Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Prima facie, no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la instalación de la referida torre, previa verificación del cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa infraconstitucional aplicable y en atención a los criterios técnicos que rigen la materia. ... De esta forma, si el recurrente considera que la torre en cuestión se instaló de forma irregular o en infracción del ordenamiento jurídico o incumple lo dispuesto en la normativa técnica aplicable, lo procedente es que así lo denuncia ante las instancias competentes. ... De hecho, no puede obviarse que el propio recurrente reconoce que no ha formulado denuncia alguna a la fecha. Es decir, el recurrente pretende acudir directamente a este Tribunal a denunciar el problema de marras, sin haber acudido formalmente ante las instancias respectivas, para que estas puedan examinar -con la debida amplitud probatoria- la situación acusada y dilucidar si, efectivamente, se tramitaron los debidos permisos para la instalación de la referida torre o si esta se ajusta o no a los requerimientos técnicos impuestos por la normativa aplicable. Debe observarse que este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias.
English (translation)II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. At first glance, this Court is not to rule on the installation of said tower, requiring prior verification of compliance with the requirements set forth in applicable infra-constitutional regulations and in light of the technical criteria governing the matter. ... Thus, if petitioner believes that the tower in question was installed irregularly or in violation of the legal order or fails to comply with applicable technical regulations, the proper course is to file a complaint with the competent authorities. ... Indeed, it cannot be overlooked that petitioner himself acknowledges not having filed any complaint to date. That is, petitioner seeks to come directly to this Court to report the problem at hand, without having formally approached the relevant agencies so that they may examine —with the necessary evidentiary breadth— the alleged situation and determine whether the required permits for the installation of said tower were actually processed or whether it conforms to the technical requirements imposed by applicable regulations. It must be noted that this Court should not substitute the active Administration in its powers nor is it a complaint-processing body.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 03101 - 2025 Fecha de la Resolución: 31 de Enero del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-000981-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 25-000981-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2025003101 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de enero de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre4929, mayor de edad, cédula de identidad nro. CED2163, educador, vecino de San José, abogado, a favor de Nombre195511 , cédula de identidad nro. CED2164 Nombre195512 , cédula de identidad nro. CED2165 y Nombre195513 , documento de identidad nro. CED2166 contra el SINAC (Sede Ostional), la Municipalidad de San Cruz, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Electricidad. Resultando: 1.- Por escrito recibido en esta Sala el 13 de enero de 2025, el recurrente manifiesta que "una empresa puso una antena de radio de línea celular sin los permisos de construcción, en Ostional, Cuaginiquil, de Santa Cruz Guanacaste, 200 metros al sur de la plaza de deportes en Ostional, al frente de Turtle Lodge. Antena que comenzaron a construir en la semana de la navidad y fin de año, siendo estos días que las diferentes instituciones están de vacaciones". Agrega que la antena se construyó "en la propiedad de señor Nombre4930..., a la par de la propiedad de la señora Nombre195512 , adulta mayor de 70 años, ... la cual padece de las siguientes enfermedades: padece de una ulcera varicosa que se le abre en una pierna, padece una ulcera estomacal abierta, es diabética, hipertensa, padece de gonartrosis bilateral, ya no puede caminar sola por desgastes en las rodillas, utiliza un bordón para apoyarse y lo último que se es que está quedando ciega". Añade que "vive con su familia de la cual la antena les queda a la par del cuarto donde duerme uno de sus hijos con su esposa, ... quienes habitan en casita a la cual le construyeron a la par está la atenta que ha venido a quitar la tranquilidad a todos, ya que la luz que emite en la noche es demasiado y roba el sueño de la señora adulta mayor y su familia". Asevera que, "se presume", que la antena se construyó "dentro del patrimonio Nacional de la zona Marítimo Terrestre donde es Refugio de Vida Silvestre de Ostional". Acusa que se "cortaron arboles de cenízaro, planta emblemática protegida en peligro de extinción que son árboles protegidos, el mismo se talo en el tronco dejándolo parado sin botarlo, el árbol quedo expuesto a que se pueda caer con el viento y cause una desgracia ya que es la forma que el señor Nombre4931, miembro del Minae tala los árboles para hacer creer que la planta se secó. Plantas que fueron talados sin permisos del Minae. El cenízaro en peligro de extinción por una ley forestal que no funciona". Insiste que la "antena tiene en este momento una luz propia, y es insoportable, para los vecinos, incluso una vecina adulta mayor de nombre Nombre195513 ..., está muy afectada ya que la luz roja que emite esta antena le da en la ventana del cuarto donde duerme ésta adulta mayor". Cita los votos 16959-2011, 07553-2011 y 15763-2011 de esta Sala. Solicita que, como medida cautelar, se ordene la suspensión de la construcción de la torre de telefonía celular, hasta que se resuelva por el fondo el presente recurso de amparo. Asimismo, que se declare con lugar el presente recurso de amparo y se retire la antena del lugar, así como que se condene a los recurridos al pago de las costas daños y perjuicios y al pago del daño ambiental causado. 2.- Por resolución de las 16:55 horas del 15 de enero de 2025, se previno al recurrente que "indique..., dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento lo siguiente: a) el nombre de la empresa que colocó la torre que le interesa, debiendo adjuntar a su respuesta, la CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE DE LA MISMA, así como la DIRECCIÓN EXACTA del lugar señalado por su representante legal o agente residente para efectos de notificación… ; b) Si ha planteado de manera formal y por escrito la gestión correspondiente a efecto de denunciar ante la autoridad accionada la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso; c) De ser afirmativa su respuesta, deberá aportar copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de la denuncia que formuló; d) De haber recibido alguna resolución, deberá indicar claramente cuál fue el resultado obtenido y aportar la documentación generada con ocasión de tales diligencias; e) Si dicha denuncia se encuentran pendiente de resolución a la fecha de interposición de este recurso, también deberá indicarlo expresamente a esta Sala; f) Igualmente si no ha planteado por escrito y de manera formal su denuncia, así deberá aclararlo. Lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda y bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere (artículos 38 y 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)". 3.- Mediante escrito asociado a este expediente el 16 de enero de 2025, el recurrente respondió la prevención e indicó que la “empresa a que se le atribuye, la lesión a los derechos fundamentales, es la empresa Lyberty”. También aclaró que “NO se ha establecido "denuncia" ante ningún órgano administrativo, institución pública o institución privada, referido a los temas contenidos en el amparo de marras, sea el 25-000981-0007-CO” 4.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente cuestiona la instalación de una antena de telefonía celular, por parte de la empresa Liberty, en la "propiedad de señor Nombre4930", pues afirma que esta se edificó sin los respectivos permisos de construcción y, además, emite una luz que perturba la tranquilidad de las amparadas. También "presume" que esta se instaló "dentro del patrimonio Nacional de la zona Marítimo Terrestre donde es Refugio de Vida Silvestre de Ostional". Indica que, para su instalación, se talaron unos árboles sin los correspondientes permisos del Ministerio de Ambiente y Energía. II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Prima facie, no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la instalación de la referida torre, previa verificación del cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa infraconstitucional aplicable y en atención a los criterios técnicos que rigen la materia. Así, recientemente, en voto nro. 2019-020958 de las 09:30 horas del 29 de octubre de 2019, este Tribunal consideró lo siguiente: “II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En este caso, los recurrentes acuden ante esta Jurisdicción por su disconformidad con un permiso de uso de suelo otorgado por la municipalidad recurrida para la construcción de una torre de telecomunicaciones en El Tablón de El Guarco. Al respecto, esta Sala ha reiterado en su jurisprudencia los siguientes criterios: “III.- SOBRE EL BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. En relación con torres de telecomunicaciones, ha dicho ya, reiteradamente, este Tribunal que no hay evidencia que pongan en peligro la salud de las personas o el medio ambiente. Por ejemplo, en la sentencia No. 2010-014449 de las 8:54 hrs. del 31 de agosto de 2010, se indicó: “… en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes -que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud…”. Además, en la sentencia No. 2003-003419 de las 15:54 hrs. del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó: “…En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud. . . " Posición que se reiteró en sentencias No. 2004-007890 de las 15:37 hrs. del 20 de julio del 2004 y No. 2006-014550 de las 10:35 hrs. del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente. (Véase, en este sentido, la sentencia No. 2011-002545 de las 15:55 hrs. del primero de marzo del 2011). Aparte de que en el presente asunto, ha informado el alcalde de Tibás que la torre que objetan los recurrentes cuenta con todos los permisos de las Instituciones involucradas, así como con el permiso constructivo correspondiente. (Sentencia 2016007163 de 09:20 del 27 de mayo de 2016) (…) Por otra parte en la sentencia 2016005857 de las catorce horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, dispuso lo siguiente: (…) III.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD.- Los recurrentes acusan, asimismo, que la torre de telecomunicaciones cuestionada violenta su derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, el tema de de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular, al ser de interés público, ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala. De esta manera, en el pronunciamiento N° 2013-006649 de las diez horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil trece, la Sala dispuso lo siguiente: “SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público … (...) IV.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA OBRA. Por último, visto que los recurrentes aseguran que no existe evidencia de el proyecto objetado cuente con los permisos de ley, debe indicarse que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no está llamada revisar si una torre de telecomunicaciones cumple o no los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, pues se trata de una labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. De esta forma, al pronunciarse sobre un caso análogo, en sentencia N° 2012-006792 de las quince horas cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil doce, este Tribunal dispuso lo siguiente: “En cuanto a lo alegado por los recurrentes en relación con el supuesto irrespeto de la autoridad recurrida en cuanto a la distancia que debe haber entre una torre de telefonía celular y otra, pues ambas estructuras se encuentran a menos de 250 metros de distancia. Cabe indicar que esta Sala no puede entrar a determinar si la Municipalidad de Alajuela ha cumplido o no con lo establecido en el Plan Regulador de la zona al momento de otorgar los permisos de construcción a la empresa Claro para levantar una torre de telefonía celular, pues ello constituye un asunto de legalidad que deberá ser alagado ante la propia corporación municipal recurrida a través de los recursos que la ley les prevé al efecto. Por lo que el recurso es inadmisible en este sentido”. Por ello, deberán los recurrentes plantear su inconformidad o reclamo ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.” (el destacado no corresponde al original) Consideraciones plenamente aplicables al sub judice. De esta forma, si el recurrente considera que la torre en cuestión se instaló de forma irregular o en infracción del ordenamiento jurídico o incumple lo dispuesto en la normativa técnica aplicable, lo procedente es que así lo denuncia ante las instancias competentes. De hecho, no puede obviarse que el propio recurrente reconoce que no ha formulado denuncia alguna a la fecha. Es decir, el recurrente pretende acudir directamente a este Tribunal a denunciar el problema de marras, sin haber acudido formalmente ante las instancias respectivas, para que estas puedan examinar -con la debida amplitud probatoria- la situación acusada y dilucidar si, efectivamente, se tramitaron los debidos permisos para la instalación de la referida torre o si esta se ajusta o no a los requerimientos técnicos impuestos por la normativa aplicable. Debe observarse que este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Así, por ejemplo, mediante sentencia nro. 2016-001150 de las 14:30 horas del 26 de enero de 2016, este Tribunal conoció un amparo en el que se acusaba que: “la Dirección355 del cantón de San Antonio Belén de Heredia, carece de aceras, rampas para acceso universal y sistemas de drenajes con la protección respectiva. Además, sobre el extremo oeste, frente a DIPO, S.A., se ubica otro predio en el que también se destaca la carencia de aceras, rampas y sistemas de recolección de aguas fluviales. Consideran que dicha problemática atenta contra la seguridad vial y, por ende, la vida humana, ya que incrementa el riesgo de accidentes, particularmente, con relación a las personas que sufren alguna discapacidad, adultos mayores y demás personas en condición de vulnerabilidad”. En dicha ocasión, la Sala dispuso lo siguiente: “Previo a la resolución de este recurso, los recurrentes debían cumplir la prevención realizada por este Tribunal, por medio de la resolución de las 15:55 hrs. de 18 de enero de 2016, la cual se notificó de conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales. No obstante, los recurrentes no indicaron si habían denunciado los hechos ante las instituciones que mencionan en el escrito de interposición de este recurso, ni aportaron copia con sello de recibido de denuncia alguna presentada ante las autoridades recurridas sobre los hechos a los que hacen referencia en el recurso de amparo, según lo prevenido por esta Sala. Por su parte, el abogado director del proceso sostuvo que lo anterior no era necesario, ya que el artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que el agotamiento de la vía administrativa es facultativo. Sobre este particular, es necesario indicar que, reiteradamente, este Tribunal ha sostenido que la jurisdicción constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias (ver sentencia No. 2012-018538 de las 09:05 hrs. de 21 de diciembre de 2012), de manera que acudir directamente a esta sede, sin antes interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, impide endilgar una omisión ilegítima que atente contra los derechos fundamentales de las personas. En virtud de lo expuesto, se tiene por no cumplida dicha prevención y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo procedente es rechazar de plano el recurso.” Consideraciones que son aplicables al sub judice. III.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano el presente amparo, como así se dispone. IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 9TDPNFD5G5U61 EXPEDIENTE N° 25-000981-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf568 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:44:20. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE N° 25-000981-0007-CO PROCEEDING: AMPARO ACTION RESOLUTION Nº 2025003101 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirty-first of January of two thousand twenty-five. Amparo action filed by Nombre4929, of legal age, identity card no. CED2163, educator, resident of San José, attorney, on behalf of Nombre195511, identity card no. CED2164, Nombre195512, identity card no. CED2165, and Nombre195513, identity document no. CED2166, against SINAC (Ostional Office), the Municipality of Santa Cruz, the Ministry of Health, and the Instituto Costarricense de Electricidad. Whereas: 1.- By document received in this Chamber on January 13, 2025, the petitioner states that "a company erected a cellular line radio antenna without construction permits, in Ostional, Cuajiniquil, of Santa Cruz Guanacaste, 200 meters south of the sports field in Ostional, in front of Turtle Lodge. An antenna they began building during the week of Christmas and year-end, these being days when the various institutions are on vacation." He adds that the antenna was built "on the property of Mr. Nombre4930..., next to the property of Mrs. Nombre195512, a senior citizen of 70 years of age, ... who suffers from the following illnesses: she suffers from a varicose ulcer that opens on one leg, she suffers from an open stomach ulcer, she is diabetic, hypertensive, suffers from bilateral gonarthrosis, she can no longer walk on her own due to wear in her knees, she uses a staff for support, and the latest is that she is going blind." He adds that "she lives with her family, for whom the antenna is located next to the room where one of her sons sleeps with his wife, ... who live in a small house next to which they built; next to it is the antenna that has come to disturb everyone's peace, since the light it emits at night is excessive and steals sleep from the elderly lady and her family." He asserts that, "it is presumed," the antenna was built "within the National Heritage of the Maritime-Terrestrial Zone where the Ostional Wildlife Refuge is located." He accuses that "cenízaro trees were cut down, an emblematic protected plant in danger of extinction which are protected trees; it was cut at the trunk, leaving it standing without felling it, the tree was left exposed so that it could fall with the wind and cause a tragedy since that is how Mr. Nombre4931, a member of MINAE, cuts down trees to make it look like the plant dried up. Plants that were cut down without MINAE permits. The cenízaro in danger of extinction because of a forest law (Ley Forestal) that does not work." He insists that the "antenna currently has its own light, and it is unbearable for the neighbors, including an elderly female neighbor named Nombre195513..., who is very affected since the red light emitted by this antenna shines into the window of the room where this senior citizen sleeps." He cites votes 16959-2011, 07553-2011, and 15763-2011 from this Chamber. He requests that, as a precautionary measure, the suspension of the construction of the cellular telephone tower be ordered until this amparo action is resolved on its merits. Likewise, that this amparo action be granted, and the antenna be removed from the site, and that the respondents be ordered to pay costs, damages, and the payment for environmental damage caused. 2.- By resolution issued at 16:55 hours on January 15, 2025, the petitioner was warned to "indicate..., within a period of THREE DAYS, counted from the notification of this pronouncement, the following: a) the name of the company that erected the tower in question, and must attach to their response the CURRENT CERTIFICATION OF LEGAL STATUS OF THE SAME, as well as the EXACT ADDRESS of the place indicated by its legal representative or resident agent for notification purposes… ; b) Whether they have formally and in writing filed the corresponding action to report to the respondent authority the situation described in the initial filing document of this action; c) If their answer is affirmative, they must provide a complete, legible copy with the respective receipt or electronic mail transmission confirmation of the complaint they formulated; d) If they have received any resolution, they must clearly indicate what the result was and provide the documentation generated on the occasion of such proceedings; e) If said complaint is pending resolution on the date this action was filed, they must also expressly state so to this Chamber; f) Likewise, if they have not formally filed their complaint in writing, they must clarify this. The foregoing, because such information is essential to resolve what is appropriate under the law and under warning that the action will be summarily rejected if they do not do so (Articles 38 and 42 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional))." 3.- By means of a document associated with this case file on January 16, 2025, the petitioner responded to the warning and indicated that the "company attributed with the violation of fundamental rights is the company Liberty." He also clarified that "NO 'complaint' has been filed before any administrative body, public institution, or private institution, regarding the matters contained in the amparo action at hand, specifically 25-000981-0007-CO." 4.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to summarily reject or reject on the merits, at any time, even upon its presentation, any matter brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is merely a simple reiteration or reproduction of a prior equal or similar matter that was rejected. Drafted by Judge Castillo Víquez; and, Considering: I.- SUBJECT OF THE ACTION. The petitioner challenges the installation of a cellular telephone antenna by the company Liberty on the "property of Mr. Nombre4930," asserting that it was built without the respective construction permits and, furthermore, emits a light that disturbs the peace of the protected parties. He also "presumes" that it was installed "within the National Heritage of the Maritime-Terrestrial Zone where the Ostional Wildlife Refuge is located." He indicates that, for its installation, some trees were felled without the corresponding permits from the Ministry of Environment and Energy. II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO ACTION. Prima facie, it is not for this Court to rule on the installation of the referenced tower, prior to verifying compliance with the requirements established by the applicable infra-constitutional regulations and in consideration of the technical criteria governing the matter. Thus, recently, in vote no. 2019-020958 at 09:30 hours on October 29, 2019, this Court considered the following: "II.- ON THE SPECIFIC CASE. In this case, the petitioners come before this Jurisdiction due to their disagreement with a land-use permit granted by the respondent municipality for the construction of a telecommunications tower in El Tablón de El Guarco. In this regard, this Chamber has reiterated in its jurisprudence the following criteria: "III.- ON THE BINOMIAL HEALTH AND ENVIRONMENT AND INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONE TOWERS. In relation to telecommunications towers, this Court has already, repeatedly, stated that there is no evidence that they endanger the health of persons or the environment. For example, in Judgment No. 2010-014449 of 8:54 hrs. on August 31, 2010, it was indicated: “… with regard to the potential impact that the installation and operation of such towers could have on the health of the population, both the Instituto Costarricense de Electricidad and the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) agree in their reports—rendered under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction—that, according to scientific studies that have been carried out, both internationally and nationally, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to the health of persons, and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are innocuous to health…". Furthermore, in Judgment No. 2003-003419 of 15:54 hrs. on April 29, 2003, this Court indicated: “…In the present matter, the petitioner does not challenge a specific administrative act, but rather the possible effects that the installation of the cellular tower at Cerro Plano de Monteverde could have on the health of the population and the environment. However, it must be taken into consideration that the works carried out are based on the exercise of the public service corresponding to the respondent entity. Additionally, from the documentation in the record, it was not convincingly demonstrated that there are risks to the health of the population or the environment derived from exposure to these electromagnetic fields, since the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report it rendered under oath, has indicated that the base stations are of low power and comply with the technical specifications contained in Executive Decree No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, so the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. On this point, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks. . . " A position that was reiterated in Judgments No. 2004-007890 of 15:37 hrs. on July 20, 2004, and No. 2006-014550 of 10:35 hrs. on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the elements of conviction provided to the proceeding and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cellular telephone towers does not imply an undue threat or risk to the health of persons or to the environment. (See, in this sense, Judgment No. 2011-002545 of 15:55 hrs. on March 1, 2011). Besides the fact that in the present matter, the mayor of Tibás has reported that the tower challenged by the petitioners has all the permits from the Institutions involved, as well as the corresponding construction permit. (Judgment 2016007163 at 09:20 on May 27, 2016) (…) On the other hand, in Judgment 2016005857 at fourteen hours thirty minutes on May 3, two thousand sixteen, it ordered the following: (…) III.- ON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND THE RIGHT TO HEALTH.- The petitioners also accuse that the questioned telecommunications tower violates their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. However, the topic of the installation of telecommunications and cellular telephone towers, being of public interest, has already been widely addressed by this Chamber. Thus, in pronouncement No. 2013-006649 at ten hours twenty minutes on May 17, two thousand thirteen, the Chamber ordered the following: “ON THE INSTALLATION OF CELLULAR TELEPHONE TOWERS. Regarding the installation of cellular signal transmission towers, the Constitutional Chamber has determined that it is a matter of public interest that exceeds the local or cantonal sphere, pertaining to the national orbit and even projecting into the field of Public International Law … (...) IV.- ON THE GRANTING OF PERMITS FOR THE WORK. Finally, given that the petitioners claim there is no evidence that the challenged project has the legally required permits, it must be noted that this Chamber is not a comptroller of the legality of the actions or resolutions of the Administration, and therefore it is not called upon to review whether a telecommunications tower complies or not with the requirements established in current legal regulations, as this is a task proper to the ordinary, administrative, or jurisdictional channels. Thus, in ruling on an analogous case, in Judgment No. 2012-006792 at fifteen hours five minutes on May 22, two thousand twelve, this Court ordered the following: “Regarding what was alleged by the petitioners in relation to the alleged disregard by the respondent authority of the distance that must exist between one cellular telephone tower and another, since both structures are less than 250 meters apart. It should be noted that this Chamber cannot determine whether the Municipality of Alajuela has complied or not with the provisions of the Regulatory Plan (Plan Regulador) for the area when granting construction permits to the company Claro to erect a cellular telephone tower, since this constitutes a matter of legality that must be raised before the respondent municipal corporation itself through the remedies that the law provides for such purpose. Therefore, the action is inadmissible in this sense.” Therefore, the petitioners must raise their disagreement or claim before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, forums where they may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert their claims. Consequently, the action is inadmissible, and it is so declared." (the emphasis does not correspond to the original) Considerations fully applicable to the sub judice. In this manner, if the petitioner considers that the tower in question was installed irregularly or in violation of the legal system, or fails to comply with the provisions of the applicable technical regulations, the appropriate course is to report it to the competent authorities. In fact, it cannot be overlooked that the petitioner himself acknowledges that he has not filed any complaint to date. That is, the petitioner intends to come directly to this Court to report the problem at hand, without having formally approached the respective authorities so that they can examine—with the appropriate evidentiary breadth—the alleged situation and elucidate whether, effectively, the proper permits for the installation of the referenced tower were processed, or whether it complies or not with the technical requirements imposed by the applicable regulations. It must be observed that this Court should not substitute the active Administration in its duties nor is it an instance for processing complaints. Thus, for example, through Judgment No. 2016-001150 at 14:30 hours on January 26, 2016, this Court heard an amparo action in which it was alleged that: “Dirección355 of the canton of San Antonio Belén de Heredia lacks sidewalks, ramps for universal access, and drainage systems with the respective protection. Furthermore, on the west end, in front of DIPO, S.A., there is another property where the lack of sidewalks, ramps, and stormwater collection systems is also notable. They consider that this issue threatens road safety and, consequently, human life, as it increases the risk of accidents, particularly regarding persons who suffer from some disability, senior citizens, and other persons in a vulnerable condition.” On that occasion, the Chamber ordered the following: “Prior to the resolution of this action, the petitioners had to comply with the warning issued by this Court, through the resolution of 15:55 hrs. on January 18, 2016, which was notified in accordance with the Law of Judicial Notifications (Ley de Notificaciones Judiciales). However, the petitioners did not indicate whether they had reported the facts to the institutions mentioned in the filing document of this action, nor did they provide a copy with a receipt stamp of any complaint filed before the respondent authorities regarding the facts referred to in the amparo action, as instructed by this Chamber. For their part, the attorney directing the proceeding argued that this was not necessary, since Article 31 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that exhaustion of administrative remedies is optional. On this particular point, it is necessary to indicate that, repeatedly, this Court has held that the constitutional jurisdiction is not an instance for processing complaints (see Judgment No. 2012-018538 of 09:05 hrs. on December 21, 2012), so that coming directly to this venue, without first filing the corresponding complaints before the competent authorities, prevents imputing an illegitimate omission that violates the fundamental rights of persons. By virtue of the foregoing, said warning is deemed not fulfilled and, in accordance with the provisions of Article 42 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the appropriate course is to summarily reject the action.” Considerations that are applicable to the sub judice. III.- IN CONCLUSION. As a corollary to the foregoing, it is appropriate to summarily reject this amparo action, as is hereby ordered. IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The action is summarily rejected. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification Code -- 9TDPNFD5G5U61 EXPEDIENTE N° 25-000981-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf568 / 2549-1633. Electronic Address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, 19th and 21st Streets, Dirección17 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 09:44:20.