Res. 07651-2025 Sala Constitucional — Dismissal of unconstitutionality action against bovine traceability decreeRechazo de acción de inconstitucionalidad contra Decreto de rastreabilidad bovina

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Sala Constitucional

Resolución Nº 07651 - 2025

Fecha de la Resolución: 12 de Marzo del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-004322-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-004322-0007-CO

Res. Nº 2025007651

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del doce de marzo de dos mil veinticinco .

 Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre105021, mayor, costarricense, abogado y notario público, vecino de San José, Dirección7529, con cédula de identidad número CED58697; contra los artículos 7, 8, 9, 10, 1l, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y TRANSITORIOS III y IV, del Decreto Ejecutivo nro. 44.336-MAG-S-SP-MOPT.

Resultando:

   1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 14 de febrero de 2025, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 7, 8, 9, 10, 1l, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y TRANSITORIOS III y IV, del Decreto Ejecutivo nro. 44.336-MAG-S-SP-MOPT, por violentar los artículos 33, 41, 46, 50 y 56 de la Constitución Política y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque afecta la igualdad ante la ley, genera discriminación, afecta el derecho al comercio, el derecho a la salud de sus habitantes y afecta los intereses económicos del sector productivo nacional de carne bovina. También afecta el bienestar de los habitantes, desestimulando la producción de carne bovina, y perjudica el derecho al trabajo del sector ganadero del país. Fundamenta su legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en el artículo 75 párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el cual, cuando por la naturaleza del asunto no existe posibilidad de lesión individual o directa, se trate de la defensa de derechos difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, se puede impugnar directamente la norma. Afirma que dicho decreto lesiona gravemente los intereses económicos del sector productivo y la salud pública de todos los habitantes de nuestro país. Alega que la Administración del Presidente Rodrigo Chaves Robles, junto con el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Esteban Amador Jiménez, la ministra de Salud, Mary Denisse Munive Angermüller, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y los jerarcas del SENASA, emitieron el Decreto Ejecutivo 44.336-MAG-S-SP-MOPT, "CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y RASTREABILIDAD DEL GANADO BOVINO y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTROL DE GANADO BOVINO, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE SU ROBO, HURTO y RECEPTACIÓN”, que se publicó en La Gaceta nro. 15, el viernes 26 de enero de 2024. Este decreto accionado, señala que entraría en vigencia 6 meses después de publicado, lo que sucedió el 26 de julio de 2024. Y sus disposiciones generales entrarán en vigencia 18 meses después de quedar vigente dicho decreto o sea en enero de 2026. A pesar de que ya existe un sistema de rastreabilidad de ganado bovino desde hace 20 años, establecido en la Ley 8495, LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, Ley nro. 8495 del 6 de abril de 2006, publicado en La Gaceta nro. 93 del 16 de mayo de 2006, en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, que ha venido funcionando e implementándose paulatinamente con todo el sector productor ganadero del país, la Administración Chaves Robles emitió el Decreto Ejecutivo nro. 44.336-MAG-S-SF MOPT con un nuevo sistema digital de rastreabilidad de ganado bovino. Aduce que el decreto en mención es lesivo a la Constitución Política en sus artículos 33, 41, 46, 50 y 56, y al artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque los artículos del decreto ejecutivo impugnado 7, 8, 9, 10, ll, 12, 13, 14, 16, 17 párrafo segundo, 20, 21, 22, 23, y 24, ya que generan graves desigualdades y desventajas económicas a los intereses del sector ganadero, principalmente a los ganaderos pequeños y medianos, por las siguientes razones: A. IMPLEMENTACIÓN A CORTO PLAZO DE MEDIDAS OBLIGATORIAS: Normas que se alegan inconstitucionales: "ARTÍCULO 7.- Identificación y Registro de los bovinos. Todo bovino debe de ser identificado y registrado oficialmente en los plazos que define este reglamento. Se prohíbe la movilización y el transporte por vías públicas, la comercialización, la exhibición o exposición, el sacrificio del ganado bovino, o cualquier forma de tenencia, que no se encuentre identificado y registrado oficialmente en los plazos que define este reglamento. El incumplimiento de esta obligación faculta al SENASA a aplicar las medidas sanitarias que la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley nro. 8495 del 6 de abril de 2006 autoriza. Se exceptúan de esta exigencia los terneros de descarte que sean movilizados con destino a matadero, o a un establecimiento de concentración o acopio de animales con destino a planta de sacrificio”. "TRANSITORIO III.- En un plazo no mayor de dieciocho meses posteriores a la entrada en vigencia de este reglamento, deberá de aplicarse lo aquí normado en todo su alcance. Por razones de conveniencia y oportunidad ese plazo podrá ampliarse por un periodo igual a fin de permitir que los diferentes actores de la producción ganadera bovina puedan identificar individualmente sus hatos o rebaños”. "TRANSITORIO IV- Podrán utilizarse hasta por dieciocho meses posteriores a la entrada en vigencia del presente reglamento las guías de movilización vigentes que permiten la movilización grupal sin identificación individual a fin de otorgar plazo a los responsables de los establecimientos para identificar y registrar individualmente al ganado y ajustarse a las nuevas disposiciones en relación a la emisión de las guías. Por razones de conveniencia y oportunidad ese plazo podrá ampliarse por un periodo igual a fin de permitir que los diferentes actores de la producción ganadera bovina puedan identificar individualmente sus hatos o rebaños”. Motivos de inconstitucionalidad: 1. El decreto ejecutivo en su artículo 7 y el TRANSITORIO III y IV, imponen en un plazo muy corto de 18 meses, una serie de cambios para garantizar el nuevo modelo digital de la rastreabilidad del ganado bovino. Esto a pesar de que ya existe este sistema que se utiliza en todo el país mediante formularios escritos y físicos que el ganadero, el comercializador y el transportista pueden usar de forma fácil y a bajo costo. 2. Denota que, a pesar de que la Ley 8495 se implementó en el 2006, el Ministerio de Agricultura y Ganadería desconoce datos básicos sobre el sector ganadero. Dicha entidad desconoce, por ejemplo, "el inventario total del hato nacional", no saben cuántas reses de ganado bovino existen en el país. Esto es relevante porque para poder implementar políticas públicas de sanidad animal, en la administración pública competente y rectora del sector deben prevalecer los datos oficiales y la información del MAG. Esto porque la propia Ley 8495 exige en su artículo 90 que deben prevalecer los criterios técnicos: medidas sanitarias se fundamentarán en criterios técnicos, científicos y profesionales”. El decreto que se quiere implementar en 18 meses no tiene sustento técnico en informes con datos oficiales, porque el MAG no los tiene, sino que solo maneja "estimados". De esta forma, el MAG quiere implementar en 18 meses lo que nunca ha hecho por cuenta propia en 20 años desde que se implementó la Ley 8495, obligar a los campesinos que se dedican a la ganadería como medianos y pequeños productores a cumplir "manu militari" todos los requerimientos señalados en dicho decreto, debiendo estos sufragar costos, al estar obligados a utilizar sistemas informáticos para garantizar la trazabilidad bovina en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigencia de dicho decreto. Esto lesiona al productor en sus derechos a un trato igualitario, evitando discriminaciones de tipo patrimonial, porque su economía se verá gravemente afectada, por ser esta una norma que se hará obligatoria en enero del año 2026. En 10 meses, lesionando los artículos 33, 41, 46 y 50 de la Carta Magna. B. IMPLEMENTACIÓN DEL DIIO (Dispositivo de Identificación Individual Oficial): En el artículo 4 inciso d) del decreto se define el DIIO como: "Dispositivo de Identificación Individual Oficial: Conjunto de elementos que debe portar los animales que hayan sido identificados oficialmente. El dispositivo consta de dos componentes uno visual y otro electrónico que debe de cumplir con las especificaciones definidas por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)”. El Decreto 44.336-MAG-S-SP-MOPT, obliga a todo propietario de animales bovinos al uso del dispositivo individual oficial, en los artículos 8, 9, 10, 12. 13, 14. 16, 17 segundo párrafo, 20, 21, 22, 23 y 24, lo que también se denomina el "areteo" o aretes que se instalan mediante una lesión o herida de la oreja del animal bovino. Normas que se alegan inconstitucionales: "ARTÍCULO 8.- De los Dispositivos de Identificación Oficiales. Se considerarán oficialmente identificados y registrados aquellos animales que cuenten con el "Dispositivo de Identificación Individual Oficial" (DIIO) completo y hayan sido registrados en la base de datos oficial del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino. EI SENASA aplicará las medidas sanitarias que la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley nro. 8495 del 6 de abril de 2006 le autoriza en caso de animales no identificados o registrados oficialmente”. "ARTÍCULO 9.- Dispositivo de identificación y lectores. EL DIIO se compone de dos componentes, una visual y otro electrónico. Ambos componentes conforman un par unívoco e irrepetible con un CIIO único. El componente visual lo conforma un crotal o arete tipo paleta de dos piezas (hembra y macho) y el componente electrónico estará constituido por un transpondedor RFID inserto en un crotal o arete tipo botón de dos piezas (hembra y macho). Ambas piezas de cada componente se acoplan por medio de un mecanismo de cierre que impide la separación de las piezas y la reutilización de los dispositivos o sus piezas. Las características físicas y técnicas de los dispositivos de identificación oficiales se defìnirán mediante resolución administrativa, mismas que podrán ser modificadas por el SENASA de acuerdo con el desarrollo de nuevas técnicas de identificación animal y los resultados de las evaluaciones de desempeño de los dispositivos en uso, además de otras condiciones o motivaciones debidamente justificadas”. “ARTÍCULO 10.- Personas autorizadas para la identificación y registro de bovinos. La identificación y el registro oficial del ganado bovino, así como la reidentificación o reemplazo de alguno de los identificadores en animales previamente identificados, se realizará por los funcionarios del SENASA, del MAG o por terceros oficializados para estos fines, conforme al procedimiento que al efecto se dictará. El registro de los animales oficialmente identificados se realiza por medio de formularios electrónicos o archivos digitales que serán procesados y almacenados en la base de datos oficial del Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino. El procedimiento para la identificación y registro oficial de los animales lo definirá el SENASA. No se permite quitar o sustituir ningún DIIO sin la autorización del SENASA". "ARTÍCULO 11.- Registro en base de datos. Todo bovino oficialmente identificado debe de ser registrado en la base de datos oficial del SENASA. El CIIO de cada individuo debe de asociarse con los datos descriptores requeridos para el mismo: sexo, código del establecimiento de nacimiento o código del establecimiento donde ha sido identificado por primera vez, identificación del propietario o poseedor, CIIO de la madre cuando corresponda, fecha de nacimiento cuando corresponda, ficha de identificación”. "ARTÍCULO 12.- Sustitución de DIIO y reidentificación. La sustitución de los componentes del DIIO, solo podrá realizarse por medio de funcionarios oficiales u oficializados, cuando se presenten las siguientes situaciones: a. Cuando ocurra pérdida o deterioro del componente visual del DIIO que impida reconocer el CIIO correspondiente. En este caso, se debe sustituir con un nuevo crotal o arete visual con la numeración correspondiente a los últimos nueve dígitos del CIIO asignado al animal en el dispositivo electrónico, dicho crotal o arete deberá colocarse en la misma oreja donde se ubicaba el anterior. b. Cuando ocurra la pérdida o deterioro del componente electrónico del DIIO, este deberá de ser sustituido. La sustitución del componente electrónico del DIIO, implica la reidentificación y la asignación de un nuevo CIIO al individuo, por lo que el conjunto de componentes del DIIO debe ser sustituido (electrónico y visual). Al nuevo CIIO que se le asigne, le será asociada la información previamente registrada al individuo, a fin de continuar con su historial de rastreabilidad esto solo en aquellos casos en que el animal mantenga el componente visual del DIIO en buen estado y cuyo CIIO sea claramente visible e identificable. c. Cuando ocurra pérdida de ambos componentes del DIIO que imposibilite identificar al animal individualmente, no será posible asociarlo con ningún individuo previamente identificado y registrado. En estos casos el SENASA, valorará la posibilidad de asignación de un nuevo identificador y registro, tomando en cuenta el riesgo sanitario. El SENASA valorará las circunstancias que dieron pie a la pérdida y en caso de que razone que las mismas no se justifican, impondrá medidas sanitarias conforme al riesgo que implique la incertidumbre respecto del origen del animal y por tanto de su condición sanitaria (principio precautorio)”. "ARTÍCULO 13.- Responsables del pago de los dispositivos. El propietario o responsable de los animales debe de sufragar el precio de costo del DIIO así como el de su colocación y registro por primera vez. De igual manera, con los animales que deban ser reidentificados o cuando sea necesario remplazar alguno o todos los componentes del DIIO”. Motivos de Inconstitucionalidad: El Decreto 44.336, establece dichos dispositivos (DIIO) como un proceso innovador, para asegurar la rastreabilidad y la trazabilidad del ganado bovino en todo el territorio nacional, en las fincas grandes, medianas y pequeñas en las regiones ganaderas del país. Este dispositivo electrónico, según lo regulado en los artículos 8, y 9, dispone que la res será considerada oficial ante SENASA, y explica en el artículo 10 los componentes del dispositivo. En los artículos 10, ll, y 12 se indica, que solo funcionarios del SENASA podrán manipular dichos dispositivos o a quienes ellos designen y el registro de los mismos solo se hará mediante formularios electrónicos o archivos digitales. Estos artículos no señalan ni garantizan: 1. La durabilidad de los dispositivos, y la garantía de que estos van a funcionar mediante la matriz de red celular e internet en las fincas rurales de todo el país. Cada vez que haya que reponer un dispositivo correrá por cuenta del propietario, las veces que la res elimine o se le caiga por diversidad de razones el dispositivo, generándole una carga financiera como lo afirma el artículo 13 que se impugna, que además se desconoce el valor de dichos dispositivos porque el decreto no lo señala, ni garantiza un valor "al costo" lesionando directamente los artículos 46 y 50 de la Carta Magna porque afectan directamente al comercio, los intereses económicos y el bienestar de los habitantes y el sector ganadero grande, mediano y pequeño con dichos sobrecostos. 2. No indican el procedimiento de identificación y registro de los animales bovinos. Y queda a criterio de SENASA la implementación de dichos procedimientos que se desconocen por los propietarios de ganado en todo el país, afectando el derecho al trabajo que cada productor de carne bovina en sus propias fincas, en sus propios emprendimientos, de conformidad con el artículo 56 de la Carta Magna. También solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 14, 16, 17 párrafo II, 20, 21 y 22 del Decreto Ejecutivo 44.336, porque dejan en desventaja comercial a los productores de carne bovina, sus comercializadores y transportistas con la implementación del DIIO en todas sus actividades y procesos de rastreabilidad y trazabilidad bovina. Esto, en razón de que toda la gestión de rastreabilidad y trazabilidad actual y vigente se sustituye por una digital a través de páginas webs y aplicaciones en la red celular para un sector ganadero, en crisis económica, con recursos limitados, y que no se encuentran capacitados para el uso de dichas tecnologías, afectados gravemente por la brecha digital. Y peor aún los servicios de internet y red celular no están garantizados por el Poder Ejecutivo en dichas regiones, a pesar de ser esta una obligación del Poder Ejecutivo, a través de su ente rector en telecomunicaciones, el MINAET. Artículos que se quieren declarar inconstitucionales: "ARTICULO 14.- Registro de movimientos. Los responsables de las fincas, subastas ganaderas, ferias o exposiciones ganaderas, mataderos, redondeles, o cualquier otro tipo de establecimiento donde ingrese o salga ganado bovino deberá de registrar en la base de datos inicial de SENASA los movimientos de ganado que se produzcan en su establecimiento. El establecimiento de origen registrará la salida de los animales y el de destino su entrada. El movimiento de animales hacia un establecimiento en el que permanezcan de forma transitoria y por un plazo no mayor a la vigencia de la GMG con la que se haya realizado el movimiento, no tendrán que registrar el movimiento de entrada ni el de salida, vencido ese plazo debe de cumplirse con la obligación del registro del movimiento”. "ARTÍCULO 16.- Registro de ingresos en subastas. Los encargados de recibo en las subastas ganaderas están obligados a notificar al SENASA de forma inmediata la no correspondencia entre la identificación oficial individual de los bovinos recibidos y los indicados en la guía de movilización que los acompañe. Aquellos animales cuyo DIIO no corresponda con el CIIO indicado en la guía oficial de movilización no podrán ser ingresados ni movilizados, hasta tanto el SENASA determine el destino de los mismos. Las subastas ganaderas deberán de disponer de un sistema de registro interno que permita vincular de forma inequívoca, el CIIO de cada bovino ingresado al establecimiento con el número consecutivo interno asignado”. "ARTÍCULO 17.- Registro de ingreso y sacrificio en mataderos. Los responsables de los mataderos están obligados a registrar todos los bovinos que ingresen al establecimiento, previo a su sacrificio y asegurar que el CIIO de cada animal sacrificado sea registrado en el sistema de control interno del matadero, de tal forma que se asegure de forma inequívoca la relación entre la identificación de las canales con los CIIO correspondiente al individuo del que se originan. Los mataderos deberán poner a disposición de la Autoridad Sanitaria en condiciones higiénicas los DIIO de los animales sacrificados a fin de que se garantice que no sea posible la reutilización de las partes o componentes del DIIO”. "ARTÍCULO 20.- Registro de pérdida o deterioro de DIIO. Los responsables de las fincas, subastas ganaderas, ferias o exposiciones ganaderas, redondeles, o cualquier otro tipo de establecimiento donde se mantenga ganado bovino, están obligados a notificar al SENASA en un plazo no mayor de cinco días hábiles sobre la pérdida o deterioro de cualquiera de los componentes del DIIO, para su respectiva sustitución. El plazo indicado correrá a partir del día siguiente hábil de acaecida la pérdida o deterioro del componente del DIIO. La sustitución de los componentes del DIIO y la reidentificación de los animales se aplica según lo establecido en el artículo 12 de este reglamento”. Solo se pueden usar mecanismos electrónicos e informáticos para los ganaderos en sus fincas, para su comercialización y su transporte, lo que significa un costo adicional para los productores ganaderos, que desconocen el uso de sistemas informáticos y no tienen garantizada la red celular ni la red de internet en sus lugares de trabajo en los sectores rurales alejados donde dichos servicios son casi nulos. Señala que el Estado o la Administración Pública, a través de su Poder Ejecutivo está en la obligación de garantizar la continuidad de los servicios públicos, como lo señala el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, pero que, en la realidad, en zonas alejadas donde se practica la ganadería, dichos servicios son de baja calidad, hay intermitencia del servicio, o hay ausencia total del mismo. Todos los artículos mencionados anteriormente dependerán del artículo 21 del Decreto Ejecutivo que se impugna, el cual indica: "ARTICULO 21.- Interfase digital. Los registros referidos en los artículos 11, 14 y 20 de este Reglamento, se realizarán por medio de una interfase Web; por medio de aplicaciones móviles; por medio de archivos digitales generados por transceptores o lectores RFID o por cualquier otro medio que el SENASA habilite para ese fin.". Motivos de inconstitucionalidad: Todo el sistema de rastreabilidad y trazabilidad del Decreto Ejecutivo nro. 44.336 dependerá de una interfase Web que deberá habilitar SENASA. Una institución que no tiene experiencia en el manejo de interfaces web ni es rectora en la materia, y que no ha capacitado a los futuros usuarios, que en este caso serán los ganaderos, los comercializadores y los transportistas de ganado bovino. Indica que, de esta forma se viola el principio de igualdad de los usuarios en el artículo 33 de la Constitución Política y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre la brecha digital, cita lo dispuesto por esta Sala en la sentencia nro. 2011008408. Refiere que este es el caso de los ganaderos, medianos y pequeños que quedan en la vulnerabilidad de los nuevos sistemas informáticos implementados en el Decreto Ejecutivo 44.336 en el plazo de 18 meses, decreto que será obligatorio para enero de 2026, porque el sector ganadero es rural, pobre, y carece de los instrumentos para la implementación de las nuevas tecnologías que plantea el decreto que se impugna. Con el agravante de que las fincas y los hatos ganaderos están lejos de la infraestructura de telecomunicaciones del país, como lo demuestra con el Reporte Cantonal de Servicios Fijos de la SUTEL del año 2023. Asimismo, indica que esta Sala ha señalado en la sentencia nro. 2015004471, que la rectoría del desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, no solo son de interés público, sino que superan lo cantonal para ser de interés nacional, y la rectoría es del Estado, a través de su Poder Ejecutivo y sus instituciones. Invoca esta jurisprudencia vinculante, porque el Decreto Ejecutivo que se impugna no garantiza el servicio de telefonía celular ni telefonía fija, ni el servicio de internet fijo a los usuarios o al sector que se dirigen los efectos del mismo en los sectores rurales del país donde se desarrolla la actividad ganadera en su mayor envergadura. Aduce que esta ha sido la misma posición jurídica que ha emitido la Procuraduría General de la República en su criterio vinculante C-003-2013 de fecha 15 de enero de 2013, C-130-2018 de fecha 12 de junio de 2018, y sobre acceso y servicio universal de las telecomunicaciones, el criterio C-238-2021, de fecha 19 de agosto de 2021, en la que se ha indicado: "De esta manera, no solo se busca equilibrar la balanza al establecer como objetivos a los principios de universalidad y solidaridad (letras b y c del artículo 2), junto con la apuesta a la libre competencia, sino que la LGT dedica todo su capítulo 1 al denominado régimen de "Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad de las Telecomunicaciones" dentro del título II dedicado a las Garantías Fundamentales de los usuarios finales de estos servicios. En esa línea, el canon de Universalidad, según lo define la letra a) del artículo 3 de la mencionada ley, incorpora el elemento cohesionador interterritorial, al señalar que comprende la “prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del país, sin discriminación alguna en condiciones adecuadas de calidad y precio" (el subrayado es agregado): mientras que de acuerdo con su letra b), la Solidaridad comprende lo estrictamente social, en atención a los colectivos vulnerables o de menor poder adquisitivo de la sociedad entendida como el "establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especiales a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad y precio, con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables" (el subrayado es agregado). Interesa subrayar que la plasmación positiva de ambos principios en la LGT, como pilares del servicio y acceso universal, y de ambas figuras en el capítulo 1 de su Título II, solo adquiere sentido en un modelo que confía a la libre competencia la prestación satisfactoria de los servicios de telecomunicaciones, al comprender el legislador que, pese a los beneficios reconocidos de una concurrencia efectiva de oferentes, existen, en efecto, prestaciones que desde un punto de vista económico o empresarial no resultan viables, por lo que sin una adecuada intervención pública no llegarían espontáneamente a todos en unas condiciones de calidad y precio razonables de forma que se garantice su acceso efectivo a "todas las zonas y regiones del país", con especial énfasis en las “personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especiales”. Indica que el reporte y ranking cantonal de telecomunicaciones de 2023 de la SUTEL, es un documento oficial, que se aporta en la presente acción, y que revela las deficiencias de la infraestructura de telecomunicaciones y de conectividad del internet en los sectores rurales, que son los más vulnerables, siendo los que tienen peor cobertura, los cantones que tienen vocación ganadera del país. En materia de internet fijo, y telefonía fija, los cantones con peor conectividad e infraestructura de telecomunicaciones son:

Puntarenas

	

Limón

	

Alajuela

	

Heredia

	

San José




Buenos Aires

	

Guácimo

	

San Carlos

	

Sarapiquí

	

León Cortés




Corredores

	

Matina

	

Guatuso

	

 

	

Vásquez de Coronado




Coto Brus

	

Pococí

	

Los Chiles

	

 

	

 




Golfito

	

Siquirres

	

Upala

	

 

	

 




 

	

 

	

Río Cuarto

	

 

	

 

Fuente: REPORTE Y RANKING CANTONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL AÑO 2023 DE LA SUTEL, imagen en la página 116. Los peores cantones con penetración del servicio de telefonía fija e internet fijo en todo el país.

Denota que no se puede tener servicio de internet fijo si no hay una línea de telefonía fija en los hogares de los productores de ganadería del país. Prácticamente toda la zona sur del país, toda la zona norte de Alajuela desde San Carlos hasta la frontera norte, y toda la llanura Atlántica, incluyendo Sarapiquí en la provincia de Heredia, que cubre la mayor parte del territorio de la provincia herediana y dos sectores de producción de leche como lo son León Cortés y Vásquez de Coronado en la provincia de San José, carecen de servicios de telefonía fija y de internet fijo para cumplir con los desproporcionados e irracionales requerimientos de una matriz informática de rastreabilidad y trazabilidad digital que pretende el Decreto Ejecutivo 44.336 del Poder Ejecutivo a través del SENASA. Esta tampoco ha indicado qué presupuesto maneja para esta interfase web que deberán manejar, qué horario tendrá, cuánto recurso humano se asignará, y si se trabajará los 365 días del año, o no funcionará los días feriados, y los fines de semana, porque la actividad ganadera es diaria, los 365 días del año. Y este servicio deberá garantizarse como cualquier servicio público, y deberá ajustarse a lo preceptuado en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, cuando este señala sobre los servicios públicos que ofrece el Estado: "Artículo 4.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”. El Informe es claro, y señala que estos 16 cantones repartidos en 5 provincias del país no tienen la infraestructura requerida para garantizar un servicio ni de telefonía fija ni de internet para cumplir con el artículo 4 citado. De esta forma, los ganaderos, comercializadores y transportistas de ganado y/o los sujetos afectados por los efectos de dicho decreto podrán cumplir a cabalidad con los requerimientos de este cuerpo normativo presidencial, disminuyendo así, las posibilidades de los ganaderos de poder alcanzar las exigentes obligaciones y requerimientos de un decreto que afectará gravemente al sector productivo y ganadero del país. Indica que los artículos 22, párrafo II, 23 y 24 también tienen vicios de constitucionalidad. Cita las normas: “ARTÍCULO 22.- De los bovinos importados. Para la identificación de los animales importados, con fines distintos al de sacrificio inmediato o tránsito, se utilizarán DIIOs de un color diferenciado, cuyas características se definirán mediante resolución administrativa del SENASA”. "ARTÍCULO 23.- Habilitación de fabricantes y proveedores de DIIO. Los requisitos y condiciones para la habilitación de empresas fabricantes y proveedores de DIIO, será definidos y publicados por medio de directriz del SENASA. El SENASA podrá implementar los mecanismos necesarios, para verificar que los dispositivos ofrecidos por los proveedores cumplan efectivamente con las características y condiciones específicas, en caso de detectarse incumplimiento el SENASA podrá inhabilitar a fabricantes y proveedores”. “ARTÍCULO 24.- Lista de lectores. El SENASA establecerá una lista de los lectores (transceptores) que cumplan con las características técnicas de hardware y software que garanticen su compatibilidad con el Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino. Dicha lista deberá ser actualizada semestralmente y publicada en su página web”. Otros sobrecostos que no se especifican en el decreto, es que en el artículo 22 párrafo II y el artículo 23 de los bovinos importados y la habilitación de fabricantes, se sigue usando la figura del DIIO y si una vez que se ha obtenido los dispositivos estos son inhabilitados por el SENASA, se deberá realizar una nueva inversión de nuevos dispositivos cuando el SENASA una vez que inhabilitó a un proveedor ha decido elegir otro, por cualesquiera que sean las razones, siendo los ganaderos vulnerables a la oscuridad de la norma del decreto en materia de costos, afectando su actividad, sus intereses económicos contemplados en los artículos 33, 41, 46 y 50 de la Carta Magna. Estos tres artículos quedan sometidos a la interfase web del SENASA, razón por la cual solicita se declaren inconstitucionales, por falta de infraestructura de telecomunicaciones para que los ganaderos puedan estar en igualdad de condiciones y no exista y estén los ganaderos vulnerables a la brecha digital para el cumplimiento de dicha normativa que se acciona. Las GUÍAS OFICIALES DE MOVILIZACIÓN, artículos 25, 26 y 27 del Decreto nro. 44.336-MAG-S-SP-MOPT, trasgreden los artículos 33, 41, 46, 50, 56 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Motivos de Inconstitucionalidad: Refiere que, mediante el Decreto Ejecutivo nro. 44.336-MAG-S-SP-MOPT, se reformó en los artículos 25, 26 y 27, el Reglamento a la Ley de Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de su robo, hurto y receptación, Decreto Ejecutivo nro. 37918 del 08 de julio de 2013, en las definiciones de "Guía Oficial de Movilización” y "Original de la Guía Oficial de Movilización" contenidas en los incisos n) y r) del artículo 2, y el Capítulo l "De la Guía Oficial de Movilización" del Título II, "Movilización de ganado bovino y transporte de productos y subproductos”, así como el artículo 29 inciso c), d), l), h), o) y p), 37, 50, 53, 55 y 59 que afectan el transporte de ganado bovino, para que estas GUÍAS OFICIALES DE MOVILIZACIÓN tengan que ser eminentemente digitales, dándole validez a los formularios, pero en esta ocasión todos de forma digital. Esto genera un grave perjuicio en la actividad comercial y productiva del sector ganadero, ya que, ante la falta de infraestructura de telecomunicaciones en la Nombre3382 de los sectores rurales ganaderos del país, es imposible materialmente cumplir con los requerimientos de dichas guías para el sector ganadero. Actualmente bajo la Ley 8495, las guías oficiales de movilización funcionan de forma física y permiten el cumplimiento de los objetivos de fiscalización, control rastreabilidad y trazabilidad del SENASA. El sistema digital no puede ser obligatorio, sino que debe ser voluntario y debería permitir a los usuarios migrar de un sistema a otro de forma paulatina. Y no en unos meses como lo exige el decreto a enero 2026, cuando se hará obligatorio. Aduce que el decreto impugnado amenaza la salud humana y animal y violenta el artículo 50 de la Constitución Política, pues para la implementación de los aretes en el ganado bovino conocido como DIIO, se requiere realizar lesiones en las orejas de cada animal y en 18 meses esta medida deberá ser obligatoria para el hato nacional (aproximadamente l millón de animales bovinos). En este momento el país completo se encuentra bajo la influencia de la MIASIS, o gusano Barrenador. Según el Boletín Epidemiológico de Marzo de 2023, SENASA señaló: “Miasis causada por Gusano Barrenador (Cochliomyia hominivorax) La miasis por Cochliomyia hominivorax (o gusano barrenador del Nuevo Mundo), es un parásito de los mamíferos, incluido el ser humano, durante sus estados larvarios. La especie se incluye en la subfamilia Chrysomyinae de la familia Calliphoridae del orden Diptera (moscas verdaderas). Las larvas que se alimentan de la piel y de los tejidos subyacentes, la infestación se suele contraer en sitios con heridas previas, debidas a causas naturales o a las prácticas ganaderas, pero también pueden tener lugar en las mucosas de los orificios corporales. Las moscas hembras son atraídas por las heridas, en cuyos bordes cada hembra deposita una media de 343 huevos. Las larvas emergen al cabo de 12-24 horas e inmediatamente comienzan a alimentarse, adentrándose cabeza abajo en la herida. Después de un desarrollo que incluye tres fases larvarias y dos mudas, las larvas abandonan la herida y se dejan caer al suelo en el que se adentran hasta llegar a la fase de papa, el ciclo completo puede terminar en menos de 3 semanas. En general, se efectúa un tratamiento a base de aplicar insecticidas organofosforados en las heridas con infestación, tanto para matar a las larvas como para proporcionar una protección residual frente a la reinfestación. También es una medida preventiva el control estricto de los desplazamientos de los animales fuera de las áreas afectadas. Costa Rica ha sido libre de esta miasis que puede causar daños significativos en la industria ganadera, desde el 1999, y se declaró oficialmente libre en el 2000, luego de un convenio con los Estados Unidos para un programa intensivo, que fue ejecutado desde el 1995. Norte y Centroamérica han sido libres de esta plaga por varios años. En el 2021, Panamá reportó casos de gusano barrenador en ganado bovino en la zona este del país. En julio 2023, Panamá reportó casos a tan solo 200 km de la frontera con Costa Rica. El 14 de julio, Costa Rica confirma el primer caso de gusano barrenador en un perro en la frontera con Panamá”. En dicho Boletín se incluyen las zonas y la cantidad de animales bovinos que pueden ser vulnerables a la enfermedad, que se encuentra expandiéndose por todo el territorio nacional y no ha podido ser controlada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la implementación de este decreto 44336-MAG-S-PS-GANADERÍA, y con la implementación del decreto 44.336-MAG-S-PS-MOPT, que será obligatorio a partir de enero de 2026, se expone con la práctica ganadera del DIIO o dispositivo o arete en la oreja de los animales con una herida, se estará exponiendo al hato nacional a una verdadera epidemia nacional por gusano barrenador. El perjuicio a la salud humana y al bienestar de los habitantes se pone en peligro con la implementación de dicha normativa que se impugna en la presente acción, para que sea declarada inconstitucional, ya que afecta directamente el artículo 50 de la Constitución, amén de los daños y perjuicios que causará la implementación de dicho decreto a los intereses económicos de los productores de carne y leche bovina en todo el sector productivo del país.

 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

 I.- Sobre los presupuestos formales de admisibilidad de la acción. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a los efectos de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En primer término, se exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En el párrafo segundo y tercero, la ley establece de manera excepcional, presupuestos en los que no se exige el asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto, no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos, o bien cuando es formulada en forma directa por el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.

II.- Ahora bien, en cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala por medio de la sentencia nro. 1995-4190, de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:

“En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”

Así las cosas, la exigencia de un asunto previo pendiente de resolver, no constituye un requisito meramente formal, toda vez, que no basta con la sola existencia de un asunto base, ni con la simple invocación de la inconstitucionalidad, pues se requiere además, que la acción sea un medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Esto quiere decir, que es necesario que se verifique la existencia de un asunto en el que estén de por medio los derechos fundamentales de las personas y en el cual las normas impugnadas tengan una incidencia directa para la resolución del caso (ver en igual sentido las sentencias números 1668-90, 4085-93, 798-94, 3615-94, 409-I-95, 851-95, 4190-95 y 791-96). Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos todos que en caso de no ser cumplidos por el accionante, dan lugar a la inadmisión de la acción.

III.- Sobre la falta de legitimación del accionante. El accionante se apersona a interponer este proceso sin contar con un asunto base, alegando que fundamenta su legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad única y literalmente lo siguiente: “en lo dispuesto en el artículo 75 párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según el cual, cuando por la naturaleza del asunto no existe posibilidad de lesión individual o directa, se trate de la defensa de derechos difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, se puede impugnar directamente la norma. Dicho decreto lesiona gravemente los intereses económicos del sector productivo y la salud pública de todos los habitantes de nuestro país”.

Advierta el accionante que son diferentes supuestos los que dispone ese párrafo del artículo 75 para accionar de forma directa y ninguno de ellos fue debidamente fundamentado. Aun así, la legitimación invocada de esa manera resulta improcedente, según se indica a continuación. El accionante dice ostentar legitimación directa, porque acude contra un decreto que “lesiona gravemente los intereses económicos del sector productivo y la salud pública de todos los habitantes de nuestro país”. No obstante, esta Sala, por mayoría, ha estimado que cuando la norma que se impugna es susceptible de aplicación individual, no cabe invocar la defensa de intereses difusos para admitir la acción. Así, en el voto nro. 2021-002185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021 este Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:

 

“(…) II.- Sobre los intereses difusos y la legitimación de los accionantes en el caso bajo estudio. Las accionantes señalan que su legitimación proviene de la defensa de los intereses difusos respecto de la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, cabe indicar que, como ya se mencionó, los supuestos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional constituyen excepciones a la regla contenida en el párrafo primero del mismo artículo, que deben ser analizados cuidadosamente en cada caso concreto. El interés difuso ha sido entendido como aquel interés relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de la colectividad puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. Sobre el particular, la reiterada jurisprudencia de la Sala indica que:

"Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral." –ver sentencia número 360-90-

De esta definición es posible estimar que el interés difuso está conformado por un elemento eminentemente subjetivo, relativo a su pertenencia o titularidad del interés, y otro objetivo, relacionado con la incidencia del bien en la sociedad, que lo distingue de otras situaciones jurídicas. En relación con el primero -el subjetivo-, es claro que la misma se encuentra difuminada en un grupo humano no individualizado, que coparticipa en el disfrute del bien jurídico objeto del interés, pero cuya conformación no resulta de un conjunto de sujetos identificable, abarcable y de contornos relativamente nítidos, como sí ocurre en el interés colectivo. Y desde la perspectiva objetiva, debe aclararse que no todo interés "difuminado" adquiere la categoría jurídica de "interés difuso", sino únicamente aquellos impregnados de una profunda relevancia social, cuya valoración resulta de las circunstancias de cada caso –ver, entre otras, sentencias números 2006-15960 y 2014-4904-. En este sentido, así como se ha dicho que ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional -lo que supondría la instauración tácita de una acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo –ver, entre otras, sentencias números 2008-13442, 2009-300 y 2009-9201-. Así, ejemplos de tales intereses son el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos. De tal forma, en el caso bajo estudio, donde las accionantes refieren su legitimación respecto de la defensa de intereses difusos en materia de protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que corresponde es pronunciarse conforme se indica en los considerandos siguientes.

(…)

En la acción que ahora se conoce, los mismos accionantes cuestionan las mismas normas de los artículos 50 y 51 del Reglamento en cuestión, así como el artículo 52 del mismo instrumento, y si bien, más allá de la sostenibilidad de los zoocriaderos, en esta acción se centran sobre temas de conservación ex situ y educación ambiental -que también fue señalado en aquella acción-, lo cierto es que la misma definición de esta Sala sobre la legitimación, tal como se dispuso en la sentencia de cita, resulta de plena aplicación en esta nueva acción. Nótese que, ciertamente, tal como lo señala claramente la Procuraduría General de la República y de manera enfática lo refiere el Ministro de Ambiente y Energía, la normativa que se cuestiona sí es totalmente susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas singulares e identificables, que ejercen una determinada actividad, sujeta a la regulación señalada en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y su reglamento. De tal manera, es claro que contrario a la aducida defensa de intereses difusos, lo que se encuentra de por medio es algún grado de inconformidad con la sujeción a que deben someterse para la regulación de la actividad que ejercen o pretenden ejercer; véase que como bien refiere el informe del Ministro de Ambiente y Energía, los accionantes se encuentran directamente relacionados como fundadores, gerentes o servidores de diversas empresas relacionadas con la exhibición de fauna silvestre o su promoción turística. Así, resulta inviable aducir presuntos problemas de conservación y de educación ambiental, para utilizar la figura de los intereses difusos y promover con ello una acción de inconstitucionalidad directa obviando los estrictos requisitos de admisibilidad señalados en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tal como se indicó en los considerandos II y III de esta resolución.

 Bajo esta inteligencia, y tomando en consideración la identidad de accionantes y de la normativa cuestionada, es claro que el precedente de la sentencia 2018-18563 resulta plenamente aplicable a esta acción que ahora se conoce, de donde debe necesariamente concluirse que al igual que en aquella anterior ocasión, los accionantes carecen de legitimación para la interposición de este proceso, por lo que resulta improcedente conocer y pronunciarse sobre los aspectos planteados. De tal manera, lo procedente es declarar sin lugar esta acción” (el subrayado no corresponde al original).

 En similar sentido, en la sentencia nro. 2021-011994 de las 16:30 horas del 26 de mayo de 2021 esta Sala dispuso que:

“(…) Se reitera que el interés difuso no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional); pero tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues, en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo (…)”.

 

Con base en las anteriores consideraciones, procede analizar la normativa aquí impugnada y el derecho que el accionante alega violentado.

IV.- El accionante cuestiona los artículos 7, 8, 9, 10, 1l, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y los TRANSITORIOS III y IV, del Decreto Ejecutivo nro. 44.336-MAG-S-SP-MOPT, denominado "CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL Y RASTREABILIDAD DEL GANADO BOVINO y MODIFICACIONES AL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTROL DE GANADO BOVINO, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE SU ROBO, HURTO y RECEPTACIÓN", por violentar los artículos 33, 41, 46, 50 y 56 de la Constitución Política y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque afecta la igualdad ante la ley, genera discriminación, afecta el derecho al comercio, el derecho a la salud de sus habitantes y afecta los intereses económicos del sector productivo nacional de carne bovina. También afecta el bienestar de los habitantes, desestimulando la producción de carne bovina, y perjudica el derecho al trabajo del sector ganadero del país. Refiere que las normas impugnadas generan graves desigualdades y desventajas económicas a los intereses del sector ganadero, principalmente a los ganaderos pequeños y medianos. Adviértase que, desde ya, el accionante admite cuestionar la normativa de marras porque se afecta al sector ganadero, según indica, entiéndase: los ganaderos, comercializadores y los transportistas de ganado bovino. Es decir, se refiere a un grupo de afectados totalmente identificable. Ante esa situación las normas cuestionadas son susceptibles de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas identificables, sea, en este caso, quienes ejercen la actividad ganadera desde esas distintas perspectivas, bastando para esto que cualquiera de ellos presente en algún procedimiento administrativo o proceso judicial concreto alguna reclamación contra la obligación que se le imponga y que por alguna razón no pueda asumir, como lo sería, por ejemplo, el tema de la brecha digital. Para dar mayor claridad, veamos los alegatos y razones de inconstitucionalidad que plantea el accionante:

1-   Aduce que los artículos 7, y los transitorios III y IV del decreto impugnado imponen un plazo muy corto e irracional de 18 meses para que el sector ganadero realice una serie de cambios para garantizar el nuevo modelo digital de la rastreabilidad del ganado bovino. Esto, a pesar de que ya existe un sistema físico que se utiliza en todo el país, mediante el cual el ganadero, el comercializador y el transportista pueden usar de forma fácil y a bajo costo. Aduce que ese plazo de 18 meses para implementarlo, no tiene sustento técnico en informes con datos oficiales, porque el MAG no los tiene, y que pretende implementar en 18 meses, lo que nunca ha hecho por cuenta propia en 20 años desde que se implementó la Ley 8495, obligar a los campesinos que se dedican a la ganadería como medianos y pequeños productores a cumplir "manu militari" todos los requerimientos señalados en dicho decreto, asumiendo todos los costos, al estar obligados a utilizar sistemas informáticos para garantizar la trazabilidad bovina. Indica que esto lesiona al productor en sus derechos a un trato igualitario, evitando discriminaciones de tipo patrimonial, porque su economía se verá gravemente afectada cuando esta norma se haga obligatoria en enero del año 2026, lesionando los artículos 33, 41, 46 y 50 de la Carta Magna.

2-   Cuestiona los artículos 8, 9, 10, 12. 13, 14. 16, 17 segundo párrafo, 20, 21, 22, 23 y 24 del decreto impugnado, por establecer el Dispositivo de Identificación Individual Oficial -DIIO-, mediante el cual se obliga a todo propietario de animales bovinos al uso del mismo, que también se denomina el "areteo" o aretes que se instalan mediante una lesión o herida de la oreja del animal bovino. Refiere que este dispositivo electrónico, según lo regulado en los artículos 8 y 9, hace que la res sea considerada oficial ante SENASA y el artículo 10 expone los componentes del dispositivo. Aduce que en los artículos 10, 11 y 12 se indica, que solo funcionarios del SENASA podrán manipular dichos dispositivos o a quienes ellos designen y el registro de los mismos, solo se hará mediante formularios electrónicos o archivos digitales. Alega que estos artículos no señalan ni garantizan: 1. La durabilidad de los dispositivos y la garantía de que estos van a funcionar mediante la matriz de red celular e internet en las fincas rurales de todo el país, lo que implica que, cada vez que haya que reponer un dispositivo correrá por cuenta del propietario, generando una carga financiera como lo afirma el artículo 13 que se impugna, que además se desconoce el valor de dichos dispositivos porque el decreto no lo señala, ni garantiza un valor "al costo", lesionando directamente los artículos 46 y 50 de la Carta Magna porque afectan al comercio, los intereses económicos y el bienestar de los habitantes y el sector ganadero grande, mediano y pequeño con dichos sobrecostos. 2. No indican el procedimiento de identificación y registro de los animales bovinos. Y queda a criterio de SENASA la implementación de dichos procedimientos que se desconocen por los propietarios de ganado en todo el país, afectando el derecho al trabajo que cada productor de carne bovina en sus propias fincas, en sus propios emprendimientos, de conformidad con el artículo 56 de la Carta Magna.

3-   Considera que los artículos 14, 16, 17 párrafo II, 20, 21 y 22 del Decreto Ejecutivo 44.336, también son inconstitucionales porque dejan en desventaja comercial a los productores de carne bovina, sus comercializadores y transportistas con la implementación del DIIO en todas sus actividades y procesos de rastreabilidad y trazabilidad bovina, en razón de que toda la gestión actual y vigente se sustituye por una digital, a través de páginas webs y aplicaciones en la red celular para un sector ganadero, en crisis económica, con recursos limitados, y que no se encuentran capacitados para el uso de dichas tecnologías, afectados gravemente por la brecha digital, ya que los servicios de internet y red celular no están garantizados por el Poder Ejecutivo en dichas regiones. En resumen, cuestiona el costo de la implementación y el acceso a las tecnologías, porque todo deberá ser digital.

4-   Respecto del artículo 21 del decreto nro. 44.336-MAG-S-SP-MOPT, cuestiona la capacidad de SENASA para habilitar la interfase Web, de la que dependerá todo el sector bovino. Indica que, la brecha digital hace que se viole el principio de igualdad de los usuarios en el artículo 33 de la Constitución Política y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque la Nombre3382 de las zonas donde se encuentran las reses carecen de internet, lo que hará nugatorio su implementación y aumentará el costo para este sector, el ajustarse a los lineamientos de este decreto.

5-   Cuestiona el artículo 22 párrafo II y el artículo 23 del mismo decreto, por establecer otros sobrecostos que no se especifican ahí y es que si el sistema no se llega a habilitar por SENASA, los harían incurrir en gastos innecesarios y en otro tipo de dispositivo afectando su actividad, sus intereses económicos contemplados en los artículos 33, 41, 46 y 50 de la Carta Magna. Estos tres artículos quedan sometidos a la interfase web del SENASA, razón por la cual solicita se declaren inconstitucionales, por falta de infraestructura de telecomunicaciones para que los ganaderos puedan estar en igualdad de condiciones y no exista y estén los ganaderos vulnerables a la brecha digital para el cumplimiento de dicha normativa que se acciona.

6-   Señala que los artículos 25, 26, 27 del decreto impugnado trasgreden los artículos 33, 41, 46, 50, 56 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se exige que las guías oficiales de movilización sean digitales, e impugna los artículos 29 inciso c), d), l), h), o) y p), 37, 50, 53, 55 y 59, porque también afectan el transporte de ganado bovino, ante la falta de infraestructura de telecomunicaciones en la Nombre3382 de los sectores rurales ganaderos del país, lo que haría imposible materialmente cumplir con los requerimientos de dichas guías para el sector ganadero. Estima que el sistema digital no puede ser obligatorio, sino que debe ser voluntario y debería permitir a los usuarios migrar de un sistema a otro de forma paulatina. Y no en unos meses como lo exige el decreto a enero 2026, cuando se hará obligatorio.

7-   Aduce que el decreto impugnado amenaza la salud humana y animal y violenta el artículo 50 de la Constitución Política, por cuanto en enero de 2026 que entra en vigencia esta parte del decreto y se deba implementar el arete en el ganado conocido como DIIO, se debe colocar en la oreja de la res, lo que abre una herida que puede quedar expuesta y ser afectada por el gusano barrenador que es muy perjudicial, lo que podría generar una epidemia nacional, afectando los intereses económicos de los productores de carne y leche bovina en todo el sector productivo del país. 

A partir de lo anterior, es evidente que los alegatos del accionante expuestos del punto 1 al 6 se trata de aparentes afectaciones específicas y puntuales del sector bovino, pues se trata de normas que, en resumen, pretenden implementar un nuevo sistema de trazabilidad y rastreabilidad oficial del ganado bovino en el país, a través de un medio digital, por lo que disponen el tipo de dispositivo que se usará DIIO (art. 8), cómo estará constituido (art. 9), las personas autorizadas para la identificación y registro de los bovinos (art.10), la forma en que se movilizará el ganado (arts. 14, 25, 26 y 27), el plazo para implementarlo (arts. 7, transitorio III y IV), quién se encargará de oficializarlo (art. 21), el registro de los datos (art. 11), la forma en que se realizará la sustitución del DIIO y la reidentificación, por pérdida o deterioro (arts. 12 y 20), los responsables de asumir los costos (art. 13), el registro de ingreso en subastas y matadero (arts. 16 y 17), cómo se realizará la identificación de los bovinos importados (art. 22), la habilitación de fabricantes y proveedores de DIIO (art. 23) y la lista de lectores -transceptores- (art. 24). Todo lo anterior denota que no estamos frente a un caso de intereses difusos, sino de la aparente afectación de un sector bien determinado, que, además, sería objeto de aplicación individual de cada una de las normas impugnadas, por lo que el accionante carece de legitimación directa para accionar, con base en la alegación de acudir a la Sala en defensa de intereses difusos, tal como ya se indicó. De tal forma, es claro que, contrario al contenido propio del interés difuso y su viabilidad para sustentar la legitimación para interponer una acción de inconstitucionalidad sin necesidad de asunto previo, lo alegado por el accionante dista de configurar un interés difuso como tal, pues, de conformidad con lo señalado en párrafos anteriores, lo aducido por el actor se trata de normativa general que bien puede ser objeto de actos de aplicación individual, configurándose en ese momento alguna situación que pudiera ser determinada en el ámbito de legalidad o de constitucionalidad, si así fuere el caso, pero no para aducir en los términos generales que se plantea, que esta acción sea plausible en defensa de intereses difusos.

De otro lado, en relación con el alegato número 7, cuya afectación al ambiente sano plantea el accionante, tampoco resulta apropiado para sustentar la legitimación para la presentación de esta acción e igualmente debe ser rechazado, pues se trata de argumentos meramente especulativos. El gestionante señala que, producto de la forma en que se implantará el dispositivo en la oreja del ganado, se producirá una herida que, al estar expuesta podría ser infectada por el gusano barrenador. Sin embargo, un argumento de inconstitucionalidad no puede estar basado en meras especulaciones subjetivas de lo que pueda llegar a ocurrir, sin bases más firmes y debidamente actualizadas que sustenten un riesgo real e inminente. De manera que, la acción resulta inadmisible también respecto de este extremo.

En consecuencia, conforme a los antecedentes jurisprudenciales precitados, esta Sala estima que el accionante carece de legitimación directa para plantear esta acción en defensa de intereses difusos.

V.- En cuanto a la defensa de intereses colectivos, esta Sala ha señalado lo siguiente:

“(…) III.- Sobre los intereses corporativos. Cómo segundo motivo de legitimación, el accionante aduce la defensa de intereses colectivos, situación contemplada en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La norma dispone: “…[N]o será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto…”. Al respecto, es oportuno señalar que la Sala ha precisado que a través de la expresión "intereses que atañen a la colectividad en su conjunto", el legislador quiso referirse a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación.  A partir de la sentencia 2006-9170 de las dieciséis horas treinta y seis minutos del veintiocho de junio del dos mil seis, este Tribunal retomó un criterio anterior, según el cual los entes corporativos están autorizados para solicitar en forma directa la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, cuando ésta afecte directamente la esfera de acción del ente y de sus integrantes, sin que tenga relevancia que la norma sea susceptible de afectar en forma directa los derechos de los agremiados. En este caso, sin embargo, esta tesis no es de aplicación, porque el accionante no acude en representación de una organización que por su naturaleza o fines, o cuyos asociados, puedan verse afectados por el Acuerdo cuestionado. Por otra parte, el accionante no puede arrogarse sin más la representación de hecho de ninguna persona u organización profesional”. (Voto n° 2014-020446 de las 09:30 horas del 17 de diciembre de 2014).

Con base en el criterio precitado, el accionante tampoco se encuentra legitimado para interponer esta acción en defensa de intereses colectivos del sector bovino, dado que que el actor no acude en representación de alguna colectividad formalmente organizada e identificada, de la cual ostente la representación legal, por lo que se encuentra imposibilitado para actuar en defensa de intereses corporativos.

VI.- CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, por carecer el accionante de legitimación directa, la acción es inadmisible y procede su rechazo de plano. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes en cuanto a la legitimación por interés difuso.

VII.- RAZONES DIFERENTES DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO Y RUEDA LEAL, en lo que respecta a intereses difusos, con redacción del último. Tal como lo hemos expresados en otros casos, estimamos que una cualidad del interés difuso consiste precisamente, en que su afectación es general -esto es, incide en toda una población o en amplios sectores de ella- dentro de un contexto, donde no se precisa que los sujetos perjudicados se conozcan entre sí (incluso podrían carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellos), pero sí se requiere de la presencia de una misma situación de daño o peligro a un bien constitucional que, por igual y sin necesidad de individualización alguna, comprende y aglomera a toda una sociedad en abstracto. Su defensa tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la sociedad como tal, por ello, es trascendente a la de un ser humano individual o colectivamente considerado. En sentencia nro. 2019-17397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019, este Tribunal reiteró lo siguiente:

“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación –como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente ha ya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República.

No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (véase la sentencia No. 2007- 01145).”

En consonancia con lo expuesto y sostenido por este Tribunal en su jurisprudencia, se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es por ello, precisamente, que, a partir de la sentencia nro. 2021-2185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021, consideramos, a diferencia de la Nombre3382 de este Tribunal, que algunos de estos intereses pueden estar plasmados en un caso particular en concreto, sin perder por ello su condición de interés difuso, tal como ocurre con la protección al ambiente, cuyo impacto afecta a una persona y a todos en general; y puede ser individualizada tal afectación en una situación en particular, como por ejemplo, la construcción de una fábrica en un sector vecino determinado, sin los estudios ambientales respectivos, cuyos efectos negativos incidan en la capa de ozono del planeta. Indudablemente el resultado de un reclamo o proceso que pueda plantear un vecino contra esa fábrica, no solo incidirá en sus intereses propios, sino también en el resto de la colectividad. Por ello, constituye un interés difuso; y, sin embargo, también es objeto de una situación particular individualizada. Ahora bien, ello no quiere decir, en modo alguno, que en toda situación invocada se pueda alegar la existencia de un interés difuso, aunque este pueda ser objeto de una situación particular. Recordemos que para que un interés sea considerado “difuso”, no solo debe afectar una colectividad, sino también debe difuminarse, difundirse en esa colectividad. Si no produce tal efecto, no puede ser considerado un interés difuso. En el caso del accionante, tal como refiere la Mayoría, la normativa impugnada no produce una afectación socialmente difuminada, sino determinada. De modo que, en este caso, lo que se vislumbra es una situación que, si bien puede ser compartida por algún grupo de personas, ese efecto no es de tal magnitud como para considerarlo un interés difuso. Por el motivo expuesto coincidimos con la Nombre3382 en desestimar esta acción.

VIII.- NOTA DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En la sentencia n.°2021-2185, invocada por la Nombre3382 para rechazar la presente acción, consigné una nota separada en la que perfilo mi interpretación respecto de la admisibilidad de las acciones en las que se invoca un supuesto interés difuso que, más bien, se debe encuadrar como un caso en el que claramente podría existir un asunto pendiente de resolución como mecanismo incidental para admitir la legitimación de la acción de inconstitucionalidad. En dicha sentencia realicé las siguientes consideraciones:

“En este asunto he concurrido con mi voto en la desestimatoria de la acción de inconstitucionalidad. Pero he optado por consignar una nota separada con la que pretendo perfilar mi criterio en relación con la legitimación y la admisibilidad de este proceso en concreto.

 En ese sentido, considero necesario precisar que lo resuelto por la Nombre3382 no significa que se pueda admitir ‒como regla general‒ que, cuando pueda existir un reclamo por una violación individual y directa, no procede per se afirmar que no corresponde tutelar paralelamente la protección de los intereses difusos. Es decir, habrá casos en que en atención a la situación jurídica sustancial afectada podría configurarse ambos supuestos.

 

 Distinto es el caso en que razonablemente se pueda desprender que, si bien se alega un interés difuso, lo que subyace es una clara utilidad personal e individual de otra naturaleza o, incluso otro derecho subjetivo que no engloba paralelamente la protección de los intereses difusos. Ese segundo supuesto el que se nos presenta en el caso concreto, en el cual, tanto la Procuraduría General de la República como el Ministro de Ambiente y Energía, evidenciaron que el actor está accionando en resguardo de un interés de corte claramente individual, relacionado con el ejercicio de su actividad comercial ordinaria, más que un genuino interés difuso de tutelar el medio ambiente. En definitiva, no parece que resulte válido utilizar “el ropaje” de un interés difuso para garantizar la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad, cuando se puede corroborar que lo que se procura es el resguardo de otro tipo de derechos o intereses que bien podrían ser tutelados en una acción de inconstitucionalidad, pero a través del supuesto contemplado en el art. 75, párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

 

 Apreciaciones que igualmente resultan de aplicación al caso concreto en el que sí podría existir un asunto incidental. En atención a lo anterior, no cabe invocar, de forma paralela, una legitimación directa por un supuesto interés difuso.

 IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

  Se rechaza de plano la acción. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal dan razones particulares en cuanto a la legitimación por intereses difusos. La magistrada Garro Vargas pone nota.

 

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 A43MLZY6DWWA61

EXPEDIENTE N° 25-004322-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:51:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 07651 - 2025**

**Date of Resolution:** March 12, 2025, at 09:20

**Case File:** 25-004322-0007-CO

**Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado

**Type of Matter:** Unconstitutionality action

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

**Text of the resolution**

****************

Exp: 25-004322-0007-CO

Res. No. 2025007651

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on March twelfth, two thousand twenty-five.

Unconstitutionality action filed by [Name Protected], of legal age, Costa Rican, lawyer and notary public, resident of San José, [Address Protected], with identity card number [ID Protected]; against articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 and TRANSITORIOS III and IV, of Executive Decree No. 44.336-MAG-S-SP-MOPT.

**Whereas:**

1.- By brief filed with the Secretariat of the Chamber on February 14, 2025, the petitioner requests that the unconstitutionality of articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 and TRANSITORIOS III and IV, of Executive Decree No. 44.336-MAG-S-SP-MOPT be declared, for violating articles 33, 41, 46, 50 and 56 of the Political Constitution and article 24 of the American Convention on Human Rights because it affects equality before the law, generates discrimination, affects the right to trade, the right to health of its inhabitants, and affects the economic interests of the national beef cattle productive sector. It also affects the well-being of the inhabitants, discouraging beef cattle production, and harms the right to work of the country's livestock sector. He bases his standing to bring this unconstitutionality action on the provisions of article 75, paragraph 2, of the Law of Constitutional Jurisdiction, according to which, when due to the nature of the matter there is no possibility of individual or direct harm, and it involves the defense of diffuse rights or rights that concern the community as a whole, the norm can be directly challenged. He states that said decree seriously harms the economic interests of the productive sector and the public health of all the inhabitants of our country. He alleges that the Administration of President Rodrigo Chaves Robles, together with the Minister of Agriculture and Livestock, Víctor Julio Carvajal Porras, the Minister of Public Works and Transport, Luis Esteban Amador Jiménez, the Minister of Health, Mary Denisse Munive Angermüller, the Minister of Public Security, Mario Zamora Cordero and the heads of SENASA, issued Executive Decree 44.336-MAG-S-SP-MOPT, "CREATION OF THE NATIONAL SYSTEM FOR INDIVIDUAL IDENTIFICATION AND TRACEABILITY OF BOVINE CATTLE AND AMENDMENTS TO THE REGULATION OF THE LAW ON BOVINE CATTLE CONTROL, PREVENTION AND PUNISHMENT OF ITS ROBBERY, THEFT AND RECEIVING OF STOLEN GOODS", which was published in La Gaceta No. 15, on Friday, January 26, 2024. This challenged decree, he notes, was to enter into force 6 months after publication, which occurred on July 26, 2024. And its general provisions will enter into force 18 months after said decree takes effect, that is, in January 2026. Despite the fact that a bovine cattle traceability system has already existed for 20 years, established in Law 8495, GENERAL LAW OF THE NATIONAL ANIMAL HEALTH SERVICE, Law No. 8495 of April 6, 2006, published in La Gaceta No. 93 of May 16, 2006, in its articles 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 and 72, which has been functioning and being implemented gradually with the entire livestock production sector of the country, the Chaves Robles Administration issued Executive Decree No. 44.336-MAG-S-SF MOPT with a new digital system for bovine cattle traceability. He argues that the decree in question is harmful to the Political Constitution in its articles 33, 41, 46, 50 and 56, and to article 24 of the American Convention on Human Rights, because the challenged articles of the executive decree 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 second paragraph, 20, 21, 22, 23, and 24 generate serious inequalities and economic disadvantages for the interests of the livestock sector, mainly for small and medium-sized cattle ranchers, for the following reasons: A. SHORT-TERM IMPLEMENTATION OF MANDATORY MEASURES: Norms alleged to be unconstitutional: "ARTICLE 7.- Identification and Registration of bovines. Every bovine must be officially identified and registered within the deadlines defined by this regulation. The mobilization and transport on public roads, the commercialization, exhibition or exposition, the slaughter of bovine cattle, or any form of tenure, that is not officially identified and registered within the deadlines defined by this regulation, is prohibited. Failure to comply with this obligation empowers SENASA to apply the sanitary measures authorized by the General Law of the National Animal Health Service, Law No. 8495 of April 6, 2006. Excluded from this requirement are cull calves that are mobilized destined for a slaughterhouse, or to an animal concentration or assembly center destined for a slaughter plant". "TRANSITORIO III.- Within a period not exceeding eighteen months after the entry into force of this regulation, what is regulated herein must be applied in its full scope. For reasons of convenience and opportunity, this period may be extended for an equal period to allow the different actors of bovine livestock production to individually identify their herds or flocks". "TRANSITORIO IV- The current movement guides that allow group mobilization without individual identification may be used for up to eighteen months after the entry into force of this regulation in order to grant time to those responsible for establishments to identify and individually register the cattle and adjust to the new provisions regarding the issuance of guides. For reasons of convenience and opportunity, this period may be extended for an equal period to allow the different actors of bovine livestock production to individually identify their herds or flocks". Reasons for unconstitutionality: 1. The executive decree in its article 7 and TRANSITORIO III and IV imposes, within a very short period of 18 months, a series of changes to guarantee the new digital model of bovine cattle traceability. This despite the fact that this system already exists and is used throughout the country through written and physical forms that the cattle rancher, the marketer, and the transporter can use easily and at low cost. 2. He points out that, despite the fact that Law 8495 was implemented in 2006, the Ministry of Agriculture and Livestock is unaware of basic data about the livestock sector. Said entity is unaware, for example, of "the total inventory of the national herd"; they do not know how many head of bovine cattle exist in the country. This is relevant because in order to implement public animal health policies, official data and information from the MAG must prevail in the competent public administration that governs the sector. This is because Law 8495 itself requires in its article 90 that technical criteria must prevail: "sanitary measures shall be based on technical, scientific and professional criteria." The decree that seeks to be implemented in 18 months has no technical support in reports with official data, because the MAG does not have them, but rather only handles "estimates." In this way, the MAG wants to implement in 18 months what it has never done on its own in 20 years since Law 8495 was implemented, forcing peasants engaged in livestock farming as medium and small producers to comply "manu militari" with all the requirements indicated in said decree, having to bear the costs themselves, being forced to use computer systems to guarantee bovine traceability within 18 months from the entry into force of said decree. This harms the producer in their rights to equal treatment, avoiding discrimination of a patrimonial nature, because their economy will be seriously affected, as this is a norm that will become mandatory in January 2026. In 10 months, harming articles 33, 41, 46 and 50 of the Magna Carta. B. IMPLEMENTATION OF THE DIIO (Official Individual Identification Device): In article 4, subsection d) of the decree, the DIIO is defined as: "Official Individual Identification Device: Set of elements that animals that have been officially identified must carry. The device consists of two components, one visual and one electronic, which must comply with the specifications defined by the National Animal Health Service (SENASA)". Decree 44.336-MAG-S-SP-MOPT obligates every owner of bovine animals to use the official individual device, in articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 second paragraph, 20, 21, 22, 23 and 24, which is also called "tagging" or ear tags that are installed through a lesion or wound to the ear of the bovine animal. Norms alleged to be unconstitutional: "ARTICLE 8.- On Official Identification Devices. Those animals that have the complete 'Official Individual Identification Device' (DIIO) and have been registered in the official database of the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle shall be considered officially identified and registered. SENASA shall apply the sanitary measures that the General Law of the National Animal Health Service, Law No. 8495 of April 6, 2006 authorizes it to apply in the case of animals not officially identified or registered". "ARTICLE 9.- Identification device and readers. The DIIO is composed of two components, one visual and one electronic. Both components make up a unique and unrepeatable pair with a single CIIO. The visual component is made up of a two-piece flag-type tag (female and male) and the electronic component shall consist of an RFID transponder inserted into a two-piece button-type tag (female and male). Both pieces of each component are coupled by means of a closing mechanism that prevents the separation of the pieces and the reuse of the devices or their pieces. The physical and technical characteristics of the official identification devices shall be defined by administrative resolution, which may be modified by SENASA in accordance with the development of new animal identification techniques and the results of performance evaluations of the devices in use, in addition to other duly justified conditions or motivations". "ARTICLE 10.- Persons authorized for the identification and registration of bovines. The identification and official registration of bovine cattle, as well as the reidentification or replacement of any of the identifiers in previously identified animals, shall be carried out by officials of SENASA, the MAG or by third parties officialized for these purposes, in accordance with the procedure to be issued for this purpose. The registration of officially identified animals is carried out through electronic forms or digital files that will be processed and stored in the official database of the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle. The procedure for the official identification and registration of animals shall be defined by SENASA. It is not permitted to remove or replace any DIIO without the authorization of SENASA". "ARTICLE 11.- Registration in database. Every officially identified bovine must be registered in the official SENASA database. The CIIO of each individual must be associated with the required descriptor data for it: sex, code of the establishment of birth or code of the establishment where it was first identified, identification of the owner or possessor, CIIO of the mother when applicable, date of birth when applicable, identification sheet". "ARTICLE 12.- Replacement of DIIO and reidentification. The replacement of the DIIO components may only be carried out by official or officialized personnel, when the following situations occur: a. When loss or deterioration of the visual component of the DIIO occurs that prevents recognition of the corresponding CIIO. In this case, it must be replaced with a new visual tag or eartag with the numbering corresponding to the last nine digits of the CIIO assigned to the animal in the electronic device; said tag or eartag must be placed in the same ear where the previous one was located. b. When loss or deterioration of the electronic component of the DIIO occurs, this must be replaced. The replacement of the electronic component of the DIIO implies the reidentification and assignment of a new CIIO to the individual, so the set of DIIO components must be replaced (electronic and visual). The newly assigned CIIO will have the information previously registered for the individual associated with it, in order to continue with its traceability history, this only in those cases where the animal maintains the visual component of the DIIO in good condition and whose CIIO is clearly visible and identifiable. c. When loss of both components of the DIIO occurs that makes it impossible to identify the animal individually, it will not be possible to associate it with any previously identified and registered individual. In these cases, SENASA shall assess the possibility of assigning a new identifier and registration, taking into account the sanitary risk. SENASA shall assess the circumstances that gave rise to the loss and, in the event that it reasons that these are not justified, shall impose sanitary measures according to the risk implied by the uncertainty regarding the origin of the animal and, therefore, its sanitary condition (precautionary principle)". "ARTICLE 13.- Those responsible for payment of the devices. The owner or person responsible for the animals must bear the cost price of the DIIO as well as that of its placement and registration for the first time. Likewise, for animals that must be reidentified or when it is necessary to replace some or all of the DIIO components". Reasons for Unconstitutionality: Decree 44.336 establishes said devices (DIIO) as an innovative process to ensure the rastreability and traceability of bovine cattle throughout the national territory, on large, medium, and small farms in the country's cattle-ranching regions. This electronic device, as regulated in articles 8 and 9, provides that the head of cattle will be considered official before SENASA, and explains in article 10 the components of the device. In articles 10, 11, and 12, it is indicated that only SENASA officials or those they designate may handle said devices, and their registration will only be done through electronic forms or digital files. These articles do not indicate or guarantee: 1. The durability of the devices, and the guarantee that these will work via the cellular network and internet matrix on rural farms throughout the country. Each time a device has to be replaced, it will be at the owner's expense, however many times the head of cattle dislodges or loses the device for a variety of reasons, generating a financial burden as stated in the challenged article 13; furthermore, the value of said devices is unknown because the decree does not state it, nor does it guarantee a value "at cost," directly harming articles 46 and 50 of the Magna Carta because they directly affect commerce, economic interests, and the well-being of the inhabitants and the large, medium, and small livestock sector with these cost overruns. 2. They do not indicate the procedure for the identification and registration of bovine animals. And the implementation of said procedures, which are unknown to cattle owners throughout the country, is left to the discretion of SENASA, affecting the right to work of each beef cattle producer on their own farms, in their own enterprises, in accordance with article 56 of the Magna Carta. He also requests that articles 14, 16, 17 paragraph II, 20, 21 and 22 of Executive Decree 44.336 be declared unconstitutional because they put beef cattle producers, their marketers, and transporters at a commercial disadvantage with the implementation of the DIIO in all their bovine rastreability and traceability activities and processes. This is because all the current and effective rastreability and traceability management is replaced by a digital one through web pages and applications on the cellular network for a livestock sector in economic crisis, with limited resources, and who are not trained in the use of such technologies, seriously affected by the digital divide. And even worse, internet and cellular network services are not guaranteed by the Executive Branch in these regions, despite this being an obligation of the Executive Branch, through its governing body in telecommunications, MINAET. Articles sought to be declared unconstitutional: "ARTICLE 14.- Movement registration. Those responsible for farms, livestock auctions, livestock fairs or exhibitions, slaughterhouses, roundups, or any other type of establishment where bovine cattle enter or exit must register in the initial SENASA database the cattle movements that occur in their establishment. The establishment of origin shall register the exit of the animals and the destination establishment their entry. The movement of animals to an establishment where they remain temporarily and for a period not exceeding the validity of the GMG with which the movement was made, shall not have to register the entry or exit movement; once that period has expired, the obligation to register the movement must be complied with". "ARTICLE 16.- Entry registration in auctions. The personnel in charge of receiving animals at livestock auctions are obligated to immediately notify SENASA of any non-correspondence between the official individual identification of the received bovines and those indicated in the movement guide that accompanies them. Those animals whose DIIO does not correspond with the CIIO indicated in the official movement guide may not be admitted or mobilized, until SENASA determines their destination. Livestock auctions must have an internal registration system that allows unequivocally linking the CIIO of each bovine entered into the establishment with the assigned internal consecutive number". "ARTICLE 17.- Entry and slaughter registration in slaughterhouses. Those responsible for slaughterhouses are obligated to register all bovines entering the establishment, prior to their slaughter, and ensure that the CIIO of each slaughtered animal is registered in the slaughterhouse's internal control system, in such a way as to unequivocally ensure the relationship between the identification of the carcasses with the CIIO corresponding to the individual from which they originate. Slaughterhouses must make the DIIOs of the slaughtered animals available to the Sanitary Authority in hygienic conditions to guarantee that the reuse of the DIIO parts or components is not possible". "ARTICLE 20.- Registration of DIIO loss or deterioration. Those responsible for farms, livestock auctions, livestock fairs or exhibitions, roundups, or any other type of establishment where bovine cattle are kept, are obligated to notify SENASA within a period not exceeding five business days of the loss or deterioration of any of the DIIO components, for their respective replacement. The indicated period shall run from the next business day after the loss or deterioration of the DIIO component occurred. The replacement of the DIIO components and the reidentification of the animals is applied as established in article 12 of this regulation". Only electronic and computer mechanisms can be used for cattle ranchers on their farms, for their commercialization, and their transport, which means an additional cost for livestock producers, who are unfamiliar with the use of computer systems and do not have guaranteed cellular network or internet network in their workplaces in remote rural sectors where such services are almost nonexistent. He points out that the State or the Public Administration, through its Executive Branch, has the obligation to guarantee the continuity of public services, as indicated in article 4 of the General Law of Public Administration, but that, in reality, in remote areas where livestock farming is practiced, such services are of low quality, have service intermittency, or are completely absent. All the previously mentioned articles will depend on article 21 of the challenged Executive Decree, which indicates: "ARTICLE 21.- Digital Interface. The registrations referred to in articles 11, 14 and 20 of this Regulation shall be made through a Web interface; through mobile applications; through digital files generated by transceivers or RFID readers or by any other means that SENASA enables for this purpose." Reasons for unconstitutionality: The entire rastreability and traceability system of Executive Decree No. 44.336 will depend on a Web interface that SENASA must enable. An institution that has no experience in managing web interfaces nor is it the governing body on the subject, and which has not trained the future users, who in this case will be cattle ranchers, marketers, and transporters of bovine cattle. He indicates that, in this way, the principle of equality of users in article 33 of the Political Constitution and article 24 of the American Convention on Human Rights is violated. Regarding the digital divide, he cites what was established by this Chamber in judgment No. 2011008408. He notes that this is the case of medium and small cattle ranchers who are left in the vulnerability of the new computer systems implemented in Executive Decree 44.336 within the 18-month period, a decree that will be mandatory by January 2026, because the livestock sector is rural, poor, and lacks the instruments for the implementation of the new technologies proposed by the challenged decree. Worse still, the farms and livestock herds are far from the country's telecommunications infrastructure, as demonstrated by the Cantonal Fixed Services Report from SUTEL for the year 2023. Likewise, he indicates that this Chamber has pointed out in judgment No. 2015004471 that the stewardship of the development of telecommunications infrastructures is not only of public interest but exceeds the cantonal level to be of national interest, and stewardship belongs to the State, through its Executive Branch and its institutions. He invokes this binding jurisprudence because the challenged Executive Decree does not guarantee cellular telephone service, landline telephone service, or fixed internet service to the users or the sector to which its effects are directed in the rural sectors of the country where livestock activity is primarily carried out. He argues that this has been the same legal position issued by the Office of the Attorney General of the Republic in its binding opinion C-003-2013 dated January 15, 2013, C-130-2018 dated June 12, 2018, and on universal telecommunications access and service, opinion C-238-2021, dated August 19, 2021, in which it has been indicated: "In this way, it not only seeks to balance the scales by establishing the principles of universality and solidarity as objectives (letters b and c of article 2), along with the commitment to free competition, but the LGT dedicates its entire chapter 1 to the so-called regime of 'Universal Access, Universal Service and Solidarity of Telecommunications' within title II dedicated to the Fundamental Guarantees of the end users of these services. Along these lines, the canon of Universality, as defined in letter a) of article 3 of the aforementioned law, incorporates the inter-territorial cohesive element, by pointing out that it comprises the 'provision of a minimum of telecommunications services to the inhabitants of all areas and regions of the country, without any discrimination under adequate conditions of quality and price' (underlining is added): while according to its letter b), Solidarity comprises what is strictly social, in attention to vulnerable or lower-income groups in society, understood as the 'establishment of mechanisms that allow real access for people with lower incomes and groups with special social needs to telecommunications services, under adequate conditions of quality and price, in order to contribute to the human development of these vulnerable populations' (underlining is added). It is of interest to underline that the positive expression of both principles in the LGT, as pillars of universal service and access, and of both figures in chapter 1 of its Title II, only makes sense in a model that entrusts the satisfactory provision of telecommunications services to free competition, as the legislator understands that, despite the recognized benefits of effective competition among providers, there are, in effect, services that from an economic or business point of view are not viable, so that without adequate public intervention they would not spontaneously reach everyone under conditions of reasonable quality and price in a way that guarantees their effective access to 'all areas and regions of the country,' with special emphasis on 'people with lower incomes and groups with special social needs.'" He indicates that the 2023 SUTEL cantonal telecommunications report and ranking is an official document, provided in this action, which reveals the deficiencies of the telecommunications infrastructure and internet connectivity in the rural sectors, which are the most vulnerable. The cantons that have a livestock tradition in the country are those with the worst coverage. In terms of fixed internet and fixed telephony, the cantons with the worst connectivity and telecommunications infrastructure are:

| Puntarenas |   | Limón |   | Alajuela |   | Heredia |   | San José |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires |   | Guácimo |   | San Carlos |   | Sarapiquí |   | León Cortés |
| Corredores |   | Matina |   | Guatuso |   |   |   | Vásquez de Coronado |
| Coto Brus |   | Pococí |   | Los Chiles |   |   |   |   |
| Golfito |   | Siquirres |   | Upala |   |   |   |   |
|   |   |   |   | Río Cuarto |   |   |   |   |

Source: 2023 SUTEL CANTONAL TELECOMMUNICATIONS REPORT AND RANKING, image on page 116. The worst cantons in terms of fixed telephony and fixed internet service penetration in the entire country.

He notes that one cannot have fixed internet service if there is no fixed telephone line in the homes of the country's livestock producers. Practically the entire southern zone of the country, the entire northern zone of Alajuela from San Carlos to the northern border, and the entire Atlantic plain, including Sarapiquí in the province of Heredia, which covers most of the territory of the Heredia province, and two milk production sectors such as León Cortés and Vásquez de Coronado in the province of San José, lack fixed telephony and fixed internet services to meet the disproportionate and irrational requirements of a digital rastreability and traceability computer matrix sought by Executive Decree 44.336 of the Executive Branch through SENASA. This entity has also not indicated what budget it manages for this web interface that they must manage, what its hours of operation will be, how much human resources will be assigned, and whether it will work 365 days a year, or will not function on public holidays and weekends, because livestock activity is daily, 365 days a year. And this service must be guaranteed like any public service and must conform to the provisions of article 4 of the General Law of Public Administration, when it states regarding the public services offered by the State: "Article 4.- The activity of public entities must be subject in its entirety to the fundamental principles of public service, to ensure its continuity, its efficiency, its adaptation to any change in the legal regime or in the social need they satisfy, and equality in the treatment of the recipients, users, or beneficiaries." The Report is clear and points out that these 16 cantons distributed across 5 provinces of the country do not have the required infrastructure to guarantee either fixed telephony or internet service to comply with the cited article 4.

In this way, livestock producers, marketers, and transporters of cattle and/or the subjects affected by the effects of said decree will be able to fully comply with the requirements of this presidential regulatory body, thereby reducing the possibilities of livestock producers being able to meet the demanding obligations and requirements of a decree that will seriously affect the productive and livestock sector of the country. He indicates that articles 22, paragraph II, 23, and 24 also have constitutional defects. He cites the norms: “ARTICLE 22.- On imported bovines. For the identification of imported animals, for purposes other than immediate slaughter or transit, DIIOs of a differentiated color will be used, the characteristics of which will be defined by an administrative resolution of SENASA”. "ARTICLE 23.- Authorization of DIIO manufacturers and suppliers. The requirements and conditions for the authorization of manufacturing companies and suppliers of DIIOs will be defined and published by means of a directive from SENASA. SENASA may implement the necessary mechanisms to verify that the devices offered by the suppliers effectively comply with the specific characteristics and conditions; if non-compliance is detected, SENASA may disqualify manufacturers and suppliers.” “ARTICLE 24.- List of readers. SENASA shall establish a list of readers (transceivers) that comply with the technical hardware and software characteristics that guarantee their compatibility with the National System for Individual Identification and Traceability of Bovine Cattle. Said list must be updated semiannually and published on its website.” Other extra costs not specified in the decree are that in article 22 paragraph II and article 23 on imported bovines and the authorization of manufacturers, the DIIO figure continues to be used, and if once the devices have been obtained, they are disqualified by SENASA, a new investment in new devices must be made when SENASA, having disqualified a provider, has decided to choose another, for whatever reasons, making livestock producers vulnerable to the obscurity of the decree's norm regarding costs, affecting their activity, their economic interests contemplated in articles 33, 41, 46, and 50 of the Magna Carta. These three articles are subject to the SENASA web interface, for which reason he requests they be declared unconstitutional, due to the lack of telecommunications infrastructure so that livestock producers can be on equal footing and so that livestock producers are not vulnerable to the digital divide for compliance with said enacted regulations. The OFFICIAL MOVEMENT GUIDES, articles 25, 26, and 27 of Decree No. 44.336-MAG-S-SP-MOPT, violate articles 33, 41, 46, 50, 56, and 24 of the American Convention on Human Rights. Grounds for Unconstitutionality: He states that, through Executive Decree No. 44.336-MAG-S-SP-MOPT, articles 25, 26, and 27 of the Regulation to the Law for the Control of Bovine Cattle, Prevention and Punishment of its Robbery, Theft, and Receiving, Executive Decree No. 37918 of July 8, 2013, were reformed, in the definitions of "Official Movement Guide" and "Original of the Official Movement Guide" contained in subsections n) and r) of article 2, and Chapter I "On the Official Movement Guide" of Title II, "Movement of bovine cattle and transport of products and by-products", as well as article 29 subsection c), d), l), h), o), and p), 37, 50, 53, 55, and 59 that affect the transport of bovine cattle, so that these OFFICIAL MOVEMENT GUIDES must be eminently digital, giving validity to the forms, but on this occasion all in digital form. This generates serious harm to the commercial and productive activity of the livestock sector, since, given the lack of telecommunications infrastructure in the Nombre3382 of the country's rural livestock sectors, it is materially impossible to comply with the requirements of said guides for the livestock sector. Currently under Law 8495, the official movement guides function in physical form and allow the fulfillment of SENASA's inspection, control, traceability, and tracking objectives. The digital system cannot be mandatory but must be voluntary and should allow users to migrate from one system to another gradually. And not in a few months as the decree demands by January 2026, when it will become mandatory. He argues that the challenged decree threatens human and animal health and violates article 50 of the Political Constitution, since for the implementation of ear tags in bovine cattle known as DIIO, it is necessary to cause lesions in the ears of each animal, and in 18 months this measure must be mandatory for the national herd (approximately 1 million bovine animals). At this moment, the entire country is under the influence of MYIASIS, or screwworm. According to the Epidemiological Bulletin of March 2023, SENASA stated: “Myiasis caused by Screwworm (Cochliomyia hominivorax) Myiasis by Cochliomyia hominivorax (or New World screwworm) is a parasite of mammals, including humans, during its larval stages. The species is included in the subfamily Chrysomyinae of the family Calliphoridae of the order Diptera (true flies). The larvae feed on the skin and underlying tissues; the infestation is usually contracted at sites with previous wounds, due to natural causes or livestock practices, but they can also occur in the mucous membranes of body orifices. Female flies are attracted to wounds, on the edges of which each female deposits an average of 343 eggs. The larvae emerge after 12-24 hours and immediately begin to feed, burrowing headfirst into the wound. After a development that includes three larval stages and two molts, the larvae leave the wound and drop to the ground, into which they burrow until reaching the pupal stage; the complete cycle can finish in less than 3 weeks. In general, treatment is carried out by applying organophosphate insecticides to the infested wounds, both to kill the larvae and to provide residual protection against reinfestation. Strict control of animal movements outside the affected areas is also a preventive measure. Costa Rica has been free of this myiasis, which can cause significant damage to the livestock industry, since 1999, and was officially declared free in 2000, after an agreement with the United States for an intensive program, which was executed from 1995. North and Central America have been free of this pest for several years. In 2021, Panama reported cases of screwworm in bovine cattle in the eastern zone of the country. In July 2023, Panama reported cases just 200 km from the border with Costa Rica. On July 14, Costa Rica confirmed the first case of screwworm in a dog on the border with Panama.” Said Bulletin includes the zones and the number of bovine animals that may be vulnerable to the disease, which is expanding throughout the national territory and has not been able to be controlled by the Ministry of Agriculture and Livestock. With the implementation of this decree 44336-MAG-S-PS-GANADERÍA, and with the implementation of decree 44.336-MAG-S-PS-MOPT, which will be mandatory starting in January 2026, the livestock practice of the DIIO or device or ear tag in the animals' ear with a wound will expose the national herd to a true national epidemic of screwworm. The harm to human health and the well-being of the inhabitants is endangered by the implementation of said regulations challenged in this action, so that they may be declared unconstitutional, as it directly affects article 50 of the Constitution, in addition to the damages and losses that the implementation of said decree will cause to the economic interests of meat and bovine milk producers throughout the country's productive sector.

 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition submitted to its knowledge that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of an equal or similar previous petition that was rejected.

 Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considering:

 I.- On the formal prerequisites for the admissibility of the action. The unconstitutionality action is a process with certain formalities, which must be satisfied so that the Chamber can validly hear the merits of the challenge. In that sense, article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the prerequisites for the admissibility of the unconstitutionality action. First, it requires the existence of a prior matter pending resolution, either through judicial channels, or in the procedure to exhaust the administrative channel, in which the unconstitutionality has been invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered violated. In the second and third paragraphs, the law establishes exceptionally prerequisites in which the prior matter is not required, when, due to the nature of the matter, there is no individual and direct injury, or it concerns the defense of diffuse or collective interests, or when it is filed directly by the Comptroller General of the Republic, the Attorney General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, and the Ombudsman.

II.- Now then, regarding the requirement of a matter pending resolution, this Chamber, by means of judgment No. 1995-4190, of 11:33 a.m. on July 28, 1995, indicated the following:

“First, it is a process of an incidental nature, and not a direct or popular action, which means that the existence of a matter pending resolution is required—whether before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative channel—to be able to access the constitutional channel, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right considered violated in the main matter, so that what is resolved by the Constitutional Court has a positive or negative impact on said pending process, since it rules on the constitutionality of the norms that must be applied in said matter; and only by exception does the legislation allow direct access to this channel—prerequisites of the second and third paragraphs of article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction.”

Thus, the requirement of a prior matter pending resolution does not constitute a merely formal requirement, since the mere existence of a base matter is not enough, nor is the simple invocation of unconstitutionality, as it is also required that the action be a reasonable means to protect the right or interest that is considered violated. This means that it is necessary to verify the existence of a matter in which the fundamental rights of persons are at stake and in which the challenged norms have a direct impact on the resolution of the case (see in the same sense judgments numbers 1668-90, 4085-93, 798-94, 3615-94, 409-I-95, 851-95, 4190-95 and 791-96). Likewise, there are other formalities that must be fulfilled, namely, the explicit determination of the challenged regulations, duly substantiated, with specific citation of the constitutional norms and principles considered infringed, the authentication by a lawyer of the writing in which the action is filed, the accreditation of the conditions of standing (powers of attorney and certifications), as well as the literal certification of the writing in which the unconstitutionality of the norms was invoked in the base matter, all requirements that, if not fulfilled by the plaintiff, result in the inadmission of the action.

III.- On the lack of standing of the plaintiff. The plaintiff appears to file this process without having a base matter, alleging that he bases his standing to promote this unconstitutionality action solely and literally on the following: “in the provisions of article 75 paragraph 2 of the Law of Constitutional Jurisdiction, according to which, when by the nature of the matter there is no possibility of individual or direct injury, it concerns the defense of diffuse rights or those that concern the community as a whole, the norm can be challenged directly. Said decree seriously injures the economic interests of the productive sector and the public health of all the inhabitants of our country”.

Let the plaintiff note that the assumptions set forth in that paragraph of article 75 for acting directly are different, and none of them was duly substantiated. Even so, the standing invoked in that manner proves inadmissible, as indicated below. The plaintiff claims to have direct standing because he acts against a decree that “seriously injures the economic interests of the productive sector and the public health of all the inhabitants of our country.” However, this Chamber, by majority, has held that when the norm being challenged is susceptible to individual application, one cannot invoke the defense of diffuse interests to admit the action. Thus, in vote No. 2021-002185 of 12:51 p.m. on February 3, 2021, this Constitutional Court stated the following:

 

“(…) II.- On diffuse interests and the standing of the plaintiffs in the case under study. The plaintiffs state that their standing stems from the defense of diffuse interests regarding the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, it should be noted that, as already mentioned, the assumptions of the second paragraph of article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction constitute exceptions to the rule contained in the first paragraph of the same article, which must be carefully analyzed in each specific case. The diffuse interest has been understood as that interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, which may be shared by other persons, all the interested parties forming a determined group or category. Thus, the violation of that right may affect everyone in general or each one in particular, meaning that any member of the community may file the action to protect the right deemed violated. On this matter, the reiterated jurisprudence of the Chamber indicates that:

\"It has been pointed out that it is a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the preceding considering, but which cannot become so broad and generic that it is confused with the right recognized to all members of society to ensure constitutional legality, since the latter—as has been repeatedly stated—is excluded from the current system of constitutional review. It is, therefore, an interest distributed in each of the administered parties, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable, for the defense, in this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights themselves and not the particular situation of the subjects who may hold them that are the key to distinguishing and determining the presence of the so-called diffuse interests, as has been stated in different resolutions such as 03705-93 of three p.m. on July thirty for the right to the environment, number 05753-93 of two forty-five p.m. on November nine of that same year for the defense of historical heritage, and number 00980-91 of one thirty p.m. on May twenty-four, nineteen ninety-one for electoral matters.\" –see judgment number 360-90-

From this definition, it is possible to estimate that the diffuse interest is made up of an eminently subjective element, relating to its belonging to or ownership of the interest, and another objective element, related to the incidence of the good in society, which distinguishes it from other legal situations. In relation to the first—the subjective one—it is clear that it is found spread among an unidentified human group, which co-participates in the enjoyment of the legal good object of the interest, but whose composition does not result from an identifiable, encompassable set of subjects with relatively clear contours, as occurs in the collective interest. And from the objective perspective, it must be clarified that not every \"spread\" interest acquires the legal category of \"diffuse interest,\" but only those imbued with profound social relevance, whose assessment results from the circumstances of each case—see, among others, judgments numbers 2006-15960 and 2014-4904-. In this sense, just as it has been said that this interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to ensure constitutional legality—which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Law of Constitutional Jurisdiction—, neither can it be so concrete that it allows individual claim, for in such a case, standing would derive from that claim—see, among others, judgments numbers 2008-13442, 2009-300 and 2009-9201-. Thus, examples of such interests are the right to a healthy and harmonious environment, the defense of historical heritage, electoral matters, the defense of the right to health, and the oversight of public funds. Consequently, in the case under study, where the plaintiffs refer their standing to the defense of diffuse interests in matters of protection to a healthy and ecologically balanced environment, the correct course is to rule as indicated in the following considerings.

(…)

In the action now under review, the same plaintiffs challenge the same norms of articles 50 and 51 of the Regulation in question, as well as article 52 of the same instrument, and although, beyond the sustainability of breeding farms (zoocriaderos), in this action they focus on issues of ex situ conservation and environmental education—which was also pointed out in that previous action—the truth is that this Chamber's own definition on standing, as established in the cited judgment, is fully applicable in this new action. Note that, certainly, as the Attorney General's Office clearly points out and the Minister of Environment and Energy emphatically states, the regulations being questioned are indeed fully susceptible to individual application and to directly affecting the legal sphere of singular and identifiable persons, who carry out a specific activity, subject to the regulation indicated in the Wildlife Conservation Law and its regulation. Thus, it is clear that contrary to the alleged defense of diffuse interests, what is at issue is some degree of disagreement with the subjection they must submit to for the regulation of the activity they carry out or intend to carry out; see that, as the report of the Minister of Environment and Energy rightly states, the plaintiffs are directly related as founders, managers, or employees of various companies related to the exhibition of wildlife or its tourism promotion. Thus, it is unfeasible to allege alleged conservation and environmental education problems, to use the figure of diffuse interests and thereby promote a direct unconstitutionality action bypassing the strict admissibility requirements indicated in the Law of Constitutional Jurisdiction, as stated in considerings II and III of this resolution.

 Under this understanding, and taking into consideration the identity of the plaintiffs and the regulations questioned, it is clear that the precedent of judgment 2018-18563 is fully applicable to this action now under review, from which it must necessarily be concluded that, as on that previous occasion, the plaintiffs lack standing to file this process, making it inadmissible to hear and rule on the aspects raised. Consequently, the appropriate course is to dismiss this action” (the underlining does not correspond to the original).

 In a similar sense, in judgment No. 2021-011994 of 4:30 p.m. on May 26, 2021, this Chamber ordered that:

“(…) It is reiterated that the diffuse interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to ensure constitutional legality (which would imply the tacit establishment of a popular action not contemplated by the Law of Constitutional Jurisdiction); but neither can it be so concrete that it allows individual claim, for, in such a case, standing would derive from that claim (…)”.

 

Based on the foregoing considerations, it is appropriate to analyze the regulations challenged here and the right the plaintiff alleges was violated.

IV.- The plaintiff challenges articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 and TRANSITORIOS III and IV, of Executive Decree No. 44.336-MAG-S-SP-MOPT, called "CREATION OF THE NATIONAL SYSTEM FOR INDIVIDUAL IDENTIFICATION AND TRACEABILITY OF BOVINE CATTLE and AMENDMENTS TO THE REGULATION TO THE LAW FOR THE CONTROL OF BOVINE CATTLE, PREVENTION AND PUNISHMENT OF ITS ROBBERY, THEFT, AND RECEIVING", for violating articles 33, 41, 46, 50, and 56 of the Political Constitution and article 24 of the American Convention on Human Rights, because it affects equality before the law, generates discrimination, affects the right to trade, the right to health of its inhabitants, and affects the economic interests of the national beef production sector. It also affects the well-being of the inhabitants, discouraging beef production, and harms the right to work of the country's livestock sector. He states that the challenged norms generate serious inequalities and economic disadvantages for the interests of the livestock sector, mainly for small and medium-sized livestock producers. Note that, from the outset, the plaintiff admits to challenging the regulations in question because the livestock sector is affected, as he indicates, meaning: livestock producers, marketers, and transporters of bovine cattle. That is to say, he refers to a completely identifiable group of affected parties. Given this situation, the questioned norms are susceptible to individual application and to directly affecting the legal sphere of identifiable persons, that is, in this case, those who carry out livestock activity from those different perspectives, it being sufficient for this that any of them present in some specific administrative procedure or judicial process a claim against the obligation imposed on them and that for some reason they cannot assume, such as, for example, the issue of the digital divide. For greater clarity, let us see the arguments and reasons of unconstitutionality raised by the plaintiff:

1- He argues that articles 7, and transitorios III and IV of the challenged decree impose a very short and irrational deadline of 18 months for the livestock sector to make a series of changes to guarantee the new digital model for bovine cattle traceability. This, despite the fact that a physical system already exists that is used throughout the entire country, by means of which the livestock producer, the marketer, and the transporter can use it easily and at low cost. He argues that this 18-month deadline to implement it has no technical support in reports with official data, because the MAG does not have them, and that it intends to implement in 18 months what it has never done on its own in 20 years since Law 8495 was implemented, forcing peasants dedicated to livestock farming as medium and small producers to comply "manu militari" with all the requirements set forth in said decree, assuming all the costs, as they are obliged to use computer systems to guarantee bovine traceability. He indicates that this injures the producer in their rights to equal treatment, avoiding discrimination of a patrimonial nature, because their economy will be seriously affected when this norm becomes mandatory in January 2026, injuring articles 33, 41, 46, and 50 of the Magna Carta.

2- He challenges articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 second paragraph, 20, 21, 22, 23, and 24 of the challenged decree, for establishing the Official Individual Identification Device -DIIO-, by which all owners of bovine animals are obliged to use it, which is also called "ear-tagging" (areteo) or ear tags that are installed by means of a lesion or wound to the ear of the bovine animal. He states that this electronic device, as regulated in articles 8 and 9, makes the head of cattle considered official before SENASA and article 10 sets out the components of the device. He argues that articles 10, 11, and 12 indicate that only SENASA officials or those they designate may handle said devices, and the registration of the same will only be done by means of electronic forms or digital files. He alleges that these articles do not indicate or guarantee: 1. The durability of the devices and the guarantee that they will function through the cellular network and internet matrix in rural farms throughout the country, which implies that, each time a device needs to be replaced, it will be at the owner's expense, generating a financial burden as affirmed by article 13 being challenged, and additionally, the value of said devices is unknown because the decree does not state it, nor does it guarantee a value "at cost," directly injuring articles 46 and 50 of the Magna Carta because they affect trade, economic interests, and the well-being of the inhabitants and the large, medium, and small livestock sector with said extra costs. 2. They do not indicate the procedure for the identification and registration of bovine animals. And the implementation of said procedures, which are unknown to livestock owners throughout the country, is left to the discretion of SENASA, affecting the right to work of each beef producer on their own farms, in their own ventures, in accordance with article 56 of the Magna Carta.

3- He considers that articles 14, 16, 17 paragraph II, 20, 21, and 22 of Executive Decree 44.336 are also unconstitutional because they leave beef producers, their marketers, and transporters at a commercial disadvantage with the implementation of the DIIO in all their bovine traceability and tracking activities and processes, since all current and effective management is replaced by a digital one, through web pages and applications on the cellular network for a livestock sector in economic crisis, with limited resources, and who are not trained for the use of such technologies, seriously affected by the digital divide, since internet and cellular network services are not guaranteed by the Executive Branch in said regions. In summary, he questions the cost of implementation and access to technologies, because everything must be digital.

4- Regarding article 21 of Decree No. 44.336-MAG-S-SP-MOPT, he challenges SENASA's capacity to enable the Web interface, on which the entire bovine sector will depend. He indicates that the digital divide violates the principle of equality of users in article 33 of the Political Constitution and article 24 of the American Convention on Human Rights, because the Nombre3382 of the areas where the cattle are located lack internet, which will make its implementation futile and increase the cost for this sector to adjust to the guidelines of this decree.

5- He challenges article 22 paragraph II and article 23 of the same decree, for establishing other extra costs not specified therein, since if the system does not end up being enabled by SENASA, they would cause them to incur unnecessary expenses and another type of device, affecting their activity, their economic interests contemplated in articles 33, 41, 46, and 50 of the Magna Carta. These three articles are subject to the SENASA web interface, for which reason he requests they be declared unconstitutional, due to the lack of telecommunications infrastructure so that livestock producers can be on equal footing and so that livestock producers are not vulnerable to the digital divide for compliance with said enacted regulations.

6- He indicates that articles 25, 26, 27 of the challenged decree violate articles 33, 41, 46, 50, 56, and 24 of the American Convention on Human Rights, because the official movement guides are required to be digital, and he challenges articles 29 subsection c), d), l), h), o), and p), 37, 50, 53, 55, and 59, because they also affect the transport of bovine cattle, given the lack of telecommunications infrastructure in the Nombre3382 of the country's rural livestock sectors, which would make it materially impossible to comply with the requirements of said guides for the livestock sector.

He argues that the digital system cannot be mandatory, but rather must be voluntary and should allow users to migrate from one system to another gradually. And not in a matter of months as required by the decree by January 2026, when it will become mandatory.

7-   He argues that the challenged decree threatens human and animal health and violates Article 50 of the Political Constitution, because in January 2026, when this part of the decree enters into force and the ear tag known as DIIO must be implemented in cattle, it must be placed in the animal's ear, which opens a wound that may be exposed and affected by the screwworm (gusano barrenador), which is very harmful, which could generate a national epidemic, affecting the economic interests of beef and dairy cattle producers throughout the country's entire productive sector.

From the foregoing, it is evident that the allegations of the claimant set forth in points 1 through 6 concern apparent specific and targeted impacts on the cattle sector, since they involve rules that, in summary, seek to implement a new official cattle traceability and tracking (trazabilidad y rastreabilidad) system in the country, through a digital medium, and therefore provide for the type of device to be used (DIIO) (Art. 8), how it will be constituted (Art. 9), the persons authorized for the identification and registration of cattle (Art. 10), the manner in which cattle will be moved (Arts. 14, 25, 26 and 27), the deadline for implementing it (Arts. 7, Transitory III and IV), who will be responsible for making it official (Art. 21), the registration of data (Art. 11), the manner in which the replacement of the DIIO and re-identification, due to loss or deterioration, will be carried out (Arts. 12 and 20), those responsible for bearing the costs (Art. 13), the entry registration at auctions and slaughterhouses (Arts. 16 and 17), how the identification of imported cattle will be carried out (Art. 22), the authorization of manufacturers and suppliers of DIIO (Art. 23), and the list of readers -transceivers- (Art. 24). All of the foregoing denotes that we are not facing a case of diffuse interests (intereses difusos), but rather the apparent impact on a well-defined sector, which, moreover, would be subject to individual application of each of the challenged norms, and therefore the claimant lacks direct standing (legitimación directa) to bring an action, based on the allegation of appearing before the Chamber in defense of diffuse interests, as already indicated. Thus, it is clear that, contrary to the proper content of a diffuse interest and its viability to support standing to file an unconstitutionality action without the need for a prior case, what is alleged by the claimant falls far short of constituting a diffuse interest as such, since, in accordance with what was indicated in previous paragraphs, what is alleged by the actor concerns general regulations that may well be subject to acts of individual application, at which point some situation could be determined within the sphere of legality or constitutionality, if that were the case, but not to argue, in the general terms proposed, that this action is plausible in defense of diffuse interests.

On the other hand, in relation to allegation number 7, whose impact on a healthy environment (ambiente sano) is raised by the claimant, it is also not appropriate to support standing for the filing of this action and must likewise be rejected, as these are merely speculative arguments. The petitioner points out that, as a result of the manner in which the device will be implanted in the cattle's ear, a wound will be produced that, by being exposed, could be infected by the screwworm. However, an unconstitutionality argument cannot be based on mere subjective speculations of what might eventually occur, without a firmer and duly updated basis supporting a real and imminent risk. Therefore, the action is also inadmissible with respect to this point.

Consequently, in accordance with the aforementioned jurisprudential precedents, this Chamber considers that the claimant lacks direct standing to bring this action in defense of diffuse interests.

V.- As to the defense of collective interests (intereses colectivos), this Chamber has stated the following:

"(…) III.- On corporate interests (intereses corporativos). As a second ground for standing, the claimant argues the defense of collective interests, a situation contemplated in the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional). The rule provides: "…[I]t shall not be necessary to have a prior case pending resolution when, due to the nature of the matter, there is no individual and direct injury, or it involves the defense of diffuse interests, or those that concern the community as a whole…". In this regard, it is appropriate to note that the Chamber has specified that through the expression "interests that concern the community as a whole," the legislator intended to refer to the standing held by a corporate entity, when it acts through its representatives in defense of the rights and interests of the persons who make up its associative base and provided that it involves the questioning of norms or provisions that affect that core of rights or interests that constitutes the reason for being and the binding factor of the group. As of decision 2006-9170 of sixteen hours thirty-six minutes of June twenty-eight, two thousand six, this Court resumed a previous criterion, according to which corporate entities are authorized to directly request the declaration of unconstitutionality of a norm, when it directly affects the sphere of action of the entity and its members, without it being relevant whether the norm is capable of directly affecting the rights of the members. In this case, however, this thesis does not apply, because the claimant does not appear on behalf of an organization that by its nature or purposes, or whose associates, may be affected by the challenged Agreement. Moreover, the claimant cannot simply arrogate to himself the de facto representation of any person or professional organization." (Vote No. 2014-020446 of 09:30 hours of December 17, 2014).

Based on the aforementioned criterion, the claimant also lacks standing to bring this action in defense of the collective interests of the cattle sector, given that the actor does not appear on behalf of any formally organized and identified community, of which he holds legal representation, and therefore he is unable to act in defense of corporate interests.

VI.- CONCLUSION. By virtue of the foregoing, because the claimant lacks direct standing, the action is inadmissible and its outright rejection is in order. Magistrate Rueda Leal gives different reasons regarding standing based on diffuse interest.

VII.- DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATES CRUZ CASTRO AND RUEDA LEAL, with respect to diffuse interests, as drafted by the latter. As we have expressed in other cases, we consider that a quality of the diffuse interest consists precisely in the fact that its impact is general —that is, it affects an entire population or broad sectors thereof— within a context where it is not required that the affected subjects know each other (they may even lack any nexus or legal relationships among themselves), but it does require the presence of the same situation of harm or danger to a constitutional right (bien constitucional) that, equally and without any need for individualization, encompasses and brings together an entire society in the abstract. Its defense aims to satisfy a need of society as such; therefore, it transcends that of an individual human being considered individually or collectively. In decision No. 2019-17397 of 12:54 hours of September 11, 2019, this Court reiterated the following:

"(…) Secondly, the possibility of appearing in defense of 'diffuse interests' is provided for; this concept, whose content has been gradually delineated by the Chamber, could be summarized in the terms used in the decision of this court number 3750-93, of fifteen hours of July thirty, nineteen ninety-three): '… Diffuse interests, although difficult to define and more difficult to identify, cannot be in our law —as this Chamber has already said— merely collective interests; nor so diffuse that their ownership becomes confused with that of the national community as a whole, nor so concrete that in relation to them, determined persons, or personalized groups, are identified or easily identifiable, whose standing would derive, not from diffuse interests, but from the corporate ones that concern a community as a whole. It is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and, therefore, receive harm, actual or potential, more or less equal for all, for which reason it is correctly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests share a dual nature, since they are at once collective —for being common to a generality— and individual, for which reason they can be claimed in such capacity.'

In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of persons not formally organized, but united based on a certain social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. The interest, in these cases, is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. In these cases, of course, the challenge that a member of one of these sectors could make under the protection of paragraph 2 of Article 75 must necessarily refer to provisions that affect them as such. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the qualifier of 'diffuse,' such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the sound management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the referred rights transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer in principle to aspects that affect the national community and not particular groups thereof; environmental damage does not only affect the residents of a region or consumers of a product, but injures or seriously endangers the natural heritage of the entire country and even of Humanity; similarly, the defense of the sound management of public funds authorized in the Budget of the Republic is an interest of all the inhabitants of Costa Rica, not just of any one group of them. On the other hand, the enumeration that the Constitutional Chamber has made is nothing more than a simple description inherent to its obligation —as a jurisdictional body— to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible in any way to come to understand that only those that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights; the foregoing would imply an undesirable turn in the scope of the Rule of Law, and of its correlative 'State of rights,' which —as in the case of the Costa Rican model— is based on the premise that what must be express are the limits to freedoms, since these underlie the human condition itself and therefore do not require official recognition. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law speaks of interests 'that concern the community as a whole,' it refers to the legal rights (bienes jurídicos) explained in the preceding lines, that is, those whose ownership rests with the very holders of sovereignty, with each one of the inhabitants of the Republic.

It is not therefore a matter of any person being able to appear before the Constitutional Chamber in protection of any interests (popular action), but rather that any individual can act in defense of those rights that affect the entire national community, without any attempt at an exhaustive enumeration being valid in this field either." (see decision No. 2007- 01145)."

In line with what has been stated and sustained by this Court in its jurisprudence, it is therefore a matter of individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and, therefore, receive harm, actual or potential, more or less equal for all, for which reason it is correctly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. It is precisely for this reason that, as of decision No. 2021-2185 of 12:51 hours of February 3, 2021, we consider, unlike the Majority of this Court, that some of these interests may be embodied in a particular concrete case, without thereby losing their status as a diffuse interest, as occurs with environmental protection, whose impact affects one person and everyone in general; and such impact can be individualized in a particular situation, such as, for example, the construction of a factory in a specific neighboring sector, without the respective environmental studies, the negative effects of which impact the planet's ozone layer. Undoubtedly, the result of a claim or process that a neighbor may bring against that factory will not only affect their own interests, but also those of the rest of the community. Therefore, it constitutes a diffuse interest; and yet, it is also the subject of a particular individualized situation. However, this does not mean, in any way, that in every invoked situation the existence of a diffuse interest can be alleged, even if it may be the subject of a particular situation. Let us remember that for an interest to be considered "diffuse," it must not only affect a community, but must also become blurred, disseminated within that community. If it does not produce such an effect, it cannot be considered a diffuse interest. In the case of the claimant, as the Majority states, the challenged regulations do not produce a socially diffused impact, but rather a specific one. So, in this case, what is glimpsed is a situation that, although it may be shared by some group of persons, that effect is not of such magnitude as to consider it a diffuse interest. For the stated reason, we concur with the Majority in dismissing this action.

VIII.- NOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. In decision No. 2021-2185, invoked by the Majority to reject this action, I recorded a separate note in which I outline my interpretation regarding the admissibility of actions in which an alleged diffuse interest is invoked that, rather, must be classified as a case in which there could clearly exist a pending matter for resolution as an incidental mechanism to admit the standing for the unconstitutionality action. In that decision, I made the following considerations:

"In this matter I have concurred with my vote in the dismissal of the unconstitutionality action. But I have chosen to record a separate note with which I intend to outline my criterion in relation to standing and the admissibility of this specific process.

In that sense, I consider it necessary to specify that what was decided by the Majority does not mean that it can be admitted —as a general rule— that, when a claim for an individual and direct violation may exist, it is not per se appropriate to affirm that it is not proper to simultaneously protect the protection of diffuse interests. That is, there will be cases in which, in view of the substantial legal situation affected, both suppositions could be configured.

Different is the case in which it can reasonably be inferred that, although a diffuse interest is alleged, what underlies it is a clear personal and individual utility of another nature or, even another subjective right that does not simultaneously encompass the protection of diffuse interests. This second supposition is the one presented to us in the specific case, in which both the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) and the Minister of Environment and Energy showed that the actor is bringing action in protection of a clearly individual interest, related to the exercise of his ordinary commercial activity, rather than a genuine diffuse interest of protecting the environment. In short, it does not appear valid to use 'the garb' of a diffuse interest to guarantee the admissibility of an unconstitutionality action, when it can be corroborated that what is sought is the protection of other types of rights or interests that could well be protected in an unconstitutionality action, but through the supposition contemplated in Art. 75, paragraph 1, of the Constitutional Jurisdiction Law."

Considerations that are equally applicable to the specific case in which an incidental matter could indeed exist. In view of the foregoing, it is not appropriate to invoke, in parallel, direct standing based on an alleged diffuse interest.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The action is rejected outright. Magistrates Cruz Castro and Rueda Leal give particular reasons regarding standing based on diffuse interests. Magistrate Garro Vargas makes a note.

Fernando Cruz C.

Acting President a.i

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ana Cristina Fernandez A.

Digitally Signed Document

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A43MLZY6DWWA61

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 09:51:41.

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