Res. 07725-2025 Sala Constitucional — Reiteration of order to deliver complete file of the Aczarri Environmental Technology ParkReiteración de orden de entrega de expediente completo del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri

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Sala Constitucional

Resolución Nº 07725 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Marzo del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-013082-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-013082-0007-CO

Res. Nº 2025007725

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veinticinco .

 

 Gestión de desobediencia formulada en el recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-013082-0007-CO por SEBASTIÁN DAVID SÁNCHEZ RAMÍREZ, cédula de identidad 0305210559, en autos conocido, contra la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ.                                                   

Resultando

 1.- Mediante escrito presentado e ingresado a las 12:24 horas del 26 de febrero de 2024, el recurrente acusa desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la Sentencia N° 2025-002797, de las 09:20 horas del 31 de enero de 2025. Señala que, dicho fallo fue notificado, a la autoridad recurrida, según consta en el expediente judicial, el 05 de febrero del 2025, por lo que el plazo de diez días hábiles venció el pasado miércoles 19 de febrero del 2025. Agrega que, a la fecha la Municipalidad de Aserrí no ha respondido a ninguno de los dos correos enviados solicitando el cumplimiento de lo ordenado, ni se ha comunicado de ninguna forma para entregar la información solicitada.

 2.- Mediante resolución de las 20:06 horas del 27 de febrero de 2025, se confirió audiencia a Patricia Mayela Porras Segura, en calidad de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí, o a quien ocupe dicho cargo, para que se refiera y aporte las pruebas correspondientes en relación con los hechos y omisiones que se le atribuyen.

 3.- Informa bajo juramento Patricia Mayela Porras Segura, en calidad de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí que, el 24 de febrero de 2025, la Dirección de Gestión Urbana y Rural remitió al recurrente al correo [email protected], la información solicitada. Solicita se declare sin lugar y se archive el expediente.

 4.- Mediante escrito agregado a las 0:40 horas del 07 de marzo de 2025, el recurrente aclara que, la Municipalidad de Aserrí afirma que me envió un correo electrónico el 24 de febrero del 2025, con documentos sobre la Celda Única; sin embargo, nunca lo recibió el correo mencionado ni  aparece en el spam. Afirma, que ante ello, el lunes 03 de marzo del 2024, en horas de la tarde llamó a la funcionaria del ayuntamiento de Aserrí que supuestamente me remitió el correo, Sandra Prado y le solicitó que se lo reenviara tanto al correo de la universidad como a uno personal de Gmail. Acota que, ella indicó que lo hizo, pero el correo nunca llegó tampoco a ninguna de las direcciones. Refiere, que consultó al Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica (CI-UCR) sobre la situación y su respuesta fue que el correo nunca llegó a su cuenta y que, en ese  período, solo ingresaron dos correos desde el dominio @aserri.go.cr a la UCR,  ninguno dirigido a su persona. Agrega que, con el afán de obtener la información solicitada se apersonó el 05 de marzo del 2025, a la Municipalidad de Aserrí para que le entregaran la información  en una “llave maya”; pero se le indicó que, la orden fue  entregare digitalizado lo relacionado a la Celda Única -una sección del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri (PTAA)-, a pesar de que el fallo constitucional  ordenó la entrega completa del expediente. Dice, que les explicó la situación y le ofrecieron tres cajas con documentos varios del PTAA, sin embargo, es imposible determinar si esa es toda la información o como dijo una de las funcionarias “puede  haber más en el Archivo Municipal”. Asevera que, todos los documentos están dispersos y sin foliar. Aclara que, en la copia que le entregó la funcionaria Prado el 05 de marzo no  aparece el oficio MA-0282-2025 ni el denominado pdf “Expediente EBI_Celda única” que sí aparecen en el correo que supuestamente me enviaron el 24 de febrero del 2025. Subraya que, en el correo que supuestamente se le remitió el 24 de febrero  se indicó: “por lo que solicito su cooperación para que los elementos que se encuentran digitalizados sean entregados al Señor Sánchez Ramírez y en dicha entrega informar simultáneamente (en caso de que haga falta) en el oficio de  traslado de la información digitalizada, la posible fecha de traslado de  los documentos o partes del expediente que se encuentran en formato  físico”. En este caso es importante destacar que la orden de la Sala Constitucional instruye que debe ser el expediente completo. Esto para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Constitucional” (el resaltado es suplido). Describe, que la propia municipalidad admite que la información enviada en ese correo es incompleta y que deben entregarme el resto; sin embargo, esto se omite en el informe rendido por la alcaldesa Patricia Porras Segura a la Sala, y manifestó que “se proporcionó la información solicitada”.  Asevera que, ello es falso, ya que, la municipalidad reconoció que solo le entregó una parte del expediente, específicamente una sección reciente  del PTAA.

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

 Considerando:

I.-  Antecedente. En el presente asunto, la parte gestionante aduce, que la autoridad recurrida no ha cumplido con lo ordenado por esta Sala en la Sentencia N° 2025-002797, de las 09:20 horas del 31 de enero de 2025, toda vez que allí, en lo conducente, se dispuso lo siguiente:

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Patricia Mayela Porras Segura, en calidad de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí, o a quien ocupe tal cargo, tomar las medidas correspondientes y en el ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, posteriores a la notificación de esta sentencia, al amparado se le brinde copia del expediente administrativo completo del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri. Esto, bajo, bajo advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Aserrí al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo".

Dicha sentencia fue notificada a la parte recurrida el 05 de febrero de 2025.

II.- Sobre la gestión planteada. Respecto a los alegatos de la parte recurrente, la autoridad recurrida, en su defensa, manifestó que, el 24 de febrero de 2025, la Dirección de Gestión Urbana y Rural remitió al recurrente al correo [email protected], la información solicitada. Sin embargo, llama la atención a la Sala que en el correo de las 08:25 horas del 19 de febrero de 2025, el Asesor de la Alcaldía indicó: “ (…) En este caso lo que corresponde luego de la lectura de la Resolución de la Sala Constitucional es trasladar la copia del expediente completo al Señor SEBASTIÁN DAVID SÁNCHEZ RAMIREZ, cédula de identidad 03-0521-0559, por lo que solicito su cooperación para que los elementos que se encuentran digitalizados sean entregados al Señor Sánchez Ramírez y en dicha entrega informar simultáneamente (en caso de que haga falta) en el oficio de traslado de la información digitalizada, la posible fecha de traslado de los documentos o partes del expediente que se encuentran en formato físico. En este caso es importante destacar que la orden de la Sala Constitucional instruye que debe ser el expediente completo”.

Por su parte, el recurrente contestó que, nunca recibió el correo indicado por la autoridad recurrida en su informe, a saber del día 24 de febrero de 2025; no obstante, la Sala verificó que, se le remitió a la misma dirección electrónica mediante la cual se recibió la solicitud de información.

Ahora bien, pese a lo anterior, este Tribunal confirma que persiste un incumplimiento por la parte de la autoridad recurrida, de la orden dada por la Sala, en la sentencia citada. Lo anterior por cuanto no consta que, a la fecha le haya sido entregada el resto de la información que consta en formato físico, y que corresponde al expediente del Parque Tecnológico Ambiental Aczarri, la cual deberá ser brindada en orden y debidamente foliada al tutelado. Se aclara, que en caso de requerir copia de la misma, los gastos deberán ser sufragados por el administrado.

 En consecuencia, la Sala tiene por cierto lo dicho por el gestionante, dado que no consta prueba en contrario, y por ende, no hay duda de que la autoridad recurrida ha incumplido con el mandato dado en dicha sentencia.

 III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se reitera a Patricia Mayela Porras Segura, en calidad de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí, o a quien ocupe tal cargo, el cumplimiento inmediato a lo dispuesto por esta Sala en la Sentencia N° 2025-002797, de las 09:20 horas del 31 de enero de 2025. Lo anterior, bajo la advertencia de ordenar el testimonio de piezas al Ministerio Público, con base en lo dispuesto el artículo 53, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en caso de no hacerlo conforme lo dispuesto en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Notifíquese en forma personal a Patricia Mayela Porras Segura, en calidad de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Aserrí, o a quien ocupe dicho puesto.-

 

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 PM6Y9BY31FW61

EXPEDIENTE N° 24-013082-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:55:08.

SCIJ de Hacienda
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Constitutional Chamber

Resolution No. 07725 - 2025

Resolution Date: March 14, 2025, at 09:20

Case File: 24-013082-0007-CO

Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Type of Matter: Amparo remedy

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Text of the resolution

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Exp: 24-013082-0007-CO

Res. No. 2025007725

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty on the fourteenth of March, two thousand twenty-five.

A proceeding for disobedience (gestión de desobediencia) filed in the amparo remedy being processed under case file number 24-013082-0007-CO by SEBASTIÁN DAVID SÁNCHEZ RAMÍREZ, identity card number 0305210559, in known proceedings, against the MUNICIPALITY OF ASERRÍ.

Whereas

1.- By means of a document presented and submitted at 12:24 hours on February 26, 2024, the petitioner alleges disobedience (desobediencia) of what was ordered by this Chamber in Judgment No. 2025-002797, at 09:20 hours on January 31, 2025. He indicates that this judgment was notified to the respondent authority, as recorded in the judicial file, on February 5, 2025, such that the ten-business-day deadline expired on Wednesday, February 19, 2025. He adds that, to date, the Municipality of Aserrí has not responded to either of the two emails sent requesting compliance with the order, nor has it communicated in any way to deliver the requested information.

2.- By resolution at 20:06 hours on February 27, 2025, a hearing was granted to Patricia Mayela Porras Segura, in her capacity as Municipal Mayor (Alcaldesa Municipal) of the Municipality of Aserrí, or to whomever holds that office, to respond to and provide the corresponding evidence regarding the acts and omissions attributed to her.

3.- Patricia Mayela Porras Segura, in her capacity as Municipal Mayor (Alcaldesa Municipal) of the Municipality of Aserrí, reports under oath that, on February 24, 2025, the Directorate of Urban and Rural Management (Dirección de Gestión Urbana y Rural) sent the petitioner the requested information to the email address [email protected]. She requests that the case be declared without merit and the file be archived.

4.- Through a document added at 0:40 hours on March 7, 2025, the petitioner clarifies that the Municipality of Aserrí claims it sent him an email on February 24, 2025, with documents regarding the Single Cell (Celda Única); however, he never received it at the mentioned email address, nor does it appear in spam. He states that, in light of this, on Monday afternoon, March 3, 2024, he called the official of the Aserrí municipal government who supposedly sent the email, Sandra Prado, and asked her to resend it to both the university email address and a personal Gmail account. He notes that she indicated she did so, but the email never arrived at either address either. He relates that he consulted the University of Costa Rica's Computer Center (Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, CI-UCR) about the situation, and its response was that the email never reached his account and that, during that period, only two emails entered the UCR from the @aserri.go.cr domain, neither addressed to him. He adds that, in his eagerness to obtain the requested information, he appeared on March 5, 2025, at the Municipality of Aserrí so that they could deliver the information on a "Maya flash drive (llave maya)"; but he was told that the order was to deliver digitized information related to the Single Cell (Celda Única)—a section of the Aczarri Environmental Technology Park (Parque Tecnológico Ambiental Aczarri, PTAA)—even though the constitutional judgment ordered the complete delivery of the file. He says he explained the situation to them, and they offered him three boxes with various PTAA documents; however, it is impossible to determine if that is all the information or if, as one of the officials said, "there may be more in the Municipal Archive." He asserts that all the documents are scattered and unnumbered. He clarifies that in the copy that official Prado handed over to him on March 5, official communication MA-0282-2025 does not appear, nor does the pdf named "Expediente EBI_Celda única" which do appear in the email they supposedly sent him on February 24, 2025. He emphasizes that the email supposedly sent to him on February 24 stated: "therefore, I request your cooperation so that the elements that are digitized are delivered to Mr. Sánchez Ramírez, and that during said delivery, you simultaneously inform (in case any are missing) in the official communication transferring the digitized information, the possible date for transferring the documents or parts of the file that are in physical format. In this case, it is important to highlight that the Constitutional Chamber's order instructs that it must be the complete file. This is to comply with the provisions of the Constitutional Chamber" (the emphasis is supplied). He describes that the municipality itself admits that the information sent in that email is incomplete and that they must deliver the rest to him; however, this is omitted from the report rendered by Mayor Patricia Porras Segura to the Chamber, and she stated that "the requested information was provided." He asserts that this is false, since the municipality acknowledged that it only delivered part of the file, specifically a recent section of the PTAA.

5.- The procedural steps required by law have been observed in the substantiation of the process.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considering:

I.- Background. In the present matter, the moving party claims that the respondent authority has not complied with what was ordered by this Chamber in Judgment No. 2025-002797, at 09:20 hours on January 31, 2025, given that therein, to the pertinent extent, the following was ordered:

"The remedy is declared with merit. Patricia Mayela Porras Segura, in her capacity as Municipal Mayor (Alcaldesa Municipal) of the Municipality of Aserrí, or whomever holds such office, is ordered to take the corresponding measures and within the scope of her authority so that, within a period of TEN DAYS, subsequent to the notification of this judgment, the petitioner is provided with a copy of the complete administrative file of the Aczarri Environmental Technology Park (Parque Tecnológico Ambiental Aczarri). This, under the warning that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy, and does not comply with or enforce it, provided that the crime is not more severely punishable. The Municipality of Aserrí is sentenced to the payment of costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which will be settled in the enforcement of judgment proceedings of the contentious-administrative jurisdiction."

Said judgment was notified to the respondent party on February 5, 2025.

II.- On the proceeding filed. Regarding the allegations of the petitioner, the respondent authority, in its defense, stated that, on February 24, 2025, the Directorate of Urban and Rural Management (Dirección de Gestión Urbana y Rural) sent the requested information to the petitioner at the email address [email protected]. However, the Chamber notes that in the email at 08:25 hours on February 19, 2025, the Advisor to the Mayor's Office stated: " (...) In this case, what corresponds after reading the Resolution of the Constitutional Chamber is to transfer the copy of the complete file to Mr. SEBASTIÁN DAVID SÁNCHEZ RAMÍREZ, identity card 03-0521-0559, therefore, I request your cooperation so that the elements that are digitized are delivered to Mr. Sánchez Ramírez, and that during said delivery, you simultaneously inform (in case any are missing) in the official communication transferring the digitized information, the possible date for transferring the documents or parts of the file that are in physical format. In this case, it is important to highlight that the Constitutional Chamber's order instructs that it must be the complete file."

For his part, the petitioner responded that he never received the email indicated by the respondent authority in its report, specifically from February 24, 2025; however, the Chamber verified that it was sent to the same email address through which the information request was received.

Now, despite the foregoing, this Court confirms that there persists a non-compliance by the respondent authority with the order given by the Chamber in the cited judgment. The foregoing is because it is not on record that, to date, the remainder of the information that exists in physical format has been delivered to him, which corresponds to the file of the Aczarri Environmental Technology Park (Parque Tecnológico Ambiental Aczarri), which must be provided in order and properly numbered (foliada) to the protected party. It is clarified that, should a copy of the same be required, the expenses must be borne by the administered party.

Consequently, the Chamber accepts as true what was stated by the moving party, given that there is no evidence to the contrary on record, and therefore, there is no doubt that the respondent authority has failed to comply with the mandate given in said judgment.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions set forth in the "Regulation on the Electronic Court File Before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The immediate compliance with the order issued by this Chamber in Judgment No. 2025-002797, at 09:20 hours on January 31, 2025, is reiterated to Patricia Mayela Porras Segura, in her capacity as Municipal Mayor (Alcaldesa Municipal) of the Municipality of Aserrí, or to whomever holds such office. The foregoing, under the warning of ordering the forwarding of certified copies of the proceedings to the Public Prosecutor's Office, based on the provisions of Article 53 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in the event of non-compliance in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notify Patricia Mayela Porras Segura personally, in her capacity as Municipal Mayor (Alcaldesa Municipal) of the Municipality of Aserrí, or whomever holds said position.-

Fernando Cruz C.

Acting President

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ana Cristina Fernandez A.

Digitally Signed Document

-- Verification code --

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PM6Y9BY31FW61

CASE FILE NO. 24-013082-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).

Faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:55:08.

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