Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite se tuvo por acreditado que mediante oficio No. AEL-00316-2024 del 24 de diciembre de 2024, remitido ese mismo día, el recurrente solicitó al auditor interno del SINAC vía correo electrónico a través de la dirección ..., lo siguiente: "Me dirijo a usted con motivo de realizar una consulta respecto al actuar por oficio en labores de cuido y resguardo de las áreas silvestres protegidas y los recursos naturales. La pregunta en cuestión es referente al marco legal existente que define las responsabilidades y obligaciones de los funcionarios del SINAC en caso de presentarse una amenaza o afectación a los recursos naturales fuera o dentro de un área silvestre protegida, tales como un Parque Nacional o un Refugio de vida silvestre. En cuanto a la definición del cómo deben proceder los funcionarios y si están obligados a actuar de oficio sobre la atención del acto o amenaza a los recursos naturales que se presente (o si por el contrario se requiere necesariamente de una denuncia de una tercera parte), para proceder con las acciones de detención, corrección el acto y la imposición de medidas precautorias sobre el mismo. Así mismo, en relación con dichas obligaciones y responsabilidades, en caso de un funcionario hacer caso omiso a un acto de daño o amenaza de los recursos naturales que vea, escuche o identifique, cuáles son las medidas sancionatorias sobre los funcionarios que omitan atender las situaciones que se presenten dentro o fuera de cualquier tipo de Área Silvestre Protegida". Como medios para recibir notificaciones señaló las direcciones de correo ... y ... Al respecto, es importante indicar que la dirección de correo ..., sí está destinado a la recepción de correspondencia de la Auditoría Interna del SINAC. Ante tal requerimiento, se demostró que la gestión fue canalizada con la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE debido que el SINAC actualmente no cuenta con asesores legales producto de la reestructuración que se efectúa de la mano con MIDEPLAN. Finalmente, se constató que mediante oficio No. MINAE-SINAC-DAJ-OFI-039-2025 del 13 de febrero del 2025 la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE brindó respuesta a la gestión planteada por el tutelado, la cual consta de seis páginas. En lo medular: “En razón de lo anterior, el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N°7788 otorga al SINAC cuatro grandes competencias: en material Forestal, protección de cuencas hidrográficas, áreas silvestres protegidas (PNE) y vida silvestre. Se entiende que dichas competencias no implican únicamente la atención de las denuncias interpuestas por la ciudadanía sino también un marco de acción de oficio cuando los ilícitos ambientales son conocidos de manera directa por los funcionarios. Esta idea se refuerza en los siguientes artículos: • Ley Forestal N°7575, artículo 6 inciso g: “ARTICULO 6.- Competencias. Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes: g) Prevenir y controlar que no exista ningún aprovechamiento forestal ejecutado sin cumplir con las disposiciones de esta ley. Para ello, deberá asegurarse de que se realicen inspecciones en bosques, se ejerza control en carreteras y se practiquen inspecciones y auditorías en los sitios adonde llega madera para procesar o usar, a fin de detectar y denunciar cualquier aprovechamiento ilegal del bosque”. • Ley Forestal N°7575, artículo 6 inciso P): “ARTICULO 6.- Competencias. Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes: p) Denunciar, por medio del Ministro del Ambiente y Energía, ante la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre, así como ante el Ministerio Público, cualquier irregularidad en la aplicación de esta ley”. • Ley Forestal N°7575, artículo 54: “Funcionarios de la Administración Forestal. Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas (…) • Ley de conservación de la vida silvestre N°7317, artículo 7 incisos h), i), k): “Artículo 7.- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el ejercicio de su competencia: h) Proteger, supervisar y administrar, con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de importancia nacional o internacional. i) Crear y gestionar los programas de manejo, control, vigilancia e investigación sobre la vida silvestre. k) Coordinar con los otros entes competentes en la prevención, mitigación, atención y seguimiento de los daños a la vida silvestre”. • Ley de conservación de la vida silvestre N°7317, artículo 16: “Artículo 16.-Para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, los inspectores de vida silvestre, los inspectores forestales, los guardaparques y funcionarios del Sinac debidamente acreditados para esos fines y en el desempeño de sus funciones están facultados para detener, transitar, entrar y practicar inspecciones, dentro de cualquier finca y embarcación, lo mismo que en las instalaciones industriales y comerciales involucradas, así como para decomisar los organismos, las partes, los productos y los derivados de vida silvestre, junto con el equipo utilizado en la comisión de un delito o actividad prohibida por esta ley. En el caso de los domicilios privados se deberá contar con el permiso de la autoridad judicial competente o del propietario”. • Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, artículo 34: “Artículo 34.- Medidas preventivas. En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento”. • Ley Orgánica del Ambiente N°7554, artículo 99: “Artículo 99.- Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones (…) De conformidad al principio de legalidad que rige la administración pública, inmerso en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública N°6227, se desprende del articulado anterior que los funcionarios del SINAC sí poseen obligaciones y facultades para actuar de oficio ante los presuntos ilícitos en materia ambiental de los cuales tengan conocimiento de forma directa, de hecho la institución a nivel interno ha creado procedimientos en el marco de las funciones de prevención, protección y control, esto en aras de definir el “protocolo” de actuación de los funcionarios en este tipo de operativos, se enumeran algunos: • DECOMISO DE BIENES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PROVENIENTES DE LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ASOCIADOS A ILÍCITOS AMBIENTALES COMPETENCIA DEL SINAC. Oficializado en el 2021. • CUSTODIA DE BIENES Y PRODUCTOS DECOMISADOS O HALLADOS, ASOCIADOS A LA ATENCIÓN DE ILÍCITOS AMBIENTALES. Oficializado en el 2022. • ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ASOCIADAS A ILÍCITOS AMBIENTALES COMPETENCIA DEL SINAC”. Oficializado en el 2020. Lo anterior fue notificado a los correos electrónicos ... y ... el 13 de febrero del 2025 (…) En relación a la segunda parte de su consulta, sobre las posibles sanciones a los funcionarios en caso de incumplimiento de sus deberes, se citan de seguido los artículos del marco normativo aplicables: • Los artículos 12 y 13 del Decreto Ejecutivo 28409 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, prescriben el deber de probidad, por el cual todo servidor o servidora debe actuar con honradez, así como el deber de responsabilidad, de acuerdo con el cual se debe actuar con claro sentido del deber que corresponde para el cumplimiento del fin público. • El artículo 21 del Decreto Ejecutivo 28409 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía ordena el deber a los funcionarios de denunciar cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento en el ejercicio de su cargo. • El artículo 281 inciso a) del Código Procesal Penal, por el cual los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Respecto a las sanciones aplicables, las mismas dependerán de cada caso concreto y la valoración que efectúe el órgano decisor del procedimiento administrativo disciplinario con base en el informe de recomendación que efectúe el órgano director nombrado para tales fines. No obstante, lo anterior, se citan algunos artículos que establecen sanciones atribuibles a la materia objeto del presente escrito: • Artículo 81 del Código de Trabajo. • Artículo 4 de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito N°8422. • Artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público N°10159. • Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, N°28409-MINAE. CAPITULO XXII. Del Régimen Disciplinario y del Procedimiento de Aplicación, artículos 105, 106, 108 y 109”. Lo anterior fue notificado a las direcciones de correo electrónico ... y ... el 13 de febrero de 2025. En la especie, si bien del elenco de hechos probados se desprende que el 12 de febrero de 2025 la autoridad recurrida brindó respuesta a lo solicitado por el recurrente, lo cierto es que esta Sala infiere que dicha actuación fue desplegada con posterioridad a la notificación del auto de curso al Auditor General del SINAC, lo que ocurrió el 12 de febrero de 2025. Por lo demás, si parte recurrente se encuentra disconforme con la respuesta emitida por la autoridad recurrida, se advierte que ello plantea una discusión de legalidad ordinaria, propia de discutir en la vía común, sea administrativa o jurisdiccional, y no ante esta sede especializada. Por tal razón, procede declarar con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
English (translation)III.- ON THE MERITS. In the case at hand, it has been established that by official letter No. AEL-00316-2024 of December 24, 2024, sent that same day, the appellant requested from the SINAC internal auditor via email through the address ..., the following: "I am writing to you to inquire about the ex officio actions in the care and protection of protected wild areas and natural resources. The question at issue refers to the existing legal framework that defines the responsibilities and obligations of SINAC officials in the event of a threat or damage to natural resources outside or inside a protected wild area, such as a National Park or a Wildlife Refuge. Regarding the definition of how officials should proceed and whether they are obliged to act ex officio in addressing an act or threat to natural resources that arises (or if, on the contrary, a complaint from a third party is necessarily required), in order to proceed with detention, correction of the act and the imposition of precautionary measures on it. Likewise, in relation to these obligations and responsibilities, in the event that an official ignores an act of damage or threat to natural resources that they see, hear or identify, what are the sanctioning measures for officials who fail to address situations that arise inside or outside any type of Protected Wild Area." As means for receiving notifications, he indicated the email addresses ... and ... In this regard, it is important to note that the email address ... is indeed intended for receiving correspondence from the SINAC Internal Audit. Upon this request, it was demonstrated that the inquiry was channeled to the MINAE Legal Advisory Directorate because SINAC currently does not have legal advisors as a result of the restructuring being carried out jointly with MIDEPLAN. Finally, it was verified that by official letter No. MINAE-SINAC-DAJ-OFI-039-2025 of February 13, 2025, the MINAE Legal Advisory Directorate provided a response to the inquiry filed by the protected party, which consists of six pages. In its core: "In view of the above, Article 22 of the Biodiversity Law No. 7788 grants SINAC four broad competencies: in Forestry matters, protection of hydrographic basins, protected wild areas (PNE) and wildlife. It is understood that these competencies do not only entail the handling of complaints filed by citizens but also a framework of ex officio action when environmental offenses are directly known to the officials. This idea is reinforced in the following articles: • Forestry Law No. 7575, Article 6 subsection g: 'ARTICLE 6.- Competencies. The competencies of the State Forestry Administration are the following: g) Prevent and control that no forest exploitation is carried out without complying with the provisions of this law. To this end, it shall ensure that inspections are carried out in forests, control is exercised on roads, and inspections and audits are practiced at the sites where wood arrives for processing or use, in order to detect and report any illegal exploitation of the forest.' • Forestry Law No. 7575, Article 6 subsection P): 'ARTICLE 6.- Competencies. The competencies of the State Forestry Administration are the following: p) Report, through the Minister of Environment and Energy, to the Environmental and Maritime Zone Attorney General's Office, as well as to the Public Prosecutor's Office, any irregularity in the application of this law.' • Forestry Law No. 7575, Article 54: 'Forestry Administration Officials. The officials of the State Forestry Administration shall have the character of police authority, and as such and in accordance with this law, they must report the offenses committed to the competent authorities (…) • Wildlife Conservation Law No. 7317, Article 7 subsections h), i), k): 'Article 7.- The National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy has the following functions in the exercise of its competence: h) Protect, supervise and manage, with an ecosystem focus, wetlands, and determine their classification of national or international importance. i) Create and manage management, control, surveillance and research programs on wildlife. k) Coordinate with other competent entities in the prevention, mitigation, attention and follow-up of damage to wildlife.' • Wildlife Conservation Law No. 7317, Article 16: 'Article 16.- For the faithful fulfillment of the obligations established in this law, wildlife inspectors, forest inspectors, park rangers and SINAC officials duly accredited for these purposes and in the performance of their duties are empowered to detain, transit, enter and carry out inspections, within any estate and vessel, as well as in the industrial and commercial facilities involved, as well as to seize organisms, parts, products and derivatives of wildlife, together with the equipment used in the commission of a crime or activity prohibited by this law. In the case of private homes, the permission of the competent judicial authority or the owner shall be required.' • Environmental Organic Law No. 7554, Article 34: 'Article 34.- Preventive measures. In state-owned protected wild areas, the Ministry of Environment and Energy is responsible for adopting appropriate measures to prevent or eliminate, as soon as possible, the exploitation or occupation in the entire area and to enforce the ecological, geomorphological and aesthetic characteristics that have determined its establishment.' • Environmental Organic Law No. 7554, Article 99: 'Article 99.- Administrative sanctions. In the event of violation of environmental protection regulations or clearly established harmful conduct towards the environment in this law, the Public Administration shall apply the following protective measures and sanctions (…) In accordance with the principle of legality governing the public administration, embedded in Article 11 of the Political Constitution and 11 of the General Public Administration Law No. 6227, it follows from the foregoing articles that SINAC officials do have obligations and powers to act ex officio when faced with alleged environmental offenses of which they have direct knowledge; in fact, the institution internally has created procedures within the framework of the functions of prevention, protection and control, this in order to define the "protocol" of action for officials in this type of operations, some are listed: • SEIZURE OF GOODS, PRODUCTS AND BY-PRODUCTS FROM THE HANDLING OF COMPLAINTS AND REPORTS ASSOCIATED WITH ENVIRONMENTAL OFFENSES UNDER SINAC'S COMPETENCE. Officialized in 2021. • CUSTODY OF SEIZED OR FOUND GOODS AND PRODUCTS, ASSOCIATED WITH THE HANDLING OF ENVIRONMENTAL OFFENSES. Officialized in 2022. • HANDLING OF COMPLAINTS AND REPORTS ASSOCIATED WITH ENVIRONMENTAL OFFENSES UNDER SINAC'S COMPETENCE. Officialized in 2020. The foregoing was notified to the email addresses ... and ... on February 13, 2025 (…) In relation to the second part of your inquiry, regarding the possible sanctions for officials in case of breach of their duties, the articles from the applicable regulatory framework are cited below: • Articles 12 and 13 of Executive Decree 28409 Autonomous Service Regulations of the Ministry of Environment and Energy prescribe the duty of probity, by which every public servant must act with honesty, as well as the duty of responsibility, according to which one must act with a clear sense of the duty that corresponds to the fulfillment of the public purpose. • Article 21 of Executive Decree 28409 Autonomous Service Regulations of the Ministry of Environment and Energy orders the duty of officials to report any irregularity of which they become aware in the exercise of their position. • Article 281 subsection a) of the Code of Criminal Procedure, by which public officials have the duty to report ex officio prosecutable offenses that they become aware of in the exercise of their functions. Regarding the applicable sanctions, they will depend on each specific case and the assessment made by the decision-making body of the disciplinary administrative procedure based on the recommendation report made by the directing body appointed for such purposes. Notwithstanding the above, some articles are cited that establish sanctions attributable to the matter subject of this writing: • Article 81 of the Labor Code. • Article 4 of the Law Against Illicit Enrichment No. 8422. • Article 21 of the Framework Law on Public Employment No. 10159. • Autonomous Service Regulations of the Ministry of Environment and Energy, No. 28409-MINAE. CHAPTER XXII. On the Disciplinary Regime and the Application Procedure, articles 105, 106, 108 and 109." The foregoing was notified to the email addresses ... and ... on February 13, 2025. In the case, although from the list of proven facts it appears that on February 12, 2025, the respondent authority provided a response to what was requested by the appellant, the truth is that this Chamber infers that said action was carried out after the notification of the course order to the SINAC Auditor General, which occurred on February 12, 2025. Moreover, if the appellant party is dissatisfied with the response issued by the respondent authority, it is noted that this raises a discussion of ordinary legality, appropriate to be discussed through the ordinary channels, whether administrative or jurisdictional, and not before this specialized venue. For this reason, it is appropriate to uphold the appeal without awarding costs and damages.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 05608 - 2025 Fecha de la Resolución: 21 de Febrero del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-003811-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-003811-0007-CO Res. Nº 2025005608 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinticinco . Recurso de Nombre377 que se tramita en expediente número 25-003811-0007-CO, interpuesto por Nombre35146, cédula de identidad CED16107, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:44 horas del 10 de febrero de 2025, el recurrente interpone recurso de Nombre377 contra el SINAC y manifiesta que por oficio nro. AEL-00316-2024 le solicitó a la autoridad recurrida lo siguiente: "Me dirijo a usted con motivo de realizar una consulta respecto al actuar por oficio en labores de cuido y resguardo de las áreas silvestres protegidas y los recursos naturales. La pregunta en cuestión es referente al Nombre23380 legal existente que define las responsabilidades y obligaciones de los funcionarios del SINAC en caso de presentarse una amenaza o afectación a los recursos naturales fuera o dentro de un área silvestre protegida, tales como un Parque Nacional o un Refugio de vida silvestre. En cuanto a la definición del cómo deben proceder los funcionarios y si están obligados a actuar de oficio sobre la atención del acto o amenaza a los recursos naturales que se presente (o si por el contrario se requiere necesariamente de una denuncia de una tercera parte), para proceder con las acciones de detención, corrección el acto y la imposición de medidas precautorias sobre el mismo. Así mismo, en relación con dichas obligaciones y responsabilidades, en caso de un funcionario hacer caso omiso a un acto de daño o amenaza de los recursos naturales que vea, escuche o identifique, cuáles son las medidas sancionatorias sobre los funcionarios que omitan atender las situaciones que se presenten dentro o fuera de cualquier tipo de Área Silvestre Protegida" (véase prueba aportada en autos). Sostiene que la petición fue enviada el 24 de diciembre de 2024, por medio del correo electrónico: ...174 dirigido al auditor interno del SINAC. Sin embargo, reclama que al día en que acude en Nombre377 no ha recibido respuesta por parte de la autoridad recurrida, razón por la cual estima vulnerados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso. 2.- Informa bajo juramento Nombre56609, en su condición de Auditor General del SINAC, que: “PRIMERO: Es cierto que el recurrente remitió a la presente auditoría interna mediante el correo ...174, una consulta relacionada con el Nombre23380 normativo que rige el accionar de los funcionarios institucionales en las tareas atinentes a prevención, protección y control, lo anterior en fecha 24 de diciembre del 2024. Dicho correo sí está destinado a la recepción de correspondencia de la Auditoría Interna del SINAC. SEGUNDO: Mi persona estuvo de vacaciones en un período comprendido desde el 13 de diciembre del 2024 hasta el 8 de enero inclusive, esto fue debidamente indicado en las respuestas automáticas que dejé programadas en el correo electrónico y que debieron alertar a don Nombre52102 sobre mi ausencia y el momento en que iba a reincorporarme a laborar con normalidad. TERCERO: Al retomar las labores de la auditoría interna, debí comenzar a atender las consultas, solicitudes, denuncias y otros temas que ingresaron a la dependencia desde el 13 de diciembre. Lo anterior sucede debido al escaso personal que posee la Auditoría y la necesidad de que algunos temas sean atendidos necesariamente por mi persona. Así las cosas, en el orden de prioridades institucionales, la solicitud de don Nombre23380 aún no había sido valorada hasta la notificación del presente recurso de Nombre377. Nótese adicionalmente que el Poder Ejecutivo contó con un período de cierre decretado desde el 20 de diciembre hasta el lunes 6 de enero, esto quiere decir que para el momento en que la solicitud del recurrente ingresó al SINAC, la institución no se encontraba en días hábiles para la gestión de los distintos trámites que ingresan al circulante de los departamentos, de este modo, es criterio de la presente instancia que si bien es cierto existe una demora en atender lo requerido por don Nombre23380, dicha omisión no representa una práctica habitual de la Auditoría Interna sino más bien un caso fortuito acaecido por la concurrencia de las circunstancias ya explicadas. CUARTO: Se procedió a revisar con detenimiento lo requerido por don Nombre52102 y a pesar de que titula su escrito como “Solicitud de informe respecto al cuido y resguardo de las Áreas Silvestres Protegidas y los Recursos Naturales”, del contenido del escrito se desprende que en realidad efectúa una consulta de índole meramente jurídica ya que requiere el Nombre23380 normativo que define el accionar de los funcionarios del SINAC en relación a las labores de prevención, protección y control dentro y fuera de las Áreas silvestres protegidas y el régimen sancionatorio ante presuntos incumplimientos. Ambos temas son materia que escapa las competencias de la Auditoría Interna del SINAC, esto ya que dentro de nuestras funciones no se estipula la de asesorar legalmente o efectuar compilaciones de normativa de cara a los administrados. Así las cosas, la solicitud fue debidamente canalizada con la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE, esto ya que el SINAC actualmente no cuenta con asesores legales producto de la reestructuración que se efectúa de la mano con MIDEPLAN. QUINTO: La Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE procedió a preparar el oficio N°MINAE-SINAC-DAJ-OFI-039-2025 de fecha 13 de febrero del 2025, mismo que se transcribe de seguido y que representa la contestación a cabalidad de los extremos requeridos por el recurrente: (…) SEXTO: El oficio N° MINAE-SINAC-DAJ-OFI-039-2025 fue notificado a los correos electrónicos dispuestos por el recurrente (...17 y ...17 ) en fecha 13 de febrero del 2025. (Al respecto ver comprobante de notificación adjunto como prueba)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 3.- En escrito presentado a las 12:20 horas del 18 de febrero de 2025, el recurrente aporta gestiones posteriores. 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, CONSIDERANDO: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que por oficio No. AEL-00316-2024 solicitó a la autoridad recurrida información de su interés respecto al cuido y resguardo de las Áreas Silvestres Protegidas y los Recursos Naturales. Sostiene que la petición fue enviada el 24 de diciembre de 2024 por medio del correo electrónico ...174 dirigido al auditor interno del SINAC. Sin embargo, reclama que al día en que acude en Nombre377 no ha recibido respuesta por parte de la autoridad recurrida, razón por la cual estima vulnerados sus derechos fundamentales. II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) Mediante oficio No. AEL-00316-2024 del 24 de diciembre de 2024, remitido ese mismo día, el recurrente solicitó al auditor interno del SINAC vía correo electrónico a través de la dirección ..., lo siguiente: "Me dirijo a usted con motivo de realizar una consulta respecto al actuar por oficio en labores de cuido y resguardo de las áreas silvestres protegidas y los recursos naturales. La pregunta en cuestión es referente al al Nombre23 legal existente que define las responsabilidades y obligaciones de los funcionarios del SINAC en caso de presentarse una amenaza o afectación a los recursos naturales fuera o dentro de un área silvestre protegida, tales como un Parque Nacional o un Refugio de vida silvestre. En cuanto a la definición del cómo deben proceder los funcionarios y si están obligados a actuar de oficio sobre la atención del acto o amenaza a los recursos naturales que se presente (o si por el contrario se requiere necesariamente de una denuncia de una tercera parte), para proceder con las acciones de detención, corrección el acto y la imposición de medidas precautorias sobre el mismo. Así mismo, en relación con dichas obligaciones y responsabilidades, en caso de un funcionario hacer caso omiso a un acto de daño o amenaza de los recursos naturales que vea, escuche o identifique, cuáles son las medidas sancionatorias sobre los funcionarios que omitan atender las situaciones que se presenten dentro o fuera de cualquier tipo de Área Silvestre Protegida". Como medios para recibir notificaciones señaló las direcciones de correo eo ... y (véase prueba aportada en autos). b) La dirección de correo ..., sí está destinado a la recepción de correspondencia de la Auditoría Interna del SINAC (véase el informe adjunto). c) La gestión interpuesta por el interesado fue canalizada con la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE debido que el SINAC actualmente no cuenta con asesores legales producto de la reestructuración que se efectúa de la mano con MIDEPLAN (véase el informe adjunto). d) El auto de curso fue notificado a la autoridad recurrida el 12 de febrero de 2025 (véase el acta adjunta). e) Mediante oficio No. MINAE-SINAC-DAJ-OFI-039-2025 del 13 de febrero del 2025, la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE brindó respuesta a la gestión planteada por el tutelado, la cual consta de seis páginas. En lo medular: “En razón de lo anterior, el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N°7788 otorga al SINAC cuatro grandes competencias: en material Forestal, protección de cuencas hidrográficas, áreas silvestres protegidas (PNE) y vida silvestre. Se entiende que dichas competencias no implican únicamente la atención de las denuncias interpuestas por la ciudadanía sino también un Nombre23380 de acción de oficio cuando los ilícitos ambientales son conocidos de manera directa por los funcionarios. Esta idea se refuerza en los siguientes artículos: • Ley Forestal N°7575, artículo 6 inciso g: “ARTICULO 6.- Competencias. Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes: g) Prevenir y controlar que no exista ningún aprovechamiento forestal ejecutado sin cumplir con las disposiciones de esta ley. Para ello, deberá asegurarse de que se realicen inspecciones en bosques, se ejerza control en carreteras y se practiquen inspecciones y auditorías en los sitios adonde llega madera para procesar o usar, a fin de detectar y denunciar cualquier aprovechamiento ilegal del bosque”. • Ley Forestal N°7575, artículo 6 inciso P): “ARTICULO 6.- Competencias. Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes: p) Denunciar, por medio del Ministro del Ambiente y Energía, ante la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre, así como ante el Ministerio Público, cualquier irregularidad en la aplicación de esta ley”. • Ley Forestal N°7575, artículo 54: “Funcionarios de la Administración Forestal. Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas (…) • Ley de conservación de la vida silvestre N°7317, artículo 7 incisos h), i), k): “Artículo 7.- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el ejercicio de su competencia: h) Proteger, supervisar y administrar, con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de importancia nacional o internacional. i) Crear y gestionar los programas de manejo, control, vigilancia e investigación sobre la vida silvestre. k) Coordinar con los otros entes competentes en la prevención, mitigación, atención y seguimiento de los daños a la vida silvestre”. • Ley de conservación de la vida silvestre N°7317, artículo 16: “Artículo 16.-Para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, los inspectores de vida silvestre, los inspectores forestales, los guardaparques y funcionarios del Sinac debidamente acreditados para esos fines y en el desempeño de sus funciones están facultados para detener,transitar, entrar y practicar inspecciones, dentro de cualquier finca y embarcación, lo mismo que en las instalaciones industriales y comerciales involucradas, así como para decomisar los organismos, las partes, los productos y los derivados de vida silvestre, junto con el equipo utilizado en la comisión de un delito o actividad prohibida por esta ley. En el caso de los domicilios privados se deberá contar con el permiso de la autoridad judicial competente o del propietario”. • Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, artículo 34: “Artículo 34.- Medidas preventivas. En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento”. • Ley Orgánica del Ambiente N°7554, artículo 99: “Artículo 99.- Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones (…) De conformidad al principio de legalidad que rige la administración pública, inmerso en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública N°6227, se desprende del articulado anterior que los funcionarios del SINAC sí poseen obligaciones y facultades para actuar de oficio ante los presuntos ilícitos en materia ambiental de los cuales tengan conocimiento de forma directa, de hecho la institución a nivel interno ha creado procedimientos en el Nombre23380 de las funciones de prevención, protección y control, esto en aras de definir el “protocolo” de actuación de los funcionarios en este tipo de operativos, se enumeran algunos: • DECOMISO DE BIENES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PROVENIENTES DE LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ASOCIADOS A ILÍCITOS AMBIENTALES COMPETENCIA DEL SINAC. Oficializado en el 2021. • CUSTODIA DE BIENES Y PRODUCTOS DECOMISADOS O HALLADOS, ASOCIADOS A LA ATENCIÓN DE ILÍCITOS AMBIENTALES. Oficializado en el 2022. • ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ASOCIADAS A ILÍCITOS AMBIENTALES COMPETENCIA DEL SINAC”. Oficializado en el 2020. Lo anterior fue notificado a los correos electrónicos ...175 y ... el 13 de febrero del 2025 (…) En relación a la segunda parte de su consulta, sobre las posibles sanciones a los funcionarios en caso de incumplimiento de sus deberes, se citan de seguido los artículos del el Nombre23 normativo aplicables: • Los artículos 12 y 13 del Decreto Ejecutivo 28409 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, prescriben el deber de probidad, por el cual todo servidor o servidora debe actuar con honradez, así como el deber de responsabilidad, de acuerdo con el cual se debe actuar con claro sentido del deber que corresponde para el cumplimiento del fin público. • El artículo 21 del Decreto Ejecutivo 28409 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía ordena el deber a los funcionarios de denunciar cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento en el ejercicio de su cargo. • El artículo 281 inciso a) del Código Procesal Penal, por el cual los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Respecto a las sanciones aplicables, las mismas dependerán de cada caso concreto y la valoración que efectúe el órgano decisor del procedimiento administrativo disciplinario con base en el informe de recomendación que efectúe el órgano director nombrado para tales fines. No obstante, lo anterior, se citan algunos artículos que establecen sanciones atribuibles a la materia objeto del presente escrito: • Artículo 81 del Código de Trabajo. • Artículo 4 de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito N°8422. • Artículo 21 de la Ley ey Nombre23 de Empleo Público N°10159. • Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, N°28409-MINAEN°28409-MINAE. CAPITULO XXII. Del Régimen Disciplinario y del Procedimiento de Aplicación, artículos 105, 106, 108 y 109”. Lo anterior fue notificado a las direcciones de correo electrónico co ... y el 13 de febrero de 2025 (véase el informe y la prueba adjunta). III.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite se tuvo por acreditado que mediante oficio No. AEL-00316-2024 del 24 de diciembre de 2024, remitido ese mismo día, el recurrente solicitó al auditor interno del SINAC vía correo electrónico a través de la dirección ..., lo siguiente: "Me dirijo a usted con motivo de realizar una consulta respecto al actuar por oficio en labores de cuido y resguardo de las áreas silvestres protegidas y los recursos naturales. La pregunta en cuestión es referente al al Nombre23 legal existente que define las responsabilidades y obligaciones de los funcionarios del SINAC en caso de presentarse una amenaza o afectación a los recursos naturales fuera o dentro de un área silvestre protegida, tales como un Parque Nacional o un Refugio de vida silvestre. En cuanto a la definición del cómo deben proceder los funcionarios y si están obligados a actuar de oficio sobre la atención del acto o amenaza a los recursos naturales que se presente (o si por el contrario se requiere necesariamente de una denuncia de una tercera parte), para proceder con las acciones de detención, corrección el acto y la imposición de medidas precautorias sobre el mismo. Así mismo, en relación con dichas obligaciones y responsabilidades, en caso de un funcionario hacer caso omiso a un acto de daño o amenaza de los recursos naturales que vea, escuche o identifique, cuáles son las medidas sancionatorias sobre los funcionarios que omitan atender las situaciones que se presenten dentro o fuera de cualquier tipo de Área Silvestre Protegida". Como medios para recibir notificaciones señaló las direcciones de correo eo ... y . Al respecto, es importante indicar que la dirección de correo eo , sí está destinado a la recepción de correspondencia de la Auditoría Interna del SINAC. Ante tal requerimiento, se demostró que la gestión fue canalizada con la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE debido que el SINAC actualmente no cuenta con asesores legales producto de la reestructuración que se efectúa de la mano con MIDEPLAN. Finalmente, se constató que mediante oficio No. MINAE-SINAC-DAJ-OFI-039-2025 del 13 de febrero del 2025 la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE brindó respuesta a la gestión planteada por el tutelado, la cual consta de seis páginas. En lo medular: “En razón de lo anterior, el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N°7788 otorga al SINAC cuatro grandes competencias: en material Forestal, protección de cuencas hidrográficas, áreas silvestres protegidas (PNE) y vida silvestre. Se entiende que dichas competencias no implican únicamente la atención de las denuncias interpuestas por la ciudadanía sino también un mbién un No de acción de oficio cuando los ilícitos ambientales son conocidos de manera directa por los funcionarios. Esta idea se refuerza en los siguientes artículos: • Ley Forestal N°7575, artículo 6 inciso g: “ARTICULO 6.- Competencias. Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes: g) Prevenir y controlar que no exista ningún aprovechamiento forestal ejecutado sin cumplir con las disposiciones de esta ley. Para ello, deberá asegurarse de que se realicen inspecciones en bosques, se ejerza control en carreteras y se practiquen inspecciones y auditorías en los sitios adonde llega madera para procesar o usar, a fin de detectar y denunciar cualquier aprovechamiento ilegal del bosque”. • Ley Forestal N°7575, artículo 6 inciso P): “ARTICULO 6.- Competencias. Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes: p) Denunciar, por medio del Ministro del Ambiente y Energía, ante la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre, así como ante el Ministerio Público, cualquier irregularidad en la aplicación de esta ley”. • Ley Forestal N°7575, artículo 54: “Funcionarios de la Administración Forestal. Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas (…) • Ley de conservación de la vida silvestre N°7317, artículo 7 incisos h), i), k): “Artículo 7.- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el ejercicio de su competencia: h) Proteger, supervisar y administrar, con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de importancia nacional o internacional. i) Crear y gestionar los programas de manejo, control, vigilancia e investigación sobre la vida silvestre. k) Coordinar con los otros entes competentes en la prevención, mitigación, atención y seguimiento de los daños a la vida silvestre”. • Ley de conservación de la vida silvestre N°7317, artículo 16: “Artículo 16.-Para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, los inspectores de vida silvestre, los inspectores forestales, los guardaparques y funcionarios del Sinac debidamente acreditados para esos fines y en el desempeño de sus funciones están facultados para detener,transitar, entrar y practicar inspecciones, dentro de cualquier finca y embarcación, lo mismo que en las instalaciones industriales y comerciales involucradas, así como para decomisar los organismos, las partes, los productos y los derivados de vida silvestre, junto con el equipo utilizado en la comisión de un delito o actividad prohibida por esta ley. En el caso de los domicilios privados se deberá contar con el permiso de la autoridad judicial competente o del propietario”. • Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, artículo 34: “Artículo 34.- Medidas preventivas. En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento”. • Ley Orgánica del Ambiente N°7554, artículo 99: “Artículo 99.- Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones (…) De conformidad al principio de legalidad que rige la administración pública, inmerso en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública N°6227, se desprende del articulado anterior que los funcionarios del SINAC sí poseen obligaciones y facultades para actuar de oficio ante los presuntos ilícitos en materia ambiental de los cuales tengan conocimiento de forma directa, de hecho la institución a nivel interno ha creado procedimientos en el os en el No de las funciones de prevención, protección y control, esto en aras de definir el “protocolo” de actuación de los funcionarios en este tipo de operativos, se enumeran algunos: • DECOMISO DE BIENES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS PROVENIENTES DE LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ASOCIADOS A ILÍCITOS AMBIENTALES COMPETENCIA DEL SINAC. Oficializado en el 2021. • CUSTODIA DE BIENES Y PRODUCTOS DECOMISADOS O HALLADOS, ASOCIADOS A LA ATENCIÓN DE ILÍCITOS AMBIENTALES. Oficializado en el 2022. • ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ASOCIADAS A ILÍCITOS AMBIENTALES COMPETENCIA DEL SINAC”. Oficializado en el 2020. Lo anterior fue notificado a los correos electrónicos trónic y 175 el 13 de febrero del 2025 (…) En relación a la segunda parte de su consulta, sobre las posibles sanciones a los funcionarios en caso de incumplimiento de sus deberes, se citan de seguido los artículos del tículos del normativo aplicables: • Los artículos 12 y 13 del Decreto Ejecutivo 28409 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, prescriben el deber de probidad, por el cual todo servidor o servidora debe actuar con honradez, así como el deber de responsabilidad, de acuerdo con el cual se debe actuar con claro sentido del deber que corresponde para el cumplimiento del fin público. • El artículo 21 del Decreto Ejecutivo 28409 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía ordena el deber a los funcionarios de denunciar cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento en el ejercicio de su cargo. • El artículo 281 inciso a) del Código Procesal Penal, por el cual los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Respecto a las sanciones aplicables, las mismas dependerán de cada caso concreto y la valoración que efectúe el órgano decisor del procedimiento administrativo disciplinario con base en el informe de recomendación que efectúe el órgano director nombrado para tales fines. No obstante, lo anterior, se citan algunos artículos que establecen sanciones atribuibles a la materia objeto del presente escrito: • Artículo 81 del Código de Trabajo. • Artículo 4 de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito N°8422. • Artículo 21 de la Ley 1 de la Ley de Empleo Público N°10159. • Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, N°28409-MINAEN°28409-MINAE. CAPITULO XXII. Del Régimen Disciplinario y del Procedimiento de Aplicación, artículos 105, 106, 108 y 109”. Lo anterior fue notificado a las direcciones de correo electrónico electr y ... el 13 de febrero de 2025. En la especie, si bien del elenco de hechos probados se desprende que el 12 de febrero de 2025 la autoridad recurrida brindó respuesta a lo solicitado por el recurrente, lo cierto es que esta Sala infiere que dicha actuación fue desplegada con posterioridad a la notificación del auto de curso al Auditor General del SINAC, lo que ocurrió el 12 de febrero de 2025. Por lo demás, si parte recurrente se encuentra disconforme con la respuesta emitida por la autoridad recurrida, se advierte que ello plantea una discusión de legalidad ordinaria, propia de discutir en la vía común, sea administrativa o jurisdiccional, y no ante esta sede especializada. Por tal razón, procede declarar con lugar el recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del Nombre377 se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. V.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del Nombre377 -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el Nombre377 esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos. Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: “ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de Nombre377 contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del Nombre377 o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de Nombre377 no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- P6X1SLVLAV061 EXPEDIENTE N° 25-003811-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección1786 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:48:03. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-first of February of two thousand twenty-five.
Amparo (Recurso de Amparo) proceeding processed under expediente number 25-003811-0007-CO, filed by [Nombre35146], identity card [CED16107], against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.
WHEREAS:
1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 14:44 hours on February 10, 2025, the petitioner filed an amparo (Recurso de Amparo) against SINAC and states that, by official letter no. AEL-00316-2024, he requested the respondent authority the following: "I am writing to you to make an inquiry regarding acting ex officio in the care and protection of protected wilderness areas and natural resources. The question at issue refers to the existing legal framework (normativa) that defines the responsibilities and obligations of SINAC officials in the event of a threat or impact to natural resources outside or within a protected wilderness area, such as a National Park or a Wildlife Refuge. Regarding the definition of how officials must proceed and whether they are obliged to act ex officio in addressing the act or threat to natural resources that arises (or if, on the contrary, a complaint from a third party is necessarily required), to proceed with actions of detention, correction of the act, and the imposition of precautionary measures thereon. Likewise, in relation to said obligations and responsibilities, in the event that an official ignores an act of damage or threat to natural resources that they see, hear, or identify, what are the sanctioning measures against officials who fail to address the situations that arise within or outside any type of Protected Wilderness Area" (see evidence provided in the record). He maintains that the request was sent on December 24, 2024, via email: ...174 addressed to the internal auditor of SINAC. However, he claims that on the day he filed the amparo (Recurso de Amparo), he had not received a response from the respondent authority, which is why he considers his fundamental rights violated. He requests that the amparo (Recurso de Amparo) be granted.
2.- [Nombre56609], in his capacity as Auditor General of SINAC, reports under oath that:
“FIRST: It is true that the petitioner sent to this internal audit office, via email ...174, an inquiry related to the regulatory framework (normativa) governing the actions of institutional officials in tasks pertaining to prevention, protection, and control, on December 24, 2024. Said email is indeed intended for receiving correspondence for the Internal Audit Office of SINAC. SECOND: I was on vacation for a period from December 13, 2024, to January 8, inclusive; this was duly indicated in the automatic replies I programmed in my email, which should have alerted Mr. [Nombre52102] of my absence and the time when I would return to work normally. THIRD: Upon resuming the internal audit office’s tasks, I had to begin addressing the inquiries, requests, complaints, and other matters that entered the unit since December 13. The foregoing occurs due to the scarce personnel the Audit Office has and the need for some matters to be necessarily handled by me. Thus, in the order of institutional priorities, Mr. [Nombre23380]’s request had not yet been assessed until the notification of this amparo (Recurso de Amparo). Note additionally that the Executive Branch had a closure period decreed from December 20 to Monday, January 6; this means that at the time the petitioner’s request entered SINAC, the institution was not on business days for managing the various procedures that enter the departments' workflow. Thus, it is this instance’s criterion that, although it is true there is a delay in addressing what was requested by Mr. [Nombre23380], said omission does not represent a habitual practice of the Internal Audit Office but rather a fortuitous event caused by the concurrence of the circumstances already explained. FOURTH: We proceeded to review in detail what was requested by Mr. [Nombre52102], and although he titles his writing as a 'Request for a report regarding the care and protection of Protected Wilderness Areas and Natural Resources,' it is clear from the content of the writing that he is actually making a purely legal inquiry since he requires the regulatory framework (normativa) that defines the actions of SINAC officials in relation to prevention, protection, and control tasks within and outside Protected Wilderness Areas and the sanctioning regime for alleged non-compliance. Both topics are matters outside the competencies of the Internal Audit Office of SINAC, as our functions do not stipulate providing legal advice or compiling regulations for the public. Thus, the request was duly channeled to the Legal Advisory Directorate (Dirección de Asesoría Jurídica) of MINAE, since SINAC currently lacks legal advisors as a result of the restructuring being carried out jointly with MIDEPLAN. FIFTH: The Legal Advisory Directorate of MINAE proceeded to prepare official letter N°MINAE-SINAC-DAJ-OFI-039-2025 dated February 13, 2025, which is transcribed below and represents the full response to the issues required by the petitioner:
(…)
SIXTH: Official letter N° MINAE-SINAC-DAJ-OFI-039-2025 was notified to the email addresses provided by the petitioner (...17 and ...17) on February 13, 2025. (In this regard, see the attached notification receipt as evidence).”
It requests that the amparo (Recurso de Amparo) be dismissed.
3.- In a brief filed at 12:20 hours on February 18, 2025, the petitioner provides subsequent actions.
4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Judge Castillo Víquez; and,
WHEREAS:
I.- OBJECT OF THE PETITION. The petitioner states that by official letter No. AEL-00316-2024, he requested the respondent authority information of interest to him regarding the care and protection of Protected Wilderness Areas and Natural Resources. He maintains that the request was sent on December 24, 2024, via email ...174 addressed to the internal auditor of SINAC. However, he claims that on the day he filed the amparo (Recurso de Amparo), he had not received a response from the respondent authority, which is why he considers his fundamental rights violated.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent failed to refer to them as provided in the initial order:
a) By official letter No. AEL-00316-2024 of December 24, 2024, sent that same day, the petitioner requested the internal auditor of SINAC via email through the address ..., the following: "I am writing to you to make an inquiry regarding acting ex officio in the care and protection of protected wilderness areas and natural resources. The question at issue refers to the existing legal framework (normativa) that defines the responsibilities and obligations of SINAC officials in the event of a threat or impact to natural resources outside or within a protected wilderness area, such as a National Park or a Wildlife Refuge. Regarding the definition of how officials must proceed and whether they are obliged to act ex officio in addressing the act or threat to natural resources that arises (or if, on the contrary, a complaint from a third party is necessarily required), to proceed with actions of detention, correction of the act, and the imposition of precautionary measures thereon. Likewise, in relation to said obligations and responsibilities, in the event that an official ignores an act of damage or threat to natural resources that they see, hear, or identify, what are the sanctioning measures against officials who fail to address the situations that arise within or outside any type of Protected Wilderness Area". As means for receiving notifications, he indicated the email addresses eo ... and (see evidence provided in the record).
b) The email address ..., is indeed intended for receiving correspondence for the Internal Audit Office of SINAC (see the attached report).
c) The request filed by the interested party was channeled to the Legal Advisory Directorate (Dirección de Asesoría Jurídica) of MINAE because SINAC currently lacks legal advisors as a result of the restructuring being carried out jointly with MIDEPLAN (see the attached report).
d) The initial order was notified to the respondent authority on February 12, 2025 (see the attached record).
e) By official letter No. MINAE-SINAC-DAJ-OFI-039-2025 dated February 13, 2025, the Legal Advisory Directorate (Dirección de Asesoría Jurídica) of MINAE provided a response to the request made by the petitioner, which consists of six pages. In its essence: “Consequently, Article 22 of the Ley de Biodiversidad N°7788 grants SINAC four major competencies: in Forestry matters, protection of watersheds, protected wilderness areas (PNE), and wildlife. It is understood that these competencies do not solely imply the handling of complaints filed by citizens but also an ex officio action framework (normativa) when environmental offenses are directly known by officials. This idea is reinforced in the following articles: • Ley Forestal N°7575, Article 6 subsection g: 'ARTICLE 6.- Competencies. The competencies of the State Forestry Administration are the following: g) Prevent and control so that no forestry harvesting is carried out without complying with the provisions of this law. To this end, it must ensure that inspections are carried out in forests, control is exercised on roads, and inspections and audits are practiced at sites where wood arrives for processing or use, in order to detect and report any illegal harvesting from the forest.' • Ley Forestal N°7575, Article 6 subsection P): 'ARTICLE 6.- Competencies. The competencies of the State Forestry Administration are the following: p) Report, through the Minister of Environment and Energy, to the Environmental and Maritime-Terrestrial Zone Prosecutor's Office, as well as to the Public Prosecutor's Office, any irregularity in the application of this law.' • Ley Forestal N°7575, Article 54: 'Officials of the Forestry Administration. Officials of the State Forestry Administration shall have the character of police authority; as such and in accordance with this law, they must report to the competent authorities the infractions committed (…).' • Ley de conservación de la vida silvestre N°7317, Article 7 subsections h), i), k): 'Article 7.- The Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministry of Environment and Energy has the following functions in the exercise of its competency: h) Protect, supervise, and manage wetlands through an ecosystem approach, as well as determine their classification of national or international importance. i) Create and manage programs for management, control, surveillance, and research on wildlife. k) Coordinate with other competent entities in the prevention, mitigation, attention to, and follow-up on damage to wildlife.' • Ley de conservación de la vida silvestre N°7317, Article 16: 'Article 16.- For the faithful fulfillment of the obligations established in this law, wildlife inspectors, forestry inspectors, park rangers (guardaparques), and officials of Sinac duly accredited for these purposes and in the performance of their duties are empowered to detain, transit, enter, and conduct inspections, within any property and vessel, as well as in the involved industrial and commercial facilities, and to seize organisms, parts, products, and derivatives of wildlife, together with the equipment used in the commission of a crime or activity prohibited by this law. In the case of private domiciles, permission from the competent judicial authority or the owner shall be required.' • Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, Article 34: 'Article 34.- Preventive measures. In protected wilderness areas owned by the State, it is the responsibility of the Ministry of Environment and Energy to adopt adequate measures to prevent or eliminate, as soon as possible, the harvesting or occupation in the entire area and to enforce respect for the ecological, geomorphological, and aesthetic characteristics that determined its establishment.' • Ley Orgánica del Ambiente N°7554, Article 99: 'Article 99.- Administrative sanctions. Before the violation of environmental protection regulations or before harmful conduct to the environment clearly established in this law, the Public Administration shall apply the following protective measures and sanctions (…).' In accordance with the principle of legality governing public administration, embedded in Article 11 of the Constitución Política and Article 11 of the Ley General de la Administración Pública N°6227, it follows from the preceding articles that SINAC officials do possess obligations and powers to act ex officio regarding alleged environmental offenses of which they have direct knowledge. In fact, the institution has internally created procedures within the framework (normativa) of the prevention, protection, and control functions, in order to define the 'protocol' for action by officials in this type of operations; some are listed: • SEIZURE OF GOODS, PRODUCTS, AND BYPRODUCTS ARISING FROM THE HANDLING OF COMPLAINTS AND REPORTS ASSOCIATED WITH ENVIRONMENTAL OFFENSES UNDER SINAC’S COMPETENCY. Formalized in 2021. • CUSTODY OF SEIZED OR FOUND GOODS AND PRODUCTS, ASSOCIATED WITH THE HANDLING OF ENVIRONMENTAL OFFENSES. Formalized in 2022. • HANDLING OF COMPLAINTS AND REPORTS ASSOCIATED WITH ENVIRONMENTAL OFFENSES UNDER SINAC’S COMPETENCY. Formalized in 2020. The foregoing was notified to the email addresses ...175 and ... on February 13, 2025 (…). In relation to the second part of your inquiry, regarding possible sanctions for officials in case of breach of their duties, the articles of the applicable regulatory framework (normativa) are cited below: • Articles 12 and 13 of the Decreto Ejecutivo 28409 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, prescribe the duty of probity, by which every public servant must act with honesty, as well as the duty of responsibility, according to which one must act with a clear sense of the duty required for the fulfillment of the public purpose. • Article 21 of the Decreto Ejecutivo 28409 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, orders the duty of officials to report any irregularity of which they become aware in the exercise of their position. • Article 281 subsection a) of the Código Procesal Penal, by which public officials have the duty to report ex officio prosecutable crimes that they become aware of in the exercise of their functions. Regarding the applicable sanctions, they will depend on each specific case and the assessment made by the deciding body of the disciplinary administrative procedure based on the recommendation report made by the directing body appointed for such purposes. Nevertheless, some articles establishing sanctions attributable to the subject matter of this writing are cited: • Article 81 of the Código de Trabajo. • Article 4 of the Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito N°8422. • Article 21 of the Ley Marco de Empleo Público N°10159. • Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, N°28409-MINAE. CHAPTER XXII. Of the Disciplinary Regime and the Application Procedure, articles 105, 106, 108, and 109.” The foregoing was notified to the email addresses co ... and ... on February 13, 2025 (see the report and attached evidence).
III.- ON THE MERITS. In the case at hand (sub lite), it was accredited that by official letter No. AEL-00316-2024 of December 24, 2024, sent that same day, the petitioner requested the internal auditor of SINAC via email through the address ..., the following: "I am writing to you to make an inquiry regarding acting ex officio in the care and protection of protected wilderness areas and natural resources. The question at issue refers to the existing legal framework (normativa) that defines the responsibilities and obligations of SINAC officials in the event of a threat or impact to natural resources outside or within a protected wilderness area, such as a National Park or a Wildlife Refuge. Regarding the definition of how officials must proceed and whether they are obliged to act ex officio in addressing the act or threat to natural resources that arises (or if, on the contrary, a complaint from a third party is necessarily required), to proceed with actions of detention, correction of the act, and the imposition of precautionary measures thereon. Likewise, in relation to said obligations and responsibilities, in the event that an official ignores an act of damage or threat to natural resources that they see, hear, or identify, what are the sanctioning measures against officials who fail to address the situations that arise within or outside any type of Protected Wilderness Area". As means for receiving notifications, he indicated the email addresses eo ... and . In this regard, it is important to note that the email address eo , is indeed intended for receiving correspondence for the Internal Audit Office of SINAC. In view of such a request, it was demonstrated that the matter was channeled to the Legal Advisory Directorate (Dirección de Asesoría Jurídica) of MINAE because SINAC currently lacks legal advisors as a result of the restructuring being carried out jointly with MIDEPLAN. Finally, it was verified that by official letter No. MINAE-SINAC-DAJ-OFI-039-2025 dated February 13, 2025, the Legal Advisory Directorate (Dirección de Asesoría Jurídica) of MINAE provided a response to the request made by the petitioner, which consists of six pages. In its essence: “Consequently, Article 22 of the Ley de Biodiversidad N°7788 grants SINAC four major competencies: in Forestry matters, protection of watersheds, protected wilderness areas (PNE), and wildlife. It is understood that these competencies do not solely imply the handling of complaints filed by citizens but also an ex officio action framework (normativa) when environmental offenses are directly known by officials. This idea is reinforced in the following articles: • Ley Forestal N°7575, Article 6 subsection g: 'ARTICLE 6.- Competencies. The competencies of the State Forestry Administration are the following: g) Prevent and control so that no forestry harvesting is carried out without complying with the provisions of this law. To this end, it must ensure that inspections are carried out in forests, control is exercised on roads, and inspections and audits are practiced at sites where wood arrives for processing or use, in order to detect and report any illegal harvesting from the forest.' • Ley Forestal N°7575, Article 6 subsection P): 'ARTICLE 6.- Competencies. The competencies of the State Forestry Administration are the following: p) Report, through the Minister of Environment and Energy, to the Environmental and Maritime-Terrestrial Zone Prosecutor's Office, as well as to the Public Prosecutor's Office, any irregularity in the application of this law.' • Ley Forestal N°7575, Article 54: 'Officials of the Forestry Administration. Officials of the State Forestry Administration shall have the character of police authority; as such and in accordance with this law, they must report to the competent authorities the infractions committed (…).' • Ley de conservación de la vida silvestre N°7317, Article 7 subsections h), i), k): 'Article 7.- The Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministry of Environment and Energy has the following functions in the exercise of its competency: h) Protect, supervise, and manage wetlands through an ecosystem approach, as well as determine their classification of national or international importance. i) Create and manage programs for management, control, surveillance, and research on wildlife. k) Coordinate with other competent entities in the prevention, mitigation, attention to, and follow-up on damage to wildlife.' • Ley de conservación de la vida silvestre N°7317, Article 16: 'Article 16.- For the faithful fulfillment of the obligations established in this law, wildlife inspectors, forestry inspectors, park rangers (guardaparques), and officials of Sinac duly accredited for these purposes and in the performance of their duties are empowered to detain, transit, enter, and conduct inspections, within any property and vessel, as well as in the involved industrial and commercial facilities, and to seize organisms, parts, products, and derivatives of wildlife, together with the equipment used in the commission of a crime or activity prohibited by this law. In the case of private domiciles, permission from the competent judicial authority or the owner shall be required.' • Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, Article 34: 'Article 34.- Preventive measures. In protected wilderness areas owned by the State, it is the responsibility of the Ministry of Environment and Energy to adopt adequate measures to prevent or eliminate, as soon as possible, the harvesting or occupation in the entire area and to enforce respect for the ecological, geomorphological, and aesthetic characteristics that determined its establishment.' • Ley Orgánica del Ambiente N°7554, Article 99: 'Article 99.- Administrative sanctions. Before the violation of environmental protection regulations or before harmful conduct to the environment clearly established in this law, the Public Administration shall apply the following protective measures and sanctions (…).' In accordance with the principle of legality governing public administration, embedded in Article 11 of the Constitución Política and Article 11 of the Ley General de la Administración Pública N°6227, it follows from the preceding articles that SINAC officials do possess obligations and powers to act ex officio regarding alleged environmental offenses of which they have direct knowledge. In fact, the institution has internally created procedures within the framework (normativa) of the prevention, protection, and control functions, in order to define the 'protocol' for action by officials in this type of operations; some are listed: • SEIZURE OF GOODS, PRODUCTS, AND BYPRODUCTS ARISING FROM THE HANDLING OF COMPLAINTS AND REPORTS ASSOCIATED WITH ENVIRONMENTAL OFFENSES UNDER SINAC’S COMPETENCY. Formalized in 2021. • CUSTODY OF SEIZED OR FOUND GOODS AND PRODUCTS, ASSOCIATED WITH THE HANDLING OF ENVIRONMENTAL OFFENSES. Formalized in 2022. • HANDLING OF COMPLAINTS AND REPORTS ASSOCIATED WITH ENVIRONMENTAL OFFENSES UNDER SINAC’S COMPETENCY. Formalized in 2020. The foregoing was notified to the email addresses trónic and 175 on February 13, 2025 (…). In relation to the second part of your inquiry, regarding possible sanctions for officials in case of breach of their duties, the articles of the applicable regulatory framework (normativa) are cited below: • Articles 12 and 13 of the Decreto Ejecutivo 28409 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, prescribe the duty of probity, by which every public servant must act with honesty, as well as the duty of responsibility, according to which one must act with a clear sense of the duty required for the fulfillment of the public purpose. • Article 21 of the Decreto Ejecutivo 28409 Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, orders the duty of officials to report any irregularity of which they become aware in the exercise of their position. • Article 281 subsection a) of the Código Procesal Penal, by which public officials have the duty to report ex officio prosecutable crimes that they become aware of in the exercise of their functions. Regarding the applicable sanctions, they will depend on each specific case and the assessment made by the deciding body of the disciplinary administrative procedure based on the recommendation report made by the directing body appointed for such purposes. Nevertheless, some articles establishing sanctions attributable to the subject matter of this writing are cited: • Article 81 of the Código de Trabajo. • Article 4 of the Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito N°8422. • Article 21 of the Ley Marco de Empleo Público N°10159. • Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio del Ambiente y Energía, N°28409-MINAE. CHAPTER XXII. Of the Disciplinary Regime and the Application Procedure, articles 105, 106, 108, and 109.” The foregoing was notified to the email addresses electr and ... on February 13, 2025. In this case, although it is clear from the list of proven facts that on February 12, 2025, the respondent authority provided a response to what was requested by the petitioner, the truth is that this Chamber infers that said action was taken after the notification of the initial order to the Auditor General of SINAC, which occurred on February 12, 2025. Furthermore, if the petitioning party is dissatisfied with the response issued by the respondent authority, it is noted that this raises a discussion of ordinary legality, appropriate for discussion in the ordinary channels, whether administrative or jurisdictional, and not before this specialized venue. For this reason, it is appropriate to grant the amparo (Recurso de Amparo) without an award of costs, damages, and losses (sin condenatoria en costas, daños y perjuicios).
IV.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES (CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS) IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at hand (sub examine), in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses (sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios), based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the amparo is granted when, during the course of the amparo (Recurso de Amparo), the grievance is resolved, it is no less true that the same paragraph at the end (in fine) indicates that the granting is ordered "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or evaluation by the Court. In cases like this, the content of the petition of the aggrieved person and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: "any resolution that grants the amparo shall abstractly order compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the amparo, and their liquidation shall be reserved for the execution of the judgment," where the possibility of evaluating whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen.
The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Administrative Contentious Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. article 14-. For the administrative-contentious jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party of the sub lite preserves the possibility of resorting, if it so wishes, to a plenary proceeding in order to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios).
V.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. While I concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.
The Law of Constitutional Jurisdiction, in article 52, provides that:
“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs (costas), if they are appropriate”.
On the other hand, article 51 ibidem establishes that:
“...every resolution that upholds the appeal shall order in abstracto the indemnification of the damages and losses (daños y perjuicios) caused and the payment of the costs (costas) of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence”.
This latter norm establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs (costas), and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.
In the majority's criterion, article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has verified the grievance; and, as a consequence, the necessity of an award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the Nombre377 -a scenario contemplated in article 52, cited-, by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the award against the violator for the indemnification of the damages and losses (daños y perjuicios) caused and the payment of the costs (costas) of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of its fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a deterrent measure, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has verified the grievance and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of these scenarios, the imperative necessity arises for an award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) against the violator, the foundation of which lies in the principles of protection of individuals' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses (daños y perjuicios) it causes through its unconstitutional actions.
Thus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms provided in articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), since such a case forms an integral part of the general system of necessary award on those points contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.
On the other hand, it is clear that article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the process”.
The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the Nombre377 is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, in an unmistakable manner, the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for purposes of indemnification and costs (costas), if they are appropriate”. As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses (daños y perjuicios) suffered from the injury to their constitutional rights.
In my criterion, such an exception should be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) in the face of a violation of fundamental rights, such award is always appropriate, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is established in an unmistakable and clear manner that in the specific case no harm whatsoever capable of being indemnified was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses (daños y perjuicios) derived from the challenged actions -the concrete determination of which does not correspond to this jurisdiction-, the granting of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), and we so declare.
As an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and losses (daños y perjuicios), but rather, the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the system of individuals' fundamental rights. From this perspective, the analysis conducted by this venue concentrates on said verification, however, it does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. While the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said award (of damages, losses, and costs - daños, perjuicios y costas) operates, if appropriate, the undersigned does not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of process, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally indemnifiable. For reference, numerals 179 through 184 of the Administrative Contentious Procedural Code, Law No. 8508, define a special process whose purpose is the definition of the economic effects derived from awards issued in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has the following purpose:
“ARTICLE 179.- The Administrative Contentious Court is responsible for the execution of sentences issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and Nombre377 proceedings against public law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications”.
It is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an award in abstracto on those items, since that type of claim would not be appropriate in that type of cause when the sentence issued within the amparo proceeding expressly established the inappropriateness of damages, losses (daños, perjuicios), and/or costs (costas), or when there is no express pronouncement on this point. That is, the special process in the administrative-contentious venue requires, as a sine qua non requirement, an award or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, under the terms of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the waiver of that patrimonial award requires the accreditation, in each case, of situations from which it is reasonably estimated that there are no patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial sentence is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the respondent entity's own cause or by an external cause, the accused indifference or reproached disturbance may have caused damages and losses (daños y perjuicios). However, such a matter of substance, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and with respect to which, in order to what is regulated by the mandate 52 alluded to, are proper to an award in abstracto which then constitutes the basis of analysis in the Administrative Contentious Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses (daños y perjuicios), since, it is insisted, that is not its purpose or primary ratio. Thus, the claim or demonstration of damages is not the responsibility of the protected person, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Later, if those administrative conducts have caused them injuries, that is a point which, by thesis of principle and except for exceptional cases, does not form part of the analysis base of this type of cause. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the Nombre377 or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, no assessment is made as to whether or not there is an infraction; therefore, even less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Consequently, the waiver of award referred to in that norm is exceptional, not a matter of principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes the award in abstracto, so that its appropriateness may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that exemption from damages, losses, and costs (daños, perjuicios y costas) were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the claimed party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be jeopardized, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted which causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, if the permanence of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was ceased due to the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses (daños y perjuicios), that is an issue that, barring proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary process, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, solely due to the materialization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect always for the majority position, I state my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the award in abstracto of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios).
VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS SENTENCE.
Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs (costas), if they are appropriate”.
My interpretation of that norm is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to the costs (costas). Moreover, article 197 of the Administrative Contentious Procedural Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, relates precisely only to these: to costs (costas).
Certainly, under the terms of article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to Nombre377 is not indemnificatory but restitutory; however, article 51 of the LJC indicates: “Every resolution that upholds the appeal shall order in abstracto the indemnification of the damages and losses (daños y perjuicios) caused and the payment of the costs (costas) of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence”.
If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses (daños y perjuicios) may have arisen. For this reason, the award in abstracto for these is appropriate. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this process– to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite there being an award in abstracto, the damages and losses (daños y perjuicios) have not occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, since only to that judge corresponds the task of considering the real existence and magnitude thereof as proven.
With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only in the face of the existence of an amparo appeal. It remains to be said that article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber awards costs (costas), even when the right has been restored.
By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote with respect to the operative part and order the award of damages and losses (daños y perjuicios), but not of costs (costas).
VII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE. The parties are advised that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies has been submitted, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this sentence. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Electronic File Regulation before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
Pursuant to article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the appeal is granted without special award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios). Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs (daños, perjuicios y costas). Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses (daños y perjuicios), but not costs (costas).
Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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