Res. 01282-2025 Sala Constitucional — Failure to Notify Final Resolution After Environmental ComplaintOmisión de notificar resolución final tras denuncia ambiental

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01282 - 2025

Fecha de la Resolución: 17 de Enero del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-031396-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-031396-0007-CO

Res. Nº 2025001282

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de enero de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-031396-0007-CO, interpuesto por Nombre194863     , cédula de identidad CED141900, contra LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Y EL MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 12:37 horas de 7 de noviembre de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud. Manifiesta que hace 7 años comenzó a experimentar inundaciones en su casa de habitación en San Miguel Desamparados, Dirección22206 . Alega que el agua venía de la acera de la propiedad de Nombre194864   y Nombre143008   , vecinos de la zona. Detalla que esa salida de agua viene de una servidumbre de agua que viene de unas bodegas que se encuentran sobre la calle principal, “cuyos propietarios son chinos, que mediante negocio con remuneración con los habitantes de la propiedad antes mencionada realizaron el paso de tubos debajo de la propiedad para que el agua vaya a salir a la acera”. Explica que, debido a esta salida de agua y tomando en cuenta que su casa está un poco deteriorada y se ubica a la par de la única alcantarilla que hay para todo el barrio, es la más afectada, ya que cuando hay aguaceros fuertes se le inunda su casa por completo, por lo que ha perdido electrodomésticos, ropa, zapatos y demás, ya que se satura el alcantarillado porque es insuficiente para tanta agua. Aclara que no es la única afectada ya que esta situación perjudica también a las cuatro casas que están alrededor de las alcantarillas, entre ellas la de un familiar que vive al frente de su casa, donde el agua se ha metido desde el portón hasta el patio. Expone que el 31 de enero de 2023 se apersonó en la Municipalidad de Desamparados para plantear una queja, la cual fue delegada al Ministerio de Salud. Apunta que, en mayo de 2023, llegaron delegados “para realizar la prueba de tinta de agua que echan en la propiedad de los chinos, pero como no llegó a la propiedad donde sale el agua, devolvieron el caso a la municipalidad de desamparados en la cual no se ha recibido respuesta”. Refiere que en el Ministerio de Salud le indicaron que la Municipalidad de Desamparados tiene conocimiento sobre las inundaciones que suceden en su barrio, mas no ha tenido visita o ayuda alguna. Estima necesario el cierre de la salida de agua descrita para que su casa no se inunde con aguas que tienen mal olor y excremento, lo cual, además, atenta contra su salud. Relata que detrás de su casa viven dos personas adultas mayores, sea su hermana y el esposo, quien es diabético, hipertenso y con un 25% de funcionamiento en el corazón. Agrega que en las casas aledañas viven personas menores de edad y adultos mayores. Solicita la intervención de este Tribunal.

2.- Por auto de las 17:10 horas de 8 de noviembre de 2024, se le previno a la recurrente lo siguiente: “(…) aporte la parte recurrente, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento lo siguiente: • Copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de la denuncia que planteó ante la Municipalidad de Desamparados y que se delegó al Ministerio de Salud, según lo acusa en el memorial de interposición de este proceso. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho (…)”.

3.- Por escrito presentado el 12 de noviembre de 2024, la recurrente cumplió con la prevención hecha por auto de las 17:10 horas de 8 de noviembre de 2024.

4.- Por cumplida la prevención y por resolución de las 13:14 horas de 14 de noviembre de 2024, se dio curso a este recurso de amparo y se solicitó informe al Alcalde y al Jefe de la Unidad de Inspección General, ambos de la Municipalidad de Desamparados, para que se refirieran a los hechos alegados por el recurrente.

5.- Rinde informe, bajo juramento, Antonieta Naranjo Brenes, en condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Desamparados. Manifiesta que esa corporación municipal atendió la denuncia mediante trámite No. 16541-2024, realizando una visita en la localidad el 2e las fincas 405719- y 561961 arrojan aguas a las fincas colindantes por lo que se recomienda, por parte del inspector, trasladar el caso a Ministerio de Salud. Así, se dio traslado a esa cartera ministerial mediante oficio AT-IM-2034-2022. Además, ello fue notificado a la recurrente el 11 de noviembre de 2024, mediante oficio AT-IM-2033-2022. Afirma que, posterior a ello, la Inspección Municipal no encuentra dentro de su base de datos trámites adicionales de la interesada donde se denuncie la problemática de aguas. Hace mención, grosso modo, a las competencias con las que cuenta el Ministerio de Salud en la materia, de conformidad con la Ley General de Salud y la Ley de Aguas. Considera que la municipalidad dio atención oportuna al caso de la recurrente. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

6.- Por resolución de las 20:48 horas de 26 de noviembre de 2024, se amplió el curso de este proceso de amparo y se le solicitó informe al Director del Área Rectora de Salud de Desamparados.

7.- Rinde informe, bajo juramento, Carolina Umaña Cisneros, en condición de Directora del Área Rectora de Salud Desamparados. Manifiesta lo siguiente:

“(…) 1- De la revisión del caso se desprende tal y como consta en acta de inspección N°MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-469-2023, que se realizó el día 9 de junio del 2023 la funcionaria Fabiola Villalobos Quirós se hizo presente en el lugar señalado por la parte denunciante (Dirección22207    Messeguer , frente a la pulpería casa amarilla portones negros) donde es recibida por la señora Nombre194863   quien le manifiesta la situación denunciada corresponde a unas bodegas de chinos que colindan con una de las propiedades de la calle que van a dar al alcantarillado pluvial por el tragante, indica que las bodegas son en la calle principal portón amarillo con cortina metálica.

2- En atención a lo manifestado por la parte denunciante según consta en acta de inspección N°MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-470-2023, el mismo Dirección22208    , la funcionaria Villalobos se hizo presente en el sitio denunciado, identificando que corresponde al local comercial “K y L oriental S.A.” donde atienden y le permiten el ingreso para realizar las respectivas pruebas de coloración en aguas negras, tras las descargas realizadas no se identificó al momento de la inspección la presencia del colorante en ninguno de los dos puntos de descarga referidos por la parte denunciante, sin embargo, se le solicito a la señora Nombre194863 mantenerse pendiente y en caso de observar el colorante hacerlo saber vía correo electrónico para proceder según corresponda.

3- Según consta en acta de llamada telefónica del día 12 de junio del 2023, la funcionaria Villalobos se comunicó con la parte denunciante con el fin de verificar si fue observado el colorante a lo que la parte denunciante manifiesto que no se observó el mismo, ante esto se le informo se procederá a programar una nueva inspección con el fin de realizar prueba de coloración en aguas jabonosas.

4- Según lo acordado y tal y como se muestra en acta de inspección N°MS-DRRSCS-ARSD-ERS-AI-201-2024, el día 8 de abril del 2024 se realizó una nueva inspección en el lugar denunciado donde se permitió el ingreso para realizar prueba de coloración en aguas servidas (lavamanos de vivienda y bodegas) obteniendo resultado negativo al cordón de caño del sitio de afectación, después de 15 minutos. Al momento de la inspección siendo que se trata de un local comercial, se verifica el respectivo permiso, mostrando por parte del administrado una fotografía con permiso, sin embargo, el mismo tenía fecha de vencimiento al 2018, por lo que se procede a emitir la respectiva acta de clausura N°MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-0008-2024, colocando 1 sello de clausura en el establecimiento.

5- A partir de lo actuado y el resultado obtenido en pruebas de coloración, según lo definido en informe técnico N°MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024, suscrito por la funcionaria Villalobos con fecha 16 de abril del 2024, se concluye que no se evidenció incumplimientos a la normativa sanitaria en el manejo de aguas residuales del sitio de denunciado, recomendando a la dirección proceder con el cierre de caso y notificación a la Municipalidad de Desamparados de dicho informe.

6- Finalmente, como parte de la tramitación de la denuncia trasladada por la Municipalidad de Desamparados, se emitio con fecha 16 de abril del 2024 el oficio N°MS-DRRSCS-ARS-D-0281-2024, dirigido al señor Pablo Masis Aguilar, jefe de la Unidad de Inspección de la Municipalidad de Desamparados en el cual se le comunica lo concluido en el informe técnico indicándole que al no evidenciar inconsistencias en el manejo de aguas en el sitio denunciado se procederá con el cierre de caso y archivo del expediente.

Así las cosas, y ante lo anteriormente expuesto esta Área Rectora de Salud Desamparados confirma en su actuar que, no es omisa en el cumplimiento de funciones y ha sido diligente en tiempo y forma en la atención de la denuncia incoada por la Sra. Nombre194863      (…)”.

Con base en lo dicho anteriormente, solicita que se declare sin lugar este proceso de amparo.

8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que los dueños de un inmueble que se ubica cerca de su casa de habitación depositan aguas servidas y pluviales sobre la acera, lo que ha provocado que, de manera constante, haya sufrido problemas por inundaciones, al igual que otros vecinos de la comunidad, incluyen afectación a niños y adultos mayores. Por tal motivo, interpuso una denuncia ante las instancias recurridas; empero, a la fecha de interposición de este recurso de amparo, esta no ha sido resuelta, por lo que se mantiene el problema denunciado.

II.- CUESTIÓN PREVIA. De previo a analizar el fondo del asunto, por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, sea la alegada omisión de la Administración de atender y efectuar actos a efectos de atender denuncias interpuestas por riesgos a la integridad física y la salud de la recurrente, así como por afectación al derecho al ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1.    La recurrente es vecina de Dirección22209       (hecho no controvertido).

2.    El 14 de octubre de 2022, la amparada interpuso ante la Municipalidad de Desamparados una denuncia en los siguientes términos: “(…) el señor Nombre143008  (sic) Monge a lo que entiendo dio permiso a las bodegas de los chinos a meter tubos en su propiedad para que el agua salga al Dirección22210  la cual no da para la cantidad que baja. Mi casa la más perjudicada ya que se mete el agua a mi casa son unas inundaciones mi casa se esta (sic) deteriorando y ya se a (sic) pedido ayuda y no hacen nada (…)” (prueba aportada).

Tocante a las actuaciones de la Municipalidad de Desamparados

3.    El Departamento de Inspección Municipal de la Municipalidad de Desamparados tramitó la denuncia bajo el Trámite No. 16541-2024 (informes y prueba aportada).

4.    El 24 de octubre de 2022, las autoridades de la corporación municipal de cita realizaron una inspección (informes y prueba aportada).

5.    Con ocasión de la inspección, se emitió el informe No. AT-IM-2033-2022 de 23 de noviembre de 2022, indicando que se determinó que dos inmuebles, con número 405719- y 561961, arrojaban aguas a las fincas colindantes, incluyendo la de la recurrente, por lo que se determinó remitir el caso al Ministerio de Salud (informes y prueba aportada).

6.    Mediante oficio AT-IM-2034-2022, la Municipalidad de Desamparados remitió el caso al Área Rectora de Salud de Desamparados (informes y prueba aportada).

7.    La corporación municipal no había notificado a la recurrente el estado de su gestión. Fue con ocasión de este proceso de amparo que, el 11 de noviembre de 2024, le notificó el oficio AT-IM-2033-2022, en el que se indica que el caso fue remitido al Área Rectora de Salud de Desamparados (informes y prueba aportada).

En cuanto a las actuaciones del Área Rectora de Salud de Desamparados

8.    El 1 de enero de 2023 se recibió la gestión remitida por la municipalidad y se inició su tramitación bajo expediente CS-ARS-D-DE-0047-2023 (prueba aportada).

9.    El 9 de junio de 2023, se realizó una inspección (informes y prueba aportada).

10.  Como consecuencia de la inspección, se emitió el acta de inspección No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-470-2023, indicando que se identificó el  local comercial “K y L oriental S.A.” donde permitieron el ingreso para realizar las respectivas pruebas de coloración en aguas negras. No obstante, las descargas realizadas no arrojaron que al momento de la inspección hubiese presencia del colorante en alguno de los dos puntos de descarga referidos por la parte denunciante. Sin embargo, se le solicito a esta mantenerse pendiente y en caso de observar el colorante hacerlo saber vía correo electrónico, para proceder según corresponda (informes y prueba aportada).

11.   El 12 de junio de 2023, la funcionaria a cargo del caso se comunicó con la recurrente, a efectos verificar si se observó colorante en algún punto, lo que fue descartado por la misma denunciante (informe y prueba aportada).

12.   El 8 de abril de 2024, se realizó una nueva inspección, emitiéndose el acta de inspección No. MS-DRRSCS-ARSD-ERS-AI-201-2024, indicando que se realizaron nuevas pruebas con colorante en aguas servidas, pero el resultado fue negativo. No obstante, el local comercial “K y L oriental S.A.” mantenía el permiso sanitario de funcionamiento vencido, por lo que se emitió la orden de clausura No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-0008-2024, haciendo efectiva la clausura del establecimiento (informe y prueba aportada).

13.   Se emitió el informe técnico No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024 de 16 de abril de 2024, indicando que se concluyó que no había evidencia de incumplimientos a la normativa sanitaria en el manejo de aguas residuales en el sitio denunciado. Por tal motivo, se recomendó a la dirección proceder con el cierre de caso y notificar a la Municipalidad de Desamparados dicho informe (informes y prueba aportada).

14.   Mediante oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0281-2024, el 16 de abril de 2024, se le notificó a la Municipalidad de Desamparados lo dicho en el informe técnico No. °MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024, entre esto, que, al no evidenciar inconsistencias en el manejo de aguas en el sitio denunciado, se precedió a cerrar el caso y al archivo del expediente (informes y prueba aportada).

 

IV.- HECHO NO PROBADO. No se tiene por demostrado el siguiente hecho de relevancia:

Único. – Que la Municipalidad de Desamparados y el Área Rectora de Salud de ese cantón hayan notificado a la recurrente resolución final alguna respecto de su denuncia (los autos).

V.- EN REFERENCIA AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SU TUTELA POR MEDIO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES. De previo al análisis de fondo de los hechos reclamados en este proceso de amparo, corresponde indicar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano y los pueblos. A partir de esto, se puede señalar un contenido subjetivo y otro objetivo de tales derechos. Así, en cuanto al sentido subjetivo, los derechos prestacionales demandan la actividad general del Estado para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Por su parte, el sentido objetivo configura a tales derechos como mínimos vitales que el Estado debe resguardar a favor de las personas. La satisfacción de esas necesidades supone la creación de condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce. En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el desarrollo, tutela y pleno disfrute de los derechos de cita, resulta de relevancia la función de las Municipalidades y sus órganos –incluyendo los concejos municipales de distrito-, las cuales, a partir del artículo 169 constitucional, se encuentran en la obligación de prestar en forma efectiva los servicios públicos que les han sido encomendados. Así, de aplicación en el caso concreto, tales obligaciones conllevan el efectivo mantenimiento de las vías públicas -caminos, acerás y alcantarillado-, por medio de las cuales se ejercitan y disfrutan otros derechos, tales como la libertad ambulatoria, la salud y el derecho a un ambiente sano. Respecto a este último, resulta de relevancia lo indicado por este Tribunal en su jurisprudencia. Así, en Sentencia N° 2007-017552 de las 12:22 horas de 30 de noviembre de 2007, indicó: 

“(…) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de ‘ambiente’, no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto ‘macro-ambiental’, al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: ‘Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental (…)” 

Dicho lo anterior, se tiene que esta Sala, como garante de los Derechos Fundamentales, se erige como un controlador del cumplimiento de las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, los cuales constriñen al Estado a reconocer los derechos señalados y, además, a disponer a utilizar los medio materiales y jurídicamente legítimos para garantizarlos.

VI.- SOBRE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. Conforme lo dispone el artículo 2°, de la Ley General de Salud al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, le corresponde la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. En ese sentido, la propia Ley General de Salud dispone en su artículo 314 que, dentro de sus atribuciones, le corresponde al Ministerio de Salud ordenar y tomar las medidas especiales que habilita la ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. Dentro de las medidas autorizadas para cumplir los fines de la ley de comentario, de sus reglamentos y de las resoluciones complementarias que las autoridades de salud dicten dentro de sus competencias, los funcionarios dependientes del Ministerio, debidamente identificados, puede realizar inspecciones o visitas para practicar operaciones sanitarias, recoger muestras o recolectar antecedentes o pruebas, en edificios, viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones aludidos. Específicamente y, en relación con el asunto planteado, las autoridades sanitarias pueden decretar el cierre, total o parcial, temporal o definitivo, de un establecimiento, edificio, vivienda, instalación o similares, inhibiendo su funcionamiento a través de la colocación de sellos. Esta medida procede respecto de todo establecimiento que funcione sin la autorización sanitaria correspondiente; de los establecimientos que debiendo tener regente o profesional responsable técnico, estén funcionando sin tenerlo; de los establecimientos de atención médica, de educación, comercio, industriales, de recreación, de diversión u otros cuyo estado o condición involucren peligro para la salud de la población, de su personal o de los individuos que los frecuenten y de la vivienda que se habite sin condiciones de saneamiento básico. Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen e impongan a otros órganos o entes públicos dentro de sus respectivos campos de acción, así como el deber de sancionar a los que infrinjan la normativa sanitaria.

VII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso concreto, la recurrente alega la inacción de las autoridades de la municipalidad y del Área Rectora de Salud, ambas entidades del cantón de Desamparados. Ello, con ocasión a una denuncia incoada por un problema de filtración de aguas de un inmueble vecino suyo.

Al respecto, a partir de la relación de hechos probados y demás elementos que obran en autos, se tiene por acreditado que la amparada, vecina de Barrio Concepción de San Miguel de Desamparados, en fecha 14 de octubre de 2022 interpuso ante la Municipalidad de Desamparados una denuncia, indicando lo siguiente: “(…) el señor Nombre143008  (sic) Monge a lo que entiendo dio permiso a las bodegas de los chinos a meter tubos en su propiedad para que el agua salga al Dirección22210  la cual no da para la cantidad que baja. Mi casa la más perjudicada ya que se mete el agua a mi casa son unas inundaciones mi casa se esta (sic) deteriorando y ya se a (sic) pedido ayuda y no hacen nada (…)”. En atención a ello, el Departamento de Inspección Municipal de la municipalidad accionada tramitó la denuncia bajo el Trámite No. 16541-2024 y, el 24 de octubre de 2022, realizaron una inspección. A partir de ello, se emitió el informe No. AT-IM-2033-2022 de 23 de noviembre de 2022, indicando que se determinó que dos inmuebles, con número 405719- y 561961, arrojaban aguas a las fincas colindantes, incluyendo la de la recurrente, por lo que se determinó remitir el caso al Ministerio de Salud.

Así, se tiene que, con ocasión de la intervención de la municipalidad recurrida, se determinó que el problema denunciado trataba de filtración de aguas negras, provenientes de dos fincas colindante con la de la amparada. Por tal motivo, la municipalidad dio traslado al Área Rectora de Salud Desamparados. Ello, mediante oficio AT-IM-2034-2022, notificado a ese despacho del Ministerio de Salud el 1 de enero de 2024.

Por su parte, el Ministerio de Salud, una vez recibido el caso, inició su tramitación bajo expediente CS-ARS-D-DE-0047-2023 y el 9 de junio de 2023, realizó una inspección, a partir de la cual emite el acta de inspección No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-470-2023, indicando que se identificó el  local comercial “K y L oriental S.A.” donde permitieron el ingreso para realizar las respectivas pruebas de coloración en aguas negras. No obstante, las descargas realizadas no arrojaron que al momento de la inspección hubiese presencia del colorante en alguno de los dos puntos de descarga referidos por la parte denunciante. Sin embargo, se le solicito a esta mantenerse pendiente y en caso de observar el colorante hacerlo saber vía correo electrónico, para proceder según corresponda. Posterior a ello, el 12 de junio de 2023, la funcionaria a cargo del caso se comunicó con la recurrente, a efectos verificar si se observó colorante en algún punto, lo que fue descartado por la misma denunciante. Asimismo, en seguimiento del caso, el 8 de abril de 2024, se realizó una nueva inspección, emitiéndose el acta de inspección No. MS-DRRSCS-ARSD-ERS-AI-201-2024, indicando que se realizaron nuevas pruebas con colorante en aguas servidas, pero el resultado fue negativo. No obstante, el local comercial “K y L oriental S.A.” mantenía el permiso sanitario de funcionamiento vencido, por lo que se emitió la orden de clausura No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-0008-2024, haciendo efectiva la clausura del establecimiento. Además, en virtud de esto, se emitió el informe técnico No. °MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024 de 16 de abril de 2024, indicando que se concluyó que no había evidencia de incumplimientos a la normativa sanitaria en el manejo de aguas residuales en el sitio denunciado. Por tal motivo, se recomendó a la dirección proceder con el cierre de caso y notificar a la Municipalidad de Desamparados dicho informe. Esta última entidad fue notificada de dicho informe, el propio 16 de abril de 2024, mediante oficio MS-DRRSCS-ARS-D-0281-2024.

VIII.- A partir de lo dicho anteriormente, se constata que tanto la Municipalidad como el Área Rectora de Salud de Desamparados efectuaron actos a efectos de tramitar la gestión de la recurrente, lo que conllevó la realización de inspecciones y la emisión de informes por sendas entidades. A partir de ello, se determinó que no fue posible ubicar alguna afectación a la vivienda de la amparada con el discurrir de aguas negras provenientes de la local comercial “K y L oriental S.A.”, señalado como causante de los hechos por lo que la accionante interpuso la denuncia. Consta que la Municipalidad de Desamparados, posterior a una inspección, dio trasladado al Área Rectora de Salud de Desamparados, quien, posteriormente, realizó una inspección, en junio de 2023, y continúo con el seguimiento, el cual culminó el 16 de abril de 2024, con la emisión del citado informe técnico No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024. Así las cosas, se tiene que no lleva razón la recurrente en su dicho, toda vez que se tiene por debidamente acreditado que tanto la Municipalidad como el Área Rectora de Salud, ambos del cantón de Desamparados, atendieron debidamente la denuncia de la amparada.

No obstante lo anterior, sí consta una lesión que debe ser señalada. Con ocasión de la determinación de cerrar el caso, se emitió el informe técnico No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024 de 16 de abril de 2024, el cual fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Desamparados; empero, a la amparada no se le notificó resolución final alguna, tanto por parte del Área Rectora de Salud como por la Municipalidad. Deben tener presente las autoridades recurridas que, de conformidad con el contenido del derecho de acceso a justicia administrativa, las instancias de la Administración que sean accionadas deben emitir todo acto que resulte necesario para resolver, de manera definitiva, las diversas gestiones incoadas por los administrados. En el caso concreto, conlleva la obligación de emitir y notificar a la amparada las resoluciones pertinentes que aborden lo solicitado por esta. En virtud de esto, corresponde declarar parcialmente con lugar este proceso de amparo, por la omisión de las entidades recurridas en emitir y notificar a la amparada las resoluciones que resuelvan, de manera definitiva, la denuncia incoada por la recurrente.

IX.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

X.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.  En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión n corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este amparo, en que la parte recurrente acusa que  las autoridades del Ministerio de Salud ni de la Municipalidad recurridas no han dado una solución a la denuncia planteada por el supuesto desfogue de aguas negras hacia la su propiedad, lo que expone al amparado a riesgos y peligros para la salud.

XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, por la omisión de las entidades recurridas en emitir y notificar a la amparada las resoluciones que resuelvan, de manera definitiva, la denuncia incoada por la recurrente. Se ordena a Antonieta Naranjo Brenes, en condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Desamparados, y a Carolina Umaña Cisneros, en condición de Directora del Área Rectora de Salud Desamparados, o a quienes ejerzan tales cargos, que, en el plazo máximo de DIEZ DÍAS posteriores a la notificación de esta sentencia, se emitan y notifiquen a la amparada las resoluciones que resuelvan, de manera definitiva, la denuncia planteada por esta el 14 de octubre de 2022. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 24-031396-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:41:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 01282 - 2025

Resolution Date: January 17, 2025 at 09:20

Case File: 24-031396-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of Matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 24-031396-0007-CO

Res. No. 2025001282
 
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on January seventeenth, two thousand twenty-five.

 Amparo appeal processed in case file number 24-031396-0007-CO, filed by Nombre194863     , identity card CED141900, against THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS AND THE MINISTRY OF HEALTH.

Whereas:

 1.- By a brief filed in the Secretariat of this Chamber at 12:37 hours on November 7, 2024, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health. She states that 7 years ago she began experiencing flooding in her dwelling house in San Miguel Desamparados, Dirección22206 . She alleges that the water came from the sidewalk of the property of Nombre194864   and Nombre143008   , neighbors in the area. She details that this water outflow comes from a water easement (servidumbre de agua) coming from some warehouses located on the main street, "whose owners are Chinese, who through a business arrangement with remuneration with the inhabitants of the aforementioned property, laid pipes under the property so that the water would go out onto the sidewalk." She explains that, due to this water outflow and considering that her house is somewhat deteriorated and is located next to the only sewer that exists for the entire neighborhood, she is the most affected, since when there are heavy downpours her house floods completely, causing her to lose household appliances, clothes, shoes and other items, because the sewage system is saturated since it is insufficient for so much water. She clarifies that she is not the only one affected since this situation also harms the four houses that are around the sewers, among them that of a relative who lives in front of her house, where the water has gotten in from the gate to the patio. She states that on January 31, 2023, she appeared at the Municipality of Desamparados to file a complaint, which was delegated to the Ministry of Health. She notes that, in May 2023, delegates arrived "to carry out the water dye test that they pour on the Chinese people's property, but as it did not reach the property where the water comes out, they returned the case to the Municipality of Desamparados, in which no response has been received." She reports that the Ministry of Health informed her that the Municipality of Desamparados is aware of the floods that occur in her neighborhood, but she has not had any visit or help. She considers it necessary to close the described water outlet so that her house does not flood with foul-smelling water and excrement, which also threatens her health. She relates that two older adults live behind her house, namely her sister and her husband, who is diabetic, hypertensive, and with 25% heart function. She adds that minors and older adults live in the neighboring houses. She requests the intervention of this Court.

 2.- By an order issued at 17:10 hours on November 8, 2024, the appellant was warned as follows: "(…) the appellant shall provide, within the term of THREE DAYS, counted from the notification of this pronouncement, the following: • Complete, legible copy with the corresponding proof of receipt or email submission of the complaint she filed before the Municipality of Desamparados and which was delegated to the Ministry of Health, as she alleges in the initial brief of this process. Likewise, she must provide any additional evidence on which she bases her statement (…)".

 3.- By a brief filed on November 12, 2024, the appellant complied with the warning given by the order issued at 17:10 hours on November 8, 2024.

 4.- Upon compliance with the warning and by resolution at 13:14 hours on November 14, 2024, this amparo appeal was admitted and a report was requested from the Mayor and the Head of the General Inspection Unit, both of the Municipality of Desamparados, so that they could refer to the facts alleged by the appellant.

 5.- Antonieta Naranjo Brenes, in her capacity as Mayor of the Municipality of Desamparados, submits a report under oath. She states that this municipal corporation attended to the complaint through procedure No. 16541-2024, carrying out an on-site visit on the 2nd. Farms 405719- and 561961 discharge water onto the adjoining farms, so it is recommended, by the inspector, to transfer the case to the Ministry of Health. Thus, referral was made to that ministerial office via official letter AT-IM-2034-2022. Furthermore, this was notified to the appellant on November 11, 2024, via official letter AT-IM-2033-2022. She affirms that, subsequent to that, the Municipal Inspection does not find within its database additional procedures by the interested party where the water problem is reported. She mentions, in broad terms, the competencies that the Ministry of Health has in this matter, in accordance with the General Health Law (Ley General de Salud) and the Water Law (Ley de Aguas). She considers that the municipality provided timely attention to the appellant's case. She requests that the appeal be dismissed.

 6.- By resolution at 20:48 hours on November 26, 2024, the processing of this amparo process was expanded and a report was requested from the Director of the Governing Health Area of Desamparados.

 7.- Carolina Umaña Cisneros, in her capacity as Director of the Governing Health Area of Desamparados (Área Rectora de Salud Desamparados), submits a report under oath. She states the following:

"(…) 1- From the review of the case, it emerges, as recorded in inspection report (acta de inspección) N°MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-469-2023, that on June 9, 2023, the official Fabiola Villalobos Quirós appeared at the place indicated by the complainant (Dirección22207 Messeguer , in front of the "pulpería", yellow house, black gates) where she is received by Mrs. Nombre194863 who tells her that the reported situation corresponds to some Chinese-owned warehouses that adjoin one of the properties on the street that drains to the storm sewer through the grate, she indicates that the warehouses are on the main street, yellow gate with metallic curtain.

2- In response to what was stated by the complainant, according to inspection report N°MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-470-2023, the same Dirección22208 , official Villalobos appeared at the reported site, identifying that it corresponds to the commercial establishment “K y L oriental S.A.” where they assist her and allow her entry to carry out the respective dye tests in black water. After the discharges were carried out, the presence of the dye was not identified at the time of the inspection at either of the two discharge points referred to by the complainant; however, Mrs. Nombre194863 was asked to remain alert and, in case of observing the dye, to notify via email to proceed accordingly.

3- According to the phone call record (acta de llamada telefónica) of June 12, 2023, official Villalobos contacted the complainant in order to verify if the dye was observed, to which the complainant stated that she did not observe it; given this, she was informed that a new inspection would be scheduled to carry out a dye test in soapy water.

4- As agreed and as shown in inspection report N°MS-DRRSCS-ARSD-ERS-AI-201-2024, on April 8, 2024, a new inspection was carried out at the reported site where entry was allowed to perform a dye test in sewage (agua servida) (sinks of dwelling and warehouses), obtaining a negative result at the pipe cord of the affected site after 15 minutes. At the time of the inspection, given that it is a commercial establishment, the respective permit was verified, with the managed party showing a photograph with a permit; however, it had an expiration date of 2018, for which reason the respective closure order (acta de clausura) N°MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-0008-2024 was issued, placing 1 closure seal on the establishment.

5- Based on the actions taken and the result obtained in the dye tests, as defined in technical report (informe técnico) N°MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024, signed by official Villalobos on April 16, 2024, it is concluded that no non-compliance with sanitary regulations was evidenced in the management of residual waters at the reported site, recommending to the management to proceed with the closure of the case and notification of said report to the Municipality of Desamparados.

6- Finally, as part of the processing of the complaint transferred by the Municipality of Desamparados, official letter N°MS-DRRSCS-ARS-D-0281-2024 was issued on April 16, 2024, addressed to Mr. Pablo Masis Aguilar, head of the Inspection Unit of the Municipality of Desamparados, in which he is informed of the conclusions of the technical report, indicating that, since no inconsistencies in water management were evidenced at the reported site, the case closure and the archiving of the file would proceed.

Thus, and in view of the aforementioned, this Governing Health Area of Desamparados confirms in its actions that it is not negligent in fulfilling its duties and has been diligent in time and form in attending to the complaint filed by Mrs. Nombre194863      (…)”.

Based on the foregoing, she requests that this amparo process be dismissed.

 8.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

 Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant alleges that the owners of a property located near her dwelling house deposit sewage (agua servida) and rainwater onto the sidewalk, which has caused her to constantly suffer flooding problems, as have other members of the community, including affecting children and older adults. For this reason, she filed a complaint before the respondent authorities; however, as of the date of filing this amparo appeal, it has not been resolved, so the reported problem persists.

II.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter, regarding the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of the Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in the case at hand, an exception arises, namely the alleged omission by the Administration to attend to and carry out actions to address complaints filed due to risks to the physical integrity and health of the appellant, as well as due to an impact on the right to the environment. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

III.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly demonstrated as important for the decision of this matter:

1. The appellant is a resident of Dirección22209       (uncontested fact).

2. On October 14, 2022, the amparo claimant filed a complaint before the Municipality of Desamparados in the following terms: “(…) Mr. Nombre143008  (sic) Monge, from what I understand, gave permission to the Chinese warehouses to put pipes in their property so that the water goes out to Dirección22210  which is not enough for the amount that flows down. My house is the most damaged since the water enters my house, there are floods, my house is deteriorating and help has already been requested and they do nothing (…)” (evidence provided).

Regarding the actions of the Municipality of Desamparados

3. The Municipal Inspection Department of the Municipality of Desamparados processed the complaint under Procedure No. 16541-2024 (reports and evidence provided).

4. On October 24, 2022, the authorities of the cited municipal corporation carried out an inspection (reports and evidence provided).

5. On the occasion of the inspection, report No. AT-IM-2033-2022 of November 23, 2022, was issued, indicating that it was determined that two properties, numbered 405719- and 561961, discharged water onto the adjoining farms, including that of the appellant, so it was determined to refer the case to the Ministry of Health (reports and evidence provided).

6. Through official letter AT-IM-2034-2022, the Municipality of Desamparados referred the case to the Governing Health Area of Desamparados (reports and evidence provided).

7. The municipal corporation had not notified the appellant of the status of her request. It was on the occasion of this amparo process that, on November 11, 2024, it notified her of official letter AT-IM-2033-2022, indicating that the case had been referred to the Governing Health Area of Desamparados (reports and evidence provided).

Regarding the actions of the Governing Health Area of Desamparados

8. On January 1, 2023, the request referred by the municipality was received, and its processing began under file CS-ARS-D-DE-0047-2023 (evidence provided).

9. On June 9, 2023, an inspection was carried out (reports and evidence provided).

10. As a consequence of the inspection, inspection report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-470-2023 was issued, indicating that the commercial establishment “K y L oriental S.A.” was identified, where entry was allowed to carry out the respective dye tests in black water. However, the discharges carried out did not show that at the time of the inspection there was any presence of the dye at either of the two discharge points referred to by the complainant. However, she was asked to remain alert and, in case of observing the dye, to notify via email to proceed accordingly (reports and evidence provided).

11. On June 12, 2023, the official in charge of the case contacted the appellant to verify if dye was observed at any point, which was ruled out by the complainant herself (report and evidence provided).

12. On April 8, 2024, a new inspection was carried out, issuing inspection report No. MS-DRRSCS-ARSD-ERS-AI-201-2024, indicating that new dye tests were carried out in sewage (agua servida), but the result was negative. However, the commercial establishment “K y L oriental S.A.” had an expired sanitary operating permit, so closure order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-0008-2024 was issued, carrying out the closure of the establishment (report and evidence provided).

13. Technical report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024, dated April 16, 2024, was issued, indicating that it was concluded that there was no evidence of non-compliance with sanitary regulations in the management of residual waters at the reported site. For this reason, it was recommended to the management to proceed with the case closure and notify the Municipality of Desamparados of said report (reports and evidence provided).

14. Through official letter MS-DRRSCS-ARS-D-0281-2024, on April 16, 2024, the Municipality of Desamparados was notified of the contents of technical report No. °MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024, including that, since no inconsistencies in water management were evidenced at the reported site, the case was closed and the file was archived (reports and evidence provided).

 

IV.- UNPROVEN FACT. The following relevant fact is not considered proven:

First. – That the Municipality of Desamparados and the Governing Health Area of that canton have notified the appellant of any final resolution regarding her complaint (the case file).

V.- REGARDING THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION THROUGH THE FUNCTION OF MUNICIPALITIES. Prior to the substantive analysis of the facts claimed in this amparo process, it should be noted that, within the framework of the Social and Democratic Rule of Law, Economic, Social and Cultural Rights have the fundamental objective of guaranteeing economic well-being and development for human beings and peoples. From this, subjective and objective content of such rights can be indicated. Thus, regarding the subjective sense, benefit-related rights demand the general activity of the State for the satisfaction of individual or collective needs. For its part, the objective sense configures such rights as vital minimums that the State must safeguard on behalf of individuals. The satisfaction of these needs implies the creation of necessary conditions and the commitment to progressively achieve their enjoyment. In the case of the Costa Rican body of constitutional law, we find such rights in the content of article 50 of the Political Constitution and article 26 of the American Convention on Human Rights. In the development, protection, and full enjoyment of the cited rights, the function of the Municipalities and their bodies –including the district municipal councils– is relevant, which, based on constitutional article 169, are obliged to effectively provide the public services entrusted to them. Thus, applicable to the specific case, such obligations entail the effective maintenance of public thoroughfares –roads, sidewalks, and sewage systems–, through which other rights are exercised and enjoyed, such as freedom of movement, health, and the right to a healthy environment. Regarding the latter, what this Court has indicated in its jurisprudence is relevant. Thus, in Judgment No. 2007-017552 of 12:22 hours on November 30, 2007, it stated: 

"(…) The cited Article 50 also shapes the Social Rule of Law, so we can conclude that the Political Constitution emphasizes that the protection of the environment is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of the Public Authorities on factors that can alter its balance and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The impact that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the State's activity finds its first reason for being in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but also have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor of the same, and secondly, because the State's activity is directed towards satisfying the interests of the community. In constitutional jurisprudence, the concept of 'environment' has not been limited to the primary elements of nature, namely soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is formed without which basic demands –such as food, energy, housing, sanitation, and recreation– would be impossible. It is important to highlight that this term has been understood in a more integral way, establishing a 'macro-environmental' concept, by also encompassing aspects relating to the economy, the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others: 'Therefore, Environmental Law should not be associated only with nature, since this is only part of the environment. The policy for the protection of nature also addresses other aspects such as the protection of game, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave important concepts out and thus achieve unifying the legal whole we call Environmental Law (…)” 

Having said the above, it follows that this Chamber, as guarantor of Fundamental Rights, stands as a controller of compliance with the obligations derived from the provisions of articles 21 and 50 of the Political Constitution, which constrain the State to recognize the indicated rights and, furthermore, to arrange to use the material and legally legitimate means to guarantee them.

VI.- REGARDING THE FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH. As provided in Article 2 of the General Health Law, the Executive Branch, through the Ministry of Health, is responsible for the definition of the national health policy, the regulation, planning, and coordination of all public and private activities related to health, as well as the execution of those activities that fall within its competence according to the law. In this sense, the General Health Law itself provides in its article 314 that, within its powers, the Ministry of Health is responsible for ordering and taking the special measures that the law enables to avoid risk or damage to people's health or that these spread or worsen, and to inhibit the continuation or recurrence of infractions by individuals. Among the measures authorized to fulfill the purposes of the law in question, its regulations, and the complementary resolutions that the health authorities issue within their competencies, officials dependent on the Ministry, duly identified, can carry out inspections or visits to practice sanitary operations, collect samples, or gather background information or evidence in buildings, dwellings, and industrial or commercial establishments, and in any place where violations of the mentioned laws, regulations, and resolutions could be perpetrated. Specifically, and in relation to the matter raised, the sanitary authorities can decree the closure, total or partial, temporary or permanent, of an establishment, building, dwelling, installation, or similar, inhibiting its operation through the placement of seals. This measure is applicable to any establishment that operates without the corresponding sanitary authorization; establishments that, needing a manager or technically responsible professional, are operating without one; medical care, education, commercial, industrial, recreation, entertainment, or other establishments whose state or condition involves a danger to the health of the population, its staff, or the individuals who frequent them; and dwellings inhabited without basic sanitation conditions. All of the foregoing, without prejudice to the powers and obligations that special laws grant and impose on other public bodies or entities within their respective fields of action, as well as the duty to sanction those who violate sanitary regulations.

VII.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the specific case, the appellant alleges inaction by the municipal authorities and the Governing Health Area, both entities of the canton of Desamparados. This, regarding a complaint filed due to a water seepage problem from a neighboring property of hers.

In this regard, based on the list of proven facts and other elements that exist in the case file, it is considered accredited that the amparo claimant, a resident of Barrio Concepción of San Miguel de Desamparados, on October 14, 2022, filed a complaint before the Municipality of Desamparados, indicating the following: “(…) Mr. Nombre143008  (sic) Monge, from what I understand, gave permission to the Chinese warehouses to put pipes in their property so that the water goes out to Dirección22210  which is not enough for the amount that flows down. My house is the most damaged since the water enters my house, there are floods, my house is deteriorating and help has already been requested and they do nothing (…)”. In response to this, the Municipal Inspection Department of the respondent municipality processed the complaint under Procedure No. 16541-2024 and, on October 24, 2022, carried out an inspection. Based on this, report No. AT-IM-2033-2022, dated November 23, 2022, was issued, indicating that it was determined that two properties, numbered 405719- and 561961, discharged water onto the adjoining farms, including that of the appellant, so it was determined to refer the case to the Ministry of Health.

Thus, it is understood that, on the occasion of the intervention by the respondent municipality, it was determined that the reported problem involved the seepage of black water, coming from two farms adjoining that of the amparo claimant. For this reason, the municipality referred the matter to the Governing Health Area of Desamparados. This was done through official letter AT-IM-2034-2022, notified to that office of the Ministry of Health on January 1, 2024.

For its part, the Ministry of Health, once it received the case, began its processing under file CS-ARS-D-DE-0047-2023, and on June 9, 2023, carried out an inspection, from which it issued inspection report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AI-470-2023, indicating that the commercial establishment “K y L oriental S.A.” was identified, where entry was allowed to carry out the respective dye tests in black water. However, the discharges carried out did not show that at the time of the inspection there was any presence of the dye at either of the two discharge points referred to by the complainant. However, she was asked to remain alert and, in case of observing the dye, to notify via email to proceed accordingly. Subsequently, on June 12, 2023, the official in charge of the case contacted the appellant to verify if dye was observed at any point, which was ruled out by the complainant herself. Likewise, in follow-up to the case, on April 8, 2024, a new inspection was carried out, issuing inspection report No. MS-DRRSCS-ARSD-ERS-AI-201-2024, indicating that new dye tests were carried out in sewage (agua servida), but the result was negative. However, the commercial establishment “K y L oriental S.A.” had an expired sanitary operating permit, so closure order No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-AC-0008-2024 was issued, carrying out the closure of the establishment. Additionally, by virtue of this, technical report No. °MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024, dated April 16, 2024, was issued, indicating that it was concluded that there was no evidence of non-compliance with sanitary regulations in the management of residual waters at the reported site. For this reason, it was recommended to the management to proceed with the case closure and notify the Municipality of Desamparados of said report. This latter entity was notified of said report on April 16, 2024, itself, by official letter MS-DRRSCS-ARS-D-0281-2024.

VIII.- Based on the foregoing, it is verified that both the Municipality and the Governing Health Area of Desamparados carried out actions to process the appellant's request, which entailed the carrying out of inspections and the issuance of reports by both entities. Based on this, it was determined that it was not possible to locate any impact on the dwelling of the amparo claimant from the flow of black water coming from the commercial premises “K y L oriental S.A.”, indicated as the cause of the events for which the petitioner filed the complaint. It is recorded that the Municipality of Desamparados, after an inspection, referred the matter to the Governing Health Area of Desamparados, which subsequently carried out an inspection in June 2023 and continued with the follow-up, which culminated on April 16, 2024, with the issuance of the cited technical report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024. Thus, it is understood that the appellant's claim is unfounded, since it is considered duly accredited that both the Municipality and the Governing Health Area, both of the canton of Desamparados, duly attended to the amparo claimant's complaint.

Notwithstanding the foregoing, there is indeed an injury that must be pointed out. On the occasion of the determination to close the case, technical report No. MS-DRRSCS-ARS-D-ERS-IT-0348-2024, dated April 16, 2024, was issued, which was made known to the Municipality of Desamparados; however, the amparo claimant was not notified of any final resolution, either by the Governing Health Area or by the Municipality. The respondent authorities must bear in mind that, in accordance with the content of the right to access administrative justice, the Administration bodies that are petitioned must issue any act that is necessary to resolve, definitively, the various requests filed by individuals. In the specific case, it entails the obligation to issue and notify the amparo claimant of the pertinent resolutions that address what she requested.

By virtue of this, it is appropriate to partially grant this amparo proceeding, due to the omission of the respondent entities in issuing and notifying the protected party of the resolutions that definitively resolve the complaint filed by the petitioner.

IX.- Note of Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo recourse established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional circumstances, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

X.- NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case in this amparo, in which the petitioner accuses the authorities of both the Ministerio de Salud and the respondent Municipalidad of not having provided a solution to the complaint filed regarding the alleged discharge of raw sewage (aguas negras) onto their property, which exposes the protected party to health risks and dangers.

XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The recourse is partially granted, due to the omission of the respondent entities in issuing and notifying the protected party of the resolutions that definitively resolve the complaint filed by the petitioner. Antonieta Naranjo Brenes, in her capacity as Alcaldesa of the Municipalidad de Desamparados, and Carolina Umaña Cisneros, in her capacity as Directora of the Área Rectora de Salud Desamparados, or whoever holds these positions, are ordered to, within a maximum period of TEN DAYS following the notification of this judgment, issue and notify the protected party of the resolutions that definitively resolve the complaint filed by her on October 14, 2022. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipalidad de Desamparados are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notifíquese.