Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. [...] Se debe advertir que la parte accionante en su escrito de interposición no incluyó el contenido de los oficios que invocó haber presentado. Sin embargo, de una lectura de lo pretendido no se logra concluir que -en cuanto al reclamo sobre la falta de implementación del Decreto- se esté frente a una solicitud de información pública propiamente dicha (artículo 30) o ante una petición pura y simple de información (artículo 27), sino que eventualmente se estaría lesionando el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución). La Sala ha resuelto que, salvo ciertas excepciones, este tipo de reclamos deben ser ventilados a través del amparo de legalidad en la vía contenciosa administrativa. [...] Impone resolver que esta Sala no es un contralor de legalidad ordinaria y dado que el Decreto es una norma infra constitucional y legal, es en la jurisdicción contenciosa administrativa donde se debe discutir alguna eventual omisión o tardanza en la implementación o ejecución de la norma en cuestión.
En consecuencia, se rechaza de plano el recurso.
English (translation)II. INADMISSIBILITY OF THE ACTION. [...] It must be noted that the complaining party did not include the content of the documents they claimed to have filed. However, from a reading of what was sought, it cannot be concluded that—regarding the claim about the failure to implement the Decree—this involves a proper request for public information (Article 30) or a pure and simple petition for information (Article 27); rather, it might involve an infringement of the right to prompt and effective administrative justice (Article 41 of the Constitution). The Court has held that, save for certain exceptions, such claims must be pursued through an amparo de legalidad in the administrative litigation courts. [...] It must be resolved that this Court is not an overseer of ordinary legality, and since the Decree is an infra-constitutional legal norm, any alleged omission or delay in the implementation or execution of the norm in question must be discussed in the administrative jurisdiction.
Consequently, the action is dismissed outright.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 01768 - 2025 Fecha de la Resolución: 21 de Enero del 2025 a las 09:45 Expediente: 24-035725-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 24-035725-0007-CO Res. Nº 2025001768 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de enero de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-035725-0007-CO, interpuesto por Nombre195298 , cédula de identidad No. CED142305 y Nombre195299 , cédula de identidad No. CED142306 como coordinadores de la RED DE ÁREAS MARINAS DE PESCA RESPONSABLE Y TERRITORIOS MARINOS DE VIDA contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA. RESULTANDO 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 20 de diciembre de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA y manifiestan que: “PRIMERO: EL 30 de abril de 2021 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo N.º 42955 Declaratoria de interés público del modelo de desarrollo del sector pesquero artesanal de pequeña escala contenido en la alianza público-privada por la pesca en pequeña escala en áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos de vida. Dicho decreto fue firmado por el Ministro de Agricultura y Ganadería y el Presidente de la República. SEGUNDO: El 19 de junio de 2023, se remitió el primer correo al Despacho Presidencial y a la Presidencia del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) solicitando información sobre la implementación del Decreto N.º 42955, debido a que, transcurridos más de dos años desde su promulgación, no se ha convocado la Mesa de Trabajo establecida en el artículo quinto del decreto, ni se ha cumplido con la implementación de sus disposiciones que promueven el respeto de los derechos las personas parte de las comunidades pesqueras. TERCERO: El 19 de junio de 2023, la funcionaria Ana Rivera, del Despacho Presidencial, trasladó la consulta al Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, solicitándole una respuesta dentro de un plazo de diez días hábiles. Sin embargo, no se recibió respuesta alguna de parte del Presidente Ejecutivo de INCOPESCA. CUARTO: El 21 de julio de 2023, se envió una segunda solicitud al Despacho Presidencial, exponiendo la falta de respuesta por parte de Nombre2819 y solicitando una reunión con el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el Ministro de Pesca, Heiner Méndez, para discutir sobre la implementación del Decreto Ejecutivo. En respuesta, solo se acusó recibo de la solicitud, sin ofrecer un plazo para agendar la reunión. QUINTO: El 11 de agosto de 2023 el funcionario Gabriel Aguilar Vargas, Director del Despacho Presidencial, remitió un oficio PR-DP-1129-2023 al Ministro de Pesca, Heiner Méndez, pidiéndole que se responda respecto, siendo que es un tema competencia del INCOPESCA, otorgándole un plazo de respuesta de 8 días hábiles. SEXTO: El 15 de noviembre de 2023, se envió una tercera solicitud al Despacho Presidencial, reiterando la necesidad urgente de tomar acciones para el avance de la implementación del Decreto Ejecutivo y solicitando nuevamente una reunión. El 15 de noviembre se acusó nuevamente recibo, pero no se ofreció una respuesta concreta por parte del Despacho. SÉTIMO El 4 de diciembre de 2023, se envió otro correo al Despacho Presidencial, reiterando la solicitud de respuesta y reunión. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna. OCTAVO: El 12 de diciembre de 2023, el funcionario Gabriel Aguilar Vargas, Director del Despacho Presidencial, remitió un oficio (PR-DP-1607-2023) al Ministro de Pesca, Heiner Méndez, pidiéndole que se responda respecto a la falta de implementación del Decreto Ejecutivo N.º 42955 y otorgando un plazo de 10 días hábiles. NOVENO: A la fecha de interposición de este recurso, 11 de diciembre de 2024, no se ha recibido ninguna respuesta de parte de Nombre2819 ni del Presidente de la República, ni a las solicitudes de la implementación del Decreto Ejecutivo N.º 42955. FUNDAMENTO JURÍDICO. Se interpone el presente Recurso de Amparo de conformidad con los artículos 27, 50, 140 inciso 3) y 18) de la Constitución Política y los artículos 29 y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional por las siguientes razones: En primer lugar, el artículo 27 de la Constitución Política establece: ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución. Siendo conforme que toda persona tiene derecho a presentar peticiones ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y a recibir una respuesta pronta, tal y como consta en los hechos descritas han sido interpuestas en diversas ocasiones en un lapso de 5 meses solicitudes ante el Nombre2819 y el Despacho Presidencial. Sin embargo, en este caso, las solicitudes presentadas entre junio y diciembre de 2023, tanto al Despacho Presidencial como al Nombre2819, no han recibido una respuesta sustantiva ni una resolución concreta a las solicitudes presentadas, transcurriendo MÁS DE UN AÑO sin recibir respuesta alguna. El artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es claro en señalar que cuando no se especifica un plazo para contestar, el mismo se considera transcurrido después de diez días hábiles sin que se haya dado respuesta, lo que constituye una vulneración a este derecho. A pesar de los esfuerzos reiterados, la administración no ha mostrado voluntad para atender las solicitudes y brindar la respuesta que el derecho de petición exige, configurando una violación al artículo 27 de la Constitución… Siendo que aunque constaba un plazo otorgado a INCOPESCA, en concreto al ministro de Pesca y Acuicultura, un plazo de 10 días para referirse a las solicitudes presentadas, esto conforme el oficio PR-DP-1607-2023, la misma no fue contestada. Por otro lado, la omisión en la ejecución del Decreto N.º 42955 por parte del Presidente de la República y del Nombre2819 contraviene el artículo 140 inciso 3 y 18 de la Constitución Política, que establece que corresponde al Presidente y a los ministros sancionar, promulgar, ejecutar las leyes y velar por su cumplimiento. ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento; 18) Darse el Reglamento que convenga para el régimen interior de sus despachos, y expedir los demás reglamentos y ordenanzas necesarios para la pronta ejecución de las leyes; A pesar de que el Decreto entró en vigor el 30 de abril de 2021, hasta la fecha no se ha convocado la Mesa de Trabajo ni se han tomado las medidas necesarias para implementar las disposiciones del decreto. Este incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo y del Nombre2819 pone en evidencia una omisión grave en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, lo que impide la materialización de un modelo de desarrollo sostenible para la pesca artesanal. La falta de implementación de este modelo también vulnera el artículo 50 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Decreto N.º 42955 busca justamente garantizar la sostenibilidad ambiental en las áreas marinas de pesca, a través de un modelo que promueve la pesca responsable y la protección de los recursos marinos. La inacción del gobierno pone en riesgo los ecosistemas costeros y marinos, esenciales para la vida de miles de costarricenses que dependen de ellos para su sustento. De este modo, no solo se ve afectado el derecho al ambiente sano, sino también el principio de desarrollo sostenible, al no adoptarse medidas adecuadas para preservar los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. La omisión del Presidente y del INCOPESCA, al no implementar el Decreto, también afecta el derecho a la justicia social y a la distribución equitativa de la riqueza. El modelo de los 12 remos, que busca promover una economía social solidaria, es fundamental para mejorar las condiciones socioeconómicas de los pescadores artesanales de pequeña escala. Este modelo busca una distribución más justa de los recursos pesqueros, beneficiando directamente a las comunidades más vulnerables. Al no implementarse el decreto, se impide que estas comunidades accedan a los beneficios de un modelo que podría mejorar sustancialmente sus condiciones de vida y asegurar una mejor distribución de la riqueza generada por la pesca artesanal de pequeña escala, el cual es un sector vulnerable. Además, Costa Rica tiene compromisos internacionales que requieren la implementación de políticas de pesca sostenible, como es el caso del mediante Decreto Ejecutivo 39195 MAG-MINAEMTSS, el cual fue suscrito el 7 de agosto de 2015 en donde se incorporó al ordenamiento jurídico las Directrices Voluntarias para la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza de la FAO, en donde se establece la obligación del Estado de tomar medidas que contribuyan a solventar las problemáticas del sector de pesca artesanal o de pequeña escala, así como potenciar la incorporación a los mercados, el reconocimiento de las cadenas de valor, el respeto de los Derechos Humanos de las personas pescadoras, la facilitación de la transferencia tecnológica y los modelos de pesca ambientalmente sostenibles y responsables. La omisión de la implementación del Decreto N.º 42955 no solo incumple con estos compromisos, sino que también debilita la posición de Costa Rica en la promoción de la sostenibilidad global y el respeto a los derechos humanos. La inacción del Estado impide que el país avance en la promoción de la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de la pesca artesanal de pequeña escala. En conclusión, la omisión en la implementación del Decreto N.º 42955 y la falta de respuesta a las solicitudes presentadas por las comunidades afectadas constituyen una violación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Estos incluyen el derecho de petición, el derecho a un ambiente sano, el derecho al desarrollo sostenible y la obligación del Estado de cumplir con sus compromisos internacionales. La implementación del modelo de los 12 remos es crucial para avanzar hacia un modelo de pesca responsable y sostenible que beneficie a las comunidades pesqueras y promueva un desarrollo económico, social y ambientalmente justo para todo el país” (sic). 2. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, CONSIDERANDO I. OBJETO DEL RECURSO. En el escrito de interposición, la parte accionante pretende lo siguiente: “Declarar con lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos contra del MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA Y EL PRESIDENTE RODRIGO CHAVES. 2. Que se ordene al Presidente de la República, Ministerio De Agricultura y Ganadería y el Instituto Costarricense De Pesca y Acuicultura dar respuesta a las solicitudes de información presentadas. 3. Que se ordene la pronta implementación del Decreto N.º 42955 Declaratoria de interés público del modelo de desarrollo del sector pesquero artesanal de pequeña escala contenido en la alianza público-privada por la pesca en pequeña escala en áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos de vida, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los pescadores artesanales de pequeña escala, promover el desarrollo sostenible y asegurar una adecuada distribución de los recursos marinos para el bienestar de las generaciones presentes y futuras”. II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En el escrito de interposición, se logran evidenciar al menos dos extremos: 1) la falta de respuesta a unas gestiones que se han presentado específicamente ante la Presidencia de la República y al Nombre2819 y 2) la supuesta omisión en implementar y ejecutar el Decreto Ejecutivo No. 42955: Declaratoria de interés público del modelo de desarrollo del sector pesquero artesanal de pequeña escala contenido en la alianza público-privada por la pesca en pequeña escala en áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos de vida. En cuanto al primer extremo: la falta de respuesta a las gestiones. La parte accionante sostiene que El 19 de junio de 2023, se remitió el primer correo al Despacho Presidencial y a la Presidencia del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) solicitando información sobre la implementación del Decreto N.º 42955, debido a que, transcurridos más de dos años desde su promulgación, no se ha convocado la Mesa de Trabajo establecida en el artículo quinto del decreto, ni se ha cumplido con la implementación de sus disposiciones que promueven el respeto de los derechos las personas parte de las comunidades pesqueras. Igualmente, se invoca que el 21 de julio de 2023, se envió una segunda solicitud al Despacho Presidencial, exponiendo la falta de respuesta por parte de Nombre2819 y solicitando una reunión con el presidente de la República y el ministro de Pesca, para discutir sobre la implementación del Decreto Ejecutivo. Se alega que el 15 de noviembre de 2023, se envió una tercera solicitud al Despacho Presidencial, reiterando la necesidad urgente de tomar acciones para el avance de la implementación del Decreto Ejecutivo y solicitando nuevamente una reunión. Aunado a ello, que el 4 de diciembre de 2023, se envió otro correo al Despacho Presidencial, reiterando la solicitud de respuesta y reunión. Se debe advertir que la parte accionante en su escrito de interposición no incluyó el contenido de los oficios que invocó haber presentado. Sin embargo, de una lectura de lo pretendido no se logra concluir que -en cuanto al reclamo sobre la falta de implementación del Decreto- se esté frente a una solicitud de información pública propiamente dicha (artículo 30) o ante una petición pura y simple de información (artículo 27), sino que eventualmente se estaría lesionando el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución). La Sala ha resuelto que, salvo ciertas excepciones, este tipo de reclamos deben ser ventilados a través del amparo de legalidad en la vía contenciosa administrativa. Dado que el supuesto invocado en este amparo no se encuentra dentro de las excepciones, por lo que procede rechazar de plano el recurso respecto a este extremo, basado en las siguientes consideraciones: “III.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria. IV.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para la parte recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a la parte accionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa”. Se denota que dentro de las gestiones que la parte recurrente invoca como no respondidas, se pretende una reunión con el Presidente de la República. Este Tribunal Constitucional ha señalado que las gestiones dirigidas a un funcionario u órgano público con el fin de concertar una cita, audiencia o reunión, por su naturaleza, no se ajustan al contenido constitucional del derecho de petición, por lo que no pueden ser objeto de control de constitucionalidad en esta sede. Sobre el tema, en la sentencia No. 2021025162 de las 09:40 horas del 9 de noviembre de 2021, esta Sala indicó: “(…) IV.- Por otra parte, la Sala también tiene por demostrado que, el 16 de setiembre de 2021, el accionante dirigió un correo electrónico a las cuentas ...162 y ...163, en el que refirió: “(…) Adjunto solicitud de respuesta a la propuesta de tener una reunión con el CEO de Alliance Fisheries INC, en New York aprovechando la gira del señor Presidente a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (…)”. En tal correo electrónico se adjuntó una gestión dirigida al presidente de la República, en la que se manifestó: “(…) Solicito una respuesta a la propuesta que mi persona envió el pasado viernes 20 de agosto del 2021, para tener una reunión formal con el Sr. Jesús Delgado CEO de Alliance Fisheries Inc. con sede en New York, aprovechando su gira a New York durante el mes de septiembre próximo con motivo de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, con el objetivo de dialogar sobre la propuesta que se le presentó desde el 26 de junio del 2019, para la construcción y puesta en operación de una planta procesadora de túnidos (sic) y pelágicos, enlatado y conservas (planta atunera), que contará con 5 barcos atuneros cerqueros para su abastecimiento, una inversión cercana a los $150 millones de dólares (sic) y que generaría 1.500 empleos directos en Puntarenas. Solicito se me indiquen los motivos de la negación de aceptar dicha reunión (…)”. El 16 de setiembre de 2021, desde la cuenta ...162 se envió un correo electrónico al amparado, en el que se consignó: “(…) Acuse de recibo (…)”. Ahora bien, sobre el particular, en cuanto a la solicitud de reunión, la Sala advierte que los requerimientos dirigidos a un funcionario u órgano público con el propósito de concertar una cita, por su propia naturaleza, no se ajustan al contenido del derecho de petición, por lo que no pueden ser objeto de un pronunciamiento en esta sede. Sobre este particular, en la sentencia n.° 2019-002611 de las 9:30 horas del 15 de febrero de 2019, este Tribunal señaló: “En lo que atañe a las solicitudes dirigidas a un funcionario o a un sujeto de derecho privado, con el propósito de concertar una audiencia, por su propia naturaleza no se ajustan al contenido del derecho de petición regulado en el artículo 27, de la Constitución Política, por lo que no pueden ser objeto de un pronunciamiento en esta sede, alegándose un supuesto quebranto al derecho de petición. Del mismo modo, tampoco podrían serlo por el derecho a gozar de una justicia pronta y cumplida, ya que la programación de la respectiva cita, de llegar a efectuarse, deberá determinarse de acuerdo con las posibilidades y actividades que tengan la parte accionada. De allí que el hecho de que a la fecha, no se le haya programado cita alguna al recurrente, no constituye una lesión a los artículos 27 y 41, de la Constitución Política. En suma, el amparo por este extremo debe ser declarado sin lugar”. Así las cosas, la Sala no encuentra mérito para variar el criterio antes expuesto. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso respecto a este extremo”. En similar sentido se pueden consultar las sentencias No. 2019002611 de las 09:30 horas del 15 de febrero de 2019, No. 2020002911 de las 09:30 horas del 14 de febrero de 2020, No. 2021004550 de las 10:05 horas del 5 de marzo de 2021, No. 2022010473 de las 10:05 horas del 10 de mayo de 2022, entre muchas otras. Así las cosas, visto que en el sub lite, lo expuesto por la parte tutelada ante la autoridad accionada corresponde a una solicitud de audiencia, los precedentes transcritos resultan aplicables. Por otro lado, en lo que respecta a esta pretensión: “Que se ordene la pronta implementación del Decreto N.º 42955 Declaratoria de interés público del modelo de desarrollo del sector pesquero artesanal de pequeña escala contenido en la alianza público-privada por la pesca en pequeña escala en áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos de vida, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los pescadores artesanales de pequeña escala, promover el desarrollo sostenible y asegurar una adecuada distribución de los recursos marinos para el bienestar de las generaciones presentes y futuras”. Impone resolver que esta Sala no es un contralor de legalidad ordinaria y dado que el Decreto es una norma infra constitucional y legal, es en la jurisdicción contenciosa administrativa donde se debe discutir alguna eventual omisión o tardanza en la implementación o ejecución de la norma en cuestión. En consecuencia, se rechaza de plano el recurso. III. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- YZTFVHFNV0I61 EXPEDIENTE N° 24-035725-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:42:51. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 01768 - 2025 Date of Resolution: January 21, 2025 at 09:45 Case File: 24-035725-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution Exp: 24-035725-0007-CO Res. No. 2025001768 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours forty-five minutes on the twenty-first of January of two thousand twenty-five. Amparo processed under case file number 24-035725-0007-CO, filed by Nombre195298 , identity card No. CED142305 and Nombre195299 , identity card No. CED142306 as coordinators of the RED DE ÁREAS MARINAS DE PESCA RESPONSABLE Y TERRITORIOS MARINOS DE VIDA against the PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, the MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA. RESULTANDO 1. By a writing received in the Secretariat of the Chamber on December 20, 2024, the petitioners file an amparo against the PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, the MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA and state that: "FIRST: On April 30, 2021, Executive Decree No. 42955, Declaration of public interest of the development model for the small-scale artisanal fishing sector contained in the public-private alliance for small-scale fishing in responsible fishing marine areas and marine territories of life, entered into force. This decree was signed by the Minister of Agriculture and Livestock and the President of the Republic. SECOND: On June 19, 2023, the first email was sent to the Presidential Office and to the Presidency of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) requesting information on the implementation of Decree No. 42955, because, more than two years after its enactment, the Working Group (Mesa de Trabajo) established in Article Five of the decree has not been convened, nor has there been compliance with the implementation of its provisions that promote respect for the rights of the people who are part of the fishing communities. THIRD: On June 19, 2023, the official Ana Rivera, from the Presidential Office, forwarded the query to the Executive President of INCOPESCA, requesting a response within ten business days. However, no response whatsoever was received from the Executive President of INCOPESCA. FOURTH: On July 21, 2023, a second request was sent to the Presidential Office, setting forth the lack of response from Nombre2819 and requesting a meeting with the President of the Republic, Rodrigo Chaves, and the Minister of Fisheries, Heiner Méndez, to discuss the implementation of the Executive Decree. In response, only acknowledgment of receipt was given, without offering a deadline to schedule the meeting. FIFTH: On August 11, 2023, the official Gabriel Aguilar Vargas, Director of the Presidential Office, sent official letter PR-DP-1129-2023 to the Minister of Fisheries, Heiner Méndez, asking him to respond in this regard, as it is a matter within the competence of INCOPESCA, granting him a response period of 8 business days. SIXTH: On November 15, 2023, a third request was sent to the Presidential Office, reiterating the urgent need to take actions to advance the implementation of the Executive Decree and again requesting a meeting. On November 15, receipt was again acknowledged, but no concrete response was offered by the Office. SEVENTH: On December 4, 2023, another email was sent to the Presidential Office, reiterating the request for a response and a meeting. However, no response was obtained. EIGHTH: On December 12, 2023, the official Gabriel Aguilar Vargas, Director of the Presidential Office, sent an official letter (PR-DP-1607-2023) to the Minister of Fisheries, Heiner Méndez, asking him to respond regarding the lack of implementation of Executive Decree No. 42955 and granting a period of 10 business days. NINTH: As of the date of filing this appeal, December 11, 2024, no response has been received from Nombre2819 nor from the President of the Republic, nor to the requests for the implementation of Executive Decree No. 42955. LEGAL BASIS. This Amparo is filed in accordance with Articles 27, 50, 140 subsections 3) and 18) of the Political Constitution and Articles 29 and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction for the following reasons: First, Article 27 of the Political Constitution establishes: ARTICLE 27.- The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution are guaranteed. It being proper that every person has the right to submit petitions before any public official or official entity, and to receive a prompt response, as stated in the described facts, requests have been filed on various occasions over a period of 5 months before Nombre2819 and the Presidential Office. However, in this case, the requests filed between June and December 2023, both to the Presidential Office and to Nombre2819, have not received a substantive response nor a concrete resolution to the submitted requests, MORE THAN A YEAR having elapsed without receiving any response. Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction is clear in stating that when a period to respond is not specified, it is considered to have elapsed after ten business days without a response having been given, which constitutes a violation of this right. Despite repeated efforts, the administration has not shown willingness to address the requests and provide the response that the right of petition requires, configuring a violation of Article 27 of the Constitution… Even though there was a period granted to INCOPESCA, specifically to the Minister of Fisheries and Aquaculture, a period of 10 days to address the submitted requests, pursuant to official letter PR-DP-1607-2023, it was not answered. On the other hand, the omission in the execution of Decree No. 42955 by the President of the Republic and Nombre2819 contravenes Article 140 subsections 3 and 18 of the Political Constitution, which establishes that it corresponds to the President and the ministers to sanction, enact, execute the laws and ensure their compliance. ARTICLE 140.- The duties and attributions that correspond jointly to the President and the respective Government Minister are: 3) To sanction and enact the laws, regulate them, execute them, and ensure their exact compliance; 18) To issue the Regulations suitable for the internal regime of their offices, and to issue the other regulations and ordinances necessary for the prompt execution of the laws; Despite the fact that the Decree entered into force on April 30, 2021, to date the Working Group has not been convened nor have the necessary measures been taken to implement the provisions of the decree. This non-compliance by the Executive Branch and Nombre2819 highlights a serious omission in the fulfillment of their constitutional responsibilities, which prevents the materialization of a sustainable development model for artisanal fishing. The lack of implementation of this model also violates Article 50 of the Constitution, which recognizes the right of every person to live in a healthy and ecologically balanced environment. Decree No. 42955 seeks precisely to guarantee environmental sustainability in marine fishing areas, through a model that promotes responsible fishing and the protection of marine resources. The government's inaction puts coastal and marine ecosystems at risk, which are essential for the lives of thousands of Costa Ricans who depend on them for their livelihood. In this way, not only is the right to a healthy environment affected, but also the principle of sustainable development, by not adopting adequate measures to preserve natural resources for present and future generations. The omission of the President and INCOPESCA, by not implementing the Decree, also affects the right to social justice and the equitable distribution of wealth. The model of the 12 oars, which seeks to promote a social solidarity economy, is fundamental to improving the socioeconomic conditions of small-scale artisanal fishers. This model seeks a fairer distribution of fishing resources, directly benefiting the most vulnerable communities. By not implementing the decree, these communities are prevented from accessing the benefits of a model that could substantially improve their living conditions and ensure a better distribution of the wealth generated by small-scale artisanal fishing, which is a vulnerable sector. Furthermore, Costa Rica has international commitments that require the implementation of sustainable fishing policies, as is the case of Executive Decree 39195 MAG-MINAEMTSS, which was signed on August 7, 2015, incorporating into the legal system the FAO Voluntary Guidelines for the Sustainability of Small-Scale Fisheries in the context of food security and the eradication of poverty, which establishes the obligation of the State to take measures that contribute to solving the problems of the artisanal or small-scale fishing sector, as well as to enhance market integration, the recognition of value chains, respect for the Human Rights of fishers, the facilitation of technology transfer, and environmentally sustainable and responsible fishing models. The omission of the implementation of Decree No. 42955 not only fails to comply with these commitments, but also weakens Costa Rica's position in promoting global sustainability and respect for human rights. The State's inaction prevents the country from advancing in the promotion of food security, the eradication of poverty, and the strengthening of small-scale artisanal fishing. In conclusion, the omission in the implementation of Decree No. 42955 and the lack of response to the requests filed by the affected communities constitute a violation of fundamental rights recognized in the Constitution. These include the right of petition, the right to a healthy environment, the right to sustainable development, and the obligation of the State to comply with its international commitments. The implementation of the model of the 12 oars is crucial to advancing towards a responsible and sustainable fishing model that benefits fishing communities and promotes economically, socially, and environmentally fair development for the entire country" (sic). 2. Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject on procedural grounds or on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted to its knowledge that is manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a prior, equal or similar petition that was rejected. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, CONSIDERANDO I. PURPOSE OF THE APPEAL. In the filing brief, the petitioners seek the following: "To declare with merit this amparo in all its extremes against the MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA AND PRESIDENT RODRIGO CHAVES. 2. That the President of the Republic, Ministerio De Agricultura y Ganadería and the Instituto Costarricense De Pesca y Acuicultura be ordered to respond to the requests for information filed. 3. That the prompt implementation of Decree No. 42955 Declaration of public interest of the development model for the small-scale artisanal fishing sector contained in the public-private alliance for small-scale fishing in responsible fishing marine areas and marine territories of life be ordered, in order to guarantee the fundamental rights of small-scale artisanal fishers, promote sustainable development, and ensure an adequate distribution of marine resources for the well-being of present and future generations". II. INADMISSIBILITY OF THE APPEAL. In the filing brief, at least two extremes can be evidenced: 1) the lack of response to petitions that have been filed specifically before the Presidency of the Republic and Nombre2819 and 2) the alleged omission to implement and execute Executive Decree No. 42955: Declaration of public interest of the development model for the small-scale artisanal fishing sector contained in the public-private alliance for small-scale fishing in responsible fishing marine areas and marine territories of life. Regarding the first extreme: the lack of response to the petitions. The petitioners maintain that on June 19, 2023, the first email was sent to the Presidential Office and to the Presidency of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) requesting information on the implementation of Decree No. 42955, because, more than two years after its enactment, the Working Group established in Article Five of the decree has not been convened, nor has there been compliance with the implementation of its provisions that promote respect for the rights of the people who are part of the fishing communities. Likewise, it is invoked that on July 21, 2023, a second request was sent to the Presidential Office, setting forth the lack of response from Nombre2819 and requesting a meeting with the President of the Republic and the Minister of Fisheries, to discuss the implementation of the Executive Decree. It is alleged that on November 15, 2023, a third request was sent to the Presidential Office, reiterating the urgent need to take actions to advance the implementation of the Executive Decree and again requesting a meeting. In addition to this, that on December 4, 2023, another email was sent to the Presidential Office, reiterating the request for a response and a meeting. It should be noted that the petitioners in their filing brief did not include the content of the official letters they claimed to have filed. However, from a reading of what is sought, it cannot be concluded that - regarding the claim about the lack of implementation of the Decree - we are dealing with a request for public information strictly speaking (Article 30) or a pure and simple request for information (Article 27), but rather that it would eventually be violating the right to prompt and fulfilled administrative justice (Article 41 of the Constitution). The Chamber has resolved that, except for certain exceptions, this type of claim must be ventilated through the amparo de legalidad in the contentious-administrative jurisdiction. Given that the assumption invoked in this amparo is not within the exceptions, it is appropriate to reject the appeal outright regarding this extreme, based on the following considerations: "III.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A CELERITOUS AND FULFILLED MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF THE ADMINISTERED. The Constitutional Chamber, since its foundation, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations that have a basis in the infra-constitutional legal system or legality parameter, which are indirectly connected with fundamental rights and the Law of the Constitution. On this matter, one must not lose perspective that the Constitution, by its supremacy, super-legality, and direct and immediate effectiveness, indirectly gives foundation to any conceivable substantial legal situation of persons. However, under a better consideration and upon the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become clear that now the justiciables have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, which is extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of the time limits to carry out the various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of deducible claims, orality –and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity-, the single instance with an appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing process or "amparo de legalidad", the processes of pure law, the new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial execution, seizure of assets of the fiscal domain and some of the public domain), the broad powers of the body of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All of these novel procedural institutes have the manifest purpose and objective of achieving procedural economy, celerity, promptness, and the effective or fulfilled protection of the substantial legal situations of the administered, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversary principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an ideal channel, due to its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the amparo and effective protection of the substantial legal situations of the administered in which it is necessary to gather evidence or define some questions of ordinary legality. IV.- VERIFICATION OF THE TIME LIMITS SET BY LAW TO RESOLVE ADMINISTRATIVE PROCEDURES: EVIDENT QUESTION OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the time limits set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve a final act of an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the appropriate administrative appeals, is a clear question of ordinary legality that, from now on, can be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense –that is, to appear without legal representation– and of gratuity for the petitioner party. Consequently, outright rejection is imposed and the petitioner party must be advised that if it deems it appropriate, it may resort to the contentious-administrative jurisdiction". It is noted that within the petitions that the petitioners invoke as unanswered, a meeting with the President of the Republic is sought. This Constitutional Court has indicated that petitions directed to a public official or body for the purpose of arranging an appointment, audience, or meeting, by their nature, do not conform to the constitutional content of the right of petition, and therefore cannot be subject to constitutional review in this venue. On the subject, in judgment No. 2021025162 at 09:40 hours on November 9, 2021, this Chamber stated: "(…) IV.- Moreover, the Chamber also considers it proven that, on September 16, 2021, the petitioner sent an email to the accounts ...162 and ...163, in which he stated: "(…) Attached is a request for a response to the proposal to have a meeting with the CEO of Alliance Fisheries INC, in New York taking advantage of the President's trip to the General Assembly of the United Nations Organization (…)". Attached to this email was a petition addressed to the President of the Republic, which stated: "(…) I request a response to the proposal that I sent last Friday, August 20, 2021, to have a formal meeting with Mr. Jesús Delgado, CEO of Alliance Fisheries Inc. based in New York, taking advantage of your trip to New York during the coming month of September on the occasion of the General Assembly of the United Nations Organization, with the objective of discussing the proposal that was presented to you since June 26, 2019, for the construction and start-up of a processing plant for tuna (sic) and pelagics, canning and preserves (tuna plant), which will have 5 tuna purse seiners for its supply, an investment close to $150 million dollars (sic) and that would generate 1,500 direct jobs in Puntarenas. I request that the reasons for the refusal to accept said meeting be indicated to me (…)". On September 16, 2021, from the account ...162, an email was sent to the amparo petitioner, stating: "(…) Acknowledgment of receipt (…)". Now then, on this matter, regarding the meeting request, the Chamber warns that requests directed to a public official or body for the purpose of arranging an appointment, by their very nature, do not conform to the content of the right of petition, and therefore cannot be the subject of a ruling in this venue. On this matter, in judgment No. 2019-002611 at 9:30 hours on February 15, 2019, this Court stated: "With regard to requests directed to an official or a subject of private law, for the purpose of arranging an audience, by their very nature they do not conform to the content of the right of petition regulated in Article 27 of the Political Constitution, and therefore cannot be the subject of a ruling in this venue, alleging a supposed breach of the right of petition. Likewise, they could not be subject to the right to enjoy prompt and fulfilled justice either, since the scheduling of the respective appointment, if it is to take place, must be determined according to the possibilities and activities that the respondent party may have. Hence, the fact that to date, no appointment has been scheduled for the petitioner does not constitute a violation of Articles 27 and 41 of the Political Constitution. In sum, the amparo on this extreme must be declared without merit". Thus, the Chamber finds no merit to vary the previously stated criterion. Ergo, it is appropriate to declare the appeal without merit on this extreme". In a similar vein, one can consult judgments No. 2019002611 at 09:30 hours on February 15, 2019, No. 2020002911 at 09:30 hours on February 14, 2020, No. 2021004550 at 10:05 hours on March 5, 2021, No. 2022010473 at 10:05 hours on May 10, 2022, among many others. Thus, given that in this case, what was expressed by the protected party before the respondent authority corresponds to a request for an audience, the transcribed precedents are applicable. On the other hand, with respect to this claim: "That the prompt implementation of Decree No. 42955 Declaration of public interest of the development model for the small-scale artisanal fishing sector contained in the public-private alliance for small-scale fishing in responsible fishing marine areas and marine territories of life be ordered, in order to guarantee the fundamental rights of small-scale artisanal fishers, promote sustainable development, and ensure an adequate distribution of marine resources for the well-being of present and future generations". It is necessary to resolve that this Chamber is not a controller of ordinary legality and given that the Decree is an infra-constitutional and legal norm, it is in the contentious-administrative jurisdiction where any eventual omission or delay in the implementation or execution of the norm in question must be discussed. Consequently, the appeal is rejected outright. III. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that if they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence supported through any additional device, or through electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office, within a period of 30 business days, after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. POR TANTO: The appeal is rejected outright. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- YZTFVHFNV0I61 CASE FILE N° 24-035725-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf1774 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, Dirección17 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 09:42:51. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República