Res. 05326-2025 Sala Constitucional — Health order and administration's duty to protect public healthOrden sanitaria y deber de la administración de garantizar salud pública

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Sala Constitucional

Resolución Nº 05326 - 2025

Fecha de la Resolución: 21 de Febrero del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-033776-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-033776-0007-CO

Res. Nº 2025005326

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-033776-0007-CO, interpuesto por Nombre35129, cédula de identidad CED16100, contra el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

1.- Mediante escrito recibido en esta Sala a las 15:54 horas del 29 de enero de 2025, el accionante presenta recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD. Manifiesta que, acude en representación de varios vecinos de la comunidad de Chacarita, Puntarenas. Refiere que en dicha comunidad se encuentra en funcionamiento el negocio comercial Súper y Abastecedor Diana, ubicado en Chacarita Tres, de la Clínica de Carrizal 200 metros al sur, a nombre de Nombre35122 y administrado por Nombre35130. Acusa que la venta de gas al menudeo la tenían dentro del súper, pero hace un tiempo hicieron una pequeña bodega a la par del súper, únicamente con una salida al frente de la carretera y contiguo a la casa vecina, pared de por medio, donde habitan dos personas adultas mayores, quienes le han solicitado al administrador del negocio que quite la bodega por el peligro que representa, pero ha hecho caso omiso. Afirma que, a mediados del año pasado, la Licda. Nombre35116 interpuso una denuncia contra el citado negocio comercial ante el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, donde expuso el peligro inminente que corren los vecinos de Chacarita, dado que el establecimiento no cuenta con retiros, guardan los cilindros sin ninguna seguridad, además, genera mucho ruido y fuertes olores. Narra que, con ocasión de ello, la autoridad recurrida emitió una orden sanitaria mediante la cual le ordenó al administrador del negocio suspender la actividad de almacenamiento, distribución y venta de gas, por existir inconsistencias sanitarias; sin embargo, dicha orden no fue acatada y dicho expendio continúa con la venta de gas. Agrega que el 8 de octubre de 2024 se planteó una gestión ante la Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita donde se acusó el incumplimiento de la orden sanitaria; sin embargo, acusa que, a la fecha de interposición del presente recurso, la autoridad recurrida no ha atendido esa gestión. Estima que los hechos descritos son contrarios a sus derechos fundamentales.

 2.- Por resolución de las 7:04 horas del 9 de enero de 2025, la Presidencia de la Sala Constitucional admitió el recurso de amparo y le dio traslado a la Directora y a la Gestora Ambiental, ambas del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita.

3.- Por medio de escrito presentado en el Sistema Jurídico el 3 de febrero de 2025, Nombre35115, directora de Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, de Dirección Regional de Rectoría de la Salud Pacífico Central, informa que: “II. SOBRE LA ACTUACIÓN DEL AREA RECTORA DE SALUD En relación con los extremos que reclama la parte recurrente y en lo que resulta de competencia del Ministerio de Salud, procedemos a indicar lo siguiente: 1) Que el 17 de mayo del 2024 se recibe denuncia en forma física en el Área Rectora de Puntarenas-Chacarita, bajo el número consecutivo PC-AC-522-2024. Esta fue interpuesta por la Licda. Nombre35116, contra Nombre35117 ubicado en Chacarita #3, 125m norte de la clínica de Carrizal, en la cual en dicha denuncia la señora cita lo siguientes puntos: • Ante la Municipalidad de Puntarenas, sólo encontramos una patente por la actividad de negocio comercial, no así para el expendio y comercialización de gas GLP gas licuado de petróleo. Siendo que, si el negocio no tiene el permiso del Ministerio de Salud, no tiene por qué tener patente y viceversa, porque es un requisito sine qua non tener patente. • El establecimiento comercial y/o la actividad de venta de gas GLP para que funcione, primero tiene que tener un permiso para venta y distribución, almacenamiento y re-embasado, sino tiene esos 4 elementos no sirve el permiso que tenga, y el Ministerio de Salud le tiene que cerrar porque es un riesgo inminente, hay un reglamento específico para venta de gas GLP donde piden retiros, donde piden bodegas, donde piden extintores de cierto tamaño y según clase para químicos y otros, donde piden una serie de requisitos para el manipulador del gas como uniforme de protección, anteojos, zapatos es un reglamento para el expendio, almacenamiento distribución y re-embasado del gas GLP, tiene que tener extintores, pólizas de riesgo de daños a terceros, tiene que tener retiros en los 4 costados, atrás, a los lados y al frente, de manera que si hay alguna contingencia se pueda socavar el incendio o el amago de incendio. Siendo que este negocio no cuenta con la mayoría de los requisitos que se estipulan en el Reglamento. • El establecimiento no cuenta con retiros, no es problema de la comunidad que no tenga retiros, es una bomba de tiempo para la comunidad en general y eso en el artículo 50 de la Constitución Política dice que se debe mantener un ambiente ecológicamente equilibrado y sano. • El establecimiento tiene camiones qué tampoco cumple con los requisitos, los dejan al frente del negocio en el día para cargar y descargar enormes cilindros de gas para restaurantes, y en la noche los camiones los meten contiguo al super para cargarlos de cilindros llenos, provocando además un estruendo constante porque hacen tirados los cilindros. • También en el establecimiento El Nombre35117 guardan cilindros sin ninguna seguridad. De igual forma, utilizan para transportar cilindros de gas, el vehículo particular de Nombre35118, hija de la dueña de la patente y Permiso Sanitario de Funcionamiento y del administrador del local. Consta en los folios 00005 y 00006 del expediente de la denuncia N° 072-2024 2) El establecimiento denunciado se denomina Super y Abastecedor Diana, ubicado en Puntarenas, Dirección1944, representante legal es el Sr. Nombre35119, cédula CED16098. Cuenta con permiso sanitario de funcionamiento N° MS-DRRSPC-DARSPC-0317-2022 vigente hasta el 10 de noviembre del 2027, para la actividad de “Venta al por menor en supermercado supermercados almacenes y similares incluye gas lp”, tipo de riesgo B y código CAECR 4711.1. 3) Al ser las 9 horas con 58 minutos del Dirección1945, la funcionaria Nombre35120, gestora ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, se remite correo electrónico a la denunciante, mediante el correo que se registró para notificaciones (...16), donde se informa que la denuncia ya está siendo atendida y se le estará informando por ese medio el seguimiento del caso. Consta en el folio 00007 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 4) Al ser las 11 horas con 26 minutos, del 20 de junio del 2024 se realiza solicitud de inspección en conjunto al departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), esto por ser ellos los encargados de emitir las normas en materia de prevención, seguridad humana y protección contra incendios que deberá cumplir todo establecimiento que desarrolla actividades donde se utiliza o expendan GLP. Dicha solicitud fue aceptada y programada para el 04 de julio del 2024. Consta en los folios 00008 y 00012 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 5) Al ser las 11 horas con 52 minutos, del 20 de junio del 2024 se remite correo a la denunciante, mediante el correo que se registró para notificaciones ((...1), donde se responde su inquietud respecto a la tenencia o no de permiso sanitario de funcionamiento del establecimiento denunciado, se le indicó que el establecimiento cuenta con el permiso sanitario MS-DRRSPC-DARSPC-0317-2022 vigente hasta el 2027. Se explica también que se identifica que el establecimiento denunciado cuenta con el certificado de GLP vencido desde enero 2024, por lo que se iba a proceder en relación con esto y se informa por último acerca de la solicitud de inspección a Ingeniería de BCBCR en seguimiento al caso. Consta en el folio 00009 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 6) Al ser las 12 horas con 12 minutos del 20 de junio del 2024, se remite correo electrónico al representante del establecimiento denunciado, donde se informa acerca del vencimiento en la certificación de GLP y se insta a la actualización de este. Consta en el folio 00010 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 7) Al ser las 10 horas del 04 de julio del 2024, la funcionaria Nombre35120, realiza inspección en el establecimiento denunciado, en acompañamiento del Ing. Nombre35121, del Dpto de Ingeniería del BCBCR. Fueron atendidos por la Sra. Nombre35122, esposa del dueño y representante legal del establecimiento. Consta en el acta de inspección N° AIO-219-REG-2024, que se encuentra en el folio 00014 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 8) Después de la inspección realizada se generó evidencia requerida para informar a al denunciado y representante legal del establecimiento, sobre lo denunciado ante esta área rectora y los hallazgos de la inspección realizada, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para solucionar las problemáticas sanitarias identificadas. 9) El 10 de julio del 2024 se remite a esta área rectora el informe técnico de Evaluación de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, seguridad humana y riesgo de incendio para permiso sanitario de funcionamiento Puntos de Venta, emitido por el Nombre35127 (BCBCR) en el cual se exponen los hallazgos encontrados, así como las conclusiones en relación con el cumplimiento de la legislación correspondiente. Consta en los folios del 00020 al 00030 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 10) Con base al informe técnico del Nombre35127 del BCBCR se emitió por parte de la funcionaria Nombre35120, de esta área rectora, el informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 con fecha del 09 de agosto del 2024, donde se concluye que , se evidenció que existe un riesgo a la salud pública y seguridad humana de los clientes y vecinos del establecimiento, esto dado las inadecuadas condiciones de seguridad humana y riesgo de incendio del establecimiento por la actividad de almacenamiento, distribución, instalación y venta de GLP. Por lo que en el informe en supra se recomienda a la Dirección de esta Área notificar un ordenamiento sanitario. Consta en los folios del 00031 al 00038 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 11) Al ser las 10 horas del 14 de agosto del 2024, se procede a notificar la Orden Sanitaria OS-058-REG-2024, el Informe técnico de Ingeniería del BCBCR y el informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 al representante del establecimiento, el Sr. Nombre35119. La notificación se realiza por medio de su esposa, la Sra. Nombre35122, ya que el Sr. . Nombre16 no se encontraba presente. Dicha orden sanitaria indica en su ordenanza: “…En un plazo INMEDIATO a partir de la notificación de esta orden sanitaria, debe suspender la actividad de almacenamiento, distribución y venta de gas lp la cual se le fue otorgada mediante el permiso sanitario de funcionamiento N° MS-DRRSPC-DARSPC-0317-2022. Para retomar la actividad de almacenamiento, distribución y venta de gas lp debe cumplirse a cabalidad con las inconsistencias descritas en el informe técnico de la Unidad de Ingeniería de Bomberos y estas deben ser comprobadas por dicha Unidad. Lo anterior a fin de proteger y salvaguardar la salud pública y con base en el artículo 50 de la Constitución Política y la Ley General de Salud N°5395…”. Esto consta en los folios 00039 al 00041 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 12) Al ser las 12 horas con 12 minutos del 14 de agosto del 2024, se remite correo a la denunciante, mediante el correo que se registró para notificaciones ( (...), donde se informa a la Licda. a. Nombre10 acerca del seguimiento de la denuncia, específicamente se le comunica acerca de la inspección realizada el 04 de julio del 2024, sobre el informe técnico emitido por Ingeniería del BCBCR, y por ultimo sobre el informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 y notificación de la orden sanitaria OS-058-REG-2024. Consta en el folio 00042 del expediente de la denuncia N°072-2024. 13) Al ser las 11 horas con 52 minutos del 04 de septiembre del 2024 se recibe documento de parte del Sr. Nombre35123, donde se alerta a esta área rectora de salud que la orden sanitaria OS-058-REG-2024 notificada el 14 de agosto del 2024, no está siendo acatada por el denunciante y representante legal del establecimiento y solicita la clausura del establecimiento. Con fecha del 18 de septiembre se brinda respuesta al Sr. r. Nombre4 mediante el correo electrónico brindado para notificaciones. Esto consta en los folios 00044 al 00047 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 14) Al ser las 14 horas con 50 minutos del 19 de septiembre del 2024 la funcionaria Nombre35120 realiza inspección al establecimiento denunciado, con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de la orden sanitaria N° OS-058-REG-2024 y a las alertas brindadas por los vecinos y denunciante, no obstante, según consta en el acta de inspección N° AIO-0317-REG-2024, al momento de la inspección no se observa salidas (distribución) de GLP, es decir, no se evidencia ningún incumplimiento a la orden sanitaria en supra , esto pese a que se tuvo vigilancia sobre la vía pública desde en un lugar estratégico por alrededor de 20 minutos. Consta en el folio 00048 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 15) En fecha 26 de setiembre del 2024 al ser las 14 horas con 48 minutos, la funcionaria Nombre35120 realiza inspección al establecimiento denunciado, con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de la orden sanitaria N° OS-058-REG-2024 y a las alertas brindadas por los vecinos y denunciante. Según consta en el acta de inspección N° AIO-0328-REG-2024, se inspeccionó dentro de las instalaciones del super, así como la bodega de almacenamiento y al momento de la inspección no se observa ningún cilindro de GLP, tampoco se observa que haya una comercialización, distribución o almacenamiento de GLP, por lo que no se evidencia ningún incumplimiento a la orden sanitaria. Consta en el folio 00049 del expediente de la denuncia N° 072- 2024. 16) Que en fecha 08 de octubre del 2024 al ser las 9 horas con 50 minutos, se recibe en esta área rectora documento emitido por el denunciante, la Licda. Nombre35116, donde se expone que existe un incumplimiento a la orden sanitaria OS- 058-REG-2024, ya que indica que la actividad de almacenamiento, distribución y venta de GLP no ha cesado, y se solicita, además, la clausura del establecimiento. Consta en los folios 00050 y 00051 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 17) Al ser las 10 horas con 50 minutos del 28 de enero del 2025 se recibe en esta área rectora recurso de amparo bajo el N° de expediente 24-033776-0007-CO. Consta en los folios 00053 y 00054 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 18) Al ser las 18 horas con 58 minutos del 30 de enero del 2025, la funcionaria Nombre35120, en compañía del chofer el Sr. Nombre35124, ambos funcionarios del Ministerio de Salud, intentaron realizar inspección en el establecimiento denunciado en seguimiento a la orden sanitaria N° OS-058-REG-2024 y en atención a las alertas de la denunciante y vecinos, no obstante, al momento de la inspección se encontraron con un operativo policial, específicamente un allanamiento a dos casas contiguo al establecimiento denunciado, por motivos de un homicidio ocurrido una noche antes de la inspección cerca de la zona donde se ubica el establecimiento y los sospechosos residen o se ubican en viviendas alrededor del establecimiento super Diana, esta información fue brindada por el funcionario del Ministerio de Seguridad Pública llamado Nombre35125 cédula la CED16, quien además le indica a los funcionarios de este Ministerio que no se les puede permitir el acceso, dado que la zona de momento está resguardada por presencia de armas de fuego y por los allanamientos que se están llevando a cabo y podría significar un riesgo para su seguridad e integridad física. Por último, externó también que debido a que el establecimiento se encuentra en una zona que se caracteriza por ser roja (altamente violenta) no es recomendable realizar una visita en las próximas semanas, esto pensando en los riesgos que podrían enfrentar los funcionarios. 19) Al ser las 19 horas con 22 minutos los funcionarios se marcharon del sitio sin haber podido realizar la inspección en el establecimiento por las razones antes mencionadas. Esto consta en el acta de inspección No AIO-059-REG-2025 que se encuentra en el folio 00055 del expediente de la denuncia N° 072-2024. 20) En vista de lo anteriormente explicado, se estará reprogramando la inspección de seguimiento cuando por recomendación de Fuerza Pública del cantón se pueda ingresar a la zona sin que esto represente un riesgo a la salud, seguridad e integridad para los funcionarios de este Ministerio. III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO Se observa que el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita realizó las gestiones para atender la denuncia interpuesta por la Licda. Nombre35116 (ingresada para fines internos como No. 072-2024), se comprobaron las inconsistencias en el almacenamiento y distribución de GLP en el establecimiento Super y Abastecedor Diana propiedad del Señor Nombre35119. Se notificó la orden sanitaria MS-DRRSCS-DARSPC-058-2024 donde se le brinda un plazo inmediato para suspender la actividad de venta, almacenamiento y distribución de GLP. Siendo que, es deber del Ministerio de Salud, velar por los derechos fundamentales a la salud y a la vida, de conformidad con los ordinales 21 y 50 de la Constitución Política, los cuales, son contestes al señalar que “La vida humana es inviolable” y el Estado debe procurar “el mayor bienestar a todos los habitantes del país”, el Poder Ejecutivo está obligado a proteger a la población mediante la adopción de medidas que les defiendan de todo riesgo, amenaza o peligro. Como corolario de lo anterior, no se observa en el presente caso, se haya incurrido en una infracción a los derechos fundamentales que reclama la parte recurrente, pues el Ministerio de Salud ha actuado amparado al principio de legalidad, el principio precautorio, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y justicia social, los principios de equidad, eficiencia, calidad, transparencia y respeto a la diversidad; con enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, propiciando un ambiente humano sano y equilibrado, cuyo fundamento en sus actuaciones lo constituyen primordialmente la Constitución Política, la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”, la Ley N° 5412 del 08 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del Ministerio de Salud”, Ley 7600, “Ley de Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad”, Ley 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” y Decreto Ejecutivo 43432-S “Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud”. Sin embargo, debido al aumento excesivo de la criminalidad en el cantón Central de Puntarenas, y bajo el principio precautorio sobre la integridad física de los funcionarios del Ministerio de Salud, la fuerza pública nos ha recomendado esperar a que la zona se encuentre un poco más calmada, ya que el sitio donde se ubica el establecimiento en cuestión es contiguo a unas casas que han sido allanadas por el Organismo de Investigación Judicial, en busca de varias personas que se encuentran involucradas en diversos crímenes en la zona de Puntarenas, por lo que aunque visitemos el establecimiento en compañía de la Fuerza pública por el momento no es un lugar seguro, máxime que se si demostrara el incumplimiento al acto administrativo emitido tendríamos de actuar con base en nuestro ordenamiento implicando la clausura del sitio, y por ser un barrio conflictivo, la fuerza pública no quiere que se exponga la integridad de los funcionarios, por lo que solicitamos con todo respeto un plazo mayor para esperar el aval del Director de la Fuerza Pública y podamos realizar nuestra labor como siempre lo hemos hecho.”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

 I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia por un problema que involucra un riesgo a la integridad de las personas que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que acude en representación de varios vecinos de la comunidad de Chacarita, Puntarenas. En dicha comunidad se encuentra en funcionamiento el negocio comercial Súper y Abastecedor Diana, ubicado en Chacarita Tres, de la Clínica de Carrizal 200 metros al sur, a nombre de Nombre35122 y administrado por Nombre35130. Acusa que la venta de gas al menudeo la tenían dentro del súper, pero hace un tiempo hicieron una pequeña bodega a la par del súper, únicamente con una salida al frente de la carretera y contiguo a la casa vecina, pared de por medio, donde habitan dos personas adultas mayores, quienes le han solicitado al administrador del negocio que quite la bodega por el peligro que representa, pero ha hecho caso omiso. A mediados del año pasado, la Licda. Nombre35116 interpuso una denuncia contra el citado negocio comercial ante el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, donde expuso el peligro inminente que corren los vecinos de Chacarita, dado que el establecimiento no cuenta con retiros, guardan los cilindros sin ninguna seguridad, además, genera mucho ruido y fuertes olores. Narra que, con ocasión de ello, la autoridad recurrida emitió una orden sanitaria mediante la cual le ordenó al administrador del negocio suspender la actividad de almacenamiento, distribución y venta de gas, por existir inconsistencias sanitarias; sin embargo, dicha orden no fue acatada y dicho expendio continúa con la venta de gas. Agrega que el 8 de octubre de 2024 se planteó una gestión ante la Gestora Ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita donde se acusó el incumplimiento de la orden sanitaria; sin embargo, acusa que, a la fecha de interposición del presente recurso, la autoridad recurrida no ha atendido esa gestión.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)   El 17 de mayo de 2024, el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, recibió una denuncia bajo el número consecutivo PC-AC-522-2024, interpuesta por la licenciada Nombre35116, contra Nombre35117 ubicado en Chacarita (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

b)   El 14 de junio de 2024, la gestora ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, remitió un correo electrónico a la denunciante Nombre35126, a la dirección ... , mediante el cual se le informó que la denuncia N°072-2024, ya estaba siendo atendida y que se le estaría  informando por ese medio el seguimiento del caso (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

c)    El 20 de junio de 2024, el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, solicitó una inspección en conjunto al departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

d)   El departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), acepto la solicitud de inspección y se programó para el 04 de julio de 2024 (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

e)    El 20 de junio de 2024, el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, comunicó por medio de correo electrónico a denunciante Nombre35126, a través de la dirección ..., lo siguiente:“ Informarle que, en atención a su denuncia, se adjunta el permiso sanitario de funcionamiento DRRSPC-DARSPC-0317-2022 con el que actualmente cuenta el establecimiento denunciado, este cuenta con vigencia hasta el 2027 y se otorgó con fundamento en el Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud N°43432-S (…). Por otra parte, en revisión del expediente de dicho establecimiento se constató que el mismo cuenta con certificado de gas lp vencido desde enero del curso, por lo que se procederá con un ordenamiento sanitario para su actualización. Por último, de igual manera en atención a su denuncia y en aras de comprobar las condiciones actuales del establecimiento en relación a la actividad de venta de gas, el día de hoy se solicitó inspección por parte de Ingeniería de Bomberos de Costa Rica, en cuento se obtenga respuesta con programación de inspección  se le estaría avisando por este medio” (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

f)     El 20 de junio de 2024, el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, remitió correo electrónico al representante del establecimiento denunciado, donde se informó acerca del vencimiento en la certificación de GLP y se instó a la actualización de este (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

g)   El 04 de julio de 2024, la gestora ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, junto con el Ingeniero del departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), realizaron una inspección al establecimiento denunciado (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

h)   El 10 de julio de 2024, se remitió al Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, el informe técnico de Evaluación de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, seguridad humana y riesgo de incendio para permiso sanitario de funcionamiento Puntos de Venta, emitido por el Nombre35127 del departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

i)     Que con base al informe técnico del Nombre35127 del departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), se emitió por parte de la gestora ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, el informe técnico MSDRRSPC- DARSPC-IT-0509-2024 con fecha del 09 de agosto del 2024, en el cual se recomendó a la dirección notificar un ordenamiento sanitario (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

j)     El 14 de agosto de 2024, se notificó la Orden Sanitaria OS-058-REG-2024, el informe técnico de Ingeniería departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) y el informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024, al representante del establecimiento denunciado, el Sr. Nombre35119 (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

k)   El 14 de agosto de 2024, la accionada  remitió correo a la denunciante Nombre35126, por medio de la dirección registrada para recibir notificaciones ... y se le informó acerca de la inspección realizada el 04 de julio de 2024, sobre el informe técnico emitido por Ingeniería del departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, y por ultimo sobre el informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 y notificación de la orden sanitaria OS-058-REG-2024  (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

l)     El 04 de setiembre de 2024, el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, recibió un documentó por parte del señor Nombre35114, cédula de identidad CED16097 -quien figura como recurrente dentro del recurso de amparo 24-029566-0007-CO-, mediante el cual alertó que la orden sanitaria OS-058-REG-2024, notificada el 14 de agosto del 2024, no estaba siendo acatada por el representante legal del establecimiento y solicitó la clausura del mismo (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

m)El 18 de septiembre de 2024, el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, al correo electrónico brindado para recibir notificaciones, otorgó respuesta al denunciante Nombre35128 (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

n)   El 19 de septiembre de 2024, la gestora ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, realizó una inspección al establecimiento denunciado, con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de la orden sanitaria N° OS-058-REG- 2024 y a las alertas brindadas por los vecinos y denunciante, no obstante, según consta en el acta de inspección N° AIO-0317-REG-2024, al momento de la inspección no se observó salidas (distribución) de GLP, es decir, no se evidenció ningún incumplimiento a la orden sanitaria en supra, esto pese a que se tuvo vigilancia sobre la vía pública desde en un lugar estratégico por alrededor de 20 minutos (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

o)   El 26 de septiembre de 2024, la gestora ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, realizó otra inspección al establecimiento denunciado y generó el acta de inspección N° AIO-0328-REG-2024, de la cual se evidenció ningún incumplimiento a la orden sanitaria (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

p)   El 08 de octubre de 2024, la denunciante Nombre35126 remitió al área rectora, un documento en el cual expone que existe un incumplimiento a la orden sanitaria OS- 058-REG-2024 (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

q)   La directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita , asegura que: “al ser las 18 horas con 58 minutos del 30 de enero del 2025, la funcionaria Nombre35120, en compañía del chofer el Sr. Nombre35124, ambos funcionarios del Ministerio de Salud, intentaron realizar inspección en el establecimiento denunciado en seguimiento a la orden sanitaria N° OS-058 REG-2024 y en atención a las alertas de la denunciante y vecinos, no obstante, al momento de la inspección se encontraron con un operativo policial, específicamente un allanamiento a dos casas contiguo al establecimiento denunciado, por motivos de un homicidio ocurrido una noche antes de la inspección cerca de la zona donde se ubica el establecimiento y los sospechosos residen o se ubican en viviendas alrededor del establecimiento super Diana, esta información fue brindada por el funcionario del Ministerio de Seguridad Pública llamado Nombre35125 cédula CED16099, quien además le indica a los funcionarios de este Ministerio que no se les puede permitir el acceso, dado que la zona de momento está resguardada por presencia de armas de fuego y por los allanamientos que se están llevando a cabo y podría significar un riesgo para su seguridad e integridad física. Por último, externó también que debido a que el establecimiento se encuentra en una zona que se caracteriza por ser roja (altamente violenta) no es recomendable realizar una visita en las próximas semanas, esto pensando en los riesgos que podrían enfrentar los funcionarios” (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

r)    Que al ser 19:22 horas del 30 de enero de 2025, los funcionarios del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, se retiraron del lugar sin poder realizar la inspección (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

s)    Que la inspección de seguimiento se reprogramará cuando cuenten con recomendación de Fuerza Pública para ingresar a la zona (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

t)     La resolución de las 14:56 horas del 23 de octubre de 2024, que dio curso al proceso, le fue notificada a las autoridades recurridas el 28 de enero de 2025 (véase al respecto las actas de notificación adjuntas).

 IV.- HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:

 ÚNICO). Que la Área Rectora de Puntarenas-Chacarita, haya dado una solución definitiva a la problemática de salud pública que se genera en el Nombre35117 (los autos).

 V.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. Del informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida, bajo los apercibimientos, incluso penales, señalados en el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y la documentación aportada al expediente, se tiene por acreditado que el 17 de mayo de 2024, se presentó una denuncia ante el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, contra Nombre35117 ubicado en Chacarita. Por lo cual, el 20 de junio de 2024, el Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, solicitó una inspección en conjunto al departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), misma que se programó para el 04 de julio de 2024. Asimismo se denotó, que después de la inspección programada, el 10 de julio de 2024, se remitió al Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, el informe técnico de Evaluación de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, seguridad humana y riesgo de incendio para permiso sanitario de funcionamiento Puntos de Venta, emitido por el Nombre35127 del departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), por lo cual, la gestora ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, emitió el informe técnico MSDRRSPC- DARSPC-IT-0509-2024 con fecha del 09 de agosto del 2024, en el cual se recomendó a la dirección notificar un ordenamiento sanitario. En virtud de lo anterior, se verificó que el 14 de agosto de 2024, se notificó la Orden Sanitaria OS-058-REG-2024, el informe técnico de Ingeniería departamento de Ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) y el informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024, al representante del establecimiento denunciado, el Sr. Nombre35119, así como también a la denunciante. Por otro lado, se observa que el 04 de setiembre de 2024, el señor Nombre35114, cédula de identidad CED16097 -quien figura como recurrente dentro del recurso de amparo 24-029566-0007-CO-, alertó que la orden sanitaria OS-058-REG-2024, notificada el 14 de agosto del 2024, no estaba siendo acatada por el representante legal del establecimiento y solicitó la clausura del mismo, solicitud a la que se le dio respuesta el 18 de septiembre de 2024. No obstante, a pesar de lo indicado el 19 y 23 de septiembre de 2024, la gestora ambiental del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, al realizar las inspecciones no denotó ningún incumplimiento a la orden sanitaria. Seguidamente, el 08 de octubre de 2024, la denunciante Nombre35126 remitió al área rectora, un documento en el cual expuso incumplimiento a la orden sanitaria OS- 058-REG-2024, por lo cual, se procedió con una nueva inspección, sin embargo, la directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, asegura que: “al ser las 18 horas con 58 minutos del 30 de enero del 2025, la funcionaria Nombre35120, en compañía del chofer el Sr. Nombre35124, ambos funcionarios del Ministerio de Salud, intentaron realizar inspección en el establecimiento denunciado en seguimiento a la orden sanitaria N° OS-058 REG-2024 y en atención a las alertas de la denunciante y vecinos, no obstante, al momento de la inspección se encontraron con un operativo policial, específicamente un allanamiento a dos casas contiguo al establecimiento denunciado, por motivos de un homicidio ocurrido una noche antes de la inspección cerca de la zona donde se ubica el establecimiento y los sospechosos residen o se ubican en viviendas alrededor del establecimiento super Diana, esta información fue brindada por el funcionario del Ministerio de Seguridad Pública llamado Nombre35125 cédula CED16099, quien además le indica a los funcionarios de este Ministerio que no se les puede permitir el acceso, dado que la zona de momento está resguardada por presencia de armas de fuego y por los allanamientos que se están llevando a cabo y podría significar un riesgo para su seguridad e integridad física. Por último, externó también que debido a que el establecimiento se encuentra en una zona que se caracteriza por ser roja (altamente violenta) no es recomendable realizar una visita en las próximas semanas, esto pensando en los riesgos que podrían enfrentar los funcionarios”. Por lo cual, al ser 19:22 horas del 30 de enero de 2025, los funcionarios del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, se retiraron del lugar sin poder realizar la inspección y determinaron que la inspección de seguimiento se reprogramara cuando cuenten con recomendación de Fuerza Pública para ingresar a la zona.

De lo expuesto, se tiene por acreditado que lo supra indicado, lesiona los derechos fundamentales del recurrente así como de los demás habitantes de la comunidad. Esto debido a que si bien las autoridades recurridas han realizado algunas gestiones desde el momento en que se interpusieron las denuncias y la alerta de incumplimiento de la orden sanitaria dictada, lo cierto del caso, es que la situación aún persiste y no existe una solución definitiva a la problemática de salud pública que se genera en el Súper Diana. Sumando a lo anterior, aun cuando la directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, informó sobre el impedimento que se presenta para realizar la inspección en el lugar, lo cierto del caso, es que lo anterior deja en estado de vulnerabilidad a los habitantes de la comunidad ante el peligro latente que representa el incumplimiento acusado.

En mérito de lo expuesto, este Tribunal estima que existe la infracción acusa, en cuento a la falta de solución integral a la problemática denunciada desde mayo de 2024. Bajo esta inteligencia, se impone acoger el recurso, conforme se dirá.  

 VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 Se declara con lugar el recurso. Se ordena Nombre35115, directora de Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, o a quien ocupe ese cargo, tomar las medidas correspondientes y las acciones de coordinación que se estimen, dentro del ámbito de su competencia, para que en el plazo de UN MES posterior a la notificación de esta sentencia, se verifique el cumplimiento de la orden sanitaria OS-058-REG-2024, y se resuelva de forma definitiva la denuncia planteada el 17 de mayo de 2024 -la cual se tramita bajo el número consecutivo PC-AC-522-2024-, siempre y cuando no implique un riesgo debidamente demostrado y justificado, para la integridad de los funcionarios accionados. A su vez, en el mismo plazo se le deberá comunicar al recurrente lo resuelto. Se le advierte a la autoridad recurrida, que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.-

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 MTCQKDKSU8G61

EXPEDIENTE N° 24-033776-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección1786

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:48:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Now Therefore:**

**1.-** Through a brief received in this Chamber at 15:54 hours on 29 January 2025, the petitioner files an amparo action against the MINISTRY OF HEALTH. He states that he appears on behalf of several neighbors of the community of Chacarita, Puntarenas. He reports that in said community the commercial business Súper y Abastecedor Diana is operating, located in Chacarita Tres, 200 meters south of the Clínica de Carrizal, under the name of Nombre35122 and managed by Nombre35130. He alleges that the retail sale of gas was previously conducted inside the supermarket, but some time ago they built a small warehouse next to the supermarket, with only one exit facing the road and adjacent to the neighboring house, sharing a wall, where two older adults live, who have asked the business manager to remove the warehouse due to the danger it represents, but he has ignored this. He affirms that, in the middle of last year, Licda. Nombre35116 filed a complaint against the aforementioned commercial business before the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, where she exposed the imminent danger faced by the neighbors of Chacarita, given that the establishment does not have setback areas (retiros), stores the cylinders without any security, and also generates a lot of noise and strong odors. He recounts that, on that occasion, the respondent authority issued a sanitary order whereby it ordered the business manager to suspend the activity of storage, distribution, and sale of gas, due to existing sanitary inconsistencies; however, said order was not complied with and said outlet continues with the sale of gas. He adds that on 8 October 2024, a petition was filed before the Environmental Manager (Gestora Ambiental) of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita where the non-compliance with the sanitary order was alleged; however, he alleges that, as of the date of filing of this action, the respondent authority has not addressed that petition. He considers the described facts to be contrary to his fundamental rights.

**2.-** By resolution at 7:04 hours on 9 January 2025, the Presidency of the Constitutional Chamber admitted the amparo action and transferred it to the Director and the Environmental Manager (Gestora Ambiental), both of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita.

**3.-** By means of a brief filed in the Legal System on 3 February 2025, Nombre35115, director of the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, of the Dirección Regional de Rectoría de la Salud Pacífico Central, reports that: "II. ON THE ACTIONS OF THE ÁREA RECTORA DE SALUD In relation to the claims made by the petitioner and concerning what falls within the competence of the Ministry of Health, we proceed to indicate the following: 1) That on 17 May 2024, a complaint was received in physical form at the Área Rectora de Puntarenas-Chacarita, under the consecutive number PC-AC-522-2024. This was filed by Licda. Nombre35116, against Nombre35117 located in Chacarita #3, 125m north of the clínica de Carrizal, in which complaint the lady cites the following points: • Before the Municipalidad de Puntarenas, we only find a business license (patente) for the commercial business activity, but not for the dispensing and marketing of LPG liquefied petroleum gas. Given that, if the business does not have the permit from the Ministry of Health, it should not have a business license and vice versa, because having a business license is a sine qua non requirement. • The commercial establishment and/or the activity of selling LPG gas, in order to operate, must first have a permit for sale and distribution, storage, and re-bottling; if it does not have those 4 elements, the permit it has is not valid, and the Ministry of Health must close it because it is an imminent risk. There is a specific regulation for the sale of LPG gas where they require setback areas (retiros), where they require warehouses, where they require fire extinguishers of a certain size and according to class for chemicals and others, where they require a series of requirements for the gas handler such as protective uniform, glasses, shoes; it is a regulation for the dispensing, storage, distribution, and re-bottling of LPG gas. It must have fire extinguishers, third-party damage risk insurance policies, it must have setback areas (retiros) on all 4 sides, in the back, on the sides, and in the front, so that if there is any contingency, the fire or incipient fire can be fought. Given that this business does not meet most of the requirements stipulated in the Regulation. • The establishment does not have setback areas (retiros); it is not the community's problem that it lacks setback areas, it is a time bomb for the community in general, and Article 50 of the Political Constitution states that an ecologically balanced and healthy environment must be maintained. • The establishment has trucks that also do not meet the requirements; they leave them in front of the business during the day to load and unload huge gas cylinders for restaurants, and at night they park the trucks next to the supermarket to load them with full cylinders, also causing constant noise because they drop the cylinders. • Also at the establishment El Nombre35117, they store cylinders without any security. Likewise, they use the private vehicle of Nombre35118, daughter of the holder of the business license and Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) and the manager of the premises, to transport gas cylinders. This is recorded in folios 00005 and 00006 of the file for complaint No. 072-2024. 2) The reported establishment is called Super y Abastecedor Diana, located in Puntarenas, Dirección1944, the legal representative is Mr. Nombre35119, ID CED16098. It holds sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) No. MS-DRRSPC-DARSPC-0317-2022 valid until 10 November 2027, for the activity of "Retail sale in supermarket supermarkets warehouses and similar includes lp gas", risk type B and CAECR code 4711.1. 3) At 9:58 hours on Dirección1945, official Nombre35120, environmental manager (gestora ambiental) of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, sent an email to the complainant, via the email registered for notifications (...16), informing her that the complaint was already being addressed and that she would be informed by that means of the follow-up of the case. This is recorded in folio 00007 of the file for complaint No. 072-2024. 4) At 11:26 hours on 20 June 2024, a request was made for a joint inspection with the engineering department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), as they are responsible for issuing the regulations regarding prevention, human safety, and fire protection that any establishment developing activities where LPG is used or dispensed must comply with. Said request was accepted and scheduled for 04 July 2024. This is recorded in folios 00008 and 00012 of the file for complaint No. 072-2024. 5) At 11:52 hours on 20 June 2024, an email was sent to the complainant, via the email registered for notifications ((...1)), responding to her concern regarding whether or not the reported establishment had a sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento). She was informed that the establishment holds sanitary permit MS-DRRSPC-DARSPC-0317-2022 valid until 2027. It was also explained that it was identified that the reported establishment had an LPG certificate expired since January 2024, so action would be taken in relation to this, and finally, the request for an inspection by the BCBCR engineering department was reported in follow-up to the case. This is recorded in folio 00009 of the file for complaint No. 072-2024. 6) At 12:12 hours on 20 June 2024, an email was sent to the representative of the reported establishment, informing them about the expiration of the LPG certification and urging its update. This is recorded in folio 00010 of the file for complaint No. 072-2024. 7) At 10:00 hours on 04 July 2024, official Nombre35120 conducted an inspection at the reported establishment, accompanied by Eng. Nombre35121, from the BCBCR Engineering Dept. They were attended by Mrs. Nombre35122, wife of the owner and legal representative of the establishment. This is recorded in inspection record No. AIO-219-REG-2024, which is in folio 00014 of the file for complaint No. 072-2024. 8) After the inspection was conducted, the required evidence was generated to inform the respondent and legal representative of the establishment about the complaint filed before this rector area and the findings of the inspection conducted, so that the necessary measures could be taken to resolve the identified sanitary issues. 9) On 10 July 2024, the technical report on the Evaluation of storage and distribution of liquefied petroleum gas, human safety, and fire risk for sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) Points of Sale, issued by Nombre35127 (BCBCR), was submitted to this rector area, presenting the findings discovered, as well as the conclusions regarding compliance with the corresponding legislation. This is recorded in folios 00020 to 00030 of the file for complaint No. 072-2024. 10) Based on the technical report of Nombre35127 of the BCBCR, official Nombre35120 of this rector area issued the technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 dated 09 August 2024, which concluded that a risk to public health and human safety of clients and neighbors of the establishment was evidenced, due to the inadequate human safety and fire risk conditions of the establishment for the activity of storage, distribution, installation, and sale of LPG. Therefore, in the aforementioned report, it was recommended that the Directorate of this Area notify a sanitary order. This is recorded in folios 00031 to 00038 of the file for complaint No. 072-2024. 11) At 10:00 hours on 14 August 2024, Sanitary Order (Orden Sanitaria) OS-058-REG-2024, the BCBCR Engineering Technical Report, and the technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 were served on the representative of the establishment, Mr. Nombre35119. The notification was made through his wife, Mrs. Nombre35122, since Mr. Nombre16 was not present. Said sanitary order indicates in its operative part: "...Within an IMMEDIATE period from the notification of this sanitary order, you must suspend the activity of storage, distribution, and sale of lp gas which was granted to you through the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) No. MS-DRRSPC-DARSPC-0317-2022. In order to resume the activity of storage, distribution, and sale of lp gas, the inconsistencies described in the technical report of the Fire Department Engineering Unit must be fully complied with and verified by said Unit. The foregoing in order to protect and safeguard public health and based on Article 50 of the Political Constitution and General Health Law No. 5395...". This is recorded in folios 00039 to 00041 of the file for complaint No. 072-2024. 12) At 12:12 hours on 14 August 2024, an email was sent to the complainant, via the email registered for notifications ((...)), informing Licda. Nombre10 about the follow-up on the complaint, specifically informing her about the inspection conducted on 04 July 2024, about the technical report issued by the BCBCR Engineering, and finally about technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 and the notification of sanitary order (orden sanitaria) OS-058-REG-2024. This is recorded in folio 00042 of the file for complaint No. 072-2024. 13) At 11:52 hours on 04 September 2024, a document was received from Mr. Nombre35123, alerting this rector area of health that sanitary order (orden sanitaria) OS-058-REG-2024 notified on 14 August 2024 was not being complied with by the respondent and legal representative of the establishment, and requesting the closure of the establishment. On 18 September, a response was provided to Mr. Nombre4 via the email provided for notifications. This is recorded in folios 00044 to 00047 of the file for complaint No. 072-2024. 14) At 14:50 hours on 19 September 2024, official Nombre35120 conducted an inspection at the reported establishment, with the aim of following up on compliance with sanitary order No. OS-058-REG-2024 and the alerts provided by the neighbors and the complainant. However, as recorded in inspection record No. AIO-0317-REG-2024, at the time of the inspection, no LPG outflows (distribution) were observed, meaning no non-compliance with the aforementioned sanitary order was evidenced, despite surveillance being maintained on the public road from a strategic location for approximately 20 minutes. This is recorded in folio 00048 of the file for complaint No. 072-2024. 15) On 26 September 2024, at 14:48 hours, official Nombre35120 conducted an inspection at the reported establishment, with the aim of following up on compliance with sanitary order No. OS-058-REG-2024 and the alerts provided by the neighbors and the complainant. According to inspection record No. AIO-0328-REG-2024, an inspection was carried out inside the supermarket facilities, as well as the storage warehouse, and at the time of the inspection, no LPG cylinder was observed, nor was any commercialization, distribution, or storage of LPG observed, so no non-compliance with the sanitary order was evidenced. This is recorded in folio 00049 of the file for complaint No. 072-2024. 16) That on 08 October 2024, at 9:50 hours, this rector area received a document issued by the complainant, Licda. Nombre35116, stating that there was non-compliance with sanitary order OS-058-REG-2024, as they indicated that the activity of storage, distribution, and sale of LPG had not ceased, and also requesting the closure of the establishment. This is recorded in folios 00050 and 00051 of the file for complaint No. 072-2024. 17) At 10:50 hours on 28 January 2025, this rector area received an amparo action under file No. 24-033776-0007-CO. This is recorded in folios 00053 and 00054 of the file for complaint No. 072-2024. 18) At 18:58 hours on 30 January 2025, official Nombre35120, accompanied by driver Mr. Nombre35124, both officials of the Ministry of Health, attempted to conduct an inspection at the reported establishment in follow-up to sanitary order No. OS-058-REG-2024 and in response to the alerts from the complainant and neighbors. However, at the time of the inspection, they encountered a police operation, specifically a raid on two houses adjacent to the reported establishment, due to a homicide that occurred the night before the inspection near the area where the establishment is located, and the suspects reside or are located in dwellings around the Super Diana establishment. This information was provided by the official of the Ministry of Public Security named Nombre35125, ID CED16, who also informed the officials of this Ministry that access could not be permitted, since the area was temporarily secured due to the presence of firearms and the raids being conducted, and it could pose a risk to their safety and physical integrity. Finally, he also stated that, because the establishment is located in an area characterized as a red zone (highly violent), it is not advisable to conduct a visit in the coming weeks, considering the risks the officials might face. 19) At 19:22 hours, the officials left the site without having been able to conduct the inspection at the establishment for the aforementioned reasons. This is recorded in inspection record No. AIO-059-REG-2025, which is found in folio 00055 of the file for complaint No. 072-2024. 20) In view of the foregoing, the follow-up inspection will be rescheduled when, upon the recommendation of the Public Police Force (Fuerza Pública) of the canton, entry into the area can be made without it representing a risk to the health, safety, and integrity of the officials of this Ministry. III. ON THE MERITS OF THE ACTION It is observed that the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita carried out the necessary steps to address the complaint filed by Licda. Nombre35116 (entered for internal purposes as No. 072-2024); the inconsistencies in the storage and distribution of LPG at the Super y Abastecedor Diana establishment owned by Mr. Nombre35119 were verified. Sanitary order MS-DRRSCS-DARSPC-058-2024 was served, providing an immediate period to suspend the activity of sale, storage, and distribution of LPG. Given that it is the duty of the Ministry of Health to safeguard the fundamental rights to health and life, in accordance with Articles 21 and 50 of the Political Constitution, which are consistent in stating that "Human life is inviolable" and the State must ensure "the greatest well-being to all inhabitants of the country," the Executive Branch is obligated to protect the population by adopting measures that defend them from any risk, threat, or danger. As a corollary to the foregoing, it is not observed in the present case that an infringement of the fundamental rights claimed by the petitioner has been incurred, since the Ministry of Health has acted under the principle of legality, the precautionary principle, the principles of proportionality, reasonableness, and social justice, the principles of equity, efficiency, quality, transparency, and respect for diversity; with a focus on health promotion and disease prevention, fostering a healthy and balanced human environment, whose basis for its actions is primarily constituted by the Political Constitution, Law No. 5395 of 30 October 1973 "Ley General de Salud", Law No. 5412 of 08 November 1973 "Ley Orgánica del Ministerio de Salud", Law 7600, "Ley de Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad", Law 8839 "Ley para la Gestión Integral de Residuos" and Executive Decree 43432-S "Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud". However, due to the excessive increase in crime in the central Canton of Puntarenas, and under the precautionary principle regarding the physical integrity of Ministry of Health officials, the public police force has recommended that we wait for the area to be a little calmer, since the site where the establishment in question is located is adjacent to some houses that have been raided by the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), in search of several individuals who are involved in various crimes in the Puntarenas area. Therefore, even if we visit the establishment accompanied by the Public Police Force, it is not a safe place at the moment, especially since, if non-compliance with the issued administrative act were demonstrated, we would have to act based on our legal system implying the closure of the site, and because it is a conflictive neighborhood, the public force does not want the integrity of the officials to be exposed. For this reason, we respectfully request a longer period to await the approval of the Director of the Public Police Force so that we can carry out our work as we have always done." He requests that the action be dismissed.

**4.-** In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Magistrate Hess Herrera writes; and,

**Considering:**

**I.- PRELIMINARY.** Before analyzing the merits of the claim—for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure—it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hrs. on 22 February 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the timeframes set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the case sub lite, an exception is raised, for this is a complaint for a problem that involves a risk to the integrity of individuals that the petitioner alleges has not been definitively resolved.

**II.- OBJECT OF THE ACTION.** The petitioner states that he appears on behalf of several neighbors of the community of Chacarita, Puntarenas. In that community, the commercial business Súper y Abastecedor Diana is operating, located in Chacarita Tres, 200 meters south of the Clínica de Carrizal, under the name of Nombre35122 and managed by Nombre35130. He alleges that the retail sale of gas was previously conducted inside the supermarket, but some time ago they built a small warehouse next to the supermarket, with only one exit facing the road and adjacent to the neighboring house, sharing a wall, where two older adults live, who have asked the business manager to remove the warehouse due to the danger it represents, but he has ignored this. In the middle of last year, Licda. Nombre35116 filed a complaint against the aforementioned commercial business before the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, where she exposed the imminent danger faced by the neighbors of Chacarita, given that the establishment does not have setback areas (retiros), stores the cylinders without any security, and also generates a lot of noise and strong odors. He recounts that, on that occasion, the respondent authority issued a sanitary order whereby it ordered the business manager to suspend the activity of storage, distribution, and sale of gas, due to existing sanitary inconsistencies; however, said order was not complied with and said outlet continues with the sale of gas. He adds that on 8 October 2024, a petition was filed before the Environmental Manager (Gestora Ambiental) of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita where the non-compliance with the sanitary order was alleged; however, he alleges that, as of the date of filing of this action, the respondent authority has not addressed that petition.

**III.- PROVEN FACTS.** The following facts are deemed duly proven as important for the decision in this matter:

a) On 17 May 2024, the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita received a complaint under consecutive number PC-AC-522-2024, filed by licenciada Nombre35116, against Nombre35117 located in Chacarita (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

b) On 14 June 2024, the environmental manager (gestora ambiental) of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita sent an email to the complainant Nombre35126, at address ... , by which she was informed that complaint No. 072-2024 was already being addressed and that she would be informed by that means of the follow-up of the case (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

c) On 20 June 2024, the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita requested a joint inspection with the engineering department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

d) The engineering department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) accepted the inspection request and it was scheduled for 04 July 2024 (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

e) On 20 June 2024, the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita communicated via email to the complainant Nombre35126, through address ..., the following: "Inform you that, in response to your complaint, the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) DRRSPC-DARSPC-0317-2022 currently held by the reported establishment is attached; it is valid until 2027 and was granted based on the Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud No. 43432-S (…). On the other hand, upon reviewing the file for said establishment, it was verified that it has an lp gas certificate expired since January of the current year, therefore, a sanitary order will be issued for its update. Finally, likewise in response to your complaint and in order to verify the current conditions of the establishment in relation to the gas sale activity, today an inspection was requested from the Engineering Department of the Bomberos de Costa Rica; as soon as a response is received with the inspection schedule, you will be notified by this means" (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

f) On 20 June 2024, the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita sent an email to the representative of the reported establishment, informing about the expiration of the LPG certification and urging its update (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

g) On 04 July 2024, the environmental manager (gestora ambiental) of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, together with the Engineer from the engineering department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), conducted an inspection at the reported establishment (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

h) On 10 July 2024, the technical report on the Evaluation of storage and distribution of liquefied petroleum gas, human safety, and fire risk for sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) Points of Sale, issued by Nombre35127 of the engineering department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), was submitted to the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

i) That based on the technical report of Nombre35127 of the engineering department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), the environmental manager (gestora ambiental) of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita issued the technical report MSDRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 dated 09 August 2024, in which it was recommended that the directorate notify a sanitary order (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

j) On 14 August 2024, Sanitary Order (Orden Sanitaria) OS-058-REG-2024, the technical report from the engineering department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), and the technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024, were served on the representative of the reported establishment, Mr. Nombre35119 (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

k) On 14 August 2024, the respondent sent an email to the complainant Nombre35126, through the address registered to receive notifications ...

and was informed of the inspection conducted on July 4, 2024, regarding the technical report issued by the Engineering Department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, and finally regarding technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 and notification of sanitary order OS-058-REG-2024 (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

l) On September 4, 2024, the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita received a document from Mr. Nombre35114, identification number CED16097 – who appears as a petitioner in amparo action 24-029566-0007-CO – by which he warned that sanitary order OS-058-REG-2024, notified on August 14, 2024, was not being complied with by the legal representative of the establishment and requested its closure (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

m) On September 18, 2024, the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, to the email address provided for receiving notifications, issued a response to complainant Nombre35128 (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

n) On September 19, 2024, the environmental manager of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita conducted an inspection of the denounced establishment with the objective of following up on compliance with sanitary order No. OS-058-REG-2024 and the alerts provided by neighbors and the complainant; however, as stated in inspection report No. AIO-0317-REG-2024, at the time of the inspection, no LPG discharges (distribution) were observed, that is, no non-compliance with the aforementioned sanitary order was evidenced, despite surveillance being maintained on the public road from a strategic location for approximately 20 minutes (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

o) On September 26, 2024, the environmental manager of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita conducted another inspection of the denounced establishment and generated inspection report No. AIO-0328-REG-2024, from which no non-compliance with the sanitary order was evidenced (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

p) On October 8, 2024, complainant Nombre35126 sent the rectora area a document stating that there is non-compliance with sanitary order OS-058-REG-2024 (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

q) The director of the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita assures that: “at 6:58 p.m. on January 30, 2025, official Nombre35120, accompanied by driver Mr. Nombre35124, both officials of the Ministerio de Salud, attempted to carry out an inspection at the denounced establishment in follow-up to sanitary order No. OS-058 REG-2024 and in response to alerts from the complainant and neighbors; however, at the time of the inspection they encountered a police operation, specifically a raid on two houses adjacent to the denounced establishment, due to a homicide that occurred the night before the inspection near the area where the establishment is located, and the suspects reside or are located in dwellings around the super Diana establishment. This information was provided by the official of the Ministerio de Seguridad Pública named Nombre35125, ID CED16099, who also told the officials of this Ministry that they could not be granted access, given that the area is currently secured due to the presence of firearms and the raids being carried out, which could pose a risk to their safety and physical integrity. Finally, he also stated that because the establishment is located in an area characterized as red (highly violent), it is not advisable to make a visit in the coming weeks, considering the risks the officials could face” (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

r) At 7:22 p.m. on January 30, 2025, the officials of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita withdrew from the site without being able to conduct the inspection (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

s) The follow-up inspection will be rescheduled when they have a recommendation from the Fuerza Pública to enter the area (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided);

t) The resolution issued at 2:56 p.m. on October 23, 2024, which initiated the proceedings, was notified to the respondent authorities on January 28, 2025 (see in this regard the attached notification certificates).

IV.- FACT NOT PROVEN. The following fact of relevance to this resolution is not deemed demonstrated:

SOLE). That the Área Rectora de Puntarenas-Chacarita has provided a definitive solution to the public health problem generated at Nombre35117 (the case file).

V.- ON THE SPECIFIC CASE. From the report rendered under oath by the respondent authority, subject to the warnings, including criminal ones, set forth in numeral 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and the documentation provided to the case file, it is established that on May 17, 2024, a complaint was filed before the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita against Nombre35117 located in Chacarita. Therefore, on June 20, 2024, the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita requested a joint inspection with the Engineering Department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), which was scheduled for July 4, 2024. It was also noted that after the scheduled inspection, on July 10, 2024, the technical report on the Evaluation of liquefied petroleum gas storage and distribution, human safety, and fire risk for the sanitary operating permit for Points of Sale, issued by Nombre35127 of the Engineering Department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), was sent to the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita. Consequently, the environmental manager of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita issued technical report MSDRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 dated August 9, 2024, in which it was recommended that the directorate notify a sanitary order. By virtue of the foregoing, it was verified that on August 14, 2024, Sanitary Order OS-058-REG-2024, the technical report from the Engineering Department of the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), and technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0509-2024 were notified to the representative of the denounced establishment, Mr. Nombre35119, as well as to the complainant. On the other hand, it is observed that on September 4, 2024, Mr. Nombre35114, identification number CED16097 – who appears as a petitioner in amparo action 24-029566-0007-CO – warned that sanitary order OS-058-REG-2024, notified on August 14, 2024, was not being complied with by the legal representative of the establishment and requested its closure, a request to which a response was given on September 18, 2024. However, despite what was indicated, on September 19 and 23, 2024, the environmental manager of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, when conducting the inspections, noted no non-compliance with the sanitary order. Subsequently, on October 8, 2024, complainant Nombre35126 sent the rectora area a document stating non-compliance with sanitary order OS-058-REG-2024, whereupon a new inspection was undertaken. However, the director of the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita assures that: “at 6:58 p.m. on January 30, 2025, official Nombre35120, accompanied by driver Mr. Nombre35124, both officials of the Ministerio de Salud, attempted to carry out an inspection at the denounced establishment in follow-up to sanitary order No. OS-058 REG-2024 and in response to alerts from the complainant and neighbors; however, at the time of the inspection they encountered a police operation, specifically a raid on two houses adjacent to the denounced establishment, due to a homicide that occurred the night before the inspection near the area where the establishment is located, and the suspects reside or are located in dwellings around the super Diana establishment. This information was provided by the official of the Ministerio de Seguridad Pública named Nombre35125, ID CED16099, who also told the officials of this Ministry that they could not be granted access, given that the area is currently secured due to the presence of firearms and the raids being carried out, which could pose a risk to their safety and physical integrity. Finally, he also stated that because the establishment is located in an area characterized as red (highly violent), it is not advisable to make a visit in the coming weeks, considering the risks the officials could face.” Therefore, at 7:22 p.m. on January 30, 2025, the officials of the Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita withdrew from the site without being able to conduct the inspection and determined that the follow-up inspection would be rescheduled when they have a recommendation from the Fuerza Pública to enter the area.

From the foregoing, it is established that the above injures the fundamental rights of the petitioner as well as those of the other inhabitants of the community. This is because, although the respondent authorities have undertaken certain actions since the complaints were filed and the alert of non-compliance with the issued sanitary order was raised, the fact of the matter is that the situation still persists and there is no definitive solution to the public health problem generated at Súper Diana. Adding to the above, even though the director of the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita reported the impediment preventing the inspection at the site, the fact of the matter is that this leaves the inhabitants of the community in a state of vulnerability to the latent danger represented by the alleged non-compliance.

In light of the foregoing, this Tribunal considers that the alleged violation exists, regarding the lack of a comprehensive solution to the problem denounced since May 2024. Under this reasoning, it is appropriate to grant the amparo action, as will be ordered.

VI.- Note of Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Tribunal that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Tribunals of Administrative Litigation and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitution, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, as pursuant to numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those constitutional-legal disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo procedure, in all other cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative litigation jurisdiction, all of which conforms with numeral 25 of the Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The petitioner is warned that, if any paper documents have been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, they must retrieve them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The amparo action is granted. It is ordered that Nombre35115, director of the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, or whoever holds that position, take the corresponding measures and coordination actions deemed necessary, within the scope of their competence, so that within a period of ONE MONTH following the notification of this judgment, compliance with sanitary order OS-058-REG-2024 is verified, and the complaint filed on May 17, 2024 – processed under consecutive number PC-AC-522-2024 – is definitively resolved, provided it does not imply a duly demonstrated and justified risk to the physical integrity of the respondent officials. Likewise, within the same period, the petitioner must be informed of the resolution. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo action, and fails to comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment by the administrative litigation court. Judge Castillo Víquez records a note. Notify.-

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document

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MTCQKDKSU8G61

EXPEDIENTE N° 24-033776-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección1786

It is a faithful copy of the original – Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 09:48:44.

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