Res. 06034-2025 Sala Constitucional — Ex officio correction to include municipal costs in amparo concerning wastewater and pedestrian mobilityCorrección de oficio condenatoria en costas a municipalidad en amparo sobre aguas residuales y movilidad peatonal

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Sala Constitucional

Resolución Nº 06034 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Febrero del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-009767-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 24-009767-0007-CO

Res. Nº 2025006034

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil veinticinco .

Gestión de oficio de corrección de la parte dispositiva de la sentencia No. 2025-003649 de las 09:20 horas del 07 de febrero de 2025 dictada en el recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-009767-0007-CO, interpuesto por Nombre646, mayor, cédula de identidad CED16095, contra el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Paraíso.

Resultando:

1.- Mediante la sentencia No. 2025-003649 de las 09:20 horas del 07 de febrero de 2025, esta Sala declaró parcialmente con lugar el recurso, por la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte del INCOFER y por la lesión al derecho de petición en que incurrió la Municipalidad de Paraíso, en perjuicio del recurrente. De ahí que dispuso en la parte dispositiva lo siguiente: 

“Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso, por la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte del INCOFER y por la lesión al derecho de petición de la Municipalidad de Paraíso. En consecuencia, se ordena a Nombre55817, en su condición de presidente ejecutivo del INCOFER, o a quien ocupe dicho cargo, que gire las órdenes pertinentes en el ámbito de sus competencias y gestione lo correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, dentro del plazo establecido en dicho acto administrativo, es decir, hasta el 17 de febrero de 2025. A su vez, se ordena a Nombre47835 y Nombre56940, en sus respectivas condiciones de alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de Paraíso, que adopten las medidas necesarias para que, dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se entregue la información solicitada en los oficios del 11 y 15 de marzo de 2024 planteados por el recurrente. Se advierte a la parte recurrida, o a quien ocupe su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Ferrocarriles al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese”.

 

2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

  Considerando:

I.- El artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro del tercer día y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo.

II.- De la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, se desprende que presenta un error material, el cual debe ser corregido de oficio por parte de esta Sala, a la luz de lo preceptuado por el numeral 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En ese sentido, por un error involuntario, este Tribunal omitió incluir que también se condena a la Municipalidad de Paraíso al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, a igual que se hizo con INCOFER, pues ambas autoridades fueron consideradas responsables en la inobservancia de los derechos fundamentales del recurrente. Reiteradamente, ha sostenido esta Sala que sus sentencias deben ser comprendidas como una unidad, en la cual la petitoria, considerativa y la parte dispositiva no son partes aisladas de lo expresado en la resolución. En virtud de esto, queda claro que la sentencia en su totalidad no debe ser alterada para subsanar esta equivocación, sino apenas y de manera oficiosa se incluye en la parte dispositiva la condenatoria omitida. Así las cosas, se corrige ese error material. En lo demás, queda incólume la sentencia.

Por tanto:

Se corrige de oficio el error material contenido en la parte dispositiva de la sentencia No. 2025-003649 de las 09:20 horas del 07 de febrero de 2025, para que sea lea de la siguiente forma: "Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso, por la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte del INCOFER y por la lesión al derecho de petición de la Municipalidad de Paraíso. En consecuencia, se ordena a Nombre55817, en su condición de presidente ejecutivo del INCOFER, o a quien ocupe dicho cargo, que gire las órdenes pertinentes en el ámbito de sus competencias y gestione lo correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, dentro del plazo establecido en dicho acto administrativo, es decir, hasta el 17 de febrero de 2025. A su vez, se ordena a Nombre47835 y Nombre56940, en sus respectivas condiciones de alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de Paraíso, que adopten las medidas necesarias para que, dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se entregue la información solicitada en los oficios del 11 y 15 de marzo de 2024 planteados por el recurrente. Se advierte a la parte recurrida, o a quien ocupe su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Ferrocarriles y a la Municipalidad de Paraíso al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese”.

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana María Picado B.

 

Exp: 24-009767-0007-CO

Res. Nº 2025003649

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de febrero de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-009767-0007-CO, interpuesto por [Nombre443 001], cédula de identidad [CED72], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER), el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO.

Resultando:

 1.- Por escrito presentado ante esta Sala a las 14:04 horas del 15:52 horas del 14 de abril de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra del INCOFER, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Paraíso. Manifiesta que los terrenos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) ubicados en Cartago, Paraíso, Dirección1934, no cuentan con disposición adecuada de aguas residuales y aguas negras sin tratar. Así lo confirma el informe técnico del Ministerio de Salud de 30 de mayo de 2023, oficio No. MS DRRSCE-DARSP-IT-0338-2023 (véase prueba aportada). Acusa la falta de resolución de la denuncia ambiental que llevó a la emisión de las órdenes sanitarias No. MS-DRRCE-DARSP-OS-00158-2023 y No. MS-DRRCE-DARSP-OS-0244 2022, por parte del Área Rectora de Salud de Paraíso (véase prueba aportada). Asimismo, aduce que, según dispone la normativa que rige al INCOFER, este debe construir las aceras en el sitio, lo que no ha ocurrido, situación que pone en riesgo la seguridad de los habitantes debido al alto tránsito que pasa por este lugar. Indica que remitió al Concejo de Paraíso una nota de fecha el 11 de marzo de 2024, en la que hizo ver lo necesario de que el gobierno local haga cumplir la Ley de Movilidad Peatonal No. 9976, la cual establece claramente la responsabilidad tanto de los propietarios como de las autoridades locales y el gobierno central en la creación, en el mantenimiento de aceras seguras y accesibles para todos los peatones. En la mencionada nota, pidió la instalación de aceras "(...) en la zona que abarca desde el Bar Rincón del Mono 600 metros al este, en Paraíso de Cartago o donde se encuentra la parada de buses (...)". Y, además, solicitó la siguiente información: "(...) 1. ¿Cuál es el plan concreto que tiene el Concejo Municipalidad de Paraíso para la instalación de aceras en la zona del Bar Rincón del Mono considerando la urgencia de la situación y los riesgos para la seguridad vial de los ciudadanos? 2. ¿Se han evaluado alternativas de financiamiento o esquemas de ayuda para aquellos vecinos de escasos recursos económicos que podrían tener dificultades para costear el pago de las aceras en sus propiedades? 3. ¿Existe un calendario o cronograma definido para la implementación de las aceras en la zona mencionada, y cuándo se espera que se lleve a cabo esta intervención? 4. ¿Qué medidas adicionales se están considerando para garantizar la seguridad vial en el área del Bar Rincón del Mono mientras se lleva a cabo la instalación de las aceras? 5. ¿Qué acciones específicas se están tomando para asegurar la participación y cooperación de los propietarios de las propiedades en la instalación de las aceras, y cómo se está comunicando esta iniciativa a la comunidad en general? (...)". Señala que la nota anterior gestión fue leída, según el artículo II, inciso 14 adoptado en la sesión extraordinaria No. 310-2024 celebrada el 14 de marzo en curso por el Concejo de Paraíso y trasladada a la administración municipal, según se le comunicó en oficio No. CONMU-195-2024 de 21 de marzo de 2024 (véase prueba aportada). De igual manera, envió una nota al Concejo de Paraíso, con fecha 15 de marzo de 2024, a propósito de su preocupación por la infraestructura viable en dicha zona, en cuenta el estado de deterioro en que se encuentra el puente sobre el río Páez, así como de la vía a Ujarrás, particularmente, en el desvío hacia la carretera nacional que va hacia Turrialba y Cervantes y la falta de ampliación de la carretera del Rincón a la Joya de Paraíso. Al respecto solicitó la siguiente información: "(...) 1. ¿Cuál es el plan de acción del Concejo Municipal para mejorar la seguridad vial en Paraíso, incluyendo la instalación de aceras en las calles que carecen de ellas especialmente en la que se debería ubicar a la par de la carretera del Rincón a La Joya de Paraíso? 2. ¿Cuál es el estado actual del puente sobre el Río Páez el que se ubica en la zona conocida como el Rincón y cuáles son los plazos previstos para su reparación? 3. ¿Qué medidas se están tomando para abordar el problema de congestión vehicular en la carretera del Rincón a La Joya? 4. ¿Existe algún proyecto en marcha para ampliar y mejorar la infraestructura vial en nuestra comunidad especialmente en este sitio mencionado? 5. ¿Se ha pensado colocar algunos reductores de velocidad en dicho sitio? 6. ¿Cómo pueden los ciudadanos y las organizaciones locales colaborar con el Concejo Municipal en la mejora de la infraestructura vial y la seguridad en Paraíso? (...)" (véase prueba aportada). Dicha nota fue conocida en según artículo IV, inciso 18 tomado en la sesión ordinaria No. 313-2024 celebrada el 26 de marzo de 2024 y trasladada a la Alcaldía de Paraíso según se le comunicó en oficio No. CONMU-217-2024 de 3 de abril de 2024 (véase prueba aportada). Reclama que, a la fecha de la interposición del recurso, no haya recibido respuesta alguna a las notas mencionadas. A lo expuesto agrega que, dado que presenta taquicardia sinusal con descomposición a cuadro respiratorio, su estado de salud podría hacerle más susceptible a infecciones que podrían provocar las bacterias, los virus y los parásitos contenidos en las aguas residuales. Estima que los hechos expuestos violan sus derechos fundamentales.

2.- Por resolución de las 09:31 horas del 23 de mayo de 2024, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso constitucional y se le solicitó informe al presidente ejecutivo de INCOFER, así como al director del Área Rectora de Salud de Paraíso del Ministerio de Salud y, además, al alcalde y al presidente del Concejo, ambos de Paraíso, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 08:34 horas del 31 de mayo de 2024, informa bajo juramento Nombre55817, en su condición de presidente ejecutivo del INCOFER, lo siguiente:

“I. Antecedentes. La intención del legislador con la creación del Instituto Costarricense de Ferrocarriles es enfática, siendo categórico en la definición de competencias, y así es verificable en la Ley N° 7001 y la Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana N° 9366 del 28 de junio de 2016, siendo la punta de lanza, encargarse únicamente de la esfera ferroviaria. De manera contundente, la razón de ser del INCOFER, se permea de los objetivos que se disponen en el artículo 3 de la Ley N° 7001, antes citada, siendo que: “Artículo 3º.- Los objetivos principales del Instituto son: a) Fortalecer la economía del país mediante la administración de un moderno sistema de transporte ferroviario para el servicio de pasajeros y de carga en todo el territorio nacional. Además, podrá prestar servicios conexos con el citado sistema y desarrollar otras inversiones y obras de infraestructura en inmuebles de su propiedad, o bien, previo convenio entre las partes, de otras instituciones públicas, las empresas de servicios municipales, las cooperativas de electrificación rural y sus consorcios, reguladas en la Ley N. º 8345, Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, de 26 de febrero de 2003, y sus reformas, necesarias para la construcción, la operación y el mantenimiento del sistema ferroviario. De igual forma, podrá desarrollar en inmuebles de su propiedad otras inversiones u obras que le generen recursos para financiar sus proyectos de transporte ferroviario, siempre y cuando dichas actividades no afecten la prestación de los servicios de transporte a su cargo. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016, "Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana") b) Rehabilitar, estructurar y modernizar, tanto en lo que se refiere a vías, instalaciones y equipo rodante, como a su administración y prestación de servicios en general, los actuales ferrocarriles nacionales del Atlántico y Eléctrico al Pacífico, a fin de integrarlos en un ferrocarril interoceánico nacional para la prestación del servicio. c) Estudiar, ejecutar y administrar toda nueva red ferroviaria que pueda integrarse a las actuales, a fin de habilitar zonas de producción del país. Los estudios comprenderán, además, la posibilidad de llevar a cabo una interconexión ferroviaria centroamericana. ch) Electrificar, reconstruir, rectificar y extender toda su red ferroviaria existente. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9366 del 28 de junio del 2016 "Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana"), (…)”. (Lo resaltado y subrayado es suplido). El patrimonio del INCOFER está compuesto por terrenos de toda naturaleza, como es el caso de los derechos de vía férrea, que se encuentran especialmente protegidos por el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política de la República; artículos 1, 2, 4, 7 y 53 de la Ley General de Ferrocarriles N° 5066; artículo 36 inciso a) de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles N° 7001 y; el Decreto Ejecutivo N° 22483-MOPT sobre las dimensiones de los derechos de vía en los ferrocarriles nacionales, de fecha 1° de setiembre de 1993 publicado en La Gaceta número 174 con fecha 1 de setiembre de 1993. La ubicación del lugar que comenta el recurso se encuentra inmersa dentro de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo mencionado, que reza así: “Artículo 8°—Derechos de vía sección Cartago - Las Juntas. Incluye las sección de vía comprendida entre Cartago (Km. 146.4 de Limón) hasta las Juntas (Km. 65.0 de Limón). A partir del centro de la vía 10,00 metros (diez metros) a ambos lados en terreno plano. En los terrenos con corte o relleno serán 5,00 metros (cinco metros) a ambos lados de la vía a partir de la cima de los cortes o del pie del talud. En el área urbana de la ciudad de Cartago será de 5,00 metros (cinco metros) a partir del centro de la vía”. En la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles Nº 7001, el numeral 36 inciso a), destaca lo designado por ley como patrimonio (derechos de vía férrea), estilando que: “Artículo 36.- Formarán parte del patrimonio del Instituto: a) Los terrenos, edificios, estructuras, equipos, material rodante y, en general, todos los bienes inmuebles que estén o hayan estado destinados a actividades ferroviarias o conexas con éstas, como patios ferroviarios, bodegas, casas y edificios que integraron o integren el patrimonio del Instituto Autónomo del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, a los Ferrocarriles del Atlántico o a cualquier otra institución pública que los tenga bajo su dominio o posesión por Estos bienes deberán ser traspasados en propiedad al Instituto, conforme con las previsiones establecidas en el transitorio I de esta ley. (…)”. (Lo resaltado y subrayado es suplido). II. Sobre el caso. Nótese que, en la esencia del recurso de amparo, el recurrente deja entrever que la afectación es por asuntos de aguas residuales y aguas negras, sin embargo, las mismas provienen de un asentamiento irregular y en condición de usurpación de bienes demaniales, pues se encuentra el derecho de vía ferroviario invadido por varias familias que habitan el lugar; debe valorar su Autoridad que el derecho de vía es una franja de terreno destinada para las actividades ferrocarrileras y la construcción de estas viviendas a todas luces son contrarias a derecho, pero además son las que generan la existencia de las aguas negras y residuales. Es decir que, si los derechos de vía no se encontraran en condición de invasión, la sola actividad ferroviaria no generaría este tipo de aguas, sumado a esto no hay tránsito de trenes en el sitio. Es importante hacerle ver a la Sala que, no sólo hay un tema de competencias que no le corresponde al INCOFER como el tema de manejo de aguas y la construcción de aceras, sino que además solicita el recurrente sin fundamento legal estos temas que no son resorte de mi representado, pero que además en cuanto al encausamiento de aguas, responden a aguas generadas por construcciones ilegales y la construcción de aceras en el derecho de vía son contrarias a la ley. Tomando en consideración la medida del derecho de vía aplicable para este sector de interés y con las fotografías adjuntas, queda en evidencia la completa usurpación del derecho de vía, donde las construcciones están a una distancia mínima de los rieles, pero no menos importante es que las construcciones no fueron construidas con permisos municipales, tampoco cuentan con una conexión correcta de servicios públicos. […] En cuanto al tema de construcción de aceras, en primera instancia no es competencia del INCOFER, pero es que también es prohibido el tránsito específicamente la Ley General de Ferrocarriles (Ley 5066) establece lo siguiente: “Artículo 53.- Es absolutamente prohibido caminar por la vía férrea o llevar animales a pastar dentro del derecho de la vía”. Por esta razón, sería contrario a la ley que INCOFER haga aceras y que dirija a los transeúntes a caminar por el derecho de vía, siendo esto prohibido por Ley, pero es que no sólo se trata de un acto ilegal sino que es que los derechos de vía tiene una razón de ser, estos fueron establecidos con el fin de determinar en si por donde pasa el tren, pero además por razones de seguridad, pues debemos recordar que en caso de un accidente, independientemente de la causa, estamos hablando de equipos bastante pesados, por lo que ese espacio que visiblemente se “libre”, busca salvaguardar el bienestar de los colindantes con el derecho de vía, buscando minimizar daños y, para futuros proyectos de modernización del sistema ferroviario, es indispensable contar con el cien por ciento del derecho de vía a disposición, sin embargo, ha sido objeto de invasiones ilegales. La afirmación del recurrente, en cuanto a que hay normativa que para el INCOFER y que por esta razón debe construir aceras en el sitio, es completamente incorrecta. Debo ser enfático en que los derechos de vía no son vías públicas para el tránsito de peatones, sino que de uso exclusivo para el paso del tren y que por razones de seguridad, se prohíbe el tránsito por el mismo. Dicho en otras palabras, es contrario a la Ley la construcción de aceras en el derecho de vía, pero además es contraproducente pues no es algo que sea necesario para la actividad desarrollada por el INCOFER, y pone en riesgo la operación férrea y las personas que se dirijan a hacia ella, situación que sería generada de esa manera por el mismo Instituto. Asimismo, es menester indicar que las ordenes sanitarias citadas por el recurrente, refieren a la problemática del manejo de aguas residuales y otros problemas sanitarios que se presentan en el sitio, tal y como se puede ver en la siguiente imagen (sírvase encontrar adjuntas las ordenes de cita): […] Con esta notificación el Ministerio de Salud previene al INCOFER para llevar a cabo, las acciones para corregir la situación de las viviendas que invaden sus derechos de vía y que además generan un mal manejo de aguas residuales, con el apercibimiento de un proceso de desobediencia, por esta razón el INCOFER procedió a realizar un plan remedial para atender la orden sanitaria. Una vez presentado el plan remedia se recibió la siguiente notificación, dando el Ministerio de Salud un plazo para las acciones de notificación, desalojo y las coordinaciones con otras instituciones públicas a fin de que dichas gestiones se hagan bajo el principio del debido proceso. […] Estas órdenes sanitarias nos confirman el mal manejo de aguas residuales existentes en los derechos de vía, pero no son producidos por la actividad propia del ferrocarril, sino por personas que de manera ilegal se han apropiado de bienes públicos, sin ninguna clase de permisos y que además generaron a INCOFER la obligación del acatamiento respectivo de lo ordenado por el Ministerio de Salud, incluso es que la existencia de estas aguas no solo es un riesgo para la salud sino que también pone en riesgo la operación de trenes pues, esto puede causar socavamientos en la cama de vía férrea, pudiendo provocar accidentes con el paso del tren. Con base en estas gestiones del Ministerio de Salud, el INCOFER ha venido realizando gestiones de coordinación interinstitucional, teniendo reuniones con las instituciones relacionadas, principalmente una coordinación con la municipalidad, quien acompañó al Instituto en todo el proceso de notificaciones, se han enviado oficios a las distintas entidades informando y solicitando la colaboración pertinente para realizar el desalojo sin vulnerar los derechos de los habitantes del barrio. Es decir, que no lleva la razón la parte recurrente al señalar que no se ha atendido lo ordenado por el Ministerio de Salud, sino todo lo contrario, nos encontramos cumpliendo el cronograma, teniendo pendientes gestiones atinentes al desalojo. Luego del análisis de todos los elementos alegados por el recurrente, podemos concluir que el tema de aceras, no es resorte de mi representada y que pone en riesgo la operación del tren y los vecinos de la zona, asimismo, el tema de las aguas alegadas por el amparado no son provocadas por INCOFER, que las aguas han sido tratadas y están siendo atendidas de conformidad con lo ordenado por el Ministerio de Salud, es decir, que el señor [Nombre443 001] no lleva razón en sus argumentos expuestos. Por último, es fundamental para el INCOFER que la Sala tenga que el tema de los desalojos por el tema de invasión y usurpación de bienes de dominio público, responden al acatamiento del Ministerio de Salud, de conformidad con lo ordenado bajo pena de desobediencia de conformidad con el artículo 314 del Código Penal, así como la presentación de una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo.”

 

4.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 14:17 horas del 21 de junio de 2024, la parte recurrente manifiesta lo siguiente:

“Antecedentes El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) ha alegado que las viviendas ubicadas en los derechos de vía férrea son ilegales y generan problemas de aguas residuales y negras. No obstante, es fundamental señalar que estas familias, de escasos recursos económicos, han vivido en este lugar durante muchos años y que su permanencia es esencial para su bienestar. II. Argumentación 1. Situación Socioeconómica de las Familias Afectadas: Las familias que residen en este terreno son de escasos recursos económicos, lo que hace vital su permanencia en el lugar. Desalojarlas sin ofrecer una solución habitacional adecuada sería una violación a sus derechos fundamentales. 2. Posibilidad de Solución Ambiental: Según estudios realizados por especialistas de la Universidad Tecnológica de Costa Rica (TEC), el problema ambiental causado por las aguas residuales es factible de resolver mediante un adecuado tratamiento de aguas y mejoras en la infraestructura sanitaria. Esto demuestra que no se justifica un desalojo basado en argumentos ambientales. 3. Confusión sobre la Construcción de Aceras: INCOFER ha tratado de confundir a Ustedes alegando que el terreno en cuestión no tiene acceso a la carretera y, por lo tanto, no requiere la construcción de aceras. Esto es falso, ya que, a la par de este terreno, hay una carretera que sí necesita aceras. La construcción de estas aceras le corresponde a INCOFER, es indispensable para la seguridad y movilidad de los habitantes de la zona. III. Petición Por lo anterior expuesto, solicito respetuosamente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: 1. Declarar con lugar el recurso de amparo interpuesto: a. Reconociendo la situación socioeconómica de las familias afectadas. b. Considerando los estudios de la Universidad TEC que señalan la viabilidad de solucionar los problemas ambientales sin necesidad de un desalojo. 2. Ordenar a INCOFER: a. Realizar las acciones necesarias para la solución del problema ambiental sin desalojar a las familias. b. Construir las aceras requeridas a la par de la carretera contigua al terreno en cuestión.”

 

5.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 08:34 horas del 31 de mayo de 2024, informa bajo juramento Nombre47835 y Nombre56940, en sus respectivas condiciones de alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de Paraíso, lo siguiente:

“SOBRE LOS HECHOS: Sobre el asentamiento humano en ubicado en los terrenos de derecho de vía, propiedad del INCOFER, en el sector del Rincón de Paraíso, conocido la Managuita, ya las personas que habitan han sido notificadas para el desalojo, razón por la cual sería innecesaria la construcción de infraestructura urbana solicitada por el recurrente, si los terrenos serán usados como derecho de vía del ferrocarril. Respecto a los cuestionamientos establecidos por el Sr. Nombre10653 quien, según consulta realizada en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones, es vecino de Río Macho, distrito de Orosi; se procede a contestar una a una sus interrogantes en el orden establecido anteriormente. Se adjuntan, además, el oficio GEM-UTGV-105-2024 con fecha del 16 de abril de 2024, que contine la respuesta brindada al recurrente por la UTGV sobre propuestas de acciones para mejoras en la infraestructura vial de la ruta cantonal con código 3-02-002-00 conocida como El Rincón, y el oficio GEM-UTGV-144-2024 fechado 13 de mayo de 2024 que brinda información sobre el Recurso de Amparo con Expediente No. 24-011296-0007-CO interpuesto también por el Sr. Nombre10653, cuya notificación fue recibida el 8 de mayo de 2024 mediante documento en físico. • Solicitud de la instalación de aceras en la zona que abarca desde el Dirección1935 600 metros al este, en Paraíso de Cartago o donde se encuentra la parada de buses. La construcción de las aceras corresponde a cada propietario. Referente a este tema la normativa indica, de acuerdo con el artículo 83 bis del Código Municipal vigente desde 1998: Artículo 83 bis- Las municipalidades quedan facultadas para realizar las labores de construcción de obra nueva de acera de forma directa, con el fin de garantizar la accesibilidad y la seguridad de todas las personas, previa notificación al propietario. El costo efectivo de estas obras nuevas se trasladará al propietario o poseedor por cualquier título de bienes inmuebles, según lo definan los reglamentos municipales. Se autoriza a las municipalidades para que establezcan mecanismos de facilidades de pago respecto del cobro efectivo de las obras nuevas de aceras. (Así adicionado por el artículo 14 de la ley Movilidad peatonal, No 9976 del 9 de abril del 2021) La Municipalidad de Paraíso actualmente está analizando una propuesta para el Reglamento de la Ley de Movilidad Peatonal Ley No. 9976, con el cual se pretende establecer los mecanismos necesarios en el corto plazo para desarrollar la construcción de aceras en el Dirección1936. ¿Cuál es el plan concreto que tiene el Consejo Municipalidad de Paraíso para la instalación de aceras en la zona del Dirección1935 considerando la urgencia de la situación y los riesgos para la seguridad vial de los ciudadanos? En la mayor parte del cantón de Paraíso, el derecho de vía que cuenta con aceras se ubica principalmente en los cuadrantes urbanos, es decir, en los centros de población. Es por lo que, la Municipalidad de Paraíso actualmente está analizando una propuesta para el Reglamento de la Ley de Movilidad Peatonal Ley No. 9976 con el cual se pretende establecer los mecanismos necesarios en el corto plazo para desarrollar la construcción de aceras en los caminos que se encuentran fuera de los cuadrantes urbanos. 2. ¿Se han evaluado alternativas de financiamiento o esquemas de ayuda para aquellos vecinos de escasos recursos económicos que podrían tener dificultades para costear el pago de las aceras en sus propiedades? Es un objetivo de la Municipalidad de Paraíso que el Reglamento de la Ley de Movilidad Peatonal Ley No. 9976 cuente con alternativas de financiamiento para aquellos vecinos con dificultades para construir las aceras frente a sus propiedades. Dicho análisis se está realizando actualmente. 3. ¿Existe un calendario o cronograma definido para la implementación de las aceras en la zona mencionada, y cuándo se espera que se lleve a cabo esta intervención? El proyecto para la implementación de aceras en todos los distritos del cantón se desarrollará una vez que se cuente con la reglamentación necesaria. Lo anterior incluye, como todo proyecto, el establecimiento de un cronograma en el corto plazo. 4. ¿Qué medidas adicionales se están considerando para garantizar la seguridad vial en el área del Dirección1935 mientras se lleva a cabo la instalación de las aceras? A principios del año anterior la UTGV instaló señalización vial vertical en los puntos de intersección del camino con código 3-02-002-00 conocido como El Rincón, indicando que la ruta es exclusiva para vehículos livianos. 5. ¿Qué acciones específicas se están tomando para asegurar la participación y cooperación de los propietarios de las propiedades en la instalación de las aceras, y cómo se está comunicando esta iniciativa a la comunidad en general? La Municipalidad de Paraíso está coordinando actualmente acciones con el Comité de Caminos para establecer acciones específicas en la ruta y desarrollar proyectos con la participación de los ciudadanos. La comunicación se realiza por medio de reuniones con las autoridades municipales, el departamento de Promoción Social y los sitios oficiales en redes sociales. Sobre el “deterioro en que se encuentra el puente sobre el río Páez, así como de la vía a Ujarrás, particularmente, en el desvío hacia la carretera nacional que va hacia Turrialba y Cervantes y la falta de ampliación de la carretera del Rincón a la Joya de Paraíso”, que señala el recurrente, se procede a contestar sus consultas: 1. ¿Cuál es el plan de acción del Consejo Municipal para mejorar la seguridad vial en Paraíso, incluyendo la instalación de aceras en las calles que carecen de ellas especialmente en la que se debería ubicar a la par de la carretera del Rincón a La Joya de Paraíso? La Municipalidad de Paraíso llevó a cabo en el año 2022, la contratación por medio del procedimiento 2022CD-000024-0010900001 en Sicop denominado “UTGVM-001 -2022 Servicios de ingeniería: Estudio integral de movilidad y desarrollo de la propuesta de reordenamiento vial del casco central de Paraíso”. Se incluye el informe dentro de los anexos de este documento. Su objetivo es “Mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial del centro de Paraíso, en cumplimiento con el Plan Anual Operativo 2022, mediante un estudio integral de movilidad y una propuesta de reordenamiento vial del casco central de Paraíso”. La propuesta de reordenamiento cuenta con la aprobación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y se encuentra en su etapa de planificación para su implementación con los objetivos específicos de mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular, peatonal y ciclista. Además, se pretende el desarrollo de corredores de Movilidad Activa impulsados inicialmente por el Proyecto mUEve, continuando de esta manera con el proceso de mejoramiento de las condiciones de tránsito de la Red Vial Cantonal, así como la atención de las mejoras en la infraestructura de movilidad peatonal y ciclista del cantón. Como se comentó anteriormente, la Municipalidad de Paraíso está analizando actualmente una propuesta para el Reglamento de la Ley de Movilidad Peatonal Ley No. 9976 necesario dentro del desarrollo de esta iniciativa. El camino con código 3-02-002-00 conocido como El Rincón es una de las rutas que conecta la ciudad con los distritos de Birrisito, Cachí, Santiago y, eventualmente, Orosi. Brinda una ruta alterna a la Ruta Nacional 10 y se incluye dentro del proyecto. 2. ¿Cuál es el estado actual del puente sobre el Río Páez el que se ubica en la zona conocida como el Rincón y cuáles son los plazos previstos para su reparación? La UTGV solicitó el 12 de diciembre de 2023 una inspección al puente sobre el río Páez que se encuentra en el camino con código 3-02-002 00 conocido como El Rincón, al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), para determinar su estado actual. Se incluye el informe dentro de los anexos de este documento, mismo que se analizará en conjunto con los resultados de la actualización del Inventario de la Red Vial Cantonal solicitada por el MOPT para establecer la priorización de los proyectos que se incluirán en el presupuesto del 2025 y en la actualización del Plan Quinquenal. Actualmente la Municipalidad de Paraíso está realizando el proceso para la contratación de dicha actualización. 3. ¿Qué medidas se están tomando para abordar el problema de congestión vehicular en la Dirección1937? La propuesta de reordenamiento vial mencionada anteriormente pretende con su implementación mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular, peatonal y ciclista en la ciudad de Paraíso y en las rutas de conexión desde y hacia otros centros de población lo que impactará reduciendo el problema de la congestión vehicular en la zona indicada. 4. ¿Existe algún proyecto en marcha para ampliar y mejorar la infraestructura vial en nuestra comunidad especialmente en este sitio mencionado? La programación anual que se realiza para la intervención de los caminos del cantón se efectúa de acuerdo con la normativa establecida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Cada cinco años se revisa el Inventario de la Red Vial Cantonal. Únicamente los caminos que se encuentren dentro de dicho inventario pueden ser intervenidos con los recursos de la Ley 8114. Para cada camino se establece una calificación denominada Índice de Viabilidad Técnico Social (IVTS) de acuerdo con parámetros como: cantidad de vecinos, para qué se utiliza el camino, servicios públicos con que cuenta y distancia hasta centros de enseñanza y salud, entre otros. Este índice expresa la importancia de un camino cuantificando sus características físicas y socioeconómicas a través de este indicador. Con el resultado obtenido, se establecen los proyectos de inversión y su priorización para el presupuesto de cada año. La lista de proyectos definida se presenta a la Junta Vial para su análisis. Dicha junta valida la propuesta para la programación presupuestaria del departamento y la eleva al Concejo Municipal para su aprobación. Los funcionarios de la UTGV no deciden qué proyectos se realizarán, solamente ejecutan lo definido por el Concejo un año antes. Lo comentado anteriormente es el proceso regular para ejecutar el mantenimiento y mejoramiento de los caminos por parte de las municipalidades en Costa Rica. En el caso del cantón de Paraíso son aproximadamente 280 km de caminos inventariados de los cuales aproximadamente el 65 % no cuentan con una superficie asfaltada; el material de su superficie es lastre o tierra. El presupuesto anual para mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo puentes, sistemas pluviales, aceras y obras de arte, ronda los 500 millones de colones, lo que significa que se puede invertir alrededor de ₡ 1.785.000 (un millón setecientos ochenta y cinco mil colones) por kilómetro de camino. El costo de asfaltar 1 km de camino supera los 100 millones de colones. El camino con código 3-02-002-00 conocido como El Rincón, tiene una longitud aproximada de 2,235 km y un ancho de derecho de vía de 13,8 m, cuenta con un IVTS de 71 lo que lo ubica entre los cinco caminos que tienen mejores condiciones en el cantón fuera de los cuadrantes urbanos. Referente al mejoramiento de la superficie de rodamiento se indica que, durante los últimos 18 meses, la Municipalidad de Paraíso ha invertido en labores de conservación vial un monto total de ₡ 27.252.444,37 (veintisiete millones doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro colones con 37/100) en dos intervenciones de bacheo de la superficie de rodamiento de asfalto, una ejecutada durante el 2023 y otra en el 2024. Se han realizado dos reemplazos de la baranda de protección tipo “flex beam” en el puente de El Rincón. Dichos reemplazos tuvieron un costo total de ₡ 3.341.332,80 (tres millones trescientos cuarenta y un mil trescientos treinta y dos colones con 80/100). El monto total de las intervenciones asciende a ₡ 30.593.777,17 (treinta millones quinientos noventa y tres mil setecientos setenta y siete colones con 17/100). De acuerdo con el inciso g del artículo 2 del Reglamento al inciso b del artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley 8114: Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los estándares horizontales o verticales de los caminos, relacionados con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de superficie de tierra a material granular expuesto o de este a pavimento bituminoso o de concreto hidráulico entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas mayores, puentes, intersecciones, espaldones, aceras, ciclovías, cunetas, cordón y caño. Actualmente, no se cuenta con un proyecto específico pendiente de ejecución para ampliar y mejorar la infraestructura vial en el sitio mencionado. 5. ¿Se ha pensado colocar algunos reductores de velocidad en dicho sitio? En cuanto a la construcción de reductores de velocidad se indica que, a la fecha, no se cuenta con solicitudes específicas para el análisis de la colocación de dichos elementos en el camino 3-02-002-00. Como se le indicó al recurrente en comunicación previa, se le invita a realizar el trámite indicando la cantidad y la ubicación sugerida para que la UTGV solicite el análisis al MOPT ya que la Municipalidad de Paraíso no cuenta actualmente con los recursos necesarios para llevar a cabo el estudio que se requiere. 6. ¿Cómo pueden los ciudadanos y las organizaciones locales colaborar con el Consejo Municipal en la mejora de la infraestructura vial y la seguridad en Paraíso? El Comité de Caminos es la organización ciudadana que puede presentar iniciativas específicas a través del Concejo de Distrito para la realización de proyectos en conjunto con la Municipalidad. La Municipalidad de Paraíso brinda coordinación y asesoría sobre cómo realizar acciones concretas para mejorar la infraestructura vial y gestionar recursos con otras instituciones. Hasta el momento no existe una propuesta de un proyecto de este tipo por parte del Comité de Caminos. La presidencia del Concejo Municipal mediante Oficio CONMU-195 2024 del 21 de marzo de 2024, notificado a la administración municipal y al señor alcalde Nombre38315 el 22 de marzo de 2024, realizó el traslado de la nota suscrita por Don Nombre56941 en fecha 11 de marzo de los corrientes; así mismo fue notificado el recurrente mediante el correo electrónico ....”

 

6.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 13:31 horas del 25 de junio de 2024, informa bajo juramento Nombre56942, en su condición de director regional de la Rectoría de Salud Central Este, lo siguiente:

“ASPECTOS DE HECHO: Primero: Sobre los hechos alegados por el recurrente tramitado bajo el número de Expediente No, N°24- 009767-0007-CO, interpuesto por el recurrente según, en resumen, donde alegan lo siguiente: “expone que los terrenos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) ubicados en Cartago, Paraíso, Dirección1934, no cuentan con disposición adecuada de aguas residuales y aguas negras sin tratar. Así lo confirma el informe técnico del Ministerio de Salud del 30 de mayo de 2023, oficio N° MS-DRRSCE-DARSP-IT-0338-2023 (veáse prueba aportada). Acusa la falta de resolución de la denuncia ambiental que llevó a la emisión de las órdenes sanitarias N°. MS-DRRSCE-DARSP-OS-00153-2023 y N°MS-DRRSCE DARSP-OS-0244-2022 por parte del Área Rectora de Salud Paraíso…” Segundo: En atención a lo expresado anteriormente, y según lo solicitado de hechos impugnados informo lo siguiente: a) En las bases de datos de la oficina de la Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso, no consta denuncia alguna interpuesta por el señor [Nombre443 001], recurrente del caso. El día 18 de agosto del 2022 se recibe denuncia vía correo electrónico interpuesta por el señor Nombre35096 contra la Municipalidad de Paraíso por aguas pluviales y aguas residenciales provenientes del asentamiento informal “La Managuita” ubicadas en el Dirección1938 y aporta el informe técnico GEM-UTGV-298-2022 de la Municipalidad de Paraíso. Se le otorga el consecutivo de denuncia N°0158 2022 (Folio 0002 al 00020 Exp Denuncia) c) El 13 de setiembre del 2022 se realiza la visita de inspección por parte de la Ing. Nombre56943, del proceso de regulación de la salud de la Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso y se emite el informe MS-DRRSCE-DARSP IT-0707-2022, donde se indica lo siguiente: “ … se llegó a las propiedades, se constató que se ubican sobre el derecho de paso que es legalmente del INCOFER, algunas construidas de forma precaria …Toda la fila de casa posee al fondo, en dirección oeste-este una zanja que recoge todas las aguas residuales y las dirige a la Dirección1939. Se concluye que hay al menos 13 viviendas construidas sobre la línea férrea y que disponen inadecuadamente las aguas residuales.” (Folio 0005 al 0006) d) El día 12 de diciembre del 2022 se emite la orden sanitaria MS-DRRSCE OS-0244-2022, dirigida al Presidente Ejecutivo del INCOFER, donde se le solicita en un plazo de 30 días hábiles: “ presentar un plan de acciones correctivas para la no conformidad de la ubicación de las viviendas en terreno del INCOFER que poseen disposición inadecuada de aguas residuales, entre otros problemas sanitarios”. La misma se notifica el 19 de diciembre del 2022 en las oficinas centrales del INCOFER (Folio 0008 al 0009 exp denuncia) e) El día 31 de enero del 2023 se realiza inspección nuevamente en seguimiento a la denuncia y para verificar el cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0244-2022. donde se emite el informe técnico MS-DRRSCE-DARSP-IT-0080-2023, con fecha 10 de mayo del 2023 donde se indica: “… Mediante la inspección y la revisión de expediente de la denuncia N°0158-2022 se encuentra que el INCOFER no ha realizado acción alguna en cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0244-2022.” Se recomienda que en apego al apercibimiento de dicha orden se proceda a trasladar la denuncia a los Tribunales de Justicia por desobediencia a la autoridad y al Tribunal ambiental. (folios 0011 al 0014 exp denuncia) El 14 de mayo de 2023 vía telefónica la Dra. Nombre56944, Directora ai del DARS Paraíso, contacta al departamento legal del INCOFER, y le explica la situación de incumplimiento de la orden sanitaria. En el acuerdo de la bitácora indica que se reenviará la orden vía correo y que INCOFER en una semana enviaran el plan de acciones correctivas. (folio 0015 exp denuncia) g) El 23 de mayo de 2023 se recibe oficio Incofer-PE-OF-0482-2023 firmado por el señor Nombre55817, presidente ejecutivo del INCOFER, donde presentan el plan de remedial con plazo de junio del 2023 a setiembre 2024 que incluye el desalojo del precario en terrenos del estado. (folio 0016 exp denuncia). h) El 30 de mayo de 2023 se emite el informe técnico MS-DRRSCE-DARSP-IT 0338-2023 donde se da por cumplida la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS 0244-2022 y se notifica una nueva orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0158 2023 que ordena legalmente el cumplimiento de la propuesta planteada con plazo de cumplimiento a setiembre del 2024. Esta orden se notifica de manera personal el 07 de agosto del 2023 (folios 0017 al 0021 exp denuncia). i) j) El 30 de mayo del 2024 se recibe mediante correo electrónico el oficio Incofer-PE-OF-0391-2024 firmado por el Sr. Nombre56673, Presidente Ejecutivo del INCOFER, donde indica las acciones realizadas a la fecha (reuniones con las instituciones y notificación de desalojo a los habitantes del precario ) y que el desalojo y demolición de estructuras habitacionales está programado para el mes de setiembre del 2024 fecha en que finaliza el plazo otorgado de la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0158-2023 (folio 0044 exp denuncia). Ante lo denunciado por el señor Nombre10653, se concluye que la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0158-2023 girada al INCOFER tiene plazo de cumplimiento a setiembre del 2024 y luego esta DARS programará una visita de inspección para verificar el cumplimiento de la misma.”

 

7.- Por resolución de las 14:45 horas del 21 de enero de 2025, la magistrada instructora requirió como prueba para mejor resolver a Nombre56942, en su condición de director regional de la Dirección1940, que indique si el INCOFER ha cumplido con lo dispuesto en la orden sanitaria n.° MS-DRRSCE-0244-2022.

8.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 16:23 horas del 26 de enero de 2025, informa bajo juramento Nombre56945, en su condición de director regional de la Dirección del Área Rectora de Salud de Paraíso, lo siguiente:

“El día 18 de agosto del 2022 la Dirección Área Rectora de Salud de Paraíso recibe denuncia vía correo electrónico interpuesta por el señor Nombre35096 contra la Municipalidad de Paraíso por aguas pluviales y aguas residenciales provenientes del asentamiento informal “La Managuita” ubicadas en el Dirección1938 y aporta el informe técnico GEM UTGV-298-2022 de la Municipalidad de Paraíso. Se le otorga el consecutivo de denuncia N°0158-2022 (ver folios del 0001 al 0006). ▪ El 13 de setiembre del 2022 se realiza la visita de inspección por parte de la Ing. Nombre56943, del proceso de regulación de la salud de la Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso y se emite el informe MS-DRRSCE-DARSP IT-0707-2022, donde se indica lo siguiente: “ … se llegó a las propiedades, se constató que se ubican sobre el derecho de paso que es legalmente del INCOFER, algunas construidas de forma precaria …Toda la fila de casa posee al fondo, en dirección oeste-este una zanja que recoge todas las aguas residuales y las dirige a la Dirección1939. Se concluye que hay al menos 13 viviendas construidas sobre la línea férrea y que disponen inadecuadamente las aguas residuales.” (ver folios 0005 y 0006). ▪ El día 12 de diciembre del 2022 se emite la orden sanitaria MS-DRRSCE OS-0244-2022, dirigida al Presidente Ejecutivo del INCOFER, donde se le solicita en un plazo de 30 días hábiles: “presentar un plan de acciones correctivas para la no conformidad de la ubicación de las viviendas en terreno del INCOFER que poseen disposición inadecuada de aguas residuales, entre otros problemas sanitarios”. La misma se notifica el 19 de diciembre del 2022 en las oficinas centrales del INCOFER. (ver folios 0008 y 0009). ▪ El día 31 de enero del 2023 se realiza inspección nuevamente en seguimiento a la denuncia y para verificar el cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0244-2022. donde se emite el informe técnico MS-DRRSCE-DARSP-IT-0080-2023, con fecha 10 de mayo del 2023 donde se indica: “… Mediante la inspección y la revisión de expediente de la denuncia N°0158 2022 se encuentra que el INCOFER no ha realizado acción alguna en cumplimiento de la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0244-2022.” Se recomienda que en apego al apercibimiento de dicha orden se proceda a trasladar la denuncia a los Tribunales de Justicia por desobediencia a la autoridad y al Tribunal ambiental. (ver folios del 0011 al 0014). ▪ El 14 de mayo de 2023 vía telefónica la Dra. Nombre56944, Directora ai del DARS Paraíso, contacta al departamento legal del INCOFER, y le explica la situación de incumplimiento de la orden sanitaria. En el acuerdo de la bitácora indica que se reenviará la orden vía correo y que INCOFER en una semana enviaran el plan de acciones correctivas. (ver folio 0015). ▪ El 23 de mayo de 2023 se recibe oficio Incofer-PE-OF-0482-2023 firmado por el señor Nombre55817, presidente ejecutivo del INCOFER, donde presentan el plan de remedial con plazo de junio del 2023 a setiembre 2024 que incluye el desalojo del precario en terrenos del estado. (Folio 0016). ▪ El 30 de mayo de 2023 se emite el informe técnico MS-DRRSCE-DARSP-IT 0338-2023 donde se da por cumplida la orden sanitaria MS-DRRSCE OS-0244-2022 y se notifica una nueva orden sanitaria MS-DRRSCE-OS 0158-2023 que ordena legalmente el cumplimiento de la propuesta planteada con plazo de cumplimiento a setiembre del 2024. Esta orden se notifica de manera personal el 07 de agosto del 2023. (ver folios del 0017 al 0030). ▪ El 07 de agosto de 2023 se notificó la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSP OS-0158-2023 (ver folio 0021); con vencimiento al 01 de octubre de 2024; donde se ordenó: Primer Punto: Realizar gestiones de coordinación interinstitucionales (PANI, Fuerza Pública, Municipalidad, IMAS, MIVAH) para poder movilizar a las personas, hacer visitas técnicas con las instituciones competentes para determinar los pasos a seguir. Plazo de Cumplimiento: 01 abril 2024 o Segundo Punto: Realizar las acciones definidas de notificaciones y seguimiento. Plazo de cumplimiento: 01 Julio 2024. o Tercer punto: Ejecución de desalojos y eliminación de construcciones. Plazo de cumplimiento: 01 octubre 2024 ▪ El 30 de mayo del 2024 se recibe mediante correo electrónico el oficio Incofer-PE-OF-0391-2024 firmado por el Sr. Nombre56673, Presidente Ejecutivo del INCOFER, donde indica las acciones realizadas a la fecha (reuniones con las instituciones y notificación de desalojo a los habitantes del precario ) y que el desalojo y demolición de estructuras habitacionales está programado para el mes de setiembre del 2024 fecha en que finaliza el plazo otorgado de la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0158-2023. (ver folio 0045) ▪ El 12 de setiembre del 2024 la Dirección Área Rectora de Salud de Paraíso elaboro oficio MS-DRRSCE-DARSP-1225-2024 resultado de la inspección el lugar denunciado realizada el 11 de setiembre de 2024; donde se indica que: “no hay personas viviendo en el lugar y las casas fueron destruidas, también quedan residuos no tradicionales esparcidos y apilados donde anteriormente estaban las viviendas. No se visualizaron gatos ni roedores en el lugar.” ▪ El 04 de octubre de 2024 se realiza la visita de inspección por parte de la Ing. Nombre56943, del proceso de regulación de la salud de la Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso y se emite el informe MS-DRRSCE-DARSP-IT 0883-2024 (ver folios del 0050 al 0053); el cual concluye que: o El INCOFER realizó las acciones necesarias para eliminar la habitación viviendas generadoras de aguas residuales y aguas negras sin tratar ubicadas sobre un tramo de la línea férrea ubicada en Paraíso, Dirección1934. o Las acciones realizadas de desalojo y destrucción tuvieron como consecuencia la generación de residuos no tradicionales y peligrosos que requieren ser dispuestos acorde a la legislación vigente Por lo que se recomendó a la Dirección Área Rectora de Salud de Paraíso que proceda a: Notificar el cumplimiento de la Orden Sanitaria anterior. o Notificar una nueva Orden Sanitaria para la gestión integral de residuos resultantes del desalojo, e impedir que el espacio sea un vertedero. o Informar al denunciante las acciones realizadas a la fecha. o Copiar a la Municipalidad de Paraíso para lo que corresponda ▪ El 06 de enero de 2025, (folios del 0054 al 0060) la Dirección Área Rectora de Salud de Paraíso notificó al correo electrónico ...168 los documentos: o Oficio MS-DRRSCE-DARSP-1431-2024; asunto: Cumplimiento de la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCE-DARSP-OS-0158-2025 – Denuncia N°0158-2022. o Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024 con fecha de vencimiento al 17 de febrero de 2025, la cual dicta: Primer punto: Realizar las acciones necesarias para eliminar en todo el terreno cualquier foco infeccioso y vehículo de transmisión de vectores a fin de evitar que el lugar sea fuente de infección, criadero o albergue de fauna nociva. Especialmente eliminar maleza alta, presencia de cualquier residuo que deberá ser dispuesto de forma sanitaria y la presencia de recipientes que almacenen líquidos a intemperie. Segundo punto: Gestionar todos los residuos presentes en el lugar en forma tal que no contaminen los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas. Se deberán manejar los residuos de manera ambientalmente sostenible, aplicando las mejores técnicas disponibles y prácticas ambientales disponibles en el país. Tercer punto: Ejecutar acciones que impidan o limiten el ingreso de residuos en el terreno por parte de terceras personas a fin de evitar que el espacio nuevamente sea ocupado para una actividad clandestina como vertedero o vivienda en condición precaria. ▪ A la fecha del presente oficio para la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSP OS-0209-2024, se le indicó su derecho de conformidad con el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, para interponer recursos de revocatoria con la apelación en subsidio dentro de los cinco días hábiles contando a partir de su notificación, el recurso podrá ser interpuesto ante la oficina del Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud en que se emitió el acto, la revocatoria será resuelta por la Dirección Regional de la Región Central Este y de ser necesario, la apelación será resuelta por la Ministra de Salud ”. No obstante, no se presentó ningún recurso contra la orden sanitaria en el plazo establecido. Por otra parte, no consta en el expediente solicitud de prórroga para cumplimiento de la orden sanitaria según lo establecido en el Ley de Administración Pública. II. Por lo tanto;  1. La orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0244-2022 con fundamento en el informe técnico MS-DRRSCE-DARSP-IT-0338-2023 con fecha del 30 de mayo de 2023 se emite cumplida. 2. Se encuentra cumplida la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0158-2023 con fundamento en el informe técnico MS-DRRSCE-DARSP-IT-0883-2024 desde la fecha del 4 de octubre de 2024, lo cuál fue notificado a el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el de 6 de enero de 2025 mediante el Oficio MS-DRRSCE-DARSP-1431-2024. 3. El de 6 de enero de 2025 se notifica la Orden Sanitaria MS-DRRSCE DARSP-OS-0209-2024, misma que se encuentra vigente contra el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y vence al 17 de febrero de 2025”

 

 9.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente señala que los terrenos INCOFER en Cartago, Paraíso, Dirección1934, carecen de una adecuada disposición de aguas residuales y aguas negras sin tratar, según lo constatado en un informe técnico del Ministerio de Salud del 30 de mayo de 2023. Expone que, pese a la emisión de órdenes sanitarias, la denuncia ambiental sigue sin resolverse. Asimismo, alega que el INCOFER no ha construido las aceras en el sitio, lo que pone en riesgo la seguridad de los peatones debido al alto tránsito de la zona. Indica que, el 11 de marzo de 2024, solicitó al Concejo de Paraíso la aplicación de la Ley de Movilidad Peatonal No. 9976, así como información sobre los planes municipales para la instalación de aceras y mejoras viales, sin haber recibido respuesta. Posteriormente, el 15 de marzo de 2024, presentó otra gestión sobre el estado del puente sobre el río Páez, la vía a Ujarrás y la ampliación de la carretera del Rincón a La Joya de Paraíso, sin obtener contestación. Alega que la omisión de las autoridades vulnera sus derechos fundamentales, agravando su situación de salud, ya que padece taquicardia sinusal con riesgo de infecciones por la exposición a aguas contaminadas. Solicita que el INCOFER realice de manera inmediata la disposición adecuada de aguas residuales, así como la construcción de aceras en el Barrio El Rincón. Además, que la Municipalidad de Paraíso supervise el cumplimiento de la Ley de Movilidad Peatonal en todo el territorio del Barrio El Rincón en Paraíso de Cartago.

II.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia N.º 2008-2545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativo -con algunas excepciones aquellos asuntos en lo que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativo. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la supuesta demora en atender una problemática de aguas residuales y movilidad peatonal en el Dirección1934 en Paraíso de Cartago.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las autoridades recurridas hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)     El 18 de agosto de 2022, la Dirección de Área Rectora de Salud de Paraíso recibió una denuncia vía correo electrónico interpuesta por el señor Nombre35096 contra la Municipalidad de Paraíso por aguas pluviales y aguas residenciales provenientes del asentamiento informal "La Managuita" en el Dirección1938, aportando el informe técnico GEM-UTGV-298-2022 de la Municipalidad de Paraíso (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

b)     El 13 de septiembre de 2022, la ingeniera Nombre56943 del Equipo de Regulación de la Salud de la Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso, realizó una visita de inspección y emitió el informe MS-DRRSCE-DARSP-IT-0707-2022, en el que se constató que al menos 13 viviendas construidas de forma precaria sobre el derecho de paso de INCOFER disponían inadecuadamente de aguas residuales (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

c)      El 12 de diciembre de 2022, se emitió la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0244-2022, dirigida al presidente ejecutivo del INCOFER, requiriendo que en un plazo de 30 días hábiles, lo siguiente: “presentar un plan de acciones correctivas para la no conformidad de la ubicación de las viviendas en terreno del INCOFER que poseen disposición inadecuada de aguas residuales, entre otros problemas sanitarios” (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

d)     El 19 de diciembre de 2022, el INCOFER fue notificado de la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0244-2022 (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

e)      El 31 de enero de 2023, se realizó una inspección de seguimiento y el informe técnico MS-DRRSCE-DARSP-IT-0080-2023 indicó que INCOFER no había cumplido con la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0244-2022, recomendando trasladar la denuncia a los Tribunales de Justicia por desobediencia a la autoridad (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

f)       El 14 de mayo de 2023, la Dra. Nombre56944, directora del Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso, contactó al departamento legal de INCOFER para explicar el incumplimiento de la orden sanitaria, acordándose el reenvío de la orden y la presentación del plan de acciones correctivas en una semana (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

g)     El 23 de mayo de 2023, se recibió el oficio INCOFER-PE-OF-0482-2023, firmado por el presidente ejecutivo de INCOFER, Nombre55817, presentando el plan remedial con plazo de junio de 2023 a septiembre de 2024, que incluye el desalojo de viviendas en terrenos del estado (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

h)     El 30 de mayo de 2023, se emitió el informe técnico MS-DRRSCE-DARSP-IT-0338-2023, dando por cumplida la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0244-2022 (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

i)       El 26 de julio de 2023, la Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso emitió la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0158-2023 dirigida al presidente ejecutivo del INCOFER. En dicha orden, dispuso lo siguiente: “Primer punto: Realizar gestiones de coordinación interinstitucionales (PANI, Fuerza Pública, Municipalidad, IMAS, MIVAH), para poder movilizar a las personas, hacer visitas técnicas con las institucionales competentes para determinar los pasos a seguir. Plazo de Cumplimiento: 01 Abril 2024. Segundo Punto: Realizar las acciones definidas de notificaciones y seguimiento. Plazo de cumplimiento: 01 Julio 2024. Tercer punto: Ejecución de desalojos y eliminación de construcciones. Plazo de cumplimiento 01 Octubre 2024” (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

j)       El 07 de agosto de 2023, el presidente ejecutivo del INCOFER fue notificado de la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0158-2023 (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

k)     El 11 de marzo de 2024, el accionante remitió una nota dirigida al Concejo Municipal de Paraíso, en la cual solicitó la siguiente información: ¿Cuál es el plan concreto que tiene el Concejo Municipalidad de Paraíso para la instalación de aceras en la zona del Bar Rincón del Mono, considerando la urgencia de la situación y los riesgos para la seguridad vial de los ciudadanos? 2. ¿Se han evaluado alternativas de financiamiento o esquemas de ayuda para aquellos vecinos de escasos recursos económicos que podrían tener dificultades para costear el pago de las aceras en sus propiedad? 3. ¿Existe un calendario o cronograma debido para la implementación de las aceras en la zona mencionada, y cuándo se espera que se lleve a cabo esta intervención? 4. ¿Qué medidas adicionales se están considerando para garantizar la seguridad vial en el área del Bar Rincón del Mono mientras se lleva a cabo las instalación de las aceras? 5. ¿Qué acciones específicas se están tomando para asegurar la participación y cooperación de los propietarios de las propiedad en la instalación de aceras, y cómo se está comunicando esta iniciativa a la comunidad en general? Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta a esta solicitud?  (véase el escrito de interposición y la prueba aportada al expediente digital).

l)       El 14 de marzo de 2024, el Concejo Municipal de Paraíso, en la sesión extraordinaria n.° 310-2024, conoció la gestión planteada por el tutelado y acordó remitir la gestión a la Administración Municipal (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).

m)   El 14 de marzo de 2024, la secretaria del Concejo Municipal de Paraíso le notificó al tutelado el acuerdo tomado en la extraordinaria n.° 310-2024 (véase el informe de la autoridad municipal recurrida y la prueba aportada al expediente digital).

n)     El 15 de marzo de 2024, el promovente presentó otra misiva de información al Concejo Municipal de Paraíso, en el que requirió lo siguiente: En este contexto, y en virtud del artículo 27 de la Constitución Política, que garantiza el derecho de respuesta, me permito formular las siguientes preguntas: ¿Cuál es el plan de acción del Concejo Municipal para mejorar la seguridad vial en Paraíso, incluyendo la instalación de aceras en las calles que carecen de ellas especialmente en la que se debería ubicar a la par de la carretera del Rincón a La Joya de Paraíso? ¿Cuál es el estado actual del puente sobre el Río Páez el que se ubica en la zona conocida como el Rincón y cuáles son los plazos previstos para su reparación? ¿Qué medidas se están tomando para abordar el problema de congestión vehicular en la carretera del Rincón a La Joya? ¿Existe algún proyecto en marcha para ampliar y mejorar la infraestructura vial en nuestra comunidad especialmente en este sitio mencionado? ¿Se ha pensado colocar algunos reductores de velocidad en dicho sitio? ¿Cómo pueden los ciudadanos y las organizaciones locales colaborar con el Concejo Municipal en la mejora de la infraestructura vial y la seguridad en Paraíso? (véase el escrito de interposición y la prueba aportada al expediente digital).

o)     El 26 de marzo de 2024, el Concejo Municipal de Paraíso en la sesión ordinaria n.° 313-2024, conoció la nota planteada por el recurrente y acordó lo siguiente: “Inciso 18: Se conoce nota de fecha 15 de marzo del 2024, suscrito por el señor [Nombre443 001], referente a varias consultas relacionadas con la infraestructura vial en nuestro municipio de Paraíso, especialmente el sitio denominado El Rincón. Con base en, el Artículo 31 del Reglamento de Sesiones y Comisiones, se traslada a la Administración Municipal” (véase el informes de las autoridades municipales recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

p)     El 30 de mayo de 2024, se recibió el oficio INCOFER-PE-OF-0391-2024, en el que se indicaba que el desalojo y demolición de las estructuras habitacionales estaba programado para septiembre de 2024, fecha en que vence el plazo de la orden sanitaria MS-DRRSCE-OS-0158-2023 (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

q)     El 12 de setiembre del 2024, la Dirección Área Rectora de Salud de Paraíso elaboró el oficio MS-DRRSCE-DARSP-1225-2024 a partir del resultado de la inspección el lugar denunciado realizada el 11 de setiembre de 2024. En dicho oficio, se indicó lo siguiente: “no hay personas viviendo en el lugar y las casas fueron destruidas, también quedan residuos no tradicionales esparcidos y apilados donde anteriormente estaban las viviendas. No se visualizaron gatos ni roedores en el lugar.” (véanse los informes de las autoridades de salud y la prueba aportada al expediente digital).

r)      El 4 de octubre de 2024, la Ingeniera Nombre56943 realizó una nueva inspección y emitió el informe MS-DRRSCE-DARSP-IT-0883-2024, concluyendo que INCOFER cumplió con las acciones necesarias para eliminar las viviendas generadoras de aguas residuales, pero generando residuos no tradicionales que requieren ser dispuestos conforme a la legislación vigente (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

s)      El 6 de enero de 2025, la Dirección de Área Rectora de Salud de Paraíso notificó al INCOFER la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, con vencimiento al 17 de febrero de 2025, ordenando lo siguiente: “Primer punto: Realizar las acciones necesarias para eliminar en todo el terreno cualquier foco infeccioso y vehículo de transmisión de vectores a fin de evitar que el lugar sea fuente de infección, criadero o albergue de fauna nociva. Especialmente eliminar maleza alta, presencia de cualquier residuo que deberá ser dispuesto de forma sanitaria y la presencia de recipientes que almacenen líquidos a intemperie. Segundo punto: Gestionar todos los residuos presentes en el lugar en forma tal que no contaminen los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas. Se deberán manejar los residuos de manera ambientalmente sostenible, aplicando las mejores técnicas disponibles y prácticas ambientales disponibles en el país. Tercer punto: Ejecutar acciones que impidan o limiten el ingreso de residuos en el terreno por parte de terceras personas a fin de evitar que el espacio nuevamente sea ocupado para una actividad clandestina como vertedero o vivienda en condición precaria” (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

IV.- Hecho no probado. No se estima debidamente demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:

Único: Que al recurrente se le haya contestado las solicitudes de información planteadas en las fechas del 11 y 15 de marzo de 2024.

V.- Sobre las responsabilidades del caso en concreto del INCOFER. El recurrente señala que los terrenos INCOFER en Cartago, Paraíso, Dirección1934, carecen de una adecuada disposición de aguas residuales y aguas negras sin tratar, según lo constatado en un informe técnico del Ministerio de Salud del 30 de mayo de 2023. Expone que, pese a la emisión de órdenes sanitarias, la denuncia ambiental sigue sin resolverse.

Sobre este particular, es preciso destacar que el manejo inadecuado de aguas residuales vulnera el derecho a un ambiente sano y equilibrado, al provocar contaminación del suelo, fuentes de agua y aire, así como la proliferación de vectores y enfermedades. De hecho, el artículo 285 de la Ley General de Salud establece la obligación de su eliminación sanitaria para evitar estos efectos nocivos. Asimismo, el artículo 50 de la Constitución Política impone a las autoridades el deber de prevenir y corregir daños ambientales, lo que evidencia que la inacción frente a la contaminación compromete derechos fundamentales y exige respuestas institucionales oportunas para evitar afectaciones a la salud y al entorno.

En el caso concreto, los hechos probados demuestran que, aunque el INCOFER ha implementado ciertas medidas para atender la problemática, persiste una afectación directa al derecho fundamental de la parte amparada. La vigencia de la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, emitida el 6 de enero de 2025, confirma que la contaminación generada por el inadecuado manejo de las aguas residuales no ha sido erradicada de manera definitiva. Esta orden obliga a la institución a eliminar residuos peligrosos, prevenir focos infecciosos y evitar la conversión del área en un vertedero clandestino, lo que evidencia que el problema aún no ha sido resuelto en su totalidad. Además, la omisión prolongada en el cumplimiento de órdenes sanitarias previas, particularmente la MS-DRRSCE-OS-0244-2022 y la MS-DRRSCE-OS-0158-2023, cuyo acatamiento solo se logró tras inspecciones y requerimientos reiterados del Ministerio de Salud, refuerza la conclusión de que la entidad no ha actuado con la diligencia necesaria para garantizar un entorno saludable.

El artículo 50 de la Constitución Política impone a las autoridades el deber de prevenir y corregir daños ambientales, lo que conlleva la responsabilidad de adoptar medidas eficaces y oportunas para evitar la contaminación. En este caso, la falta de una solución definitiva por parte del INCOFER representa una omisión que compromete los derechos fundamentales de la parte recurrente, al no garantizar la eliminación total de las aguas residuales ni prevenir los riesgos sanitarios asociados. En consecuencia, se concluye que el INCOFER ha vulnerado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues la vigencia de una orden sanitaria demuestra que el problema persiste y que las acciones adoptadas han sido insuficientes para erradicar la contaminación denunciada. La obligación de garantizar condiciones ambientales adecuadas no se satisface con respuestas parciales, sino con la eliminación efectiva de los factores contaminantes, lo que hasta el momento no ha sido cumplido en su totalidad.

VI. Por otra parte, la parte recurrente también expone que la autoridad recurrida no ha construido las aceras en el sitio, lo que pone en riesgo la seguridad de los peatones debido al alto tránsito de la zona.

Conviene indicar que el Barrio El Rincón en Paraíso se encuentra dentro de una franja de terreno destinada exclusivamente a actividades ferrocarrileras, lo que implica que cualquier intervención en la zona debe ajustarse a las regulaciones propias del derecho de vía ferroviario. En este sentido, el artículo 53 de la Ley General de Ferrocarriles prohíbe expresamente el tránsito peatonal en la vía férrea, lo que excluye la posibilidad de construir infraestructura destinada a peatones en un área que, por su propia naturaleza, no está habilitada para tal fin. Más aún, las autoridades municipales han informado que los habitantes del Barrio El Rincón, también conocido como La Managuita, han sido notificados sobre su desalojo. Esta circunstancia refuerza la imposibilidad de llevar a cabo la construcción pretendida, ya que el asentamiento en cuestión no debería encontrarse en ese sitio. Implementar obras de infraestructura en una zona que se encuentra en proceso de recuperación por parte del Estado resultaría contradictorio con la normativa vigente y con el objetivo mismo del ordenamiento territorial.

Ahora bien, bajo cualquier escenario, la instalación de aceras en un derecho de vía ferroviario implicaría un riesgo latente para los peatones, al propiciar su circulación en un área restringida y destinada exclusivamente al transporte ferroviario. La finalidad del derecho de vía es precisamente preservar un área de seguridad para la operación del ferrocarril, evitando situaciones que puedan comprometer la integridad de quienes transitan cerca de la vía. Construir aceras en este contexto no solo resultaría ilegal, sino que además incrementaría el riesgo de accidentes. En consecuencia, la pretensión de la parte recurrente carece de sustento jurídico y técnico, pues la construcción de aceras en la zona no solo está prohibida por la legislación, sino que además resultaría incompatible con la planificación territorial y los principios de seguridad ferroviaria.

Por consiguiente, lo procedente es desestimar el recurso, en lo atinente a este extremo.

VII. En cuanto a las autoridades municipales de Paraíso. El accionante afirma que, el 11 de marzo de 2024, gestionó ante el Concejo de Paraíso la aplicación de la Ley de Movilidad Peatonal No. 9976, además de requerir información sobre los planes municipales relativos a la instalación de aceras y mejoras viales, sin recibir respuesta. Posteriormente, el 15 de marzo de 2024, presentó una nueva solicitud en la que consultó sobre el estado del puente sobre el río Páez, la vía a Ujarrás y la ampliación de la carretera que conecta el Rincón con La Joya de Paraíso, sin que se le haya brindado contestación.

En primer lugar, cabe resaltar que esta Sala Constitucional se pronunció sobre hechos análogos al sub iudice, a través de la sentencia nro. 018814-2024 de las 09:30 horas del 05 de julio de 2024 que resuelve el expediente 24-011296-0007-CO interpuesto por el mismo recurrente. En dicha oportunidad, la Sala Constitucional indicó lo siguiente:

 “V.- SOBRE EL FONDO. Del elenco de hechos probados se desprende que el 11 de abril de 2024 el recurrente planteó una denuncia ante la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Paraíso, en la cual indicó lo siguiente: “Solicitarle la realización de un estudio exhaustivo con el propósito de implementar mejoras en la infraestructura vial de la ruta cantonal en dicha área. Es de suma importancia que se consideren diversas medidas para mejorar el derecho de vía y garantizar la seguridad de los habitantes, especialmente de los niños que transitan diariamente por estas vías. Por tanto, propongo la implementación de las siguientes acciones: 1. Construcción de aceras: Es fundamental la creación de aceras adecuadas para permitir un desplazamiento seguro de peatones, evitando así posibles accidentes. 2. Instalación de reductores de velocidad: Se deben colocar reductores de velocidad en puntos estratégicos para disminuir la velocidad de los vehículos y prevenir accidentes de tráfico. 3. Creación de un corredor de caño: Es necesario desarrollar un corredor de caño que contribuya a la preservación del entorno natural y a la protección del ecosistema circulante. 4. Mejora de la superficie de rodamiento: Se requiere realizar mejoras en la superficie de rodamiento para garantizar un tránsito fluido y seguro de vehículos. Asimismo, es imperativo que se realice un análisis detallado del sistema de desagües, incluyendo el estudio del cordón de caño y las aguas residuales. Este análisis tiene como objetivo principal mitigar la contaminación ambiental, especialmente aquella dirigida al Río Páez, y garantizar un entorno saludable para todos los residentes de la zona. Por último, deseo solicitarle que esta denuncia se maneje de manera anónima, con el fin de proteger la integridad de quienes la presentamos y evitar posibles represalias”. Según su dicho, mediante oficio No. GEM-UTGV-105-2024 del 16 de abril de 2024 la Unidad Técnica de Gestión Vial recurrida brindó respuesta a la gestión interpuesta en las siguientes condiciones: “1. Construcción de aceras. Referente a la construcción de aceras la normativa indica, de acuerdo con el artículo 83 bis del Código Municipal vigente desde 1998: Artículo 83 bis- Las municipalidades quedan facultadas para realizar las labores de construcción de obra nueva de acera de forma directa, con el fin de garantizar la accesibilidad y la seguridad de todas las personas, previa notificación al propietario. El costo efectivo de estas obras nuevas se trasladará al propietario o poseedor por cualquier título de bienes inmuebles, según lo definan los reglamentos municipales. Se autorizan a las municipalidades para que establezcan mecanismos de facilidades de pago respecto del cobro efectivo de las obras nuevas de aceras. (Así adicionado por el artículo 14 de la ley Movilidad peatonal, No 9976 del 9 de abril del 2021) La Municipalidad de Paraíso está analizando una propuesta para el Reglamento de la Ley de Movilidad Peatonal Ley No. 9976. 2. Instalación de reductores de velocidad. En cuanto a la construcción de reductores de velocidad se indica que, a la fecha, no se cuenta con solicitudes específicas para el análisis de la colocación de dichos elementos en el Dirección1941. Se invita a realizar el trámite indicando la cantidad y la ubicación sugerida. 3. Creación de un corredor de caño. Se invita a brindar detalles sobre la propuesta y su ubicación para trasladarla al departamento u entidad correspondiente. 4. Mejora de la superficie de rodamiento. Referente al mejoramiento de la superficie de rodamiento se indica que, durante los últimos 18 meses, la Municipalidad de Paraíso ha invertido en labores de conservación vial un monto total de 02 27.252.44437 (veintisiete millones doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro colones con 37/1 00) en dos intervenciones de bacheo de la superficie de rodamiento, una ejecutada durante el 2023 y otra en el 2024. Se han realizado dos reemplazos de la baranda de protección tipo flex beam en el puente de El Rincón. Dichos reemplazos tuvieron un costo total de Q 3.341.332,80 (tres millones trescientos cuarenta y un mil trescientos treinta y dos colones con 80/100). El monto total de las intervenciones asciende a 6 30.593.777,17 (treinta millones quinientos noventa y tres mil setecientos setenta y siete colones con 17/100). De acuerdo con el inciso g del artículo 2 del Reglamento al inciso b del artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley 8114: Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los estándares horizontales o verticales de los caminos, relacionados con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de superficie de tierra a material granular expuesto o de este a pavimento bituminoso o de concreto hidráulico entre otros y la construcción de estructuras tales como alcantarillas mayores, puentes, intersecciones, espaldones, aceras, ciclovías, cunetas, cordón y caño. Actualmente, no se cuenta con un proyecto específico pendiente de ejecución para ampliar y mejorar la infraestructura vial en el sitio mencionado. 5. Sistema de desagües. Con relación al análisis detallado del sistema de desagües, como se indicó en el punto anterior, actualmente no se cuenta con un proyecto específico para la construcción de cordón y caño en el camino indicado. Se realizará el análisis de costos para establecer dicho proyecto, de acuerdo con la priorización establecida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para la intervención de caminos incluidos en el Inventario de la Red Vial Cantonal. Respecto a la denuncia sobre el manejo de aguas residuales, este punto es una competencia del Ministerio de Salud, por lo cual se solicita que indique cuáles son las propiedades que están depositando las aguas residuales en vía pública para coordinar con dicha entidad con el fin de atender y dar trámite a su denuncia”. No obstante, acusa que la municipalidad recurrida ha sido omisa a la solicitud de mejoras de la infraestructura vial de la ruta cantonal El Rincón. En la especie, este Tribunal considera que el amparo es improcedente. En el sub examine con mediana claridad se desprende que el recurrente se encuentra inconforme con la respuesta emitida por la autoridad recurrida en el oficio No. GEM-UTGV-105-2024 del 16 de abril de 2024. Sin embargo, es preciso indicar que no le corresponde a esta Sala determinar si la respuesta que se le otorgó al amparado fue la más adecuada, si hizo falta la realización de más estudios o bien, si le corresponde a la municipalidad tutelada atender la denuncia planteada en las condiciones que lo pretende, ya que son extremos que deben ventilarse ante las vías de legalidad común -administrativas o jurisdiccionales- toda vez que, en dicho lugar el recurrente disfruta de mayores oportunidades que en la vía sumaria o sumarísima de este proceso de amparo de formular todos los argumentos y los elementos probatorios que estime necesarios para la defensa de sus pretensiones. Aunado a lo anterior, de la respuesta emitida en el oficio GEM-UTGV-105-2024 se corrobora que en los puntos 2) “Instalación de reductores de velocidad”; 3) “Creación de un corredor de caño”; y 5) “Sistema de desagües”, al accionante se le solicitó aclarar y ampliar la denuncia interpuesta; empero, no consta que dicha actuación haya sido desplegada. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.” (Lo resaltado y destacado no corresponde al original).

 

En todo caso, lo cierto es que tal y como se indicó en el considerando anterior, la construcción de la acera pretendida por el recurrente deviene jurídicamente inviable, en tanto el área donde se pretende su instalación no está destinada para el tránsito peatonal, sino que corresponde a una franja ferroviaria cuya función y normativa específica impiden cualquier uso distinto. Insistir en la ejecución de dicha obra no solo contravendría la Ley General de Ferrocarriles, sino que además atentaría contra la seguridad de quienes la utilicen. En este sentido, las autoridades municipales no están en la obligación de construir infraestructura en un sitio que no reúne las condiciones legales y urbanísticas necesarias. Por consiguiente, no se acredita alguna vulneración de los derechos fundamentales de la parte amparada, en cuanto a este extremo.

VIII. Ahora bien, lo que verdaderamente vulnera derechos fundamentales es la omisión de respuesta a las gestiones formuladas por la parte amparada. Téngase presente los derechos de petición y acceso a la información, consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, otorgan a toda persona la facultad de dirigirse a las dependencias del Estado para solicitar información o realizar peticiones sobre asuntos de interés particular o general. En consecuencia, esto genera para el servidor público la obligación de responder dentro del plazo legal correspondiente. Sin embargo, esto no implica que el administrado deba recibir una respuesta favorable a sus intereses. En este contexto, el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el numeral 10 de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública establecen que dicha respuesta debe ser proporcionada dentro de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción de la petición.

En el presente caso, se constata que el 11 de marzo de 2024, el recurrente presentó una solicitud ante el Concejo Municipal de Paraíso, en la que planteó diversas interrogantes sobre la instalación de aceras en el Dirección1935, el financiamiento para vecinos de escasos recursos y la implementación de medidas de seguridad vial. Posteriormente, el 14 de marzo de 2024, en la sesión extraordinaria n.° 310-2024, el Concejo Municipal acordó trasladar la gestión a la Administración Municipal y, ese mismo día, la secretaria del Concejo notificó al recurrente sobre esta remisión. Sin embargo, dicha comunicación no constituyó una respuesta de fondo a las consultas planteadas, sino meramente un traslado administrativo. Aunado a lo anterior, el 15 de marzo de 2024, el promovente presentó una nueva solicitud ante el Concejo Municipal, esta vez requiriendo información sobre el estado del puente sobre el río Páez, la congestión vehicular en la carretera del Rincón a La Joya y la posible instalación de reductores de velocidad. No obstante, el 26 de marzo de 2024, en la sesión ordinaria n.° 313-2024, el Concejo nuevamente acordó trasladar la gestión a la Administración Municipal, sin brindar una contestación concreta sobre los temas consultados.

Desde esta perspectiva, la actuación de la autoridad recurrida resulta insuficiente, ya que el artículo 10 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 10.- Competencia del destinatario

Siempre que la resolución de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, este la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de cinco días hábiles y lo comunicará así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley.

Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta."

 

Desde esa óptica, si bien el Concejo Municipal remitió la petición a la Administración Municipal, ello no exime su responsabilidad de garantizar que la parte recurrente obtuviera una respuesta dentro del plazo legal. Lo relevante en este caso es que, conforme a la relación de hechos probados, no se acredita que la Alcaldía haya emitido una contestación formal y definitiva a las consultas planteadas por el tutelado. Así, la mera notificación del traslado administrativo no satisface la obligación de respuesta que establece la normativa aplicable.

Así, desde la fecha en que se presentó la primera solicitud (11 de marzo de 2024) hasta la interposición del recurso (15 de abril de 2024), han transcurrido treinta y cinco días sin que se haya emitido una respuesta efectiva. Dado que dicho plazo excede el límite establecido en la normativa aplicable, se configura una afectación a los derechos fundamentales del recurrente, lo que hace procedente declarar con lugar el recurso en este extremo.

IX. Respecto al Ministerio de Salud. En lo relativo al Área Rectora de Salud de Paraíso, esta Sala advierte que dicha entidad ha actuado dentro del ámbito de sus competencias y ha desplegado acciones concretas y oportunas para abordar la problemática generada por la disposición inadecuada de aguas residuales en el asentamiento informal "La Managuita", ubicado en el Dirección1938. Del análisis del acervo probatorio se desprende que, desde el 18 de agosto de 2022, dicha institución ha dado trámite a denuncias presentadas sobre esta situación, realizando múltiples inspecciones para verificar las condiciones sanitarias del sitio. Como resultado de estas diligencias, emitió órdenes sanitarias dirigidas al INCOFER, en las cuales estableció medidas correctivas y plazos específicos para su cumplimiento, entre ellas, la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0158-2023, que dispuso la ejecución de desalojos y la eliminación de construcciones en el área afectada.

Asimismo, consta que el 12 de septiembre de 2024, tras una nueva inspección, la Dirección de Área Rectora de Salud de Paraíso corroboró que ya no había personas habitando en el sitio y que las estructuras precarias fueron demolidas. Posteriormente, el 4 de octubre de 2024, un nuevo informe técnico determinó que INCOFER había cumplido con la eliminación de las viviendas que generaban la contaminación por aguas residuales, aunque identificó la presencia de residuos no tradicionales en el lugar. En consecuencia, el 6 de enero de 2025, el Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, en la que estableció nuevas directrices para la remediación ambiental del terreno, requiriendo la eliminación de focos infecciosos y la gestión adecuada de los residuos restantes.

Así las cosas, del acervo probatorio no se desprende omisión alguna por parte del Ministerio de Salud. Por el contrario, ha ejercido sus funciones de fiscalización y regulación sanitaria mediante la ejecución de inspecciones técnicas, la imposición de órdenes sanitarias y el seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas. Tampoco se ha demostrado que las acciones adoptadas hayan sido insuficientes o que la institución haya incurrido en negligencia en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, no se configura una amenaza o vulneración directa atribuible al Ministerio de Salud en relación con los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente. Por lo tanto, el recurso de amparo interpuesto contra esta entidad debe ser declarado sin lugar, sin perjuicio de que dicha autoridad continúe supervisando el cumplimiento de la orden sanitaria vigente, a fin de asegurar la correcta disposición de los residuos y prevenir nuevos riesgos ambientales en el terreno desalojado.

X.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

XI.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente denuncia la presunta contaminación ambiental en terrenos del INCOFER en Cartago debido a la disposición inadecuada de aguas residuales, situación confirmada en informes del Ministerio de Salud. Pese a la emisión de órdenes sanitarias, el problema persiste, evidenciando una omisión prolongada en la erradicación definitiva de los factores contaminantes. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente.

XII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, por la violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte del INCOFER y por la lesión al derecho de petición de la Municipalidad de Paraíso. En consecuencia, se ordena a Nombre55817, en su condición de presidente ejecutivo del INCOFER, o a quien ocupe dicho cargo, que gire las órdenes pertinentes en el ámbito de sus competencias y gestione lo correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, dentro del plazo establecido en dicho acto administrativo, es decir, hasta el 17 de febrero de 2025. A su vez, se ordena a Nombre47835 y Nombre56940, en sus respectivas condiciones de alcalde y presidenta del Concejo Municipal, ambos de Paraíso, que adopten las medidas necesarias para que, dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se entregue la información solicitada en los oficios del 11 y 15 de marzo de 2024 planteados por el recurrente. Se advierte a la parte recurrida, o a quien ocupe su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Ferrocarriles al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




 

Fernando Cruz C.

	

 

	

 

Luis Fdo. Salazar A.




 

Jorge Araya G.

	

 

	

 

Anamari Garro V.




 

Ingrid Hess H.

	

 

	

 

Rosibel Jara V.

 



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

Se adjunta la sentencia 25-003649 del expediente 24-009767-0007-CO

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:51:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 06034 - 2025

Date of Resolution: February 28, 2025, at 09:20

Case File: 24-009767-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of Matter: Amparo petition

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Ruling with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution

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Case File: 24-009767-0007-CO

Res. No. 2025006034


CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-eighth of February, two thousand twenty-five.

Ex officio proceeding to correct the operative part of ruling No. 2025-003649 of 09:20 hours on February 7, 2025, issued in the amparo petition processed under case file number 24-009767-0007-CO, filed by Nombre646, an adult, identity card number CED16095, against the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, the Ministry of Health, and the Municipality of Paraíso.

Whereas:

1.- Through ruling No. 2025-003649 of 09:20 hours on February 7, 2025, this Chamber partially granted the amparo petition, due to the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment by INCOFER and for the injury to the right to petition committed by the Municipality of Paraíso, to the detriment of the petitioner. Consequently, it ordered in the operative part as follows:

"Por tanto: The amparo petition is partially granted, due to the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment by INCOFER and for the injury to the right to petition by the Municipality of Paraíso. Accordingly, Nombre55817, in their capacity as executive president of INCOFER, or whoever holds said position, is ordered to issue the pertinent orders within the scope of their authority and manage what is necessary to comply with the provisions of sanitary order MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, within the period established in said administrative act, that is, until February 17, 2025. In turn, Nombre47835 and Nombre56940, in their respective capacities as mayor and president of the Municipal Council, both of Paraíso, are ordered to adopt the necessary measures so that, within a maximum period of TEN DAYS, counted from the notification of this ruling, the information requested in the briefs of March 11 and 15, 2024, submitted by the petitioner is delivered. The respondent party, or whoever holds their position, is warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo petition, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided that the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Ferrocarriles is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment of the contentious-administrative proceeding. In all other respects, the petition is declared without merit. Magistrate Castillo Víquez notes a notation. Magistrate Salazar Alvarado notes a notation. Notifíquese."


2.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Article 12 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that rulings issued by the Chamber may be clarified or supplemented, at the request of a party, if requested within three days, and ex officio at any time, even in enforcement proceedings, to the extent necessary to fully comply with the content of the decision.

II.- From a reading of the operative part of the ruling, it appears that it presents a material error, which must be corrected ex officio by this Chamber, in light of the provisions of numeral 12 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In this regard, due to an involuntary error, this Court omitted to include that the Municipality of Paraíso is also ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, as was done with INCOFER, since both authorities were considered responsible for the non-observance of the petitioner's fundamental rights. This Chamber has repeatedly held that its rulings must be understood as a unit, in which the petition, the reasoning, and the operative part are not isolated parts of what is expressed in the resolution. By virtue of this, it is clear that the ruling in its entirety should not be altered to remedy this mistake; rather, the omitted condemnation is merely and ex officio included in the operative part. Thus, that material error is corrected. In all other respects, the ruling remains unchanged.

Por tanto:

The material error contained in the operative part of ruling No. 2025-003649 of 09:20 hours on February 7, 2025, is corrected ex officio, so that it reads as follows: "Por tanto: The amparo petition is partially granted, due to the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment by INCOFER and for the injury to the right to petition by the Municipality of Paraíso. Accordingly, Nombre55817, in their capacity as executive president of INCOFER, or whoever holds said position, is ordered to issue the pertinent orders within the scope of their authority and manage what is necessary to comply with the provisions of sanitary order MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, within the period established in said administrative act, that is, until February 17, 2025. In turn, Nombre47835 and Nombre56940, in their respective capacities as mayor and president of the Municipal Council, both of Paraíso, are ordered to adopt the necessary measures so that, within a maximum period of TEN DAYS, counted from the notification of this ruling, the information requested in the briefs of March 11 and 15, 2024, submitted by the petitioner is delivered. The respondent party, or whoever holds their position, is warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo petition, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided that the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Ferrocarriles and the Municipality of Paraíso are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment of the contentious-administrative proceeding. In all other respects, the petition is declared without merit. Magistrate Castillo Víquez notes a notation. Magistrate Salazar Alvarado notes a notation. Notifíquese.”










Fernando Castillo V.

President







Fernando Cruz C.





Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.





Anamari Garro V.



Ingrid Hess H.





Ana María Picado B.


Case File: 24-009767-0007-CO

Res. No. 2025003649


CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the seventh of February, two thousand twenty-five.

Amparo petition processed under case file number 24-009767-0007-CO, filed by [Nombre443 001], identity card [CED72], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER), the MINISTRY OF HEALTH, and the MUNICIPALITY OF PARAÍSO.

Whereas:

1.- By a written submission filed before this Chamber at 14:04 hours on 15:52 hours on April 14, 2024, the petitioner files an amparo petition against INCOFER, the Ministry of Health, and the Municipality of Paraíso. They state that the lands belonging to the Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) located in Cartago, Paraíso, Dirección1934, lack adequate disposal for untreated wastewater and blackwater. This is confirmed by the technical report from the Ministry of Health dated May 30, 2023, official communication No. MS DRRSCE-DARSP-IT-0338-2023 (see provided evidence). They accuse a lack of resolution of the environmental complaint that led to the issuance of sanitary orders No. MS-DRRCE-DARSP-OS-00158-2023 and No. MS-DRRCE-DARSP-OS-0244 2022, by the Área Rectora de Salud of Paraíso (see provided evidence). Likewise, they argue that, according to the regulations governing INCOFER, it must build sidewalks (aceras) at the site, which has not occurred, a situation that endangers the safety of the inhabitants due to the heavy traffic passing through this place. They indicate that they sent a note dated March 11, 2024, to the Council of Paraíso, in which they pointed out the need for the local government to enforce the Ley de Movilidad Peatonal No. 9976, which clearly establishes the responsibility of property owners, local authorities, and the central government in the creation and maintenance of safe and accessible sidewalks (aceras) for all pedestrians. In the aforementioned note, they requested the installation of sidewalks (aceras) "(...) in the area spanning from Bar Rincón del Mono 600 meters east, in Paraíso de Cartago or where the bus stop is located (...)." And, in addition, they requested the following information: "(...) 1. What is the concrete plan that the Municipality Council of Paraíso has for the installation of sidewalks (aceras) in the Bar Rincón del Mono area, considering the urgency of the situation and the risks to citizens' road safety? 2. Have financing alternatives or aid schemes been evaluated for those neighbors with scarce economic resources who might have difficulties paying for the sidewalks (aceras) on their properties? 3. Is there a defined calendar or schedule for the implementation of the sidewalks (aceras) in the mentioned area, and when is this intervention expected to take place? 4. What additional measures are being considered to ensure road safety in the Bar Rincón del Mono area while the installation of the sidewalks (aceras) is carried out? 5. What specific actions are being taken to ensure the participation and cooperation of property owners in the installation of the sidewalks (aceras), and how is this initiative being communicated to the community at large? (...)." They point out that the previous action was read, according to article II, item 14 adopted at the extraordinary session No. 310-2024 held on March 14 by the Council of Paraíso and forwarded to the municipal administration, as communicated to them in official communication No. CONMU-195-2024 dated March 21, 2024 (see provided evidence). Similarly, they sent a note to the Council of Paraíso, dated March 15, 2024, regarding their concern for viable infrastructure in said area, considering the deteriorating condition of the bridge over the Páez River, as well as the road to Ujarrás, particularly at the detour towards the national highway going to Turrialba and Cervantes, and the lack of widening of the road from el Rincón to la Joya de Paraíso. In this regard, they requested the following information: "(...) 1. What is the Municipal Council's action plan to improve road safety in Paraíso, including the installation of sidewalks (aceras) on streets lacking them, especially the one that should be located alongside the road from el Rincón to La Joya de Paraíso? 2. What is the current state of the bridge over the Río Páez located in the area known as el Rincón, and what are the expected deadlines for its repair? 3. What measures are being taken to address the problem of vehicular congestion on the road from el Rincón to La Joya? 4. Is there any project underway to widen and improve road infrastructure in our community, especially at this mentioned location? 5. Has consideration been given to placing some speed bumps at said location? 6. How can citizens and local organizations collaborate with the Municipal Council on improving road infrastructure and safety in Paraíso? (...)" (see provided evidence). Said note was acknowledged in article IV, item 18 adopted at the ordinary session No. 313-2024 held on March 26, 2024, and forwarded to the Mayor's Office of Paraíso as communicated to them in official communication No. CONMU-217-2024 dated April 3, 2024 (see provided evidence). They complain that, as of the date of filing of the petition, they have not received any response to the mentioned notes. To the foregoing, they add that, since they suffer from sinus tachycardia with decompensation to a respiratory condition, their health status could make them more susceptible to infections caused by the bacteria, viruses, and parasites contained in the wastewater. They consider that the facts described violate their fundamental rights.

2.- By resolution at 09:31 hours on May 23, 2024, the Presidency of the Chamber admitted this constitutional proceeding and requested a report from the executive president of INCOFER, as well as from the director of the Área Rectora de Salud of Paraíso of the Ministry of Health, and also from the mayor and the president of the Council, both of Paraíso, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- Through a written submission incorporated into the digital case file at 08:34 hours on May 31, 2024, Nombre55817, in their capacity as executive president of INCOFER, reports under oath the following:

"I. Background. The legislator's intention in creating the Instituto Costarricense de Ferrocarriles is emphatic, being categorical in defining its authority, and this is verifiable in Law No. 7001 and the Law on Strengthening the Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) Promotion of the Interurban Electric Train of the Gran Área Metropolitana No. 9366 of June 28, 2016, the spearhead being to exclusively handle the railway sphere. Forcefully, the reason for existence of INCOFER is permeated with the objectives set forth in Article 3 of the aforementioned Law No. 7001, namely: "Article 3.- The main objectives of the Institute are: a) To strengthen the country's economy through the administration of a modern railway transportation system for passenger and freight service throughout the national territory. Additionally, it may provide services related to said system and develop other investments and infrastructure works on properties owned by it, or, by prior agreement between the parties, on those of other public institutions, municipal service companies, rural electrification cooperatives and their consortia, regulated in Law No. 8345, Participation of Rural Electrification Cooperatives and Municipal Public Service Companies in National Development, of February 26, 2003, and its amendments, necessary for the construction, operation, and maintenance of the railway system. In the same way, it may develop on properties owned by it other investments or works that generate resources to finance its railway transportation projects, provided that said activities do not affect the provision of the transportation services it is responsible for. (Thus amended the foregoing subsection by article 1 of law No. 9366 of June 28, 2016, 'Strengthening of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) and Promotion of the Interurban Electric Train of the Gran Área Metropolitana') b) To rehabilitate, structure, and modernize, both with regard to tracks, installations, and rolling stock, as well as its administration and provision of services in general, the current national railways of the Atlantic and Electric to the Pacific, in order to integrate them into a national interoceanic railway for service provision. c) To study, execute, and administer any new railway network that may be integrated into the current ones, in order to enable production zones of the country. The studies shall also include the possibility of achieving a Central American railway interconnection. ch) To electrify, rebuild, rectify, and extend its entire existing railway network. (Thus amended the foregoing subsection by article 1 of law No. 9366 of June 28, 2016 'Strengthening of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) and Promotion of the Interurban Electric Train of the Gran Área Metropolitana'), (...)." (The highlighting and underlining are supplied). The assets of INCOFER are composed of lands of every nature, as is the case with the railway rights-of-way (derechos de vía férrea), which are specially protected by Article 121 subsection 14 of the Political Constitution of the Republic; Articles 1, 2, 4, 7, and 53 of the General Railways Law No. 5066; Article 36 subsection a) of the Organic Law of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles No. 7001; and Executive Decree No. 22483-MOPT on the dimensions of the rights-of-way (derechos de vía) on the national railways, dated September 1, 1993, published in La Gaceta number 174 on September 1, 1993. The location mentioned by the petition is immersed within the provisions of Article 8 of the mentioned Executive Decree, which reads: "Article 8—Rights-of-way (Derechos de vía), Cartago - Las Juntas section. Includes the track section between Cartago (Km. 146.4 from Limón) to Las Juntas (Km. 65.0 from Limón). From the center of the track, 10.00 meters (ten meters) on both sides on flat terrain. On cut or fill terrains, it shall be 5.00 meters (five meters) on both sides of the track from the top of the cuts or the toe of the slope. In the urban area of the city of Cartago, it shall be 5.00 meters (five meters) from the center of the track." In the Organic Law of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles No. 7001, numeral 36 subsection a), it highlights what is designated by law as assets (railway rights-of-way, derechos de vía férrea), stipulating that: "Article 36.- The following shall form part of the Institute's assets: a) The lands, buildings, structures, equipment, rolling stock and, in general, all immovable property that is or has been destined for railway activities or those connected thereto, such as railway yards, warehouses, houses, and buildings that were part of or are part of the assets of the Pacific Electric Railway Autonomous Institute, the Atlantic Railways, or any other public institution that holds them under its dominion or possession. These properties must be transferred in ownership to the Institute, in accordance with the provisions established in Transitional Provision I of this law. (...)." (The highlighting and underlining are supplied). II. Regarding the case. Note that, at the core of the amparo petition, the petitioner suggests that the impact is due to wastewater and blackwater issues; however, these originate from an irregular settlement in a condition of usurpation of public domain property (bienes demaniales), as the railway right-of-way (derecho de vía) is found invaded by several families inhabiting the place; your Authority should consider that the right-of-way (derecho de vía) is a strip of land destined for railway activities, and the construction of these dwellings is clearly contrary to the law, but moreover, they are the ones generating the existence of the blackwater and wastewater. That is, if the rights-of-way (derechos de vía) were not in a condition of invasion, railway activity alone would not generate this type of water, added to this there is no train traffic at the site. It is important to make the Chamber aware that there is not only an issue of authority that does not correspond to INCOFER, such as the matter of water management and the construction of sidewalks (aceras), but also the petitioner requests these matters without legal basis that are not the responsibility of my represented entity, but also that, regarding water channeling, they correspond to water generated by illegal constructions, and the construction of sidewalks (aceras) within the right-of-way (derecho de vía) is contrary to the law. Taking into consideration the applicable right-of-way (derecho de vía) measurement for this sector of interest, and with the attached photographs, the complete usurpation of the right-of-way (derecho de vía) is evident, where the constructions are at a minimum distance from the rails, but no less important is that the constructions were not built with municipal permits, nor do they have a correct connection for public utilities. […] Regarding the issue of sidewalk (aceras) construction, in the first instance, it is not within INCOFER's authority, but it is also specifically prohibited to walk. The General Railways Law (Ley 5066) establishes the following: "Article 53.- It is absolutely forbidden to walk along the railway track or bring animals to graze within the right-of-way (derecho de la vía)." For this reason, it would be contrary to the law for INCOFER to build sidewalks (aceras) and direct pedestrians to walk along the right-of-way (derecho de vía), this being prohibited by Law, but it is not just an illegal act; rights-of-way (derechos de vía) have a reason for being. They were established to determine where the train passes, but also for safety reasons, since we must remember that in case of an accident, regardless of the cause, we are talking about quite heavy equipment, so that space that is visibly 'free' seeks to safeguard the well-being of those adjoining the right-of-way (derecho de vía), aiming to minimize damage, and for future modernization projects of the railway system, it is indispensable to have one hundred percent of the right-of-way (derecho de vía) available; however, it has been the object of illegal invasions. The petitioner's assertion that there are regulations for INCOFER and that for this reason it must build sidewalks (aceras) at the site is completely incorrect. I must be emphatic that the rights-of-way (derechos de vía) are not public roads for pedestrian traffic, but rather for the exclusive use of the train passage, and that for safety reasons, walking through them is prohibited. In other words, the construction of sidewalks (aceras) in the right-of-way (derecho de vía) is contrary to the Law, but it is also counterproductive as it is not something necessary for the activity carried out by INCOFER, and it endangers the railway operation and the people who might head towards it, a situation that would be generated in this way by the Institute itself. Likewise, it is necessary to indicate that the sanitary orders cited by the petitioner refer to the problem of wastewater management and other sanitary problems present at the site, as can be seen in the following image (please find the cited orders attached): […] With this notification, the Ministry of Health warns INCOFER to carry out the actions to correct the situation of the dwellings that invade its rights-of-way (derechos de vía) and that also generate poor wastewater management, with the warning of a disobedience process. For this reason, INCOFER proceeded to develop a remedial plan to address the sanitary order. Once the remedial plan was presented, the following notification was received, with the Ministry of Health providing a deadline for notification actions, eviction (desalojo), and coordination with other public institutions so that said efforts are carried out under the principle of due process. […] These sanitary orders confirm the poor management of existing wastewater in the rights-of-way (derechos de vía), but they are not produced by the railway's own activity, but by people who have illegally appropriated public property, without any kind of permits, and who furthermore generated for INCOFER the obligation of respective compliance with what was ordered by the Ministry of Health. Indeed, the existence of these waters is not only a health risk but also endangers train operations, as this can cause washouts in the railway bed, potentially causing accidents with the passage of the train. Based on these actions by the Ministry of Health, INCOFER has been carrying out inter-institutional coordination efforts, holding meetings with related institutions, mainly coordinating with the municipality, which accompanied the Institute throughout the notification process. Official communications have been sent to various entities informing and requesting the pertinent collaboration to carry out the eviction (desalojo) without violating the rights of the neighborhood's inhabitants. That is to say, the petitioner is not correct in claiming that what was ordered by the Ministry of Health has not been addressed; quite the opposite, we are complying with the schedule, with pending actions related to the eviction (desalojo). After analyzing all the elements alleged by the petitioner, we can conclude that the issue of sidewalks (aceras) is not the responsibility of my represented entity and endangers the operation of the train and the residents of the area. Likewise, the issue of the waters alleged by the protected party are not caused by INCOFER; the waters have been treated and are being addressed in accordance with what was ordered by the Ministry of Health, meaning that Mr. [Nombre443 001] is not correct in his stated arguments. Finally, it is fundamental for INCOFER that the Chamber note that the issue of the evictions (desalojos) due to the invasion and usurpation of public domain property (bienes de dominio público) is in response to compliance with the Ministry of Health, in accordance with what was ordered under penalty of disobedience pursuant to Article 314 of the Penal Code, as well as the filing of a complaint before the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo)."


4.- Through a written submission incorporated into the digital case file at 14:17 hours on June 21, 2024, the petitioner states the following:

"Background The Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) has alleged that the dwellings located on the railway rights-of-way (derechos de vía férrea) are illegal and generate wastewater and blackwater problems. However, it is essential to point out that these families, of scarce economic resources, have lived in this place for many years and their permanence is essential for their well-being. II. Argumentation 1. Socioeconomic Situation of the Affected Families: The families residing on this land are of scarce economic resources, which makes their permanence in the place vital. Evicting them without offering an adequate housing solution would be a violation of their fundamental rights. 2. Possibility of an Environmental Solution: According to studies conducted by specialists from the Universidad Tecnológica de Costa Rica (TEC), the environmental problem caused by the wastewater is feasible to solve through adequate water treatment and improvements in sanitary infrastructure. This demonstrates that an eviction (desalojo) based on environmental arguments is not justified. 3. Confusion Regarding the Construction of Sidewalks (Aceras): INCOFER has tried to confuse You by alleging that the land in question does not have access to the road and, therefore, does not require the construction of sidewalks (aceras). This is false, since, alongside this land, there is a road that does need sidewalks (aceras). The construction of these sidewalks (aceras) corresponds to INCOFER; it is indispensable for the safety and mobility of the inhabitants of the area. III. Petition Based on the foregoing, I respectfully request the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice the following: 1. Declare the filed amparo petition granted: a. Recognizing the socioeconomic situation of the affected families. b. Considering the studies from the TEC University that indicate the viability of solving the environmental problems without needing an eviction (desalojo). 2. Order INCOFER to: a. Take the necessary actions for the solution of the environmental problem without evicting the families. b. Build the required sidewalks (aceras) alongside the road adjacent to the land in question."


5.- Through a written submission incorporated into the digital case file at 08:34 hours on May 31, 2024, Nombre47835 and Nombre56940, in their respective capacities as mayor and president of the Municipal Council, both of Paraíso, report under oath the following:

"REGARDING THE FACTS: Regarding the human settlement located on the right-of-way (derecho de vía) lands, property of INCOFER, in the sector of Rincón de Paraíso, known as la Managuita, the people who inhabit it have already been notified for eviction (desalojo), which is why the construction of urban infrastructure requested by the petitioner would be unnecessary, if the lands are to be used as a railway right-of-way (derecho de vía). Regarding the questions posed by Mr. Nombre10653 who, according to a query made on the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones) website, is a resident of Río Macho, district of Orosi; we proceed to answer his questions one by one in the order established above. We also attach official communication GEM-UTGV-105-2024 dated April 16, 2024, which contains the response provided to the petitioner by the UTGV regarding proposals for actions for improvements in the road infrastructure of the cantonal route with code 3-02-002-00 known as El Rincón, and official communication GEM-UTGV-144-2024 dated May 13, 2024, which provides information on the Amparo petition with Case File No. 24-011296-0007-CO also filed by Mr. Nombre10653, notification of which was received on May 8, 2024, via physical document.

•   Request for the installation of sidewalks (aceras) in the area spanning from Dirección1935 600 meters east, in Paraíso de Cartago or where the bus stop is located. The construction of sidewalks (aceras) corresponds to each property owner. Regarding this issue, the regulations indicate, in accordance with Article 83 bis of the Municipal Code in force since 1998: Article 83 bis- Municipalities are empowered to carry out the construction of new sidewalk (acera) works directly, in order to guarantee accessibility and safety for all persons, prior notification to the property owner. The effective cost of these new works shall be passed on to the owner or possessor by any title of real estate, as defined by municipal regulations. Municipalities are authorized to establish payment facility mechanisms for the effective collection of charges for new sidewalk (acera) works. (Thus added by Article 14 of the Pedestrian Mobility Law, No. 9976 of April 9, 2021) The Municipality of Paraíso is currently analyzing a proposal for the Regulation of the Pedestrian Mobility Law No. 9976, which is intended to establish the necessary mechanisms in the short term to develop the construction of sidewalks (aceras) in Dirección1936. What is the concrete plan that the Municipal Council of Paraíso has for the installation of sidewalks (aceras) in the area of Dirección1935 considering the urgency of the situation and the risks to the road safety of citizens? In most of the canton of Paraíso, the right-of-way that has sidewalks (aceras) is located mainly in the urban quadrants, that is, in the population centers. This is why the Municipality of Paraíso is currently analyzing a proposal for the Regulation of the Pedestrian Mobility Law No. 9976, with which it is intended to establish the necessary mechanisms in the short term to develop the construction of sidewalks (aceras) on roads located outside the urban quadrants. 2. Have financing alternatives or aid schemes been evaluated for those neighbors with scarce economic resources who might have difficulties affording the payment for sidewalks (aceras) on their properties? It is an objective of the Municipality of Paraíso that the Regulation of the Pedestrian Mobility Law No. 9976 includes financing alternatives for those neighbors with difficulties building the sidewalks (aceras) in front of their properties. Said analysis is currently being carried out. 3. Is there a defined calendar or schedule for the implementation of sidewalks (aceras) in the mentioned area, and when is this intervention expected to take place? The project for the implementation of sidewalks (aceras) in all the districts of the canton will be developed once the necessary regulations are in place. The foregoing includes, like any project, the establishment of a schedule in the short term. 4. What additional measures are being considered to guarantee road safety in the area of Dirección1935 while the installation of sidewalks (aceras) is being carried out? At the beginning of the previous year, the UTGV installed vertical road signage at the intersection points of the road with code 3-02-002-00 known as El Rincón, indicating that the route is exclusively for light vehicles. 5. What specific actions are being taken to ensure the participation and cooperation of property owners in the installation of sidewalks (aceras), and how is this initiative being communicated to the community in general? The Municipality of Paraíso is currently coordinating actions with the Road Committee (Comité de Caminos) to establish specific actions on the route and develop projects with citizen participation. Communication is carried out through meetings with municipal authorities, the Social Promotion department, and official social media sites.

Regarding the "deterioration of the bridge over the Páez River, as well as the road to Ujarrás, particularly at the detour towards the national highway that goes to Turrialba and Cervantes, and the lack of widening of the road from El Rincón to La Joya de Paraíso," as noted by the appellant, we proceed to answer his inquiries: 1. What is the Municipal Council's action plan to improve road safety in Paraíso, including the installation of sidewalks (aceras) on streets that lack them, especially the one that should be located alongside the road from El Rincón to La Joya de Paraíso? The Municipality of Paraíso carried out in the year 2022, a contracting through procedure 2022CD-000024-0010900001 in Sicop called "UTGVM-001-2022 Engineering services: Comprehensive mobility study and development of the road reorganization proposal for the central core of Paraíso". The report is included within the annexes of this document. Its objective is "To improve the traffic conditions and road safety of the center of Paraíso, in compliance with the 2022 Annual Operative Plan, through a comprehensive mobility study and a road reorganization proposal for the central core of Paraíso". The reorganization proposal has the approval of the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) and is in its planning stage for implementation with the specific objectives of improving vehicular, pedestrian, and cyclist traffic conditions. Furthermore, the development of Active Mobility corridors is intended, initially promoted by the mUEve Project, thus continuing the process of improving the traffic conditions of the Cantonal Road Network (Red Vial Cantonal), as well as addressing improvements in the pedestrian and cyclist mobility infrastructure of the canton. As previously stated, the Municipality of Paraíso is currently analyzing a proposal for the Regulation of the Pedestrian Mobility Law No. 9976 necessary for the development of this initiative. The road with code 3-02-002-00 known as El Rincón is one of the routes connecting the city with the districts of Birrisito, Cachí, Santiago, and eventually, Orosi. It provides an alternate route to National Route 10 and is included within the project. 2. What is the current state of the bridge over the Páez River located in the area known as El Rincón, and what are the expected timelines for its repair? The UTGV requested on December 12, 2023, an inspection of the bridge over the Páez River located on the road with code 3-02-002-00 known as El Rincón, from the National Laboratory of Materials and Structural Models of the University of Costa Rica (LanammeUCR), to determine its current state. The report is included within the annexes of this document, which will be analyzed jointly with the results of the update of the Cantonal Road Network Inventory requested by the MOPT to establish the prioritization of projects to be included in the 2025 budget and in the update of the Five-Year Plan. The Municipality of Paraíso is currently carrying out the process for the contracting of said update. 3. What measures are being taken to address the problem of vehicular congestion in Dirección1937? The aforementioned road reorganization proposal intends, with its implementation, to improve vehicular, pedestrian, and cyclist traffic conditions in the city of Paraíso and on the connection routes to and from other population centers, which will impact the reduction of the vehicular congestion problem in the indicated area. 4. Is there any ongoing project to expand and improve the road infrastructure in our community, especially at this mentioned site? The annual programming carried out for the intervention of roads in the canton is performed in accordance with the regulations established by the Ministry of Public Works and Transport (MOPT). Every five years, the Cantonal Road Network Inventory is reviewed. Only the roads that are within said inventory can be intervened with the resources of Law 8114. For each road, a rating called the Social Technical Viability Index (Índice de Viabilidad Técnico Social, IVTS) is established according to parameters such as: number of residents, what the road is used for, public services available, and distance to educational and health centers, among others. This index expresses the importance of a road by quantifying its physical and socioeconomic characteristics through this indicator. With the result obtained, investment projects and their prioritization are established for each year's budget. The defined list of projects is presented to the Road Board (Junta Vial) for its analysis. Said board validates the proposal for the department's budget programming and elevates it to the Municipal Council for its approval. UTGV officials do not decide which projects will be carried out; they only execute what was defined by the Council a year before. The previously stated is the regular process for executing the maintenance and improvement of roads by municipalities in Costa Rica. In the case of the canton of Paraíso, there are approximately 280 km of inventoried roads, of which approximately 65% do not have an asphalted surface; the material of their surface is ballast or earth. The annual budget for maintenance of the Cantonal Road Network, including bridges, storm drainage systems, sidewalks (aceras), and works of art, is around 500 million colones, which means that around ₡ 1,785,000 (one million seven hundred eighty-five thousand colones) can be invested per kilometer of road. The cost of asphalting 1 km of road exceeds 100 million colones. The road with code 3-02-002-00 known as El Rincón has an approximate length of 2.235 km and a right-of-way width of 13.8 m, and has an IVTS of 71, which places it among the five roads with the best conditions in the canton outside of the urban quadrants. Regarding the improvement of the running surface, it is indicated that, during the last 18 months, the Municipality of Paraíso has invested in road conservation works a total amount of ₡ 27,252,444.37 (twenty-seven million two hundred fifty-two thousand four hundred forty-four colones with 37/100) in two pothole patching interventions on the asphalt running surface, one executed during 2023 and another in 2024. Two replacements of the "flex beam" type protection railing have been carried out on the El Rincón bridge. Said replacements had a total cost of ₡ 3,341,332.80 (three million three hundred forty-one thousand three hundred thirty-two colones with 80/100). The total amount of the interventions amounts to ₡ 30,593,777.17 (thirty million five hundred ninety-three thousand seven hundred seventy-seven colones with 17/100). In accordance with subsection g of Article 2 of the Regulation to subsection b of Article 5 of the Law of Tax Simplification and Efficiency, Law 8114: Improvement: It is the set of upgrades or modifications to the horizontal or vertical standards of roads, related to width, alignment, curvature, or longitudinal slope, in order to increase road capacity, circulation speed, and increase vehicle safety. Also included in this category are the widening of the roadway, the change of surface type from earth to exposed granular material or from this to bituminous pavement or hydraulic concrete among others, and the construction of structures such as major culverts, bridges, intersections, shoulders, sidewalks (aceras), bicycle lanes (ciclovías), ditches, curb and gutter. Currently, there is no specific project pending execution to expand and improve the road infrastructure at the mentioned site. 5. Has the placement of some speed bumps in said site been considered? Regarding the construction of speed bumps, it is indicated that, to date, there are no specific requests for the analysis of the placement of such elements on road 3-02-002-00. As previously indicated to the appellant in prior communication, he is invited to carry out the procedure indicating the quantity and suggested location so that the UTGV can request the analysis from the MOPT, as the Municipality of Paraíso does not currently have the necessary resources to carry out the required study. 6. How can citizens and local organizations collaborate with the Municipal Council in improving road infrastructure and safety in Paraíso? The Road Committee (Comité de Caminos) is the citizen organization that can present specific initiatives through the District Council for carrying out projects jointly with the Municipality. The Municipality of Paraíso provides coordination and advice on how to carry out concrete actions to improve road infrastructure and manage resources with other institutions. To date, there is no project proposal of this type from the Road Committee (Comité de Caminos). The presidency of the Municipal Council, through Official Letter CONMU-195 2024 of March 21, 2024, notified to the municipal administration and to Mayor Nombre38315 on March 22, 2024, transferred the note signed by Mr. Nombre56941 on the 11th day of March of the current year; likewise, the appellant was notified via email ....”

6.- By means of a brief incorporated into the digital file at 13:31 hours on June 25, 2024, Nombre56942, in his capacity as regional director of the Central East Health Rector's Office (Rectoría de Salud Central Este), reports under oath the following:

“FACTUAL ASPECTS: First: Regarding the facts alleged by the appellant processed under File No. N°24-009767-0007-CO, filed by the appellant, in summary, where they allege the following: "states that the lands of the Costa Rican Railroad Institute (Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER) located in Cartago, Paraíso, Dirección1934, do not have adequate disposal of wastewater and untreated blackwater. This is confirmed by the technical report of the Ministry of Health dated May 30, 2023, official letter N° MS-DRRSCE-DARSP-IT-0338-2023 (see evidence provided). Accuses the lack of resolution of the environmental complaint that led to the issuance of sanitary orders (órdenes sanitarias) N°. MS-DRRSCE-DARSP-OS-00153-2023 and N°MS-DRRSCE DARSP-OS-0244-2022 by the Paraíso Health Governing Area (Área Rectora de Salud Paraíso)…” Second: In response to the above, and as requested regarding the contested facts, I report the following: a) In the databases of the office of the Directorate of the Paraíso Health Governing Area (Área Rectora de Salud Paraíso), there is no record of any complaint filed by Mr. [Nombre443 001], appellant in the case. On August 18, 2022, a complaint is received via email filed by Mr. Nombre35096 against the Municipality of Paraíso for stormwater and residential water coming from the informal settlement "La Managuita" located in Dirección1938, and it provides the technical report GEM-UTGV-298-2022 from the Municipality of Paraíso. It is assigned the complaint consecutive number N°0158 2022 (Folio 0002 to 00020 Complaint File) c) On September 13, 2022, an inspection visit is carried out by Eng. Nombre56943, from the health regulation process of the Directorate of the Paraíso Health Governing Area (Área Rectora de Salud Paraíso), and report MS-DRRSCE-DARSP IT-0707-2022 is issued, where the following is indicated: " … the properties were reached, it was verified that they are located on the right-of-way that legally belongs to INCOFER, some precariously built … The entire row of houses has at the back, in a west-east direction, a ditch that collects all the wastewater and directs it to Dirección1939. It is concluded that there are at least 13 dwellings built on the railway line and that they inadequately dispose of wastewater." (Folio 0005 to 0006) d) On December 12, 2022, sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE OS-0244-2022 is issued, addressed to the Executive President of INCOFER, where he is requested within a period of 30 business days: "to present a corrective action plan for the non-conformity of the location of the dwellings on INCOFER land that have inadequate wastewater disposal, among other sanitary problems". The same is notified on December 19, 2022, at the central offices of INCOFER (Folio 0008 to 0009 complaint file) e) On January 31, 2023, an inspection is carried out again in follow-up to the complaint and to verify compliance with sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-OS-0244-2022, where technical report MS-DRRSCE-DARSP-IT-0080-2023 is issued, dated May 10, 2023, where it indicates: "… Upon inspection and review of complaint file N°0158-2022, it is found that INCOFER has not taken any action in compliance with sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-OS-0244-2022." It is recommended that, in accordance with the warning of said order, the complaint be referred to the Courts of Justice for disobedience to authority and to the Environmental Tribunal. (folios 0011 to 0014 complaint file) On May 14, 2023, via telephone, Dr. Nombre56944, Acting Director of DARS Paraíso, contacts the legal department of INCOFER, and explains the situation of non-compliance with the sanitary order (orden sanitaria). In the logbook entry, it indicates that the order will be forwarded via email and that INCOFER will send the corrective action plan within a week. (folio 0015 complaint file) g) On May 23, 2023, official letter Incofer-PE-OF-0482-2023 signed by Mr. Nombre55817, executive president of INCOFER, is received, where they present the remedial plan with a deadline from June 2023 to September 2024, which includes the eviction of the precarious settlement on state lands. (folio 0016 complaint file). h) On May 30, 2023, technical report MS-DRRSCE-DARSP-IT 0338-2023 is issued, where sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-OS 0244-2022 is deemed fulfilled, and a new sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-OS-0158 2023 is notified, which legally orders compliance with the proposed plan, with a compliance deadline of September 2024. This order is notified personally on August 7, 2023 (folios 0017 to 0021 complaint file). i) j) On May 30, 2024, official letter Incofer-PE-OF-0391-2024 signed by Mr. Nombre56673, Executive President of INCOFER, is received via email, indicating the actions taken to date (meetings with institutions and eviction notice to the inhabitants of the precarious settlement) and that the eviction and demolition of housing structures is scheduled for the month of September 2024, the date on which the deadline granted in sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-OS-0158-2023 ends (folio 0044 complaint file). Regarding what was denounced by Mr. Nombre10653, it is concluded that sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-OS-0158-2023 issued to INCOFER has a compliance deadline of September 2024, and subsequently, this DARS will schedule an inspection visit to verify its compliance.”

7.- By resolution at 14:45 hours on January 21, 2025, the investigating magistrate requested as evidence for better resolution from Nombre56942, in his capacity as regional director of Dirección1940, that he indicate whether INCOFER has complied with the provisions of sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCE-0244-2022.

8.- By means of a brief incorporated into the digital file at 16:23 hours on January 26, 2025, Nombre56945, in his capacity as regional director of the Directorate of the Paraíso Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Paraíso), reports under oath the following:

“On August 18, 2022, the Directorate of the Paraíso Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Paraíso) receives a complaint via email filed by Mr. Nombre35096 against the Municipality of Paraíso for stormwater and residential water coming from the informal settlement "La Managuita" located in Dirección1938, and it provides the technical report GEM UTGV-298-2022 from the Municipality of Paraíso. It is assigned complaint consecutive number N°0158-2022 (see folios 0001 to 0006). ▪ On September 13, 2022, an inspection visit is carried out by Eng. Nombre56943, from the health regulation process of the Directorate of the Paraíso Health Governing Area (Área Rectora de Salud Paraíso), and report MS-DRRSCE-DARSP IT-0707-2022 is issued, where the following is indicated: " … the properties were reached, it was verified that they are located on the right-of-way that legally belongs to INCOFER, some precariously built … The entire row of houses has at the back, in a west-east direction, a ditch that collects all the wastewater and directs it to Dirección1939. It is concluded that there are at least 13 dwellings built on the railway line and that they inadequately dispose of wastewater." (see folios 0005 and 0006). ▪ On December 12, 2022, sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE OS-0244-2022 is issued, addressed to the Executive President of INCOFER, where he is requested within a period of 30 business days: "to present a corrective action plan for the non-conformity of the location of the dwellings on INCOFER land that have inadequate wastewater disposal, among other sanitary problems". The same is notified on December 19, 2022, at the central offices of INCOFER. (see folios 0008 and 0009). ▪ On January 31, 2023, an inspection is carried out again in follow-up to the complaint and to verify compliance with sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-OS-0244-2022, where technical report MS-DRRSCE-DARSP-IT-0080-2023 is issued, dated May 10, 2023, where it indicates: "… Upon inspection and review of complaint file N°0158 2022, it is found that INCOFER has not taken any action in compliance with sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-OS-0244-2022." It is recommended that, in accordance with the warning of said order, the complaint be referred to the Courts of Justice for disobedience to authority and to the Environmental Tribunal. (see folios 0011 to 0014). ▪ On May 14, 2023, via telephone, Dr. Nombre56944, Acting Director of DARS Paraíso, contacts the legal department of INCOFER, and explains the situation of non-compliance with the sanitary order (orden sanitaria). In the logbook entry, it indicates that the order will be forwarded via email and that INCOFER will send the corrective action plan within a week. (see folio 0015). ▪ On May 23, 2023, official letter Incofer-PE-OF-0482-2023 signed by Mr. Nombre55817, executive president of INCOFER, is received, where they present the remedial plan with a deadline from June 2023 to September 2024, which includes the eviction of the precarious settlement on state lands. (Folio 0016). ▪ On May 30, 2023, technical report MS-DRRSCE-DARSP-IT 0338-2023 is issued, where sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE OS-0244-2022 is deemed fulfilled, and a new sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-OS 0158-2023 is notified, which legally orders compliance with the proposed plan, with a compliance deadline of September 2024. This order is notified personally on August 7, 2023. (see folios 0017 to 0030). ▪ On August 7, 2023, Sanitary Order (Orden Sanitaria) MS-DRRSCE-DARSP OS-0158-2023 was notified (see folio 0021); expiring on October 1, 2024; which ordered: First Point: Carry out inter-institutional coordination efforts (PANI, Public Force, Municipality, IMAS, MIVAH) to be able to move the people, conduct technical visits with the competent institutions to determine the steps to follow. Compliance Deadline: April 1, 2024. o Second Point: Carry out the defined actions of notifications and follow-up. Compliance deadline: July 1, 2024. o Third point: Execution of evictions and elimination of constructions. Compliance deadline: October 1, 2024 ▪ On May 30, 2024, official letter Incofer-PE-OF-0391-2024 signed by Mr. Nombre56673, Executive President of INCOFER, is received via email, indicating the actions taken to date (meetings with institutions and eviction notice to the inhabitants of the precarious settlement ) and that the eviction and demolition of housing structures is scheduled for the month of September 2024, the date on which the deadline granted in sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCE-OS-0158-2023 ends. (see folio 0045) ▪ On September 12, 2024, the Directorate of the Paraíso Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Paraíso) prepared official letter MS-DRRSCE-DARSP-1225-2024 as a result of the inspection of the reported site carried out on September 11, 2024; where it is indicated that: "there are no people living in the place and the houses were destroyed, non-traditional waste also remains scattered and piled up where the dwellings previously stood. No cats or rodents were visualized in the place." ▪ On October 4, 2024, the inspection visit is carried out by Eng. Nombre56943, from the health regulation process of the Directorate of the Paraíso Health Governing Area (Área Rectora de Salud Paraíso), and report MS-DRRSCE-DARSP-IT 0883-2024 is issued (see folios 0050 to 0053); which concludes that: o INCOFER took the necessary actions to eliminate the housing/dwellings generating untreated wastewater and blackwater located on a stretch of the railway line located in Paraíso, Dirección1934. o The eviction and destruction actions carried out resulted in the generation of non-traditional and hazardous waste that needs to be disposed of in accordance with current legislation. Therefore, it was recommended that the Directorate of the Paraíso Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Paraíso) proceed to: Notify the compliance with the previous Sanitary Order. o Notify a new Sanitary Order for the integral management of waste resulting from the eviction, and to prevent the space from becoming a dump. o Inform the complainant of the actions taken to date. o Copy the Municipality of Paraíso for its corresponding action. ▪ On January 6, 2025, (folios 0054 to 0060) the Directorate of the Paraíso Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Paraíso) notified to email ...168 the documents: o Official letter MS-DRRSCE-DARSP-1431-2024; subject: Compliance with Sanitary Order N°MS-DRRSCE-DARSP-OS-0158-2025 – Complaint N°0158-2022. o Sanitary Order MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024 with an expiration date of February 17, 2025, which dictates: First point: Take the necessary actions to eliminate from the entire land any source of infection and vector transmission vehicle in order to prevent the place from being a source of infection, breeding ground, or shelter for harmful fauna. Especially eliminate tall weeds, the presence of any waste that must be disposed of in a sanitary manner, and the presence of containers that store liquids outdoors. Second point: Manage all waste present at the site in such a way that it does not contaminate soils, subsoils, water, air, and ecosystems. Waste must be managed in an environmentally sustainable manner, applying the best available techniques and environmental practices available in the country. Third point: Execute actions that prevent or limit the entry of waste onto the land by third parties in order to prevent the space from being occupied again for a clandestine activity such as a dump or precarious dwelling. ▪ As of the date of this official letter, for sanitary order MS-DRRSCE-DARSP OS-0209-2024, its right was indicated in accordance with Article 60 and following of the Organic Law of the Ministry of Health, to file an appeal for revocation with a subsidiary appeal within five business days counting from its notification; the appeal may be filed before the office of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of the Ministry of Health where the act was issued; the revocation will be resolved by the Regional Directorate of the Central East Region and, if necessary, the appeal will be resolved by the Minister of Health". However, no appeal against the sanitary order was filed within the established period. On the other hand, there is no record in the file of a request for an extension to comply with the sanitary order as established in the Public Administration Law. II. Therefore;  1. Sanitary order MS-DRRSCE-OS-0244-2022, based on technical report MS-DRRSCE-DARSP-IT-0338-2023 dated May 30, 2023, is deemed fulfilled. 2. Sanitary order MS-DRRSCE-OS-0158-2023 is considered fulfilled based on technical report MS-DRRSCE-DARSP-IT-0883-2024 as of the date of October 4, 2024, which was notified to the Costa Rican Railroad Institute (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) on January 6, 2025, through Official Letter MS-DRRSCE-DARSP-1431-2024. 3. On January 6, 2025, Sanitary Order MS-DRRSCE DARSP-OS-0209-2024 was notified, which is in force against the Costa Rican Railroad Institute (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) and expires on February 17, 2025.”

9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellant states that the INCOFER lands in Cartago, Paraíso, Dirección1934, lack adequate disposal of wastewater and untreated blackwater, as verified in a technical report from the Ministry of Health dated May 30, 2023. He explains that, despite the issuance of sanitary orders (órdenes sanitarias), the environmental complaint remains unresolved. Likewise, he alleges that INCOFER has not built the sidewalks (aceras) at the site, which endangers the safety of pedestrians due to the high traffic in the area. He indicates that, on March 11, 2024, he requested from the Council of Paraíso the application of the Pedestrian Mobility Law No. 9976, as well as information on municipal plans for the installation of sidewalks (aceras) and road improvements, without having received a response. Subsequently, on March 15, 2024, he filed another request regarding the state of the bridge over the Páez River, the road to Ujarrás, and the widening of the road from El Rincón to La Joya de Paraíso, without obtaining a reply.

She alleges that the authorities' omission violates her fundamental rights, worsening her health situation, since she suffers from sinus tachycardia with risk of infections due to exposure to contaminated water. She requests that INCOFER immediately carry out the proper disposal of wastewater, as well as the construction of sidewalks in Barrio El Rincón. Additionally, she requests that the Municipality of Paraíso supervise compliance with the Ley de Movilidad Peatonal throughout the territory of Barrio El Rincón in Paraíso de Cartago.

II.- Preliminary matter. Before analyzing the merits of the case —regarding the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure— it must be clarified that, based on judgment No. 2008-2545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear administrative appeals. Precisely, in the *sub lite* case, an exception is presented, as it concerns the alleged delay in addressing a problem of wastewater and pedestrian mobility in Dirección1934 in Paraíso de Cartago.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authorities have omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) On August 18, 2022, the Dirección de Área Rectora de Salud de Paraíso received a complaint via email filed by Mr. Nombre35096 against the Municipality of Paraíso for stormwater and residential water coming from the informal settlement "La Managuita" in Dirección1938, providing technical report GEM-UTGV-298-2022 from the Municipality of Paraíso (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

b) On September 13, 2022, engineer Nombre56943 of the Equipo de Regulación de la Salud of the Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso conducted an inspection visit and issued report MS-DRRSCE-DARSP-IT-0707-2022, in which it was verified that at least 13 dwellings precariously built on INCOFER's right-of-way were inadequately disposing of wastewater (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

c) On December 12, 2022, sanitary order MS-DRRSCE-OS-0244-2022 was issued, addressed to the executive president of INCOFER, requiring the following within a period of 30 business days: "present a corrective action plan for the non-conformity of the location of dwellings on INCOFER land that have inadequate wastewater disposal, among other sanitary problems" (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

d) On December 19, 2022, INCOFER was notified of sanitary order MS-DRRSCE-OS-0244-2022 (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

e) On January 31, 2023, a follow-up inspection was carried out, and technical report MS-DRRSCE-DARSP-IT-0080-2023 indicated that INCOFER had not complied with sanitary order MS-DRRSCE-OS-0244-2022, recommending that the complaint be forwarded to the Courts of Justice for disobedience to authority (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

f) On May 14, 2023, Dr. Nombre56944, director of the Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso, contacted INCOFER's legal department to explain the non-compliance with the sanitary order, agreeing on the resending of the order and the presentation of the corrective action plan within one week (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

g) On May 23, 2023, official letter INCOFER-PE-OF-0482-2023 was received, signed by INCOFER's executive president, Nombre55817, presenting the remedial plan with a deadline from June 2023 to September 2024, which includes the eviction of dwellings on state lands (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

h) On May 30, 2023, technical report MS-DRRSCE-DARSP-IT-0338-2023 was issued, considering sanitary order MS-DRRSCE-OS-0244-2022 fulfilled (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

i) On July 26, 2023, the Dirección de Área Rectora de Salud Paraíso issued sanitary order MS-DRRSCE-DARSP-OS-0158-2023 addressed to the executive president of INCOFER. In said order, it ordered the following: "First point: Carry out inter-institutional coordination efforts (PANI, Fuerza Pública, Municipality, IMAS, MIVAH), to be able to relocate the people, conduct technical visits with the competent institutions to determine the steps to follow. Compliance Deadline: April 1, 2024. Second Point: Carry out the defined notification and follow-up actions. Compliance deadline: July 1, 2024. Third point: Execution of evictions and elimination of constructions. Compliance deadline: October 1, 2024" (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

j) On August 7, 2023, the executive president of INCOFER was notified of sanitary order MS-DRRSCE-DARSP-OS-0158-2023 (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

k) On March 11, 2024, the plaintiff sent a note addressed to the Concejo Municipal de Paraíso, in which he requested the following information: "What is the concrete plan that the Concejo Municipalidad de Paraíso has for the installation of sidewalks in the area of Bar Rincón del Mono, considering the urgency of the situation and the risks to the road safety of citizens? 2. Have financing alternatives or aid schemes been evaluated for those neighbors of scarce economic resources who might have difficulties in paying for the sidewalks on their property? 3. Is there a due calendar or schedule for the implementation of sidewalks in the mentioned area, and when is this intervention expected to take place? 4. What additional measures are being considered to guarantee road safety in the area of Bar Rincón del Mono while the installation of the sidewalks is carried out? 5. What specific actions are being taken to ensure the participation and cooperation of the property owners in the installation of sidewalks, and how is this initiative being communicated to the community in general? We thank you in advance for your attention and prompt response to this request." (see the filing brief and the evidence provided to the digital case file).

l) On March 14, 2024, the Concejo Municipal de Paraíso, in extraordinary session No. 310-2024, considered the petition presented by the protected party and agreed to forward the petition to the Municipal Administration (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided to the digital case file).

m) On March 14, 2024, the secretary of the Concejo Municipal de Paraíso notified the protected party of the agreement reached in extraordinary session No. 310-2024 (see the report of the respondent municipal authority and the evidence provided to the digital case file).

n) On March 15, 2024, the petitioner submitted another informational missive to the Concejo Municipal de Paraíso, in which he required the following: "In this context, and by virtue of Article 27 of the Constitución Política, which guarantees the right of reply, I allow myself to formulate the following questions: What is the Concejo Municipal's action plan to improve road safety in Paraíso, including the installation of sidewalks on streets that lack them, especially on the one that should be located alongside the road from Rincón to La Joya de Paraíso? What is the current state of the bridge over the Río Páez located in the area known as El Rincón, and what are the anticipated deadlines for its repair? What measures are being taken to address the problem of vehicular congestion on the road from Rincón to La Joya? Is there any project underway to expand and improve road infrastructure in our community, especially in this mentioned site? Has consideration been given to placing some speed bumps in said location? How can citizens and local organizations collaborate with the Concejo Municipal in improving road infrastructure and safety in Paraíso?" (see the filing brief and the evidence provided to the digital case file).

o) On March 26, 2024, the Concejo Municipal de Paraíso in ordinary session No. 313-2024, considered the note filed by the appellant and agreed to the following: "Item 18: A note dated March 15, 2024, signed by Mr. [Nombre443 001], is acknowledged, referring to various queries related to road infrastructure in our municipality of Paraíso, especially the site called El Rincón. Based on Article 31 of the Reglamento de Sesiones y Comisiones, it is forwarded to the Municipal Administration" (see the reports of the respondent municipal authorities and the evidence provided to the digital case file).

p) On May 30, 2024, official letter INCOFER-PE-OF-0391-2024 was received, indicating that the eviction and demolition of the housing structures was scheduled for September 2024, the date on which the deadline for sanitary order MS-DRRSCE-OS-0158-2023 expires (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

q) On September 12, 2024, the Dirección de Área Rectora de Salud de Paraíso prepared official letter MS-DRRSCE-DARSP-1225-2024 based on the result of the inspection of the reported place carried out on September 11, 2024. In said official letter, the following was indicated: "there are no people living in the place and the houses were destroyed, there also remain non-traditional waste scattered and piled where the dwellings previously were. No cats or rodents were sighted in the place." (see the health authorities' reports and the evidence provided to the digital case file).

r) On October 4, 2024, Engineer Nombre56943 conducted a new inspection and issued report MS-DRRSCE-DARSP-IT-0883-2024, concluding that INCOFER complied with the necessary actions to eliminate the dwellings generating wastewater, but generating non-traditional waste that requires disposal in accordance with current legislation (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital case file).

s) On January 6, 2025, the Dirección de Área Rectora de Salud de Paraíso notified INCOFER of sanitary order MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, with expiration on February 17, 2025, ordering the following: "First point: Carry out the necessary actions to eliminate throughout the entire land any infectious focus and vector transmission vehicle in order to prevent the place from being a source of infection, breeding ground, or shelter for harmful fauna. Especially eliminate tall weeds, presence of any waste that must be disposed of in a sanitary manner, and the presence of containers storing liquids outdoors. Second point: Manage all waste present at the place in such a way that it does not contaminate soils, subsoils, water, air, and ecosystems. The waste must be managed in an environmentally sustainable manner, applying the best available techniques and environmental practices available in the country. Third point: Execute actions that prevent or limit the entry of waste onto the land by third parties in order to prevent the space from being occupied again for a clandestine activity such as a dumpsite or precarious dwelling" (see the reports of the respondent authorities and the evidence provided to the digital case file).

IV.- Unproven fact. The following fact of relevance for this resolution is not deemed duly demonstrated:

Only: That the appellant has been answered the information requests formulated on the dates of March 11 and 15, 2024.

V.- Regarding the responsibilities in the specific case of INCOFER. The appellant points out that the INCOFER lands in Cartago, Paraíso, Dirección1934, lack adequate disposal of wastewater and untreated black water, as verified in a technical report from the Ministry of Health dated May 30, 2023. He states that, despite the issuance of sanitary orders, the environmental complaint remains unresolved.

On this particular, it is necessary to highlight that the inadequate management of wastewater violates the right to a healthy and balanced environment, by causing contamination of soil, water sources, and air, as well as the proliferation of vectors and diseases. In fact, Article 285 of the Ley General de Salud establishes the obligation for its sanitary elimination to avoid these harmful effects. Likewise, Article 50 of the Constitución Política imposes on authorities the duty to prevent and correct environmental damage, which shows that inaction in the face of contamination compromises fundamental rights and demands timely institutional responses to avoid harm to health and the environment.

In the specific case, the proven facts demonstrate that, although INCOFER has implemented certain measures to address the problem, a direct impact on the fundamental right of the amparo petitioner persists. The validity of Sanitary Order MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, issued on January 6, 2025, confirms that the contamination generated by the inadequate management of wastewater has not been definitively eradicated. This order obliges the institution to eliminate hazardous waste, prevent infectious foci, and prevent the area from becoming a clandestine dump, which shows that the problem has not yet been fully resolved. Furthermore, the prolonged omission in complying with previous sanitary orders, particularly MS-DRRSCE-OS-0244-2022 and MS-DRRSCE-OS-0158-2023, whose compliance was only achieved after repeated inspections and requirements from the Ministry of Health, reinforces the conclusion that the entity has not acted with the necessary diligence to guarantee a healthy environment.

Article 50 of the Constitución Política imposes on authorities the duty to prevent and correct environmental damage, which entails the responsibility of adopting effective and timely measures to avoid contamination. In this case, the lack of a definitive solution by INCOFER represents an omission that compromises the fundamental rights of the appellant, by not guaranteeing the total elimination of the wastewater nor preventing the associated health risks. Consequently, it is concluded that INCOFER has violated the right to a healthy and ecologically balanced environment, since the validity of a sanitary order demonstrates that the problem persists and that the actions adopted have been insufficient to eradicate the reported contamination. The obligation to guarantee adequate environmental conditions is not satisfied with partial responses, but with the effective elimination of contaminating factors, which to date has not been fully accomplished.

VI. On the other hand, the appellant also states that the respondent authority has not built the sidewalks at the site, which puts the safety of pedestrians at risk due to the high traffic in the area.

It is pertinent to indicate that Barrio El Rincón in Paraíso is located within a strip of land intended exclusively for railway activities, which implies that any intervention in the area must conform to the regulations specific to the railway right-of-way. In this sense, Article 53 of the Ley General de Ferrocarriles expressly prohibits pedestrian traffic on the railway track, which excludes the possibility of building infrastructure intended for pedestrians in an area that, by its very nature, is not authorized for that purpose. Moreover, the municipal authorities have reported that the inhabitants of Barrio El Rincón, also known as La Managuita, have been notified of their eviction. This circumstance reinforces the impossibility of carrying out the intended construction, since the settlement in question should not be in that location. Implementing infrastructure works in an area that is in the process of recovery by the State would be contradictory to current regulations and to the very objective of territorial planning.

Now, under any scenario, the installation of sidewalks on a railway right-of-way would imply a latent risk for pedestrians, by promoting their circulation in a restricted area intended exclusively for rail transport. The purpose of the right-of-way is precisely to preserve a safety area for the operation of the railroad, avoiding situations that could compromise the integrity of those who transit near the track. Building sidewalks in this context would not only be illegal but would also increase the risk of accidents. Consequently, the appellant's claim lacks legal and technical basis, since the construction of sidewalks in the area is not only prohibited by legislation but would also be incompatible with territorial planning and railway safety principles.

Therefore, the appropriate course of action is to dismiss the appeal, regarding this particular point.

VII. Regarding the municipal authorities of Paraíso. The plaintiff states that, on March 11, 2024, he petitioned the Concejo de Paraíso for the application of the Ley de Movilidad Peatonal No. 9976, in addition to requesting information on the municipal plans regarding the installation of sidewalks and road improvements, without receiving a response. Subsequently, on March 15, 2024, he submitted a new request in which he inquired about the state of the bridge over the río Páez, the road to Ujarrás, and the expansion of the highway connecting Rincón with La Joya de Paraíso, without having been given an answer.

In the first place, it is worth noting that this Constitutional Chamber ruled on facts analogous to the *sub iudice* case, through judgment No. 018814-2024 at 09:30 hours on July 5, 2024, which resolves case file 24-011296-0007-CO filed by the same appellant. On that occasion, the Constitutional Chamber indicated the following:

 "V.- ON THE MERITS. From the list of proven facts, it is clear that on April 11, 2024, the appellant filed a complaint before the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipality of Paraíso, in which he indicated the following: 'Requesting the performance of an exhaustive study for the purpose of implementing improvements to the road infrastructure of the cantonal route in said area. It is of utmost importance that diverse measures be considered to improve the right-of-way and guarantee the safety of the inhabitants, especially the children who travel daily on these roads. Therefore, I propose the implementation of the following actions: 1. Construction of sidewalks: The creation of adequate sidewalks is fundamental to allow safe pedestrian movement, thus avoiding possible accidents. 2. Installation of speed bumps: Speed bumps should be placed at strategic points to reduce vehicle speed and prevent traffic accidents. 3. Creation of a storm drain corridor: It is necessary to develop a storm drain corridor that contributes to the preservation of the natural environment and the protection of the surrounding ecosystem. 4. Improvement of the running surface: Improvements to the running surface are required to guarantee fluid and safe vehicle transit. Likewise, it is imperative that a detailed analysis of the drainage system be carried out, including the study of the curb and gutter and the wastewater. This analysis has the primary objective of mitigating environmental contamination, especially that directed at the Río Páez, and guaranteeing a healthy environment for all residents of the area. Finally, I wish to request that this complaint be handled anonymously, in order to protect the integrity of those who file it and avoid possible reprisals.' According to his statement, through official letter No. GEM-UTGV-105-2024 dated April 16, 2024, the respondent Unidad Técnica de Gestión Vial provided a response to the filed petition under the following conditions: '1. Construction of sidewalks. Regarding the construction of sidewalks, the regulations indicate, according to Article 83 bis of the Código Municipal in force since 1998: Article 83 bis- Municipalities are authorized to carry out the construction work of new sidewalks directly, in order to guarantee accessibility and safety for all persons, after notifying the owner. The effective cost of these new works will be passed on to the owner or possessor by any title of real estate, as defined by municipal regulations. Municipalities are authorized to establish payment facility mechanisms regarding the effective charge for new sidewalk works. (As added by Article 14 of the Ley Movilidad peatonal, No. 9976 of April 9, 2021) The Municipality of Paraíso is analyzing a proposal for the Regulation of the Ley de Movilidad Peatonal Law No. 9976. 2. Installation of speed bumps. Regarding the construction of speed bumps, it is indicated that, to date, there are no specific requests for the analysis of the placement of such elements in the Dirección1941. You are invited to carry out the procedure indicating the quantity and suggested location. 3. Creation of a storm drain corridor. You are invited to provide details about the proposal and its location to forward it to the corresponding department or entity. 4. Improvement of the running surface. Regarding the improvement of the running surface, it is indicated that, over the last 18 months, the Municipality of Paraíso has invested in road conservation works a total amount of 02 27,252,444.37 (twenty-seven million two hundred fifty-two thousand four hundred forty-four colones with 37/100) in two pothole repair interventions on the running surface, one carried out during 2023 and another in 2024. Two replacements of the flex beam type protection railing on the El Rincón bridge have been carried out. Said replacements had a total cost of Q 3,341,332.80 (three million three hundred forty-one thousand three hundred thirty-two colones with 80/100). The total amount of the interventions amounts to 6 30,593,777.17 (thirty million five hundred ninety-three thousand seven hundred seventy-seven colones with 17/100). According to subsection g of Article 2 of the Regulation to subsection b of Article 5 of the Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Law 8114: Improvement: It is the set of improvements or modifications to the horizontal or vertical standards of roads, related to width, alignment, curvature, or longitudinal slope, in order to increase road capacity, circulation speed, and increase vehicle safety. Also included within this category are the widening of the roadway, the change of surface type from earth to exposed granular material or from this to bituminous pavement or hydraulic concrete, among others, and the construction of structures such as major culverts, bridges, intersections, shoulders, sidewalks, bike lanes, ditches, curb and gutter. Currently, there is no specific project pending execution to expand and improve road infrastructure at the mentioned site. 5. Drainage system. Regarding the detailed analysis of the drainage system, as indicated in the previous point, there is currently no specific project for the construction of curb and gutter on the indicated road. A cost analysis will be carried out to establish said project, according to the prioritization established by the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) for the intervention of roads included in the Inventario de la Red Vial Cantonal. Regarding the complaint about wastewater management, this point is within the competence of the Ministry of Health, therefore, you are requested to indicate which properties are depositing wastewater on public roads in order to coordinate with said entity to attend to and process your complaint.' However, he accuses that the respondent municipality has been negligent regarding the request for improvements to the road infrastructure of the El Rincón cantonal route. In the case at hand, this Court considers that the amparo is inadmissible. In the *sub examine* case, it is reasonably clear that the appellant is dissatisfied with the response issued by the respondent authority in official letter No. GEM-UTGV-105-2024 of April 16, 2024. However, it must be indicated that it is not for this Chamber to determine if the response given to the amparo petitioner was the most appropriate, if more studies were needed, or whether the respondent municipality is responsible for handling the filed complaint under the conditions he intends, since these are points that must be aired in the ordinary channels of legality —administrative or jurisdictional— given that, in said venue, the appellant enjoys greater opportunities than in the summary or extremely summary form of this amparo proceeding to formulate all arguments and probative elements he deems necessary for the defense of his claims. Added to the above, from the response issued in official letter GEM-UTGV-105-2024, it is confirmed that in points 2) "Installation of speed bumps"; 3) "Creation of a storm drain corridor"; and 5) "Drainage system", the plaintiff was asked to clarify and expand the filed complaint; however, there is no record that such action was carried out. Thus, the appropriate course of action is to declare the appeal without merit." (The highlighting and emphasis does not correspond to the original).

In any case, the fact is that, as indicated in the preceding recital, the construction of the sidewalk sought by the appellant becomes legally unfeasible, insofar as the area where its installation is intended is not destined for pedestrian traffic, but rather corresponds to a railway strip whose specific function and regulations prevent any different use. Insisting on the execution of said work would not only contravene the Ley General de Ferrocarriles but would also threaten the safety of those who use it. In this sense, the municipal authorities are not obligated to build infrastructure on a site that does not meet the necessary legal and urban planning conditions. Consequently, no violation of the fundamental rights of the amparo petitioner is established regarding this point.

VIII. Now, what truly violates fundamental rights is the omission to respond to the petitions formulated by the amparo petitioner. Let it be kept in mind that the rights of petition and access to information, enshrined in Articles 27 and 30 of the Constitución Política, grant every person the power to address State agencies to request information or make petitions on matters of particular or general interest. Consequently, this generates for the public servant the obligation to respond within the corresponding legal deadline. However, this does not imply that the administered person must receive a response favorable to their interests. In this context, Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and numeral 10 of the Ley Marco de Acceso a la Información Pública establish that said response must be provided within a maximum period of ten business days counted from the receipt of the petition.

In the present case, it is verified that on March 11, 2024, the appellant submitted a request before the Concejo Municipal de Paraíso, in which he raised various questions about the installation of sidewalks in Dirección1935, the financing for neighbors of scarce resources, and the implementation of road safety measures. Subsequently, on March 14, 2024, in extraordinary session No. 310-2024, the Concejo Municipal agreed to forward the petition to the Municipal Administration and, that same day, the secretary of the Concejo notified the appellant of this referral. However, said communication did not constitute a substantive response to the queries raised, but merely an administrative transfer. Added to the above, on March 15, 2024, the petitioner submitted a new request before the Concejo Municipal, this time requiring information about the state of the bridge over the río Páez, the vehicular congestion on the road from Rincón to La Joya, and the possible installation of speed bumps.

Nevertheless, on March 26, 2024, in ordinary session no. 313-2024, the Council again agreed to transfer the matter to the Municipal Administration, without providing a concrete answer on the issues consulted.

From this perspective, the conduct of the challenged authority is insufficient, since Article 10 of the Law for the Regulation of the Right of Petition establishes the following:

"ARTICLE 10.- Competence of the addressee

Whenever the resolution of inadmissibility of a petition is based on the lack of competence of its addressee, the latter shall forward it to the institution, administration, or body it deems competent within five business days and shall notify the petitioner accordingly. In this case, the time limits shall be computed from the receipt of the document, applying the provisions of Article 6 of this law.

When a body or authority deems itself incompetent to hear a petition, it shall directly forward the proceedings to the body it considers competent, if both belong to the same institution, administration, or body, and must notify the petitioner, without this procedure affecting the ten-business-day period for its due response."

From that perspective, although the Municipal Council forwarded the petition to the Municipal Administration, this does not exempt it from its responsibility to ensure that the petitioner obtained a response within the legal deadline. What is relevant in this case is that, according to the established facts, it is not proven that the Mayor's Office issued a formal and definitive answer to the inquiries raised by the petitioner. Thus, the mere notification of the administrative transfer does not satisfy the obligation to respond established by the applicable regulations.

Thus, from the date the first request was filed (March 11, 2024) until the filing of the appeal (April 15, 2024), thirty-five days have elapsed without an effective response having been issued. Given that this period exceeds the limit established in the applicable regulations, an impairment of the petitioner's fundamental rights is established, making it appropriate to grant the appeal on this point.

IX. Regarding the Ministry of Health. With respect to the Paraíso Health Area Directorate (Área Rectora de Salud de Paraíso), this Chamber notes that said entity has acted within the scope of its competencies and has deployed concrete and timely actions to address the problem generated by the inadequate disposal of wastewater in the informal settlement "La Managuita," located at Dirección1938. From the analysis of the body of evidence, it is clear that, since August 18, 2022, said institution has processed complaints filed about this situation, conducting multiple inspections to verify the sanitary conditions of the site. As a result of these proceedings, it issued sanitary orders directed at INCOFER, in which it established corrective measures and specific deadlines for their compliance, among them, sanitary order MS-DRRSCE-DARSP-OS-0158-2023, which ordered the execution of evictions and the elimination of constructions in the affected area.

Likewise, it is on record that on September 12, 2024, after a new inspection, the Paraíso Health Area Directorate confirmed that there were no longer people living at the site and that the precarious structures had been demolished. Subsequently, on October 4, 2024, a new technical report determined that INCOFER had complied with the elimination of the dwellings that generated the wastewater contamination, although it identified the presence of non-traditional waste at the site. Consequently, on January 6, 2025, the Ministry of Health issued sanitary order MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, in which it established new guidelines for the environmental remediation of the land, requiring the elimination of infectious sources and the proper management of the remaining waste.

As things stand, no omission whatsoever on the part of the Ministry of Health is evident from the body of evidence. On the contrary, it has exercised its health oversight and regulatory functions through the execution of technical inspections, the imposition of sanitary orders, and the monitoring of compliance with corrective measures. Nor has it been demonstrated that the actions adopted were insufficient or that the institution incurred negligence in the exercise of its competencies. Consequently, no direct threat or violation attributable to the Ministry of Health in relation to the fundamental rights invoked by the petitioner is established. Therefore, the amparo appeal filed against this entity must be dismissed, without prejudice to said authority continuing to supervise compliance with the current sanitary order, in order to ensure the correct disposal of waste and prevent new environmental risks on the vacated land.

X.- Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that, when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Administrative-Contentious Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law for the Regulation of the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which indeed may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

XI.- Note by Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the administrative-contentious jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner denounces the alleged environmental contamination on INCOFER lands in Cartago due to the inadequate disposal of wastewater, a situation confirmed in reports from the Ministry of Health. Despite the issuance of sanitary orders, the problem persists, evidencing a prolonged omission in the definitive eradication of the contaminating factors. The described situation constitutes an exception to my general position on this matter, and I therefore deem it necessary for this Constitutional Court to analyze the merits of the matter, in order to verify or dismiss the allegations of the petitioner.

XII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is partially granted, due to the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment by INCOFER and due to the injury to the right of petition by the Municipality of Paraíso. Consequently, Nombre55817, in their capacity as executive president of INCOFER, or whoever holds said position, is ordered to issue the pertinent orders within the scope of their competencies and to manage what is necessary to comply with the provisions of sanitary order MS-DRRSCE-DARSP-OS-0209-2024, within the period established in said administrative act, that is, until February 17, 2025. In turn, Nombre47835 and Nombre56940, in their respective capacities as mayor and president of the Municipal Council, both of Paraíso, are ordered to adopt the necessary measures so that, within the maximum period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the information requested in the official letters of March 11 and 15, 2024, filed by the petitioner, is delivered. The respondent, or whoever holds their position, is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Costa Rican Institute of Railways (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the administrative-contentious jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




 

Fernando Cruz C.

	

 

	

 

Luis Fdo. Salazar A.




 

Jorge Araya G.

	

 

	

 

Anamari Garro V.




 

Ingrid Hess H.

	

 

	

 

Rosibel Jara V.

 


Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

Se adjunta la sentencia 25-003649 del expediente 24-009767-0007-CO

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:51:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República