Res. 07950-2025 Sala Constitucional — Municipal Omission Regarding Environmental Complaint in Community ParkOmisión municipal ante denuncia ambiental en parque comunitario

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Sala Constitucional

Resolución Nº 07950 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Marzo del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-005384-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-005384-0007-CO

Res. Nº 2025007950

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo promovido por ROXANA MARÍA FLORES CASTRO, cédula de identidad 0103720673, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.

RESULTANDO:

 1.- Mediante memorial presentado a las 16:08 horas de 24 de febrero de 2025, la recurrente promovió recurso de amparo, contra la Municipalidad de San José, pues, según afirma, en su comunidad se encuentra un parque pequeño donde está el Salón Comunal y el Templo Católico. Indica que en este lugar está colocado un kiosco metálico con mesa y tres bancos alrededor, otra mesa con bancos al frente de la parroquia y otras bancas individuales dentro del parque. Manifiesta que, solicitaron que se removieran todas las bancas, las mesas y el kiosco, porque tienen 8 o 10 años de soportar los escándalos, borracheras, venta de drogas, juegos de azar, apuestas con dinero, así como indigentes durmiendo en el parque, donde también defecan y orinan. Además, hacen fiestas de las 11 de la noche a las 4 o 5 de la madrugada, lo cual, genera el desvelo de los vecinos que habitan alrededor de dicho lugar. Esa situación ya es insoportable, por tal motivo, solicitaron la colocación de una malla alrededor del parque y frente al templo, denuncia y solicitud que presentaron el 24 de abril de 2024, pero, no han hecho nada aún, lo que estiman violatorio de sus derechos fundamentales.

 2.- Por resolución de las 9:10 horas de 27 de febrero de 2025, se dio curso al recurso y se requirió un informe al jefe del Departamento Urbano, al presidente del Concejo y al alcalde, todos de la Municipalidad de San José, sobre los hechos acusados.

 3.- Informan bajo juramento Diego Miranda Méndez y Mariana de los Ángeles Zúñiga Pérez, en su condición de alcalde y de presidenta del Concejo de San José que, del oficio del jefe, Sección Mejoramiento de Barrios No. SMB-050-2025, se informa que: “…en atención al Recurso de Amparo que se tramita bajo el Expediente No. 25-005384-0007-CO, se le informa que este caso es una zona de parque, por lo que fue remitido vía correo electrónico (adjunto) al señor Raúl Acosta Solórzano, jefe de dicha dependencia. Lo anterior, ya que no es competencia de Mejoramiento de Barrios…”. En cuanto a este punto el jefe, Sección Mejoramiento de Barrios, remite correo electrónico del jueves 16 de mayo del 2024, donde se le indica a la recurrente, se ha procedido a solicitar información catastral del lugar, como también se programa visita con el jefe de Parques, el Ing. Raúl Acosta, para determinar el alcance de la solicitud. Asimismo, Ing. Quesada Ballestero, remite correo electrónico de 25 de febrero de 2025, al jefe, Sección de Parques y Arboricultura Urbana, remitiendo nota firmada por varios vecinos, solicitando colaboración referente al parque situado donde se encuentra el Salón Comunal y el Templo Católico. Agrega que, por correo del jefe de esa Sección de 4 de marzo de 2025, se informa: “…buenas tardes, según recurso de amparo expediente: 25-005384-0007-CO interpuesto por la Sra. Roxana Flores Castro, en el distrito de San Sebastián, López Mateo, sobre afectación de personas que a altas horas de la noche se mantienen en el espacio que ella indica que es una zona de parque. Según el resto de la propiedad adjunto, el área pertenece al Templo Arquidiócesis de San José CR (sic), por lo tanto, en los próximos días se estará contactando a la Arquidiócesis para tratar la situación que se presenta en esa zona. Además, se estará coordinando para esa reunión con la sindica del distrito de san Sebastián la Srta. Nancy Castro Fernández…”. En virtud de los informes antes dichos, así como de las manifestaciones, queda acreditado que la Municipalidad ha procurado en todo momento atender las gestiones presentadas y relacionadas con lo solicitado por la recurrente. En ningún momento se ha eludido el trámite y tampoco ha asumido una conducta omisiva en cuanto a las peticiones de la interesada, prueba de ello se puede observar en la documentación adjunta y en los informes supra, que mediante correos electrónicos se le comunico a la recurrente que se ha procedido a solicitar información catastral del lugar, como también se programa visita con el jefe de Parques, el Ing. Raúl Acosta, para determinar el alcance de la solicitud.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

CONSIDERANDO:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente reprocha la desatención de una denuncia que formuló ante el ente local recurrido, entre otras cosas, por los problemas de ruido y venta de drogas en un parque de su comunidad. Afirma que el proceder reclamado vulnera sus derechos fundamentales.

II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub-lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante se está ante una denuncia ambiental que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 24 de abril de 2024, la recurrente formuló una denuncia ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de San José, por los problemas de ruido y venta de drogas, e indigencia que se producen en un parque de Colonia López Mateos, durante horas de la noche (copia adjunta al libelo de interposición). 2) El 13 de diciembre de 2024, la recurrente reiteró esa denuncia ante Mejoramiento de Barrios de esa Municipalidad (copias adjuntas al libelo de interposición). 3) El 27 y 28 de febrero de 2025, se notificó el auto de traslado a las autoridades locales recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 4) El parque que se encuentra frente a la Iglesia Católica y al Salón Comunal de Colonia López Mateos es propiedad registral de las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José (informe rendido bajo juramento y copias adjuntas).

  IV.- CASO CONCRETO. Se acreditó que, a finales del mes de abril de 2024 y a mediados de diciembre de ese mismo año, la recurrente formuló una denuncia ante la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de San José, por los problemas de ruido y venta de drogas que se producen en un parque de Colonia López Mateos, durante horas de la noche. Aunque con ocasión de la notificación del auto de traslado a las autoridades locales recurridas, se determinara e informara a la que ese bien es propiedad registral de las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, ese proceder no es suficiente para resguardar la paz y tranquilidad de los vecinos del lugar, ni su derecho a la salud, pues no consta que los recurridos hayan adoptado las medidas oportunas y efectivas a esos mismos efectos. Así las cosas, se desprotegió el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud de la recurrente. Bajo esta inteligencia, se impone acoger el recurso, conforme se dirá.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos  ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia ambiental de su comunidad, que involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

 VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Diego Miranda Méndez y Mariana de los Ángeles Zúñiga Pérez, en su condición de alcalde y de presidenta del Concejo de San José, respectivamente o a quienes ejerzan esos cargos, que dispongan y coordinen lo necesario a efecto que dentro de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde una solución definitiva y coordinada con el representante legal del propietario registral del inmueble al problema reclamado. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese. 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 4743VX431QO8FK61

EXPEDIENTE N° 25-005384-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:55:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 07950 - 2025

Date of Resolution: March 14, 2025 at 09:20

Case File: 25-005384-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of matter: Amparo remedy

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 25-005384-0007-CO

Res. No. 2025007950

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes of the fourteenth of March of two thousand twenty-five.

Amparo remedy filed by ROXANA MARÍA FLORES CASTRO, identity card 0103720673, against the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ.

WHEREAS:

1.- By means of a brief filed at 16:08 hours on February 24, 2025, the petitioner filed an amparo remedy against the Municipality of San José, because, she claims, in her community there is a small park where the Community Hall and the Catholic Church are located. She indicates that in this place there is a metal kiosk with a table and three benches around it, another table with benches in front of the parish, and other individual benches inside the park. She states that they requested that all the benches, tables, and the kiosk be removed, because they have endured 8 or 10 years of scandals, drunkenness, drug sales, games of chance, money betting, as well as homeless people sleeping in the park, where they also defecate and urinate. In addition, they hold parties from 11 at night until 4 or 5 in the morning, which causes sleeplessness for the neighbors who live around that place. This situation is already unbearable, for this reason, they requested the placement of a mesh fence around the park and in front of the church, a complaint and request they filed on April 24, 2024, but they have not yet done anything, which they consider to be a violation of their fundamental rights.

2.- By resolution at 9:10 hours on February 27, 2025, the remedy was admitted for processing and a report was requested from the head of the Urban Department, the president of the Council, and the mayor, all of the Municipality of San José, regarding the alleged facts.

3.- Diego Miranda Méndez and Mariana de los Ángeles Zúñiga Pérez report under oath, in their capacity as mayor and president of the Council of San José, that, from the official communication of the head, Neighborhood Improvement Section No. SMB-050-2025, it is reported that: "…in response to the Amparo Remedy being processed under Case File No. 25-005384-0007-CO, you are informed that this case is a park zone, therefore it was forwarded via email (attached) to Mr. Raúl Acosta Solórzano, head of that unit. The foregoing, since it is not the competence of Neighborhood Improvement…". Regarding this point, the head of the Neighborhood Improvement Section forwards an email from Thursday, May 16, 2024, where the petitioner is informed that cadastral information for the site has been requested, and a site visit is also scheduled with the head of Parks, Engineer Raúl Acosta, to determine the scope of the request. Likewise, Engineer Quesada Ballestero forwards an email from February 25, 2025, to the head of the Parks and Urban Arboriculture Section, forwarding a note signed by several neighbors, requesting collaboration regarding the park located where the Community Hall and the Catholic Church are situated. He adds that, by email from the head of that Section on March 4, 2025, it is reported: "…good afternoon, according to amparo remedy case file: 25-005384-0007-CO filed by Mrs. Roxana Flores Castro, in the district of San Sebastián, López Mateo, regarding the impact of people who stay late at night in the space she indicates is a park zone. According to the rest of the attached property, the area belongs to the Temple Archdiocese of San José CR (sic), therefore, in the coming days, the Archdiocese will be contacted to address the situation occurring in that zone. In addition, coordination will be made for that meeting with the syndic of the district of San Sebastián, Miss Nancy Castro Fernández…". By virtue of the aforementioned reports, as well as the statements, it is accredited that the Municipality has endeavored at all times to address the actions filed related to what was requested by the petitioner. At no time has the procedure been evaded, nor has it assumed an omissive conduct regarding the interested party's petitions, proof of this can be seen in the attached documentation and in the above reports, that via emails the petitioner was informed that cadastral information for the site has been requested, and a site visit is also scheduled with the head of Parks, Engineer Raúl Acosta, to determine the scope of the request.

4.- In the proceedings conducted, legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

WHEREAS:

I.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner objects to the lack of attention to a complaint she filed before the respondent local body, among other things, due to noise problems and drug sales in a park in her community. She states that the conduct complained of violates her fundamental rights.

II.- PRELIMINARY MATTER. Prior to analyzing the merits of the matter – regarding the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure – it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the corresponding administrative remedies. Precisely, in the case at hand, a case of exception is raised because we are facing an environmental complaint that has allegedly not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

III.- PROVEN FACTS. Of relevance for the decision of this amparo, the following are deemed proven: 1) On April 24, 2024, the petitioner filed a complaint before the Services Platform of the Municipality of San José, due to noise problems and drug sales, and homelessness occurring in a park in Colonia López Mateos, during nighttime hours (copy attached to the filing brief). 2) On December 13, 2024, the petitioner reiterated that complaint before the Neighborhood Improvement section of that Municipality (copies attached to the filing brief). 3) On February 27 and 28, 2025, the writ of transfer was notified to the respondent local authorities (notification records visible in the Event History of the Electronic Case File). 4) The park located in front of the Catholic Church and the Community Hall of Colonia López Mateos is the registered property of the Temporalities of the Archdiocese of San José (report rendered under oath and attached copies).

IV.- SPECIFIC CASE. It was accredited that, at the end of April 2024 and in mid-December of that same year, the petitioner filed a complaint before the Services Platform of the Municipality of San José, due to noise problems and drug sales occurring in a park in Colonia López Mateos, during nighttime hours. Although, on the occasion of the notification of the writ of transfer to the respondent local authorities, it was determined and reported to her that this property is the registered property of the Temporalities of the Archdiocese of San José, this conduct is not sufficient to safeguard the peace and tranquility of the residents of the place, nor their right to health, since there is no evidence that the respondents have adopted the appropriate and effective measures for those same purposes. As things stand, the petitioner's right to a healthy environment and right to health were left unprotected. Under this understanding, it is necessary to grant the remedy, as will be stated.

V.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do enter to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner filed an environmental complaint regarding her community, which involves the right to a healthy environment and the right to health, which the petitioner claims has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary", approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The remedy is declared with merit. Diego Miranda Méndez and Mariana de los Ángeles Zúñiga Pérez, in their capacity as mayor and president of the Council of San José, respectively, or whoever holds those positions, are ordered to arrange and coordinate whatever is necessary so that within ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, a definitive and coordinated solution with the legal representative of the registered owner of the property is provided for the complained-of problem. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whomever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo remedy, and fails to comply with it or have it complied with, provided that the offense is not more seriously punished. The Municipality of San José is sentenced to the payment of costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado notes his opinion. Notify.

Fernando Cruz C.

Acting President

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ana Cristina Fernandez A.

Digitally Signed Document

-- Verification code --

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4743VX431QO8FK61

CASE FILE No. 25-005384-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:55:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República