Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En razón de lo expuesto, al constatarse este problema -independientemente, de las causas que convergen para ocasionarlo, así como debe ser solucionado- esta Sala debe intervenir para garantizar los derechos de los habitantes de ese sector, posibles afectados en épocas de lluvia, y por ende ordenar, la búsqueda de soluciones definitivas entre el gobierno local y el CONAVI para remediar el problema que aqueja al recurrente y lo cual se agrava durante el invierno. En virtud de lo expuesto, el amparo debe acogerse contra ambas autoridades con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia.
V.- Finalmente, este Tribunal no comprueba la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada por parte de Ministerio de Salud en los términos en los que fue planteado el recurso. Ello por cuanto, de los autos se desprende que la representante del Ministerio de Salud informa que el Área Rectora de Salud de Naranjo atendió la denuncia interpuesta por el recurrente el año 2018 y los hechos alegados en el año 2024 son presentados como nuevos y no les fueron notificados hasta la interposición de este recurso de amparo. Denuncia del 2018 que, como se indicó, fue conocida por esta Sala en el recurso de amparo que se tramitó en el expediente No. 18-007747-0007-CO
Ergo, no se estima el amparo en cuanto al Ministerio de Salud concierne.
English (translation)In view of the above, upon confirming this problem —regardless of the converging causes and how it should be solved— this Chamber must intervene to guarantee the rights of the residents of that sector, who may be affected during the rainy season, and therefore order the search for definitive solutions between the local government and CONAVI to remedy the problem afflicting the petitioner, which worsens during the winter. By virtue of the foregoing, the amparo must be upheld against both authorities with the consequences detailed in the operative part of this judgment.
V.- Finally, this Court does not find a violation of the fundamental rights of the petitioner by the Ministry of Health in the terms set forth in the appeal. This is because the record shows that the Ministry of Health's representative reports that the Naranjo Health Area addressed the complaint filed by the petitioner in 2018, and the facts alleged in 2024 are presented as new and were not notified to them until this amparo was filed. Complaint from 2018 that, as indicated, was heard by this Chamber in the amparo processed under file No. 18-007747-0007-CO.
Therefore, the amparo is not upheld regarding the Ministry of Health.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 02056 - 2025 Fecha de la Resolución: 24 de Enero del 2025 a las 09:15 Expediente: 24-032775-0007-CO Redactado por: Anamari Garro Vargas Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. 002056-25. PODER EJECUTIVO. SE ORDENA AL ALCALDE DE NARANJO Y DE DIRECTOR EJECUTIVO EN EJERCICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES, PREVIA COORDINACIÓN ENTRE SÍ, SE REALICEN TODAS LAS GESTIONES Y OBRAS PERTINENTES PARA SOLUCIONAR DE MANERA INTEGRAL Y DEFINITIVA EL PROBLEMA DE INUNDACIONES DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA DE NARANJO, CARRETERA HACIA PALMARES. VCG01/2025 “(…) IV.- Sobre el fondo. Primeramente, es de mérito aclarar que el recurrente interpuso el recurso de amparo que se tramitó en el expediente No. 18-007747-0007-CO, donde alegó que “un terreno ubicado a 150 metros de su casa de habitación se está lotificando y hay un mal manejo de las aguas pluviales y residuales. Precisa que se ha incrementado la escorrentía superficial que discurre hacia su vivienda, por lo que se ha puesto en conocimiento de esta situación a las autoridades municipales y de salud. Agrega que el Concejo Municipal de Naranjo conoció el caso y concedió permiso para que se construyera o se modificara un camino dentro de ese predio. Refiere que el 9 y 12 de febrero de 2018 interpuso las denuncias respectivas ante la Municipalidad de Naranjo y el Ministerio de Salud; sin embargo, no ha recibido solución alguna al problema. Estima que, lo anterior, es violatorio de sus derechos fundamentales”. Asunto declarado con lugar por sentencia No. 2018-013309 de las 09:20 horas del 17 de agosto de 2018. Se ordenó a la Directora del Área Rectora de Salud de Naranjo notificarle el oficio No. CO-DARS-N-0515-2018 y al Alcalde de Naranjo darle respuesta a la denuncia que había planteado el 09 de febrero de 2018. En este asunto, que había presentado el recurrente en el citado expediente y se ordenó tramitar como amparo nuevo, por ser hechos diferentes, acusa el recurrente la supuesta inacción de las autoridades recurridas en la atención a la problemática por inundaciones en el sector donde vive en Candelaria de Naranjo, carretera hacia Palmares, producidas por el mal manejo de agua residuales y pluviales. Situación que denunció por primera vez en el año 2018. Respecto a tales inundaciones, no las niegan ninguna de las autoridades recurridas, a saber: Municipalidad de Naranjo y CONAVI, pero tampoco aceptan la responsabilidad. El ayuntamiento dice que “el hecho objeto del recurso se produce en una ruta nacional la 148 del CONAVI, dirección [...], nótese que hace referencia a manejo de aguas residenciales y pluviales siendo responsables los propietarios de las viviendas (…) Casos como los del recurrente son trasladados a las instancias correspondientes, lo cual fue realizado por el Ing. Joseph Esteban Salazar Madrigal, Unidad Técnica de Gestión Vial, quien vía correo electrónico trasladó la problemática denunciada por el recurrente en este recurso al Departamento técnico que administra la Red Vial Nacional al Ing. Alejandro Badilla Vargas del CONAVI. Ver Oficio UTGV-MN-CI-459-2024 y el correo electrónico de fecha 04 diciembre de 2024 09:35, como documentos de prueba”. Finalmente, el Director Ejecutivo en ejercicio del CONAVI informa que “la topografía del terreno es la que indica naturalmente el desfogue de las aguas, las mismas probablemente corrían por la propiedad existente sin mayor tema, al ir segregando la propiedad y construir cerca del canal de desfogue, al aumentar la cantidad de casas construidas, se genera mayor deposición de aguas de lluvia en la cuneta existente. La carretera existe desde antes de las construcciones, así como el desfogue natural, el cual se ha sido modificado por el acceso a las casas. Importante también indicar que el canal, está fuera del derecho de vía de la ruta, donde ya es responsabilidad del dueño de la propiedad su adecuado mantenimiento, como lo indica la Ley”. Empero, es lo cierto que en el sub examine no consta que tal problemática haya sido debidamente atendida, ni se vislumbra que se vaya a actuar en ese sentido. En razón de lo expuesto, al constatarse este problema -independientemente, de las causas que convergen para ocasionarlo, así como debe ser solucionado- esta Sala debe intervenir para garantizar los derechos de los habitantes de ese sector, posibles afectados en épocas de lluvia, y por ende ordenar, la búsqueda de soluciones definitivas entre el gobierno local y el CONAVI para remediar el problema que aqueja al recurrente y lo cual se agrava durante el invierno. En virtud de lo expuesto, el amparo debe acogerse contra ambas autoridades con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia. V.- Finalmente, este Tribunal no comprueba la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada por parte de Ministerio de Salud en los términos en los que fue planteado el recurso. Ello por cuanto, de los autos se desprende que la representante del Ministerio de Salud informa que el Área Rectora de Salud de Naranjo atendió la denuncia interpuesta por el recurrente el año 2018 y los hechos alegados en el año 2024 son presentados como nuevos y no les fueron notificados hasta la interposición de este recurso de amparo. Denuncia del 2018 que, como se indicó, fue conocida por esta Sala en el recurso de amparo que se tramitó en el expediente No. 18-007747-0007-CO Ergo, no se estima el amparo en cuanto al Ministerio de Salud concierne. VI.- Conclusión. Bajo dicha inteligencia, al tenerse por violentados, en la especie, los derechos fundamentales del recurrente, lo que procede es acoger este amparo, en cuanto a las autoridades de la citada corporación municipal y el CONAVI, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia. Respecto al Área Rectora de Salud de Naranjo del Ministerio de Salud, se desestima el amparo en concordancia con lo antes expuesto. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 169- Gobierno municipal Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA III.- Sobre las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial. Corresponde a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política. De ahí se deriva la competencia de las municipalidades para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad. Esto incluye el deber de establecer una política integral de planeamiento urbano, que garantice un desarrollo urbano en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Igualmente, de lo anterior se deriva la obligación de adoptar las medidas requeridas para proveer al cantón de un adecuado sistema de alcantarillado pluvial, a fin garantizar a sus habitantes el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación. En cuanto al tema específico de las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial, en sentencia número 2008-04210 de las 13:59 horas del 14 de marzo de 2008, reiterada, entre otras, en la sentencia 2015-010562 de las 09:20 horas del 17 de julio de 2015, esta Sala señaló: “Este Tribunal en jurisprudencia reiterada ha reconocido que el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental que deriva del artículo 50 Constitucional, según el cual, no sólo consagra el derecho de todo ciudadano a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que además obliga al Estado a garantizar el ejercicio de dicho derecho, mediante los medios establecidos al efecto por la legislación vigente. Concretamente, tal como lo ha dicho esta Sala en la sentencia número 2005-009900 de las diez horas del veintinueve de julio del dos mil cinco debe la Municipalidad construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente las aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros: “ (…) Sobre las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial.- Es conveniente tomar en cuenta que el artículo 169 de la Constitución Política establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido. La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus vecinos es, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar (…) Por tal motivo, la Municipalidad de Goicoechea, está obligada a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a la comunidad amparada, de un sistema eficiente de drenaje de las aguas pluviales. Ajustado a criterios de razonabilidad debe la Municipalidad construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente esas aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros”. (…)” VCG01/2025 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. VII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el Alcalde de Naranjo y la Directora del Área Rectora de Salud de Naranjo del Ministerio de Salud han sido omisos con los compromisos ordenados en cuanto a mejoras de obras en un canal a cielo abierto, así como manejo de las aguas tanto residuales como pluviales que afectan su comunidad, pues se han instalado alcantarillas sin capacidad de paso de aguas pluviales, donde no hay proyecciones a futuro, ni se ha construido un sistema de alcantarillado que mitigue los daños que afectan a la población en este sector. VCG01/2025 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 056- Ejecución de sentencias Subtemas: NO APLICA. VIII.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la ejecución de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde corresponde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar un adecuado seguimiento. Como bien se sabe, de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) la ejecución de las órdenes dictadas por la Sala Constitucional corresponde, en principio, ser fiscalizada por la propia Sala. Sin embargo, el art. 56 de la LJC contempla supuestos de excepción en los que, por determinación de la propia Sala, se ordene residenciar la ejecución de la sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa. La norma en cuestión establece lo siguiente: “Art. 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original). Recuérdese que en el proyecto de ley de discusión de la LJC se preveía originalmente lo siguiente: “Art. 56. Las sentencias favorables al recurrente se ejecutarán en la vía contencioso-administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley Reguladora de esa Jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original). Sin embargo, el texto fue modificado vía moción para que la norma fuera coincidente con lo regulado en el art. 153 de la Constitución Política, pero se realizó la siguiente explicación: “EL SECRETARIO: Moción No. 68 (32-19) del diputado Chacón Jiménez: “artículo 57 (antes 56): para que el texto se lea así: “la ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones o responsabilidades pecuniarias en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción”. EL PRESIDENTE: En discusión la moción leída? Doctor Piza Escalante: Aquí había una contradicción con la tesis genérica de que son los Tribunales los que ejecutan sus sentencias y enviaba la Jurisdicción Contencioso Administrativo toda la ejecución; entonces quedaban al aire los otros artículos que le permitían a la Sala ejecutarlos. Diputado Corrales Bolaños: En esa parte dice: “o en otros aspectos que la propia Sala considere del aso…”, a qué se está refiriendo? Doctor Piza Escalante: La idea es que la Sala, en la vía de ejecución de sentencia, resuelva lo que ella considere que le corresponde. Lo que demás, lo envía a la vía Contencioso Administrativa. EL SECRETARIO: Se considera suficientemente discutida la moción? EL PRESIDENTE: Discutida. Aprobada (unanimidad, cinco señores diputados presentes).” (Sic. Ver actas de aprobación de la LJC. Lo destacado no corresponde al original). A partir de lo anterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala a que resuelva lo que ella considera que le atañe y podría, de estimarlo así, derivar en la jurisdicción contenciosa administrativa los aspectos que ella valore que así corresponde. En el caso concreto, la sentencia dispone lo siguiente: “Se ordena a Randall Vega Blanco y a Cristhian Arroyo Gamboa, respectivamente, en su condición de Alcalde de Naranjo y de Director Ejecutivo en ejercicio del Consejo Nacional de Vialidad o a quienes ocupen esos cargos, coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de su competencias, a fin de que, dentro del plazo máximo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, previa coordinación entre sí, se realicen todas las gestiones y obras pertinentes para solucionar de manera integral y definitiva el problema de inundaciones de la comunidad de Candelaria de Naranjo, carretera hacia Palmares, que afecta al recurrente [Nombre 001]”. Es palmario que lo ordenado reviste cierta complejidad, cuya ejecución difícilmente puede seguirse con eficacia en esta Sala Constitucional. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (art. 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la LJC, a mi juicio, la ejecución de esta sentencia debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. Por lo anterior, salvo el voto respecto de la ejecución de la sentencia, la cual, de conformidad con el art. 56 de la LJC, corresponde ser residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. A tales efectos, ordeno remitir una copia de esta resolución para que se inicien los procedimientos de ejecución de este fallo. VCG01/2025 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 24-032775-0007-CO Res. Nº 2025002056 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-032775-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], mayor, cédula de identidad [Valor 001], contra la Municipalidad de Naranjo, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Vialidad. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:35 horas del 13 de noviembre de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Naranjo y el Ministerio de Salud y expresa que el alcalde de Naranjo y la directora del Área Rectora de Salud de Naranjo, han sido omisos con los compromisos ordenados en cuanto a mejoras de obras en un canal a cielo abierto, manejos de las aguas tanto residuales, como pluviales. Indica que dicha situación la denunció por primera vez en 2018, lo anterior por inundaciones a su casa y las de sus familiares e hijos. Manifiesta que, además, lo reiteró mediante escrito de las 15:13 horas de 27 de setiembre de 2022. Narra que su casa de habitación se encuentra ubicada [...]. Agrega que los recurridos, como obra de mitigación, lo que hicieron fue tapar a medias una caja de registro en donde desaguaban las aguas que venían de las partes altas de un sector del lado izquierdo en la ruta nacional No. 148, hecho que solucionó a medias los daños en ese momento, debido a que la escorrentía de las aguas fluye por ambos lados de la ruta 148. Indica que en la actualidad los daños ambientales en la zona donde vive se han incrementado con la gran cantidad de construcciones nuevas en las partes altas en donde la Municipalidad de Naranjo ha irrespetado algunos planeamientos en cuanto al manejo de las aguas pluviales y residuales mismas que desfogan en la Ruta 148 del Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI-, afectación que se han incrementado con las inclemencias del tiempo por las lluvias fuertes. Manifiesta que dicha situación se ha agravado con las lluvias torrenciales de los últimos días. Narra que el problema se ha incrementado y es muy visible en la actualidad, con las entradas que han construido para ingresar con sus vehículos a sus viviendas, construcciones que han hecho a la orilla de la ruta 148 del CONAVI, en donde han instalado alcantarillas sin capacidad de paso de aguas pluviales, donde no hay proyecciones a futuro, ni se ha construido un sistema de Alcantarillado, que mitigue los daños que afectan a la población en este sector, esto sobre el margen derecho de la carretera que va de Naranjo hacia Palmares, esto sucede cada vez que llueve con gran intensidad, provocando que este agua pluvial escurra aguas abajo por la carretera a ambos lados, formándose como un río, incluso en estos momentos es que se desborda hacia el lado izquierdo de la ruta 148 del CONAVI, provocando a su vez que se rebalse en algunos sectores se inunden casas como ha acontecido. Agrega que es lamentable ver lo que acontece y que nadie hace nada incluso la municipalidad que es la que tiene que realizar las mejoras o si no por lo menos gestionar el ente para que solucione a futuro este problema. Indica que, para estos días, que se han provocado estas inundaciones la señora Arelis García González, al ver la situación de la afectación de los fuertes aguaceros, llamó a la Fuerza Pública y al 911 para reportar los hechos de los fuertes aguaceros que están ocurriendo en el lugar y lo que estaban provocando, pero, la inacción de los recurridos le ha generados pérdidas económicas y vulneraciones a sus derechos fundamentales. 2.- Mediante resolución No. 2024-034395 de las 10:05 horas del 19 de noviembre de 2024, dictada en el recurso de amparo que se tramitó en el expediente No. 18-007747-0007-CO, la Sala dispuso desglosar el escrito aportado a las 12:37 horas del 13 de noviembre de 2024 a fin de que se tramitado como un asunto nuevo. 3.- Mediante resolución de las 10:20 horas del 25 de noviembre de 2024, la Presidencia de la Sala señaló que de conformidad con lo dispuesto en la resolución dictada por la magistrada Ingrid Hess Herrera a las 10:05 horas de 19 de noviembre de 2024 dentro del expediente número 18-007747-0007-CO, se tramitara el escrito que consta en el expediente electrónico, como un asunto nuevo. Además, dio curso a este amparo y se le solicitó informe al alcalde y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Naranjo; así como a la directora del Área Rectora de Salud de Naranjo del Ministerio de Salud, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 4.- Informa bajo juramento Melissa Pérez Solano, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Naranjo de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Occidente del Ministerio de Salud (escrito presentado a las 14:47 horas del 05 de diciembre de 2024) en los siguientes términos: “Al respecto me apersono ante la Honorable Sala Constitucional con el objeto de rendir informe de lo actuado, dentro del plazo conferido. I. SOBRE LOS HECHOS CONSULTADOS POR LA HONORABLE SALA CONSTITUCIONAL: 1. “(…) “informe sobre los dispuestos alegados por el recurrente… Estos hechos implican: 1. Omisión a los compromisos ordenados en cuanto a mejoras de obras de un canal a cielo abierto, manejo de las aguas tanto residuales, como pluviales. Esto en alusión a denuncia interpuesta por la parte recurrente ante el Ministerio de Salud en el año 2018. 2. En la actualidad los daños ambientales en la zona donde viven se han incrementado con la gran cantidad de construcciones nuevas en las partes altas, en donde la Municipalidad de Naranjo ha irrespetado algunos planteamientos en cuanto al manejo de las aguas pluviales y residuales, mismas que desfogan en la ruta 148 del CONAVI. 3. El problema se ha incrementado y es muy visible en la actualidad, con las entradas que han construido para ingresar con sus vehículos a sus viviendas, construcciones que han hecho a la orilla de la ruta 148 del CONAVI, en donde han instalado alcantarillas sin capacidad de paso de aguas pluviales donde no hay proyecciones a futuro, ni se ha construido un sistema de alcantarillado que mitigue los daños. II. ANALISIS DE LOS HECHOS: 1. Consta en los archivos de este Ministerio de Salud expediente denuncia D-N043-2018 interpuesta por [Nombre 001] por inundaciones presentadas en época lluviosa por incapacidad de canal de manejo de agua pluvial para soportar el volumen, obstrucción con basura, piedra y lastre de reparaciones de caminos o de construcciones en sector arriba del Alto Murillo, Naranjo. Indica además levantamiento de construcciones sin ninguna planificación e inadecuado manejo de aguas residuales depositadas en este canal que en verano se acumula y provoca criaderos de vectores de enfermedades. 2. Se realiza primera inspección el día veintiuno de marzo del dos mil dieciocho a sitio Alajuela, Candelaria, del Súper Las Américas, 1200 mts al sur, carretera hacia Palmares, donde se visualiza la existencia de alcantarillado de agua pluvial sobre cada lado de carretera nacional ruta 148. Describe el informe CO-ARS-NRS-0322-2018 (folio del expediente 00005-00006) el alcantarillado al lado sur se encuentra seco y limpio, por lo cual se descarta inadecuado manejo de agua residual de esa zona, mientras el sistema ubicado al lado norte presenta problemas de maleza y residuos. 3. Se confecciona y notifica al CONAVI orden sanitaria N°OS-CO-DARS-N-076-2018 con el contenido de efectuar el mantenimiento de limpieza al alcantarillado lado norte carretera ruta nacional 148, 1200 mts oeste del súper Las Américas. 4. Se notifica al denunciante de lo llevado a cabo el día tres de mayo del año dos mil dieciocho a través de oficio CO-DARS-N-0515-2018. 5. El diecinueve de junio del dos mil dieciocho se da seguimiento por parte de la autoridad en salud al grado de acatamiento de la orden N°OS-CO-DARS-N-076- 2018. Se determina el sistema de cunetas fue sometido a limpieza. Se da por cumplido el acto. Informe CO-ARS-N-RS-0619-2018 folio del expediente 00014-00015. 6. Se informa de lo actuado al denunciante el cuatro de julio del año dos mil dieciocho por medio de oficio CO-DARS-N-0749-2018. 7. Se recibe el veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho pronunciamiento por parte del denunciante señor [Nombre 001] donde se manifiesta sobre lo intervenido por el Ministerio de Salud, describiendo persiste el inadecuado manejo de aguas residuales de construcciones existentes y nuevas. 8. A raíz de dicha nota se procede a un nuevo reconocimiento el cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho ampliando la zona de revisión. Se describe un canal que recoge las aguas de dos sistemas pluviales o sectores y que redirige estas aguas a un tercer canal donde se unen. Se valora las dimensiones del canal que traslada las aguas de los dos sectores superiores topográficamente hasta el desfogue a un tercero. Este canal pasa por propiedades privadas bajo la figura que aparenta servidumbre de paso. Se considera de dimensiones adecuadas y la importancia de su limpieza periódica para evitar obstrucciones. Sobre las aguas residuales se observan las mismas en el sistema de agua pluvial y por recorrido se relaciona a cuatro moradas como las posibles fuentes. Sobre construcciones nuevas sin planificación e incorrecto manejo de aguas pluviales y residuales lo que se observa a ese momento es un lote donde se supone se está llevando a cabo un proyecto inmobiliario, sin ninguna edificación o vivienda construida, sin identificar riesgos por vectores o residuos inorgánicos. Se concluye la necesidad de coordinación con otras dependencias y seguimiento posterior para abordaje de casas de habitación. Informe CO-ARS-N-RS-0947-2018 9. Se remite por oficio CO-DARS-N-1071-2018 a la Municipalidad de Naranjo descripción de la denuncia para su atención. 10. El veinte de noviembre del año dos mil dieciocho se procede a visitar las cuatro casas sospechosas de verter aguas residuales al canal logrando concretar tres seguimientos efectivos, donde una morada no depositaba sus aguas a caño y dos sí. Una inspección no fue posible de efectuar por no encontrarse a nadie que recibiera a la autoridad. 11. Informes CO-ARS-N-RS-1379-2018, CO-ARS-N-RS-1378-2018, CO-ARS-NRS-1376-2018 y CO-ARS-N-RS-1377-2018 12. Se confeccionan y notifican los actos administrativos N°OS-CO-DARS-N-305- 2018 y N°OS-CO-DARS-N-306-2018, cuya ordenanza es conducir las aguas residuales ordinarias provenientes de ducha, lavamanos, lavadora y pilas a sistema de tratamiento de agua residual. Vencimiento siete de febrero del dos mil diecinueve. De lo anterior se participa al denunciante mediante oficio CODARS-N-1453-2018. 13. Se realizan nuevas visitas a la infraestructura pendiente, con un resultado infructuoso por no ubicar a nadie en sitio, por lo cual se emite orden sanitaria N°OS-CO-DARS-N-159-2019 para coordinación de inspección. Esta se concreta el dos de octubre del año dos mil diecinueve documentando las aguas de esta propiedad no son depositadas en caño de vía pública. Informe CO-ARS-N-RS1226-2019 14. El veinte de marzo del dos mil diecinueve se realiza verificación de grado de acatamiento a las órdenes sanitarias N°OS-CO-DARS-N-305-2018 y No. OS-CODARS-N-306-2018, de las dos casas identificadas incumplen la normativa en alusión a disposición de agua residual hacia el canal denunciado. La situación permanece igual. 15. Informes CO-ARS-N-RS-0342-2019 e Informe CO-ARS-N-RS-0343-2019 El veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve el señor [Nombre 001] presenta escrito donde reitera problemas de inundaciones por canal abierto, el cual no tiene capacidad de manejar las aguas recolectadas en sectores de la parte alta. Insiste en la obstrucción del sistema de manejo de agua pluvial con basura, tierra, piedras y lastre. Agrega acumulación de aguas residuales estancadas, lo que se traduce en criaderos de zancudos. 16. Por medio de oficio CO-DARS-N-0363-2019 se contesta al señor [Nombre 001] donde se le menciona las casas que efectivamente vierten sus aguas residuales a caño, las acciones tomadas por este Ministerio con estas, y el resultado de seguimiento. Se le aclara además que la capacidad del canal, así como su mantenimiento, para desaguar las aguas pluviales no es una competencia del Ministerio de Salud llevar a cabo. 17. El nueve de abril del dos mil diecinueve se realiza nuevo recorrido general por el sistema, describiendo la autoridad en salud observar pocos residuos, algunos de lastre, ligera maleza y ligero caudal de aguas residuales provenientes de las residencias que incumplieron la orden sanitaria. No existen a ese momento estancamientos. Informe CO-ARS-N-RS-0417-2019. 18. Se notifica de estos últimos hallazgos al señor [Nombre 002] mediante oficio CO-DARS-N-0545-2019. 19. Se elevan oficios de apercibimiento de medidas especiales a las propietarias de las moradas que incumplen la orden sanitaria en búsqueda de que se corrija la situación. Oficios CO-DARS-N-1510-2019 y CO-DARS-N-1511-2019 20. El treinta de abril del año dos mil veinte, como posible medida especial a tomar por incumplimiento a órdenes sanitarias, se valoran ambas edificaciones con tratamiento inadecuado de aguas residuales para determinar habitabilidad El criterio de la autoridad en salud es que las viviendas son habitables y por ende esta medida especial no es aplicable en este caso. Informes MS-DRRSCODARSN-RS-0515-2020 y N°MS-DRRSCO-DARSN-RS-0516-2020 21. Nuevamente se elevan oficios de apercibimiento a las propietarias de las moradas que incumplen la orden sanitaria en búsqueda de que se corrija la situación. Oficios MS-DRRSCO-DARSN-0608-2020 y MS-DRRSCO-DARSN0609-2020. 22. El veinticinco de agosto del dos mil veinte se realiza nueva visita observando se mantiene el inadecuado manejo de agua residual en ambas construcciones. Informes MS-DRRSCO-DARSN-RS-1102-2020 y No. MS-DRRSCO-DARSN-RS1103-2020 23. Se confeccionan y notifican informes sanitaria s para cobro de multa como sanción por incumplimiento a las órdenes sanitarias N°OS-CO-DARS-N-305-2018 y N°OS-CO-DARS-N-306-2018. Estos informes son anulados posteriormente por fallo con lugar a recurso de apelación interpuesto por las propietarias de los inmuebles implicados. 24. El seis de septiembre del año dos mil veintidós se da otro seguimiento al inadecuado manejo de agua residual en canal para manejo de aguas pluviales siendo inefectivo al no encontrarse a nadie en los aposentos relacionados, no obstante, se revisa el caño y se encuentra completamente seco, sin rastros de aguas jabonosas. Informe N°MS-DRRSCO-DARSN-RS-1339-2022. 25. El proceso se mantiene inactivo por las partes durante lo restante del año dos mil veintidós y todo el año dos mil veintitrés, por lo cual se dicta caducidad a las órdenes sanitarias N°OS-CO-DARS-N-305-2018 y N°OS-CO-DARS-N-306-2018 el treinta y uno de enero del año dos mil veinticuatro a través de los actos N°MS-DRRSCO-DARS-N-0092-2024 y N°MS-DRRSCO-DARS-N-0091-2024. Se indica en estas mismas actuaciones iniciar el proceso de oficio. 26. Es por esta razón que el veinte de junio del año dos mil veinticuatro se realiza nueva inspección donde se observa un caño en ese momento seco. Recomienda la autoridad en salud cerrar el trámite. Informe No. MS-DRRSCO-DARSN-RS1101-2024. UNA VEZ EXPUESTOS LOS HECHOS SE RETOMAN LOS ASPECTOS RECURRIDOS: “1. Omisión a los compromisos ordenados en cuanto a mejoras de obras de un canal a cielo abierto, manejo de las aguas tanto residuales, como pluviales. Esto en alusión a denuncia interpuesta por la parte recurrente ante el Ministerio de Salud en el año 2018.” No corresponde al Ministerio de Salud, y así se le notificó al denunciante, realizar obras sobre el canal para manejo de agua pluvial. En cuanto a la denuncia del dos mil dieciocho fue abordada. En junio del presente no se observan aguas residuales en el canal implicado en el presente asunto. Los hechos de contaminación ambiental por aguas residuales fueron archivados. “2. En la actualidad los daños ambientales en la zona donde viven se han incrementado con la gran cantidad de construcciones nuevas en las partes altas, en donde la Municipalidad de Naranjo ha irrespetado algunos planteamientos en cuanto al manejo de las aguas pluviales y residuales, mismas que desfogan en la ruta 148 del CONAVI. En el año dos mil dieciocho no se determinó como cierto la existencia de construcciones nuevas, al no visualizar las mismas en sitio. No existe denuncia actual en nuestros archivos sobre este asunto. La planificación urbana es competencia exclusiva del ente Municipal. “3. El problema se ha incrementado y es muy visible en la actualidad, con las entradas que han construido para ingresar con sus vehículos a sus viviendas, construcciones que han hecho a la orilla de la ruta 148 del CONAVI, en donde han instalado alcantarillas sin capacidad de paso de aguas pluviales donde no hay proyecciones a futuro, ni se ha construido un sistema de alcantarillado que mitigue los daños.” Nuevamente reiteramos ante la honorable sala estas molestias son consideradas como nuevas y de conocimiento de este Ministerio mediante el presente recurso. Agregamos el tema de construcciones sobre sistema de tratamiento de agua pluvial no es de competencia de este Ministerio resolver y nuestro proceder por ende sería referir a la entidad competente. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA HONORABLE SALA CONSTITUCIONAL CONSIDERAR: 1. Ausencia de Construcciones Nuevas en 2018 En las inspecciones realizadas en el año 2018, tal y como consta en el informe técnico CO-ARS-N-RS-0947-2018, no se observaron construcciones nuevas en la zona afectada. La situación en ese momento reflejaba condiciones que no comprometían el sistema pluvial de forma significativa. Es relevante recalcar que cualquier construcción que haya surgido con posterioridad a las inspecciones de 2018 no estaba dentro del ámbito de conocimiento del Ministerio de Salud en ese momento, y no se encontraba en nuestras competencias la evaluación urbanística. En representación de la Autoridad de Salud, y considerando la disposición del Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, presentamos los siguientes argumentos ajustados en defensa ante el recurso de amparo interpuesto: Aplicación del Artículo 35 en el Contexto del Recurso de Amparo: El artículo establece que el recurso de amparo puede interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación o hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos En relación con los hechos originados en 2018, consideramos que las acciones y medidas tomadas por la Autoridad de Salud en su momento abordaron adecuadamente las denuncias y cesaron sus efectos directos, lo cual fue documentado y notificado a las partes pertinentes. 2. Hechos de Nueva Noticia y Notificación Oportuna: Aunque el artículo permite la interposición del recurso mientras subsista la violación, es relevante destacar que los hechos alegados en 2024 son presentados como nuevos y no fueron notificados a la Autoridad de Salud hasta la interposición del recurso. Esto implica que la Autoridad no tuvo la oportunidad de actuar sobre estos nuevos hechos dentro del marco de sus competencias antes de la presentación del recurso. La falta de notificación previa limita la capacidad de respuesta de la Autoridad de Salud y debería ser considerada en la evaluación de la procedencia del recurso bajo la premisa de los "hechos de nueva noticia". 3. Competencia y Responsabilidad de la Autoridad de Salud: Reiteramos que la responsabilidad de la Autoridad de Salud no incluye la planificación urbana ni la regulación de construcciones en los aspectos aquejados, siendo estas competencias de la municipalidad y otras entidades de gobierno. Las acciones tomadas por la Autoridad de Salud respecto a los hechos conocidos en 2018 fueron adecuadas y oportunas según las denuncias recibidas y las competencias de la Autoridad. 4. Síntesis: Argumentamos que la falta de notificación y la clara delimitación de competencias justifican la evaluación de este recurso como improcedente bajo las circunstancias presentadas. La Autoridad de Salud ha cumplido con su deber conforme a las denuncias y hechos conocidos y documentados, actuando dentro de sus competencias legales. III. FUNDAMENTO DE DERECHO: • Ley Jurisdicción Constitucional • Ley General de Administración Publica IV. PRUEBA: Como prueba ofrezco fotocopia certificada en formato digital PDF del expediente especifico de denuncia D-N-127-2019 conformado con 00221 folios. V. PETITORIA: 1. Solicitamos que la Sala considere la falta de notificación oportuna sobre los nuevos hechos por parte del amparado y la especificidad de las competencias de la Autoridad de Salud al evaluar la procedencia del recurso. 2. Reconocer que el recurso de amparo, aunque permisible bajo el Artículo 35 LJC, mientras subsista la violación, requiere una demostración clara de que las autoridades pertinentes han sido debidamente notificadas y han fallado en su intervención dentro de un marco temporal razonable. 3. Por lo tanto, solicitamos que se declare la improcedencia del recurso de amparo en base a estos fundamentos legales”. 5.- Informa bajo juramento Randall Vega Blanco, en su condición de Alcalde de Naranjo (escrito presentado a las 14:53 horas del 05 de diciembre de 2024) en los siguientes términos: “Se le informa a los estimados miembros de la SALA que el hecho objeto del recurso se produce en una ruta nacional la 148 del CONAVI, dirección [...], nótese que hace referencia a manejo de aguas residenciales y pluviales siendo responsables los propietarios de las viviendas. Se desconoce de cuales ordenanzas habla el recurrente en cuanto a obras en canal a cielo abierto y de existir son nulas, así como de la obra de mitigación, como antes se indicó no es de nuestra competencia. Evidentemente existió error por el recurrente en cuanto a la tramitación de su gestión. Nótese además que el recurrente sabe que esta ruta es nacional y aun así insiste que debemos realizar las mejoras en sitio, cuando las Unidades Técnicas de las Municipalidades carecen de potestades para intervenir, realizar obras de mantenimiento o rehabilitación, en las rutas de la Red Vial Nacional, incluyendo tanto la superficie de ruedo como los drenajes correspondientes a la vía conforme a la Ley General de Caminos Públicos N. 5060 Art. 4 Inc. a). Casos como los del recurrente son trasladados a las instancias correspondientes, lo cual fue realizado por el Ing. Joseph Esteban Salazar Madrigal, Unidad Técnica de Gestión Vial, quien vía correo electrónico trasladó la problemática denunciada por el recurrente en este recurso al Departamento técnico que administra la Red Vial Nacional al Ing. Alejandro Badilla Vargas del CONAVI. Ver Oficio UTGV-MN-CI-459-2024 y el correo electrónico de fecha 04 diciembre de 2024 09:35, como documentos de prueba. En cuanto a las construcciones realizadas el Departamento de Construcciones por medio de su jefatura indica que ha verificado que las obras realizadas en las propiedades vecinas del recurrente, cumplan con los requisitos establecidos para la conducción de aguas pluviales conforme al Artículo 121 del Reglamento de la ley de Construcciones, comprobándose que las aguas pluviales son dirigidas a colector público, el cual se encuentra conectado a la red de alcantarillado pluvial y que los sistemas de evacuación pluvial existentes en la ruta nacional son competencia de CONAVI. Ver oficio MN-DPU-234-2024 suscrito por Marcos Octavio Picado López Jefe del Departamento de Planificación Urbana, como documentos de prueba. Petitoria Favor declarar el recurso Sin Lugar, esto por competencia”. 6.- Mediante resolución de las 11:52 horas del 06 de enero de 2025, la Magistrada Instructora amplió el recurso contra el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 7.- Informa bajo juramento Cristhian Arroyo Gamboa, en su condición de Director Ejecutivo en ejercicio del CONAVI (escrito presentado a las 14:49 horas del 09 de enero de 2025) en los siguientes términos: “I. RESOLUCION DE TRASLADO: La resolución de las once horas cincuenta y dos minutos del seis de enero de dos mil veinticinco, fue notificada al Consejo Nacional de Vialidad el día 06 de enero del 2025, por lo que se procede a responder los hechos mencionados, en el tiempo y forma de ley. La resolución en cuestión aborda de manera específica los hechos alegados por la parte recurrente: (…) II. ASPECTOS DE RELEVANCIA PARA EL INFORME SOLICITADO: COMPETENCIAS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD Previo a analizar el fondo del presente recurso, es importante recalcar e indicar que las competencias del Consejo Nacional de Vialidad se encuentran limitadas en su ley de creación número 7798. (…) III. ATENCION DEL RECURSO POR EL FONDO El escrito de interposición del Recurso de Amparo presentado por el recurrente, en síntesis, relata los hechos los cuales en resumen son: (…) Por su parte, a efectos de presentar el informe solicitado por la Sala dentro del presente recurso, este Consejo solicitó a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, por medio de su Director Regional, emitir un informe técnico respecto a los alegatos de la recurrente; mismo que fue emitido mediante oficio No. DRC-06-2025-0016 (0189) de fecha 07 de enero del 2025, de acuerdo a lo mencionado por la recurrente y a lo que compete a dicha Gerencia. Es menester indicar, que dicha situación denunciada en el presente Recurso de Amparo por el recurrente fue atendida por primera vez en el año 2018 y dirigido inicialmente al Ministerio de Salud y la Municipalidad de Naranjo, esta ingeniería de Zona conoció del tema por tratarse de una alcantarilla de la Ruta Nacional No. 148. Sin embargo, según informe DRC-06-2025-0016 (0189) de fecha 07 de enero del 2025, se realizó nuevamente la visita al sitio de la solicitud planteada, para verificar el estado actual del lugar. (…) Según se señala en el oficio DRC-06-2025-0016 (0189) de fecha 07 de enero del 2025, emitido por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. “Importante anotar que la topografía del terreno es la que indica naturalmente el desfogue de las aguas, las misma probablemente corrían por la propiedad existente sin mayor tema, al ir segregando la propiedad y construir cerca del canal de desfogue, al aumentar la cantidad de casas construidas, se genera mayor deposición de aguas de lluvia en la cuneta existente. La carretera existe desde antes de las construcciones, así como el desfogue natural, el cual se ha sido modificado por el acceso a las casas. Importante también indicar que el canal, está fuera del derecho de vía de la ruta, donde ya es responsabilidad del dueño de la propiedad su adecuado mantenimiento, como lo indica la Ley. El adecuado mantenimiento del canal permite escurrir las aguas sin afectaciones hasta la deposición de las aguas, es menester de los dueños del terreno dejar un retiro adecuado y no sobrepoblar con construcciones los terrenos. Es importante indicar a los dueños del terreno que es prohibido tapar el paso transversal de las alcantarillas, dado que ocasionaría problemas aguas debajo de la cuneta…” Asimismo, es importante indicar que, sobre el particular, en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Caminos, Ley N 5060 de 22 de agosto de 1972, se dispone lo siguiente: (…) Disposiciones que han sido reiteradas en el Código Municipal en el artículo 75, el que dispone, en lo conducente, lo siguientes: (…) Como lo indica el articulado se reitera que existe una obligación para todos los habitantes que tengan una propiedad colindante con calles públicas de mantener las orillas de las vías en buenas condiciones, con los desagües limpios y sin obstrucciones. Ante el incumplimiento de los administrados, las Municipalidades están facultadas para suplir la omisión de los deberes referidos realizando en forma directa las obras, máxime, cuando se trata de una situación de peligro tanto para los peatones como para las viviendas, trasladando, posteriormente, al propietario el cobro de las obras realizadas. Nótese además que el alegato del recurrente expone lo siguiente: “…Indica que en la actualidad los daños ambientales en la zona donde vive se han incrementado con la gran cantidad de construcciones nuevas en las partes altas en donde la Municipalidad de Naranjo ha irrespetado algunos planeamientos en cuanto al manejo de las aguas pluviales y residuales mismas que desfogan en la Ruta 148 del CONAVI, afectación que se han incrementado con las inclemencias del tiempo por las lluvias fuertes…” (el subrayado es nuestro) Así las cosas, debe considerarse que existe una omisión de la Municipalidad de Naranjo en atender la situación que aqueja al recurrente-lo cual se encuentra fuera de las competencias del CONAVI-, que como indica en su alegato que los daños ambientales en la zona donde vive se han incrementado con la gran cantidad de construcciones nuevas, tomando en consideración que la carretera existe antes de las construcciones, y no menos indicar que el desfogue natural fue modificado por el acceso a las casas y que el canal, esta fuera del derecho de vía de la ruta. (ver fotografía 1) Por lo anterior, los alegatos del recurrente resultan desprovistas de todo fundamento jurídico, al no existir elementos que demuestren que se le haya conculcado algún derecho fundamental como consecuencia de una obra ejecutada o por una inacción del Consejo Nacional de Vialidad. Por las razones de hecho y de derecho expuestas solicito a la honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se declare sin lugar el presente recurso de amparo y se absuelva al suscrito, en calidades indicadas, de toda responsabilidad, así como al Consejo Nacional de Vialidad, al cual represento”. 8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que el Alcalde de Naranjo y la Directora del Área Rectora de Salud de Naranjo del Ministerio de Salud han sido omisos con los compromisos ordenados en cuanto a mejoras de obras en un canal a cielo abierto, manejos de las aguas tanto residuales, como pluviales. Indica que dicha situación la denunció por primera vez en 2018 por inundaciones a su casa de habitación que se encuentra ubicada [...], así como las casas de sus familiares e hijos. Agrega que los recurridos, como obra de mitigación, lo que hicieron fue tapar a medias una caja de registro en donde desaguaban las aguas que venían de las partes altas de un sector del lado izquierdo en la ruta nacional No. 148, hecho que solucionó a medias los daños en ese momento, debido a que la escorrentía de las aguas fluye por ambos lados de dicha vía. Indica que en la actualidad los daños ambientales en la zona donde vive se han incrementado con la gran cantidad de construcciones nuevas en las partes altas en donde la Municipalidad de Naranjo ha irrespetado algunos planeamientos en cuanto al manejo de las aguas pluviales y residuales, mismas que desfogan en la ruta No. 148 del CONAVI, afectación que se han incrementado con las inclemencias del tiempo por las lluvias fuertes. Narra que el problema se ha incrementado y es muy visible en la actualidad, con las entradas que han construido para ingresar con sus vehículos a sus viviendas, construcciones que han hecho a la orilla de la ruta No. 148 del CONAVI, en donde han instalado alcantarillas sin capacidad de paso de aguas pluviales, donde no hay proyecciones a futuro, ni se ha construido un sistema de alcantarillado que mitigue los daños que afectan a la población en este sector, esto sobre el margen derecho de la carretera que va de Naranjo hacia Palmares, lo que sucede cada vez que llueve con gran intensidad, provocando que el agua pluvial escurra aguas abajo por la carretera a ambos lados, formándose como un río, incluso en estos momentos en que se desborda hacia el lado izquierdo de la ruta No. 148 del CONAVI, provocando a su vez que se rebalse en algunos sectores y se inunden casas, como ha acontecido. Agrega que es lamentable ver lo que acontece y que nadie hace nada, incluso la municipalidad que es la que tiene que realizar las mejoras o si no por lo menos gestionar el ente para que solucione a futuro este problema. Indica que, para estos días, que se han provocado estas inundaciones, la señora Arelis García González, al ver la situación de la afectación de los fuertes aguaceros, llamó a la Fuerza Pública y al 911 para reportar los hechos de los fuertes aguaceros que están ocurriendo en el lugar y lo que estaban provocando. Reclama que la inacción de los recurridos les ha generados pérdidas económicas y vulneraciones a sus derechos fundamentales. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 1) En el sector donde vive el recurrente en Candelaria de Naranjo, carretera hacia Palmares, se dan inundaciones en la época lluviosa (véase prueba fotográfica aportada por el recurrente). 2) El Área Rectora de Salud de Naranjo del Ministerio de Salud atendió la denuncia interpuesta por el recurrente el año 2018 y los hechos alegados en el año 2024 son presentados como nuevos y no fueron notificados al Ministerio de Salud hasta la interposición de este recurso de amparo (véase informe rendido por la representante del Ministerio de Salud y prueba documental aportada). 3) Las obras realizadas en las propiedades vecinas del recurrente cumplen con los requisitos establecidos para la conducción de aguas pluviales, la cuales son dirigidas al colector público que se encuentra conectado a la red de alcantarillado pluvial (véase informe del alcalde recurrido). 4) El canal de desfoque está fuera del derecho de vía de la ruta nacional No. 148 (véase informe del Director Ejecutivo en ejercicio del CONAVI). III.- Sobre las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial. Corresponde a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política. De ahí se deriva la competencia de las municipalidades para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad. Esto incluye el deber de establecer una política integral de planeamiento urbano, que garantice un desarrollo urbano en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Igualmente, de lo anterior se deriva la obligación de adoptar las medidas requeridas para proveer al cantón de un adecuado sistema de alcantarillado pluvial, a fin garantizar a sus habitantes el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación. En cuanto al tema específico de las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial, en sentencia número 2008-04210 de las 13:59 horas del 14 de marzo de 2008, reiterada, entre otras, en la sentencia 2015-010562 de las 09:20 horas del 17 de julio de 2015, esta Sala señaló: “Este Tribunal en jurisprudencia reiterada ha reconocido que el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental que deriva del artículo 50 Constitucional, según el cual, no sólo consagra el derecho de todo ciudadano a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que además obliga al Estado a garantizar el ejercicio de dicho derecho, mediante los medios establecidos al efecto por la legislación vigente. Concretamente, tal como lo ha dicho esta Sala en la sentencia número 2005-009900 de las diez horas del veintinueve de julio del dos mil cinco debe la Municipalidad construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente las aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros: “ (…) Sobre las obligaciones municipales en materia de alcantarillado pluvial.- Es conveniente tomar en cuenta que el artículo 169 de la Constitución Política establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. Los intereses y servicios locales han sido definidos por la Sala como conceptos jurídicos indeterminados donde la ley no resuelve con exactitud su contenido para su aplicación a casos concretos, por lo que resulta necesario acudir a criterios de valor y de experiencia, por parte de quien le corresponde aplicarlo, para determinar su contenido. La creación de medios de drenaje adecuados dentro de una comunidad a efectos de no causar daños a la propiedad, a la salud ni problemas de ambientales a sus vecinos es, dentro de los términos indicados por la Constitución Política, de interés del cantón y es parte de los servicios que la Municipalidad está en la obligación de brindar (…) Por tal motivo, la Municipalidad de Goicoechea, está obligada a asumir un determinado comportamiento para la satisfacción de sus fines, tomando las medidas requeridas para proveer a la comunidad amparada, de un sistema eficiente de drenaje de las aguas pluviales. Ajustado a criterios de razonabilidad debe la Municipalidad construir la infraestructura necesaria para hacer discurrir adecuadamente esas aguas, para así garantizar el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación y sin perjudicar a terceros”. IV.- Sobre el fondo. Primeramente, es de mérito aclarar que el recurrente interpuso el recurso de amparo que se tramitó en el expediente No. 18-007747-0007-CO, donde alegó que “un terreno ubicado a 150 metros de su casa de habitación se está lotificando y hay un mal manejo de las aguas pluviales y residuales. Precisa que se ha incrementado la escorrentía superficial que discurre hacia su vivienda, por lo que se ha puesto en conocimiento de esta situación a las autoridades municipales y de salud. Agrega que el Concejo Municipal de Naranjo conoció el caso y concedió permiso para que se construyera o se modificara un camino dentro de ese predio. Refiere que el 9 y 12 de febrero de 2018 interpuso las denuncias respectivas ante la Municipalidad de Naranjo y el Ministerio de Salud; sin embargo, no ha recibido solución alguna al problema. Estima que, lo anterior, es violatorio de sus derechos fundamentales”. Asunto declarado con lugar por sentencia No. 2018-013309 de las 09:20 horas del 17 de agosto de 2018. Se ordenó a la Directora del Área Rectora de Salud de Naranjo notificarle el oficio No. CO-DARS-N-0515-2018 y al Alcalde de Naranjo darle respuesta a la denuncia que había planteado el 09 de febrero de 2018. En este asunto, que había presentado el recurrente en el citado expediente y se ordenó tramitar como amparo nuevo, por ser hechos diferentes, acusa el recurrente la supuesta inacción de las autoridades recurridas en la atención a la problemática por inundaciones en el sector donde vive en Candelaria de Naranjo, carretera hacia Palmares, producidas por el mal manejo de agua residuales y pluviales. Situación que denunció por primera vez en el año 2018. Respecto a tales inundaciones, no las niegan ninguna de las autoridades recurridas, a saber: Municipalidad de Naranjo y CONAVI, pero tampoco aceptan la responsabilidad. El ayuntamiento dice que “el hecho objeto del recurso se produce en una ruta nacional la 148 del CONAVI, dirección [...], nótese que hace referencia a manejo de aguas residenciales y pluviales siendo responsables los propietarios de las viviendas (…) Casos como los del recurrente son trasladados a las instancias correspondientes, lo cual fue realizado por el Ing. Joseph Esteban Salazar Madrigal, Unidad Técnica de Gestión Vial, quien vía correo electrónico trasladó la problemática denunciada por el recurrente en este recurso al Departamento técnico que administra la Red Vial Nacional al Ing. Alejandro Badilla Vargas del CONAVI. Ver Oficio UTGV-MN-CI-459-2024 y el correo electrónico de fecha 04 diciembre de 2024 09:35, como documentos de prueba”. Finalmente, el Director Ejecutivo en ejercicio del CONAVI informa que “la topografía del terreno es la que indica naturalmente el desfogue de las aguas, las mismas probablemente corrían por la propiedad existente sin mayor tema, al ir segregando la propiedad y construir cerca del canal de desfogue, al aumentar la cantidad de casas construidas, se genera mayor deposición de aguas de lluvia en la cuneta existente. La carretera existe desde antes de las construcciones, así como el desfogue natural, el cual se ha sido modificado por el acceso a las casas. Importante también indicar que el canal, está fuera del derecho de vía de la ruta, donde ya es responsabilidad del dueño de la propiedad su adecuado mantenimiento, como lo indica la Ley”. Empero, es lo cierto que en el sub examine no consta que tal problemática haya sido debidamente atendida, ni se vislumbra que se vaya a actuar en ese sentido. En razón de lo expuesto, al constatarse este problema -independientemente, de las causas que convergen para ocasionarlo, así como debe ser solucionado- esta Sala debe intervenir para garantizar los derechos de los habitantes de ese sector, posibles afectados en épocas de lluvia, y por ende ordenar, la búsqueda de soluciones definitivas entre el gobierno local y el CONAVI para remediar el problema que aqueja al recurrente y lo cual se agrava durante el invierno. En virtud de lo expuesto, el amparo debe acogerse contra ambas autoridades con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia. V.- Finalmente, este Tribunal no comprueba la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada por parte de Ministerio de Salud en los términos en los que fue planteado el recurso. Ello por cuanto, de los autos se desprende que la representante del Ministerio de Salud informa que el Área Rectora de Salud de Naranjo atendió la denuncia interpuesta por el recurrente el año 2018 y los hechos alegados en el año 2024 son presentados como nuevos y no les fueron notificados hasta la interposición de este recurso de amparo. Denuncia del 2018 que, como se indicó, fue conocida por esta Sala en el recurso de amparo que se tramitó en el expediente No. 18-007747-0007-CO Ergo, no se estima el amparo en cuanto al Ministerio de Salud concierne. VI.- Conclusión. Bajo dicha inteligencia, al tenerse por violentados, en la especie, los derechos fundamentales del recurrente, lo que procede es acoger este amparo, en cuanto a las autoridades de la citada corporación municipal y el CONAVI, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia. Respecto al Área Rectora de Salud de Naranjo del Ministerio de Salud, se desestima el amparo en concordancia con lo antes expuesto. VII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el Alcalde de Naranjo y la Directora del Área Rectora de Salud de Naranjo del Ministerio de Salud han sido omisos con los compromisos ordenados en cuanto a mejoras de obras en un canal a cielo abierto, así como manejo de las aguas tanto residuales como pluviales que afectan su comunidad, pues se han instalado alcantarillas sin capacidad de paso de aguas pluviales, donde no hay proyecciones a futuro, ni se ha construido un sistema de alcantarillado que mitigue los daños que afectan a la población en este sector. VIII.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la ejecución de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde corresponde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar un adecuado seguimiento. Como bien se sabe, de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) la ejecución de las órdenes dictadas por la Sala Constitucional corresponde, en principio, ser fiscalizada por la propia Sala. Sin embargo, el art. 56 de la LJC contempla supuestos de excepción en los que, por determinación de la propia Sala, se ordene residenciar la ejecución de la sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa. La norma en cuestión establece lo siguiente: “Art. 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original). Recuérdese que en el proyecto de ley de discusión de la LJC se preveía originalmente lo siguiente: “Art. 56. Las sentencias favorables al recurrente se ejecutarán en la vía contencioso-administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley Reguladora de esa Jurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original). Sin embargo, el texto fue modificado vía moción para que la norma fuera coincidente con lo regulado en el art. 153 de la Constitución Política, pero se realizó la siguiente explicación: “EL SECRETARIO: Moción No. 68 (32-19) del diputado Chacón Jiménez: “artículo 57 (antes 56): para que el texto se lea así: “la ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones o responsabilidades pecuniarias en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción”. EL PRESIDENTE: En discusión la moción leída? Doctor Piza Escalante: Aquí había una contradicción con la tesis genérica de que son los Tribunales los que ejecutan sus sentencias y enviaba la Jurisdicción Contencioso Administrativo toda la ejecución; entonces quedaban al aire los otros artículos que le permitían a la Sala ejecutarlos. Diputado Corrales Bolaños: En esa parte dice: “o en otros aspectos que la propia Sala considere del aso…”, a qué se está refiriendo? Doctor Piza Escalante: La idea es que la Sala, en la vía de ejecución de sentencia, resuelva lo que ella considere que le corresponde. Lo que demás, lo envía a la vía Contencioso Administrativa. EL SECRETARIO: Se considera suficientemente discutida la moción? EL PRESIDENTE: Discutida. Aprobada (unanimidad, cinco señores diputados presentes).” (Sic. Ver actas de aprobación de la LJC. Lo destacado no corresponde al original). A partir de lo anterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala a que resuelva lo que ella considera que le atañe y podría, de estimarlo así, derivar en la jurisdicción contenciosa administrativa los aspectos que ella valore que así corresponde. En el caso concreto, la sentencia dispone lo siguiente: “Se ordena a Randall Vega Blanco y a Cristhian Arroyo Gamboa, respectivamente, en su condición de Alcalde de Naranjo y de Director Ejecutivo en ejercicio del Consejo Nacional de Vialidad o a quienes ocupen esos cargos, coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de su competencias, a fin de que, dentro del plazo máximo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, previa coordinación entre sí, se realicen todas las gestiones y obras pertinentes para solucionar de manera integral y definitiva el problema de inundaciones de la comunidad de Candelaria de Naranjo, carretera hacia Palmares, que afecta al recurrente [Nombre 001]”. Es palmario que lo ordenado reviste cierta complejidad, cuya ejecución difícilmente puede seguirse con eficacia en esta Sala Constitucional. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (art. 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la LJC, a mi juicio, la ejecución de esta sentencia debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. Por lo anterior, salvo el voto respecto de la ejecución de la sentencia, la cual, de conformidad con el art. 56 de la LJC, corresponde ser residenciada en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. A tales efectos, ordeno remitir una copia de esta resolución para que se inicien los procedimientos de ejecución de este fallo. VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra la Municipalidad de Naranjo y el Consejo Nacional de Vialidad. Se ordena a Randall Vega Blanco y a Cristhian Arroyo Gamboa, respectivamente, en su condición de Alcalde de Naranjo y de Director Ejecutivo en ejercicio del Consejo Nacional de Vialidad o a quienes ocupen esos cargos, coordinar y disponer todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de su competencias, a fin de que, dentro del plazo máximo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, previa coordinación entre sí, se realicen todas las gestiones y obras pertinentes para solucionar de manera integral y definitiva el problema de inundaciones de la comunidad de Candelaria de Naranjo, carretera hacia Palmares, que afecta al recurrente [Nombre 001]. Se advierte a los recurridos, o a quienes ocupen esos cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Naranjo y al Consejo Nacional de Vialidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Respecto al Ministerio de Salud, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- QHZN9JSFTN061 EXPEDIENTE N° 24-032775-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2258-4157 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:44:30. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Constitutional Chamber** **Resolution No. 02056 - 2025** **Date of Resolution:** January 24, 2025 at 09:15 **Case File:** 24-032775-0007-CO **Drafted by:** Anamari Garro Vargas **Type of Matter:** Amparo Appeal **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with Dissenting Vote** **Judgment with Separate Note** **Relevance Indicators** **Relevant Judgment** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Content of Interest:** **Strategic Topics:** Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights **Type of Content:** Majority Vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** EXECUTIVE BRANCH **Subtopics:** INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. 002056-25. EXECUTIVE BRANCH. THE MAYOR OF NARANJO AND THE ACTING EXECUTIVE DIRECTOR OF THE NATIONAL ROAD COUNCIL ARE ORDERED, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF SIX MONTHS, FOLLOWING COORDINATION BETWEEN THEM, TO CARRY OUT ALL PERTINENT EFFORTS AND WORKS TO COMPREHENSIVELY AND DEFINITIVELY SOLVE THE FLOODING PROBLEM IN THE COMMUNITY OF CANDELARIA DE NARANJO, ON THE ROAD TO PALMARES. VCG01/2025 "(...) IV.- On the merits. First, it is worth clarifying that the petitioner filed the amparo appeal processed under case file No. 18-007747-0007-CO, where he alleged that "a plot of land located 150 meters from his dwelling house is being subdivided and there is poor management of rainwater and wastewater. He specifies that the surface runoff flowing toward his house has increased, and this situation has been brought to the attention of the municipal and health authorities. He adds that the Municipal Council of Naranjo heard the case and granted a permit to build or modify a road within that property. He states that on February 9 and 12, 2018, he filed the respective complaints with the Municipality of Naranjo and the Ministry of Health; however, he has not received any solution to the problem. He considers that the foregoing violates his fundamental rights." This matter was declared admissible by judgment No. 2018-013309 at 09:20 hours on August 17, 2018. The Director of the Governing Health Area of Naranjo was ordered to notify him of official letter No. CO-DARS-N-0515-2018, and the Mayor of Naranjo was ordered to respond to the complaint he had filed on February 9, 2018. In this matter, which the petitioner had submitted in the aforementioned case file and which was ordered to be processed as a new amparo due to being different facts, the petitioner alleges the supposed inaction of the respondent authorities in addressing the problem of flooding in the sector where he lives in Candelaria de Naranjo, on the road to Palmares, caused by the poor management of wastewater and rainwater. A situation he first reported in 2018. Regarding said floods, none of the respondent authorities, namely: the Municipality of Naranjo and CONAVI, deny them, but neither do they accept responsibility. The town council states that "the event subject to the appeal occurs on a national route 148 of CONAVI, direction [...], note that it refers to residential and rainwater management, with the owners of the dwellings being responsible (...) Cases such as the petitioner's are forwarded to the corresponding bodies, which was done by Eng. Joseph Esteban Salazar Madrigal, Technical Unit for Road Management, who via email forwarded the problem reported by the petitioner in this appeal to the technical department that manages the National Road Network, to Eng. Alejandro Badilla Vargas of CONAVI. See Official Letter UTGV-MN-CI-459-2024 and the email dated December 4, 2024, 09:35, as evidence." Finally, the Acting Executive Director of CONAVI reports that "the topography of the land naturally indicates the drainage of the waters; these waters probably ran through the existing property without major issues. Upon subdividing the property and building near the drainage channel, and as the number of built houses increases, a greater deposit of rainwater is generated in the existing ditch. The road existed before the constructions, as did the natural drainage, which has been modified by the access points to the houses. It is also important to indicate that the channel is outside the right-of-way of the route, making its proper maintenance the responsibility of the property owner, as stated by the Law." However, the truth is that in the sub examine, there is no evidence that this problem has been duly addressed, nor is there any indication that action will be taken in this regard. Based on the foregoing, upon confirming this problem—regardless of the converging causes that create it, and how it must be solved—this Chamber must intervene to guarantee the rights of the inhabitants of that sector, who are potentially affected during rainy seasons, and therefore order the search for definitive solutions between the local government and CONAVI to remedy the problem afflicting the petitioner, which worsens during winter. By virtue of the foregoing, the amparo must be granted against both authorities, with the consequences detailed in the operative part of this judgment. V.- Finally, this Court does not find a violation of the fundamental rights of the protected party by the Ministry of Health in the terms in which the appeal was filed. This is because the case record shows that the representative of the Ministry of Health reports that the Governing Health Area of Naranjo addressed the complaint filed by the petitioner in 2018, and the facts alleged in 2024 are presented as new and were not notified to them until the filing of this amparo appeal. The 2018 complaint, as indicated, was heard by this Chamber in the amparo appeal processed under case file No. 18-007747-0007-CO. Therefore, the amparo is not granted regarding the Ministry of Health. VI.- Conclusion. Under this reasoning, as the petitioner's fundamental rights are found to have been violated in this case, the appropriate action is to grant this amparo concerning the authorities of the aforementioned municipal corporation and CONAVI, with the consequences stated in the operative part of this judgment. Regarding the Governing Health Area of Naranjo of the Ministry of Health, the amparo is dismissed in accordance with the foregoing. (...)" ... See more **Related Judgments** **Content of Interest:** **Type of Content:** Majority Vote **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 169- Municipal Government **Subtopics:** NOT APPLICABLE. ARTICLE 169 OF THE POLITICAL CONSTITUTION III.- Regarding municipal obligations concerning rainwater drainage. The municipalities are responsible for administering the local interests and services in each canton, in accordance with Article 169 of the Political Constitution. From this derives the municipalities' authority to plan and oversee the urban development of their locality. This includes the duty to establish a comprehensive urban planning policy that guarantees urban development congruent with the efficient functioning of a system for providing potable water and for the collection, treatment, and final disposal of wastewater. Likewise, from the foregoing derives the obligation to adopt the necessary measures to provide the canton with an adequate rainwater drainage system (alcantarillado pluvial), in order to guarantee its inhabitants the right to health and an environment free from pollution. Regarding the specific topic of municipal obligations concerning rainwater drainage, in judgment number 2008-04210 at 13:59 hours on March 14, 2008, reiterated, among others, in judgment 2015-010562 at 09:20 hours on July 17, 2015, this Chamber stated: "This Court, in reiterated jurisprudence, has recognized that the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right deriving from Article 50 of the Constitution, which not only enshrines every citizen's right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, but also obliges the State to guarantee the exercise of that right through the means established for this purpose by current legislation. Specifically, as this Chamber stated in judgment number 2005-009900 at ten o'clock on July twenty-ninth, two thousand five, the Municipality must build the necessary infrastructure to ensure the proper flow of waters, to thus guarantee the right to health and an environment free from contamination, without harming third parties: "(...) Regarding municipal obligations concerning rainwater drainage.- It is pertinent to consider that Article 169 of the Political Constitution establishes that the administration of the local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government. Local interests and services have been defined by the Chamber as indeterminate legal concepts where the law does not precisely resolve their content for application to specific cases, thus requiring recourse to criteria of value and experience by those responsible for applying them, to determine their content. The creation of adequate drainage means within a community to avoid causing damage to property, health, or environmental problems to its neighbors is, within the terms indicated by the Political Constitution, in the interest of the canton and part of the services the Municipality is obliged to provide (...) For this reason, the Municipality of Goicoechea is obliged to assume a specific behavior to fulfill its objectives, taking the required measures to provide the protected community with an efficient rainwater drainage system. Adjusted to criteria of reasonableness, the Municipality must build the necessary infrastructure to properly channel those waters, thereby guaranteeing the right to health and an environment free from contamination, without harming third parties." (...)" VCG01/2025 ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Separate Note **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** EXECUTIVE BRANCH **Subtopics:** INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. VII.- Note from Magistrate Salazar Alvarado. As a matter of principle, I consider that cases related to the action or inaction of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure project should be dismissed, as this omission constitutes a matter of legality, whose discussion belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements more broadly. However, when such administrative conduct (whether omissive or not) leads to a violation of other fundamental rights protected under this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this issue, as is the case here, where the petitioner alleges that the Mayor of Naranjo and the Director of the Governing Health Area of Naranjo of the Ministry of Health have been neglectful regarding the ordered commitments for improvements to works in an open-air channel, as well as the management of both wastewater and rainwater that affect his community, given that culverts with inadequate rainwater flow capacity have been installed, where there are no future projections, nor has a drainage system (alcantarillado) been built to mitigate the damages affecting the population in this sector. VCG01/2025 ... See more **Content of Interest:** **Type of Content:** Dissenting Vote **Branch of Law:** 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 056- Execution of Judgments **Subtopics:** NOT APPLICABLE. VIII.- Dissenting vote of Magistrate Garro Vargas regarding the execution of this judgment. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where the execution phase of the matter should be assigned, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction for proper follow-up. As is well known, according to the Law of the Constitutional Jurisdiction (LJC), the execution of orders issued by the Constitutional Chamber is, in principle, to be supervised by the Chamber itself. However, Article 56 of the LJC contemplates exceptional circumstances in which, by determination of the Chamber itself, the execution of the judgment is ordered to be assigned to the contentious-administrative jurisdiction. The rule in question establishes the following: "Art. 56. The execution of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except regarding the settlement and fulfillment of indemnities and pecuniary liabilities, or in other aspects that the Chamber itself considers appropriate, in which case it shall be conducted in the contentious-administrative route through the judgment execution procedure provided for in the law regulating that jurisdiction." (Highlighting does not correspond to the original). It should be recalled that the bill for the discussion of the LJC originally provided for the following: "Art. 56. Judgments favorable to the petitioner shall be executed in the contentious-administrative route through the judgment execution procedure provided for in the law Regulating that Jurisdiction." (Highlighting does not correspond to the original). However, the text was modified via a motion so that the rule would be consistent with what is regulated in Article 153 of the Political Constitution, but the following explanation was provided: "THE SECRETARY: Motion No. 68 (32-19) from Deputy Chacón Jiménez: "article 57 (formerly 56): so that the text reads as follows: "the execution of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except regarding the settlement and fulfillment of indemnities or pecuniary liabilities in other aspects that the Chamber itself considers appropriate, in which case it shall be conducted in the contentious-administrative route through the judgment execution procedure provided for in the law regulating that jurisdiction." THE PRESIDENT: Is the motion under discussion? Doctor Piza Escalante: There was a contradiction here with the general thesis that it is the Courts that execute their judgments, and the Contentious-Administrative Jurisdiction was being assigned the entire execution; therefore, the other articles that allowed the Chamber to execute them were left unaddressed. Deputy Corrales It adds accumulation of stagnant wastewater, which translates into mosquito breeding sites. 16. Through official communication CO-DARS-N-0363-2019, Mr. [Name 001] is answered, mentioning the houses that indeed discharge their wastewater into the ditch, the actions taken by this Ministry regarding them, and the follow-up result. It is also clarified that the capacity of the canal, as well as its maintenance, to drain stormwater is not a responsibility of the Ministry of Health to carry out. 17. On April ninth, two thousand nineteen, a new general tour of the system was conducted, with the health authority describing observing little waste, some ballast, light weeds, and a light flow of wastewater from the residences that failed to comply with the sanitary order. There were no ponding events at that time. Report CO-ARS-N-RS-0417-2019. 18. Mr. [Name 002] is notified of these latest findings through official communication CO-DARS-N-0545-2019. 19. Official communications of warning of special measures are issued to the owners of the dwellings that fail to comply with the sanitary order, seeking to correct the situation. Official communications CO-DARS-N-1510-2019 and CO-DARS-N-1511-2019. 20. On April thirty, two thousand twenty, as a possible special measure to be taken for non-compliance with sanitary orders, both buildings with inadequate wastewater treatment are assessed to determine habitability. The criterion of the health authority is that the homes are habitable, and therefore this special measure is not applicable in this case. Reports MS-DRRSCODARSN-RS-0515-2020 and No. MS-DRRSCO-DARSN-RS-0516-2020. 21. Again, official communications of warning are issued to the owners of the dwellings that fail to comply with the sanitary order, seeking to correct the situation. Official communications MS-DRRSCO-DARSN-0608-2020 and MS-DRRSCO-DARSN0609-2020. 22. On August twenty-fifth, two thousand twenty, a new visit is conducted, observing that the inadequate wastewater management persists in both constructions. Reports MS-DRRSCO-DARSN-RS-1102-2020 and No. MS-DRRSCO-DARSN-RS1103-2020. 23. Sanitary reports are prepared and notified for the collection of a fine as a sanction for non-compliance with sanitary orders No. OS-CO-DARS-N-305-2018 and No. OS-CO-DARS-N-306-2018. These reports are subsequently annulled by a ruling upholding an appeal filed by the owners of the implicated properties. 24. On September sixth, two thousand twenty-two, another follow-up on the inadequate wastewater management in the canal for stormwater management is conducted, which is ineffective as no one was found in the related dwellings; however, the ditch is reviewed and found completely dry, with no traces of soapy water. Report No. MS-DRRSCO-DARSN-RS-1339-2022. 25. The process remains inactive by the parties during the remainder of two thousand twenty-two and all of two thousand twenty-three, for which reason the expiration of sanitary orders No. OS-CO-DARS-N-305-2018 and No. OS-CO-DARS-N-306-2018 is declared on January thirty-first, two thousand twenty-four, through acts No. MS-DRRSCO-DARS-N-0092-2024 and No. MS-DRRSCO-DARS-N-0091-2024. These same proceedings indicate the initiation of the ex officio process. 26. It is for this reason that on June twentieth, two thousand twenty-four, a new inspection is conducted where a ditch is observed to be dry at that time. The health authority recommends closing the proceeding. Report No. MS-DRRSCO-DARSN-RS1101-2024. ONCE THE FACTS HAVE BEEN SET FORTH, THE APPEALED ASPECTS ARE REVISITED: “1. Omission of the commitments ordered regarding improvements to works of an open-air canal, management of both wastewater and stormwater. This in allusion to the complaint filed by the appellant before the Ministry of Health in 2018.” It does not correspond to the Ministry of Health, and the complainant was so notified, to carry out works on the canal for stormwater management. Regarding the two thousand eighteen complaint, it was addressed. In June of this year, no wastewater is observed in the canal involved in this matter. The facts of environmental contamination by wastewater were archived. “2. Currently, the environmental damages in the area where they live have increased with the large number of new constructions in the upper parts, where the Municipality of Naranjo has disregarded certain proposals regarding the management of stormwater and wastewater, which discharge onto Route 148 of CONAVI. In two thousand eighteen, the existence of new constructions was not determined to be true, as they were not visible on site. There is no current complaint in our archives regarding this matter. Urban planning is the exclusive competence of the Municipal entity. “3. The problem has increased and is very visible nowadays, with the entrances that have been built to access their homes with their vehicles, constructions that have been made on the edge of Route 148 of CONAVI, where culverts have been installed without sufficient capacity for stormwater passage, where there are no future projections, nor has a sewage system been built to mitigate the damages.” Again, we reiterate before this honorable chamber that these nuisances are considered new and brought to the knowledge of this Ministry through the present appeal. We add that the issue of constructions over the stormwater treatment system is not the responsibility of this Ministry to resolve, and our course of action would therefore be to refer it to the competent entity. FOR THE FOREGOING, WE REQUEST THE HONORABLE CONSTITUTIONAL CHAMBER TO CONSIDER: 1. Absence of New Constructions in 2018 In the inspections carried out in 2018, as recorded in technical report CO-ARS-N-RS-0947-2018, no new constructions were observed in the affected area. The situation at that time reflected conditions that did not significantly compromise the stormwater system. It is relevant to emphasize that any construction that may have arisen subsequent to the 2018 inspections was not within the scope of knowledge of the Ministry of Health at that time, and urban planning assessment was not within our competences. On behalf of the Health Authority, and considering the provision of Article 35 of the Constitutional Jurisdiction Law, we present the following adjusted arguments in defense against the amparo appeal filed: Application of Article 35 in the Context of the Amparo Appeal: The article establishes that the amparo appeal may be filed at any time while the violation persists or up to two months after its direct effects have completely ceased. In relation to the facts originating in 2018, we consider that the actions and measures taken by the Health Authority at that time adequately addressed the complaints and their direct effects ceased, which was documented and notified to the pertinent parties. 2. Facts of New Notice and Timely Notification: Although the article allows the filing of the appeal while the violation persists, it is relevant to highlight that the facts alleged in 2024 are presented as new and were not notified to the Health Authority until the filing of the appeal. This implies that the Authority did not have the opportunity to act on these new facts within the framework of its competences before the presentation of the appeal. The lack of prior notification limits the response capacity of the Health Authority and should be considered in evaluating the admissibility of the appeal under the premise of "facts of new notice." 3. Competence and Responsibility of the Health Authority: We reiterate that the responsibility of the Health Authority does not include urban planning nor the regulation of constructions in the aspects complained of, these being competences of the municipality and other government entities. The actions taken by the Health Authority regarding the facts known in 2018 were adequate and timely according to the complaints received and the Authority's competences. 4. Synthesis: We argue that the lack of notification and the clear delimitation of competences justify evaluating this appeal as inadmissible under the circumstances presented. The Health Authority has fulfilled its duty in accordance with the complaints and facts known and documented, acting within its legal competences. III. LEGAL BASIS: • Constitutional Jurisdiction Law • General Public Administration Law IV. EVIDENCE: As evidence, I offer a certified photocopy in digital PDF format of the specific complaint file D-N-127-2019, consisting of 00221 folios. V. PETITION: 1. We request that the Chamber consider the lack of timely notification regarding the new facts by the amparo petitioner and the specificity of the Health Authority's competences when evaluating the admissibility of the appeal. 2. To recognize that the amparo appeal, although permissible under Article 35 of the Constitutional Jurisdiction Law while the violation persists, requires a clear demonstration that the pertinent authorities have been duly notified and have failed to intervene within a reasonable timeframe. 3. Therefore, we request that the inadmissibility of the amparo appeal be declared based on these legal grounds." 5.- Randall Vega Blanco, in his capacity as Mayor of Naranjo, reports under oath (brief filed at 2:53 p.m. on December 5, 2024) in the following terms: "The esteemed members of the CHAMBER are informed that the fact subject to the appeal occurs on a national route, Route 148 of CONAVI, address [...]; note that it refers to residential and stormwater management, with the owners of the homes being responsible. It is unknown which ordinances the appellant refers to regarding works in the open-air canal, and if they exist, they are null, as well as the mitigation work; as previously indicated, it is not our competence. Evidently, there was an error by the appellant regarding the processing of his management. Note also that the appellant knows this route is national and still insists we must carry out improvements on site, when the Technical Units of the Municipalities lack the powers to intervene, carry out maintenance or rehabilitation works on National Road Network routes, including both the roadway surface and the drains corresponding to the road, in accordance with the General Law of Public Roads No. 5060, Art. 4, Subsection a). Cases like that of the appellant are transferred to the corresponding instances, which was done by Eng. Joseph Esteban Salazar Madrigal, Technical Unit for Road Management, who via email transferred the problem denounced by the appellant in this appeal to the technical Department that administers the National Road Network, to Eng. Alejandro Badilla Vargas of CONAVI. See Official Communication UTGV-MN-CI-459-2024 and the email dated December 4, 2024, 09:35, as evidence documents. Regarding the constructions carried out, the Department of Constructions, through its head, indicates it has verified that the works carried out on the appellant's neighboring properties comply with the established requirements for stormwater conveyance in accordance with Article 121 of the Regulation of the Construction Law, confirming that stormwater is directed to a public collector, which is connected to the stormwater sewage network, and that the stormwater evacuation systems existing on the national route are the competence of CONAVI. See official communication MN-DPU-234-2024 signed by Marcos Octavio Picado López, Head of the Department of Urban Planning, as evidence documents. Petition Please declare the appeal Without Merit, this due to competence." 6.- By resolution at 11:52 a.m. on January 6, 2025, the Investigating Judge extended the appeal against the Executive Director of the National Road Council (CONAVI). 7.- Cristhian Arroyo Gamboa, in his capacity as Acting Executive Director of CONAVI, reports under oath (brief filed at 2:49 p.m. on January 9, 2025) in the following terms: "I. TRANSFER RESOLUTION: The resolution of eleven hours fifty-two minutes on January sixth, two thousand twenty-five, was notified to the National Road Council on January 6, 2025, therefore, we proceed to respond to the mentioned facts, in the time and manner prescribed by law. The resolution in question specifically addresses the facts alleged by the appellant: (…) II. RELEVANT ASPECTS FOR THE REQUESTED REPORT: COMPETENCES OF THE NATIONAL ROAD COUNCIL Before analyzing the merits of this appeal, it is important to emphasize and indicate that the competences of the National Road Council are limited in its creation law, number 7798. (…) III. ADDRESSING THE APPEAL ON THE MERITS The amparo appeal filing brief presented by the appellant, in summary, relates the facts which, in summary, are: (…) For its part, for the purpose of presenting the report requested by the Chamber within this appeal, this Council requested the Road and Bridge Conservation Management, through its Regional Director, to issue a technical report regarding the appellant's allegations; which was issued through official communication No. DRC-06-2025-0016 (0189) dated January 7, 2025, in accordance with what was mentioned by the appellant and what falls under the competence of said Management. It is necessary to indicate that the situation denounced in this amparo appeal by the appellant was first addressed in 2018 and initially directed to the Ministry of Health and the Municipality of Naranjo; this Zone engineering learned of the matter because it involved a culvert on National Route No. 148. However, according to report DRC-06-2025-0016 (0189) dated January 7, 2025, a site visit for the filed request was conducted again to verify the current state of the location. (…) As stated in official communication DRC-06-2025-0016 (0189) dated January 7, 2025, issued by the Road and Bridge Conservation Management: "It is important to note that the topography of the land is what naturally indicates the water drainage, the waters probably ran through the existing property without major issue; upon segregating the property and building near the drainage canal, with the increase in the number of houses built, greater deposition of rainwater is generated in the existing ditch. The road existed before the constructions, as did the natural drainage, which has been modified by the access to the houses. It is also important to indicate that the canal is outside the road's right-of-way, where adequate maintenance is already the responsibility of the property owner, as indicated by Law. Proper maintenance of the canal allows the waters to flow without affectations until the water deposition; it is incumbent upon the landowners to leave an adequate setback and not overpopulate the lands with constructions. It is important to indicate to the landowners that blocking the transverse passage of the culverts is prohibited, as it would cause problems downstream of the ditch…" Likewise, it is important to indicate that, on the matter, Articles 20 and 21 of the General Law of Roads, Law No. 5060 of August 22, 1972, stipulate the following: (…) Provisions that have been reiterated in the Municipal Code in article 75, which stipulates, as pertinent, the following: (…) As the articles indicate, it is reiterated that there is an obligation for all inhabitants who have property adjacent to public streets to keep the edges of the roads in good condition, with clean and unobstructed drains. In the event of non-compliance by the administered parties, the Municipalities are empowered to supply the omission of the referenced duties by directly carrying out the works, especially when dealing with a dangerous situation for both pedestrians and homes, subsequently transferring the cost of the works performed to the owner. Note also that the appellant's allegation states the following: "…Indicates that currently the environmental damages in the area where they live have increased with the large number of new constructions in the upper parts, where the Municipality of Naranjo has disregarded certain proposals regarding the management of stormwater and wastewater, which discharge onto Route 148 of CONAVI, an affectation that has increased with the inclemency of the weather due to heavy rains…" (underlining is ours) Thus, it must be considered that there is an omission by the Municipality of Naranjo in addressing the situation afflicting the appellant—which falls outside the competences of CONAVI—, as he indicates in his allegation that environmental damages in the area where he lives have increased with the large number of new constructions, taking into consideration that the road existed before the constructions, and it cannot be understated that the natural drainage was modified by the access to the houses and that the canal is outside the road's right-of-way. (see photograph 1) Therefore, the appellant's allegations lack any legal basis, as there are no elements demonstrating that any fundamental right of his has been violated as a consequence of a work executed or an inaction by the National Road Council. For the reasons of fact and law set forth, I request the honorable Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice to declare this amparo appeal without merit and absolve the undersigned, in the indicated capacities, of all responsibility, as well as the National Road Council, which I represent." 8.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Prepared by Judge Garro Vargas; and, Considering: I.- Object of the appeal. The appellant claims that the Mayor of Naranjo and the Director of the Governing Health Area of Naranjo of the Ministry of Health have been remiss regarding the commitments ordered concerning improvements to works in an open-air canal, and management of both wastewater and stormwater. He indicates that he first reported this situation in 2018 due to flooding to his dwelling located at [...], as well as the houses of his relatives and children. He adds that the respondents, as a mitigation work, halfway covered a manhole where the waters coming from the upper parts of a sector on the left side of National Route No. 148 drained, a fact that partially solved the damages at that time, because the water runoff flows along both sides of said road. He indicates that currently the environmental damages in the area where he lives have increased with the large number of new constructions in the upper parts where the Municipality of Naranjo has disregarded some proposals regarding the management of stormwater and wastewater, which discharge onto Route No. 148 of CONAVI, an affectation that has increased with the inclemency of the weather due to heavy rains. He narrates that the problem has increased and is very visible nowadays, with the entrances that have been built to access their homes with their vehicles, constructions that have been made on the edge of Route No. 148 of CONAVI, where culverts have been installed without sufficient stormwater passage capacity, where there are no future projections, nor has a sewage system been built to mitigate the damages affecting the population in this sector. This is on the right margin of the road going from Naranjo towards Palmares, which happens every time it rains heavily, causing the stormwater to flow downstream along the road on both sides, forming like a river, even at these moments when it overflows towards the left side of Route No. 148 of CONAVI, in turn causing it to spill over in some sectors and flood houses, as has happened. He adds that it is regrettable to see what happens and that no one does anything, not even the municipality which is the one that has to carry out the improvements or at least manage the entity to solve this problem in the future. He indicates that, during these days when these floods have occurred, Ms. Arelis García González, upon seeing the situation of the affectation from the heavy downpours, called the Public Force and 911 to report the facts of the heavy downpours occurring in the place and what they were causing. He claims that the inaction of the respondents has caused them economic losses and violations of their fundamental rights. II.- Proven facts. For the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order: 1) In the sector where the appellant lives in Candelaria de Naranjo, on the road towards Palmares, flooding occurs during the rainy season (see photographic evidence provided by the appellant). 2) The Governing Health Area of Naranjo of the Ministry of Health addressed the complaint filed by the appellant in 2018, and the facts alleged in 2024 are presented as new and were not notified to the Ministry of Health until the filing of this amparo appeal (see report provided by the representative of the Ministry of Health and documentary evidence provided). 3) The works carried out on the appellant's neighboring properties comply with the established requirements for stormwater conveyance, which are directed to a public collector that is connected to the stormwater sewage network (see report from the respondent mayor). 4) The drainage canal is outside the right-of-way of National Route No. 148 (see report from the Acting Executive Director of CONAVI). III.- Regarding municipal obligations concerning stormwater sewage. It corresponds to the municipalities to administer the local interests and services in each canton, in accordance with Article 169 of the Political Constitution. From this derives the competence of the municipalities to plan and oversee the urban development of their locality. This includes the duty to establish a comprehensive urban planning policy that guarantees urban development congruent with the efficient functioning of a system for potable water supply and for the collection, treatment, and final disposal of wastewater. Likewise, from the foregoing derives the obligation to adopt the measures required to provide the canton with an adequate stormwater sewage system, in order to guarantee its inhabitants the right to health and an environment free from contamination. Regarding the specific topic of municipal obligations concerning stormwater sewage, in judgment number 2008-04210 at 1:59 p.m. on March 14, 2008, reiterated, among others, in judgment 2015-010562 at 9:20 a.m. on July 17, 2015, this Chamber stated: "This Court, in reiterated jurisprudence, has recognized that the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental right derived from Article 50 of the Constitution, according to which, it not only enshrines the right of every citizen to enjoy a healthy and ecologically balanced environment but also obliges the State to guarantee the exercise of said right, through the means established for that purpose by current legislation. Specifically, as this Chamber has stated in judgment number 2005-009900 at ten o'clock on July twenty-ninth, two thousand five, the Municipality must build the necessary infrastructure to make the waters flow adequately, in order to guarantee the right to health and an environment free from contamination and without harming third parties: '(...) Regarding municipal obligations concerning stormwater sewage.- It is appropriate to consider that Article 169 of the Political Constitution establishes that the administration of local interests and services in each canton will be the responsibility of the Municipal Government. Local interests and services have been defined by the Chamber as indeterminate legal concepts where the law does not precisely resolve their content for application to specific cases, making it necessary to resort to criteria of value and experience, by the one responsible for applying it, to determine their content. The creation of adequate drainage means within a community for the purpose of not causing damage to property, health, or environmental problems to its neighbors is, within the terms indicated by the Political Constitution, of interest to the canton and is part of the services that the Municipality is obligated to provide (...) For this reason, the Municipality of Goicoechea is obligated to assume a certain behavior for the satisfaction of its ends, taking the measures required to provide the protected community with an efficient stormwater drainage system. Adjusted to reasonableness criteria, the Municipality must build the necessary infrastructure to make those waters flow adequately, in order to guarantee the right to health and an environment free from contamination and without harming third parties'." IV.- On the merits. Firstly, it is of merit to clarify that the appellant filed the amparo appeal processed in file No. 18-007747-0007-CO, where he alleged that "a piece of land located 150 meters from his dwelling is being subdivided and there is poor management of stormwater and wastewater. He specifies that the surface runoff flowing towards his home has increased, which is why he has brought this situation to the attention of the municipal and health authorities. He adds that the Municipal Council of Naranjo heard the case and granted permission for a road to be built or modified within that property. He states that on February 9 and 12, 2018, he filed the respective complaints before the Municipality of Naranjo and the Ministry of Health; however, he has not received any solution to the problem. He believes that the foregoing violates his fundamental rights." A matter declared with merit by judgment No. 2018-013309 at 9:20 a.m. on August 17, 2018. The Director of the Governing Health Area of Naranjo was ordered to notify him of official communication No. CO-DARS-N-0515-2018, and the Mayor of Naranjo was ordered to respond to the complaint he had filed on February 9, 2018. In this matter, which the appellant had presented in the cited file and was ordered to be processed as a new amparo for being different facts, the appellant accuses the respondent authorities of alleged inaction in addressing the problem of flooding in the sector where he lives in Candelaria de Naranjo, on the road towards Palmares, caused by the poor management of wastewater and stormwater. A situation he first reported in 2018. Regarding these floods, none of the respondent authorities—namely: Municipality of Naranjo and CONAVI—deny them, but neither do they accept responsibility. The municipality says that "the fact subject to the appeal occurs on a national route, Route 148 of CONAVI, address [...]; note that it refers to residential and stormwater management, with the owners of the homes being responsible (...) Cases like that of the appellant are transferred to the corresponding instances, which was done by Eng. Joseph Esteban Salazar Madrigal, Technical Unit for Road Management, who via email transferred the problem denounced by the appellant in this appeal to the technical Department that administers the National Road Network, to Eng. Alejandro Badilla Vargas of CONAVI. See Official Communication UTGV-MN-CI-459-2024 and the email dated December 4, 2024, 09:35, as evidence documents." Finally, the Acting Executive Director of CONAVI reports that "the topography of the land is what naturally indicates the water drainage, the same waters probably ran through the existing property without major issue; upon segregating the property and building near the drainage canal, with the increase in the number of houses built, greater deposition of rainwater is generated in the existing ditch. The road existed before the constructions, as did the natural drainage, which has been modified by the access to the houses. It is also important to indicate that the canal is outside the road's right-of-way, where adequate maintenance is already the responsibility of the property owner, as indicated by Law." However, it is true that in the sub examine it is not evident that this problem has been duly addressed, nor is it foreseen that any action will be taken in that regard. Given the foregoing, upon verifying this problem—regardless of the causes that converge to create it, as well as how it must be solved—this Chamber must intervene to guarantee the rights of the inhabitants of that sector, who may be affected during rainy seasons, and therefore order the search for definitive solutions between the local government and CONAVI to remedy the problem that afflicts the petitioner and which worsens during the winter. By virtue of the foregoing, the amparo must be granted against both authorities, with the consequences detailed in the operative part of this judgment. V.- Finally, this Court does not find a violation of the fundamental rights of the protected party by the Ministry of Health in the terms in which the appeal was filed. This is because it is evident from the case file that the representative of the Ministry of Health reports that the Naranjo Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Naranjo) addressed the complaint filed by the petitioner in 2018, and the facts alleged in 2024 are presented as new and were not notified to them until the filing of this amparo appeal. A 2018 complaint that, as indicated, was heard by this Chamber in the amparo appeal processed under case file No. 18-007747-0007-CO. Ergo, the amparo is not granted insofar as the Ministry of Health is concerned. VI.- Conclusion. Under this reasoning, having found that the fundamental rights of the petitioner have been violated in this case, it is appropriate to grant this amparo against the authorities of the cited municipal corporation and CONAVI, with the consequences that will be stated in the operative part of this judgment. Regarding the Naranjo Health Governing Area of the Ministry of Health, the amparo is dismissed in accordance with the foregoing. VII.- Note from Judge Salazar Alvarado. In principle, I consider that cases related to the action or inaction of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that administrative conduct (whether omissive or not), or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, in which the petitioner accuses the Mayor of Naranjo and the Director of the Naranjo Health Governing Area of the Ministry of Health of having been negligent regarding the commitments ordered for improvements to works in an open-air channel, as well as the management of both wastewater and stormwater that affect their community, since culverts have been installed without sufficient capacity for stormwater flow, where there are no future projections, nor has a sewerage system been built to mitigate the damages affecting the population in this sector. VIII.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the execution of this judgment. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ as to where the execution phase of the matter should be assigned, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction for proper follow-up. As is well known, in accordance with the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC), the execution of orders issued by the Constitutional Chamber corresponds, in principle, to be supervised by the Chamber itself. However, Article 56 of the LJC contemplates exceptional cases in which, by determination of the Chamber itself, it is ordered that the execution of the judgment be assigned to the contentious-administrative jurisdiction. The rule in question establishes the following: “Art. 56. The execution of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except with regard to the liquidation and fulfillment of indemnities and pecuniary liabilities, or in other aspects that the Chamber itself deems appropriate, in which case it shall be carried out in the contentious-administrative venue through the judgment execution procedure provided for in the law regulating that jurisdiction.” (Emphasis not in original). Recall that in the legislative bill for the discussion of the LJC, the following was originally provided: “Art. 56. Judgments favorable to the petitioner shall be executed in the contentious-administrative venue through the judgment execution procedure provided for in the law Regulating that Jurisdiction.” (Emphasis not in original). However, the text was amended by motion so that the rule would be consistent with what is regulated in Article 153 of the Political Constitution, but the following explanation was given: “THE SECRETARY: Motion No. 68 (32-19) from Deputy Chacón Jiménez: “article 57 (formerly 56): so that the text reads as follows: ‘the execution of judgments corresponds to the Constitutional Chamber, except with regard to the liquidation and fulfillment of indemnities or pecuniary liabilities in other aspects that the Chamber itself deems appropriate, in which case it shall be carried out in the contentious-administrative venue through the judgment execution procedure provided for in the law regulating that jurisdiction’.” THE PRESIDENT: Is the motion read under discussion? Doctor Piza Escalante: Here there was a contradiction with the generic thesis that it is the Courts that execute their judgments, and it sent the entire execution to the Contentious-Administrative Jurisdiction; thus, the other articles that allowed the Chamber to execute them were left up in the air. Deputy Corrales Bolaños: In that part it says: ‘or in other aspects that the Chamber itself deems appropriate…’, what is that referring to? Doctor Piza Escalante: The idea is that the Chamber, in the judgment execution venue, resolves what it considers corresponds to it. The rest, it sends to the Contentious-Administrative venue. THE SECRETARY: Is the motion considered sufficiently discussed? THE PRESIDENT: Discussed. Approved (unanimously, five deputies present).” (Sic. See LJC approval minutes. Emphasis not in original). Based on the foregoing, it is clear that the LJC itself authorizes this Chamber to resolve what it considers concerns it and could, if it deems it so, divert to the contentious-administrative jurisdiction the aspects it assesses as corresponding. In the specific case, the judgment orders the following: “Randall Vega Blanco and Cristhian Arroyo Gamboa are ordered, respectively, in their capacity as Mayor of Naranjo and Executive Director in exercise of the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad), or whoever occupies those positions, to coordinate and arrange all actions within the scope of their competencies, so that, within a maximum period of six months, counted from the notification of this judgment, after prior coordination between them, all pertinent steps and works are carried out to integrally and definitively solve the flooding problem in the community of Candelaria de Naranjo, highway towards Palmares, which affects the petitioner [Name 001].” It is clear that what has been ordered entails a certain complexity, the execution of which can hardly be effectively followed up on in this Constitutional Chamber. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding execution (Article 155 et seq.) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the LJC, in my opinion, the execution of this judgment must be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), under the judgment execution rules of said Code. For the foregoing reason, I dissent regarding the execution of the judgment, which, in accordance with Article 56 of the LJC, should be assigned to the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. To that end, I order that a copy of this resolution be sent so that the execution procedures for this ruling can be initiated. VIII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Por tanto: The appeal is granted, solely, against the Municipality of Naranjo and the National Road Council. Randall Vega Blanco and Cristhian Arroyo Gamboa are ordered, respectively, in their capacity as Mayor of Naranjo and Executive Director in exercise of the National Road Council, or whoever occupies those positions, to coordinate and arrange all actions within the scope of their competencies, so that, within a maximum period of six months, counted from the notification of this judgment, after prior coordination between them, all pertinent steps and works are carried out to integrally and definitively solve the flooding problem in the community of Candelaria de Naranjo, highway towards Palmares, which affects the petitioner [Name 001]. The respondents, or whoever occupies those positions, are warned that, in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Naranjo and the National Road Council are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the contentious-administrative judgment execution process. Regarding the Ministry of Health, the appeal is dismissed. Judge Salazar Alvarado makes a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in Article 155 et seq. of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution procedures for this ruling can be initiated. Let it be notified. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification Code -- QHZN9JSFTN061 CASE FILE N° 24-032775-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2258-4157 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 Classification prepared by CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:44:30. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República