Res. 07999-2025 Sala Constitucional — Municipal inaction on environmental complaint regarding drainage obstructionOmisión municipal en atender denuncia ambiental sobre obstrucción pluvial

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Sala Constitucional

Resolución Nº 07999 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Marzo del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-005761-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-005761-0007-CO

Res. Nº 2025007999

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo promovido por Nombre105865, cédula de identidad CED59487, contra la MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS.

RESULTANDO:

 1.- Mediante memorial presentado a las 15:04 horas de 27 de febrero de 2024, la recurrente promovió recurso de amparo, contra la Municipalidad de Puntarenas, pues, según afirma, el 22 de noviembre de 2023 presentó una denuncia en la que expuso, lo siguiente: "Por medio de la presente hago constar que por segunda vez ente ustedes, que en nuestra casa ubicada a 300 metros oeste del Restaurante Kunfu, 20 de noviembre, se ha visto afectada por los caños sucios, los cuales se encuentran llenos de basura, obstruyendo el paso del agua y en reiteradas ocasiones esto ha provocado inundaciones en nuestras casas. Apelamos nuevamente a su buena voluntad para resolver esto entre nosotros y de la más pronta y mejor manera posible, ya que debido a la gran afectación, ya no sabemos que más hacer, de no tener una respuesta temprana, nos veremos obligados a recurrir ante otras instancias como un recurso de amparo, cartas al gobierno central y trasladarlo a los diferentes medios de comunicación, tanto locales como nacionales para que ellos ayuden…"; no obstante, a la fecha de presentación de este recurso la problemática continúa. Solicita que se declare con lugar el recurso.

 2.- Por resolución de las 12:03 horas de 28 de febrero de 2025, se dio curso al recurso y se requirió un informe al alcalde de Puntarenas y al jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Puntarenas, sobre los hechos acusados.

 3.- Informa bajo juramento Randall Alexis Chavarría Matarrita, en su condición de alcalde del Cantón Central de Puntarenas que, lo planteado por la recurrente, fue atendido por el Ingeniero Jeffrey Fernando Ramírez Castro, en su condición de director del departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, emitiendo informe número MP-UTGV-OF-0125-03-2025 de 6 de marzo de 2025; en el cual se describe las labores de limpieza emprendidas para corregir la situación denunciada por la señora amparada. Las labores de limpieza se iniciaron, según informe del señor Ingeniero Ramírez, el día 18 de febrero de 2025 (haciendo inspección), concluyendo el día 6 de marzo de 2025.

4.- Informa bajo juramento Jeffrey Ramírez Castro, en su condición de director a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Puntarenas que, en el distrito Chacarita, específicamente 300 metros al oeste del Restaurante Kunfu, el día 18 de febrero del presente año se realizó inspección en la dirección descrita (tramo de Ruta cantonal con código de camino C 6-01-068). Durante la inspección se visualizó la obstrucción del sistema de evacuación pluvial existente y por ende acumulación y estancamiento de aguas por las cunetas. El día 19 de febrero de los corrientes, identificada la problemática y con la finalidad de brindar una solución a la situación descrita, desde esta Dirección de Gestión Vial se solicita a una cuadrilla que se presenten al lugar y retiren las obstrucciones identificadas en la inspección, y se empezaron a realizar los trabajos. Estas labores se debieron de pausar, debido a que se tuvo problemas con el vehículo que se destinó para eso trabajos y además surgieron trabajos que también se debían de realizar por porte de este departamento, situación que se informó a los vecinos. El día 3 de marzo de los presentes, se recibe notificación de ese recurso de amparo y se retoman los trabajos el día 4 de marzo realizando la limpieza y quitando obstrucciones en las cunetas para dar pasada a las aguas estancadas en el lugar, se adjuntan fotos. Se finalizan los trabajos en el sector sobre ambos lados de la vía el 6 de marzo de 2025, como se puede apreciar en las imágenes adjuntas

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

CONSIDERANDO:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente reprocha que más de un año después de que formuló una denuncia ante el ente local recurrido, a efectos de que se corrigiera un problema ambiental existente en su comunidad, que ha generado inundaciones en su inmueble, la problemática continúa. Afirma que esa omisión vulnera sus derechos fundamentales.

II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub-lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 22 de noviembre de 2023, la recurrente formuló una denuncia ante la Municipalidad de Puntarenas, por la obstrucción del sistema de evacuación pluvial del Dirección7892 y el problema de esto ha generado en su inmueble (copia adjunta al libelo de interposición). 2) El 18 de febrero de 2025, funcionarios municipales realizaron una inspección en el distrito Chacarita, específicamente 300 metros al oeste del Restaurante Kunfu, en la que se determinó la obstrucción del sistema de evacuación pluvial existente y por ende acumulación y estancamiento de aguas por las cunetas (informe rendido bajo juramento). 3) El 19 de febrero de 2025, la Dirección de Gestión Vial solicitó una cuadrilla que se presentó al lugar con la intención de eliminar las obstrucciones; no obstante, esas labores se pausaron, debido a que se existieron problemas con el vehículo que se destinó y se debieron atender otros trabajos (informe rendido bajo juramento). 4) El 3 de marzo de 2025, se notificó el auto de traslado a las autoridades locales recurridas (actas de notificación visibles en el Historial de Acontecimientos del Expediente Electrónico). 5) El 4 de marzo de 2025, se retomaron los trabajos de limpieza y desobstrucción de las cunetas (informe rendido bajo juramento). 6) El 6 de marzo de 2025, finalizaron los trabajos en el sector donde reside la amparada (informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

IV.- CASO CONCRETO. Se acreditó que, a finales del mes de noviembre de 2023, la recurrente formuló una denuncia ante la Municipalidad de Puntarenas, por la obstrucción del sistema de evacuación pluvial del Dirección7892 y el problema de esto ha generado en su inmueble. Aunque las labores reclamadas iniciaran con antelación a la interposición de este recurso, no fue sino con ocasión de notificación del auto de traslado que se retomaron y concluyeron los trabajos de limpieza y de mantenimiento que se echaban de menos. Empero, como esto ocurrió una vez cursado este asunto, estima la Sala que se impone acoger el recurso, conforme se dirá.

V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.  Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el  sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional  ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"),  la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub- lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos  ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia ambiental de su comunidad, que involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios; no obstante. la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. 

VIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

 IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 CP7XHD2XHLM61

EXPEDIENTE N° 25-005761-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:56:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande  
Normal  
Pequeña  
Constitutional Chamber  

Resolution No. 07999 - 2025  

Date of Resolution: March 14, 2025 at 9:20 a.m.  

Expediente: 25-005761-0007-CO  

Drafted by: Ingrid Hess Herrera  

Type of matter: Amparo action  

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  

  

  

  

Text of the resolution  

  

Exp: 25-005761-0007-CO  

Res. No. 2025007999  

   

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty in the morning of March fourteenth, two thousand twenty-five.  

   

Amparo action brought by Nombre105865, identity card CED59487, against the MUNICIPALITY OF PUNTARENAS.  

WHEREAS:  

 1.- By means of a brief filed at 3:04 p.m. on February 27, 2024, the petitioner brought an amparo action against the Municipality of Puntarenas, because, she claims, on November 22, 2023 she filed a complaint in which she stated the following: "By means of this document I hereby state for the second time before you that our house located 300 meters west of the Kunfu Restaurant, November 20, has been affected by the dirty ditches, which are full of garbage, obstructing the passage of water and on repeated occasions this has caused flooding in our homes. We appeal again to your good will to resolve this among us and in the most prompt and best possible way, since due to the great impact, we no longer know what else to do, if we do not receive an early response, we will be forced to resort to other instances such as an amparo action, letters to the central government and transfer it to the different media, both local and national so that they help..."; however, as of the date of filing this action, the problem continues. She requests that the action be granted.  

 2.- By resolution at 12:03 p.m. on February 28, 2025, the action was admitted, and a report was requested from the mayor of Puntarenas and the head of the Technical Road Management Unit of the Municipality of Puntarenas, regarding the alleged facts.  

 3.- Randall Alexis Chavarría Matarrita, in his capacity as mayor of the Central Canton of Puntarenas, reports under oath that the matter raised by the petitioner was addressed by Engineer Jeffrey Fernando Ramírez Castro, in his capacity as director of the Technical Road Management Unit department, issuing report number MP-UTGV-OF-0125-03-2025 dated March 6, 2025; which describes the cleaning work undertaken to correct the situation reported by the protected party. The cleaning work began, according to the report of Engineer Ramírez, on February 18, 2025 (conducting an inspection), concluding on March 6, 2025.  

4.- Jeffrey Ramírez Castro, in his capacity as acting director of the Technical Road Management Unit of the Municipality of Puntarenas, reports under oath that, in the Chacarita district, specifically 300 meters west of the Kunfu Restaurant, on February 18 of this year, an inspection was carried out at the described address (section of cantonal Route with road code C 6-01-068). During the inspection, the obstruction of the existing stormwater drainage (evacuación pluvial) system and consequently the accumulation and stagnation of water from the ditches (cunetas) was observed. On February 19 of the current year, having identified the problem and in order to provide a solution to the described situation, this Road Management Department requested a crew to report to the site and remove the obstructions identified during the inspection, and the work began. These tasks had to be paused, due to problems with the vehicle designated for that work and also other tasks that also had to be carried out by this department arose, a situation that was communicated to the neighbors. On March 3 of the present, notification of this amparo action was received, and work resumed on March 4, carrying out the cleaning and removal of obstructions in the ditches (cunetas) to allow passage of the stagnant water at the site, photos are attached. The work in the sector on both sides of the road was completed on March 6, 2025, as can be seen in the attached images.  

5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.  

 Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,  

WHEREAS:  

 I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner criticizes that more than a year after she filed a complaint with the respondent local entity, in order to correct an existing environmental problem in her community, which has generated flooding on her property, the problem continues. She affirms that this omission violates her fundamental rights.  

II.- PRELIMINARY QUESTION. Before analyzing the merits of the matter –due to the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure– it must be clarified that, since judgment number 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in the sub-lite, an exception is raised, since we are dealing with an environmental complaint that has allegedly not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, the specific situation raised in this amparo is addressed.  

III.- PROVEN FACTS. Of relevance for the decision of this amparo, the following are proven: 1) On November 22, 2023, the petitioner filed a complaint with the Municipality of Puntarenas, regarding the obstruction of the stormwater drainage (evacuación pluvial) system of Dirección7892 and the problem this has generated on her property (copy attached to the filing brief). 2) On February 18, 2025, municipal officials conducted an inspection in the Chacarita district, specifically 300 meters west of the Kunfu Restaurant, in which the obstruction of the existing stormwater drainage (evacuación pluvial) system and consequently the accumulation and stagnation of water from the ditches (cunetas) was determined (report rendered under oath). 3) On February 19, 2025, the Road Management Department requested a crew that reported to the site with the intention of eliminating the obstructions; however, those tasks were paused, due to problems with the vehicle that was designated and because other work had to be attended to (report rendered under oath). 4) On March 3, 2025, the transfer order was notified to the respondent local authorities (notification records visible in the Event History of the Electronic File). 5) On March 4, 2025, the cleaning and unclogging work of the ditches (cunetas) was resumed (report rendered under oath). 6) On March 6, 2025, the work was completed in the sector where the protected party resides (report rendered under oath and evidence provided).  

IV.- SPECIFIC CASE. It was established that, at the end of November 2023, the petitioner filed a complaint with the Municipality of Puntarenas, regarding the obstruction of the stormwater drainage (evacuación pluvial) system of Dirección7892 and the problem this has generated on her property. Although the claimed work began before the filing of this action, it was only on the occasion of the notification of the transfer order that the cleaning and maintenance work that was lacking was resumed and completed. However, since this occurred once this matter was underway, the Chamber considers that granting the action is warranted, as will be stated.  

V.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable"), the granting should be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine refers to the granting being dictated "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law indicates "if they are applicable," which means that the applicability or inapplicability of the compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claimant's petition and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an obviously patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: "every resolution that grants the action shall order in abstract the compensation of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence," where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not provided for. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law and, additionally, in order, the General Law of Public Administration and the Code of Administrative Contentious Procedure and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the administrative contentious jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Code of Administrative Contentious Procedure, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub-lite retains the possibility of resorting, if she deems it appropriate, to a plenary process in order to prove that she has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this action without an award of costs, damages, and prejudices.  

VI.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, I consider that its knowledge and resolution correspond to the administrative contentious jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner filed an environmental complaint in her community, involving the right to a healthy environment and the right to health, which the petitioner claims has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.  

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, ONLY IN RELATION TO THE NON-IMPOSITION OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES ON THE RESPONDENT PARTY.  

While I concur with the rest of the Chamber in granting the action, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from the payment of costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.  

The Law of Constitutional Jurisdiction, in article 52, provides that:  

“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.”  

Furthermore, article 51 ibidem establishes that:  

“...every resolution that grants the action shall order in abstract the compensation of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence.”  

This latter norm establishes the general system that regulates matters related to compensation and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal way of concluding the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…".  

In the majority's criterion, the cited article 51 regulates the cases in which the Chamber has verified the grievance; and, consequently, the need for an award of costs, damages, and prejudices arises. However, in the undersigned's judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court finds an injury to a fundamental right; and, therefore, grants the action, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person in the enjoyment of her fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a scenario contemplated in the cited article 52-, by imperative of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and ineluctable consequence is the condemnation of the offender to the compensation of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of her fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the action, a subject regulated in article 50 of the law that governs this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has verified the grievance and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration in the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), in any of those cases, the imperative need for an award of costs, damages, and prejudices against the offender arises, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of persons and that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices it causes through its unconstitutional actions.  

Thus, the fact that at the time of deciding and granting the amparo, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms of articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and prejudices, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory award of those items contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.  

Moreover, it is clear that the aforementioned article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed in her favor; a situation which, as the majority of the Chamber states, implies an "abnormal termination of the process."  

The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution admitting the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that orders, unequivocally, the revocation, cessation, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and prejudices; however, the granting of the action, by establishing that, in the cases regulated there, the action shall be granted "solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated by the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered due to the injury to their constitutional rights.  

In my opinion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and prejudices in the event of a violation of fundamental rights, that award is always applicable, even in the case where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is recorded in an unmistakable and clear manner that in the specific case no prejudice capable of being compensated was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. Since in this case, there is no element that refutes the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions -whose specific determination does not lie with this jurisdiction-, the granting of this action must necessarily entail the award of costs, damages, and prejudices, and I so declare.  

As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary purpose the analysis of the existence or not of damages and prejudices, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of persons. From that perspective, the analysis carried out in this venue focuses on such verification, but does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52, of the LJC, in its grammatical scope, provides that such award (of damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of process, to the extent that it is within another ordinary process that it must be defined whether within the legal relationship analyzed in the amparo action, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, where applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 through 184 of the Code of Administrative Contentious Procedure, Law No. 8508, define a special process whose purpose is the definition of the economic effects derived from sentences issued in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that process has as its object the following:  

“ARTICLE 179.- It corresponds to the Administrative Contentious Court, the execution of the sentences issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo processes against public law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensations.”  

It is clear that this process is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract award of those items, since such claims would not be applicable in those types of causes when the sentence issued within the amparo process expressly establishes the inapplicability of damages, prejudices, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special process in the administrative contentious venue requires, as a sine qua non requirement, the sentence or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my view, pursuant to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial award requires proof, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial sentence is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the respondent entity's own cause or by an external cause, the alleged indolence or the criticized disturbance may have caused damages and prejudices. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these processes and regarding which, in accordance with what is regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of an abstract award that later constitutes the basis of analysis in the Administrative Contentious Jurisdiction. The protection sought in these constitutional processes does not require the proof of damages and prejudices, since, I insist, it is not its primary object or ratio. Thus, it does not fall to the protected person to claim or prove damages, as what she seeks is the safeguarding of her fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have produced injuries to her is an issue that, as a matter of principle and except for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis in these types of causes. Note that, in the case regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make an analysis of the merits of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus by the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, no assessment is made as to whether or not there is an infraction, whereby, it is much less possible to define whether from what was reported by the requester, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the exemption from the award referred to by that norm is of an exceptional nature, not a matter of principle. Therefore, in those cases, the norm imposes the abstract award, so that its applicability can be analyzed within another plenary process. Otherwise, if that exoneration from damages, prejudices, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person would be jeopardized since, despite that supervening response from the claimed party, she may have suffered injuries in her patrimonial sphere, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the criticized disturbance occurred. I insist, whether the permanence of the threat or deterioration of her situation, inasmuch as it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and prejudices, is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary process, but that, I reiterate, should in no way be denied, as a presupposition, solely by the concretization of the factual situation regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority position, I state my vote and reiterate that the granting of this action must necessarily entail the abstract award of costs, damages, and prejudices.  

VIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS WITH RESPECT TO THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable.”  

My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the infringed right. The phrase “if they are applicable” refers to the costs. Moreover, article 197 of the Code of Administrative Contentious Procedure, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.  

Certainly, pursuant to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo action is not compensatory but restorative; however, article 51 of the LJC states: “Every resolution that grants the action shall order in abstract the compensation of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence.”  

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and prejudices may have arisen. For this reason, their abstract award is appropriate. If this were not done, if such award were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this process– to claim them, which could violate article 41 of the CP. If, despite the abstract award, the damages and prejudices have not occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, since it is for him alone to establish the real existence and magnitude of the same as proven.  

With the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only in the presence of an amparo action. It remains to say that article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may order the payment of costs, even when the right has been restored.  

By reason of the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the award of damages and prejudices, but not costs.  

 IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies has been provided, they must be withdrawn from the court office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.  

THEREFORE:  

The action is granted, without special award of costs, damages, and prejudices. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, prejudices, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and prejudices, but not the award of costs. Notify.  

  

  

  

   

Fernando Cruz C.  

Acting President  

   

   

  

  

  

Paul Rueda L.  

   

   

   

Luis Fdo. Salazar A.  

  

  

Jorge Araya G.  

   

   

   

Anamari Garro V.  

  

  

Ingrid Hess H.  

   

   

   

Ana Cristina Fernandez A.  

   

   

Digitally Signed Document  

-- Verification Code --  

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