Res. 02002-2025 Sala Constitucional — Municipality Must Guarantee Operation of Wastewater Treatment PlantMunicipalidad debe garantizar el funcionamiento de planta de tratamiento de aguas residuales

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Sala Constitucional

Resolución Nº 02002 - 2025

Fecha de la Resolución: 24 de Enero del 2025 a las 09:15

Expediente: 24-021588-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

QUEJA.

002002-25. MUNICIPALIDAD. VECINA DE LA URBANIZACIÓN SAN CHARBEL, EN LA GUÁCIMA DE ALAJUELA, ACUSA QUE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE COMUNIDAD SE ENCUENTRA SIN MANTENIMIENTO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, REALICEN EN FORMA COORDINADA Y CONJUNTA CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y EL ÁREA RECTORA DE SALUD ALAJUELA 2, LOS ACTOS NECESARIOS PARA ELIMINAR LA PROBLEMÁTICA DENUNCIADA POR LA PARTE RECURRENTE SOBRE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. VCG01/2025

“(…) V.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, la recurrente alega que es vecina de la urbanización San Charbel, ubicada en la Guácima de Alajuela y la planta de tratamiento de la comunidad está en un terreno municipal y se encuentra sin mantenimiento. Señala que esto provocó que dejará de funcionar y un grave problema ambiental y a la salud, por lo que la Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria.  Indica que mediante trámite No. 4530-2023 se denunció el problema descrito ante el gobierno local recurrido; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo la problemática persiste. Por lo anterior estima vulnerados sus derechos fundamentales y de los vecinos de la comunidad.

Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene acreditado que la Municipalidad de Alajuela tiene conocimiento de la problemática de la planta de tratamiento de aguas residuales alegada por la promovente desde el 16 de enero de 2023, bajo el trámite No. 4530-2023 suscrito por los Vecinos de Urbanización San Charbel. También, que el terreno donde se encuentra ubicada la Planta de Tratamiento de Urbanización San Charbel se trata de un área comunal a nombre de la Municipalidad de Alajuela. Ahora, justifican las autoridades municipales accionadas que la alcaldía solicitó el criterio de distintos departamentos municipales y se concluyó que la planta de tratamiento debe ser trasladada al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, pero no se ha realizado la gestión correspondiente ante esa institución.

 

Por su parte, el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado informa que la Municipalidad de Alajuela es la responsable en la determinación de las medidas requeridas para solucionar el problema de administración de la planta de tratamiento de aguas residuales, quien a su vez aprobó en su momento el desarrollo urbanístico en dicha zona y en caso de decidir trasladar la administración al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento Acuerdo No. 2022-354 de la Junta Directiva del AyA, publicado en el ALCANCE No. 171 a la GACETA No. 151 del miércoles 10 de agosto del 2022.

Ahora, se tiene que el 22 de noviembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Alajuela 2 realizó una inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel y se concluyó no se encuentra en funcionamiento y genera un riesgo a la salud pública y al ambiente, por lo que se emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024, mediante la cual se ordenó a la Municipalidad de Alajuela lo siguiente: “1. Reactivar el funcionamiento y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel. Presentar ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2 la evidencia de las acciones realizadas. 2. El funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales deberá realizarse acatando la normativa técnica vigente mediante la presentación de Reportes Operacionales y cumplimiento en sitio con las características del reglamento Nº 33601”. En ese sentido, se colige que el 25 de noviembre del 2024, la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 fue notificada a la Municipalidad de Alajuela y se le otorgaron diez días hábiles para su cumplimiento.

Ante este panorama, se tiene por constatada la acusada inacción de las autoridades municipales, pues si bien determinaron las acciones que requieren realizar, lo cierto del caso es que actualmente la situación denunciada se mantiene, en el sentido que no han realizado las gestiones correspondientes para solucionar la problemática de la planta de tratamiento ni tampoco su traslado ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –a quienes afirman son los que deberían darle el manteamiento–. Lo anterior, a pesar de que tienen conocimiento de la problemática en cuestión desde el 2023, sin que conste que se haya tomado ninguna otra medida, que exista ninguna solución con certeza del problema denunciado por la recurrente, o que se haya definido una fecha para resolver dicha problemática. Bajo tal estado de las cosas, nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que la Municipalidad de Alajuela ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes.

Debido a lo expuesto, lo procedente es la estimatoria del recurso a efecto que las autoridades de la Municipalidad de Alajuela emitan las órdenes y lleven a cabo las actuaciones respectivas dentro del ámbito de sus competencias, a fin de solucionar de forma definitiva el problema denunciado por la parte recurrente y constatado por las autoridades sanitarias traídas al proceso de amparo. Ahora, si bien el 20 de diciembre del 2024 la planta de tratamiento fue puesta en funcionamiento, lo cierto es que fue por parte de los vecinos de la comunidad, lo cual no implica que las autoridades municipales deban de llevar las gestiones correspondientes para la situación expuesta en el presente proceso sea subsanada de forma definitiva, pues aluden que deben gestionar que la planta de tratamiento sea administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

VI.- Por otra parte, es menester indicar que no se observa alguna acción u omisión por parte de las autoridades sanitarias, quienes por su parte teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores del sector, se han encargado de brindar seguimiento al caso, constatar su existencia y emitir la orden sanitaria del caso. De igual manera respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dado que no se colige que sean los responsables de darle el mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales. Así las cosas, lo que procede es desestimar el recurso en cuanto a tales autoridades. (…)”

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) IV.- Sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. (…)” VCG01/2025

 

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

VII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que es vecina de la urbanización San Charbel, ubicada en la Guácima de Alajuela y la planta de tratamiento de la comunidad está en un terreno municipal y se encuentra sin mantenimiento, lo que provocó que dejará de funcionar y un grave problema ambiental y a la salud, por lo que denunció el problema descrito ante el gobierno local recurrido; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo la problemática persiste, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VCG01/2025

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 056- Ejecución de sentencias

Subtemas:

NO APLICA.

VIII. Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le dé atención definitiva e integral por parte de la Municipalidad de Alajuela a las denuncias planteadas por la parte recurrente respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

VCG01/2025

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Texto de la resolución

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Exp: 24-021588-0007-CO

Res. Nº 2025002002

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo promovido por Nombre195170  , cédula de identidad CED142171, a su favor y de los VECINOS DE LA URBANIZACIÓN SAN CHARBEL DE ALAJUELA, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Por escrito presentado ante la Sala el 08 de agosto de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que es vecina de la urbanización San Charbel ubicada en la Guácima, Alajuela. Expone que, dentro de dicha urbanización, se encuentra una propiedad que pertenece a la Municipalidad de Alajuela, la cual fue recibida por ese gobierno local, en su momento, del desarrollador del lugar. Agrega que, hasta hace dos años, el desarrollador de la urbanización se encargaba de cubrir los gastos correspondientes al funcionamiento de la planta de tratamiento, pero dejó de hacerlo al considerar que la responsabilidad recaía sobre la municipalidad. Mencionada que, desde entonces, la planta de tratamiento se encuentra sin mantenimiento, ya que el gobierno local recurrido no lo asumió, ni del pago de los servicios de agua y electricidad necesarios para su funcionamiento. Relata que como resultado de la falta la planta dejó de funcionar durante varios meses, lo que provocó un grave problema ambiental y de salud en la comunidad. Señala que esta situación llevó al Ministerio de Salud a emitir una orden sanitaria en la que otorgó un plazo de un mes para reactivar la planta y con la indicación de ser desalojados. Afirma que los vecinos se organizaron para poner la planta en funcionamiento de manera provisional, aunque el pago de la electricidad -esencial para su operación-, se volvió complicado debido a la naturaleza voluntaria de las contribuciones de los vecinos. Adiciona que, actualmente, la planta dejó de operar nuevamente, lo que pone en riesgo a más de 100 viviendas en la urbanización, además de agravar la contaminación ambiental y los consecuentes problemas de salud. Asevera que se han planteado numerosas diligencias ante la Municipalidad de Alajuela y en algunas de las contestaciones la institución recurrida reconoció ser la responsable de la planta, pese a lo cual no ha tomado acción alguna al respecto. Precisa que, mediante trámite No. 4530-2023 se denunció el problema descrito ante el gobierno local recurrido y por oficio No. MA-A313-2023 del 17 de enero de 2023, el director del Despacho de la Municipalidad de Alajuela remitió a las siguientes autoridades su conocimiento: el director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, el coordinador del Subproceso Acueducto y Saneamiento y el coordinador de la Actividad de Saneamiento. Estima que los hechos descritos vulneran sus derechos fundamentales y los de los amparados. Solicita que se declare con lugar el recurso y se obligue a la Municipalidad de Alajuela a cumplir con sus responsabilidades, en cuenta, el traspaso del medidor de electricidad, de la propiedad y la planta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como parece haberse considerado procedente, o lo que sea necesario para resolver la problemática y a garantizar la protección de la salud y el bienestar de los habitantes de la urbanización San Charbel.

2.- En resolución de las 14:01 horas del 29 de agosto de 2024, se da curso al proceso y solicita informe al alcalde, al director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, al coordinador del Subproceso Acueducto y Saneamiento y al coordinador de la Actividad de Saneamiento, todos de la Municipalidad de Alajuela, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Informa bajo juramento Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de alcalde de Alajuela, lo siguiente:

Mediante el oficio N° Identificacion428 de fecha 09 de setiembre de 2024, suscrito por el Ing. Luis Francisco Alpízar Barrantes, Coordinador del Subproceso de Saneamiento y al Ing. José Luis Chacón Ugalde, Coordinador del Proceso de Acueducto y Saneamiento Municipal, el cual indicó que:

“Vistos los hechos y pretensiones planteados por la recurrente, se entiende que en síntesis, esta solicita que la Municipalidad de Alajuela se haga cargo de la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de urbanización San Charbel, o en su defecto que realice las gestiones que correspondan para efectuar el traspaso de la misma al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), esto por cuanto considera afectados sus derechos a “seguridad social”, “justicia”, “vida sana” y “protección de la contaminación”, tal como textualmente indica.

Por lo tanto, en primer lugar, conviene aclarar si la Municipalidad de Alajuela tiene o no responsabilidad en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento en cuestión. De acuerdo con la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Ley 2726 del 14 de abril de 1961) en su artículo 2 se establece que la responsabilidad de “administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país” le corresponde al AyA. Así mismo, establece este artículo una responsabilidad residual de las municipalidades, para las que se indica que “los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente”.

De acuerdo con lo anterior, es clara la Ley en que la responsabilidad de la Municipalidad es la de administrar y operar adecuadamente los sistemas a su cargo, no así de recibir y operar nuevos sistemas. Así mismo, en caso de que la Municipalidad no fuese capaz de brindar un servicio eficiente en los sitios donde opera, esta responsabilidad recaería finalmente en el AyA como ente rector

En el caso concreto de urbanización San Charbel, si bien las áreas públicas fueron trasladadas a la Municipalidad en su momento, esta nunca ha hecho una recepción formal de la planta de tratamiento de aguas residuales en calidad de operador del servicio, ya que la urbanización se encuentra dentro de la zona de cobertura del AyA, que es el ente que brinda el servicio de agua potable y por ende el que también debería administrar el servicio de saneamiento. Como ampliamente lo explica el Proceso de Servicios Jurídicos en el oficio N° MA-PSJ-182-2024, la planta de tratamiento corresponde a un espacio destinado a facilidades comunales, por lo que se considera que las acciones a ejecutar por parte de la Municipalidad deberían enfocarse en trasladar el inmueble al ente competente, en este caso el AyA, para que pueda asumir su operación y mantenimiento.

Así las cosas, se recomienda rechazar las pretensiones de la recurrente en cuanto a que sea la Municipalidad de Alajuela la que asuma administración del servicio de alcantarillado sanitario en urbanización San Charbel, pues se estaría usurpando la zona de cobertura y competencias del AyA”.

De igual forma, la Alcaldia mediante el oficio N° MA-A-4357-2024 de fecha 09 de setiembre de 2024, manifestó lo siguiente:

“En atención al oficio N° MA-PSJ-1447-2024, en el cual nos informa acerca del recurso de amparo interpuesto por la señora Nombre195170  , el cual se tramita en el Expediente N° 24021588-0007-CO, me permito informar lo siguiente:

Efectivamente, el 16 de enero del 2023, se recibió en esta Alcaldía el Trámite Nº 4530-2023 suscrito por los Vecinos de Urbanización San Charbel -ubicada en Rincón Chiquito, La Guácima-, mediante el cual exponen una situación que les afecta con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales. Con el fin atender dicha solicitud, el entonces Director de Despacho requirió un informe al respecto por medio del oficio N° MA-A-313-2023 dirigido al Ing. Roy Delgado Alpízar, Coordinador del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, Ing. Pablo Palma Alán, Coordinador a.i. del Subproceso Acueducto y Saneamiento, y al Ing. Francisco Alpízar Barrantes, Coordinador de la Actividad de Saneamiento (folios 01 a 37 del expediente administrativo conformado con ocasión del presente recurso de amparo).

Como respuesta se recibió el oficio N° Identificacion429, suscrito por el Ing. Francisco Alpízar Barrantes, Coordinador de la Actividad de Saneamiento, quien aclaró que la planta de tratamiento en mención nunca ha sido recibida por la Municipalidad de Alajuela, aunado a que los vecinos están debidamente informados en cuanto a que el servicio de agua potable en la comunidad es brindado por el AyA; por lo que -a criterio de dicho profesional- es a dicha entidad a quien le corresponde operar el alcantarillado sanitario (folio 36 vuelto).

Por tal razón, se confeccionó el oficio N° MA-A-1025-2024 con fecha 21 de febrero del 2023, remitido al Ing. Delgado Alpízar, mediante el cual se realizó un recordatorio de la solicitud de información mencionada en el párrafo trasanterior y además, se adjuntó copia del oficio N° ° MA-SAN-0220032023 (folios 36 a 37).

Nuevamente, se requirió información al Ing. Delgado Alpízar, junto con la Ing. María Auxiliadora Castro Abarca, Coordinadora del Subproceso Acueducto y Saneamiento, y el Ing. Francisco Alpízar Barrantes, Coordinador de la Actividad de Saneamiento, por medio del oficio N° MA-A-3421-2023 (folio 38).

Como respuesta se recibió el oficio N° MA-PPCI-0591-2023 suscrito por el Ing. Roy Delgado Alpízar, Coordinador del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, mediante el cual se aclaró que el desarrollador del proyecto urbanístico es a quien correspondía realizar el trámite con la Municipalidad y el ICE para traspasar el terreno y servidumbre a favor del AyA. Dicho oficio fue comunicado a los Vecinos de la Dirección22283   por medio del oficio N° MA-A-4355-2023, con fecha 14 de julio del 2023, suscrito por el entonces Director de Despacho de esta Alcaldía (folios 39 a 40).

Adicionalmente, dicho documento fue remitido a la Licda. Johanna Barrantes León, Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos, por medio del oficio N° MA-A-4356-2023, con fecha 14 de julio del 2023, también suscrito por el entonces Director de Despacho de esta Alcaldía, junto con los antecedentes del caso; con el fin de que emitiera su criterio al respecto (folios 41 a 59). Y por medio del oficio N° MA-A-5961-2023, fechado 25 de setiembre del 2023, se remitió un recordatorio a la Licda. Barrantes León, según consta en los folios 60 a 65.

Como respuesta se recibió el oficio N° MA-PSJ-182-2024, suscrito por la Coordinadora del Proceso de Servicios Jurídicos, en el cual se indicó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados podría asumir la planta de tratamiento mediante un convenio de gestión de los sistemas de saneamiento de aguas residuales por solicitud expresa de la Corporación Local. Por tal razón, se remitió el oficio N° MA-A-1513-2024 con fecha 14 de marzo del 2024, al Ing. Delgado Alpízar, con el fin de que procediera según correspondía, notificando a los vecinos (folios 66 a 70).

Sin embargo, a la fecha desconocemos si el Ing. Delgado Alpízar formalizó dicha gestión ante el AyA.

Nótese que los Vecinos de la Dirección22283   han sido oportunamente informados de todas las gestiones, tal y como consta en los respectivos comprobantes de envío de correos electrónicos (folios 01, 38, 38 frente y vuelto, 39 a 40 vuelto, 59, 60, 65, 66, 70); lo cual evidencia que están debidamente informados en que la entidad competente para atender su gestión es el el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Adjunto el expediente original conformado con ocasión del presente recurso de amparo, el cual contiene 81 folios.

Mediante el oficio N° MA-PPCI-0594-2024 de fecha 10 de setiembre de 2024, suscrito por el Ing. Roy Delgado Alpízar, Director, del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura Municipal, el mismo indicó lo siguiente:

“(…) De acuerdo con lo anterior le expongo los siguientes antecedentes:

Mediante oficio N.º MA-PPCI-0591-2023 del 13 de julio 2023, se da la atención a los oficios N.º MA-A313-2023, N.º MA-A-1025-2023, N.º MA-A-3421-2023 y N.º MA-A-3990-2023; todos relacionados a la problemática expuesta por los vecinos de la Dirección22284.  , ubicada en Rincón Chiquito, La Guácima mediante trámite N.º 4530-2023 sobre la planta de tratamiento de aguas residuales.

Al respecto tal y como indicó el Ing. Francisco Alpízar en el oficio N.º Identificacion430- 2023 y N.º MASAN-062901-2023, “el ente que se encarga del suministro de agua potable en la zona es el AyA por lo que la Municipalidad de Alajuela no puede brindar servicios de agua potable, ni de tratamiento de aguas residuales ya que la zona está dentro de la cobertura del AyA”. Dicha afirmación va en concordancia con la política que el ente encargado de brindar el servicio de agua potable en una zona es el que debe tratar las aguas residuales que esta comunidad genere.

En ese mismo sentido, mediante oficio N.º SG-GSP-RT-2022-00317, fechado el 11 de noviembre del 2022, suscrito por el Sr. Álvaro Araya García, UEN Recolección y Tratamiento Periféricos del Instituto Acueducto y Alcantarillados, informó a los vecinos de la Urb. San Charbel el estado del trámite de recepción del sistema de saneamiento de dicha urbanización, indicando “(…) A la fecha no existe ante este Instituto una solicitud formal por parte del Desarrollador, para iniciar el proceso de recepción del sistema de saneamiento de la urbanización San Charbel”.

Además, señala que, de acuerdo con el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, acuerdo 2017- 066, fecha 15 de febrero del 2017, para asumir la administración, operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento, debe cumplir con todos los requisitos del artículo 12 y según artículo 13, los requisitos indicados en el artículo 12, deberán presentarse en la Gerencia General del AyA, mediante solicitud escrita de gestión de recepción, por parte del propietario o representante legal del sistema de saneamiento. (subrayado no es del original).

El terreno donde se encuentra ubicada la Planta de Tratamiento de Urbanización San Charbel se trata de un área comunal a nombre de la Municipalidad, además es afectada por una servidumbre de una línea de alta tensión y cuenta con un área de 1.463 m2 según registro, con plano catastro A-1622647-2012.

Por lo anterior, el Desarrollador debe realizar las gestiones necesarias con la Municipalidad y el ICE para traspasar el terreno y servidumbre a favor del AyA (negrita no es el del original).

Así las cosas, este Proceso reitera lo indicado en los oficios N.º Identificacion429 y N.º Identificacion431; suscrito por el Ing. Luis Francisco Alpízar y, siendo que mediante oficio N.º MA-SASM285-2023 la Ing. María Auxiliadora Castro Abarca señala que para el caso en cuestión “(…) a la Municipalidad lo que le compete es coordinar directamente con el AyA para realizar el traspaso del terreno, y de esta forma el AyA pueda administrar el servicio”. Este proceso considera conveniente informar sobre esta situación al Proceso de Servicios Jurídicos a fin de determinar el proceso legal a seguir para poder realizar el traspaso del área comunal y servidumbre a favor del AyA, para poder dar solución a la problemática denunciada.

Mediante oficio N.º MA-PPCI-0353-2024, con fecha del 5 de junio 2024 se le informa a la Alcaldía: se da la atención al oficio N.º MA-A-1513-2024, donde se expone la situación de los vecinos de Dirección22284.  , ubicada en Rincón Chiquito de la Guácima, se le informa al Ing. José Luis Chacón Ugalde coordinador del Acueducto Municipal, esto con el fin de que proceda a tramitar el traspaso de la planta de tratamiento de dicha urbanización al AyA.

Con el oficio N.º MA-PPCI-0373-2024, con fecha del 5 de junio 2024 se le informa a la Dirección del Acueducto Municipal: le remito los documentos N.º MA-A-1513-2024 para que proceda a tramitar según corresponda.

El oficio N.º MA-PPCI-0373-2024, se le envió a la nueva Dirección del Acueducto Municipal, en la cual es un departamento que paso de ser un Subproceso a una Proceso, lo cual mantiene ahora un nivel de Dirección que se relaciona a su naturaleza en temas de agua, plantas de tratamiento, entre otros, lo cual ahora es independiente de las decisiones y labores ordinarias de esta Dirección.

De acuerdo con el oficio N.º MA-SASM-264-2024, con fecha del 17 de junio 2024, responde nuestro oficio N.º MA-PPCI-0373-2024, dicho oficio aclara que este Proceso no ha tenido participación alguna en el recibimiento de las áreas comunales de la Urbanización San Charbel, sin que pueda este Proceso, emitir opiniones al respecto según el organigrama institucional, ni cuenta con competencia en este caso bajo análisis, lo cual es resorte exclusivo de la Alcaldía Municipal.

Según el oficio N.º MA-PAAM-317-2024, con fecha del 19 de julio 2024 le responde a la Alcaldía Municipal el oficio N.º MA-A-3538-2024 el cual menciona nuestro oficio N.º MA-PPCI-0353- 2024, concluye las siguientes situaciones:

I. El Subproceso de Saneamiento a la fecha no de emsisión (sic) de esta misiva inclusive no a recibido trámite alguno sobre la Urbanización San Charbel, ubicada en el Dirección22285   , siendo que no se a recibido la planta de tratamiento, de nuestra parte.

II. La municipalidad de Alajuela, no cuenta con infraestructura del acueducto en el distrito de la Guácima, razón por la cual tampoco cuenta con alcantarillado sanitario en ese distrito.

III. Que es el Instituto Costarricense de Acueduntos (sic) y Alcantarillados, es el operador que brinda el servicio de agua en esa comunidad, razón por lo cual es competencia de esa institución brindar el servicio de alcantarillado sanitario cuando corresponda técnicamente.

IV. Que mendiante (sic) oficio N.º MA-PPCI-0591-2023, emitido por el Ing. Roy Delgado Alpízar, Dirección del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, se indica que el terreno donde se encuentra la planta de tratamiento, es un área comunal a nombre de la Municipalidad de Alajuela.

Así las cosas, y en razón de que tanto el Subproceso de Saneamiento, como este Proceso, no hemos recibido trámite alguno de la Urbanización San Charbel, ubicada en el distrito de La Guácima y considerando que esta municipalidad no cuenta con infraestructura del acueducto en el distrito de la Guácima, y tampoco cuenta con alcantarillado sanitario en ese distrito, lo correspondiente es que el ente que brinda el servicio de abastecimiento de agua potable sea el que trate las aguas residuales en esta urbanización.

Finalizando, en el oficio N.° MA-PPCI-0591-2023, se indica que “los vecinos han venido presentando documentos relacionados a esta solicitud, los cuales procedo a adjuntar al presente oficio, dado a que estos han hecho frente a los gastos de mantener en funcionamiento la planta de tratamiento, sin embargo, es necesario que la misma reciba el mantenimiento adecuado por parte del AyA, no obstante, de acuerdo con lo indicado por Sr. Álvaro Araya Garcia, mediante oficio SG-GSP-RT-2022-00317, se deben realizar las gestiones necesarias con la Municipalidad para traspasar el terreno a favor del AyA”.

De acuerdo con los antecedentes anteriores se demuestra que, hasta donde este Proceso tuvo a cargo al Acueducto Municipal, se gestionó todo lo relacionado con la debida operación de la planta de tratamiento de dicha urbanización por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Actualmente, dado que el departamento de Acueducto es un Proceso, le corresponde a este gestionar directamente el traspaso de los terrenos al AyA mediante la debida coordinación con las partes relacionados”.

Se comprueba que el trámite N° 4530-2023 fue atendido por los departamentos respectivos conforme a derecho, e incluso los vecinos han sido informados de todas gestiones realizadas a nivel municipal.

Conviene aclarar que tal y como se indicó en el criterio técnico, las áreas públicas fueron trasladadas a la Municipalidad sin embargo, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) nunca ha hecho una recepción formal, de la planta de tratamiento de aguas residuales, en calidad de operador del servicio. Lo anterior por cuanto, la urbanización San Charbel, se encuentra dentro de la zona de cobertura del AyA, que es el ente que brinda el servicio de agua potable y por ende el que también debería administrar el servicio de saneamiento.

Y es que debe de dejarse claro que, la planta de tratamiento corresponde a un espacio destinado a facilidades comunales, por lo que se considera que las acciones a ejecutar por parte de la Municipalidad deberían enfocarse en trasladar el inmueble al ente competente, en este caso el AyA, para que pueda asumir su operación y mantenimiento.

Se constata que, según el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento, para que el AYA asuma mediante convenio la gestión de los sistemas de saneamiento de aguas residuales, es necesario que la Municipalidad, por medio del abogado institucional del Acueducto Municipal, solicite el traslado a favor del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y cumpla la serie de requisitos establecidos en el artículo 12 inciso I del Reglamento indicado supra, ya que le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como ente rector a nivel nacional, de asumir la administración y operación del sistema de alcantarillado y acueducto que están en poder de las Municipalidades por solicitud expresa de la Corporación Local.

En virtud de lo anterior, se constata que, esta Municipalidad, no sólo ha atendido oportunamente la gestiones interpuestas, acorde a nuestras competencias, sino que también es de suma importancia mencionar que, según múltiples sentencias constitucionales, han plasmado el derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse, por escrito, a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés.

Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, pero esto último no significa una contestación favorable; en otras palabras, lo que se garantiza es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, aun cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos.

No obstante, la recurrente, decidió interponer el presente Recurso de Amparo para causar confusión, y que se condene a este Municipio por una supuesta “inacción” denunciando una problemática que ya en reiteradas ocasiones, se ha indicado el procedimiento a seguir, incluso hace meses atrás, se generaron las respuestas respectivas, y las posibles soluciones a la problemática denunciada, no obstante, su gestión fue debidamente atendida, bajo nuestras competencias y la misma tiene pleno conocimiento de ello. Aun cuando la recurrente no esté de acuerdo con el trámite y las respuestas dadas por el municipio, lo cierto es que, con sus afirmaciones, lo que evidencia es, su descontento, incomodidad, e incluso desconocimiento total, de la forma en que funciona a nivel municipal y sus respectivas competencias.

En virtud de lo anterior, considera este Municipio que, se ha actuado de acuerdo a nuestras competencias, y no ha existido inacción o violación a derechos constitucionales; no obstante, consideramos que el recurrente, interpone el presente Recurso, para tratar de desvirtuar la información suministrada en su escrito de interposición, no obstante, este Municipio actúa bajo las competencias de este.

Se comprueba que la Municipalidad de Alajuela realizó las labores propias atinentes a su competencia, por lo que solicito SE DECLARE SIN LUGAR en todos sus extremos el Recurso de Amparo interpuesto”.

4.- Informa bajo juramento Roy Delgado Alpízar, Luis Francisco Alpízar Barrantes y José Luis Chacón Ugalde, en sus respectivas condiciones de director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, coordinador del Subproceso Saneamiento Municipal y coordinador del Proceso de Acueducto y Saneamiento, todos de la Municipalidad de Alajuela, en igual sentido que el alcalde de ese municipio y solicitan que se declare sin lugar el recurso.

5.- En resolución de las 11:21 horas del 30 de setiembre de 2024, se amplían las partes consignadas y se confiere audiencia al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre los hechos alegados por la parte recurrente y sobre lo informado por el alcalde de Alajuela.

6.- En resolución de las 11:38 horas del 30 de setiembre de 2024, se ampliaron las partes consignadas en el recurso y se confiere audiencia al director del Área Rectora de Salud de Alajuela 2, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

7.- Informa bajo juramento Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo siguiente:

“Con base en las pruebas que se aportan, se detallan los antecedentes relacionados a las acciones administrativas realizadas por el AyA para la Urbanización San Charbel:

Actividad

	

Fecha

	

Responsable




Emisión de disponibilidad CCO-OM2005-168, que indicó que en la zona no se dispone de red de alcantarillado sanitario administrada por el AyA, pero que si se contaba con abastecimiento.

	

7 de diciembre 2005

	

Región Central Oeste, Operación y Mantenimiento




Aprobación de Proyecto Habitacional mediante oficio URB-107-2006, BIT-95-2006, con red prevista y uso de tanque séptico.

	

1 de diciembre 2006

	

Dirección de Urbanizaciones AyA




Resolución de rechazo de propuesta Planta de Tratamiento PTRAR-AyA-2022-115

	

17 de agosto de 2022

	

Dirección de Urbanizaciones

No existen acciones pendientes de resolución por parte de este Instituto

 II. RESPUESTA A LOS HECHOS

PRIMERO: Con fundamento en el informe UEN-PC-2024-02546, y conforme con el Expediente Administrativo que se adjunta como prueba, los planos constructivos de la Urbanización San Charbel se aprobaron en el año 2006 según el oficio URB-1072006, BIT-95-2006, con la red de alcantarillado sanitario prevista y no en uso (consta en imagen 100 y 116 “Expediente 21 Proyecto Habitacional”, en donde se indica que: “….Con base en lodo lo anterior la posibilidad de contaminación del acuífero es remota sin embargo, el inconveniente no es la posibilidad de contaminación sino la poca capacidad de infiltración que presentan los materiales en un sector del AP

Debido a lo anterior el proyectista plantea el uso de tanques de filtro anaeróbico en el sector norte de la finca conectados a la tubería de alcantarillado y una zanja de drenaje en la parte baja del AP o sector Sur…”)

Lo anterior significó que debían disponer sus aguas residuales mediante un sistema individual de tanque séptico y su respectivo drenaje, y la institución encargada de esta aprobación fue el Ministerio de Salud.

En la imagen 106 del Expediente 21 Proyecto Habitacional (No de la Planta de Tratamiento), se ubica la resolución de disponibilidad CCO-OM-2005-168, de fecha 7 de diciembre 2005, que indico que en la zona no se dispone de red de alcantarillado sanitario administrada por el AyA.

Posteriormente, ingresa para la gestión para la aprobación, una planta de tratamiento en el año 2022, en virtud de que el desarrollo habitacional propuso ya no la utilización de tanque séptico, sino disponer todas las aguas residuales mediante una Planta de Tratamiento, la cual está rechazada según la resolución PTRAR-AyA-2022-115 con fecha 17 de agosto de 2022, por el AyA.

Al haber emitido pronunciamiento de rechazo, no era factible que se otorgaran los permisos constructivos de dicha planta y mucho menos que entrara en funcionamiento, desconectando las unidades habitacionales del tanque séptico, y se utilizara la red prevista a una Planta de Tratamiento.

En la imagen 2 del Expediente Digital (Expediente PTAR 4) que se adjunta como prueba, consta la resolución PTRAR-AyA-2022-115 que indica todas las deficiencias que debían ser corregidas, para que existiese autorización de construcción y garantía de buen funcionamiento:

“…Manual de operación y mantenimiento: Deberá contar con el equipo de medición para pH, temperatura y sólidos sedimentadles y en el caso de sistemas aeróbicos de tratamiento de aguas ordinarias, un medidor de oxígeno disuelto.

El Manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de disposición final del efluente debe incluir la descripción del equipo básico para mediciones rutinarias de parámetros fisicoquímicos del agua. Además, deberá mencionarse el equipo básico de mantenimiento según el tipo de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el equipo de limpieza.

Memoria de cálculo: Debe incluir ficha técnica de todos los equipos electromecánicos y difusores para verificación de sus características y criterios de selección.

Criterios de diseño: Esta sección deberá ser detallada, de forma tal que muestre no sólo resultados intermedios y finales, sino también aspectos tales como: suposiciones utilizadas para cada etapa, secuencia de cálculos, fórmulas, uso de las fórmulas, referencias a fuentes de información que sustenten los criterios empleados, e indicación clara de factores de segundad utilizados.

En el caso de Urbanizaciones y Fraccionamientos, el cerramiento debe colocarse en toda la periferia del terreno donde se ubicará la PTAR. En este caso debe incluir retiros, ya que los mismos son medidos con respecto a linderos de propiedad.

Deberá incluirse sobre el lindero de la propiedad una malla o tapia de dos metros de altura, como medida de segundad que evite el ingreso de personas no autorizadas y cuyo portón de acceso permita la entrada de un camión. En la parte superior de la malla o tapia deberá colocarse un dispositivo o accesorio para disminuir los actos de vandalismo.

Los caminos de acceso a la planta de tratamiento deben contar con una estructura de pavimento y obras viales complementarias, de conformidad con lo establecido en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010) vigente, emitido por el MOPT. El diseño y el perfil topográfico del camino debe garantizar el ingreso de cualquier tipo de vehículo para el transporte de personas o bienes y sin distinción de carga.

Si el sistema de tratamiento utiliza equipo electromecánico de uso diario, deberá incluirse en el diseño eléctrico el suministro en caso de emergencia. En Planta debe mostrarse dirección del flujo de agua del cuerpo receptor. La entrega de las aguas residuales tratadas a un cuerpo de agua (quebrada o río) debe ser hecha siguiendo su flujo con un ángulo no mayor de 45°.

Debe mostrar en láminas detalles de las estructuras para medición de caudal a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, cabezal de desfogue, caja de registro para toma de muestras a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, estructura para retención de arenas, pozos de registro, cajas de válvulas, estructura para rejillas (al menos dos juegos para sólidos gruesos y sólidos más finos), sistemas de agua potable, alcantarilladas pluviales y sanitarios, y demás obras complementa rías del sistema de tratamiento.

Se deben mostrar las curvas de nivel del terreno donde se ubique el sistema de tratamiento de aguas residuales y los alineamientos y retiros que las instituciones hayan fijado. Acotar retiro desde la esquina noreste de las unidades principales del sistema de tratamiento y los linderos del respectivo predio (vértice 1 del plano catastro), en esquina de calle pública.

El diseño debe incluir un sistema de iluminación para exteriores, distribuido homogéneamente y con la intensidad requerida para ¡luminar desde la planta hacia Iodo el perímetro de la propiedad que la contiene, permitiendo una iluminación general de al menos 100 lux. El sistema de iluminación en general debe garantizar un grado mayor de agudeza visual con iluminación localizada de al menos 300 lux, en las diferentes áreas donde se llevan a cabo los procesos que requieren de la ejecución de actividades en horario nocturno. El sistema de iluminación debe diseñarse considerando las particularidades de todos los procesos y actividades definidas en el manual de operación, mantenimiento y control. Adicionalmente, se debe cumplir con la normativa nacional en materia de eficiencia energética.

El diseño debe incluir cámaras para muestreo de aguas residuales a la salida de la plañía de tratamiento, para cada uno de los módulos o trenes de tratamiento y para la reunión de los efluentes de cada uno de éstos. Considerar cuando se cuente con dos o más trenes de tratamiento.

La cámara o dispositivo de medición de caudal debe estar libre de interferencia de otros flujos de agua presentes en la planta de tratamiento. En caso de vertedera triangular, el ángulo debe calcularse según el caudal del sistema.

La cámara de rejillas debe incluir al menos dos juegos de rejillas con inclinación entre 45° y 60°. una para sólidos gruesos, otra para sólidos más finos, ambos con bandeja para deshidratación de sólidos.

El diseño debe incluir dos módulos como mínimo, para el acondicionamiento y deshidratación de lodos residuales, que permitan satisfacer de forma complementaría o en su conjunto la capacidad requerida según parámetros de diseño.

Los elementos metálicos que se incorporen a la planta de tratamiento deben fabricarse con materiales anticorrosivos cuando se requiera aplicar pintura a esos elementos se debe utilizar pintura epóxica a dos capas. En los planos se deben indicar los códigos de las normas de fabricación que especifican la característica anticorrosiva de los materiales metálicos y el epoxi de la pintura.

Todo tanque elevado o semienterrado sin cubierta debe incorporar pasarelas de al menos un metro de ancho, con baranda lateral alrededor de cada tanque y sobre los sistemas de lagunas. Considerar cuando se elimine la cubierta superior.

Cuando al subsanar se incorpore información adicional en láminas, se deberá actualizar memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento, en todas las secciones que corresponda.

Debe presentar sistema de manejo de aguas pluviales hasta conexión con sistema pluvial del proyecto global o desfogue pluvial.

Debe incluirse las previsiones necesarias para posibilitar su mantenimiento o rehabilitación sin sacar de operación toda la planta de tratamiento.

El diseño de la planta debe incorporar al menos dos dispositivos de suministro de agua; uno ubicado cerca de la cámara de rejillas y el otro en el extremo opuesto a la zona de ingreso a la planta; lo anterior para facilitar las actividades de limpieza de las estructuras.

El desarenador debe incluir como mínimo doble cámara para facilitar el mantenimiento y limpieza de la estructura. Debe incluir en memoria, manual y láminas en todas las vistas que corresponda.

Debe presentar Sistema de iluminación interno y externo de las edificaciones.

El sistema de tuberías internas de la planta, excluyendo la tubería enterrada, debe cumplir con la "Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su Simbología" vigente, emitida por el MEIC (Decreto N" 12715). Se acepta aplicarlo establecido en la norma INTE 31 -07-03 " Código de colores para la identificación de los sistemas tuberías acorde con lo establecido en la norma del MEIC”. Se debe indicar la dirección del flujo en tas tuberías y éstas también debe cumplir con los requisitos de rotulado de contenidos en las normas técnicas de fabricación de la misma. Debe indicar mediante nota en láminas.

La planta debe contar con tolvas de fondo de sedimentadores con una pendiente mínima de 45 grados, se acepta que el diseño incluya mecanismos de barrido de lodos.

Toda cubierta sobre las unidades de tratamiento de sistemas aerobios, en especial en proyectos de urbanizaciones y conjuntos residenciales, debe ser removible en su totalidad y debe incluir los dispositivos o sistemas de izaje cuando su manipulación no pueda ser realizada por una sola persona; lo anterior, a efecto de permitir la ejecución de actividades de mantenimiento y de operación.

La cásela de máquinas debe incluir el equipo electromecánico, paneles de control y tableros eléctricos. El equipo electromecánico no deberá estar ubicado dentro de la caseta para el operador y vigilante.

Se deberá habilitar una ducha y un espacio para guardar documentación y equipos en la caseta para el operador. Adicionalmente, la planta deberá contar con otros dos aposentos: uno para el vigilante (cuando no se requiera, deberá justificarse) y una bodega. Las aguas residuales de la caseta deben verter en la entrada de la planta de tratamiento.

Las unidades de tratamiento primario y secundario, deberá contar como mínimo, con dos módulos Que operen en paralelo y que permitan satisfacer de forma complementaria, o en su conjunto, la capacidad requerida según diseño.

La caseta de máquinas deberá cumplir con métodos constructivos y materiales adecuados para la debida protección de los equipos, de acuerdo a las normas vigentes que apliquen, así mismo deberá dotarse de ventilación adecuada para evitar el calentamiento excesivo de los equipos

Notas:

El presente acto no incluye la revisión ni aprobación por parte del AyA del sistema de recolección de aguas residuales, ni la aprobación final del diseño de la tubería del emisario del efluente para disposición del efluente, pues estos se incluyen en el trámite del proyecto global…” (el resaltado no es del original)

Dentro de este mismo expediente este Instituto únicamente cuenta con la autorización del Ministerio de Salud de permiso de ubicación de la Planta de Tratamiento, en la imagen 36, oficio ARSA-2-308-08 del 11 de marzo del 2008, que de conformidad con el Decreto 31545-S-MINAE (Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, que luego fuera derogado por el artículo 33 del Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 39887 del 18 de abril del 2016) en su artículo 8 emite la aprobación del permiso.

El artículo 8 indicado citaba:

“…Artículo 8º—El Permiso de Ubicación deberá ser solicitado ante el Ministerio de Salud, mediante nota acompañada con la siguiente información:

a. Nombre del proyecto global.

b. Nombre del propietario.

c. Localización según provincia, cantón y distrito, adjuntando copia del plano catastrado, actualizado y sin reducción.

d. Dirección exacta de la propiedad.

e. Breve explicación del proyecto global (habitacional, turístico, comercial, agropecuario, industrial u otro) que requerirá del sistema de tratamiento.

f. Breve descripción del tipo, procesos y equipos del sistema de tratamiento propuesto.

g. Disposición final propuesta para las aguas residuales tratadas, debidamente justificada según el artículo 9 del presente Reglamento. En caso de que la disposición elegida sea a un medio receptor acuático, deberá ser de caudal permanente, lo cual deberá estar certificado por la autoridad competente.

h. Plano de Conjunto del proyecto global dentro del cual se ubicará el sistema de tratamiento, que incluya al menos la siguiente información:

i. Ubicación propuesta del área destinada al sistema de tratamiento, indicando sus dimensiones preliminares.

ii) Acotamiento de los retiros a guardar entre el sistema de tratamiento y los linderos de la propiedad que lo contendrá (ver Cuadro 1).

iii) Acotamiento de los retiros a guardar entre el sistema de tratamiento y las edificaciones existentes o proyectadas dentro de la misma propiedad, identificado en el Plano de Conjunto.

iv) Ubicación propuesta para el cabezal de desfogue o conexión al alcantarillado, si lo hubiera.

v) Dirección del flujo de los cuerpos de agua que atraviesen o colinden con la propiedad.

vi) Ubicación de los pozos de abastecimiento de agua existentes o proyectados, dentro de la misma propiedad del proyecto global.

vii) Ubicación de los pozos de abastecimiento de agua existentes en las propiedades colindantes con el proyecto global, en un radio de 100 metros de la planta de tratamiento.”

Nótese que la norma no indica la aprobación a nivel constructivo, de diseño o funcionamiento, sino de ubicación de la Planta, por parte del Ministerio de Salud, de forma concordante el artículo 7 de ese entonces cuerpo reglamentario determinaba:

“Artículo 7º-El presente capítulo regula el alcance del permiso de ubicación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. Este es un requisito inicial que no obliga a conceder otros permisos, ni sustituye requisitos de otras instancias gubernamentales.”

Conforme lo anterior, el requerimiento de aprobación de parte del AyA de la propuesta de construcción de la Planta de Tratamiento era necesaria, y por consiguiente el Gobierno Local no debió haber permitido su construcción y que esta entrara en funcionamiento.

SEGUNDO: De igual manera el oficio SG-GSP-RT-2024-00160, que adjunta el Criterio Técnico emitido por la Región Central Oeste y la UEN de Recolección y Tratamiento de Sistemas Periféricos mediante oficio SG-GSP-RT-2024-00159, determina lo siguiente:

“…Aunque este proyecto según consta en el expediente de Urbanizaciones de AyA es del año 2006, y fue aprobado con un sistema de alcantarillado sanitario que descargaba en dos tanques sépticos comunes, el desarrollador posteriormente construyó una planta de tratamiento de aguas residuales, que según indica la UEN Programación y Control, el proyecto de la Planta de Tratamiento San Charbel ingresó para su primera revisión a través de la Plataforma APC bajo el código CFIA 1046194. Esta primera revisión, cuyo resultado fue rechazado, consta en el documento PTAR-AyA-2022-155, fechado el 17 de agosto de 2022. A pesar de esta notificación y del rechazo del proyecto por incumplir con los requisitos establecidos, hasta la fecha no se han subsanado las observaciones indicadas en la revisión inicial.

El reglamento vigente establece un plazo máximo de 14 meses para que el profesional a cargo del proyecto adjunte los planos corregidos y subsane las observaciones realizadas. Dicho plazo ha expirado sin que el profesional del proyecto haya presentado los documentos requeridos. Por lo tanto, para darle continuidad al proyecto, el interesado deberá cumplir con los requisitos del resello de plano y reiniciar el proceso de revisión, conforme a los requisitos documentales y reglamentarios vigentes, tal como lo dispone el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 43318 del 29 de octubre de 2021.

2. Incumplimiento de Requisitos Regulatorios:

El sistema de saneamiento propuesto para la planta no cuenta con la aprobación necesaria ante el AyA. Los planos presentados en la primera revisión indican una disposición a la quebrada Doña Ana y el uso de tecnología de lodos activados con aireación extendida. Sin embargo, estos planos no tienen validez debido a que aún no cuentan con la aprobación reglamentaria por parte de AyA y con los requisitos de la normativa vigente en Costa Rica.

Es necesario señalar que, según la normativa aplicable, todos los proyectos de sistemas de saneamiento deben contar con aprobación técnica y regulatoria antes de su implementación. Esto incluye la obtención de las aprobaciones pertinentes para el sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales, así como la regularización de los terrenos donde se ubica la planta de tratamiento. A la fecha, no hemos recibido solicitud de traspaso de los terrenos por parte de la Municipalidad de Alajuela, lo que impide el cumplimiento de los requisitos legales para la formalización del proyecto ante el AyA.

3. Propiedad y Situación Legal: Según los documentos presentados en la revisión inicial, la propiedad de los terrenos donde se ubica la planta de tratamiento está registrada a nombre de Versachi de Centroamérica S.A., cédula jurídica CED142172. Actualmente la planta de tratamiento se encuentra una propiedad que pertenece a la Municipalidad de Alajuela, la cual fue recibida por ese gobierno local, en su momento, del desarrollador del lugar. No obstante, para que el AyA pueda aprobar y recibir formalmente el proyecto, es necesario que se aclare la situación legal de los terrenos y cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Acuerdo N°2022-354.

Es importante indicar, que la Municipalidad de Alajuela, tiene conocimiento del proceso requerido para realizar el traspaso de la PTAR al AyA, de conformidad al oficio MA-PSJ182-2024 con fecha del 30 de enero del 2024, emitido por el área de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela.

(…)

Conclusiones

1. La PTAR San Charbel a la fecha no cuenta con permisos aprobados por Urbanizaciones - UEN Programación y Control AyA.

2. Bajo las condiciones actuales la operación y el mantenimiento le corresponde a la Municipalidad de Alajuela.

3. El operador del servicio de agua potable es el AyA.

4. El AyA no ha recibido solicitud de traspaso de la PTAR por parte de la Municipalidad de Alajuela.

5. La Municipalidad de Alajuela debe acondicionar la PTAR en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Reglamento de Aprobación

CONSIDERACIONES DE FONDO

Resulta de importancia indicar que en Costa Rica existen dos sistemas de alcantarillado separados, uno denominado “Sistema de Alcantarillado Pluvial” cuyo objetivo es transportar las aguas de lluvia provenientes de techos, canoas y bajantes de las viviendas, así como las aguas de lluvia que discurren por las vías públicas, y el otro sistema se denomina “Sistema de Alcantarillado Sanitario” cuyo objetivo es transportar únicamente las aguas residuales provenientes de pilas, fregaderos, duchas e inodoros que se generan a lo interno de las viviendas.

De acuerdo con la reglamentación vigente, los sistemas de alcantarillado pluvial son administrados por las municipalidades de cada cantón y el sistema de alcantarillado sanitario es operado y mantenido por el operador a cargo de prestar el servicio de agua potable dentro de su respectiva área geográfica de cobertura. De conformidad con el Código Municipal y la Ley General de Salud, las Municipalidades tienen competencia para recibir y administrar sistemas de saneamiento de Plantas de Tratamiento.

Por su parte, los Gobiernos Locales cuentan con la facultad de establecer una serie de limitaciones a construcciones y proyectos, mediante la planificación urbana, destacando que en caso de que se incumplan las condiciones que ordenen cuentan con una serie de mecanismos coercitivos para hacer cumplir sus mandatos, de los cuales carece AyA. Aunado a lo anterior, se tiene claro que las Municipalidades son los entes que recaudan los montos respectivos para mantenimiento y buen funcionamiento de la red pluvial, tal y como lo dispone el Código Municipal No. 7794, en el Título IV. Hacienda Municipal, Capítulo II. Los ingresos municipales.

En el presente caso, no se puede dejar de lado que las Municipalidades cuando cobran los impuestos municipales incluyen el rubro correspondiente al mantenimiento y operación de la red pluvial, lo que recalca la competencia municipal en este campo, además de que resulta evidente que este rubro debería ser utilizado en el mantenimiento y operación de la red pluvial de cada Municipalidad, como lo indica la Sala Constitucional en el Voto 2001-2320, en el Considerando IV, que a la letra dice:

“IV.- Así las cosas, de lo expuesto en la Ley supracitada y de lo relativo a la competencia municipal por razón de la materia, este Tribunal Constitucional considera que quien debió atender la denuncia planteada por el amparado en salvaguarda del derecho a la salud, fue la Municipalidad de Alajuelita, no únicamente por el hecho de que el problema en cuestión calza dentro del denominado "interés local" de su cantón, sino también porque de acuerdo a Acueductos y Alcantarillados, ese ayuntamiento es el encargado de administrar el alcantarillado pluvial en donde se encuentra la falla. En cuanto a lo actuado por el Instituto accionado, no estima la Sala que él tenga responsabilidad alguna en la violación de los derechos fundamentales del señor Nombre195172 , por cuanto, si bien es cierto que como ente autónomo rector en la materia, tiene el deber de solventar los problemas que se susciten en relación con el suministro de agua potable, con la recolección y evacuación de aguas negras y de aguas pluviales en las áreas urbanas, también es cierto que ello es deber prioritario de las municipalidades cuando, como en el presente caso, tienen a su haber la administración de los acueductos y alcantarillados del cantón; o bien, cuando, como también sucede aquí, el problema a solucionar tenga de por medio la tutela de derechos fundamentales cuyo remedio no requiera conocimientos especial o técnicos que solo pueda brindar un ente determinado. En razón de ello, el recurso debe ser declarado con lugar, por la violación al derecho a la salud cometida por la Municipalidad de Alajuelita en perjuicio del amparado.

Asimismo, la Ley General de Salud No. 5395, propiamente sobre el caso que nos ocupa, señala en sus artículos 285 y 292 lo siguiente:

“ARTÍCULO 292.- Queda prohibido en todo caso la descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales al alcantarillado pluvial. El Ministerio queda facultado para restringir, regular, o prohibir la eliminación de productos sintéticos no biodegradables a través de los sistemas de recolección de excretas, aguas negras y servidas.

ARTÍCULO 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.”

En este mismo sentido, el artículo 1 de la Ley de Construcciones N° 833, señala lo siguiente:

"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de estas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes les concedan en estas materias a otros órganos administrativos".

Lo anterior evidencia la conexidad de las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial y la obligación señalada supra, las cuales se encuentran ligadas y bajo la administración de los Gobiernos Locales como parte de los servicios que se encuentran obligados a suministrar.

Ahora bien, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ambiente establece, sobre la prevención y control de la contaminación:

“Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como:

a) El abastecimiento de agua para consumo humano.

b) La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales.

c) La recolección y el manejo de desechos.

d) El control de contaminación atmosférica.

e) El control de la contaminación cónica.

f) El control de sustancias químicas y radiactivas.

Estos servicios se prestarán en la forma que las leyes y los reglamentos específicos lo determinen, procurando la participación de la población y sus organizaciones.”

Con base en las normas citadas, se concluye que la Municipalidad de Alajuela, es la responsable directa en la determinación de las medidas requeridas para solucionar el problema de administración de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, quien a su vez aprobó en su momento el desarrollo urbanístico en dicha zona y en caso de decidir trasladar la administración al AyA, debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento Acuerdo No. 2022-354 de la Junta Directiva del AyA, publicado en el ALCANCE No. 171 a la GACETA No. 151 del miércoles 10 de agosto del 2022, esto sin perjuicio de que coordine con los entes que puedan gestionar para que ese alcantarillado sea el adecuado y velar igualmente porque los propietarios hagan uso adecuado del sistema, al haber recibido bajo su administración los componentes y terrenos en donde se ubica la planta de tratamiento.

En este sentido, la Municipalidad de Alajuela tiene la obligación de hacer cumplir las leyes en la materia correspondiente al ordenamiento territorial y la obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. La Municipalidad teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores de su cantón, se ha limitado a constatar su existencia y evadir su responsabilidad y sin realizar las acciones oportunas para mitigar el mismo o controlarlo, así como cumplir con los requisitos que se indican en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento Acuerdo No. 2022-354 de la Junta Directiva del AyA, publicado en el ALCANCE No. 171 a la GACETA No. 151 del miércoles 10 de agosto del 2022, para que el AyA asuma la recepción correspondiente previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

Así mismo, debe considerarse lo ya valorado por la Procuraduría General de la República mediante C-257-2003 San José, 27 de agosto de 2003 (concordante con la valoración de fondo realizada por la Sala Constitucional en el Expediente 16002436-0007-CO resolución 2016-006368) respecto al requisito de constatación de idoneidad técnica de las plantas de tratamiento de aguas negras por el AyA y el Ministerio de Salud. Con la aceptación de parte de la Municipalidad, para que se habilite el traspaso deben cumplirse los requisitos que este Instituto ha definido, para autorizar el traspaso de la porción correspondiente del área de uso público donde se ubique la planta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que este pueda administrarlo y operarlo. En este sentido, el Dictamen antes citado indica:

“…El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el ente que determina, con base en lo que dispone la norma transcrita, cuándo deben las urbanizaciones contar con plantas de tratamiento de aguas negras. A las municipalidades les compete, en este tema, vigilar que los proyectos de urbanizaciones a realizar en su cantón cumplan con las normas indicadas por el AyA en materia de acueductos y cloacas, lo que incluye que tengan previstas las plantas de tratamiento de aguas negras, cuando el AyA así lo haya ordenado.

Una vez construida las obras y al momento de su aceptación, las municipalidades ejercen control en relación con el cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes, entre ellas, las que tienen que ver con las instalaciones de agua potable y de recolección y evacuación de aguas negras ordenadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y demás entidades públicas competentes, todo de conformidad con lo que establece el artículo VI.6. del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, el cual establece:

“ VI.6. Aceptación de obras:

La aceptación de las obras y de las áreas públicas se efectuará conforme a las disposiciones reglamentarias que tengan en vigor la municipalidad del cantón y los demás organismos públicos que al respecto ejerzan funciones de control. Ninguna omisión de detalles en los planos aprobados libera al urbanizador y al profesional responsable de las obligaciones que les conciernen en cuanto al total y satisfactoria entrega de las obras, al tenor de lo establecido en este reglamento.

El urbanizador y el profesional responsable que firman la solicitud de visado de los planos de construcción, son garantes de la estricta conformidad de las obras con los requisitos reglamentarios exigible, conforme a lo indicado en las leyes aplicables.”

En otras palabras, si bien las municipalidades no operan ni mantienen los sistemas de recolección y evacuación de aguas negras, controlan que las urbanizaciones, y las edificaciones que en ellas se construyan, cumplan con las disposiciones que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y demás entes públicos competentes, hayan establecido en relación con dichos sistemas, para así cumplir con su papel de tutelar la salud y el ambiente en su cantón (…)

(…) aunque el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana señala que las municipalidades podrán autorizar el traspaso indicado, lo cierto es que, a menos que este ejerciendo aquella competencia residual de que se habló líneas arriba y, consecuentemente, administre y opere directamente el sistema de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras respectivo, están obligadas a autorizar dicha cesión a favor del ente competente, que como ya hemos dicho y concluiremos de seguido, es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para que este pueda administrar y operar el sistema, una vez comprobada, al momento de entrega de la obra por el constructor, sea este un sujeto de derecho público o privado, que se cumplen las disposiciones técnicas contempladas en la normativa y dadas por el propio AyA y el Ministerio de Salud, tal y como ha sido explicado ya.

Es decir, que constatada la idoneidad técnica de las plantas de tratamiento de aguas negras por el AyA y el Ministerio de Salud, la municipalidad debe aceptar la obra y autorizar el traspaso de la porción correspondiente del área de uso público donde se ubique la planta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en razón de lo que disponen las normas que atribuyen la competencia para administrar y operar los sistemas de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuales a dicho Instituto, que ya han sido citadas, si no se está en un caso en el cual la municipalidad de que se trate lo vaya a operar y administrar en ejercicio de la competencia residual a que ya se hizo referencia….”

Debe considerarse que ya esta Sala Constitucional, ha dictaminado anteriormente ( Exp: 11-010057-0007-CO Res. Nº 2012017743 a las nueve horas treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil doce) que este Instituto asume una vez constatados los requisitos de recepción y hasta que ellos no se cumplan, la Municipalidad debe continuar asumiendo su responsabilidad:

“…Dentro de los requisitos previos que la Municipalidad debe observar, nos encontramos con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Constitutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Ley 2726 del 14 de abril de 1971, que le atribuye al ICAA la competencia para aprobar “Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado (…) Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte del Instituto. La infracción de este mandato ocasionará la nulidad de cualquier permiso de construcción otorgada en contravención de esta prohibición(…)”, de tal manera que ningún ente público, entre ellos las municipalidades podrán otorgar permisos de construcción, si previamente el ICAA no ha recibido a satisfacción las obras de infraestructura de acueductos y de alcantarillado sanitario, según los planos aprobados y previo cumplimiento de todas las especificaciones técnicas que conforme con la legislación y reglamentación vigente exija a los desarrolladores el ICAA…a pesar de que el ICAA no ha recibido a satisfacción las obras de la planta de tratamiento y el desarrollador ni siquiera ha cumplido con todas las especificaciones técnicas indicadas mediante diversas notas por los órganos internos del ICAA, como requisito previo para la aprobación de los planos del proyecto; solo se explica por el incumplimiento o inobservancia de otras instituciones entre ellas, el INVU y la Municipalidad de la normativa legal existente. En igual sentido, el hecho de que a pesar de ubicarse el Proyecto en una zona ambientalmente sensible y de que el INVU señalara desde el principio la necesidad de que se contara con alcantarillado sanitario y se haya otorgado permisos para construcción de viviendas con tanque séptimo y drenaje individual, poniendo en riesgo las aguas subterráneas, solo se explica porque la Municipalidad ha incumplido la normativa legal y técnica vigente. En consecuencia, la Sala acoge el recurso de amparo respecto de la Municipalidad de San Isidro y ordena lo siguiente: Suspender el otorgamiento de permisos de construcción en los Proyectos Lomas Verdes del Zurquí y Lomas del Zurquí hasta tanto, el ICAA no haya recibido a satisfacción del desarrollador las obras de acueducto y alcantarillado sanitario…”

PETITORIA

Tome en cuenta la Sala Constitucional las actuaciones que ha ejecutado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en cumplimiento de sus fines y en el marco de sus competencias, por lo que, de forma evidente no ha desobedecido, violentado normas, garantías o principios constitucionales, ni ambientales, por lo que debe declararse sin lugar el recurso presentado en todos sus extremos en contra de AyA”.

8.- Informa bajo juramento Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, lo siguiente:

“En atención a la audiencia conferida dentro del expediente 24-021588-0007-CO, según lo requerido mediante resolución de las once horas treinta y ocho minutos del treinta de setiembre de dos mil veinticuatro, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se apersona a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la Dirección22283  , la señora Hausny Bran Angulo, Gestora Ambiental, funcionaria del Área Rectora de Salud Alajuela 2, emitiéndose el acta de inspección ocular N° MS-DRRSCN-DARSA2-3084-2024 y el informe técnico contenido en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-3164-2024.

Que el día de la visita, la señora Ana Yancy García, vecina de la zona, atiende a la señora Bran Angulo, a continuación se presentan las actuaciones ejecutadas:

1. El 22 de noviembre del 2024, según consta en el acta de inspección ocular N° MS-DRRSCNDARSA2-3084-2024, al ser las 11:50 am, se realizó visita a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la Urbanización San Charbel, en donde la señora Ana Yancy García, vecina de la zona atiende la diligencia.

2. La señora García indica que la planta dejó de funcionar aproximadamente hace 04 meses debido a la falta de mantenimiento, sin embargo, como vecinos están realizando las obras necesarias para reactivar el funcionamiento, además, la señora indica que los vecinos no pueden continuar con el mantenimiento de la planta debido al costo, por lo cual solicitan que el propietario en este caso la Municipalidad de Alajuela se encargue del mantenimiento diario de dicha planta.

3. Posteriormente en compañía de la señora García, nos apersonamos a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), para valorar los hechos alegados por el amparista.

Se efectúa una valoración de los hechos alegados por la recurrente los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Aspecto por

valorar

	

Situación encontrada




Planta de

Tratamiento

de Aguas

Residuales

	

Se evidencia que la planta no se encuentra en funcionamiento.

La señora García brindó la siguiente información:

• La bomba eléctrica se encuentra en mantenimiento.

• Se debe cambiar el filtro, y dar mantenimiento a las fajas.

• Se realizó el cambio de la caja de Breaker debido a que está se dañó.

Para retomar la operación de la planta se debe realizar los cambios que hacen

falta y costear una cisterna de aguas residuales para que se encargue del

tratamiento de estas, acumuladas hasta el momento.

4. En virtud de la visita de inspección efectuada se concluye, que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales no se encuentra en funcionamiento por lo cual genera un riesgo a la salud pública y al ambiente, por esta razón se solicita a la Municipalidad de Alajuela mediante la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024, lo siguiente:

“Expuesto lo anterior, el responsable de realizar el mantenimiento al sistema de saneamiento, hasta tanto no se haga el traslado correspondiente al AyA según la legislación vigente corresponde al propietario del sistema de tratamiento, por lo cual se le solicita a la Municipalidad de Alajuela proceder a:

1. Reactivar el funcionamiento y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel. Presentar ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2 la evidencia de las acciones realizadas.

2. El funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales deberá realizarse acatando la normativa técnica vigente mediante la presentación de Reportes Operacionales y cumplimiento en sitio con las características del reglamento Nº 33601.”

5. Que dicha orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 fue debidamente notificada mediante correo electrónico de fecha 25 de noviembre del 2024 y se le otorgaron 10 días hábiles para su cumplimiento.

Esta Dirección se mantiene expectante ante lo indicado en la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 ya citada dentro del plazo otorgado.

Por lo antes expuesto, respetuosamente hace saber esta instancia a esa Honorable Sala Constitucional, que el Ministerio de Salud ha actuado conforme el ordenamiento jurídico vigente y según sus competencias, de forma diligente en gestionar de forma oportuna y según el trámite interno administrativo correspondiente, por lo cual se han diligenciado de forma oportuna, no nos hemos extralimitado en plazos irrazonables o en una duración excesiva e injustificada”.

9.- En resolución de las 11:32 horas del 11 de diciembre de 2024, se solicita prueba para mejor resolver.

10.- Informa bajo juramento Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, lo siguiente:

“El Área Rectora de Salud Alajuela 2 emitió la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0271-2024, notificada el 25 de noviembre del 2024 al señor Roberto Thompson Chacón alcalde la Municipalidad de Alajuela, solicitando en un plazo de 10 días hábiles lo siguiente: “1. Reactivar el funcionamiento y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Dirección22283  . 2. El funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales deberá realizarse acatando la normativa técnica vigente mediante la presentación de Reportes operacionales y cumplimiento en sitio con las características del reglamento No.33601.”

Con fecha del 12 de diciembre del 2024, la Municipalidad de Alajuela notificó al Área Rectora de Salud Alajuela 2 el “Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio e incidente de nulidad de la Municipalidad de Alajuela contra la orden sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0271-2024, emitida por el Ministerio de Salud”. Dicha información se trasladó el 13 de diciembre del 2024 al Departamento de Asuntos Jurídicos de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte para su resolución.

Que esta Dirección de Área Rectora, no evidencia actuaciones por parte de la Municipalidad de Alajuela, que constaten el cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0271-2024.

Sobre este tema resulta de importancia medular señalarle a esta respetable Sala, que la fase recursiva no suspende la ejecución del acto, lo anterior queda establecido en el 61 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, No. 5412 que indica:

“Artículo 61.- El establecimiento de los recursos no suspende la ejecución del acto requerido, a menos que, en casos muy calificados, en forma razonada, el Titular de la Cartera, interlocutoriamente y para evitar un resultado irreparable, ordene la suspensión provisional del acto, lo cual hará, en todo caso, bajo su responsabilidad.” (…) Que el 20 de diciembre del 2024 mediante correo electrónico, la señora Ana García, vecina de la Urbanización San Charbel, informa a esta Área Rectora de Salud que la planta de tratamiento ya se encuentra en funcionamiento, dicha acción ha sido cubierta con presupuesto de los residentes de la urbanización, además aportan la documentación que respalda las acciones realizadas.

El 06 de enero del 2025, según consta en el acta de inspección ocular N° MS-DRRSCN-DARSA20001-2025, al ser las 10:30 am, se realiza visita a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la Urbanización San Charbel, atiende la señora Ana Yancy García, residente de la zona, y se inspeccionan las instalaciones de la PTAR para valorar los hechos alegados por la recurrente.

1. Respecto al criterio solicitado por la Sala Constitucional, se presenta el siguiente cuadro:

Aspecto por valorar

	

Situación encontrada




Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

	

Se evidencia que la planta se encuentra en funcionamiento. Los residentes de la urbanización San Charbel realizaron la contratación de una empresa para que realizara el mantenimiento y operación de la Planta de Tratamiento.

La señora García nos brindó la siguiente información, mediante informe que le brindó la empresa contratada:

• Se realizó el mantenimiento y reinstalación de la bomba eléctrica.

• Se ha cambiado la manguera de descarga por tubería de mayor diámetro.

• Se ha cambiado las fajas de transmisión del soplador. Las fajas “viejas” todavía están en estado aceptable, de manera que se almacenan para el caso de un eventual fallo. Se ha cambiado el aceite del soplador. Quedan 2 galones de aceite para los próximos cambios.

• Colocación de caja impermeable de conexión eléctrica.

• Se realizó el mantenimiento del filtro.

• Se colocó una válvula en la descarga de lodos del lecho del secado.

• Se realizó el cambio del timer.

• Se realizó la limpieza del digestor de lodos cuya capacidad es de 1.65 m3 / El digestor sedimentador secundario cuya capacidad es de 15.7 m3.

Por lo antes expuesto, se concluye que, los residentes de la Urbanización San Charbel reactivaron el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Que según lo arriba indicado, lo establecido en la orden sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSA2-OS-02712024 ya citada, dirigida a la Municipalidad de Alajuela, no se evidencian acciones por parte de esta ante lo ordenado por esta autoridad sanitaria, recordando que según lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, No. 5412, la interposición de recursos de suspende la ejecución del acto administrativo materializado a través de la orden sanitaria de marras”.

11.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

 Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente alega que es vecina de la urbanización San Charbel, ubicada en la Guácima de Alajuela y la planta de tratamiento de la comunidad está en un terreno municipal y se encuentra sin mantenimiento. Señala que esto provocó que dejará de funcionar y un grave problema ambiental y a la salud, por lo que la Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria.  Indica que mediante trámite No. 4530-2023 se denunció el problema descrito ante el gobierno local recurrido; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo la problemática persiste. Por lo anterior estima vulnerados sus derechos fundamentales y de los vecinos de la comunidad.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)   El 16 de enero de 2023, la Alcaldía de Alajuela recibió el Trámite No. 4530-2023 suscrito por los Vecinos de Urbanización San Charbel, ubicada en Rincón Chiquito, La Guácima, mediante el cual exponen la situación que les afecta con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales (véase informe del alcalde de Alajuela recurrido, agregado al expediente digital).

b)   El terreno donde se encuentra ubicada la Planta de Tratamiento de Urbanización San Charbel se trata de un área comunal a nombre de la Municipalidad de Alajuela (véase informe del alcalde de Alajuela recurrido, agregado al expediente digital).

c)    La alcaldía de Alajuela solicitó el criterio de distintos departamentos municipales y se concluyó que la planta de tratamiento debe ser trasladada al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, pero no se ha realizado la gestión correspondiente ante esa institución (véase informe del alcalde de Alajuela recurrido, agregado al expediente digital).

d)   La Municipalidad de Alajuela es la responsable en la determinación de las medidas requeridas para solucionar el problema de administración de la planta de tratamiento de aguas residuales, quien a su vez aprobó en su momento el desarrollo urbanístico en dicha zona y en caso de decidir trasladar la administración al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento Acuerdo No. 2022-354 de la Junta Directiva del AyA, publicado en el ALCANCE No. 171 a la GACETA No. 151 del miércoles 10 de agosto del 2022 (véase informe del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado recurrido, agregado al expediente digital).

e)    El 22 de noviembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Alajuela 2 realizó una inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel y se concluyó no se encuentra en funcionamiento y genera un riesgo a la salud pública y al ambiente, por lo que se emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024, mediante la cual se ordenó a la Municipalidad de Alajuela lo siguiente: “1. Reactivar el funcionamiento y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel. Presentar ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2 la evidencia de las acciones realizadas. 2. El funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales deberá realizarse acatando la normativa técnica vigente mediante la presentación de Reportes Operacionales y cumplimiento en sitio con las características del reglamento Nº 33601” (véase informe del director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 recurrido, agregado al expediente digital).

f)     El 25 de noviembre del 2024, la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 fue notificada a la Municipalidad de Alajuela y se le otorgaron diez días hábiles para su cumplimiento (véase informe del director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 recurrido, agregado al expediente digital).

g)   El 20 de diciembre del 2024, la planta de tratamiento fue puesta en funcionamiento por parte de los vecinos de la comunidad (véase informe del director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 recurrido, agregado al expediente digital).

IV.- Sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.

V.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, la recurrente alega que es vecina de la urbanización San Charbel, ubicada en la Guácima de Alajuela y la planta de tratamiento de la comunidad está en un terreno municipal y se encuentra sin mantenimiento. Señala que esto provocó que dejará de funcionar y un grave problema ambiental y a la salud, por lo que la Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria.  Indica que mediante trámite No. 4530-2023 se denunció el problema descrito ante el gobierno local recurrido; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo la problemática persiste. Por lo anterior estima vulnerados sus derechos fundamentales y de los vecinos de la comunidad.

Al respecto, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene acreditado que la Municipalidad de Alajuela tiene conocimiento de la problemática de la planta de tratamiento de aguas residuales alegada por la promovente desde el 16 de enero de 2023, bajo el trámite No. 4530-2023 suscrito por los Vecinos de Urbanización San Charbel. También, que el terreno donde se encuentra ubicada la Planta de Tratamiento de Urbanización San Charbel se trata de un área comunal a nombre de la Municipalidad de Alajuela. Ahora, justifican las autoridades municipales accionadas que la alcaldía solicitó el criterio de distintos departamentos municipales y se concluyó que la planta de tratamiento debe ser trasladada al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, pero no se ha realizado la gestión correspondiente ante esa institución.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado informa que la Municipalidad de Alajuela es la responsable en la determinación de las medidas requeridas para solucionar el problema de administración de la planta de tratamiento de aguas residuales, quien a su vez aprobó en su momento el desarrollo urbanístico en dicha zona y en caso de decidir trasladar la administración al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento Acuerdo No. 2022-354 de la Junta Directiva del AyA, publicado en el ALCANCE No. 171 a la GACETA No. 151 del miércoles 10 de agosto del 2022.

Ahora, se tiene que el 22 de noviembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Alajuela 2 realizó una inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel y se concluyó no se encuentra en funcionamiento y genera un riesgo a la salud pública y al ambiente, por lo que se emitió la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024, mediante la cual se ordenó a la Municipalidad de Alajuela lo siguiente: “1. Reactivar el funcionamiento y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel. Presentar ante el Área Rectora de Salud Alajuela 2 la evidencia de las acciones realizadas. 2. El funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales deberá realizarse acatando la normativa técnica vigente mediante la presentación de Reportes Operacionales y cumplimiento en sitio con las características del reglamento Nº 33601”. En ese sentido, se colige que el 25 de noviembre del 2024, la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 fue notificada a la Municipalidad de Alajuela y se le otorgaron diez días hábiles para su cumplimiento.

Ante este panorama, se tiene por constatada la acusada inacción de las autoridades municipales, pues si bien determinaron las acciones que requieren realizar, lo cierto del caso es que actualmente la situación denunciada se mantiene, en el sentido que no han realizado las gestiones correspondientes para solucionar la problemática de la planta de tratamiento ni tampoco su traslado ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –a quienes afirman son los que deberían darle el manteamiento–. Lo anterior, a pesar de que tienen conocimiento de la problemática en cuestión desde el 2023, sin que conste que se haya tomado ninguna otra medida, que exista ninguna solución con certeza del problema denunciado por la recurrente, o que se haya definido una fecha para resolver dicha problemática. Bajo tal estado de las cosas, nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que la Municipalidad de Alajuela ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes.

Debido a lo expuesto, lo procedente es la estimatoria del recurso a efecto que las autoridades de la Municipalidad de Alajuela emitan las órdenes y lleven a cabo las actuaciones respectivas dentro del ámbito de sus competencias, a fin de solucionar de forma definitiva el problema denunciado por la parte recurrente y constatado por las autoridades sanitarias traídas al proceso de amparo. Ahora, si bien el 20 de diciembre del 2024 la planta de tratamiento fue puesta en funcionamiento, lo cierto es que fue por parte de los vecinos de la comunidad, lo cual no implica que las autoridades municipales deban de llevar las gestiones correspondientes para la situación expuesta en el presente proceso sea subsanada de forma definitiva, pues aluden que deben gestionar que la planta de tratamiento sea administrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

VI.- Por otra parte, es menester indicar que no se observa alguna acción u omisión por parte de las autoridades sanitarias, quienes por su parte teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores del sector, se han encargado de brindar seguimiento al caso, constatar su existencia y emitir la orden sanitaria del caso. De igual manera respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dado que no se colige que sean los responsables de darle el mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales. Así las cosas, lo que procede es desestimar el recurso en cuanto a tales autoridades.

VII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que es vecina de la urbanización San Charbel, ubicada en la Guácima de Alajuela y la planta de tratamiento de la comunidad está en un terreno municipal y se encuentra sin mantenimiento, lo que provocó que dejará de funcionar y un grave problema ambiental y a la salud, por lo que denunció el problema descrito ante el gobierno local recurrido; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo la problemática persiste, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VIII. Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le dé atención definitiva e integral por parte de la Municipalidad de Alajuela a las denuncias planteadas por la parte recurrente respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización San Charbel. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, únicamente, en contra la Municipalidad de Alajuela. Se ordena a Roberto Hernán Thompson Chacón, a Roy Delgado Alpízar, a Luis Francisco Alpízar Barrantes y a José Luis Chacón Ugalde, en sus respectivas condiciones de alcalde de Alajuela, director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura, coordinador del Subproceso Saneamiento Municipal y coordinador del Proceso de Acueducto y Saneamiento, todos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen dichos cargos, dentro del plazo de SEIS MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, realicen en forma coordinada y conjunta con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Área Rectora de Salud Alajuela 2, los actos necesarios para eliminar la problemática denunciada por la parte recurrente sobre la planta de tratamiento de aguas residuales. Se advierte a las autoridades recurridas, o a quienes ocupen su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 02002 - 2025**

**Resolution Date:** January 24, 2025, at 09:15

**Case File:** 24-021588-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Castillo Víquez

**Type of Matter:** Amparo Action

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Judgment with Dissenting Vote**

**Judgment with Separate Note**

**Relevance Indicators**

**Relevant Judgment**

**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**

**Content of Interest:**

**Strategic Themes:** Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights
**Type of Content:** Majority Vote
**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS
**Topic:** MUNICIPALITY
**Subtopics:**
COMPLAINT.
002002-25. MUNICIPALITY. A RESIDENT OF THE SAN CHARBEL DEVELOPMENT, IN LA GUÁCIMA DE ALAJUELA, CLAIMS THAT THE COMMUNITY'S TREATMENT PLANT IS WITHOUT MAINTENANCE. THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA IS ORDERED TO, WITHIN SIX MONTHS, CARRY OUT IN A COORDINATED AND JOINT MANNER WITH THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS AND THE ÁREA RECTORA DE SALUD ALAJUELA 2, THE NECESSARY ACTS TO ELIMINATE THE PROBLEM REPORTED BY THE APPELLANT REGARDING THE WASTEWATER TREATMENT PLANT. VCG01/2025

“(…) V.- On the specific case. In the present matter, the appellant claims she is a resident of the San Charbel development, located in La Guácima de Alajuela, and the community's treatment plant is on municipal land and is without maintenance. She indicates that this caused it to stop functioning and created a serious environmental and health problem, which is why the Ministry of Health issued a health order. She indicates that through procedure No. 4530-2023, the described problem was reported to the appealed local government; however, as of the date she files this amparo action, the problem persists. Therefore, she considers her fundamental rights and those of the community residents violated.

In this regard, after analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the appealed authorities, with timely warning of the consequences provided in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it has been established that the Municipality of Alajuela has been aware of the wastewater treatment plant problem alleged by the petitioner since January 16, 2023, under procedure No. 4530-2023 signed by the Residents of San Charbel Development. Also, that the land where the San Charbel Development Treatment Plant is located is a communal area in the name of the Municipality of Alajuela. Now, the respondent municipal authorities justify that the mayor's office requested the opinion of different municipal departments, and it was concluded that the treatment plant must be transferred to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, but the corresponding management before that institution has not been carried out.

For its part, the executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados reports that the Municipality of Alajuela is responsible for determining the measures required to solve the administration problem of the wastewater treatment plant, which in turn previously approved the urban development in said area, and should it decide to transfer the administration to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it must comply with the provisions of the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento, Agreement No. 2022-354 of the AyA Board of Directors, published in ALCANCE No. 171 to GACETA No. 151 of Wednesday, August 10, 2022.

Now, it is noted that on November 22, 2024, the Área Rectora de Salud de Alajuela 2 conducted an inspection of the wastewater treatment plant of the San Charbel Development and concluded it is not in operation and generates a risk to public health and the environment, which is why health order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 was issued, through which the Municipality of Alajuela was ordered the following: “1. Reactivate the operation and maintenance of the wastewater treatment plant of the San Charbel Development. Present evidence of the actions taken to the Área Rectora de Salud Alajuela 2. 2. The operation of the wastewater treatment system must be carried out in compliance with current technical regulations through the presentation of Operational Reports and on-site compliance with the characteristics of regulation No. 33601”. In that sense, it is inferred that on November 25, 2024, health order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 was notified to the Municipality of Alajuela, and ten working days were granted for its compliance.

Given this scenario, the alleged inaction of the municipal authorities is considered verified, because although they determined the actions they need to perform, the truth of the matter is that currently the reported situation persists, in the sense that they have not performed the corresponding procedures to solve the treatment plant problem, nor its transfer to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –to whom they claim should be the ones to provide maintenance. This, despite having been aware of the problem in question since 2023, without it being recorded that any other measure has been taken, that any solution to the problem reported by the appellant exists with certainty, or that a date to resolve said problem has been defined. Under such a state of affairs, we are facing a serious health problem that affects the environment and the health of the community's inhabitants, and it is confirmed that the Municipality of Alajuela has shown an inability to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the inhabitants' enjoyment of the area's right to a healthy and ecologically balanced environment, with consequences for the health of these people due to the nature of the sanitary problem afflicting them. In reiterated jurisprudence, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of oversight and the solution to the problems granted by law. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient.

Due to the foregoing, it is appropriate to grant the appeal so that the authorities of the Municipality of Alajuela issue the orders and carry out the respective actions within the scope of their powers, in order to definitively solve the problem reported by the appellant and verified by the health authorities brought into the amparo process. Now, although on December 20, 2024, the treatment plant was put into operation, the truth is that it was by the community residents, which does not imply that the municipal authorities should not carry out the corresponding procedures for the situation presented in this process to be resolved definitively, since they claim they must arrange for the treatment plant to be administered by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

VI.- Furthermore, it is necessary to indicate that no action or omission is observed on the part of the health authorities, who, for their part, having full knowledge of the problem affecting the sector's inhabitants, have been responsible for monitoring the case, verifying its existence, and issuing the corresponding health order. Similarly, regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, given that it is not inferred that they are responsible for maintaining the wastewater treatment plant. Thus, what is appropriate is to dismiss the appeal regarding such authorities. (…)”

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**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority Vote
**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE
**Topic:** 050- Environment
**Subtopics:**
NOT APPLICABLE.
ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION
“(…) IV.- On the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of the Public Powers on the factors that can alter its balance and hinder a person from growing and developing in a healthy environment. The State becomes the guarantor in the protection and guardianship of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activity constitute an essential function of the State, so regarding environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, in charge of the various administrative dependencies. (…)” VCG01/2025

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**Content of Interest:**

**Type of Content:** Separate Note
**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS
**Topic:** MUNICIPALITY
**Subtopics:**
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
VII.- Note by Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the undersigned's opinion that if intervention by the Public Administration has already occurred, I consider that its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do examine the merits of the matter when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50, of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellant claims she is a resident of the San Charbel development, located in La Guácima de Alajuela, and the community's treatment plant is on municipal land and is without maintenance, which caused it to stop functioning and created a serious environmental and health problem, for which she reported the described problem to the appealed local government; however, as of the date she files this amparo action, the problem persists, violating the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VCG01/2025

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**Content of Interest:**

**Type of Content:** Dissenting Vote
**Branch of Law:** 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE
**Topic:** 056- Execution of Judgments
**Subtopics:**
NOT APPLICABLE.
VIII. Partial dissenting vote by Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the non-existence of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here so that within six months, counted from the notification of this judgment, definitive and comprehensive attention is given by the Municipality of Alajuela to the complaints raised by the appellant regarding the wastewater treatment plant of the San Charbel Development. Instead, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing liabilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the execution phase must be carried out before the Execution Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment execution rules of said Code.

VCG01/2025

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**Text of the Resolution**

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Exp: 24-021588-0007-CO

Res. No. 2025002002

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on January twenty-fourth, two thousand twenty-five.

Amparo action filed by Nombre195170, identity card CED142171, on her own behalf and that of the RESIDENTS OF THE SAN CHARBEL DEVELOPMENT OF ALAJUELA, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA, the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, and the MINISTRY OF HEALTH.

**Wherefore:**

**1.-** By brief filed with the Chamber on August 8, 2024, the appellant files an amparo action and states that she is a resident of the San Charbel development located in La Guácima, Alajuela. She explains that within said development, there is a property belonging to the Municipality of Alajuela, which was received by that local government, at the time, from the developer of the place. She adds that, until two years ago, the developer of the development was responsible for covering the expenses corresponding to the operation of the treatment plant, but stopped doing so considering that the responsibility fell on the municipality. She mentions that since then, the treatment plant has been without maintenance, since the respondent local government did not assume it, nor the payment of the water and electricity services necessary for its operation. She relates that as a result of the lack, the plant stopped functioning for several months, which caused a serious environmental and health problem in the community. She points out that this situation led the Ministry of Health to issue a health order granting a one-month period to reactivate the plant and with the indication of being evacuated. She affirms that the residents organized themselves to put the plant into operation provisionally, although the payment of electricity –essential for its operation– became complicated due to the voluntary nature of the residents' contributions. She adds that currently, the plant has stopped operating again, which puts more than 100 homes in the development at risk, in addition to aggravating environmental contamination and the consequent health problems. She asserts that numerous proceedings have been filed before the Municipality of Alajuela, and in some of the responses, the respondent institution acknowledged being responsible for the plant, despite which it has not taken any action in this regard. She specifies that through procedure No. 4530-2023, the described problem was reported to the respondent local government, and by official letter No. MA-A313-2023 of January 17, 2023, the director of the Office of the Municipality of Alajuela forwarded its knowledge to the following authorities: the director of the Infrastructure Planning and Construction Process, the coordinator of the Aqueduct and Sanitation Subprocess, and the coordinator of the Sanitation Activity. She estimates that the described facts violate her fundamental rights and those of the protected parties. She requests that the appeal be granted and that the Municipality of Alajuela be obliged to fulfill its responsibilities, including the transfer of the electricity meter, the property, and the plant to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as appears to have been considered appropriate, or whatever is necessary to resolve the problem and to guarantee the protection of the health and well-being of the inhabitants of the San Charbel development.

**2.-** In a resolution at 14:01 hours on August 29, 2024, the process is admitted and a report is requested from the mayor, the director of the Infrastructure Planning and Construction Process, the coordinator of the Aqueduct and Sanitation Subprocess, and the coordinator of the Sanitation Activity, all of the Municipality of Alajuela, regarding the facts alleged by the appellant.

**3.-** Roberto Hernán Thompson Chacón reports under oath, in his capacity as mayor of Alajuela, the following:

Through official letter No. Identificacion428 dated September 9, 2024, signed by Eng. Luis Francisco Alpízar Barrantes, Coordinator of the Sanitation Subprocess, and Eng. José Luis Chacón Ugalde, Coordinator of the Municipal Aqueduct and Sanitation Process, which stated that:

“Having reviewed the facts and claims raised by the appellant, it is understood that, in summary, she requests that the Municipality of Alajuela take charge of the operation and maintenance of the wastewater treatment plant of the San Charbel development, or failing that, that it carry out the corresponding procedures to transfer it to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), as she considers her rights to 'social security', 'justice', 'healthy life', and 'protection from pollution' affected, as she literally states.

Therefore, first of all, it is convenient to clarify whether or not the Municipality of Alajuela has responsibility for the operation and maintenance of the treatment plant in question. According to the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Law 2726 of April 14, 1961), in its Article 2, it is established that the responsibility to 'administer and directly operate the aqueduct and sewerage systems throughout the country' corresponds to AyA. Likewise, this article establishes a residual responsibility of the municipalities, for which it is indicated that 'the systems that are currently administered and operated by the municipal corporations may remain in their charge, as long as they provide an efficient service'.

According to the above, the Law is clear that the responsibility of the Municipality is to adequately administer and operate the systems under its charge, not to receive and operate new systems. Likewise, in the event that the Municipality was not capable of providing an efficient service in the places where it operates, this responsibility would finally fall on AyA as the governing entity.

In the specific case of the San Charbel development, although the public areas were transferred to the Municipality at the time, it has never formally received the wastewater treatment plant as the operator of the service, since the development is within the coverage area of AyA, which is the entity that provides the drinking water service and therefore the one that should also administer the sanitation service. As extensively explained by the Legal Services Process in official letter No. MA-PSJ-182-2024, the treatment plant corresponds to a space intended for communal facilities, so it is considered that the actions to be carried out by the Municipality should focus on transferring the property to the competent entity, in this case AyA, so that it can assume its operation and maintenance.

Thus, it is recommended to reject the appellant's claims regarding that the Municipality of Alajuela assume administration of the sanitary sewerage service in the San Charbel development, as this would be usurping the coverage area and powers of AyA”.

Similarly, the Mayor's Office, through official letter No. MA-A-4357-2024 dated September 9, 2024, stated the following:

“In response to official letter No. MA-PSJ-1447-2024, in which we are informed about the amparo action filed by Mrs. Nombre195170, which is processed under Case File No. 24021588-0007-CO, I allow myself to report the following:

Indeed, on January 16, 2023, this Mayor's Office received Procedure No. 4530-2023 signed by the Residents of San Charbel Development - located in Rincón Chiquito, La Guácima - through which they present a situation that affects them regarding the wastewater treatment plant. In order to address said request, the then Office Director requested a report on the matter through official letter No. MA-A-313-2023 addressed to Eng. Roy Delgado Alpízar, Coordinator of the Infrastructure Planning and Construction Process, Eng. Pablo Palma Alán, Acting Coordinator of the Aqueduct and Sanitation Subprocess, and Eng. Francisco Alpízar Barrantes, Coordinator of the Sanitation Activity (folios 01 to 37 of the administrative file created for this amparo action).

In response, official letter No. Identificacion429 was received, signed by Eng. Francisco Alpízar Barrantes, Coordinator of the Sanitation Activity, who clarified that the treatment plant in question has never been received by the Municipality of Alajuela, in addition to the fact that the residents are duly informed that the drinking water service in the community is provided by AyA; therefore - in the opinion of said professional - it is that entity to whom it corresponds to operate the sanitary sewerage system (folio 36 verso).

For this reason, official letter No. MA-A-1025-2024 dated February 21, 2023, was prepared, sent to Eng. Delgado Alpízar, by which a reminder was made of the information request mentioned in the previous paragraph, and also, a copy of official letter No. MA-SAN-0220032023 was attached (folios 36 to 37).

Again, information was requested from Eng. Delgado Alpízar, along with Eng. María Auxiliadora Castro Abarca, Coordinator of the Aqueduct and Sanitation Subprocess, and Eng. Francisco Alpízar Barrantes, Coordinator of the Sanitation Activity, through official letter No. MA-A-3421-2023 (folio 38).

In response, official letter No. MA-PPCI-0591-2023 was received, signed by Eng. Roy Delgado Alpízar, Coordinator of the Infrastructure Planning and Construction Process, through which it was clarified that the developer of the urban project was the one who should carry out the procedure with the Municipality and ICE to transfer the land and easement (servidumbre) to AyA. Said official letter was communicated to the Residents of the Dirección22283 through official letter No. MA-A-4355-2023, dated July 14, 2023, signed by the then Office Director of this Mayor's Office (folios 39 to 40).

Additionally, said document was sent to Attorney Johanna Barrantes León, Coordinator of the Legal Services Process, through official letter No. MA-A-4356-2023, dated July 14, 2023, also signed by the then Office Director of this Mayor's Office, along with the case background; in order for her to issue her opinion on the matter (folios 41 to 59). And through official letter No. MA-A-5961-2023, dated September 25, 2023, a reminder was sent to Attorney Barrantes León, as recorded in folios 60 to 65.

In response, official letter No. MA-PSJ-182-2024 was received, signed by the Coordinator of the Legal Services Process, in which it was indicated that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados could assume the treatment plant through a management agreement for wastewater sanitation systems at the express request of the Local Corporation. For this reason, official letter No. MA-A-1513-2024 dated March 14, 2024, was sent to Eng. Delgado Alpízar, so that he could proceed accordingly, notifying the residents (folios 66 to 70).

However, to date we do not know if Eng. Delgado Alpízar formalized this request before AyA.

Note that the Residents of the Dirección22283 have been timely informed of all the procedures, as recorded in the respective email sending receipts (folios 01, 38, 38 front and back, 39 to 40 verso, 59, 60, 65, 66, 70); which shows that they are duly informed that the entity competent to attend to their request is the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

I attach the original file created for this amparo action, which contains 81 folios.

Through official letter No. MA-PPCI-0594-2024 dated September 10, 2024, signed by Eng. Roy Delgado Alpízar, Director of the Municipal Infrastructure Planning and Construction Process, he stated the following:

“(…) According to the above, I present the following background:

Through official letter No. MA-PPCI-0591-2023 of July 13, 2023, attention is given to official letters No. MA-A313-2023, No. MA-A-1025-2023, No. MA-A-3421-2023, and No. MA-A-3990-2023; all related to the problem presented by the residents of the Dirección22284., located in Rincón Chiquito, La Guácima, through procedure No. 4530-2023 regarding the wastewater treatment plant.

In this regard, as indicated by Eng. Francisco Alpízar in official letter No. Identificacion430-2023 and No. MASAN-062901-2023, ‘the entity that is in charge of supplying drinking water in the area is AyA, so the Municipality of Alajuela cannot provide drinking water services, nor wastewater treatment services, since the area is within AyA's coverage area’. Said statement is in accordance with the policy that the entity in charge of providing drinking water service in an area is the one that must treat the wastewater that this community generates.

In that same sense, through official letter No. SG-GSP-RT-2022-00317, dated November 11, 2022, signed by Mr. Álvaro Araya García, Peripheral Collection and Treatment UEN of the Instituto Acueducto y Alcantarillados, he informed the residents of the San Charbel Development of the status of the reception procedure for the sanitation system of said development, indicating ‘(…) To date, there is no formal request before this Institute from the Developer, to initiate the process of receiving the sanitation system of the San Charbel development’.

In addition, he points out that, according to the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, agreement 2017-066, date February 15, 2017, to assume the administration, operation, and maintenance of sanitation systems, it must comply with all the requirements of Article 12 and, according to Article 13, the requirements indicated in Article 12 must be presented to the General Management of AyA, through a written request for reception management, by the owner or legal representative of the sanitation system. (underlining is not from the original).

The land where the San Charbel Development Treatment Plant is located is a communal area in the name of the Municipality, and it is also affected by a high-tension line easement (servidumbre) and has an area of 1,463 m2 according to the registry, with cadastral map A-1622647-2012.

Therefore, the Developer must carry out the necessary procedures with the Municipality and ICE to transfer the land and easement (servidumbre) to AyA (bold is not from the original).

Thus, this Process reiterates what is indicated in official letters No. Identificacion429 and No. Identificacion431; signed by Eng. Luis Francisco Alpízar, and, since through official letter No. MA-SASM285-2023, Eng. María Auxiliadora Castro Abarca points out that for the case in question ‘(…) what is incumbent upon the Municipality is to coordinate directly with AyA to carry out the transfer of the land, and in this way, AyA can administer the service’. This process considers it advisable to inform the Legal Services Process of this situation in order to determine the legal process to follow to be able to carry out the transfer of the communal area and easement (servidumbre) to AyA, in order to solve the reported problem.

Through official letter No. MA-PPCI-0353-2024, dated June 5, 2024, the Mayor's Office is informed: attention is given to official letter No. MA-A-1513-2024, where the situation of the residents of Dirección22284., located in Rincón Chiquito de la Guácima, is presented, and Eng.

José Luis Chacón Ugalde, coordinator of the Municipal Aqueduct, so that he may proceed to process the transfer of the development’s treatment plant to AyA.

By official letter No. MA-PPCI-0373-2024, dated June 5, 2024, the Municipal Aqueduct Directorate is informed: I am forwarding documents No. MA-A-1513-2024 so that you may proceed to process them accordingly.

Official letter No. MA-PPCI-0373-2024 was sent to the new Municipal Aqueduct Directorate, which is a department that moved from being a Subprocess to a Process, now maintaining a Directorate level related to its nature in water matters, treatment plants, among others, and is now independent of the decisions and ordinary tasks of this Directorate.

According to official letter No. MA-SASM-264-2024, dated June 17, 2024, responding to our official letter No. MA-PPCI-0373-2024, said letter clarifies that this Process has not had any participation in the receipt of the communal areas of the San Charbel Development, and this Process cannot issue opinions on the matter according to the institutional organizational chart, nor does it have competence in this case under analysis, which is the exclusive purview of the Municipal Mayor’s Office.

According to official letter No. MA-PAAM-317-2024, dated July 19, 2024, it responds to the Municipal Mayor’s Office regarding official letter No. MA-A-3538-2024, which mentions our official letter No. MA-PPCI-0353-2024, concluding the following situations:

I. The Sanitation Subprocess, as of the date of issuance (sic) of this missive, has not received any filing whatsoever regarding the San Charbel Development, located at Dirección22285   , as the treatment plant has not been received by us.

II. The Municipality of Alajuela does not have aqueduct infrastructure in the district of La Guácima, which is why it also does not have sanitary sewerage in that district.

III. It is the Costa Rican Institute of Aqueducts (sic) and Sewers that is the operator providing water service in that community, which is why it is that institution’s responsibility to provide sanitary sewerage service when technically appropriate.

IV. That by means (sic) of official letter No. MA-PPCI-0591-2023, issued by Eng. Roy Delgado Alpízar, Directorate of the Infrastructure Planning and Construction Process, it is stated that the land where the treatment plant is located is a communal area in the name of the Municipality of Alajuela.

That being the case, and given that neither the Sanitation Subprocess nor this Process have received any filing concerning the San Charbel Development, located in the district of La Guácima, and considering that this municipality does not have aqueduct infrastructure in the district of La Guácima and also lacks sanitary sewerage in that district, the appropriate course is for the entity that provides the potable water supply service to treat the wastewater in this development.

In closing, official letter No. MA-PPCI-0591-2023 states that “the neighbors have been submitting documents related to this request, which I proceed to attach to this official letter, given that they have borne the expenses of keeping the treatment plant in operation; however, it is necessary for the plant to receive proper maintenance from AyA. Nevertheless, according to what was indicated by Mr. Álvaro Araya Garcia in official letter SG-GSP-RT-2022-00317, the necessary steps must be taken with the Municipality to transfer the land in favor of AyA.”

Based on the foregoing background, it is demonstrated that, to the extent this Process had the Municipal Aqueduct under its charge, everything related to the proper operation of said development’s treatment plant by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers was managed. Currently, given that the Aqueduct department is a Process, it is its responsibility to manage the transfer of the lands to AyA directly through proper coordination with the related parties.”

It is verified that filing No. 4530-2023 was addressed by the respective departments in accordance with the law, and the neighbors have even been informed of all actions taken at the municipal level.

It should be clarified that, as stated in the technical criterion, the public areas were transferred to the Municipality; however, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AYA) has never formally received the wastewater treatment plant in its capacity as service operator. The foregoing because the San Charbel development is within AyA’s coverage zone; it is the entity that provides potable water service and therefore should also administer the sanitation service.

And it must be made clear that the treatment plant corresponds to a space intended for communal facilities; therefore, it is considered that the actions to be taken by the Municipality should focus on transferring the property to the competent entity, in this case AyA, so that it can assume its operation and maintenance.

It is verified that, according to the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento, for AYA to assume management of the wastewater sanitation systems by agreement, it is necessary for the Municipality, through the institutional attorney of the Municipal Aqueduct, to request the transfer in favor of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and to comply with the series of requirements established in Article 12, subsection I of the aforementioned Regulation, since it is the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as the national governing body, to assume the administration and operation of the sewerage and aqueduct systems held by the Municipalities upon express request of the Local Corporation.

By virtue of the foregoing, it is verified that this Municipality has not only timely addressed the filed petitions in accordance with our competences, but it is also of utmost importance to mention that, according to multiple constitutional rulings, the right established in Article 27 of the Political Constitution has been enshrined, referring to the power every citizen has to address, in writing, any public official or official entity in order to present a matter of interest to them.

That guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, but the latter does not mean a favorable answer; in other words, what is guaranteed is the right to petition and not the right to obtain what is requested, even though the public official must decide in strict compliance with the law, since the freedom of petition is founded on another principle, namely, that the right of the governed to address public bodies cannot be restricted by the administration.

However, the petitioner decided to file this Amparo Appeal to cause confusion and to have this Municipality condemned for an alleged “inaction,” denouncing a problem for which the procedure to follow has already been indicated on repeated occasions; even months ago, the respective responses were generated, along with the possible solutions to the denounced problem. Nevertheless, her petition was duly attended to, within our competences, and she is fully aware of this. Even if the petitioner does not agree with the process and the responses given by the municipality, the truth is that her statements reveal her discontent, discomfort, and even total ignorance of how things function at the municipal level and their respective competences.

By virtue of the foregoing, this Municipality considers that it has acted in accordance with our competences, and there has been no inaction or violation of constitutional rights; however, we consider that the petitioner files this Appeal to try to distort the information provided in her filing brief. Nevertheless, this Municipality acts within its competences.

It is verified that the Municipality of Alajuela carried out the tasks inherent to its competence, and therefore I request that the Amparo Appeal filed be DECLARED WITHOUT MERIT in all its aspects.”

4.- Roy Delgado Alpízar, Luis Francisco Alpízar Barrantes, and José Luis Chacón Ugalde, in their respective capacities as director of Infrastructure Planning and Construction, coordinator of the Municipal Sanitation Subprocess, and coordinator of the Aqueduct and Sanitation Process, all of the Municipality of Alajuela, report under oath in the same sense as the mayor of that municipality and request that the appeal be declared without merit.

5.- In a resolution issued at 11:21 a.m. on September 30, 2024, the recorded parties are expanded, and the executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is granted an audience regarding the facts alleged by the petitioner and regarding the information reported by the mayor of Alajuela.

6.- In a resolution issued at 11:38 a.m. on September 30, 2024, the parties recorded in the appeal were expanded, and the director of the Health Governing Area of Alajuela 2 is granted an audience regarding the facts alleged by the petitioner.

7.- Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath the following:

“Based on the evidence provided, the background related to the administrative actions carried out by AyA for the San Charbel Development is detailed below:

| Activity | | Date | | Responsible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Issuance of availability CCO-OM2005-168, which indicated that there is no sanitary sewerage network administered by AyA in the area, but that there was a water supply. | | December 7, 2005 | | Central West Region, Operation and Maintenance |
| Approval of Housing Project by official letter URB-107-2006, BIT-95-2006, with planned network and use of septic tank. | | December 1, 2006 | | AyA Urban Development Directorate |
| Rejection Resolution of Treatment Plant Proposal PTRAR-AyA-2022-115 | | August 17, 2022 | | Urban Development Directorate |
| There are no actions pending resolution by this Institute | | | | |

II. RESPONSE TO THE FACTS

FIRST: Based on report UEN-PC-2024-02546, and in accordance with the Administrative File attached as evidence, the construction plans for the San Charbel Development were approved in 2006 under official letter URB-1072006, BIT-95-2006, with the sanitary sewerage network planned and not in use (evidenced in image 100 and 116 “File 21 Housing Project,” which states: "….Based on all the above, the possibility of aquifer contamination is remote; however, the drawback is not the possibility of contamination but the low infiltration capacity presented by the materials in a sector of the AP

Due to the foregoing, the designer proposes the use of anaerobic filter tanks in the northern sector of the property connected to the sewer pipe and a drainage trench in the lower part of the AP or Southern sector…")

The foregoing meant that they had to dispose of their wastewater through an individual septic tank system and its respective drainage, and the institution responsible for this approval was the Ministry of Health.

In image 106 of File 21 Housing Project (No of the Treatment Plant), resolution of availability CCO-OM-2005-168, dated December 7, 2005, is located, which indicated that there was no sanitary sewerage network administered by AyA in the area.

Subsequently, a treatment plant was submitted for approval in 2022, given that the housing development proposed no longer using a septic tank but rather disposing of all wastewater through a Treatment Plant, which was rejected under resolution PTRAR-AyA-2022-115 dated August 17, 2022, by AyA.

Having issued a rejection pronouncement, it was not feasible for construction permits for said plant to be granted, much less for it to become operational, disconnecting the housing units from the septic tank and using the planned network leading to a Treatment Plant.

In image 2 of the Digital File (File PTAR 4) attached as evidence, resolution PTRAR-AyA-2022-115 is recorded, indicating all the deficiencies that needed to be corrected for construction authorization and guaranteed proper functioning to exist:

"…Operation and maintenance manual: Must have measurement equipment for pH, temperature, and settleable solids, and in the case of aerobic ordinary water treatment systems, a dissolved oxygen meter.

The Operation and maintenance manual for the treatment plant for final effluent disposal must include the description of the basic equipment for routine physicochemical water parameter measurements. Furthermore, it must mention the basic maintenance equipment according to the type of wastewater treatment, including cleaning equipment.

Design calculations: Must include the technical data sheet for all electromechanical equipment and diffusers to verify their characteristics and selection criteria.

Design criteria: This section must be detailed in such a way that it shows not only intermediate and final results but also aspects such as: assumptions used for each stage, sequence of calculations, formulas, use of formulas, references to information sources that support the criteria used, and clear indication of the safety factors used.

In the case of Urbanizations and Subdivisions (Fraccionamientos), the enclosure must be placed around the entire perimeter of the land where the WWTP will be located. In this case, it must include setbacks, as these are measured with respect to property boundaries.

A mesh or wall two meters high must be included on the property boundary as a security measure to prevent unauthorized entry, and its access gate must allow the entry of a truck. A device or accessory must be placed on the top of the mesh or wall to reduce acts of vandalism.

The access roads to the treatment plant must have a pavement structure and complementary road works, in accordance with the provisions of the current Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010), issued by the MOPT. The design and the topographical profile of the road must guarantee access for any type of vehicle for the transport of people or goods, without distinction of load.

If the treatment system uses daily-use electromechanical equipment, the electrical design must include an emergency power supply. The Plant must show the water flow direction of the receiving body. The discharge of treated wastewater into a water body (stream or river) must be made following its flow at an angle no greater than 45°.

Must show on sheets details of the structures for flow measurement at the entrance and exit of the wastewater treatment plant, outfall headwall, sampling manhole at the exit of the wastewater treatment plant, structure for grit retention, manholes, valve boxes, structure for screens (at least two sets for coarse solids and finer solids), potable water systems, stormwater and sanitary sewers, and other complementary works of the treatment system.

The contour lines of the land where the wastewater treatment system is located and the alignments and setbacks that the institutions have established must be shown. Dimension the setback from the northeast corner of the main units of the treatment system to the boundaries of the respective property (vertex 1 of the cadastral plan), at the public street corner.

The design must include an outdoor lighting system, distributed homogeneously and with the required intensity to illuminate from the plant toward the entire perimeter of the property containing it, allowing general illumination of at least 100 lux. The lighting system in general must guarantee a higher degree of visual acuity with localized lighting of at least 300 lux in the different areas where processes requiring activities during night hours are carried out. The lighting system must be designed considering the particularities of all processes and activities defined in the operation, maintenance, and control manual. Additionally, it must comply with national regulations on energy efficiency.

The design must include chambers for wastewater sampling at the outlet of the treatment plant, for each of the treatment modules or trains, and for the confluence of the effluents from each of these. Consider when there are two or more treatment trains.

The flow measurement chamber or device must be free from interference from other water flows present in the treatment plant. In the case of a triangular weir, the angle must be calculated according to the system flow rate.

The screen chamber must include at least two sets of screens with an inclination between 45° and 60°: one for coarse solids, another for finer solids, both with a tray for solids dewatering.

The design must include at least two modules for the conditioning and dewatering of residual sludge, which can satisfy, complementarily or together, the required capacity according to design parameters.

Metal elements incorporated into the treatment plant must be manufactured with anti-corrosive materials. When paint needs to be applied to these elements, two-coat epoxy paint must be used. The manufacturing standard codes specifying the anti-corrosive characteristic of the materials and the epoxy paint must be indicated on the plans.

Every elevated or semi-buried tank without a cover must incorporate walkways at least one meter wide, with side railings around each tank and over lagoon systems. Consider when the top cover is removed.

When additional information is incorporated into sheets upon correcting deficiencies, the design calculations and operation and maintenance manual must be updated in all corresponding sections.

Must present a stormwater management system up to the connection with the overall project stormwater system or stormwater outfall.

The necessary provisions to enable its maintenance or rehabilitation without taking the entire treatment plant out of operation must be included.

The plant design must incorporate at least two water supply devices; one located near the screen chamber and the other at the opposite end of the plant entrance zone; the foregoing to facilitate cleaning activities of the structures.

The grit chamber must include at least a double chamber to facilitate maintenance and cleaning of the structure. Must include in the design calculations, manual, and sheets in all corresponding views.

Must present internal and external lighting system for the buildings.

The internal piping system of the plant, excluding buried piping, must comply with the current "Norma oficial para la utilización de colores de seguridad y su Simbología", issued by the MEIC (Decreto N° 12715). It is accepted to apply the provisions of standard INTE 31-07-03 "Código de colores para la identificación de los sistemas tuberías in accordance with the provisions of the MEIC standard." The flow direction must be indicated on the pipes, and these must also comply with the labeling requirements contained in their respective manufacturing technical standards. Must indicate by note on sheets.

The plant must have hoppers at the bottom of sedimentation tanks with a minimum slope of 45 degrees; it is accepted that the design includes sludge sweeping mechanisms.

Every cover over treatment units of aerobic systems, especially in urbanization and residential complex projects, must be completely removable and must include lifting devices or systems when its handling cannot be performed by a single person; the foregoing, in order to allow the execution of maintenance and operation activities.

The machine house must include the electromechanical equipment, control panels, and electrical panels. The electromechanical equipment must not be located inside the operator and security guard house.

A shower and a space to store documentation and equipment must be enabled in the operator’s house. Additionally, the plant must have two other rooms: one for the security guard (when not required, it must be justified) and a storage room. The wastewater from the house must discharge into the entrance of the treatment plant.

The primary and secondary treatment units must have at least two modules operating in parallel that can satisfy, complementarily or together, the required capacity according to design.

The machine house must comply with adequate construction methods and materials for the proper protection of the equipment, according to applicable current standards, and must also be provided with adequate ventilation to prevent excessive heating of the equipment.

Notes:

This act does not include the review or approval by AyA of the wastewater collection system, nor the final approval of the design of the effluent outfall pipe for effluent disposal, as these are included in the overall project filing..." (the highlighting is not from the original)

Within this same file, this Institute only has the authorization from the Ministry of Health for the location permit of the Treatment Plant, in image 36, official letter ARSA-2-308-08 of March 11, 2008, which, in accordance with Decreto 31545-S-MINAE (Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, which was later repealed by Article 33 of the Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, approved by Decreto Ejecutivo N° 39887 of April 18, 2016) in its Article 8, issues the approval of the permit.

The indicated Article 8 cited:

"…Artículo 8º—The Location Permit must be requested from the Ministry of Health, by means of a note accompanied by the following information:

a. Name of the overall project.

b. Name of the owner.

c. Location by province, canton, and district, attaching a copy of the updated, non-reduced cadastral plan.

d. Exact address of the property.

e. Brief explanation of the overall project (housing, tourism, commercial, agricultural, industrial, or other) that will require the treatment system.

f. Brief description of the type, processes, and equipment of the proposed treatment system.

g. Proposed final disposal for the treated wastewater, duly justified according to Article 9 of this Regulation. If the chosen disposal is to an aquatic receiving body, it must have a permanent flow, which must be certified by the competent authority.

h. Overall Site Plan of the overall project within which the treatment system will be located, including at least the following information:

i. Proposed location of the area intended for the treatment system, indicating its preliminary dimensions.

ii) Dimensioning of the setbacks to be maintained between the treatment system and the boundaries of the property that will contain it (see Table 1).

iii) Dimensioning of the setbacks to be maintained between the treatment system and the existing or projected buildings within the same property, identified on the Overall Site Plan.

iv) Proposed location for the outfall headwall or connection to the sewerage system, if any.

v) Flow direction of the bodies of water that cross or adjoin the property.

vi) Location of existing or projected water supply wells within the same property of the overall project.

vii) Location of existing water supply wells on properties adjoining the overall project, within a radius of 100 meters from the treatment plant."

Note that the standard does not indicate approval at the constructive, design, or operational level, but rather approval of the Plant's location by the Ministry of Health. Concordantly, Article 7 of that then-regulatory body determined:

"Artículo 7º-This chapter regulates the scope of the location permit for Wastewater Treatment Systems. This is an initial requirement that does not obligate the granting of other permits, nor does it substitute requirements from other governmental instances."

In accordance with the above, the requirement for AyA's approval of the proposal for the construction of the Treatment Plant was necessary, and consequently, the Local Government should not have allowed its construction and entry into operation.

SECOND: Similarly, official letter SG-GSP-RT-2024-00160, which attaches the Technical Criterion issued by the Central West Region and the UEN for Collection and Treatment of Peripheral Systems through official letter SG-GSP-RT-2024-00159, determines the following:

"…Although this project, as recorded in AyA's Urban Development file, dates from 2006 and was approved with a sanitary sewerage system that discharged into two common septic tanks, the developer subsequently built a wastewater treatment plant. According to the UEN Programming and Control, the San Charbel Treatment Plant project was submitted for its first review through the APC Platform under code CFIA 1046194. This first review, which resulted in rejection, is documented in PTAR-AyA-2022-155, dated August 17, 2022. Despite this notification and the rejection of the project for non-compliance with established requirements, the observations indicated in the initial review have not been corrected to date.

Current regulations establish a maximum period of 14 months for the professional in charge of the project to attach the corrected plans and correct the observations made. This period has expired without the project professional having submitted the required documents. Therefore, to continue with the project, the interested party must comply with the sealing requirements for the plan and restart the review process, in accordance with the documentary and regulatory requirements in force, as provided in Article 6 of Decreto Ejecutivo N° 43318 of October 29, 2021.

2. Non-compliance with Regulatory Requirements:

The proposed sanitation system for the plant does not have the necessary approval from AyA. The plans submitted in the first review indicate discharge to the Doña Ana stream and the use of extended aeration activated sludge technology. However, these plans are not valid because they do not yet have regulatory approval from AyA and do not meet the requirements of current legislation in Costa Rica.

It is necessary to point out that, according to applicable regulations, all sanitation system projects must have technical and regulatory approval before implementation. This includes obtaining the pertinent approvals for the wastewater treatment and disposal system, as well as the regularization of the land where the treatment plant is located. To date, we have not received a request for the transfer of the land from the Municipality of Alajuela, which prevents compliance with the legal requirements for the formalization of the project before AyA.

3. Ownership and Legal Situation: According to the documents submitted in the initial review, the ownership of the land where the treatment plant is located is registered in the name of Versachi de Centroamérica S.A., legal identification number CED142172. Currently, the treatment plant is on a property that belongs to the Municipality of Alajuela, which was received by that local government, at the time, from the developer of the site. However, for AyA to be able to formally approve and receive the project, it is necessary to clarify the legal situation of the land and comply with the requirements established in the Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Acuerdo N°2022-354.

It is important to indicate that the Municipality of Alajuela is aware of the required process to transfer the WWTP to AyA, according to official letter MA-PSJ182-2024 dated January 30, 2024, issued by the Legal Services area of the Municipality of Alajuela.

(…)

Conclusions

1. The San Charbel WWTP currently does not have permits approved by Urban Development - UEN Programming and Control AyA.

2. Under current conditions, operation and maintenance correspond to the Municipality of Alajuela.

3.

The operator of the drinking water service is AyA.

4. AyA has not received a request for transfer of the wastewater treatment plant (PTAR) from the Municipality of Alajuela.

5. The Municipality of Alajuela must condition the wastewater treatment plant (PTAR) in compliance with the requirements established in the Approval Regulation

SUBSTANTIVE CONSIDERATIONS

It is important to note that in Costa Rica there are two separate sewer systems, one called the "Storm Sewer System" (Sistema de Alcantarillado Pluvial) whose objective is to transport rainwater from roofs, gutters, and downspouts of homes, as well as rainwater that runs along public roads, and the other system is called the "Sanitary Sewer System" (Sistema de Alcantarillado Sanitario) whose objective is to transport only wastewater from sinks, sculleries, showers, and toilets generated inside homes.

In accordance with current regulations, storm sewer systems are administered by the municipalities of each canton and the sanitary sewer system is operated and maintained by the operator in charge of providing drinking water service within its respective geographical coverage area. In accordance with the Municipal Code and the General Health Law, Municipalities have the authority to receive and administer sanitation systems for Treatment Plants.

For their part, Local Governments have the power to establish a series of limitations on constructions and projects, through urban planning, noting that in case of non-compliance with the conditions they order, they have a series of coercive mechanisms to enforce their mandates, which AyA lacks. In addition to the above, it is clear that Municipalities are the entities that collect the respective amounts for maintenance and proper functioning of the stormwater network, as provided in Municipal Code No. 7794, in Title IV. Municipal Treasury, Chapter II. Municipal revenues.

In the present case, it cannot be overlooked that Municipalities, when collecting municipal taxes, include the item corresponding to the maintenance and operation of the stormwater network, which emphasizes municipal competence in this field, and it is evident that this item should be used for the maintenance and operation of each Municipality's stormwater network, as indicated by the Constitutional Chamber in Voto 2001-2320, in Considerando IV, which literally states:

"IV.- Thus, from what is stated in the aforementioned Law and concerning municipal competence by reason of the subject matter, this Constitutional Tribunal considers that the entity that should have addressed the complaint filed by the amparado in safeguarding the right to health was the Municipality of Alajuelita, not only because the problem in question fits within the so-called 'local interest' of its canton, but also because according to Acueductos y Alcantarillados, that municipality is in charge of administering the storm sewer system where the fault is located. Regarding the actions of the respondent Institute, the Chamber does not consider that it has any responsibility for the violation of the fundamental rights of Mr. Nombre195172, since, although it is true that as an autonomous governing body in the matter, it has the duty to solve the problems that arise in relation to the supply of drinking water, with the collection and disposal of raw sewage and stormwater in urban areas, it is also true that this is a priority duty of the municipalities when, as in the present case, they have in their possession the administration of the aqueducts and sewers of the canton; or, when, as also occurs here, the problem to be solved involves the protection of fundamental rights whose remedy does not require special or technical knowledge that only a specific entity can provide. For this reason, the appeal must be granted, due to the violation of the right to health committed by the Municipality of Alajuelita to the detriment of the amparado."

Likewise, the General Health Law No. 5395, specifically regarding the case at hand, states in its articles 285 and 292 the following:

"ARTICLE 292.- The discharge of raw sewage, greywater and industrial residues into the storm sewer system is prohibited in all cases. The Ministry is empowered to restrict, regulate, or prohibit the elimination of non-biodegradable synthetic products through systems for the collection of excreta, raw sewage, and greywater.

ARTICLE 285.- Excreta, raw sewage, greywater and stormwater must be disposed of adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding grounds for vectors and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality."

In this same sense, article 1 of the Construction Law No. 833 states the following:

"The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public roads and in the buildings and constructions erected on their lands, without prejudice to the powers that the laws grant in these matters to other administrative bodies."

The foregoing demonstrates the connection between municipal obligations regarding storm sewers and the obligation indicated above, which are linked and under the administration of Local Governments as part of the services they are obligated to provide.

Now, article 60 of the Organic Law of the Environment establishes, regarding the prevention and control of pollution:

"To prevent and control environmental pollution, the State, municipal governments, and other public institutions shall give priority, among others, to the establishment and operation of adequate services in areas fundamental to environmental health, such as:

a) The supply of water for human consumption.

b) The sanitary disposal of excreta, greywater, and stormwater.

c) The collection and management of waste.

d) The control of atmospheric pollution.

e) The control of noise pollution.

f) The control of chemical and radioactive substances.

These services shall be provided in the manner determined by specific laws and regulations, seeking the participation of the population and its organizations."

Based on the cited regulations, it is concluded that the Municipality of Alajuela is directly responsible for determining the measures required to solve the problem of administration of the wastewater treatment plant, which in turn approved the urban development in said area at the time, and if it decides to transfer the administration to AyA, it must comply with the provisions of the Regulation for the Approval and Reception of Sanitation Systems, Agreement No. 2022-354 of the Board of Directors of AyA, published in ALCANCE No. 171 to GACETA No. 151 of Wednesday, August 10, 2022, this without prejudice to coordinating with the entities that can manage so that this sewer system is adequate and also ensuring that the owners make proper use of the system, having received under its administration the components and land where the treatment plant is located.

In this sense, the Municipality of Alajuela has the obligation to enforce the laws in matters corresponding to land-use planning and the obligation to guarantee the enjoyment of the inhabitants of the area of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of those people due to the nature of the sanitary problem that afflicts them. The Municipality, having full knowledge of the problem affecting the residents of its canton, has limited itself to confirming its existence and evading its responsibility, without carrying out the opportune actions to mitigate or control it, as well as complying with the requirements indicated in the Regulation for the Approval and Reception of Sanitation Systems, Agreement No. 2022-354 of the Board of Directors of AyA, published in ALCANCE No. 171 to GACETA No. 151 of Wednesday, August 10, 2022, so that AyA assumes the corresponding reception prior to fulfillment of the requirements established in the regulations.

Likewise, what has already been assessed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) through C-257-2003 San José, August 27, 2003 (concordant with the substantive assessment made by the Constitutional Chamber in Expediente 16002436-0007-CO resolución 2016-006368) must be considered regarding the requirement for verification of the technical suitability of raw sewage treatment plants by AyA and the Ministry of Health. With the acceptance by the Municipality, for the transfer to be enabled, the requirements that this Institute has defined must be met, to authorize the transfer of the corresponding portion of the public use area where the plant is located to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers so that it can administer and operate it. In this sense, the aforementioned Opinion indicates:

"…The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is the entity that determines, based on the provisions of the transcribed regulation, when urbanizations must have raw sewage treatment plants. Municipalities are responsible, in this matter, for ensuring that the urbanization projects to be carried out in their canton comply with the regulations indicated by AyA regarding aqueducts and sewers, which includes having raw sewage treatment plants planned, when AyA has so ordered.

Once the works are built and at the time of their acceptance, the municipalities exercise control in relation to compliance with the corresponding regulatory provisions, among them, those having to do with the drinking water installations and the collection and disposal of raw sewage ordered by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and other competent public entities, all in accordance with the provisions of Article VI.6. of the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations, which establishes:

' VI.6. Acceptance of works:

The acceptance of the works and public areas shall be carried out in accordance with the regulatory provisions in force by the municipality of the canton and the other public bodies that exercise control functions in this regard. No omission of details in the approved plans releases the developer and the responsible professional from the obligations that concern them regarding the total and satisfactory delivery of the works, in accordance with the provisions of this regulation.

The developer and the responsible professional who sign the application for approval of the construction plans are guarantors of the strict conformity of the works with the required regulatory requirements, as indicated in the applicable laws.'

In other words, although municipalities do not operate or maintain the systems for the collection and disposal of raw sewage, they control that the urbanizations, and the buildings constructed therein, comply with the provisions that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and other competent public entities, have established in relation to said systems, in order to fulfill their role of protecting health and the environment in their canton (…)

(…) although numeral 40 of the Urban Planning Law indicates that municipalities may authorize the indicated transfer, the truth is that, unless they are exercising that residual competence discussed above and, consequently, directly administer and operate the respective drinking water system and collection and disposal of raw sewage, they are obligated to authorize said transfer in favor of the competent entity, which, as we have already said and will conclude below, is the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, so that it can administer and operate the system, once it is verified, at the time of delivery of the work by the builder, whether a public or private legal entity, that the technical provisions contemplated in the regulations and given by AyA itself and the Ministry of Health are met, as has already been explained.

That is, once the technical suitability of the raw sewage treatment plants is verified by AyA and the Ministry of Health, the municipality must accept the work and authorize the transfer of the corresponding portion of the public use area where the plant is located to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers by reason of the provisions of the regulations that attribute the competence to administer and operate drinking water systems and the collection and disposal of raw sewage and wastewater to said Institute, which have already been cited, if it is not a case in which the municipality in question will operate and administer it in exercise of the residual competence already referred to…."

It must be considered that this Constitutional Chamber has previously ruled (Exp: 11-010057-0007-CO Res. No. 2012017743 at nine hours thirty minutes on December fourteenth, two thousand twelve) that this Institute assumes management once the reception requirements are verified, and until they are not met, the Municipality must continue to assume its responsibility:

"…Among the prior requirements that the Municipality must observe, we find the provisions of article 21 of the Constitutive Law of the Institute of Aqueducts and Sewers, Law 2726 of April 14, 1971, which attributes to ICAA the competence to approve 'Any project for the construction, expansion or modification of drinking water supply systems and disposal of greywater and stormwater, public or private (…) Said prior approval shall be mandatory in all cases of construction of subdivisions, urbanizations or lotifications in any part of the country and no other state agency shall grant construction permits or approvals without such approval by the Institute. The infraction of this mandate shall cause the nullity of any construction permit granted in contravention of this prohibition (…)', in such a way that no public entity, including municipalities, may grant construction permits, if ICAA has not previously received the infrastructure works for aqueducts and sanitary sewers to its satisfaction, according to the approved plans and prior compliance with all technical specifications that ICAA requires of the developers in accordance with current legislation and regulations…despite the fact that ICAA has not received the works of the treatment plant to its satisfaction and the developer has not even complied with all the technical specifications indicated through various notes by the internal bodies of ICAA, as a prerequisite for the approval of the project plans; this is only explained by the non-compliance or non-observance of other institutions among them, INVU and the Municipality of the existing legal regulations. In the same sense, the fact that despite the Project being located in an environmentally sensitive area and that INVU indicated from the beginning the need for a sanitary sewer system and construction permits were granted for homes with septic tanks and individual drainage, putting groundwater at risk, is only explained because the Municipality has breached current legal and technical regulations. Consequently, the Chamber grants the amparo appeal with respect to the Municipality of San Isidro and orders the following: Suspend the granting of construction permits in the Lomas Verdes del Zurquí and Lomas del Zurquí Projects until ICAA has received the aqueduct and sanitary sewer works from the developer to its satisfaction…"

PETITION

Let the Constitutional Chamber take into account the actions that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has executed in fulfillment of its purposes and within the framework of its competencies, therefore, it has evidently not disobeyed, violated norms, guarantees or constitutional or environmental principles, and therefore the appeal filed against AyA must be declared without merit in all its parts."

8.- Under oath, Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) Alajuela 2, reports the following:

"In response to the hearing granted within expediente 24-021588-0007-CO, as required by resolution of eleven hours thirty-eight minutes on September thirty, two thousand twenty-four, issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, Mrs. Hausny Bran Angulo, Environmental Manager, an official of the Health Governing Area Alajuela 2, appeared at the wastewater treatment plant (PTAR) of Dirección22283, issuing ocular inspection report No. MS-DRRSCN-DARSA2-3084-2024 and the technical report contained in official document MS-DRRSCN-DARSA2-3164-2024.

On the day of the visit, Mrs. Ana Yancy García, a resident of the area, attends to Mrs. Bran Angulo, the actions carried out are presented below:

1. On November 22, 2024, as stated in ocular inspection report No. MS-DRRSCNDARSA2-3084-2024, at 11:50 am, a visit was made to the wastewater treatment plant (PTAR) of the San Charbel Urbanization, where Mrs. Ana Yancy García, a resident of the area, attended the proceeding.

2. Mrs. García indicates that the plant stopped working approximately 4 months ago due to lack of maintenance; however, as neighbors they are carrying out the necessary works to reactivate its operation; furthermore, the lady indicates that the neighbors cannot continue with the maintenance of the plant due to the cost, for which they request that the owner, in this case the Municipality of Alajuela, take charge of the daily maintenance of said plant.

3. Subsequently, accompanied by Mrs. García, we appeared at the facilities of the wastewater treatment plant (PTAR), to assess the facts alleged by the amparista.

An assessment of the facts alleged by the appellant is carried out, which are detailed in the following table:

| Aspecto por<br>valorar | Situación encontrada |
| :--- | :--- |
| Planta de<br>Tratamiento<br>de Aguas<br>Residuales<br> | Se evidencia que la planta no se encuentra en funcionamiento.<br>La señora García brindó la siguiente información:<br>• La bomba eléctrica se encuentra en mantenimiento.<br>• Se debe cambiar el filtro, y dar mantenimiento a las fajas.<br>• Se realizó el cambio de la caja de Breaker debido a que está se dañó.<br>Para retomar la operación de la planta se debe realizar los cambios que hacen<br>falta y costear una cisterna de aguas residuales para que se encargue del<br>tratamiento de estas, acumuladas hasta el momento. |

4. By virtue of the inspection visit carried out, it is concluded that the Wastewater Treatment Plant is not in operation, thus generating a risk to public health and the environment; for this reason, the Municipality of Alajuela is requested through sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024, the following:

"Given the above, the person responsible for carrying out maintenance on the sanitation system, until the corresponding transfer is made to AyA according to current legislation, is the owner of the treatment system, therefore the Municipality of Alajuela is requested to proceed to:

1. Reactivate the operation and maintenance of the wastewater treatment plant of the San Charbel Urbanization. Present evidence of the actions taken to the Health Governing Area Alajuela 2.

2. The operation of the wastewater treatment system must be carried out in compliance with current technical regulations through the presentation of Operational Reports and on-site compliance with the characteristics of regulation No. 33601."

5. That said sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 was duly notified by email dated November 25, 2024, and 10 business days were granted for its compliance.

This Directorate remains expectant regarding what is indicated in the sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 already cited, within the granted period.

Based on the foregoing, this body respectfully informs this Honorable Constitutional Chamber that the Ministry of Health has acted in accordance with the current legal system and according to its competencies, diligently managing in a timely manner and according to the corresponding internal administrative procedure, therefore matters have been processed in a timely manner; we have not exceeded unreasonable deadlines or incurred excessive and unjustified duration."

9.- In a resolution at 11:32 hours on December 11, 2024, evidence is requested for better resolution.

10.- Under oath, Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as director of the Health Governing Area Alajuela 2, reports the following:

"The Health Governing Area Alajuela 2 issued Sanitary Order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0271-2024, notified on November 25, 2024, to Mr. Roberto Thompson Chacón, mayor of the Municipality of Alajuela, requesting within a period of 10 business days the following: '1. Reactivate the operation and maintenance of the wastewater treatment plant of Dirección22283. 2. The operation of the wastewater treatment system must be carried out in compliance with current technical regulations through the presentation of Operational Reports and on-site compliance with the characteristics of Regulation No. 33601.'"

On December 12, 2024, the Municipality of Alajuela notified the Health Governing Area Alajuela 2 of the "Appeal for Revocation with Subsidiary Appeal and Incidental Motion to Nullify by the Municipality of Alajuela against sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0271-2024, issued by the Ministry of Health." Said information was forwarded on December 13, 2024, to the Legal Affairs Department of the Regional Directorate of Health Governance Central North for its resolution.

That this Health Governing Area Directorate finds no evidence of actions by the Municipality of Alajuela that confirm compliance with the sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0271-2024.

On this topic, it is of fundamental importance to point out to this respectable Chamber that the appeals phase does not suspend the execution of the act; the foregoing is established in Article 61 of the Organic Law of the Ministry of Health, No. 5412, which states:

"Article 61.- The establishment of appeals does not suspend the execution of the required act, unless, in very qualified cases, and in a reasoned manner, the Holder of the Ministry, interlocutorily and to avoid an irreparable result, orders the provisional suspension of the act, which he shall do, in any case, under his responsibility." (…) That on December 20, 2024, by email, Mrs. Ana García, a resident of the San Charbel Urbanization, informed this Health Governing Area that the treatment plant is now in operation; said action has been covered by the budget of the residents of the urbanization, and they also provide documentation supporting the actions carried out.

On January 6, 2025, as stated in ocular inspection report No. MS-DRRSCN-DARSA20001-2025, at 10:30 am, a visit was made to the wastewater treatment plant (PTAR) of the San Charbel Urbanization; Mrs. Ana Yancy García, a resident of the area, attended, and the facilities of the PTAR were inspected to assess the facts alleged by the appellant.

1. Regarding the criteria requested by the Constitutional Chamber, the following table is presented:

| Aspecto por valorar | Situación encontrada |
| :--- | :--- |
| Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Se evidencia que la planta se encuentra en funcionamiento. Los residentes de la urbanización San Charbel realizaron la contratación de una empresa para que realizara el mantenimiento y operación de la Planta de Tratamiento.<br>La señora García nos brindó la siguiente información, mediante informe que le brindó la empresa contratada:<br>• Se realizó el mantenimiento y reinstalación de la bomba eléctrica.<br>• Se ha cambiado la manguera de descarga por tubería de mayor diámetro.<br>• Se ha cambiado las fajas de transmisión del soplador. Las fajas “viejas” todavía están en estado aceptable, de manera que se almacenan para el caso de un eventual fallo. Se ha cambiado el aceite del soplador. Quedan 2 galones de aceite para los próximos cambios.<br>• Colocación de caja impermeable de conexión eléctrica.<br>• Se realizó el mantenimiento del filtro.<br>• Se colocó una válvula en la descarga de lodos del lecho del secado.<br>• Se realizó el cambio del timer.<br>• Se realizó la limpieza del digestor de lodos cuya capacidad es de 1.65 m3 / El digestor sedimentador secundario cuya capacidad es de 15.7 m3. |

Based on the foregoing, it is concluded that the residents of the San Charbel Urbanization reactivated the operation of

The operation of the wastewater treatment system must be carried out in compliance with current technical regulations by submitting Operational Reports and on-site compliance with the characteristics of Regulation No. 33601” (see the contested report of the director of the Alajuela 2 Health Governing Area, added to the digital case file).

f) On November 25, 2024, health order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 was notified to the Municipality of Alajuela and it was granted ten business days for its compliance (see the contested report of the director of the Alajuela 2 Health Governing Area, added to the digital case file).

g) On December 20, 2024, the treatment plant was put into operation by the community residents (see the contested report of the director of the Alajuela 2 Health Governing Area, added to the digital case file).

IV.- On the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. On repeated occasions this Tribunal has developed the content of this right, set forth in Article 50 of the Political Constitution. The protection of the environment is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life of all, which makes necessary the intervention of the Public Powers over factors that may alter its balance and hinder a person from developing and thriving in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this regard, the control and oversight of environmental matters and activities constitutes an essential function of the State; therefore, regarding environmental protection, the functions of governing, controlling, and overseeing environmental matters correspond to the State, through the various administrative agencies.

V.- On the specific case. In the present matter, the appellant claims that she is a resident of the San Charbel urbanization, located in Guácima de Alajuela, and the community’s treatment plant is on municipal land and is without maintenance. She points out that this caused it to stop operating and created a serious environmental and health problem, for which the Ministry of Health issued a health order. She indicates that through proceeding No. 4530-2023, the described problem was reported to the appealed local government; however, as of the date she files for amparo, the problem persists. Therefore, she considers that her fundamental rights and those of the community residents have been violated.

In this regard, after analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the appealed authorities, with timely warning of the consequences set forth in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it is established that the Municipality of Alajuela has been aware of the wastewater treatment plant problem alleged by the petitioner since January 16, 2023, under proceeding No. 4530-2023 filed by the Residents of San Charbel Urbanization. Also, that the land where the San Charbel Urbanization Treatment Plant is located is a communal area in the name of the Municipality of Alajuela. Now, the acting municipal authorities justify that the mayor’s office requested the opinion of different municipal departments and it was concluded that the treatment plant must be transferred to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, but the corresponding management before that institution has not been carried out.

For his part, the executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado reports that the Municipality of Alajuela is responsible for determining the measures required to solve the administration problem of the wastewater treatment plant, which in turn approved the urban development in said zone at the time, and should it decide to transfer the administration to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, it must comply with the provisions of the Regulation for Approval and Reception of Sanitation Systems, Agreement No. 2022-354 of the AyA Board of Directors, published in ALCANCE No. 171 to GACETA No. 151 of Wednesday, August 10, 2022.

Now, it is held that on November 22, 2024, the Alajuela 2 Health Governing Area conducted an inspection of the wastewater treatment plant of the San Charbel Urbanization and it was concluded that it is not in operation and generates a risk to public health and the environment, for which health order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 was issued, through which the Municipality of Alajuela was ordered as follows: “1. Reactivate the operation and maintenance of the San Charbel Urbanization wastewater treatment plant. Present evidence of the actions taken to the Alajuela 2 Health Governing Area. 2. The operation of the wastewater treatment system must be carried out in compliance with current technical regulations by submitting Operational Reports and on-site compliance with the characteristics of Regulation No. 33601.” In this sense, it is inferred that on November 25, 2024, health order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-271-2024 was notified to the Municipality of Alajuela and it was granted ten business days for its compliance.

In light of this scenario, the alleged inaction of the municipal authorities is deemed confirmed, since although they determined the actions they need to carry out, the truth of the matter is that the reported situation currently persists, in the sense that they have not conducted the corresponding procedures to solve the treatment plant problem, nor its transfer to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados—whom they claim should be the ones to provide maintenance—. The foregoing, despite being aware of the problem in question since 2023, without any evidence that any other measure has been taken, that there is any certain solution to the problem reported by the appellant, or that a date to resolve said problem has been defined. Under this state of affairs, we are facing a serious sanitary problem that affects the environment and the health of the community’s inhabitants, and it is confirmed that the Municipality of Alajuela has shown an inability to enforce the laws on the matter and its obligation to guarantee the inhabitants of the area the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with consequences for the health of those people due to the nature of the sanitary problem afflicting them. In reiterated jurisprudence, the Chamber has stated that it cannot be accepted that human beings be denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of oversight and the solution to problems granted by law. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient.

Due to the foregoing, it is appropriate to grant the appeal so that the authorities of the Municipality of Alajuela issue the orders and carry out the respective actions within the scope of their powers, in order to definitively resolve the problem reported by the appellant and confirmed by the health authorities brought into the amparo proceeding. Now, although on December 20, 2024, the treatment plant was put into operation, the truth is that this was done by the community residents, which does not imply that the municipal authorities should not carry out the corresponding procedures so that the situation set forth in the present proceeding is definitively remedied, since they allude that they must manage for the treatment plant to be administered by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

VI.- On the other hand, it is necessary to indicate that no action or omission is observed on the part of the health authorities, who, for their part, having full knowledge of the problem affecting the residents of the sector, have been in charge of providing follow-up to the case, verifying its existence, and issuing the corresponding health order. Likewise, regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, given that it is not inferred that they are the ones responsible for maintaining the wastewater treatment plant. Thus, it is appropriate to dismiss the appeal with respect to such authorities.

VII.- Note from Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the undersigned’s opinion that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which the appellant alleges that she is a resident of the San Charbel urbanization, located in Guácima de Alajuela, and the community’s treatment plant is on municipal land and is without maintenance, which caused it to stop operating and created a serious environmental and health problem, for which she reported the described problem to the appealed local government; however, as of the date she files for amparo, the problem persists, violating the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VIII. Partial dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Although I concur with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a period of six months, counted from the notification of this judgment, definitive and comprehensive attention is given by the Municipality of Alajuela to the complaints raised by the appellant regarding the wastewater treatment plant of the San Charbel Urbanization. Instead, what is provided by the Contentious-Administrative Procedural Code regarding enforcement (Article 155 and following) has clear advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the judgment enforcement rules of said Code.

IX.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is granted, solely, against the Municipality of Alajuela. Roberto Hernán Thompson Chacón, Roy Delgado Alpízar, Luis Francisco Alpízar Barrantes, and José Luis Chacón Ugalde, in their respective capacities as mayor of Alajuela, director of Planning and Infrastructure Construction, coordinator of the Municipal Sanitation Subprocess, and coordinator of the Aqueduct and Sanitation Process, all of the Municipality of Alajuela, or whoever holds those positions, are ordered, within a period of SIX MONTHS counted from the notification of this judgment, to carry out, in a coordinated and joint manner with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Alajuela 2 Health Governing Area, the necessary acts to eliminate the problem reported by the appellant regarding the wastewater treatment plant. The appealed authorities, or whoever holds their positions, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Alajuela is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement proceeding of the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado adds a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the enforcement rules established in Articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedural Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the enforcement procedures of this ruling may be initiated. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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