Res. 06929-2025 Sala Constitucional — Extension Granted for River Protection Works on María Aguilar RiverAmpliación de plazo para obra de protección en río María Aguilar

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 06929 - 2025

Fecha de la Resolución: 07 de Marzo del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-020715-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución



Exp: 24-020715-0007-CO

Res. Nº 2025006929

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco .

Gestiones posteriores planteadas por DIEGO MIRANDA MÉNDEZ, en su condición de ALCALDE DE SAN JOSÉ, así como por ALEXIS DURÁN SOLÍS, cédula de identidad 0104121031, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ARLEY, cédula de identidad 0104850445 Y RAFAEL ENRIQUE RIVERA ZÚÑIGA, cédula de identidad 0502100167, en relación con la sentencia nro. 2024024101 de las 9:20 horas del 23 de agosto de 2024.  

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 5 de febrero de 2025, el alcalde de San José expone: “En atención a la Resolución N.° 2024024101, de las nueve horas veinte minutos del veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, notificada a mi representada el día 26 de agosto del año 2024, al respecto manifiesto lo siguiente: SOLICITUD DE INFORMES En vista de que en dicha resolución se le otorga un plazo de SEIS MESES a mi representada para que se resuelva de forma definitiva la problemática denunciada por la parte recurrente atinente a la erosión de la margen derecha del Rio María Aguilar en la Urbanización La Alborada, ubicada en el distrito de Zapote, para la lo cual debe tomar en consideración las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Atención de Emergencias en los informes técnicos de febrero de2012, así como de febrero y marzo del 2021, a los que se hizo referencia en la parte considerativa de dicha resolución, al respeto informamos lo realizado por esta administración, hasta el momento para cumplir con lo ordenado. Por este medio se informa que el día siguiente en que se recibió esta resolución el día 26 de agosto el año 2024, se emitieron los Oficio NO DAJ-1480-3-2024, DAJ-1481-3-2024, DAJ-1482-3-2024 y DAJ-1483-3-2024, por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos a diferentes dependencia municipales que tienen relación con la solución de este caso, por ser parte de su competencia funcional para la solución definitiva de este caso como lo son: Gerencia de Provisión de Servicios, Encargada de Proceso Gestión de Riesgo, y la Sección de Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial, esto con el fin de que estas dependencias iniciaran todos los procedimiento administrativos necesarios para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por la Sala Constitucional y emitieran sus respectivos informes para informar luego a esta Sala Constitucional, lo ejecutado al respecto. Luego, mediante el Oficio No GPS-307-2024 de fecha 29 de agosto del año 2024 la Gerencia de Provisión de Servicios, dirige oficio formal a la Encargada de Proceso Gestión de Riesgo, y la Sección de Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial para que ambas dependencia coordinen las acciones internas o externas para iniciar el procedimiento administrative para su solución definitiva, lo que incluye tramitar e impulsar las previsiones presupuestarias que pudieran resultar necesarias para cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional. Luego, mediante los Oficios No DAJ-2542-3-2024, DAJ-2543-3-2024, y DAJ-2544-3-2024, de fecha 05 de diciembre del año 2024, la Dirección de Asuntos Jurídicos solicita a las diferentes dependencia (sic) municipales, emitir el informe del avance que tienen con relación con la solución definitiva de este caso. INFORMES TECNICOS BRINDADOS Por su parte la Sección de Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial mediante el Oficio SCMRP-583-2024 de fecha 12 de diciembre del año 2024, emite su informe de avance, indicando en resumen: Que ya se inició el procedimiento de contratación administrativa NO 2024LD-000287-0015499999 denominado ESTUDIO GEOTECNICO URBANIXZACION (sic) ALBAORADA ( OMGRD) el cual incluye lo siguiente: topografía 2.Estudio de suelo S. Estudio hidráulico e hidrogeológico 4.Diseño de obra de mitigación pianos constructivos S. Presupuesto detallado Es importante informar que dicha contratación ya fue adjudicada, a la empresa INGEOTEC por un consto de ₡5.708.190.00 , el producto de dicha contratación debía ser entregado a más tardar la tercera semana de enero del año 2025.( ver informe adjunto) Una vez que se obtengan los resultados finales de dicho estudio técnico, se deben de gestionar luego los permisos necesarios ante el SETENA y el MINAE para les respectivas obras en el cauce del rio María Aguilar. Además es importante aclarar que una ves (sic) que se tengan los permisos antes mencionados se podrá iniciar el procedimiento administrative para contratar la construcción de la obras en cauce, ya que los respectivos permisos que otorgue el (SETENA y MINAE) son requisitos necesarios, para luego iniciar los procesos de contratación en este caso. Otro aspecto muy importante a considerar en este caso, lo es el hecho de que al estar en presencia de una obra en cauce de rio, la misma solo se puede realizar en periodo de verano cuando el cause (sic) del rio es el más bajo, por lo que la obra podría iniciarse en el año 2026. Por su parte, la Encargada de Proceso Gestión de Riesgo en su Oficio NO GPSOMGRD-011-2025, de fecha 31 de enero del 2025, indica lo siguiente: "... En seguimiento al mandate de la Sala Constitucional esta Oficina procedió con la contratación No.2024LD-000287-0015499999 del estudio geotécnico y (sic) informa las acciones realizadas y temporalidad del proyecto: 1. Contratación del estudio geotécnico, diseños y presupuesto. Orden de Compra N.OC-0020-PROV-2024 por un monto de 5.594.026,00 millones de colones adjudicado a la empresa Ingeotec Sociedad Anónima. 2. La obra tiene un costo total de 102 millones de colones para la protección de las viviendas y parque municipal. 3. Cronograma de ejecución del proyecto considerando todas las fases de reinversión (estudios, diseños, presupuesto, permisos con la Dirección de Aguas y SETENA, contratación, adjudicación) y fase de ejecución. (Adjunto cronograma) para un total de 22 meses. 4. Se recomienda a la Dirección de Asuntos Jurídicos solicitar prorroga de 18 meses a la Sala Constitucional con base en el cronograma establecido, dado que los seis meses de plazo que vencen el 25 de febrero, 2025 no son materialmente viables para cumplir con la disposición..." PETITORIA En virtud de lo anterior, se solicita respetuosamente que se tenga por ofrecido el presente informe de avance de lo cumplido respecto a lo ordenado por esta Sala Constitucional en la Resolución N.° 2024-024101, de las nueve horas veinte minutos del veinte tres de agosto de dos mil veinticuatro. En vista de lo aquí informado y demostrado, es evidente que la administración ha hecho un gran esfuerzo para iniciar y tramitar todos los procedimientos administrativos necesarios para cumplir con lo ordenado por esta autoridad constitucional, pero ha sido materialmente imposible, según se puede observar de los informes brindados por la parte técnica, dentro del plazo otorgado en este caso (SEIS MESES) para realizar dichas obras, es por ellos que con todo respeto solicitamos un plazo de al menos diecinueve meses más, el cual vencería en el mes de setiembre del año 2026, ( Ver cronograma en ese mismo sentido), el cual nos permitiría, culminar con éxito todos los procedimientos administrativos y constructivos necesarios para realizar dichas obras en el cauce del rio María Aguilar, esto en vista de que todavía nos falta por obtener los permisos respectivos de SETENA y MINAE para poder intervenir el cauce del rio, para luego iniciar el procedimiento de contratación administrativa relacionado con la construcción de las obras y la efectiva finalización de las mismas. Por estas mismas razones técnicas y legales es que solicitamos con todo respeto una prórroga del plazo otorgado inicialmente a esta administración, ya que en este caso la administración ha hecho grandes esfuerzos para cumplir en el plazo otorgado, pero no hemos podido lograrlo hasta la fecha, como se puede demostrar con la prueba adjunta, es por ello que solicitamos mayor tiempo para cumplir con lo ordenado por esta misma Sala Constitucional”.

2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 5 de marzo de 2025, los recurrentes exponen: “comparecemos ante esta Sala Constitucional a ser de conocimiento nuestra oposición al plazo de 19 meses que solicita la Municipalidad de San José, representada por el señor Diego Miranda Méndez, ya que la protección de las viviendas como quedo probado en autos es de alta urgencia, pues las mismas se encuentran en grave peligro por la desidia de la Municipalidad como quedó demostrado en el proceso del Recurso de Amparo conocido por los señores Magistrados. La Sala Constitucional otorgó un plazo de SEIS MESES, a la Municipalidad de San José, para que resolviera de forma definitiva lo denunciado por los aquí suscritos, dicho plazo se venció el 25 de febrero del 2025, sea el ente municipal no cumplió con lo ordenado y solicita en este momento una ampliación al plazo por 19 meses más, aportando un cronograma de 20 meses que vencerán en el mes de setiembre del 2026, consideramos exagerado el plazo solicitado, y una vez analizando el cronograma de actividades podemos citar lo siguiente: La Municipalidad de San José, realizó una contratación de un Diseño de Muro para ser colocado en la margen derecha del Río María Aguilar, ubicada en la Urbanización la Alborada, la misma se realizó definiendo dos etapas, la primera con una inversión presupuestaria de ¢ 73.031.267,72 (SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE COLONES CON SETENTA Y DOS CENTIMOS), en la cual se consideró la protección de las viviendas y la segunda etapa la cual se realizaría dos años después de concluir la primera etapa, con una inversión de un monto de ¢27.704.426,73 (VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISES SETENTA Y TRES CENTIMOS), donde se resolvería el problema de los parques aledaños a las viviendas. Dicho Municipio decidió unir las dos etapas para que se realicen en conjunto por un costo total de ¢l02,000.000.00 (CIENTO DOS MILLONES DE COLONES EXACTOS). Adicionalmente, en el cronograma refiere el punto, Gestión de los recursos del superávit en el que solicitan 4 meses para su gestión, debemos indicar que la Municipalidad de San José cuenta con presupuesto ordinario para este tipo de obra y podría en todo caso si no está considerado puede realizar una modificación presupuestaria y no esperar a una autorización que requiere la autorización de la Contraloría General de la República, con lo que disminuiría los plazos solicitados y también queda a criterio del Ente Municipal realizar el proyecto que asegura los inmuebles sea la primera etapa, y buscar el presupuesto de ¢ 73.031.267,72 (SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN Mi l, DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE COLONES CON SETENTA Y DOS CENTIMOS), en caso de que no puedan conseguir en el presupuesto ordinario los ¢l02,000.000.00 (CIENTO DOS MILLONES DE COLONES EXACTOS). En cuanto a la cantidad de 6 meses de tiempo para los permisos en Dirección de Aguas y SETENA (MINAE), dichas instituciones públicas estarían violentando la ley de Protección al ciudadano del exceso de trámites administrativos Ley N° 8220 de 04 de marzo del 2022, si bien es cierto la Municipalidad debe cumplir con la solicitud ante las instancias antes mencionadas, también lo es que esta obra de acuerdo a (sic) la experiencia de las construcciones que se han realizado con este tipo de diseño, según hemos consultado con diferentes municipalidades, no requieren dicho permiso al ser una obra de bajo impacto ambiental y además, no se está cambiando el uso del suelo, de conformidad con el Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, decreto Ejecutivo N° 43892 de 12 de diciembre del 2022, todo lo indicado supra será comprobado en la visita técnica del geólogo de la Dirección de aguas. De comprobarse lo anterior, se estaría reduciendo el plazo de seis meses que indica la Municipalidad en su cronograma a un periodo menor. Por otra parte, creemos que la Municipalidad debe considerar realizar una contratación de Urgencia de conformidad con el artículo 166 del Reglamento de la Contratación Pública a fin de agilizar los tiempos, que textualmente indica: (…) Revisado el artículo 166 indicado supra, consideramos que el mismo se ajusta al presente caso, pudiéndose agilizar los plazos de contratación a fin de evitar mayores daños a los inmuebles y a los habitantes de ellos. Otro punto de interés para los habitantes de los inmuebles en peligro sería que, si la Sala concede mayor plazo al Municipio para realizar la obra, se le obligue a la Municipalidad realizar un dragado en el cauce, antes de la época lluviosa, para aumentar la capacidad hidráulica y así disminuir la fuerza erosiva PETITORIA: Solicitamos, que se declare el incumpliendo del plazo otorgado por la Sala Constitucional y en el caso que se conceda a la Municipalidad ampliación de plazo, sea este razonable ya que el cronograma presentado por dicha institución se realizó con base a plazos antojadizos y sin fundamento y proceda dicha institución a realizar un dragado en el cauce, antes de la época lluviosa, para aumentar la capacidad hidráulica y así disminuir la fuerza erosiva. MEDIDA CAUTELAR Solicitamos como medida cautelar en el caso que se le conceda un plazo razonable al Municipio para realizar la obra, se le obligue a la Municipalidad de San José a realizar un dragado en el cauce, antes de la época lluviosa, para aumentar la capacidad hidráulica y disminuir la fuerza erosiva, como se les indicó en la resolución emitida por la Sala, donde indica que se deben tomar en cuenta las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo Atención de Emergencias en los diferentes informes técnicos, siendo una de ellas el dragado del cauce del río, como se indica en el Informe Técnico CNE-UIARINF-0178-2023. De lo dicho, supra se desprende que la Municipalidad tampoco ha cumplido con lo ordenado en la Sentencia. Adicionalmente, se le obligue a la Municipalidad a aplicar un mecanismo provisional en el que se procure disminuir el posible daño por la erosión que se daría a los inmuebles por la cantidad de lluvias que se esperan en los próximos inviernos, así como el aumento de los niveles y la fuerza de las aguas que resultarían de las crecidas en el cauce del río, con dicho mecanismo también se buscaría proteger lo que quedo de la ladera, la cual en estos momento (sic) soporta los cimientos de los inmuebles, una posibilidad podría ser colocar manteado a lo largo, ancho y alto de lo que quedo (sic) de dicha ladera u otras alternativas que dispongan”.

3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

 Considerando:

 I.- En la sentencia nro. 2024024101 de las 9:20 horas del 23 de agosto de 2024, se dispuso:

“III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la parte accionante, quienes residen en la [Nombre 004], indica que, entre 1994 y 1995, la Municipalidad de San José desvió el río Ocloro al río María Aguilar, lo que aumentó el nivel de las aguas y la erosión en ambas márgenes del último río mencionado. Detallan que, en el año 2011, la Municipalidad de San José construyó un muro de retención en la ladera del río, al lado [Nombre 004] San Marino, lo que provocó que la ladera opuesta, sea la [Nombre 004], quedara sin protección, por lo que se dio una mayor erosión y aumento del nivel de las aguas, mismas que rebotaban en tal ladera, por lo que la Municipalidad de San José construyó un muro de gaviones parcial detrás del play y de la casa nro. 26 en el año 2007, pero no incluyó la totalidad de la margen del río. Acusan que a tal muro no se le dio mantenimiento y en el 2020 fue arrasado por la fuerza del caudal. Indican que, en los años 2012 y 2021, la CNE emitió recomendaciones a la Municipalidad de San José en relación con la erosión del río María Aguilar; empero, no fueron acatadas por el gobierno local. Afirman que el 20 de junio de 2024 se entregó ante la corporación local de San José una solicitud y un nuevo informe de la CNE denominado: "REVALORACIÓN DE RIESGO [Nombre 004]", donde se indica: “VI. Conclusiones... A. La falta de una obra de protección en la margen derecha ha puesto en riesgo las estructuras. B. Durante la próxima época lluviosa el poder erosivo del no se incrementará lo que intensifica el riesgo para las viviendas”. Aclara que de la solicitud de cita se le envió copia al Ministerio de Salud, a la Comisión Nacional de Emergencias, Defensoría de los Habitantes, Comisión Nacional de Riesgo y Atención de Emergencias Municipalidad de San José y al Departamento de Aguas del MINAE. Exponen que, por memorial del 10 de julio de 2024, en respuesta a la solicitud de 20 de junio de 2024, el asistente del alcalde notificó el informe de funcionarios de la Municipalidad de San José GPS-OMGRD-419-2024, mediante el que se señala: “2.-Con respecto a la solicitud de la obra de protección en la margen derecha para estabilización de ladera y protección de las viviendas expuestas al riesgo, la corporación municipal se ve imposibilitada a realizar inversión de los recursos públicos en servicios o terrenos privados. 3.-Con respecto a la solicitud del dragado del cauce ante inicios del período lluvioso se indica este será valorado por la sección de Mantenimiento y Construcción de la Red Fluvial para determinar su pertinencia y viabilidad técnica-operativa”. Alegan que de nuevo el municipio hizo caso omiso al informe de la CNE y no dimensiona el grado de peligrosidad en que se encuentran los inmuebles y las vidas de las personas que viven en la ladera sur del Río María Aguilar. Detallan que, a mediados de junio de 2024, funcionarios del Ministerio de Salud inspeccionaron las viviendas de la ladera del río ubicadas en la [Nombre 004] y emitieron los informes técnicos y una orden sanitaria de desalojo en relación con la casa nro. 28.

Este Tribunal comprueba que, el 21 de febrero de 2012, la CNE emitió el “INFORME TÉCNICO ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS ALREDEDORES DE LA PROPIEDAD DE [Nombre 005] DPM-INF-0055-2012”, la cual está ubicada en la margen derecha del río María Aguilar, en el que se indicó: “IV. Antecedentes del área o sector involucrado El cauce del río María Aguilar, drena parte del cantón de San José, Curridabat y Tres Ríos, el cual de acuerdo con los antecedentes de los últimos años, ha generado a lo largo de su trayectoria serios problemas de desbordamiento, erosión lateral de sus márgenes, destrucción de obras de contención y daños a la propiedad privada. En la actualidad, el cauce del río María Aguilar, se encuentra saturado por la alta acumulación de material (sedimentos, basura doméstica y chatarra) y como consecuencia, al no tener una sección hidráulica adecuada, se generan desbordamientos y fuertes erosiones debido a la falta de capacidad para evacuar adecuadamente los caudales picos, originando una subida del nivel de las aguas, lo que provoca fuertes erosiones en las márgenes o inclusive desbordándose sus aguas altamente contaminadas, hacia las comunidades aledañas, los cuales, en la mayoría de los casos se requiere de una intervención oportuna en la limpieza y dragado de los sedimentos antropogénicas, así como, de construir obras de mitigación a corto plazo (…) VII. Conclusiones y recomendaciones. • Es importante que por parte del Municipio de San José, Dirección de Hidrología, evalúe integralmente los trabajos efectuados en el área, con la finalidad de prevenir afectaciones en los alrededores y de establecer si realmente no existen ninguna repercusión en la margen derecha, donde existente un enrocado, paralelo a la propiedad de la señora [Nombre 005], Céd: [Valor 004] y de ser necesario analizar y proponer obras correctivas. • Establecer un control periódico de vigilancia sobre el comportamiento de los ríos, especialmente en los sectores de trabajos definidos, que permita incorporar las mejoras al proceso. • El valor agregado de estos trabajos de obras de contención, recava y limpieza de los sedimentos, en los diferentes sectores identificados como de mayor riesgo por erosión lateral o inundación a lo largo del río María Aguilar, reduce la afectación pero, no la elimina en su totalidad el riesgo, dado que se requiere de la intervención integral de toda la microcuenca y de los demás actores municipales, para dar mayor seguridad a la población expuesta ante las inundaciones”. Con memorial con sello de recibido de la Municipalidad de San José del 8 de octubre de 2012, el accionante ([Nombre 002]) indicó que el 30 de setiembre de 2012 se desbordó el río María Aguilar en el parque [Nombre 004]. Además, señaló que ese hecho se produjo por el desgaste de la margen derecha del río y debido a la construcción de un muro de gaviones por parte del gobierno local al lado contrario. Asimismo, mencionó que “la Municipalidad debe tornar las medidas que sean necesarias para mitigar la vulnerabilidad de 1a margen derecha del Río María Aguilar, construyendo muros de gaviones, de malla electrosoldados, o buscando medidas alternas”. En febrero de 2021, la CNE emitió el “INFORME TÉCNICO Valoración de riesgo de viviendas en [Nombre 004] por inestabilidad de ladera de río María Aguilar”, mediante el cual se señala: “IV. Análisis general de la amenaza y vulnerabilidad. A. Las viviendas visitadas limitan con la margen derecha de la margen el Río María Aguilar. B. La erosión del río ha provocado inestabilidad en la ladera que se evidencia con los daños en las viviendas C. En la margen izquierda se observa un muro de gaviones sobre una estructura de concreto (…) V. Conclusiones A. La erosión del río María Aguilar ha puesto en riesgo las viviendas de la margen derecha. B. De no realizarse alguna obra de protección a la erosión, se seguirá socavando el terreno y provocando daños en las estructuras de la margen derecha VI. Recomendaciones A. Se debe realizar una obra de protección en la ladera de la margen derecha, para evitar la erosión y así garantizar la estabilidad y seguridad de las viviendas. B. Las obras en cause (sic) de dominio público deben de contar con permiso del Departamento de Aguas del MINAE; por lo que se debe de dar parte a esta institución del riesgo para que facilite cualquier trámite. C. Cualquier obra que se realice debe contar con los estudios correspondientes y estar bajo la supervisión de un profesional acreditado por el colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica”. En marzo de 2021, la CNE dictó el “INFORME TÉCNICO Revaloración de riesgo de [Nombre 004] por erosión de río María Aguilar”, en el que se indica: “VI. Conclusiones A. La falta de una obra de protección en la margen derecha ha puesto en riesgo las estructuras. B. Durante la próxima época lluviosa el poder erosivo del río se incrementará lo que intensifica el riesgo para las viviendas. VII. Recomendaciones A. Se debe realizar una obra de protección en la ladera de la margen derecha, para evitar la erosión y así garantizar la estabilidad y seguridad de las viviendas. B. Además, se debe valorar la posibilidad de realizar un dragado periódico en el cauce, antes de la época lluviosa, para aumentar la capacidad hidráulica y disminuir la fuerza erosiva del rio. C. Las obras en cause (sic) de dominio público deben de contar con permiso del Departamento de Aguas del MINAE; por lo que se debe de dar parte a esta institución del riesgo para que facilite cualquier trámite. D. Cualquier obra que se realice debe contar con los estudios correspondientes y estar bajo la supervisión de un profesional acreditado por el colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica”. Por memorial fechado 4 de mayo de 2021, el amparado [Nombre 001] denunció ante la Municipalidad de San José que el muro de gaviones construido por ese municipio en la margen derecha del río María Aguilar se ha deteriorado y no recibe el mantenimiento adecuado, así como que colapsó en noviembre de 2020. Además, indicó: “Lo anterior pone en riesgo tanto al parque infantil como a las casas 26, 27 y 28, ya que esta ribera del río queda expuesta a la erosión, al derrumbamiento del terreno y el consiguiente peligro para las estructuras de las casas (…) Es de anotar que precisamente enfrente. En la margen izquierda del río, (Urbanización San Marino de San Francisco de Dos Ríos) la Municipalidad construyó, aproximadamente en el 2012, un fuerte y sólido muro de gaviones de 4 niveles verticales con una base chorreada y anclada, que ha provocado que las aguas, por efecto rebote, aumenten su caudal y fuerza en la margen derecha”. Finalmente, se solicitó que, de acuerdo con el informe CNE-UIAR-INF-002-2021, se valore el riesgo al que están sometidas las viviendas y gestionar una obra de protección para salvaguardarlas. Tal gestión fue conocida por el Concejo Municipal de San José en la sesión nro. 53 celebrada el 11 de mayo de 2021 y se acordó trasladar el asunto a la alcaldía. Por memorial con fecha de recibido por la Municipalidad de San José del 6 de julio de 2022, el amparado [Nombre 001] denunció que el muro de gaviones que construyó el gobierno local en la margen derecha del río María Aguilar no recibió mantenimiento, por lo que se deterioró; además, que se cayó parcialmente al cauce a finales de 2020, lo que pone en riesgo el parque infantil y varias casas. Por lo anterior, se solicitó la intervención para solucionar la situación, de conformidad con lo recomendado por la CNE. El 20 de junio de 2024, los recurrentes ([Nombre 002]) y [Nombre 001] dirigieron un memorial a la Municipalidad de San José, mediante la cual se expuso la preocupación de [Nombre 004] ubicada en la margen derecha del río María Aguilar, debido a su erosión, así como hizo alusión a gestiones efectuadas desde el año 2012 ante ese gobierno local, entre otros, por la CNE. Por ello se requirió “se nos dé una respuesta de las medidas que tomará la Municipalidad y si la misma acatará las recomendaciones que emite la CNE, en este último informe ya que el agua del río desprendió en estos días el enfocado de las casas número: 27 y 28, de igual manera el desprendimiento total del muro de gaviones de la casa número 26, esto último desde el año 2020, de lo cual la Municipalidad tenía conocimiento (…) De igual forma, requerimos una inspección por parte de la Municipalidad de San José, en el menor tiempo posible a fin de que evalúen el daño existente en la margen derecha del río, al mismo tiempo requerimos una respuesta pronta, ya que la situación es en extremo peligrosa poniendo en riesgo la vida de sus habitantes, debido a la inactividad, decidia (sic) y negligencia por parte del Municipio, al no cumplir con las recomendaciones dadas por la CNE, desde el año 2012 y años subsiguientes, violentando con ello el principio constitucional del derecho a la vida”. Por memorial GSP-OMGRD-419-2024 del 4 de julio de 2024, la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastre de la Municipalidad de San José indicó: “En vista realizada en 26 de junio 2024 por parte de esta oficina, se evidencia el proceso de erosión activo en la margen derecha del río MÁ1-ia Aguilar en la colindancia a las propiedades (…) Condiciones externas a) Aporte de aguas de lluvia de los techos de forma directa hacia la ladera (…) b) Colapso de acera construida en la parte posterior de viviendas (…) c) Lavado del material del relleno de la ladera. d) Evidencia el resto de la estructura de gaviones en inmediaciones de parque municipal y la propiedad del señor [Nombre 001]. e) Pérdida de verticalidad la tapia de la propiedad del señor ([Nombre 002]). f) Exposición de cimientos de las tapias colindantes en ambas propiedades. g) Ausencia de la zona de protección. h) Posible ampliación de viviendas en áreas de no construcción (…) 2.-Con respecto a la solicitud de la obra de protección en la margen derecha para estabilización de ladera y protección de las viviendas expuestas al riesgo, la corporación municipal se ve imposibilitada a realizar inversión de los recursos públicos en servicios o terrenos privados.  3.-Con respecto a la solicitud del dragado del cauce ante inicios del período lluvioso se indica este será valorado por la sección de Mantenimiento y Construcción de la Red Fluvial para determinar su pertinencia y viabilidad técnica-operativa”. Por memorial MSJ-ALCALDIA-2364-2024 del 10 de julio de 2024, el municipio de San José indicó a los accionantes: “En atención a su oficio, mediante el cual se refieren la inestabilidad de ladera de la margen derecha del Río María Aguilar, en el sector [Nombre 004], Distrito de Zapote, le traslado oficio número GPS-181-2024, suscrito por la señora Dahianna Marín Chacón, Gerente de Provisión de Servicios, quien adjunta informe técnico No.GPS-OMGRD-419-2024, suscrito por el señor Job Villareal Granados y la señora Lorena Romero Vagas, Encargada de Oficina, ambos de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastres”. Por último, mediante oficio SCMRP-370-2024 del 6 de agosto de 2024, la Sección de Construcción y Mantenimiento Red Pluvial de la Municipalidad de San José indicó: “En cuento (sic) a la erosión de la margen derecha del río María Aguilar, no existe ningún estudio de dinámica del río que indique que dicho proceso es debido a la construcción del muro existente en la margen izquierda del río. Respecto a las recomendaciones emitidas en los Informes Técnicos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE, en los cuales se indican que se debe realizar una Obra de protección en la ladera de la margen derecha, para la estabilización de esta y la protección de las viviendas, no son competencia municipal, ya que este ente se ve imposibilitado de realizar inversión de los recursos públicos en servicios o en terrenos privados. Por último, respecto al dragado periódico del cauce, será evaluado por este municipio, en vista de que este proyecto se determina como obra mayor en cauce y requiere del permiso correspondiente de la Dirección de Aguas del MINAE y de los estudios correspondientes como requisito del permiso”.

De previo a resolver lo que en derecho corresponde, resulta oportuno indicar que esta Cámara ya se ha pronunciado antes sobre la erosión de las márgenes del río María Aguilar. Verbigracia, en la sentencia nro. 2020010630 de las 9:15 horas del 12 de junio de 2020 se dispuso:

“IV.- COMPETENCIA MUNICIPAL Y OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.  Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Verbigracia, en Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, se dispuso lo siguiente:

"VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a lo que hizo referencia este Tribunal en sentencia número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos:

" (...) lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial), si no lo hace observando los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de inferioridad con relación al (sic) resto del país; ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la Asamblea Nacional Constituyente. En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto (...)". De lo anterior, resalta el hecho de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la municipalidad y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente".

En consecuencia, si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufren inundaciones con riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de "intereses y servicios locales" del numera 169, constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aun, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema. En efecto, la Sala ya ha desarrollado la obligación municipal de coordinar con otras instituciones estatales en aras de atender los "intereses" y prestar cumplidamente los "servicios locales". En la citada Sentencia N° 5445-99, la Sala manifestó:

"(...) se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal. Es en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, que las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera en la administración de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política) (...) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir (....) Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno". De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros".

Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (Sentencia N° 2006-7994 de las 8:57 horas de 2 de junio de 2006).

              V.- SOBRE EL CASO CONCRETO.  ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y LAS RECOMENDACIONES GIRADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.  En el sub examine, el recurrente acusa que desde el año 2016, su propiedad se ha visto erosionada por el río María Aguilar a raíz de acumulaciones de la basura, sedimentos y demás que obstaculizan el cauce normal del río, sin que, a la fecha de presentación de este recurso, las autoridades recurridas hayan ejecutado las recomendaciones que ha venido dando la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), a partir del 2016 -IAR-INF-0084-2016, del 16 de febrero de 2016-.  Ahora bien, después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales del amparado, al menos, por parte de la corporación municipal recurrida.  Del informe rendido por los representantes de la Municipalidad de San José -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el amparado [Nombre 001] es vecino de San Francisco de Dos Ríos, San José. Su propiedad se ha visto erosionada por el río María Aguilar a raíz de acumulaciones de la basura, sedimentos y demás que obstaculizan el cauce normal.  Además, que en fecha 16 de febrero de 2016, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, a solicitud del amparado, brindó un criterio técnico del grado de vulnerabilidad del área y una serie de recomendaciones para prevenir mayores afectaciones. Recomendando “Efectuar integralmente trabajos de canalización, corta de árboles, recolección de sedimentos y basura, obras de mitigación acorde con un plan integral de trabajo, con la finalidad de prevenir mayores afectaciones a futuro en las poblaciones aledaños a estos ríos, todo bajo la legislación actual y supervisado por profesionales calificados. Analizar a nivel interinstitucional e intermunicipal la problemática de los asentamientos marginales, que se localizan en las márgenes de estos ríos, con el propósito de buscar alternativas de trasladar a las familias que habitan estos sitios altamente vulnerables a terrenos aptos y más seguros. Coordinar con cada municipio (tres Ríos, Curridabat y San José) para el río María Aguilar, un trabajo integralmente, en su Plan Operativo de medidas de prevención y mitigación, con la finalidad de realizar una intervención de limpieza anual en los sitios de mayor vulnerabilidad, así como, en caso de emergencia locales durante el período lluvioso, además, de obras de mitigación en muchas secciones de los cauces. Establecer un control periódico de vigilancia sobre el comportamiento de los ríos, especialmente en los sectores de trabajo definidos, que permita incorporar las mejoras del proceso.”.  Aunado a lo anterior, que en el mes de octubre de 2019 la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias elaboró un nuevo informe técnico CNE-UIAR-INF-0923-2019, a solicitud del amparado, en el cual, se indicó; que de no intervenir el sitio con alguna obra de protección, la erosión podría hacer colapsar la malla perimetral de la propiedad y en un futuro afectar el resto de esta. Recomiendan valorar la posibilidad de levantar una estructura de algún tipo para proteger el margen izquierdo del río para evitar que se siga dando la erosión.  Por último, se determina, que el problema por contaminación del cauce o río María Aguilar por sedimentos (basura doméstica) y materia orgánica en el centro del cauce, así como erosión de las márgenes sobre todo la izquierda, debe ser atendido por el Municipio mismo.  Por su parte, la Municipalidad de San José, mediante el Oficio No. ALCALDÍA-A2-00506-2020, la Municipalidad de San José, le indicó al amparado “…En atención a gestión, la cual solicita se envié maquinaria con personal capacitado para el dragado del río, le remito criterio externado por la geógrafa Lorena Romero Vargas, Jefe Oficina Municipal de Gestión de Riesgo y el Ing. Marco Vinicio Corrales Xatruch, Gerente Provisión de Servicios, donde se refieren a su solitud…” indicando en dicho oficio “…La Municipalidad de San José en cumplimiento del marco jurídico vigente no realiza medidas de mitigación en cauce, únicamente ante situaciones de emergencia donde la CNE autorice o por orden de la Sala Cuarta…”.

Nótese, que si bien es cierto la autoridad municipal recurrida informa que la Gerencia de Provisión y Servicios y Sección de Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial, que la Municipalidad de San José se encuentra trabajando en todos los aspectos administrativos, legales y de Ingeniería sobre el tema, no menos cierto resulta que de los autos se desprende que el problema continúa y que pese a que desde el año 2016 se brindaron recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, siendo el último informe técnico el No. CNE-UIAR-INF-0923-2019, del mes de octubre de 2019, la Municipalidad a la fecha continúa sin resolver el problema de forma definitiva, aún (sic) teniendo conocimiento de la existencia de la contaminación del río ampliamiente (sic) referida. Al respecto, este Tribunal Constitucional pudo constatar que existe el problema denunciado por el accionante, el cual es conocido por el municipio recurrido y afecta directamente al recurrente, sin que a la fecha de interposición de este recurso se le haya podido dar una solución, con lo cual se verifica una lesión a los derechos fundamentales del amparado. Adicionalmente, en reiteradas ocasiones este Tribunal Constitucional ha reconocido y avalado que la competencia de la Comisión radica en efectuar a la Municipalidad recurrida las inspecciones y recomendaciones correspondientes, es de carácter vinculante (ver en ese sentido las sentencias No. 12818-2009 de las 15:32 horas del 18 de agosto de 2009 y la 16389-2010 de las 9:17 horas del 1 de octubre de 2010). No obstante, a pesar de lo señalado, aún no se ha llegado a concretar ninguna solución, ni siquiera se informa de medidas provisionales o urgentes dirigidas a evitar o mitigar los efectos de contaminación provocados por el Río María Aguilar. Tomando en consideración la competencia específica que el artículo 169, de la Constitución Política, otorga a los gobiernos local, al disponer que: " La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)”.  Por ello, se acredita la alegada violación a los derechos fundamentales del tutelado, siendo lo procedente declarar con lugar el recurso, con la orden que se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA.  Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 1° de abril de 2020, ante el Ministerio de Ambiente y Energía, el amparado, denunció la problemática de los rellenos que se están realizando en la propiedad colindante y la posible afectación a la zona de protección del río María Aguilar en la zona de Zapote.  Además, que a la fecha de interposición del recurso de amparo, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, no ha recibido solicitud de permiso de obra en cauce por parte de la Municipalidad de San José, para llevar a cabo trabajos dentro del cauce del río María Aguilar, ya sea de limpieza, acomodo, recaba o reforzamiento de las márgenes -tal como señala el recurrente-.  Por último que el 22 de mayo de 2020, el Ministro de ambiente y Energía, fue notificado de la resolución de las 09:47 horas del 20 de mayo de 2020, mediante la cual, se tuvo por ampliadas las partes del este recurso y se le dio audiencia.

Así las cosas, en cuanto a la actuación del Ministerio de Ambiente y Energía el amparo debe desestimarse, por cuanto no fue sino hasta el 1° de abril de 2020, que el recurrente presentó ante el Ministerio recurrido la denuncia de la situación que acusa y por la cual, acude en amparo de sus derechos en fecha 03 de abril de 2020.  Al respecto, se pudo constatar, a la fecha de planteado este amparo, sea el 03 de abril de 2020, la autoridad recurrida se encuentra aún en plazo para resolver y comunicar el resultado de aquella gestión al tutelado, en atención a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone -en términos generales- dos meses para tales efectos, (obsérvese que la denuncia se presentó el 1 de abril de 2020). En consecuencia, este recurso resulta prematuro.  En virtud de lo expuesto, se debe declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo, como en efecto se dispone (…)

Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la Municipalidad de San José y la falta de acatamiento de las recomendaciones brindadas por la Comisión Nacional de Emergencias para solucionar el problema que existe por la contaminación,  desbordamiento del río María Aguilar y sus consecuencias -ver IAR-INF-0084-2016, del 16 de febrero de 2016 Recomendando “Efectuar integralmente trabajos de canalización, corta de árboles, recolección de sedimentos y basura, obras de mitigación acorde con un plan integral de trabajo, con la finalidad de prevenir mayores afectaciones a futuro en las poblaciones aledaños a estos ríos, todo bajo la legislación actual y supervisado por profesionales calificados. Analizar a nivel interinstitucional e intermunicipal la problemática de los asentamientos marginales, que se localizan en las márgenes de estos ríos, con el propósito de buscar alternativas de trasladar a las familias que habitan estos sitios altamente vulnerables a terrenos aptos y más seguros. Coordinar con cada municipio (tres Ríos, Curridabat y San José) para el río María Aguilar, un trabajo integralmente, en su Plan Operativo de medidas de prevención y mitigación, con la finalidad de realizar una intervención de limpieza anual en los sitios de mayor vulnerabilidad, así como, en caso de emergencia locales durante el período lluvioso, además, de obras de mitigación en muchas secciones de los cauces. Establecer un control periódico de vigilancia sobre el comportamiento de los ríos, especialmente en los sectores de trabajo definidos, que permita incorporar las mejoras del proceso.”  así como, el informe técnico CNE-UIAR-INF-0923-2019 -valorar la posibilidad de levantar una estructura de algún tipo para proteger el margen izquierdo del río para evitar que se siga dando la erosión-, en cuanto a este último realizar dicha valoración y verificar si es o no procedente.  Se ordena a Jhonny Araya Monge, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de San José, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que dentro del ámbito de su competencia, adopte las medidas pertinentes para que, dentro del plazo máximo de SEIS MESES contado a partir de la notificación de esta resolución, realice la coordinación interinstitucional y den una solución definitiva al problema denunciado, que afecta al recurrente. Lo anterior bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese”.

Ahora bien, en el sub iudice la Sala verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada debido a la inacción de la Municipalidad de San José para atender la problemática atinente a la erosión de la margen derecha del río María Aguilar en la [Nombre 004]. En ese sentido, nótese que desde el año 2012 se han formulado denuncias ante el gobierno local de San José en relación con tal problema, sin que se observe que se haya coordinado lo pertinente y llevado a cabo las actuaciones correspondientes para solventarlo. Adicionalmente, de los autos se desprende que, entre los años 2012 y 2021, la CNE emitió tres informes técnicos concernientes a esa problemática, en los cuales efectuó varias recomendaciones a la Municipalidad de San José; empero, tampoco se verifica que ese gobierno local haya atendido lo ahí consignado. Lo anterior se agrava al considerar que, al menos desde el año 2021, la CNE indicó que la falta de una obra de protección en la margen derecha del río María Aguilar ha puesto en riesgo estructuras, entre ellas, viviendas.

Acerca de esto, recuérdese que, en el “INFORME TÉCNICO ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS ALREDEDORES DE LA PROPIEDAD DE [Nombre 005] DPM-INF-0055-2012” del 21 de febrero de 2012, la CNE señaló: “• Es importante que por parte del Municipio de San José, Dirección de Hidrología, evalúe integralmente los trabajos efectuados en el área, con la finalidad de prevenir afectaciones en los alrededores y de establecer si realmente no existen ninguna repercusión en la margen derecha, donde existente un enrocado, paralelo a la propiedad de la señora [Nombre 005], Céd: [Valor 004] y de ser necesario analizar y proponer obras correctivas. • Establecer un control periódico de vigilancia sobre el comportamiento de los ríos, especialmente en los sectores de trabajos definidos, que permita incorporar las mejoras al proceso. • El valor agregado de estos trabajos de obras de contención, recava y limpieza de los sedimentos, en los diferentes sectores identificados como de mayor riesgo por erosión lateral o inundación a lo largo del río María Aguilar, reduce la afectación pero, no la elimina en su totalidad el riesgo, dado que se requiere de la intervención integral de toda la microcuenca y de los demás actores municipales, para dar mayor seguridad a la población expuesta ante las inundaciones” (el resaltado fue agregado). Además, en el “INFORME TÉCNICO Valoración de riesgo de viviendas en [Nombre 004] por inestabilidad de ladera de río María Aguilar” de febrero de 2021, la CNE indicó: “V. Conclusiones A. La erosión del río María Aguilar ha puesto en riesgo las viviendas de la margen derecha. B. De no realizarse alguna obra de protección a la erosión, se seguirá socavando el terreno y provocando daños en las estructuras de la margen derecha VI. Recomendaciones A. Se debe realizar una obra de protección en la ladera de la margen derecha, para evitar la erosión y así garantizar la estabilidad y seguridad de las viviendas. B. Las obras en cause (sic) de dominio público deben de contar con permiso del Departamento de Aguas del MINAE; por lo que se debe de dar parte a esta institución del riesgo para que facilite cualquier trámite. C. Cualquier obra que se realice debe contar con los estudios correspondientes y estar bajo la supervisión de un profesional acreditado por el colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica” (la negrita fue incorporada). Por su parte, en marzo de 2021, la CNE dictó el “INFORME TÉCNICO Revaloración de riesgo de [Nombre 004] por erosión de rio María Aguilar”, en el que se indica: “VI. Conclusiones A. La falta de una obra de protección en la margen derecha ha puesto en riesgo las estructuras. B. Durante la próxima época lluviosa el poder erosivo del río se incrementará lo que intensifica el riesgo para las viviendas. VII. Recomendaciones A. Se debe realizar una obra de protección en la ladera de la margen derecha, para evitar la erosión y así garantizar la estabilidad y seguridad de las viviendas. B. Además, se debe valorar la posibilidad de realizar un dragado periódico en el cauce, antes de la época lluviosa, para aumentar la capacidad hidráulica y disminuir la fuerza erosiva del rio. C. Las obras en cause (sic) de dominio público deben de contar con permiso del Departamento de Aguas del MINAE; por lo que se debe de dar parte a esta institución del riesgo para que facilite cualquier trámite. D. Cualquier obra que se realice debe contar con los estudios correspondientes y estar bajo la supervisión de un profesional acreditado por el colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica” (el resaltado fue incorporado).

Por ende, se estima el recurso en cuanto a la Municipalidad de San José, de acuerdo con lo indicado en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

IV.- Aclarado lo anterior, la Sala no comprueba la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada por la CNE en los términos en los que fue planteado el recurso.  En ese sentido, de los autos se desprende que esa autoridad ha emitido informes en relación con la problemática denunciada; empero, no le compete la ejecución de la solución correspondiente.

V.- Por último, en cuanto al Ministerio de Salud, la Sala verifica que, el 17 de junio de 2024, el tutelado [Nombre 001] envió un memorial al Ministerio de Salud, en el que indicó que se había requerido a la Municipalidad de San José construir una obra de protección de las viviendas ubicadas en la margen derecha del río María Aguilar, así como que ese gobierno local no ha actuado, pese a que el terreno se ha socavado todavía más. El 26 de junio de 2024, el Ministerio de Salud inspeccionó viviendas [Nombre 004]. También se observa que el Ministerio de Salud dictó la orden sanitaria MS-DRRSCS-DARSSEM- 2472- 2024, mediante la cual confirió dos meses a los ocupantes de la vivienda nro. 28 [Nombre 004] para desalojarla debido a su peligrosidad. Por memorial MS-DRRSCS-DARSSEM-2572-2024 del 3 de julio de 2024, el Ministerio de Salud recomendó lo siguiente en relación con las viviendas ubicadas en la margen este del río María Aguilar: “(…) Se observa con mucha claridad que la margen Este del Río María Aguilar en su paso por las viviendas inspeccionadas necesita de una obra civil que permita soportar la fricción y arrastre que tiene el río a su paso por la colindancia con las viviendas inspeccionadas. Se observa como el río “se come” el terreno que funciona como retiro y colindancia de las viviendas inspeccionadas, la fricción entre el caudal del río y el terreno que pertenece a la margen del río está socavando la estabilidad de las cimentaciones de los muros de los patios traseros de las viviendas inspeccionadas. En la foto 1, se muestra una obra civil construida al frente de la colindancia Este de las viviendas inspeccionadas, es una obra construida en la margen del río María Aguilar y que se ubica exactamente al frente de la colindancia Este de las viviendas inspeccionadas, según lo visto dicha obra ha cumplido completamente con la función de impedir que el caudal del río al friccionar con el terreno se vaya “lavando” y se dé como efecto que el terreno que funciona como retiro entre el margen del río y las viviendas en colindancia esté en condiciones seguras y por lo tanto la infraestructura pueda estar segura y sin problemas evidentes visualmente de desestabilización del soporte de los suelos donde se asientan. Una obra similar a la descrita en el párrafo inmediatamente anterior es la que se recomienda construir en la margen del río María Aguilar a su paso por las tres viviendas inspeccionadas”.

En virtud de lo expuesto, no se observa alguna acción u omisión del Ministerio de Salud que haya conculcado los derechos fundamentales de la parte recurrente en los términos en los que fue planteado el recurso, motivo por el cual se declara sin lugar en cuanto a esa cartera ministerial (…)

Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto a la Municipalidad de San José. Se les ordena a Luis Diego Miranda Méndez y Mariana Zúñiga Pérez, por su orden, alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San José, o a quienes desempeñen esos puestos, que giren las órdenes pertinentes y dispongan lo necesario dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para que en el plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva de forma definitiva la problemática denunciada por la parte recurrente atinente a la erosión de la margen derecha del río María Aguilar en la [Nombre 004], para lo cual deberán tomar en consideración las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Atención de Emergencias en los informes técnicos de febrero de 2012, así como de febrero y marzo de 2021 a los que se hizo referencia en la parte considerativa de esta sentencia. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese”.

Tal sentencia fue comunicada a las partes el 26 de agosto de 2024 mediante correo electrónico.

II.- SOBRE LAS GESTIONES POSTERIORES FORMULADAS. En la especie, el alcalde de San José requiere una prórroga de 19 meses para cumplir lo ordenado por esta Cámara en la sentencia nro. 2024024101 de las 9:20 horas del 23 de agosto de 2024.

Acerca de esto, recuérdese que en el pronunciamiento principal de este proceso se dispuso: “Se les ordena a Luis Diego Miranda Méndez y Mariana Zúñiga Pérez, por su orden, alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San José, o a quienes desempeñen esos puestos, que giren las órdenes pertinentes y dispongan lo necesario dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para que en el plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se resuelva de forma definitiva la problemática denunciada por la parte recurrente atinente a la erosión de la margen derecha del río María Aguilar en la [Nombre 004], para lo cual deberán tomar en consideración las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Atención de Emergencias en los informes técnicos de febrero de 2012, así como de febrero y marzo de 2021 a los que se hizo referencia en la parte considerativa de esta sentencia”.

De los autos se colige que, a partir del dictado de la sentencia citada, la Municipalidad de San José ha llevado a cabo diversas actuaciones tendentes a cumplir lo ahí ordenado. Verbigracia, se verifica que, mediante oficio SCMRP-583-2024 del 12 de diciembre de 2024, la Sección de Construcción y Mantenimiento de Red Pluvial del gobierno local explicó: “Para poder dar atención a la Resolución del Recurso de Amparo y, por lo tanto, a la problemática de erosión de la margen derecha del río María Aguilar en la urbanización La Alborada, Distrito Zapote, se inició procedimiento 2024LD-000287-0015499999, ESTUDIO GEOTECNICO URBANIZACION ALBORADA (OMGRD) #2, el cual incluye: 1. Topografía 2. Estudios de suelo 3. Estudio hidráulico e hidrogeológico 4. Diseño de obra de mitigación 5. Planos constructivos 6. Presupuesto detallado Dicho estudio fue adjudicado a la empresa INGEOTEC, S.A., con un costo de ₡5.708.190,00 y tiene fecha de entrega para la tercera semana de enero 2025. Una vez finalizada esta primera etapa y teniendo los resultados del estudio, para el año 2025, se procederá a iniciar los trámites para la solicitud de los permisos de SETENA y de la Dirección de Aguas del MINAE, para obras en cauce. Por último, contando los permisos necesarios, se iniciará el proceso para la contratación de construcción de obra, ya que dichos permisos son requisito para iniciar los procesos de contratación. Se debe tomar en cuenta que, al ser una obra en cauce, la misma debe realizarse en verano, cuando el caudal del río es más bajo, por lo que la obra podría iniciar en el año 2026”. Adicionalmente, en el oficio GSP-OMGRD-011-2025 del 31 de enero de 2025, la Gerencia de Provisión de Servicio de la Municipalidad de San José detalló: “En seguimiento al mandate de la Sala Constitucional esta Oficina procedió con la contratación No.2024LD-000287-0015499999 del estudio geotécnico y (sic) informa las acciones realizadas y temporalidad del proyecto: 1. Contratación del estudio geotécnico, diseños y presupuesto. Orden de Compra N.OC-0020-PROV-2024 por un monto de 5.594.026,00 millones de colones adjudicado a la empresa Ingeotec Sociedad Anónima. 2. La obra tiene un costo total de 102 millones de colones para la protección de las viviendas y parque municipal. 3. Cronograma de ejecución del proyecto considerando todas las fases preinversión (estudios, diseños, presupuesto, permisos con la Dirección de Aguas y SETENA, contratación, adjudicación) y fase de ejecución. (Adjunto cronograma) para un total de 22 meses (…)”. Asimismo, se adjuntó un cronograma en el que se definen los pasos a seguir y las fechas de ejecución, cuya finalización se prevé para setiembre de 2026.

De este modo, la Sala estima razonable concederles a las autoridades recurridas plazo hasta setiembre de 2026 para que se cumpla a cabalidad lo dispuesto en la sentencia nro. 2024024101 de las 9:20 horas del 23 de agosto de 2024. En consideración de lo anterior, no se acoge la gestión de desobediencia planteada por los recurrentes en el escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 5 de marzo de 2025. Sin embargo, tomen nota las autoridades recurridas que mientras se implementa la solución definitiva de la problemática objeto de este asunto, deberán coordinar lo pertinente y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de adoptar medidas provisionales tendientes a resguardar la vida e integridad física de quienes habitan en la margen derecha del río María Aguilar en la urbanización La Alborada.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se amplía el plazo dispuesto en la sentencia nro. 2024024101 de las 9:20 horas del 23 de agosto de 2024. En consecuencia, se les confiere a Luis Diego Miranda Méndez y Mariana Zúñiga Pérez, por su orden, alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de San José, o a quienes desempeñen esos puestos, plazo hasta setiembre de 2026 para cumplir lo ahí ordenado. Tomen nota las autoridades recurridas de lo indicado in fine del consideran II de este proceso. En lo demás, no ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 QDZ0YQRST5U61

EXPEDIENTE N° 24-020715-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:51:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**File No.: 24-020715-0007-CO**

**Res. No. 2025006929**

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the seventh of March, two thousand twenty-five.**

Subsequent proceedings filed by DIEGO MIRANDA MÉNDEZ, in his capacity as MAYOR OF SAN JOSÉ, as well as by ALEXIS DURÁN SOLÍS, identity card number 0104121031, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ARLEY, identity card number 0104850445, and RAFAEL ENRIQUE RIVERA ZÚÑIGA, identity card number 0502100167, in relation to judgment no. 2024024101 of 9:20 hours on August 23, 2024.

**Whereas:**

1.- By brief incorporated into the digital case file on February 5, 2025, the mayor of San José states: "In response to Resolution No. 2024024101, of nine hours twenty minutes on the twenty-third of August, two thousand twenty-four, notified to my represented party on August 26, 2024, in this regard I state the following: REQUEST FOR REPORTS Given that said resolution grants my represented party a period of SIX MONTHS to definitively resolve the problem reported by the petitioner regarding the erosion of the right bank of the María Aguilar River in La Alborada Urbanization, located in the district of Zapote, for which it must take into consideration the recommendations made by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias) in the technical reports of February 2012, as well as February and March 2021, to which reference was made in the reasoning section of said resolution, we hereby report what this administration has done to date to comply with what was ordered. By this means, it is reported that the day after this resolution was received on August 26, 2024, Official Letters No. DAJ-1480-3-2024, DAJ-1481-3-2024, DAJ-1482-3-2024, and DAJ-1483-3-2024 were issued by the Directorate of Legal Affairs to different municipal departments that are related to the solution of this case, as it is part of their functional competence for the definitive solution of this case, namely: the Service Provision Management, the Risk Management Process Officer, and the Pluvial Network Construction and Maintenance Section. This was to ensure these departments would initiate all necessary administrative procedures to comply in a timely and proper manner with what was ordered by the Constitutional Chamber and issue their respective reports to later inform this Constitutional Chamber of what was executed in this regard. Subsequently, through Official Letter No. GPS-307-2024 dated August 29, 2024, the Service Provision Management sent a formal official letter to the Risk Management Process Officer and the Pluvial Network Construction and Maintenance Section so that both departments would coordinate internal or external actions to initiate the administrative procedure for its definitive solution, which includes processing and promoting the budgetary provisions that may be necessary for compliance with what was ordered by the Constitutional Chamber. Later, through Official Letters No. DAJ-2542-3-2024, DAJ-2543-3-2024, and DAJ-2544-3-2024, dated December 5, 2024, the Directorate of Legal Affairs requested the different municipal departments (sic) to issue a progress report regarding the definitive solution of this case. TECHNICAL REPORTS PROVIDED For its part, the Pluvial Network Construction and Maintenance Section, through Official Letter SCMRP-583-2024 dated December 12, 2024, issued its progress report, indicating in summary: That the administrative procurement procedure No. 2024LD-000287-0015499999 called GEOTECHNICAL STUDY URBANIZATION (sic) ALBORADA (OMGRD) has already been initiated, which includes the following: topography, 2.Soil study, 3.Hydraulic and hydrogeological study, 4.Mitigation work design and construction plans, 5.Detailed budget. It is important to report that said procurement has already been awarded to the company INGEOTEC for a cost of ₡5,708,190.00. The product of said procurement was to be delivered no later than the third week of January 2025 (see attached report). Once the final results of said technical study are obtained, the necessary permits must then be processed before SETENA and MINAE for the respective works in the channel of the María Aguilar River. In addition, it is important to clarify that once (sic) the aforementioned permits are obtained, the administrative procedure may be initiated to contract the construction of the works in the channel, since the respective permits granted by (SETENA and MINAE) are necessary requirements to later initiate the procurement processes in this case. Another very important aspect to consider in this case is the fact that, being in the presence of a work in the river channel, it can only be carried out during the summer period when the river flow (sic) is at its lowest, therefore, the work could begin in the year 2026. For its part, the Risk Management Process Officer in her Official Letter No. GPSOMGRD-011-2025, dated January 31, 2025, indicates the following: '... In follow-up to the mandate of the Constitutional Chamber, this Office proceeded with procurement No. 2024LD-000287-0015499999 for the geotechnical study and (sic) reports the actions taken and the project timeline: 1. Procurement of the geotechnical study, designs, and budget. Purchase Order No. OC-0020-PROV-2024 for an amount of 5,594,026.00 million colones awarded to the company Ingeotec Sociedad Anónima. 2. The work has a total cost of 102 million colones for the protection of the homes and the municipal park. 3. Project execution schedule considering all investment phases (studies, designs, budget, permits with the Water Directorate (Dirección de Aguas) and SETENA, procurement, award) and execution phase. (Attached schedule) for a total of 22 months. 4. It is recommended that the Directorate of Legal Affairs request an 18-month extension from the Constitutional Chamber based on the established schedule, given that the six-month deadline expiring on February 25, 2025, is not materially viable to comply with the provision...' PETITION By virtue of the foregoing, it is respectfully requested that this progress report on compliance with what was ordered by this Constitutional Chamber in Resolution No. 2024-024101, of nine hours twenty minutes on the twenty-third of August, two thousand twenty-four, be accepted as submitted. In view of what is reported and demonstrated here, it is evident that the administration has made a great effort to initiate and process all necessary administrative procedures to comply with what was ordered by this constitutional authority, but it has been materially impossible, as can be observed from the reports provided by the technical side, to carry out said works within the period granted in this case (SIX MONTHS). That is why, with all due respect, we request a period of at least nineteen more months, which would expire in the month of September 2026 (see schedule in that same sense), which would allow us to successfully complete all necessary administrative and construction procedures to carry out said works in the channel of the María Aguilar River. This is in view of the fact that we still need to obtain the respective permits from SETENA and MINAE to be able to intervene in the river channel, to then initiate the administrative procurement procedure related to the construction of the works and their effective completion. For these same technical and legal reasons, we respectfully request an extension of the period initially granted to this administration, since in this case the administration has made great efforts to comply within the granted period, but we have not been able to achieve it to date, as can be demonstrated with the attached evidence. That is why we request more time to comply with what was ordered by this same Constitutional Chamber."

2.- By brief received in the Secretariat of the Chamber on March 5, 2025, the petitioners state: "we appear before this Constitutional Chamber to make known our opposition to the 19-month period requested by the Municipality of San José, represented by Mr. Diego Miranda Méndez, since the protection of the homes, as proven in the case file, is of high urgency, as they are in serious danger due to the negligence of the Municipality, as demonstrated in the Amparo proceeding known by the Justices. The Constitutional Chamber granted a period of SIX MONTHS to the Municipality of San José to definitively resolve what was reported by the undersigned. Said period expired on February 25, 2025; that is, the municipal entity did not comply with what was ordered and now requests a 19-month extension, providing a 20-month schedule that would expire in September 2026. We consider the requested period exaggerated, and after analyzing the activity schedule, we can cite the following: The Municipality of San José carried out a procurement for a Wall Design to be placed on the right bank of the María Aguilar River, located in La Alborada Urbanization. It was performed defining two stages, the first with a budgetary investment of ¢73,031,267.72 (SEVENTY-THREE MILLION THIRTY-ONE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-SEVEN COLONES AND SEVENTY-TWO CÉNTIMOS), in which the protection of the homes was considered, and the second stage which would be carried out two years after concluding the first stage, with an investment amount of ¢27,704,426.73 (TWENTY-SEVEN MILLION SEVEN HUNDRED FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-SIX COLONES AND SEVENTY-THREE CÉNTIMOS), where the problem of the parks adjacent to the homes would be resolved. Said Municipality decided to combine the two stages so that they are carried out jointly for a total cost of ¢102,000,000.00 (ONE HUNDRED TWO MILLION EXACT COLONES). Additionally, the schedule refers to the point, Management of surplus resources, where they request 4 months for its processing. We must indicate that the Municipality of San José has an ordinary budget for this type of work and could, in any case, if it is not considered, make a budgetary modification rather than wait for an authorization that requires the approval of the General Comptroller of the Republic, which would reduce the requested timeframes. It is also at the discretion of the Municipal Entity to carry out the project that secures the properties, that being the first stage, and to seek the budget of ¢73,031,267.72 (SEVENTY-THREE MILLION THIRTY-ONE THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-SEVEN COLONES AND SEVENTY-TWO CÉNTIMOS), in the event that they cannot obtain the ¢102,000,000.00 (ONE HUNDRED TWO MILLION EXACT COLONES) within the ordinary budget. Regarding the 6-month timeframe for permits with the Water Directorate and SETENA (MINAE), these public institutions would be violating the Law for the Protection of Citizens from Excessive Administrative Procedures, Law No. 8220 of March 4, 2002. While it is true that the Municipality must comply with the application before the aforementioned instances, it is also true that this work, based on the experience of constructions that have been carried out with this type of design, as we have consulted with different municipalities, does not require said permit as it is a low environmental impact work and, furthermore, land-use change (cambio de uso del suelo) is not being undertaken, in accordance with the Regulation for Environmental Assessment, Control, and Monitoring, Executive Decree No. 43892 of December 12, 2022. All of the above will be verified in the technical visit by the geologist from the Water Directorate. If the above is proven, the six-month period indicated by the Municipality in its schedule would be reduced to a shorter period. On the other hand, we believe the Municipality should consider carrying out an Urgent Procurement in accordance with Article 166 of the Public Procurement Regulation in order to expedite the times, which literally states: (...) Having reviewed Article 166 indicated above, we consider that it applies to the present case, being able to expedite the procurement timeframes in order to avoid further damage to the properties and their inhabitants. Another point of interest for the inhabitants of the endangered properties would be that, if the Chamber grants a longer period to the Municipality to carry out the work, the Municipality be required to carry out dredging in the channel, before the rainy season, to increase hydraulic capacity and thus reduce erosive force. PETITION: We request that the non-compliance with the period granted by the Constitutional Chamber be declared, and if an extension of time is granted to the Municipality, that it be reasonable, since the schedule presented by said institution was made based on arbitrary and unfounded timeframes, and that said institution proceed to carry out dredging in the channel, before the rainy season, to increase hydraulic capacity and thus reduce erosive force. PRECAUTIONARY MEASURE We request as a precautionary measure, in the event that a reasonable period is granted to the Municipality to carry out the work, that the Municipality of San José be obliged to carry out dredging in the channel, before the rainy season, to increase hydraulic capacity and reduce erosive force, as was indicated in the resolution issued by the Chamber, where it states that the recommendations made by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response in the different technical reports must be considered, one of them being the dredging of the river channel, as indicated in Technical Report CNE-UIARINF-0178-2023. From the foregoing, it is clear that the Municipality has also not complied with what was ordered in the Judgment. Additionally, the Municipality be obliged to apply a provisional mechanism in which it seeks to reduce the possible damage from erosion that would occur to the properties due to the amount of rain expected in the coming winters, as well as the increase in water levels and force that would result from floods in the river channel. This mechanism would also seek to protect what remains of the slope (ladera), which currently supports the foundations of the properties. One possibility could be to place slope stabilization blankets along the length, width, and height of what remains of said slope, or other available alternatives."

3.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Justice Rueda Leal; and,

**Considering:**

I.- In judgment no. 2024024101 of 9:20 hours on August 23, 2024, it was ordered:

"III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub examine, the petitioner, who resides in [Value 004], indicates that, between 1994 and 1995, the Municipality of San José diverted the Ocloro River into the María Aguilar River, which increased the water level and erosion on both banks of the latter river. They detail that, in 2011, the Municipality of San José built a retaining wall on the slope (ladera) of the river, on the [Value 004] San Marino side, which caused the opposite slope, that being [Value 004], to be left unprotected, leading to greater erosion and increased water levels, which rebounded off that slope. Therefore, the Municipality of San José built a partial gabion wall behind the play area and house no. 26 in 2007, but did not include the entire river bank. They accuse that said wall was not maintained and in 2020 it was swept away by the force of the flow. They indicate that, in 2012 and 2021, the CNE issued recommendations to the Municipality of San José regarding the erosion of the María Aguilar River; however, they were not followed by the local government. They state that on June 20, 2024, a request and a new CNE report called: 'RISK REASSESSMENT [Value 004]' was delivered to the local corporation of San José, which states: 'VI. Conclusions... A. The lack of a protection work on the right bank has put the structures at risk. B. During the next rainy season, the erosive power of the river will increase, which intensifies the risk for the dwellings.' They clarify that a copy of the request for a meeting was sent to the Ministry of Health, the National Emergency Commission, the Ombudsman's Office, the National Risk and Emergency Response Commission, the Municipality of San José, and the Water Department of MINAE. They explain that, by memorial of July 10, 2024, in response to the request of June 20, 2024, the mayor's assistant notified the report of officials from the Municipality of San José GPS-OMGRD-419-2024, through which it is stated: '2.- Regarding the request for the protection work on the right bank for slope stabilization (estabilización de ladera) and protection of the dwellings exposed to risk, the municipal corporation is unable to invest public resources in private services or lands. 3.- Regarding the request for channel dredging before the start of the rainy period, it is indicated that this will be assessed by the River Network Maintenance and Construction Section to determine its relevance and technical-operational viability.' They allege that once again the municipality ignored the CNE report and does not grasp the degree of danger faced by the properties and the lives of the people living on the southern slope of the María Aguilar River. They detail that, in mid-June 2024, officials from the Ministry of Health inspected the dwellings on the river slope located in [Value 004] and issued technical reports and a sanitary eviction order regarding house no. 28.

This Tribunal verifies that, on February 21, 2012, the CNE issued the 'TECHNICAL REPORT VULNERABILITY ANALYSIS IN THE SURROUNDINGS OF THE PROPERTY OF [Value 005] DPM-INF-0055-2012', which is located on the right bank of the María Aguilar River, in which it was indicated: 'IV. Background of the area or sector involved The channel of the María Aguilar River drains part of the cantons of San José, Curridabat, and Tres Ríos. According to the history of recent years, it has generated serious problems of overflow, lateral erosion of its banks, destruction of containment works, and damage to private property along its path. Currently, the channel of the María Aguilar River is saturated by the high accumulation of material (sediments, domestic waste, and scrap metal) and as a consequence, by not having an adequate hydraulic section, overflows and strong erosion are generated due to the lack of capacity to adequately evacuate peak flows, causing a rise in the water level, which provokes strong erosion on the banks or even causing its highly contaminated waters to overflow towards the surrounding communities, which, in most cases, requires timely intervention in the cleaning and dredging of anthropogenic sediments, as well as building mitigation works in the short term (...) VII. Conclusions and recommendations. • It is important that the Municipality of San José, Hydrology Directorate, comprehensively evaluate the works carried out in the area, in order to prevent impacts in the surroundings and to establish if there is really no repercussion on the right bank, where there is a riprap, parallel to the property of Mrs. [Value 005], ID: [Value 004], and if necessary, analyze and propose corrective works. • Establish a periodic surveillance control over the behavior of the rivers, especially in the defined work sectors, to allow improvements to be incorporated into the process. • The added value of these containment works, excavation, and sediment cleaning, in the different sectors identified as having the highest risk due to lateral erosion or flooding along the María Aguilar River, reduces the impact but does not completely eliminate the risk, given that comprehensive intervention of the entire micro-watershed and other municipal actors is required to provide greater security to the population exposed to floods.' By memorial with a received stamp from the Municipality of San José dated October 8, 2012, the petitioner ([Value 002]) indicated that on September 30, 2012, the María Aguilar River overflowed in [Value 004] park. In addition, he noted that this event occurred due to the erosion of the right bank of the river and due to the construction of a gabion wall by the local government on the opposite side. Likewise, he mentioned that 'the Municipality must take the necessary measures to mitigate the vulnerability of the right bank of the María Aguilar River, building gabion walls, electro-welded mesh walls, or seeking alternative measures.' In February 2021, the CNE issued the 'TECHNICAL REPORT Risk assessment of dwellings in [Value 004] due to slope instability of the María Aguilar River', through which it is stated: 'IV. General analysis of the hazard and vulnerability. A. The dwellings visited border the right bank of the María Aguilar River. B. River erosion has caused instability in the slope that is evidenced by the damage to the dwellings. C. On the left bank, a gabion wall is observed on a concrete structure (...) V. Conclusions A. The erosion of the María Aguilar River has put the dwellings on the right bank at risk. B. If no protection work against erosion is carried out, the land will continue to be undercut, causing damage to the structures on the right bank. VI. Recommendations A. A protection work must be carried out on the slope of the right bank, to prevent erosion and thus guarantee the stability and safety of the dwellings. B. Works in public domain channels must have a permit from the Water Department of MINAE; therefore, this institution must be notified of the risk so that it can facilitate any procedure. C. Any work carried out must have the corresponding studies and be under the supervision of a professional accredited by the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica.' In March 2021, the CNE issued the 'TECHNICAL REPORT Risk reassessment of [Value 004] due to erosion of the María Aguilar River', in which it is indicated: 'VI. Conclusions A. The lack of a protection work on the right bank has put the structures at risk. B. During the next rainy season, the erosive power of the river will increase, which intensifies the risk for the dwellings. VII. Recommendations A. A protection work must be carried out on the slope of the right bank, to prevent erosion and thus guarantee the stability and safety of the dwellings. B. In addition, the possibility of carrying out periodic dredging in the channel, before the rainy season, must be assessed to increase hydraulic capacity and reduce the erosive force of the river. C. Works in public domain channels must have a permit from the Water Department of MINAE; therefore, this institution must be notified of the risk so that it can facilitate any procedure. D. Any work carried out must have the corresponding studies and be under the supervision of a professional accredited by the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica.' By memorial dated May 4, 2021, the amparo applicant [Value 001] reported to the Municipality of San José that the gabion wall built by that municipality on the right bank of the María Aguilar River has deteriorated and does not receive adequate maintenance, and that it collapsed in November 2020. Furthermore, he indicated: 'The foregoing puts both the children's park and houses 26, 27, and 28 at risk, since this riverbank is exposed to erosion, land collapse, and the consequent danger to the house structures (...) It is noteworthy that just opposite, on the left bank of the river (San Marino Urbanization, San Francisco de Dos Ríos), the Municipality built, approximately in 2012, a strong and solid gabion wall of 4 vertical levels with a poured and anchored base, which has caused the waters, through a rebound effect, to increase their flow and force on the right bank.' Finally, it was requested that, in accordance with report CNE-UIAR-INF-002-2021, the risk to which the dwellings are subjected be assessed and a protection work be managed to safeguard them. This proceeding was brought to the attention of the Municipal Council of San José in session no. 53 held on May 11, 2021, and it was agreed to refer the matter to the mayor's office. By memorial with a received date by the Municipality of San José of July 6, 2022, the amparo applicant [Value 001] reported that the gabion wall built by the local government on the right bank of the María Aguilar River received no maintenance, and thus deteriorated; moreover, it partially fell into the channel at the end of 2020, which puts the children's park and several houses at risk. Therefore, intervention was requested to solve the situation, in accordance with the recommendations of the CNE. On June 20, 2024, the petitioners ([Value 002]) and [Value 001] addressed a memorial to the Municipality of San José, through which the concern of [Value 004] located on the right bank of the María Aguilar River was expressed, due to its erosion; they also referred to proceedings carried out since 2012 before that local government, among others, by the CNE. For this reason, it was required 'that we be given a response regarding the measures that the Municipality will take and whether it will follow the recommendations issued by the CNE in this latest report, since the river water recently detached the riprap of houses number: 27 and 28, likewise the total detachment of the gabion wall of house number 26, the latter since 2020, of which the Municipality was aware (...) Likewise, we require an inspection by the Municipality of San José, in the shortest possible time, so that they evaluate the existing damage on the right bank of the river. At the same time, we require a prompt response, since the situation is extremely dangerous, putting the lives of its inhabitants at risk, due to the inactivity, negligence (sic), and carelessness on the part of the Municipality, in not complying with the recommendations given by the CNE since 2012 and subsequent years, thereby violating the constitutional principle of the right to life.' By memorial GSP-OMGRD-419-2024 of July 4, 2024, the Municipal Disaster Risk Management Office of the Municipality of San José indicated: 'In a site visit conducted on June 26, 2024, by this office, the active erosion process on the right bank of the María Aguilar River adjacent to the properties is evident (...) External conditions a) Direct contribution of rainwater from roofs towards the slope (...) b) Collapse of the sidewalk built at the rear of the dwellings (...) c) Washing of the slope fill material. d) Evidence of the remaining gabion structure near the municipal park and the property of Mr. [Value 001]. e) Loss of verticality of the wall of the property of Mr. ([Value 002]). f) Exposure of foundations of the adjoining walls on both properties. g) Absence of the protection zone. h) Possible expansion of dwellings in non-building areas (...) 2.- Regarding the request for the protection work on the right bank for slope stabilization and protection of the dwellings exposed to risk, the municipal corporation is unable to invest public resources in private services or lands. 3.- Regarding the request for channel dredging before the start of the rainy period, it is indicated that this will be assessed by the River Network Maintenance and Construction Section to determine its relevance and technical-operational viability.' By memorial MSJ-ALCALDIA-2364-2024 of July 10, 2024, the municipality of San José indicated to the petitioners: 'In response to your official letter, through which you refer to the slope instability of the right bank of the María Aguilar River, in the [Value 004] sector, Zapote District, I forward official letter number GPS-181-2024, signed by Mrs. Dahianna Marín Chacón, Service Provision Manager, who attaches technical report No. GPS-OMGRD-419-2024, signed by Mr. Job Villareal Granados and Mrs. Lorena Romero Vagas, Office Head, both from the Municipal Disaster Risk Management Office.'"

Finally, by official letter SCMRP-370-2024 of 6 August 2024, the Storm Drainage Network Construction and Maintenance Section of the Municipality of San José stated: "Regarding the erosion of the right bank of the María Aguilar River, there is no river dynamics study indicating that this process is due to the construction of the existing wall on the left bank of the river. Regarding the recommendations issued in the Technical Reports of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, CNE, which indicate that a protection work must be carried out on the slope of the right bank for its stabilization and the protection of the dwellings, these are not municipal competence, as this entity is unable to invest public resources in private services or lands. Finally, regarding the periodic dredging of the channel, this will be evaluated by this municipality, given that this project is classified as a major channel work and requires the corresponding permit from the Water Directorate of MINAE and the corresponding studies as a permit requirement."

Prior to resolving what is legally appropriate, it is pertinent to note that this Chamber has already ruled on the erosion of the banks of the María Aguilar River. For example, in judgment no. 2020010630 at 9:15 a.m. on 12 June 2020, it ordered:

"IV.- MUNICIPAL COMPETENCE AND OBLIGATION FOR INTERINSTITUTIONAL COORDINATION. Municipal competence and obligation for interinstitutional coordination. Article 169 of the Political Constitution provides that 'The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...).' This rule has been developed by the ordinary legislator; accordingly, Article 3 of the Municipal Code, Ley 7794 of 30 April 1998, provides that: 'The governance and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government.' In this same vein, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence. For example, in Judgment No. 5445-99, at 2:30 p.m. on 14 July 1999, the following was ordered:

'VI.- OF THE ATTRIBUTIONS OF THE MUNICIPALITIES BY REASON OF SUBJECT MATTER (CONCEPT OF "THE LOCAL"). By express constitutional provision—Article 169—there is an assignment of functions or attributions in favor of local governments by reason of subject matter to "the local," that is, "the administration of the services and interests" of the locality to which it is circumscribed, for which purpose it is granted autonomy. Thus, its powers are generic, as there is no detailed enumeration of its own duties, but merely a simple enunciation of the scope of its competence; but not for that reason indeterminable, to which this Court referred in judgment number 6469-97, at four twenty p.m. on eight October nineteen ninety-seven, in the following terms:

"(...) the local has such a connotation that defining its scope by the legislator or the judge must lead to the maintenance of the integrity of local interests and services, such that the legislator could not even issue regulations tending to dismember the Municipality (territorial element), unless done by observing the procedures previously established in the Political Constitution; nor enact one that places its inhabitants (population) in clear conditions of inferiority relative to the rest of the country; nor one that affects the very essence of the local (government), so as to turn the Corporation into a simple empty container of which only the name survives, but deactivating the entire regime as it was conceived by the National Constituent Assembly. From another angle, there will be duties that by their nature are municipal—local—and cannot be removed from that sphere of competence to convert them into national services or interests, because doing so would imply disassembling the Municipality, or better yet, emptying it of constitutional content, and therefore, it is not possible beforehand to dictate the insurmountable limits of the local; rather, to discern what corresponds or not to communal government, it must be extracted from the examination made in each specific case (...)." From the foregoing, the fact stands out that, by the express will of our Fundamental Charter, a specific competence is assigned to local governments, an attribution that is also exclusive to them; that is, it is an original competence of the municipality and only through a law of nationalization or regionalization can it be displaced, totally or partially.'

Consequently, if a group of municipal residents, in their territorial circumscription, suffer flooding with risk to their lives and serious property damage, psychological harm, and impacts to quality of life and general well-being, this falls within the concept of "local interests and services" of constitutional article 169, problems whose causes must be identified precisely and, even more so, the solutions, in order to implement them as soon as possible; for which purpose it is the Municipality's responsibility to coordinate with national-level institutions with jurisdiction to act on the problem. Indeed, the Chamber has already developed the municipal obligation to coordinate with other state institutions in order to attend to "interests" and fully provide "local services." In the cited Judgment No. 5445-99, the Chamber stated:

"(...) they refer to the obligation of coordination that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Executive Branch, to carry out the functions entrusted to them, which must be analyzed based on the very nature of municipal autonomy. It is by virtue of the provisions of constitutional Article 170 that the municipalities (local corporate entities) enjoy functional, administrative, and financial autonomy in the administration of local interests and services (Article 169 of the Political Constitution) (...) A conflict cannot, then, be created by antagonism or protagonism between the subject matter that constitutes the general purpose of "the local interests and services" and the "national" or "state" public interests and services, intrinsically distinct from one another, but which in reality are called to coexist (....) Once the material competence of the municipality in a determined territorial circumscription is defined, it is clear that there will be duties that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be considered national or state; for this reason, it is essential to define the form of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of the municipalities is local, and that of the State and other entities is national; from which it follows that the municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent that circumstances require. That is, municipalities can share their competencies with the Public Administration in general, a relationship that must develop in the terms defined by law (Article 5 of the previous Municipal Code, Article 7 of the new Code), which establishes the obligation of 'coordination' between the municipalities and the public institutions that concur in the performance of their competencies, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy, being its expression. In other terms, the municipality is called to enter into cooperative relations with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coincident nature—in many cases—of interests around a specific matter. In doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own duties and decision-making powers, and potentially discrepant; despite this, there must be a community of ends by subject matter, but by concurrence, insofar as the object receiving the final results of the activity and acts of each one is common.' Thus, coordination is the ordering of relations between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence in the same object or entity to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. As there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, the imposition of certain conducts on the latter is not possible, thereby arising the essential interinstitutional 'concert,' in the strict sense, as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each plays a role with a view to a mission entrusted to the others."

Note, moreover, that Municipalities are obliged, by imperative of article 50 of the Political Constitution, to exert themselves in protecting the environment (Judgment No. 2006-7994 at 8:57 a.m. on 2 June 2006).

V.- ON THE SPECIFIC CASE. ACTION OF THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ AND THE RECOMMENDATIONS ISSUED BY THE NATIONAL EMERGENCY COMMISSION TO THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ. In the sub examine, the complainant alleges that since 2016, his property has been eroded by the María Aguilar River due to accumulations of garbage, sediments, and other obstructions to the normal river channel, without, as of the date of filing this appeal, the respondent authorities having executed the recommendations that the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE) has been issuing since 2016—IAR-INF-0084-2016, of 16 February 2016. However, after analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal confirms the violation of the fundamental rights of the protected party, at least by the respondent municipal corporation. From the report rendered by the representatives of the Municipality of San José—which is given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that the protected party [Name 001] is a resident of San Francisco de Dos Ríos, San José. His property has been eroded by the María Aguilar River due to accumulations of garbage, sediments, and other obstructions to the normal channel. Furthermore, on 16 February 2016, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, at the request of the protected party, provided a technical opinion on the degree of vulnerability of the area and a series of recommendations to prevent further harm. Recommending 'Carry out comprehensive channeling works, tree cutting, sediment and garbage collection, and mitigation works in accordance with a comprehensive work plan, with the aim of preventing further harm in the future to the populations neighboring these rivers, all under current legislation and supervised by qualified professionals. Analyze at the interinstitutional and intermunicipal level the problem of marginal settlements located on the banks of these rivers, with the purpose of seeking alternatives to relocate the families inhabiting these highly vulnerable sites to suitable and safer lands. Coordinate with each municipality (Tres Ríos, Curridabat and San José) for the María Aguilar River, a comprehensive work, in their Operational Plan of prevention and mitigation measures, with the purpose of carrying out an annual cleaning intervention at the sites of greatest vulnerability, as well as, in case of local emergency during the rainy season, in addition to mitigation works in many sections of the channels. Establish periodic monitoring of the behavior of the rivers, especially in the defined work sectors, to allow process improvements to be incorporated.' In addition to the above, in October 2019, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response prepared a new technical report CNE-UIAR-INF-0923-2019, at the request of the protected party, in which it was indicated that if the site is not intervened with some protection work, erosion could cause the perimeter mesh of the property to collapse and, in the future, affect the rest of it. They recommend evaluating the possibility of erecting some type of structure to protect the left bank of the river to prevent erosion from continuing. Finally, it is determined that the problem of contamination of the María Aguilar riverbed or channel by sediments (domestic waste) and organic matter in the center of the channel, as well as erosion of the banks, especially the left, must be addressed by the Municipality itself. For its part, the Municipality of San José, through Official Letter No. ALCALDÍA-A2-00506-2020, informed the protected party '…In response to the request, which asks for machinery with trained personnel for river dredging, I refer you to the opinion issued by geographer Lorena Romero Vargas, Head of the Municipal Office of Risk Management, and Ing. Marco Vinicio Corrales Xatruch, Manager of Service Provision, where they refer to your request…' stating in said official letter '…The Municipality of San José, in compliance with the current legal framework, does not carry out mitigation measures in the channel, only in emergency situations where the CNE authorizes or by order of the Fourth Chamber….'

Note that, while it is true that the respondent municipal authority reports that the Provision and Services Management and the Storm Drainage Network Construction and Maintenance Section indicate that the Municipality of San José is working on all administrative, legal, and engineering aspects of the issue, it is no less true that the case file shows that the problem continues and that despite recommendations being provided by the National Emergency Commission since 2016, the latest technical report being No. CNE-UIAR-INF-0923-2019, of October 2019, to date the Municipality continues without definitively resolving the problem, even having knowledge of the existence of the extensively referenced river contamination. In this regard, this Constitutional Tribunal was able to verify that the problem denounced by the claimant exists, is known by the respondent municipality, and directly affects the complainant, without being able to provide a solution as of the date of filing this appeal, thereby confirming a violation of the fundamental rights of the protected party. Additionally, on repeated occasions, this Constitutional Tribunal has recognized and endorsed that the Commission's competence lies in carrying out the corresponding inspections and recommendations to the respondent Municipality, and these are binding (see in this regard judgments No. 12818-2009 at 3:32 p.m. on 18 August 2009 and 16389-2010 at 9:17 a.m. on 1 October 2010). Notwithstanding the above, however, no solution has yet been implemented; not even interim or urgent measures aimed at avoiding or mitigating the effects of contamination caused by the María Aguilar River are reported. Taking into consideration the specific competence that Article 169 of the Political Constitution grants to local governments, by providing that: 'The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...).' For this reason, the alleged violation of the fundamental rights of the protected party is confirmed, and it is appropriate to declare the appeal partially upheld, with the order that will be indicated in the operative part of this judgment.'

VI.- ON THE SPECIFIC CASE. THE ACTION OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. From the report rendered by the representatives of the respondent authority—which is given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that on 1 April 2020, before the Ministry of Environment and Energy, the protected party denounced the problem of the fill being placed on the adjacent property and the possible impact on the protection zone of the María Aguilar River in the Zapote area. Furthermore, as of the date of filing the amparo appeal, the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy had not received any application for a channel works permit from the Municipality of San José to carry out works within the channel of the María Aguilar River, whether for cleaning, reshaping, dredging, or reinforcement of the banks—as indicated by the complainant. Finally, on 22 May 2020, the Minister of Environment and Energy was notified of the resolution at 9:47 a.m. on 20 May 2020, by which the parties to this appeal were expanded and he was granted a hearing.

Thus, regarding the action of the Ministry of Environment and Energy, the amparo must be dismissed, because it was not until 1 April 2020 that the complainant filed with the respondent Ministry the denouncement of the situation he accuses and for which he seeks amparo of his rights on 3 April 2020. In this regard, it was possible to verify that, as of the date of filing this amparo, i.e., 3 April 2020, the respondent authority is still within the time limit to resolve and communicate the result of that procedure to the protected party, in accordance with the provisions of Article 261 of the General Law of Public Administration, which provides—in general terms—two months for such purposes (note that the denouncement was filed on 1 April 2020). Consequently, this appeal is premature. By virtue of the foregoing, the appeal must be declared dismissed with respect to this aspect, as is indeed ordered (...)

Therefore: The appeal is declared partially upheld, only with respect to the Municipality of San José and the failure to comply with the recommendations provided by the National Emergency Commission to resolve the existing problem of contamination, overflowing of the María Aguilar River, and its consequences—see IAR-INF-0084-2016, of 16 February 2016, Recommending 'Carry out comprehensive channeling works, tree cutting, sediment and garbage collection, and mitigation works in accordance with a comprehensive work plan, with the aim of preventing further harm in the future to the populations neighboring these rivers, all under current legislation and supervised by qualified professionals. Analyze at the interinstitutional and intermunicipal level the problem of marginal settlements located on the banks of these rivers, with the purpose of seeking alternatives to relocate the families inhabiting these highly vulnerable sites to suitable and safer lands. Coordinate with each municipality (Tres Ríos, Curridabat and San José) for the María Aguilar River, a comprehensive work, in their Operational Plan of prevention and mitigation measures, with the purpose of carrying out an annual cleaning intervention at the sites of greatest vulnerability, as well as, in case of local emergency during the rainy season, in addition to mitigation works in many sections of the channels. Establish periodic monitoring of the behavior of the rivers, especially in the defined work sectors, to allow process improvements to be incorporated.' as well as the technical report CNE-UIAR-INF-0923-2019—evaluate the possibility of erecting some type of structure to protect the left bank of the river to prevent erosion from continuing—, with respect to the latter, carry out said evaluation and verify whether or not it is feasible. Jhonny Araya Monge, in his capacity as Mayor of the Municipality of San José, or whoever occupies that position in his stead, is ordered, within the scope of his competence, to adopt the pertinent measures so that, within a maximum period of SIX MONTHS counted from the notification of this resolution, interinstitutional coordination is carried out and a definitive solution is given to the denounced problem affecting the complainant. The foregoing under warning that he could incur the crime typified in Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, which provides for imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, for anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to fulfill it or fails to have it fulfilled, provided the crime is not more severely punished. The Municipality of San José is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is declared dismissed. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify."

Now, in the sub iudice, the Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the protected party due to the inaction of the Municipality of San José in addressing the problem pertaining to the erosion of the right bank of the María Aguilar River at [Name 004]. In this sense, note that since 2012, complaints have been filed with the local government of San José regarding this problem, without it being observed that the relevant coordination has been carried out and the corresponding actions taken to resolve it. Additionally, it is clear from the case file that, between 2012 and 2021, the CNE issued three technical reports concerning this problem, in which it made several recommendations to the Municipality of San José; however, it is not verified that this local government has acted on what was stated therein. The foregoing is aggravated when considering that, at least since 2021, the CNE indicated that the lack of a protection work on the right bank of the María Aguilar River has put structures, including dwellings, at risk.

About this, recall that, in the "TECHNICAL REPORT VULNERABILITY ANALYSIS IN THE SURROUNDINGS OF THE PROPERTY OF [Name 005] DPM-INF-0055-2012" of 21 February 2012, the CNE stated: "• It is important that the Municipality of San José, through the Hydrology Directorate, comprehensively evaluates the works carried out in the area, with the aim of preventing impacts in the surroundings and establishing whether there is truly no repercussion on the right bank, where there is riprap (enrocado) parallel to the property of Mrs. [Name 005], ID: [Value 004] and, if necessary, analyze and propose corrective works. • Establish periodic monitoring of the behavior of the rivers, especially in the defined work sectors, to allow improvements to the process to be incorporated. • The added value of these works of retaining walls (obras de contención), dredging (recava), and sediment cleaning in the different sectors identified as having the highest risk of lateral erosion or flooding along the María Aguilar River reduces the impact but does not entirely eliminate the risk, given that comprehensive intervention of the entire micro-watershed and of the other municipal actors is required to provide greater security to the population exposed to flooding" (the highlighting was added). Moreover, in the "TECHNICAL REPORT Risk assessment of dwellings in [Name 004] due to slope instability of the María Aguilar River" of February 2021, the CNE indicated: "V. Conclusions A. The erosion of the María Aguilar River has put the dwellings on the right bank at risk. B. If no protection work against erosion is carried out, the land will continue to be undermined, causing damage to the structures on the right bank. VI. Recommendations A. A protection work must be carried out on the slope of the right bank to prevent erosion and thus guarantee the stability and safety of the dwellings. B. Works in the public domain channel must have a permit from the Water Department of MINAE; therefore, this institution must be notified of the risk so that it can facilitate any procedure. C. Any work carried out must have the corresponding studies and be under the supervision of a professional accredited by the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica" (the bold was incorporated). For its part, in March 2021, the CNE issued the "TECHNICAL REPORT Risk reassessment of [Name 004] due to erosion of the María Aguilar River," which states: "VI. Conclusions A. The lack of a protection work on the right bank has put the structures at risk. B. During the next rainy season, the erosive power of the river will increase, which intensifies the risk to the dwellings. VII. Recommendations A. A protection work must be carried out on the slope of the right bank to prevent erosion and thus guarantee the stability and safety of the dwellings. B. Additionally, the possibility of carrying out periodic dredging in the channel should be evaluated, before the rainy season, to increase the hydraulic capacity and decrease the erosive force of the river. C. Works in the public domain channel must have a permit from the Water Department of MINAE; therefore, this institution must be notified of the risk so that it can facilitate any procedure. D. Any work carried out must have the corresponding studies and be under the supervision of a professional accredited by the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica" (the highlighting was incorporated).

Therefore, the appeal is upheld with respect to the Municipality of San José, in accordance with what is indicated in the operative part of this pronouncement.

IV.- Having clarified the foregoing, the Chamber does not verify the violation of the fundamental rights of the protected party by the CNE in the terms in which the appeal was filed. In this sense, it is clear from the case file that this authority has issued reports regarding the denounced problem; however, the execution of the corresponding solution is not within its competence.

V.- Finally, with respect to the Ministry of Health, the Chamber verifies that, on 17 June 2024, the protected party [Name 001] sent a brief to the Ministry of Health, indicating that the Municipality of San José had been required to build a protection work for the dwellings located on the right bank of the María Aguilar River, and that this local government has not acted, even though the land has been undermined even further. On 26 June 2024, the Ministry of Health inspected dwellings at [Name 004]. It is also observed that the Ministry of Health issued health order MS-DRRSCS-DARSSEM-2472-2024, which granted two months to the occupants of dwelling no. 28 [Name 004] to vacate it due to its hazardousness. By brief MS-DRRSCS-DARSSEM-2572-2024 of 3 July 2024, the Ministry of Health recommended the following regarding the dwellings located on the east bank of the María Aguilar River: "(…) It is observed with great clarity that the East bank of the María Aguilar River as it passes the inspected dwellings needs a civil work (obra civil) that can withstand the friction and drag exerted by the river as it passes the boundary with the inspected dwellings. It is observed how the river 'eats away' the land that serves as the setback and boundary of the inspected dwellings; the friction between the river's flow and the land belonging to the riverbank is undermining the stability of the foundations of the walls of the backyards of the inspected dwellings. In photo 1, a civil work built opposite the East boundary of the inspected dwellings is shown; it is a work built on the bank of the María Aguilar River and located exactly opposite the East boundary of the inspected dwellings. According to what was observed, said work has completely fulfilled the function of preventing the river's flow from 'washing away' the land by friction, such that the land serving as the setback between the riverbank and the adjacent dwellings is in safe conditions, and therefore the infrastructure can be safe and without visually evident problems of destabilization of the supporting soils where they are founded. A work similar to that described in the immediately preceding paragraph is what is recommended to be built on the bank of the María Aguilar River as it passes the three inspected dwellings."

By virtue of the foregoing, no action or omission by the Ministry of Health is observed that would have violated the fundamental rights of the complaining party in the terms in which the appeal was filed, which is why it is declared dismissed with respect to that ministerial portfolio (…)

Therefore: The appeal is declared partially upheld, only with respect to the Municipality of San José.

Luis Diego Miranda Méndez and Mariana Zúñiga Pérez, in that order, mayor and council president, both of the Municipalidad de San José, or whoever occupies those positions, are ordered to issue the pertinent orders and make the necessary arrangements within the scope of their respective powers, so that within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this ruling, the problem reported by the appellant concerning the erosion of the right bank of the río María Aguilar in the [Name 004] is definitively resolved, for which they must take into consideration the recommendations made by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Atención de Emergencias in the technical reports of February 2012, as well as February and March 2021, to which reference was made in the recitals of this judgment. The respondent authorities are warned that, in accordance with article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not fulfill it or have it fulfilled, provided the offense is not more severely punished. The Municipalidad de San José is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative court. In all other respects, the amparo petition is dismissed. Judge Salazar Alvarado adds a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Enforcement Division of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Contentious-Administrative and Civil Treasury Court), under the enforcement rules established in articles 155 et seq. of the Código Procesal Contencioso Administrativo (Contentious-Administrative Procedure Code). Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that enforcement proceedings of this decision may be initiated. Notifíquese.”

Said judgment was communicated to the parties on August 26, 2024, via email.

II.- REGARDING THE SUBSEQUENT FILINGS MADE. In this case, the mayor of San José requests a 19-month extension to comply with what was ordered by this Chamber in judgment no. 2024024101 at 9:20 a.m. on August 23, 2024.

Regarding this, it should be recalled that the main ruling in this proceeding ordered: “Luis Diego Miranda Méndez and Mariana Zúñiga Pérez, in that order, mayor and council president, both of the Municipalidad de San José, or whoever occupies those positions, are ordered to issue the pertinent orders and make the necessary arrangements within the scope of their respective powers, so that within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this ruling, the problem reported by the appellant concerning the erosion of the right bank of the río María Aguilar in the [Name 004] is definitively resolved, for which they must take into consideration the recommendations made by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Atención de Emergencias in the technical reports of February 2012, as well as February and March 2021, to which reference was made in the recitals of this judgment.”

From the case file, it can be deduced that, after the issuance of the cited judgment, the Municipalidad de San José has carried out various actions aimed at complying with what was ordered therein. For example, it is verified that, through official communication SCMRP-583-2024 of December 12, 2024, the Sección de Construcción y Mantenimiento de Red Pluvial (Pluvial Network Construction and Maintenance Section) of the local government explained: “In order to address the Resolution of the Amparo Proceeding and, therefore, the erosion problem on the right bank of the río María Aguilar in the La Alborada development, Zapote District, procedure 2024LD-000287-0015499999, GEOTECHNICAL STUDY URBANIZACION ALBORADA (OMGRD) #2 was initiated, which includes: 1. Topography 2. Soil studies 3. Hydraulic and hydrogeological study 4. Mitigation works design 5. Construction blueprints 6. Detailed budget Said study was awarded to the company INGEOTEC, S.A., at a cost of ₡5,708,190.00 and has a delivery date of the third week of January 2025. Once this first stage is completed and having the study results, in 2025, procedures will begin for requesting permits from SETENA and the Dirección de Aguas of MINAE, for works in a watercourse. Finally, once the necessary permits are obtained, the process for contracting the construction of the works will begin, since said permits are a requirement to initiate contracting processes. It must be taken into account that, being a work in a watercourse, it must be carried out in summer, when the river flow is lower, so the work could begin in 2026.” Additionally, in official communication GSP-OMGRD-011-2025 of January 31, 2025, the Gerencia de Provisión de Servicio (Service Provision Management) of the Municipalidad de San José detailed: “In follow-up to the mandate of the Sala Constitucional this Office proceeded with contracting No. 2024LD-000287-0015499999 for the geotechnical study and (sic) reports the actions taken and the project timeline: 1. Contracting of the geotechnical study, designs, and budget. Purchase Order No. OC-0020-PROV-2024 for an amount of 5,594,026.00 million colones awarded to the company Ingeotec Sociedad Anónima. 2. The work has a total cost of 102 million colones for the protection of homes and the municipal park. 3. Project execution schedule considering all pre-investment phases (studies, designs, budget, permits with the Dirección de Aguas and SETENA, contracting, award) and the execution phase. (Schedule attached) for a total of 22 months (…)”. Likewise, a schedule was attached defining the steps to follow and execution dates, whose completion is expected by September 2026.

Thus, the Chamber deems it reasonable to grant the respondent authorities a deadline until September 2026 to fully comply with the provisions of judgment no. 2024024101 at 9:20 a.m. on August 23, 2024. In consideration of the foregoing, the claim of disobedience filed by the appellants in the brief received at the Chamber's Secretariat on March 5, 2025, is not admitted. However, the respondent authorities should take note that while the definitive solution to the problem that is the subject of this matter is being implemented, they must coordinate what is pertinent and carry out all actions within the scope of their powers, in order to adopt provisional measures aimed at safeguarding the life and physical integrity of those who live on the right bank of the río María Aguilar in the La Alborada development.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper documents or objects or evidence contained in any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 working days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012.

Por tanto:

The deadline set in judgment no. 2024024101 at 9:20 a.m. on August 23, 2024, is extended. Consequently, Luis Diego Miranda Méndez and Mariana Zúñiga Pérez, in that order, mayor and council president, both of the Municipalidad de San José, or whoever occupies those positions, are granted a deadline until September 2026 to comply with what was ordered therein. The respondent authorities shall take note of what is indicated at the end of recital II of this proceeding. In all other respects, the filing made is dismissed. Notifíquese.

 

 

 

 

 

Fernando Castillo V.

President

 

 





Fernando Cruz C.

 

 

Paul Rueda L.




Jorge Araya G.

 

 

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

 

 

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Digitally Signed Document

-- Verification Code --



 QDZ0YQRST5U61

EXPEDIENTE N° 24-020715-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:51:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República