Res. 06966-2025 Sala Constitucional — Anonymous complaint over pig and chicken keeping: SENASA's delay in resolvingDenuncia anónima por tenencia de cerdos y gallinas: mora de SENASA en resolver

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06966 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Marzo del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-035647-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-035647-0007-CO

Res. Nº 2025006966

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-035647-0007-CO, interpuesto por ANA LORENA VALVERDE MENDIETA, cédula de identidad 0106170790, contra el MINISTERIO DE SALUD y el SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL.-  

Resultando:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:59 horas del 19 de diciembre de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo contra MINISTERIO DE SALUD y el SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que desde enero de 2024, los vecinos de la comunidad de la calle La Esmeralda, situada en San Isidro de Siquirres —en cuenta su persona—, se vieron obligados a interponer una denuncia en el Ministerio de Salud, sede Siquirres, debido que unos pobladores de la localidad tienen varios cerdos y gallinas en espacios muy reducidos y ello produce malos olores, plagas de moscas, zancudos y otros problemas de salubridad. Reclama que, sin embargo, la fecha de interposición de recurso, las autoridades de ese ministerio habían hecho caso omiso de su denuncia, alegando que no podían hacer nada, y trasladaron la denuncia al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA); Autoridad de la que tampoco se ha obtenido respuesta alguna sobre la problemática planteada. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

 2.- Informa bajo gravedad de juramento el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Siquirres, lo siguiente: “... Ante lo hechos manifestados por la recurrente, en la interposición del presente recurso de amparo, resulta de interés hacer de conocimiento de este honorable tribunal, en aras de fundamentar, mediante la existencia de elementos probatorios que fundamenten nuestra defensa, que se ha procedido a la revisión exhaustiva, de los archivos administrativos, que conforman el quehacer de esta Dirección de Área Rectora de Salud de Siquirres, obteniendo en ese procedimiento, como resultado, que resulta cierto en hecho alegado por la recurrente, ya que consta que en fecha 02 de febrero del 2024, la presentación ante la Dirección de Área Rectora de Salud de Siquirres, de una denuncia, la cual se documenta mediante el consecutivo que se lleva en esta unidad organizativa mediante el número D-2024-015. Mediante este hecho la denunciante manifiesta, que existe la tenencia de cerdos y gallinas por parte de unos vecinos de la localidad, en espacios pequeños y que producen malos olores y la propiciación de criaderos de zancudos, moscas y malos olores. Según consta en el documento que ampara dicha denuncia, esta interpuso en forma anónima la tramitación de su inconformidad. TERCERO: En forma respetuosa debo indicar, ante este honorable tribunal, que en atención a la denuncia presentada, de conformidad a lo indicado por el Lic. Adrián Navarrete Castillo, destacado en el Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Siquirres, mediante oficio MS-DRRSHC-DARSS-0723-2024, indica que lo denunciado, corresponde ser atendido por competencia por materia, a las autoridades del Servicio de Salud Animal (SENASA). Consecuente con el criterio técnico emitido, por el profesional indicado líneas arriba, se procedió mediante oficio MS-DRRSHC-DARSS-0908-2024, de fecha 07 de marzo del 2024, el cual aporto como prueba en mi defensa, a solicitar al Dr. Eddy Dittel Meza, Director de Servicio Salud Animal, destacado en Oficina en Siquirres, su colaboración en aras de proceder, a realizar en forma conjunta, una visita al sitio y determinar las acciones que correspondan según la situación que impere en ese sitio, dentro del ámbito de sus competencias. Debo hacer de conocimiento de este Tribunal, que hasta el momento, no se ha recibido respuesta de lo solicitado de parte de las autoridades de SENASA. CUARTO: Ahora bien las autoridades del Ministerio de Salud, en aras de determinar la existencia de algún elemento que podría afectar la salud pública, procedió en forma diligente, el día 21 de marzo 2024, a realizar una visita de inspección al lugar denunciado, logrando evidenciar, según lo descrito en el Informe Técnico de Inspección MS-DRRSHC-DARSS-1663-2024, suscrito por el Lic. Adrián Navarrete Castillo y el Bach. Sergio Montero Rivera, los cuales cuentan con fé (sic) pública en sus actuaciones, quienes manifiestan que se trata de la tenencia de tres cerdos, en un encierro y dos jaulas que contienen aproximadamente 24 picos de gallinas y pollos. Además hacen saber que el sitio cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas residuales generadas y al momento de la inspección no se perciben malos olores. Con fundamento en la situación encontrada al momento de la realización de la inspección se determina técnicamente que lo procedente es realizar la remisión del caso ante las autoridades de SENASA para su valoración y la toma de las acciones que se consideren desde la perspectiva de protección a la salud animal. Un aspecto a valorar, es que la vivienda se encuentra en una zona rural dispersa y no existen colindancias inmediatas con vecinos, además se trata de la crianza de animales para la subsistencia. Se recomienda su traslado de la denuncia ante el órgano competente para que se determine lo que corresponde. QUINTO: Consta en el expediente administrativo de la atención a la denuncia, que mediante el Oficio MS-DRRSHC-DARSS-1215-2024, se realiza nuevamente la solicitud ante los funcionarios responsables de SENASA en la Oficina de Siquirres, el seguimiento del caso con el fin de que se determine según su competencia las acciones que consideren procedentes. Lo anterior por cuanto, ya se ha indicado según el criterio técnico de los funcionarios del Ministerio de Salud, la situación que se ha logrado verificar durante el desarrollo de la visita de inspección, no se fundamenta el dictado de ordenes (sic) sanitarias. SEXTO: Al amparo de lo indicado en el presente informe, queda plenamente probado, que las autoridades del Ministerio de Salud, destacadas en el Área Rectora de Salud de Siquirres, ha atendido en forma diligente y oportuna, en el ejercicio de sus competencias, la denuncia interpuesta por la recurrente. Asimismo de conformidad con los elementos probatorios, que presento en mi defensa, se logra demostrar fehacientemente, que ha resultado imposible poner en conocimiento de la recurrente, las acciones realizadas, por cuanto como consta en el documento de la denuncia, esta ha sido presentada en forma anónima ante esta unidad organizativa. Es importante indicar que de conformidad a lo que establece la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 60, la Administración pública en su accionar debe someterse en el ejercicio de sus funciones y en todo su accionar y debe respetarse la distribución de las competencias establecidas por ley previa. En el presente caso, debe tenerse en consideración al resolver el presente recurso de amparo, que los hechos denunciados versan con respecto a la salud animal, lo cual resulta en la aplicación de los preceptos establecidos al momento de la promulgación de la Ley General de Salud Animal ser atendidos por las autoridades del SENASA…” Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

 3.- Informa bajo gravedad de juramento Luis Alberto Matamoros Cortés, en su condición de director general del SENASA, lo siguiente: “... PRIMERO: La Ley Número 8495 del 06 de abril del 2006, denominada ‘Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, en su artículo 6°, en su inciso p), establece dentro de las competencias del SENASA, ‘(…) tramitar y resolver las denuncias ciudadanas que se presenten de conformidad con los términos de esta Ley y sus Reglamentos.’ SEGUNDO: La Dirección Nacional de Operaciones del SENASA, oficializó la Gestión de Denuncias, en la que tiene como objetivo ‘Establecer los lineamientos para la gestión adecuada de las actividades relacionadas a todas las denuncias que interponen la ciudadanía, de acuerdo a las facultades dadas por medio de la Ley Nº 8495, y que ingresen de manera formal al SENASA por medio de la Dirección Nacional de Operaciones’ TERCERO: Que en lo que respecta a la tenencia de animales, las condiciones y el bienestar de los mismos el SENASA debe de aplicar lo consignado y ordenado en la Ley número 7451 del 13 de diciembre de 1994 y sus reformas denominada ‘Ley de Bienestar Animal’ CUARTO: Que el 12 de marzo 2024 se recibe Oficio del Área Rectora de Salud de Siquirres MS-DRRSHC-DARSS-0908-2024, referente a una denuncia interpuesta de forma anónima por inadecuado manejo de animales (chanchera y gallinero) con la siguiente dirección; La Alegría de Siquirres, Calle La Esmeralda de la antigua Iglesia Alfa 600 metros sur. Por lo que se podría relacionar con la denuncia interpuesta en el Área Rectora de Salud, por la dirección y la afectación causada por malos olores por tenencia de chanchera y gallinero, que coinciden con la descripción indicada en el documento presentado por la Señora Valverde Mendieta el 19 de diciembre 2024 en la Sala Constitucional. QUINTO: Que ese mismo día 12 de marzo 2024 se procede a realizar registro de denuncia trasladada en el Sistema de Registro de Denuncias (SIREDES) con el código de la denuncia 00119801 de manera anónima, es decir; en el SIREDES no existe denuncia registrada donde figure como denunciante la señora Valverde Mendieta. SEXTO: Que en razón de la interposición del presente recurso de amparo, se procedió a realizar visita de inspección el día de hoy viernes 10 de enero 2025, en atención de denuncia código 00119801 donde la persona denunciada es la Señora Ivannia Céspedes Alvarado; durante la inspección en la propiedad de la Casa de Habitación, se observaron 4 cerdos jóvenes encerrados, los cuales tienen un tanque y un drenaje que realiza la función de sistema de tratamiento de aguas residuales; además se encontraron 9 pollos de engorde en una jaula. Ambas actividades no cumplen con las distancias mínimas con la colindancia de propiedades vecinas como lo establecen los Reglamentos Vigentes de Granjas Avícolas y Granjas Porcinas; dichas actividades se encuentran totalmente ‘pegadas’ a la cerca de la colindancia de las propiedades vecinas; se percibieron malos olores en el momento de la inspección propios de la actividad porcina. SÉTIMO: Que en esa misma visita, al no cumplir con las distancias que establecen los Reglamentos Vigentes como se mencionó anteriormente se giró orden sanitaria, ordenando en un plazo de 15 días naturales la despoblación de los 4 cerdos y de los 9 pollos de engorde de la propiedad con fecha de vencimiento el próximo 25 de enero 2025. Para efectos de la resolución del presente Recurso de Amparo, es menester informar a la honorable Sala Constitucional, el marco normativo que regula al SENASA con relación al tema en cuestión. La Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, creó al Servicio Nacional de Salud Animal, como un órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Agricultura y Ganadería, teniendo dentro de sus competencias, en lo que interesa, las de ejecutar y controlar las medidas de bienestar animal (inciso e del artículo 6 de la Ley N° 8495). Más adelante, el artículo 45 de la Ley de marras señala como obligaciones de los propietarios o encargados de un animal, las de proporcionarle a este bienestar para conservarlo en buenas condiciones de salud, respetando las normas legales, técnicas, éticas y profesionales vigentes. Ante ello, queda claro que el Servicio Nacional de Salud Animal es el ente competente para velar por el bienestar animal y para el aseguramiento de las condiciones mínimas que les deben ser brindadas según artículo 3 de la Ley de Bienestar de los Animales, N° 7451, a saber, satisfacción del hambre y la sed, posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento, muerte provocada sin dolor y, de ser posible, bajo supervisión profesional, ausencia de malestar físico y dolor, y preservación y tratamiento de enfermedades. Con relación al tema de tenencia de animales y la generación de molestias, la Ley General de Salud, contiene los siguientes artículos: Artículo 39.- El propietario y el encargado de bienes muebles o inmuebles deberán evitar las molestias y daños que puedan derivarse, para la salud de terceros, de la mala calidad o mal estado de conservación o de higiene de tales bienes. El mismo modo el propietario y el encargado de animales deberán evitar las molestias o daños que puedan afectar la salud ajena como consecuencia del estado de salud o de la falta de control de esos animales. En ambos casos tales propietarios y encargados deberán tomar las medidas que la autoridad sanitaria ordene dentro del plazo que el efecto se fije, sin perjuicio de las providencias que la autoridad pueda tomar según la peligrosidad o gravedad del caso. Artículo 195.- La tenencia de animales sólo será permitida cuando no amenace la salud o la seguridad de las personas y cuando el lugar en que se mantiene reúna las condiciones de saneamiento que exija el reglamento, a fin de que no constituya un foco de inspección, criadero de vectores de enfermedades transmisibles o causa de molestias o de insalubridad ambiental. En compromiso con el respeto y los valores que fomentan la Ley de Bienestar de los Animales, cuyo objetivo es fomentar la responsabilidad de las personas para buscar el bienestar, buen cuido, manejo y control de los animales de compañía, así como procurar su protección de forma integral contra cualquier acto de crueldad causado o permitido por las personas, ya sea de forma directa o indirecta que pueda resultar en sufrimiento innecesario, lesión o muerte, y cuyo fin es resguardar los animales, sin embargo el señor menciona ‘Después de que entro en vigencia la Ley de Bienestar al Animal’, sin embargo la aplicación de la ley y su reglamento en general ha regulado de forma paulatina la responsabilidad y educación a la población del cantón en cuanto a reproducción y conciencia sobre la tenencia responsable de los animales, por tanto no hay aplicación directa puesto que no hay directamente un ofensor declarado como tal, no hay a quien amonestar. Por su parte el Decreto Ejecutivo No. 37155-MAG, del ocho del mes de marzo del año dos mil doce, Reglamento de Granjas Porcinas, respecto a la instalación de este tipo de tipo de establecimiento de producción establece: Artículo 7º.- De la instalación. Toda persona física o jurídica que desee instalar una granja porcina debe contar con lo siguiente: a) Certificado de Uso de Suelo. b) Plano catastrado de la propiedad, finca o lote donde se ubicarán las instalaciones. c) Planos constructivos de las instalaciones y de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales de conformidad con lo establecido Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo N° 36550-MP-MIVAH-S-MEIC del 28 de abril de 2011. En caso de los productores de subsistencia y pequeños serán eximidos de los anteriores requisitos, pero deberán de demostrar que cuentan con un sistema de tratamiento conforme lo establece el Anexo N° 1, que garantice el manejo adecuado de las aguas y las excretas de manera que no contaminen ni causen molestias. Artículo 8º.- De las distancias. Las instalaciones de las granjas porcinas deberán guardar las distancias mínimas siguientes: a) Galpones que albergan los cerdos: No menos de cinco (5) metros, respecto a las líneas de colindancia con propiedades vecinas y vías públicas, medidos horizontalmente. En terrenos con pendientes fuertes (mayor a 30%) erosionables o muy húmedos se deberá guardar una distancia de cincuenta (50) metros horizontales. b) No menos de 500 metros medidos horizontalmente, del galpón más cercano a los linderos de propiedad respecto a establecimientos de salud, establecimientos educativos y establecimientos para el adulto mayor. c) Los sistemas de tratamiento de aguas residuales en estos establecimientos deberán espetar los retiros respecto de los linderos de la propiedad establecidos en el artículo 13 del Decreto N° 31545-S-MINAE del 9 de octubre del 2003 ‘Reglamento de Aprobación de sistemas de tratamiento de aguas residuales’. d) El retiro entre el sistema de tratamiento y los cuerpos de agua que colinden o atraviesen la propiedad en que se encuentre ubicada una granja porcina, deberá ajustarse a lo establecido por la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, respetando como mínimo aquellas zonas de protección definidas en esta Ley. Como se denota de la normativa citada, la aprobación de la instalación y funcionamiento de las granjas porcinas, no depende solamente de la aprobación o fiscalización del SENASA, toda vez, que los sistemas de tratamiento de residuos, así como el de tratamiento de aguas, debe ser aprobado por el Ministerio de Salud. En este caso específico, se ordenó el retiro de los animales, toda vez que no se cumple con las distancias y condiciones para la tenencia de ese tipo de animales, en la propiedad en la que se encuentran ubicados y por consiguiente, generaban molestias a los vecinos…” Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

 4.- Por resolución de las 13:46 horas del 20 de febrero de 2025, como prueba para mejor resolver, se solicitó informe a Luis Alberto Matamoros Cortés, en su condición de director general del SENASA, a fin de que indicara si la orden sanitaria girada el 10 de enero de 2025 (consecutivo N° 0283841), ordenándole a la persona denunciada en esas diligencias, Ivannia Céspedes Alvarado, realizar en un plazo de 15 días naturales —con fecha de vencimiento del 25 de enero de 2025— la despoblación de los 4 cerdos y los 9 pollos de engorde que fueron encontrados en su propiedad, fue o no acatada por la persona investigada en el plazo previsto para ello.

 5.- Informa bajo gravedad de juramento Luis Alberto Matamoros Cortés, en su carácter de director general de SENASA, lo siguiente: “... Mediante Oficio SENASA-DSA-020-2025 de fecha 14 de febrero del 2025, el Dr. Eddy Dittel Meza, Jefe Departamento Salud Animal Dirección Regional Huetar Caribe del SENASA, informó a su superior el Dr. Bernardo Calvo Rodríguez, Director Regional Huetar Caribe del SENASA lo siguiente: 'En seguimiento al Oficio SENASA-DSA-002-2025 referente a la denuncia con el código 00119801, y al Recurso de Amparo con el Expediente No. 24-035647-0007-CO presentado ante la Sala Constitucional por la Señora Ana Lorena Valverde Mendieta, le informo que, el día 31 de enero 2025 se realizó visita de verificación de cumplimiento de orden sanitaria No. 0283841. En el momento de la inspección se verifica el cumplimiento de la orden sanitaria, donde se comprueba que se despobló totalmente de animales la propiedad y no se observaron ni cerdos, ni aves en el lugar. Por lo que se procede al cierre del caso.'...  Con lo informado, se tiene por atendida la denuncia presentada ante el SENASA y atendida la orden sanitaria que se había girado, para resolver el problema denunciado …” Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

 6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

 Considerando:

 I.- DE PREVIO. En el sub judice, el reclamo de la recurrente se debe a la supuesta falta de resolución a una denuncia formulada por el mal manejo de animales, todo lo cual, de ser cierto, podría configurar una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida. Por lo tanto, antes de analizar el fondo del presente asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo —instruido de oficio o a instancia de parte— como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia por un problema que atañe a la salubridad pública. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.

 II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 02 de febrero de 2024, vecinos de la comunidad de la calle La Esmeralda, situada en San Isidro de Siquirres presentaron de forma anónima ante el Ministerio de Salud, sede Siquirres, una denuncia contra Ivannia Carranza, vecina de La Alegría de Siquirres, Calle La Esmeralda de la antigua Iglesia Alfa 600 metros sur. En ella le atribuyeron tener varios cerdos y gallinas en espacios muy reducidos y generar malos olores, plagas de moscas, zancudos y otros problemas de salubridad (informes y pruebas que obran en el expediente).

b) Por oficio MS-DRRSHC-DARSS-0908-2024 del 7 de marzo de 2024, se le comunicó al funcionario Eddy Dittel Meza, en su condición de director del SENASA, que se había recibido una denuncia anónima por el manejo inadecuado de animales, así que se recomendaba efectuar una visita interinstitucional en conjunto con el SENASA (informes y pruebas que obran en el expediente).

c) El 12 de marzo de 2024, SENASA recibió el oficio MS-DRRSHC-DARSS-0908-2024 del Área Rectora de Salud de Siquirres, referente a una denuncia interpuesta de forma anónima por inadecuado manejo de animales (chanchera y gallinero) (informes).

d) Ese mismo día, 12 de marzo de 2024, SENASA procedió a realizar un registro de la denuncia trasladada en el Sistema de Registro de Denuncias (SIREDES) con el código de la denuncia 00119801 de manera anónima. Por lo tanto, en el SIREDES no existe ninguna denuncia registrada en la que figure como denunciante la recurrente Valverde Mendieta (informes).

e) El día 21 de marzo de 2024, se realizó una visita de inspección al lugar denunciado y, según se indicó en el Informe Técnico de Inspección MS-DRRSHC-DARSS-1663-2024, suscrito por el Lic. Adrián Navarrete Castillo y el Bach. Sergio Montero Rivera, se detectó la tenencia de tres cerdos en un encierro y dos jaulas que contenían aproximadamente 24 picos de gallinas y pollos. Además, aunque se constató el sitio contaba con un sistema de tratamiento de las aguas residuales generadas y no se percibieron malos olores. Con fundamento en la situación encontrada durante la inspección, se determinó técnicamente que lo procedente era remitir el caso ante las autoridades de SENASA para su valoración y la toma de las acciones que se consideraran necesarias, desde la perspectiva de protección a la salud animal (informes y pruebas que obran en el expediente).

f) Por oficio MS-DRRSHC-DARSS-1215-2024 del 4 de abril de 2024, se le trasladó el caso al funcionario Eddy Dittel Meza, en su condición de director del SENASA, para lo de su cargo (ver oficio respectivo).

g) En razón de la interposición del presente recurso de amparo, SENASA procedió a realizar una visita de inspección el viernes 10 de enero de 2025, en atención de denuncia código 00119801, en la que figura como persona denunciada la señora Ivannia Céspedes Alvarado. Durante la inspección en la propiedad de la denunciada, se observaron 4 cerdos jóvenes encerrados, los cuales tenían un tanque y un drenaje que realizaba la función de sistema de tratamiento de aguas residuales; además se encontraron 9 pollos de engorde en una jaula. Ambas actividades no cumplían las distancias mínimas con la colindancia de propiedades vecinas, al tenor de lo que establecen los reglamentos vigentes de granjas avícolas y granjas porcinas. Asimismo, en el transcurso de la inspección se percibieron malos olores propios de la actividad porcina (informes).

h) Al no cumplir las distancias previstas en los reglamentos vigentes, se giró orden sanitaria, ordenándole a la denunciada que, en un plazo de 15 días naturales, procediera a realizar la despoblación de los 4 cerdos y de los 9 pollos de engorde de la propiedad. Dicha orden tenía fecha de vencimiento del 25 de enero de 2025 (informes y la orden sanitaria N° 0283841).

i) Oficio SENASA-DSA-020-2025 de fecha 14 de febrero del 2025, el Dr. Eddy Dittel Meza, Jefe Departamento Salud Animal Dirección Regional Huetar Caribe del SENASA, informó a su superior el Dr. Bernardo Calvo Rodríguez, Director Regional Huetar Caribe del SENASA lo siguiente: “En seguimiento al Oficio SENASA-DSA-002-2025 referente a la denuncia con el código 00119801, y al Recurso de Amparo con el Expediente No. 24-035647-0007-CO presentado ante la Sala Constitucional por la Señora Ana Lorena Valverde Mendieta, le informo que, el día 31 de enero 2025 se realizó visita de verificación de cumplimiento de orden sanitaria No. 0283841. En el momento de la inspección se verifica el cumplimiento de la orden sanitaria, donde se comprueba que se despobló totalmente de animales la propiedad y no se observaron ni cerdos, ni aves en el lugar. Por lo que se procede al cierre del caso...” (informes).

 III.- SOBRE EL FONDO. En el presente caso, la parte recurrente alega haber presentado una denuncia por el mal manejo de animales y acusa que, a la fecha, su gestión no ha sido resuelta, omisión que reputa violatoria del artículo 27 de la Constitución Política. Sin embargo, aunque el derecho de petición, establecido en el mencionado ordinal 27 Constitucional, entendido de forma genérica, haga referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, es necesario distinguir las peticiones puras y simples de información de las denuncias. En el primer caso, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y demás normativa que regula la materia. Sin embargo, aunque la Sala ha reconocido que la denuncia se ubica dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener resolución, en sentencia Nº 2000-00037 de las 16:18 horas del 4 de enero de 2000 declaró lo siguiente:

“…no nos encontramos ante hipótesis como las reguladas en los artículos 27 y 41 de la Constitución, los cuales se refieren a la libertad de petición ante cualquier funcionario público o entidad oficial y al derecho a obtener justicia pronta y cumplida, respectivamente. En este caso debe hacerse la distinción entre este tipo de peticiones y la denuncia, ya que para el análisis resulta meritorio. Las denuncias son medios utilizados por los administrados para poner en conocimiento de la Administración, hechos que el denunciante estima irregulares o ilegales, con el objeto de instar el ejercicio de competencias normalmente disciplinarias o sancionatorias, depositadas en los órganos públicos. En ocasiones, la denuncia configura incluso un deber para quien dada su función o su actividad tiene conocimiento de esos hechos, pero en otros casos es más bien un modo de participación en asuntos que conciernen al interés público, perfectamente compatible, y, de hecho, fundamentado en el principio democrático (no se olvide a este respecto que los funcionarios públicos son simples depositarios de esa autoridad). No obstante lo anterior, no se puede negar que las denuncias, al igual que las peticiones de información, los reclamos administrativos y las solicitudes de otorgamiento de ciertos derechos, se encuentran incluidas dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener respuesta como complemento del ejercicio del derecho de pedir. Ahora bien, cada una de estas peticiones se encuentra reglada por distintos regímenes en cuanto al tiempo otorgado a la administración para contestar una vez solicitada su intervención. Por ejemplo, en el caso de las peticiones de información, los términos para que se brinde ésta por parte de la administración no se encuentran contemplados en la Ley General de la Administración Pública, pero sí en la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 32, como un complemento al numeral 27 constitucional, para estos casos concretos. Los reclamos administrativos encuentran su plazo de resolución en la legislación administrativa. La Ley General de la Administración Pública, la cual rige para los procedimientos ordinarios, establece para éstos el término perentorio de resolución del asunto al establecido genéricamente para todos los trámites ante la administración, sea el contenido en el artículo 261 de dicho cuerpo normativo, el cual es de dos meses, sin perjuicio de los términos establecidos independientemente para los recursos en vía administrativa. A pesar de que en los supuestos citados el plazo se encuentra establecido claramente en la legislación, en el caso de las denuncias —que no dejan de ser una modalidad de petición— no existe plazo legal establecido, ni específicamente ni en forma supletoria o genérica, por lo que en estos supuestos se tiene que valorar, necesariamente, si el plazo tomado por la administración, para resolver una denuncia específica, resulta excesivo o no a los efectos del ejercicio del legítimo derecho de denunciar y de obtener una respuesta por parte del administrado…” (el resaltado y subrayado no es del original).

 En efecto, el quebrantamiento de los ordinales constitucionales, en estos casos, se constata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la substanciación del procedimiento se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), toda vez que, aunque el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 solamente establece que no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley, lo cierto es que, en tratándose de denuncias, la Administración necesita llevar a cabo un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes, la Sala ha sostenido reiteradamente que el correspondiente quebrantamiento de los ordinales constitucionales se constata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la substanciación se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), sin perjuicio de aplicar como guía general el término previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública.

 En la especie, se ha tenido por demostrado que la recurrente presentó de forma anónima el 02 de febrero de 2024 ante el Ministerio de Salud, sede Siquirres.  No obstante, aunque ese ministerio le dio trámite rápidamente y practicó las diligencias del caso, pronto llegó a la conclusión de que, técnicamente, lo procedente era remitir el asunto ante las autoridades de SENASA para su valoración y la toma de las acciones que se consideraran necesarias, desde la perspectiva de protección a la salud animal. Por lo tanto, es evidente que SENASA debía resolver esa gestión en un término razonable. Sin embargo, esa institución se demoró casi un año en hacerlo, aceptando en su informe que fue a raíz de la interposición del presente recurso de amparo, que procedió a realizar una visita de inspección en el lugar denunciado, hasta el viernes 10 de enero de 2025. 

 Ahora bien, aunque en este caso, la recurrente no gestionó que se le comunicara el resultado de su denuncia porque la presentó de forma anónima (véase la resolución Nº 2002-06543 de las 08:57 horas del 5 de julio de 2002), es evidente que SENASA de todos modos estaba obligado a atender la denuncia que le fue referida de forma célere y no lo hizo, así que el recurso de amparo debe ser declarado con lugar en cuanto a él. No obstante, como ha quedado acreditado que el problema denunciado finalmente ha sido solucionado, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.

 IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal.

 En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional —cfr. artículo 14—. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

 V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

 VI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO SOBRE MORA ADMINISTRATIVA. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que -salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso-administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

 Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase "si fueren procedentes" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

 Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

 Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

 Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

 En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

 VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente contra el Servicio Nacional de Salud Animal. En relación con el Ministerio de Salud, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto en relación con lo dispuesto sobre el artículo 41 constitucional. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese. 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 INSYIF1MCCW61

EXPEDIENTE N° 24-035647-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:50:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 06966 - 2025**

**Date of Resolution:** March 7, 2025 at 9:20 a.m.

**Case File:** 24-035647-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Castillo Víquez

**Type of Matter:** Amparo Appeal

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the resolution**

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Exp: 24-035647-0007-CO

Res. No. 2025006966

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the seventh of March of two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed in case file number 24-035647-0007-CO, filed by ANA LORENA VALVERDE MENDIETA, identity card 0106170790, against the MINISTRY OF HEALTH and the NATIONAL ANIMAL HEALTH SERVICE.-

**Whereas:**

1.- Through a document received at the Secretariat of the Chamber at 2:59 p.m. on December 19, 2024, the appellant files an amparo appeal against the MINISTRY OF HEALTH and the NATIONAL ANIMAL HEALTH SERVICE, and states the following, in summary: that since January 2024, the residents of the community on La Esmeralda street, located in San Isidro de Siquirres — including her person —, were forced to file a complaint with the Ministry of Health, Siquirres office, because some local residents keep several pigs and chickens in very confined spaces, which produces foul odors, fly infestations, mosquitoes, and other health problems. She claims that, however, as of the date of filing the appeal, the authorities of that ministry had ignored her complaint, arguing that they could not do anything, and transferred the complaint to the National Animal Health Service (SENASA); an authority from which no response has been obtained either regarding the issue raised. She requests that the appeal be granted, with the legal consequences.

2.- Dr. Geovanny Bonilla Bolaños, in his capacity as director of the Siquirres Health Governing Area, reports under oath, the following: "... Regarding the facts stated by the appellant in the filing of this amparo appeal, it is of interest to inform this honorable court, in order to substantiate, through the existence of evidentiary elements that support our defense, that an exhaustive review of the administrative archives that make up the work of this Siquirres Health Governing Area Directorate has been carried out, obtaining as a result of that procedure that the fact alleged by the appellant is true, since it is recorded that on February 2, 2024, a complaint was filed before the Siquirres Health Governing Area Directorate, which is documented through the sequential number kept in this organizational unit under number D-2024-015. Through this action, the complainant states that there is keeping of pigs and chickens by some local residents, in small spaces, and that they produce foul odors and promote mosquito breeding sites, flies, and foul odors. As stated in the document supporting said complaint, the processing of her grievance was filed anonymously. THIRD: I must respectfully indicate to this honorable tribunal that, in response to the complaint filed, in accordance with what was indicated by Mr. Adrián Navarrete Castillo, assigned to the Health Regulation Process of the Siquirres Health Governing Area, through official communication MS-DRRSHC-DARSS-0723-2024, it is indicated that the matter reported should be addressed, by subject-matter jurisdiction, by the authorities of the Animal Health Service (SENASA). Consistent with the technical opinion issued by the professional indicated above, we proceeded through official communication MS-DRRSHC-DARSS-0908-2024, dated March 7, 2024, which I provide as evidence in my defense, to request Dr. Eddy Dittel Meza, Director of the Animal Health Service, assigned to the Office in Siquirres, his collaboration in order to proceed to jointly conduct a site visit and determine the actions that correspond according to the situation prevailing at that site, within his scope of authority. I must inform this Court that, to date, no response has been received from the SENASA authorities regarding what was requested. FOURTH: Now, the authorities of the Ministry of Health, in order to determine the existence of any element that could affect public health, proceeded diligently on March 21, 2024, to conduct an inspection visit to the reported place, managing to evidence, as described in the Technical Inspection Report MS-DRRSHC-DARSS-1663-2024, signed by Mr. Adrián Navarrete Castillo and B.Sc. Sergio Montero Rivera, who have public faith (fé pública) in their actions, who state that it involves the keeping of three pigs, in an enclosure, and two cages containing approximately 24 head of hens and chickens. They also report that the site has a treatment system for the generated wastewater, and at the time of the inspection, no foul odors were perceived. Based on the situation found at the time of the inspection, it is technically determined that the appropriate course of action is to refer the case to the SENASA authorities for their assessment and the taking of actions deemed necessary from the perspective of animal health protection. One aspect to assess is that the dwelling is located in a dispersed rural area, there are no immediate adjoining neighbors, and it involves raising animals for subsistence. The transfer of the complaint to the competent body is recommended so that the appropriate determination can be made. FIFTH: It is recorded in the administrative file for handling the complaint that, through Official Communication MS-DRRSHC-DARSS-1215-2024, a follow-up on the case was again requested from the responsible officials of SENASA at the Siquirres Office, so that they may determine, according to their jurisdiction, the actions they deem appropriate. The foregoing because, as has already been indicated according to the technical opinion of the Ministry of Health officials, the situation verified during the inspection visit does not support the issuance of health orders (órdenes sanitarias). SIXTH: Based on what is indicated in this report, it is fully proven that the Ministry of Health authorities assigned to the Siquirres Health Governing Area have diligently and timely addressed, in the exercise of their powers, the complaint filed by the appellant. Likewise, in accordance with the evidentiary elements I present in my defense, it is conclusively demonstrated that it has been impossible to inform the appellant of the actions taken, because, as stated in the complaint document, it was filed anonymously before this organizational unit. It is important to indicate that, in accordance with the provisions of the General Law of Public Administration, in its Article 60, the Public Administration in its actions must submit in the exercise of its functions and in all its actions, and must respect the distribution of powers established by prior law. In the present case, it must be taken into consideration when resolving this amparo appeal that the reported facts concern animal health, which results in the application of the precepts established upon the enactment of the General Animal Health Law to be addressed by the SENASA authorities..." He requests that the filed appeal be dismissed.

3.- Luis Alberto Matamoros Cortés, in his capacity as general director of SENASA, reports under oath, the following: "... FIRST: Law Number 8495 of April 6, 2006, called 'General Law of the National Animal Health Service', in its Article 6, subsection p), establishes within the powers of SENASA, '(…) to process and resolve citizen complaints filed in accordance with the terms of this Law and its Regulations.' SECOND: The National Operations Directorate of SENASA formalized the Complaint Management, whose objective is 'To establish the guidelines for the proper management of activities related to all complaints filed by citizens, according to the powers granted through Law No. 8495, and that formally enter SENASA through the National Operations Directorate.' THIRD: Regarding the keeping of animals, the conditions, and the welfare of the same, SENASA must apply what is set forth and ordered in Law number 7451 of December 13, 1994, and its amendments, called 'Animal Welfare Law'. FOURTH: That on March 12, 2024, Official Communication from the Siquirres Health Governing Area MS-DRRSHC-DARSS-0908-2024 was received, referring to a complaint filed anonymously for inadequate animal management (pigsty and chicken coop) at the following address: La Alegría de Siquirres, Calle La Esmeralda, from the old Alfa Church 600 meters south. Therefore, it could be related to the complaint filed with the Health Governing Area, due to the address and the nuisance caused by foul odors from keeping a pigsty and chicken coop, which coincide with the description indicated in the document presented by Mrs. Valverde Mendieta on December 19, 2024, before the Constitutional Chamber. FIFTH: That on that same day, March 12, 2024, the transferred complaint was registered in the Complaint Registration System (SIREDES) with complaint code 00119801 anonymously, that is; in SIREDES there is no registered complaint where Mrs. Valverde Mendieta appears as the complainant. SIXTH: That by reason of the filing of this amparo appeal, an inspection visit was conducted today, Friday, January 10, 2025, in response to complaint code 00119801, where the person reported is Mrs. Ivannia Céspedes Alvarado; during the inspection of the property of the Dwelling House, 4 young enclosed pigs were observed, which have a tank and a drain that functions as a wastewater treatment system; additionally, 9 broiler chickens were found in a cage. Both activities do not comply with the minimum distances from the boundaries of neighboring properties as established by the Current Regulations for Poultry Farms and Swine Farms; these activities are completely 'attached' to the boundary fence of the neighboring properties; foul odors typical of swine activity were perceived at the time of the inspection. SEVENTH: That in that same visit, as the distances established by the Current Regulations were not met as mentioned previously, a health order (orden sanitaria) was issued, ordering within a period of 15 calendar days the depopulation of the 4 pigs and 9 broiler chickens from the property, with an expiration date of January 25, 2025. For the purposes of resolving this Amparo Appeal, it is necessary to inform the honorable Constitutional Chamber of the regulatory framework that governs SENASA in relation to the matter at hand. The General Law of the National Animal Health Service created the National Animal Health Service as a minimum deconcentration body of the Ministry of Agriculture and Livestock, having within its powers, what is relevant, those of executing and controlling animal welfare measures (subsection e of Article 6 of Law No. 8495). Further on, Article 45 of said Law indicates the obligations of owners or caretakers of an animal, including providing it with welfare to keep it in good health conditions, respecting the current legal, technical, ethical, and professional standards. Given this, it is clear that the National Animal Health Service is the competent entity to ensure animal welfare and to ensure the minimum conditions that must be provided to them according to Article 3 of the Animal Welfare Law, No. 7451, namely, satisfaction of hunger and thirst, possibility to develop according to their normal patterns of behavior, death provoked without pain and, if possible, under professional supervision, absence of physical discomfort and pain, and preservation and treatment of diseases. Regarding the issue of keeping animals and the generation of nuisances, the General Health Law contains the following articles: Article 39.- The owner and the person in charge of movable or immovable property must avoid nuisances and damages that may derive, for the health of third parties, from the poor quality or poor state of conservation or hygiene of such property. Likewise, the owner and the person in charge of animals must avoid nuisances or damages that may affect the health of others as a consequence of the state of health or lack of control of those animals. In both cases, such owners and persons in charge must take the measures ordered by the health authority within the period set for that purpose, without prejudice to the measures that the authority may take according to the danger or seriousness of the case. Article 195.- The keeping of animals will only be permitted when it does not threaten the health or safety of persons and when the place where they are kept meets the sanitation conditions required by the regulations, so that it does not constitute a focus of infection, a breeding ground for vectors of communicable diseases, or a cause of nuisances or environmental unsanitary conditions. In commitment to the respect and values promoted by the Animal Welfare Law, whose objective is to promote the responsibility of individuals to seek the welfare, good care, management, and control of companion animals, as well as to seek their comprehensive protection against any act of cruelty caused or permitted by persons, whether directly or indirectly, that may result in unnecessary suffering, injury, or death, and whose purpose is to protect animals, however, the gentleman mentions 'After the Animal Welfare Law came into effect', however, the application of the law and its regulations in general has progressively regulated the responsibility and education of the canton's population regarding reproduction and awareness of responsible animal ownership, therefore there is no direct application since there is no directly declared offender as such, there is no one to admonish. For its part, Executive Decree No. 37155-MAG, of the eighth of March of the year two thousand twelve, Swine Farm Regulations, regarding the installation of this type of production establishment, establishes: Article 7.- Installation. Any natural or legal person wishing to install a swine farm must have the following: a) Land Use Certificate. b) Cadastral plan of the property, farm, or lot where the facilities will be located. c) Construction plans for the facilities and the wastewater treatment systems in accordance with the provisions of the Regulations for the Procedure for the Review of Plans for Construction, Executive Decree No. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC of April 28, 2011. In the case of subsistence and small-scale producers, they will be exempt from the previous requirements, but must demonstrate that they have a treatment system in accordance with Annex No. 1, which guarantees the proper management of water and excreta in a way that does not contaminate or cause nuisances. Article 8.- Distances. The facilities of swine farms must maintain the following minimum distances: a) Sheds housing the pigs: No less than five (5) meters, with respect to the boundary lines of neighboring properties and public roads, measured horizontally. On terrains with steep slopes (greater than 30%), erodible, or very wet, a horizontal distance of fifty (50) meters must be maintained. b) No less than 500 meters measured horizontally, from the nearest shed to the property boundaries with respect to health establishments, educational establishments, and establishments for the elderly. c) The wastewater treatment systems in these establishments must respect the setbacks from the property boundaries established in Article 13 of Decree No. 31545-S-MINAE of October 9, 2003, 'Regulations for the Approval of Wastewater Treatment Systems'. d) The setback between the treatment system and bodies of water that border or cross the property on which a swine farm is located must comply with the provisions of Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, respecting as a minimum those protection zones defined in said Law. As noted from the cited regulations, the approval of the installation and operation of swine farms does not depend solely on the approval or oversight of SENASA, given that waste treatment systems, as well as water treatment systems, must be approved by the Ministry of Health. In this specific case, the removal of the animals was ordered, given that the distances and conditions for keeping this type of animal on the property where they are located were not met and, consequently, they generated nuisances to the neighbors..." He requests that the filed appeal be dismissed.

4.- By resolution at 1:46 p.m. on February 20, 2025, as evidence to better resolve, a report was requested from Luis Alberto Matamoros Cortés, in his capacity as general director of SENASA, to indicate whether the health order (orden sanitaria) issued on January 10, 2025 (control number No. 0283841), ordering the person reported in those proceedings, Ivannia Céspedes Alvarado, to carry out within a period of 15 calendar days —with an expiration date of January 25, 2025— the depopulation of the 4 pigs and 9 broiler chickens that were found on her property, was or was not complied with by the investigated person within the period provided for it.

5.- Luis Alberto Matamoros Cortés, in his capacity as general director of SENASA, reports under oath, the following: "... Through Official Communication SENASA-DSA-020-2025 dated February 14, 2025, Dr. Eddy Dittel Meza, Head of the Animal Health Department of the Huetar Caribe Regional Directorate of SENASA, informed his superior, Dr. Bernardo Calvo Rodríguez, Regional Director Huetar Caribe of SENASA, of the following: 'Following up on Official Communication SENASA-DSA-002-2025 regarding complaint code 00119801, and the Amparo Appeal with Case File No. 24-035647-0007-CO filed before the Constitutional Chamber by Mrs. Ana Lorena Valverde Mendieta, I inform you that on January 31, 2025, a verification visit was conducted for compliance with health order (orden sanitaria) No. 0283841. At the time of the inspection, compliance with the health order is verified, confirming that the property was totally depopulated of animals and neither pigs nor birds were observed at the site. Therefore, the case is closed.'... With what has been reported, the complaint filed before SENASA is considered addressed and the health order that had been issued, to resolve the reported problem, is considered complied with..." He requests that the filed appeal be dismissed.

6.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

**Considering:**

I.- PRELIMINARY. In the sub judice, the appellant's claim stems from the alleged lack of resolution of a complaint filed for the poor management of animals, all of which, if true, could constitute an injury to the right to enjoy prompt and complete administrative justice. Therefore, before analyzing the merits of this matter for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure, it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the timeframes set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by the sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— and to hear the appropriate administrative remedies. However, in this case, an exception is precisely presented, as it involves a complaint about a problem concerning public health. By virtue of the foregoing, the Chamber will proceed to resolve the appeal.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) On February 2, 2024, residents of the community on La Esmeralda street, located in San Isidro de Siquirres, anonymously filed a complaint with the Ministry of Health, Siquirres office, against Ivannia Carranza, a resident of La Alegría de Siquirres, Calle La Esmeralda, from the old Alfa Church 600 meters south. In it, they claimed she keeps several pigs and chickens in very confined spaces and generates foul odors, fly infestations, mosquitoes, and other health problems (reports and evidence contained in the case file).

b) Through official communication MS-DRRSHC-DARSS-0908-2024 dated March 7, 2024, official Eddy Dittel Meza, in his capacity as director of SENASA, was informed that an anonymous complaint had been received for inadequate animal management, so it was recommended to conduct a joint inter-institutional visit with SENASA (reports and evidence contained in the case file).

c) On March 12, 2024, SENASA received official communication MS-DRRSHC-DARSS-0908-2024 from the Siquirres Health Governing Area, referring to a complaint filed anonymously for inadequate animal management (pigsty and chicken coop) (reports).

d) That same day, March 12, 2024, SENASA registered the transferred complaint in the Complaint Registration System (SIREDES) under complaint code 00119801 anonymously. Therefore, there is no registered complaint in SIREDES in which the appellant Valverde Mendieta appears as the complainant (reports).

e) On March 21, 2024, an inspection visit was conducted to the reported place and, as indicated in the Technical Inspection Report MS-DRRSHC-DARSS-1663-2024, signed by Mr. Adrián Navarrete Castillo and B.Sc. Sergio Montero Rivera, the keeping of three pigs in an enclosure and two cages containing approximately 24 head of hens and chickens was detected. Furthermore, it was confirmed that the site had a treatment system for the generated wastewater and no foul odors were perceived. Based on the situation found during the inspection, it was technically determined that the appropriate course of action was to refer the case to the SENASA authorities for their assessment and the taking of actions deemed necessary, from the perspective of animal health protection (reports and evidence contained in the case file).

f) Through official communication MS-DRRSHC-DARSS-1215-2024 dated April 4, 2024, the case was transferred to official Eddy Dittel Meza, in his capacity as director of SENASA, for his corresponding action (see respective official communication).

g) By reason of the filing of this amparo appeal, SENASA proceeded to conduct an inspection visit on Friday, January 10, 2025, in response to complaint code 00119801, in which Mrs. Ivannia Céspedes Alvarado appears as the reported person. During the inspection of the reported person's property, 4 young enclosed pigs were observed, which had a tank and a drain that functioned as a wastewater treatment system; additionally, 9 broiler chickens were found in a cage. Both activities did not comply with the minimum distances from the boundaries of neighboring properties, pursuant to the current regulations for poultry farms and swine farms. Likewise, during the inspection, foul odors typical of swine activity were perceived (reports).

h) As the distances provided in the current regulations were not met, a health order (orden sanitaria) was issued, ordering the reported person to proceed, within a period of 15 calendar days, to depopulate the 4 pigs and 9 broiler chickens from the property. Said order had an expiration date of January 25, 2025 (reports and health order No. 0283841).

i) Official Communication SENASA-DSA-020-2025 dated February 14, 2025, Dr. Eddy Dittel Meza, Head of the Animal Health Department of the Huetar Caribe Regional Directorate of SENASA, informed his superior, Dr. Bernardo Calvo Rodríguez, Regional Director Huetar Caribe of SENASA, of the following: "Following up on Official Communication SENASA-DSA-002-2025 regarding complaint code 00119801, and the Amparo Appeal with Case File No. 24-035647-0007-CO filed before the Constitutional Chamber by Mrs. Ana Lorena Valverde Mendieta, I inform you that on January 31, 2025, a verification visit was conducted for compliance with health order (orden sanitaria) No. 0283841. At the time of the inspection, compliance with the health order is verified, confirming that the property was totally depopulated of animals and neither pigs nor birds were observed at the site. Therefore, the case is closed..." (reports).

III.- ON THE MERITS. In the present case, the appellant claims to have filed a complaint for poor animal management and accuses that, to date, her action has not been resolved, an omission she deems violative of Article 27 of the Political Constitution. However, although the right to petition, established in the aforementioned constitutional Article 27, understood generically, refers to the faculty possessed by every citizen to address in writing any public official or official entity in order to raise a matter of their interest, it is necessary to distinguish pure and simple requests for information from complaints. In the first case, the response must normally be provided within the ten business days following the receipt of the petition, as ordered by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and other applicable regulations. However, although the Chamber has recognized that the complaint falls within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a resolution, in judgment No. 2000-00037 at 4:18 p.m. on January 4, 2000, it declared the following:

"...we are not faced with hypotheses such as those regulated in Articles 27 and 41 of the Constitution, which refer to the freedom of petition before any public official or official entity and the right to obtain prompt and complete justice, respectively. In this case, a distinction must be made between this type of petition and the complaint, as it is meritorious for the analysis. Complaints are means used by citizens to bring to the attention of the Administration facts that the complainant considers irregular or illegal, with the aim of urging the exercise of normally disciplinary or sanctioning powers, vested in public bodies. On occasions, filing a complaint even constitutes a duty for those who, due to their function or activity, have knowledge of such facts, but in other cases, it is rather a mode of participation in matters of public interest, perfectly compatible with, and indeed founded upon, the democratic principle (in this regard, it should not be forgotten that public officials are mere depositaries of that authority). Notwithstanding the foregoing, it cannot be denied that complaints, like requests for information, administrative claims, and applications for the granting of certain rights, are included within the generic concept of petition established in Article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a response as a complement to the exercise of the right to petition. That said, each of these petitions is governed by different regimes regarding the time granted to the administration to respond once its intervention has been requested. For example, in the case of requests for information, the terms for the administration to provide it are not contemplated in the General Law of Public Administration, but they are in the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 32, as a complement to Article 27 of the Constitution for these specific cases. Administrative claims find their resolution timeframe in administrative legislation."

The General Public Administration Act, which governs ordinary procedures, establishes for these a peremptory deadline for resolving the matter as generically established for all proceedings before the administration, that is, the one contained in article 261 of said normative body, which is two months, without prejudice to the deadlines independently established for appeals in the administrative channel. Despite the fact that in the aforementioned cases the deadline is clearly established in legislation, in the case of complaints (denuncias) —which are nonetheless a form of petition— there is no established legal deadline, neither specifically nor in a supplementary or generic manner, meaning that in these cases it must necessarily be assessed whether the time taken by the administration to resolve a specific complaint is excessive or not for the purposes of exercising the legitimate right to complain and to obtain a response from the governed person…” (the highlighting and underlining are not from the original).

 In effect, the violation of the constitutional provisions, in these cases, is verified by weighing —in accordance with the evidence in the record— that the processing of the proceeding occurred without undue delays (see judgment No. 2002-09041 of 3:02 p.m. on September 17, 2002), given that, although numeral 3 of the Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición) No. 9097 only establishes that those requests, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system has established a specific administrative procedure and deadlines different from those regulated in said law are not subject to the right of petition, the truth is that, in the case of complaints (denuncias), the Administration needs to carry out a procedure to verify the facts that will serve as the basis for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures. The Chamber has repeatedly held that the corresponding violation of the constitutional provisions is verified by weighing —in accordance with the evidence in the record— that the processing was carried out without undue delays (see judgment No. 2002-09041 of 3:02 p.m. on September 17, 2002), without prejudice to applying as a general guide the term provided in article 261 of the General Public Administration Act.

 In the instant case, it has been taken as proven that the petitioner filed anonymously on February 2, 2024, before the Ministry of Health (Ministerio de Salud), Siquirres office. However, although that ministry processed it quickly and carried out the necessary procedures, it soon concluded that, technically, the appropriate course was to refer the matter to the authorities of SENASA for its assessment and for the taking of any actions deemed necessary, from the perspective of animal health protection. Therefore, it is evident that SENASA had to resolve this matter within a reasonable time. However, that institution took almost a year to do so, admitting in its report that it was as a result of the filing of this amparo appeal that it proceeded to conduct an inspection visit at the reported location, as of Friday, January 10, 2025.

 Now then, although in this case, the petitioner did not request to be informed of the outcome of her complaint because she filed it anonymously (see resolution No. 2002-06543 of 8:57 a.m. on July 5, 2002), it is evident that SENASA was nonetheless obligated to address the complaint referred to it expeditiously and did not do so, therefore the amparo appeal must be granted with respect to it. However, since it has been proven that the reported problem has finally been resolved, the appropriate course is to partially grant the appeal, without special award of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios).

 IV.- ON THE AWARD OF COSTS (COSTAS), DAMAGES, AND LOSSES (DAÑOS Y PERJUICIOS) IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ACT. Under a better consideration, the majority of the Chamber finds that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs (costas), if they are appropriate”), the granting must be without a special award of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios), based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires that the operative part of the ruling state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that that same paragraph in fine states that the granting is issued “solely for the purposes of compensation and costs (costas), if they are appropriate.” It is underscored that the Law states “if they are appropriate,” which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs (costas) depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court.

 In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Act, when it provides that: “every resolution that upholds the appeal shall abstractly award compensation for the damages and losses (daños y perjuicios) caused and the payment of the costs (costas) of the appeal, and shall reserve their liquidation for the execution of judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs (costas) are appropriate is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, additionally, in their order, the General Public Administration Act and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Act —cf. article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if it deems appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that it has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without an award of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios).

 V.- NOTE OF JUDGE CASTILLO VÍQUEZ. I have supported the thesis of this Court, that when the litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now then, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, given that, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

 VI.- DISSENTING VOTE OF JUDGE CRUZ CASTRO ON ADMINISTRATIVE DELAY. Although in the past I have held the majority criterion of the Court, under a better weighing of the fundamental rights claimed, I consider that administrative delay constitutes an injury to a fundamental procedural guarantee, which is why I change the criterion I had expressed, admitting the possible violation of the right to prompt and complete administrative justice, separating myself from the view of the majority of the Court, in the sense that—save for a few exceptions—this type of reproach must be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights that this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and complete justice, expressly enshrined in article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of competence assigned to this Court in matters of protection of fundamental rights, in attention to the provisions of articles 10 and 48 of the Political Constitution. Although I understand the importance of the reforms to the contentious-administrative jurisdiction following the entry into force of Law 8508 of April 24, two thousand six, the truth is that this situation does not justify the referral to that instance of matters dealing with topics that fall within the competence of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is an expeditious and effective means for the protection of the fundamental rights of the country's inhabitants.

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs (costas), if they are appropriate.”

 My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs (costas). Moreover, article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs (costas).

 Certainly, according to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restorative; however, article 51 of the LJC states: “Every resolution that upholds the appeal shall abstractly award compensation for the damages and losses (daños y perjuicios) caused and the payment of the costs (costas) of the appeal, and shall reserve their liquidation for the execution of judgment.”

 If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses (daños y perjuicios) could have arisen. For this reason, an abstract award for these is appropriate. If it were not done so, if such an award were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this process—to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite an abstract award being made, no damages and losses (daños y perjuicios) have occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, since only that judge has the authority to take as proven their real existence and magnitude.

 With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only when faced with an amparo appeal. It remains to be said that article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs (costas), even when the right has been restored.

 For the foregoing reasons, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses (daños y perjuicios), but not the award of costs (costas).

 VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulations on the Electronic File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

 In accordance with the provisions of article 52 of the Constitutional Jurisdiction Act, the appeal is partially GRANTED, without special award of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios), solely against the National Animal Health Service (Servicio Nacional de Salud Animal). Regarding the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the appeal is dismissed. Judge Castillo Víquez records a note. Judge Cruz Castro dissents from the vote regarding the provisions on article 41 of the Constitution. Judge Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and losses (daños y perjuicios), but not costs (costas). Notify.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

President

	

 



Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.



Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.



Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

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