capacity that Municipalities must decide freely and under their own responsibility, everything concerning the organization of a specific locality (the canton, in our case).” (vote n°1999-05445) is not affected or compromised by the sole or mere existence of a law like the one questioned, whose objective is the authorization -and not the obligation, the mandate, or the imperative- to the Municipality of Curridabat, to donate the two lots released from public use and described to the Ministry of Public Education.

V.- On the allegations of violation of the right to the environment and the protection of public domain assets.- In the opinion of the claimant, the challenged law is violating Article 50 of the Political Constitution, because every citizen has the right to a healthy and ecologically balanced environment, a right that materializes with the natural spaces and park areas designated for the use and enjoyment of the residents of the different localities. In this case, two portions of lands belonging to parks are being authorized to be donated from the Municipality of Curridabat to the Ministry of Public Education, which is done without compensation (in violation of Article 40 of the Urban Planning Law), and also implies changing the park nature to "land destined for the consolidation of the educational center Escuela José María Zeledón," releasing properties destined for parks from public use.

According to the report rendered by the PGR, the law in question is a demanial mutation and not a simple release from the public domain, because with the authorization to donate two properties from the Municipality of Curridabat to the Ministry of Education, the properties with a park vocation continue to be affected for public service. In the case of parks and green zones in urbanizations, the Constitutional Chamber has included their protection within the scope of the right to an environment (see vote n°2332-2000). In the legislative record, no technical report was presented that contradicted the one issued by engineer Douglas Alvarado, Director of Cadastre and Real Estate of the Municipality of Curridabat, in which he stated that “the eventual segregation does not affect what is established in Article 40 of the Urban Planning Law” (folios 11 and 223 of the legislative record). The Constitutional Chamber has protected the existence of parks and communal facilities as part of the content of the right to the environment, only regarding the minimum percentages established in Article 40 of the Urban Planning Law for said areas; there is no specific fundamental right to enjoy percentages beyond those set by the legislator. Note that the challenged norm only authorizes the segregation of two lots whose extension reaches 4,580 m² (Article 2 of Law 10118) and the parent property had an initial extension of 24,987 m². In other words, the change of use occurred over a very small portion of the land destined for a park where, furthermore, since 1992, the Escuela José María Zeledón Brenes has been located. Therefore, it is not true that local residents cannot enjoy their right to recreation as a consequence of the challenged norm, since for thirty years they have had the same access to the park zone which, furthermore, even with the authorized segregation, has an extension of more than twenty thousand square meters. It concludes that the challenged norm is also not violatory of the provisions in constitutional article 50. The Chamber's jurisprudence recognizing the impossibility of releasing a community's park area from public use without the respective compensation has been issued in cases where the community's residents are deprived of the minimum percentages established in Article 40 of the Urban Planning Law, which does not seem to be the case here. Moreover, it must be considered that in this case it is not about the construction of a new school (cases analyzed by the Chamber on other occasions), but rather a school that has already been at the location for thirty years. Finally, in this case, the best interests of the minors in the community who attend the Escuela José María Zeledón Brenes must also be assessed, a school that has been on municipal land for three decades, preventing the Ministry of Public Education from making the improvements and investment needed to effectively guarantee the minors' right to education.

For their part, in their respective reports, the Legislative Assembly, the Ministry of Public Education, and the passive coadjuvant state in order that:

-Law 10118 was approved in accordance with Article 121.14 of the Political Constitution; at all times, municipal autonomy and the provisions of constitutional Article 50 were respected. It is appropriate for the Constitutional Court to analyze the constitutionality of this law under a modern conception of the public domain. Likewise, when tension exists between the right to education and the right to the environment, the greatest optimization of resources must be sought. The law does not violate Article 50; quite the opposite, it seeks to offer minors the enjoyment of the environment.

-The capacity of the land intended to be donated to the Ministry of Public Education is the same as has been designated for the School for more than 30 years; the new law does not change said measurement, so the zone designated for a park remains untouched. The structure of the property destined for the school has a sanitary order declaring it uninhabitable; therefore, immediate intervention is required to guarantee the safety of both the students and the Ministry of Public Education personnel working at said educational center. Motivated by the urgency to provide the basic Education service to minors, the enactment of the law in question is promoted. It is clearly deduced that for park use, no less than one-third of the area that the developer must cede must be designated, with the remaining two-thirds destined for a purpose other than "park use," as indicated by Article 40 of the Urban Planning Law itself. According to said article, one-third corresponds to the park area (8,329.27 m²) and the other two-thirds (16,658.55 m²) shall serve to install communal facilities. The zone designated for a park has not been affected by the presence of the educational infrastructure. Segregating the 4,500 m² stated in the challenged law does not represent a violation of what is instituted in our magna carta. The imminent closure due to deterioration of the educational center's facilities would generate invaluable harm to a vulnerable population, namely the minors who use the educational service of the Dr. José María Zeledón school. It requests that the action be declared without merit in all its aspects.

-As the release from public use is the transfer of a public asset to a private subject, the indemnification is logical; however, if the release from public use is of an asset from one public entity to another for public service, with donation authorization, there is generally acquiescence from the first to donate gratuitously and there is no conflict. The compensation charged by the Municipality for a public service provided for 30 years, on a land that does not affect other sports and recreational activities, in harmony with a healthy environment, should be gratuitous, making it disproportionate and discriminatory.

In this regard, this Chamber does not consider that in this case the challenged law is violatory of the right to the environment, according to the reasons explained below:

1) The public nature of the lands is maintained: In this case, the so-called release from public use is not a cessation of public domain status, but a change or mutation of the specific public purpose assigned, which would change from a public use under the Municipality of Curridabat's responsibility to a public use for a public educational center under the Ministry of Public Education's responsibility. Thus, this demanial mutation allows a "legal change" between public bodies and entities, and a change of its use. The latter, however, despite the change, continues to retain its public use. In this way, the release from public use indicated in the challenged norm preserves the public use of the properties in question, as the properties in question change from a public nature of "land destined for a park" to one of a public nature of "use for an educational center."

2) The change of purpose from "park" to "educational center" had already occurred factually: The mutation of the specific public purpose assigned to the properties in question (which measure approximately 4,500 m²) had already occurred factually since 1992, the year in which the Municipality of Curridabat handed over said lands to establish, within the Urbanización José María Zeledón, the Escuela José María Zeledón Brenes as a daytime educational center within the San José Central Regional Education Directorate, Circuit 04. Furthermore, due to the deterioration of the infrastructure and the sanitary orders issued against the building, the presentation of the bill of law that gave rise to the law in question was justified, so that the properties would be in the State's name and it could thus carry out the necessary remodeling and works.

3) The jurisprudence of this Chamber has protected the park use of municipal lands, but has not constitutionalized specific percentages of land for this purpose: Although it is not for this Chamber to contrast one law (challenged law) with another (Article 40 Urban Planning Law), the fact is that when it comes to public assets affected for environmental purposes, this Chamber has specified certain urban planning regulations, indicating that, derived from the right to the environment, residents have a right to enjoy a green zone for recreation, and therefore: "The local municipality cannot freely eliminate the destination of lands dedicated to parks, nor could the legislator do so -without defining in exchange a space that compensates for the loss of the park area-, as this would render the agreement or law so ordering unconstitutional, for disrespecting the essential content of the residents' right to enjoy those recreation zones, which, as indicated, form part of the quality of life guaranteed to them by the Constitution. The term 'communal facilities' does not have the breadth intended to be implied. It is obvious to this Chamber that it refers to constructions indispensable for the communal enjoyment of the asset destined for a green area, park, and recreation; consequently, the construction of buildings for public services, for example libraries, schools, community halls, etc., are incompatible with the destination of park and green zone areas that the legislator has required for some lands, and, undoubtedly, for the interested associations to be able to undertake the construction of buildings such as those resulting from their interest, they must defray – which involves all members or neighbors of the locality who are to benefit from the public and general use of the property – the cost thereof." (vote n°2000-4332 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-148995). Now then, what is indicated does not mean that this Chamber is constitutionalizing specific percentages made by land developers, in accordance with urban planning legislation, but only that areas destined for parks cannot be emptied of content in their entirety. In this case, it is verified that the segregated properties measure between both 24,987.83 m², with one-third corresponding to the park area (8,329.27 m²) and the other two-thirds (16,658.55 m²) for communal facilities; and that the donation in question is approximately 4,500 m². Taking into account that this latter area has been destined for use as an educational center for more than 30 years, has infrastructure built by the Ministry of Public Education intended for the purpose of providing educational service to the inhabitants of the community, and that the zone destined for a park has not been affected by the presence of the educational infrastructure.

As indicated by the Dirección de Infraestructura Educativa through official communication DVM-A-DIEE-DS-CBI-0108-2021, dated April 16, 2021, which states: “…This land is registered in the name of the municipality of Curridabat as part of the real property folios of San José 295979-000 and 349997-000, and has cadastral plan SJ-759908-1988. A topographic review of the aforementioned cadastral plan was carried out, and it was verified that it matches in location, area, and dimensions with the land occupied by the José María Zeledón school.”

4)   Technical report indicates that segregation does not affect art. 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana): As pointed out by the PGR in its report, the legislative file contains the technical report issued by engineer Douglas Alvarado, Director of Cadastre and Real Property of the Municipality of Curridabat, in which he indicated that “the eventual segregation does not affect what is established in article 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana)” (folios 223 and 11 of the legislative file). To date, there is no technical report that contradicts this assertion. Therefore, beyond it being beyond the competence of this Chamber to verify whether the law in question contradicts another law (art. 40 Urban Planning Law – Ley de Planificación Urbana), the fact is that it has not been demonstrated that the environmental rights protected by the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) are violated by the challenged regulation.

5)   Balancing with the right to education and the principle of the best interests of the child: This Chamber proceeds to balance the matter under question with the right to education of minors and the principle of the best interests of the child. The foregoing also takes into account that the donation in question corresponds to approximately 4,500 m2, leaving a total of more than 20,000 m2 that the Municipality can very well allocate in a large percentage for a park; and that it was not demonstrated that these 4,500 m2 were actually reduced from the one-third of the park area (8,329.27 m2), or that from the other two-thirds (16,658.55 m2) for community facilities, a portion cannot also be allocated to a park. The reports indicate that the school in question, which is over thirty years old, has a population of 150 students for the 2022 school year, with an approximate projection of 300 students for the 2024 school year, which benefits the community.

VI.- Conclusion.- Given that the challenged law does not violate the principle of municipal autonomy, as it is an authorization and not an obligation that the legislator imposed on the municipal entity. Given that the challenged law does not violate the right to the environment because the public nature of the land is maintained; because the change of purpose from “park” to “educational center” had already occurred on a factual level thirty years ago; because the jurisprudence of this Chamber has protected the park purpose of municipal lands, but has not constitutionalized specific percentages of land for this purpose; because the technical report in the file states the segregation does not affect art. 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana); because the donation in question corresponds to approximately 4,500 m2, leaving a total of more than 20,000 m2 that the Municipality can very well allocate in a large percentage for a park, and it was not demonstrated that these 4,500 m2 were actually reduced from the one-third of the park area (8,329.27 m2), or that from the other two-thirds (16,658.55 m2) for community facilities, a portion cannot also be allocated to a park; and because this Chamber must balance the matter under question with the right to education of minors and the principle of the best interests of the child for an approximate 300 students for the 2024 school year. There is no merit to grant this action, which must be declared without merit, as is hereby done.-

VII.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS

With respect for the majority’s opinion, I partially dissent from the vote regarding the admissibility of the action, as I believe that the person filing it did not appropriately invoke the standing that allows for evaluating the alleged injury to the principle of municipal autonomy.

From the filing brief for the unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad), it is clear that the argument regarding standing to file the action is based on the defense of diffuse interests, and this is how this file was processed by the Presidency of the Chamber. Thus, the petitioner did not justify the standing they hold to claim the defense of the aforementioned principle of autonomy. If one looks closely, they also did not provide to the file of this action the municipal agreement that authorizes them to formulate this constitutional review process. In which case, I consider it is not appropriate for this Court to officiously add reasons to admit standing and examine that grievance on the merits.

From my perspective, considering the characteristics of unconstitutionality actions (acciones de inconstitucionalidad), it is not the responsibility of this Chamber to remedy deficiencies in the petitioner’s argumentation and add reasons different from those raised in the filing brief. This is the position I have held in the past and which I must reiterate on this occasion. In this regard, in the dissenting vote to judgment no. 2021-01158, I expressed the following:

“I have deemed it necessary to save my vote and declare this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) without merit, but for reasons of standing.

In the first place, it is necessary to underline what this Court has said regarding the nature and formalities that must be rigorously met in unconstitutionality actions (acciones de inconstitucionalidad). In this regard, the Chamber has insisted that the legislator designed this constitutional review process as a formal one. Consequently, for purposes of admissibility, a series of requirements established for this purpose in the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) must be met. In addition to proving the conditions of admissibility and standing (powers of attorney and certifications), the Law requires compliance with certain important formalities such as the explicit determination of the challenged regulation, duly substantiated and with specific citation of the constitutional norms and principles considered infringed (art. 78) and the literal certification of the brief where the reservation of unconstitutionality was made in the prior matter (art. 79). If one or more of these requirements are not met, the Presidency of the Chamber may request that the mentioned formalities be corrected and, if compliance with the order is not given, the President must deny processing of the unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) (art. 80).

In a minority thesis, I have stated that the interpretation of arts. 78 and 79 as well as art. 80 of the Law governing this jurisdiction must be broad for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily limited. However, the control of the corresponding requirements to activate the constitutional review of norms must be verified. (…)

Thus, it does not seem valid to use “the guise” of a diffuse consumer interest to justify that the admissibility of an unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) proceeds, when what is sought is the protection of other types of rights or interests that actually encompass a broader economic community (vehicle importers), it being even contradictory to seek to protect both interests in the same amparo proceeding that, in turn, serves as the basis for this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad).

Finally, I must point out that if the petitioner based their standing on an amparo appeal, it is not appropriate for this Court to unilaterally recognize additional standing upon considering the following:

“On this matter, the Chamber considers that, in addition to the amparo appeal that has been admitted as the prior matter forming the basis of this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad), the petitioner also holds sufficient standing to challenge the constitutionality of the contested norm under the terms of article 75, paragraph 2 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), since it concerns the defense of an interest that concerns the national community as a whole, such as the economic interests of consumers.”

In this regard, as noted supra, the unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) is a formal process that, if it has any deficiency, cannot be overlooked by this Chamber and must be corrected by the petitioner themselves. Therefore, it is not admissible for this Court to officiously supply or remedy the deficiencies of the appeal invoked as the base matter, because in this case it would imply also intervening in the aspects of the admissibility of the action that were required to be fulfilled by the petitioner.

Based on the foregoing, I consider it improper for this Court to officiously add reasons to justify the admission of this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad): first, because it was not argued by the party and, furthermore, because the respondent authorities were not given a hearing regarding that new argument added unilaterally by the Chamber.

Consequently, as I consider the amparo appeal to be inadmissible, I consider this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) to be so as well. Therefore, I declare it without merit, but under these arguments of standing and admissibility of the process.” (The highlighting does not correspond to the original).

The majority of this Chamber itself has stated on other occasions:

“On the other hand, the petitioner mentioned in the filing brief that, should the Chamber consider diffuse interests to be applicable, the action be admitted under that character; however, they did not provide further substantiation or justification. Such a claim is completely improper and unacceptable, given that it is not the responsibility of this Court to justify, on its own motion, the standing of the petitioners, nor to remedy the omission of the justification that must be provided. Given the above, in the opinion of this Court, it is appropriate to summarily reject this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad).” (The highlighting does not correspond to the original). (See judgment no. 2020-024182).

In this manner, being consistent with my voting line, I consider that this action must be partially rejected regarding the defense of the principle of municipal autonomy.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on the Electronic File before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The action is declared WITHOUT merit. Magistrate Garro Vargas partially dissents and rejects the admissibility of this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) regarding the alleged injury to the principle of municipal autonomy.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document

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