Res. 05287-2025 Sala Constitucional — Access to Environmental Information on PAACUME Project and Lomas de BarbudalAcceso a información ambiental sobre proyecto PAACUME y Lomas de Barbudal

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Sala Constitucional

Resolución Nº 05287 - 2025

Fecha de la Resolución: 21 de Febrero del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-026038-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-026038-0007-CO

Res. Nº 2025005287

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo interpuesto por Nombre56087, cédula de residencia CED28417, a favor de SÍ MISMO Y DE LA ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, contra el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO –SENARA-.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de setiembre de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO –SENARA- y manifiesta que interpone el amparo a favor de la Asociación Confraternidad Guanacasteca. Explica que le solicitaron a la autoridad recurrida lo siguiente: “Queremos obtener información sobre la vida silvestre que hoy habita esa área de bosque que será afectada por las obras. A+ ¿Existe un inventario? B+ Favor de informarnos quién es el biólogo encargado de ese tema y la forma de contactarlo. C+ En el Estudio de Viabilidad se habla de un plan de reubicación y traslado de la fauna de las zonas a impactar a otras posiciones. Mucho agradeceríamos una copia de ese plan de trabajo para salvar la fauna residente o de tránsito en esa área. D+ Solicitamos también copia de los documentos complementarios de tal plan, como ser cronograma, presupuesto, datos y nombres de equipo de colaboradores, convenios o contratos vigentes o por licitarse.”. Manifiesta que la petición fue enviada el 31 de julio de 2024. Señala que recibieron el oficio nro. SENARA-GG-OFI-561-2024 fechado 04 de setiembre, en el que el funcionario recurrido les indicó que existen los documentos solicitados por ellos, por ejemplo “Protocolo de rescate de flora y fauna”, pero no lo envía. Aseguran que toda su nota es evasiva y no respondió concretamente a ninguna de las consultas realizadas, razón por la cual estiman vulnerados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de las 20:45 horas del 20 de setiembre de 2024, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.

3.- Informa bajo juramento Osvaldo Quirós Arias, en su condición de gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) (informe rendido el 27 de setiembre de 2024), en los siguientes términos: “III.- SOBRE LOS HECHOS: 1. En fecha 31 de julio del 2024, se recibió la nota del acá recurrente señor Nombre56088, solicitando contestar los cuatro aspectos señalados en el recurso: A+ ¡Existe un inventqrio? B+Favor de informarnos quien es el biólogo encargado de ese tema y la forma de contactarlo. C+ En el Estudio de Viabilidad se habla de un plan de reubicación y traslado de la fauna de las zonas a impactar a otras posiciones. Mucho agradeceríamos una copia de ese plan de trabajo para salvar la fauna residente o de tránsito en esa área. D+ Solicitamos también copia de los documentos complementarios de tal plan, como ser cronograma, presupuesto, datos y nombres de equipo de colaboradores, convenios o contratos vigentes o por licitarse. 2. En fecha 04 de septiembre del 2024, se emitió y comunicó al acá recurrente el oficio SENARA-GG-OFI-561—2024, mediante el cual se le indicó: En atención a las consultas realizadas en la nota recibida sin número de oficio vía correo electrónico el pasado 31 de julio del 2024, referente al Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), se indica lo siguiente: Tal y como se define en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) y según lo establecido en la Ley 9610 “Ley para la modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras”, se tiene programado el uso de 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) como parte del área de embalse del proyecto, las cuales serán compensadas con un total de 573,9 hectáreas de terreno, representando un factor de 5,05 veces el área que se verá afectada, con una semejanza en tipos de bosques, según el Estudio denominado: “Establecimiento de la línea Base de Biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas Barbudal y finca adyacente” (Año 2017), realizado por la Organización de Estudio Tropicales (OET). Dicha compensación corresponde a la adquisición de tres bloques de terreno, el primero de 443, 92 hectáreas, el segundo de 104,95 hectáreas y el tercero de 25,03 hectáreas, y su identificación y selección se basó en los resultados definidos en el estudio de la OET, el cual utilizó una versión de la metodología Hábitat/Hectárea de Parkes et al 2003, lo que permitió determinar elementos relacionados a la calidad del hábitat para diversidad y composición de comunidades, entre el área inundable versus el área de compensación. Con relación a los inventarios forestales y los inventarios de flora y fauna de las 113 ha que se estarán inundando, así como de las 573,9 ha que se definieron para compensación, se cuenta con información de referencia utilizada en las etapas de estudios, la cual se utiliza de base para definir la metodología de trabajo que será implementada durante la etapa constructiva, por lo que actualmente se trabaja en determinar a lo interno los mecanismos ambientales que se estarán ejecutando en el sitio, previo a su intervención constructiva, a través de la definición de protocolos de trabajo y cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el Plan de Gestión del Proyecto (PGA). De acuerdo con lo anterior y según las estimaciones contempladas dentro del programa Integrado de Trabajo del Proyecto (agosto 2024), el proceso constructivo de la Presa Río Piedras se tiene previsto iniciar hasta el II Semestre del 2025 y se estima que el llenado del embalse que contempla las 113 ha, inicie en el II Semestre del 2029 aproximadamente. En este sentido y respecto al Plan de Reubicación y Traslado de Fauna que se menciona en la nota recibida, se aclara que dentro del proyecto se cuenta con un Protocolo de Rescate de Flora y Fauna para ser implementado en las áreas que actualmente están siendo intervenidas, sin embargo, como las 113 ha no serán ocupadas por el momento, para ese sitio en específico el plan de intervención de rescate de flora y fauna, se encuentra en etapa de elaboración y se utiliza como herramienta la “Guía para la elaboración de planes de rescate, translocación y reinserción de mitigación de vida silvestre para complementar estudios de impacto ambiental en el desarrollo de proyectos, elaborado por el SINAC, MINAE”. Una vez que contemos con la definición del Plan de Intervención respecto al manejo forestal y lo referente al proceso de rescate de flora y fauna que se implementará dentro de las 113 ha, les estaremos informando los detalles respectivos y aclararemos las consultas que puedan surgir al respecto. Así mismo, es importante mencionar que para el manejo de todos los temas de índole ambiental que demanda el proyecto, la Dirección Gestora de este (DIGEP) contará con un equipo ambiental que verificará el cumplimiento de los compromisos establecidos en esta materia, mediante procesos de supervisión y monitoreo que se estarán implementando durante la etapa constructiva del proyecto. Por otra parte, les informamos que se conformó un Área de Comunicación Social, por donde pueden canalizar las consultas que consideren oportunas, a través de los siguientes canales: ...995 o al teléfono Telf3899, y con gusto se estarán atendiendo a través de los mecanismos que correspondan.” Que como se acredita el SENARA sí respondió al recurrente y brindó la información existente requerida. 3. Conforme lo dispuesto en los numerales 27 y 30 de la Constitución Política existe la obligación de garantizar el acceso a la información y respuesta, más es claro que no es posible entregar lo solicitado expresamente por el recurrente, por cuanto como ya se le explicó aún no existe, el Inventario requerido está en elaboración, señalando que, dentro del Proyecto se cuenta con un Protocolo de Rescate de Flora y Fauna, que está siendo utilizado en las áreas actualmente intervenidas, y el cual no responde directamente al Plan de Reubicación y Traslado de Fauna que se utilizará para las 113 ha, ya que este plan en particular, reitero, se encuentra en fase de elaboración y para ello se utiliza la “Guía para la elaboración de planes de rescate, translocación y reinserción de mitigación de vida silvestre para complementar estudios de impacto ambiental en el desarrollo de proyectos, elaborado por el SINAC, MINAE”. 4. Que la Administración por ende dio respuesta en tiempo y suministró la información que existía disponible. Conforme lo anterior se aporta en el acto el Protocolo de Rescate de Flora y Fauna, mencionado y que en su momento no solicitó el recurrente. 5. Dicho lo anterior es claro que, no existe violación alguna al derecho de petición y respuesta de raigambre constitucional pues la gestión del Administrado, acá recurrente fue atendida informándole incluso el medio al cual comunicarse para poder tener un acceso más directo y coordinado de la información, como en efecto lo requirieron. IV.- PETICIÓN: Tomando en consideración que mediante oficio SENARA-GG-OFI-561-2024 del 04 de septiembre del 2024 se dio respuesta a la gestión del Administrado, suministrando la información, ampliamente, con la que se contaba, según se evidencia de la prueba documental que se aporta en este escrito, y en virtud de que no se le causó ningún daño a la parte actora, se solicita rechazar el recurso de amparo en todos sus extremos”.

4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 30 de setiembre de 2024, el recurrente manifiesta lo siguiente: “1.- Hemos leído la respuesta enviada a la Sala por el señor Osvaldo Quirós Arias Gerente General de SENARA. 2.- No hemos recibido ninguna nueva comunicación o información directa de parte del Gerente General de SENARA. El señor Osvaldo Quirós Arias en su escrito a la Sala, tampoco dice haberlo hecho. 3.- El Gerente General de SENARA envía anexo a los señores magistrados un Protocolo de Rescate de Flora y Fauna, que a nosotros no nos envió. 4.- Analizamos las respuestas recibidas a nuestras preguntas: A + ¿Existe un inventario? El señor Quirós nos echa un largo discurso. Pero no aporta ninguna información concreta. B + Favor de informarnos quién es el biólogo encargado de ese tema y la forma de contactarlo. Este es uno de los puntos más llamativos. Es el más fácil de responder. Poner un nombre y datos de contacto. Sin embargo, en sus oficios, no hay mención alguna a tener contratado a un especialista en este tema. C + En el Estudio de Viabilidad se habla de un plan de reubicación y traslado de la fauna de las zonas a impactar a otras posiciones. Mucho agradeceríamos una copia de ese plan de trabajo para salvar la fauna residente o de tránsito en esa área. Sobre este importante tema, el señor Quirós, trata de confundirnos a todos. El Estudio de Viabilidad otorgado por SETENA es para TODO el proyecto PAACUME y el expone que lo exigido en esa autorización SOLO se aplicará para las 113 hectáreas de Lomas de Barbudal. A comenzado las obras, destruido áreas de bosques fuera del área de la reserva, y no está cumpliendo con este importante compromiso del EIA. D + Solicitamos también copia de los documentos complementarios de tal plan, como ser cronograma, presupuesto, datos y nombres de equipo de colaboradores, convenios o contratos vigentes o por licitarse.” Plan: Cero respuesta Cronograma: “De acuerdo con lo anterior y según las estimaciones contempladas dentro del programa Integrado de Trabajo del Proyecto (agosto 2024), el proceso constructivo de la Presa Río Piedras se tiene previsto iniciar hasta el II Semestre del 2025 y se estima que el llenado del embalse que contempla las 113 ha, inicie en el II Semestre del 2029 aproximadamente.” El señor Gerente menciona un Programa Integrado del Proyecto (agosto 2024) pero no lo aporta. Presupuesto: Cero respuesta Equipo de colaboradores: Cero respuesta. Convenios y contratos vigentes o por licitarse: Cero respuesta. El señor Osvaldo Quirós Arias, prácticamente no dio respuesta a ninguna de las consultas puntuales que le enviamos. Y lamentablemente lo hace exprofeso, para ocultar sus acciones dolosas, en la construcción del proyecto PAACUME. Proyecto en ejecución a pesar de estar pendiente de resolución RECURSO DE AMPARO expediente 23-019417-0007-CO. SOLICITAMOS Solicitamos se le ordene al señor Osvaldo Quirós Arias Gerente General de SENARA atender nuestra solicitud y aportarnos los documentos y la información solicitada en nuestra carta del 31 de julio de 2024 y se lo condene por violación al derecho de acceso a la información pública”.

5.- Mediante resolución de las 11:23 horas del 17 de octubre de 2024, este Tribunal solicitó una prueba para mejor resolver.

6.- Informa bajo juramento Osvaldo Quirós Arias, en su condición de gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) (informe rendido el 24 de octubre de 2024), en los siguientes términos: “IV. SOBRE RESPUESTA DADA AL SEÑOR Nombre56087 Conforme lo expuesto, sí se dio respuesta a la petición presentada por el señor Nombre56087. El derecho de petición y respuesta exige que la Administración de respuesta al Administrado más si la información que requiere el Administrado no existe, no es obligatorio a la Administración Pública hacer entrega de algo que no ha nacido a la vida jurídica. De allí que sea acorde a la realidad lo expuesto en el oficio SENARA-GG-OFI561-2024 del 04 de septiembre del 2024, según el estado del proyecto, su avance y líneas de acción. No obstante, lo anterior, en el acto se remite al señor Nombre56087 mediante oficio SENARAGG-OFI-680-2024 de fecha 23 de octubre de 2024 y comunicada el día 23 de octubre de 2024, lo siguiente: • Anexo 1: Programa Integrado de PAACUME. Agosto 2024. • Anexo 2: GA-03 Protocolo rescate y reubicación de flora y fauna. PAACUME. V1. • Anexo 3: Declaratoria de Impacto Ambiental. PAACUME. IV.- PETICIÓN: Tomando en consideración que mediante oficio SENARA-GG-0561-2024 del 04 de septiembre del 2024 se dio respuesta a la gestión del Administrado, suministrando la información, ampliamente, con la que se contaba, según se evidencia de la prueba documental que se aporta en este escrito, así como que en fecha del 23 de octubre de 2024 se remitió nueva nota trasladando información al acá recurrente Nombre56087, y en virtud de que no se le causó ningún daño a la parte recurrente, se solicita rechazar el recurso de amparo en todos sus extremos”.

7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de octubre de 2024, el recurrente replica el informe de la autoridad recurrida y reitera sus alegatos. Añade lo siguiente: “1.- Hemos recibido correo con Oficio SENARA GG-OFI-680- 2024 con fecha 23 de octubre firmado por el señor Osvaldo Quirós Arias Gerente General de SENARA. 2.- Se anexaron: Programa Integrado de PAACUME; GA-03 Protocolo rescate y reubicación de flora y fauna. PAACUME. V1; Declaratoria de Impacto Ambiental. PAACUME. 3.- El señor Osvaldo Quirós Arias, Gerente General de SENARA sigue omitiendo respuestas, oculta la verdad, en un tema de gran importancia para Guanacaste y para toda Costa Rica. Ahora presionado por los señores Magistrados a responder, lo hace mintiendo y tratando de confundirnos a todos (…) Aprovechamos la oportunidad, para hacer un respetuoso llamado a los señores magistrados, para que resuelvan con la mayor prontitud el AMPARO expediente 23-019417-0007-CO a fin de fijar las reglas del justo desarrollo de Guanacaste”. Asegura que muchas de la información que se le envió es falsa.

8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Cuestión Preliminar. En el presente asunto es menester aclarar que el recurrente reclama por la falta de entrega de la información respecto a su solicitud del 31 de julio de 2024 referente al “proyecto PAACUME que tiene programado corta y sustitución de 113 hectáreas de Lomas de Barbudal”. Ahora bien, en el escrito del 28 de octubre de 2024 el recurrente solicita que

“resuelvan con la mayor prontitud el AMPARO expediente 23-019417-0007-CO”, asunto interpuesto por el mismo recurrente y que versa sobre el proyecto PAACUME y su posible lesión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así, se denota que, en ese asunto, mediante sentencia no. 2024007827 de las 09:20 horas del 22 de marzo de 2024 se estableció lo siguiente: “Se suspende la tramitación de este recurso de amparo, hasta tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente N° 22-001372-0007-CO”. En todo caso, se le indica al recurrente que cualquier reclamo referente a ese caso deberá presentarlo en dicho expediente, pues, se reitera que este amparo se interpuso por la falta de entrega de información del 31 de julio de 2024. De ese modo, aclarado este punto, se entra a analizar el presente recurso.

II.- Objeto del recurso. El recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues señala que le solicitó a la autoridad recurrida información pública relacionada con el “proyecto PAACUME que tiene programado corta y sustitución de 113 hectáreas de Lomas de Barbudal”, pero a la fecha no le ha sido entregada la totalidad de la información.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)      El 31 de julio de 2024, el recurrente le solicitó al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) la siguiente información: “Nos dirigimos a usted como encargado del proyecto PAACUME que tiene programado la corta y sustitución de 113 hectáreas de Lomas de Barbudal. Queremos obtener información sobre la vida silvestre que hoy habita esa área de bosque que será afectada por las obras. A+ ¿Existe un inventario? B+ Favor de informarnos quién es el biólogo encargado de ese tema y la forma de contactarlo. C+ En el Estudio de Viabilidad se habla de un plan de reubicación y traslado de la fauna de las zonas a impactar a otras posiciones. Mucho agradeceríamos una copia de ese plan de trabajo para salvar la fauna residente o de tránsito en esa área. Nombre8518+ Solicitamos también copia de los documentos complementarios de tal plan, como ser cronograma, presupuesto, datos y nombres de equipo de colaboradores, convenios o contratos vigentes o por licitarse” (ver el informe rendido y la prueba aportada).

b)      Mediante oficio no. SENARA-GG-OFI-561-2024 del 04 de setiembre de 2024, la Gerencia General de SENARA le indicó al recurrente lo siguiente: “ASUNTO: Respuesta oficio recibido el 31 de julio del 2024, por parte de la Asociación Confraternidad Guanacasteca. Estimado señor, En atención a las consultas realizadas en la nota recibida sin número de oficio vía correo electrónico el pasado 31 de julio del 2024, referente al Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), se indica lo siguiente: Tal y como se define en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) y según lo establecido en la Ley 9610 “Ley para la modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras”, se tiene programado el uso de 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) como parte del área de embalse del proyecto, las cuales serán compensadas con un total de 573,9 hectáreas de terreno, representando un factor de 5,05 veces el área que se verá afectada, con una semejanza en tipos de bosques, según el Estudio denominado: “Establecimiento de la línea Base de Biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas Barbudal y finca adyacente” (Año 2017), realizado por la Organización de Estudio Tropicales (OET). Dicha compensación corresponde a la adquisición de tres bloques de terreno, el primero de 443, 92 hectáreas, el segundo de 104,95 hectáreas y el tercero de 25,03 hectáreas, y su identificación y selección se basó en los resultados definidos en el estudio de la OET, el cual utilizó una versión de la metodología Hábitat/Hectárea de Parkes et al 2003, lo que permitió determinar elementos relacionados a la calidad del hábitat para diversidad y composición de comunidades, entre el área inundable versus el área de compensación. Con relación a los inventarios forestales y los inventarios de flora y fauna de las 113 ha que se estarán inundando, así como de las 573,9 ha que se definieron para compensación, se cuenta con información de referencia utilizada en las etapas de estudios, la cual se utiliza de base para definir la metodología de trabajo que será implementada durante la etapa constructiva, por lo que actualmente se trabaja en determinar a lo interno los mecanismos ambientales que se estarán ejecutando en el sitio, previo a su intervención constructiva, a través de la definición de protocolos de trabajo y cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el Plan de Gestión del Proyecto (PGA). De acuerdo con lo anterior y según las estimaciones contempladas dentro del Programa Integrado de Trabajo del Proyecto (agosto 2024), el proceso constructivo de la Presa Río Piedras se tiene previsto iniciar hasta el II Semestre del 2025 y se estima que el llenado del embalse que contempla las 113 ha, inicie en el II Semestre del 2029 aproximadamente. En este sentido y respecto al Plan de Reubicación y Traslado de Fauna que se menciona en la nota recibida, se aclara que dentro del proyecto se cuenta con un Protocolo de Rescate de Flora y Fauna para ser implementado en las áreas que actualmente están siendo intervenidas, sin embargo, como las 113 ha no serán ocupadas por el momento, para ese sitio en específico el plan de intervención de rescate de flora y fauna, se encuentra en etapa de elaboración y se utiliza como herramienta la “Guía para la elaboración de planes de rescate, translocación y reinserción de mitigación de vida silvestre para complementar estudios de impacto ambiental en el desarrollo de proyectos, elaborado por el SINAC, MINAE”. Una vez que contemos con la definición del Plan de Intervención respecto al manejo forestal y lo referente al proceso de rescate de flora y fauna que se implementará dentro de las 113 ha, les estaremos informando los detalles respectivos y aclararemos las consultas que puedan surgir al respecto. Así mismo, es importante mencionar que para el manejo de todos los temas de índole ambiental que demanda el proyecto, la Dirección Gestora de este (DIGEP) contará con un equipo ambiental que verificará el cumplimiento de los compromisos establecidos en esta materia, mediante procesos de supervisión y monitoreo que se estarán implementando durante la etapa constructiva del proyecto. Por otra parte, les informamos que se conformó un Área de Comunicación Social, por donde pueden canalizar las consultas que consideren oportunas, a través de los siguientes canales: ...995 o al teléfono. Telf3899, y con gusto se estarán atendiendo a través de los mecanismos que correspondan” (ver el informe y la prueba aportada).

c)      El 24 de setiembre de 2024, se notificó la resolución de curso a la autoridad recurrida (ver el acta de notificación).

d)      Mediante oficio SENARA-GG-OFI-680-2024 del 23 de octubre de 2024, el gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) le comunicó al recurrente lo siguiente: “En atención a las consultas realizadas en la nota recibida sin número de oficio vía correo electrónico el pasado 31 de julio del 2024, así como dadas las inquietudes expuestas ante la Sala Constitucional, referente al Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), me permito indicar lo siguiente: I. ACLARACIÓN SOBRE ÁREAS AFECTADAS DEL PROYECTO Primero, debo aclarar, pues creo existe un error que, se ha confundido la zona de ejecución de obras actuales, denominada zona de presa, con el área de las 113 hectáreas a inundar y que formaban parte de la Reserva de Lomas de Barbudal. La Ley 9610, denominada “Modifica límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” establece en su artículo 4: (…) Conforme lo anterior, el SENARA desde el año 2018 elaboró el Estudio de Impacto Ambiental (EIAS) el cual incluye el Plan de Gestión Ambiental (PGA) mismo que es una parte integral del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Costa Rica. Como es sabido el EIA se compone de varias fases, y el PGA se elabora como un instrumento complementario que busca prevenir, minimizar o compensar los impactos ambientales que puedan surgir de un proyecto. El PGA se ajusta a medida que avanza el proyecto y se basa en los resultados del EIA, asegurando que se implementen medidas adecuadas para proteger el medio ambiente durante y después de la ejecución del proyecto. Esto es crucial para garantizar la viabilidad socioambiental de cualquier actividad o proyecto en el país. Es el PGA el que incluye un listado de actividades dentro de las cuales se encuentra la realización del Inventario de Flora y Fauna de las especies ubicadas en las 113 Has a inundar y que formaban parte del área de Reserva Lomas de Barbudal, inventario requerido por el recurrente. Acá es dónde debo detenerme para explicar que las 113 hectáreas de interés para el señor Nombre56087 se encuentran distantes de la zona de obra en ejecución actual, dónde se han realizado trabajos relacionados con la construcción de la presa. Una vez aclarado esto, la petición de información que realizó en el mes de julio, versa sobre el inventario de flora y fauna para el área de las 113 Has que formaban parte de la Reserva Lomas de Barbudal, sea no tiene relación con la zona en la que actualmente se realizan obras. II. EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE RESCATE DE FLORA Y FAUNA DE LAS 113 HECTAREAS AUN NO ES REQUERIDO Con relación a los inventarios forestales y los inventarios de flora y fauna de las 113 ha que se estarán inundando, así como de las 573,9 ha que se definieron para compensación, que requirió en su misiva del mes de julio, le amplio la información dada en el oficio SENARA-GG-OFI-561-2024, señalándole que, en la actualidad se cuenta con información de referencia utilizada en las etapas de estudios, la cual se utiliza de base para definir la metodología de trabajo que será implementada durante la etapa constructiva. El PGA se realizó en apego a la normativa aplicable a saber el Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica, Decreto Ejecutivo Nº 36499-S-MINAET, y es este PGA el que establece que la actividad atinente a la realización del inventario requerido, se deberá de realizar en sintonía con la línea de tiempo del proyecto para el II semestre del 2029. Sea el inventario que requirió actualmente no existe aún y, no existe obligación de contar con este para el momento de ejecución del proyecto actual. Al momento de avanzar con la obra y según la línea de tiempo y actividades dispuestas en el PGA se contará con el Inventario de la flora y fauna atinente a esta área, inventario que como se ha explicado debe ser manejada de manera diferente a las demás hectáreas del proyecto. Como bien se le indicó al recurrente, el plan de intervención de rescate de flora y fauna, se encuentra en etapa de elaboración y para su elaboración se utiliza como herramienta la “Guía para la elaboración de planes de rescate, translocación y reinserción de mitigación de vida silvestre para complementar estudios de impacto ambiental en el desarrollo de proyecto, elaborado por el SINAC, MINAE”. Es importante recalcar y entender que, para la ejecución de un proyecto constructivo como lo es PAACUME, las medidas ambientales definidas en el PGA se activan, en el momento en que el Proyecto inicie actividades preliminares (topografía, corta de árboles, etc.) y también durante la etapa constructiva. Estas obras no necesariamente coinciden entre ellas en sus fases de ejecución, es decir, en este sentido hay medidas ambientales que deben de implementarse y ejecutarse en la totalidad de actividades del Proyecto, por ejemplo la realización de corta de árboles con su respectivo permiso por parte de las entidades pertinentes, no obstante, esta se aplica antes o después en una obra u otra, según lo establecido en el programa de trabajo definido para el Proyecto, ya que la implementación de la medida ambiental dependerá del inicio programado de actividades constructivas. En el caso del rescate de flora y fauna de este Proyecto, el protocolo o metodología que se implemente varía según el tipo de actividad a realizar, es decir, para sitios de intervención con actividades constructivas no inundables (fuera del área de embalse) la logística y metodología de trabajo es diferente al protocolo de rescate de flora y fauna que se proponga realizar dentro de las zonas de trabajo del Proyecto consideradas como inundables (área de Embalse), por lo tanto, cuando se hace una diferenciación de tratamiento de las 113 ha se refiere a lo antes mencionado. Tal y como se le mencionó anteriormente, se cuenta con el Protocolo de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna para ser implementado en todas las áreas no inundables del Proyecto (Ver Anexo 3), y para el caso de las áreas inundables (Embalse), donde se encuentran las 113 ha de terreno, es el Protocolo al que se ha hecho referencia que se encuentra en etapa de planeación. Dicho esto, esta condición que se menciona para este tema en específico, no quiere decir que el cumplimiento de los compromisos ambientales se estará asumiendo únicamente en las 113 ha de terreno, sino más bien hace una aclaración de que hay una diferenciación de alcance de las medidas, por las particularidades de una actividad específica. Expuesto lo anterior y para explicar con mayor detalle, en el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto se definen las siguientes medidas ambientales de rescate de flora y fauna y corta de árboles, para las actividades asociadas al Llenado del Embalse (etapa constructiva), las cuales se considerarán en el momento que inicie la intervención de las 113 ha de terreno, entre otras áreas de terreno que componen el área del Embalse: Actividades o Acciones del Proyecto Impacto Ambiental Medidas Ambientales Embalse (Llenado del Embalse (A8) 17-18 (1) Elaborar e implementar un Plan de Rescate y Reubicación de la Fauna para el proceso constructivo de las obras de PAACUME y en la actividad del llenado del Embalse río Piedras. El Plan debe contemplar el menos los lineamientos para la captura, cuido y liberación de la fauna, así como el monitoreo de la adaptación al hábitat. (2) Establecer alianzas con centros de rescate cercanos para la rehabilitación de fauna rescatada. (3) Brindar capacitación a propietarios sobre posible aparición con fauna silvestre. 31 (1) Elaborar e implementar una programación de corta y limpieza de la vegetación dentro del área de embalse que sea sectorizada y selectiva con el propósito de disminuir de forma gradual el impacto visual que provocará las acciones de desmonte de vegetación para dar paso al espejo de agua que formará el embalse. Todos los recursos asociados a la implementación del Plan de Reubicación y Traslado de Fauna que se utilizará dentro de las áreas inundables, incluyendo las 113 ha de terreno, se definirán una vez que se cuente con la finalización de dicho plan, el cual tendrá un cronograma con actividades programadas y medibles para su cumplimiento. De acuerdo con lo anterior, por la etapa del Proyecto en la que se está, no es posible contar con esta información en este momento. En el anexo 1 se traslada el Programa Integrado del Proyecto, donde se visualizan las fechas estimadas de publicación de los principales carteles de contratación, así como las fechas de ejecución de las obras principales, considerando las Obras de Presa y Vertedor, que contemplan la habilitación del Embalse y por ende las 113 ha de terreno, según revisión realizada al mes de agosto del 2024. Así las cosas, una vez que contemos con la definición del PLAN DE INTERVENCIÓN DE RESCATE DE FLORA Y FAUNA a implementar dentro de las 113 ha, le estaremos informando los detalles respectivos y aclararemos las consultas que puedan surgirle al respecto. III. SOBRE EL BIOLOGO ENCARGADO En cuanto a la información sobre el Biólogo encargado, si bien es cierto se le brindó el contacto de la oficina interdisciplinaria que ve todo el tema ambiental y social del proyecto, en el acto indico que concretamente se ha contratado al Biólogo Farrel Ruiz Pacheco, carné 1632, y al Ingeniero Forestal Alejandro Fallas Castillo, los cuales en conjunto con un grupo operativo, están a cargo del tema de rescate de fauna de las áreas intervenidas a la fecha por el Proyecto, a saber: Oficinas, Patio de Acopio, Habilitación de Accesos a Casa de Máquinas, Toma de Aguas y Escombrera 2. Ahora bien, para comunicaciones, dudas o solicitudes de información deben ser remitidas al Área de Comunicación Social, a través de los siguientes canales: ...995 o al teléfono Telf3899, y con gusto se estarán atendiendo a través de los mecanismos que correspondan. Como parte de la transparencia del presente proceso me permito indicarle que adjunto al presente oficio se le remite copia de los siguientes documentos: Anexo 1: Programa Integrado de PAACUME. Agosto 2024. Anexo 2: GA-03 Protocolo rescate y reubicación de flora y fauna. PAACUME. V1. Anexo 3: Declaratoria de Impacto Ambiental. PAACUME. Esperando haber atendido sus inquietudes me despido no sin antes reiterarle la disposición absoluta de atender sus consultas”. Ese oficio le fue comunicado al recurrente el 23 de octubre de 2024 (ver el informe rendido y la prueba aportada).

IV.- Sobre la solicitud de información. Se pasará a analizar las consultas puntuales formuladas por el recurrente y las respuestas brindadas por la parte recurrida, con el fin de determinar si cada una de estas fueron atendidas o no íntegramente, según lo requerido.

La información requerida versa sobre la “proyecto PAACUME que tiene programado corta y sustitución de 113 hectáreas de Lomas de Barbudal (...) obtener información sobre la vida silvestre que hoy habita esa área de bosque que será afectada por las obras”.

 

Lo requerido

	

Resulta o no amparable lo requerido

	

Fue o no atendido lo solicitado




“¿Existe un inventario?”.

	

Sí es amparable.

	

Sí, mediante oficio no. SENARA-GG-OFI-561-2024 del 04 de setiembre de 2024, notificado previo a la interposición del presente recurso.

 




“Favor de informarnos quién es el biólogo encargado de ese tema y la forma de contactarlo”.

	

Sí es amparable.

	

Sí, mediante oficio no. SENARA-GG-OFI-680-2024 del 23 de octubre de 2024, notificado posterior a la notificación de la resolución de curso.

 




“En el Estudio de Viabilidad se habla de un plan de reubicación y traslado de la fauna de las zonas a impactar a otras posiciones. Mucho agradeceríamos una copia de ese plan de trabajo para salvar la fauna residente o de tránsito en esa área”.

	

Sí es amparable.

	

Sí, mediante oficio no. SENARA-GG-OFI-561-2024 del 04 de setiembre de 2024, notificado previo a la interposición del presente recurso.

 




“Solicitamos también copia de los documentos complementarios de tal plan, como ser cronograma, presupuesto, datos y nombres de equipo de colaboradores, convenios o contratos vigentes o por licitarse”.

	

 

	

Sí, mediante oficio no. SENARA-GG-OFI-680-2024 del 23 de octubre de 2024, notificado posterior a la notificación de la resolución de curso.

 

 

V.- Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación al derecho a obtener información pública del recurrente. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 31 de julio de 2024, el recurrente le solicitó al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) la siguiente información: “Nos dirigimos a usted como encargado del proyecto PAACUME que tiene programado la corta y sustitución de 113 hectáreas de Lomas de Barbudal. Queremos obtener información sobre la vida silvestre que hoy habita esa área de bosque que será afectada por las obras. A+ ¿Existe un inventario? B+ Favor de informarnos quién es el biólogo encargado de ese tema y la forma de contactarlo. C+ En el Estudio de Viabilidad se habla de un plan de reubicación y traslado de la fauna de las zonas a impactar a otras posiciones. Mucho agradeceríamos una copia de ese plan de trabajo para salvar la fauna residente o de tránsito en esa área. D+ Solicitamos también copia de los documentos complementarios de tal plan, como ser cronograma, presupuesto, datos y nombres de equipo de colaboradores, convenios o contratos vigentes o por licitarse”. Así, mediante oficio no. SENARA-GG-OFI-561-2024 del 04 de setiembre de 2024, la Gerencia General de SENARA respondió la solicitud de información del recurrente referente al punto 1 (inventario) y punto 2 (Plan de Reubicación y Traslado de Fauna) de su gestión. No obstante, no se constata que se le haya respondido sobre el punto 3 (biólogo encargado) ni sobre el punto 4 (documentos complementarios del Plan de Reubicación y Traslado de Fauna). Por consiguiente, se denota que, al momento de interponer el presente recurso de amparo, al recurrente no se le había entregado la totalidad de la información solicitada, lesionándose sus derechos fundamentales.

Ahora bien, se comprueba que, posterior a la notificación de la resolución de curso a la autoridad recurrida, mediante oficio SENARA-GG-OFI-680-2024 del 23 de octubre de 2024, el gerente general del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) le envió al recurrente respuesta sobre los puntos faltantes en el primer oficio y amplió la información sobre los demás extremos de la solicitud de información. Por consiguiente, se reitera que, con ocasión a la interposición del presente recurso, la autoridad recurrida respondió en su totalidad la gestión de información de la recurrente. Así las cosas, dado que fue con ocasión del presente proceso que la autoridad recurrida llevó a cabo las actuaciones necesarias, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del recurrente, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se particularizan más adelante.

En todo caso, si el recurrente considera que parte de la información otorgada es falsa o no corresponde a lo solicitado, se denota una inconformidad con lo informado, por lo que, si lo tiene a bien, podrá presentar sus reclamos en la vía ordinaria. Asimismo, se reitera que cualquier reclamo referente al caso no. 23-019417-0007-CO deberá presentarlo en dicho expediente, pues, se reafirma que este amparo se interpuso por la falta de entrega de información del 31 de julio de 2024.

VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- Voto salvado parcial del Magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.  

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. 

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.  

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:  

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. 

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VIII.- Voto salvado de la Magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 24-026038-0007-CO

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:47:33.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber  

Resolution No. 05287 - 2025  

Date of Resolution: February 21, 2025 at 09:20  

Case File: 24-026038-0007-CO  

Drafted by: Jorge Araya Garcia  

Type of Matter: Amparo action  

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  

  

  

  

Text of the resolution  

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Exp: 24-026038-0007-CO  

Res. No. 2025005287  

  

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on February twenty-first, two thousand twenty-five.  

  

Amparo action filed by Nombre56087, identity card number CED28417, on behalf of HIMSELF AND THE ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, against the SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO –SENARA-.  

Whereas:  

1.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber on September 18, 2024, the petitioner filed an amparo action against the SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO –SENARA- and states that he files the amparo on behalf of the Asociación Confraternidad Guanacasteca. He explains that they requested the following from the respondent authority: “We wish to obtain information about the wildlife that currently inhabits that forest area that will be affected by the works. A+ Is there an inventory? B+ Please inform us who is the biologist in charge of that matter and how to contact them. C+ The Feasibility Study mentions a plan for the relocation and transfer of fauna from the areas to be impacted to other locations. We would greatly appreciate a copy of that work plan to save the resident or transient fauna in that area. D+ We also request a copy of the complementary documents of such plan, such as the schedule, budget, data and names of the team of collaborators, current agreements or contracts, or those to be tendered.” He states that the request was sent on July 31, 2024. He notes that they received official communication number SENARA-GG-OFI-561-2024 dated September 4, in which the respondent official indicated that the documents requested by them exist, for example “Flora and Fauna Rescue Protocol”, but does not send it. They affirm that his entire note is evasive and did not concretely answer any of the inquiries made, which is why they consider their fundamental rights violated. He requests that the action be declared with merit.  

2.- By means of a resolution at 20:45 hours on September 20, 2024, this Court issued the resolution on the course of this matter.  

3.- Osvaldo Quirós Arias, in his capacity as general manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), reports under oath (report rendered on September 27, 2024), in the following terms: “III.- REGARDING THE FACTS: 1. On July 31, 2024, the note from the petitioner herein, Mr. Nombre56088, was received, requesting to answer the four aspects indicated in the action: A+ Is there an inventory? B+ Please inform us who is the biologist in charge of that matter and how to contact them. C+ The Feasibility Study mentions a plan for the relocation and transfer of fauna from the areas to be impacted to other locations. We would greatly appreciate a copy of that work plan to save the resident or transient fauna in that area. D+ We also request a copy of the complementary documents of such plan, such as the schedule, budget, data and names of the team of collaborators, current agreements or contracts, or those to be tendered. 2. On September 4, 2024, official communication SENARA-GG-OFI-561—2024 was issued and communicated to the petitioner herein, by which he was informed: In response to the inquiries made in the note received without an official communication number via email on July 31, 2024, regarding the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME), the following is indicated: As defined in the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) for the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME) and as established in Ley 9610 “Law to Modify the Limits of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the Development of the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities,” the use of 113 hectares of the Lomas de Barbudal Biological Reserve (RBLB) is scheduled as part of the project's reservoir area, which will be compensated with a total of 573.9 hectares of land, representing a factor of 5.05 times the area that will be affected, with similarity in forest types, according to the Study called: “Establishment of the Biodiversity Baseline for the Lomas Barbudal Biological Reserve and adjacent property” (Year 2017), carried out by the Organization for Tropical Studies (OET). Said compensation corresponds to the acquisition of three blocks of land, the first of 443.92 hectares, the second of 104.95 hectares, and the third of 25.03 hectares, and their identification and selection was based on the results defined in the OET study, which used a version of the Habitat/Hectare methodology of Parkes et al 2003, which allowed determining elements related to habitat quality for diversity and community composition, between the floodable area versus the compensation area. Regarding the forest inventories and the flora and fauna inventories of the 113 ha that will be flooded, as well as the 573.9 ha defined for compensation, reference information used in the study stages is available, which is used as a basis to define the work methodology that will be implemented during the construction stage, therefore, work is currently underway to determine internally the environmental mechanisms that will be executed on the site, prior to its construction intervention, through the definition of work protocols and compliance with the environmental measures established in the Project Management Plan (PGA). In accordance with the above and according to the estimates contemplated within the Integrated Project Work Program (August 2024), the construction process of the Presa Río Piedras is expected to begin until the second half of 2025, and it is estimated that the filling of the reservoir that includes the 113 ha will begin approximately in the second half of 2029. In this regard and with respect to the Fauna Relocation and Transfer Plan mentioned in the note received, it is clarified that the project has a Flora and Fauna Rescue Protocol to be implemented in the areas that are currently being intervened; however, as the 113 ha will not be occupied at the moment, for that specific site, the flora and fauna rescue intervention plan is in the drafting stage and the “Guide for the development of rescue, translocation, and reinsertion mitigation plans for wildlife to complement environmental impact studies in project development, prepared by SINAC, MINAE” is used as a tool. Once we have the definition of the Intervention Plan regarding forest management and regarding the flora and fauna rescue process to be implemented within the 113 ha, we will be informing you of the respective details and will clarify any inquiries that may arise in this regard. Likewise, it is important to mention that for the management of all environmental matters demanded by the project, its Managing Directorate (DIGEP) will have an environmental team that will verify compliance with the commitments established in this matter, through supervision and monitoring processes that will be implemented during the construction stage of the project. On the other hand, we inform you that a Social Communication Area has been formed, through which you can channel inquiries you deem appropriate, through the following channels: ...995 or at telephone number Telf3899, and they will be gladly attended to through the corresponding mechanisms.” As accredited, SENARA did respond to the petitioner and provided the existing information required. 3. According to the provisions of numerals 27 and 30 of the Political Constitution, there is an obligation to guarantee access to information and a response, but it is clear that it is not possible to deliver exactly what was requested by the petitioner, because, as already explained, it does not yet exist; the required Inventory is under development, noting that, within the Project, there is a Flora and Fauna Rescue Protocol, which is being used in the areas currently intervened, and which does not directly respond to the Fauna Relocation and Transfer Plan that will be used for the 113 ha, since this particular plan, I reiterate, is in the drafting phase and for this, the “Guide for the development of rescue, translocation, and reinsertion mitigation plans for wildlife to complement environmental impact studies in project development, prepared by SINAC, MINAE” is used. 4. That the Administration therefore provided a timely response and supplied the information that was available. In accordance with the above, the aforementioned Flora and Fauna Rescue Protocol is provided herewith, which the petitioner did not request at the time. 5. Having said that, it is clear that there is no violation whatsoever of the right to petition and response of constitutional standing, since the request of the Managed Party, the petitioner herein, was addressed, even informing him of the means to communicate to have more direct and coordinated access to information, as they indeed required. IV.- PETITION: Considering that through official communication SENARA-GG-OFI-561-2024 dated September 4, 2024, a response was given to the request of the Managed Party, supplying the information, extensively, that was available, as evidenced by the documentary evidence provided in this brief, and by virtue of the fact that no harm was caused to the plaintiff, it is requested that the amparo action be rejected in its entirety.”  

4.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber on September 30, 2024, the petitioner states the following: “1.- We have read the response sent to the Chamber by Mr. Osvaldo Quirós Arias, General Manager of SENARA. 2.- We have not received any new direct communication or information from the General Manager of SENARA. Mr. Osvaldo Quirós Arias, in his brief to the Chamber, does not say that he has done so either. 3.- The General Manager of SENARA sends a Flora and Fauna Rescue Protocol as an annex to the magistrates, which he did not send to us. 4.- We analyze the responses received to our questions: A + Is there an inventory? Mr. Quirós gives us a long speech. But he does not provide any concrete information. B + Please inform us who is the biologist in charge of that matter and how to contact them. This is one of the most striking points. It is the easiest to answer. Provide a name and contact details. However, in his official communications, there is no mention of having hired a specialist on this topic. C + The Feasibility Study mentions a plan for the relocation and transfer of fauna from the areas to be impacted to other locations. We would greatly appreciate a copy of that work plan to save the resident or transient fauna in that area. On this important topic, Mr. Quirós tries to confuse everyone. The Feasibility Study granted by SETENA is for the ENTIRE PAACUME project, and he states that what is required in that authorization will ONLY be applied for the 113 hectares of Lomas de Barbudal. Works have begun, forest areas outside the reserve area have been destroyed, and this important EIA commitment is not being fulfilled. D + We also request a copy of the complementary documents of such plan, such as the schedule, budget, data and names of the team of collaborators, current agreements or contracts, or those to be tendered.” Plan: Zero response. Schedule: “In accordance with the above and according to the estimates contemplated within the Integrated Project Work Program (August 2024), the construction process of the Presa Río Piedras is expected to begin until the second half of 2025, and it is estimated that the filling of the reservoir that includes the 113 ha will begin approximately in the second half of 2029.” Mr. Manager mentions an Integrated Project Work Program (August 2024) but does not provide it. Budget: Zero response. Team of collaborators: Zero response. Agreements and contracts in force or to be tendered: Zero response. Mr. Osvaldo Quirós Arias practically gave no response to any of the specific inquiries we sent him. And unfortunately, he does so intentionally, to hide his wrongful actions in the construction of the PAACUME project. A project under execution despite the pending resolution of the AMPARO ACTION case file 23-019417-0007-CO. WE REQUEST Mr. Osvaldo Quirós Arias, General Manager of SENARA, be ordered to address our request and provide us with the documents and information requested in our letter of July 31, 2024, and that he be sanctioned for violation of the right to access public information.”  

5.- By means of a resolution at 11:23 hours on October 17, 2024, this Court requested evidence for a better resolution.  

6.- Osvaldo Quirós Arias, in his capacity as general manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), reports under oath (report rendered on October 24, 2024), in the following terms: “IV. REGARDING THE RESPONSE GIVEN TO MR. Nombre56087 As stated, a response was indeed given to the petition presented by Mr. Nombre56087. The right to petition and response requires the Administration to respond to the Managed Party, but if the information requested by the Managed Party does not exist, the Public Administration is not obligated to deliver something that has not come into legal existence. Hence, what was stated in official communication SENARA-GG-OFI561-2024 dated September 4, 2024, is in accordance with reality, according to the status of the project, its progress, and lines of action. Notwithstanding the above, in this act, it is sent to Mr. Nombre56087 through official communication SENARAGG-OFI-680-2024 dated October 23, 2024, and communicated on October 23, 2024, the following: • Anexo 1: Integrated PAACUME Program. August 2024. • Anexo 2: GA-03 Flora and Fauna Rescue and Relocation Protocol. PAACUME. V1. • Anexo 3: Environmental Impact Declaration. PAACUME. IV.- PETITION: Considering that through official communication SENARA-GG-0561-2024 dated September 4, 2024, a response was given to the request of the Managed Party, supplying the information, extensively, that was available, as evidenced by the documentary evidence provided in this brief, as well as that on October 23, 2024, a new note was sent transferring information to the petitioner herein, Nombre56087, and by virtue of the fact that no harm was caused to the petitioner, it is requested that the amparo action be rejected in its entirety.”  

7.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber on October 28, 2024, the petitioner replies to the report of the respondent authority and reiterates his claims. He adds the following: “1.- We have received an email with Official Communication SENARA GG-OFI-680-2024 dated October 23, signed by Mr. Osvaldo Quirós Arias, General Manager of SENARA. 2.- The following were attached: Integrated PAACUME Program; GA-03 Flora and Fauna Rescue and Relocation Protocol. PAACUME. V1; Environmental Impact Declaration. PAACUME. 3.- Mr. Osvaldo Quirós Arias, General Manager of SENARA, continues to omit responses, hides the truth, in a matter of great importance for Guanacaste and for all of Costa Rica. Now pressured by the Magistrates to respond, he does so by lying and trying to confuse everyone (…) We take this opportunity to make a respectful call to the magistrates, so that they resolve the AMPARO case file 23-019417-0007-CO with the utmost promptness, in order to establish the rules for the fair development of Guanacaste.” He asserts that much of the information sent to him is false.  

8.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.  

Drafted by Magistrate Araya García; and,  

Considering:  

I.- Preliminary Matter. In the present matter, it is necessary to clarify that the petitioner complains about the failure to deliver information regarding his request of July 31, 2024, concerning the “PAACUME project that has planned the clearing and substitution of 113 hectares of Lomas de Barbudal”. Now, in the brief of October 28, 2024, the petitioner requests that “they resolve the AMPARO case file 23-019417-0007-CO with the utmost promptness,” a matter filed by the same petitioner and which concerns the PAACUME project and its possible harm to the right to a healthy and ecologically balanced environment. Thus, it is noted that, in that matter, through judgment no. 2024007827 at 09:20 hours on March 22, 2024, the following was established: “The processing of this amparo action is suspended until the claim of unconstitutionality processed under case file No. 22-001372-0007-CO is resolved.” In any case, the petitioner is informed that any claim regarding that case must be filed in that case file, as, it is reiterated, this amparo was filed for the failure to deliver information of July 31, 2024. In this way, with this point clarified, we proceed to analyze the present action.  

II.- Object of the Action. The petitioner claims a violation of his fundamental rights, as he indicates that he requested public information from the respondent authority related to the “PAACUME project that has planned the clearing and substitution of 113 hectares of Lomas de Barbudal,” but to date, the entirety of the information has not been delivered to him.  

III.- Proven Facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:  

a) On July 31, 2024, the petitioner requested the following information from the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA): “We are writing to you as the person in charge of the PAACUME project that has planned the clearing and substitution of 113 hectares of Lomas de Barbudal. We wish to obtain information about the wildlife that currently inhabits that forest area that will be affected by the works. A+ Is there an inventory? B+ Please inform us who is the biologist in charge of that matter and how to contact them. C+ The Feasibility Study mentions a plan for the relocation and transfer of fauna from the areas to be impacted to other locations. We would greatly appreciate a copy of that work plan to save the resident or transient fauna in that area. Nombre8518+ We also request a copy of the complementary documents of such plan, such as the schedule, budget, data and names of the team of collaborators, current agreements or contracts, or those to be tendered” (see the report rendered and the evidence provided).  

b) Through official communication no. SENARA-GG-OFI-561-2024 dated September 4, 2024, the General Management of SENARA indicated the following to the petitioner: “SUBJECT: Response to communication received on July 31, 2024, from the Asociación Confraternidad Guanacasteca. Dear Sir, In response to the inquiries made in the note received without an official communication number via email on July 31, 2024, regarding the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME), the following is indicated: As defined in the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) for the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME) and as established in Ley 9610 “Law to Modify the Limits of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the Development of the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities,” the use of 113 hectares of the Lomas de Barbudal Biological Reserve (RBLB) is scheduled as part of the project's reservoir area, which will be compensated with a total of 573.9 hectares of land, representing a factor of 5.05 times the area that will be affected, with similarity in forest types, according to the Study called: “Establishment of the Biodiversity Baseline for the Lomas Barbudal Biological Reserve and adjacent property” (Year 2017), carried out by the Organization for Tropical Studies (OET). Said compensation corresponds to the acquisition of three blocks of land, the first of 443.92 hectares, the second of 104.95 hectares, and the third of 25.03 hectares, and their identification and selection was based on the results defined in the OET study, which used a version of the Habitat/Hectare methodology of Parkes et al 2003, which allowed determining elements related to habitat quality for diversity and community composition, between the floodable area versus the compensation area. Regarding the forest inventories and the flora and fauna inventories of the 113 ha that will be flooded, as well as the 573.9 ha defined for compensation, reference information used in the study stages is available, which is used as a basis to define the work methodology that will be implemented during the construction stage, therefore, work is currently underway to determine internally the environmental mechanisms that will be executed on the site, prior to its construction intervention, through the definition of work protocols and compliance with the environmental measures established in the Project Management Plan (PGA). In accordance with the above and according to the estimates contemplated within the Integrated Project Work Program (August 2024), the construction process of the Presa Río Piedras is expected to begin until the second half of 2025, and it is estimated that the filling of the reservoir that includes the 113 ha will begin approximately in the second half of 2029. In this regard and with respect to the Fauna Relocation and Transfer Plan mentioned in the note received, it is clarified that the project has a Flora and Fauna Rescue Protocol to be implemented in the areas currently being intervened; however, as the 113 ha will not be occupied at the moment, for that specific site, the flora and fauna rescue intervention plan is in the drafting stage and the “Guide for the development of rescue, translocation, and reinsertion mitigation plans for wildlife to complement environmental impact studies in project development, prepared by SINAC, MINAE” is used as a tool. Once we have the definition of the Intervention Plan regarding forest management and regarding the flora and fauna rescue process to be implemented within the 113 ha, we will be informing you of the respective details and will clarify any inquiries that may arise in this regard. Also, it is important to mention that for the management of all environmental matters demanded by the project, its Managing Directorate (DIGEP) will have an environmental team that will verify compliance with the commitments established in this matter, through supervision and monitoring processes that will be implemented during the construction stage of the project. On the other hand, we inform you that a Social Communication Area has been formed, through which you can channel inquiries you deem appropriate, through the following channels: ...995 or at telephone number Telf3899, and they will be gladly attended to through the corresponding mechanisms” (see the report and the evidence provided).  

c) On September 24, 2024, the course resolution was notified to the respondent authority (see the notification record).  

d) Through official communication SENARA-GG-OFI-680-2024 dated October 23, 2024, the general manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) communicated the following to the petitioner: “In response to the inquiries made in the note received without an official communication number via email on July 31, 2024, as well as given the concerns expressed before the Constitutional Chamber, regarding the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities (PAACUME), I am allowed to indicate the following: I. CLARIFICATION ON AFFECTED AREAS OF THE PROJECT First, I must clarify, as I believe there is an error, that the current works execution zone, called the dam zone, has been confused with the area of the 113 hectares to be flooded that formed part of the Lomas de Barbudal Reserve. Ley 9610, called “Modifies limits of the Lomas de Barbudal Biological Reserve for the development of the Water Supply Project for the Middle Basin of the Tempisque River and Coastal Communities,” establishes in its Article 4: (…) In accordance with the above, since 2018, SENARA prepared the Environmental Impact Study (EIA) which includes the Environmental Management Plan (PGA), which is an integral part of the Environmental Impact Study (EIA) in Costa Rica. As is known, the EIA comprises several phases, and the PGA is prepared as a complementary instrument that seeks to prevent, minimize, or compensate for environmental impacts that may arise from a project. The PGA is adjusted as the project progresses and is based on the EIA results, ensuring that appropriate measures are implemented to protect the environment during and after the project execution. This is crucial to guarantee the socio-environmental viability of any activity or project in the country. It is the PGA that includes a list of activities, among which is the performance of the Flora and Fauna Inventory of the species located in the 113 Has to be flooded that formed part of the Lomas de Barbudal Reserve area, an inventory required by the petitioner. This is where I must pause to explain that the 113 hectares of interest to Mr. Nombre56087 are distant from the current works execution zone, where work related to the construction of the dam has been carried out. Once this is clarified, the information request made in July concerns the flora and fauna inventory for the area of the 113 Has that formed part of the Lomas de Barbudal Reserve, meaning it is unrelated to the zone where works are currently being carried out. II. THE FLORA AND FAUNA RESCUE INTERVENTION PLAN FOR THE 113 HECTARES IS NOT YET REQUIRED Regarding the forest inventories and the flora and fauna inventories of the 113 ha that will be flooded, as well as the 573.9 ha defined for compensation, which you requested in your missive of July, I expand upon the information given in official communication SENARA-GG-OFI-561-2024, pointing out to you that, currently, reference information used in the study stages is available, which is used as a basis to define the work methodology that will be implemented during the construction stage. The PGA was prepared in compliance with the applicable regulations, namely the Regulations for the Preparation of Institutional Environmental Management Programs in the Public Sector of Costa Rica, Decreto Ejecutivo Nº 36499-S-MINAET, and it is this PGA that establishes that the activity related to the performance of the required inventory must be carried out in accordance with the project timeline for the second half of 2029. That is, the inventory you requested does not yet exist currently, and there is no obligation to have it for the current project execution phase. As the work progresses and according to the timeline and activities set out in the PGA, the Flora and Fauna inventory pertaining to this area will be available, an inventory that, as has been explained, must be handled differently from the other hectares of the project. As the petitioner was rightly informed, the flora and fauna rescue intervention plan is in the drafting stage, and for its preparation, the “Guide for the development of rescue, translocation, and reinsertion mitigation plans for wildlife to complement environmental impact studies in project development, prepared by SINAC, MINAE” is used as a tool. It is important to emphasize and understand that, for the execution of a construction project such as PAACUME, the environmental measures defined in the PGA are activated at the moment the Project initiates preliminary activities (topography, tree felling, etc.) and also during the construction stage. These works do not necessarily coincide with each other in their execution phases, that is, in this sense, there are environmental measures that must be implemented and executed in all of the Project's activities, for example, the carrying out of tree felling with its respective permit from the pertinent entities; however, this is applied before or after in one work or another, as established in the work program defined for the Project, since the implementation of the environmental measure will depend on the scheduled start of construction activities.

In the case of the rescue of flora and fauna for this Project, the protocol or methodology to be implemented varies according to the type of activity to be carried out, that is, for intervention sites with non-floodable construction activities (outside the reservoir area), the logistics and work methodology is different from the flora and fauna rescue protocol proposed for implementation within the Project's work zones considered floodable (Reservoir area); therefore, when a differentiation in the treatment of the 113 ha is made, it refers to the aforementioned. As previously mentioned, there is a Flora and Fauna Rescue and Relocation Protocol to be implemented in all non-floodable areas of the Project (See Annex 3), and in the case of the floodable areas (Reservoir), where the 113 ha of land are located, it is the Protocol that has been referenced that is in the planning stage. That said, this condition mentioned for this specific topic does not mean that compliance with environmental commitments will be assumed only on the 113 ha of land, but rather clarifies that there is a differentiation in the scope of the measures, due to the particularities of a specific activity. Having stated the above and to explain in greater detail, the Project's Environmental Management Plan defines the following environmental measures for flora and fauna rescue and tree cutting, for activities associated with Reservoir Filling (construction stage), which will be considered at the time intervention begins on the 113 ha of land, among other land areas that make up the Reservoir area:

| Project Activities or Actions | Environmental Impact | Environmental Measures |
| :--- | :--- | :--- |
| Reservoir (Reservoir Filling (A8) | 17-18 | (1) Prepare and implement a Fauna Rescue and Relocation Plan for the construction process of the PAACUME works and during the filling activity of the río Piedras Reservoir. The Plan must include at least the guidelines for the capture, care, and release of fauna, as well as monitoring of habitat adaptation. (2) Establish alliances with nearby rescue centers for the rehabilitation of rescued fauna. (3) Provide training to property owners on possible encounters with wildlife. |
|  | 31 | (1) Prepare and implement a schedule for vegetation clearing and cleaning within the reservoir area that is sectorized and selective, with the purpose of gradually decreasing the visual impact caused by vegetation clearing actions to make way for the water mirror that the reservoir will form. |

All resources associated with the implementation of the Fauna Relocation and Transfer Plan to be used within the floodable areas, including the 113 ha of land, will be defined once said plan is finalized, which will have a schedule with programmed and measurable activities for its fulfillment. According to the above, due to the stage of the Project we are currently in, it is not possible to have this information at this time. Annex 1 transmits the Integrated Project Schedule, where the estimated publication dates of the main procurement tenders are visualized, as well as the execution dates of the main works, considering the Dam and Spillway Works, which include the enabling of the Reservoir and therefore the 113 ha of land, according to a review conducted as of August 2024. Therefore, once we have the definition of the FLORA AND FAUNA RESCUE INTERVENTION PLAN to be implemented within the 113 ha, we will be informing you of the respective details and will clarify any inquiries that may arise in this regard.

III. REGARDING THE BIOLOGIST IN CHARGE
Regarding the information on the Biologist in charge, while it is true you were provided with the contact for the interdisciplinary office that handles all environmental and social matters of the project, I hereby indicate that Biologist Farrel Ruiz Pacheco, license 1632, and Forestry Engineer Alejandro Fallas Castillo have been specifically hired, who, together with an operational group, are in charge of the fauna rescue topic for the areas intervened to date by the Project, namely: Offices, Stockpile Yard, Enabling of Access to the Machine House, Water Intake, and Waste Dump 2. However, for communications, questions, or requests for information, these must be sent to the Social Communication Area, through the following channels: ...995 or by telephone Telf3899, and we will gladly attend to them through the appropriate mechanisms. As part of the transparency of this process, I would like to inform you that attached to this official communication are copies of the following documents: Annex 1: Integrated Schedule of PAACUME. August 2024. Annex 2: GA-03 Protocol for rescue and relocation of flora and fauna. PAACUME. V1. Annex 3: Environmental Impact Declaration. PAACUME. Hoping to have addressed your concerns, I bid you farewell, reiterating our absolute willingness to attend to your inquiries." This official communication was communicated to the appellant on October 23, 2024 (see the report rendered and the evidence provided).

IV.- Regarding the request for information. We will proceed to analyze the specific inquiries formulated by the appellant and the responses provided by the respondent, in order to determine whether each of these was fully addressed or not, as required.

The information requested concerns the "PAACUME project which has scheduled the clearing and substitution of 113 hectares of Lomas de Barbudal (...) to obtain information on the wildlife that currently inhabits that forest area that will be affected by the works."

| What was requested | Is the request amenable or not? | Was the request addressed or not? |
| :--- | :--- | :--- |
| “Does an inventory exist?”. | Yes, it is amenable. | Yes, through official communication no. SENARA-GG-OFI-561-2024 of September 4, 2024, notified prior to the filing of this appeal. |
| “Please inform us who the biologist in charge of this matter is and how to contact them”. | Yes, it is amenable. | Yes, through official communication no. SENARA-GG-OFI-680-2024 of October 23, 2024, notified after the notification of the admissibility resolution. |
| “The Feasibility Study mentions a relocation and transfer plan for fauna from the areas to be impacted to other locations. We would greatly appreciate a copy of that work plan to save the resident or transient fauna in that area”. | Yes, it is amenable. | Yes, through official communication no. SENARA-GG-OFI-561-2024 of September 4, 2024, notified prior to the filing of this appeal. |
| “We also request copies of the complementary documents to such plan, such as the schedule, budget, data and names of the collaborating team, current agreements or contracts or those to be tendered”. |  | Yes, through official communication no. SENARA-GG-OFI-680-2024 of October 23, 2024, notified after the notification of the admissibility resolution. |

V.- On the merits. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies the violation of the appellant's right to obtain public information. The foregoing, because in the report rendered by the representative of the respondent authority—which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on July 31, 2024, the appellant requested the following information from the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA): “We are writing to you as the manager of the PAACUME project which has scheduled the clearing and substitution of 113 hectares of Lomas de Barbudal. We want to obtain information on the wildlife that currently inhabits that forest area that will be affected by the works. A+ Does an inventory exist? B+ Please inform us who the biologist in charge of this matter is and how to contact them. C+ The Feasibility Study mentions a relocation and transfer plan for fauna from the areas to be impacted to other locations. We would greatly appreciate a copy of that work plan to save the resident or transient fauna in that area. D+ We also request copies of the complementary documents to such plan, such as the schedule, budget, data and names of the collaborating team, current agreements or contracts or those to be tendered”. Thus, through official communication no. SENARA-GG-OFI-561-2024 of September 4, 2024, the General Management of SENARA responded to the appellant's information request regarding point 1 (inventory) and point 2 (Fauna Relocation and Transfer Plan) of their petition. However, it is not verified that a response was provided regarding point 3 (biologist in charge) or point 4 (complementary documents to the Fauna Relocation and Transfer Plan). Consequently, it is evident that, at the time of filing this amparo appeal, the appellant had not been provided with all the requested information, thereby violating their fundamental rights.

Now then, it is verified that, after the notification of the admissibility resolution to the respondent authority, through official communication SENARA-GG-OFI-680-2024 of October 23, 2024, the general manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) sent the appellant a response regarding the missing points from the first official communication and expanded the information on the other aspects of the information request. Consequently, it is reiterated that, on the occasion of the filing of this appeal, the respondent authority fully responded to the appellant's information request. Therefore, given that it was on the occasion of this proceeding that the respondent authority carried out the necessary actions to safeguard the appellant's fundamental rights, the amparo appeal must be declared admissible, in application of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, with the consequences detailed below.

In any case, if the appellant considers that part of the information provided is false or does not correspond to what was requested, a disagreement with what was reported is noted; therefore, if deemed appropriate, they may submit their claims through ordinary channels. Likewise, it is reiterated that any claim referring to case no. 23-019417-0007-CO must be filed within that file, as it is reaffirmed that this amparo was filed due to the failure to deliver information from July 31, 2024.

VI.- Regarding the award of costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of this Chamber considers that, in the case under examination, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared admissible solely for purposes of compensation and costs, if these are applicable”), the finding in favor must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to declare the appeal admissible when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph in fine states that the finding in favor is issued “solely for purposes of compensation and costs, if these are applicable”. It is emphasized that the Law states “if these are applicable”, which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states: “any resolution that upholds the appeal shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and their settlement shall be reserved for the execution of judgment”, where the possibility of assessing whether or not matters concerning compensation and costs are applicable is not contemplated. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law, and also, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional - cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if deemed appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses.

VII.- Partial dissenting vote of Judge Salazar Alvarado, solely in relation to the non-award of costs, damages, and losses against the respondent.

While I concur with the rest of the Chamber in declaring the appeal admissible, I dissent from the majority criterion regarding the exemption from ordering the respondent to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared admissible solely for purposes of compensation and costs, if these are applicable”.

Furthermore, Article 51 ibidem establishes that:

“...any resolution that upholds the appeal shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and their settlement shall be reserved for the execution of judgment”.

This last norm establishes the general system that regulates matters regarding compensation and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights...”.

In the majority's criterion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for an award of costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both rules, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, declares the appeal admissible, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in the referenced Article 52—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to compensate for the damages and losses caused and to pay the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the finding in favor of the appeal, a topic regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has found the grievance proven and has examined the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, whose foundation lies in the principles of protection of persons' rights and that the Administration must be held responsible for the damages and losses caused by its unconstitutional actions.

Thus, the fact that at the time of hearing and upholding the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation on these points, contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not examined nor pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights, which the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding”.

The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, unequivocally, for the revocation, stopping, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of award of costs, damages, and losses, despite the finding in favor of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared admissible “solely for purposes of compensation and costs, if these are applicable”. As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.

In my judgment, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an award is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly evident that no compensable loss was caused in the specific case. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from paying said amounts. As in this case, there is no element whatsoever to disprove the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—whose specific determination does not correspond to this jurisdiction—the upholding of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages, and losses, and so we declare.

As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From this perspective, the analysis carried out by this court focuses on said verification, however, it does not delve into weighing whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected individuals. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, we, the undersigned, do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose:

“ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo shall handle the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnities”.

It is clear that that proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation on those items, since such claims would not be applicable within that type of cause when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the non-applicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative court requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my view, according to the wording of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which it is reasonably estimated that there are no patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the respondent entity's own cause or another's, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their quantity, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, according to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are proper to an abstract condemnation that later constitutes the basis for analysis in the Contencioso-Administrativo Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not its primary object or ratio. Thus, it does not fall upon the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have caused them injuries is an aspect that, as a matter of principle and barring exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of cause. Note that, in the scenario regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infringement, with which, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In that way, the dispensation from condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a general, nature. Therefore, in those scenarios, the norm imposes abstract condemnation, so that its applicability may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, would be jeopardized, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or infringe upon the individuals' fundamental rights. That is, in order to obtain the protection of those rights, the person opted for judicial protection, and it was because of that, that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, if the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was caused to cease by the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses, it is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, should in no way be denied, as a presupposition, by the mere realization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority's position, I express my vote and reiterate that the upholding of this appeal must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and losses.

VIII.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared admissible solely for purposes of compensation and costs, if these are applicable”.

My interpretation of this norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if these are applicable” refers to costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.

Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that upholds the appeal shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and their settlement shall be reserved for the execution of judgment”.

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract award for these is appropriate. If it were not done this way, if such an award were not given, in the event that damages did occur, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite an abstract award, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, as only they are responsible for finding the actual existence and magnitude of the same proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

Based on the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not costs.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE.

The parties are warned that if any document has been submitted in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The action is declared with merit, based on the provisions of article 52, paragraph 1, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without special award of costs, damages and losses. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not costs. Let it be notified.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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