Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VII.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la Sala estima que existen suficientes elementos de convicción para acoger el presente recurso de amparo. Como puede apreciarse del elenco de hechos probados, ciertamente las autoridades accionadas han realizado algunas acciones tendentes a solucionar la problemática aludida por la parte recurrente, en torno a la inadecuada disposición de aguas residuales y negras en un cuerpo de agua que recorre el barrio Veinte de Noviembre, en Puntarenas. Asimismo, se observa que los recurridos aceptan que existen constantes conductas de los vecinos, quienes llevan residuos sólidos a la pista de aterrizaje de Chacarita, provocando una grave contaminación en dicho lugar. (...) Sin embargo, no se logra verificar que, a la fecha, se hayan tomado medidas provisionales para evitar que se continúe dando una situación de contaminación en la comunidad Veinte de Noviembre. La Sala aprecia, de la prueba fotográfica aportada al expediente, que en efecto muchas de las viviendas que están en esa localidad tienen tuberías que descargan en el estero o humedal que recorre dicha comunidad. Es decir, sí hay una situación de contaminación grave pues se vierten aguas residuales y negras en dicho cuerpo de agua, sin un adecuado tratamiento ni una disposición final planificada. Los vecinos han generado un problema ambiental muy grave que no ha sido atendido de manera diligente ni responsable por parte de las autoridades accionadas, especialmente la Municipalidad de Puntarenas.
(...)
POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo contra la Municipalidad de Puntarenas. Se le ordena a Randall Alexis Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, en el plazo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se tomen las medidas necesarias para garantizar que en la comunidad de Veinte de Noviembre, en Puntarenas, no se continúe contaminando el cuerpo de agua que atraviesa dicho barrio, con aguas residuales o negras que son descargadas por tuberías provenientes de las viviendas, así como velar por la adecuada disposición de los desechos sólidos en esa localidad, sancionando a los infractores y sentando las responsabilidades legales que ameriten.
English (translation)VII.- ON THE MERITS. In the present case, the Court finds sufficient evidence to grant this amparo action. As can be seen from the proven facts, the respondent authorities have indeed taken some actions aimed at solving the problem raised by the petitioners regarding the inadequate disposal of wastewater and blackwater into a water body that runs through the Veinte de Noviembre neighborhood in Puntarenas. Likewise, it is observed that the respondents accept that there are constant behaviors of the neighbors who take solid waste to the Chacarita airstrip, causing serious contamination in that place. (...) However, it cannot be verified that, to date, any provisional measures have been taken to prevent the continuation of a contamination situation in the Veinte de Noviembre community. The Court appreciates, from the photographic evidence submitted to the file, that indeed many of the homes in that locality have pipes that discharge into the estuary or wetland that runs through said community. In other words, there is a situation of serious contamination since wastewater and blackwater are dumped into said water body, without adequate treatment or planned final disposal. The neighbors have generated a very serious environmental problem that has not been addressed diligently or responsibly by the respondent authorities, especially the Municipality of Puntarenas.
(...)
THEREFORE: The appeal is partially granted, only against the Municipality of Puntarenas. Randall Alexis Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, or whoever replaces him in that position, is ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of his competence so that, within a period of ONE YEAR from the notification of this Judgment, the necessary measures are taken to guarantee that in the community of Veinte de Noviembre, in Puntarenas, the water body that runs through said neighborhood is no longer contaminated by wastewater or blackwater discharged from pipes coming from the homes, as well as to ensure the proper disposal of solid waste in that locality, punishing offenders and establishing any legal responsibilities that may be warranted.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 06950 - 2025 Fecha de la Resolución: 07 de Marzo del 2025 a las 09:20 Expediente: 24-033389-0007-CO Redactado por: Ana Cristina Fernández Acuña Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: ALCANTARILLADO. CONTAMINACION. Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: ALCANTARILLADO. INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES. 006950-25. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, QUE, EN EL PLAZO DE UN AÑO, SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE EN LA COMUNIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, EN PUNTARENAS, NO SE CONTINÚE CONTAMINANDO EL CUERPO DE AGUA QUE ATRAVIESA DICHO BARRIO, CON AGUAS RESIDUALES O NEGRAS QUE SON DESCARGADAS POR TUBERÍAS PROVENIENTES DE LAS VIVIENDAS, ASÍ COMO VELAR POR LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN ESA LOCALIDAD, SANCIONANDO A LOS INFRACTORES Y SENTANDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE AMERITEN. VCG03/2025 “(…) VI.- ANTECEDENTE RELACIONADO. En Sentencia N° 2019-022487 de las nueve horas quince minutos del quince de noviembre de dos mil diecinueve, esta Sala analizó un caso similar al presente, en las cercanías también del estero de Puntarenas. Se indicó lo siguiente: “(…) En el sub lite, el recurrente, quien tiene 83 años, indica que en el sector del INVU del barrio El Cocal de Puntarenas existe un problema de contaminación, malos olores, salida de aguas negras tanto en baños como en patios y estancamiento de aguas negras y servidas. Explica que, entre los años 1950 y 1960, el INVU construyó 24 casas en el sector este del barrio El Cocal de Puntarenas con una servidumbre medianera de tubería para la evacuación de las aguas y cajas de registro espaciadas a lo largo para su limpieza. Manifiesta que las aguas entran al tanque por lo que el “ lodo fecal” se va depositando y el resto del agua discurre por el lado norte hacia el estero. Arguye que en 1961 adquirió la casa n.º 19 y desde ese año es residente de la ciudadela. Menciona que por las tapas quebradas algunos vecinos introducían objetos, por lo que la tubería se tapaba y, además del rebalse de las aguas contaminadas en los patios, los baños no podían ser utilizados. Refiere que cada inquilino fue cerrando su patio y, por tanto, obstruyendo la servidumbre. Sostiene que, pese a lo anterior, la servidumbre tiene validez, pues pasa por todos los patios y, aun cuando algunos vecinos han construido tanques sépticos, el agua de descarga de las lavadoras, baños y cocinas circula por la tubería. Relata que el ICAA no dispone de alcantarillado sanitario en las calles de la comunidad de El Cocal y la mayoría de las aguas de las construcciones son vertidas al estero. Asevera que el sistema de evacuación de aguas fue diseñado por el INVU; sin embargo, fue prácticamente un engaño para los dueños, quienes deben soportar las condiciones. Expone que en 2009 plantearon varias gestiones ante la Municipalidad de Puntarenas por una construcción en el patio de casa n.º 24 por parte de Guillermo Acevedo; sin embargo, fue con ocasión de la intervención de la Defensoría de los Habitantes, que, mediante oficio n.º PUC-1647-2009 de 24 de agosto de 2009, se les dio una respuesta cuando la construcción ya estaba terminada. Agrega que lo anterior impide la limpieza y eliminación de las obstrucciones de la tubería. Acota que, ante los constantes taponamientos y la renuencia municipal para brindar una solución, el 6 de febrero de 2017 (acta n.º 17) tuvo audiencia con el concejo municipal, lo cual generó la conformación de una comisión de regidores, para la que se invitó a personeros de las autoridades de salud, del ICAA, de la municipalidad y dos miembros de la comunidad. Refiere que la municipalidad se comprometió a limpiar el tanque séptico general; empero, no atendió el resto de la solicitud. Menciona que quedaron pendientes los siguientes puntos: “a) apertura de la entrada a la servidumbre, b) colocación de unos treinta metros de tubería de mayor diámetro, c) instalación de una válvula de Vaivén, para evitar el ingreso de las mareas al tanque general. d) Construcción de un portón en la entrada de la servidumbre, ampliar la caja de registro en la zona cercana del parquecito de niños, para efecto de las limpiezas futuras por parte del AyA e) colocar un portón al lado norte ingreso al parquecito para evitar el ingreso de vehículos particulares. La instalación de solo 30 metros de tubería de concreto y no en los 150 metros de todo el recorrido, es porque en este tramo final es en donde se producen los taponamientos”. Expone que en algún momento hubo pacto entre personas del Ministerio de Salud, del ICAA y la Asociación de Desarrollo Integral de Cocal, para que cuando ocurriera un taponamiento de la tubería, los vecinos se comunicaran con las oficinas de salud (destacadas en Cocal), quienes solicitarían el servicio de las cuadrillas para la limpieza. Arguye que la limpieza se ha venido dando en su casa de habitación, pues otros vecinos no tienen voluntad para dar facilidades en sus casas, por la suciedad de “lodo fecal” que dejan los miembros de la cuadrilla. Reclama que en uno de los taponamientos y, pese a haberlo solicitado por escrito, la nueva jerarca del ICAA no autorizó a la cuadrilla a ingresar a zona privada. Afirma que no hay otro sitio para acceder a la servidumbre, ya que el ingreso a la servidumbre fue usurpado por la construcción del patio de la casa n.º 24. Aduce que las instituciones del gobierno no han mostrado interés en solucionar el problema de salud y que los vecinos se han distanciado de la lucha, por lo que quedó solo con el problema. Manifiesta que las autoridades ni siquiera valoran sus propuestas de solución. Expone que la municipalidad tuvo que haber recibido de parte del INVU las calles, zonas verdes y servidumbres para su administración. Señala que el ICAA no tiene red sanitaria en El Cocal y no tiene interés en resolver el asunto. Relata que el Ministerio de Salud envía órdenes sanitarias a las autoridades públicas; sin embargo, estas no se cumplen. Pide un resarcimiento por daño moral, pues la Municipalidad de Puntarenas no atendió a tiempo la construcción de un taller y la usurpación del ingreso a la servidumbre de aguas negras, lo cual no se ha resuelto luego de diez años. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la Unidad Cantonal de Puntarenas del ICAA, por oficio n.º GSP-RPC-PU-2019-000648 de 5 de setiembre de 2019, señaló que en ese sector ya existió un recurso de amparo (n.°18-006056-0007-CO) y que el ICAA únicamente brinda el servicio de abastecimiento de agua potable. Indicó que en el sector existen sistemas de recolección sanitarios comunales y que el del INVU propiamente consiste en un sistema de alcantarillado condominal, en el cual las viviendas de un cuadrante específico cuentan con una tubería de alcantarillado sanitario ubicada internamente a lo largo de la servidumbre de paso de tubería, la cual se encuentra en los patios traseros de las viviendas y cruza todas las propiedades involucradas, por lo que fue obstruida por parte de los vecinos. Refirió que el alcantarillado nunca ha sido recibido por el ICAA; sin embargo, a solicitud del área rectora de salud, se han dado reuniones interinstitucionales en las que participan el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Puntarenas y los vecinos. Expuso que el Ministerio de Salud gira órdenes sanitarias al ICAA para que intervenga y solucione el problema de obstrucción. Adujo que aun cuando el ICAA no tenga injerencia en el sistema, se actúa por el principio de obediencia y para asegurar la salud pública. Aseveró que también, pese a que en el recurso de amparo n.°18-006056-0007-CO no se le estableció responsabilidad al ICAA se le ordenó dar colaboración a la Municipalidad de Puntarenas. Afirmó que, pese a lo ordenado por la Sala en el proceso anterior, la Municipalidad de Puntarenas únicamente construyo´ las tapas de los tanques de recolección de aguas, no ha realizado la limpieza ni tampoco ha tomado las acciones para corregir los problemas de invasión de terrenos en servidumbre de paso de tubería. Por otra parte, la Sala comprobó que el Director del Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, por oficio n.º MP-DCU-483-09-2019 de 9 de setiembre de 2019, indicó: “(…) Al momento de la inspección de campo, en el lugar descrito, no se pudo determino´ ningún tipo de contaminación con material fecal, ni malos olores, ni rebalse de aguas negras en el sector. Cabe destacar que la inspección se realizo´ en el sitio de convergencia de la tubería con el tanque séptico, según fotografía adjunta. En las inmediaciones no se detecto´ el problema denunciado. Lo que ocurra dentro de las viviendas, no pudo ser determinado por ser propiedades cuyo acceso es privado, al ser en su mayoría casas de habitación. En el sector todos los vecinos se apoderaron de la franja de terreno destinada a servidumbre de paso de tuberías de aguas negras y residuales. Dicha franja de terreno es propiedad del INVU, por lo que ni la Municipalidad ni el A y A, hemos podido intervenir para buscar la liberación de la misma. De existir algún problema de obstrucción, el mismo ha sido provocado por alguno de los residentes, al apropiarse de forma indebida de la servidumbre. Se desconoce las razones de haber habilitado un diseño de urbanización incluyendo esa servidumbre de paso de aguas, ya que el mismo fue elaborado y aprobado por el INVU en el año 1960. Ni la Municipalidad ni el A y A, tienen acceso a la tubería ya que la servidumbre de aguas desde el inicio hasta el final se encuentra invadida por los vecinos, mediante tapias, agregados, techos, etc., por lo que desconocemos el estado de la tubería. En cuanto hemos recibido denuncias por parte de los vecinos acerca de alguna obstrucción, nos hemos apoyado del A y A, a fin de que su personal, ingresando dentro de la vivienda del afectado, realice labores de desobstrucción con la maquinaria y el personal; lo cual no es correcto y pone en riesgo al personal mismo; ya que existe el riesgo que por la operación de la maquinaria y equipo dentro de la vivienda se podrían causar daños que conllevarían a denuncias civiles; por lo que esta práctica se ha eliminado. (…) Las acciones realizadas por la municipalidad para erradicar el problema fueron llevadas a cabo a principios del presente año, cuando un grupo de vecinos indico´ que el problema de rebalse de aguas negras dentro de sus casas se suscitaba producto de que el tanque colector de las mismas, ubicado en el parque junto al caserío, se encontraba totalmente obstruido. Por tal razón, la municipalidad adquirió´ el compromiso de limpiarlo, y para ello realizo´ una contratación directa de una empresa encargada en la materia, para realizar la limpieza y reparación del tanque por un monto de un millón de colones, trabajos que fueron ejecutadas en el mes de febrero del presente año, pero al parecer el problema de rebalse persistió, al ser un daño en la tubería a la cual no tenemos acceso. (…) En cuanto a nuestras funciones, acerca de las afectaciones que aquejan al recurrente, no tenemos ninguna actividad pendiente por realizar; como bien se sabe, cada cierto tiempo se tiene que dar limpieza al tanque séptico; por lo que se estima que para este año no habrán mas intervenciones, dado que lo limpiamos en febrero. El tema del manejo y tratamiento de las aguas negras y servidas por ley le competen al A y A. Finalmente, mientras no se defina la situación jurídica en torno a la servidumbre de paso de las aguas, por parte del INVU y los vecinos, las intervenciones de limpieza de la tubería van a ser cada día más complicadas”. En adición, este Tribunal observa que el Ministerio de Salud ha girado una gran cantidad de órdenes sanitarias tanto a la Municipalidad de Puntarenas como al ICAA; sin embargo, el problema persiste. La Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, en el informe técnico n.º MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019 de 9 setiembre de 2019, luego de exponer todas las actuaciones de su representada, manifestó: “CONSIDERANDO (…) 80. En atención a indicación recibida en resolución N° 2018008599, del expediente N° 18-006056-0007-CO, con fecha 1 de junio del 2018 (…) 81. Según reunión llevada a cabo el 18/06/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes y Municipalidad de Puntarenas y comunidad los Acuerdos tomados: - la Municipalidad realizará la limpieza de los tanques y la construcción de las tapas de los tanques y el portón del parquecito; además deberá acatar resolución N° 2018008599 de dar limpieza y mantenimiento a los tanques y gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Una vez libre el paso a la servidumbre los vecinos podrán dar mantenimiento y no ha sido recibido por el A y A. la Defensoría recomienda que las acciones se resuelvan igual en caos (sic) similares analizados. 82. Según lo observado en Acta de Inspección Ocular N° 284-Reg-2018 con fecha del 18 de junio 2018, realizada en conjunto con la Municipalidad de Puntarenas, "se observa tres aberturas sin tapa que corresponde al sistema de aguas residuales, se percibe olores pestilentes. Ser observa vehículo estacionado dentro del parque y salida del garaje del SR. Guillermo Acevedo. Existe una pared de concreto que une ambas viviendas de las alamedas, generando obstrucción a servidumbre. " 83. En reunión llevada a cabo el 24/07/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes y Municipalidad de Puntarenas y comunidad; Entre lo mencionado y acuerdos tomados: Ing. Mauricio Gutiérrez sugiere la necesidad de pasar el sistema de manejo de aguas residuales a la administración de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. - la Municipalidad de Puntarenas deberá realizar estudio legal acerca de servidumbre de calle 40. 84. En reunión llevada a cabo el 27/07/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de Puntarenas y comunidad; Entre lo mencionado y acuerdos -la Municipalidad de Puntarenas deberá realizar estudio legal acerca de servidumbre de calle 40 y organizar visitas en conjunto con el fin de tener una visión clara de la problemática. 85. Que según consta en Acta de Inspección Ocular N° 295-Reg-2018; En visita realizada el día 6 de agosto del 2018 se comprueban las tres cajas carecen de tapa y dos de ellas tienen restos de las antiguas tapas en su interior. Presentan acumulación de sedimentos, lodos y aguas, además se perciben malos olores. 86. Que según Orden Sanitaria N° OS-0180REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018 notificados el 12 de setiembre del 2018, al alcalde Municipal y al presidente del Concejo Municipal, respectivamente, en donde deberán proceder a cumplir con: 1.Coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que se proceda a la limpieza y mantenimiento de los tanques sépticos ubicados en la vía pública de Invu El Cocal; de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; esto incluye la colocación de las respectivas tres tapas. 2. Presentar un Plan de Acción, con su respectivo cronograma con plazos no mayor a un año y responsables, que incluya: 2.a) Adoptar las medidas oportunas a fin de corregir y evitar más obstáculos para el normal discurrir de las aguas, para que se elimine toda obstrucción o construcción encontrada en la servidumbre de paso, que permita una adecuada evacuación y flujo de las aguas residuales en la "red de alcantarillado sanitario " de modo que se evite un estancamiento y rebalse de aguas residuales, y con ello la afectación a la salud pública. 2.b) Velar porque se realicen actividades de limpieza con la regularidad necesaria; y de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. " 87. En visita realizada el día 18 de setiembre del 2018, según consta en Acta de Inspección Ocular N° 349-Reg-2018: se comprueba que existe obstrucción del sistema de aguas residuales, los tres tanques no tienen tapa, hay sedimentación y no hay movimiento del agua. 88. Que según Orden sanitaria 183-Reg-2018, notificada el 18/09/2018 al señor Danilo Chavarría Velázquez, jefe cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en la cual se indica que, en un plazo de 1 día hábil, tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de los patios de las viviendas. 2.- SOBRE LOS HECHOS POSTERIORES A LA DENUNCIA: 89. Se recibe la denuncia el día 24 de setiembre del 2018 según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1346-18 por parte del Sr. Marco Torres, en la cual indica que persiste la problemática por obstrucción de las tuberías de aguas negras; la cuadrilla de del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados estuvo la semana pasada y no lograron destapar la obstrucción en su totalidad. 90. Que el 01 de octubre del 2018 se realizan visitas en varias viviendas y la vía pública de la Urbanización el Invu. El Cocal según consta en Acta de Inspección Ocular N° 373-Reg-2018 y N° 375-Reg-2018, donde se comprueba sedimentación en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito y que el cenicero ubicado en la servidumbre de paso de aguas residuales se encuentra lleno de aguas residuales debido a reiterada obstrucción. Se realizan pruebas con fluoresceína sódica y no se comprueba contaminación. 91. Que el 2 de octubre del 2018 según consta en Acta de Inspección Ocular N° 378-Reg- 2017, se realizan visitas en varias viviendas y la vía pública, donde se comprueba sedimentación en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito", y que el cenicero ubicado en la servidumbre de paso de aguas residuales se encuentra lleno de aguas residuales debido a reiterada obstrucción. Se realizan pruebas con fluoresceína sódica y no se comprueba contaminación. 92. Según Orden Sanitaria N° OS-187-REG-2018, notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-189-REG-2018, notificada al alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 3 de octubre del 2018, con plazo de 24 horas, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública y dentro de patios de las viviendas. 93. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 383-Reg-2018, del 4 de octubre del 2018. se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la Ordenes Sanitarias, al momento de la visita, se logra comprobar que no se han realizado actos por parte de la Municipalidad de Puntarenas ni el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales. 94. Que mediante oficios N° PC-ARS-PC-442-2018 y PC-ARS-PC-443-2018, notificados el 4 de octubre del 2018, se presentan formales denuncias judiciales por desobediencia a la autoridad por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de la Municipalidad de Puntarenas. 95. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 385-Reg-2018, de día 05 de octubre del 2018 se realiza nueva visita. Se logra comprobar que existe sedimentación y agua de lluvia en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito" y que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales, ya que a pesar de que funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se apersonaron recientemente, no se realizaron las acciones requeridas. 96. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 386-Reg-2018, del día 05 de octubre del 2018 se logra comprobar que la caja de registro del Sr Marco Torres se encuentra colapsada. Pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene los tanques principales (tres cajas de registro) se encuentran llanos de agua, no hay malos olores. Que funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se apersonaron recientemente, no se realizaron las accione (sic) solicitadas. 97. Que mediante oficio N° GSP-RPC-PU-201 8-00654, recibido el 11 de octubre, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al Orden sanitaria 183-Reg-2018. 98. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 512-Reg-2018, del día 11 de octubre del 201 8 se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Marco Torres se encuentra obstruida pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene a su alrededor. 99. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 514-Reg2018, del día 22 de octubre del 2018 se logra comprobar el incumplimiento de las Orden Sanitaria N° OS-0180-REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018. 100. Se recibe la denuncia el día 5 de noviembre del 201 8, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1 560-18, por parte del Sr. Marco Torres, en la cual indica que nuevamente se presentó la problemática por obstrucción de las tuberías de aguas negras. 101. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 430-Reg-2018, del día 7 de noviembre del 2018 se logra comprobar que la caja de registro del Sr Marco Torres se encuentra obstruida. Pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene a su alrededor Los tres tanques en el parquecito continúan sin tapa, se perciben olores putrefactos y está próximo a rebalsarse. 102. Según Orden Sanitaria N° OS-208-REG-2018 notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-209-REG-2018, notificada al Alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 9 de noviembre del 2018 con plazo de 24 horas, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 103. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 521-Reg-2018, del 12 de noviembre del 2018, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la (sic) Ordenes (sic) Sanitarias. Al momento de la visita, se logra comprobar que no se han realizado actos por parte de la Municipalidad de Puntarenas ni el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales. 104. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 522-Reg-2018, del 13 de noviembre del 2018, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la (sic) Ordenes (sic) Sanitarias OS- 208-REG-2018 y Nº -209-REG-2018, se comprueba las mejoras realizadas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 105. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 523-Reg-2018, del 13 de noviembre del 2018 se logra comprobar el Incumplimiento de las Orden (sic) Sanitaria N° OS-0180-REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018. 106. Que mediante oficio N° PC-ARS-PC-516-2018 con fecha del 13 de noviembre 2018 dirigido a la Municipalidad de Puntarenas según con referencia al problema de rebalse de aguas residuales en los patios de las viviendas, producto de la continua obstrucción que genera el colapso del alcantarillado sanitario en la calle 40, el INVU Cocal Puntarenas, se solicita su atención al oficio PC-ARS-PC-0325-2018 y el Ordenamiento Sanitario N° OS-0180-REG-2018. 107 Se recibe la nota el día 20 de diciembre del 2018, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1776-18, por parte del Sr. Marco Torres, en la cual indica que hay presencia de maquinaria trabajando en tanque séptico general y solicita funcionario a inspeccionar. 108. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 526-Reg-2018, del 20 de diciembre del 2018, se realiza visita de, encontrándose trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal, en respuesta a oficios y ordenamientos sanitarios que solicitan acción por parte de la Municipalidad de Puntarenas, es urgente que se realicen acciones para prevenir la contaminación al ambiente y riesgo a la salud pública, por los trabajos realizados con lodos del tanque de aguas residuales dispuestos en un parquecito en el INVU, barrio el Cocal de Puntarenas, y se acaten la normativa (Articulo 24.- Del vertido de lodos. Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de lodos y biosólidos a cuerpos de agua y de lodos sin tratamiento a los suelos), además de corregirlo relacionada con el transporte y disposición final, para que se utilicen vehículos óptimos. Igualmente que se tomen las medidas de salud ocupacional para que no se incurra en riesgos a la salud de los trabajadores. 109. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 527-Reg-2018, del 21 de diciembre del 2018, se realiza visita de seguimiento a los trabajos realizados, sin variación en la manera que la maquinaria y trabajadores realizan los mismos. 110. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 001-Reg-2019 del 9 de enero del 2019, se realiza visita encontrándose trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal. Además, se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Marco Torres se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene.111. Según Orden Sanitaria N° OS-001-REG-2019, notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-002-REG-2019, notificada a la Alcaldesa de la Municipalidad de Puntarenas que fueron notificadas el 8 de enero del 2019, con plazo de 3 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 112. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 042-Reg-2019, del 11 de enero del 2019, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la Ordenes (sic) Sanitarias, se comprueba las mejoras realizadas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Además, los trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal por parte de la Municipalidad de Puntarenas y contratación externa; con algunas anomalías. 113. Que mediante oficio N° GSP-RPC-PU-2019-0018, recibido el 14 de enero del 2019, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al Orden sanitaria 001-Reg-2019. 114. Se recibe la nota el día 22 de abril del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-056219, por parte del Sr. Marco Torres en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras. 115. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 086-Reg-2019, del 26 de abril del 2019, se realiza se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Marco Torres se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene. Se observa humedad alrededor de los tanques recientemente reparados. 116. Según Orden Sanitaria N° OS-041-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N°OS-042-REG-2019 notificada a la Alcaldesa de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 29 de abril del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 117. Que el 30 de abril 2019, se recibe Recurso de Revocatoria por parte de la Municipalidad de Puntarenas, contra N°OS-042-REG-2019, la cual es atendida por medio del oficio MS-DRRSPCDARSPC- 0176-2019. 118. Se recibe la nota el día 5 de agosto del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1 096-19, por parte del Sr. Marco Torres, en la cual en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras en su comunidad. 119. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 289-Reg-2019 y N° 290-Reg-2019, del 13 de agosto del 2019, se realiza, se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Marco Torres se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene. Además de que ya no existe macetera encima de la servidumbre. 120. Mediante Orden Sanitaria N° OS-1 13-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 13 de agosto del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 121. Que mediante oficio N° GSP-RPCPU-2019-00594, recibido el 21 de agosto del 2019, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al (sic) Orden sanitaria 01 13-Reg-2019. 122. Que a través de los últimos cinco años se han atendido múltiples denuncias interpuestas por los vecinos del sector del Cocal en Puntarenas con referencia al problema de rebalse de aguas residuales producto del colapso del alcantarillado sanitario, se han brindado soluciones temporales, ya que dicho sistema de alcantarillado sanitario se obstruye y colapsa periódicamente. 123. Que mediante inspecciones oculares se hace constancia de que, entre los dos sectores de viviendas existe una servidumbre, por la cual pasa la tubería que conduce las aguas residuales que se generan en estas viviendas. Asimismo, que la entrada norte de esta servidumbre se le ha cerrado el paso con pared de concreto, existen muros divisorios entre cada propiedad y existen modificaciones en algunos de los ceniceros, estas modificaciones constructivas no fueron avaladas por este Ministerio. 124. Que según lo indicado por diferentes denunciantes el proyecto habitacional fue construido por desarrolladora INVU, posee un sistema de tratamiento para las aguas residuales que consta de cajas de registro para cada vivienda, una tubería que conduce las aguas residuales (grises negras y posiblemente algunas aguas pluviales), hacia tres tanques de sedimentación, que, por medio de tubería de diámetro desconocido, dispone el afluente al estero. 125. Que no hay constancia en archivo físico ni digital del Área Rectora de algún documento que informe sobre el desfogue del sistema de recolección de aguas residuales en el cuerpo receptor estero ni se cuenta con un croquis o plano del sistema para disponer las aguas residuales, el tanque séptico o el drenaje. 126. Según lo observado por este Ministerio hay tres tanques de sedimentación ubicados en una zona pública donde hay un área de juegos para niños y no se observa portón; se verifica que ya se les colocó tapa de cemento en estos tanques. Y se desconoce si dicho sistema no reúne las características y condiciones de un sistema funcional y efectivo en el tratamiento y disposición final de aguas residuales, lo que podría ocasionar grave contaminación ambiental, situando en riesgo la salud pública y esto afectaría el equilibrio de los ecosistemas, aunado a los factores socio económicos de la zona”. Asimismo, la Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, por informe técnico n.º MS-DRRSPC-DARSPC-IT-043-2019 de 24 de setiembre de 2019, refirió lo siguiente: “CONSIDERANDO 1. Que desde el año 2013, el Área Rectora de Salud Puntarenas - Chacarita, ha venido gestionando acciones puntuales en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Municipalidad de Puntarenas, en colaboración con vecinos afectados, desde el incremento en las denuncias sobre los problemas de obstrucción y rebalse de aguas en la “Red de aguas Residuales” del INVU Cocal. Esto se evidencia con mayor detalle en Informe Técnico N° MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019 , el cual informa acerca de lo realizado por gestora ambiental Bach. Brook Vega Davies, del Proceso de Regulación de la Salud de esta Área Rectora de Salud, en respuesta al Recurso de Amparo presentado el 2 de setiembre ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según Expediente N° 19-015715-0007-CO. 2. Se recibe la nota el día 18 de setiembre del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1317-19, por parte del Sr. Marco Torres, en la cual en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras en su comunidad. 3. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 416 -Reg-2019, del 19 de setiembre del 2019; se ingresa en su propiedad con su autorización para verificar los hechos denunciados, ante obstrucción del sistema de drenaje compartido, entre varias viviendas, lo cual provoca aumento del nivel del agua en caja de registro. Las aguas son contenidas por muro y tapa a su alrededor, ser observan aguas residuales en nivel cercano a rebalsarse. 4. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 419 -Reg-2019, del 19 de setiembre del 2019; en seguimiento de OS-0180-Reg-2018, OS-0181-Reg-2018 y oficio PC-ARS-PC-516-2018; se observan tres tanques con tapa de cemento, con algunas grietas, no se observa humedad alrededor de estos y se perciben malos olores provenientes de tanques y el alcantarillado pluvial. Se observa un vehículo estacionado dentro del parquecito, con placa CL 190839, el cual ser encuentra contiguo a una puerta metálica color negro, esto corresponde a la pared construida que obstruye la servidumbre de paso, en su sector norte, contiguo al parque para niños. 5. Mediante Orden Sanitaria N° OS-167-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 19 de setiembre del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 6. Que ante constantes denuncias recibidas en este Ministerio, se puede evidenciar que la problemática ha venido en aumento y que no ha disminuido desde que se realizó la limpieza del los tres tanques ubicados en parque entre calles 38 y 40, esto por parte de la Municipalidad. Se desconoce si hay influencia por las llenas de las mareas que podría generar afectación en el sistema de aguas residuales, el cual desfoga en el estero de Puntarenas”. Atinente al sub examine, la Sala, mediante sentencia n.º 2018-008599 de las 9:15 horas del 1º de junio de 2018, resolvió: Considerando: (…) IV.- Sobre el fondo. En el caso particular, son dos los temas que plantea el tutelado, vecino del Barrio EL Invu del Cocal de Puntarenas, ante las autoridades recurridas. Por un lado el problema con la falta de limpieza los tanques de captación de aguas negras y por otro, el problema de falta de mantenimiento del alcantarillado del desarrollo habitacional en que habita. Cada uno de ellos se analiza por separado. 1) Sobre la falta de limpieza los tanques de captación de aguas negras: De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se constata por un lado que el desarrollo habitacional donde está el tanque séptico en la rotonda y vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas, en cuestión, fue realizado por el INVU incluyendo el sistema de recolección, que no es administrado por el AyA. Sobre el problema de falta de mantenimiento de los tanques de captación de aguas negras, las autoridades recurridas son contestes en sus respectivos informes al indicar que la situación es real pero la limpieza de los tanques es una obligación que deben asumir los propietarios. Sobre el particular, el Alcalde Municipal omite referirse directamente a la situación planteada por el recurrente y hace énfasis en que esa corporación municipal no cuenta con la atribución directa ni tiene el equipo para realizar una tarea de limpieza de tanques; labor que corresponde, según afirma el Alcalde informante, a los vecinos. Así las cosas, en cuanto el recurso se dirige contra la Municipalidad recurrida esta Sala determina que pese al dicho del Alcalde según el cual la tarea de limpiar los tanques de captación indicados debe ser asumida por los particulares; lo cierto del caso es que conoce de la problemática que afecta a los habitantes de esa zona, y es su deber disponer lo necesario para conminar a los responsables a dar una solución al problema que se conoce desde el año 2015, no obstante se limita a señalar la problemática sin hacer nada al respecto. En el mismo sentido, del informe dado a esta Sala por parte del Área Rectora del Ministerio de Salud esta admite que existe un problema sanitario subsiste, pues admite que la tapa contiene grietas que permiten la salida de malos olores. Pero, no observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas efectivas para evitar el problema de salud pública que supone el mal estado de la tapa del tanque, que no solo no está sellada sino tiene grietas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. Con base en lo expuesto, la Sala considera que la inactividad de la Municipalidad de Puntarenas y del Ministerio de Salud, en este caso es violatoria del derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano del amparado, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario que puede surgir del mal estado en que se encuentra y la falta de mantenimiento del tanque de captación de aguas negras. 2) Sobre la falta de mantenimiento del alcantarillado del desarrollo habitacional . De los hechos que se tienen por debidamente demostrados en este asunto, y en particular del informe del representante del AyA se desprende que, el sistema de recolección de aguas al que se refiere el recurrente, requiere de mantenimiento preventivo y es necesaria la intervención del ente administrador del sistema, pues en el lugar se ha tolerado la invasión de terrenos en servidumbre de paso de tubería, lo que ha impedido el acceso para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de recolección. De lo expuesto, y particularmente de lo que indica en su informe el representante del AyA ante esta Sala, se desprende que la falta de seguimiento de obras por doquier en la zona afectada, aún sobre el área donde pasa la tubería, ha traído como consecuencia que se den fugas y dificultades para dar mantenimiento a las alcantarillas y sistema de recolección de aguas. Además queda claro que faltan tapas que no han sido reparadas y la carencia de mantenimiento que caracteriza la red de colección de aguas del proyecto habitacional donde reside el recurrente; lleva a concluir que la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas no ha coordinado y cuanto menos realizado las acciones necesarias tendientes a corregir y a evitar que se agrave la situación de la red de recolección de aguas, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema. Tal pasividad también caracteriza la poca injerencia del Área de Salud recurrida en esta zona, inercia que ha incidido negativamente en la comunidad, pues en ocasiones ha provocado el rebalse de captación y ha limitado el paso de peatones y vehículos. Ahora bien, en cuanto a la probable solución a los problemas de disposición de aguas residuales, del informe pedido por esta Sala al AyA se tiene que tal obligación recae en el desarrollador del proyecto. No obstante, en principio las obras no deberían ser asumidas por la Administración, se constata que ni la Municipalidad recurrida ni el Ministerio de Salud, ante quienes se planteó la respectiva denuncia, han dispuesto lo que les corresponde, dentro de sus atribuciones, para coordinar o emitir las órdenes sanitarias, según corresponde, dirigidas a corregir el problema. Al contrario, lejos de exigir una posición correctiva, -en el lugar se ha tolerado la construcción sobre la servidumbre donde pasa la tubería (véase el informe del AyA). Cuanto menos se ha adoptado una actitud preventiva, pese a que tanto la Municipalidad como el Área de Salud recurridos, admiten que existe el problema de disposición de aguas que pone en riesgo la salud pública y que es conocido desde hace varios años. De lo expuesto, se denota la falta de coordinación de parte de las autoridades recurridas, para dar una solución integral al problema. Por su parte, el representante del Ministerio de Salud intenta justificar su inercia en el informe rendido ante esta Sala, al indicar que en este momento no hay una situación de desbordamiento de aguas. Así las cosas, a criterio de este Tribunal, la actitud pasiva del Área de Salud, que espera el desbordamiento de las aguas para actuar es a todas luces insuficiente, pues el plan es esperar a que se dé una situación límite para procurar dar una solución; en vez de implementar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de recolección de aguas, que se sabe afecta a los habitantes del lugar, de una buena vez. Como consecuencia procede acoger el recurso, en cuanto se dirige contra la Municipalidad y el Área de Salud de Puntarenas, como en efecto se dispone. (…) VII. DEL AMPARO CONTRA EL AYA: Por último, procede desestimar el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por cuanto del informe rendido se desprende que en el lugar donde habita el tutelado, lo que existe es un sistema de recolección privada de aguas residuales, ya que en el sector del Cocal, el AyA únicamente da el servicio de agua potable. Así, el problema sanitario está generado por un sistema de manejo de aguas residuales que no ha sido recibido por esa institución. Por otro lado, las veces que por mandato del Ministerio de Salud -mediante órdenes sanitarias-, ha pedido la intervención de la institución para la resolución del problema, ya que media la salud pública, el AyA ha acatado lo ordenado. Como consecuencia se desestima el recuso, en cuanto a este extremo, lo que en efecto se dispone. VIII. CONCLUSIÓN. En el caso particular, se comprueban los problemas del alcantarillado en la rotonda y en la vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas, que provocan estancamiento y desbordamiento de las aguas, situación que es conocida por el Área Rectora de Salud y la Municipalidad de Puntarenas. No obstante, pese a la denuncia planteada, tales autoridades han omitido encontrar una solución, bajo la excusa de que corresponde a los particulares o al desarrollador el mantenimiento de la red de agua, así como limpiar los tanques sépticos. A lo anterior se suma que no existe a la fecha ninguna orden vigente dirigida por las autoridades de la Municipalidad de Puntarenas recurrida, a los propietarios o/y al encargado del proyecto habitacional, para que den el debido mantenimiento a la red de recolección de aguas, ni procedan a la limpieza del tanque séptico, pese a que tiene fisuras y partes rotas. Tampoco consta que se haya girado órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud, que es el responsable de velar por su obligatorio cumplimiento tal y como le compete según lo determina la Ley General de Salud, que establece el deber ineludible de parte del Ministerio de Salud de atender en forma directa o bien obligar al desarrollador a corregir de forma inmediata el problema que se está ocasionando por la incorrecta disposición de las aguas residuales, situación que está generando el problema de salud que afecta a los amparados y que tiene a agravarse en época de lluvias. Así las cosas, en aplicación del principio preventivo que opera en materia ambiental, procede ordenar a la Municipalidad de Puntarenas y al Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud coordinar lo necesario dentro del ámbito de sus atribuciones, y darle seguimiento a la situación, conforme se indica en la parte dispositiva de esta resolución. Asimismo, deberán resolver y contestar la denuncia planteada por el recurrente desde diciembre de 2017, en el plazo que se indica en la parte dispositiva de esta resolución. (…) Por tanto: Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Randall Chavarría Matarrita en su condición de Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas y o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que en el plazo máximo de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, se proceda a la limpieza y mantenimiento del tanque séptico que se encuentra ubicado en la rotonda y en la vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas señalado por el tutelado; y en el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, adoptar las medidas oportunas a fin corregir y evitar más obstáculos para el discurrir de las aguas. En ese mismo plazo, deberá velar porque se realice tal actividad de limpieza con la regularidad necesaria; y, de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En aplicación del principio preventivo, se ordena a Ericka Jiménez Valverde en su calidad de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud o a quien en su lugar ocupe el cargo, girar las órdenes sanitarias que considere, para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, así como del tanque séptico indicado ”. Desde este panorama, procede acoger parcialmente con lugar el recurso contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas. Sobre el particular, el recurrente hizo referencia a una problemática que ya había sido conocida en esta jurisdicción en virtud de un recurso de amparo que planteó otra persona. Este Tribunal en la sentencia parcialmente transcrita ordenó a la Municipalidad de Puntarenas coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que no solo se procediera con la limpieza y mantenimiento del tanque séptico, sino también que se adoptaran las medidas oportunas a fin corregir y evitar más obstáculos para el discurrir de las aguas; además, que debería velar por que se realizara la limpieza con la regularidad necesaria y, de ser necesario, gestionar la coordinación técnica con el ICAA. De igual forma, en esa oportunidad, la Sala ordenó al Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud girar las órdenes sanitarias que considerara, para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, así como del tanque séptico. En el caso concreto, de la prueba aportada por las autoridades recurridas, se desprende que los problemas detectados en el recurso de amparo anterior se mantienen. Al respecto, se observa que, si bien la municipalidad realizó una limpieza de los tanques sépticos en febrero de 2019 (los cuales están conectados a la servidumbre), en su informe expuso que no tenía ninguna tarea pendiente, pues no iba a hacer una nueva en lo que restaba del año. Ahora, pese a lo indicado, se constata que, luego de la limpieza de los tanques, el ICAA (ente al que no se le imputó responsabilidad sino únicamente el deber de coordinación técnica) ha tenido que intervenir por el rebalse de aguas negras, lo que demuestra que el problema no se ha solventado. En adición, los oficios de las autoridades de salud expresamente reconocieron que en los últimos cinco años se han atendido múltiples denuncias interpuestas por los vecinos de El Cocal por el rebalse de aguas residuales que se produce porque el alcantarillado sanitario colapsa periódicamente; asimismo, manifestaron conocer que las viviendas son atravesadas por una servidumbre, cuya entrada se encuentra cerrada por una pared de concreto y está obstruida por muros divisorios entre cada propiedad. Precisamente, el Área de Salud de Puntarenas señaló que desconocía si el sistema reunía las características y condiciones de un sistema funcional y efectivo en el tratamiento y disposición final de aguas residuales, lo que podría ocasionar grave contaminación ambiental, situando en riesgo la salud pública y el equilibrio de los ecosistemas. Lo expuesto resulta reprochable pues, si se constata una amenaza o potencial afectación al ambiente y la salud pública, se deben tomar las medidas adecuadas para que estas desaparezcan. Ahora, aun cuando el Ministerio de Salud ha denunciado penalmente al alcalde de Puntarenas por desobediencia a la autoridad y ha ejecutado una gran cantidad de actuaciones, no menos cierto es que la situación denunciada se mantiene. De igual manera, no se puede obviar que la Municipalidad de Puntarenas considera que el problema de marras es competencia del ICAA y este último, además de indicar que no le corresponde la solución, también reprocha que el gobierno local, no solo no ha cumplido la sentencia de la Sala sino que tampoco ha velado por que se eliminen las obstrucciones de la servidumbre de la tubería que se encuentra en el patio de los vecinos. De hecho, uno de los principales problemas es que las autoridades municipales no tienen certeza de la situación jurídica de la servidumbre, pues aun cuando manifestaron que le pertenecía al INVU, de la prueba para mejor resolver ordenada al Registro Nacional, no se evidenció tal afirmación. Incluso, el Ministerio de Salud le requirió a la Municipalidad de Puntarenas que efectuara un estudio legal de la servidumbre, pero no consta que eso haya ocurrido. Por las consideraciones expuestas, se impone estimar el recurso contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, a los efectos de que coordinen lo necesario para que se solucionen las afectaciones que provocan los problemas de aguas residuales y pluviales del sector del INVU en el barrio El Cocal de Puntarenas, en relación con el sistema de alcantarillado que atraviesa las propiedades por medio de una servidumbre. En ese sentido, la Municipalidad de Puntarenas deberá analizar la condición actual (física y jurídica) de la servidumbre así como sus respectivas implicaciones desde un punto de vista legal y técnico, y remitir tal informe al Ministerio de Salud. Asimismo, la autoridad de salud deberá analizar el informe de la municipalidad y emitir su propio criterio sobre la servidumbre a los efectos de evaluar la posible responsabilidad de de la municipalidad y de los propietarios de los inmuebles, para que así dicte las medidas provisionales y definitivas que procuren la solución de la problemática denunciada. Finalmente, la Municipalidad de Puntarenas deberá acatar las órdenes sanitarias que se dicten en su contra, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se puedan cuestionar tales actos administrativos dictados, así como su viabilidad jurídica y técnica. En relación con lo anterior, si bien se reconoció que en la zona no hay alcantarillado sanitario, esa situación no exime a los responsables de procurar un adecuado tratamiento de las aguas residuales mientras subsista tal situación. Ahora, si el recurrente considera que el ICAA debe construir una red sanitaria en El Cocal de forma inmediata, deberá gestionarle ante esa institución, o bien, en la jurisdicción ordinaria para que, con mayores elementos, en una vía amplia se evacúe la prueba correspondiente y se determine su procedencia o no. Por otra parte, sobre las soluciones específicas que propone el recurrente, estas deberán ser planteadas ante las mismas autoridades, o bien, en la jurisdicción ordinaria. Además, en cuanto al INVU, de acuerdo con los elementos que constan en autos, se declara sin lugar el recurso, toda vez que no resulta evidente que tenga alguna conexión actual con lo acusado; lo anterior se dispone sin perjuicio de que en una vía plena se pueda determinar alguna posible responsabilidad. Finalmente, en los mismos términos del precedente citado, se desestima el recurso en contra del ICAA; sin embargo, deberá tomar nota esta autoridad a los efectos de que brinde, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo técnico que le requieran las autoridades de salud. Asimismo, deberá participar de las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, para que con su conocimiento técnico contribuya a la solución del problema”. VII.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la Sala estima que existen suficientes elementos de convicción para acoger el presente recurso de amparo. Como puede apreciarse del elenco de hechos probados, ciertamente las autoridades accionadas han realizado algunas acciones tendentes a solucionar la problemática aludida por la parte recurrente, en torno a la inadecuada disposición de aguas residuales y negras en un cuerpo de agua que recorre el barrio Veinte de Noviembre, en Puntarenas. Asimismo, se observa que los recurridos aceptan que existen constantes conductas de los vecinos, quienes llevan residuos sólidos a la pista de aterrizaje de Chacarita, provocando una grave contaminación en dicho lugar. Según lo indicado bajo juramento por el Alcalde de Puntarenas, en inspección realizada recientemente, el día 29 de enero de 2025, se comprobó que el problema de contaminación por residuos sólidos persiste en esta zona, por lo cual la Municipalidad de Puntarenas inició con la limpieza y recolección de los residuos sólidos acumulados en la zona de la pista de aterrizaje y áreas aledañas al canal pluvial a partir del 30 de enero de 2025. Aclara que se coordinarán limpiezas periódicas con la maquinaria municipal a partir del presente año 2025. Además, agrega que una gran mayoría de las construcciones ubicadas al sur del canal pluvial constituyen invasiones del terreno propiedad de la Dirección General de Aviación Civil. Existe un proyecto a futuro (2025-2030) para la construcción del alcantarillado sanitario en la Gran Puntarenas, cuya fase inicial de diseño fue adjudicada por parte del AyA al consorcio IDOM-INNCIVE, el cual tiene como objetivo principal resolver los problemas relacionados con el manejo y la disposición de las aguas residuales de la población. Sin embargo, no se logra verificar que, a la fecha, se hayan tomado medidas provisionales para evitar que se continúe dando una situación de contaminación en la comunidad Veinte de Noviembre. La Sala aprecia, de la prueba fotográfica aportada al expediente, que en efecto muchas de las viviendas que están en esa localidad tienen tuberías que descargan en el estero o humedal que recorre dicha comunidad. Es decir, sí hay una situación de contaminación grave pues se vierten aguas residuales y negras en dicho cuerpo de agua, sin un adecuado tratamiento ni una disposición final planificada. Los vecinos han generado un problema ambiental muy grave que no ha sido atendido de manera diligente ni responsable por parte de las autoridades accionadas, especialmente la Municipalidad de Puntarenas. Debe recordarse que el municipio accionado es el encargado de velar por la protección de los intereses locales, siendo por supuesto su deber desplegar una conducta de vigilancia constante en escenarios donde se esté provocando contaminación ambiental de alto impacto, como la que se denuncia aquí. Es claro que estos ríos, humedales, esteros y demás cuerpos de agua que recorren el cantón de Puntarenas, desembocan finalmente en el océano Pacífico, donde afectan de manera importante los ecosistemas existentes en esa zona, generando desequilibrio ambiental, afectación turística, problemas pesqueros, y en términos globales, una preocupante conducta pasiva que lesiona gravemente el ordinal 50 de la Constitución Política. De ahí que este Tribunal esté llamado a intervenir en este nuevo caso, como lo ha hecho en varios pronunciamientos anteriores, con el objeto que la Municipalidad de Puntarenas se encargue de sancionar y corregir las conductas que producen contaminación directa en los cuerpos de agua de ese cantón, como lo es el presente caso. VIII.- En relación con el MINAE y el Ministerio de Salud, la Sala es del criterio que estas dependencias han desplegado acciones suficientes como para demostrar su preocupación con la situación ambiental, y han girado las órdenes y acciones concretas para remediar la problemática, de modo tal que no se debe acoger el amparo en su contra. Sin embargo, deberán continuar con su labor de vigilancia y coadyuvando al municipio recurrido, con todas las acciones necesarias para impedir que tales conductas persistan. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia, relacionada con la existencia de tuberías en varias casas que vierten aguas residuales sobre un humedal, la cual no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo al derecho fundamental que se invoca (ambiente), esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las denuncias de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG03/2025 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. IX.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VCG03/2025 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 056- Ejecución de sentencias Subtemas: NO APLICA. X.- Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es la solución del problema denunciado por la parte recurrente referente a la contaminación ocasionada por las aguas residuales y negras, así como los desechos sólidos, en la comunidad de Veinte de Noviembre, en Puntarenas. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. VCG03/2025 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 24-033389-0007-CO Res. Nº 2025006950 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente Nombre126406, cédula de identidad CED70837, Nombre126407, cédula de identidad CED70838, y Nombre126408, cédula de identidad CED70839, contra la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE PUNTARENAS Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE). RESULTANDO: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 21:31 horas del 26 de noviembre de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Puntarenas, Ministerio de Salud y MINAE. Manifiesta que el pasado 13 de setiembre, denunciaron ante la Municipalidad de Puntarenas la existencia de tuberías en varias casas que vierten aguas residuales sobre un humedal en la zona del Veinte de Noviembre. Además, alegan que esa zona se ha convertido en un botadero de basura de distintos desechos sólidos, lo que conlleva a malos olores y un paisaje deteriorado. Comentan que las casas con los acueductos, por medio de los cuales, se lanzan las aguas contaminadas al humedal, no cuentan con un permiso y convenido con MINAE, por cuanto, aunque existiera un cauce, es necesario un convenido con esa institución para poder recolectar, encausar y desechar aguas, que se supone finalmente irían a un cuerpo de aguas o causa natural. Manifiestan que las aguas contaminadas no tienen tratamiento alguno cuando llegan a verterse en el río, situación que -a su juicio- lesiona el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; así como, a un paisaje no contaminado, pues esas aguas atraviesan la zona y generan contaminación visual y malos olores. Expresan que el escrito fue claro y peticionaron que se incluyera una correcta construcción de sistemas de alcantarillado, pues no tienen porqué soportar aguas negras o servidas ni aguas residuales empozadas una vez que salen de la cañería que pueden provocar criaderos de dengue y, por ende, mortalidad. Expusieron que la municipalidad es la responsable de permitir que en terrenos públicos se pusieran las alcantarillas dichas. Sin embargo, a la fecha en que acuden en amparo no han obtenido respuesta. Narran que en esa misma fecha, también denunciaron la situación ante el Ministerio de Salud; empero, no se les ha notificado acción alguna por parte de ese ente, no se ha hecho ninguna inspección in situ y, mucho menos, se ha emitido alguna orden sanitaria de clausura de esas conexiones de tuberías. Resulta claro que el ministerio no ha hecho nada para salvaguardar la salud de los habitantes de ese lugar que están siendo afectados con la situación descrita supra. Agregan que el barrio está plagado de zancudos y ratas; así como, de olores fuertes y desagradables. De otra parte, adicionan que ese mismo día, también presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) siendo que el pasado 16 de setiembre se dio acuse de recibido y se informó que a la denuncia se le asignó el consecutivo No. 26312. No obstante, tampoco esa institución ha actuado, pese a que, las pretensiones son claras "recolectar y eliminar los residuos sólidos presentes en el humedal y en la zona" lo cual es competencias de ese ministerio, debido a que el mandato es conservar y restaurar los ecosistemas. Comenta que al tratarse de un humedal contaminado, se está violentando el derecho a un clima seguro. Adicionalmente, en el lugar existe un botadero clandestino, cuyo manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos provoca una emisión de gases efecto invernadero que les perjudica. Estiman que con los hechos descritos se lesiona lo establecido en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Solicita la intervención de la Sala en el presente asunto. 2.- Por resolución de las 09:21 horas del 3 de diciembre de 2024, se dio curso al presente proceso, y se concedió audiencia al alcalde y el presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Puntarenas, el director del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita y el jefe de la Oficina Subregional de Esparza del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Esparza, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital al ser las 09:20 horas del 19 de diciembre de 2024, informan bajo juramento Gerardo Chavarría Amador, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional Esparza del Área de Conservación Pacífico Central del MINAE, que se tiene por cierto que el escrito en donde denuncian diferentes afectaciones al ambiente, principalmente por mala disposición de desechos sólidos, contaminación visual entre otros. También se tiene por cierto que el código 26312-2024 fue emitido por la plataforma de recepción de denuncias SITADA; este es un código provisional que la plataforma crea mientras el funcionario responsable de la Contraloría Ambiental, dependencia del Ministerio de Ambiente redirecciona la denuncia ante el ente competente, creando un código único y permanente para este caso fue el 49963-2024, mismo que fue remitido a la Municipalidad de Puntarenas. Para los hechos que se plantean en la denuncia, la Contraloría Ambiental consideró que todos o en su mayoría son competencia del ente municipal. Si bien la Municipalidad, Área Rectora de Salud y SINAC, tienen competencias definidas y un rol muy importante en la atención de estas situaciones, no puede dejarse por fuera al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, responsable del tratamiento y disposición de aguas negras y residuales. En estos sectores se realizan recorridos periódicos a veces con personeros municipales o del Área Rectora de Salud porque son muy recurrentes las denuncias a través de la plataforma SITADA, pero el asunto se torna complicado porque casi nunca se encuentran infractores. Como se mencionan las denunciantes existe mucha normativa y jurisprudencia y estoy seguro que los entes responsables hacen esfuerzos para corregir, tanto es así que existen proyectos y que son de largo plazo siendo que para el 2030 se tiene previsto que inicie el alcantarillado sanitario en esas zonas por un consorcio denominado empresas IDOM-INNCICE y que ya fue contratada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, según se menciona en el oficio MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0066-2023 emitido por el Área Rectora de Salud. Asimismo debe agregarse que existen muchos recursos de amparo que ya fueron resueltos por la Sala Constitucional, ordenándole a la Municipalidad de Puntarenas y al Área Rectora de Salud tomar las medidas necesarias para educir o eliminar la contaminación tanto en esa zona, así como en los distritos Central, Chacarita y el Roble que no cuentan a la fecha con alcantarillado sanitario. Debo informales además que la visita al sitio la realicé el día de hoy (M-12- 2024), de esta se deduce que efectivamente existen desechos o residuos sólidos a lo largo de la pista de aterrizaje, que proliferan los malos olores y evidentemente un cuerpo de agua que no es cauce de dominio público (N° OFICIO DA-UHTPNOL-0552-202) existen también muchos desechos que posiblemente provengan de las casas cercanas. Mas al fondo existe toro cuerpo de agua en las mismas condiciones. De momento o más bien para el próximo (enero) año, voy a coordinar una reunión con el Área Rectora de Salud, AyA y la Municipalidad de Puntarenas para conocer los alcances de la atención de la denuncia ingresada con el código 49963-2024. Así mismo y de ser necesario establecer una ruta de trabajo y en coordinación de acuerdo a las competencias de cada institución. Solicita se declare con lugar el recurso. 4.- Por escrito incorporado al expediente digital al ser las 09:20 horas del 19 de diciembre de 2024, informa bajo juramento David Chavarría Morales, en su condición de Director Ejecutivo a.i. del SINAC, que se procede a pronunciarse respecto a lo informado, por la Jefe de la Oficina Subregional Esparza del área de Conservación Pacifico Central, en los siguientes términos: De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N°7788, se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), cuya naturaleza jurídica, es la de un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental adscrito al MINAE, y su propósito fundamental, es el de integrar las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de nuestro país. Por tal motivo es que mediante informe número SINAC-ACOPAC-OSRE-603-2024 del 12 de diciembre del 2024, suscrito por Gerardo Chavarría Amador, jefe de la oficina Subregional Esparza del Área de Conservación Pacífico Central, manifestando lo siguiente: ¨Tiene por cierto que el escrito en donde denuncian diferentes afectaciones al ambiente, Principalmente por mala disposición de desechos sólidos contaminación visual entre otros. También se tiene cierto que el código dos 26312 -2024 Fue emitido por la plataforma de recepción de denuncias SITADA; Este es un código provisional que la plataforma crea mientras el funcionario responsable de la Controlaría Ambiental, Dependencia del Ministerio de Ambiente redirecciona la denuncia ante el ente competente creando un código único y permanente para este caso fue el 49963-2024, El mismo que fue remitido a la municipalidad de Puntarenas. Para los hechos que se plantean en la denuncia, La controlaría ambiental consideró que todos o en su mayoría son competencia del ente municipal. Si bien la municipalidad área rectora de salud y el SINAC tienen competencias definidas y un rol muy importante en la atención de estas situaciones no puede dejarse por un fuera al instituto costarricense de acueductos y alcantarillados responsable del tratamiento y disposición de agua negras y residuales. En estos sectores se realizan recorridos periódicos a veces con personeros municipales o del área rectora de salud porque son muy recurrentes las denuncias a través de la plataforma SITADA, pero el asunto se torna complicado porque casi nunca se encuentran infractores. Como se mencionan las denunciantes existe mucha normativa y jurisprudencia y los entes responsables hacen esfuerzos para corregir tanto es así que existen proyectos y que son de largo plazo siendo que para el 2030 se tiene previsto que inicie el alcantarillado sanitario en esas zonas por un consorcio denominado empresas IDOMINNCICE y que fue contratada para el Instituto Costarricense De Acueductos Y Alcantarillados según se menciona en el oficio MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0066-2023 emitido por el área de rectora de salud. Asimismo, debe agregarse que existen muchos recursos de amparo que ya fueron resueltos por su honorable autoridad ordenándole a la municipalidad de Puntarenas y al área rectora de salud tomar las medidas necesarias para reducir o eliminar la contaminación tanto en esa zona así como en los distritos central chacharita y el roble que no cuentan a la fecha con alcantarillado sanitario. Debo informar además que la visita al sitio se realiza el día 11 de diciembre del 2024 de ésta se deduce que efectivamente existen desechos o residuos sólidos a lo largo de la pista de aterrizaje, que proliferan los malos olores y evidentemente un cuerpo de agua que no es cause de dominio público oficio número de (DA-UHTPNOL-0552 202) existen también muchos desechos que posiblemente provenga de las casas cercanas más al fondo existe otro cuerpo de agua en las mismas condiciones. De momento o más bien para el próximo enero 2025 se coordinará una reunión con el área Rectora de salud, AYA y La municipalidad de Puntarenas para conocer los alcances de la tensión de la denuncia ingresada con el código 49963 2024. Además y de ser necesario establecer una ruta de trabajo y en coordinación de acuerdo a las competencias de cada institución¨. Corolario a lo anterior, es menester indicar que el alcantarillado es responsabilidad del Gobierno Local. La Municipalidad es la obligada de velar para que en su jurisdicción se cuente con un adecuado alcantarillado pluvial, por ser un asunto de competencia municipal. Sobre las competencias administrativas en relación con los alcantarillados sanitario y pluvial. Se colige que la atribución de crear y mantener las redes del alcantarillado sanitario y pluvial, les corresponde a las municipalidades por cuanto éstas, según el artículo 3 del Código Municipal vigente, son las principales obligadas de velar por los intereses y servicios cantonales dentro de la jurisdicción que tengan a su cargo y porque expresamente así se deriva del artículo 169 de la Constitución Política que establece la competencia genérica de las Municipalidades en esta materia. Asimismo, lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, órgano rector de la materia, es el encargado a nivel nacional de dirigir, coordinar y vigilar todo lo concerniente a la evacuación de aguas negras, alcantarillados y contaminación de los recursos de agua en beneficio de los habitantes de la República. De conformidad con esta ley, le corresponde al Ministro dictar las normas técnicas de salud a que deben ceñirse las personas físicas o jurídicas de derecho privado o público en las materias que la propia ley lo requiera, entre las cuales, sin duda alguna, se encuentra lo relativo al alcantarillado sanitario. Por consiguiente, se coordinará una reunión con el área Rectora de salud, AYA y la municipalidad de Puntarenas para conocer los alcances de la atención de la denuncia ingresada con el código 49963-2024. Además, de establecer una ruta de trabajo y en coordinación de acuerdo a las competencias de cada institución. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso. 5.- Por escrito incorporado al expediente digital al ser las 14:07 horas del 31 de enero de 2025, informa bajo juramento Randall Alexis Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, que se solicitó informe al Lie. Luis Guillermo Brenes Guadamuz, Gestor Ambiental del municipio. Así las cosas, se emitió el informe solicitado mediante oficio MP-GAM-OF-010-01 -2025 de fecha 30 de enero de 2025, en respuesta a las recurrentes. Dicho informe señala lo siguiente: "Con respecto a la presencia de residuos sólidos de todo tipo que se observan en el humedal aproximadamente 150 metros norte del cementerio de Chacarita, se debe aclarar primeramente que el cuerpo de agua en cuestión no es un cauce de dominio público, según lo determinado en el oficio N° DA-UHTPNOL-0552-2021 de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), sino más bien es un canal que en apariencia fue construido para desaguar las aguas pluviales de la zona. En razón de esta situación, se considera que no aplican las áreas de protección establecidas en el artículo 33 de la Ley Forestal para ríos, quebradas o arroyos. En relación con la contaminación por residuos sólidos en este lugar, es importante mencionar que en cumplimiento de lo establecido en la Ley N°8839 para la Gestión integral de Residuos, la Municipalidad brinda regularmente el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos ordinarios con una frecuencia de dos (2) veces por semana en la zona de Pueblo Redondo, Veinte de Noviembre e INVU Chacarita. Asimismo, en el segundo semestre (24 de octubre) del año 2024 se realizó una jornada de recolección de residuos no tradicionales y llantas de desecho en dichos barrios, por lo cual se puede afirmar que a los habitantes de las comunidades aledañas se les brindan las condiciones básicas para disponer adecuadamente los residuos sólidos que generan diariamente. Por otra parte, la Municipalidad anualmente realiza una limpieza mecanizada del canal pluvial, por medio de la cual se retira la sedimentación acumulada en el cauce y además se trata, en la medida de lo posible, de recolectar los residuos sólidos depositados en el mismo. Ahora bien, aún con las acciones indicadas previamente, en inspección realizada el día 29 de enero de 2025 se comprobó que el problema de contaminación por residuos sólidos persiste en esta zona, por lo cual la Municipalidad de Puntarenas inició con la limpieza y recolección de los residuos sólidos acumulados en la zona de la pista de aterrizaje y áreas aledañas al canal pluvial a partir de hoy 30 de enero de 2025 (Ver imagen 1 y 2). En ese sentido, es importante indicar que el inmueble que abarca la pista de aterrizaje, cuya matrícula en folio real es 6- 0069978-000, es propiedad del Estado costarricense, administrado por la Dirección General de Aviación Civil, por lo cual la obligación de darle mantenimiento a toda esa área y prevenir que la utilicen como un botadero clandestino recae en dicha institución, deber que claramente no han cumplido. De todas formas, en aras de mitigar la problemática ocasionada por los botaderos de residuos sólidos en esta zona, se coordinarán limpiezas periódicas con la maquinaria municipal a partir del presente año 2025. Por otra parte, en cuanto a las afectaciones denunciadas por el vertido de aguas negras y grises, estas son una consecuencia de la carencia a través de los años de un ordenamiento territorial y control constructivo adecuado en las áreas aledañas, lo que ha ocasionado que se construyan viviendas sin las condiciones sanitarias básicas y en sitios no aptos para tal fin. Aunado a lo anterior, también influye el hecho de que una gran mayoría de las construcciones ubicadas al sur del canal pluvial constituyen invasiones del terreno propiedad de la Dirección General de Aviación Civil, lo cual nuevamente evidencia un incumplimiento de las obligaciones como propietario registral del inmueble por parte de dicha entidad, según lo establecido en el Código Municipal y la Ley General de Salud. En relación con la falta de condiciones sanitarias básicas para las viviendas, la ausencia de un sistema de alcantarillado sanitario para la recolección y el tratamiento de las aguas residuales en la zona es una de las principales limitantes para reducir la contaminación ambiental y el deterioro del paisaje, por lo cual es de suma importancia la participación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la búsqueda de soluciones a esta problemática, puesto que dicha institución es el ente rector por excelencia en lo relativo a los sistemas de alcantarillados sanitarios y el tratamiento de las aguas residuales. En ese sentido, este servidor tiene conocimiento de la existencia de un proyecto a futuro (2025-2030) para la construcción del alcantarillado sanitario en la Gran Puntarenas, cuya fase inicial de diseño fue adjudicada por parte del AyA al consorcio IDOM-INNCIVE, el cual tiene como objetivo principal resolver los problemas relacionados con el manejo y la disposición de las aguas residuales de la población, por lo que en los próximos años podría existir una alternativa para mitigar la afectación por el vertido de aguas residuales en el cuerpo de agua. Así pues, con base en lo expuesto, es claro que para dar una solución a los problemas de contaminación denunciados se requiere de una coordinación y trabajo continuo entre las instituciones públicas que por competencia tienen injerencia en el tema, principalmente el Ministerio de Salud, Municipalidad, Dirección General de Aviación Civil, MINAE, AyA e incluso Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Por esta razón, el suscrito en coordinación con la Alcaldía Municipal procederá a realizar una convocatoria a estas instituciones en el próximo mes de febrero de 2025, con el fin de generar un plan para la atención integral de la problemática denunciada." Así las cosas, y de acuerdo con el informe técnico de referencia y que se aporta como prueba documental, la problemática denunciada ya se encuentra siendo atendida por el municipio, de conformidad con la programación anual de la Unidad de Gestión Ambiental municipal; además de la planificación y coordinación que debe darse con las demás instituciones públicas involucradas y que por competencia les corresponde atender. Solicita se declare sin lugar el recurso. 6.- Por escrito incorporado al expediente digital al ser las 20:32 horas del 3 de febrero de 2025, informa bajo juramento Kerlyn Annette Molina Corella, en su condición de Presidenta del Concejo Municipal de Puntarenas, que se pide información al señor Luis Guillermo Brenes Guadamuz, Gestor Ambiental de la Municipalidad de Puntarenas. En su respuesta indica: Como primer punto: (…) “Aclara que el cuerpo de agua en cuestión no es un cauce de dominio público, según lo determinado en el oficio DA-UHTPNOL-0552-2021 de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), sino más bien es un canal que en apariencia fue construido para desaguar las aguas pluviales de la zona. Debido a esta situación, se considera que no aplica las áreas de protección establecidas en el artículo 33 de la Ley Forestal para ríos, quebradas o arroyos. (…) Lo anterior es una aclaración indicando que el que el cuerpo de agua en cuestión no es un cauce de dominio público. Con relación a la presencia de residuos sólidos. (…) “La Municipalidad amparado en la ley8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos, brinda regularmente el servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos ordinarios con una frecuencia de (2) veces por semana en la zona de pueblo redondo, Dirección7546, INVU y chacarita, en el segundo (24 octubre 2024 se realizó una jornada de recolección de residuos sólidos no tradicionales y llantas de desecho, por lo cual se puede afirmar que a los habitantes de las comunidades aledañas se les brinda las condiciones básicas para disponer adecuadamente los residuos sólidos que general diariamente. Por parte de la Municipalidad anualmente realiza una limpieza mecanizada del canal pluvial, por medio de la cual se retira sedimentación acumulada en el cauce y además se trata, en la medida de lo posible, de recolectar los residuos depositados en el mismo. “(…) Se entiende que la municipalidad brinda el servicio de recolección de residuos sólidos y anualmente realiza una limpieza mecanizada del canal pluvial. • Inspección realizada (…) “Según el informe se realizó una inspección el día 29 enero del 2025 y se comprobó que el problema de contaminación de residuos sólidos persiste en la zona., por lo cual la Municipalidad de Puntarenas inicio con la limpieza y recolección de los residuos sólidos acumulados en la zona de la pista de aterrizaje y áreas aledañas al canal pluvial a partir de hoy 30 enero 2025. En síntesis, la Municipalidad en este momento está atendiendo el mandato de la Sala, siendo que se encuentra en una etapa de limpieza en esa zona. Con relación a las afectaciones denunciadas: Indica el informe: “(…) Por otra parte, en cuanto a las afectaciones denunciadas por el vertido de aguas negras y grises, estas son una consecuencia de la carencia a través de los años de un ordenamiento territorial y control constructivo adecuado en las áreas aledañas, lo que ha ocasionado que se construyan viviendas sin las condiciones sanitarias básicas y en sitios no aptos para tal fin. Aunado a lo anterior, también influye el hecho de que una gran mayoría de las construcciones ubicadas al sur del canal pluvial constituyen invasiones del terreno propiedad de la Dirección General de Aviación Civil, lo cual nuevamente evidencia un incumplimiento de las obligaciones como propietario registral del inmueble por parte de dicha entidad, según lo establecido en el Código Municipal y la Ley General de Salud.(…) En resumen, se le informa que las construcciones una en terreno del Estado constituyendo una invasión en terreno propiedad de la Dirección General de Aviación Civil. Con relación a la falta de condiciones sanitarias básicas para las viviendas. Se informa: (…)”En relación con la falta de condiciones sanitarias básicas para las viviendas, la ausencia de un sistema de alcantarillado sanitario para la recolección y el tratamiento de las aguas residuales en la zona es una de las principales limitantes para reducir la contaminación ambiental y el deterioro del paisaje, por lo cual es de suma importancia la participación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la búsqueda de soluciones a esta problemática, puesto que dicha institución es el ente rector por excelencia en lo relativo a los sistemas de alcantarillados sanitarios y el tratamiento de las aguas residuales. En ese sentido, este servidor tiene conocimiento de la existencia de un proyecto a futuro (2025-2030) para la construcción del alcantarillado sanitario en la Gran Puntarenas, cuya fase inicial de diseño fue adjudicada por parte del AyA al consorcio IDOM-INNCIVE, el cual tiene como objetivo principal resolver los problemas relacionados con el manejo y la disposición de las aguas residuales de la población, por lo que en los próximos años podría existir una alternativa para mitigar la afectación por el vertido de aguas residuales en el cuerpo de agua. Así pues, con base en lo expuesto, es claro que para dar una solución a los problemas de contaminación denunciados se requiere de una coordinación y trabajo continuo entre las instituciones públicas que por competencia tienen injerencia en el tema, principalmente el Ministerio de Salud, Municipalidad, Dirección General de Aviación Civil, MINAE, AyA e incluso Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Por esta razón, el suscrito en coordinación con la Alcaldía Municipal procederá a realizar una convocatoria a estas instituciones en el próximo mes de febrero de 2025, con el fin de generar un plan para la atención integral de la problemática denunciada.” En conclusión: La falta de condiciones sanitarias básicas, así como la ausencia de un sistema de alcantarillado es una de las principales limitantes para reducir la contaminación. Siendo responsables otras instituciones, motivo por el cual el Gestor ambiental coordinará con la alcaldía la convocatoria de instituciones involucradas en el próximo mes de febrero. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso. 7.- Por escrito incorporado al expediente digital al ser las 11:21 horas del 6 de febrero de 2025, informan bajo juramento Ericka Jiménez Valverde, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, Dirección Regional de Rectoría de la Salud Pacífico Central del Ministerio de Salud, que en atención a denuncia sanitaria recibida en esta Área Rectora de Salud mediante boleta de recepción de documentos N°PC-AC-916-2024 relacionada con inadecuada disposición de residuos sólidos a la intemperie en aeródromo de Chacarita, así como vertido de aguas residuales sobre canal de agua paralelo, el 30 de enero del 2025 se realiza inspección en el sitio como consta en Acta de Inspección Ocular N°0056-Reg-2025 y fue posible comprobar anomalías sanitarias relacionadas con disposición inadecuada de residuos sólidos. No se comprobó proliferación de plagas ni vertidos de aguas residuales desde viviendas o comercios al canal de agua en cuestión 2. El 31 de enero del 2025 se notificó orden sanitaria 0019-REG-2025 al Sr. Marcos Yohanny Castillo Masis en su cargo como Director de la Dirección General de Aviación Civil para que antes del 28 de febrero del 2025 se tomen las medidas necesarias para disponer adecuadamente en un sitio autorizado por el Ministerio de Salud, todos los residuos sólidos que se encuentran acumulados a la intemperie en aeródromo de Chacarita. En la misma orden sanitaria se solicitó presentar cronograma de limpieza anual para la propiedad en la que se ubica el aeródromo de Chacarita mientras se toman medidas definitivas para evitar que esta propiedad siga siendo tomada como sitio para disponer residuos sólidos de forma inadecuada. Finalmente se solicitó informar sobre el resultado de la presentación de anteproyecto por parte de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica mencionado en oficio DGAC-DA-IA-OF-0642-2021, relacionado con cierre perimetral del aeródromo de Chacarita. 3. El 31 de enero del 2025 se notificó orden sanitaria 0020-REG-2025 al Sr. Randall Alexis Chavarría Matarrita en su cargo como Alcalde Municipal para que antes del 21 de febrero del 2025 sean tomadas medidas necesarias para disponer adecuadamente en un sitio autorizado por el Ministerio de Salud, todos los residuos sólidos que permanecen flotando sobre canal de agua ubicado al costado sur del aeródromo de Chacarita, mismo que conecta con Laguna Paraíso y el estero. 4. El 3 de febrero del 2025 se informó a las Sra. Nombre126407 a los correos ...3327, ...3328, ...3329 sobre las acciones realizadas en atención a denuncia sanitaria recibida mediante boleta N° PC-AC-916-2024. Se observa que el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita realizó las gestiones para atender la denuncia interpuesta por la Sra. Nombre126407 (ingresada para fines internos como boleta de recepción de documentos N°PC-AC-916- 2024) sobre las acciones realizadas en atención a denuncia sanitaria se comprobaron anomalías sanitarias relacionadas con disposición inadecuada de residuos sólidos. No se comprobó proliferación de plagas ni vertidos de aguas residuales desde viviendas o comercios al canal de agua en cuestión. Se notificaron las órdenes sanitarias 0019-REG-2025, para que antes del 28 febrero 2025, se tomen las medidas necesarias para disponer adecuadamente en un sitio autorizado por parte del Ministerio de Salud, todos los residuos sólidos que se encuentran acumulados a la intemperie en aeródromo de Chacarita, asimismo se ordenó presentar cronograma de limpieza anual para la propiedad en la que se ubica el mencionado aeródromo, se solicitó informar sobre el resultado de la presentación de anteproyecto por parte de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, relacionado con el cierre perimetral del aeródromo de chacarita. Se notificó la orden sanitaria N° 0020-REG-2025, para que antes del 21 de febrero 2025 sean tomadas medidas necesarias para disponer adecuadamente en un sitio autorizado por el Ministerio de Salud, todos los residuos sólidos que permanecen flotando sobre canal de agua ubicado al costado sur del aeródromo de Chacarita, mismo que conecta con Laguna Paraíso y el estero. Se puede observar también, que se le brindó respuesta a Sra. Nombre126407 y otras, sobre las acciones realizadas en atención a denuncia sanitaria. Siendo que, es deber del Ministerio de Salud, velar por los derechos fundamentales a la salud y a la vida, de conformidad con los ordinales 21 y 50 de la Constitución Política, los cuales, son contestes al señalar que “La vida humana es inviolable” y el Estado debe procurar “el mayor bienestar a todos los habitantes del país”, el Poder Ejecutivo está obligado a proteger a la población mediante la adopción de medidas que les defiendan de todo riesgo, amenaza o peligro. Como corolario de lo anterior, no se observa en el presente caso, se haya incurrido en una infracción a los derechos fundamentales que reclama la parte recurrente, pues el Ministerio de Salud ha actuado amparado al principio de legalidad, el principio precautorio, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y justicia social, los principios de equidad, eficiencia, calidad, transparencia y respeto a la diversidad; con enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, propiciando un ambiente humano sano y equilibrado, cuyo fundamento en sus actuaciones lo constituyen primordialmente la Constitución Política, la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”, la Ley N° 5412 del 08 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del Ministerio de Salud”, Ley 7600, “Ley de Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad”, Ley 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” y Decreto Ejecutivo 43432-S “Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud”. De conformidad con lo aquí expuesto, se considera que este Ministerio ha dado el trámite y debido seguimiento, respecto a lo alegado por Nombre126406 y otras, sin haber violentado derecho alguno, de forma razonable y justificada en procura de proteger el derecho fundamental de la salud y la vida. Queda claro que la actuación de esta área rectora de salud ha sido en apego a la legislación vigente, que se ha trabajado en aras de proteger la salud y el ambiente. Solicitan se declare sin lugar el recurso. 8.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Fernandez Acuña; y, CONSIDERANDO: I.- Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia, relacionada con la existencia de tuberías en varias casas que vierten aguas residuales sobre un humedal, la cual no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo al derecho fundamental que se invoca (ambiente), esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las denuncias de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que el pasado 13 de setiembre de 2024, denunciaron ante la Municipalidad de Puntarenas la existencia de tuberías en varias casas que vierten aguas residuales sobre un humedal en la zona del Veinte de Noviembre. Además, alegan que esa zona se ha convertido en un botadero de basura de distintos desechos sólidos, lo que conlleva a malos olores y un paisaje deteriorado. Solicitan una adecuada construcción de sistemas de alcantarillado. Agregan que el barrio está plagado de zancudos y ratas; así como, de olores fuertes y desagradables. Comenta que al tratarse de un humedal contaminado, se está violentando el derecho a un clima seguro. Adicionalmente, en el lugar existe un botadero clandestino, cuyo manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos provoca una emisión de gases efecto invernadero que les perjudica. Estiman que con los hechos descritos se lesiona lo establecido en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. III.- HECHOS PROBADOS EN RELACIÓN CON EL MINAE. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: a) Los recurrentes presentaron denuncia por diferentes afectaciones al ambiente, principalmente por mala disposición de desechos sólidos, contaminación visual, entre otros (ver informe). b) Mediante código 26312-2024 emitido por la plataforma de recepción de denuncias SITADA, la Contraloría Ambiental, dependencia del Ministerio de Ambiente designó la denuncia para su atención, bajo el N° 49963-2024, mismo que fue remitido a la Municipalidad de Puntarenas (ver informe). c) Para el año 2030 se tiene previsto que inicie el alcantarillado sanitario en esas zonas por un consorcio denominado empresas IDOM-INNCICE y que ya fue contratada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ver informe). d) El MINAE realizó visita al sitio en el mes de diciembre de 2024, y se deduce que efectivamente existen desechos o residuos sólidos a lo largo de la pista de aterrizaje, que proliferan los malos olores y evidentemente un cuerpo de agua que no es cauce de dominio público, existen también muchos desechos que posiblemente provengan de las casas cercanas (ver informe). IV.- HECHOS PROBADOS EN RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: a) Con respecto a la presencia de residuos sólidos de todo tipo que se observan en el humedal aproximadamente 150 metros norte del cementerio de Chacarita, se aclara que el cuerpo de agua en cuestión no es un cauce de dominio público, sino más bien es un canal que en apariencia fue construido para desaguar las aguas pluviales de la zona (ver informe). b) La municipalidad brinda regularmente el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos ordinarios con una frecuencia de dos veces por semana en la zona de Pueblo Redondo, Veinte de Noviembre e INVU Chacarita (ver informe). c) En el segundo semestre (24 de octubre) del año 2024 se realizó una jornada de recolección de residuos no tradicionales y llantas de desecho en dichos barrios (ver informe). d) La municipalidad anualmente realiza una limpieza mecanizada del canal pluvial, por medio de la cual se retira la sedimentación acumulada en el cauce y además se trata, en la medida de lo posible, de recolectar los residuos sólidos depositados en el mismo (ver informe). e) En inspección realizada el día 29 de enero de 2025 se comprobó que el problema de contaminación por residuos sólidos persiste en esta zona, por lo cual la Municipalidad de Puntarenas inició con la limpieza y recolección de los residuos sólidos acumulados en la zona de la pista de aterrizaje y áreas aledañas al canal pluvial a partir del 30 de enero de 2025 (ver informe). f) El inmueble que abarca la pista de aterrizaje, cuya matrícula en folio real es 6- 0069978-000, es propiedad del Estado costarricense, administrado por la Dirección General de Aviación Civil, por lo cual la obligación de darle mantenimiento a toda esa área y prevenir que la utilicen como un botadero clandestino recae en dicha institución (ver informe). g) Se coordinarán limpiezas periódicas con la maquinaria municipal a partir del presente año 2025 (ver informe). h) Una gran mayoría de las construcciones ubicadas al sur del canal pluvial constituyen invasiones del terreno propiedad de la Dirección General de Aviación Civil (ver informe). i) Existe un proyecto a futuro (2025-2030) para la construcción del alcantarillado sanitario en la Gran Puntarenas, cuya fase inicial de diseño fue adjudicada por parte del AyA al consorcio IDOM-INNCIVE, el cual tiene como objetivo principal resolver los problemas relacionados con el manejo y la disposición de las aguas residuales de la población (ver informe). j) La Alcaldía Municipal procedería a realizar una convocatoria a varias instituciones en el mes de febrero de 2025, con el fin de generar un plan para la atención integral de la problemática denunciada (ver informe). V.- HECHOS PROBADOS EN RELACIÓN CON EL MINISTERIO DE SALUD. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia: a) En el Área Rectora de Salud recurrida se recibió denuncia mediante boleta de recepción de documentos N°PC-AC-916-2024 relacionada con inadecuada disposición de residuos sólidos a la intemperie en aeródromo de Chacarita, así como vertido de aguas residuales sobre canal de agua paralelo (ver informe). b) El 30 de enero del 2025 se realiza inspección en el sitio como consta en Acta de Inspección Ocular N°0056-Reg-2025 y fue posible comprobar anomalías sanitarias relacionadas con disposición inadecuada de residuos sólidos (ver informe). c) No se comprobó proliferación de plagas ni vertidos de aguas residuales desde viviendas o comercios al canal de agua en cuestión (ver informe). d) El 31 de enero del 2025 se notificó orden sanitaria 0019-REG-2025 al Director de la Dirección General de Aviación Civil para que antes del 28 de febrero del 2025 se tomen las medidas necesarias para disponer adecuadamente en un sitio autorizado por el Ministerio de Salud, todos los residuos sólidos que se encuentran acumulados a la intemperie en aeródromo de Chacarita (ver informe). e) En la misma orden sanitaria se solicitó presentar cronograma de limpieza anual para la propiedad en la que se ubica el aeródromo de Chacarita mientras se toman medidas definitivas para evitar que esta propiedad siga siendo tomada como sitio para disponer residuos sólidos de forma inadecuada (ver informe). f) El 31 de enero del 2025 se notificó orden sanitaria 0020-REG-2025 al Alcalde Municipal accionado, para que antes del 21 de febrero del 2025 sean tomadas medidas necesarias para disponer adecuadamente en un sitio autorizado por el Ministerio de Salud, todos los residuos sólidos que permanecen flotando sobre canal de agua ubicado al costado sur del aeródromo de Chacarita, mismo que conecta con Laguna Paraíso y el estero (ver informe). g) Se ordenó presentar cronograma de limpieza anual para la propiedad en la que se ubica el mencionado aeródromo, se solicitó informar sobre el resultado de la presentación de anteproyecto por parte de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, relacionado con el cierre perimetral del aeródromo de chacarita (ver informe). VI.- ANTECEDENTE RELACIONADO. En Sentencia N° 2019-022487 de las nueve horas quince minutos del quince de noviembre de dos mil diecinueve, esta Sala analizó un caso similar al presente, en las cercanías también del estero de Puntarenas. Se indicó lo siguiente: “(…) En el sub lite, el recurrente, quien tiene 83 años, indica que en el sector del INVU del Dirección218 existe un problema de contaminación, malos olores, salida de aguas negras tanto en baños como en patios y estancamiento de aguas negras y servidas. Explica que, entre los años 1950 y 1960, el INVU construyó 24 casas en el sector este del Dirección218 con una servidumbre medianera de tubería para la evacuación de las aguas y cajas de registro espaciadas a lo largo para su limpieza. Manifiesta que las aguas entran al tanque por lo que el “ lodo fecal” se va depositando y el resto del agua discurre por el lado norte hacia el estero. Arguye que en 1961 adquirió la casa n.º 19 y desde ese año es residente de la ciudadela. Menciona que por las tapas quebradas algunos vecinos introducían objetos, por lo que la tubería se tapaba y, además del rebalse de las aguas contaminadas en los patios, los baños no podían ser utilizados. Refiere que cada inquilino fue cerrando su patio y, por tanto, obstruyendo la servidumbre. Sostiene que, pese a lo anterior, la servidumbre tiene validez, pues pasa por todos los patios y, aun cuando algunos vecinos han construido tanques sépticos, el agua de descarga de las lavadoras, baños y cocinas circula por la tubería. Relata que el ICAA no dispone de alcantarillado sanitario en las calles de la comunidad de El Cocal y la mayoría de las aguas de las construcciones son vertidas al estero. Asevera que el sistema de evacuación de aguas fue diseñado por el INVU; sin embargo, fue prácticamente un engaño para los dueños, quienes deben soportar las condiciones. Expone que en 2009 plantearon varias gestiones ante la Municipalidad de Puntarenas por una construcción en el patio de casa n.º 24 por parte de Guillermo Acevedo; sin embargo, fue con ocasión de la intervención de la Defensoría de los Habitantes, que, mediante oficio n.º PUC-1647-2009 de 24 de agosto de 2009, se les dio una respuesta cuando la construcción ya estaba terminada. Agrega que lo anterior impide la limpieza y eliminación de las obstrucciones de la tubería. Acota que, ante los constantes taponamientos y la renuencia municipal para brindar una solución, el 6 de febrero de 2017 (acta n.º 17) tuvo audiencia con el concejo municipal, lo cual generó la conformación de una comisión de regidores, para la que se invitó a personeros de las autoridades de salud, del ICAA, de la municipalidad y dos miembros de la comunidad. Refiere que la municipalidad se comprometió a limpiar el tanque séptico general; empero, no atendió el resto de la solicitud. Menciona que quedaron pendientes los siguientes puntos: “a) apertura de la entrada a la servidumbre, b) colocación de unos treinta metros de tubería de mayor diámetro, c) instalación de una válvula de Vaivén, para evitar el ingreso de las mareas al tanque general. d) Construcción de un portón en la entrada de la servidumbre, ampliar la caja de registro en la zona cercana del parquecito de niños, para efecto de las limpiezas futuras por parte del AyA e) colocar un portón al lado norte ingreso al parquecito para evitar el ingreso de vehículos particulares. La instalación de solo 30 metros de tubería de concreto y no en los 150 metros de todo el recorrido, es porque en este tramo final es en donde se producen los taponamientos”. Expone que en algún momento hubo pacto entre personas del Ministerio de Salud, del ICAA y la Asociación de Desarrollo Integral de Cocal, para que cuando ocurriera un taponamiento de la tubería, los vecinos se comunicaran con las oficinas de salud (destacadas en Cocal), quienes solicitarían el servicio de las cuadrillas para la limpieza. Arguye que la limpieza se ha venido dando en su casa de habitación, pues otros vecinos no tienen voluntad para dar facilidades en sus casas, por la suciedad de “lodo fecal” que dejan los miembros de la cuadrilla. Reclama que en uno de los taponamientos y, pese a haberlo solicitado por escrito, la nueva jerarca del ICAA no autorizó a la cuadrilla a ingresar a zona privada. Afirma que no hay otro sitio para acceder a la servidumbre, ya que el ingreso a la servidumbre fue usurpado por la construcción del patio de la casa n.º 24. Aduce que las instituciones del gobierno no han mostrado interés en solucionar el problema de salud y que los vecinos se han distanciado de la lucha, por lo que quedó solo con el problema. Manifiesta que las autoridades ni siquiera valoran sus propuestas de solución. Expone que la municipalidad tuvo que haber recibido de parte del INVU las calles, zonas verdes y servidumbres para su administración. Señala que el ICAA no tiene red sanitaria en El Cocal y no tiene interés en resolver el asunto. Relata que el Ministerio de Salud envía órdenes sanitarias a las autoridades públicas; sin embargo, estas no se cumplen. Pide un resarcimiento por daño moral, pues la Municipalidad de Puntarenas no atendió a tiempo la construcción de un taller y la usurpación del ingreso a la servidumbre de aguas negras, lo cual no se ha resuelto luego de diez años. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la Unidad Cantonal de Puntarenas del ICAA, por oficio n.º GSP-RPC-PU-2019-000648 de 5 de setiembre de 2019, señaló que en ese sector ya existió un recurso de amparo (n.°18-006056-0007-CO) y que el ICAA únicamente brinda el servicio de abastecimiento de agua potable. Indicó que en el sector existen sistemas de recolección sanitarios comunales y que el del INVU propiamente consiste en un sistema de alcantarillado condominal, en el cual las viviendas de un cuadrante específico cuentan con una tubería de alcantarillado sanitario ubicada internamente a lo largo de la servidumbre de paso de tubería, la cual se encuentra en los patios traseros de las viviendas y cruza todas las propiedades involucradas, por lo que fue obstruida por parte de los vecinos. Refirió que el alcantarillado nunca ha sido recibido por el ICAA; sin embargo, a solicitud del área rectora de salud, se han dado reuniones interinstitucionales en las que participan el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Puntarenas y los vecinos. Expuso que el Ministerio de Salud gira órdenes sanitarias al ICAA para que intervenga y solucione el problema de obstrucción. Adujo que aun cuando el ICAA no tenga injerencia en el sistema, se actúa por el principio de obediencia y para asegurar la salud pública. Aseveró que también, pese a que en el recurso de amparo n.°18-006056-0007-CO no se le estableció responsabilidad al ICAA se le ordenó dar colaboración a la Municipalidad de Puntarenas. Afirmó que, pese a lo ordenado por la Sala en el proceso anterior, la Municipalidad de Puntarenas únicamente construyó las tapas de los tanques de recolección de aguas, no ha realizado la limpieza ni tampoco ha tomado las acciones para corregir los problemas de invasión de terrenos en servidumbre de paso de tubería. Por otra parte, la Sala comprobó que el Director del Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, por oficio n.º MP-DCU-483-09-2019 de 9 de setiembre de 2019, indicó: “(…) Al momento de la inspección de campo, en el lugar descrito, no se pudo determinó ningún tipo de contaminación con material fecal, ni malos olores, ni rebalse de aguas negras en el sector. Cabe destacar que la inspección se realizó en el sitio de convergencia de la tubería con el tanque séptico, según fotografía adjunta. En las inmediaciones no se detectó el problema denunciado. Lo que ocurra dentro de las viviendas, no pudo ser determinado por ser propiedades cuyo acceso es privado, al ser en su mayoría casas de habitación. En el sector todos los vecinos se apoderaron de la franja de terreno destinada a servidumbre de paso de tuberías de aguas negras y residuales. Dicha franja de terreno es propiedad del INVU, por lo que ni la Municipalidad ni el A y A, hemos podido intervenir para buscar la liberación de la misma. De existir algún problema de obstrucción, el mismo ha sido provocado por alguno de los residentes, al apropiarse de forma indebida de la servidumbre. Se desconoce las razones de haber habilitado un diseño de urbanización incluyendo esa servidumbre de paso de aguas, ya que el mismo fue elaborado y aprobado por el INVU en el año 1960. Ni la Municipalidad ni el A y A, tienen acceso a la tubería ya que la servidumbre de aguas desde el inicio hasta el final se encuentra invadida por los vecinos, mediante tapias, agregados, techos, etc., por lo que desconocemos el estado de la tubería. En cuanto hemos recibido denuncias por parte de los vecinos acerca de alguna obstrucción, nos hemos apoyado del A y A, a fin de que su personal, ingresando dentro de la vivienda del afectado, realice labores de desobstrucción con la maquinaria y el personal; lo cual no es correcto y pone en riesgo al personal mismo; ya que existe el riesgo que por la operación de la maquinaria y equipo dentro de la vivienda se podrían causar daños que conllevarían a denuncias civiles; por lo que esta práctica se ha eliminado. (…) Las acciones realizadas por la municipalidad para erradicar el problema fueron llevadas a cabo a principios del presente año, cuando un grupo de vecinos indicó que el problema de rebalse de aguas negras dentro de sus casas se suscitaba producto de que el tanque colector de las mismas, ubicado en el parque junto al caserío, se encontraba totalmente obstruido. Por tal razón, la municipalidad adquirió́ el compromiso de limpiarlo, y para ello realizó una contratación directa de una empresa encargada en la materia, para realizar la limpieza y reparación del tanque por un monto de un millón de colones, trabajos que fueron ejecutadas en el mes de febrero del presente año, pero al parecer el problema de rebalse persistió, al ser un daño en la tubería a la cual no tenemos acceso. (…) En cuanto a nuestras funciones, acerca de las afectaciones que aquejan al recurrente, no tenemos ninguna actividad pendiente por realizar; como bien se sabe, cada cierto tiempo se tiene que dar limpieza al tanque séptico; por lo que se estima que para este año no habrán mas intervenciones, dado que lo limpiamos en febrero. El tema del manejo y tratamiento de las aguas negras y servidas por ley le competen al A y A. Finalmente, mientras no se defina la situación jurídica en torno a la servidumbre de paso de las aguas, por parte del INVU y los vecinos, las intervenciones de limpieza de la tubería van a ser cada día más complicadas”. En adición, este Tribunal observa que el Ministerio de Salud ha girado una gran cantidad de órdenes sanitarias tanto a la Municipalidad de Puntarenas como al ICAA; sin embargo, el problema persiste. La Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, en el informe técnico n.º MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019 de 9 setiembre de 2019, luego de exponer todas las actuaciones de su representada, manifestó: “CONSIDERANDO (…) 80. En atención a indicación recibida en resolución N° 2018008599, del expediente N° 18-006056-0007-CO, con fecha 1 de junio del 2018 (…) 81. Según reunión llevada a cabo el 18/06/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes y Municipalidad de Puntarenas y comunidad los Acuerdos tomados: - la Municipalidad realizará la limpieza de los tanques y la construcción de las tapas de los tanques y el portón del parquecito; además deberá acatar resolución N° 2018008599 de dar limpieza y mantenimiento a los tanques y gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Una vez libre el paso a la servidumbre los vecinos podrán dar mantenimiento y no ha sido recibido por el A y A. la Defensoría recomienda que las acciones se resuelvan igual en caos (sic) similares analizados. 82. Según lo observado en Acta de Inspección Ocular N° 284-Reg-2018 con fecha del 18 de junio 2018, realizada en conjunto con la Municipalidad de Puntarenas, "se observa tres aberturas sin tapa que corresponde al sistema de aguas residuales, se percibe olores pestilentes. Ser observa vehículo estacionado dentro del parque y salida del garaje del SR. Guillermo Acevedo. Existe una pared de concreto que une ambas viviendas de las alamedas, generando obstrucción a servidumbre. " 83. En reunión llevada a cabo el 24/07/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes y Municipalidad de Puntarenas y comunidad; Entre lo mencionado y acuerdos tomados: Ing. Mauricio Gutiérrez sugiere la necesidad de pasar el sistema de manejo de aguas residuales a la administración de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. - la Municipalidad de Puntarenas deberá realizar estudio legal acerca de servidumbre de Dirección7547. 84. En reunión llevada a cabo el 27/07/2018, en compañía con la Defensoría de los Habitantes Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de Puntarenas y comunidad; Entre lo mencionado y acuerdos -la Municipalidad de Puntarenas deberá realizar estudio legal acerca de servidumbre de Dirección7547 y organizar visitas en conjunto con el fin de tener una visión clara de la problemática. 85. Que según consta en Acta de Inspección Ocular N° 295-Reg-2018; En visita realizada el día 6 de agosto del 2018 se comprueban las tres cajas carecen de tapa y dos de ellas tienen restos de las antiguas tapas en su interior. Presentan acumulación de sedimentos, lodos y aguas, además se perciben malos olores. 86. Que según Orden Sanitaria N° OS-0180REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018 notificados el 12 de setiembre del 2018, al alcalde Municipal y al presidente del Concejo Municipal, respectivamente, en donde deberán proceder a cumplir con: 1.Coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que se proceda a la limpieza y mantenimiento de los tanques sépticos ubicados en la vía pública de Invu El Cocal; de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; esto incluye la colocación de las respectivas tres tapas. 2. Presentar un Plan de Acción, con su respectivo cronograma con plazos no mayor a un año y responsables, que incluya: 2.a) Adoptar las medidas oportunas a fin de corregir y evitar más obstáculos para el normal discurrir de las aguas, para que se elimine toda obstrucción o construcción encontrada en la servidumbre de paso, que permita una adecuada evacuación y flujo de las aguas residuales en la "red de alcantarillado sanitario " de modo que se evite un estancamiento y rebalse de aguas residuales, y con ello la afectación a la salud pública. 2.b) Velar porque se realicen actividades de limpieza con la regularidad necesaria; y de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. " 87. En visita realizada el día 18 de setiembre del 2018, según consta en Acta de Inspección Ocular N° 349-Reg-2018: se comprueba que existe obstrucción del sistema de aguas residuales, los tres tanques no tienen tapa, hay sedimentación y no hay movimiento del agua. 88. Que según Orden sanitaria 183-Reg-2018, notificada el 18/09/2018 al señor Danilo Chavarría Velázquez, jefe cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en la cual se indica que, en un plazo de 1 día hábil, tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de los patios de las viviendas. 2.- SOBRE LOS HECHOS POSTERIORES A LA DENUNCIA: 89. Se recibe la denuncia el día 24 de setiembre del 2018 según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1346-18 por parte del Sr. Nombre105071, en la cual indica que persiste la problemática por obstrucción de las tuberías de aguas negras; la cuadrilla de del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados estuvo la semana pasada y no lograron destapar la obstrucción en su totalidad. 90. Que el 01 de octubre del 2018 se realizan visitas en varias viviendas y la vía pública de la Urbanización el Invu. El Cocal según consta en Acta de Inspección Ocular N° 373-Reg-2018 y N° 375-Reg-2018, donde se comprueba sedimentación en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito y que el cenicero ubicado en la servidumbre de paso de aguas residuales se encuentra lleno de aguas residuales debido a reiterada obstrucción. Se realizan pruebas con fluoresceína sódica y no se comprueba contaminación. 91. Que el 2 de octubre del 2018 según consta en Acta de Inspección Ocular N° 378-Reg- 2017, se realizan visitas en varias viviendas y la vía pública, donde se comprueba sedimentación en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito", y que el cenicero ubicado en la servidumbre de paso de aguas residuales se encuentra lleno de aguas residuales debido a reiterada obstrucción. Se realizan pruebas con fluoresceína sódica y no se comprueba contaminación. 92. Según Orden Sanitaria N° OS-187-REG-2018, notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-189-REG-2018, notificada al alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 3 de octubre del 2018, con plazo de 24 horas, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública y dentro de patios de las viviendas. 93. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 383-Reg-2018, del 4 de octubre del 2018. se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la Ordenes Sanitarias, al momento de la visita, se logra comprobar que no se han realizado actos por parte de la Municipalidad de Puntarenas ni el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales. 94. Que mediante oficios N° PC-ARS-PC-442-2018 y PC-ARS-PC-443-2018, notificados el 4 de octubre del 2018, se presentan formales denuncias judiciales por desobediencia a la autoridad por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de la Municipalidad de Puntarenas. 95. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 385-Reg-2018, de día 05 de octubre del 2018 se realiza nueva visita. Se logra comprobar que existe sedimentación y agua de lluvia en los tres tanques sin tapa ubicados en "parquecito" y que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales, ya que a pesar de que funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se apersonaron recientemente, no se realizaron las acciones requeridas. 96. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 386-Reg-2018, del día 05 de octubre del 2018 se logra comprobar que la caja de registro del Sr Nombre105071 se encuentra colapsada. Pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene los tanques principales (tres cajas de registro) se encuentran llanos de agua, no hay malos olores. Que funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se apersonaron recientemente, no se realizaron las accione (sic) solicitadas. 97. Que mediante oficio N° GSP-RPC-PU-201 8-00654, recibido el 11 de octubre, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al Orden sanitaria 183-Reg-2018. 98. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 512-Reg-2018, del día 11 de octubre del 201 8 se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Nombre105071 se encuentra obstruida pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene a su alrededor. 99. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 514-Reg2018, del día 22 de octubre del 2018 se logra comprobar el incumplimiento de las Orden Sanitaria N° OS-0180-REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018. 100. Se recibe la denuncia el día 5 de noviembre del 201 8, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1 560-18, por parte del Sr. Nombre105071, en la cual indica que nuevamente se presentó la problemática por obstrucción de las tuberías de aguas negras. 101. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 430-Reg-2018, del día 7 de noviembre del 2018 se logra comprobar que la caja de registro del Sr Nombre105071 se encuentra obstruida. Pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene a su alrededor Los tres tanques en el parquecito continúan sin tapa, se perciben olores putrefactos y está próximo a rebalsarse. 102. Según Orden Sanitaria N° OS-208-REG-2018 notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-209-REG-2018, notificada al Alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 9 de noviembre del 2018 con plazo de 24 horas, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 103. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 521-Reg-2018, del 12 de noviembre del 2018, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la (sic) Ordenes (sic) Sanitarias. Al momento de la visita, se logra comprobar que no se han realizado actos por parte de la Municipalidad de Puntarenas ni el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que la problemática continúa por obstrucción del sistema para disposición de las aguas residuales. 104. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 522-Reg-2018, del 13 de noviembre del 2018, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la (sic) Ordenes (sic) Sanitarias OS- 208-REG-2018 y Nº -209-REG-2018, se comprueba las mejoras realizadas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 105. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 523-Reg-2018, del 13 de noviembre del 2018 se logra comprobar el Incumplimiento de las Orden (sic) Sanitaria N° OS-0180-REG-2018 y Orden Sanitaria N° OS-0181-REG-2018. 106. Que mediante oficio N° PC-ARS-PC-516-2018 con fecha del 13 de noviembre 2018 dirigido a la Municipalidad de Puntarenas según con referencia al problema de rebalse de aguas residuales en los patios de las viviendas, producto de la continua obstrucción que genera el colapso del alcantarillado sanitario en la Dirección7547, el INVU Cocal Puntarenas, se solicita su atención al oficio PC-ARS-PC-0325-2018 y el Ordenamiento Sanitario N° OS-0180-REG-2018. 107 Se recibe la nota el día 20 de diciembre del 2018, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1776-18, por parte del Sr. Nombre105071, en la cual indica que hay presencia de maquinaria trabajando en tanque séptico general y solicita funcionario a inspeccionar. 108. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 526-Reg-2018, del 20 de diciembre del 2018, se realiza visita de, encontrándose trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal, en respuesta a oficios y ordenamientos sanitarios que solicitan acción por parte de la Municipalidad de Puntarenas, es urgente que se realicen acciones para prevenir la contaminación al ambiente y riesgo a la salud pública, por los trabajos realizados con lodos del tanque de aguas residuales dispuestos en un parquecito en el INVU, Dirección218, y se acaten la normativa (Articulo 24.- Del vertido de lodos. Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de lodos y biosólidos a cuerpos de agua y de lodos sin tratamiento a los suelos), además de corregirlo relacionada con el transporte y disposición final, para que se utilicen vehículos óptimos. Igualmente que se tomen las medidas de salud ocupacional para que no se incurra en riesgos a la salud de los trabajadores. 109. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 527-Reg-2018, del 21 de diciembre del 2018, se realiza visita de seguimiento a los trabajos realizados, sin variación en la manera que la maquinaria y trabajadores realizan los mismos. 110. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 001-Reg-2019 del 9 de enero del 2019, se realiza visita encontrándose trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal. Además, se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Nombre105071 se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene.111. Según Orden Sanitaria N° OS-001-REG-2019, notificada al Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N° OS-002-REG-2019, notificada a la Alcaldesa de la Municipalidad de Puntarenas que fueron notificadas el 8 de enero del 2019, con plazo de 3 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 112. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 042-Reg-2019, del 11 de enero del 2019, se realiza visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la Ordenes (sic) Sanitarias, se comprueba las mejoras realizadas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Además, los trabajos realizados en este momento en el parquecito del Invu Cocal por parte de la Municipalidad de Puntarenas y contratación externa; con algunas anomalías. 113. Que mediante oficio N° GSP-RPC-PU-2019-0018, recibido el 14 de enero del 2019, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al Orden sanitaria 001-Reg-2019. 114. Se recibe la nota el día 22 de abril del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-056219, por parte del Sr. Nombre105071 en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras. 115. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 086-Reg-2019, del 26 de abril del 2019, se realiza se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Nombre105071 se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene. Se observa humedad alrededor de los tanques recientemente reparados. 116. Según Orden Sanitaria N° OS-041-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Orden Sanitaria N°OS-042-REG-2019 notificada a la Alcaldesa de la Municipalidad de Puntarenas, que fueron notificadas el 29 de abril del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 117. Que el 30 de abril 2019, se recibe Recurso de Revocatoria por parte de la Municipalidad de Puntarenas, contra N°OS-042-REG-2019, la cual es atendida por medio del oficio MS-DRRSPCDARSPC- 0176-2019. 118. Se recibe la nota el día 5 de agosto del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1 096-19, por parte del Sr. Nombre105071, en la cual en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras en su comunidad. 119. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 289-Reg-2019 y N° 290-Reg-2019, del 13 de agosto del 2019, se realiza, se logra comprobar que la caja de registro del Sr. Nombre105071 se encuentra colapsada, pero no se ha rebalsado debido al muro que tiene. Además de que ya no existe macetera encima de la servidumbre. 120. Mediante Orden Sanitaria N° OS-1 13-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 13 de agosto del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 121. Que mediante oficio N° GSP-RPCPU-2019-00594, recibido el 21 de agosto del 2019, por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se informa sobre la atención al (sic) Orden sanitaria 01 13-Reg-2019. 122. Que a través de los últimos cinco años se han atendido múltiples denuncias interpuestas por los vecinos del sector del Cocal en Puntarenas con referencia al problema de rebalse de aguas residuales producto del colapso del alcantarillado sanitario, se han brindado soluciones temporales, ya que dicho sistema de alcantarillado sanitario se obstruye y colapsa periódicamente. 123. Que mediante inspecciones oculares se hace constancia de que, entre los dos sectores de viviendas existe una servidumbre, por la cual pasa la tubería que conduce las aguas residuales que se generan en estas viviendas. Asimismo, que la entrada norte de esta servidumbre se le ha cerrado el paso con pared de concreto, existen muros divisorios entre cada propiedad y existen modificaciones en algunos de los ceniceros, estas modificaciones constructivas no fueron avaladas por este Ministerio. 124. Que según lo indicado por diferentes denunciantes el proyecto habitacional fue construido por desarrolladora INVU, posee un sistema de tratamiento para las aguas residuales que consta de cajas de registro para cada vivienda, una tubería que conduce las aguas residuales (grises negras y posiblemente algunas aguas pluviales), hacia tres tanques de sedimentación, que, por medio de tubería de diámetro desconocido, dispone el afluente al estero. 125. Que no hay constancia en archivo físico ni digital del Área Rectora de algún documento que informe sobre el desfogue del sistema de recolección de aguas residuales en el cuerpo receptor estero ni se cuenta con un croquis o plano del sistema para disponer las aguas residuales, el tanque séptico o el drenaje. 126. Según lo observado por este Ministerio hay tres tanques de sedimentación ubicados en una zona pública donde hay un área de juegos para niños y no se observa portón; se verifica que ya se les colocó tapa de cemento en estos tanques. Y se desconoce si dicho sistema no reúne las características y condiciones de un sistema funcional y efectivo en el tratamiento y disposición final de aguas residuales, lo que podría ocasionar grave contaminación ambiental, situando en riesgo la salud pública y esto afectaría el equilibrio de los ecosistemas, aunado a los factores socio económicos de la zona”. Asimismo, la Gestora Ambiental del Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita, por informe técnico n.º MS-DRRSPC-DARSPC-IT-043-2019 de 24 de setiembre de 2019, refirió lo siguiente: “CONSIDERANDO 1. Que desde el año 2013, el Área Rectora de Salud Puntarenas - Chacarita, ha venido gestionando acciones puntuales en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Municipalidad de Puntarenas, en colaboración con vecinos afectados, desde el incremento en las denuncias sobre los problemas de obstrucción y rebalse de aguas en la “Red de aguas Residuales” del INVU Cocal. Esto se evidencia con mayor detalle en Informe Técnico N° MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019 , el cual informa acerca de lo realizado por gestora ambiental Bach. Brook Vega Davies, del Proceso de Regulación de la Salud de esta Área Rectora de Salud, en respuesta al Recurso de Amparo presentado el 2 de setiembre ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según Expediente N° 19-015715-0007-CO. 2. Se recibe la nota el día 18 de setiembre del 2019, según consta en Boleta de Recepción de Documentos N° PC-AC-1317-19, por parte del Sr. Nombre105071, en la cual en la cual indica que hay obstrucción de las tuberías de aguas negras en su comunidad. 3. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 416 -Reg-2019, del 19 de setiembre del 2019; se ingresa en su propiedad con su autorización para verificar los hechos denunciados, ante obstrucción del sistema de drenaje compartido, entre varias viviendas, lo cual provoca aumento del nivel del agua en caja de registro. Las aguas son contenidas por muro y tapa a su alrededor, ser observan aguas residuales en nivel cercano a rebalsarse. 4. Según consta en Acta de Inspección Ocular N° 419 -Reg-2019, del 19 de setiembre del 2019; en seguimiento de OS-0180-Reg-2018, OS-0181-Reg-2018 y oficio PC-ARS-PC-516-2018; se observan tres tanques con tapa de cemento, con algunas grietas, no se observa humedad alrededor de estos y se perciben malos olores provenientes de tanques y el alcantarillado pluvial. Se observa un vehículo estacionado dentro del parquecito, con placa CL 190839, el cual ser encuentra contiguo a una puerta metálica color negro, esto corresponde a la pared construida que obstruye la servidumbre de paso, en su sector norte, contiguo al parque para niños. 5. Mediante Orden Sanitaria N° OS-167-REG-2019, notificada a Jefe Cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 19 de setiembre del 2019, con plazo de 5 días hábiles, se solicita tomar las medidas necesarias para evitar el rebalse de aguas negras en caja de registro ubicada en vía pública (servidumbre) y dentro de patios de las viviendas. 6. Que ante constantes denuncias recibidas en este Ministerio, se puede evidenciar que la problemática ha venido en aumento y que no ha disminuido desde que se realizó la limpieza del los tres tanques ubicados en parque entre Dirección7548, esto por parte de la Municipalidad. Se desconoce si hay influencia por las llenas de las mareas que podría generar afectación en el sistema de aguas residuales, el cual desfoga en el estero de Puntarenas”. Atinente al sub examine, la Sala, mediante sentencia n.º 2018-008599 de las 9:15 horas del 1º de junio de 2018, resolvió: Considerando: (…) IV.- Sobre el fondo. En el caso particular, son dos los temas que plantea el tutelado, vecino del Dirección7549, ante las autoridades recurridas. Por un lado el problema con la falta de limpieza los tanques de captación de aguas negras y por otro, el problema de falta de mantenimiento del alcantarillado del desarrollo habitacional en que habita. Cada uno de ellos se analiza por separado. 1) Sobre la falta de limpieza los tanques de captación de aguas negras: De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción-, y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se constata por un lado que el desarrollo habitacional donde está el tanque séptico en la rotonda y vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas, en cuestión, fue realizado por el INVU incluyendo el sistema de recolección, que no es administrado por el AyA. Sobre el problema de falta de mantenimiento de los tanques de captación de aguas negras, las autoridades recurridas son contestes en sus respectivos informes al indicar que la situación es real pero la limpieza de los tanques es una obligación que deben asumir los propietarios. Sobre el particular, el Alcalde Municipal omite referirse directamente a la situación planteada por el recurrente y hace énfasis en que esa corporación municipal no cuenta con la atribución directa ni tiene el equipo para realizar una tarea de limpieza de tanques; labor que corresponde, según afirma el Alcalde informante, a los vecinos. Así las cosas, en cuanto el recurso se dirige contra la Municipalidad recurrida esta Sala determina que pese al dicho del Alcalde según el cual la tarea de limpiar los tanques de captación indicados debe ser asumida por los particulares; lo cierto del caso es que conoce de la problemática que afecta a los habitantes de esa zona, y es su deber disponer lo necesario para conminar a los responsables a dar una solución al problema que se conoce desde el año 2015, no obstante se limita a señalar la problemática sin hacer nada al respecto. En el mismo sentido, del informe dado a esta Sala por parte del Área Rectora del Ministerio de Salud esta admite que existe un problema sanitario subsiste, pues admite que la tapa contiene grietas que permiten la salida de malos olores. Pero, no observa la Sala que el Ministerio haya adoptado medidas efectivas para evitar el problema de salud pública que supone el mal estado de la tapa del tanque, que no solo no está sellada sino tiene grietas. La prestación de un servicio público como el que está en manos del Ministerio de Salud exige una eficiencia y diligencias acaso más allá de la necesaria en por parte de otros órganos públicos, por causa de los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, en lo que atañe a sus competencias. Con base en lo expuesto, la Sala considera que la inactividad de la Municipalidad de Puntarenas y del Ministerio de Salud, en este caso es violatoria del derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano del amparado, por lo que procede estimar el recurso en su contra y ordenar que se disponga las medidas necesarias, incluso radicales, y adopte las decisiones pertinentes a fin de eliminar el problema sanitario que puede surgir del mal estado en que se encuentra y la falta de mantenimiento del tanque de captación de aguas negras. 2) Sobre la falta de mantenimiento del alcantarillado del desarrollo habitacional . De los hechos que se tienen por debidamente demostrados en este asunto, y en particular del informe del representante del AyA se desprende que, el sistema de recolección de aguas al que se refiere el recurrente, requiere de mantenimiento preventivo y es necesaria la intervención del ente administrador del sistema, pues en el lugar se ha tolerado la invasión de terrenos en servidumbre de paso de tubería, lo que ha impedido el acceso para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de recolección. De lo expuesto, y particularmente de lo que indica en su informe el representante del AyA ante esta Sala, se desprende que la falta de seguimiento de obras por doquier en la zona afectada, aún sobre el área donde pasa la tubería, ha traído como consecuencia que se den fugas y dificultades para dar mantenimiento a las alcantarillas y sistema de recolección de aguas. Además queda claro que faltan tapas que no han sido reparadas y la carencia de mantenimiento que caracteriza la red de colección de aguas del proyecto habitacional donde reside el recurrente; lleva a concluir que la Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas no ha coordinado y cuanto menos realizado las acciones necesarias tendientes a corregir y a evitar que se agrave la situación de la red de recolección de aguas, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema. Tal pasividad también caracteriza la poca injerencia del Área de Salud recurrida en esta zona, inercia que ha incidido negativamente en la comunidad, pues en ocasiones ha provocado el rebalse de captación y ha limitado el paso de peatones y vehículos. Ahora bien, en cuanto a la probable solución a los problemas de disposición de aguas residuales, del informe pedido por esta Sala al AyA se tiene que tal obligación recae en el desarrollador del proyecto. No obstante, en principio las obras no deberían ser asumidas por la Administración, se constata que ni la Municipalidad recurrida ni el Ministerio de Salud, ante quienes se planteó la respectiva denuncia, han dispuesto lo que les corresponde, dentro de sus atribuciones, para coordinar o emitir las órdenes sanitarias, según corresponde, dirigidas a corregir el problema. Al contrario, lejos de exigir una posición correctiva, -en el lugar se ha tolerado la construcción sobre la servidumbre donde pasa la tubería (véase el informe del AyA). Cuanto menos se ha adoptado una actitud preventiva, pese a que tanto la Municipalidad como el Área de Salud recurridos, admiten que existe el problema de disposición de aguas que pone en riesgo la salud pública y que es conocido desde hace varios años. De lo expuesto, se denota la falta de coordinación de parte de las autoridades recurridas, para dar una solución integral al problema. Por su parte, el representante del Ministerio de Salud intenta justificar su inercia en el informe rendido ante esta Sala, al indicar que en este momento no hay una situación de desbordamiento de aguas. Así las cosas, a criterio de este Tribunal, la actitud pasiva del Área de Salud, que espera el desbordamiento de las aguas para actuar es a todas luces insuficiente, pues el plan es esperar a que se dé una situación límite para procurar dar una solución; en vez de implementar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de recolección de aguas, que se sabe afecta a los habitantes del lugar, de una buena vez. Como consecuencia procede acoger el recurso, en cuanto se dirige contra la Municipalidad y el Área de Salud de Puntarenas, como en efecto se dispone. (…) VII. DEL AMPARO CONTRA EL AYA: Por último, procede desestimar el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por cuanto del informe rendido se desprende que en el lugar donde habita el tutelado, lo que existe es un sistema de recolección privada de aguas residuales, ya que en el sector del Cocal, el AyA únicamente da el servicio de agua potable. Así, el problema sanitario está generado por un sistema de manejo de aguas residuales que no ha sido recibido por esa institución. Por otro lado, las veces que por mandato del Ministerio de Salud -mediante órdenes sanitarias-, ha pedido la intervención de la institución para la resolución del problema, ya que media la salud pública, el AyA ha acatado lo ordenado. Como consecuencia se desestima el recuso, en cuanto a este extremo, lo que en efecto se dispone. VIII. CONCLUSIÓN. En el caso particular, se comprueban los problemas del alcantarillado en la rotonda y en la vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas, que provocan estancamiento y desbordamiento de las aguas, situación que es conocida por el Área Rectora de Salud y la Municipalidad de Puntarenas. No obstante, pese a la denuncia planteada, tales autoridades han omitido encontrar una solución, bajo la excusa de que corresponde a los particulares o al desarrollador el mantenimiento de la red de agua, así como limpiar los tanques sépticos. A lo anterior se suma que no existe a la fecha ninguna orden vigente dirigida por las autoridades de la Municipalidad de Puntarenas recurrida, a los propietarios o/y al encargado del proyecto habitacional, para que den el debido mantenimiento a la red de recolección de aguas, ni procedan a la limpieza del tanque séptico, pese a que tiene fisuras y partes rotas. Tampoco consta que se haya girado órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud, que es el responsable de velar por su obligatorio cumplimiento tal y como le compete según lo determina la Ley General de Salud, que establece el deber ineludible de parte del Ministerio de Salud de atender en forma directa o bien obligar al desarrollador a corregir de forma inmediata el problema que se está ocasionando por la incorrecta disposición de las aguas residuales, situación que está generando el problema de salud que afecta a los amparados y que tiene a agravarse en época de lluvias. Así las cosas, en aplicación del principio preventivo que opera en materia ambiental, procede ordenar a la Municipalidad de Puntarenas y al Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud coordinar lo necesario dentro del ámbito de sus atribuciones, y darle seguimiento a la situación, conforme se indica en la parte dispositiva de esta resolución. Asimismo, deberán resolver y contestar la denuncia planteada por el recurrente desde diciembre de 2017, en el plazo que se indica en la parte dispositiva de esta resolución. (…) Por tanto: Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Randall Chavarría Matarrita en su condición de Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas y o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que en el plazo máximo de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, se proceda a la limpieza y mantenimiento del tanque séptico que se encuentra ubicado en la rotonda y en la vía pública del INVU del Cocal de Puntarenas señalado por el tutelado; y en el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, adoptar las medidas oportunas a fin corregir y evitar más obstáculos para el discurrir de las aguas. En ese mismo plazo, deberá velar porque se realice tal actividad de limpieza con la regularidad necesaria; y, de ser necesario, deberá gestionar la coordinación técnica con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En aplicación del principio preventivo, se ordena a Ericka Jiménez Valverde en su calidad de Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud o a quien en su lugar ocupe el cargo, girar las órdenes sanitarias que considere, para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, así como del tanque séptico indicado ”. Desde este panorama, procede acoger parcialmente con lugar el recurso contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas. Sobre el particular, el recurrente hizo referencia a una problemática que ya había sido conocida en esta jurisdicción en virtud de un recurso de amparo que planteó otra persona. Este Tribunal en la sentencia parcialmente transcrita ordenó a la Municipalidad de Puntarenas coordinar lo necesario y girar las instrucciones pertinentes para que no solo se procediera con la limpieza y mantenimiento del tanque séptico, sino también que se adoptaran las medidas oportunas a fin corregir y evitar más obstáculos para el discurrir de las aguas; además, que debería velar por que se realizara la limpieza con la regularidad necesaria y, de ser necesario, gestionar la coordinación técnica con el ICAA. De igual forma, en esa oportunidad, la Sala ordenó al Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud girar las órdenes sanitarias que considerara, para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, así como del tanque séptico. En el caso concreto, de la prueba aportada por las autoridades recurridas, se desprende que los problemas detectados en el recurso de amparo anterior se mantienen. Al respecto, se observa que, si bien la municipalidad realizó una limpieza de los tanques sépticos en febrero de 2019 (los cuales están conectados a la servidumbre), en su informe expuso que no tenía ninguna tarea pendiente, pues no iba a hacer una nueva en lo que restaba del año. Ahora, pese a lo indicado, se constata que, luego de la limpieza de los tanques, el ICAA (ente al que no se le imputó responsabilidad sino únicamente el deber de coordinación técnica) ha tenido que intervenir por el rebalse de aguas negras, lo que demuestra que el problema no se ha solventado. En adición, los oficios de las autoridades de salud expresamente reconocieron que en los últimos cinco años se han atendido múltiples denuncias interpuestas por los vecinos de El Cocal por el rebalse de aguas residuales que se produce porque el alcantarillado sanitario colapsa periódicamente; asimismo, manifestaron conocer que las viviendas son atravesadas por una servidumbre, cuya entrada se encuentra cerrada por una pared de concreto y está obstruida por muros divisorios entre cada propiedad. Precisamente, el Área de Salud de Puntarenas señaló que desconocía si el sistema reunía las características y condiciones de un sistema funcional y efectivo en el tratamiento y disposición final de aguas residuales, lo que podría ocasionar grave contaminación ambiental, situando en riesgo la salud pública y el equilibrio de los ecosistemas. Lo expuesto resulta reprochable pues, si se constata una amenaza o potencial afectación al ambiente y la salud pública, se deben tomar las medidas adecuadas para que estas desaparezcan. Ahora, aun cuando el Ministerio de Salud ha denunciado penalmente al alcalde de Puntarenas por desobediencia a la autoridad y ha ejecutado una gran cantidad de actuaciones, no menos cierto es que la situación denunciada se mantiene. De igual manera, no se puede obviar que la Municipalidad de Puntarenas considera que el problema de marras es competencia del ICAA y este último, además de indicar que no le corresponde la solución, también reprocha que el gobierno local, no solo no ha cumplido la sentencia de la Sala sino que tampoco ha velado por que se eliminen las obstrucciones de la servidumbre de la tubería que se encuentra en el patio de los vecinos. De hecho, uno de los principales problemas es que las autoridades municipales no tienen certeza de la situación jurídica de la servidumbre, pues aun cuando manifestaron que le pertenecía al INVU, de la prueba para mejor resolver ordenada al Registro Nacional, no se evidenció tal afirmación. Incluso, el Ministerio de Salud le requirió a la Municipalidad de Puntarenas que efectuara un estudio legal de la servidumbre, pero no consta que eso haya ocurrido. Por las consideraciones expuestas, se impone estimar el recurso contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, a los efectos de que coordinen lo necesario para que se solucionen las afectaciones que provocan los problemas de aguas residuales y pluviales del sector del INVU en el Dirección218, en relación con el sistema de alcantarillado que atraviesa las propiedades por medio de una servidumbre. En ese sentido, la Municipalidad de Puntarenas deberá analizar la condición actual (física y jurídica) de la servidumbre así como sus respectivas implicaciones desde un punto de vista legal y técnico, y remitir tal informe al Ministerio de Salud. Asimismo, la autoridad de salud deberá analizar el informe de la municipalidad y emitir su propio criterio sobre la servidumbre a los efectos de evaluar la posible responsabilidad de de la municipalidad y de los propietarios de los inmuebles, para que así dicte las medidas provisionales y definitivas que procuren la solución de la problemática denunciada. Finalmente, la Municipalidad de Puntarenas deberá acatar las órdenes sanitarias que se dicten en su contra, sin perjuicio de que en la vía ordinaria se puedan cuestionar tales actos administrativos dictados, así como su viabilidad jurídica y técnica. En relación con lo anterior, si bien se reconoció que en la zona no hay alcantarillado sanitario, esa situación no exime a los responsables de procurar un adecuado tratamiento de las aguas residuales mientras subsista tal situación. Ahora, si el recurrente considera que el ICAA debe construir una red sanitaria en El Cocal de forma inmediata, deberá gestionarle ante esa institución, o bien, en la jurisdicción ordinaria para que, con mayores elementos, en una vía amplia se evacúe la prueba correspondiente y se determine su procedencia o no. Por otra parte, sobre las soluciones específicas que propone el recurrente, estas deberán ser planteadas ante las mismas autoridades, o bien, en la jurisdicción ordinaria. Además, en cuanto al INVU, de acuerdo con los elementos que constan en autos, se declara sin lugar el recurso, toda vez que no resulta evidente que tenga alguna conexión actual con lo acusado; lo anterior se dispone sin perjuicio de que en una vía plena se pueda determinar alguna posible responsabilidad. Finalmente, en los mismos términos del precedente citado, se desestima el recurso en contra del ICAA; sin embargo, deberá tomar nota esta autoridad a los efectos de que brinde, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo técnico que le requieran las autoridades de salud. Asimismo, deberá participar de las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Puntarenas, para que con su conocimiento técnico contribuya a la solución del problema”. VII.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la Sala estima que existen suficientes elementos de convicción para acoger el presente recurso de amparo. Como puede apreciarse del elenco de hechos probados, ciertamente las autoridades accionadas han realizado algunas acciones tendentes a solucionar la problemática aludida por la parte recurrente, en torno a la inadecuada disposición de aguas residuales y negras en un cuerpo de agua que recorre el Dirección1615, en Puntarenas. Asimismo, se observa que los recurridos aceptan que existen constantes conductas de los vecinos, quienes llevan residuos sólidos a la pista de aterrizaje de Chacarita, provocando una grave contaminación en dicho lugar. Según lo indicado bajo juramento por el Alcalde de Puntarenas, en inspección realizada recientemente, el día 29 de enero de 2025, se comprobó que el problema de contaminación por residuos sólidos persiste en esta zona, por lo cual la Municipalidad de Puntarenas inició con la limpieza y recolección de los residuos sólidos acumulados en la zona de la pista de aterrizaje y áreas aledañas al canal pluvial a partir del 30 de enero de 2025. Aclara que se coordinarán limpiezas periódicas con la maquinaria municipal a partir del presente año 2025. Además, agrega que una gran mayoría de las construcciones ubicadas al sur del canal pluvial constituyen invasiones del terreno propiedad de la Dirección General de Aviación Civil. Existe un proyecto a futuro (2025-2030) para la construcción del alcantarillado sanitario en la Gran Puntarenas, cuya fase inicial de diseño fue adjudicada por parte del AyA al consorcio IDOM-INNCIVE, el cual tiene como objetivo principal resolver los problemas relacionados con el manejo y la disposición de las aguas residuales de la población. Sin embargo, no se logra verificar que, a la fecha, se hayan tomado medidas provisionales para evitar que se continúe dando una situación de contaminación en la comunidad Veinte de Noviembre. La Sala aprecia, de la prueba fotográfica aportada al expediente, que en efecto muchas de las viviendas que están en esa localidad tienen tuberías que descargan en el estero o humedal que recorre dicha comunidad. Es decir, sí hay una situación de contaminación grave pues se vierten aguas residuales y negras en dicho cuerpo de agua, sin un adecuado tratamiento ni una disposición final planificada. Los vecinos han generado un problema ambiental muy grave que no ha sido atendido de manera diligente ni responsable por parte de las autoridades accionadas, especialmente la Municipalidad de Puntarenas. Debe recordarse que el municipio accionado es el encargado de velar por la protección de los intereses locales, siendo por supuesto su deber desplegar una conducta de vigilancia constante en escenarios donde se esté provocando contaminación ambiental de alto impacto, como la que se denuncia aquí. Es claro que estos ríos, humedales, esteros y demás cuerpos de agua que recorren el cantón de Puntarenas, desembocan finalmente en el océano Pacífico, donde afectan de manera importante los ecosistemas existentes en esa zona, generando desequilibrio ambiental, afectación turística, problemas pesqueros, y en términos globales, una preocupante conducta pasiva que lesiona gravemente el ordinal 50 de la Constitución Política. De ahí que este Tribunal esté llamado a intervenir en este nuevo caso, como lo ha hecho en varios pronunciamientos anteriores, con el objeto que la Municipalidad de Puntarenas se encargue de sancionar y corregir las conductas que producen contaminación directa en los cuerpos de agua de ese cantón, como lo es el presente caso. VIII.- En relación con el MINAE y el Ministerio de Salud, la Sala es del criterio que estas dependencias han desplegado acciones suficientes como para demostrar su preocupación con la situación ambiental, y han girado las órdenes y acciones concretas para remediar la problemática, de modo tal que no se debe acoger el amparo en su contra. Sin embargo, deberán continuar con su labor de vigilancia y coadyuvando al municipio recurrido, con todas las acciones necesarias para impedir que tales conductas persistan. IX.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. X.- Voto salvado parcial respecto a la parte dispositiva de esta sentencia de la magistrada Garro Vargas. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es la solución del problema denunciado por la parte recurrente referente a la contaminación ocasionada por las aguas residuales y negras, así como los desechos sólidos, en la comunidad de Veinte de Noviembre, en Puntarenas. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo contra la Municipalidad de Puntarenas. Se le ordena a Randall Alexis Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde de Puntarenas, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, en el plazo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se tomen las medidas necesarias para garantizar que en la comunidad de Veinte de Noviembre, en Puntarenas, no se continúe contaminando el cuerpo de agua que atraviesa dicho barrio, con aguas residuales o negras que son descargadas por tuberías provenientes de las viviendas, así como velar por la adecuada disposición de los desechos sólidos en esa localidad, sancionando a los infractores y sentando las responsabilidades legales que ameriten. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Puntarenas al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de Sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del MINAE y Ministerio de Salud de lo indicado por la Sala en el considerando VII de esta sentencia. El magistrado Castillo Víquez pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana Cristina Fernandez A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 1VSGPOCJ9V861 EXPEDIENTE N° 24-033389-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección6012, San José, Dirección2662, Dirección495, calles 19 y 21, Dirección1786 Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:41:08. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**VI. RELATED PRECEDENT.** In Judgment No. 2019-022487 of nine hours fifteen minutes on November fifteenth, two thousand nineteen, this Chamber analyzed a case similar to the present one, also in the vicinity of the Puntarenas estuary. The following was stated: "(...) In the case at hand, the petitioner, who is 83 years old, indicates that in the INVU sector of the El Cocal neighborhood in Puntarenas, there is a problem of contamination, foul odors, backup of blackwater both in bathrooms and yards, and stagnation of blackwater and greywater. He explains that, between the years 1950 and 1960, INVU built 24 houses in the eastern sector of the El Cocal neighborhood in Puntarenas with a party-wall easement (servidumbre medianera) for a pipe to evacuate the waters and manholes (cajas de registro) spaced along it for its cleaning. He states that the waters enter the tank so that the 'fecal sludge' is deposited and the rest of the water flows along the north side towards the estuary. He argues that in 1961 he acquired house No. 19 and has been a resident of the citadel since that year. He mentions that because of the broken lids, some neighbors introduced objects, causing the pipe to clog and, in addition to the overflow of contaminated waters in the yards, the bathrooms could not be used. He recounts that each tenant gradually enclosed their yard and, therefore, obstructed the easement (servidumbre). He maintains that, despite the foregoing, the easement (servidumbre) is valid, since it passes through all the yards and, even though some neighbors have built septic tanks, the discharge water from washing machines, bathrooms, and kitchens circulates through the pipe. He relates that the ICAA does not have a sanitary sewer system in the streets of the El Cocal community and the majority of the waters from the buildings are discharged into the estuary. He asserts that the water evacuation system was designed by INVU; however, it was practically a deception for the owners, who must endure the conditions. He explains that in 2009, they filed several proceedings before the Municipality of Puntarenas regarding a construction in the yard of house No. 24 by Guillermo Acevedo; however, it was on the occasion of the intervention of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) that, through official letter No. PUC-1647-2009 of August 24, 2009, they were given a response when the construction was already finished. He adds that the foregoing prevents the cleaning and clearance of the pipe obstructions. He notes that, given the constant blockages and the municipal reluctance to provide a solution, on February 6, 2017 (record No. 17), he had a hearing with the municipal council, which led to the formation of a commission of councilors, to which personnel from the health authorities, the ICAA, the municipality, and two community members were invited. He recounts that the municipality committed to cleaning the general septic tank; however, it did not address the rest of the request. He mentions that the following points remained pending: 'a) opening of the entrance to the easement (servidumbre), b) placement of about thirty meters of larger-diameter pipe, c) installation of a check valve, to prevent tides from entering the general tank. d) Construction of a gate at the entrance of the easement (servidumbre), expanding the manhole (caja de registro) in the area near the children's playground, for the purpose of future cleanings by AyA e) placing a gate on the north side entrance to the playground to prevent the entry of private vehicles. The installation of only 30 meters of concrete pipe and not in the 150 meters of the entire route, is because it is in this final stretch where the blockages occur.' He explains that at some point there was an agreement between people from the Ministry of Health, the ICAA, and the Cocal Integral Development Association, so that when a pipe blockage occurred, the neighbors would contact the health offices (stationed in Cocal), who would request the service of the crews for cleaning. He argues that the cleaning has been taking place at his dwelling, since other neighbors are unwilling to provide facilities in their homes, because of the dirtiness of the 'fecal sludge' left by the crew members. He complains that in one of the blockages and, despite having requested it in writing, the new head of the ICAA did not authorize the crew to enter private property. He affirms that there is no other place to access the easement (servidumbre), since the entrance to the easement (servidumbre) was usurped by the construction of the yard of house No. 24. He alleges that government institutions have shown no interest in solving the health problem and that the neighbors have distanced themselves from the fight, leaving him alone with the problem. He states that the authorities do not even consider his proposed solutions. He explains that the municipality must have received the streets, green areas, and easements (servidumbres) from INVU for its administration. He points out that the ICAA has no sanitary network in El Cocal and has no interest in resolving the matter. He relates that the Ministry of Health sends sanitary orders to public authorities; however, these are not complied with. He requests compensation for moral damages, since the Municipality of Puntarenas did not attend in time to the construction of a workshop and the usurpation of the entrance to the blackwater easement (servidumbre), which has not been resolved after ten years. From the study of the case records, it has been demonstrated that the Puntarenas Cantonal Unit of the ICAA, through official letter No. GSP-RPC-PU-2019-000648 of September 5, 2019, indicated that an amparo remedy already existed in that sector (No. 18-006056-0007-CO) and that the ICAA only provides the potable water supply service. It indicated that in the sector there are communal sanitary collection systems and that the INVU one itself consists of a condominium sewer system (alcantarillado condominal), in which the dwellings of a specific quadrant have a sanitary sewer pipe located internally along the pipeline passage easement (servidumbre de paso de tubería), which is located in the backyards of the dwellings and crosses all the properties involved, so it was obstructed by the neighbors. It stated that the sewer system (alcantarillado) has never been taken over by the ICAA; however, at the request of the health governing area, inter-institutional meetings have been held involving the Ministry of Health, the Municipality of Puntarenas, and the neighbors. It explained that the Ministry of Health issues sanitary orders to the ICAA to intervene and solve the blockage problem. It argued that even though the ICAA has no involvement in the system, it acts out of the principle of obedience and to ensure public health. It asserted that also, despite the fact that in amparo remedy No. 18-006056-0007-CO no responsibility was assigned to the ICAA, it was ordered to provide collaboration to the Municipality of Puntarenas. It affirmed that, despite what was ordered by the Chamber in the previous process, the Municipality of Puntarenas only built the lids for the water collection tanks, has not carried out the cleaning, nor has it taken actions to correct the problems of land invasion in the pipeline passage easement (servidumbre de paso de tubería). On the other hand, the Chamber verified that the Director of Urban Development and Control of the Municipality of Puntarenas, through official letter No. MP-DCU-483-09-2019 of September 9, 2019, indicated: '(…) At the time of the field inspection, at the described location, no type of contamination with fecal material, nor foul odors, nor blackwater overflow in the sector could be determined. It should be noted that the inspection was carried out at the convergence point of the pipe with the septic tank, according to the attached photograph. In the immediate vicinity, the reported problem was not detected. What occurs inside the dwellings could not be determined because they are properties with private access, being mostly dwelling houses. In the sector, all the neighbors seized the strip of land intended as a pipeline passage easement (servidumbre de paso de tuberías) for blackwater and residual waters. Said strip of land is the property of INVU, so neither the Municipality nor AyA have been able to intervene to seek its liberation. If there is any blockage problem, it has been caused by one of the residents, by improperly appropriating the easement (servidumbre). The reasons for having enabled an urbanization design including that water passage easement (servidumbre de paso de aguas) are unknown, since it was prepared and approved by INVU in 1960. Neither the Municipality nor AyA have access to the pipe since the water easement (servidumbre de aguas) from start to finish is invaded by the neighbors, through walls, additions, roofs, etc., so we do not know the condition of the pipe. When we have received complaints from neighbors about a blockage, we have relied on AyA, so that its personnel, entering the affected person's dwelling, carry out unblocking tasks with machinery and personnel; which is not correct and puts the personnel themselves at risk; since there is a risk that the operation of the machinery and equipment inside the dwelling could cause damages that would lead to civil lawsuits; so this practice has been eliminated. (…) The actions taken by the municipality to eradicate the problem were carried out at the beginning of this year, when a group of neighbors indicated that the blackwater overflow problem inside their homes arose because the collection tank for them, located in the park next to the hamlet, was completely obstructed. For this reason, the municipality undertook the commitment to clean it, and for that purpose, it carried out a direct contracting of a company specialized in the matter, to clean and repair the tank for an amount of one million colones, works that were executed in February of this year, but apparently the overflow problem persisted, since the damage is in the pipe to which we do not have access. (…) Regarding our functions, concerning the complaints affecting the petitioner, we have no pending activity to carry out; as is well known, the septic tank must be cleaned from time to time; therefore, it is estimated that there will be no further interventions this year, given that we cleaned it in February. The issue of the management and treatment of blackwater and greywater is the legal responsibility of AyA. Finally, as long as the legal situation regarding the water passage easement (servidumbre de paso de las aguas) is not defined by INVU and the neighbors, pipe cleaning interventions will become increasingly more complicated.' In addition, this Court observes that the Ministry of Health has issued a large number of sanitary orders to both the Municipality of Puntarenas and the ICAA; however, the problem persists. The Environmental Manager of the Health Regulation Process of the Puntarenas-Chacarita Health Governing Area, in technical report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019 of September 9, 2019, after presenting all the actions of her represented entity, stated: 'CONSIDERING (…) 80. In response to the indication received in resolution No. 2018008599, from file No. 18-006056-0007-CO, dated June 1, 2018 (…) 81. According to a meeting held on 06/18/2018, together with the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) and Municipality of Puntarenas and community, the Agreements taken: - the Municipality will clean the tanks and build the tank lids and the gate of the playground; it must also comply with resolution No. 2018008599 to clean and maintain the tanks and manage the technical coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Once the passage to the easement (servidumbre) is clear, the neighbors may perform maintenance and it has not been taken over by AyA. The Ombudsman's Office recommends that actions be resolved the same way in similar cases analyzed. 82. According to what was observed in Ocular Inspection Record No. 284-Reg-2018 dated June 18, 2018, carried out jointly with the Municipality of Puntarenas, "three openings without lids corresponding to the wastewater system are observed, pestilent odors are perceived. A vehicle parked inside the park and the garage exit of Mr. Guillermo Acevedo are observed. There is a concrete wall that joins both dwellings on the walkways, generating obstruction to the easement (servidumbre)." 83. In a meeting held on 07/24/2018, together with the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) and Municipality of Puntarenas and community; Among what was mentioned and agreements taken: Eng. Mauricio Gutiérrez suggests the need to transfer the wastewater management system to the administration of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. - the Municipality of Puntarenas must carry out a legal study regarding the easement (servidumbre) of 40th Street. 84. In a meeting held on 07/27/2018, together with the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Municipality of Puntarenas, and community; Among what was mentioned and agreements - the Municipality of Puntarenas must carry out a legal study regarding the easement (servidumbre) of 40th Street and organize joint visits in order to have a clear vision of the problem. 85. That as recorded in Ocular Inspection Record No. 295-Reg-2018; In a visit made on August 6, 2018, it is verified that the three manholes (cajas) lack lids and two of them have remains of the old lids inside. They present accumulation of sediments, sludge, and water, and foul odors are also perceived. 86. That according to Sanitary Order No. OS-0180REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018 notified on September 12, 2018, to the Municipal Mayor and the President of the Municipal Council, respectively, wherein they must proceed to comply with: 1. Coordinate what is necessary and issue the pertinent instructions so that the cleaning and maintenance of the septic tanks located on the public road of Invu El Cocal are carried out; if necessary, it must manage the technical coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; this includes the placement of the respective three lids. 2. Submit an Action Plan, with its respective timeline with periods not exceeding one year and responsible parties, which includes: 2.a) Adopting the appropriate measures to correct and prevent further obstacles to the normal flow of waters, to eliminate any obstruction or construction found in the passage easement (servidumbre de paso), allowing for adequate evacuation and flow of wastewater in the "sanitary sewer network" so as to avoid stagnation and overflow of wastewater, and thereby the impact on public health. 2.b) Ensuring that cleaning activities are carried out with the necessary regularity; and if necessary, it must manage the technical coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers." 87. In a visit made on September 18, 2018, as recorded in Ocular Inspection Record No. 349-Reg-2018: it is verified that there is an obstruction of the wastewater system, the three tanks have no lids, there is sedimentation, and there is no water movement. 88. That according to Sanitary Order 183-Reg-2018, notified on 09/18/2018 to Mr. Danilo Chavarría Velázquez, cantonal head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in which it is indicated that, within a period of 1 business day, take the necessary measures to prevent the overflow of blackwater in the manhole (caja de registro) located on the public road (easement (servidumbre)) and within the yards of the dwellings. 2.- REGARDING THE EVENTS SUBSEQUENT TO THE COMPLAINT: 89. The complaint was received on September 24, 2018, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1346-18 from Mr. Marco Torres, in which he indicates that the problem due to blockage of the blackwater pipes persists; the crew of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers was there last week and they could not completely unclog the obstruction. 90. That on October 1, 2018, visits were made to several dwellings and the public road of the Invu Urbanization. El Cocal as recorded in Ocular Inspection Record No. 373-Reg-2018 and No. 375-Reg-2018, where sedimentation is verified in the three tanks without lids located in the 'playground' and that the ash pit located in the wastewater passage easement (servidumbre de paso) is full of wastewater due to repeated obstruction. Tests were performed with sodium fluorescein and no contamination was verified. 91. That on October 2, 2018, as recorded in Ocular Inspection Record No. 378-Reg-2017, visits were made to several dwellings and the public road, where sedimentation is verified in the three tanks without lids located in the 'playground', and that the ash pit located in the wastewater passage easement (servidumbre de paso) is full of wastewater due to repeated obstruction. Tests were performed with sodium fluorescein and no contamination was verified. 92. According to Sanitary Order No. OS-187-REG-2018, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and Sanitary Order No. OS-189-REG-2018, notified to the Mayor of the Municipality of Puntarenas, which were notified on October 3, 2018, with a period of 24 hours, it was requested to take the necessary measures to prevent the overflow of blackwater in the manhole (caja de registro) located on the public road and within the yards of the dwellings. 93. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 383-Reg-2018, of October 4, 2018, a follow-up visit was made to verify compliance with the Sanitary Orders. At the time of the visit, it was possible to verify that no actions had been taken by the Municipality of Puntarenas or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, since the problem of obstruction of the wastewater disposal system continues. 94. That through official letters No. PC-ARS-PC-442-2018 and PC-ARS-PC-443-2018, notified on October 4, 2018, formal judicial complaints were filed for disobedience to authority against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Municipality of Puntarenas. 95. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 385-Reg-2018, on October 5, 2018, a new visit was made. It is possible to verify that there is sedimentation and rainwater in the three tanks without lids located in the 'playground' and that the problem of obstruction of the wastewater disposal system continues, given that even though officials of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers recently appeared, the required actions were not taken. 96. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 386-Reg-2018, on October 5, 2018, it is possible to verify that Mr. Marco Torres's manhole (caja de registro) is collapsed. But it has not overflowed due to the wall that surrounds the main tanks (three manholes (cajas de registro)), which are full of water, there are no foul odors. That officials of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers recently appeared, but the requested actions were not taken. 97. That through official letter No. GSP-RPC-PU-201 8-00654, received on October 11, from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, a report was made regarding the response to Sanitary Order 183-Reg-2018. 98. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 512-Reg-2018, on October 11, 2018, it is possible to verify that Mr. Marco Torres's manhole (caja de registro) is obstructed but it has not overflowed due to the wall that surrounds it. 99. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 514-Reg2018, on October 22, 2018, it is possible to verify non-compliance with Sanitary Order No. OS-0180-REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018. 100. The complaint was received on November 5, 2018, according to what is recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1 560-18, from Mr. Marco Torres, in which he indicates that the problem of blockage of the blackwater pipes occurred again. 101. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 430-Reg-2018, on November 7, 2018, it is possible to verify that Mr. Marco Torres's manhole (caja de registro) is obstructed. But it has not overflowed due to the wall that surrounds it. The three tanks in the playground continue without a lid, putrid odors are perceived, and it is about to overflow. 102. According to Sanitary Order No. OS-208-REG-2018 notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and Sanitary Order No. OS-209-REG-2018, notified to the Mayor of the Municipality of Puntarenas, which were notified on November 9, 2018, with a period of 24 hours, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of blackwater in the manhole (caja de registro) located on the public road (easement (servidumbre)) and within the yards of the dwellings. 103. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 521-Reg-2018, on November 12, 2018, a follow-up visit was made to verify compliance with the Sanitary Orders. At the time of the visit, it is verified that no actions have been taken by the Municipality of Puntarenas or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, since the problem of obstruction of the wastewater disposal system continues. 104. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 522-Reg-2018, on November 13, 2018, a follow-up visit was made to verify compliance with Sanitary Orders OS-208-REG-2018 and No. -209-REG-2018. The improvements made by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers were verified. 105. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 523-Reg-2018, on November 13, 2018, non-compliance with Sanitary Order No. OS-0180-REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018 was verified. 106. That through official letter No. PC-ARS-PC-516-2018 dated November 13, 2018, addressed to the Municipality of Puntarenas, regarding the problem of wastewater overflows in the yards of the dwellings, as a result of the continuous obstruction causing the collapse of the sanitary sewer system on 40th Street, INVU Cocal Puntarenas, attention was requested to official letter PC-ARS-PC-0325-2018 and Sanitary Order No. OS-0180-REG-2018. 107. The note was received on December 20, 2018, according to what is recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1776-18, from Mr. Marco Torres, in which he indicates that there is machinery working on the general septic tank and requests an official to inspect. 108. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 526-Reg-2018, on December 20, 2018, a visit was made, finding works being carried out at that moment in the playground of Invu Cocal, in response to official letters and sanitary orders requesting action from the Municipality of Puntarenas. It is urgent that actions be taken to prevent environmental contamination and risk to public health, due to the works carried out with sludge from the wastewater tank disposed of in a playground in INVU, El Cocal neighborhood of Puntarenas, and that the regulations be complied with (Article 24.- On the discharge of sludge. The discharge of any type of sludge and biosolids into water bodies and untreated sludge onto soils is prohibited), in addition to correcting it related to transportation and final disposal, so that optimal vehicles are used. Also, that occupational health measures be taken so as not to incur risks to the workers' health. 109. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 527-Reg-2018, on December 21, 2018, a follow-up visit was made to the works carried out, with no variation in the way the machinery and workers perform them. 110. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 001-Reg-2019 of January 9, 2019, a visit was made, finding works being carried out at that moment in the playground of Invu Cocal. In addition, it is possible to verify that Mr. Marco Torres's manhole (caja de registro) is collapsed, but it has not overflowed due to the wall that it has. 111. According to Sanitary Order No. OS-001-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and Sanitary Order No. OS-002-REG-2019, notified to the Mayoress of the Municipality of Puntarenas, which were notified on January 8, 2019, with a period of 3 business days, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of blackwater in the manhole (caja de registro) located on the public road (easement (servidumbre)) and within the yards of the dwellings. 112. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 042-Reg-2019, on January 11, 2019, a follow-up visit was made to verify compliance with the Sanitary Orders. Improvements made by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers were verified. Also, the works carried out at that moment in the playground of Invu Cocal by the Municipality of Puntarenas and external contractor; with some anomalies. 113. That through official letter No. GSP-RPC-PU-2019-0018, received on January 14, 2019, from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, a report was made regarding the response to Sanitary Order 001-Reg-2019. 114. The note was received on April 22, 2019, according to what is recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-056219, from Mr. Marco Torres in which he indicates that there is an obstruction of the blackwater pipes. 115. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 086-Reg-2019, on April 26, 2019, it was possible to verify that Mr. Marco Torres's manhole (caja de registro) is collapsed, but it has not overflowed due to the wall that it has. Humidity is observed around the recently repaired tanks. 116. According to Sanitary Order No. OS-041-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and Sanitary Order No. OS-042-REG-2019 notified to the Mayoress of the Municipality of Puntarenas, which were notified on April 29, 2019, with a period of 5 business days, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of blackwater in the manhole (caja de registro) located on the public road (easement (servidumbre)) and within the yards of the dwellings. 117. That on April 30, 2019, a Revocation Remedy (Recurso de Revocatoria) was received from the Municipality of Puntarenas, against No. OS-042-REG-2019, which was addressed through official letter MS-DRRSPCDARSPC-0176-2019. 118. The note was received on August 5, 2019, according to what is recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1 096-19, from Mr. Marco Torres, in which he indicates that there is an obstruction of the blackwater pipes in his community. 119. According to what is recorded in Ocular Inspection Record No. 289-Reg-2019 and No. 290-Reg-2019, on August 13, 2019, it was possible to verify that Mr. Marco Torres's manhole (caja de registro) is collapsed, but it has not overflowed due to the wall that it has. In addition, the planter is no longer on top of the easement (servidumbre). 120. Through Sanitary Order No. OS-1 13-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers on August 13, 2019, with a period of 5 business days, it was requested to take the necessary measures to prevent the overflow of blackwater in the manhole (caja de registro) located on the public road (easement (servidumbre)) and within the yards of the dwellings. 121. That through official letter No. GSP-RPCPU-2019-00594, received on August 21, 2019, from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, a report was made regarding the response to Sanitary Order 01 13-Reg-2019. 122. That over the past five years, multiple complaints filed by residents of the Cocal sector in Puntarenas regarding the problem of wastewater overflow resulting from the collapse of the sanitary sewer system have been addressed; temporary solutions have been provided, as said sanitary sewer system becomes obstructed and collapses periodically. 123. That through on-site inspections it is recorded that, between the two housing sectors, there is an easement (servidumbre) through which the pipe carrying the wastewater generated in these homes passes. Likewise, that the northern entrance of this easement (servidumbre) has been blocked off with a concrete wall, there are dividing walls between each property, and there are modifications to some of the grease traps (ceniceros); these construction modifications were not approved by this Ministry. 124. That according to what was stated by various complainants, the housing project was built by the developer INVU; it has a wastewater treatment system consisting of inspection boxes (cajas de registro) for each home, a pipe that carries the wastewater (gray and black water and possibly some stormwater) to three sedimentation tanks, which, by means of a pipe of unknown diameter, discharges the effluent to the estuary (estero). 125. That there is no record in the physical or digital file of the Rectorate Area (Área Rectora) of any document reporting on the discharge of the wastewater collection system into the receiving body, the estuary (estero), nor is there a sketch or plan of the system for disposing of the wastewater, the septic tank, or the drainage. 126. According to what was observed by this Ministry, there are three sedimentation tanks located in a public area where there is a children's play area and no gate is observed; it is verified that a cement lid has already been placed on these tanks. And it is unknown whether said system meets the characteristics and conditions of a functional and effective system for the treatment and final disposal of wastewater, which could cause serious environmental pollution, placing public health at risk and affecting the balance of ecosystems, coupled with the socio-economic factors of the area." Likewise, the Environmental Manager of the Health Regulation Process of the Puntarenas-Chacarita Health Rectorate Area (Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita), through technical report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-043-2019 of September 24, 2019, stated the following: "CONSIDERING 1. That since 2013, the Puntarenas - Chacarita Health Rectorate Area (Área Rectora de Salud Puntarenas - Chacarita) has been managing specific actions jointly with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and the Municipality of Puntarenas, in collaboration with affected residents, since the increase in complaints about obstruction and water overflow problems in the 'Wastewater Network' (Red de aguas Residuales) of INVU Cocal. This is evidenced in greater detail in Technical Report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019, which reports on what was done by the environmental manager, Bach. Brook Vega Davies, of the Health Regulation Process of this Health Rectorate Area (Área Rectora de Salud), in response to the Amparo Appeal filed on September 2 before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, under Case File No. 19-015715-0007-CO. 2. The note is received on September 18, 2019, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1317-19, from Mr. Marco Torres, in which he indicates that there is an obstruction of the blackwater pipes in his community. 3. As recorded in On-Site Inspection Record No. 416-Reg-2019, of September 19, 2019; his property is entered with his authorization to verify the reported facts, given the obstruction of the shared drainage system among several homes, which causes the water level in the inspection box (caja de registro) to rise. The waters are contained by a wall and lid around them; wastewater is observed at a level close to overflowing. 4. As recorded in On-Site Inspection Record No. 419-Reg-2019, of September 19, 2019; in follow-up to OS-0180-Reg-2018, OS-0181-Reg-2018, and official letter PC-ARS-PC-516-2018; three tanks with cement lids are observed, with some cracks; no moisture is observed around them, and bad odors are perceived coming from the tanks and the storm sewer. A vehicle is observed parked inside the small park, with license plate CL 190839, which is located adjacent to a black metal door; this corresponds to the built wall that obstructs the right-of-way easement (servidumbre de paso), in its northern sector, adjacent to the children's park. 5. By Sanitary Order No. OS-167-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) on September 19, 2019, with a period of 5 business days, it is requested to take the necessary measures to prevent the overflow of blackwater in the inspection box (caja de registro) located on a public road (easement, servidumbre) and within the patios of the homes. 6. That given the constant complaints received by this Ministry, it can be demonstrated that the problem has been increasing and has not decreased since the cleaning of the three tanks located in the park between streets 38 and 40 was carried out, this by the Municipality. It is unknown whether there is influence from high tides that could generate an impact on the wastewater system, which discharges into the Puntarenas estuary (estero)." Regarding the sub examine, the Chamber, through judgment No. 2018-008599 of 9:15 a.m. on June 1, 2018, resolved: "Considering: (...) IV.- On the merits. In this particular case, there are two issues raised by the petitioner, a resident of the El Invu neighborhood of Cocal in Puntarenas, before the respondent authorities. On one hand, the problem of the lack of cleaning of the blackwater catchment tanks, and on the other, the problem of lack of maintenance of the sewer system of the housing development where he lives. Each one is analyzed separately. 1) Regarding the lack of cleaning of the blackwater catchment tanks: From the reports provided by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of this matter, it is confirmed on one hand that the housing development where the septic tank is located on the traffic circle and public road of INVU in Cocal of Puntarenas, in question, was carried out by INVU, including the collection system, which is not administered by the AyA. Regarding the problem of lack of maintenance of the blackwater catchment tanks, the respondent authorities agree in their respective reports in indicating that the situation is real, but that cleaning the tanks is an obligation that the owners must assume. On this point, the Municipal Mayor omits referring directly to the situation raised by the appellant and emphasizes that this municipal corporation does not have the direct authority or the equipment to carry out a tank cleaning task; a task that, according to the reporting Mayor, corresponds to the residents. Thus, to the extent that the appeal is directed against the respondent Municipality, this Chamber determines that despite the Mayor's statement that the task of cleaning the indicated catchment tanks must be assumed by private individuals, the truth of the matter is that he is aware of the problem affecting the inhabitants of that area, and it is his duty to arrange what is necessary to compel those responsible to provide a solution to the problem that has been known since 2015; however, he merely points out the problem without doing anything about it. In the same vein, from the report given to this Chamber by the Rectorate Area (Área Rectora) of the Ministry of Health, it admits that a sanitary problem persists, as it admits that the lid has cracks that allow bad odors to escape. But this Chamber does not observe that the Ministry has adopted effective measures to prevent the public health problem posed by the poor condition of the tank lid, which is not only unsealed but has cracks. The provision of a public service such as that in the hands of the Ministry of Health demands efficiency and diligence perhaps beyond what is necessary on the part of other public bodies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, regarding its competencies. Based on the foregoing, the Chamber considers that the inactivity of the Municipality of Puntarenas and the Ministry of Health, in this case, is in violation of the fundamental right to health and a healthy environment of the petitioner; therefore, it is appropriate to grant the appeal against them and order that the necessary measures, even radical ones, be arranged, and the pertinent decisions adopted in order to eliminate the sanitary problem that may arise from the poor condition and lack of maintenance of the blackwater catchment tank. 2) Regarding the lack of maintenance of the sewer system of the housing development. From the facts that are deemed duly proven in this matter, and in particular from the report of the representative of AyA, it is clear that the water collection system referred to by the appellant requires preventive maintenance, and the intervention of the entity administering the system is necessary, since the invasion of land within the pipeline right-of-way easement (servidumbre de paso) has been tolerated, which has prevented access to carry out preventive and corrective maintenance work on the collection network. From the foregoing, and particularly from what the representative of AyA indicates in his report before this Chamber, it is clear that the lack of follow-up on works everywhere in the affected area, even on the area where the pipeline passes, has resulted in leaks and difficulties in maintaining the sewers and the water collection system. Furthermore, it is clear that there are missing lids that have not been repaired, and the lack of maintenance that characterizes the water collection network of the housing project where the appellant resides leads to the conclusion that the Municipality of the Central Canton of Puntarenas has not coordinated, much less carried out, the necessary actions aimed at correcting and preventing the situation of the water collection network from worsening, in order to guarantee the proper functioning of the system. Such passivity also characterizes the limited involvement of the respondent Health Area in this zone, inertia that has negatively impacted the community, as on occasions it has caused catchment overflow and limited the passage of pedestrians and vehicles. Now, regarding the probable solution to the wastewater disposal problems, from the report requested by this Chamber from AyA, it is found that such obligation falls on the developer of the project. However, although in principle the works should not be assumed by the Administration, it is confirmed that neither the respondent Municipality nor the Ministry of Health, before whom the respective complaint was filed, have arranged what corresponds to them, within their powers, to coordinate or issue the sanitary orders, as appropriate, aimed at correcting the problem. On the contrary, far from demanding a corrective stance—construction on the easement (servidumbre) where the pipeline passes has been tolerated (see the AyA report). At the very least, a preventive attitude has not been adopted, despite the fact that both the Municipality and the respondent Health Area admit that there is a wastewater disposal problem that puts public health at risk and has been known for several years. From the foregoing, the lack of coordination on the part of the respondent authorities to provide a comprehensive solution to the problem is evident. For his part, the representative of the Ministry of Health attempts to justify his inertia in the report provided to this Chamber by indicating that at this moment there is no situation of water overflow. Thus, in the opinion of this Tribunal, the passive attitude of the Health Area, which waits for the overflow of water to act, is clearly insufficient, as the plan is to wait for a critical situation to arise in order to try to provide a solution, instead of implementing preventive and corrective maintenance of the water collection network, which is known to affect the inhabitants of the place, once and for all. Consequently, it is appropriate to grant the appeal, to the extent it is directed against the Municipality and the Health Area of Puntarenas, as is hereby ordered. (...) VII. ON THE AMPARO AGAINST AYA: Finally, it is appropriate to dismiss the amparo against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), since from the report provided it is evident that in the place where the petitioner lives, what exists is a private wastewater collection system, given that in the Cocal sector, AyA only provides potable water service. Thus, the sanitary problem is generated by a wastewater management system that has not been received by that institution. On the other hand, the times that by mandate of the Ministry of Health—through sanitary orders—the intervention of the institution has been requested for the resolution of the problem, since public health is involved, AyA has complied with what was ordered. Consequently, the appeal is dismissed regarding this point, as is hereby ordered. VIII. CONCLUSION. In this particular case, the problems of the sewer system at the traffic circle and on the public road of INVU in Cocal, Puntarenas, are verified, causing stagnation and overflow of water, a situation known to the Health Rectorate Area (Área Rectora de Salud) and the Municipality of Puntarenas. However, despite the filed complaint, such authorities have omitted finding a solution, under the excuse that the maintenance of the water network, as well as cleaning the septic tanks, corresponds to private individuals or the developer. Added to the above is that to date there is no current order issued by the authorities of the respondent Municipality of Puntarenas to the owners and/or the person in charge of the housing project, so that they provide proper maintenance to the water collection network, nor proceed with cleaning the septic tank, despite it having fissures and broken parts. Nor is it recorded that sanitary orders have been issued by the Ministry of Health, which is responsible for ensuring their mandatory compliance as it is empowered according to the General Health Law (Ley General de Salud), which establishes the unavoidable duty on the part of the Ministry of Health to attend directly or to compel the developer to immediately correct the problem being caused by the improper disposal of wastewater, a situation that is generating the health problem affecting the petitioners and which worsens during the rainy season. Thus, in application of the preventive principle that operates in environmental matters, it is appropriate to order the Municipality of Puntarenas and the Health Rectorate Area (Área Rectora de Salud) of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health to coordinate what is necessary within the scope of their powers, and follow up on the situation, as indicated in the operative part of this resolution. Likewise, they must resolve and respond to the complaint filed by the appellant since December 2017, within the period indicated in the operative part of this resolution. (...) Therefore: The appeal is DECLARED WITH MERIT. Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Municipal Mayor of the Central Canton of Puntarenas, and/or whoever holds said office in his stead, is ordered to coordinate what is necessary and issue the pertinent instructions so that within a maximum period of one month from the notification of this judgment, the cleaning and maintenance of the septic tank located at the traffic circle and on the public road of INVU in Cocal, Puntarenas, as indicated by the petitioner, be carried out; and within a period of one year from the notification of this judgment, adopt the appropriate measures to correct and prevent further obstacles to the flow of water. Within that same period, he must ensure that such cleaning activity is carried out with the necessary regularity; and, if necessary, he must manage the technical coordination with the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). In application of the preventive principle, Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Health Rectorate Area (Área Rectora de Salud) of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, or whoever holds said office in her stead, is ordered to issue the sanitary orders she deems appropriate for the proper functioning of the sanitary sewer system, as well as the indicated septic tank." From this standpoint, it is appropriate to partially grant the appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas. On this matter, the appellant referred to a problem that had already been known in this jurisdiction by virtue of an amparo appeal filed by another person. This Tribunal, in the partially transcribed judgment, ordered the Municipality of Puntarenas to coordinate what was necessary and issue the pertinent instructions so that not only the cleaning and maintenance of the septic tank be carried out, but also that the appropriate measures be adopted to correct and prevent further obstacles to the flow of water; in addition, it had to ensure that cleaning was carried out with the necessary regularity and, if necessary, manage technical coordination with ICAA. Similarly, on that occasion, the Chamber ordered the Health Rectorate Area (Área Rectora de Salud) of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health to issue the sanitary orders it considered appropriate for the proper functioning of the sanitary sewer system, as well as the septic tank. In the specific case, from the evidence provided by the respondent authorities, it is evident that the problems detected in the previous amparo appeal persist. In this regard, it is observed that, although the municipality cleaned the septic tanks in February 2019 (which are connected to the easement, servidumbre), in its report it stated that it had no pending tasks, as it was not going to do another one for the remainder of the year. Now, despite what was stated, it is confirmed that, after the cleaning of the tanks, ICAA (an entity to which no responsibility was attributed, only the duty of technical coordination) has had to intervene due to the overflow of blackwater, which demonstrates that the problem has not been solved. In addition, the official letters from the health authorities expressly acknowledged that over the past five years, multiple complaints filed by residents of El Cocal have been addressed regarding the overflow of wastewater that occurs because the sanitary sewer system collapses periodically; likewise, they stated they knew that the homes are crossed by an easement (servidumbre), whose entrance is blocked by a concrete wall and is obstructed by dividing walls between each property. Precisely, the Health Area of Puntarenas pointed out that it did not know if the system met the characteristics and conditions of a functional and effective system for the treatment and final disposal of wastewater, which could cause serious environmental pollution, putting public health and the balance of ecosystems at risk. The foregoing is reprehensible because, if a threat or potential impact on the environment and public health is verified, adequate measures must be taken to eliminate them. Now, even though the Ministry of Health has criminally denounced the mayor of Puntarenas for disobedience to authority and has carried out a large number of actions, it is no less true that the reported situation persists. Similarly, it cannot be ignored that the Municipality of Puntarenas considers that the problem at hand is the responsibility of ICAA, and the latter, in addition to stating that the solution is not its responsibility, also reproves that the local government has not only failed to comply with the Chamber's judgment but has also failed to ensure that the obstructions of the pipeline easement (servidumbre) located in the residents' patios are eliminated. In fact, one of the main problems is that the municipal authorities are not certain about the legal status of the easement (servidumbre), because even though they stated that it belonged to INVU, from the evidence for a better resolution ordered from the National Registry (Registro Nacional), such an assertion was not evidenced. Furthermore, the Ministry of Health requested the Municipality of Puntarenas to carry out a legal study of the easement (servidumbre), but there is no record of that having occurred. For the reasons stated, it is necessary to grant the appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, for them to coordinate what is necessary to solve the impacts caused by the wastewater and stormwater problems of the INVU sector in the El Cocal neighborhood of Puntarenas, in relation to the sewer system that crosses the properties through an easement (servidumbre). In this sense, the Municipality of Puntarenas must analyze the current condition (physical and legal) of the easement (servidumbre) as well as its respective implications from a legal and technical point of view, and forward such report to the Ministry of Health. Likewise, the health authority must analyze the municipality's report and issue its own opinion on the easement (servidumbre) for the purpose of evaluating the possible liability of the municipality and the property owners, in order to then issue the provisional and definitive measures seeking a solution to the reported problem. Finally, the Municipality of Puntarenas must comply with the sanitary orders issued against it, without prejudice to the fact that such administrative acts issued, as well as their legal and technical viability, may be challenged in the ordinary courts. In relation to the above, although it was recognized that there is no sanitary sewer system in the area, that situation does not exempt those responsible from ensuring adequate treatment of wastewater while such situation persists. Now, if the appellant considers that ICAA must immediately build a sanitary network in El Cocal, he must petition that institution, or else, in the ordinary jurisdiction, so that, with more elements, in a broad venue, the corresponding evidence can be evaluated and its appropriateness or not determined. On the other hand, regarding the specific solutions proposed by the appellant, these must be raised before the same authorities, or else, in the ordinary jurisdiction. Furthermore, regarding INVU, according to the elements in the record, the appeal is declared without merit, since it is not evident that it has any current connection to the alleged facts; the foregoing is ordered without prejudice to the possibility that any potential liability may be determined in a full venue. Finally, on the same terms as the cited precedent, the appeal against ICAA is dismissed; however, this authority must take note in order to provide, within the scope of its competencies, the technical support requested by the health authorities. Likewise, it must participate in the corresponding coordination with the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, so that with its technical knowledge it contributes to the solution of the problem." VII.- ON THE MERITS. In the sub lite, the Chamber considers that there are sufficient convincing elements to grant this amparo appeal. As can be seen from the list of proven facts, certainly the respondent authorities have carried out some actions aimed at solving the problem mentioned by the appellant regarding the inadequate disposal of gray and black wastewater into a body of water that runs through the Veinte de Noviembre neighborhood in Puntarenas. Likewise, it is observed that the respondents accept that there are constant behaviors by residents, who take solid waste to the Chacarita landing strip, causing serious pollution in that location. According to what was stated under oath by the Mayor of Puntarenas, in a recently conducted inspection on January 29, 2025, it was confirmed that the problem of pollution from solid waste persists in this area, which is why the Municipality of Puntarenas began cleaning and collecting the accumulated solid waste in the landing strip area and areas surrounding the stormwater channel starting January 30, 2025. He clarifies that periodic cleanings will be coordinated with municipal machinery starting this year 2025. Furthermore, he adds that a large majority of the constructions located south of the stormwater channel constitute invasions of land owned by the General Directorate of Civil Aviation. There is a future project (2025-2030) for the construction of the sanitary sewer system in Gran Puntarenas, whose initial design phase was awarded by AyA to the IDOM-INNCIVE consortium, whose main objective is to solve the problems related to the management and disposal of the population's wastewater. However, it is not possible to verify that, to date, provisional measures have been taken to prevent a situation of pollution from continuing in the Veinte de Noviembre community. The Chamber appreciates, from the photographic evidence provided to the case file, that indeed many of the homes in that locality have pipes that discharge into the estuary or wetland that runs through said community. That is, there is a situation of serious pollution because gray and black wastewater is discharged into said body of water, without adequate treatment or a planned final disposal. The residents have generated a very serious environmental problem that has not been addressed diligently or responsibly by the respondent authorities, especially the Municipality of Puntarenas. It must be remembered that the respondent municipality is responsible for ensuring the protection of local interests, it being of course its duty to deploy constant vigilance in scenarios where high-impact environmental pollution is being caused, such as that reported here. It is clear that these rivers, wetlands, estuaries (esteros), and other bodies of water that flow through the canton of Puntarenas ultimately empty into the Pacific Ocean, where they significantly affect the existing ecosystems in that area, generating environmental imbalance, tourism impact, fishing problems, and in global terms, a worrying passive conduct that seriously injures constitutional article 50 of the Political Constitution. Hence, this Tribunal is called upon to intervene in this new case, as it has done in several previous pronouncements, with the objective that the Municipality of Puntarenas be responsible for sanctioning and correcting the behaviors that produce direct pollution in the bodies of water of that canton, as is the present case. VIII.- In relation to MINAE and the Ministry of Health, the Chamber is of the opinion that these agencies have deployed sufficient actions to demonstrate their concern for the environmental situation, and have issued the orders and concrete actions to remedy the problem, in such a way that the amparo should not be granted against them. However, they must continue with their surveillance work and assist the respondent municipality with all necessary actions to prevent such behaviors from persisting. (...)" ... See more Related Judgments Content of Interest: Content Type: Majority Vote Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics: NOT APPLICABLE. ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION "(...) I.- Preliminary clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in the sub lite, an exceptional case is presented, as it involves a complaint related to the existence of pipes in several houses that discharge wastewater into a wetland, which has not been resolved within a reasonable time. Considering the fundamental right invoked (environment), this Chamber assesses the possible delays in resolving complaints of this type. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (...)" VCG03/2025 ... See more Content of Interest: Content Type: Separate Note Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics: NOT APPLICABLE. IX.- Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court, that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is the Court’s exclusive purview, based on Section 7 of its Law, to define its own jurisdiction. Therefore, except for those juridical-constitutional disputes that this same Chamber has recognized as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Section 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VCG03/2025 ... See more Content of Interest: Content type: Dissenting Vote Branch of Law: 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE Topic: 056- Enforcement of judgments Subtopics: NOT APPLICABLE. X.- Partially dissenting vote with respect to the operative part of this judgment by Judge Garro Vargas. While I concur with the majority of the Chamber that the amparo should be granted, I differ as to where the enforcement phase of the matter should be housed, due to the lack of adequate mechanisms provided by the rules governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, such as the solution to the problem denounced by the petitioners regarding pollution caused by wastewater and blackwater, as well as solid waste, in the community of Veinte de Noviembre, in Puntarenas. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code regarding enforcement (Article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the enforcement phase must take place before the Enforcement Division of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment enforcement rules of said Code. VCG03/2025 ... See more Text of the resolution Exp: 24-033389-0007-CO Res. No. 2025006950 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty hours on March seventh, two thousand twenty-five. Amparo proceeding processed in file Nombre126406, identity card CED70837, Nombre126407, identity card CED70838, and Nombre126408, identity card CED70839, against the MUNICIPALITY OF PUNTARENAS, THE HEALTH RECTORATE AREA OF PUNTARENAS, AND THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE). WHEREAS: 1.- Through a brief filed in the Secretariat of the Chamber at 21:31 hours on November 26, 2024, the petitioners file an amparo action against the Municipality of Puntarenas, Ministry of Health, and MINAE. They state that on September 13, they reported to the Municipality of Puntarenas the existence of pipes in several houses discharging wastewater onto a wetland (humedal) in the Veinte de Noviembre area. In addition, they allege that this area has become a dump for various solid waste, leading to foul odors and a deteriorated landscape. They comment that the houses with the aqueducts through which the polluted water is dumped into the wetland do not have a permit or an agreement with MINAE, since, even if there is a watercourse, an agreement with that institution is necessary to collect, channel, and dispose of water, which is supposed to eventually go into a body of water or a natural channel. They state that the polluted water receives no treatment when it is discharged into the river, a situation that—in their judgment—violates the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment; as well as to a non-polluted landscape, as these waters cross the area and generate visual contamination and foul odors. They express that the report was clear and they petitioned for the correct construction of sewer systems to be included, as they should not have to bear blackwater or graywater, nor pooled wastewater once it exits the pipe, which can cause dengue breeding grounds and, therefore, mortality. They explained that the municipality is responsible for allowing these drains to be placed on public lands. However, as of the date they seek amparo, they have not received a response. They recount that on that same date, they also reported the situation to the Ministry of Health; but no action by that entity has been notified to them, no on-site inspection has been conducted, and, much less, has any sanitary closure order been issued for those pipe connections. It is clear that the ministry has done nothing to safeguard the health of the residents of that place who are being affected by the situation described above. They add that the neighborhood is plagued by mosquitoes and rats, as well as strong and unpleasant odors. On another note, they add that on the same day, they also filed the corresponding report with the Ministry of Environment and Energy (MINAE), and that on September 16, an acknowledgment of receipt was given, and it was reported that the report was assigned consecutive number 26312. However, this institution has also not acted, despite the claims being clear: "to collect and eliminate the solid waste present in the wetland and in the area," which is within the competencies of that ministry, because the mandate is to conserve and restore ecosystems. They comment that since it is a polluted wetland, the right to a safe climate is being violated. Additionally, a clandestine dump exists at the site, the inadequate management of solid and liquid waste of which causes the emission of greenhouse gases that harm them. They consider that the described facts violate the provisions of Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution. They request the Chamber's intervention in this matter. 2.- By a resolution issued at 09:21 hours on December 3, 2024, these proceedings were initiated, and a hearing was granted to the mayor and the president of the Municipal Council, both of the Municipality of Puntarenas, the director of the Health Rectorate Area of Puntarenas-Chacarita, and the head of the Subregional Office of Esparza of the National System of Conservation Areas of Esparza, regarding the facts alleged by the petitioners. 3.- Through a brief incorporated into the digital file at 09:20 hours on December 19, 2024, Gerardo Chavarría Amador reports under oath, in his capacity as Head of the Subregional Office Esparza of the Central Pacific Conservation Area of MINAE, that he accepts as true the brief where they report various environmental impacts, mainly from poor solid waste disposal, visual pollution, among others. It is also accepted as true that code 26312-2024 was issued by the complaint receipt platform SITADA; this is a provisional code that the platform creates while the official responsible for the Environmental Comptroller's Office (Contraloría Ambiental), a dependency of the Ministry of Environment, redirects the complaint to the competent entity, creating a unique and permanent code, which for this case was 49963-2024, which was remitted to the Municipality of Puntarenas. For the facts raised in the complaint, the Environmental Comptroller's Office considered that all, or most of them, are the responsibility of the municipal entity. Although the Municipality, the Health Rectorate Area, and SINAC have defined competencies and a very important role in addressing these situations, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), responsible for the treatment and disposal of blackwater and wastewater, cannot be left out. Periodic tours are conducted in these sectors, sometimes with municipal or Health Rectorate Area officials, because complaints are very recurrent through the SITADA platform, but the matter becomes complicated because offenders are almost never found. As the complainants mention, much regulation and jurisprudence exist, and I am sure that the responsible entities are making efforts to correct this, so much so that long-term projects exist, with the sanitary sewer system in those areas expected to begin by 2030 by a consortium called IDOM-INNCICE companies, which was already contracted by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as mentioned in official note MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0066-2023 issued by the Health Rectorate Area. It must also be added that there are many amparo actions that have already been resolved by the Constitutional Chamber, ordering the Municipality of Puntarenas and the Health Rectorate Area to take the necessary measures to reduce or eliminate contamination both in that area and in the districts of Central, Chacarita, and El Roble, which currently lack a sanitary sewer system. I must also inform you that I conducted the site visit today (M-12- 2024), from which it can be inferred that solid waste indeed exists along the landing strip, that foul odors proliferate, and that there is evidently a body of water that is not a public-domain watercourse (No. OFICIO DA-UHTPNOL-0552-202); much waste also exists that likely comes from nearby houses. Further back, there is another body of water in the same condition. At this moment, or rather next year (January), I am going to coordinate a meeting with the Health Rectorate Area, AyA, and the Municipality of Puntarenas to understand the scope of the attention given to the complaint entered under code 49963-2024. Likewise, and if necessary, to establish a work plan in coordination according to the competencies of each institution. He requests that the amparo be granted. 4.- Through a brief incorporated into the digital file at 09:20 hours on December 19, 2024, David Chavarría Morales reports under oath, in his capacity as Acting Executive Director of SINAC, that he proceeds to address what was reported by the Head of the Subregional Office Esparza of the Central Pacific Conservation Area, in the following terms: In accordance with Article 22 of the Biodiversity Law No. 7788, the National System of Conservation Areas (hereinafter SINAC) was created, whose legal nature is that of a deconcentrated body with instrumental legal personality attached to MINAE, and its fundamental purpose is to integrate the competencies in forestry, wildlife, and protected wildland matters in order to dictate policies and to plan and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of our country's natural resources. For this reason, it is through report number SINAC-ACOPAC-OSRE-603-2024 of December 12, 2024, signed by Gerardo Chavarría Amador, Head of the Subregional Office Esparza of the Central Pacific Conservation Area, stating the following: "He accepts as true the brief where they report various environmental impacts, mainly from poor solid waste disposal, visual pollution, among others. It is also accepted as true that code 26312-2024 was issued by the complaint receipt platform SITADA; this is a provisional code that the platform creates while the official responsible for the Environmental Comptroller's Office, a dependency of the Ministry of Environment, redirects the complaint to the competent entity, creating a unique and permanent code, which for this case was 49963-2024, which was remitted to the Municipality of Puntarenas. For the facts raised in the complaint, the Environmental Comptroller's Office considered that all, or most of them, are the responsibility of the municipal entity. Although the Municipality, the Health Rectorate Area, and SINAC have defined competencies and a very important role in addressing these situations, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, responsible for the treatment and disposal of blackwater and wastewater, cannot be left out. Periodic tours are conducted in these sectors, sometimes with municipal or Health Rectorate Area officials, because complaints are very recurrent through the SITADA platform, but the matter becomes complicated because offenders are almost never found. As the complainants mention, much regulation and jurisprudence exist, and the responsible entities are making efforts to correct this, so much so that long-term projects exist, with the sanitary sewer system in those areas expected to begin by 2030 by a consortium called IDOMINNCICE companies, which was contracted for the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as mentioned in official note MS-DRRSPC-DARSPC-IT-0066-2023 issued by the Health Rectorate Area. It must also be added that there are many amparo actions that have already been resolved by your honorable authority, ordering the Municipality of Puntarenas and the Health Rectorate Area to take the necessary measures to reduce or eliminate contamination both in that area and in the districts of Central, Chacarita, and El Roble, which currently lack a sanitary sewer system. I must also inform you that the site visit was conducted on December 11, 2024, from which it can be inferred that solid waste indeed exists along the landing strip, that foul odors proliferate, and that there is evidently a body of water that is not a public-domain watercourse, official note number (DA-UHTPNOL-0552 202); much waste also exists that likely comes from nearby houses. Further back, there is another body of water in the same condition. At this moment, or rather next January 2025, a meeting will be coordinated with the Health Rectorate Area, AYA, and the Municipality of Puntarenas to understand the scope of the attention of the complaint entered under code 49963 2024. In addition, and if necessary, to establish a work plan in coordination according to the competencies of each institution." As a corollary to the foregoing, it is necessary to indicate that the sewer system is the responsibility of the Local Government. The Municipality is obligated to ensure that its jurisdiction has an adequate storm sewer system, as this is a matter of municipal competence. Regarding the administrative competencies in relation to sanitary and storm sewers, it follows that the attribution to create and maintain sanitary and storm sewer networks corresponds to the municipalities, since these, according to Article 3 of the current Municipal Code, are the primary parties obligated to watch over the cantonal interests and services within the jurisdiction they are charged with, and because this expressly derives from Article 169 of the Political Constitution, which establishes the generic competence of the Municipalities in this matter. Likewise, as provided by Article 2 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, this is the governing body of the subject matter, responsible at the national level for directing, coordinating, and monitoring everything concerning the evacuation of blackwater, sewers, and contamination of water resources for the benefit of the inhabitants of the Republic. In accordance with this law, it is the responsibility of the Minister of Health to issue the technical health norms to which individuals or legal entities of private or public law must adhere in matters requiring it under the law itself, among which, without a doubt, is everything related to the sanitary sewer system. Consequently, a meeting will be coordinated with the Health Rectorate Area, AYA, and the Municipality of Puntarenas to understand the scope of the attention given to the complaint entered under code 49963-2024. In addition, to establish a work plan in coordination according to the competencies of each institution. He requests that the Chamber dismiss the amparo. 5.- Through a brief incorporated into the digital file at 14:07 hours on January 31, 2025, Randall Alexis Chavarría Matarrita reports under oath, in his capacity as Mayor of Puntarenas, that a report was requested from Mr. Luis Guillermo Brenes Guadamuz, Environmental Manager of the municipality. Thus, the requested report was issued through official note MP-GAM-OF-010-01-2025, dated January 30, 2025, in response to the petitioners. Said report states the following: "With respect to the presence of solid waste of all kinds observed in the wetland approximately 150 meters north of the Chacarita cemetery, it must first be clarified that the body of water in question is not a public-domain watercourse, as determined in official note No. DA-UHTPNOL-0552-2021 from the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), but rather is a channel apparently constructed to drain stormwater from the area. Due to this situation, it is considered that the protection areas established in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) for rivers, streams, or creeks do not apply. In relation to contamination by solid waste in this location, it is important to mention that, in compliance with the provisions of Law No. 8839 for Integrated Waste Management, the Municipality regularly provides ordinary solid waste collection and final disposal services twice a week in the area of Pueblo Redondo, Veinte de Noviembre, and INVU Chacarita. Likewise, in the second semester (October 24) of 2024, a collection day for non-traditional waste and waste tires was held in said neighborhoods, by which it can be affirmed that the residents of the surrounding communities are provided with the basic conditions to properly dispose of the solid waste they generate daily. On the other hand, the Municipality annually conducts a mechanized cleaning of the stormwater channel, through which accumulated sedimentation in the watercourse (cauce) is removed and also, to the extent possible, an effort is made to collect the solid waste deposited in it. Now, even with the actions previously indicated, an inspection conducted on January 29, 2025, confirmed that the problem of solid waste contamination persists in this area, for which reason the Municipality of Puntarenas began the cleaning and collection of solid waste accumulated in the landing strip area and areas surrounding the stormwater channel starting today, January 30, 2025 (See images 1 and 2). In this sense, it is important to note that the property encompassing the landing strip, whose registration number in the real folio is 6-0069978-000, is the property of the Costa Rican State, administered by the General Directorate of Civil Aviation, for which reason the obligation to maintain the entire area and prevent it from being used as a clandestine dump falls upon that institution, a duty that it has clearly failed to fulfill. Regardless, in order to mitigate the problems caused by solid waste dumps in this area, periodic cleanings with municipal machinery will be coordinated starting in the current year 2025. On the other hand, regarding the impacts reported from the discharge of blackwater and graywater, these are a consequence of the lack, over the years, of territorial planning and adequate construction control in the surrounding areas, which has caused homes to be built without basic sanitary conditions and in sites unsuitable for that purpose. In addition to the above, the fact that a large majority of the buildings located south of the stormwater channel constitute invasions of land owned by the General Directorate of Civil Aviation also has an influence, which again evidences a failure to comply with the obligations as the registered owner of the property by said entity, as established in the Municipal Code and the General Health Law. In relation to the lack of basic sanitary conditions for homes, the absence of a sanitary sewer system for the collection and treatment of wastewater in the area is one of the main limitations for reducing environmental contamination and landscape deterioration. For this reason, the participation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) in seeking solutions to this problem is of utmost importance, since that institution is the governing body par excellence in matters relating to sanitary sewer systems and the treatment of wastewater. In that sense, this servant is aware of a future project (2025-2030) for the construction of the sanitary sewer system in Gran Puntarenas, whose initial design phase was awarded by AyA to the IDOM-INNCIVE consortium, whose main objective is to resolve the problems related to the management and disposal of the population's wastewater. Thus, in the coming years, an alternative may exist to mitigate the impact caused by the discharge of wastewater into the body of water. Therefore, based on the foregoing, it is clear that providing a solution to the reported contamination problems requires coordination and continuous work among the public institutions that have a stake in the issue due to their competencies, mainly the Ministry of Health, the Municipality, the General Directorate of Civil Aviation, MINAE, AyA, and even the National Institute of Housing and Urbanism. For this reason, the undersigned, in coordination with the Mayor's Office, will proceed to call a meeting of these institutions in the coming month of February 2025, in order to generate a plan for the comprehensive handling of the reported problem." Thus, and according to the referenced technical report, which is provided as documentary evidence, the reported problem is already being addressed by the municipality, in accordance with the annual program of the Municipal Environmental Management Unit; in addition to the planning and coordination that must occur with the other involved public institutions that are responsible for addressing it by virtue of their competencies. He requests that the amparo be dismissed. 6.- Through a brief incorporated into the digital file at 20:32 hours on February 3, 2025, Kerlyn Annette Molina Corella reports under oath, in her capacity as President of the Municipal Council of Puntarenas, that information was requested from Mr. Luis Guillermo Brenes Guadamuz, Environmental Manager of the Municipality of Puntarenas. In his response, he indicates: As a first point: (…) "It is clarified that the body of water in question is not a public-domain watercourse, as determined in official note DA-UHTPNOL-0552-2021 from the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), but rather is a channel apparently constructed to drain stormwater from the area. Due to this situation, it is considered that the protection areas established in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) for rivers, streams, or creeks do not apply. (…) The foregoing is a clarification indicating that the body of water in question is not a public-domain watercourse. With respect to the presence of solid waste. (…) "The Municipality, under the protection of Law 8839, the Law for Integrated Waste Management, regularly provides ordinary solid waste collection and final disposal services twice a week in the area of Pueblo Redondo, Dirección7546, INVU, and Chacarita; in the second semester (October 24, 2024), a collection day for non-traditional solid waste and waste tires was held, by which it can be affirmed that the residents of the surrounding communities are provided with the basic conditions to properly dispose of the solid waste they generate daily. On the part of the Municipality, a mechanized cleaning of the stormwater channel is performed annually, through which accumulated sedimentation in the watercourse is removed and also, to the extent possible, an effort is made to collect the waste deposited in it. (…)" It is understood that the municipality provides solid waste collection services and annually performs a mechanized cleaning of the stormwater channel. • Inspection conducted (…) "According to the report, an inspection was conducted on January 29, 2025, and it was confirmed that the problem of solid waste contamination persists in the area, for which reason the Municipality of Puntarenas began the cleaning and collection of solid waste accumulated in the landing strip area and areas surrounding the stormwater channel starting today, January 30, 2025. In summary, the Municipality is currently addressing the Chamber's mandate, as it is in a cleaning phase in that area. With respect to the reported impacts: The report indicates: "(…) On the other hand, regarding the impacts reported from the discharge of blackwater and graywater, these are a consequence of the lack, over the years, of territorial planning and adequate construction control in the surrounding areas, which has caused homes to be built without basic sanitary conditions and in sites unsuitable for that purpose. In addition to the above, the fact that a large majority of the buildings located south of the stormwater channel constitute invasions of land owned by the General Directorate of Civil Aviation also has an influence, which again evidences a failure to comply with the obligations as the registered owner of the property by said entity, as established in the Municipal Code and the General Health Law. (…)" In summary, it is reported that the buildings are on State land, constituting an invasion of property owned by the General Directorate of Civil Aviation. With respect to the lack of basic sanitary conditions for homes. It is reported: (…)"In relation to the lack of basic sanitary conditions for homes, the absence of a sanitary sewer system for the collection and treatment of wastewater in the area is one of the main limitations for reducing environmental contamination and landscape deterioration. For this reason, the participation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) in seeking solutions to this problem is of utmost importance, since that institution is the governing body par excellence in matters relating to sanitary sewer systems and the treatment of wastewater. In that sense, this servant is aware of a future project (2025-2030) for the construction of the sanitary sewer system in Gran Puntarenas, whose initial design phase was awarded by AyA to the IDOM-INNCIVE consortium, whose main objective is to resolve the problems related to the management and disposal of the population's wastewater. Thus, in the coming years, an alternative may exist to mitigate the impact caused by the discharge of wastewater into the body of water. Therefore, based on the foregoing, it is clear that providing a solution to the reported contamination problems requires coordination and continuous work among the public institutions that have a stake in the issue due to their competencies, mainly the Ministry of Health, the Municipality, the General Directorate of Civil Aviation, MINAE, AyA, and even the National Institute of Housing and Urbanism. For this reason, the undersigned, in coordination with the Mayor's Office, will proceed to call a meeting of these institutions in the coming month of February 2025, in order to generate a plan for the comprehensive handling of the reported problem." In conclusion: The lack of basic sanitary conditions, as well as the absence of a sewer system, is one of the main limitations for reducing contamination. Other institutions being responsible, which is why the Environmental Manager will coordinate with the Mayor's Office the calling of a meeting of the involved institutions in the coming month of February. Requests the Chamber to declare the appeal without merit. 7.- By written submission incorporated into the digital case file at 11:21 a.m. on February 6, 2025, Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Health Governing Area of Puntarenas-Chacarita, Central Pacific Regional Health Governance Directorate of the Ministry of Health, reports under oath that in response to a sanitary complaint received in this Health Governing Area via document receipt form No. PC-AC-916-2024 related to the inadequate disposal of solid waste in the open at the Chacarita airfield (aeródromo), as well as the discharge of wastewater into a parallel water channel, an on-site inspection was conducted on January 30, 2025, as recorded in Ocular Inspection Report No. 0056-Reg-2025, and it was possible to verify sanitary anomalies related to the inadequate disposal of solid waste. No proliferation of pests or discharge of wastewater from homes or businesses into the water channel in question was verified. 2. On January 31, 2025, sanitary order 0019-REG-2025 was notified to Mr. Marcos Yohanny Castillo Masis in his position as Director of the Dirección General de Aviación Civil, ordering that before February 28, 2025, the necessary measures be taken to adequately dispose of all solid waste accumulated in the open at the Chacarita airfield (aeródromo) at a site authorized by the Ministry of Health. The same sanitary order required the submission of an annual cleaning schedule for the property on which the Chacarita airfield (aeródromo) is located, while definitive measures are taken to prevent this property from continuing to be used as a site for inadequate solid waste disposal. Finally, it requested information on the outcome of the preliminary project (anteproyecto) submission by the Aeronautical Infrastructure Unit mentioned in official communication DGAC-DA-IA-OF-0642-2021, related to the perimeter enclosure of the Chacarita airfield (aeródromo). 3. On January 31, 2025, sanitary order 0020-REG-2025 was notified to Mr. Randall Alexis Chavarría Matarrita in his capacity as Municipal Mayor, ordering that before February 21, 2025, the necessary measures be taken to adequately dispose of, at a site authorized by the Ministry of Health, all solid waste remaining afloat on the water channel located on the south side of the Chacarita airfield (aeródromo), the same channel that connects to Laguna Paraíso and the estuary (estero). 4. On February 3, 2025, Mrs. Nombre126407 was informed at emails ...3327, ...3328, ...3329 of the actions taken in response to the sanitary complaint received via form No. PC-AC-916-2024. It is observed that the Health Governing Area of Puntarenas-Chacarita carried out the procedures to address the complaint filed by Mrs. Nombre126407 (entered for internal purposes as document receipt form No. PC-AC-916-2024); regarding the actions taken in response to the sanitary complaint, sanitary anomalies related to inadequate solid waste disposal were verified. No proliferation of pests or discharge of wastewater from homes or businesses into the water channel in question was verified. Sanitary orders 0019-REG-2025 were notified, ordering that before February 28, 2025, the necessary measures be taken to adequately dispose of all solid waste accumulated in the open at the Chacarita airfield (aeródromo) at a site authorized by the Ministry of Health; likewise, it was ordered to submit an annual cleaning schedule for the property on which the aforementioned airfield (aeródromo) is located, and information was requested regarding the outcome of the preliminary project (anteproyecto) submission by the Aeronautical Infrastructure Unit, related to the perimeter enclosure of the Chacarita airfield (aeródromo). Sanitary order No. 0020-REG-2025 was notified, ordering that before February 21, 2025, the necessary measures be taken to adequately dispose of, at a site authorized by the Ministry of Health, all solid waste remaining afloat on the water channel located on the south side of the Chacarita airfield (aeródromo), the same channel that connects to Laguna Paraíso and the estuary (estero). It can also be observed that a response was provided to Mrs. Nombre126407 and others regarding the actions taken in response to the sanitary complaint. Given that it is the duty of the Ministry of Health to safeguard the fundamental rights to health and life, in accordance with articles 21 and 50 of the Political Constitution, which concur in stating that "Human life is inviolable" and the State must procure "the greatest well-being for all inhabitants of the country," the Executive Branch is obligated to protect the population by adopting measures that defend them from all risk, threat, or danger. As a corollary to the foregoing, it is not observed in the present case that an infringement of the fundamental rights claimed by the appealing party has occurred, since the Ministry of Health has acted under the protection of the principle of legality, the precautionary principle, the principles of proportionality, reasonableness, and social justice, the principles of equity, efficiency, quality, transparency, and respect for diversity; with a focus on health promotion and disease prevention, fostering a healthy and balanced human environment, the foundation of its actions being primarily the Political Constitution, Law No. 5395 of October 30, 1973, "Ley General de Salud," Law No. 5412 of November 8, 1973, "Ley Orgánica del Ministerio de Salud," Law 7600, "Ley de Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad," Law 8839, "Ley para la Gestión Integral de Residuos," and Decreto Ejecutivo 43432-S, "Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorización para eventos temporales de concentración masiva de personas, otorgados por el Ministerio de Salud." In accordance with what is set forth herein, it is considered that this Ministry has processed and duly followed up on the matters alleged by Nombre126406 and others, without having violated any right, in a reasonable and justified manner in pursuit of protecting the fundamental right to health and life. It is clear that the actions of this health governing area have been in compliance with current legislation, and that it has worked for the sake of protecting health and the environment. They request that the appeal be declared without merit. 8.- The prescribed legal formalities have been observed in the proceedings conducted. Drafted by Magistrate Fernandez Acuña; and, CONSIDERING: I.- Preliminary clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, as it involves a complaint related to the existence of pipes in several houses that discharge wastewater onto a wetland (humedal), which has not been resolved within a reasonable time. In view of the fundamental right invoked (environment), this Chamber assesses the possible delays in the resolution of complaints of this type. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appealing party alleges that on September 13, 2024, they reported to the Municipalidad de Puntarenas the existence of pipes in several houses that discharge wastewater onto a wetland (humedal) in the Veinte de Noviembre area. Furthermore, they allege that this area has become an open dump (botadero de basura) for various solid wastes, leading to foul odors and a deteriorated landscape. They request the proper construction of sewer systems (sistemas de alcantarillado). They add that the neighborhood is plagued by mosquitoes and rats, as well as strong and unpleasant odors. They comment that, as it is a contaminated wetland (humedal), the right to a safe climate is being violated. Additionally, there is a clandestine dump (botadero clandestino) at the site, whose inadequate management of solid and liquid waste causes greenhouse gas emissions that harm them. They consider that the described facts violate the provisions of articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution. III.- PROVEN FACTS IN RELATION TO MINAE. Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed duly proven: a) The appellants filed a complaint regarding various environmental impacts, mainly due to poor solid waste disposal, visual contamination (contaminación visual), among others (see report). b) Through code 26312-2024 issued by the complaint reception platform SITADA, the Environmental Comptroller's Office (Contraloría Ambiental), a dependency of the Ministry of Environment, assigned the complaint for attention, under No. 49963-2024, which was forwarded to the Municipalidad de Puntarenas (see report). c) It is planned that the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in those areas will begin by the year 2030, by a consortium called empresas IDOM-INNCICE, which has already been contracted by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (see report). d) MINAE conducted a site visit in December 2024, and it is deduced that there is indeed solid waste or debris along the landing strip, that foul odors proliferate, and there is evidently a body of water that is not a public domain watercourse (cauce de dominio público); there is also a great deal of waste that possibly comes from nearby houses (see report). IV.- PROVEN FACTS IN RELATION TO THE MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS. Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed duly proven: a) Regarding the presence of all types of solid waste observed in the wetland (humedal) approximately 150 meters north of the Chacarita cemetery, it is clarified that the body of water in question is not a public domain watercourse (cauce de dominio público), but rather a channel (canal) that was apparently constructed to drain stormwater from the area (see report). b) The municipality regularly provides ordinary solid waste collection and final disposal service twice a week in the area of Pueblo Redondo, Veinte de Noviembre, and INVU Chacarita (see report). c) In the second half (October 24) of 2024, a collection drive for non-traditional waste and waste tires was carried out in said neighborhoods (see report). d) The municipality annually performs a mechanized cleaning of the stormwater channel (canal pluvial), by means of which the sediment accumulated in the watercourse (cauce) is removed, and also, as far as possible, attempts are made to collect the solid waste deposited therein (see report). e) During an inspection conducted on January 29, 2025, it was verified that the problem of contamination by solid waste persists in this area, for which reason the Municipalidad de Puntarenas began cleaning and collecting the solid waste accumulated in the area of the landing strip and areas adjacent to the stormwater channel (canal pluvial) starting on January 30, 2025 (see report). f) The property encompassing the landing strip, whose real property registration number (matrícula en folio real) is 6-0069978-000, is owned by the Costa Rican State, administered by the Dirección General de Aviación Civil; therefore, the obligation to maintain that entire area and prevent it from being used as a clandestine dump (botadero clandestino) falls on said institution (see report). g) Periodic cleanings with municipal machinery will be coordinated starting this year 2025 (see report). h) A large majority of the constructions located south of the stormwater channel (canal pluvial) constitute invasions of land owned by the Dirección General de Aviación Civil (see report). i) There is a future project (2025-2030) for the construction of the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in Gran Puntarenas, whose initial design phase was awarded by AyA to the IDOM-INNCIVE consortium, whose main objective is to resolve the problems related to the management and disposal of the population's wastewater (aguas residuales) (see report). j) The Municipal Mayor's Office (Alcaldía Municipal) would proceed to convene several institutions in February 2025, in order to generate a plan for the comprehensive attention to the denounced problem (see report). V.- PROVEN FACTS IN RELATION TO THE MINISTRY OF HEALTH. Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed duly proven: a) The respondent Health Governing Area (Área Rectora de Salud) received a complaint via document receipt form No. PC-AC-916-2024 related to the inadequate disposal of solid waste in the open at the Chacarita airfield (aeródromo), as well as the discharge of wastewater (aguas residuales) into a parallel water channel (see report). b) On January 30, 2025, an on-site inspection was conducted as recorded in Ocular Inspection Report No. 0056-Reg-2025, and it was possible to verify sanitary anomalies related to the inadequate disposal of solid waste (see report). c) No proliferation of pests or discharge of wastewater (aguas residuales) from homes or businesses into the water channel in question was verified (see report). d) On January 31, 2025, sanitary order 0019-REG-2025 was notified to the Director of the Dirección General de Aviación Civil, ordering that before February 28, 2025, the necessary measures be taken to adequately dispose of all solid waste accumulated in the open at the Chacarita airfield (aeródromo) at a site authorized by the Ministry of Health (see report). e) The same sanitary order required the submission of an annual cleaning schedule for the property on which the Chacarita airfield (aeródromo) is located, while definitive measures are taken to prevent this property from continuing to be used as a site for inadequate solid waste disposal (see report). f) On January 31, 2025, sanitary order 0020-REG-2025 was notified to the respondent Municipal Mayor, ordering that before February 21, 2025, the necessary measures be taken to adequately dispose of, at a site authorized by the Ministry of Health, all solid waste remaining afloat on the water channel located on the south side of the Chacarita airfield (aeródromo), the same channel that connects to Laguna Paraíso and the estuary (estero) (see report). g) It was ordered to submit an annual cleaning schedule for the property on which the aforementioned airfield (aeródromo) is located, and information was requested regarding the outcome of the preliminary project (anteproyecto) submission by the Aeronautical Infrastructure Unit, related to the perimeter enclosure of the Chacarita airfield (aeródromo) (see report). VI.- RELATED PRECEDENT. In Judgment No. 2019-022487 at nine fifteen in the morning on November fifteen, two thousand nineteen, this Chamber analyzed a case similar to the present one, also in the vicinity of the Puntarenas estuary (estero). The following was stated: "(...) In the sub lite case, the appellant, who is 83 years old, indicates that in the INVU sector of Dirección218 there is a problem of contamination, foul odors, backup of raw sewage in both bathrooms and yards, and stagnation of raw sewage and greywater. He explains that, between the years 1950 and 1960, INVU built 24 houses in the eastern sector of Dirección218 with a party-line pipeline easement (servidumbre medianera de tubería) for the evacuation of water and manholes (cajas de registro) spaced along it for cleaning. He states that the water enters the tank so the "fecal sludge" settles and the rest of the water flows along the north side toward the estuary (estero). He argues that in 1961 he acquired house no. 19 and has been a resident of the housing complex since that year. He mentions that due to broken covers, some neighbors introduced objects, causing the pipe to clog and, in addition to the overflow of contaminated water in the yards, the bathrooms could not be used. He recounts that each tenant gradually enclosed their yard and, therefore, obstructed the easement (servidumbre). He maintains that, despite the foregoing, the easement (servidumbre) is valid, as it passes through all the yards, and even though some neighbors have built septic tanks, the discharge water from washing machines, bathrooms, and kitchens flows through the pipe. He relates that ICAA does not have a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in the streets of the El Cocal community, and most of the water from the constructions is discharged into the estuary (estero). He asserts that the water evacuation system was designed by INVU; however, it was practically a deception for the owners, who must endure the conditions. He explains that in 2009 they filed several complaints with the Municipalidad de Puntarenas regarding a construction in the yard of house no. 24 by Guillermo Acevedo; however, it was on the occasion of the intervention of the Defensoría de los Habitantes that, through official communication no. PUC-1647-2009 of August 24, 2009, they were given a response when the construction was already finished. He adds that the foregoing prevents the cleaning and elimination of pipe obstructions. He notes that, given the constant blockages and municipal reluctance to provide a solution, on February 6, 2017 (report no. 17), he had a hearing with the municipal council, which led to the formation of a commission of council members, to which officials from the health authorities, ICAA, the municipality, and two community members were invited. He recounts that the municipality committed to cleaning the general septic tank; however, it did not address the rest of the request. He mentions that the following points remained pending: "a) opening the entrance to the easement (servidumbre), b) placing about thirty meters of larger-diameter pipe, c) installation of a check valve, to prevent the entry of tides into the general tank. d) Construction of a gate at the entrance of the easement (servidumbre), expanding the manhole (caja de registro) in the area near the children's park, for the purpose of future cleanings by AyA e) placing a gate on the north side entrance to the park to prevent the entry of private vehicles. The installation of only 30 meters of concrete pipe and not along the entire 150-meter route is because it is in this final stretch where the blockages occur." He states that at some point there was an agreement between members of the Ministry of Health, ICAA, and the Asociación de Desarrollo Integral de Cocal, so that when a pipe blockage occurred, neighbors would contact the health offices (located in Cocal), who would request the service of the cleaning crews. He argues that the cleaning has been taking place in his home, as other neighbors are unwilling to provide access in their homes, due to the dirtiness of the "fecal sludge" left by the crew members. He complains that during one of the blockages, and despite having requested it in writing, the new head of ICAA did not authorize the crew to enter private property. He affirms that there is no other place to access the easement (servidumbre), since the entrance to the easement (servidumbre) was usurped by the construction of the yard of house no. 24. He contends that government institutions have not shown interest in solving the health problem and that the neighbors have distanced themselves from the struggle, leaving him alone with the problem. He states that the authorities do not even evaluate his proposed solutions. He explains that the municipality should have received the streets, green areas, and easements (servidumbres) from INVU for its administration. He points out that ICAA has no sanitary network in El Cocal and has no interest in resolving the matter. He recounts that the Ministry of Health issues sanitary orders to public authorities; however, these are not complied with. He requests compensation for moral damages, arguing that the Municipalidad de Puntarenas did not timely address the construction of a workshop and the usurpation of the entrance to the raw sewage easement (servidumbre de aguas negras), which has not been resolved after ten years. From the study of the case file, it is proven that the Cantonal Unit of Puntarenas of ICAA, by official communication no. GSP-RPC-PU-2019-000648 of September 5, 2019, indicated that in that sector there was already an amparo appeal (no. 18-006056-0007-CO) and that ICAA only provides the drinking water supply service. It indicated that communal sanitary collection systems exist in the sector and that the INVU one properly consists of a condominial sewer system (sistema de alcantarillado condominal), in which the dwellings of a specific quadrant have a sanitary sewer pipe (tubería de alcantarillado sanitario) located internally along the pipeline passage easement (servidumbre de paso de tubería), which is in the backyards of the dwellings and crosses all the involved properties, which is why it was obstructed by the neighbors. It reported that the sewer system (alcantarillado) has never been received by ICAA; however, at the request of the health governing area, inter-institutional meetings have been held involving the Ministry of Health, the Municipalidad de Puntarenas, and the neighbors. It stated that the Ministry of Health issues sanitary orders to ICAA to intervene and solve the obstruction problem. It argued that even though ICAA has no involvement in the system, it acts under the principle of obedience and to ensure public health. It also asserted that, even though in amparo appeal no. 18-006056-0007-CO no liability was established for ICAA, it was ordered to provide collaboration to the Municipalidad de Puntarenas. It affirmed that, despite what was ordered by the Chamber in the previous process, the Municipalidad de Puntarenas only built the covers for the water collection tanks, has not performed the cleaning, nor has it taken actions to correct the problems of land invasion in the pipeline passage easement (servidumbre de paso de tubería). On the other hand, the Chamber verified that the Director of Development and Urban Control of the Municipalidad de Puntarenas, by official communication no. MP-DCU-483-09-2019 of September 9, 2019, indicated: "(...) At the time of the field inspection, in the described location, no type of contamination with fecal material, foul odors, or raw sewage backup in the sector could be determined. It is worth noting that the inspection was carried out at the convergence site of the pipe with the septic tank, according to the attached photograph. The reported problem was not detected in the surroundings. What occurs inside the dwellings could not be determined as they are properties with private access, most being residential homes. In the sector, all the neighbors seized the strip of land intended for the pipeline passage easement (servidumbre de paso de tuberías) for raw sewage and wastewater. Said strip of land is owned by INVU, so neither the Municipality nor AyA have been able to intervene to seek its liberation. If any obstruction problem exists, it has been caused by one of the residents, by improperly appropriating the easement (servidumbre). The reasons for having enabled an urbanization design including that water passage easement (servidumbre de paso de aguas) are unknown, since it was designed and approved by INVU in 1960. Neither the Municipality nor AyA have access to the pipe because the water easement (servidumbre de aguas) from start to finish is invaded by neighbors, through walls, additions, roofs, etc., so we are unaware of the pipe's condition. Whenever we have received complaints from neighbors about some obstruction, we have relied on AyA so that its personnel, entering the affected person's home, carry out unblocking work with machinery and personnel; which is not correct and puts the personnel themselves at risk; since there is a risk that the operation of the machinery and equipment inside the home could cause damages that would lead to civil lawsuits; therefore, this practice has been eliminated. (...) The actions taken by the municipality to eradicate the problem were carried out at the beginning of this year, when a group of neighbors indicated that the problem of raw sewage backup inside their homes arose because the collector tank for said sewage, located in the park next to the hamlet, was completely obstructed. For this reason, the municipality undertook the commitment to clean it, and for this purpose, it carried out a direct contracting of a company specialized in the matter, to clean and repair the tank for an amount of one million colones, works that were executed in February of this year, but apparently the backup problem persisted, as it is a damage in the pipe to which we have no access. (...) Regarding our functions, concerning the issues afflicting the appellant, we have no pending activity to carry out; as is well known, the septic tank must be cleaned periodically; therefore, it is estimated that there will be no further interventions this year, given that we cleaned it in February. The issue of the management and treatment of raw sewage and greywater falls by law to AyA. Finally, as long as the legal situation regarding the water passage easement (servidumbre de paso de las aguas) is not defined by INVU and the neighbors, pipe cleaning interventions will become increasingly complicated." In addition, this Tribunal observes that the Ministry of Health has issued a large number of sanitary orders to both the Municipalidad de Puntarenas and ICAA; however, the problem persists. The Environmental Manager of the Health Regulation Process of the Health Governing Area of Puntarenas-Chacarita, in technical report no. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019 of September 9, 2019, after detailing all the actions of her represented entity, stated: "CONSIDERING (...) 80. In response to the indication received in resolution No. 2018008599, of case file No. 18-006056-0007-CO, dated June 1, 2018 (...) 81. According to a meeting held on 06/18/2018, together with the Defensoría de los Habitantes and Municipalidad de Puntarenas and the community, the Agreements reached: - the Municipality will clean the tanks and construct the covers for the tanks and the gate for the park; it must also comply with resolution No. 2018008599 to clean and maintain the tanks and manage technical coordination with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Once the access to the easement (servidumbre) is free, the neighbors will be able to perform maintenance and it has not been received by AyA. The Defensoría recommends that actions be resolved equally in similar cases analyzed. 82. According to what was observed in Ocular Inspection Report No. 284-Reg-2018 dated June 18, 2018, carried out jointly with the Municipalidad de Puntarenas, "three openings without covers are observed that correspond to the wastewater system, pestilent odors are perceived. A vehicle parked inside the park and the exit from MR. Guillermo Acevedo's garage are observed. There is a concrete wall that joins both houses of the walkways, generating obstruction to the easement (servidumbre)." 83. In a meeting held on 07/24/2018, together with the Defensoría de los Habitantes and Municipalidad de Puntarenas and the community; Among what was mentioned and agreements reached: Eng. Mauricio Gutiérrez suggests the need to transfer the wastewater management system to the administration of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. - the Municipalidad de Puntarenas must carry out a legal study regarding the easement (servidumbre) of Dirección7547. 84. In a meeting held on 07/27/2018, together with the Defensoría de los Habitantes, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de Puntarenas and the community; Among what was mentioned and agreements: -the Municipalidad de Puntarenas must carry out a legal study regarding the easement (servidumbre) of Dirección7547 and organize joint visits in order to have a clear vision of the problem. 85. According to what is recorded in Ocular Inspection Report No. 295-Reg-2018; In a visit conducted on August 6, 2018, it is verified that the three manholes (cajas) lack covers and two of them have remains of the old covers inside. They show accumulation of sediment, sludge, and water, and foul odors are also perceived. 86. According to Sanitary Order No. OS-0180REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018 notified on September 12, 2018, to the Municipal Mayor and the President of the Municipal Council, respectively, in which they must proceed to comply with: 1. Coordinate what is necessary and issue the pertinent instructions so that the cleaning and maintenance of the septic tanks located on the public road of Invu El Cocal is carried out; if necessary, they must manage technical coordination with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; this includes the placement of the respective three covers. 2. 2.a) Adopt the appropriate measures to correct and prevent further obstacles to the normal flow of waters, so that any obstruction or construction found in the passage easement (servidumbre de paso) is eliminated, allowing for adequate evacuation and flow of wastewater in the "sanitary sewer network (red de alcantarillado sanitario)" in order to prevent stagnation and overflow of wastewater, and thereby the impact on public health. 2.b) Ensure that cleaning activities are carried out with the necessary regularity; and, if necessary, it must arrange technical coordination with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados." 87. In a visit conducted on September 18, 2018, as recorded in Ocular Inspection Report No. 349-Reg-2018, it is verified that there is an obstruction of the wastewater system, the three tanks have no lids, there is sedimentation, and there is no water movement. 88. According to Sanitary Order No. 183-Reg-2018, notified on 09/18/2018 to Mr. Danilo Chavarría Velázquez, cantonal head of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which indicates that, within a period of 1 working day, the necessary measures must be taken to prevent the overflow of raw sewage (aguas negras) in the inspection chamber (caja de registro) located on a public road (easement (servidumbre)) and within the patios of homes. 2.- REGARDING EVENTS SUBSEQUENT TO THE COMPLAINT: 89. The complaint is received on September 24, 2018, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1346-18 from Mr. Nombre105071, in which he indicates that the problem persists due to obstruction of the raw sewage pipes; the crew from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados was there last week and they were unable to completely clear the obstruction. 90. On October 1, 2018, visits are made to several homes and the public road of the Urbanización el Invu. El Cocal, as recorded in Ocular Inspection Report No. 373-Reg-2018 and No. 375-Reg-2018, where sedimentation is verified in the three tanks without lids located in the "small park (parquecito)" and that the junction chamber (cenicero) located in the wastewater passage easement (servidumbre de paso) is full of wastewater due to repeated obstruction. Tests are performed with sodium fluorescein and no contamination is verified. 91. On October 2, 2018, as recorded in Ocular Inspection Report No. 378-Reg-2017, visits are made to several homes and the public road, where sedimentation is verified in the three tanks without lids located in the "small park (parquecito)", and that the junction chamber (cenicero) located in the wastewater passage easement (servidumbre de paso) is full of wastewater due to repeated obstruction. Tests are performed with sodium fluorescein and no contamination is verified. 92. According to Sanitary Order No. OS-187-REG-2018, notified to the Cantonal Head of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and Sanitary Order No. OS-189-REG-2018, notified to the mayor of the Municipalidad de Puntarenas, which were notified on October 3, 2018, with a 24-hour period, the necessary measures are requested to prevent the overflow of raw sewage in the inspection chamber (caja de registro) located on a public road and within the patios of homes. 93. As recorded in Ocular Inspection Report No. 383-Reg-2018, of October 4, 2018, a follow-up visit is made to verify compliance with the Sanitary Orders. At the time of the visit, it is confirmed that no actions have been taken by the Municipalidad de Puntarenas or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the problem continues due to obstruction of the wastewater disposal system. 94. Through official letters No. PC-ARS-PC-442-2018 and PC-ARS-PC-443-2018, notified on October 4, 2018, formal judicial complaints are filed for disobedience to authority against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Municipalidad de Puntarenas. 95. As recorded in Ocular Inspection Report No. 385-Reg-2018, a new visit is made on October 5, 2018. It is confirmed that there is sedimentation and rainwater in the three tanks without lids located in the "small park (parquecito)" and that the problem continues due to obstruction of the wastewater disposal system, since even though officials from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados appeared recently, the required actions were not carried out. 96. As recorded in Ocular Inspection Report No. 386-Reg-2018, on October 5, 2018, it is confirmed that the inspection chamber (caja de registro) of Mr. Nombre105071 is collapsed. However, it has not overflowed due to the wall; the main tanks (three inspection chambers) are full of water, and there are no foul odors. Officials from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados appeared recently, but the requested actions were not carried out. 97. Through official letter No. GSP-RPC-PU-2018-00654, received on October 11, from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, information is provided regarding the response to Sanitary Order 183-Reg-2018. 98. As recorded in Ocular Inspection Report No. 512-Reg-2018, on October 11, 2018, it is confirmed that the inspection chamber (caja de registro) of Mr. Nombre105071 is obstructed but has not overflowed due to the wall around it. 99. As recorded in Ocular Inspection Report No. 514-Reg-2018, on October 22, 2018, non-compliance with Sanitary Order No. OS-0180-REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018 is confirmed. 100. The complaint is received on November 5, 2018, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1560-18, from Mr. Nombre105071, in which he indicates that the problem of raw sewage pipe obstruction has occurred again. 101. As recorded in Ocular Inspection Report No. 430-Reg-2018, on November 7, 2018, it is confirmed that the inspection chamber (caja de registro) of Mr. Nombre105071 is obstructed. However, it has not overflowed due to the wall around it. The three tanks in the small park (parquecito) continue without lids, putrid odors are perceived, and it is close to overflowing. 102. According to Sanitary Order No. OS-208-REG-2018, notified to the Cantonal Head of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and Sanitary Order No. OS-209-REG-2018, notified to the Mayor of the Municipalidad de Puntarenas, which were notified on November 9, 2018, with a 24-hour period, the necessary measures are requested to prevent the overflow of raw sewage in the inspection chamber (caja de registro) located on a public road (easement (servidumbre)) and within the patios of homes. 103. As recorded in Ocular Inspection Report No. 521-Reg-2018, on November 12, 2018, a follow-up visit is made to verify compliance with the Sanitary Orders. At the time of the visit, it is confirmed that no actions have been taken by the Municipalidad de Puntarenas or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as the problem continues due to obstruction of the wastewater disposal system. 104. As recorded in Ocular Inspection Report No. 522-Reg-2018, on November 13, 2018, a follow-up visit is made to verify compliance with Sanitary Orders OS-208-REG-2018 and No. -209-REG-2018, and the improvements made by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are confirmed. 105. As recorded in Ocular Inspection Report No. 523-Reg-2018, on November 13, 2018, non-compliance with Sanitary Order No. OS-0180-REG-2018 and Sanitary Order No. OS-0181-REG-2018 is confirmed. 106. Through official letter No. PC-ARS-PC-516-2018, dated November 13, 2018, addressed to the Municipalidad de Puntarenas, with reference to the problem of wastewater overflow in the patios of homes, resulting from the continuous obstruction that causes the collapse of the sanitary sewer in Dirección7547, INVU Cocal Puntarenas, its attention is requested to official letter PC-ARS-PC-0325-2018 and Sanitary Order No. OS-0180-REG-2018. 107. The note is received on December 20, 2018, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1776-18, from Mr. Nombre105071, in which he indicates that there is machinery working on the general septic tank and requests an official for inspection. 108. As recorded in Ocular Inspection Report No. 526-Reg-2018, on December 20, 2018, a visit is made, finding work being carried out at that moment in the small park (parquecito) of Invu Cocal, in response to official letters and sanitary orders requesting action from the Municipalidad de Puntarenas. It is urgent that actions be taken to prevent environmental contamination and risk to public health, due to the work carried out with sludge from the wastewater tank disposed in a small park (parquecito) in the INVU, Dirección218, and that the regulations be complied with (Article 24.- On the discharge of sludge. The discharge of any type of sludge and biosolids into bodies of water and of untreated sludge onto soils is prohibited), in addition to correcting issues related to transport and final disposal, so that optimal vehicles are used. Likewise, that occupational health measures be taken to avoid risks to the health of the workers. 109. As recorded in Ocular Inspection Report No. 527-Reg-2018, on December 21, 2018, a follow-up visit is made to the work performed, with no variation in the manner in which the machinery and workers carry it out. 110. As recorded in Ocular Inspection Report No. 001-Reg-2019, on January 9, 2019, a visit is made, finding work being carried out at that moment in the small park (parquecito) of Invu Cocal. Furthermore, it is confirmed that the inspection chamber (caja de registro) of Mr. Nombre105071 is collapsed, but it has not overflowed due to the wall that it has. 111. According to Sanitary Order No. OS-001-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and Sanitary Order No. OS-002-REG-2019, notified to the Mayoress of the Municipalidad de Puntarenas, which were notified on January 8, 2019, with a period of 3 working days, the necessary measures are requested to prevent the overflow of raw sewage in the inspection chamber (caja de registro) located on a public road (easement (servidumbre)) and within the patios of homes. 112. As recorded in Ocular Inspection Report No. 042-Reg-2019, on January 11, 2019, a follow-up visit is made to verify compliance with the Sanitary Orders, and the improvements made by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados are confirmed. Furthermore, work is being carried out at that moment in the small park (parquecito) of Invu Cocal by the Municipalidad de Puntarenas and external contractors, with some anomalies. 113. Through official letter No. GSP-RPC-PU-2019-0018, received on January 14, 2019, from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, information is provided regarding the response to Sanitary Order 001-Reg-2019. 114. The note is received on April 22, 2019, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-056219, from Mr. Nombre105071, in which he indicates that there is an obstruction of the raw sewage pipes. 115. As recorded in Ocular Inspection Report No. 086-Reg-2019, on April 26, 2019, it is carried out and it is confirmed that the inspection chamber (caja de registro) of Mr. Nombre105071 is collapsed, but it has not overflowed due to the wall that it has. Humidity is observed around the recently repaired tanks. 116. According to Sanitary Order No. OS-041-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and Sanitary Order No. OS-042-REG-2019, notified to the Mayoress of the Municipalidad de Puntarenas, which were notified on April 29, 2019, with a period of 5 working days, the necessary measures are requested to prevent the overflow of raw sewage in the inspection chamber (caja de registro) located on a public road (easement (servidumbre)) and within the patios of homes. 117. On April 30, 2019, a Motion to Revoke is received from the Municipalidad de Puntarenas, against No. OS-042-REG-2019, which is addressed through official letter MS-DRRSPCDARSPC-0176-2019. 118. The note is received on August 5, 2019, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1096-19, from Mr. Nombre105071, in which he indicates that there is an obstruction of the raw sewage pipes in his community. 119. As recorded in Ocular Inspection Report No. 289-Reg-2019 and No. 290-Reg-2019, on August 13, 2019, it is carried out, and it is confirmed that the inspection chamber (caja de registro) of Mr. Nombre105071 is collapsed, but it has not overflowed due to the wall that it has. Furthermore, there is no longer a planter box on top of the easement (servidumbre). 120. Through Sanitary Order No. OS-113-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on August 13, 2019, with a period of 5 working days, the necessary measures are requested to prevent the overflow of raw sewage in the inspection chamber (caja de registro) located on a public road (easement (servidumbre)) and within the patios of homes. 121. Through official letter No. GSP-RPCPU-2019-00594, received on August 21, 2019, from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, information is provided regarding the response to Sanitary Order 0113-Reg-2019. 122. Over the last five years, multiple complaints filed by residents of the Cocal sector in Puntarenas have been addressed, regarding the problem of wastewater overflow resulting from the collapse of the sanitary sewer. Temporary solutions have been provided, as the said sanitary sewer system becomes obstructed and collapses periodically. 123. Through ocular inspections, it is recorded that between the two residential sectors, there is an easement (servidumbre), through which the pipe that conducts the wastewater generated in these homes passes. Likewise, access to the north entrance of this easement (servidumbre) has been blocked with a concrete wall; there are dividing walls between each property, and there are modifications in some of the junction chambers (ceniceros). These construction modifications were not endorsed by this Ministry. 124. According to what was indicated by various complainants, the housing project was built by the developer INVU and has a wastewater treatment system consisting of inspection chambers (cajas de registro) for each home, a pipe that conducts wastewater (gray, black, and possibly some stormwater), towards three sedimentation tanks, which, through a pipe of unknown diameter, discharges the effluent to the estuary (estero). 125. There is no record in the physical or digital file of the Rectorate Area of any document reporting on the discharge of the wastewater collection system into the receiving body, the estuary (estero), nor is there a sketch or plan of the system for disposing of wastewater, the septic tank, or the drainage. 126. According to what has been observed by this Ministry, there are three sedimentation tanks located in a public area where there is a children's play area and no gate is observed; it is verified that a cement lid has now been placed on these tanks. And it is unknown if this system does not meet the characteristics and conditions of a functional and effective system for the treatment and final disposal of wastewater, which could cause serious environmental contamination, placing public health at risk, and this would affect the balance of the ecosystems, coupled with the socio-economic factors of the area." Likewise, the Environmental Manager of the Health Regulation Process of the Puntarenas-Chacarita Rectorate Health Area (Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita), by technical report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-043-2019 of September 24, 2019, stated the following: "CONSIDERING 1. Since 2013, the Puntarenas - Chacarita Rectorate Health Area (Área Rectora de Salud Puntarenas - Chacarita) has been managing specific actions jointly with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Municipalidad de Puntarenas, in collaboration with affected residents, due to the increase in complaints about problems of obstruction and overflow of water in the 'Wastewater Network (Red de aguas Residuales)' of INVU Cocal. This is evidenced in greater detail in Technical Report No. MS-DRRSPC-DARSPC-IT-037-2019, which reports on what was done by environmental manager Bach. Brook Vega Davies, of the Health Regulation Process of this Rectorate Health Area (Área Rectora de Salud), in response to the Amparo Appeal (Recurso de Amparo) filed on September 2 before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), under Case File No. 19-015715-0007-CO. 2. The note is received on September 18, 2019, as recorded in Document Receipt Slip No. PC-AC-1317-19, from Mr. Nombre105071, in which he indicates that there is an obstruction of the raw sewage pipes in his community. 3. As recorded in Ocular Inspection Report No. 416-Reg-2019, of September 19, 2019; entry is made to his property with his authorization to verify the facts denounced, regarding obstruction of the shared drainage system among several homes, which causes an increase in the water level in the inspection chamber (caja de registro). The waters are contained by a wall and its lid, and wastewater is observed at a level close to overflowing. 4. As recorded in Ocular Inspection Report No. 419-Reg-2019, of September 19, 2019; in follow-up to OS-0180-Reg-2018, OS-0181-Reg-2018, and official letter PC-ARS-PC-516-2018; three tanks with cement lids, with some cracks, are observed; no humidity is observed around them, and foul odors are perceived coming from the tanks and the stormwater sewer. A vehicle is observed parked inside the small park (parquecito), with license plate CL 190839, which is located next to a black metal door; this corresponds to the constructed wall that obstructs the passage easement (servidumbre de paso), in its northern sector, adjacent to the children's park. 5. Through Sanitary Order No. OS-167-REG-2019, notified to the Cantonal Head of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados on September 19, 2019, with a period of 5 working days, the necessary measures are requested to prevent the overflow of raw sewage in the inspection chamber (caja de registro) located on a public road (easement (servidumbre)) and within the patios of homes. 6. Given the constant complaints received by this Ministry, it can be evidenced that the problem has been increasing and has not decreased since the cleaning of the three tanks located in the park between Dirección7548 was carried out by the Municipality. It is unknown whether there is influence from the high tides that could generate affectation in the wastewater system, which discharges into the Puntarenas estuary (estero de Puntarenas)." Regarding the sub examine, the Chamber, by judgment No. 2018-008599 at 9:15 a.m. on June 1, 2018, resolved: Considering: (…) IV.- On the merits. In the particular case, there are two issues raised by the protected party, a resident of Dirección7549, before the respondent authorities. On one hand, the problem with the lack of cleaning of the raw sewage collection tanks, and on the other, the problem of lack of maintenance of the sewer system of the housing development in which he lives. Each of them is analyzed separately. 1) Regarding the lack of cleaning of the raw sewage collection tanks: From the reports provided by the representatives of the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of this matter, it is verified, on one hand, that the housing development where the septic tank is located in the roundabout and public road of the INVU in Cocal de Puntarenas was carried out by the INVU, including the collection system, which is not administered by the AyA. Regarding the problem of lack of maintenance of the raw sewage collection tanks, the respondent authorities agree in their respective reports in indicating that the situation is real but that the cleaning of the tanks is an obligation that the owners must assume. In this regard, the Municipal Mayor omits referring directly to the situation raised by the appellant and emphasizes that this municipal corporation does not have the direct authority nor the equipment to carry out a tank cleaning task; a duty that, according to the reporting Mayor, corresponds to the residents. Thus, insofar as the appeal is directed against the respondent Municipality, this Chamber determines that despite the Mayor's statement that the task of cleaning the indicated collection tanks must be assumed by the individuals, the truth of the matter is that it is aware of the problem affecting the inhabitants of that area, and it is its duty to arrange what is necessary to compel those responsible to provide a solution to the problem that has been known since 2015. Nevertheless, it limits itself to pointing out the problem without doing anything about it. In the same vein, from the report given to this Chamber by the Rectorate Area of the Ministry of Health (Área Rectora del Ministerio de Salud), it admits that an existing sanitary problem persists, as it admits that the lid contains cracks that allow the escape of foul odors. However, the Chamber does not observe that the Ministry has adopted effective measures to prevent the public health problem posed by the poor condition of the tank lid, which is not only unsealed but has cracks. The provision of a public service such as that in the hands of the Ministry of Health demands efficiency and diligence, perhaps beyond what is necessary by other public bodies, because of the fundamental rights to health and a healthy environment, insofar as its competencies are concerned. Based on the foregoing, the Chamber considers that the inactivity of the Municipalidad de Puntarenas and the Ministry of Health, in this case, violates the fundamental right to health and to a healthy environment of the protected party. Therefore, it is appropriate to grant the appeal against them and order that the necessary measures, even radical ones, be arranged, and the pertinent decisions be adopted in order to eliminate the sanitary problem that may arise from the poor condition and lack of maintenance of the raw sewage collection tank. 2) Regarding the lack of maintenance of the sewer system of the housing development. From the facts that are duly demonstrated in this matter, and in particular from the report of the AyA representative, it is clear that the water collection system referred to by the appellant requires preventive maintenance and the intervention of the entity administering the system is necessary, as the invasion of land in the pipe passage easement (servidumbre de paso) has been tolerated at the site, which has prevented access to carry out preventive and corrective maintenance work on the collection network. From the foregoing, and particularly from what the AyA representative indicates in his report before this Chamber, it is clear that the lack of monitoring of works everywhere in the affected area, even on the area where the pipe runs, has resulted in leaks and difficulties in maintaining the sewers and water collection system. Furthermore, it is clear that there are missing lids that have not been repaired and the lack of maintenance that characterizes the water collection network of the housing project where the appellant resides leads to the conclusion that the Municipalidad del Cantón Central de Puntarenas has not coordinated, much less carried out, the necessary actions aimed at correcting and preventing the worsening of the situation of the water collection network, in order to guarantee the proper functioning of the system. Such passivity also characterizes the limited influence of the respondent Health Area (Área de Salud) in this zone, an inertia that has negatively impacted the community, as it has sometimes caused the collection point to overflow and has limited pedestrian and vehicle passage. Now, regarding the probable solution to the wastewater disposal problems, from the report requested by this Chamber from the AyA, it is understood that such obligation falls on the project developer. However, even though in principle the works should not be assumed by the Administration, it is verified that neither the respondent Municipality nor the Ministry of Health, before whom the respective complaint was filed, have arranged what corresponds to them, within their attributions, to coordinate or issue sanitary orders, as appropriate, aimed at correcting the problem. On the contrary, far from demanding a corrective stance, construction on the easement (servidumbre) where the pipe runs has been tolerated at the site (see the AyA's report). At the very least, a preventive attitude has been adopted, despite the fact that both the respondent Municipality and the Health Area (Área de Salud) admit that there is a water disposal problem that puts public health at risk and that has been known for several years. From the foregoing, the lack of coordination on the part of the respondent authorities to provide a comprehensive solution to the problem is evident. For his part, the representative of the Ministry of Health attempts to justify his inaction in the report rendered before this Chamber, by indicating that at the moment there is no situation of water overflow. Thus, in the opinion of this Court, the passive attitude of the Health Area (Área de Salud), which waits for the overflow of water to act, is clearly insufficient, as the plan is to wait for a critical situation to occur in order to try to provide a solution, instead of implementing, once and for all, the preventive and corrective maintenance of the water collection network, which is known to affect the inhabitants of the place. Consequently, it is appropriate to grant the appeal insofar as it is directed against the Municipality and the Health Area of Puntarenas (Área de Salud de Puntarenas), as is hereby ordered. (…) VII. OF THE AMPARO AGAINST THE AYA: Finally, it is appropriate to dismiss the amparo against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, since it is clear from the report rendered that where the protected party lives, what exists is a private wastewater collection system, as in the Cocal sector, the AyA only provides potable water service. Thus, the sanitary problem is generated by a wastewater management system that has not been received by that institution. On the other hand, the times that by mandate of the Ministry of Health—through sanitary orders—the intervention of the institution has been requested to resolve the problem, given that public health is at stake, the AyA has complied with what was ordered. Consequently, the appeal is dismissed regarding this aspect, as is hereby ordered. VIII. CONCLUSION. In this particular case, the problems of the sewer system in the roundabout and on the public road of the INVU in Cocal de Puntarenas are verified, causing stagnation and overflow of water, a situation that is known by the Rectorate Health Area (Área Rectora de Salud) and the Municipalidad de Puntarenas. However, despite the complaint filed, such authorities have omitted to find a solution, under the excuse that the maintenance of the water network, as well as cleaning the septic tanks, corresponds to the individuals or the developer. Added to the above is that to date there is no valid order issued by the authorities of the respondent Municipalidad de Puntarenas to the owners and/or the person in charge of the housing project, to properly maintain the water collection network, nor to clean the septic tank, despite it having fissures and broken parts. Nor is it recorded that sanitary orders have been issued by the Ministry of Health, which is responsible for ensuring their mandatory compliance as it is responsible for doing so according to what is determined by the Ley General de Salud, which establishes the unavoidable duty of the Ministry of Health to attend directly or compel the developer to immediately correct the problem being caused by the incorrect disposal of wastewater, a situation that is generating the health problem affecting the protected parties and which tends to worsen in the rainy season. Thus, in application of the preventive principle that operates in environmental matters, it is appropriate to order the Municipalidad de Puntarenas and the Rectorate Health Area of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health (Área Rectora de Salud de Puntarenas - Chacarita de la Región Pacifico Central del Ministerio de Salud) to coordinate what is necessary within the scope of their attributions, and to follow up on the situation, as indicated in the operative part of this resolution. Likewise, they must resolve and respond to the complaint filed by the appellant since December 2017, within the period indicated in the operative part of this resolution. (…) Por tanto: The appeal is declared WITH MERITS. Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Municipal Mayor of the Central Canton of Puntarenas, and/or whoever may hold that office in his place, is ordered to coordinate whatever is necessary and issue the pertinent instructions so that, within a maximum period of one month counted from the notification of this judgment, the cleaning and maintenance of the septic tank located at the roundabout and on the public road of the INVU of El Cocal de Puntarenas, as indicated by the protected party, be carried out; and within a period of one year counted from the notification of this judgment, to adopt the appropriate measures to correct and prevent further obstacles to the flow of water. Within that same period, it must ensure that such cleaning activity is carried out with the necessary regularity; and, if necessary, it must manage technical coordination with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. In application of the preventive principle, Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Rector Health Area of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health, or whoever may hold that office in her place, is ordered to issue the health orders she deems appropriate for the proper functioning of the sanitary sewer system, as well as the indicated septic tank.” From this perspective, the appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas is partially upheld. On this matter, the appellant referred to a problem that had already been known in this jurisdiction by virtue of an amparo appeal filed by another person. This Court, in the partially transcribed judgment, ordered the Municipality of Puntarenas to coordinate whatever was necessary and issue the pertinent instructions not only to proceed with the cleaning and maintenance of the septic tank, but also to adopt the appropriate measures to correct and prevent further obstacles to the flow of water; furthermore, it was to ensure that the cleaning was carried out with the necessary regularity and, if necessary, manage technical coordination with the ICAA. Likewise, on that occasion, the Chamber ordered the Rector Health Area of Puntarenas - Chacarita of the Central Pacific Region of the Ministry of Health to issue the health orders it deemed appropriate for the proper functioning of the sanitary sewer system, as well as the septic tank. In the specific case, from the evidence provided by the respondent authorities, it is clear that the problems detected in the previous amparo appeal persist. In this regard, it is observed that, although the municipality carried out a cleaning of the septic tanks in February 2019 (which are connected to the easement (servidumbre)), in its report it stated that it had no pending task, since it was not going to perform a new one in the remainder of the year. Now, despite what was indicated, it is verified that, after the cleaning of the tanks, the ICAA (an entity to which no responsibility was attributed but only the duty of technical coordination) has had to intervene due to the overflow of black water, which demonstrates that the problem has not been resolved. In addition, the official communications of the health authorities expressly acknowledged that over the last five years, multiple complaints filed by the residents of El Cocal have been addressed regarding the overflow of residual water that occurs because the sanitary sewer system periodically collapses; likewise, they stated they knew that the houses are crossed by an easement (servidumbre), the entrance of which is closed by a concrete wall and is obstructed by dividing walls between each property. Precisely, the Health Area of Puntarenas indicated that it was unaware whether the system met the characteristics and conditions of a functional and effective system for the treatment and final disposal of residual water, which could cause serious environmental contamination, putting public health and the balance of ecosystems at risk. The foregoing is reprehensible because, if a threat or potential impact on the environment and public health is verified, appropriate measures must be taken to make them disappear. Now, even though the Ministry of Health has filed criminal charges against the mayor of Puntarenas for disobedience to authority and has carried out a large number of actions, it is no less true that the denounced situation remains. Similarly, it cannot be overlooked that the Municipality of Puntarenas considers that the problem at hand is the competence of the ICAA, and the latter, in addition to indicating that the solution does not fall within its purview, also criticizes the local government for not only failing to comply with the Chamber's judgment but also for not ensuring that the obstructions to the easement (servidumbre) of the pipeline located in the neighbors' yard are removed. In fact, one of the main problems is that the municipal authorities are uncertain about the legal status of the easement (servidumbre), because even though they stated that it belonged to the INVU, from the evidence ordered for better resolution from the National Registry, such an assertion was not evidenced. The Ministry of Health even required the Municipality of Puntarenas to carry out a legal study of the easement (servidumbre), but there is no record that this has occurred. For the reasons stated, it is necessary to uphold the appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, for the purpose of their coordinating whatever is necessary to resolve the impacts caused by the residual and stormwater problems in the INVU sector at Dirección218, in relation to the sewer system that crosses the properties by means of an easement (servidumbre). In that sense, the Municipality of Puntarenas must analyze the current condition (physical and legal) of the easement (servidumbre) as well as its respective implications from a legal and technical point of view, and submit such report to the Ministry of Health. Likewise, the health authority must analyze the municipality's report and issue its own opinion on the easement (servidumbre) for the purpose of evaluating the possible responsibility of the municipality and the property owners, so that it may then issue the provisional and definitive measures that seek to solve the denounced problem. Finally, the Municipality of Puntarenas must comply with the health orders issued against it, without prejudice to the possibility that such administrative acts issued, as well as their legal and technical viability, may be challenged in the ordinary jurisdiction. In relation to the foregoing, although it was acknowledged that there is no sanitary sewer system in the area, this situation does not exempt those responsible from ensuring adequate treatment of residual water while such a situation persists. Now, if the appellant considers that the ICAA must immediately build a sanitary network in El Cocal, he must make that request before that institution, or else, in the ordinary jurisdiction so that, with more elements, the corresponding evidence may be examined in a broad proceeding and its appropriateness may be determined. Furthermore, regarding the specific solutions proposed by the appellant, these must be raised before the same authorities, or else, in the ordinary jurisdiction. Additionally, regarding the INVU, according to the elements on record, the appeal is dismissed, since it is not evident that it has any current connection with the matter complained of; the foregoing is ordered without prejudice to the possibility that some potential responsibility may be determined in a full proceeding. Finally, in the same terms as the cited precedent, the appeal against the ICAA is dismissed; however, this authority must take note for the purpose of providing, within the scope of its competencies, the technical support required by the health authorities. Likewise, it must participate in the corresponding coordination with the Ministry of Health and the Municipality of Puntarenas, so that with its technical knowledge it contributes to solving the problem.” VII.- ON THE MERITS. In the case at hand, the Chamber considers that there are sufficient elements of conviction to uphold the present amparo appeal. As can be seen from the list of proven facts, the respondent authorities have indeed carried out some actions aimed at solving the problem alluded to by the appellant, regarding the inadequate disposal of residual and black water in a body of water that runs through Dirección1615, in Puntarenas. Likewise, it is observed that the respondents accept that there are constant behaviors by the neighbors, who take solid waste to the Chacarita airstrip, causing serious contamination in said place. According to what was stated under oath by the Mayor of Puntarenas, in an inspection carried out recently, on January 29, 2025, it was verified that the problem of solid waste contamination persists in this area, for which reason the Municipality of Puntarenas began the cleaning and collection of the accumulated solid waste in the airstrip area and areas adjacent to the stormwater channel starting on January 30, 2025. He clarifies that periodic cleanings will be coordinated with municipal machinery starting this year 2025. Furthermore, he adds that a large majority of the constructions located south of the stormwater channel constitute invasions of land owned by the Dirección General de Aviación Civil. There is a future project (2025-2030) for the construction of the sanitary sewer system in Gran Puntarenas, the initial design phase of which was awarded by the AyA to the IDOM-INNCIVE consortium, whose main objective is to resolve the problems related to the management and disposal of the population's residual water. However, it cannot be verified that, to date, provisional measures have been taken to prevent a situation of contamination from continuing in the Veinte de Noviembre community. The Chamber appreciates, from the photographic evidence provided to the case file, that indeed many of the homes in that locality have pipes that discharge into the estuary or wetland that runs through said community. That is, there is indeed a situation of serious contamination because residual and black water is discharged into said body of water, without adequate treatment or planned final disposal. The neighbors have generated a very serious environmental problem that has not been addressed diligently or responsibly by the respondent authorities, especially the Municipality of Puntarenas. It must be remembered that the respondent municipality is responsible for ensuring the protection of local interests, and it is certainly its duty to carry out constant surveillance in scenarios where high-impact environmental contamination is being caused, such as the one denounced here. It is clear that these rivers, wetlands, estuaries, and other bodies of water that run through the canton of Puntarenas finally flow into the Pacific Ocean, where they significantly affect the existing ecosystems in that area, generating environmental imbalance, tourism impact, fishing problems, and in global terms, a worrying passive conduct that seriously harms Article 50 of the Political Constitution. Hence, this Court is called upon to intervene in this new case, as it has done in several previous pronouncements, so that the Municipality of Puntarenas is responsible for sanctioning and correcting the conducts that produce direct contamination in the bodies of water of that canton, as is the present case. VIII.- Regarding MINAE and the Ministry of Health, the Chamber is of the opinion that these agencies have carried out sufficient actions to demonstrate their concern for the environmental situation, and have issued orders and concrete actions to remedy the problem, so the amparo should not be upheld against them. However, they must continue their monitoring work and assist the respondent municipality with all necessary actions to prevent such conducts from persisting. IX.- Note from Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that, when the claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who should hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my opinion, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on Article 7 of its Law, it is responsible for defining its own competence exclusively. Therefore, except for those juridical-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as cases of exception, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. X.- Partially dissenting vote regarding the operative part of this judgment of Judge Garro Vargas. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be upheld, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects, such as the solution to the problem denounced by the appellant regarding contamination caused by residual and black water, as well as solid waste, in the community of Veinte de Noviembre, in Puntarenas. In contrast, what is provided by the Contentious-Administrative Procedural Code regarding enforcement (Article 155 et seq.) has clear advantages, such as the possibility of requesting timelines, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment enforcement rules of said Code. XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in some additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary," approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI. THEREFORE: The appeal is partially upheld, only against the Municipality of Puntarenas. Randall Alexis Chavarría Matarrita, in his capacity as Mayor of Puntarenas, or those who hold those offices in their place, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competence so that, within a period of ONE YEAR, counted from the notification of this Judgment, the necessary measures are taken to guarantee that in the community of Veinte de Noviembre, in Puntarenas, the body of water that crosses said neighborhood is no longer contaminated with residual or black water that is discharged through pipes from the homes, as well as to ensure the adequate disposal of solid waste in that locality, sanctioning offenders and establishing the legal responsibilities that may be warranted. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of three months to two years of imprisonment or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Puntarenas is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of the Judgment in the contentious-administrative jurisdiction. As for the rest, the appeal is dismissed. The authorities of MINAE and the Ministry of Health are to take note of what was indicated by the Chamber in considerando VII of this judgment. Judge Castillo Víquez makes a note. Judge Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Enforcement Area of the Contentious Administrative and Civil Treasury Court, under the enforcement rules established in Articles 155 et seq. of the Contentious-Administrative Procedural Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent for the enforcement proceedings of this ruling to commence.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana Cristina Fernandez A. Digitally Signed Document -- Verifier code -- 1VSGPOCJ9V861 EXPEDIENTE N° 24-033389-0007-CO Phones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Dirección6012, San José, Dirección2662, Dirección495, streets 19 and 21, Dirección1786 Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judiciary. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 08:41:08. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República