Res. 07764-2025 Sala Constitucional — Municipal sidewalk construction and closure of wastewater pipes does not violate constitutional rightsConstrucción municipal de aceras y clausura de tuberías de aguas servidas no constituye lesión constitucional

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Sala Constitucional

Resolución Nº 07764 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Marzo del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-035266-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 24-035266-0007-CO

Res. Nº 2025007764

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veinticinco .

 

 Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a su favor, de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], y [Nombre 004], cédula de identidad No. [Valor 004], y de todos los vecinos y contribuyentes del cantón de Alajuelita, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA.

Resultando:

1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 20:01 horas de 14 de diciembre de 2024, [Nombre 001] presentó un recurso de amparo a favor de [Nombre 002], a favor de [Nombre 003], en contra de la Municipalidad de Alajuelita. El recurrente adujo que el 5 de diciembre de 2024, la Municipalidad de Alajuelita distribuyó entre los vecinos de Urbanización Lotes Paz, un documento titulado “notificación” en el que informaba sobre trabajos en aceras y la clausura de tuberías de aguas residuales. Reclamó que el aviso es informal y confuso, entregado por una persona que no es un notificador municipal, a cualquier individuo. En su criterio es un aviso, que no cumple las formalidades de Ley, por lo que no es una notificación municipal. Añadió que el documento establecía un plazo de 5 días hábiles para apelar, pero la corporación territorial inició los trabajos el día hábil siguiente. Detalló que la municipalidad rompió aceras y tuberías, lo que generó contaminación y afectó el ingreso a las propiedades. Agregó que las acciones fueron ejecutadas sin considerar que el distrito carece de un sistema de alcantarillado sanitario, generando un riesgo al clausurar las tuberías sin ofrecer soluciones. Calificó el proceder como discriminatorio, pues afectó parcialmente zonas del caserío. Señaló que la municipalidad ha utilizado indebidamente el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, pues desde su perspectiva, es competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente y Energía. Subrayó que la medida ha afectado a adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, y demás individuos en pobreza extrema. Cuestionó la actitud que ha tenido la Municipalidad de Alajuelita respecto de los supuestos problemas de planificación y desarrollo que afirma presenta la zona, desde hace 60 años, y que son de conocimiento de la entidad. Pidió a la Sala Constitucional que de forma inmediata disponga revocar la clausura de las tuberías.

2.- Mediante el auto de las 07:54 horas de 6 de enero de 2025, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado a la Alcaldesa y al Jefe de la Unidad de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de Alajuelita.

3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 11:00 horas de 15 de enero de 2025, María del Rosario Siles Fernández, Alcaldesa de la Municipalidad de Alajuelita, informó: “(…) El proyecto en proceso de ejecución es un contrato de servicios de construcción de aceras y cordón de caño en varios puntos del cantón en donde la infraestructura es inexistente o bien no apegada a la normativa de la Ley 7600, este contrato de dicha empresa se encuentra registrado ante el sistema de SICOP (Sistema de Compras Públicas) bajo el contrato N°0062024001300015. El sector en cuestión se intervino por previo acuerdo de la Junta Vial Cantonal. Misma que define, aprueba o desaprueba los proyectos serán ejecutados por la Unidad Técnica a mi cargo. En este caso, una vecina de la comunidad solicitó la mejora de la acera justamente porque anteriormente era intransitable y la población se encontraba en dicha necesidad. Las notificaciones del sector estuvieron a cargo de 2 personas calificadas para dicho trabajo. Se trata de la Arq. Marilyn Ramírez Vargas y el Lic. Luis Orozco Ureña. La señora Ramírez es la Asistente de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quien en distintas ocasiones realiza inspecciones en este tipo de proyectos, y se le asignó la tarea ya que durante el proceso de notificación surgen dudas por parte de los vecinos y ella tiene el conocimiento necesario para responderlas en el momento. En el caso del señor Orozco, se desempeña como Comunicador del departamento UTGV, y además certifica que la información que se estuviera brindando fuera clara para las personas que los recibían. Durante el proceso de notificación se manejaron 2 documentos: el primero, la notificación formal; que, acompañada de una pequeña explicación verbal, se encuentra compuesta por una serie de especificaciones, indicaciones y repercusiones debido a la construcción del proyecto. Todas sustentadas por sus correspondientes artículos de la Ley correspondiente, ya sea el Código Municipal, Ley de Caminos Públicos 5060, Ley de Movilidad Peatonal 9976, el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, y por supuesto la Ley 7600 que dicta los lineamientos para la accesibilidad universal. Además, cuenta con un croquis de la acera y al final un espacio de recibido por parte del notificado. Esta notificación únicamente se entregaba a personas mayores de edad. En caso de que en la propiedad no tuviéramos respuesta o nos atendiera un menor de edad, se dejaba el segundo documento: un comunicado tipo brochure que indica lo que el recurrente anota en su declaración. Importante recalcar que este segundo documento no tiene carácter de notificación, sino que como indica, se solicita que la persona se comunique con nosotros para hacer la notificación correspondiente (…) Este proceso de conformación, conlleva a quitar las tuberías existentes de desfogues hacia una posible cuneta o alcantarillado ya que la empresa realiza las mejoras con respecto a la salida de aguas pluviales más no así las aguas servidas (…) Consecuentemente, las aguas servidas que están siendo canalizadas al desagüe pluvial es completamente PROHIBIDO según el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales N°33601 (…) El municipio reconoce que la salud pública se debe ver como un tema integral porque debe dar cobertura a todas las dimensiones prioritarias para la vida de toda persona. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, nos damos cuenta que éste asunto no es responsabilidad municipal sino de los dueños de las propiedades por una parte del Ministerio de Salud y del Instituto Costarricense de acueductos y alcantarillados por otro. Por su parte, la Ley General de Salud establece la obligación, al dueño de la propiedad, para lograr la adecuada disposición de las aguas pluviales, así como la correspondiente competencia del Ministerio de Salud para verificar la oportunidad de la forma en que se cumpla tal obligación (…) el municipio no es el encargado de autorizar, dar servicios de agua potable o instalación de alcantarillado sanitario en el cantón de Alajuelita, sino que el facultado por ley a tal finalidad es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y es éste quien establece los requisitos para la prestación de dichos servicios, quien decide si existe posibilidad para su prestación, dónde se colocan los medidores y la instalación de alcantarillado sanitario entre otros, según lo establece Ley Constitutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillado en número 2726 de 14 de abril de 1976 (…) En la relativo a las aceras y como se mencionó anteriormente, éste municipio está cumpliendo a cabalidad lo indicado en el Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Dis- capacidad N° 26831 (…) Dentro de las especificación técnicas emitidas en el contrato la empresa está en la obligación de realizar el rompimiento, conformación, acondicionamiento, etc., de la infraestructura existente para construir la acera nueva aplicado la Ley 7600, así como el cordón de caño a desfogar las aguas pluviales y realizar la prevista de conectividad de las mismas aguas pluviales a algún alcantarillado pluvial existente o al mismo cordón de caño que realiza la canalización de sólo las aguas de lluvia, por lo que se especifica en el punto N° 27. La empresa adjudicada deberá de dejar la prevista de desfogue pluvial en el cordón de caño con tubo de PVC de 3” para las casas que tengas canoas o bajantes y así realizar la conexión de dichas aguas de los techos al cordón de caño a construir. Con base en el punto anterior, dentro de las obligaciones de la empresa no se encuentra la intervención de las tuberías potables de Acueductos y Alcantarillados. Para dichas tuberías y en cualquier punto de aceras del cantón, es el mismo AyA quien nos colabora con la reubicación de los medidores. Y en caso de que por error la maquinaria dañe esta tubería, se contacta de inmediato con ellos para dar solución y no dejar al vecino afectado sin acceso al agua por un tiempo prolongado. La empresa contratada únicamente acondiciona las salidas de aguas pluviales, mas no potable (…) En el proceso de conformación y apertura de la zanja para la colocación de la tubería, así como en todo el trayecto de intervención la UTGV se encuentra con conexiones ilegales de salidas de aguas de pilas, aguas jabonosas y hasta dobles acometidas de agua potable en donde nosotros dentro de la legalidad, no podemos proceder a dejar las conexiones ilegales, aunado a que se desmiente en la indicación donde refiere a que las aguas de los techos o aguas pluviales fuesen al tanque séptico, al encontrarse conexiones ilegales de aguas de otro tipo que no son las de los techos es competencia de cada dueño de propiedad realizar las mejoras respectivas a lo interno de la misma, mediante la metodología de construcción de tanque de absorción al no tener red de alcantarillado servicio brindado por el AYA o bien a un tanque séptico que momentáneamente resumiera dichas aguas a la insistencia a lo interno de la propiedad, pero para dicha tubería colocada, por parte de la Municipalidad de Alajuelita NO SE PUEDE PERMITIR conexiones ilegales que vayan a dañar el medio ambiente, así como ser partícipes de conexiones insalubres e ilegales que contribuyan a generar contaminación para el resto de la población. Los proyectos de infraestructura peatonal generados por esta unidad nunca se direccionarán aacondicionar las aguas de pilas, jabonosas (aguas servidas) o aguas negras ya que por salubridad y proceso de tratamiento de este tipo de aguas le compete al dueño de la propiedad en conjunto con el AyA, así como la aprobación del Ministerio de Salud (…) LA SALIDA DE LA TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS Y SERVIDAS, ESTÁ PROHIBIDO POR PRECEPTO LEGAL DEFOGAR AL CAÑO, AL NO EXISTIR COLECTOR POR PARTE DE AyA, ESTAS AGUAS DEBEN SER TRATADAS Y NUNCA CONECTARLAS A LA CUNETA DEL CAÑO CON EL CONSECUENTE PROBLEMA DE SALUD Y CONTAMINACIÓN QUE ELLO PROVOCA. •Bajo esta tesitura, quien se encuentra obligado a solucionar el problema de las aguas negras , servidas y pluviales de la propiedad es el accionante, mas no éste municipio, por lo que ésta representación, no ha conculcado, vulnerado o lesionado los derechos fundamentales del recurrente, todo lo contrario, quien infringe y quebranta los derechos de la comunidad es la recurrente al dejar que libremente discurran las aguas servidas por demás fétidas y contaminantes sin haberse preocupado en dar solución a un problema de su vivienda, que él mismo reconoce en su exposición de motivos al indicar que “ le cerraron la única salida de la casa que permitía la salida de esas aguas “, obviamente hacia el caño (…)” (sic).

4.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 10:17 horas de 16 de enero de 2025, la Secretaría de la Sala Constitucional hizo constar que no aparee que del 9 al 15 de enero de 2025, el Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuelita, haya presentado escrito o documento alguno, para rendir el informe que se le ordenó.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.             

Redacta el Magistrado Araya García; y,

 Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente adujo que el 5 de diciembre de 2024, la Municipalidad de Alajuelita distribuyó entre los vecinos de Urbanización Lotes Paz, un documento titulado “notificación” en el que informaba sobre trabajos en aceras y la clausura de tuberías de aguas residuales. Reclamó que el aviso es informal y confuso, entregado por una persona que no es un notificador municipal, a cualquier individuo. En su criterio es un aviso, que no cumple las formalidades de Ley, por lo que no es una notificación municipal. Añadió que el documento establecía un plazo de 5 días hábiles para apelar, pero la corporación territorial inició los trabajos el día hábil siguiente. Detalló que la municipalidad rompió aceras y tuberías, lo que generó contaminación y afectó el ingreso a las propiedades. Agregó que las acciones fueron ejecutadas sin considerar que el distrito carece de un sistema de alcantarillado sanitario, generando un riesgo al clausurar las tuberías sin ofrecer soluciones. Calificó el proceder como discriminatorio, pues afectó parcialmente zonas del caserío. Señaló que la municipalidad ha utilizado indebidamente el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, pues desde su perspectiva, es competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente y Energía. Subrayó que la medida ha afectado a adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, y demás individuos en pobreza extrema. Cuestionó la actitud que ha tenido la Municipalidad de Alajuelita respecto de los supuestos problemas de planificación y desarrollo que afirma presenta la zona, desde hace 60 años, y que son de conocimiento de la entidad.

II.- Cuestión preliminar. El (la) Jefe (a) de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuelita omitió rendir el informe que se le ordenó, razón por la cual, en aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tuvo por ciertos los hechos en lo que a dicho (a) funcionario (a) atañe, y se resuelve el recurso de amparo a partir de los elementos de juicio que constan en el expediente.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

 El 5 de diciembre de 2024, la Municipalidad de Alajuelita notificó a [Nombre 004], residente de Urbanización Lotes Paz, un oficio suscrito por Michael Barboza Arroyo y Marilyn Ramírez Vargas, Ingeniero de Proyectos y Asistente, ambos de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuelita, en el que se indicó: “(…) De acuerdo con el Código Municipal, se recuerda a los dueños de propiedades el Artículo 84, en los incisos: “a) Limpiar la vegetación de sus predios ubicados a orillas de vías públicas y recortar la que perjudique o dificulte el paso de las personas. d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. e) Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción o artefactos de seguridad en entradas de garajes.” Así mismo el Artículo 85 indica “Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el artículo anterior, la Municipalidad cobrará trimestralmente con carácter de multa…” Por tanto, se notifica que la Municipalidad dará inicio al proyecto de construcción de aceras y corta de vegetación que invade el derecho de vía. Sumado a lo anterior la Ley 7600 y en referencia a la Ley de Caminos Públicos 5060, Art. No°5, donde se establece un derecho de vía de 14.00m, también se hace mención que todas las rampas y accesos a viviendas y predios deberán estar confeccionadas dentro de los límites de la propiedad, y no en el derecho de vía. Por lo que de estar incurriendo en lo antes indicado, el propietario deberá asumir las modificaciones respectivas de mejoramiento para el ingreso a su finca. De la misma manera fundamentado en el artículo 15 de la Ley N°9976, Ley de Movilidad Peatonal, que señala: “El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus consejos y las corporaciones municipales construirán las aceras y vías peatonales de acuerdo con los principios establecidos en esta ley, en busca del bien común. El propietario o poseedor por cualquier título de bien inmueble, cuyo acceso se vea comprometido por estas obras, deberá realizar las modificaciones necesarias por su cuenta para habilitar el acceso a la vía pública desde su bien inmueble, respetando la normativa vigente.” Además, se hace especial hincapié en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales que indica en su artículo 62: “Del uso incorrecto de alcantarillados. Se prohíbe el vertido de aguas pluviales al alcantarillado sanitario así como aguas residuales, tratadas o no, al alcantarillado pluvial.” Por tanto, en los sectores donde no se cuente con red de alcantarillado sanitario, cada propiedad deberá velar por que las aguas servidas no sean vertidas al cordón de caño, esto mediante el tratamiento de dicha aguas a lo interno de la propiedad, avalado por el Ministerio de Salud. Cualquier tubería de aguas servidas, jabonosas y/o residuales que tenga salida a la vía pública se estará clausurando, siendo el agua pluvial la única permitida con desfogue al cordón de caño. Para este fin, la cuadrilla de trabajo estará haciendo la conexión respectiva bajo la acera con tubo y codo PVC de 3” que serán aportados por el contribuyente (únicos insumos solicitados). Este proyecto se estará ejecutando en los próximos días y semanas frente a su propiedad. Reservándose el derecho a futuro de la aplicación del Art. 85 y reglamento institucional. Lo anterior con el fin de que se tomen las medidas necesarias y que dicho proyecto no afecte la dinámica diaria en su propiedad. Advirtiendo que una vez iniciadas las obras, no se podrán detener por afectaciones individuales. Posterior a la conclusión del proyecto por parte de la UTGV, en los sectores donde se haya contemplado espacio para área verde, el departamento de Parques y Ornatos estará realizando trabajos de embellecimiento. Por tanto, se solicita contar con la comprensión y las previsiones necesarias del caso (…) Nota: Con fundamento en el artículo 171 del Código Municipal, dentro de 5 días hábiles, contra este acto procede el Recurso de Revocatoria ante la Unidad Técnica de Gestión Vial con apelación ante el Alcalde Municipal (…)” (sic) (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital).
El 5 de diciembre de 2024, la Municipalidad de Alajuelita distribuyó entre los vecinos de Urbanización Lotes Paz, un documento en el que se consignó: “(…) Estimado (a) Vecino (a): Hemos visitado su vivienda y no hemos tenido respuesta. La Municipalidad de Alajuelita les informa que en los próximos 7 a 15 días iniciará el proyecto de construcción de las aceras en el sector Lotes Paz. Por tanto, necesitamos realizar la correspondiente notificación, por lo cual le solicitamos amablemente que se comunique con la UTGV a los números 4082 7158 o 4080 5228 o a los correos electrónicos [email protected] [email protected] [email protected]  Le agradecemos su colaboración (…)” (sic) (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital).
En el oficio No. MA-GDUR-UTGV-005-2025 de 13 de enero de 2025, Michael Barboza Arroyo, Ingeniero de Proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuelita, detalló: “(…) 3. El proyecto en proceso de ejecución es un contrato de servicios de construcción de aceras y cordón de caño en varios puntos del cantón en donde la infraestructura es inexistente o bien no apegada a la normativa de la Ley 7600, este contrato de dicha empresa se encuentra registrado ante el sistema de SICOP (Sistema de Compras Públicas) bajo el contrato N°0062024001300015. 4. El sector en cuestión se intervino por previo acuerdo de la Junta Vial Cantonal. Misma que define, aprueba o desaprueba los proyectos serán ejecutados por la Unidad Técnica a mi cargo. En este caso, una vecina de la comunidad solicitó la mejora de la acera justamente porque anteriormente era intransitable y la población se encontraba en dicha necesidad. 5. Las notificaciones del sector estuvieron a cargo de 2 personas calificadas para dicho trabajo. Se trata de la Arq. Marilyn Ramírez Vargas y el Lic. Luis Orozco Ureña. La señora Ramírez es la Asistente de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quien en distintas ocasiones realiza inspecciones en este tipo de proyectos, y se le asignó la tarea ya que durante el proceso de notificación surgen dudas por parte de los vecinos y ella tiene el conocimiento necesario para responderlas en el momento. En el caso del señor Orozco, se desempeña como Comunicador del departamento UTGV, y además certifica que la información que se estuviera brindando fuera clara para las personas que los recibían. 6. Durante el proceso de notificación se manejaron 2 documentos: el primero, la notificación formal; que, acompañada de una pequeña explicación verbal, se encuentra compuesta por una serie de especificaciones, indicaciones y repercusiones debido a la construcción del proyecto. Todas sustentadas por sus correspondientes artículos de la Ley correspondiente, ya sea el Código Municipal, Ley de Caminos Públicos 5060, Ley de Movilidad Peatonal 9976, el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, y por supuesto la Ley 7600 que dicta los lineamientos para la accesibilidad universal. Además, cuenta con un croquis de la acera y al final un espacio de recibido por parte del notificado. Esta notificación únicamente se entregaba a personas mayores de edad. En caso de que en la propiedad no tuviéramos respuesta o nos atendiera un menor de edad, se dejaba el segundo documento: un comunicado tipo brochure que indica lo que el recurrente anota en su declaración. Importante recalcar que este segundo documento no tiene carácter de notificación, sino que como indica, se solicita que la persona se comunique con nosotros para hacer la notificación correspondiente (…) 7. La notificación en el sector Lotes Paz tuvo lugar el día 5 de diciembre 2024, y la primera intervención se realizó el 9 de Diciembre. En efecto, entre ambas fechas hubo un espacio de un día hábil, sin embargo, la primera intervención solamente fue para ir picando los bordes de los medidores y rompiendo la primera parte del tramo a construir. Ninguna tubería fue clausurada dentro de la primera semana, y tampoco se recibieron apelaciones formales, sino hasta la recepción del recurso de amparo que se está respondiendo. 8. Dentro de las especificación técnicas emitidas en el contrato la empresa está en la obligación de realizar el rompimiento, conformación, acondicionamiento, etc., de la infraestructura existente para construir la acera nueva aplicado la Ley 7600, así como el cordón de caño a desfogar las aguas pluviales y realizar la prevista de conectividad de las mismas aguas pluviales a algún alcantarillado pluvial existente o al mismo cordón de caño que realiza la canalización de sólo las aguas de lluvia, por lo que se especifica en el punto N° 27. La empresa adjudicada deberá de dejar la prevista de desfogue pluvial en el cordón de caño con tubo de PVC de 3” para las casas que tengas canoas o bajantes y así realizar la conexión de dichas aguas de los techos al cordón de caño a construir. 9. Con base en el punto anterior, dentro de las obligaciones de la empresa no se encuentra la intervención de las tuberías potables de Acueductos y Alcantarillados. Para dichas tuberías, y en cualquier punto de aceras del cantón, es el mismo AyA quien nos colabora con la reubicación de los medidores. Y en caso de que por error la maquinaria dañe esta tubería, se contacta de inmediato con ellos para dar solución y no dejar al vecino afectado sin acceso al agua por un tiempo prolongado. La empresa contratada únicamente acondiciona las salidas de aguas pluviales, mas no potable (…) 11. Los proyectos de infraestructura peatonal generados por esta unidad nunca se direccionarán a acondicionar las aguas de pilas, jabonosas (aguas servidas) o aguas negras ya que por salubridad y proceso de tratamiento de este tipo de aguas le compete al dueño de la propiedad en conjunto con el AyA, así como la aprobación del Ministerio de Salud. 12. IMPORTANTE. En el proceso de conformación y apertura de la zanja para la construcción de la acera y cordón de caño nos encontramos conexiones ilegales de salidas de aguas de pilas y aguas jabonosas (aguas servidas), situación donde nosotros siendo respetuosos de la Ley, no podemos permitir conexiones ilegales. 13. En este proyecto no hay afectación sobre el sistema de alcantarillado sanitario, ya que en el sector las propiedades cuentan con tanque séptico para aguas negras, por ende, lo que se condenó fueron las aguas servidas que estaban afectando la salud pública de los propios habitantes del sector. Importante recalcar que estas aguas ya se encontraban corriendo por vía pública desde mucho antes de que la Municipalidad diera inicio con el proyecto. 14. Finalmente, ni el libre tránsito, ni el acceso al agua, ni el respeto a la propiedad privada se han visto afectadas con el proyecto. Es correcto decir que es un proyecto que incomoda momentáneamente a la población durante su construcción. El tema del agua fue explicado en el punto 9 del presente oficio y la propiedad privada no se ha tocado en ningún momento, ya que todos los trabajos han sido ejecutados en vía pública como corresponde. Es importante recordar que la misma población mencionada en este apartado del amparo como “personas con discapacidad, niños, niñas y madres solteras”, además de la población sin alguna distinción especial, son los principales beneficiarios de la construcción de la acera, la cual permitirá que su movilización sea fluida y segura (…)” (sic) (ver el oficio agregado al expediente digital).

IV.- Hechos no probados. Se estiman como no demostrados los siguientes hechos, de relevancia para esta resolución: 1.- que el recurrente haya planteado alguna denuncia ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Ambiente y Energía, por los supuestos problemas de disposición de aguas residuales, salubridad, y/o contaminación ambiental, que las obras ejecutadas por la Municipalidad de Alajuela estarían generando; y 2.- que el promovente haya planteado ante la Municipalidad de Alajuelita algún reclamo por los supuestos problemas de planificación y desarrollo que afirma presenta la zona, desde hace 60 años.

V.- Sobre el caso concreto.  En los escritos aportados por el recurrente, este no particulariza la o las personas a favor de quienes acude ante este Tribunal. De hecho, sus aseveraciones son generales y están desvinculadas de alguna situación específica. Lo anterior, dificulta a este Tribunal elaborar una relación de hechos, brindar traslado a las autoridades recurridas, recabar prueba, y finalmente, determinar si existió o no una lesión o amenaza concreta a un derecho fundamental.

VI.- Entre la prueba que el promovente aportó, solamente consta respecto de algún individuo en particular: a) una notificación efectuada por la Municipalidad de Alajuelita a [Nombre 004], cédula de identidad No. [Valor 004]; b) un dictamen médico de [Nombre 003], en el cual se hace constar sus padecimientos y que está adscrita al Área de Salud de Alajuelita; c) una certificación expedida por el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología del Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, donde se especifican los padecimientos de [Nombre 002].

VII.- No se acreditó fehacientemente que [Nombre 003] y [Nombre 002] hayan sido notificadas como el promovente aseveró (siquiera que en realidad residan en Urbanización Lotes Paz). El recurrente tampoco aporta un elemento de juicio que permita a este Tribunal tenerlo por afectado directo por la medida implementada por el municipio.

VIII.- Así las cosas, en la presente resolución se analizan los agravios planteados, en relación con [Nombre 004], única administrada respecto de la que se demostró haber recibido la notificación del acto administrativo que se cuestiona. 

IX.- De la relación de hechos probados se desprende que el 5 de diciembre de 2024, la Municipalidad de Alajuelita notificó a [Nombre 004], residente de Urbanización Lotes Paz, un oficio suscrito por Michael Barboza Arroyo y Marilyn Ramírez Vargas, Ingeniero de Proyectos y Asistente, ambos de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuelita: “(…) De acuerdo con el Código Municipal, se recuerda a los dueños de propiedades el Artículo 84, en los incisos: “a) Limpiar la vegetación de sus predios ubicados a orillas de vías públicas y recortar la que perjudique o dificulte el paso de las personas. d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. e) Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción o artefactos de seguridad en entradas de garajes.” Así mismo el Artículo 85 indica “Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el artículo anterior, la Municipalidad cobrará trimestralmente con carácter de multa…” Por tanto, se notifica que la Municipalidad dará inicio al proyecto de construcción de aceras y corta de vegetación que invade el derecho de vía. Sumado a lo anterior la Ley 7600 y en referencia a la Ley de Caminos Públicos 5060, Art. No°5, donde se establece un derecho de vía de 14.00m, también se hace mención que todas las rampas y accesos a viviendas y predios deberán estar confeccionadas dentro de los límites de la propiedad, y no en el derecho de vía. Por lo que de estar incurriendo en lo antes indicado, el propietario deberá asumir las modificaciones respectivas de mejoramiento para el ingreso a su finca. De la misma manera fundamentado en el artículo 15 de la Ley N°9976, Ley de Movilidad Peatonal, que señala: “El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus consejos y las corporaciones municipales construirán las aceras y vías peatonales de acuerdo con los principios establecidos en esta ley, en busca del bien común. El propietario o poseedor por cualquier título de bien inmueble, cuyo acceso se vea comprometido por estas obras, deberá realizar las modificaciones necesarias por su cuenta para habilitar el acceso a la vía pública desde su bien inmueble, respetando la normativa vigente.” Además, se hace especial hincapié en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales que indica en su artículo 62: “Del uso incorrecto de alcantarillados. Se prohíbe el vertido de aguas pluviales al alcantarillado sanitario así como aguas residuales, tratadas o no, al alcantarillado pluvial.” Por tanto, en los sectores donde no se cuente con red de alcantarillado sanitario, cada propiedad deberá velar por que las aguas servidas no sean vertidas al cordón de caño, esto mediante el tratamiento de dicha aguas a lo interno de la propiedad, avalado por el Ministerio de Salud. Cualquier tubería de aguas servidas, jabonosas y/o residuales que tenga salida a la vía pública se estará clausurando, siendo el agua pluvial la única permitida con desfogue al cordón de caño. Para este fin, la cuadrilla de trabajo estará haciendo la conexión respectiva bajo la acera con tubo y codo PVC de 3” que serán aportados por el contribuyente (únicos insumos solicitados). Este proyecto se estará ejecutando en los próximos días y semanas frente a su propiedad. Reservándose el derecho a futuro de la aplicación del Art. 85 y reglamento institucional. Lo anterior con el fin de que se tomen las medidas necesarias y que dicho proyecto no afecte la dinámica diaria en su propiedad. Advirtiendo que una vez iniciadas las obras, no se podrán detener por afectaciones individuales. Posterior a la conclusión del proyecto por parte de la UTGV, en los sectores donde se haya contemplado espacio para área verde, el departamento de Parques y Ornatos estará realizando trabajos de embellecimiento. Por tanto, se solicita contar con la comprensión y las previsiones necesarias del caso (…) Nota: Con fundamento en el artículo 171 del Código Municipal, dentro de 5 días hábiles, contra este acto procede el Recurso de Revocatoria ante la Unidad Técnica de Gestión Vial con apelación ante el Alcalde Municipal (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). El mismo día, la Municipalidad de Alajuelita distribuyó entre los vecinos de Urbanización Lotes Paz, un documento en el que se consignó: “(…) Estimado (a) Vecino (a): Hemos visitado su vivienda y no hemos tenido respuesta. La Municipalidad de Alajuelita les informa que en los próximos 7 a 15 días iniciará el proyecto de construcción de las aceras en el sector Lotes Paz. Por tanto, necesitamos realizar la correspondiente notificación, por lo cual le solicitamos amablemente que se comunique con la UTGV a los números 4082 7158 o 4080 5228 o a los correos electrónicos [email protected] [email protected] [email protected]  Le agradecemos su colaboración (…)” (sic).

X.- En el oficio No. MA-GDUR-UTGV-005-2025 de 13 de enero de 2025, Michael Barboza Arroyo, Ingeniero de Proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alajuelita, detalló: “(…) 3. El proyecto en proceso de ejecución es un contrato de servicios de construcción de aceras y cordón de caño en varios puntos del cantón en donde la infraestructura es inexistente o bien no apegada a la normativa de la Ley 7600, este contrato de dicha empresa se encuentra registrado ante el sistema de SICOP (Sistema de Compras Públicas) bajo el contrato N°0062024001300015. 4. El sector en cuestión se intervino por previo acuerdo de la Junta Vial Cantonal. Misma que define, aprueba o desaprueba los proyectos serán ejecutados por la Unidad Técnica a mi cargo. En este caso, una vecina de la comunidad solicitó la mejora de la acera justamente porque anteriormente era intransitable y la población se encontraba en dicha necesidad. 5. Las notificaciones del sector estuvieron a cargo de 2 personas calificadas para dicho trabajo. Se trata de la Arq. Marilyn Ramírez Vargas y el Lic. Luis Orozco Ureña. La señora Ramírez es la Asistente de la Unidad Técnica de Gestión Vial, quien en distintas ocasiones realiza inspecciones en este tipo de proyectos, y se le asignó la tarea ya que durante el proceso de notificación surgen dudas por parte de los vecinos y ella tiene el conocimiento necesario para responderlas en el momento. En el caso del señor Orozco, se desempeña como Comunicador del departamento UTGV, y además certifica que la información que se estuviera brindando fuera clara para las personas que los recibían. 6. Durante el proceso de notificación se manejaron 2 documentos: el primero, la notificación formal; que, acompañada de una pequeña explicación verbal, se encuentra compuesta por una serie de especificaciones, indicaciones y repercusiones debido a la construcción del proyecto. Todas sustentadas por sus correspondientes artículos de la Ley correspondiente, ya sea el Código Municipal, Ley de Caminos Públicos 5060, Ley de Movilidad Peatonal 9976, el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, y por supuesto la Ley 7600 que dicta los lineamientos para la accesibilidad universal. Además, cuenta con un croquis de la acera y al final un espacio de recibido por parte del notificado. Esta notificación únicamente se entregaba a personas mayores de edad. En caso de que en la propiedad no tuviéramos respuesta o nos atendiera un menor de edad, se dejaba el segundo documento: un comunicado tipo brochure que indica lo que el recurrente anota en su declaración. Importante recalcar que este segundo documento no tiene carácter de notificación, sino que como indica, se solicita que la persona se comunique con nosotros para hacer la notificación correspondiente (…) 7. La notificación en el sector Lotes Paz tuvo lugar el día 5 de diciembre 2024, y la primera intervención se realizó el 9 de Diciembre. En efecto, entre ambas fechas hubo un espacio de un día hábil, sin embargo, la primera intervención solamente fue para ir picando los bordes de los medidores y rompiendo la primera parte del tramo a construir. Ninguna tubería fue clausurada dentro de la primera semana, y tampoco se recibieron apelaciones formales, sino hasta la recepción del recurso de amparo que se está respondiendo. 8. Dentro de las especificación técnicas emitidas en el contrato la empresa está en la obligación de realizar el rompimiento, conformación, acondicionamiento, etc., de la infraestructura existente para construir la acera nueva aplicado la Ley 7600, así como el cordón de caño a desfogar las aguas pluviales y realizar la prevista de conectividad de las mismas aguas pluviales a algún alcantarillado pluvial existente o al mismo cordón de caño que realiza la canalización de sólo las aguas de lluvia, por lo que se especifica en el punto N° 27. La empresa adjudicada deberá de dejar la prevista de desfogue pluvial en el cordón de caño con tubo de PVC de 3” para las casas que tengas canoas o bajantes y así realizar la conexión de dichas aguas de los techos al cordón de caño a construir. 9. Con base en el punto anterior, dentro de las obligaciones de la empresa no se encuentra la intervención de las tuberías potables de Acueductos y Alcantarillados. Para dichas tuberías, y en cualquier punto de aceras del cantón, es el mismo AyA quien nos colabora con la reubicación de los medidores. Y en caso de que por error la maquinaria dañe esta tubería, se contacta de inmediato con ellos para dar solución y no dejar al vecino afectado sin acceso al agua por un tiempo prolongado. La empresa contratada únicamente acondiciona las salidas de aguas pluviales, mas no potable (…) 11. Los proyectos de infraestructura peatonal generados por esta unidad nunca se direccionarán a acondicionar las aguas de pilas, jabonosas (aguas servidas) o aguas negras ya que por salubridad y proceso de tratamiento de este tipo de aguas le compete al dueño de la propiedad en conjunto con el AyA, así como la aprobación del Ministerio de Salud. 12. IMPORTANTE. En el proceso de conformación y apertura de la zanja para la construcción de la acera y cordón de caño nos encontramos conexiones ilegales de salidas de aguas de pilas y aguas jabonosas (aguas servidas), situación donde nosotros siendo respetuosos de la Ley, no podemos permitir conexiones ilegales. 13. En este proyecto no hay afectación sobre el sistema de alcantarillado sanitario, ya que en el sector las propiedades cuentan con tanque séptico para aguas negras, por ende, lo que se condenó fueron las aguas servidas que estaban afectando la salud pública de los propios habitantes del sector. Importante recalcar que estas aguas ya se encontraban corriendo por vía pública desde mucho antes de que la Municipalidad diera inicio con el proyecto. 14. Finalmente, ni el libre tránsito, ni el acceso al agua, ni el respeto a la propiedad privada se han visto afectadas con el proyecto. Es correcto decir que es un proyecto que incomoda momentáneamente a la población durante su construcción. El tema del agua fue explicado en el punto 9 del presente oficio y la propiedad privada no se ha tocado en ningún momento, ya que todos los trabajos han sido ejecutados en vía pública como corresponde. Es importante recordar que la misma población mencionada en este apartado del amparo como “personas con discapacidad, niños, niñas y madres solteras”, además de la población sin alguna distinción especial, son los principales beneficiarios de la construcción de la acera, la cual permitirá que su movilización sea fluida y segura (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).

XI.- Esta Sala Constitucional debe llevar a cabo las siguientes precisiones: a) el acto administrativo notificado el 5 de diciembre de 2024 a [Nombre 004], contiene todas las razones fácticas y jurídicas que sustentan la medida, además se especifica con claridad la posibilidad de formular las impugnaciones; b) el documento distribuido entre los (as) vecinos (as) que no atendieron al llamado de los funcionarios municipales, constituye un aviso para notificarlos (as), no una notificación normal del acto, para lo cual se les requirió se comunicaran a los medios señalados; c) si bien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 del Código Municipal: “(…) Las decisiones de los funcionarios o las funcionarias municipales que no dependan directamente del concejo tendrán los recursos de revocatoria, ante el órgano que lo dictó y, el de apelación, para ante la alcaldía municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original); lo cierto es que, de acuerdo con lo señalado por el encargado del proyecto: “(…) 7. La notificación en el sector Lotes Paz tuvo lugar el día 5 de diciembre 2024, y la primera intervención se realizó el 9 de Diciembre. En efecto, entre ambas fechas hubo un espacio de un día hábil, sin embargo, la primera intervención solamente fue para ir picando los bordes de los medidores y rompiendo la primera parte del tramo a construir. Ninguna tubería fue clausurada dentro de la primera semana, y tampoco se recibieron apelaciones formales, sino hasta la recepción del recurso de amparo que se está respondiendo (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original), es decir, no se causó agravio alguno pues ninguna tubería fue clausurada dentro de la primera semana – la inconformidad central del recurrente – y en todo caso, nadie impugnó el acto en cuestión; d) las obras se ejecutaron en vía pública, sin afectar la propiedad privada, generando la incomodidad razonable que este tipo de trabajos conlleva; e) no se afectó el sistema de alcantarillado sanitario, pues las viviendas del sector cuentan con tanque séptico, solo se desconectarían las tuberías que encausaban aguas servidas de manera irregular; y f) a partir de lo expuesto, se descarta alguna indefensión o actuar discriminatorio.

XII.- Se recuerda al recurrente que no le corresponde a la Sala Constitucional determinar si el funcionario que efectuó las notificaciones estaba investido para tal o no, definir si la Municipalidad de Alajuelita está facultada o no para aplicar el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, o establecer si las tuberías debían clausurarse o no. Todo lo anterior excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo, como la competencia de este Tribunal, delimitada en la Ley y la propia Constitución Política. Cualquier discusión al respecto debe ser expuesta y resuelta sea ante la propia corporación territorial, o bien en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria.

XIII.- Por último, vale la pena acotar que el recurrente no alegó y mucho menos demostró haber planteado alguna denuncia ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Ambiente y Energía, por los supuestos problemas de disposición de aguas residuales, salubridad, y/o contaminación ambiental, que las obras ejecutadas por la Municipalidad de Alajuela estarían generando. En todo caso, de haberlo hecho, cualquier reclamo por dilación o retardo sería prematuro, pues los hechos ocurrieron a partir del 5 de diciembre de 2024, y el recurso de amparo fue planteado el 14 de diciembre de 2024, luego de 11 días. Asimismo, el promovente no mencionó ni acreditó haber planteado ante la Municipalidad de Alajuelita algún reclamo por los supuestos problemas de planificación y desarrollo que afirma presenta la zona, desde hace 60 años.

XIV.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias el recurso de amparo deviene improcedente, y así debe declararse.

XV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.             

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 WG3GLDUQJJQ61

EXPEDIENTE N° 24-035266-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:56:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 07764 - 2025

Date of Resolution: March 14, 2025 at 09:20

Expediente: 24-035266-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Ruling with protected data, in accordance with current regulations



Text of the resolution

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Exp: 24-035266-0007-CO

Res. No. 2025007764


SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes of the fourteenth of March of two thousand twenty-five.


Amparo action filed by [Name 001], identity card [Value 001], on his own behalf, on behalf of [Name 002], identity card [Value 002], [Name 003], identity card [Value 003], and [Name 004], identity card No. [Value 004], and on behalf of all the residents and taxpayers of the canton of Alajuelita, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELITA.

Resultando:

1.- Through the document added to the digital case file at 20:01 hours on December 14, 2024, [Name 001] filed an amparo action on behalf of [Name 002], on behalf of [Name 003], against the Municipality of Alajuelita. The petitioner alleged that on December 5, 2024, the Municipality of Alajuelita distributed among the residents of Urbanización Lotes Paz a document titled "notification" informing them about sidewalk work and the closure of residual water pipes. He complained that the notice is informal and confusing, delivered by a person who is not a municipal notifier, to any individual. In his view, it is a notice that does not comply with the formalities of the Law, and therefore it is not a municipal notification. He added that the document established a period of 5 business days to appeal, but the territorial corporation began work the following business day. He detailed that the municipality broke sidewalks and pipes, which generated contamination and affected access to the properties. He added that the actions were carried out without considering that the district lacks a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario), generating a risk by closing the pipes without offering solutions. He described the procedure as discriminatory, as it partially affected areas of the hamlet. He pointed out that the municipality has improperly used the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, since from his perspective, it is the exclusive competence of the Ministry of Environment and Energy. He stressed that the measure has affected older adults, persons with disabilities, children, and other individuals in extreme poverty. He questioned the attitude that the Municipality of Alajuelita has had regarding the supposed planning and development problems that it claims the area presents, for 60 years, and which are known to the entity. He asked the Constitutional Chamber to immediately order the revocation of the closure of the pipes.

2.- By means of the order at 07:54 hours on January 6, 2025, the amparo action was admitted, and the Mayor and the Head of the Unidad de Gestión Vial, both of the Municipality of Alajuelita, were given notice to respond.

3.- Through the document added to the digital case file at 11:00 hours on January 15, 2025, María del Rosario Siles Fernández, Mayor of the Municipality of Alajuelita, reported: "(…) The project in the process of being executed is a contract for sidewalk and curb-and-gutter (cordón de caño) construction services at various points in the canton where the infrastructure is non-existent or not compliant with Ley 7600 regulations. This contract for this company is registered in the SICOP (Sistema de Compras Públicas) system under contract No. 0062024001300015. The sector in question was acted upon by prior agreement of the Cantonal Road Board (Junta Vial Cantonal). This same Board defines, approves, or disapproves projects to be executed by the Technical Unit under my charge. In this case, a female neighbor from the community requested the improvement of the sidewalk precisely because it was previously impassable and the population was in need of it. The notifications for the sector were handled by 2 persons qualified for this work. They are Arq. Marilyn Ramírez Vargas and Lic. Luis Orozco Ureña. Mrs. Ramírez is the Assistant of the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial), who on various occasions performs inspections on these types of projects, and she was assigned the task because during the notification process, questions arise from the neighbors and she has the necessary knowledge to answer them at the time. In the case of Mr. Orozco, he works as a Communicator for the UTGV department, and also certifies that the information being provided was clear to the people receiving it. During the notification process, 2 documents were handled: the first, the formal notification; which, accompanied by a brief verbal explanation, is composed of a series of specifications, indications, and repercussions due to the construction of the project. All supported by their corresponding articles of the corresponding Law, whether the Código Municipal, Ley de Caminos Públicos 5060, Ley de Movilidad Peatonal 9976, the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, and of course Ley 7600 which dictates the guidelines for universal accessibility. In addition, it includes a sketch of the sidewalk and at the end, a space for the notified party's acknowledgement of receipt. This notification was only delivered to adults. In the event that we had no response at the property or a minor answered, the second document was left: a brochure-type communication that indicates what the petitioner notes in his statement. It is important to emphasize that this second document does not have the character of notification, but rather, as indicated, it requests that the person communicate with us to make the corresponding notification (…) This formation process entails removing the existing discharge pipes towards a possible gutter or storm drain (alcantarillado), since the company makes improvements regarding the outlet of rainwater (aguas pluviales) but not domestic wastewater (aguas servidas) (…) Consequently, the domestic wastewater that is being channeled into the rainwater drainage is completely PROHIBITED according to the Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales No. 33601 (…) The municipality recognizes that public health must be viewed as a comprehensive issue because it must cover all priority dimensions for the life of every person. However, in the case at hand, we realize that this matter is not the municipal responsibility but rather that of the property owners on one hand, and of the Ministry of Health and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) on the other. For its part, the Ley General de Salud establishes the obligation, for the property owner, to achieve the adequate disposal of rainwater, as well as the corresponding competence of the Ministry of Health to verify the timeliness of the manner in which such obligation is fulfilled (…) the municipality is not responsible for authorizing, providing potable water services, or installing a sanitary sewer system in the canton of Alajuelita, but rather the entity legally empowered for this purpose is the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and it is this entity that establishes the requirements for the provision of such services, which decides if there is a possibility for their provision, where the meters are placed, and the installation of the sanitary sewer system, among others, as established by the Constitutive Law of the Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillado) number 2726 of April 14, 1976 (…) Regarding sidewalks and as previously mentioned, this municipality is fully complying with what is indicated in the Regulation to the Equal Opportunity Law for Persons with Disabilities (Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad) No. 26831 (…) Within the technical specifications issued in the contract, the company is obligated to carry out the breaking, formation (conformación), conditioning, etc., of the existing infrastructure to build the new sidewalk applying Ley 7600, as well as the curb-and-gutter (cordón de caño) to drain the rainwater and make the provision for connectivity of the same rainwater to an existing storm drain (alcantarillado pluvial) or to the same curb-and-gutter that channels only rainwater, as specified in point No. 27. The awarded company must leave the provision for rainwater drainage in the curb-and-gutter with a 3-inch PVC pipe for houses that have roof gutters or downspouts and thus carry out the connection of said waters from the roofs to the curb-and-gutter to be built. Based on the previous point, the company's obligations do not include the intervention of the potable water pipes of Acueductos y Alcantarillados. For such pipes, and at any point of sidewalks in the canton, it is the AyA itself that collaborates with the relocation of the meters. And in the event that by mistake the machinery damages this pipe, they are contacted immediately to provide a solution and not leave the affected neighbor without access to water for a prolonged time. The contracted company only conditions the rainwater outlets, but not potable water (…) In the formation process and opening of the trench for the placement of the pipe, as well as throughout the entire route of intervention, the UTGV encounters illegal connections of sink water outlets, soapy water, and even double potable water connections, where we, within legality, cannot proceed to leave illegal connections, in addition to refuting the indication where it refers to the waters from the roofs or rainwater going to the septic tank. Upon encountering illegal connections of waters of a type other than those from the roofs, it is the responsibility of each property owner to make the respective improvements internally, using the absorption tank construction methodology since there is no sewer service network provided by the AYA, or a septic tank that momentarily could collect said waters for infiltration on the inside of the property. But for said placed pipe, the Municipality of Alajuelita CANNOT PERMIT illegal connections that will damage the environment, nor be a participant in unsanitary and illegal connections that contribute to generating contamination for the rest of the population. The pedestrian infrastructure projects generated by this unit will never be directed to conditioning sink waters, soapy waters (domestic wastewater) or black water (aguas negras) since, due to health and the treatment process for this type of water, it is the responsibility of the property owner together with the AyA, as well as the approval of the Ministry of Health (…) THE OUTLET FOR BLACK WATER AND DOMESTIC WASTEWATER PIPES, IT IS PROHIBITED BY LEGAL PRECEPT TO DISCHARGE INTO THE GUTTER (caño). SINCE THERE IS NO COLLECTOR PROVIDED BY AyA, THESE WATERS MUST BE TREATED AND NEVER CONNECTED TO THE GUTTER DRAIN (cuneta del caño) WITH THE CONSEQUENT HEALTH AND CONTAMINATION PROBLEM THIS CAUSES. •Under this approach, the one who is obliged to solve the problem of black water, domestic wastewater, and rainwater from the property is the petitioner, and not this municipality. Therefore, this representation has not violated, infringed upon, or injured the fundamental rights of the petitioner. Quite the contrary, the one who infringes and violates the community's rights is the petitioner by allowing the domestic wastewater, which is foul-smelling and polluting, to flow freely without having bothered to find a solution to a problem in his own home, which he himself acknowledges in his statement of facts by indicating that "they closed the only outlet of the house that allowed the exit of those waters," obviously towards the gutter (caño) (…)" (sic).

4.- Through the document added to the digital case file at 10:17 hours on January 16, 2025, the Secretariat of the Constitutional Chamber (Secretaría de la Sala Constitucional) certified that it does not appear that, from January 9 to 15, 2025, the Head of the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial) of the Municipality of Alajuelita, submitted any document or document whatsoever to render the report that was ordered of him.

5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafting by Magistrate Araya García; and,

Considerando:

I.- Object of the action. The petitioner alleged that on December 5, 2024, the Municipality of Alajuelita distributed among the residents of Urbanización Lotes Paz a document titled "notification" informing them about sidewalk work and the closure of residual water pipes. He complained that the notice is informal and confusing, delivered by a person who is not a municipal notifier, to any individual. In his view, it is a notice that does not comply with the formalities of the Law, and therefore it is not a municipal notification. He added that the document established a period of 5 business days to appeal, but the territorial corporation began work the following business day. He detailed that the municipality broke sidewalks and pipes, which generated contamination and affected access to the properties. He added that the actions were carried out without considering that the district lacks a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario), generating a risk by closing the pipes without offering solutions. He described the procedure as discriminatory, as it partially affected areas of the hamlet. He pointed out that the municipality has improperly used the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, since from his perspective, it is the exclusive competence of the Ministry of Environment and Energy. He stressed that the measure has affected older adults, persons with disabilities, children, and other individuals in extreme poverty. He questioned the attitude that the Municipality of Alajuelita has had regarding the supposed planning and development problems that it claims the area presents, for 60 years, and which are known to the entity.

II.- Preliminary matter. The Head of the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial) of the Municipality of Alajuelita omitted to render the report that was ordered of him/her, for which reason, in application of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the facts as they pertain to said official were taken as true, and the amparo action is resolved based on the elements of judgment that appear in the case file.

III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated:

On December 5, 2024, the Municipality of Alajuelita notified [Name 004], a resident of Urbanización Lotes Paz, of an official communication signed by Michael Barboza Arroyo and Marilyn Ramírez Vargas, Project Engineer and Assistant, both from the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial) of the Municipality of Alajuelita, stating: "(…) In accordance with the Código Municipal, property owners are reminded of Article 84, subsections: 'a) Clean the vegetation from their properties located at the edges of public roads and trim any that harms or hinders the passage of persons. d) Build the sidewalks in front of their properties and maintain them. e) Refrain from obstructing passage on sidewalks with entry steps to homes, barriers, chains, signs, construction materials, or security devices at garage entrances.' Likewise, Article 85 states 'When the obligations set forth in the previous article are breached, the Municipality will charge quarterly as a fine…' Therefore, it is hereby notified that the Municipality will begin the project for sidewalk construction and cutting of vegetation that encroaches on the right-of-way (derecho de vía). In addition to the foregoing, Ley 7600 and in reference to Ley de Caminos Públicos 5060, Art. No. 5, where a right-of-way of 14.00m is established, mention is also made that all ramps and accesses to homes and properties must be constructed within the property limits, and not in the right-of-way. Therefore, if incurring in what was previously indicated, the owner must assume the respective improvement modifications for access to their property. In the same way, based on Article 15 of Law No. 9976, Ley de Movilidad Peatonal, which states: 'The Ministry of Public Works and Transport (MOPT) and its councils and the municipal corporations will build sidewalks and pedestrian pathways in accordance with the principles established in this law, in pursuit of the common good. The owner or possessor by any title of real property, whose access is compromised by these works, must make the necessary modifications at their own expense to enable access from their real property to the public road, respecting current regulations.' Furthermore, special emphasis is placed on the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales which states in its Article 62: 'Regarding the incorrect use of sewer systems. Discharging rainwater into the sanitary sewer (alcantarillado sanitario), as well as wastewater, treated or not, into the storm drain (alcantarillado pluvial), is prohibited.' Therefore, in sectors where there is no sanitary sewer network, each property must ensure that domestic wastewater (aguas servidas) is not discharged into the curb-and-gutter (cordón de caño), through the treatment of said waters internally within the property, endorsed by the Ministry of Health. Any pipe for domestic wastewater, soapy water, and/or residual water that outlets to the public road will be closed, with rainwater being the only type permitted for discharge into the curb-and-gutter. For this purpose, the work crew will be making the respective connection under the sidewalk with a 3-inch PVC pipe and elbow that will be provided by the taxpayer (only supplies requested). This project will be carried out in the coming days and weeks in front of your property. Reserving the right in the future to apply Art. 85 and institutional regulations. The foregoing so that the necessary measures are taken and so that this project does not affect the daily dynamics on your property. Warning that once the works have begun, they cannot be stopped due to individual effects. After the project's conclusion by the UTGV, in the sectors where space for a green area has been contemplated, the Parks and Ornamentation department will be carrying out beautification work. Therefore, understanding and the necessary provisions for the case are requested (…) Note: Based on Article 171 of the Código Municipal, within 5 business days, an Appeal for Reconsideration (Recurso de Revocatoria) may be filed against this act before the Technical Road Management Unit with appeal before the Municipal Mayor (…)" (sic) (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital case file).
On December 5, 2024, the Municipality of Alajuelita distributed among the residents of Urbanización Lotes Paz a document stating: "(…) Dear Neighbor: We have visited your home and have not received a response. The Municipality of Alajuelita informs you that in the next 7 to 15 days the sidewalk construction project will begin in the Lotes Paz sector. Therefore, we need to carry out the corresponding notification, so we kindly request that you communicate with the UTGV at the numbers 4082 7158 or 4080 5228 or at the emails [email protected] [email protected] [email protected] We appreciate your collaboration (…)" (sic) (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital case file).
In official communication No. MA-GDUR-UTGV-005-2025 of January 13, 2025, Michael Barboza Arroyo, Project Engineer of the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial) of the Municipality of Alajuelita, detailed: "(…) 3. The project in the process of being executed is a contract for sidewalk and curb-and-gutter (cordón de caño) construction services at various points in the canton where the infrastructure is non-existent or not compliant with Ley 7600 regulations. This contract for this company is registered in the SICOP (Sistema de Compras Públicas) system under contract No. 0062024001300015. 4. The sector in question was acted upon by prior agreement of the Cantonal Road Board. This same Board defines, approves, or disapproves projects to be executed by the Technical Unit under my charge. In this case, a female neighbor from the community requested the improvement of the sidewalk precisely because it was previously impassable and the population was in need of it. 5. The notifications for the sector were handled by 2 persons qualified for this work. They are Arq. Marilyn Ramírez Vargas and Lic. Luis Orozco Ureña. Mrs. Ramírez is the Assistant of the Technical Road Management Unit, who on various occasions performs inspections on these types of projects, and she was assigned the task because during the notification process, questions arise from the neighbors and she has the necessary knowledge to answer them at the time. In the case of Mr. Orozco, he works as a Communicator for the UTGV department, and also certifies that the information being provided was clear to the people receiving it. 6. During the notification process, 2 documents were handled: the first, the formal notification; which, accompanied by a brief verbal explanation, is composed of a series of specifications, indications, and repercussions due to the construction of the project. All supported by their corresponding articles of the corresponding Law, whether the Código Municipal, Ley de Caminos Públicos 5060, Ley de Movilidad Peatonal 9976, the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, and of course Ley 7600 which dictates the guidelines for universal accessibility. In addition, it includes a sketch of the sidewalk and at the end, a space for the notified party's acknowledgement of receipt. This notification was only delivered to adults. In the event that we had no response at the property or a minor answered, the second document was left: a brochure-type communication that indicates what the petitioner notes in his statement. It is important to emphasize that this second document does not have the character of notification, but rather, as indicated, it requests that the person communicate with us to make the corresponding notification (…) 7. The notification in the Lotes Paz sector took place on December 5, 2024, and the first intervention was carried out on December 9. Indeed, between both dates there was a space of one business day; however, the first intervention was only to start chipping the edges of the meters and breaking the first part of the section to be built. No pipe was closed within the first week, and no formal appeals were received either, until the receipt of the amparo action that is being responded to. 8. Within the technical specifications issued in the contract, the company is obligated to carry out the breaking, formation, conditioning, etc., of the existing infrastructure to build the new sidewalk applying Ley 7600, as well as the curb-and-gutter to drain the rainwater and make the provision for connectivity of the same rainwater to an existing storm drain or to the same curb-and-gutter that channels only rainwater, as specified in point No. 27. The awarded company must leave the provision for rainwater drainage in the curb-and-gutter with a 3-inch PVC pipe for houses that have roof gutters or downspouts and thus carry out the connection of said waters from the roofs to the curb-and-gutter to be constructed. 9. Based on the previous point, the company's obligations do not include the intervention of the potable water pipes of Acueductos y Alcantarillados. For such pipes, and at any point of sidewalks in the canton, it is the AyA itself that collaborates with the relocation of the meters. And in the event that by mistake the machinery damages this pipe, they are contacted immediately to provide a solution and not leave the affected neighbor without access to water for a prolonged time. The contracted company only conditions the rainwater outlets, but not potable water (…) 11. The pedestrian infrastructure projects generated by this unit will never be directed to conditioning sink waters, soapy waters (domestic wastewater), or black water since, due to health and the treatment process for this type of water, it is the responsibility of the property owner together with the AyA, as well as the approval of the Ministry of Health. 12. IMPORTANT. In the formation process and opening of the trench for the construction of the sidewalk and curb-and-gutter, we encountered illegal connections of sink water outlets and soapy water (domestic wastewater) outlets, a situation where we, being respectful of the Law, cannot permit illegal connections. 13. In this project, there is no effect on the sanitary sewer system, since in the sector the properties have a septic tank for black water. Therefore, what was condemned were the domestic wastewaters that were affecting the public health of the sector's own inhabitants. It is important to emphasize that these waters were already running along the public road long before the Municipality began the project. 14. Finally, neither free transit, access to water, nor respect for private property have been affected by the project. It is correct to say that it is a project that momentarily inconveniences the population during its construction. The water issue was explained in point 9 of this official communication, and private property has not been touched at any time, since all work has been carried out on public roads as appropriate. It is important to remember that the same population mentioned in this section of the amparo as 'persons with disabilities, children, and single mothers,' in addition to the population without any special distinction, are the main beneficiaries of the sidewalk construction, which will allow their mobility to be fluid and safe (…)" (sic) (see the official communication added to the digital case file).

IV.- Facts not proven. The following facts, of relevance to this resolution, are deemed not demonstrated: 1.- that the petitioner has filed any complaint before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ICAA), the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Energy, regarding the alleged problems of wastewater (aguas residuales) disposal, health, and/or environmental contamination, that the works executed by the Municipality of Alajuelita would be generating; and 2.- that the promoter has filed any claim before the Municipality of Alajuelita regarding the alleged planning and development problems he claims the area presents, for 60 years.

V.- Regarding the specific case. In the documents provided by the petitioner, he does not specify the person or persons on whose behalf he appears before this Court. In fact, his assertions are general and are disconnected from any specific situation. The foregoing makes it difficult for this Court to prepare a statement of facts, give notice to the respondent authorities, gather evidence, and finally, determine whether or not there was a concrete injury or threat to a fundamental right.

VI.- Among the evidence that the promoter provided, it is only recorded regarding some particular individual: a) a notification made by the Municipality of Alajuelita to [Name 004], identity card No. [Value 004]; b) a medical opinion of [Name 003], which certifies her ailments and that she is affiliated with the Área de Salud de Alajuelita; c) a certification issued by the Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología of the Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, specifying the ailments of [Name 002].

VII.- It was not reliably proven that [Name 003] and [Name 002] were notified as the promoter claimed (or even that they actually reside in Urbanización Lotes Paz). The petitioner also does not provide an element of judgment that allows this Court to consider him directly affected by the measure implemented by the municipality.

VIII.- Thus, in this resolution, the grievances raised are analyzed in relation to [Name 004], the only administrated party for whom it was demonstrated that they received the notification of the administrative act being challenged.

IX.- From the statement of proven facts, it is clear that on December 5, 2024, the Municipality of Alajuelita notified [Name 004], a resident of Urbanización Lotes Paz, of an official communication signed by Michael Barboza Arroyo and Marilyn Ramírez Vargas, Project Engineer and Assistant, both from the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial) of the Municipality of Alajuelita: "(…) In accordance with the Código Municipal, property owners are reminded of Article 84, subsections: 'a) Clean the vegetation from their properties located at the edges of public roads and trim any that harms or hinders the passage of persons. d) Build the sidewalks in front of their properties and maintain them.

e) Refrain from obstructing passage along sidewalks with entrance steps to dwellings, speed bumps, chains, signs, construction materials, or security devices in garage entrances.” Likewise, Article 85 indicates “When the obligations set forth in the preceding article are breached, the Municipality shall charge quarterly as a fine…” Therefore, notice is given that the Municipality will commence the sidewalk construction and vegetation cutting project invading the right-of-way. In addition to the foregoing, Ley 7600 and in reference to the Ley de Caminos Públicos 5060, Art. No°5, which establishes a right-of-way of 14.00m, mention is also made that all ramps and accesses to dwellings and properties must be constructed within the property boundaries, and not within the right-of-way. Therefore, if incurring in the aforementioned situation, the owner must assume the respective improvement modifications for the access to their property. Similarly, based on Article 15 of Law No. 9976, Ley de Movilidad Peatonal, which states: “The Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) and its councils and the municipal corporations shall build sidewalks and pedestrian pathways in accordance with the principles established in this law, in pursuit of the common good. The owner or possessor by any title of real property, whose access is compromised by these works, shall make the necessary modifications at their own expense to enable access to the public road from their real property, respecting current regulations.” Furthermore, special emphasis is placed on the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, which indicates in its Article 62: “On the incorrect use of sewer systems. The discharge of rainwater into the sanitary sewer system is prohibited, as well as wastewater, treated or untreated, into the storm sewer system.” Therefore, in sectors where there is no sanitary sewer network, each property must ensure that greywater is not discharged onto the curb-and-gutter (cordón de caño), by treating said water internally within the property, endorsed by the Ministerio de Salud. Any pipe carrying greywater, soapy water and/or wastewater that has an outlet to the public road will be closed off, with rainwater being the only water permitted to discharge to the curb-and-gutter. For this purpose, the work crew will be making the respective connection under the sidewalk with a 3” PVC pipe and elbow that will be provided by the taxpayer (the only inputs requested). This project will be executed in the coming days and weeks in front of your property. The right is reserved for the future application of Art. 85 and institutional regulations. The foregoing is so that the necessary measures are taken and that said project does not affect the daily dynamics on your property. Warning that once the works have begun, they cannot be stopped due to individual impacts. After the conclusion of the project by the UTGV, in sectors where space for a green area has been contemplated, the Parks and Ornamentation department will be carrying out beautification works. Therefore, your understanding and the necessary case-specific provisions are requested (…) Note: Based on Article 171 of the Código Municipal, within 5 working days, against this act a Motion for Reconsideration (Recurso de Revocatoria) is available before the Unidad Técnica de Gestión Vial with appeal before the Alcalde Municipal (…)” (sic) (emphasis not in original). On the same day, the Municipality of Alajuelita distributed among the residents of Urbanización Lotes Paz, a document stating: “(…) Dear Neighbor: We have visited your home and have not received a response. The Municipality of Alajuelita informs you that in the next 7 to 15 days it will begin the sidewalk construction project in the Lotes Paz sector. Therefore, we need to make the corresponding notification, for which we kindly ask you to contact the UTGV at numbers 4082 7158 or 4080 5228 or at the emails [email protected] [email protected] [email protected] We appreciate your cooperation (…)” (sic).

X.- In official communication No. MA-GDUR-UTGV-005-2025 of January 13, 2025, Michael Barboza Arroyo, Project Engineer of the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipality of Alajuelita, detailed: “(…) 3. The project in the execution phase is a contract for sidewalk and curb-and-gutter (cordón de caño) construction services at various points in the canton where the infrastructure is non-existent or not compliant with the regulations of Ley 7600. This company's contract is registered with the SICOP (Sistema de Compras Públicas) system under contract No. 0062024001300015. 4. The sector in question was intervened by prior agreement of the Junta Vial Cantonal. The same body that defines, approves, or disapproves the projects to be executed by the Technical Unit under my charge. In this case, a female resident of the community requested the sidewalk improvement precisely because it was previously impassable and the population was in that need. 5. The notifications for the sector were handled by 2 people qualified for this work. They are Arq. Marilyn Ramírez Vargas and Lic. Luis Orozco Ureña. Ms. Ramírez is the Assistant of the Unidad Técnica de Gestión Vial, who on various occasions carries out inspections on this type of project, and she was assigned the task because during the notification process, questions arise from neighbors and she has the necessary knowledge to answer them on the spot. In Mr. Orozco's case, he serves as Communicator for the UTGV department, and he also certifies that the information being provided was clear to the people receiving it. 6. During the notification process, 2 documents were handled: the first, the formal notification; which, accompanied by a brief verbal explanation, is composed of a series of specifications, indications, and repercussions due to the construction of the project. All supported by their corresponding articles of the applicable Law, be it the Código Municipal, Ley de Caminos Públicos 5060, Ley de Movilidad Peatonal 9976, the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, and of course Ley 7600 which dictates the guidelines for universal accessibility. Additionally, it includes a sketch of the sidewalk and at the end a space for acknowledgment of receipt by the notified person. This notification was only delivered to persons of legal age. In the event that we had no response at the property or we were attended by a minor, the second document was left: a brochure-type communication indicating what the petitioner notes in their statement. It is important to emphasize that this second document does not have the character of notification, but rather, as it indicates, it requests that the person contact us to make the corresponding notification (…) 7. The notification in the Lotes Paz sector took place on December 5, 2024, and the first intervention was carried out on December 9th. Indeed, between both dates there was a space of one working day; however, the first intervention was only to start chipping the edges of the meters and breaking up the first part of the section to be built. No pipe was closed off within the first week, and no formal appeals were received, except upon receipt of the amparo remedy being responded to. 8. Within the technical specifications issued in the contract, the company is obligated to perform the demolition, shaping, conditioning, etc., of the existing infrastructure to build the new sidewalk applying Ley 7600, as well as the curb-and-gutter to drain rainwater and make the provision for connectivity of the same rainwater to an existing storm sewer or to the same curb-and-gutter that channels only rainwater, for which it is specified in point No. 27. The awarded company must leave the provision for rainwater discharge in the curb-and-gutter with a 3” PVC pipe for houses that have roof gutters or downspouts and thus make the connection of said water from the roofs to the curb-and-gutter to be built. 9. Based on the previous point, the intervention of the potable water pipes of Acueductos y Alcantarillados is not among the company's obligations. For such pipes, and at any sidewalk point in the canton, it is AyA itself that collaborates with us on the relocation of the meters. And in the event that the machinery accidentally damages this pipe, we contact them immediately to provide a solution and not leave the affected neighbor without access to water for an extended time. The contracted company only conditions rainwater outlets, but not potable water (…) 11. Pedestrian infrastructure projects generated by this unit will never be directed at conditioning water from sinks, soapy waters (greywater (aguas servidas)) or blackwater since, due to public health and the treatment process for this type of water, it is the responsibility of the property owner in conjunction with AyA, as well as the approval of the Ministerio de Salud. 12. IMPORTANT. In the process of shaping and opening the trench for the construction of the sidewalk and curb-and-gutter, we find illegal connections of water outlets from sinks and soapy waters (greywater), a situation where we, respecting the Law, cannot allow illegal connections. 13. In this project, there is no impact on the sanitary sewer system, since in the sector the properties have septic tanks for blackwater; therefore, what was condemned were the greywater discharges that were affecting the public health of the sector's own inhabitants. Important to emphasize that these waters were already running along public roads long before the Municipality began the project. 14. Finally, neither free transit, nor access to water, nor respect for private property have been affected by the project. It is correct to say that it is a project that momentarily inconveniences the population during its construction. The water issue was explained in point 9 of this official communication and private property has not been touched at any time, since all work has been executed on public roads as appropriate. It is important to remember that the same population mentioned in this section of the amparo as 'persons with disabilities, boys, girls, and single mothers', in addition to the population without any special distinction, are the primary beneficiaries of the sidewalk construction, which will allow their movement to be fluid and safe (…)” (sic) (emphasis not in original).

XI.- This Sala Constitucional must make the following clarifications: a) the administrative act notified on December 5, 2024, to [Name 004], contains all the factual and legal reasons that support the measure, and the possibility of filing challenges is clearly specified; b) the document distributed among the neighbors who did not respond to the call from municipal officials constitutes a notice to notify them, not a formal notification of the act, for which they were requested to communicate through the indicated means; c) although in accordance with the provisions of Article 171 of the Código Municipal: “(…) The decisions of municipal officials who do not report directly to the council shall have the remedies of motion for reconsideration (revocatoria), before the body that issued it, and appeal, before the municipal mayor's office, which must be filed within five days; they may be based on grounds of illegality or inopportuneness and shall suspend the execution of the act (…)” (sic) (emphasis not in original); the fact is that, according to what was stated by the project manager: “(…) 7. The notification in the Lotes Paz sector took place on December 5, 2024, and the first intervention was carried out on December 9th. Indeed, between both dates there was a space of one working day; however, the first intervention was only to start chipping the edges of the meters and breaking up the first part of the section to be built. No pipe was closed off within the first week, and no formal appeals were received, except upon receipt of the amparo remedy being responded to (…)” (sic) (emphasis not in original), that is, no grievance was caused because no pipe was closed off within the first week – the central complaint of the petitioner – and in any case, no one challenged the act in question; d) the works were executed on public roads, without affecting private property, generating the reasonable inconvenience that this type of work entails; e) the sanitary sewer system was not affected, since the dwellings in the sector have septic tanks; only the pipes that irregularly channeled greywater (aguas servidas) would be disconnected; and f) based on the foregoing, any defenselessness or discriminatory action is ruled out.

XII.- The petitioner is reminded that it is not the role of the Sala Constitucional to determine whether the official who carried out the notifications was vested with such authority or not, to define whether the Municipality of Alajuelita is empowered or not to apply the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, or to establish whether the pipes should have been closed off or not. All of the foregoing exceeds both the summary nature of the amparo remedy and the jurisdiction of this Tribunal, delimited in the Law and the Political Constitution itself. Any discussion on the matter must be presented and resolved either before the territorial corporation itself, or in the ordinary administrative law jurisdiction.

XIII.- Finally, it is worth noting that the petitioner did not allege, much less demonstrate, having filed any complaint before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), the Ministerio de Salud, and the Ministerio de Ambiente y Energía, for the alleged problems of wastewater disposal, public health, and/or environmental contamination, that the works executed by the Municipality of Alajuela would be generating. In any case, had he done so, any claim for delay or retardation would be premature, since the events occurred starting December 5, 2024, and the amparo remedy was filed on December 14, 2024, after 11 days. Likewise, the promoter did not mention or prove having filed any claim before the Municipality of Alajuelita for the alleged planning and development problems he claims the area has presented, for 60 years.

XIV.- Conclusion. Under this set of circumstances, the amparo remedy becomes inadmissible, and thus it must be declared.

XV.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this ruling. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The remedy is declared without merit.

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 24-035266-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:56:01.

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