Res. 09107-2025 Sala Constitucional — Consultation with Indigenous Children and Adolescents for the National Childhood PolicyConsulta a niños y adolescentes indígenas para la Política Nacional de la Niñez

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09107 - 2025

Fecha de la Resolución: 25 de Marzo del 2025 a las 11:15

Expediente: 24-019034-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales,Derechos de la persona menor de edad,Instrumentos internacionales,Pueblos Indígenas

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MINORÍAS

Subtemas:

MENORES DE EDAD..
INDIGENAS.

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

QUEJA.

009107-25. MINORÍAS. PODER EJECUTIVO. SE ACUSA QUE EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2024-2036, SE OMITIÓ HACER LA CONSULTA EN TERRITORIOS INDÍGENAS. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA AL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, QUE COORDINE LO PERTINENTE Y LLEVE A CABO TODAS LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES, SE EFECTÚE EL PROCESO DE CONSULTA A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES INDÍGENAS DE TODOS LOS TERRITORIOS INDÍGENAS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PUEBLOS INDÍGENAS BAJO LA EFECTIVA APLICACIÓN DEL MECANISMO GENERAL DE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS CONFORME A LO SEÑALADO EN ESTA SENTENCIA. VCG04/2025


“(…) III.- Aspectos preliminares. Para la resolución de este proceso, es importante realizar un análisis de sobre el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas a partir de lo dispuesto en el Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo -aprobado mediante Ley nro. 7316, publicada en La Gaceta nro. 234 de 4 de diciembre de 1992- y la normativa vigente.

 

El artículo nro. 6 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece:

 

“Artículo 6

 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

 

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

 

Asimismo, el artículo 7 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo dispone:

 

“Artículo 7

 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y de nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

 

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.”

 

 A partir de tal normativa surge el compromiso para los Estados signatarios el compromiso de impulsar de una manera amplia, la promoción de las condiciones que permitan el desarrollo de los pueblos indígenas y tribales de un modo que se respete la diversidad étnica y cultural y se asegure los espacios de autonomía requeridos para ello y se desenvuelva en un marco de igualdad. De ahí surge el deber de consulta previsto en el numeral 6.1 inciso a) anteriormente transcrito ante la emisión de medidas administrativas, tales como políticas públicas, decretos ejecutivos y proyectos de desarrollo susceptibles de afectar directamente a dichos pueblos.

 

 A la luz del compromiso adoptado por parte del país al ratificar lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo se emitió el Decreto Ejecutivo nro. 40932-MP-MJP del 6 de  marzo de 2018, publicado en el Alcance nro. 70 del Diario Oficial La Gaceta nro. 59 del 5 de abril del 2018, mediante el cual la Presidencia de la República estableció el Mecanismo General de Consulta de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, con el fin de garantizar y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, que pueden verse afectados por decisiones administrativas o legislativas. De dicho cuerpo normativo, cabe destacar lo dispuesto en los artículos 1, 2, 12, 13, 14 y 26:

 

“Artículo 1.- Objeto. El objeto del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas es, reglamentar la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo o proyectos privados, susceptibles de afectarles .

 

Artículo 2.- Definiciones. Las siguientes definiciones son derivadas del marco normativo vigente aplicable:

 

(…)

 

g. Medidas administrativas. Comprende, entre otros, actos administrativos, políticas públicas, decretos ejecutivos y proyectos de desarrollo, promovidos desde las instituciones públicas del Poder Ejecutivo (el resaltado no pertenece al original).

 

(…)

 

Artículo 12.- Caracterización. Sin perjuicio de lo que establezca el marco normativo vigente, la obligación de consultar debe incorporar, al menos, las siguientes caracterizaciones:

 

a. La consulta es el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados. La consulta es exclusiva para los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados por la medida administrativa, proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo o proyecto privado. Los pueblos indígenas tienen la facultad de determinar las normas internas que regulan la pertenencia a su pueblo.

 

Amparados en el principio de Buena Fe, los pueblos indígenas, deberán formar parte de la

 

consulta que pueda afectarles. La manifestación de negación anticipada de participar, por parte de un pueblo indígena, deberá ser entendida por el Gobierno, como una expresión parcial no absoluta, de la voluntad del pueblo indígena y conllevará para sí, la necesidad de adoptar todas las medidas de buena fe necesarias, para abrir los canales de diálogo; lo anterior, sin perjuicio de aquellas manifestaciones de negación anticipada que, estando contempladas en los instrumentos internacionales, representan una expresión total de la voluntad de los pueblos indígenas.

 

b. La obligación de consultar corresponde al Gobierno. La obligación de llevar a cabo los procesos de consulta, recae sobre el Gobierno de la República. Esta obligación, no puede ser delegada en terceros o sujetos de derecho privado de ningún tipo y, bajo ninguna circunstancia, representa la posibilidad de recurrir a medidas coactivas para realizar la consulta. En caso de renuencia por parte de los pueblos indígenas de formar parte de una consulta determinada, el Gobierno deberá hacer uso de todos los canales de diálogo pertinentes, para entender las razones que motivan la renuencia de participar, con el fin de emprender las medidas de buena fe necesarias para el adecuado proceder de la consulta.

 

c. Información. Los procesos de consulta implican intercambios de buena fe de toda la información útil, pertinente y oportuna entre las partes involucradas, durante todas las etapas del proceso. La contraparte interesada debe transmitir información completa y culturalmente apropiada para los pueblos indígenas. Además, los pueblos indígenas podrán transmitir información suficiente y necesaria, para que la contraparte interesada tenga una comprensión cabal sobre la cultura indígena. La información debe tener amplio alcance a todo el pueblo indígena y deberá ser accesible tanto en español, como en el idioma del pueblo indígena, según los acuerdos de la etapa preparatoria.

 

d. Convocatorias públicas. Las convocatorias realizadas para las etapas informativas y de toma de decisión, dentro de los procesos de consulta, deberán ser públicas y de amplio alcance, valiéndose de diversas formas y medios de comunicación, así como tomando en cuenta la diversidad lingüística, los factores geográficos y las organizaciones representativas de cada pueblo indígena. La convocatoria, será efectuada con un plazo prudencial que garantice su amplia difusión; los mecanismos de convocatoria serán acordados entre la Instancia Territorial de Consulta y la UTCI, con el fin de garantizar una amplia participación.

 

e. Publicidad del proceso de Consulta. En cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública, será información de acceso público y publicación proactiva: el plan de consulta, la información intercambiada entre las partes involucradas, los acuerdos derivados de la consulta, así como toda aquella información que durante el proceso se considere oportuna.

 

Artículo 13.-Medidas específicas a consultar contenidas en los tratados internacionales.- Deberán consultarse todas aquellas medidas administrativas específicas contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, a saber:

 

a. Exploración o explotación de los recursos naturales dentro de los Territorios (Art. 15 Convenio 169);

 

b. Traslado o reubicación de los pueblos indígenas (Art. 16 del Convenio 169);

 

c. Enajenación de tierras o transmisión de los derechos sobre las tierras fuera de la comunidad (Art. 17 del Convenio 169);

 

d. Programas de formación profesional (Art. 22 del Convenio 169);

 

e. Instituciones educativas y medios de educación propios (Art. 27 del Convenio 169);

 

f. Enseñanza del idioma indígena (Art. 28 del Convenio 169)

 

Artículo 14.- Medidas específicas a consultar contenidas en Declaraciones Internacionales.- Asimismo, deberán consultarse todas aquellas medidas administrativas específicas contenidas en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a saber:

 

a. Medidas relacionadas con la adaptación de la legislación interna a la Declaración (Art. 38 de la DNUDPI);

 

b. Medidas relacionadas con el combate de prejuicios, eliminación de la discriminación y promoción de la tolerancia (Art. 15 de la DNUDPI)

 

c. Medidas relacionadas con la explotación laboral de los niños y niñas (Art. 17 de la DNUDPI)

 

d. Medidas relativas a la reparación, restitución o, indemnización justa y equitativa por tierras, territorios y recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados. (Art. 28. l de la DNUDPI)

 

e. Medidas tendientes a disponer el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras o territorios indígenas. (Art. 29.2 de la DNUDPI)

 

f. Medidas relacionadas con el uso de territorios para actividades militares (Art. 30 de la DNUDPI)

 

g. Medidas relacionadas con la afectación de tierras o territorios y otros recursos, relacionados con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

 

h. Medidas relacionadas con los derechos de los Pueblos Indígenas transfronterizos (Art. 36 de la DNUDPI).

 

Sin perjuicio de las medidas consignadas previamente, deberán ser consultadas todas aquellas medidas administrativas o proyectos privados que tengan como efecto la afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de acciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como todas aquellas señaladas mediante sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Artículo 26.- Etapas del procedimiento de consulta. El procedimiento de consulta a Pueblos Indígenas consta de ocho etapas preclusivas, a saber:

 

a. Solicitud de la consulta;

 

b. Admisibilidad de la solicitud de la consulta;

 

c. Acuerdos preparatorios para la consulta;

 

d. Intercambio de información;

 

e. Evaluación interna del pueblo indígena;

 

f. Diálogo, negociación y acuerdos;

 

g. Finalización del proceso de Consulta;

 

h. Cumplimiento y monitoreo de los acuerdos.”

 

Así, este Tribunal Constitucional siguiendo lo estipulado en ordinal 6.1.a del Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ha hecho referencia a la importancia de llevar a cabo una consulta previa a la población indígena cuando se está frente a medidas de índole administrativo o legislativo que generen o representen una afectación. En ese sentido, se dictó la sentencia nro. 2019-021297 de las 09:20 horas del 1 de noviembre de 2019, en la cual se estableció:

 

“IV.- Sobre la consulta a las comunidades indígenas y el Convenio 169 de la OIT. En criterio de este Tribunal Constitucional, siguiendo lo dispuesto en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado mediante Ley No. 7316, publicada en La Gaceta No. 234 de 4 de diciembre de 1992, debe garantizarse un mecanismo idóneo de participación de las comunidades indígenas en aquellos asuntos que inciden, directamente, sobre éstas. En efecto, el citado Convenio tiene como principio fundamental la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y tribales en todos los niveles de los procesos de toma de decisiones que les conciernen. La normativa en cuestión, en su artículo 4, exige a los gobiernos adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados. En varias oportunidades, la Sala ha reconocido la necesidad de tomar en consideración las características propias de los grupos indígenas que se mantienen en sus propios territorios, a la hora de interpretar y aplicar las distintas normas que conforman el ordenamiento jurídico. Así, nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos que se imponen a la conducta de todas las personas. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas. Por su parte, el artículo 6 del Convenio precitado establece en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;".  Con base en este precepto, cualquier medida legislativa o administrativa que sea susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados debe ser objeto de consulta con ellos. De acuerdo con la definición que hace el artículo 1 de la Ley Indígena, No. 6172 de 29 de noviembre de 1977, esa disposición es aplicable a los pobladores de las reservas indígenas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad (ver en similar sentido sentencias 2014-015855 de las nueve horas veinte minutos del veintiséis de setiembre de dos mil catorce y 2012-007613 de las nueve horas cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce, entre muchas otras).  Asimismo, el artículo 6.1 inciso b), de este cuerpo normativo establece en forma expresa, que al aplicar las disposiciones de su articulado, los gobiernos deben: “b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;”. Más, específicamente, en cuanto al tema de la comprensión en los procedimientos legales, el artículo 12 ibídem, dispone en forma expresa que: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces Es menester recalcar que del marco del Convenio 169 de la OIT surge para los Estados signatarios, por un lado el compromiso de impulsar de una manera amplia, la promoción de las condiciones que permitan el desarrollo de los pueblos indígenas y tribales de un modo que se respete la diversidad étnica y cultural y se asegure los espacios de autonomía requeridos para ello y se desenvuelva en un marco de igualdad. Y por otro lado el deber de consulta previsto en el numeral 6.1 inciso a) anteriormente transcrito, en relación con las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a dichos pueblos. Sin dejar de lado que en este punto esa consulta previa constituye como procedimiento obligatorio en las específicas hipótesis arriba señaladas, por medio del cual se le otorga a los pueblos indígenas y tribales, una de las formas de participación democrática más claras (…)”. (el destacado no forma parte del original).

 

IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente manifiesta que la Defensoría de los Habitantes participó en el proceso de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036, en calidad de institución observadora activa e instancia consultiva y de acompañamiento técnico. Explica que para la formulación de la política en cuestión se realizó lo siguiente: en la sesión ordinaria CNNA 09-2020 del 28 de octubre de 2020, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia conoció y aprobó la “Propuesta para la actualización e integración de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia”, elaborada por la Secretaría Técnica de dicho órgano colegiado, la cual contempla la ruta a seguir para su implementación; en la sesión ordinaria CNNA 03-2021 del 24 de marzo de 2021 se aprobó la metodología de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 y en la sesión extraordinaria CNNA-05-2022 del 6 de abril de 2022 se aprobó el documento “Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Costa Rica 2021”, que constituye el principal insumo diagnóstico de esta política. Expone que a través del Decreto Ejecutivo nro. 43515-MP-MNA, el Poder Ejecutivo declaró de interés público y nacional la formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036. Agrega que el 25 de noviembre de 2021 se acordó que el Consejo recurrido, a través del Patronato Nacional de la Infancia, haría una consulta nacional en territorios indígenas, la cual fue recomendada dentro del proceso de formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036; sin embargo, reclama que mediante el oficio PANI-PE-OF-0786-2023 del 23 de mayo de 2023, la señora Gloriana López Fuscaldo, en su condición de Ministra de la Niñez y la Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del PANI solicitó valorar el cierre técnico del proceso de consulta de niñez y adolescencia indígena en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, por cuanto dicha consulta se realizaría en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas. Reprocha que por dicha solicitud se emitió la resolución DNRAC-UTCI N. 06-2023 del 23 de mayo de 2023, por medio de la cual se dispuso el cierre de archivo del expediente UTCI-21-2021 del proyecto “Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia”. Estima que lo anterior implica que los niños, niñas y adolescentes indígenas no pudieron ejercer su derecho a la participación plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, derecho reforzado por el Convenio 169 de la OIT. Acusa que en la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del 24 de octubre de 2024, el Consejo recurrido aprobó abordar la consulta y los asuntos relativos a la niñez y adolescencia indígena en el marco de elaboración de la Política Pública para Pueblos Indígena y en la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024, el Consejo accionado decidió no consignar en el documento de la Política la referencia a la consulta de menores indígenas, y en su lugar, incluir la intervención concreta en el primer plan de acción de la política referente a la consulta de niñez y adolescencia indígena, de cuyos resultados se desprenderán los compromisos y las intervenciones de las instituciones, a incluirse en el segundo plan de acción de esta política. Considera que el actuar de la autoridad recurrida violenta el derecho a la igual y no discriminación, al derecho a la supervivencia y desarrollo, así como al derecho a la participación de los menores indígenas según la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT. Solicita la intervención de la Sala para declarar que los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 24 de octubre de 2023 y en la sesión extraordinaria del 18 de abril de 2024 son lesivos a los derechos fundamentales de la población tutelada.

 

Al respecto, en primer lugar, se debe advertir que en tesis de principio a este Tribunal no le corresponde fiscalizar el apropiado diseño de las políticas públicas por quien tiene competencia legal para su creación, así como tampoco corresponde por la vía sumaría del recurso de amparo determinar cual de las dos políticas debe utilizarse sea la Política Nacional de Niñez y Adolescencia o la Política Pública de Pueblos Indígenas. Sin embargo, en el caso concreto expuesto por la parte recurrente si puede ser objeto de análisis en esta jurisdicción especializada por discutirse el proceso de consulta previa. En ese sentido, resulta importante establecer que la ejecución de una política pública, o el ejercicio de una potestad legal, no puede dejar sin contenido un derecho o garantía constitucional, debido a ello, es necesario resaltar que la población indígena costarricense goza de una protección especial del Estado, la cual se dirige a preservar sus costumbres y tradiciones, debido a que de no hacerlo implicaría un abierto desconocimiento o retroceso irrazonable en la cobertura y medios para tutelar tales derechos y garantías.

 

Ahora bien, tal como se desarrolló en el considerando anterior el objeto del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas es reglamentar la obligación de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas administrativas, dentro de las cuales se comprenden las políticas públicas promovidas desde las instituciones públicas del Poder Ejecutivo. En la especie, la Política Pública de Pueblos Indígenas contempla los siguientes ejes: Institucionalidad democrática: Temas Aumento de los recursos públicos destinados a la niñez y la adolescencia. Fortalecimiento de la articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial. Información en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Participación de los niños, niñas y adolescentes. Políticas nacionales que incluyan intervenciones específicas para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Creación de Políticas cantonales de la niñez y la adolescencia; b) Vida en familia y en comunidad: Temas Fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Condiciones de vida de calidad que favorezcan su bienestar y desarrollo integral. Combate a la pobreza. Promoción de alternativas de cuido. Promoción de la crianza positiva y respetuosa. Prevención de la violencia en los entornos familiares y comunitarios; c) Protección especial: Temas Personas adolescentes en los procesos penales juveniles y privadas de libertad. Protección a las personas adolescentes trabajadoras. Fortalecer la promoción, defensa y protección del derecho a la integridad física, psíquica y moral, a la privacidad, al honor y a la imagen. Trata de personas y la explotación sexual comercial. Personas adolescentes en los procesos penales juveniles y privadas de libertad. Protección de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio, LGTBIQ+, afrodescendientes, en consumo de sustancias psicoactivas, con discapacidad, en situación de calle. Desintitucionalización de las personas menores de edad; d) Salud: Temas Salud mental. Fortalecer las redes de apoyo en las familias, las instituciones y las comunidades. Consumo de sustancias psicoactivas y en edades cada vez más tempranas y de fácil acceso. Prácticas deportivas, recreativas y culturales. Desafíos y limitaciones para acceder a los servicios de salud. Derecho a la salud sexual y reproductiva; e) Educación: Temas Condiciones universales. Garantizar el acceso, la permanencia y éxito escolar. Educación digital. Educación para una cultura de paz. Educación sexual y relaciones afectivas. Educación ambiental. Educación financiera. Educación técnica, profesional y el desarrollo de habilidades blandas; f) Cultura, juego, recreación, deporte y actividad física: Temas Infraestructura y uso de instalaciones. Garantizar espacios seguros, inclusivos y sostenibles. Garantizar el derecho a la cultura, el juego, la recreación y el deporte mediante espacios, programas y actividades según grupos etarios. Considerar la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Asistencia y participación en actividades culturales, recreativas y deportivas sin distinción por su edad y en igualdad. Visibilizar tradiciones y valores autóctonos de los territorios y las poblaciones que habitan en el país; g) Ambiente: Temas Promover la participación activa de la familia y la comunidad en el cuido de la diversidad ambiental, procurando un modelo de respeto a la naturaleza y sus entornos. Ambiente limpio, saludable y sustentable. Promover un ambiente saludable, espacios verdes, ambientes sin residuos.

 

Desde este plano, una vez analizado el contenido de la política pública cuestionada se determina que contempla medidas especificas en las cuales surge la obligación de efectuar la consulta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Nótese que contempla diversos temas relacionados a la educación, a la cultura, a la protección especial vinculada con medidas para erradicar discriminación y promoción de la tolerancia, así como promover las tradiciones y valores autóctonos de los territorios y las poblaciones que habitan en el país. A partir de tales medidas consignadas dentro de la Política Pública de Pueblos Indígenas es que surge la obligación de efectuar la consulta por contemplar aspectos que tienen efecto directo en los derechos colectivos de los pueblos indígenas contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Es decir, en aplicación a lo desarrollado en el Considerando III se traduce que la política pública cuestionada sí podría generar una afectación en la población indígena, por lo que requiere obligatoriamente ser sometida a un proceso de consulta.

 

Ahora bien, del elenco de hechos probados se evidencia que, inicialmente, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia mediante la sesión ordinaria CNNA 09-2020 del 28 de octubre de 2020 dio inicio al proceso de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia, dentro de la cual se estableció el compromiso de consultar a la población menor de edad indígena, por tal motivo el Consejo recurrido buscó la asesoría de la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, quien se ha encargado de brindar diversos espacios de dialogo, asesoría y capacitación a partir de la aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Posteriormente, consta que dentro de la reformulación de la política cuestiona, se determinó que no contemplaba medidas administrativas específicas para la población menor de edad indígena, por ello se decidió desarrollar la Política Pública de Pueblos Indígenas. Nótese que existió el criterio técnico de la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, quien resolvió mediante la resolución DNRAC-UTCI N° 06-2023 del 23 de mayo de 2023, lo siguiente: “esta unidad después del análisis de la solicitud realizada por la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, la señora Gloriana López Fuscaldo, en el oficio PANI-PE-OF-0786-2023, en el cual indica: “valorar la pertinencia técnica para el cierre del proceso referente a la consulta de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 que se apertura por el Patronato Nacional de la Infancia ante la Unidad Técnica de Consulta Indígena, en tanto la consulta relacionada con las medidas administrativas en materia de niñez y adolescencia indígena se realizará en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas”, decide realizar el cierre de archivo al expediente UTCI21-2021 del proyecto “Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia” con el conocimiento de que la misma será incluida y abordada desde la consulta de la Política Pública a Pueblos Indígenas”. Por lo anterior, se verifica que en la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del 24 de octubre de 2023, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia acordó: “ARTÍCULO 07) APARTE 04) SE ACUERDA: 1. QUE LA CONSULTA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA INDÍGENA, ASÍ COMO A SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, EN TÉRMINOS DE POLÍTICA PÚBLICA, SERÁ ABORDADA DENTRO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PPPI) LIDERADA, ACTUALMENTE, POR EL VICEMINISTERIO DE PAZ. 2. EXPRESAR EL INTERÉS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE UNIR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE SE ESTABLEZCAN ESPACIOS DE CONSULTA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO CON SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, DE MANERA QUE, LOS ESPACIOS DE CONSULTA PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN DICHA POLÍTICA. 3. QUE, EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, EN SU ROL RECTOR EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SERÁ EL RESPONSABLE TÉCNICO DE ACOMPAÑAR AL VICEMINISTERIO DE PAZ, EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LA CONSULTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO A SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, EN ARTICULACIÓN CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA CONSULTA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PUEBLOS INDÍGENAS. 4. QUE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN ESTE CONSEJO CONTINUARÁN GARANTIZANDO ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, RESPETANDO SU CULTURALIDAD Y COSMOVISIÓN. 5. CONSIGNAR EL PRESENTE ACUERDO EN EL TEXTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024- 2036”.

 

 A partir de lo expuesto, si bien se determina que el 24 de octubre de 2023, la autoridad recurrida estableció el compromiso de efectuar la consulta a la niñes y la adolescencia indígena, así como a sus padres, madres y personas encargadas dentro del marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas, lo cierto del caso es que, para la fecha de interposición de este recurso, sea el 12 de julio de 2024, el proceso no había iniciado y ni siquiera se contaba con un panorama debidamente estructurado y cronológico para garantizar la consulta a los niños, niñas, adolescentes indígenas en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas.

 

Véase que fue a partir de la intervención de este Tribunal Constitucional con los requerimientos de las pruebas para mejor resolver que se informó por medio del oficio DVMP-382-10-2024 del 3 de octubre de 2024 que el proceso de consulta inició partir del 25 de octubre de 2024 con la Fase nro. 4 denominada “Intercambio de información”, la cual contempla: “el intercambio de información es un proceso recíproco entre todas las partes involucradas en un proceso de consulta determinado. El objetivo de esta etapa es que, los pueblos indígenas, reciban toda la información de calidad necesaria para tomar una decisión informada y que la contraparte interesada, posea información sobre el pueblo ·indígena y su cosmovisión, en particular, sobre el tema objeto de consulta. La contraparte interesada, debe brindar toda la información de calidad existente sobre la medida administrativa, proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo o proyecto privado que se esté consultando. La contraparte interesada debe someter información a los pueblos indígenas de la siguiente manera: a. Totalidad de la información (en idioma español) b. Versión resumida de la información (en español y en el idioma del pueblo indígena) c. Locución de la información y otros materiales didácticos. (en español y en el idioma del pueblo indígena) Los pueblos indígenas pueden transmitir toda aquella información de calidad sobre su cultura, que consideren de relevancia, para ampliar el conocimiento de la contraparte interesada. El intercambio se debe dar en ambas vías, a lo largo de todo el proceso. La información no debe entenderse como una entrega formal o única de materiales, sino que se trata de un proceso constante, que requiere de espacios de diálogo donde se presente la información ante espacios internos de decisión comunitaria y participativos, debidamente convocados o ante otro mecanismo tradicional propio, con intérpretes escogidos por el pueblo indígena y en espacios donde se permita la evacuación de dudas. No se omite manifestar que, los enlaces técnicos asignados por su representada fueron debidamente capacitados en el tema del Mecanismo General de Consulta Indígena por parte de la Unidad Técnica de Consulta Indígena. Es importante aclarar que la gestión de los talleres obedece a la especificidad y metodología solicitada por cada Territorio Indígena”. Consta que entre el 25 de octubre de 2024 y el 14 de diciembre de 2024 se efectuó un total de 10 talleres a niños, niñas, adolescentes y personas adultas indígenas, realizados en los territorios indígenas Térraba, Salitre, Rey Curré y Ujarrás, participantes en la consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas. Aunado a ello, mediante el oficio DVMP-612-12-2024 del 17 de diciembre de 2024 se comunicó el cronograma actualizado con la reprogramación de los talleres de la siguiente forma: Fase 3: el 24 de enero de 2025 en el territorio Térraba; Fase 5: el 17 de enero de 2025 en el territorio Salitre; Fase 6: el 31 de enero de 2025 en el territorio Salitre; Fase 4: el 19 de enero de 2025 y el 26 de enero de 2025 en el territorio Rey Curré; Fase 6: el 23 de febrero de 2025 en el territorio Rey Curré; Fase 4: el 18 de enero de 2025, el 25 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2025 en el territorio Ujarrás; Fase 5: el 8 de febrero de 2025 en el territorio Ujarrás; Fase 6: el 22 de febrero de 2025 en el territorio Ujarrás; Fase 5: el 8 de febrero de 2025, el 12 de febrero de 2025, el 13 de febrero de 2025, el 14 de febrero de 2025, el 15 de febrero de 2025 y el 21 de febrero de 2025 en el territorio Boruca.

 

 Así las cosas, esta Sala considera que si bien la autoridad recurrida a efectuado acciones dirigidas a cumplir con el procedimiento de consulta, lo cierto es que no existe certeza de que se vaya a efectuar como se indicó, con el agravante de que la autoridad recurrida no aportó un cronograma completo en el cual se pudiera observar el procedimiento de consulta en los 24 territorios indígenas, así como tampoco el plan de acción completo que incluya todas las etapas según lo establece el artículo 26 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Nótese que una de las fases con mayor relevancia es la número 6, pues corresponde a la etapa de diálogo, negociación y acuerdos, en la cual las partes involucradas dialogan para que la contraparte interesada conozca la decisión y propuestas que el pueblo indígena elaboró en la etapa de Evaluación Interna. Lo anterior, con la finalidad de que puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los estándares pertinentes. Por consiguiente, atendiendo a las consideraciones expuestas en el Considerando III este Tribunal Constitucional debe intervenir para garantizar la consulta a los niños, niñas, adolescentes indígenas y sus familias de todos los territorios indígenas en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas bajo la efectiva aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso. (…)”




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Texto de la resolución

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Exp: 24-019034-0007-CO

Res. Nº 2025009107

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas quince minutos del veinticinco de marzo de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre105770, cédula de identidad CED59404, en su condición de Defensora de los Habitantes de Costa Rica, a favor de LA POBLACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, contra el CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.             

Resultando:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 12 de julio de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Manifiesta que, desde el 15 de noviembre de 2021, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), solicitó a la Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DNARAC), un espacio de asesoramiento para proceder con la consulta a la población menor de edad indígena en la formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024- 2036. En una reunión virtual el 25 de noviembre de 2021, la UTCI recomendó hacer una consulta nacional en territorios indígenas, acordándose que el PANI haría la consulta con el acompañamiento de la UTCI. Relata que entre el 25 de noviembre de 2021 y el 16 de junio de 2022, se realizaron diversas reuniones de asesoría entre el PANI y la UTCI; posteriormente, el 5 de septiembre de 2022, la entonces ministra de la Niñez y la Adolescencia, solicitó formalmente a la UTCI la consideración de admisibilidad para realizar la consulta a menores de los 24 territorios indígenas. La UTCI respondió el 7 de octubre de 2022 solicitando aclaraciones y, tras recibir la información adicional, emitió el 20 de diciembre de 2022 la resolución DNRAC-UTCI-09-2022, recomendando la realización del proceso de consulta según el Decreto N°40932-MP-MJP. Narra que el 2 de noviembre de 2022, la Presidencia de la República solicitó a los ministros y presidencias ejecutivas de las instituciones públicas integrar sus esfuerzos de políticas públicas susceptibles de afectar a la población indígena en un solo instrumento coordinado por la Mesa Técnica Interinstitucional de Asuntos Indígenas. En respuesta, el PANI expresó su interés en unir esfuerzos interinstitucionales para contemplar espacios de consulta con la población menor de edad indígena. Posteriormente, el 3 de mayo de 2023, la ministra de la Niñez y Adolescencia solicitó a la UTCI valorar el cierre técnico del proceso de consulta planteado por el PANI, señalando que la consulta se realizaría en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas. Describe que entonces la UTCI emitió la resolución DNRAC-UTCI N. 06-2023 del 23 de mayo de 2023, cerrando el expediente UTCI-21-2021 del proyecto “Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia”, lo que aduce impidió la participación de los menores indígenas. Expone que el 2 de junio de 2023, la Defensoría de los Habitantes planteó inquietudes sobre la omisión de la consulta y la no inclusión de acciones afirmativas para la población menor indígena en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036. En respuesta, el PANI explicó que la población menor indígena sería abordada en la Política Pública de Pueblos Indígenas, cuya formulación estaba a cargo del Viceministerio de Paz. Expresa que en la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del 24 de octubre de 2023, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia decidió abordar la consulta a la niñez indígena en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas, decisión que fue criticada con el argumento que podría constituir un acto de discriminación contra esta población. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas solicitó el 12 de noviembre de 2023 no aprobar la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036 sin realizar la consulta a los Pueblos Indígenas, subrayando la violación de tratados internacionales. Finalmente, en la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia decidió no consignar en el documento de la Política la referencia a la consulta de menores indígenas, y en su lugar, incluir la intervención concreta en el primer plan de acción de la política referente a la consulta de niñez y adolescencia indígena, de cuyos resultados se desprenderán los compromisos y las intervenciones de las instituciones, a incluirse en el segundo plan de acción de esta política. La recurrente señala que esta exclusión constituye una discriminación, porque más de 4000 personas fueron invisibilizadas, sus inquietudes y aspiraciones no fueron consideradas, violando el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la supervivencia y desarrollo, así como el derecho a la participación de los menores indígenas según la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT. Solicita declarar violatorios los acuerdos del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, en su lugar ordenar la inmediata realización del proceso de consulta a los niños, niñas y adolescentes de los 24 territorios indígenas, y garantizar la incorporación de sus necesidades y aspiraciones en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y en sus planes de acción.

2.- Mediante resolución de las 11:08 horas del 17 de julio de 2024, se dio curso a este proceso y se le solicitó informe al presidente del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (adscrito a la presidencia de la República), sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de julio de 2024, Kennly Garza Sánchez, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, informa bajo juramento que

“El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) como espacio de deliberación, concertación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas de la comunidad, relacionadas con la materia de niñez y adolescencia, de conformidad con su competencia de asegurar que la formulación y la ejecución de las políticas públicas estén conformes con la política de protección integral de los derechos de las personas menores de edad, establecida en el artículo 170 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y, de conformidad con las funciones señaladas en el artículo 171 de ese mismo Código, coordinó el proceso de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 (PNNA 2024-2036), aprobada por ese órgano colegiado en su sesión CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024 y oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N° 44445-MP, publicado en La Gaceta N°86 del 15 de mayo de 2024. La PNNA 2024-2036 constituye el marco orientador de las intervenciones públicas del Estado orientadas a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia para los próximos trece años, resultado de un proceso de formulación participativa con personas menores de edad como centro del proceso, la academia, la sociedad civil, las instituciones, en cada una de sus etapas. Esta política se constituye en un instrumento de articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial para el abordaje estratégico de los principales obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia y su alcance está enfocado hacia la universalidad de los derechos humanos. Su objetivo se orienta a la garantía del ejercicio pleno de los derechos de las personas menores de edad en una sociedad más justa y equitativa, en procura de su bienestar y desarrollo integral y aspira a que, de forma progresiva, al año 2036, las personas menores de edad como sujetos de derechos sean actores protagónicos de su propia vida, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven, familia, comunidad e institucionalidad. La PNNA 2024-2036 incorpora su primer Plan de Acción 2024-2030, que establece 236 compromisos institucionales adquiridos por más de 30 instituciones para la garantía del ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia. Esta política no contempla medidas administrativas específicas para la población menor de edad indígena, por cuanto las mismas estarán contenidas en la Política Pública de Pueblos Indígenas, cuya formulación se encuentra en proceso y se desarrolla de conformidad con el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. De seguido, se detalla el actuar del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia en la formulación de la PNNA 2024-2036 y las acciones realizadas para garantizar la participación de las personas menores de edad indígenas y sus familias en la definición de intervenciones públicas dirigidas a la promoción, atención, protección y defensa de sus derechos, respetando su culturalidad y cosmovisión: El CNNA el 28 de octubre de 2020 mediante el acuerdo Artículo 005) Aparte 01 de la sesión ordinaria CNNA 09-2020 dio inicio al proceso de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia, en razón de la pronta finalización de la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2021: ARTÍCULO 005) APARTE 01) ESCUCHADA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, REALIZADA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, QUE COMPRENDE UN PROCESO DE REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2009-2021 Y SU RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DE CARA A LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL 2022-2030, SE ACUERDA: 1. APROBAR EL PROCESO DE REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2009-2021 Y LA RUTA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, CONTENIDOS EN LA PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ELABORADA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 2. AUTORIZAR A LA SEÑORA GLADYS JIMÉNEZ ARIAS, PRESIDENTA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO Y A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA QUE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE PROCESO. 3. SOLICITAR AL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2009-2021. 4. INCLUIR TODAS LAS OBSERVACIONES QUE SE PLANTEARON EN LA DISCUSIÓN DE ESTE TEMA RELACIONADAS CON LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO, INTRODUCIENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA, DE MANERA QUE LAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS PUEDAN VINCULARSE DE BUENA MANERA CON ESTA NUEVA POLÍTICA QUE SE PRETENDE CONSTRUIR. ADICIONALMENTE, QUE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD SEAN EL CENTRO DE LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y QUE SEAN PARTÍCIPES DE TODO EL PROCESO, CONSIDERAR LAS INTERSECCIONALIDADES QUE TRANSVERSAN A LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD Y QUE PUEDEN INFLUIR EN LAS DESIGUALDADES Y DISCRIMINACIONES, ENTRE ELLAS, EL GÉNERO, ETNIA, PERSONAS INDÍGENAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, POBLACIÓN LGTBI Y OTROS. 5. DIVULGAR LA POLÍTICA Y SU IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO CONSIDERAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS INDICADORES DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO DE LA POLÍTICA, VITAL PARA CONSIDERAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL VIGENTES Y EN LOS TIEMPOS REALES PARA QUE SE INCLUYAN NUEVAS VARIABLES O SE MODIFIQUEN LOS EXISTENTES. 6. INCORPORAR EN LAS ETAPAS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE FORMAN PARTE DE LAS MESAS DE DIÁLOGO ESTUDIANTILES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES COMO OBSERVADOR DEL PROCESO DE CONSULTA, DE EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN. (El subrayado no es del original) En la sesión ordinaria CNNA 03-2021 del 24 de marzo de 2021, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia mediante el acuerdo Artículo 06) Aparte 01) aprobó la Metodología para la formulación de la nueva Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, la cual estableció que en la fase del diagnóstico debía reconocerse las situaciones que requieren ser atendidas integralmente, ser orientadas o rediseñadas, vinculadas directamente con los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de personas en condiciones de vulnerabilidad, tales como persona con discapacidad, indígena, niñez y adolescencia rural, persona menor de edad con VIH, migrante, persona refugiada y persona solicitante de refugio, persona en condición de calle, persona trabajadora adolescente, personas consumidoras de sustancias psicoactivas, víctimas de trata, tráfico y explotación, afrodescendiente, LGBTIQ+, persona adolescente madre o padre, persona privada de libertad, persona en alternativas de protección, persona de grupos religiosos y otras personas en situaciones de violencia o riesgos de enfrentar vulnerabilización de sus derechos por causas estructurales y de contexto, relacionadas con la desigualdad y la distribución inequitativa de la riqueza, el desempleo, entre otras. Específicamente, sobre la consulta a las personas menores de edad indígenas que viven dentro del territorio, como se evidencia, desde el inicio del proceso de formulación de la PNNA 2024-2036, se estableció el compromiso de consultar a la población menor de edad indígena y para ello, se analizó y se realizaron múltiples acciones para establecer el procedimiento culturalmente más apropiado para efectuar la consulta. Es así como, el 15 de noviembre de 2021, se solicitó la asesoría de la Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) del Ministerio de Justicia y Paz, en lo referente a los espacios de consulta con población menor de edad indígena para este proceso, concretándose tres espacios de dialogo y asesoría con esa Unidad Técnica en fechas 25 de noviembre de 2021, 21 de marzo de 2022 y 11 de mayo de 2022, que conllevaron a la solicitud de admisibilidad para realizar la consulta a personas menores de edad indígenas de los 24 territorios indígenas por parte del Patronato Nacional de la Infancia como institución rectora en materia de derechos de niñez y adolescencia, solicitud realizada mediante el oficio PANI-PE-OF-2324-2022 del 05 de setiembre de 2022. Esta solicitud fue revisada por la UTCI, y, mediante el oficio DNRAC-UTCI 50-2022, del 7 de octubre de 2022, solicitó ampliar información, lo cual fue atendido en el oficio PANI-PE-OF-2923-2022 del 09 de noviembre de 2022. A partir de esta solicitud, la UTCI, en la resolución DNRAC-UTCI 09-2022 del 20 de diciembre de 2022, resuelve: PRIMERO. Después de lo anterior, según el artículo 2 inciso c, es obligación del Gobierno de Costa Rica consultar, de buena fe, a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos culturalmente apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo, así como proyectos privados, susceptibles de afectarles. SEGUNDO. La Unidad Técnica de Consulta Indígena destaca que el derecho a la consulta va más allá de un fin en sí mismo, pues esta sirve para garantizar el derecho a la participación y salvaguardar todos aquellos derechos de los pueblos indígenas que puedan verse afectados por las decisiones administrativas, privadas o legislativas. TERCERO. Que según el artículo 2 inciso e, se considera que un proyecto de ley, medida administrativa o proyecto privado, afecta los derechos de los pueblos indígenas, cuando contiene elementos que puedan implicar cambios en su situación jurídica, en los derechos colectivos, su forma de vida, cultura, espiritualidad y dinámica social. Así como las medidas que, sin ser ejecutadas estrictamente dentro de los territorios indígenas, tengan como resultado una afectación de los derechos colectivos y culturales de los pueblos indígenas. CUARTO. Que según el artículo 2 inciso g, además de lo dispuesto en el oficio PANIPE-OF-2324-2022 y oficio PANI-PE-OF 2913-2022 del Patronato Nacional de la Infancia, la información del proyecto presentada para la nueva Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, comprende una medida administrativa promovida desde las instituciones públicas del Poder Ejecutivo. QUINTO. Que según el artículo 4 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, “será de aplicación obligatoria a la Administración Pública Central. Sin perjuicio del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución Política y el régimen de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes, los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, municipalidades, universidades estatales, instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas, así como las empresas privadas que administran bienes públicos o ejecutan potestades públicas, podrán aplicar la presente normativa como marco de referencia para sus normas propias. SEXTO. Que, según la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, ley 7648, del 09 de diciembre de 1996, en su Titulo I, Capítulo I De la naturaleza y los principios, Artículo 1. Naturaleza, dice: “El Patronato Nacional de la infancia es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio”. SÉPTIMO. Que, en la Constitución Política, en su artículo 55 dice: “La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado. OCTAVO. Según el artículo 19 incisos d, f y g, del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, la Unidad Técnica de Consulta Indígena tiene competencia para emitir criterio técnico y aprobar los procesos de solicitud de consulta; sin embargo, no tiene potestades para aprobar la realización y/o ejecución del proyecto o medida administrativa, toda vez que corresponde a las personas indígenas miembros de cada territorio indígena a través de los pasos del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, la toma de decisión y su consentimiento o no, sobre ello (artículo 22). NOVENO. Por lo anterior, la Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) emite criterio técnico de que la nueva Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, del Patronato Nacional de la Infancia, requiere realizar un proceso de consulta respetando el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas, por lo tanto, se recomienda aplicar lo establecido en el decreto N° 40932 - MP- MJP, como marco de referencia para nueva Política. DECIMO. Además, se motiva a presentar la solicitud formal de consulta ante esta unidad, ya que esto permitirá generar un espacio para el diálogo intercultural, respetando la cosmovisión, la cultura, identidad, idioma, espiritualidad y dinámicas sociales de los territorios indígenas, promoviendo que se realice un procedimiento culturalmente apropiado y que se garantice el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. En el marco de los espacios de diálogo y asesoría con la UTCI, la Gerencia Técnica del PANI informó a sus Direcciones Regionales, coordinaciones de Oficinas Locales y personas promotoras sociales sobre este proceso y solicitó apoyo para la ejecución del mismo (oficio PANI-GT-OF-0438 del 24 de marzo de 2022, la Circular PANIGT-00045-2022 del 06 de abril de 2022, la Circular PANI-GT-0052-2022 del 26 de abril del 2022). Además, se coordinó con la UTCI una capacitación sobre la aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, la cual se realizó los días 20, 22 y 24 de junio de 2022, con la participación aproximada de 37 personas funcionarias de las Direcciones Regionales y Oficinas Locales del PANI. El 02 de diciembre de 2022 mediante el oficio PR-DP-1293-2022 del Despacho del Señor Presidente, que refiere al oficio DVMP-MT-105-2022 del Viceministerio de Paz, también de fecha 02 de diciembre de 2022, se solicita la colaboración de las instituciones del Poder Ejecutivo para atender, entre otros requerimientos del Viceministerio de Paz, el siguiente: (…) Se solicita que las instituciones del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas que estén construyendo política pública y afecte a los pueblos indígenas, se dirijan a la Mesa Técnica Interinstitucional de Asuntos Indígenas, con el propósito de integrar todos los esfuerzos de manera conjunta en la consolidación de un solo instrumento con plena participación de los pueblos indígenas. El oficio DVMP-MT-105-2022 antes citado, destaca que, (…) El enfoque de trabajo con los pueblos indígenas representa todo un desafío para la atención integral de estas sociedades colectivas, es así que desde la Mesa Técnica hemos avanzado en el diseño de una ruta de trabajo con plena participación de los pueblos indígenas y que, en los primeros contactos, estos han reafirmado elementos medulares para la consecución de su desarrollo como pueblos indígenas. En este sentido, el tema de la seguridad jurídica de los territorios indígenas y la construcción de la Política Pública de Pueblos Indígenas representan factores fundamentales para atender de manera integral necesidades y demandas insatisfechas de estos pueblos. Con este preámbulo me permito afirmar con total contundencia la necesidad de aunar esfuerzos de manera interinstitucional, en este caso para la Construcción de la Política Publica Indígena que, en el caso nuestro, ya tenemos importantes avances en cuanto a proceso de consulta como derecho de los pueblos indígenas y como obligación de estado y sus gobiernos. Nuestra preocupación es que en nuestro trabajo diario nos hemos enterado de que hay otras instituciones del Poder Ejecutivo que están llevando a cabo la construcción de Política Pública en áreas específicas como la niñez y adolescencia, deporte, adultos mayores, entre otros, siendo que desde la Mesa Técnica se impulsa la construcción de la Política Pública para la atención de los Pueblos Indígenas de manera integral en toda su extensión y dimensión. De esta forma se logrará una atención clara, precisa y consecuente del Gobierno de la República, de igual forma ahorrando recursos por cuanto es sabida la limitación presupuestaria. Por lo anterior y a efectos de cumplir con esta aspiración por parte de los pueblos indígenas, resulta sustancial que desde el Despacho Presidencial se giren instrucciones a todas las instituciones del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas que estén construyendo política pública y afecte a los pueblos indígenas, para que se dirijan a la Mesa Técnica Interinstitucional, coordinado por esta autoridad, con el propósito de integrar todo los esfuerzos de manera conjunta en la consolidación de un solo instrumento con plena participación de los pueblos indígenas. (…) En virtud de esta solicitud, se efectuó una reunión entre el PANI y el Viceministerio de Paz, a fin de conocer sobre el proceso de formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas y la aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Es así como se genera el oficio PANI-PE-OF-0367-2023 del 03 de marzo del 2023 dirigido al Viceministerio de Paz, mediante el cual el PANI expresa su interés en unir esfuerzos interinstitucionales en el marco de la elaboración de Política Pública de Pueblos Indígenas, con el propósito de que se establezcan espacios de consulta con niños, niñas y adolescentes indígenas, así como con sus padres, madres y personas encargadas. De manera que, estos espacios de consulta permitan la aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. El 29 de marzo de 2023, el Viceministerio de Paz, mediante el oficio DVMP-MT-073- 2023, informa que la Política para la Niñez y la Adolescencia será incluida, dentro de lo que corresponda, en la Política Pública para los Pueblos Indígenas. Así las cosas, se procedió mediante oficio PANI-PE-OF-0786-2023 del 03 de mayo de 2023, a informar a la Dirección de la DINARAC y a la UTCI, ambas del Viceministerio de Paz, sobre las gestiones realizadas al respecto y se indica: (…) mucho agradezco valorar la pertinencia técnica para el cierre del proceso referente a la consulta de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 que se apertura por el Patronato Nacional de la Infancia ante la Unidad Técnica de Consulta Indígena, en tanto la consulta relacionada con las medidas administrativas en materia de niñez y adolescencia indígena se realizará en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas. (el subrayado no es del original) El 23 de mayo de 2023, la UTCI mediante la resolución DNRAC- UTCI N° 06-2023, resuelve: Que esta unidad después del análisis de la solicitud realizada por la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, la señora Gloriana López Fuscaldo, en el oficio PANI-PE-OF-0786-2023, en el cual indica: “valorar la pertinencia técnica para el cierre del proceso referente a la consulta de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 que se apertura por el Patronato Nacional de la Infancia ante la Unidad Técnica de Consulta Indígena, en tanto la consulta relacionada con las medidas administrativas en materia de niñez y adolescencia indígena se realizará en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas”, decide realizar el cierre de archivo al expediente UTCI21-2021 del proyecto “Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia” con el conocimiento de que la misma será incluida y abordada desde la consulta de la Política Pública a Pueblos Indígenas. El CNNA en la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del 24 de octubre de 2023, analiza las acciones realizadas para garantizar la participación y consulta de las personas menores de edad indígenas y acuerda: ARTÍCULO 07) APARTE 04) (...) SE ACUERDA: 1. QUE LA CONSULTA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA INDÍGENA, ASÍ COMO A SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, EN TÉRMINOS DE POLÍTICA PÚBLICA, SERÁ ABORDADA DENTRO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PPPI) LIDERADA, ACTUALMENTE, POR EL VICEMINISTERIO DE PAZ. 2. EXPRESAR EL INTERÉS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE UNIR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE SE ESTABLEZCAN ESPACIOS DE CONSULTA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO CON SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, DE MANERA QUE, LOS ESPACIOS DE CONSULTA PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN DICHA POLÍTICA. 3. QUE, EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, EN SU ROL RECTOR EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SERÁ EL RESPONSABLE TÉCNICO DE ACOMPAÑAR AL VICEMINISTERIO DE PAZ, EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LA CONSULTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO A SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, EN ARTICULACIÓN CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA CONSULTA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PUEBLOS INDÍGENAS. 4. QUE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN ESTE CONSEJO CONTINUARÁN GARANTIZANDO ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, RESPETANDO SU CULTURALIDAD Y COSMOVISIÓN. 5. CONSIGNAR EL PRESENTE ACUERDO EN EL TEXTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024- 2036. (El punto 5 de este acuerdo fue derogado mediante el Acuerdo Artículo 5) Aparte 01) de la sesión extraordinaria CNNA 02-20224 del 18 de abril de 2024) Mediante el oficio DVMP-064-02-2024 del 22 de febrero de 2024, el Viceministerio de Paz, en atención al oficio PANI-PE-OF-0169-2024 del 26 de enero de 2024, informa al PANI sobre el estado del proceso de consulta de la Política Pública para Pueblos Indígenas, señalando que: La reactivación del proceso de Consulta del Borrador de Política Pública de Pueblos Indígenas, dará inicio con un primer grupo de Territorios Indígenas que comprende: Territorio indígena de Boruca, Térraba, Rey Curré, Ujarrás, Salitre, Cabagra en el cantón de Buenos Aires y China Kichá del cantón de Pérez Zeledón. Lo anterior, por motivos presupuestarios y limitado talento humano encausados únicamente en la atención del proceso ut supra. Importante de destacar que, la primera fase que contempla los Territorios Indígenas citados, atiende de la cuarta a la octava etapa del procedimiento general de consulta, así desarrollado en el artículo 26 del Mecanismo General de Consulta Indígena. (…) No obstante, de manera paralela, con la intención de avanzar en el proceso, se realizará una capacitación a los profesionales enlaces referente al Mecanismo General de Consulta Indígena, el cual será impartido por la Unidad Técnica de Consulta Indígena. Para ello, solicito de la manera más respetuosa, la remisión por parte de la institución que usted representa 02 profesionales enlaces. Una persona fungirá como enlace con el Viceministerio de Paz (quien tendrá un rol técnico en la materia o plan de consulta por institución), y la segunda persona será enlace con la Unidad Técnica de Consulta Indígena, la cual fungirá como apoyo logístico y de seguimiento. El PANI mediante oficio PANI-PE-OF-0759-2024 del 08 de abril de 2024 realizó las designaciones solicitadas por el Viceministerio de Paz. En la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024, el CNNA analizó el oficio DE-OF-372-2023 del 12 de noviembre de 2023, suscrito por la Sra. Daniela Gutiérrez Villanueva, Directora de Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y la señora Rubilia Stuart Leiva, Presidenta de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, el cual trata aspectos sobre la consulta a los niños, niñas y adolescentes indígenas, acordando lo siguiente: ARTÍCULO 04) APARTE 01) CONOCIDO Y ANALIZADO EL OFICIO DE-OF-372-2023, SUSCRITO POR LA SEÑORA DANIELA GUTIÉRREZ VILLANUEVA, DIRECTORA EJECUTIVA Y LA SEÑORA RUBILIA AURORA STUART LEIVA, PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, REFERENTE AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, SE ACUERDA: 1. DAR POR CONOCIDOS LOS APORTES CONSIGNADOS EN EL OFICIO DE-OF-372-2023. 2. TRASLADAR DICHO OFICIO AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ COMO ENTE ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS; DENTRO DE LA CUAL SE DESARROLLARÁ LA CONSULTA EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA. En atención a este acuerdo, mediante el oficio DVMP-222-05-2024 del 22 de mayo de 2024, el Ministerio de Justicia y Paz brinda respuesta al oficio DE-OF-372-2023, indicando entre otras cosas, lo siguiente: (…) Asimismo, se tiene clara la responsabilidad del Gobierno de elaborar una propuesta de ¨Política Pública dirigida a los Pueblos indígenas que sea integral y vasta en contenido. Por esta razón, el documento de propuesta inicial de la Política Pública de Pueblos Indígenas (PPPI), fue enriquecido con ejes económicos y sociales para garantizar la totalidad de sus derechos, bajo un enfoque de género, e incorporando como uno de sus temas prioritarios, los derechos de la población menor de edad indígena, precisamente en respeto al interés superior del Niño. (…) Asimismo, la población menor de edad indígena ya se encuentra incluida en la propuesta de la Política Pública para los Pueblos Indígenas, bajo el eje de niñez y adolescencia indígena. Documento de propuesta elaborado desde el Viceministerio de Paz, e integrando las políticas de instituciones que tienen a su haber acciones para territorios indígenas. Por lo que este sector de la población menor de edad no quedaría desprotegido de un proceso de consulta indígena para la elaboración de una política que los cubra. Asimismo, para garantizar la efectiva realización del proceso de consulta indígena, el PANI incorporó esta acción dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI), con los respectivos indicadores y responsables. Para ello, el PANI como ente rector de la Niñez y Adolescencia por parte del CNNA; designó enlaces ante el Viceministerio de Paz, a fin de realizar de manera conjunta con ese Viceministerio, y en acompañamiento técnico de la Unidad Técnica de Consulta Indígena, los procesos de consulta en los territorios indígenas en lo que refiere aleje de niñez y adolescencia menor de edad. Por lo que, en ningún momento, las instituciones rectoras están delegando sus deberes en este Ministerio. (…) Desde la Unidad Técnica de Consulta Indígena, se brindará el acompañamiento técnico a las instituciones que conforman esta política, para que durante los procesos de consulta que se ejecuten en los territorios, se cumplan las fases que dispone el Mecanismo de Consulta Indígena, así como los principios de amplia participación, consentimiento, información, buena fe y autodeterminación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, en apego a los principios y normas establecidas en el Convenio 169 de la OIT. Por lo que en ningún momento existe alguna dependencia o institución estatal que en el tema que nos ocupa, haya violentado los derechos a la consulta por parte de los territorios indígenas. (…) Además, en la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024, el CNNA reitera su compromiso de unir esfuerzos interinstitucional en el marco de la elaboración de Política Pública de Pueblos Indígenas, con el fin de que se establezcan espacios de consulta con niños, niñas y adolescentes indígenas, así como con sus padres, madres y personas encargadas, de manera que, los espacios de consulta permitan la incorporación de los derechos de la niñez y la adolescencia en dicha política, asimismo, en esa sesión se aprueba la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 (PNNA 2024-2036). Acuerdos que citan: ARTÍCULO 05) APARTE 01) ANALIZADO EL ACUERDO ARTÍCULO 07) APARTE 04) TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA CNNA 03-2023 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023, REFERENTE A LA CONSULTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO A SUS PADRES, MADRES O PERSONAS ENCARGADAS, SE ACUERDA: 1. REITERAR EL COMPROMISO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE UNIR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE SE ESTABLEZCAN ESPACIOS DE CONSULTA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO CON SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, DE MANERA QUE, LOS ESPACIOS DE CONSULTA PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN DICHA POLÍTICA. 2. DEJAR SIN EFECTO EL PUNTO 5 DEL ACUERDO ARTÍCULO 07) APARTE 04) TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA CNNA 03-2023 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023, Y EN VIRTUD DE ELLO, NO CONSIGNAR EN EL DOCUMENTO DE LA POLÍTICA LA REFERENCIA NARRATIVA A LA CONSULTA DE PERSONAS MENORES DE EDAD INDÍGENAS; EN SU LUGAR, INCLUIR LA INTERVENCIÓN CONCRETA EN EL PRIMER PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA REFERENTE A LA CONSULTA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA Y DE CUYOS RESULTADOS SE DESPRENDERÁN LOS COMPROMISOS Y LAS INTERVENCIONES DE LAS INSTITUCIONES A INCLUIRSE EN EL SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN DE ESTA POLÍTICA. ARTÍCULO 05) APARTE 02) CONOCIDA Y ANALIZADA LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024-2036 QUE CONTIENE SU PRIMER PLAN DE ACCIÓN QUE COMPRENDE EL PERIODO 2024-2030, SE ACUERDA: 1. APROBAR LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024-2036 QUE CONTIENE SU PRIMER PLAN DE ACCIÓN QUE COMPRENDE EL PERIODO 2024-2030. 2. INSTRUIR A LA SEÑORA KENNLY GARZA SÁNCHEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA QUE REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE CASA PRESIDENCIAL PARA LA EMISIÓN DEL DECRETO DE OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024-2036. El PANI en su rol rector en materia de niñez y adolescencia que lidera la ejecución del proceso de consulta a niñas, niños y adolescentes indígenas y sus familias, incorporó un compromiso en el primer Plan de Acción 2024-2030 que se encuentra contenido en el documento de la PNNA 2024-2036, referente a la aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas en materia de niñez y adolescencia en el marco del proceso de formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas, compromiso incorporado, además, en su Plan Estratégico Institucional. Asimismo, el PANI conformó una comisión institucional para el diseño de la propuesta metodología para la consulta y el seguimiento a su implementación en el marco de la formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas de conformidad con el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígena. Las personas enlaces del PANI para el proceso de consulta indígena fueron convocadas por el Viceministerio de Paz, mediante el oficio DVMP-180-05-2024 del 07 de mayo de 2024, a una sesión técnica de trabajo preparativa de reapertura del proceso de consulta del borrador de la Política Pública de Pueblos Indígenas y por su parte, la comisión conformada por el PANI participó el 25 de junio de 2024 de una capacitación sobre el Mecanismo General de Consulta Indígena convocada por el Viceministerio de Paz, mediante el oficio DVMP-231-05-2024 del 28 de mayo de 2024, en la cual se informó sobre la fase del proceso de consulta que está por iniciar y que contempla 7 territorios indígenas. Como se evidencia en lo antes expuesto, lo referente a la consulta a niñas, niños y adolescentes indígenas y sus familias está desarrollándose en el marco de la consulta del borrador de la Política Pública de Pueblos Indígenas, que constituye el instrumento de política pública que garantizará de manera integral sus derechos mediante un procedimiento culturalmente apropiado, cumpliéndose así con el deber de celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas y a través de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, así dispuesto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ello, a partir de la articulación de esfuerzos y recursos interinstitucionales para la efectiva aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Es así como la PNNA 2024-2036 es un instrumento de derechos humanos de carácter universal, que no contiene medidas específicas que afecten directamente a la población indígena menor de edad y sus familias, por lo que no violenta el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ley N° 7316. Cabe resaltar que, contrario a lo solicitado por la parte recurrente, el declarar violatorios los acuerdos del CNNA, acuerdo Artículo 07) Aparte 04) de la Sesión ordinaria CNNA 03-2023 del 24 de octubre de 2023, así como el acuerdo artículo 05) aparte 01) referentes a realizar la consulta a la población menor de edad indígena en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas, significaría excluir a la niñez y la adolescencia indígena del proceso de formulación de la política pública específica para la población indígena, proceso que contempla una consulta culturalmente apropiada. La decisión del CNNA de que la consulta a la población menor de edad indígena y su familia sea abordada dentro de la Política Pública de Pueblos Indígenas, no constituye una violación a los derechos fundamentales, a la igualdad y no discriminación de la niñez y adolescencia indígena, por el contrario, se fundamenta en la realización de acciones afirmativas en beneficio de una población específica, que tal y como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al referirse a la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, en atención al principio de igualdad y no discriminación, “es necesario diseñar mecanismos y herramientas bajo un enfoque diferenciado que atienda las condiciones particulares de ciertas personas, grupos o poblaciones, a fin de garantizar una protección suficiente para lograr la igualdad sustantiva.” (p.21)1 De igual manera, declarar violatorio, como lo pretende la parte recurrente, el acuerdo Artículo 05) Aparte 02 de la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024, que aprobó la PNNA 2024-2036 resultaría en una violación a los derechos de la universalidad de la población menor de edad del país, así como de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y en consecuencia, en un retroceso en la garantía de sus derechos y una violación al principio de no regresividad, pues significaría dejar a más de un millón doscientas mil personas menores de edad sin un instrumento de derechos humanos que constituye un marco orientador de las intervenciones estatales para la prevención, la promoción y la garantía de sus derechos, que establece 236 compromisos de más de 30 instancias, entre ellas, ministerios, instituciones, universidades, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones, en áreas esenciales para su desarrollo integral, como lo son, educación, salud, vida en familia y comunidad, protección especial, cultura, juego, recreación, deporte, actividad física y ambiente. Tampoco lleva razón la parte recurrente al solicitar que se ordene al CNNA a que realice de manera inmediata el proceso de consulta a los niños, niñas y adolescentes de los 24 territorios indígenas, por cuanto, el proceso de consulta ya se encuentra en desarrollo y para el cual se han venido realizando esfuerzos interinstitucionales importantes en el marco de los principios de eficiencia y eficacia de la administración pública, resultando la Política Pública de Pueblos Indígenas el procedimiento culturalmente apropiado para garantizar su autodeterminación y su derecho a la participación en la definición de intervenciones específicas para la población menor de edad indígena. De manera que, efectuar la consulta a las personas menores de edad indígenas en el marco de una política específica para la población indígena, como lo es la Política Pública de Pueblos Indígenas, resulta en concordancia con lo externado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General N. 11 que destaca que, “Las referencias expresas que se hacen a los niños indígenas en la Convención son un reconocimiento de que esos niños necesitan medidas especiales para el pleno disfrute de sus derechos.” (p.2) 2 Asimismo, resulta coherente con lo expuesto por la Sala Constitucional en su Resolución Nº 17058 - 2012 del 05 de diciembre de 2012, que cita: La jurisprudencia de la Sala ha sido clara en sostener que para que proceda la consulta a los pueblos indígenas (en los términos en que lo exige el Convenio Nº 169 de la OIT), debe existir una relación directa del tema que se pretende regular con los intereses de las poblaciones indígenas (véase sentencia número 2008-013832 de las 08:38 horas del 11 de setiembre de 2008). Es decir, se requiere de una afectación directa o inmediata a los grupos indígenas o tribales. Es así como el acuerdo del CNNA que aprueba la PNNA 2024-2036 no afecta directa o inmediatamente a la población menor de edad indígena. En virtud de ello, es que los acuerdos del CNNA de incluir a las personas menores de edad indígenas y su familia en la consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas son conformes con la Convención sobre los Derechos del Niño, las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, el Convenio N. 169 de la OIT y la Constitución Política. En virtud de lo anterior, no se comparte el planteamiento de la parte recurrente, basado en la exclusión y discriminación de la población menor de edad indígena, por cuanto resulta una apreciación incorrecta, ya que la consulta a la niñez y la adolescencia indígena está prevista en la formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas, política específica que constituye una acción afirmativa y culturalmente más apropiada. Para ello, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Patronato Nacional de la Infancia, en su rol rector, en coordinación con el Viceministerio de Paz, han trazado la ruta en la cual se trabaja para garantizar el derecho a la participación de la población menor de edad indígena de conformidad con los principios de dialogo, respeto, libre determinación, participación intergeneracional, entre otros, establecidos en el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, con la finalidad de que se definan en esa política compromisos institucionales para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia indígena”.

4.- Mediante resolución de las 08:27 horas del 14 de octubre de 2024, se solicitó prueba para mejor resolver a Kennly Garza Sánchez, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, a fin de que a manera clara y concisa: “a) actualice la información sobre las acciones que se han ejecutado a efectos de garantizar y realizar el proceso de consulta ante la población menor de edad indígena. Lo anterior deberá informar a partir de la fecha en que se rindió el informe a este Tribunal, sea el 23 de julio de 2024, hasta el día de hoy, sea el 14 de octubre de 2024; b) aclare si el proceso de consulta incluye la población menor de edad indígena de los 24 territorios indígenas; y c) indique si podría existir algún impedimento de índole presupuestario en el proceso de consulta ante la población menor de edad indígena”.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 16 de octubre de 2024, Kennly Garza Sánchez, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, informa bajo juramento que

“a) “(…) actualice la información sobre las acciones que se han ejecutado a efectos de garantizar y realizar el proceso de consulta ante la población menor de edad indígena. Lo anterior deberá informar a partir de la fecha en que se rindió el informe a este Tribunal, sea el 23 de julio de 2024, hasta el día de hoy, sea el 14 de octubre de 2024; (…)” La comisión institucional para la consulta a niños, niñas y adolescentes indígenas y sus familias, que fue conformada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ha continuado las gestiones necesarias para garantizar la consulta a los niños, niñas, adolescentes indígenas y sus familias en el marco de la formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas que lidera el Viceministerio de Paz, de conformidad con el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Particularmente, se destaca la coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) para efectuar una capacitación a esa comisión institucional sobre el Convenio 169 de la OIT y su vinculación con el proceso de consulta en el marco de la formulación de políticas públicas, la cual se brindó por parte de la CONAI el 19 de agosto de 2024 en la Gerencia Técnica del PANI. Además, se ha mantenido la coordinación con el Viceministerio de Paz con el fin de atender lo referente a la consulta a la población menor de edad indígena en el marco de la formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas. El 04 de octubre de 2024, se recibe oficio DVMP-382-10-2024 de fecha 03 de octubre de 2024, suscrito por la Viceministra de Paz, Sra. Erika Madriz Chinchilla, quien informa que “…el proceso de consulta dará inicio a partir de la Fase N°4 “Intercambio de información” (así indicado en la resolución DNRAC – UTCI – N° 02 -2024) el día 25 de octubre del 2024 en el Territorio Indígena de Térraba” cuyo objetivo es que, los pueblos indígenas, reciban toda la información de calidad necesaria para tomar una decisión informada y que la contraparte interesada, posea información sobre el pueblo indígena y su cosmovisión, en particular, sobre el tema objeto de consulta. Asimismo, se informó que en esta primera fase se efectuarán talleres en los territorios de Térraba, Rey Curré, Salitre y Ujarrás, en las fechas comprendidas entre el 25 de octubre de 2024 y el 22 de febrero de 2025, según se detalla en el cronograma del oficio indicado y que se aporta como prueba. El 08 de octubre de 2024, se efectuó una reunión técnica convocada por el Viceministerio de Paz con las personas enlaces de las instituciones que participan en la consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas y a la que asistieron las personas enlaces del PANI. Según lo informado por el Viceministerio de Paz, los temas de niñez y adolescencia serán abordados con personas adultas y con niños, niñas y adolescentes de los territorios indígenas. En cuanto a las personas adultas que participarán en la consulta, la misma se realizará según la metodología aprobada por los propios territorios indígenas mediante talleres y stands informativos. Particularmente, el territorio de Térraba solicitó que se exponga sobre los temas de niñez y adolescencia en todos los talleres de su territorio, el territorio de Salitre solicitó la presentación de stands informativos y brindar en los talleres una explicación de lo referente a niñez y adolescencia, el territorio de Nombre72510 solicitó que se realice un taller específico por parte del PANI y el Instituto Nacional de las Mujeres y el territorio de Nombre105771 solicitó que los temas de niñez sean abordados en un taller para cada una de las comunidades. Con los niños, niñas y adolescentes se ha previsto que, los talleres se realicen en el marco de todos los encuentros dispuestos en el cronograma, de manera que el PANI estará presente en todas las fechas con el fin de consultar a los niños, niñas y adolescentes de todas las comunidades en que se realizarán los talleres de la Política Pública de Pueblos Indígenas y según lo autorizado por los padres, madres y personas encargadas, mediante el uso de una metodología adaptada a su cosmovisión. Asimismo, el Viceministerio de Paz ha convocado para el próximo viernes 18 de octubre de 2024, una reunión interinstitucional con el fin de informar los detalles de la metodología a utilizar en los talleres programados y demás logística que se requiera para el trabajo de campo. Finalmente, cabe mencionar que el PANI ha dispuesto la participación de las personas funcionarias que integran la comisión institucional para la consulta a niños, niñas y adolescentes indígenas y sus familias, en los talleres que se desarrollarán, incorporando en este proceso a las direcciones regionales y oficinas locales del PANI que trabajan en los territorios. b) “(…) aclare si el proceso de consulta incluye la población menor de edad indígena de los 24 territorios indígenas;” La consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas, según ha informado el Viceministerio de Paz, incluye a los 24 territorios indígenas, por lo que considera la consulta a la población menor de edad de los 24 territorios indígenas. Cabe señalar que, el cronograma contenido en el oficio DVMP-382-10-2024 responde a un primer grupo de territorios, sin embargo, el compromiso es con los 24 territorios indígenas. c) “(…) indique si podría existir algún impedimento de índole presupuestario en el proceso de consulta ante la población menor de edad indígena.” De conformidad con lo informado por el Ministerio de Justicia y Paz, el proceso de consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas se realiza con recursos de ese Ministerio y con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo. En lo referente a la consulta a niños, niñas y adolescentes indígenas, el PANI incorporó este proceso en su planificación institucional con compromisos pactados en el Plan Operativo Institucional 2024, Plan Operativo Institucional 2025 y Plan Estratégico Institucional 2024-2028, de manera que se garantice su desarrollo, según se detalla en el oficio PANI-OPDI-OF-0358-2024 del 15 de octubre de 2024, que se aporta como prueba. Además, el PANI ha efectuado las acciones internas necesarias para la realización de los talleres en los territorios indígenas, que iniciarán el 25 de octubre 2024, con los recursos presupuestarios del presente ejercicio económico y para las actividades a desarrollarse durante el 2025 se estarán incorporando los recursos necesarios en la primera modificación presupuestaria de ese periodo económico. A su vez, se han realizado coordinaciones con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) quien cooperará en este proceso. Finalmente, esta Presidencia reitera que, la Política Publica de Pueblos Indígenas constituye el instrumento culturalmente más idóneo para efectuar la consulta a niños niñas y adolescentes indígenas, por tratarse de una política específica que cuenta con la aceptación de los propios territorios indígenas. Así como que, la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 debe continuar vigente como instrumento de derechos humanos de carácter universal y cuyos efectos son generales, es decir que están dirigidos a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición. De manera que ambas políticas se complementan para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia”.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de octubre de 2024, la parte recurrente se apersona y manifiesta que

“PRIMERO: Sobre las gestiones impulsadas para garantizar la consulta a los niños, niñas, adolescentes indígenas y sus familias en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas. Menciona la Sra. Kennly Garza Sánchez, en su calidad de Presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, como avances en este proceso, que en el seno del Patronato Nacional de la Infancia se ha conformado una comisión institucional para efectos de coordinar todo lo relativo con la consulta a niños, niñas y adolescentes indígenas y sus familias, ello en el marco de la formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas que lidera el Viceministerio de Paz, conforme al Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Agrega, que dicha comisión recibió una capacitación sobre el Convenio N°169 de la OIT y el proceso de consulta en el marco de la formulación de políticas públicas, que brindó la CONAI el 19 de agosto de 2024 en la Gerencia Técnica del PANI. Asimismo, señala que se han mantenido coordinaciones con el Viceministerio de Paz, el cual reciente informó –el 04 de octubre de 2024, mediante oficio DVMP-382-10-2024 de 03 de octubre de 2024-, que “…el proceso de consulta dará inicio a partir de la Fase N°4 “Intercambio de información” (así indicado en la resolución DNRAC – UTCI – N° 02 -2024) el día 25 de octubre del 2024 en el Territorio Indígena de Térraba” cuyo objetivo es que, los pueblos indígenas, reciban toda la información de calidad necesaria para tomar una decisión informada…” (Lo destacado corresponde al original). Agrega que, según lo informado por el Viceministerio de Paz,” en esta primera fase se efectuarán talleres en los territorios de Térraba, Rey Curré, Salitre y Ujarrás, en las fechas comprendidas entre el 25 de octubre de 2024 y el 22 de febrero de 2025…” También menciona una serie de reuniones interinstitucionales convocadas por dicho Viceministerio y a realizarse en el mes de octubre, de carácter informativo sobre la metodología a utilizar en los talleres programados. Es importante hacer del conocimiento de la Honorable Sala que la Defensoría fue informada sobre el inicio del proceso de consulta de la Política Pública de los Pueblos Indígenas mediante oficio DVMP416-10-2024 del 10 de octubre de 2024 (se adjunta copia), suscrito por la Licda. Erika Madriz Chinchilla, Viceministra de Paz. En dicho oficio se explicó que el proceso de consulta se habrá de efectuar en 4 bloques, a saber: - Bloque A en cual comprende los Territorios Indígenas de Boruca, Cabagra, China Kichá, Rey Curré, Salitre, Térraba y Ujarrás. - Bloque B en el cual se consultarán los Territorios de Alto Chirripó, Bajo Chirripó, Nairi Awari, Tayni, Telire, Kekoldi, Talamanca Bribrí, Talamanca Cabécar y la Comunidad Indígena NgöbeBugle. - Bloque C comprendido por Coto Brus, Alto Laguna Osa, Abrojos Montezuma, Altos de San Antonio y Conte Burica. - Bloque D, en el cual se encuentran los Territorios Indígenas de Matambú, Maleku, Zapatón, Quitirrisí. Según lo indicado en el oficio DVMP-382-10-2024, al que hace referencia la Sra. Garza Sánchez, la fase que está por iniciarse corresponde al Bloque A, referido en el oficio DVMP-416-10-2024. En este último oficio se incluye también el cronograma de actividades por realizarse específicamente en esos territorios, el cual coincide plenamente con las fechas indicadas en el oficio DVMP-416-10-2024, que corre del 25 de octubre de 2024 al 22 de febrero de 2025. En ninguno de los dos oficios se reporta actividades en fechas posteriores y tampoco se brinda información sobre la fecha en que se prevé iniciar con la ejecución de esta fase en el resto de territorios indígenas. Ahora bien, sobre el procedimiento de consulta, cabe señalar que el artículo 26 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, Decreto Ejecutivo N° 40932- MP-MJP, establece que consta de ocho fases, a saber: a. Solicitud de la consulta; b. Admisibilidad de la solicitud de la consulta; c. Acuerdos preparatorios para la consulta; d. Intercambio de información; e. Evaluación interna del pueblo indígena; f. Diálogo, negociación y acuerdos; g. Finalización del proceso de Consulta; h. Cumplimiento y monitoreo de los acuerdos. Tal y como se desprende de la respuesta de la Presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el procedimiento de consulta para la formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas está apenas en sus fases intermedias, siendo que las dos primeras son de mero trámite y corresponden exclusivamente a la institución pública solicitante, sin participación de los pueblos indígenas involucrados y, la tercera, corresponde a un primer acercamiento entre las partes para acordar cuestiones meramente logísticas. La cuarta, de Intercambio de Información (consignada en el inciso d. del articulo 26 mencionado), corresponde a la etapa que, según lo comunicado por el Viceministerio de Paz, está por desarrollarse en cinco territorios indígenas, a saber: Térraba, Rey Curré, Salitre, Nombre105771 y Boruca. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ejecutivo N°40932- MP-MJP “El objetivo de esta etapa es que, los pueblos indígenas, reciban toda la información de calidad necesaria para tomar una decisión informada y que la contraparte interesada, posea información sobre el pueblo indígena y su cosmovisión, en particular, sobre el tema objeto de consulta.” Además, señala este numeral, que “La información no debe entenderse como una entrega formal o única de materiales, sino que se trata de un proceso constante, que requiere de espacios de diálogo donde se presente la información ante espacios internos de decisión comunitaria y participativos, debidamente convocados o ante otro mecanismo tradicional propio, con intérpretes escogidos por el pueblo indígena y en espacios donde se permita la evacuación de dudas.” Claramente, las fases más complejas del procedimiento de consulta inician a partir de esta cuarta etapa que, según las proyecciones del Viceministerio de Paz demorará aproximadamente 4 meses -se proyecta finalizar en febrero de 2025-. Una vez concluida esta etapa, se pasa a una fase de análisis y evaluación interna de los pueblos respecto de los temas objetos de consulta, para luego seguir a una de negociación sobre aquellos asuntos y aspectos en los que no se ha alcanzado aún un acuerdo. Ni el Viceministerio de Paz ni el PANI aportan información sobre el tiempo que se proyecta demorará la ejecución de las etapas subsiguientes en estos territorios específicos, ni sobre la fecha en que se proyecta iniciar el proceso en el resto de territorios, como tampoco sobre el plazo previsto –aunque fuese preliminarmente- para que concluya el procedimiento de consulta en los 24 Territorios Indígenas, teniendo claro que en todo momento y a lo largo del procedimiento se deben respetar los principios y elementos esenciales que informan el derecho de consulta. En otras palabras, se desconoce si existe un Plan de Acción, Hoja de Ruta o similar que incluya todas las fases del procedimiento de consulta en todos los territorios indígenas, con la definición de espacios para la consulta específica a las personas menores de edad indígenas, con su respectivo cronograma de actividades por mes y año. De manera tal que, a la fecha, el proceso de consulta general en los términos establecidos en el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, Decreto Ejecutivo N° 40932- MP-MJP, es un asunto incierto. Lo que se conoce al día de hoy, es que la fase de Intercambio de Información que está por iniciar en el mes de octubre en curso, tiene un alcance sumamente limitado, dado que solamente cubre 5 de los 7 territorios contemplados dentro del Bloque A, según la distribución realizada por el Viceministerio de Paz. Así las cosas, a la fecha, no es posible afirmar que se garantiza la consulta a los niños, niñas, adolescentes indígenas y sus familias de todos los territorios indígenas, en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas. SEGUNDO: Sobre si el proceso de consulta incluye la población menor de edad indígena de los 24 territorios indígenas. Si bien la Sra. Presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia afirma que la consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas abarca los 24 territorios indígenas, según lo informado por el Viceministerio de Paz, lo cierto es que la programación de actividades que se aporta incluye únicamente 5 de los 24 territorios indígenas y contempla solo la fase de Intercambio de Información que se tiene previsto concluya en el mes de febrero de 2025. No se aporta ninguna información respecto de la fecha de ejecución de la consulta en los Bloques B, C, D, de acuerdo con la distribución de territorios indígenas definida por el Viceministro de Paz, siendo que la consulta a la población menor de edad indígena está sujeta o depende del procedimiento de consulta general a realizarse en los territorios indígenas, según esa distribución. De ahí, que no es posible sostener, sin lugar a dudas, que el proceso de consulta incluirá a la población menor de edad indígena de los 24 territorios indígenas. TERCERO: Sobre si podría existir algún impedimento de índole presupuestario en el proceso de consulta ante la población menor de edad indígena. Al respecto, la Sra. Presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia indica que, según lo informado por el Ministerio de Justicia y Paz, “el proceso de consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas se realiza con recursos de ese Ministerio y con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo”; sin embargo, no se aporta información sobre los costos totales proyectados del proceso de consulta en los 24 territorios indígenas. Tampoco se aporta el acuerdo o convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y Paz y el BID, con el fin de conocer sus alcances y el aporte que cada institución hará para la consulta. Por otra parte, es preciso subrayar e insistir que, a la fecha, el cronograma de actividades del procedimiento de consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas únicamente contempla 5 de los 24 territorios indígenas. Añade la Sra. Garza Sánchez que, en lo que respecta a la consulta a niños, niñas y adolescentes indígenas, el PANI ha contemplado dicho proceso en su planificación institucional, con compromisos en sus Planes Operativos Institucionales del 2024 y del 2025, así como en el Plan Estratégico Institucional 2024-2028. También indica que “… el PANI ha efectuado las acciones internas necesarias para la realización de los talleres en los territorios indígenas, que iniciarán el 25 de octubre 2024, con los recursos presupuestarios del presente ejercicio económico y para las actividades a desarrollarse durante el 2025 se estarán incorporando los recursos necesarios en la primera modificación presupuestaria de ese periodo económico”; pero, tampoco en el caso del PANI se aporta información sobre el costo total que dicho proceso representará para esa institución. Por lo anterior, no hay certeza de que se cuente con el presupuesto necesario para la ejecución de todas las fases del procedimiento de consulta en los 24 territorios indígenas del país conforme al Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, Decreto Ejecutivo N°40932- MP-MJP. Y aun cuando el PANI dispusiera de los recursos necesarios, es preciso recordar que el proceso de consulta a la población menor de edad indígena no está en manos de esa institución, sino que depende del proceso de consulta general a efectuarse en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas, cuya presupuesto y cronograma es resorte del Viceministerio de Paz y de acuerdo con la información aportada, no se ha programado actividades después del 22 de febrero de 2025, circunstancia que impide proyectar costos más allá a esa fecha. La Defensoría desea reiterar que la decisión adoptada por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia consistente en omitir la consulta correspondiente y excluir a los niños, niñas y adolescentes indígenas de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036 para abordar los asuntos que les concierne en el marco de formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas, constituye una violación a sus derechos humanos porque desconoce su condición de personas menores de edad y de sujetos de derechos. Es justamente esa falta de reconocimiento de su condición de personas menores de edad y no el reconocimiento de su condición de personas perteneciente a pueblos indígenas, la causa de la exclusión denunciada y de la grave omisión en que ha incurrido el Consejo en cuestión al no incluir en la propia Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, previa consulta a las personas menores de edad indígenas y sus familias, acciones afirmativas que les permitiera acceder a mejores condiciones de vida y de desarrollo personal, familiar y colectivo y, en definitiva, para el cumplimiento efectivo de sus derechos. En ese sentido, la Defensoría difiere del criterio de la Sra. Presidenta del Consejo en el sentido que la Política Pública de Pueblos Indígenas “constituye el instrumento culturalmente más idóneo para efectuar la consulta a niños niñas y adolescentes indígenas”. Ciertamente, cualquier consulta a las personas menores de edad indígenas debe considerar sus tradiciones, cultura y cosmovisión, pero tal previsión ha debido tenerla el Consejo en el marco de formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Este caso es un claro ejemplo de los riesgos advertidos por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General Nº 11 (2009) sobre “Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”, cuando señala que “Los niños indígenas no siempre han recibido la atención especial que merecen. En algunos casos, su particular situación ha quedado a la sombra de otros problemas de interés más general para los pueblos indígenas, como son el derecho a la tierra y la representación política. El interés superior del niño no puede desatenderse o vulnerarse en favor del interés superior del grupo.” No debe perderse de vista que los niños, niñas y personas adolescentes indígenas, al igual que el resto de personas menores de edad, tienen derechos específicos e intereses distintos a los de las personas adultas indígenas y, en ese sentido, merecen un espacio donde puedan expresarse libremente, de acuerdo a su edad y grado de madurez. Interesa igualmente dejar patente que el informe presentado por la Sra. Garza Sánchez, en su condición de Presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, evidencia el escaso avance registrado en las gestiones dirigidas a garantizar la consulta a los niños, niñas, adolescentes indígenas y sus familias en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas, siendo que desde el 03 de marzo de 2023 la señora Gloriana López Fuscaldo, en su condición de Ministra de la Niñez y la Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del PANI externó al Viceministerio de Paz el interés de contemplar espacios de consulta con niños, niñas y adolescentes indígenas y sus familias, en el marco de la elaboración de la Política Pública para Pueblos Indígenas a efectos de que los insumos producto de las consultas puedan ser útiles para la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036, mediante oficio PANI-PE-OF-0367-2023. A manera de conclusión, la Defensoría reitera y sostiene que la omisión de consulta y la exclusión de los niños, niñas y adolescentes indígenas en la formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, importa una conculcación a su derecho a la igualdad, a que su interés superior sea considerado prioritariamente, a la participación y a la supervivencia y al desarrollo; así como una transgresión a los compromisos y obligaciones asumidos por el Estado costarricense ante la comunidad internacional, de garantizar la aplicación de los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño a todas las personas menores de edad, sin distinción alguna, por motivos de raza, etnia, origen nacional, sexo, idioma, religión, posición económica o social, o cualquier otra condición propia o de sus progenitores”.

7.- Mediante resolución de las 10:32 horas del 29 de octubre de 2024, se amplió el curso y se solicitó informe a la directora ejecutiva y a la presidente de la Junta Directiva, ambas de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, así como al ministro y a la directora de la Unidad Técnica de Consulta Indígena, ambos del Ministerio de Justicia y Paz.

8.- Por escrito incorporado al expediente digital el 1 de noviembre de 2024, Gerald Campos Valverde, en su condición de ministro de Justicia, informa bajo juramento que

“De manera preliminar, se aclara que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), estaba por culminar la elaboración del documento sobre Política Púbica de la Niñez y Adolescencia, la decisión de incorporar la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la población menor de edad indígena, fue precisamente el interés en que el eje de niñez y adolescencia se incorporara dentro de la Política Pública de Pueblos Indígenas liderada por el Viceministerio de Paz, con el fin de que ésta última tuviese la integralidad de las temáticas a ser abordadas con la población indígena en los 24 territorios indígenas. Ante esto, la Unidad Técnica de Consulta Indígena (en adelante UTCI) no rindió criterio que diera pie a esta decisión, sino que se recomendó en reunión sostenida con la anterior jerarca del PANI y el anterior viceministro de Paz, valorar la incorporación de la población menor de edad indígena dentro de los ejes de dicha Política. Inicialmente, la solicitud de criterio para admisibilidad de consulta consulta fue presentada por la presidenta del PANI y del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en ese momento, mediante el Oficio PANI-PE-OF-2324-2022 de fecha 5 de setiembre del 2022. Una vez formuladas las solicitudes de ampliación de información y recibida la información adicional, esta Unidad Técnica de Consulta Indígena emitió en fecha 20 de diciembre del 2023 la resolución DNRAC-UTCI-09-2022, criterio técnico indicando que la Política Nacional de Niñez y Adolescencia requiere un proceso de consulta a los pueblos indígenas, por lo que se motivó a presentar la solicitud formal de consulta para el inicio del trámite. Cabe indicar que, paralelamente al anterior proceso, mediante el oficio PR-DP-1293-2022 de fecha 02 de noviembre del 2022, el Jefe de Despacho de la Presidencia de la República, instruyó a los Ministros y Presidencias Ejecutivas de instituciones públicas para que, aquellas que tuviesen a su cargo políticas públicas o estuviesen elaborando políticas púbicas susceptibles de afectar población indígena, se dirigieran a la Mesa Técnica Interinstitucional, coordinada desde el Viceministerio de Paz, e integrar esas políticas en un solo instrumento, denominado: Política Pública para Pueblos Indígenas. Tomando en cuenta lo anterior, la Presidenta Ejecutiva del PANI y del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en ese momento, solicitó una reunión con el Viceministro de Paz en ese momento la Unidad Técnica de Consulta Indígena (en adelante UTCI), misma que se dio el 02 de marzo del 2023 para poder integrar la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia a la Política Pública para Pueblos Indígenas, tomando en cuenta que ya se estaba por publicar la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia. Por lo que se recomendó que los elementos a incorporar en la Política Pública para Pueblos Indígenas, fuese el eje correspondiente a la población menor de edad indígena. En fecha 09 de marzo del 2023, Se recibió correo electrónico con el Oficio PANI-PE-OF0367-2023 de fecha 03 de marzo del 2023, la Presidenta Ejecutiva del PANI y del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en ese momento solicita al Viceministro de Paz, que la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia sea incluida dentro de la Política Pública para Pueblos Indígenas. Siendo que en fecha 29 de marzo del 2023, mediante el Oficio DVMP-MT-073-2023 el Viceministro de Paz en ese momento, dio respuesta señalando que la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia será incorporada en la Política Pública para Pueblos Indígenas. Por lo que en fecha 03 de mayo del 2023, Oficio PANI-PE-OF-0786-2023, la Presidenta Ejecutiva del PANI y del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en ese momento solicitó a la Unidad Técnica de Consulta Indígena el archivo de las diligencias de solicitud, dado que la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, en el eje de población menor de edad indígena, será objeto de consulta indígena dentro de la Política para Pueblos Indígenas. Por ende, mediante la resolución DNRAC-UTCI N. 06-2023 del 23 de mayo de 2023, a solicitud de la institución interesada procede a cerrar expediente UTCI-21-2021 del proyecto “Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia”, no anulando la posibilidad de consulta de esta propuesta, sino aclarando que la misma sería incorporada en el proceso de consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas. Proceso de consulta que servirá de base para la formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas. Es importante aclarar que el punto que se refiere en el texto transcrito refiere al proceso de consulta indígena de la propuesta de Política Pública para los Pueblos Indígenas, dentro de la cual se encuentra el eje de niñez y adolescencia indígena. La población menor de edad indígena ya se encuentra incluida en la propuesta de la Política Pública para los Pueblos Indígenas, bajo el eje de niñez y adolescencia indígena. Documento de propuesta elaborado desde el Viceministerio de Paz, e integrando las políticas de instituciones que tienen a su haber acciones para territorios indígenas. Por lo que este sector de la población menor de edad no quedaría desprotegido de un proceso de consulta indígena para la elaboración de una política que los cubra. Este documento es una propuesta del Gobierno que implica el cumplimiento de una deuda de muchos años con los pueblos indígenas, siendo que es la primera vez en la historia que se formula una política para estos territorios en aras de garantizar acciones integrales e interinstitucionales que generen el cumplimiento de cada uno de sus derechos fundamentales, individuales y colectivos. Será en cada uno de los pasos del mecanismo de consulta indígena, que la propuesta será valorada por los habitantes de los territorios, se analizará a lo interno y se construirá la política final de manera conjunta, con base en sus principios culturales, religiosos y su cosmovisión. En lo que refiere a la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, gestada desde el CNNA, se indica que en lo que corresponde a la niñez y adolescencia indígena se va a abordar desde la Política Pública para Pueblos Indígenas, y para cumplir con ese compromiso se tiene dentro de su plan de acción como responsable de la consulta indígena de dicha política al PANI (como ente rector en la materia), en conjunto el Viceministerio de Paz y la Unidad Técnica de Consulta Indígena. Asimismo, para garantizar la efectiva realización del proceso de consulta indígena, el PANI incorporó esta acción dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI), con los respectivos indicadores y responsables. Este eje sobre niñez y adolescencia indígena, al igual que los demás ejes de la Política Pública para Pueblos Indígenas, será puesto en conocimiento de los territorios indígenas mediante espacios de intercambios de información, y es a partir de esos resultados o “hallazgos”, que la propuesta del eje de niñez y adolescencia será enriquecida mediante su construcción conjunta con la población indígena, tomándose en cuenta sus particularidades étnicas, cultura y cosmovisión, entre otros factores. Para ello, el PANI como ente rector de la Niñez y Adolescencia por parte del CNNA; designó enlaces ante el Viceministerio de Paz, a fin de realizar de manera conjunta con ese Viceministerio, y en acompañamiento técnico de la UTCI, los procesos de consulta en los territorios indígenas en lo que refiere aleje de niñez y adolescencia menor de edad. Desde la Unidad Técnica de Consulta Indígena, se brindará el acompañamiento técnico a las instituciones que conforman esta política, para que durante los procesos de consulta que se ejecuten en los territorios, se cumplan las fases que dispone el Mecanismo de Consulta Indígena, así como los principios de amplia participación, consentimiento, información, buena fe y autodeterminación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, en apego a los principios y normas establecidas en el Convenio 169 de la OIT”.

9.- Por escrito incorporado al expediente digital el 4 de noviembre de 2024, Rubilia Aurora Stuart Leiva, en su condición de presidenta, y Daniela Gutiérrez Villanueva, en su condición de directora ejecutiva, ambas de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, informan bajo juramento que

“En primer término, los derechos humanos de los niños indígenas, ha evolucionado a través de los años, gracias a los números instrumentos internacionales que han buscado proteger y salvaguardar los derechos de los niños en su generalidad, sin embargo, en lo que respecta a pueblos indígenas, se han realizado esfuerzos internacionales para su defensa, véase así la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, si bien en su interior no menciona directamente a los pueblos indígenas como tal, establece en su normativa los derechos básicos de todos los seres humanos, incluidos los niños. Del mismo modo, encontramos la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la cual tiene como finalidad garantizar la protección, el desarrollo y el bienestar de todos los niños, debido a la vulnerabilidad que estos presentan y por lo tanto se debe salvaguardar su vida y derechos, en lo que refiere a pueblos indígenas, encontramos el derecho a la igualdad sin distinción de raza, color, religión o nacionalidad, dicho principio es esencial en los niños indígenas quienes a menudo enfrentan discriminación y marginación debido a su origen, por lo que este principio viene a garantizar que los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y acceso a servicios que los niños no indígenas. Asimismo dicho instrumento hace énfasis en la protección especial que implicar un bienestar y desarrollo, donde se protejan sus derechos culturales y de idioma, por lo que los Estados deben asegurar que las políticas de desarrollo respeten su identidad y tradiciones. Se debe agregar que es con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que viene a reconocer derechos específicos para todos los niños, incluyendo en este el derecho a la educación, la salud, la protección y el desarrollo, proporcionando un marco legal detallado que tiene como finalidad el asegurar el bienestar y el desarrollo integral de la niñez a nivel mundial, sin embargo, dicho tratado distaba en su interior de una protección específica para pueblos indígenas, y es hasta el año 2009 cuando el Comité de los Derechos del Niño emite un comentario general N. 11, y cuyo título es “ Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”, dicha observación se emite en virtud de que se observó que los niños indígenas enfrentaban condiciones de vida difíciles y que las barreras para su desarrollo eran mayores que otros niños no indígenas, por lo que en respuesta a ese desafío dicho comentario tenía la finalidad de aclarar cómo deben aplicarse los derechos de los niños indígenas con base en la Convención considerando sus particularidades, cultura, tradiciones sociales y económicas. En dicho comentario se trae a colación la protección a su identidad cultural, sus tradiciones y su idioma, siendo que la perdida de estos era una amenaza constante para estos pueblos en general, por lo que resalta que las políticas públicas que se emitan en un Estado deben respetar la identidad indígena; aunado a ello en lo que refiere a la educación en el idioma debía incluir aspectos de cultura y la historia de los pueblos indígenas, en virtud de que la misma es relevante para la vida en sus comunidades y los Estados deben garantizar que sus sistemas de educación no los aleje de su cultura, también incentivaba que los sistemas de salud debían ser adecuados culturalmente donde los niños tuvieran un acceso al mismo respetando así sus prácticas tradicionales. En lo que concierne a la participación de los niños en decisiones que los afecten, dicho comentario especifico y reafirmo que los niños y niñas indígenas deben ser escuchados y tomados en cuenta en todos los asuntos que impacten su vida y sus comunidades, reconociendo con ello su papel en la transmisión de la cultura y valores; es así entonces como se marca el camino para que en los países se adopten los estándares internacionales que tienen como finalidad la protección de los derechos de los niños y niñas indígenas, y que gracias al comentario Nombre2187. 11 que se visibiliza la defensa y protección de los derechos desde una perspectiva de colectividad en los pueblos indígenas, como por ejemplo el derecho a la tierra que es fundamental para el desarrollo cultural y espiritual de los niños y niñas indígenas. Por consiguiente, si bien persisten desafíos importantes en la implementación de los derechos que protegen a estos pueblos, los Estados deben trabajar en políticas inclusivas que respeten plenamente la identidad indígena, y que comentarios como este, representan un compromiso internacional claro para proteger los derechos de los niños y niñas indígenas, promoviendo su desarrollo pleno en armonía con su cultura, que Costa Rica al ser pionero en el respeto a los Derechos Humanos, y signatario de los diferentes tratados internacionales debe promover el cumplimiento y respeto de los mismos a toda la ciudadanía. Continuando con el análisis de la normativa internacional, desde el Convenio 169 de la OIT, se desprende con meridiana claridad y en concordancia con lo indicado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que todas las medidas administrativas que afecten a los pueblos indígenas, deben ser consultadas, en el caso que nos atañe encontramos entonces que la política pública al ser un conjunto de acciones, decisiones y estrategias adoptadas por el gobierno o una institución para abordar problemas o necesidades de interés colectivo en la sociedad, viene a ser una medida administrativa cuyo objetivo es mejorar el bienestar de la población y solucionar los problemas como la educación, la salud, la seguridad, el medio ambiente, entre otros, es así que la misma debe ser consultada de conformidad con el artículo 6 del Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, que al efecto indica: “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. De lo anterior se colige, que es obligación de los gobiernos asegurarse de que los pueblos indígenas participen de manera plena en la toma de decisiones y en el desarrollo de políticas que incidan en sus territorios, modos de vida y derechos; dicho artículo enfatiza que deben establecerse procedimientos adecuados para consultar a los pueblos antes de implementar cualquier medida administrativa como lo es en este caso la política pública de la niñez y adolescencia, la cual violentó en todas sus esferas el derecho de los niños y niñas indígenas, ya que dicha política no cumplió con lo indicado respecto a la realización de la consulta, libre, previa e informada antes de implementarla, vulnerando así los derechos de las personas menores de edad, véase que dicha política contiene lineamientos sobre temas de educación, salud, desarrollo social y derechos fundamentales que impactan la vida de los menores indígenas y que el Poder Ejecutivo y sus instancias correspondientes no procedieron con la debida consulta, ya que dicha política fue desarrollada sin un proceso adecuado de consulta y participación representativa de los 24 territorios indígenas, misma que no recae en organizaciones dentro de cada pueblo, sino que debía ser consultada a la colectividad como tal cuyo principal objetivo eran las personas menores de edad, quienes se verían afectadas de forma directa, violentando precisamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas amparada en el Convenio 169 de la OIT, incumpliendo el Estado con los compromisos internacionales, quebrantando la confianza y el respeto hacia las personas indígenas. Ahora bien, dentro de las violaciones que dicha política incurre hacia los pueblos indígenas, encontramos que la misma no consideró los valores culturales y educativos al imponer con ella un modelo ajeno a su cosmovisión, su idioma, sus tradiciones y su relación con el entorno, poniendo en peligro el desarrollo de una identidad propia para los niños y adolescentes. Se debe agregar que dicha política establece criterios de desarrollo y bienestar basados en perspectivas occidentales que no reconocen en lo absoluto las percepciones indígenas de bienestar, familia y comunidad, como por ejemplo se dejó de lado el enfoque intercultural entendido este como un marco de análisis y de acción que busca construir relaciones reciprocas y equitativas. Por lo que a su vez implica un proceso de diálogo permanente, intercambio y aprendizaje, para así poder, desde las instituciones, atender de forma pertinente las necesidades de la población y a su vez, contribuir a que el resto de las instituciones públicas incorporen esta mirada y brinden servicios con pertinencia cultural1 , de lo anterior se colige entonces que dentro de la política existe una desconexión entre las aspiraciones de las políticas y las realidades de estos pueblos, afectando a identidad y el sentido de pertenencia de los menores indígenas, quienes se ven claramente afectados y forzados a adaptarse a un sistema que no respeta sus tradiciones y contexto cultural. Bajo la línea de lo anterior, se entiende entonces según Nombre105772, que la interculturalidad como proyecto social, político y ético busca crear posturas y condiciones, relaciones y estructuras nuevas y distantes, es decir, es la construcción de nuevas relaciones sociales. En consecuencia, es un enfoque que cuestiona las relaciones que resultan en exclusión, discriminación y violencia, y que atentan contra la identidad cultural de las personas y grupos. En este sentido, parte del principio del reconocimiento de las diferencias y valor de las diversas culturas, promoviendo la justicia cultural y/o simbólica (igualdad de culturas).2 Como se afirmó arriba, la afectación intercultural de una política que no incluye adecuadamente la perspectiva indígena se traduce así en una pérdida de la identidad cultural en las nuevas generaciones, la imposición como se dijo de modelos ajenos a sus estructuras familiares y comunitarias, la falta de respecto a su autodeterminación y representación, al no reconocerse la diversidad cultural desde una perspectiva de igualdad y respeto, promoviendo un dialogo genuino entre las personas menores de edad involucradas y a quienes les afecta directamente la política objeto del presente recurso, aunado a que como se dijo la interculturalidad promueve la inclusión de la cosmovisión y los valores propios de cada pueblo indígena en la crianza y educación de los niños, niñas y adolescentes, y que dicha política al ignorar estos aspectos, desvaloriza la identidad cultural indígena, es tan grave que de aceptarse su implementación a futuro puede concebir que las nuevas generaciones tengan un desarraigo de sus raíces culturales, véase que la cosmovisión indígena nace del equilibrio con la naturaleza, la espiritualidad, la relación con el territorio, y que con dicha política se echa de menos actuaciones que puedan tener las instituciones y que al haber un desconocimiento perjudique la niñez indígena, siendo que las medidas a tomar en caso de algún conflicto desconocen la forma en que debería actuar frente a estos pueblos, la cual difiere de la cultura occidental para no provocar en ellos un desarraigo cultural o daños irreversibles. Respecto a la transgresión de los derechos humanos de las personas menores de edad indígenas, el relator de las Naciones Unidas Cali Tzay subraya la importancia de proteger a estas siendo que a la fecha sufren o enfrentan múltiples vulneraciones a sus derechos, a partir de la falta de acceso a la educación y la salud desde una perspectiva cultural apropiada hasta problemas de discriminación, pobreza y falta de protección a su identidad cultural, este insiste en que, de conformidad con lo que estatuye la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores de edad tiene voz en las decisiones que afecten sus vidas, principalmente cuando se violentan los derechos relacionados con la comunidad y su cultura, nuevamente se aclara que todo debe ser visto desde de la colectividad y no de su aplicación individual; al escucharlos se está promoviendo y fortaleciendo su identidad y participación activa. Es menester indicar que en su última visita a Costa Rica, Cali Tzay se reunión con varios Territorios Indígenas y funcionarios del gobierno, donde trajo a colación los temas críticos que estaban afrontando la niñez indígena en el país, como lo es la educación intercultural la cual sufre carencias en la implementación de programas educativos que promuevan y respeten el idioma indígena, y que a la fecha se encuentre el sistema educativo ayuno de ello, al menos en los Territorios Indígenas, asimismo, la carencia de servicios básicos como agua potable, electricidad y centros de salud, impactando gravemente a los niños indígenas al no poder desarrollarse en condiciones adecuadas de salud y bienestar; en cuanto a la violencia que impacta a los menores de edad y sus familias por los conflictos de tierras y la falta de protección del Estado en lo que respecta a los derechos territoriales, genera un ambiente de inseguridad que afecta de forma directa al bienestar de estos, por lo que recomendó al gobierno implementar políticas de protección y seguridad en pleno cumplimiento de los estándares internacionales y ejecutando dichas políticas mediante el mecanismos de consulta al ser procesos que afectan a los Territorios, sin embargo, véase que las instituciones omitieron dichos procesos al formular una política para la niñez y adolescencia sin escuchar a los pueblos indígenas, y sin tomar en cuenta las acusaciones tan graves que fueron comunicadas al relator durante su visita. Aunado a lo anterior, al implementarse la política sin consulta indígena, recordemos que en si la política promueve un modelo en valores individuales y cuya estructura de núcleo familiar normalmente desde la óptica occidental se compone de padres e hijos, sin embargo, en los pueblos indígenas, se ve desde una óptica de la colectividad es decir, que al no realizar consulta se quebrantó el rol como tal de la comunidad en la formación y bienestar del menor indígena, así como el enlace cultural que de acuerdo a sus tradiciones, y que es menester indicar que son diferentes en los 24 territorios indígenas que se ubican en Costa Rica, afectaría la transmisión de valores colectivos, y esenciales para la organización de los pueblos indígenas, véase así que la imposición de una estructura de crianza individualista fragmentaria el sistema de apoyo colectivo que normalmente priva en estos territorios, afectando así el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, demostrando con ello la carencia y el enfoque intercultural, ignorando las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas en las políticas que les afecta. Retomando el tema de la consulta a los pueblos indígenas, se debe recalcar que la misma debe cumplir con varios requisitos a saber de conformidad con el Convenio 169 de la OIT, en cuanto a que debe haber una identificación de los pueblos indígenas que van a verse afectados, en este caso los 24 territorios, siendo que en todos habitan personas menores de edad indígenas, una vez determinado ello, se debe realizar un proceso de consulta culturalmente adecuado y en construcción con los pueblos indígenas, donde se adapte al idioma, cultura y costumbres de cada territorio, incluido así la participación, recordemos que la UTCI no está habilitada para decidir si debe o no hacerse consulta en un territorio, sino que es el pueblo indígena quien decide en su colectividad si las medidas a tomar por el gobierno les afecta o no, es menester indicar que dentro de cada territorio en su mayoría existen las Instancias Territoriales de Consulta Indígena (ITCI) quienes definen la forma correcta de cómo implementar una consulta y en muchas ocasiones funcionan como columnas para determinar qué temas pueden afectar o no a los Territorios. Seguido de ello, las instituciones o el gobierno que deban construir una política pública tienen la obligación de entregar a todos los Territorios información clara, concisa y exacta de la política (objetivos, alcances, impactos positivos y negativos) dicha información debe ser transparente y son los indígenas quienes determinaran si la afectación es o no positiva, mediante mecanismos apropiados, es decir, en su idioma, por medio de perifoneaos, etc., cada Territorio conoce cuál es la forma correcta de hacer una divulgación de información que llegue a todas las comunidades. Cuando se llega a la ejecución de la consulta, una vez determinado y hecho el diagnostico correspondiente, se debe documentar todo el proceso y cualquier acuerdo al que se haya llegado en cada Territorio, esto porque se recuerda que todos tienen una cultura y tradiciones diferentes, y al mismo tiempo se deben entregar copias de todas las actuaciones a las comunidades a los efectos de cumplir con la transparencia, teniendo como resultado la incorporación de acuerdos a la política pública que se pretenda implementar, integrando todas las recomendaciones y preocupaciones de las comunidades, ajustando las mismas a lo que necesitan los pueblos indígenas; de este pequeño resumen se desprende la gravedad y la violación de derechos que incurrieron las instancias encargas de la Política de la Niñez y Adolescencia al no realizar la consulta como correspondía, siendo que se invisibilizo a estos pueblos, y se les obligó a integrarse a una política que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos para con estas personas menores de edad indígenas, y aún más grave el pretender que un tema tan delicado se encuentre inmerso en la Política Pública para Pueblos Indígenas, en virtud de las características al ser personas vulnerables y que requieren un foco de atención separada de las demás políticas, aunado a que dicha decisión tiene como fundamento que no hay recursos económicos para cubrir dichas consultas, por lo que al introducir todo en una sola política reduciría gastos, lo anterior, no es justificación para que en materia de derechos humanos se violenten los derechos de personas por su condición o descendencia. Es menester indicar, las palabras del relator de las Naciones Unidas Cali Tzay en cuanto a que cualquier política pública o proyecto que pueda llegar a impactar de forma positiva o negativa a los pueblos indígenas debe ejecutarse mediante consulta libre, previa e informada, y que de no cumplir con este principio constituye una violación a los derechos humanos en cuanto a su autodeterminación y el consentimiento, derechos que están establecidos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los derechos colectivos reconocidos a nivel internacional, el relator ha sido conteste en que los mecanismos de consulta no deben ser un simple trámite, sino un proceso respetuoso y significativo que incluye la participación activa de los pueblos indígenas en todas las etapas de decisión garantizando que cualquier proyecto, política o medida se alinee a sus prioridades y valores culturales. Es así que el relator ha instado a todos los Estados a desarrollar mecanismos de consulta efectivos, principalmente en cuanto a la consulta de políticas públicas mismas que deben cumplir con el derecho a la consulta y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas para que sea legítima y en pleno cumplimiento con los estándares internacionales. Finalmente, se reitera la posición institucional dada por la CONAI en el oficio DE-OF-372-2023 respecto a la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2030, que se ha sostenido en las distintas reuniones a las cuales asistieron los Jerarcas previo a la publicación e implementación de la misma, donde se hizo ver que no se cumplió con el aspecto a la Consulta Libre, Previa e Informada fundamentada en el Convenio 169 de la OIT: 1) La creación de Políticas Públicas es una responsabilidad del Estado para/con las poblaciones vulnerables, es por lo que una política específica para los pueblos indígenas ha sido históricamente necesaria. Desde la comprensión de Política Pública como un instrumento de planificación y proyección desde la administración pública, pero, además, se debe crear medidas de acceso a los pueblos indígenas para garantizar derechos, bienes, servicios y brindar respuesta a la multiplicidad de necesidades, en la forma en que se plantee y consolide la Política tendrá un impacto directo en el bienestar de los pueblos indígenas. 2) Las Políticas Públicas tienen la posibilidad de acercar al Estado costarricense a cerrar brechas de discriminación, xenofobia, exclusión, colonización que han sufrido los pueblos indígenas históricamente, o bien perpetuar las dinámicas que se han mantenido por años de desventaja y aculturación. La política pública general para pueblos indígenas plantea temas grandes y generales importantes como el reconocimiento de la autonomía y territorialidad indígena, el desarrollo propio y el bienestar, la inclusión social de los pueblos y la eficiencia institucional en la atención a los pueblos indígenas. 3) El Estado tiene una obligación positiva ("deber de hacer") consistente en adoptar políticas públicas y medidas normativas favorables a los pueblos indígenas, ese deber implica que dichas medidas sean ESPECIALES, diferenciadas, leyes y políticas públicas que no pueden ser homogéneas, dichas medidas no pueden contrariar los deseos expresados por los pueblos indígenas, es decir, deben respetar su consentimiento y su visión cultural mediante su participación (participación = aspecto implícito) y las "medidas especiales" no disminuyen ni eliminan los demás derechos que se tienen como parte de la población en general y el Estado debe conducir estudios de análisis de la realidad social para adecuar sus políticas públicas a los problemas de los pueblos indígenas. 4) Es de gran preocupación la decisión que se plasma en el documento donde se indica en el punto 2.2 "Específicamente, en lo que respecta al abordaje de la niñez la adolescencia indígena, en términos de política pública, ésta será abordada dentro de la Política Pública para los Pueblos Indígenas liderada actualmente por el Viceministerio de Paz, a partir de los hallazgos obtenidos en la consulta a niños, niñas y adolescentes indígenas, así como a sus padres, madres y encargadas se efectuará en el marco de la elaboración de esa política a través del Mecanismo General de Consulta" (p.9-10). Desde del postulado que ha venido trabajando la institución en línea con la normativa nacional e internacional, así como las múltiples recomendaciones y postulados que se han publicado a nivel internacional sobre el enfoque interculturalidad. La forma de abordaje con la propuesta actual de Política de Nacional de Niñez y Adolescencia, no se comparte la omisión de los entes encargados de negar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y limitar el beneficio que tenga la niñez y adolescencia indígena con esta acción. 5) Ahora bien, en el borrador se explica que la niñez y adolescencia indígena se trabaja en una política separada. No obstante, desde el enfoque intercultural esto únicamente reafirma posicionamientos donde se sigue desagregando y separando a los pueblos indígenas, incluso reafirmando desde instrumentos de discriminación y no inclusión. Desde principios de interculturalidad, el diálogo activo y permanente, la convivencia, el aprendizaje mutuo entre culturas busca ir eliminando causas estructurales de desigualdad. El no integrar a los pueblos indígenas de niñez y adolescencia indígena en una política de carácter nacional solo afianza estás acciones estructurales que son de bases multiculturales tratando de generar sociedades que trabajan paralelas. 6) La CONAl ha venido indicando que los procesos de función pública deben reconocer que los pueblos indígenas deben ser sujetos activos de todas las discusiones nacionales, en relaciones simétricas, así como dejar de evitar los encuentros en una sociedad de diversas culturas. Se vuelve a indicar que separar a los pueblos indígenas de esta propuesta e instrumento estatal es continuar con dinámicas de desagregación y no de convivencia o diálogos, reconocer que la población "nacional" incluye a las personas menores de edad indígenas también es urgente para superar modelos de intervención y planificación estatal obsoletos. 7) Preocupa la posibilidad de desatención de parte de la administración pública al no incluir la niñez y adolescencia indígena, debido a que una política de este nivel implica un análisis integral de una población que incluso acoge leyes, programas institucionales e interinstitucionales que queda la duda de como este nivel de profundidad se podría alcanzar en una política bajo la "generalidad" de pueblos indígenas. Así mismo, que acogería a la niñez y adolescencia indígena en el entre tanto se construye, consulta y se comienza la ejecución de la política para pueblos indígenas. Lo anterior, creando confusiones y desventajas desde la administración pública, una vez más, para/ hacia los pueblos indígenas. 8) El derecho a la participación es distinto e independiente al derecho a la consulta previa, la participación se ejerce mediante organizaciones representativas, desde la fase más temprana de la formulación de normas o de políticas públicas hasta su implementación. La consulta previa se efectúa a las comunidades en cuantos sujetos colectivos, no a sus organizaciones representativas y la misma debe ser libre, previa, informada de buena fe, intercultural y a través de mecanismos adecuados. 9) La Unidad Técnica de Consulta Indígena violenta el convenio 169 de la OlT y el Mecanismo General de consulta tomando una decisión de manera unilateral sin participación de los pueblos indígenas, ordenando el cierre del expediente sobre el proceso de la consulta de la PNNA, aduciendo que la consulta en materia de niñez y adolescencia indígena se realizará en el marco de la política para pueblos indígenas. Esta decisión se toma al margen de las instrucciones contenidas en el Mecanismo General de Consulta Indígena, sobretodo el rol que debieron asumir las instancias territoriales de consulta indígena ante la recomendación del cierre del expediente en mención. 10) El escenario se vuelve aún más preocupante cuando la construcción de la Política Pública para Pueblos Indígenas únicamente está garantizada para llevarse a cabo en tan solo 7 territorios indígenas por razones presupuestarias, siendo incierto entonces que los derechos de la niñez y adolescencia indígena se puedan garantizar por medio de la política en tiempo y forma, vulnerando la diversidad cultural y la participación activa real que se garantiza por medio de la consulta. Implica entonces que se pondrá en marcha la política de la niñez y adolescencia y mientras tanto la particularidad de los derechos de la niñez y adolescencia indígena queda condicionada a la construcción de la Política Pública indígena con las limitaciones ya señaladas anteriormente. Por lo anterior, es cuestionable la decisión administrativa en relación con la garantía de derechos, lo cual debe ser la prioridad tanto por cumplimiento de normativa como por interés público y ética en la intervención pública. Asimismo, en dicho oficio DE-OF-372-2023 la CONAI concluye y reitera a esa honorable Sala, los motivos por los cuales de continuar la implementación de dicha Política transgrediría los derechos de los pueblos indígenas en su población meta que son las personas menores de edad y que es el Estado el llamado a proteger y salvaguardas los derechos fundamentales y principalmente el fervor de estos pueblos por ser escuchados y tomados en cuenta en la construcción de las políticas que pueden afectarles, máxime que Costa Rica es país signatario del Convenio 169 de la OIT, y que al efecto explica: A. La no inclusión de los pueblos indígenas, desde el proceso de construcción y consulta de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, vulnera los derechos a la consulta previa, al consentimiento, a la participación y a la oportunidad de aplicar el interés superior del niño en consulta con los pueblos indígenas. B. Los argumentos expuestos por la Unidad Técnica de Consulta indígena y el Patronato Nacional de la Infancia en la sesión de Mesa Técnica N°26-2023 violentan el artículo 2, 5 y 6 del convenio 169 de la OIT que sostienen "a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;". Está decisión de manera unilateral sin participación de los pueblos indígenas, violenta la jurisprudencia del sistema interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la ONU, donde los gobiernos deben tener una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos. C. En este caso los pueblos indígenas, deben ser consultados por el concepto de "afectación directa" que es la condición para la consulta previa. El no integrar a la niñez y adolescencia indígena en una política de carácter nacional solo afianza estás acciones estructurales que son de bases multiculturales tratando de generar sociedades que trabajan paralelas, no superando modelos de intervención y planificación estatal obsoletos y creando confusiones y desventajas desde la administración pública hacia los pueblos indígenas. D. Delegar la consulta indígena sobre la niñez y adolescencia al proceso de construcción de la Política Pública a cargo del Viceministerio de Paz, por las limitaciones expuestas compromete seriamente el abordaje integral de los derechos de la niñez y adolescencia indígena y que se cumplan las recomendaciones del Relator Especial sobre los derecho de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, en su informe A/HRC/51/28/Add. 1. L población de niñez y adolescencia indígena, vista desde la interseccionalidad debe considerarse de alta prioridad proteger y blindar de violación de derechos por sus múltiples aspectos de vulnerabilidad. Acciones de exclusión como el expuesto, desprotegen a la población de niñez y adolescencia indígena”.

10.- Por escrito incorporado al expediente digital el 15 de noviembre de 2024, Nathalie Artavia Chavarría, en su condición de viceministra de Paz y ex directora de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos y de la Unidad Técnica de Consulta Indígena, informa bajo juramento que

“me presento a RATIFICAR el informe de fecha de 01 de noviembre del 2024 que fue suscrito por mi persona de manera conjunta con el Señor Ministro de Justicia y Paz, debidamente remitido a la Sala Constitucional en respuesta a la resolución de las diez horas con treinta y dos minutos del veintinueve de octubre del 2024. El informe e cita fue suscrito como Coordinadora del Viceministerio de Paz debido a un error involuntario, siendo que esas funciones fueron asignada por el Jerarca en virtud de la renuncia de la otrora Viceministra de Paz a partir del 16 de octubre anterior, sin embargo también ostentaba las funciones en ese momento de Directora Nacional de DINARAC y de la Unidad Técnica de Consulta Indígena. Actualmente fui nombrada como Viceministra de Paz, por lo que se está a la espera del nombramiento de la persona que fungirá como Director Nacional de DINARAC y de la Unidad Técnica de Consulta Indígena”.

11.- Mediante resolución de las 14:03 horas del 13 de enero de 2025, se solicitó prueba para mejor resolver a Kennly Garza Sánchez, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, a fin de que a manera clara y concisa: “a) actualice la información sobre las acciones que se han ejecutado a efectos de garantizar y realizar el proceso de consulta ante la población menor de edad indígena. Lo anterior deberá informar a partir de la fecha en que se rindió el informe a este Tribunal, sea el 16 de octubre de 2024, hasta el día de hoy, sea el 13 de enero de 2025; y b) detallar el cronograma de la fase nro. 4 denominada “Intercambio de Información”, donde se pueden observar los pueblos indígenas y la metodología aprobada para cada uno de ello, según lo informado a este Tribunal”.

12.- Por escrito incorporado al expediente digital el 16 de enero de 2025, Kennly Garza Sánchez, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, informa bajo juramento que

“a) “(…) actualice la información sobre las acciones que se han ejecutado a efectos de garantizar y realizar el proceso de consulta ante la población menor de edad indígena. Lo anterior deberá informar a partir de la fecha en que se rindió el informe a este Tribunal, sea el 16 de octubre de 2024, hasta el día de hoy, sea el 13 de enero de 2025; (…)” La comisión institucional para la consulta a niños, niñas y adolescentes indígenas y sus familias del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Dirección Regional Brunca del PANI y la Oficina Local de Buenos Aires del PANI, han participado activamente del proceso de consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas, garantizando el cumplimiento del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes indígenas, así como el derecho de las personas adultas indígenas a ser consultadas de manera libre, previa e informada, de conformidad con lo establecido en el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. El Patronato Nacional de la Infancia, entre el 25 de octubre de 2024 y el 14 de diciembre de 2024, ha participado en un total de 10 talleres de consulta a niños, niñas, adolescentes y personas adultas indígenas, realizados en los territorios indígenas Térraba, Salitre, Nombre72510 y Ujarrás, participantes en la consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas, a saber: (…) Cabe señalar que algunos de los talleres programados en los meses de noviembre y diciembre de 2024, debieron ser reprogramados, en razón de las condiciones climáticas que motivaron alertas de emergencia en diversas zonas del país, entre ellas, la región Brunca y la declaración de estado de emergencia nacional, mediante el decreto N. 44754-MP del 13 de noviembre de 2024. A efectos de garantizar la participación de las personas menores de edad indígenas en el proceso, se han activado mecanismos participativos para exponer la Política Pública de Pueblos Indígenas mediante actividades lúdicas, entrega de material informativo, didáctico y recreativo, así como la entrega de refrigerios a personas menores de edad y personas adultas indígenas. b) “(…) detallar el cronograma de la fase nro. 4 denominada “Intercambio de Información”, donde se pueden observar los pueblos indígenas y la metodología aprobada para cada uno de ello, según lo informado a este Tribunal. (…)” El cronograma de reprogramación de los talleres del proceso de consulta de la Política Pública de los Pueblos Indígenas fue comunicado por el Viceministerio de Paz mediante el oficio DVMP-612-12-2024 del 17 de diciembre de 2024 y actualizado mediante correo electrónico de fecha 6 de enero de 2025. De seguido, se presenta el cronograma actualizado con la reprogramación de los talleres. En la primera columna de la tabla se detalla la fase a la que corresponde cada taller (Fases 3, 4, 5 o 6) (…) En cuanto a la metodología, la comisión institucional para la consulta a niños, niñas y adolescentes indígenas y sus familias del PANI, elaboró una propuesta metodológica para el desarrollo de los talleres con las personas menores de edad y sus familias, la cual se adecua en razón de lo previsto con cada territorio. Para los talleres realizados en los territorios indígenas Térraba, Salitre y Nombre105771 se acordó que se realizarían dos talleres de manera simultánea, uno con las personas adultas indígenas y otro especializado con personas menores de edad indígenas, que permitiera adecuarlo según la edad y el grado de madurez de las personas participantes. Por su parte, el territorio indígena Nombre72510 definió la realización de un taller particular a cargo del PANI, a realizarse el 26 de enero de 2025. Los talleres realizados con las personas adultas indígenas consistieron en un diálogo sobre los temas referentes a la niñez y la adolescencia contenidos en la Política Pública de Pueblos Indígenas, mediante el uso de conceptos, imágenes y ejemplos de acuerdo con la cosmovisión de los territorios indígenas, a fin de brindar la información y atender las consultas de la población sobre lo dialogado. En el caso de los talleres con los niños, niñas y adolescentes indígenas, la dinámica metodológica se caracterizó por ser lúdica, interactiva, creativa y flexible, mediante la utilización del juego como medio de aprendizaje para promover el diálogo y la reflexión de las personas participantes sobre las realidades de la niñez y la adolescencia y los temas abordados en la Política Pública de Pueblos Indígenas. La metodología utilizada en cada taller fue, debidamente, preparada de manera conjunta entre la comisión institucional para la consulta a niños, niñas y adolescentes indígenas y sus familias del PANI, la Dirección Regional Brunca del PANI y la Oficina Local de Buenos Aires del PANI. La metodología se adecuó según las características de la población participante y se encuentra flexible a recibir realimentación de parte de las personas participantes lo que permite garantizar que la metodología sea un producto del diálogo entre las partes. La participación de niños, niñas y adolescentes en la consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas ha permitido que sus sentires sean escuchados y sean considerados en el proceso de elaboración de dicha política. Como medio de verificación se aportan los recursos utilizados en los talleres con personas menores de edad y personas adultas indígenas, así como algunas fotografías, que cuentan con autorización para su uso, mediante el consentimiento informado firmado por la persona encargada de las personas menores de edad y el consentimiento verbal de las personas menores de edad que participan en el proceso de consulta. Finalmente, se confirma la importancia de que los temas de niñez y adolescencia, así como la participación de las personas menores de edad indígenas se incluyan en la política pública específica, sin que esto signifique una violación a sus derechos o acto de discriminación, por el contrario, demuestra lo acertada de la decisión acordada entre los territorios indígenas y las instituciones. Asimismo, se reitera el compromiso con todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición, mediante la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 y, particularmente, con la niñez y la adolescencia indígena en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas”

13.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

 I.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que la Defensoría de los Habitantes participó en el proceso de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036, en calidad de institución observadora activa e instancia consultiva y de acompañamiento técnico. Explica que para la formulación de la política en cuestión se realizó lo siguiente: en la sesión ordinaria CNNA 09-2020 del 28 de octubre de 2020, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia conoció y aprobó la “Propuesta para la actualización e integración de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia”, elaborada por la Secretaría Técnica de dicho órgano colegiado, la cual contempla la ruta a seguir para su implementación; en la sesión ordinaria CNNA 03-2021 del 24 de marzo de 2021 se aprobó la metodología de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 y en la sesión extraordinaria CNNA-05-2022 del 6 de abril de 2022 se aprobó el documento “Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Costa Rica 2021”, que constituye el principal insumo diagnóstico de esta política. Expone que a través del Decreto Ejecutivo nro. 43515-MP-MNA, el Poder Ejecutivo declaró de interés público y nacional la formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036. Agrega que el 25 de noviembre de 2021 se acordó que el Consejo recurrido, a través del Patronato Nacional de la Infancia, haría una consulta nacional en territorios indígenas, la cual fue recomendada dentro del proceso de formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036; sin embargo, reclama que mediante el oficio PANI-PE-OF-0786-2023 del 23 de mayo de 2023, la señora Gloriana López Fuscaldo, en su condición de Ministra de la Niñez y la Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del PANI solicitó valorar el cierre técnico del proceso de consulta de niñez y adolescencia indígena en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, por cuanto dicha consulta se realizaría en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas. Reprocha que por dicha solicitud se emitió la resolución DNRAC-UTCI N. 06-2023 del 23 de mayo de 2023, por medio de la cual se dispuso el cierre de archivo del expediente UTCI-21-2021 del proyecto “Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia”. Estima que lo anterior implica que los niños, niñas y adolescentes indígenas no pudieron ejercer su derecho a la participación plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, derecho reforzado por el Convenio 169 de la OIT. Acusa que en la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del 24 de octubre de 2024, el Consejo recurrido aprobó abordar la consulta y los asuntos relativos a la niñez y adolescencia indígena en el marco de elaboración de la Política Pública para Pueblos Indígena y en la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024, el Consejo accionado decidió no consignar en el documento de la Política la referencia a la consulta de menores indígenas, y en su lugar, incluir la intervención concreta en el primer plan de acción de la política referente a la consulta de niñez y adolescencia indígena, de cuyos resultados se desprenderán los compromisos y las intervenciones de las instituciones, a incluirse en el segundo plan de acción de esta política. Considera que el actuar de la autoridad recurrida violenta el derecho a la igual y no discriminación, al derecho a la supervivencia y desarrollo, así como al derecho a la participación de los menores indígenas según la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT. Solicita la intervención de la Sala para declarar que los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 24 de octubre de 2023 y en la sesión extraordinaria del 18 de abril de 2024 son lesivos a los derechos fundamentales de la población tutelada.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a.    En la sesión ordinaria CNNA 09-2020 del 28 de octubre de 2020, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia dio inicio al proceso de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia. En dicha sesión se acordó: “SE ACUERDA: 1. APROBAR EL PROCESO DE REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2009-2021 Y LA RUTA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, CONTENIDOS EN LA PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ELABORADA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 2. AUTORIZAR A LA SEÑORA GLADYS JIMÉNEZ ARIAS, PRESIDENTA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO Y A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA QUE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE PROCESO. 3. SOLICITAR AL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE REFORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2009-2021. 4. INCLUIR TODAS LAS OBSERVACIONES QUE SE PLANTEARON EN LA DISCUSIÓN DE ESTE TEMA RELACIONADAS CON LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO, INTRODUCIENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA, DE MANERA QUE LAS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS PUEDAN VINCULARSE DE BUENA MANERA CON ESTA NUEVA POLÍTICA QUE SE PRETENDE CONSTRUIR. ADICIONALMENTE, QUE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD SEAN EL CENTRO DE LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y QUE SEAN PARTÍCIPES DE TODO EL PROCESO, CONSIDERAR LAS INTERSECCIONALIDADES QUE TRANSVERSAN A LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD Y QUE PUEDEN INFLUIR EN LAS DESIGUALDADES Y DISCRIMINACIONES, ENTRE ELLAS, EL GÉNERO, ETNIA, PERSONAS INDÍGENAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, POBLACIÓN LGTBI Y OTROS. 5. DIVULGAR LA POLÍTICA Y SU IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO CONSIDERAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS INDICADORES DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO DE LA POLÍTICA, VITAL PARA CONSIDERAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL VIGENTES Y EN LOS TIEMPOS REALES PARA QUE SE INCLUYAN NUEVAS VARIABLES O SE MODIFIQUEN LOS EXISTENTES. 6. INCORPORAR EN LAS ETAPAS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE FORMAN PARTE DE LAS MESAS DE DIÁLOGO ESTUDIANTILES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES COMO OBSERVADOR DEL PROCESO DE CONSULTA, DE EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

b.    En la sesión ordinaria CNNA 03-2021 del 24 de marzo de 2021, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia aprobó la metodología para la formulación de la nueva Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, dentro de la cual se estableció el compromiso de consultar a la población menor de edad indígena (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

c.     El 15 de noviembre de 2021, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia solicitó la asesoría de la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz respecto a los espacios de consulta con la población menor de edad indígena, por lo que se concretaron tres espacios de dialogo y asesoría en las fechas: 25 de noviembre de 2021, 21 de marzo de 2022 y 11 de mayo de 2022 (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

d.    La Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz realizó una capacitación sobre la aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, la cual se realizó los días 20, 22 y 24 de junio de 2022 con la participación aproximada de 37 personas funcionarias de las Direcciones Regionales y Oficinas Locales del Patronato Nacional de la Infancia (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

e.     Mediante oficio PR-DP-1293-2022 del 2 de noviembre de 2022, el jefe del Despacho de la Presidencia de la República instruyó a los ministros y presidencias Ejecutivas de instituciones públicas para que, aquellas que tuviesen a su cargo políticas públicas o estuviesen elaborando políticas púbicas susceptibles de afectar población indígena se dirigieran a la Mesa Técnica Interinstitucional, coordinada desde el Viceministerio de Paz, e integrar esas políticas en un solo instrumento, denominado: Política Pública para Pueblos Indígenas (ver informe rendido bajo juramento);

f.      Mediante oficio DVMP-MT-105-2022 del 2 de diciembre de 2022, el viceministro de Justicia y Paz solicitó la colaboración de las Instituciones del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas que estén construyendo política pública y afecte a los pueblos indígenas, con la finalidad de que se dirijan a la Mesa Técnica Interinstitucional de Asuntos Indígenas a efectos de integrar todos los esfuerzos de manera conjunta en la consolidación de un solo instrumento con plena participación de los pueblos indígenas (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

g.    Mediante la resolución DNRAC-UTCI-09-2022 del 20 de diciembre de 2022, la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz resolvió: “PRIMERO. Después de lo anterior, según el artículo 2 inciso c, es obligación del Gobierno de Costa Rica consultar, de buena fe, a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos culturalmente apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo, así como proyectos privados, susceptibles de afectarles. SEGUNDO. La Unidad Técnica de Consulta Indígena destaca que el derecho a la consulta va más allá de un fin en sí mismo, pues esta sirve para garantizar el derecho a la participación y salvaguardar todos aquellos derechos de los pueblos indígenas que puedan verse afectados por las decisiones administrativas, privadas o legislativas. TERCERO. Que según el artículo 2 inciso e, se considera que un proyecto de ley, medida administrativa o proyecto privado, afecta los derechos de los pueblos indígenas, cuando contiene elementos que puedan implicar cambios en su situación jurídica, en los derechos colectivos, su forma de vida, cultura, espiritualidad y dinámica social. Así como las medidas que, sin ser ejecutadas estrictamente dentro de los territorios indígenas, tengan como resultado una afectación de los derechos colectivos y culturales de los pueblos indígenas. CUARTO. Que según el artículo 2 inciso g, además de lo dispuesto en el oficio PANI-PE-OF-2324-2022 y oficio PANI-PE-OF 2913-2022 del Patronato Nacional de la Infancia, la información del proyecto presentada para la nueva Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, comprende una medida administrativa promovida desde las instituciones públicas del Poder Ejecutivo. QUINTO. Que según el artículo 4 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, “será de aplicación obligatoria a la Administración Pública Central. Sin perjuicio del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución Política y el régimen de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes, los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, municipalidades, universidades estatales, instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas, así como las empresas privadas que administran bienes públicos o ejecutan potestades públicas, podrán aplicar la presente normativa como marco de referencia para sus normas propias. SEXTO. Que, según la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, ley 7648, del 09 de diciembre de 1996, en su Titulo I, Capítulo I De la naturaleza y los principios, Artículo 1. Naturaleza, dice: “El Patronato Nacional de la infancia es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio”. SÉPTIMO. Que, en la Constitución Política, en su artículo 55 dice: “La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado. OCTAVO. Según el artículo 19 incisos d, f y g, del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, la Unidad Técnica de Consulta Indígena tiene competencia para emitir criterio técnico y aprobar los procesos de solicitud de consulta; sin embargo, no tiene potestades para aprobar la realización y/o ejecución del proyecto o medida administrativa, toda vez que corresponde a las personas indígenas miembros de cada territorio indígena a través de los pasos del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, la toma de decisión y su consentimiento o no, sobre ello (artículo 22). NOVENO. Por lo anterior, la Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) emite criterio técnico de que la nueva Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, del Patronato Nacional de la Infancia, requiere realizar un proceso de consulta respetando el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas, por lo tanto, se recomienda aplicar lo establecido en el decreto N° 40932 - MP- MJP, como marco de referencia para nueva Política. DECIMO. Además, se motiva a presentar la solicitud formal de consulta ante esta unidad, ya que esto permitirá generar un espacio para el diálogo intercultural, respetando la cosmovisión, la cultura, identidad, idioma, espiritualidad y dinámicas sociales de los territorios indígenas, promoviendo que se realice un procedimiento culturalmente apropiado y que se garantice el derecho a la consulta de los pueblos indígenas” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

h.    Mediante oficio PANI-PE-OF-0367-2023 del 3 de marzo de 2023, el Patronato Nacional de la Infancia le expresó al viceministro de Justicia y Paz el interés de unir esfuerzos interinstitucionales en el marco de la elaboración de Política Pública de Pueblos Indígenas, con el propósito de que se establezcan espacios de consulta con niños, niñas y adolescentes indígenas, así como con sus padres, madres y personas encargadas, con la finalidad de aplicar el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

i.      Mediante oficio DVMP-MT-073-2023 del 29 de marzo de 2023, el viceministro de Justicia y Paz informó que la Política para la Niñez y la Adolescencia será incluida dentro de lo que corresponda en la Política Pública para los Pueblos Indígenas (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

j.      Mediante oficio PANI-PE-OF-0786-2023 del 3 de mayo de 2023, el Patronato Nacional de la Infancia le indicó a la directora de la Unidad Técnica de Consulta Indígena: “agradezco valorar la pertinencia técnica para el cierre del proceso referente a la consulta de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 que se apertura por el Patronato Nacional de la Infancia ante la Unidad Técnica de Consulta Indígena, en tanto la consulta relacionada con las medidas administrativas en materia de niñez y adolescencia indígena se realizará en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

k.    Mediante resolución DNRAC-UTCI N° 06-2023 del 23 de mayo de 2023, la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz resolvió: “esta unidad después del análisis de la solicitud realizada por la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, la señora Gloriana López Fuscaldo, en el oficio PANI-PE-OF-0786-2023, en el cual indica: “valorar la pertinencia técnica para el cierre del proceso referente a la consulta de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 que se apertura por el Patronato Nacional de la Infancia ante la Unidad Técnica de Consulta Indígena, en tanto la consulta relacionada con las medidas administrativas en materia de niñez y adolescencia indígena se realizará en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas”, decide realizar el cierre de archivo al expediente UTCI21-2021 del proyecto “Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia” con el conocimiento de que la misma será incluida y abordada desde la consulta de la Política Pública a Pueblos Indígenas” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

l.      En la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del 24 de octubre de 2023, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia acordó: “ARTÍCULO 07) APARTE 04) SE ACUERDA: 1. QUE LA CONSULTA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA INDÍGENA, ASÍ COMO A SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, EN TÉRMINOS DE POLÍTICA PÚBLICA, SERÁ ABORDADA DENTRO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PPPI) LIDERADA, ACTUALMENTE, POR EL VICEMINISTERIO DE PAZ. 2. EXPRESAR EL INTERÉS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE UNIR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE SE ESTABLEZCAN ESPACIOS DE CONSULTA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO CON SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, DE MANERA QUE, LOS ESPACIOS DE CONSULTA PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN DICHA POLÍTICA. 3. QUE, EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, EN SU ROL RECTOR EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SERÁ EL RESPONSABLE TÉCNICO DE ACOMPAÑAR AL VICEMINISTERIO DE PAZ, EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LA CONSULTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO A SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, EN ARTICULACIÓN CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA CONSULTA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PUEBLOS INDÍGENAS. 4. QUE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN ESTE CONSEJO CONTINUARÁN GARANTIZANDO ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, RESPETANDO SU CULTURALIDAD Y COSMOVISIÓN. 5. CONSIGNAR EL PRESENTE ACUERDO EN EL TEXTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024- 2036” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

m.  Mediante oficio DVMP-064-02-2024 del 22 de febrero de 2024, el viceministro de Justicia y Paz señaló: “La reactivación del proceso de Consulta del Borrador de Política Pública de Pueblos Indígenas, dará inicio con un primer grupo de Territorios Indígenas que comprende: Territorio indígena de Boruca, Térraba, Rey Curré, Ujarrás, Salitre, Cabagra en el cantón de Buenos Aires y China Kichá del cantón de Pérez Zeledón. Lo anterior, por motivos presupuestarios y limitado talento humano encausados únicamente en la atención del proceso ut supra. Importante de destacar que, la primera fase que contempla los Territorios Indígenas citados, atiende de la cuarta a la octava etapa del procedimiento general de consulta, así desarrollado en el artículo 26 del Mecanismo General de Consulta Indígena. (…) No obstante, de manera paralela, con la intención de avanzar en el proceso, se realizará una capacitación a los profesionales enlaces referente al Mecanismo General de Consulta Indígena, el cual será impartido por la Unidad Técnica de Consulta Indígena. Para ello, solicito de la manera más respetuosa, la remisión por parte de la institución que usted representa 02 profesionales enlaces. Una persona fungirá como enlace con el Viceministerio de Paz (quien tendrá un rol técnico en la materia o plan de consulta por institución), y la segunda persona será enlace con la Unidad Técnica de Consulta Indígena, la cual fungirá como apoyo logístico y de seguimiento” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

n.    En la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia acordó: “ARTÍCULO 04) APARTE 01) CONOCIDO Y ANALIZADO EL OFICIO DE-OF-372-2023, SUSCRITO POR LA SEÑORA DANIELA GUTIÉRREZ VILLANUEVA, DIRECTORA EJECUTIVA Y LA SEÑORA RUBILIA AURORA STUART LEIVA, PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, REFERENTE AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, SE ACUERDA: 1. DAR POR CONOCIDOS LOS APORTES CONSIGNADOS EN EL OFICIO DE-OF-372-2023. 2. TRASLADAR DICHO OFICIO AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ COMO ENTE ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS; DENTRO DE LA CUAL SE DESARROLLARÁ LA CONSULTA EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA. ARTÍCULO 05) APARTE 01) ANALIZADO EL ACUERDO ARTÍCULO 07) APARTE 04) TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA CNNA 03-2023 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023, REFERENTE A LA CONSULTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO A SUS PADRES, MADRES O PERSONAS ENCARGADAS, SE ACUERDA: 1. REITERAR EL COMPROMISO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE UNIR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE SE ESTABLEZCAN ESPACIOS DE CONSULTA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO CON SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, DE MANERA QUE, LOS ESPACIOS DE CONSULTA PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN DICHA POLÍTICA. 2. DEJAR SIN EFECTO EL PUNTO 5 DEL ACUERDO ARTÍCULO 07) APARTE 04) TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA CNNA 03-2023 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023, Y EN VIRTUD DE ELLO, NO CONSIGNAR EN EL DOCUMENTO DE LA POLÍTICA LA REFERENCIA NARRATIVA A LA CONSULTA DE PERSONAS MENORES DE EDAD INDÍGENAS; EN SU LUGAR, INCLUIR LA INTERVENCIÓN CONCRETA EN EL PRIMER PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA REFERENTE A LA CONSULTA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INDÍGENA Y DE CUYOS RESULTADOS SE DESPRENDERÁN LOS COMPROMISOS Y LAS INTERVENCIONES DE LAS INSTITUCIONES A INCLUIRSE EN EL SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN DE ESTA POLÍTICA. ARTÍCULO 05) APARTE 02) CONOCIDA Y ANALIZADA LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024-2036 QUE CONTIENE SU PRIMER PLAN DE ACCIÓN QUE COMPRENDE EL PERIODO 2024-2030, SE ACUERDA: 1. APROBAR LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024-2036 QUE CONTIENE SU PRIMER PLAN DE ACCIÓN QUE COMPRENDE EL PERIODO 2024-2030. 2. INSTRUIR A LA SEÑORA KENNLY GARZA SÁNCHEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA QUE REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE CASA PRESIDENCIAL PARA LA EMISIÓN DEL DECRETO DE OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024-2036” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

o.    Mediante oficio DVMP-222-05-2024 del 22 de mayo de 2024, el ministro de Justicia y Paz indicó: “Asimismo, se tiene clara la responsabilidad del Gobierno de elaborar una propuesta de ¨Política Pública dirigida a los Pueblos indígenas que sea integral y vasta en contenido. Por esta razón, el documento de propuesta inicial de la Política Pública de Pueblos Indígenas (PPPI), fue enriquecido con ejes económicos y sociales para garantizar la totalidad de sus derechos, bajo un enfoque de género, e incorporando como uno de sus temas prioritarios, los derechos de la población menor de edad indígena, precisamente en respeto al interés superior del Niño. (…) Asimismo, la población menor de edad indígena ya se encuentra incluida en la propuesta de la Política Pública para los Pueblos Indígenas, bajo el eje de niñez y adolescencia indígena. Documento de propuesta elaborado desde el Viceministerio de Paz, e integrando las políticas de instituciones que tienen a su haber acciones para territorios indígenas. Por lo que este sector de la población menor de edad no quedaría desprotegido de un proceso de consulta indígena para la elaboración de una política que los cubra. Asimismo, para garantizar la efectiva realización del proceso de consulta indígena, el PANI incorporó esta acción dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI), con los respectivos indicadores y responsables. Para ello, el PANI como ente rector de la Niñez y Adolescencia por parte del CNNA; designó enlaces ante el Viceministerio de Paz, a fin de realizar de manera conjunta con ese Viceministerio, y en acompañamiento técnico de la Unidad Técnica de Consulta Indígena, los procesos de consulta en los territorios indígenas en lo que refiere aleje de niñez y adolescencia menor de edad. Por lo que, en ningún momento, las instituciones rectoras están delegando sus deberes en este Ministerio. (…) Desde la Unidad Técnica de Consulta Indígena, se brindará el acompañamiento técnico a las instituciones que conforman esta política, para que durante los procesos de consulta que se ejecuten en los territorios, se cumplan las fases que dispone el Mecanismo de Consulta Indígena, así como los principios de amplia participación, consentimiento, información, buena fe y autodeterminación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, en apego a los principios y normas establecidas en el Convenio 169 de la OIT. Por lo que en ningún momento existe alguna dependencia o institución estatal que en el tema que nos ocupa, haya violentado los derechos a la consulta por parte de los territorios indígenas” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

p.    Mediante oficio DVMP-231-05-2024 del 28 de mayo de 2024, el viceministro de Justicia y Paz informó: “me permito indicar que el proceso de Consulta de la Política Pública de los Pueblos Indígenas se encuentra en la atención y finiquito de actividades previas que permitan la reactivación oficial del proceso. Como parte de las actividades previas, se efectuó en fechas anteriores una sesión de trabajo con los dos enlaces designados por los y las jerarcas de las instituciones que formarán parte de la construcción de la consulta a Pueblos Indígenas dentro del borrador de la Política Pública citada en líneas anteriores y en la que se les indicó que para el día 29 de mayo de 2024 se les brindaría una capacitación sobre el Mecanismo General de Consulta Indígena a impartir por la Unidad Técnica de Consulta Indígena” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

q.    Mediante oficio DVMP-382-10-2024 del 3 de octubre de 2024, la viceministra de Justicia y Paz informó: “Me permito brindar la buena noticia de que el proceso de consulta dará inicio a partir de la Fase N°4 “Intercambio de información” (así indicado en la resolución DNRAC – UTCI – N° 02 -2024) el día 25 de octubre del 2024 en el Territorio Indígena de Térraba. Para lo cual es importante que se comprenda el contexto que ello implica. El Mecanismo General de Consulta a Pueblos indígenas especifica lo siguiente: El intercambio de información es un proceso recíproco entre todas las partes involucradas en un proceso de consulta determinado. El objetivo de esta etapa es que, los pueblos indígenas, reciban toda la información de calidad necesaria para tomar una decisión informada y que la contraparte interesada, posea información sobre el pueblo ·indígena y su cosmovisión, en particular, sobre el tema objeto de consulta. La contraparte interesada, debe brindar toda la información de calidad existente sobre la medida administrativa, proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo o proyecto privado que se esté consultando. La contraparte interesada debe someter información a los pueblos indígenas de la siguiente manera: a. Totalidad de la información (en idioma español) b. Versión resumida de la información (en español y en el idioma del pueblo indígena) c. Locución de la información y otros materiales didácticos. (en español y en el idioma del pueblo indígena) Los pueblos indígenas pueden transmitir toda aquella información de calidad sobre su cultura, que consideren de relevancia, para ampliar el conocimiento de la contraparte interesada. El intercambio se debe dar en ambas vías, a lo largo de todo el proceso. La información no debe entenderse como una entrega formal o única de materiales, sino que se trata de un proceso constante, que requiere de espacios de diálogo donde se presente la información ante espacios internos de decisión comunitaria y participativos, debidamente convocados o ante otro mecanismo tradicional propio, con intérpretes escogidos por el pueblo indígena y en espacios donde se permita la evacuación de dudas. No se omite manifestar que, los enlaces técnicos asignados por su representada fueron debidamente capacitados en el tema del Mecanismo General de Consulta Indígena por parte de la Unidad Técnica de Consulta Indígena. Es importante aclarar que la gestión de los talleres obedece a la especificidad y metodología solicitada por cada Territorio Indígena, para ello el Viceministerio de Paz convoca a reunión técnica a los enlaces designados, el día martes 08 de octubre del 2024 a las 9:00 horas, a través de la plataforma virtual zoom (…) En aras de ampliar, en líneas anteriores se especificó a que responde la Fase N°4 del Mecanismo General de Consulta Indígena, por cuanto a la Fase N°6 “Diálogo, negociación y acuerdos”, las partes involucradas dialogan para que la Contraparte Interesada conozca la decisión y propuestas que el pueblo indígena elaboró en la etapa de Evaluación Interna. Las partes involucradas pueden solicitar la interrupción del diálogo cuando así lo requieran, para consultar con el pueblo indígena o con las instituciones competentes” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

r.     La presidente del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia indicó que la consulta “se realizará según la metodología aprobada por los propios territorios indígenas mediante talleres y stands informativos. Particularmente, el territorio de Térraba solicitó que se exponga sobre los temas de niñez y adolescencia en todos los talleres de su territorio, el territorio de Salitre solicitó la presentación de stands informativos y brindar en los talleres una explicación de lo referente a niñez y adolescencia, el territorio de Nombre72510 solicitó que se realice un taller específico por parte del PANI y el Instituto Nacional de las Mujeres y el territorio de Nombre105771 solicitó que los temas de niñez sean abordados en un taller para cada una de las comunidades” (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

s.     La consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas incluye a los 24 territorios indígenas y se hará con recursos económicos del Ministerio de Justicia y Paz y con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

t.      Los talleres de la Política Pública de Pueblos Indígenas se realizarán a los niños, niñas y adolescentes de todas las comunidades indígenas, según la autorización de sus padres o personas encargadas mediante el uso de una metodología adaptada a su cosmovisión (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

u.    Mediante oficio DVMP-612-12-2024 del 17 de diciembre de 2024, el viceministro del Ministerio de Justicia y Paz comunicó el cronograma actualizado con la reprogramación de los talleres de la siguiente forma: Fase 3: el 24 de enero de 2025 en el territorio Térraba; Fase 5: el 17 de enero de 2025 en el territorio Salitre; Fase 6: el 31 de enero de 2025 en el territorio Salitre; Fase 4: el 19 de enero de 2025 y el 26 de enero de 2025 en el territorio Rey Curré; Fase 6: el 23 de febrero de 2025 en el territorio Rey Curré; Fase 4: el 18 de enero de 2025, el 25 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2025 en el territorio Ujarrás; Fase 5: el 8 de febrero de 2025 en el territorio Ujarrás; Fase 6: el 22 de febrero de 2025 en el territorio Ujarrás; Fase 5: el 8 de febrero de 2025, el 12 de febrero de 2025, el 13 de febrero de 2025, el 14 de febrero de 2025, el 15 de febrero de 2025 y el 21 de febrero de 2025 en el territorio Boruca (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

v.     Entre el 25 de octubre de 2024 y el 14 de diciembre de 2024, el Patronato Nacional de la Infancia ha participado en un total de 10 talleres de consulta a niños, niñas, adolescentes y personas adultas indígenas, realizados en los territorios indígenas Térraba, Salitre, Nombre72510 y Nombre105771, participantes en la consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada);

w.   Ejes que contempla la Política Pública de Pueblos Indígenas: a) Institucionalidad democrática: Temas Aumento de los recursos públicos destinados a la niñez y la adolescencia. Fortalecimiento de la articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial. Información en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Participación de los niños, niñas y adolescentes. Políticas nacionales que incluyan intervenciones específicas para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Creación de Políticas cantonales de la niñez y la adolescencia; b) Vida en familia y en comunidad: Temas Fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Condiciones de vida de calidad que favorezcan su bienestar y desarrollo integral. Combate a la pobreza. Promoción de alternativas de cuido. Promoción de la crianza positiva y respetuosa. Prevención de la violencia en los entornos familiares y comunitarios; c) Protección especial: Temas Personas adolescentes en los procesos penales juveniles y privadas de libertad. Protección a las personas adolescentes trabajadoras. Fortalecer la promoción, defensa y protección del derecho a la integridad física, psíquica y moral, a la privacidad, al honor y a la imagen. Trata de personas y la explotación sexual comercial. Personas adolescentes en los procesos penales juveniles y privadas de libertad. Protección de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio, LGTBIQ+, afrodescendientes, en consumo de sustancias psicoactivas, con discapacidad, en situación de calle. Desintitucionalización de las personas menores de edad; d) Salud: Temas Salud mental. Fortalecer las redes de apoyo en las familias, las instituciones y las comunidades. Consumo de sustancias psicoactivas y en edades cada vez más tempranas y de fácil acceso. Prácticas deportivas, recreativas y culturales. Desafíos y limitaciones para acceder a los servicios de salud. Derecho a la salud sexual y reproductiva; e) Educación: Temas Condiciones universales. Garantizar el acceso, la permanencia y éxito escolar. Educación digital. Educación para una cultura de paz. Educación sexual y relaciones afectivas. Educación ambiental. Educación financiera. Educación técnica, profesional y el desarrollo de habilidades blandas; f) Cultura, juego, recreación, deporte y actividad física: Temas Infraestructura y uso de instalaciones. Garantizar espacios seguros, inclusivos y sostenibles. Garantizar el derecho a la cultura, el juego, la recreación y el deporte mediante espacios, programas y actividades según grupos etarios. Considerar la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Asistencia y participación en actividades culturales, recreativas y deportivas sin distinción por su edad y en igualdad. Visibilizar tradiciones y valores autóctonos de los territorios y las poblaciones que habitan en el país; g) Ambiente: Temas Promover la participación activa de la familia y la comunidad en el cuido de la diversidad ambiental, procurando un modelo de respeto a la naturaleza y sus entornos. Ambiente limpio, saludable y sustentable. Promover un ambiente saludable, espacios verdes, ambientes sin residuos (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

III.- Aspectos preliminares. Para la resolución de este proceso, es importante realizar un análisis de sobre el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas a partir de lo dispuesto en el Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo -aprobado mediante Ley nro. 7316, publicada en La Gaceta nro. 234 de 4 de diciembre de 1992- y la normativa vigente.

El artículo nro. 6 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece:

“Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

Asimismo, el artículo 7 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo dispone:

“Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y de nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.”

 A partir de tal normativa surge el compromiso para los Estados signatarios el compromiso de impulsar de una manera amplia, la promoción de las condiciones que permitan el desarrollo de los pueblos indígenas y tribales de un modo que se respete la diversidad étnica y cultural y se asegure los espacios de autonomía requeridos para ello y se desenvuelva en un marco de igualdad. De ahí surge el deber de consulta previsto en el numeral 6.1 inciso a) anteriormente transcrito ante la emisión de medidas administrativas, tales como políticas públicas, decretos ejecutivos y proyectos de desarrollo susceptibles de afectar directamente a dichos pueblos.

 A la luz del compromiso adoptado por parte del país al ratificar lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo se emitió el Decreto Ejecutivo nro. 40932-MP-MJP del 6 de  marzo de 2018, publicado en el Alcance nro. 70 del Diario Oficial La Gaceta nro. 59 del 5 de abril del 2018, mediante el cual la Presidencia de la República estableció el Mecanismo General de Consulta de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, con el fin de garantizar y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, que pueden verse afectados por decisiones administrativas o legislativas. De dicho cuerpo normativo, cabe destacar lo dispuesto en los artículos 1, 2, 12, 13, 14 y 26:

“Artículo 1.- Objeto. El objeto del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas es, reglamentar la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo o proyectos privados, susceptibles de afectarles .

Artículo 2.- Definiciones. Las siguientes definiciones son derivadas del marco normativo vigente aplicable:

(…)

g. Medidas administrativas. Comprende, entre otros, actos administrativos, políticas públicas, decretos ejecutivos y proyectos de desarrollo, promovidos desde las instituciones públicas del Poder Ejecutivo (el resaltado no pertenece al original).

(…)

Artículo 12.- Caracterización. Sin perjuicio de lo que establezca el marco normativo vigente, la obligación de consultar debe incorporar, al menos, las siguientes caracterizaciones:

a. La consulta es el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados. La consulta es exclusiva para los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados por la medida administrativa, proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo o proyecto privado. Los pueblos indígenas tienen la facultad de determinar las normas internas que regulan la pertenencia a su pueblo.

Amparados en el principio de Buena Fe, los pueblos indígenas, deberán formar parte de la

consulta que pueda afectarles. La manifestación de negación anticipada de participar, por parte de un pueblo indígena, deberá ser entendida por el Gobierno, como una expresión parcial no absoluta, de la voluntad del pueblo indígena y conllevará para sí, la necesidad de adoptar todas las medidas de buena fe necesarias, para abrir los canales de diálogo; lo anterior, sin perjuicio de aquellas manifestaciones de negación anticipada que, estando contempladas en los instrumentos internacionales, representan una expresión total de la voluntad de los pueblos indígenas.

b. La obligación de consultar corresponde al Gobierno. La obligación de llevar a cabo los procesos de consulta, recae sobre el Gobierno de la República. Esta obligación, no puede ser delegada en terceros o sujetos de derecho privado de ningún tipo y, bajo ninguna circunstancia, representa la posibilidad de recurrir a medidas coactivas para realizar la consulta. En caso de renuencia por parte de los pueblos indígenas de formar parte de una consulta determinada, el Gobierno deberá hacer uso de todos los canales de diálogo pertinentes, para entender las razones que motivan la renuencia de participar, con el fin de emprender las medidas de buena fe necesarias para el adecuado proceder de la consulta.

c. Información. Los procesos de consulta implican intercambios de buena fe de toda la información útil, pertinente y oportuna entre las partes involucradas, durante todas las etapas del proceso. La contraparte interesada debe transmitir información completa y culturalmente apropiada para los pueblos indígenas. Además, los pueblos indígenas podrán transmitir información suficiente y necesaria, para que la contraparte interesada tenga una comprensión cabal sobre la cultura indígena. La información debe tener amplio alcance a todo el pueblo indígena y deberá ser accesible tanto en español, como en el idioma del pueblo indígena, según los acuerdos de la etapa preparatoria.

d. Convocatorias públicas. Las convocatorias realizadas para las etapas informativas y de toma de decisión, dentro de los procesos de consulta, deberán ser públicas y de amplio alcance, valiéndose de diversas formas y medios de comunicación, así como tomando en cuenta la diversidad lingüística, los factores geográficos y las organizaciones representativas de cada pueblo indígena. La convocatoria, será efectuada con un plazo prudencial que garantice su amplia difusión; los mecanismos de convocatoria serán acordados entre la Instancia Territorial de Consulta y la UTCI, con el fin de garantizar una amplia participación.

e. Publicidad del proceso de Consulta. En cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública, será información de acceso público y publicación proactiva: el plan de consulta, la información intercambiada entre las partes involucradas, los acuerdos derivados de la consulta, así como toda aquella información que durante el proceso se considere oportuna.

Artículo 13.-Medidas específicas a consultar contenidas en los tratados internacionales.- Deberán consultarse todas aquellas medidas administrativas específicas contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, a saber:

a. Exploración o explotación de los recursos naturales dentro de los Territorios (Art. 15 Convenio 169);

b. Traslado o reubicación de los pueblos indígenas (Art. 16 del Convenio 169);

c. Enajenación de tierras o transmisión de los derechos sobre las tierras fuera de la comunidad (Art. 17 del Convenio 169);

d. Programas de formación profesional (Art. 22 del Convenio 169);

e. Instituciones educativas y medios de educación propios (Art. 27 del Convenio 169);

f. Enseñanza del idioma indígena (Art. 28 del Convenio 169)

Artículo 14.- Medidas específicas a consultar contenidas en Declaraciones Internacionales.- Asimismo, deberán consultarse todas aquellas medidas administrativas específicas contenidas en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a saber:

a. Medidas relacionadas con la adaptación de la legislación interna a la Declaración (Art. 38 de la DNUDPI);

b. Medidas relacionadas con el combate de prejuicios, eliminación de la discriminación y promoción de la tolerancia (Art. 15 de la DNUDPI)

c. Medidas relacionadas con la explotación laboral de los niños y niñas (Art. 17 de la DNUDPI)

d. Medidas relativas a la reparación, restitución o, indemnización justa y equitativa por tierras, territorios y recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados. (Art. 28. l de la DNUDPI)

e. Medidas tendientes a disponer el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras o territorios indígenas. (Art. 29.2 de la DNUDPI)

f. Medidas relacionadas con el uso de territorios para actividades militares (Art. 30 de la DNUDPI)

g. Medidas relacionadas con la afectación de tierras o territorios y otros recursos, relacionados con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

h. Medidas relacionadas con los derechos de los Pueblos Indígenas transfronterizos (Art. 36 de la DNUDPI).

Sin perjuicio de las medidas consignadas previamente, deberán ser consultadas todas aquellas medidas administrativas o proyectos privados que tengan como efecto la afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de acciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como todas aquellas señaladas mediante sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Artículo 26.- Etapas del procedimiento de consulta. El procedimiento de consulta a Pueblos Indígenas consta de ocho etapas preclusivas, a saber:

a. Solicitud de la consulta;

b. Admisibilidad de la solicitud de la consulta;

c. Acuerdos preparatorios para la consulta;

d. Intercambio de información;

e. Evaluación interna del pueblo indígena;

f. Diálogo, negociación y acuerdos;

g. Finalización del proceso de Consulta;

h. Cumplimiento y monitoreo de los acuerdos.”

Así, este Tribunal Constitucional siguiendo lo estipulado en ordinal 6.1.a del Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ha hecho referencia a la importancia de llevar a cabo una consulta previa a la población indígena cuando se está frente a medidas de índole administrativo o legislativo que generen o representen una afectación. En ese sentido, se dictó la sentencia nro. 2019-021297 de las 09:20 horas del 1 de noviembre de 2019, en la cual se estableció:

“IV.- Sobre la consulta a las comunidades indígenas y el Convenio 169 de la OIT. En criterio de este Tribunal Constitucional, siguiendo lo dispuesto en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado mediante Ley No. 7316, publicada en La Gaceta No. 234 de 4 de diciembre de 1992, debe garantizarse un mecanismo idóneo de participación de las comunidades indígenas en aquellos asuntos que inciden, directamente, sobre éstas. En efecto, el citado Convenio tiene como principio fundamental la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y tribales en todos los niveles de los procesos de toma de decisiones que les conciernen. La normativa en cuestión, en su artículo 4, exige a los gobiernos adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados. En varias oportunidades, la Sala ha reconocido la necesidad de tomar en consideración las características propias de los grupos indígenas que se mantienen en sus propios territorios, a la hora de interpretar y aplicar las distintas normas que conforman el ordenamiento jurídico. Así, nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos que se imponen a la conducta de todas las personas. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas. Por su parte, el artículo 6 del Convenio precitado establece en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;".  Con base en este precepto, cualquier medida legislativa o administrativa que sea susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados debe ser objeto de consulta con ellos. De acuerdo con la definición que hace el artículo 1 de la Ley Indígena, No. 6172 de 29 de noviembre de 1977, esa disposición es aplicable a los pobladores de las reservas indígenas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad (ver en similar sentido sentencias 2014-015855 de las nueve horas veinte minutos del veintiséis de setiembre de dos mil catorce y 2012-007613 de las nueve horas cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce, entre muchas otras).  Asimismo, el artículo 6.1 inciso b), de este cuerpo normativo establece en forma expresa, que al aplicar las disposiciones de su articulado, los gobiernos deben: “b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;”. Más, específicamente, en cuanto al tema de la comprensión en los procedimientos legales, el artículo 12 ibídem, dispone en forma expresa que: “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces Es menester recalcar que del marco del Convenio 169 de la OIT surge para los Estados signatarios, por un lado el compromiso de impulsar de una manera amplia, la promoción de las condiciones que permitan el desarrollo de los pueblos indígenas y tribales de un modo que se respete la diversidad étnica y cultural y se asegure los espacios de autonomía requeridos para ello y se desenvuelva en un marco de igualdad. Y por otro lado el deber de consulta previsto en el numeral 6.1 inciso a) anteriormente transcrito, en relación con las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a dichos pueblos. Sin dejar de lado que en este punto esa consulta previa constituye como procedimiento obligatorio en las específicas hipótesis arriba señaladas, por medio del cual se le otorga a los pueblos indígenas y tribales, una de las formas de participación democrática más claras (…)”. (el destacado no forma parte del original).

IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente manifiesta que la Defensoría de los Habitantes participó en el proceso de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036, en calidad de institución observadora activa e instancia consultiva y de acompañamiento técnico. Explica que para la formulación de la política en cuestión se realizó lo siguiente: en la sesión ordinaria CNNA 09-2020 del 28 de octubre de 2020, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia conoció y aprobó la “Propuesta para la actualización e integración de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia”, elaborada por la Secretaría Técnica de dicho órgano colegiado, la cual contempla la ruta a seguir para su implementación; en la sesión ordinaria CNNA 03-2021 del 24 de marzo de 2021 se aprobó la metodología de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 y en la sesión extraordinaria CNNA-05-2022 del 6 de abril de 2022 se aprobó el documento “Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Costa Rica 2021”, que constituye el principal insumo diagnóstico de esta política. Expone que a través del Decreto Ejecutivo nro. 43515-MP-MNA, el Poder Ejecutivo declaró de interés público y nacional la formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036. Agrega que el 25 de noviembre de 2021 se acordó que el Consejo recurrido, a través del Patronato Nacional de la Infancia, haría una consulta nacional en territorios indígenas, la cual fue recomendada dentro del proceso de formulación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036; sin embargo, reclama que mediante el oficio PANI-PE-OF-0786-2023 del 23 de mayo de 2023, la señora Gloriana López Fuscaldo, en su condición de Ministra de la Niñez y la Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del PANI solicitó valorar el cierre técnico del proceso de consulta de niñez y adolescencia indígena en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, por cuanto dicha consulta se realizaría en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas. Reprocha que por dicha solicitud se emitió la resolución DNRAC-UTCI N. 06-2023 del 23 de mayo de 2023, por medio de la cual se dispuso el cierre de archivo del expediente UTCI-21-2021 del proyecto “Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia”. Estima que lo anterior implica que los niños, niñas y adolescentes indígenas no pudieron ejercer su derecho a la participación plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño, derecho reforzado por el Convenio 169 de la OIT. Acusa que en la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del 24 de octubre de 2024, el Consejo recurrido aprobó abordar la consulta y los asuntos relativos a la niñez y adolescencia indígena en el marco de elaboración de la Política Pública para Pueblos Indígena y en la sesión extraordinaria CNNA 02-2024 del 18 de abril de 2024, el Consejo accionado decidió no consignar en el documento de la Política la referencia a la consulta de menores indígenas, y en su lugar, incluir la intervención concreta en el primer plan de acción de la política referente a la consulta de niñez y adolescencia indígena, de cuyos resultados se desprenderán los compromisos y las intervenciones de las instituciones, a incluirse en el segundo plan de acción de esta política. Considera que el actuar de la autoridad recurrida violenta el derecho a la igual y no discriminación, al derecho a la supervivencia y desarrollo, así como al derecho a la participación de los menores indígenas según la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT. Solicita la intervención de la Sala para declarar que los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del 24 de octubre de 2023 y en la sesión extraordinaria del 18 de abril de 2024 son lesivos a los derechos fundamentales de la población tutelada.

Al respecto, en primer lugar, se debe advertir que en tesis de principio a este Tribunal no le corresponde fiscalizar el apropiado diseño de las políticas públicas por quien tiene competencia legal para su creación, así como tampoco corresponde por la vía sumaría del recurso de amparo determinar cual de las dos políticas debe utilizarse sea la Política Nacional de Niñez y Adolescencia o la Política Pública de Pueblos Indígenas. Sin embargo, en el caso concreto expuesto por la parte recurrente si puede ser objeto de análisis en esta jurisdicción especializada por discutirse el proceso de consulta previa. En ese sentido, resulta importante establecer que la ejecución de una política pública, o el ejercicio de una potestad legal, no puede dejar sin contenido un derecho o garantía constitucional, debido a ello, es necesario resaltar que la población indígena costarricense goza de una protección especial del Estado, la cual se dirige a preservar sus costumbres y tradiciones, debido a que de no hacerlo implicaría un abierto desconocimiento o retroceso irrazonable en la cobertura y medios para tutelar tales derechos y garantías.

Ahora bien, tal como se desarrolló en el considerando anterior el objeto del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas es reglamentar la obligación de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas administrativas, dentro de las cuales se comprenden las políticas públicas promovidas desde las instituciones públicas del Poder Ejecutivo. En la especie, la Política Pública de Pueblos Indígenas contempla los siguientes ejes: Institucionalidad democrática: Temas Aumento de los recursos públicos destinados a la niñez y la adolescencia. Fortalecimiento de la articulación y coordinación interinstitucional e intersectorial. Información en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Participación de los niños, niñas y adolescentes. Políticas nacionales que incluyan intervenciones específicas para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Creación de Políticas cantonales de la niñez y la adolescencia; b) Vida en familia y en comunidad: Temas Fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Condiciones de vida de calidad que favorezcan su bienestar y desarrollo integral. Combate a la pobreza. Promoción de alternativas de cuido. Promoción de la crianza positiva y respetuosa. Prevención de la violencia en los entornos familiares y comunitarios; c) Protección especial: Temas Personas adolescentes en los procesos penales juveniles y privadas de libertad. Protección a las personas adolescentes trabajadoras. Fortalecer la promoción, defensa y protección del derecho a la integridad física, psíquica y moral, a la privacidad, al honor y a la imagen. Trata de personas y la explotación sexual comercial. Personas adolescentes en los procesos penales juveniles y privadas de libertad. Protección de los derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio, LGTBIQ+, afrodescendientes, en consumo de sustancias psicoactivas, con discapacidad, en situación de calle. Desintitucionalización de las personas menores de edad; d) Salud: Temas Salud mental. Fortalecer las redes de apoyo en las familias, las instituciones y las comunidades. Consumo de sustancias psicoactivas y en edades cada vez más tempranas y de fácil acceso. Prácticas deportivas, recreativas y culturales. Desafíos y limitaciones para acceder a los servicios de salud. Derecho a la salud sexual y reproductiva; e) Educación: Temas Condiciones universales. Garantizar el acceso, la permanencia y éxito escolar. Educación digital. Educación para una cultura de paz. Educación sexual y relaciones afectivas. Educación ambiental. Educación financiera. Educación técnica, profesional y el desarrollo de habilidades blandas; f) Cultura, juego, recreación, deporte y actividad física: Temas Infraestructura y uso de instalaciones. Garantizar espacios seguros, inclusivos y sostenibles. Garantizar el derecho a la cultura, el juego, la recreación y el deporte mediante espacios, programas y actividades según grupos etarios. Considerar la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Asistencia y participación en actividades culturales, recreativas y deportivas sin distinción por su edad y en igualdad. Visibilizar tradiciones y valores autóctonos de los territorios y las poblaciones que habitan en el país; g) Ambiente: Temas Promover la participación activa de la familia y la comunidad en el cuido de la diversidad ambiental, procurando un modelo de respeto a la naturaleza y sus entornos. Ambiente limpio, saludable y sustentable. Promover un ambiente saludable, espacios verdes, ambientes sin residuos.

Desde este plano, una vez analizado el contenido de la política pública cuestionada se determina que contempla medidas especificas en las cuales surge la obligación de efectuar la consulta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Nótese que contempla diversos temas relacionados a la educación, a la cultura, a la protección especial vinculada con medidas para erradicar discriminación y promoción de la tolerancia, así como promover las tradiciones y valores autóctonos de los territorios y las poblaciones que habitan en el país. A partir de tales medidas consignadas dentro de la Política Pública de Pueblos Indígenas es que surge la obligación de efectuar la consulta por contemplar aspectos que tienen efecto directo en los derechos colectivos de los pueblos indígenas contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Es decir, en aplicación a lo desarrollado en el Considerando III se traduce que la política pública cuestionada sí podría generar una afectación en la población indígena, por lo que requiere obligatoriamente ser sometida a un proceso de consulta.

Ahora bien, del elenco de hechos probados se evidencia que, inicialmente, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia mediante la sesión ordinaria CNNA 09-2020 del 28 de octubre de 2020 dio inicio al proceso de formulación de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia, dentro de la cual se estableció el compromiso de consultar a la población menor de edad indígena, por tal motivo el Consejo recurrido buscó la asesoría de la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, quien se ha encargado de brindar diversos espacios de dialogo, asesoría y capacitación a partir de la aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Posteriormente, consta que dentro de la reformulación de la política cuestiona, se determinó que no contemplaba medidas administrativas específicas para la población menor de edad indígena, por ello se decidió desarrollar la Política Pública de Pueblos Indígenas. Nótese que existió el criterio técnico de la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, quien resolvió mediante la resolución DNRAC-UTCI N° 06-2023 del 23 de mayo de 2023, lo siguiente: “esta unidad después del análisis de la solicitud realizada por la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, la señora Gloriana López Fuscaldo, en el oficio PANI-PE-OF-0786-2023, en el cual indica: “valorar la pertinencia técnica para el cierre del proceso referente a la consulta de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 que se apertura por el Patronato Nacional de la Infancia ante la Unidad Técnica de Consulta Indígena, en tanto la consulta relacionada con las medidas administrativas en materia de niñez y adolescencia indígena se realizará en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas”, decide realizar el cierre de archivo al expediente UTCI21-2021 del proyecto “Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia” con el conocimiento de que la misma será incluida y abordada desde la consulta de la Política Pública a Pueblos Indígenas”. Por lo anterior, se verifica que en la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del 24 de octubre de 2023, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia acordó: “ARTÍCULO 07) APARTE 04) SE ACUERDA: 1. QUE LA CONSULTA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA INDÍGENA, ASÍ COMO A SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, EN TÉRMINOS DE POLÍTICA PÚBLICA, SERÁ ABORDADA DENTRO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PPPI) LIDERADA, ACTUALMENTE, POR EL VICEMINISTERIO DE PAZ. 2. EXPRESAR EL INTERÉS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE UNIR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE SE ESTABLEZCAN ESPACIOS DE CONSULTA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO CON SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, DE MANERA QUE, LOS ESPACIOS DE CONSULTA PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN DICHA POLÍTICA. 3. QUE, EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, EN SU ROL RECTOR EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SERÁ EL RESPONSABLE TÉCNICO DE ACOMPAÑAR AL VICEMINISTERIO DE PAZ, EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LA CONSULTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, ASÍ COMO A SUS PADRES, MADRES Y PERSONAS ENCARGADAS, EN ARTICULACIÓN CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA CONSULTA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PUEBLOS INDÍGENAS. 4. QUE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN ESTE CONSEJO CONTINUARÁN GARANTIZANDO ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, RESPETANDO SU CULTURALIDAD Y COSMOVISIÓN. 5. CONSIGNAR EL PRESENTE ACUERDO EN EL TEXTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024- 2036”.

 A partir de lo expuesto, si bien se determina que el 24 de octubre de 2023, la autoridad recurrida estableció el compromiso de efectuar la consulta a la niñes y la adolescencia indígena, así como a sus padres, madres y personas encargadas dentro del marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas, lo cierto del caso es que, para la fecha de interposición de este recurso, sea el 12 de julio de 2024, el proceso no había iniciado y ni siquiera se contaba con un panorama debidamente estructurado y cronológico para garantizar la consulta a los niños, niñas, adolescentes indígenas en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas.

Véase que fue a partir de la intervención de este Tribunal Constitucional con los requerimientos de las pruebas para mejor resolver que se informó por medio del oficio DVMP-382-10-2024 del 3 de octubre de 2024 que el proceso de consulta inició partir del 25 de octubre de 2024 con la Fase nro. 4 denominada “Intercambio de información”, la cual contempla: “el intercambio de información es un proceso recíproco entre todas las partes involucradas en un proceso de consulta determinado. El objetivo de esta etapa es que, los pueblos indígenas, reciban toda la información de calidad necesaria para tomar una decisión informada y que la contraparte interesada, posea información sobre el pueblo ·indígena y su cosmovisión, en particular, sobre el tema objeto de consulta. La contraparte interesada, debe brindar toda la información de calidad existente sobre la medida administrativa, proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo o proyecto privado que se esté consultando. La contraparte interesada debe someter información a los pueblos indígenas de la siguiente manera: a. Totalidad de la información (en idioma español) b. Versión resumida de la información (en español y en el idioma del pueblo indígena) c. Locución de la información y otros materiales didácticos. (en español y en el idioma del pueblo indígena) Los pueblos indígenas pueden transmitir toda aquella información de calidad sobre su cultura, que consideren de relevancia, para ampliar el conocimiento de la contraparte interesada. El intercambio se debe dar en ambas vías, a lo largo de todo el proceso. La información no debe entenderse como una entrega formal o única de materiales, sino que se trata de un proceso constante, que requiere de espacios de diálogo donde se presente la información ante espacios internos de decisión comunitaria y participativos, debidamente convocados o ante otro mecanismo tradicional propio, con intérpretes escogidos por el pueblo indígena y en espacios donde se permita la evacuación de dudas. No se omite manifestar que, los enlaces técnicos asignados por su representada fueron debidamente capacitados en el tema del Mecanismo General de Consulta Indígena por parte de la Unidad Técnica de Consulta Indígena. Es importante aclarar que la gestión de los talleres obedece a la especificidad y metodología solicitada por cada Territorio Indígena”. Consta que entre el 25 de octubre de 2024 y el 14 de diciembre de 2024 se efectuó un total de 10 talleres a niños, niñas, adolescentes y personas adultas indígenas, realizados en los territorios indígenas Térraba, Salitre, Nombre72510 y Ujarrás, participantes en la consulta de la Política Pública de Pueblos Indígenas. Aunado a ello, mediante el oficio DVMP-612-12-2024 del 17 de diciembre de 2024 se comunicó el cronograma actualizado con la reprogramación de los talleres de la siguiente forma: Fase 3: el 24 de enero de 2025 en el territorio Térraba; Fase 5: el 17 de enero de 2025 en el territorio Salitre; Fase 6: el 31 de enero de 2025 en el territorio Salitre; Fase 4: el 19 de enero de 2025 y el 26 de enero de 2025 en el territorio Rey Curré; Fase 6: el 23 de febrero de 2025 en el territorio Rey Curré; Fase 4: el 18 de enero de 2025, el 25 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2025 en el territorio Ujarrás; Fase 5: el 8 de febrero de 2025 en el territorio Ujarrás; Fase 6: el 22 de febrero de 2025 en el territorio Ujarrás; Fase 5: el 8 de febrero de 2025, el 12 de febrero de 2025, el 13 de febrero de 2025, el 14 de febrero de 2025, el 15 de febrero de 2025 y el 21 de febrero de 2025 en el territorio Boruca.

 Así las cosas, esta Sala considera que si bien la autoridad recurrida a efectuado acciones dirigidas a cumplir con el procedimiento de consulta, lo cierto es que no existe certeza de que se vaya a efectuar como se indicó, con el agravante de que la autoridad recurrida no aportó un cronograma completo en el cual se pudiera observar el procedimiento de consulta en los 24 territorios indígenas, así como tampoco el plan de acción completo que incluya todas las etapas según lo establece el artículo 26 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Nótese que una de las fases con mayor relevancia es la número 6, pues corresponde a la etapa de diálogo, negociación y acuerdos, en la cual las partes involucradas dialogan para que la contraparte interesada conozca la decisión y propuestas que el pueblo indígena elaboró en la etapa de Evaluación Interna. Lo anterior, con la finalidad de que puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los estándares pertinentes. Por consiguiente, atendiendo a las consideraciones expuestas en el Considerando III este Tribunal Constitucional debe intervenir para garantizar la consulta a los niños, niñas, adolescentes indígenas y sus familias de todos los territorios indígenas en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas bajo la efectiva aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso.        

V.- Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Kennly Garza Sánchez, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, o a quien ocupe ese cargo, que coordine lo pertinente y lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para que, en el plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se efectúe el proceso de consulta a los niños, niñas, adolescentes indígenas de todos los territorios indígenas en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas bajo la efectiva aplicación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas conforme a lo señalado en esta sentencia. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.-

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 2ADIK7OQ3WE61

EXPEDIENTE N° 24-019034-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:56:59.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Constitutional Chamber

Resolution No. 09107 - 2025

Resolution Date: March 25, 2025 at 11:15

Case File: 24-019034-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER


Relevance Indicators

Relevant ruling

Ruling with protected data, in accordance with current regulations


Content of Interest:

Strategic Topics: Economic, social, cultural, and environmental rights, Rights of minors, International instruments, Indigenous Peoples

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: MINORITIES

Subtopics:

MINORS..
INDIGENOUS.

Topic: EXECUTIVE BRANCH

Subtopics:

COMPLAINT.

009107-25. MINORITIES. EXECUTIVE BRANCH. IT IS ALLEGED THAT IN THE FORMULATION OF THE NATIONAL POLICY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS 2024-2036, CONSULTATION IN INDIGENOUS TERRITORIES WAS OMITTED. THE APPEAL IS GRANTED. THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IS ORDERED TO COORDINATE THE PERTINENT ACTIONS AND CARRY OUT ALL NECESSARY PROCEEDINGS SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWELVE MONTHS, THE CONSULTATION PROCESS WITH INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS FROM ALL INDIGENOUS TERRITORIES IS CONDUCTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES UNDER THE EFFECTIVE APPLICATION OF THE GENERAL CONSULTATION MECHANISM FOR INDIGENOUS PEOPLES IN ACCORDANCE WITH WHAT IS STATED IN THIS RULING. VCG04/2025


"(...) III.- Preliminary aspects. For the resolution of this process, it is important to conduct an analysis of the right to prior consultation of indigenous communities based on the provisions of Convention No. 169 of the International Labour Organization -approved through Law No. 7316, published in La Gaceta No. 234 of December 4, 1992- and the current regulations.


Article No. 6 of Convention No. 169 of the International Labour Organization establishes:


"Article 6


1. In applying the provisions of this Convention, governments shall:


a) Consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;


b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them;


c) establish means for the full development of these peoples' own institutions and initiatives, and in appropriate cases provide the resources necessary for this purpose.


2. The consultations carried out in application of this Convention shall be undertaken, in good faith and in a form appropriate to the circumstances, with the objective of achieving agreement or consent to the proposed measures."


Likewise, Article 7 of Convention No. 169 of the International Labour Organization provides:


"Article 7


1. The peoples concerned shall have the right to decide their own priorities for the process of development as it affects their lives, beliefs, institutions and spiritual well-being and the lands they occupy or otherwise use, and to exercise control, to the extent possible, over their own economic, social and cultural development. In addition, they shall participate in the formulation, implementation and evaluation of plans and programmes for national and regional development which may affect them directly.


2. The improvement of the conditions of life and work and levels of health and education of the peoples concerned, with their participation and co-operation, shall be a matter of priority in plans for the overall economic development of the areas they inhabit. Special projects for development of the areas in question shall also be so designed as to promote such improvement.


3. Governments shall ensure that, whenever appropriate, studies are carried out, in co-operation with the peoples concerned, to assess the social, spiritual, cultural and environmental impact on them of planned development activities. The results of these studies shall be considered as fundamental criteria for the implementation of these activities.


4. Governments shall take measures, in co-operation with the peoples concerned, to protect and preserve the environment of the territories they inhabit."


Based on such regulations, the commitment arises for signatory States to broadly promote conditions that allow for the development of indigenous and tribal peoples in a manner that respects ethnic and cultural diversity and ensures the spaces of autonomy required for this, all developed within a framework of equality. Hence arises the duty of consultation provided for in numeral 6.1 subsection a) transcribed above, prior to the issuance of administrative measures, such as public policies, executive decrees, and development projects likely to directly affect said peoples.


In light of the commitment adopted by the country upon ratifying the provisions of Article 6 of Convention No. 169 of the International Labour Organization, Executive Decree No. 40932-MP-MJP of March 6, 2018, was issued, published in Supplement No. 70 of the Official Gazette La Gaceta No. 59 of April 5, 2018, through which the Presidency of the Republic established the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples of Costa Rica (Mecanismo General de Consulta de los Pueblos Indígenas), with the aim of guaranteeing and safeguarding the rights of indigenous peoples, which may be affected by administrative or legislative decisions. From said regulatory body, it is worth highlighting the provisions of Articles 1, 2, 12, 13, 14, and 26:


"Article 1.- Purpose. The purpose of the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples is to regulate the obligation of the Executive Branch to consult indigenous peoples freely, priorly, and in an informed manner, through appropriate procedures and through their representative institutions, whenever administrative measures, bills promoted by the Executive Branch, or private projects are foreseen that are likely to affect them.


Article 2.- Definitions. The following definitions are derived from the applicable current regulatory framework:


(...)


g. Administrative measures. Comprises, among others, administrative acts, public policies, executive decrees (decretos ejecutivos), and development projects, promoted by public institutions of the Executive Branch (the highlighting does not belong to the original).


(...)


Article 12.- Characterization. Without prejudice to what the current regulatory framework establishes, the obligation to consult must incorporate, at least, the following characterizations:


a. Consultation is the right of indigenous peoples to be consulted. The consultation is exclusive to the indigenous peoples likely to be affected by the administrative measure, bill promoted by the Executive Branch, or private project. Indigenous peoples have the power to determine the internal rules governing membership in their people.


Protected by the principle of Good Faith, indigenous peoples must be part of the


consultation that may affect them. The manifestation of anticipated refusal to participate, by an indigenous people, shall be understood by the Government as a partial, non-absolute expression of the indigenous people's will and shall entail for itself the need to adopt all necessary good faith measures to open channels of dialogue; the foregoing, without prejudice to those manifestations of anticipated refusal that, being contemplated in international instruments, represent a total expression of the will of indigenous peoples.


b. The obligation to consult corresponds to the Government. The obligation to carry out consultation processes rests with the Government of the Republic. This obligation cannot be delegated to third parties or subjects of private law of any kind and, under no circumstances, represents the possibility of resorting to coercive measures to conduct the consultation. In the event of reluctance on the part of indigenous peoples to be part of a specific consultation, the Government must make use of all pertinent channels of dialogue to understand the reasons motivating the reluctance to participate, in order to undertake the necessary good faith measures for the proper conduct of the consultation.


c. Information. Consultation processes involve exchanges in good faith of all useful, pertinent, and timely information between the involved parties, during all stages of the process. The interested counterparty must transmit complete and culturally appropriate information for the indigenous peoples. In addition, indigenous peoples may transmit sufficient and necessary information so that the interested counterparty has a full understanding of indigenous culture. The information must have broad reach throughout the entire indigenous people and shall be accessible both in Spanish and in the language of the indigenous people, according to the agreements of the preparatory stage.


d. Public calls. Calls made for the informational and decision-making stages, within the consultation processes, must be public and of broad reach, using diverse forms and means of communication, as well as taking into account linguistic diversity, geographic factors, and the representative organizations of each indigenous people. The call shall be made with a prudential period that guarantees its wide dissemination; the call mechanisms shall be agreed upon between the Territorial Consultation Instance and the UTCI, in order to guarantee broad participation.


e. Public nature of the Consultation process. In compliance with the human right of access to public information, the following shall be information of public access and proactive publication: the consultation plan, the information exchanged between the involved parties, the agreements derived from the consultation, as well as all such information that during the process is considered opportune.


Article 13.- Specific measures to be consulted contained in international treaties.- All those specific administrative measures contained in Convention 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples shall be consulted, namely:


a. Exploration or exploitation of natural resources within the Territories (Art. 15 Convention 169);


b. Relocation or resettlement of indigenous peoples (Art. 16 of Convention 169);


c. Alienation of lands or transfer of rights over lands outside the community (Art. 17 of Convention 169);


d. Vocational training programs (Art. 22 of Convention 169);


e. Educational institutions and own means of education (Art. 27 of Convention 169);


f. Teaching of the indigenous language (Art. 28 of Convention 169)


Article 14.- Specific measures to be consulted contained in International Declarations.- Likewise, all those specific administrative measures contained in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples shall be consulted, namely:


a. Measures related to the adaptation of domestic legislation to the Declaration (Art. 38 of UNDRIP);


b. Measures related to combating prejudice, eliminating discrimination, and promoting tolerance (Art. 15 of UNDRIP)


c. Measures related to the labor exploitation of children (Art. 17 of UNDRIP)


d. Measures relating to redress, restitution, or just and equitable compensation for lands, territories, and resources that they have traditionally owned or otherwise occupied or used, and which have been confiscated, taken, occupied, used, or damaged. (Art. 28.1 of UNDRIP)


e. Measures tending to arrange for the storage or disposal of hazardous materials in the lands or territories of indigenous peoples. (Art. 29.2 of UNDRIP)


f. Measures related to the use of territories for military activities (Art. 30 of UNDRIP)


g. Measures related to the affectation of lands or territories and other resources, related to the development, utilization, or exploitation of mineral, water, or other resources.


h. Measures related to the rights of Transboundary Indigenous Peoples (Art. 36 of UNDRIP).


Without prejudice to the measures previously listed, all those administrative measures or private projects that have the effect of affecting the collective rights of indigenous peoples contained in Convention 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples shall be consulted, as well as all those indicated through rulings of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice or of the Inter-American Court of Human Rights.


Article 26.- Stages of the consultation procedure. The consultation procedure for Indigenous Peoples consists of eight preclusive stages, namely:


a. Request for consultation;


b. Admissibility of the consultation request;


c. Preparatory agreements for the consultation;


d. Exchange of information;


e. Internal evaluation of the indigenous people;


f. Dialogue, negotiation, and agreements;


g. Finalization of the Consultation process;


h. Compliance and monitoring of the agreements."


Thus, this Constitutional Court, following the stipulations in ordinal 6.1.a of Convention No. 169 of the International Labour Organization (ILO) concerning Indigenous and Tribal Peoples, has referred to the importance of conducting a prior consultation with the indigenous population when faced with measures of an administrative or legislative nature that generate or represent an affectation. In that sense, ruling No. 2019-021297 of 09:20 hours on November 1, 2019, was issued, which established:


"IV.- On the consultation of indigenous communities and Convention 169 of the ILO. In the opinion of this Constitutional Court, following the provisions of Convention No. 169 of the International Labour Organization, approved through Law No. 7316, published in La Gaceta No. 234 of December 4, 1992, a suitable mechanism for the participation of indigenous communities in those matters that directly affect them must be guaranteed. Indeed, the aforementioned Convention has as its fundamental principle the full and effective participation of indigenous and tribal peoples at all levels of the decision-making processes that concern them. The regulation in question, in its Article 4, requires governments to adopt the special measures needed to safeguard the persons, institutions, property, labour, culture, and environment of the peoples concerned. On several occasions, the Chamber has recognized the need to take into consideration the specific characteristics of indigenous groups that remain in their own territories when interpreting and applying the various rules that make up the legal system. Thus, our Political Constitution must be interpreted and applied in a way that permits and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities that inhabit Costa Rica, without other limits than the same human rights that govern the conduct of all persons. In the same way, the clauses of international instruments and common legislation must be developed when applied to indigenous peoples. For its part, Article 6 of the cited Convention establishes, in what is relevant, the following: 'Article 6. 1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: a) Consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;'. Based on this precept, any legislative or administrative measure that is likely to directly affect the peoples concerned must be subject to consultation with them. According to the definition made by Article 1 of the Indigenous Law, No. 6172 of November 29, 1977, this provision is applicable to the inhabitants of the indigenous reserves that constitute ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and that preserve their own identity (see in a similar sense rulings 2014-015855 of nine hours twenty minutes on September twenty-six, two thousand fourteen and 2012-007613 of nine hours five minutes on June eight, two thousand twelve, among many others). Likewise, Article 6.1 subsection b), of this regulatory body expressly establishes that, in applying the provisions of its articles, governments must: 'b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them;'. More specifically, regarding the issue of comprehension in legal proceedings, Article 12 ibid., expressly provides that: 'The peoples concerned shall be safeguarded against the abuse of their rights and shall be able to take legal proceedings, either individually or through their representative bodies, for the effective protection of these rights. Measures shall be taken to ensure that members of these peoples can understand and be understood in legal proceedings, where necessary through the provision of interpretation or by other effective means.' It is necessary to emphasize that from the framework of Convention 169 of the ILO arises for the signatory States, on the one hand, the commitment to broadly promote the conditions that allow for the development of indigenous and tribal peoples in a manner that respects ethnic and cultural diversity and ensures the spaces of autonomy required for this, all developed within a framework of equality. And, on the other hand, the duty of consultation provided for in numeral 6.1 subsection a) transcribed above, in relation to legislative or administrative measures likely to directly affect said peoples. Without forgetting that at this point, that prior consultation constitutes a mandatory procedure in the specific hypotheses indicated above, through which one of the clearest forms of democratic participation is granted to indigenous and tribal peoples (...)". (the highlighting is not part of the original).


IV.- On the specific case. In the sub lite, the appellant states that the Ombudsman's Office participated in the formulation process of the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036, as an active observer institution and consultative body offering technical support. She explains that for the formulation of the policy in question, the following was carried out: in regular session CNNA 09-2020 of October 28, 2020, the National Council for Children and Adolescents (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia) heard and approved the "Proposal for the updating and integration of public policies on childhood and adolescence," prepared by the Technical Secretariat of said collegiate body, which sets out the path to follow for its implementation; in regular session CNNA 03-2021 of March 24, 2021, the methodology for formulating the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 was approved, and in extraordinary session CNNA-05-2022 of April 6, 2022, the document "State of Children's and Adolescents' Rights, Costa Rica 2021," which constitutes the main diagnostic input for this policy, was approved. She states that through Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 43515-MP-MNA, the Executive Branch declared the formulation of the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 to be of public and national interest. She adds that on November 25, 2021, it was agreed that the respondent Council, through the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia, PANI), would conduct a national consultation in indigenous territories, which was recommended within the formulation process of the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036; however, she claims that through official letter PANI-PE-OF-0786-2023 of May 23, 2023, Ms. Gloriana López Fuscaldo, in her capacity as Minister of Children and Adolescents and Executive President of PANI, requested that the technical closure of the consultation process for indigenous children and adolescents within the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 be considered, since said consultation would be carried out within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples. She reproaches that due to said request, resolution DNRAC-UTCI No. 06-2023 of May 23, 2023, was issued, through which the closure of the archive of case file UTCI-21-2021 for the project "National Policy for Children and Adolescents" was ordered. She considers that the foregoing implies that indigenous children and adolescents could not exercise their right to participation enshrined in the Convention on the Rights of the Child, a right reinforced by Convention 169 of the ILO. She accuses that in regular session CNNA 03-2023 of October 24, 2024, the respondent Council approved addressing the consultation and matters related to indigenous children and adolescents within the framework of the elaboration of the Public Policy for Indigenous Peoples, and in extraordinary session CNNA 02-2024 of April 18, 2024, the respondent Council decided not to include in the Policy document the reference to the consultation of indigenous minors, and instead, to include concrete intervention in the first action plan of the policy regarding the consultation of indigenous children and adolescents, from whose results the commitments and interventions of the institutions will emerge, to be included in the second action plan of this policy. She considers that the actions of the respondent authority violate the right to equality and non-discrimination, the right to survival and development, as well as the right to participation of indigenous minors according to the Convention on the Rights of the Child and Convention 169 of the ILO. She requests the intervention of the Chamber to declare that the agreements adopted in the regular session of October 24, 2023, and in the extraordinary session of April 18, 2024, are harmful to the fundamental rights of the protected population.


In this regard, firstly, it must be noted that, as a matter of principle, it is not for this Court to oversee the appropriate design of public policies by those who have the legal competence for their creation, just as it is not appropriate through the summary avenue of the amparo appeal to determine which of the two policies should be used, whether the National Policy for Children and Adolescents or the Public Policy for Indigenous Peoples. However, in the specific case presented by the appellant, it can indeed be subject to analysis in this specialized jurisdiction because the prior consultation process is being disputed. In that sense, it is important to establish that the execution of a public policy, or the exercise of a legal power, cannot render a constitutional right or guarantee meaningless; due to this, it is necessary to highlight that the Costa Rican indigenous population enjoys special protection from the State, which is aimed at preserving its customs and traditions, because not doing so would imply an overt disregard or unreasonable setback in the coverage and means to protect such rights and guarantees.


Now then, as developed in the preceding whereas clause, the purpose of the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples is to regulate the obligation to consult indigenous peoples freely, priorly, and in an informed manner, through appropriate procedures, whenever administrative measures are foreseen, within which public policies promoted by public institutions of the Executive Branch are included. In the instant case, the Public Policy for Indigenous Peoples contemplates the following axes: a) Democratic institutionality: Topics Increase in public resources allocated to children and adolescents. Strengthening of inter-institutional and inter-sectoral articulation and coordination. Information regarding the rights of children and adolescents. Participation of children and adolescents. National policies that include specific interventions for the guarantee of the rights of children and adolescents. Creation of cantonal policies for children and adolescents; b) Family and community life: Topics Strengthening of the National Network for Childcare and Development. Quality living conditions that favor their well-being and integral development. Combating poverty. Promotion of care alternatives. Promotion of positive and respectful parenting. Prevention of violence in family and community environments; c) Special protection: Topics Adolescents in juvenile criminal proceedings and deprived of liberty. Protection of adolescent workers. Strengthen the promotion, defense, and protection of the right to physical, psychological, and moral integrity, to privacy, to honor, and to image. Human trafficking and commercial sexual exploitation. Adolescents in juvenile criminal proceedings and deprived of liberty. Protection of the rights of migrant persons, refugees, asylum seekers, LGTBIQ+, Afro-descendants, users of psychoactive substances, persons with disabilities, persons living on the street. Deinstitutionalization of minors; d) Health: Topics Mental health. Strengthen support networks in families, institutions, and communities. Consumption of psychoactive substances at increasingly younger ages and easy access. Sports, recreational, and cultural practices. Challenges and limitations in accessing health services. Right to sexual and reproductive health; e) Education: Topics Universal conditions. Guarantee access, permanence, and school success. Digital education. Education for a culture of peace. Sexual education and affective relationships. Environmental education. Financial education. Technical, professional education and the development of soft skills; f) Culture, play, recreation, sport, and physical activity: Topics Infrastructure and use of facilities. Guarantee safe, inclusive, and sustainable spaces. Guarantee the right to culture, play, recreation, and sport through spaces, programs, and activities according to age groups. Consider the opinion of children and adolescents. Assistance and participation in cultural, recreational, and sports activities without distinction based on age and in equality. Make visible the autochthonous traditions and values of the territories and populations that inhabit the country; g) Environment: Topics Promote the active participation of the family and the community in the care of environmental diversity, seeking a model of respect for nature and its environments. Clean, healthy, and sustainable environment. Promote a healthy environment, green spaces, waste-free environments.


From this standpoint, once the content of the questioned public policy has been analyzed, it is determined that it contemplates specific measures in which the obligation to carry out the consultation arises in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples. Note that it contemplates various topics related to education, culture, special protection linked to measures to eradicate discrimination and promotion of tolerance, as well as promoting the autochthonous traditions and values of the territories and populations that inhabit the country. It is from such measures set forth within the Public Policy for Indigenous Peoples that the obligation to carry out the consultation arises, as it contemplates aspects that have a direct effect on the collective rights of indigenous peoples contained in Convention 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples.

That is to say, in application of what was developed in Considerando III, it follows that the challenged public policy could indeed generate an impact on the indigenous population, and therefore it must necessarily be subjected to a consultation process.

Now, from the list of proven facts, it is evident that, initially, the National Council for Children and Adolescents, through ordinary session CNNA 09-2020 of October 28, 2020, began the process of formulating the National Policy for Children and Adolescents, within which the commitment to consult the indigenous minor population was established. For this reason, the respondent Council sought the advice of the Indigenous Consultation Technical Unit of the Ministry of Justice and Peace, which has been responsible for providing various spaces for dialogue, advice, and training based on the application of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples. Subsequently, it is recorded that within the reformulation of the challenged policy, it was determined that it did not include specific administrative measures for the indigenous minor population; therefore, it was decided to develop the Public Policy for Indigenous Peoples. Note that there was a technical opinion from the Indigenous Consultation Technical Unit of the Ministry of Justice and Peace, which resolved through resolution DNRAC-UTCI N° 06-2023 of May 23, 2023, the following: "this unit, after analyzing the request made by the Minister for Children and Adolescents, Ms. Gloriana López Fuscaldo, in official letter PANI-PE-OF-0786-2023, which states: 'assess the technical pertinence for the closure of the process regarding the consultation of the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 that was opened by the National Children's Trust before the Indigenous Consultation Technical Unit, insofar as the consultation related to administrative measures regarding indigenous children and adolescents will be carried out within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples,' decides to close the file of project 'National Policy for Children and Adolescents,' UTCI21-2021, with the knowledge that it will be included and addressed within the consultation of the Public Policy for Indigenous Peoples." Therefore, it is verified that in ordinary session CNNA 03-2023 of October 24, 2023, the National Council for Children and Adolescents agreed: "ARTICLE 07) APART 04) IT IS AGREED: 1. THAT THE CONSULTATION OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, IN TERMS OF PUBLIC POLICY, WILL BE ADDRESSED WITHIN THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES (PPPI), CURRENTLY LED BY THE VICE-MINISTRY OF PEACE. 2. TO EXPRESS THE INTEREST OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN JOINING INTERINSTITUTIONAL EFFORTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES, WITH THE PURPOSE OF ESTABLISHING CONSULTATION SPACES WITH INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, SO THAT THE CONSULTATION SPACES ALLOW THE INCORPORATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS INTO SAID POLICY. 3. THAT THE NATIONAL CHILDREN'S TRUST, IN ITS RECTOR ROLE ON CHILDREN'S AND ADOLESCENTS' RIGHTS, WILL BE THE TECHNICAL ENTITY RESPONSIBLE FOR ACCOMPANYING THE VICE-MINISTRY OF PEACE IN THE EXECUTION OF THE CONSULTATION PROCESS FOR INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, IN CONJUNCTION WITH THE OTHER PUBLIC INSTITUTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONSULTATION FOR THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES. 4. THAT THE INSTITUTIONS THAT MAKE UP THIS COUNCIL WILL CONTINUE TO GUARANTEE ACTIONS FOR THE PROMOTION, CARE, PROTECTION, AND DEFENSE OF THE RIGHTS OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, RESPECTING THEIR CULTURALITY AND WORLDVIEW. 5. TO RECORD THIS AGREEMENT IN THE TEXT OF THE NATIONAL POLICY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS 2024-2036."

Based on the foregoing, although it is determined that on October 24, 2023, the respondent authority established the commitment to carry out the consultation of indigenous children and adolescents, as well as their fathers, mothers, and guardians within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples, the truth of the matter is that, by the date this appeal was filed, namely July 12, 2024, the process had not begun, and there was not even a properly structured and chronological overview to guarantee the consultation of indigenous children and adolescents within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples.

Observe that it was only after the intervention of this Constitutional Court with requests for evidence for a better resolution that it was reported, through official letter DVMP-382-10-2024 of October 3, 2024, that the consultation process began on October 25, 2024, with Phase No. 4 called "Exchange of Information," which includes: "the exchange of information is a reciprocal process among all parties involved in a given consultation process. The objective of this stage is for the indigenous peoples to receive all the quality information necessary to make an informed decision, and for the interested counterparty to possess information about the indigenous people and their worldview, particularly on the subject matter of the consultation. The interested counterparty must provide all existing quality information on the administrative measure, draft law promoted by the Executive Branch, or private project being consulted. The interested counterparty must submit information to the indigenous peoples in the following manner: a. Complete information (in the Spanish language) b. Summarized version of the information (in Spanish and in the language of the indigenous people) c. Verbal presentation of the information and other didactic materials (in Spanish and in the language of the indigenous people). Indigenous peoples may transmit all that quality information about their culture that they consider relevant, to broaden the knowledge of the interested counterparty. The exchange must occur in both directions, throughout the entire process. The information should not be understood as a formal or one-time delivery of materials, but rather as a constant process that requires spaces for dialogue where the information is presented before internal, duly convened, community decision-making and participatory spaces, or before another traditional mechanism of their own, with interpreters chosen by the indigenous people and in spaces where questions can be addressed. It is not omitted to state that the technical liaisons assigned by your represented institution were duly trained on the subject of the General Mechanism for Indigenous Consultation by the Indigenous Consultation Technical Unit. It is important to clarify that the management of the workshops follows the specificity and methodology requested by each Indigenous Territory." It is recorded that between October 25, 2024, and December 14, 2024, a total of 10 workshops were held for indigenous children, adolescents, and adults, conducted in the indigenous territories of Térraba, Salitre, Rey Curré, and Ujarrás, participants in the consultation of the Public Policy for Indigenous Peoples. In addition, through official letter DVMP-612-12-2024 of December 17, 2024, the updated schedule with the rescheduling of the workshops was communicated as follows: Phase 3: on January 24, 2025, in the territory of Térraba; Phase 5: on January 17, 2025, in the territory of Salitre; Phase 6: on January 31, 2025, in the territory of Salitre; Phase 4: on January 19, 2025, and January 26, 2025, in the territory of Rey Curré; Phase 6: on February 23, 2025, in the territory of Rey Curré; Phase 4: on January 18, 2025, January 25, 2025, and February 1, 2025, in the territory of Ujarrás; Phase 5: on February 8, 2025, in the territory of Ujarrás; Phase 6: on February 22, 2025, in the territory of Ujarrás; Phase 5: on February 8, 2025, February 12, 2025, February 13, 2025, February 14, 2025, February 15, 2025, and February 21, 2025, in the territory of Boruca.

Thus, this Chamber considers that although the respondent authority has taken actions aimed at complying with the consultation procedure, the truth is that there is no certainty that it will be carried out as indicated, with the aggravating factor that the respondent authority did not provide a complete schedule in which the consultation procedure in the 24 indigenous territories could be observed, nor did it provide the complete action plan that includes all the stages as established by Article 26 of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples. Note that one of the most important phases is number 6, since it corresponds to the stage of dialogue, negotiation, and agreements, in which the involved parties dialogue so that the interested counterparty learns of the decision and proposals that the indigenous people developed in the Internal Deliberation stage. The foregoing, so that they can truly participate and influence the decision-making process, in accordance with the relevant standards. Consequently, based on the considerations set forth in Considerando III, this Constitutional Court must intervene to guarantee the consultation of indigenous children, adolescents, and their families from all indigenous territories within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples under the effective application of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples. Therefore, the appropriate course is to grant the appeal. (...)"

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Text of the resolution

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Exp: 24-019034-0007-CO

Res. Nº 2025009107

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours fifteen minutes on the twenty-fifth of March two thousand twenty-five.

Amparo appeal filed by Nombre105770, identity card CED59404, in her capacity as the Ombudsperson of the Inhabitants of Costa Rica, on behalf of THE POPULATION OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, against the NATIONAL COUNCIL FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS.

Whereas:

1.- By document received at the Secretariat of the Chamber on July 12, 2024, the appellant files an amparo appeal against the National Council for Children and Adolescents. She states that, since November 15, 2021, the National Children's Trust (PANI) requested from the Indigenous Consultation Technical Unit (UTCI) of the National Directorate for Alternative Conflict Resolution (DNARAC) an advisory space to proceed with the consultation of the indigenous minor population in the formulation of the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036. In a virtual meeting on November 25, 2021, the UTCI recommended conducting a national consultation in indigenous territories, agreeing that PANI would conduct the consultation with the support of the UTCI. She relates that between November 25, 2021, and June 16, 2022, several advisory meetings were held between PANI and the UTCI; subsequently, on September 5, 2022, the then Minister for Children and Adolescents formally requested the UTCI's admissibility consideration to carry out the consultation of minors from the 24 indigenous territories. The UTCI responded on October 7, 2022, requesting clarifications and, after receiving the additional information, issued resolution DNRAC-UTCI-09-2022 on December 20, 2022, recommending the implementation of the consultation process according to Decree N°40932-MP-MJP. She narrates that on November 2, 2022, the Presidency of the Republic requested the ministers and executive presidencies of public institutions to integrate their public policy efforts that could affect the indigenous population into a single instrument coordinated by the Interinstitutional Technical Roundtable on Indigenous Affairs. In response, PANI expressed its interest in joining interinstitutional efforts to provide consultation spaces for the indigenous minor population. Subsequently, on May 3, 2023, the Minister for Children and Adolescents requested the UTCI to assess the technical closure of the consultation process proposed by PANI, indicating that the consultation would be carried out within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples. She describes that the UTCI then issued resolution DNRAC-UTCI N. 06-2023 of May 23, 2023, closing the file UTCI-21-2021 for the project "National Policy for Children and Adolescents," which she argues prevented the participation of indigenous minors. She states that on June 2, 2023, the Ombudsperson's Office raised concerns about the omission of the consultation and the non-inclusion of affirmative actions for the indigenous minor population in the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036. In response, PANI explained that the indigenous minor population would be addressed in the Public Policy for Indigenous Peoples, whose formulation was the responsibility of the Vice-Ministry of Peace. She expresses that in ordinary session CNNA 03-2023 of October 24, 2023, the National Council for Children and Adolescents decided to address the consultation of indigenous children within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples, a decision that was criticized on the grounds that it could constitute an act of discrimination against this population. The National Commission for Indigenous Affairs requested on November 12, 2023, not to approve the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 without conducting the consultation of Indigenous Peoples, underscoring the violation of international treaties. Finally, in the extraordinary session CNNA 02-2024 of April 18, 2024, the National Council for Children and Adolescents decided not to include in the Policy document the reference to the consultation of indigenous minors, and instead, to include the specific intervention in the first action plan of the policy regarding the consultation of indigenous children and adolescents, from whose results the commitments and interventions of the institutions will be derived, to be included in the second action plan of this policy. The appellant points out that this exclusion constitutes discrimination because more than 4,000 people were made invisible, their concerns and aspirations were not considered, violating the right to equality and non-discrimination, the right to survival and development, as well as the right to participation of indigenous minors according to the Convention on the Rights of the Child and ILO Convention 169. She requests that the agreements of the National Council for Children and Adolescents be declared in violation, and instead, order the immediate implementation of the consultation process for the children and adolescents of the 24 indigenous territories, and guarantee the incorporation of their needs and aspirations in the National Policy for Children and Adolescents and in its action plans.

2.- By resolution at 11:08 a.m. on July 17, 2024, this process was admitted, and a report was requested from the President of the National Council for Children and Adolescents (attached to the Presidency of the Republic) regarding the facts alleged by the appellant.

3.- By document incorporated into the digital file on July 23, 2024, Kennly Garza Sánchez, in her capacity as President of the National Council for Children and Adolescents, reports under oath that

"The National Council for Children and Adolescents (CNNA), as a space for deliberation, consensus, and coordination between the Executive Branch, the decentralized state institutions, and community representative organizations, related to children's and adolescent's affairs, in accordance with its competence to ensure that the formulation and execution of public policies conform to the policy of comprehensive protection of the rights of minors, established in Article 170 of the Code of Children and Adolescents, and, in accordance with the functions indicated in Article 171 of that same Code, coordinated the formulation process of the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 (PNNA 2024-2036), approved by this collegiate body in its session CNNA 02-2024 of April 18, 2024, and formalized through Executive Decree N° 44445-MP, published in La Gaceta N°86 on May 15, 2024. The PNNA 2024-2036 constitutes the guiding framework for the State's public interventions aimed at the promotion, defense, and guarantee of the rights of children and adolescents for the next thirteen years, the result of a participatory formulation process with minors at the center of the process, academia, civil society, institutions, at each of its stages. This policy constitutes an instrument for interinstitutional and intersectoral articulation and coordination for the strategic approach to the main obstacles to the full exercise of the rights of children and adolescents, and its scope is focused on the universality of human rights. Its objective is oriented towards guaranteeing the full exercise of the rights of minors in a more just and equitable society, in pursuit of their well-being and comprehensive development, and it aspires that, progressively, by the year 2036, minors as subjects of rights shall be leading actors in their own lives, in the different spheres in which they develop, family, community, and institutionality. The PNNA 2024-2036 incorporates its first Action Plan 2024-2030, which establishes 236 institutional commitments acquired by more than 30 institutions for the guarantee of the full exercise of the rights of children and adolescents. This policy does not include specific administrative measures for the indigenous minor population, as these will be contained in the Public Policy for Indigenous Peoples, whose formulation is underway and is developed in accordance with the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples. Next, the actions of the National Council for Children and Adolescents in the formulation of the PNNA 2024-2036 and the actions carried out to guarantee the participation of indigenous minors and their families in the definition of public interventions aimed at the promotion, care, protection, and defense of their rights, respecting their culturality and worldview, are detailed: On October 28, 2020, the CNNA, through the agreement Article 005) Apart 01 of ordinary session CNNA 09-2020, initiated the formulation process for the National Policy for Children and Adolescents, due to the imminent expiration of the National Policy for Children and Adolescents 2009-2021: ARTICLE 005) APART 01) HAVING HEARD THE PRESENTATION OF THE PROPOSAL FOR THE UPDATING AND INTEGRATION OF PUBLIC POLICIES ON CHILDREN AND ADOLESCENTS, MADE BY THE TECHNICAL SECRETARIAT OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS, WHICH INCLUDES A PROCESS OF REFORMULATING THE NATIONAL POLICY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS 2009-2021 AND ITS ROUTE FOR IMPLEMENTATION, WITH A VIEW TO THE FORMULATION OF THE NATIONAL POLICY 2022-2030, IT IS AGREED: 1. TO APPROVE THE REFORMULATION PROCESS OF THE NATIONAL POLICY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS 2009-2021 AND ITS ROUTE FOR IMPLEMENTATION, CONTAINED IN THE PROPOSAL FOR THE UPDATING AND INTEGRATION OF PUBLIC POLICIES ON CHILDREN AND ADOLESCENTS, PREPARED BY THE TECHNICAL SECRETARIAT OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS. 2. TO AUTHORIZE MS. GLADYS JIMÉNEZ ARIAS, PRESIDENT OF THIS COLLEGIATE BODY, AND THE TECHNICAL SECRETARIAT OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS TO TAKE THE NECESSARY STEPS TO LAUNCH THIS PROCESS. 3. TO REQUEST SUPPORT AND TECHNICAL ACCOMPANIMENT FROM THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) FOR THE DEVELOPMENT OF THE REFORMULATION PROCESS OF THE NATIONAL POLICY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS 2009-2021. 4. TO INCLUDE ALL THE OBSERVATIONS RAISED IN THE DISCUSSION ON THIS TOPIC RELATED TO GENDER MAINSTREAMING, INTRODUCING THE GENDER PERSPECTIVE IN THE CONSTRUCTION OF THE PUBLIC POLICY, SO THAT THE VARIOUS PUBLIC POLICIES CAN BE PROPERLY LINKED TO THIS NEW POLICY TO BE CONSTRUCTED. ADDITIONALLY, THAT MINORS BE THE CENTER OF THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC POLICY AND BE PARTICIPANTS IN THE ENTIRE PROCESS, TO CONSIDER THE INTERSECTIONALITIES THAT CROSS THROUGH THE MINOR POPULATION AND THAT CAN INFLUENCE INEQUALITIES AND DISCRIMINATIONS, AMONG THEM, GENDER, ETHNICITY, INDIGENOUS PEOPLES, PERSONS WITH DISABILITIES, AFRO-DESCENDANTS, LGBTIQ+ POPULATION, AND OTHERS. 5. TO DISSEMINATE THE POLICY AND ITS IMPLEMENTATION, FOLLOW-UP, AND EVALUATION, AS WELL AS TO CONSIDER THE STATUS OF THE CHILDREN AND ADOLESCENTS INDICATORS, AND DEFINE MONITORING INDICATORS FOR THE POLICY, VITAL TO CONSIDER THE CURRENT INSTITUTIONAL INFORMATION SYSTEMS AND IN REAL TIME TO INCLUDE NEW VARIABLES OR MODIFY EXISTING ONES. 6. TO INCORPORATE IN THE CONSULTATION AND PARTICIPATION STAGES, THE STUDENTS WHO FORM PART OF THE STUDENT DIALOGUE ROUNDTABLES OF THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION AND THE OMBUDSPERSON'S OFFICE AS AN OBSERVER OF THE CONSULTATION, EVALUATION, AND PARTICIPATION PROCESS. (The underlining is not from the original) In ordinary session CNNA 03-2021 of March 24, 2021, the National Council for Children and Adolescents, through agreement Article 06) Apart 01), approved the Methodology for the formulation of the new National Policy for Children and Adolescents, which established that in the diagnostic phase, the situations that require comprehensive attention, to be oriented or redesigned, directly linked to the rights of children and adolescents and persons in vulnerable conditions, must be recognized, such as persons with disabilities, indigenous persons, rural children and adolescents, minors with HIV, migrants, refugees and asylum seekers, persons in street situations, adolescent workers, consumers of psychoactive substances, victims of trafficking, smuggling, and exploitation, afro-descendants, LGBTIQ+, adolescent mothers or fathers, persons deprived of liberty, persons in alternative care, persons from religious groups, and other persons in situations of violence or at risk of facing the violation of their rights due to structural and contextual causes related to inequality and inequitable distribution of wealth, unemployment, among others. Specifically, regarding the consultation of indigenous minors living within the territory, as is evident, from the beginning of the PNNA 2024-2036 formulation process, the commitment to consult the indigenous minor population was established, and for this, it was analyzed, and multiple actions were taken to establish the most culturally appropriate procedure to carry out the consultation. Thus, on November 15, 2021, the advice of the Indigenous Consultation Technical Unit (UTCI) of the Ministry of Justice and Peace was requested regarding the consultation spaces with the indigenous minor population for this process, materializing in three dialogue and advisory spaces with that Technical Unit on dates November 25, 2021, March 21, 2022, and May 11, 2022, which led to the admissibility request to carry out the consultation of indigenous minors from the 24 indigenous territories by the National Children's Trust as the rector institution on children's and adolescents' rights, a request made through official letter PANI-PE-OF-2324-2022 of September 5, 2022. This request was reviewed by the UTCI, and, through official letter DNRAC-UTCI 50-2022, of October 7, 2022, it requested additional information, which was addressed in official letter PANI-PE-OF-2923-2022 of November 9, 2022. Based on this request, the UTCI, in resolution DNRAC-UTCI 09-2022 of December 20, 2022, resolves: FIRST. Following the above, according to Article 2, subsection c, it is the obligation of the Government of Costa Rica to consult, in good faith, indigenous peoples freely, prior and informedly, through culturally appropriate procedures and through their representative institutions, whenever administrative measures, draft laws promoted by the Executive Branch, as well as private projects, are foreseen that are likely to affect them. SECOND. The Indigenous Consultation Technical Unit emphasizes that the right to consultation goes beyond an end in itself, as it serves to guarantee the right to participation and safeguard all those rights of indigenous peoples that may be affected by administrative, private, or legislative decisions. THIRD. That according to Article 2, subsection e, a draft law, administrative measure, or private project is considered to affect the rights of indigenous peoples when it contains elements that may imply changes in their legal situation, in their collective rights, their way of life, culture, spirituality, and social dynamics. As well as measures that, without being strictly executed within indigenous territories, result in an impact on the collective and cultural rights of indigenous peoples. FOURTH. That according to Article 2, subsection g, in addition to what is provided in official letter PANIPE-OF-2324-2022 and official letter PANI-PE-OF 2913-2022 from the National Children's Trust, the project information presented for the new National Policy for Children and Adolescents comprises an administrative measure promoted by public institutions of the Executive Branch. FIFTH. That according to Article 4 of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, "it shall be mandatorily applicable to the Central Public Administration. Without prejudice to the principle of separation of powers enshrined in the Political Constitution and the regime of autonomy that corresponds in accordance with the relevant legal and constitutional provisions, the Legislative and Judicial Branches, the Supreme Electoral Tribunal, their dependencies and auxiliary bodies, municipalities, state universities, autonomous and semi-autonomous institutions, public enterprises, as well as private companies that manage public goods or execute public powers, may apply this regulation as a reference framework for their own rules." SIXTH. That, according to the Organic Law of the National Children's Trust, Law 7648, of December 9, 1996, in its Title I, Chapter I, On the nature and principles, Article 1. Nature, says: "The National Children's Trust is an autonomous institution with decentralized administration and its own budget." SEVENTH. That, in the Political Constitution, its Article 55 says: "The special protection of the mother and the minor shall be the responsibility of an autonomous institution called the National Children's Trust, with the collaboration of other state institutions." EIGHTH. According to Article 19, subsections d, f, and g, of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, the Indigenous Consultation Technical Unit has the competence to issue a technical opinion and approve consultation request processes; however, it does not have the power to approve the realization and/or execution of the project or administrative measure, since it corresponds to the indigenous persons members of each indigenous territory, through the steps of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, to make the decision and give their consent or not, on it (Article 22). NINTH. Therefore, the Indigenous Consultation Technical Unit (UTCI) issues a technical opinion that the new National Policy for Children and Adolescents, of the National Children's Trust, requires carrying out a consultation process respecting the right to consultation of Indigenous Peoples; therefore, it is recommended to apply the provisions of Decree N° 40932 - MP- MJP, as a reference framework for the new Policy. TENTH. Furthermore, it is encouraged to submit the formal consultation request to this unit, as this will allow for the creation of a space for intercultural dialogue, respecting the worldview, culture, identity, language, spirituality, and social dynamics of indigenous territories, promoting a culturally appropriate procedure and guaranteeing the right to consultation of indigenous peoples. Within the framework of the dialogue and advisory spaces with the UTCI, the PANI Technical Management informed its Regional Directorates, Local Office coordinations, and social promoters about this process and requested support for its execution (official letter PANI-GT-OF-0438 of March 24, 2022, Circular PANIGT-00045-2022 of April 6, 2022, Circular PANI-GT-0052-2022 of April 26, 2022). In addition, training on the application of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples was coordinated with the UTCI, which was carried out on June 20, 22, and 24, 2022, with the approximate participation of 37 officials from the PANI Regional Directorates and Local Offices.

On December 2, 2022, through official communication PR-DP-1293-2022 from the Office of the President, referencing official communication DVMP-MT-105-2022 from the Vice-Ministry of Peace, also dated December 2, 2022, the collaboration of Executive Branch institutions is requested to address, among other requests from the Vice-Ministry of Peace, the following: (…) It is requested that Executive Branch institutions and Autonomous Institutions that are building public policy that affects indigenous peoples, address the Inter-Institutional Technical Roundtable on Indigenous Affairs, with the purpose of integrating all efforts jointly in the consolidation of a single instrument with full participation of indigenous peoples. The aforementioned official communication DVMP-MT-105-2022 emphasizes that, (…) The focus of work with indigenous peoples represents a challenge for the comprehensive attention to these collective societies; thus, from the Technical Roundtable we have advanced in the design of a work route with full participation of indigenous peoples and that, in the first contacts, these have reaffirmed core elements for the achievement of their development as indigenous peoples. In this sense, the issue of legal security of indigenous territories and the construction of the Public Policy for Indigenous Peoples represent fundamental factors for comprehensively addressing the unsatisfied needs and demands of these peoples. With this preamble, I allow myself to state with total forcefulness the need to join efforts inter-institutionally, in this case for the Construction of the Indigenous Public Policy for which, in our case, we already have important progress regarding the consultation process as a right of indigenous peoples and as an obligation of the state and its governments. Our concern is that in our daily work we have learned that there are other Executive Branch institutions that are carrying out the construction of Public Policy in specific areas such as childhood and adolescence, sports, older adults, among others, whereas the Technical Roundtable promotes the construction of the Public Policy for the comprehensive attention of Indigenous Peoples in all its extension and dimension. In this way, clear, precise, and consistent attention from the Government of the Republic will be achieved, likewise saving resources given the known budgetary limitation. Therefore, and in order to comply with this aspiration on the part of indigenous peoples, it is essential that the Presidential Office issue instructions to all Executive Branch institutions and Autonomous Institutions that are building public policy that affects indigenous peoples, to address the Inter-Institutional Technical Roundtable, coordinated by this authority, with the purpose of integrating all efforts jointly in the consolidation of a single instrument with full participation of indigenous peoples. (…) By virtue of this request, a meeting was held between PANI and the Vice-Ministry of Peace, in order to learn about the formulation process of the Public Policy for Indigenous Peoples and the application of the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples. This is how official communication PANI-PE-OF-0367-2023 of March 3, 2023, addressed to the Vice-Ministry of Peace, is generated, through which PANI expresses its interest in joining inter-institutional efforts within the framework of the elaboration of the Public Policy for Indigenous Peoples, with the purpose of establishing consultation spaces with indigenous children and adolescents, as well as with their fathers, mothers, and guardians. So that these consultation spaces allow the application of the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples. On March 29, 2023, the Vice-Ministry of Peace, through official communication DVMP-MT-073-2023, reports that the Policy for Childhood and Adolescence will be included, within what is applicable, in the Public Policy for Indigenous Peoples. Thus, through official communication PANI-PE-OF-0786-2023 of May 3, 2023, the DINARAC Directorate and the UTCI, both of the Vice-Ministry of Peace, were informed about the actions taken in this regard and it is indicated: (…) I greatly appreciate your assessment of the technical pertinence for the closure of the process referring to the consultation of the National Policy for Childhood and Adolescence 2024-2036 that was opened by the National Child Welfare Agency before the Technical Unit for Indigenous Consultation, while the consultation related to administrative measures regarding indigenous childhood and adolescence will be carried out within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples. (underlining is not from the original) On May 23, 2023, the UTCI, through resolution DNRAC- UTCI N° 06-2023, resolves: That this unit, after analyzing the request made by the Minister of Childhood and Adolescence, Ms. Gloriana López Fuscaldo, in official communication PANI-PE-OF-0786-2023, in which she indicates: “to assess the technical pertinence for the closure of the process referring to the consultation of the National Policy for Childhood and Adolescence 2024-2036 that was opened by the National Child Welfare Agency before the Technical Unit for Indigenous Consultation, while the consultation related to administrative measures regarding indigenous childhood and adolescence will be carried out within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples,” decides to close the file for case file UTCI21-2021 of the project “National Policy for Childhood and Adolescence” with the understanding that it will be included and addressed within the consultation of the Public Policy for Indigenous Peoples. The CNNA, in ordinary session CNNA 03-2023 of October 24, 2023, analyzes the actions taken to guarantee the participation and consultation of indigenous minors and agrees: ARTICLE 07) SECTION 04) (...) IT IS AGREED: 1. THAT THE CONSULTATION OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, IN TERMS OF PUBLIC POLICY, WILL BE ADDRESSED WITHIN THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES (PPPI) LED, CURRENTLY, BY THE VICE-MINISTRY OF PEACE. 2. TO EXPRESS THE INTEREST OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE IN JOINING INTER-INSTITUTIONAL EFFORTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ELABORATION OF THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES, WITH THE PURPOSE OF ESTABLISHING CONSULTATION SPACES WITH INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS WITH THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, SO THAT THE CONSULTATION SPACES ALLOW THE INCORPORATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS INTO SAID POLICY. 3. THAT THE NATIONAL CHILD WELFARE AGENCY, IN ITS STEERING ROLE IN MATTERS OF CHILDHOOD AND ADOLESCENCE RIGHTS ON BEHALF OF THE CNNA, WILL BE THE TECHNICAL ENTITY RESPONSIBLE FOR ACCOMPANYING THE VICE-MINISTRY OF PEACE, IN THE EXECUTION OF THE CONSULTATION PROCESS FOR INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, IN COORDINATION WITH OTHER PUBLIC INSTITUTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONSULTATION FOR THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES. 4. THAT THE INSTITUTIONS THAT MAKE UP THIS COUNCIL WILL CONTINUE GUARANTEEING ACTIONS FOR THE PROMOTION, CARE, PROTECTION, AND DEFENSE OF THE RIGHTS OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, RESPECTING THEIR CULTURE AND COSMOVISION. 5. TO RECORD THIS AGREEMENT IN THE TEXT OF THE NATIONAL POLICY FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 2024-2036. (Point 5 of this agreement was repealed by Agreement Article 5) Section 01) of the extraordinary session CNNA 02-20224 of April 18, 2024). Through official communication DVMP-064-02-2024 of February 22, 2024, the Vice-Ministry of Peace, in response to official communication PANI-PE-OF-0169-2024 of January 26, 2024, informs PANI about the status of the consultation process for the Public Policy for Indigenous Peoples, stating that: The reactivation of the Consultation process for the Draft Public Policy for Indigenous Peoples will begin with a first group of Indigenous Territories comprising: Indigenous territory of Boruca, Térraba, Rey Curré, Ujarrás, Salitre, Cabagra in the canton of Buenos Aires, and China Kichá in the canton of Pérez Zeledón. The foregoing, for budgetary reasons and limited human talent directed solely at addressing the aforementioned process. It is important to note that the first phase, which includes the cited Indigenous Territories, covers the fourth through the eighth stages of the general consultation procedure, as developed in Article 26 of the General Indigenous Consultation Mechanism. (…) However, in parallel, with the intention of advancing the process, training will be provided to professional liaisons regarding the General Indigenous Consultation Mechanism, which will be delivered by the Technical Unit for Indigenous Consultation. For this purpose, I most respectfully request the referral by the institution you represent of 02 professional liaisons. One person will act as a liaison with the Vice-Ministry of Peace (who will have a technical role in the matter or consultation plan per institution), and the second person will be a liaison with the Technical Unit for Indigenous Consultation, which will serve as logistical and follow-up support. PANI, through official communication PANI-PE-OF-0759-2024 of April 8, 2024, made the designations requested by the Vice-Ministry of Peace. In the extraordinary session CNNA 02-2024 of April 18, 2024, the CNNA analyzed official communication DE-OF-372-2023 of November 12, 2023, signed by Ms. Daniela Gutiérrez Villanueva, Executive Director of the National Commission on Indigenous Affairs, and Ms. Rubilia Stuart Leiva, President of the National Commission on Indigenous Affairs, which addresses aspects of the consultation of indigenous children and adolescents, agreeing as follows: ARTICLE 04) SECTION 01) HAVING REVIEWED AND ANALYZED OFFICIAL COMMUNICATION DE-OF-372-2023, SIGNED BY MS. DANIELA GUTIÉRREZ VILLANUEVA, EXECUTIVE DIRECTOR, AND MS. RUBILIA AURORA STUART LEIVA, PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE NATIONAL COMMISSION ON INDIGENOUS AFFAIRS, CONCERNING THE CONSTRUCTION AND CONSULTATION PROCESS OF THE NATIONAL POLICY FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE, IT IS AGREED: 1. TO ACKNOWLEDGE THE CONTRIBUTIONS SET FORTH IN OFFICIAL COMMUNICATION DE-OF-372-2023. 2. TO FORWARD SAID OFFICIAL COMMUNICATION TO THE MINISTRY OF JUSTICE AND PEACE AS THE ENTITY IN CHARGE OF THE ELABORATION OF THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES; WITHIN WHICH THE CONSULTATION ON INDIGENOUS CHILDHOOD AND ADOLESCENCE MATTERS WILL BE DEVELOPED. In response to this agreement, through official communication DVMP-222-05-2024 of May 22, 2024, the Ministry of Justice and Peace provides a response to official communication DE-OF-372-2023, indicating, among other things, the following: (…) Likewise, the Government's responsibility to elaborate a proposal for a “Public Policy directed at Indigenous Peoples that is comprehensive and vast in content” is clear. For this reason, the initial proposal document for the Public Policy for Indigenous Peoples (PPPI), was enriched with economic and social axes to guarantee the totality of their rights, under a gender focus, and incorporating as one of its priority themes, the rights of the indigenous minor population, precisely in respect for the best interests of the Child. (…) Likewise, the indigenous minor population is already included in the proposal for the Public Policy for Indigenous Peoples, under the axis of indigenous childhood and adolescence. A proposal document elaborated from the Vice-Ministry of Peace, and integrating the policies of institutions that have actions for indigenous territories within their purview. So this sector of the minor population would not be left unprotected from an indigenous consultation process for the elaboration of a policy that covers them. Also, to guarantee the effective realization of the indigenous consultation process, PANI incorporated this action within the Institutional Strategic Plan (PEI), with the respective indicators and responsible parties. To this end, PANI, as the steering body for Childhood and Adolescence on behalf of the CNNA, designated liaisons to the Vice-Ministry of Peace, in order to carry out jointly with that Vice-Ministry, and with technical accompaniment from the Technical Unit for Indigenous Consultation, the consultation processes in the indigenous territories concerning the axis of minor childhood and adolescence. Therefore, at no time are the steering institutions delegating their duties to this Ministry. (…) From the Technical Unit for Indigenous Consultation, technical accompaniment will be provided to the institutions that make up this policy, so that during the consultation processes carried out in the territories, the phases established by the Indigenous Consultation Mechanism are fulfilled, as well as the principles of broad participation, consent, information, good faith, and self-determination of indigenous peoples in decision-making, in adherence to the principles and norms established in ILO Convention 169. Therefore, at no time does any state dependency or institution, in the matter at hand, violate the consultation rights of indigenous territories. (…) Furthermore, in the extraordinary session CNNA 02-2024 of April 18, 2024, the CNNA reiterates its commitment to join inter-institutional efforts within the framework of the elaboration of the Public Policy for Indigenous Peoples, in order to establish consultation spaces with indigenous children and adolescents, as well as with their fathers, mothers, and guardians, so that the consultation spaces allow the incorporation of the rights of children and adolescents into said policy; likewise, in that session the National Policy for Childhood and Adolescence 2024-2036 (PNNA 2024-2036) is approved. Agreements that cite: ARTICLE 05) SECTION 01) HAVING ANALYZED THE AGREEMENT ARTICLE 07) SECTION 04) ADOPTED IN THE ORDINARY SESSION CNNA 03-2023 OF OCTOBER 24, 2023, CONCERNING THE CONSULTATION OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, OR GUARDIANS, IT IS AGREED: 1. TO REITERATE THE COMMITMENT OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE TO JOIN INTER-INSTITUTIONAL EFFORTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ELABORATION OF THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES, WITH THE PURPOSE OF ESTABLISHING CONSULTATION SPACES WITH INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS WITH THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, SO THAT THE CONSULTATION SPACES ALLOW THE INCORPORATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS INTO SAID POLICY. 2. TO RENDER WITHOUT EFFECT POINT 5 OF THE AGREEMENT ARTICLE 07) SECTION 04) ADOPTED IN THE ORDINARY SESSION CNNA 03-2023 OF OCTOBER 24, 2023, AND BY VIRTUE THEREOF, NOT TO RECORD IN THE POLICY DOCUMENT THE NARRATIVE REFERENCE TO THE CONSULTATION OF INDIGENOUS MINORS; INSTEAD, TO INCLUDE THE SPECIFIC INTERVENTION IN THE FIRST ACTION PLAN OF THE POLICY CONCERNING THE CONSULTATION OF INDIGENOUS CHILDHOOD AND ADOLESCENCE, FROM WHOSE RESULTS THE COMMITMENTS AND INTERVENTIONS OF THE INSTITUTIONS TO BE INCLUDED IN THE SECOND ACTION PLAN OF THIS POLICY WILL BE DERIVED. ARTICLE 05) SECTION 02) HAVING REVIEWED AND ANALYZED THE NATIONAL POLICY FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 2024-2036, WHICH CONTAINS ITS FIRST ACTION PLAN COVERING THE PERIOD 2024-2030, IT IS AGREED: 1. TO APPROVE THE NATIONAL POLICY FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 2024-2036, WHICH CONTAINS ITS FIRST ACTION PLAN COVERING THE PERIOD 2024-2030. 2. TO INSTRUCT MS. KENNLY GARZA SÁNCHEZ, PRESIDENT OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE, TO TAKE THE CORRESPONDING STEPS BEFORE THE PRESIDENTIAL OFFICE FOR THE ISSUANCE OF THE DECREE MAKING OFFICIAL THE NATIONAL POLICY FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 2024-2036. PANI, in its steering role in matters of childhood and adolescence, which leads the execution of the consultation process for indigenous children and adolescents and their families, incorporated a commitment in the first Action Plan 2024-2030 contained in the PNNA 2024-2036 document, concerning the application of the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples in matters of childhood and adolescence within the framework of the formulation process of the Public Policy for Indigenous Peoples, a commitment also incorporated into its Institutional Strategic Plan. Likewise, PANI formed an institutional commission for the design of the proposed methodology for the consultation and the monitoring of its implementation within the framework of the formulation of the Public Policy for Indigenous Peoples in accordance with the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples. PANI’s liaison persons for the indigenous consultation process were convened by the Vice-Ministry of Peace, through official communication DVMP-180-05-2024 of May 7, 2024, to a preparatory technical working session for the reopening of the consultation process for the draft Public Policy for Indigenous Peoples, and for its part, the commission formed by PANI participated on June 25, 2024, in a training session on the General Indigenous Consultation Mechanism convened by the Vice-Ministry of Peace, through official communication DVMP-231-05-2024 of May 28, 2024, in which information was given about the phase of the consultation process that is about to begin and that includes 7 indigenous territories. As evidenced by the foregoing, the matter of consultation with indigenous children and adolescents and their families is being developed within the framework of the consultation of the draft Public Policy for Indigenous Peoples, which constitutes the public policy instrument that will comprehensively guarantee their rights through a culturally appropriate procedure, thus fulfilling the duty to hold consultations in good faith with indigenous peoples and through their representative institutions, before adopting and applying legislative and administrative measures that affect them, in order to obtain their free, prior, and informed consent, as set forth in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. This, based on the articulation of inter-institutional efforts and resources for the effective application of the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples. Thus, the PNNA 2024-2036 is a human rights instrument of a universal nature, which does not contain specific measures that directly affect the indigenous minor population and their families, and therefore does not violate Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, Law No. 7316. It should be noted that, contrary to what is requested by the appellant, declaring the agreements of the CNNA, agreement Article 07) Section 04) of the Ordinary session CNNA 03-2023 of October 24, 2023, as well as agreement Article 05) section 01) concerning carrying out the consultation of the indigenous minor population within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples, to be violative, would mean excluding indigenous childhood and adolescence from the formulation process of the specific public policy for the indigenous population, a process that includes a culturally appropriate consultation. The CNNA's decision that the consultation of the indigenous minor population and their family be addressed within the Public Policy for Indigenous Peoples does not constitute a violation of the fundamental rights, equality, and non-discrimination of indigenous childhood and adolescence; on the contrary, it is based on the realization of affirmative actions in benefit of a specific population, which, as the Inter-American Commission on Human Rights points out when referring to the formulation of public policies with a human rights focus, in attention to the principle of equality and non-discrimination, “it is necessary to design mechanisms and tools under a differentiated approach that addresses the particular conditions of certain persons, groups, or populations, in order to guarantee sufficient protection to achieve substantive equality.” (p.21)1 Likewise, declaring violative, as the appellant intends, agreement Article 05) Section 02 of the extraordinary session CNNA 02-2024 of April 18, 2024, which approved the PNNA 2024-2036, would result in a violation of the rights of the universality of the country's minor population, as well as of the principles of the Convention on the Rights of the Child and, consequently, in a regression in the guarantee of their rights and a violation of the principle of non-regression, as it would mean leaving more than one million two hundred thousand minors without a human rights instrument that constitutes a guiding framework for state interventions for the prevention, promotion, and guarantee of their rights, which establishes 236 commitments from more than 30 entities, including ministries, institutions, universities, the Judicial Branch, and the Supreme Electoral Tribunal, in areas essential for their comprehensive development, such as education, health, family and community life, special protection, culture, play, recreation, sports, physical activity, and the environment. Neither is the appellant correct in requesting that the CNNA be ordered to immediately carry out the consultation process for the children and adolescents of the 24 indigenous territories, inasmuch as the consultation process is already under development and for which significant inter-institutional efforts have been made within the framework of the principles of efficiency and effectiveness of public administration, with the Public Policy for Indigenous Peoples being the culturally appropriate procedure to guarantee their self-determination and their right to participate in defining specific interventions for the indigenous minor population. Thus, conducting the consultation of indigenous minors within the framework of a specific policy for the indigenous population, such as the Public Policy for Indigenous Peoples, is in concordance with what was expressed by the Committee on the Rights of the Child in its General Comment No. 11, which highlights that, “The express references made to indigenous children in the Convention are an acknowledgement that these children require special measures for the full enjoyment of their rights.” (p.2) 2 Likewise, it is consistent with what was set forth by the Constitutional Chamber in its Resolution No. 17058 - 2012 of December 5, 2012, which cites: The jurisprudence of the Chamber has been clear in maintaining that for the consultation of indigenous peoples to proceed (in the terms required by ILO Convention No. 169), there must be a direct relationship between the subject matter to be regulated and the interests of the indigenous populations (see judgment number 2008-013832 of 08:38 a.m. on September 11, 2008). That is, a direct or immediate effect on the indigenous or tribal groups is required. This is how the CNNA agreement approving the PNNA 2024-2036 does not directly or immediately affect the indigenous minor population. By virtue of this, the CNNA agreements to include indigenous minors and their family in the consultation of the Public Policy for Indigenous Peoples are in accordance with the Convention on the Rights of the Child, the General Comments of the Committee on the Rights of the Child, ILO Convention No. 169, and the Political Constitution. By virtue of the foregoing, the appellant's argument, based on the exclusion and discrimination of the indigenous minor population, is not shared, as it is an incorrect assessment, since the consultation of indigenous childhood and adolescence is provided for in the formulation of the Public Policy for Indigenous Peoples, a specific policy that constitutes an affirmative and culturally more appropriate action. To this end, the National Council for Childhood and Adolescence and the National Child Welfare Agency, in their steering role, in coordination with the Vice-Ministry of Peace, have charted the route in which work is being done to guarantee the right to participation of the indigenous minor population in accordance with the principles of dialogue, respect, self-determination, intergenerational participation, among others, established in the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples, so that institutional commitments for the guarantee of the rights of indigenous childhood and adolescence are defined in that policy.”

4.- By resolution issued at 08:27 a.m. on October 14, 2024, evidence for better resolution was requested from Kennly Garza Sánchez, in her capacity as president of the National Council for Childhood and Adolescence, so that in a clear and concise manner: “a) she updates the information on the actions that have been executed to guarantee and carry out the consultation process for the indigenous minor population. The foregoing must be reported from the date the report was submitted to this Tribunal, being July 23, 2024, until today, being October 14, 2024; b) she clarifies whether the consultation process includes the indigenous minor population of the 24 indigenous territories; and c) she indicates whether there could be any budgetary impediment in the consultation process for the indigenous minor population.”

5.- By document incorporated into the digital case file on October 16, 2024, Kennly Garza Sánchez, in her capacity as president of the National Council for Childhood and Adolescence, reports under oath that

“a) “(…) update the information on the actions that have been executed to guarantee and carry out the consultation process for the indigenous minor population. The foregoing must be reported from the date the report was submitted to this Tribunal, being July 23, 2024, until today, being October 14, 2024; (…)” The institutional commission for the consultation of indigenous children and adolescents and their families, which was formed by the National Child Welfare Agency (PANI), has continued the necessary steps to guarantee the consultation of indigenous children, adolescents, and their families within the framework of the formulation of the Public Policy for Indigenous Peoples led by the Vice-Ministry of Peace, in accordance with the General Consultation Mechanism for Indigenous Peoples. Particularly, the coordination with the National Commission on Indigenous Affairs (CONAI) is highlighted to provide training to that institutional commission on ILO Convention 169 and its link to the consultation process within the framework of the formulation of public policies, which was provided by CONAI on August 19, 2024, at the Technical Department of PANI. Furthermore, coordination with the Vice-Ministry of Peace has been maintained in order to address matters concerning the consultation of the indigenous minor population within the framework of the formulation of the Public Policy for Indigenous Peoples. On October 4, 2024, official communication DVMP-382-10-2024 dated October 3, 2024, was received, signed by the Vice-Minister of Peace, Ms. Erika Madriz Chinchilla, who reports that “…the consultation process will begin starting from Phase N°4 “Exchange of information” (as indicated in resolution DNRAC – UTCI – N° 02 -2024) on October 25, 2024, in the Indigenous Territory of Térraba,” the objective of which is for the indigenous peoples to receive all the quality information necessary to make an informed decision and for the interested counterpart to possess information about the indigenous people and their cosmovision, in particular, regarding the subject matter of the consultation. Likewise, it was reported that in this first phase, workshops will be held in the territories of Térraba, Rey Curré, Salitre, and Ujarrás, on dates ranging from October 25, 2024, to February 22, 2025, as detailed in the schedule of the indicated official communication and which is provided as evidence. On October 8, 2024, a technical meeting convened by the Vice-Ministry of Peace was held with the liaison persons from the institutions participating in the consultation of the Public Policy for Indigenous Peoples, attended by PANI’s liaison persons. According to what was reported by the Vice-Ministry of Peace, childhood and adolescence issues will be addressed with adults and with children and adolescents from the indigenous territories. Regarding the adults who will participate in the consultation, this will be carried out according to the methodology approved by the indigenous territories themselves through workshops and informational stands. Particularly, the territory of Térraba requested that the topics of childhood and adolescence be presented in all the workshops in their territory, the territory of Salitre requested the presentation of informational stands and to provide an explanation of matters concerning childhood and adolescence in the workshops, the territory of Nombre72510 requested that a specific workshop be held by PANI and the National Institute of Women, and the territory of Nombre105771 requested that childhood topics be addressed in a workshop for each of the communities. With the children and adolescents, it has been planned that the workshops will be held within all the meetings set forth in the schedule, so that PANI will be present on all dates in order to consult the children and adolescents of all the communities where the workshops for the Public Policy for Indigenous Peoples will be held and as authorized by the fathers, mothers, and guardians, through the use of a methodology adapted to their cosmovision.

Likewise, the Deputy Ministry of Peace has convened an inter-institutional meeting for next Friday, October 18, 2024, to report the details of the methodology to be used in the scheduled workshops and other logistics required for the fieldwork. Finally, it is worth mentioning that PANI has arranged for the participation of the officials who make up the institutional commission for the consultation of indigenous children and adolescents and their families, in the workshops to be held, incorporating into this process the regional directorates and local offices of PANI that work in the territories. b) "(...) clarify whether the consultation process includes the indigenous minor population of the 24 indigenous territories;" The consultation on the Public Policy for Indigenous Peoples, as reported by the Deputy Ministry of Peace, includes the 24 indigenous territories, and therefore considers the consultation of the minor population of the 24 indigenous territories. It should be noted that the schedule contained in official communication DVMP-382-10-2024 corresponds to a first group of territories; however, the commitment is to the 24 indigenous territories. c) "(...) indicate whether there could be any budgetary impediment in the consultation process for the indigenous minor population." In accordance with what was reported by the Ministry of Justice and Peace, the consultation process for the Public Policy for Indigenous Peoples is carried out with resources from that Ministry and with the cooperation of the Inter-American Development Bank. Regarding the consultation of indigenous children and adolescents, PANI incorporated this process into its institutional planning with commitments agreed upon in the 2024 Institutional Operating Plan, the 2025 Institutional Operating Plan, and the 2024-2028 Institutional Strategic Plan, so as to guarantee its development, as detailed in official communication PANI-OPDI-OF-0358-2024 of October 15, 2024, which is provided as evidence. In addition, PANI has taken the necessary internal actions to hold the workshops in the indigenous territories, which will begin on October 25, 2024, with the budgetary resources of the current fiscal year, and for the activities to be carried out during 2025, the necessary resources will be incorporated in the first budget amendment of that fiscal period. In turn, coordination has been carried out with the United Nations Children's Fund (UNICEF), which will cooperate in this process. Finally, this Presidency reiterates that the Public Policy for Indigenous Peoples constitutes the most culturally appropriate instrument for consulting indigenous children and adolescents, as it is a specific policy that has the acceptance of the indigenous territories themselves. As well as that, the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 must remain in force as a human rights instrument of a universal nature whose effects are general, meaning they are directed at all children and adolescents, regardless of their condition. Thus, both policies complement each other to guarantee the rights of children and adolescents."

6.- By means of a document incorporated into the digital case file on October 23, 2024, the appellant appears and states that

"FIRST: Regarding the actions undertaken to guarantee the consultation of indigenous children, adolescents, and their families within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples. Mrs. Kennly Garza Sánchez, in her capacity as President of the National Council for Children and Adolescents, mentions as progress in this process that an institutional commission has been formed within the National Board of Children to coordinate everything related to the consultation of indigenous children and adolescents and their families, within the framework of the formulation of the Public Policy for Indigenous Peoples led by the Deputy Ministry of Peace, in accordance with the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples. She adds that this commission received training on ILO Convention No. 169 and the consultation process within the framework of public policy formulation, provided by CONAI on August 19, 2024, at the Technical Management of PANI. She also points out that coordination has been maintained with the Deputy Ministry of Peace, which recently reported – on October 4, 2024, via official communication DVMP-382-10-2024 of October 3, 2024 – that '...the consultation process will begin with Stage No. 4 "Information Exchange" (as indicated in resolution DNRAC – UTCI – No. 02 -2024) on October 25, 2024, in the Térraba Indigenous Territory,' the objective of which is for indigenous peoples to receive all the quality information necessary to make an informed decision...' (The emphasis corresponds to the original). She adds that, according to what was reported by the Deputy Ministry of Peace, 'in this first stage, workshops will be held in the territories of Térraba, Rey Curré, Salitre, and Ujarrás, on dates ranging from October 25, 2024, to February 22, 2025...' She also mentions a series of inter-institutional meetings convened by said Deputy Ministry to be held in October, of an informative nature regarding the methodology to be used in the scheduled workshops. It is important to make known to the Honorable Chamber that the Ombudsman's Office was informed of the start of the consultation process for the Public Policy for Indigenous Peoples via official communication DVMP416-10-2024 of October 10, 2024 (copy attached), signed by Licda. Erika Madriz Chinchilla, Deputy Minister of Peace. Said communication explained that the consultation process will be carried out in 4 blocks, namely: - Block A which comprises the Indigenous Territories of Boruca, Cabagra, China Kichá, Rey Curré, Salitre, Térraba, and Ujarrás. - Block B in which the Territories of Alto Chirripó, Bajo Chirripó, Nairi Awari, Tayni, Telire, Kekoldi, Talamanca Bribrí, Talamanca Cabécar, and the NgöbeBugle Indigenous Community will be consulted. - Block C comprised of Coto Brus, Alto Laguna Osa, Abrojos Montezuma, Altos de San Antonio, and Conte Burica. - Block D, in which the Indigenous Territories of Matambú, Maleku, Zapatón, and Quitirrisí are located. According to what is indicated in official communication DVMP-382-10-2024, to which Mrs. Garza Sánchez refers, the stage about to begin corresponds to Block A, referred to in official communication DVMP-416-10-2024. This latter communication also includes the schedule of activities to be carried out specifically in those territories, which fully coincides with the dates indicated in official communication DVMP-416-10-2024, running from October 25, 2024, to February 22, 2025. Neither of the two communications reports activities on later dates, nor is information provided on the date when the execution of this stage is expected to begin in the rest of the indigenous territories. Now, regarding the consultation procedure, it should be noted that Article 26 of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, Executive Decree No. 40932-MP-MJP, establishes that it consists of eight stages, namely: a. Request for consultation; b. Admissibility of the consultation request; c. Preparatory agreements for the consultation; d. Information exchange; e. Internal evaluation by the indigenous people; f. Dialogue, negotiation, and agreements; g. Finalization of the Consultation process; h. Compliance with and monitoring of the agreements. As is evident from the response of the President of the National Council for Children and Adolescents, the consultation procedure for the formulation of the Public Policy for Indigenous Peoples is only in its intermediate stages, given that the first two are mere formalities and correspond exclusively to the requesting public institution, without participation from the indigenous peoples involved, and the third corresponds to an initial approach between the parties to agree on purely logistical matters. The fourth, Information Exchange (set forth in subsection d. of Article 26 mentioned), corresponds to the stage that, according to what was communicated by the Deputy Ministry of Peace, is to be carried out in five indigenous territories, namely: Térraba, Rey Curré, Salitre, Nombre105771, and Boruca. In accordance with the provisions of Article 32 of Executive Decree No. 40932-MP-MJP, 'The objective of this stage is for indigenous peoples to receive all the quality information necessary to make an informed decision and for the interested counterpart to possess information about the indigenous people and their cosmovision, particularly on the subject matter of the consultation.' Furthermore, this article states that 'The information should not be understood as a formal or one-time delivery of materials, but rather as a constant process, requiring spaces for dialogue where information is presented before internal spaces for community and participatory decision-making, duly convened or before another traditional mechanism of their own, with interpreters chosen by the indigenous people and in spaces where doubts can be resolved.' Clearly, the most complex stages of the consultation procedure begin from this fourth stage, which, according to the projections of the Deputy Ministry of Peace, will take approximately 4 months – it is projected to end in February 2025. Once this stage is completed, it moves on to a stage of internal analysis and evaluation by the peoples regarding the topics under consultation, to then proceed to a negotiation stage on those matters and aspects where an agreement has not yet been reached. Neither the Deputy Ministry of Peace nor PANI provides information on the projected duration of the execution of the subsequent stages in these specific territories, nor on the date when the process is projected to begin in the rest of the territories, nor on the planned timeline – even if preliminary – for the conclusion of the consultation procedure in the 24 Indigenous Territories, keeping in mind that at all times and throughout the procedure, the principles and essential elements that inform the right to consultation must be respected. In other words, it is unknown whether there is an Action Plan, Roadmap, or similar document that includes all stages of the consultation procedure in all indigenous territories, with the definition of spaces for the specific consultation of indigenous minors, with their respective schedule of activities by month and year. Therefore, to date, the general consultation process under the terms established in the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, Executive Decree No. 40932-MP-MJP, is an uncertain matter. What is known as of today is that the Information Exchange stage that is about to begin this October has a very limited scope, given that it only covers 5 of the 7 territories contemplated within Block A, according to the distribution made by the Deputy Ministry of Peace. Thus, to date, it is not possible to affirm that the consultation of indigenous children, adolescents, and their families from all indigenous territories is guaranteed, within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples. SECOND: Regarding whether the consultation process includes the indigenous minor population of the 24 indigenous territories. While Mrs. President of the National Council for Children and Adolescents affirms that the consultation on the Public Policy for Indigenous Peoples covers the 24 indigenous territories, as reported by the Deputy Ministry of Peace, the truth is that the schedule of activities provided includes only 5 of the 24 indigenous territories and only contemplates the Information Exchange stage, which is planned to conclude in February 2025. No information is provided regarding the execution date of the consultation in Blocks B, C, D, according to the distribution of indigenous territories defined by the Deputy Minister of Peace, given that the consultation of the indigenous minor population is subject to or depends on the general consultation procedure to be carried out in the indigenous territories, according to that distribution. Hence, it is not possible to maintain, without a doubt, that the consultation process will include the indigenous minor population of the 24 indigenous territories. THIRD: Regarding whether there could be any budgetary impediment in the consultation process for the indigenous minor population. In this regard, Mrs. President of the National Council for Children and Adolescents indicates that, according to what was reported by the Ministry of Justice and Peace, 'the consultation process for the Public Policy for Indigenous Peoples is carried out with resources from that Ministry and with the cooperation of the Inter-American Development Bank'; however, no information is provided on the projected total costs of the consultation process in the 24 indigenous territories. Nor is the agreement or covenant signed between the Ministry of Justice and Peace and the IDB provided, in order to know its scope and the contribution each institution will make to the consultation. On the other hand, it is necessary to underline and insist that, to date, the schedule of activities for the consultation procedure of the Public Policy for Indigenous Peoples only contemplates 5 of the 24 indigenous territories. Mrs. Garza Sánchez adds that, regarding the consultation of indigenous children and adolescents, PANI has contemplated this process in its institutional planning, with commitments in its 2024 and 2025 Institutional Operating Plans, as well as in the 2024-2028 Institutional Strategic Plan. She also indicates that '... PANI has taken the necessary internal actions to hold the workshops in the indigenous territories, which will begin on October 25, 2024, with the budgetary resources of the current fiscal year, and for the activities to be carried out during 2025, the necessary resources will be incorporated in the first budget amendment of that fiscal period'; but, neither in the case of PANI is information provided on the total cost that this process will represent for that institution. Therefore, there is no certainty that the necessary budget is available for the execution of all stages of the consultation procedure in the 24 indigenous territories of the country in accordance with the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, Executive Decree No. 40932-MP-MJP. And even if PANI had the necessary resources, it must be remembered that the consultation process for the indigenous minor population is not in the hands of that institution but rather depends on the general consultation process to be carried out within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples, whose budget and schedule fall under the purview of the Deputy Ministry of Peace, and according to the information provided, no activities have been scheduled after February 22, 2025, a circumstance that prevents projecting costs beyond that date. The Ombudsman's Office wishes to reiterate that the decision adopted by the National Council for Children and Adolescents consisting of omitting the corresponding consultation and excluding indigenous children and adolescents from the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 to address the matters that concern them within the framework of the formulation of the Public Policy for Indigenous Peoples, constitutes a violation of their human rights because it disregards their status as minors and as subjects of rights. It is precisely this lack of recognition of their status as minors, and not the recognition of their status as persons belonging to indigenous peoples, that is the cause of the reported exclusion and the serious omission in which the Council in question has incurred by not including in the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 itself, prior consultation with indigenous minors and their families, affirmative actions that would allow them to access better living conditions and personal, family, and collective development and, ultimately, for the effective fulfillment of their rights. In that sense, the Ombudsman's Office differs from the view of Mrs. President of the Council in that the Public Policy for Indigenous Peoples 'constitutes the most culturally appropriate instrument for consulting indigenous children and adolescents.' Certainly, any consultation with indigenous minors must consider their traditions, culture, and cosmovision, but such a provision should have been made by the Council within the framework of formulating the National Policy for Children and Adolescents. This case is a clear example of the risks warned by the Committee on the Rights of the Child in its General Comment No. 11 (2009) on 'Indigenous children and their rights under the Convention,' when it points out that 'Indigenous children have not always received the special attention they deserve. In some cases, their particular situation has been overshadowed by other issues of more general interest to indigenous peoples, such as land rights and political representation. The best interests of the child cannot be neglected or violated in favor of the best interests of the group.' It should not be lost sight of that indigenous children and adolescents, like all other minors, have specific rights and interests distinct from those of indigenous adults and, in that sense, deserve a space where they can express themselves freely, according to their age and degree of maturity. It is also of interest to make clear that the report presented by Mrs. Garza Sánchez, in her capacity as President of the National Council for Children and Adolescents, demonstrates the scant progress recorded in the actions aimed at guaranteeing the consultation of indigenous children, adolescents, and their families within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples, given that since March 3, 2023, Mrs. Gloriana López Fuscaldo, in her capacity as Minister of Children and Adolescents and Executive President of PANI, expressed to the Deputy Ministry of Peace the interest in providing spaces for consultation with indigenous children and adolescents and their families, within the framework of the elaboration of the Public Policy for Indigenous Peoples, so that the inputs resulting from the consultations could be useful for the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036, via official communication PANI-PE-OF-0367-2023. In conclusion, the Ombudsman's Office reiterates and maintains that the omission of consultation and the exclusion of indigenous children and adolescents in the formulation of the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 entails a violation of their right to equality, for their best interest to be considered as a priority, to participation, and to survival and development; as well as a transgression of the commitments and obligations assumed by the Costa Rican State before the international community, to guarantee the application of the rights set forth in the Convention on the Rights of the Child to all minors, without any distinction based on race, ethnicity, national origin, sex, language, religion, economic or social status, or any other condition of their own or of their parents."

7.- By means of a resolution issued at 10:32 a.m. on October 29, 2024, the proceedings were expanded and a report was requested from the executive director and the president of the Board of Directors, both of the National Commission on Indigenous Affairs, as well as from the minister and the director of the Technical Unit for Indigenous Consultation, both of the Ministry of Justice and Peace.

8.- By means of a document incorporated into the digital case file on November 1, 2024, Gerald Campos Valverde, in his capacity as Minister of Justice, reports under oath that

"On a preliminary basis, it is clarified that the National Council for Children and Adolescents (CNNA) was about to finalize the drafting of the document on the Public Policy for Children and Adolescents; the decision to incorporate the National Policy for Children and Adolescents regarding the indigenous minor population was precisely the interest in having the children and adolescents axis incorporated into the Public Policy for Indigenous Peoples led by the Deputy Ministry of Peace, so that the latter would have the comprehensiveness of the issues to be addressed with the indigenous population in the 24 indigenous territories. In light of this, the Technical Unit for Indigenous Consultation (hereinafter UTCI) did not issue a criterion that gave rise to this decision; rather, it was recommended in a meeting held with the former head of PANI and the former Deputy Minister of Peace to assess the incorporation of the indigenous minor population into the axes of said Policy. Initially, the request for a criterion for the admissibility of the consultation was presented by the president of PANI and the National Council for Children and Adolescents at that time, via Official Communication PANI-PE-OF-2324-2022 dated September 5, 2022. Once the requests for additional information were made and the additional information received, this Technical Unit for Indigenous Consultation issued, on December 20, 2023, resolution DNRAC-UTCI-09-2022, a technical criterion indicating that the National Policy for Children and Adolescents requires a consultation process with indigenous peoples, so it was motivated to present the formal request for consultation to begin the process. It should be noted that, concurrently with the previous process, via official communication PR-DP-1293-2022 dated November 2, 2022, the Chief of Staff of the Presidency of the Republic instructed the Ministers and Executive Presidencies of public institutions so that those who were in charge of public policies or were drafting public policies likely to affect the indigenous population, would address the Inter-institutional Technical Committee, coordinated by the Deputy Ministry of Peace, and integrate those policies into a single instrument, called: Public Policy for Indigenous Peoples. Taking the above into account, the Executive President of PANI and of the National Council for Children and Adolescents at that time requested a meeting with the Deputy Minister of Peace at that time and the Technical Unit for Indigenous Consultation (hereinafter UTCI), which took place on March 2, 2023, in order to integrate the National Policy for Children and Adolescents into the Public Policy for Indigenous Peoples, considering that the National Policy for Children and Adolescents was about to be published. Therefore, it was recommended that the elements to be incorporated into the Public Policy for Indigenous Peoples be the axis corresponding to the indigenous minor population. On March 9, 2023, an email was received with Official Communication PANI-PE-OF0367-2023 dated March 3, 2023, in which the Executive President of PANI and the National Council for Children and Adolescents at that time requested the Deputy Minister of Peace that the National Policy for Children and Adolescents be included within the Public Policy for Indigenous Peoples. On March 29, 2023, via Official Communication DVMP-MT-073-2023, the Deputy Minister of Peace at that time responded, stating that the National Policy for Children and Adolescents would be incorporated into the Public Policy for Indigenous Peoples. Subsequently, on May 3, 2023, Official Communication PANI-PE-OF-0786-2023, the Executive President of PANI and the National Council for Children and Adolescents at that time requested the Technical Unit for Indigenous Consultation to archive the application proceedings, given that the National Policy for Children and Adolescents, in the axis of the indigenous minor population, would be the subject of indigenous consultation within the Policy for Indigenous Peoples. Therefore, by means of resolution DNRAC-UTCI No. 06-2023 of May 23, 2023, at the request of the interested institution, it proceeded to close case file UTCI-21-2021 for the project 'National Policy for Children and Adolescents,' not nullifying the possibility of consultation on this proposal, but rather clarifying that it would be incorporated into the consultation process for the Public Policy for Indigenous Peoples. A consultation process that will serve as the basis for the formulation of the Public Policy for Indigenous Peoples. It is important to clarify that the point referred to in the transcribed text refers to the indigenous consultation process for the proposed Public Policy for Indigenous Peoples, within which the axis of indigenous children and adolescents is found. The indigenous minor population is already included in the proposal for the Public Policy for Indigenous Peoples, under the axis of indigenous children and adolescents. A proposal document prepared by the Deputy Ministry of Peace, integrating the policies of institutions that have actions for indigenous territories. Therefore, this sector of the minor population would not be left unprotected from an indigenous consultation process for the elaboration of a policy that covers them. This document is a Government proposal that implies the fulfillment of a many-year debt owed to indigenous peoples, as it is the first time in history that a policy for these territories is formulated in order to guarantee comprehensive and inter-institutional actions that lead to the fulfillment of each of their fundamental, individual, and collective rights. It will be at each step of the indigenous consultation mechanism that the proposal will be assessed by the inhabitants of the territories, analyzed internally, and the final policy will be built jointly, based on their cultural and religious principles and their cosmovision. Regarding the National Policy for Children and Adolescents, developed by the CNNA, it is indicated that matters concerning indigenous children and adolescents will be addressed through the Public Policy for Indigenous Peoples, and to fulfill that commitment, PANI (as the governing body in the matter) is designated in its action plan as responsible for the indigenous consultation on said policy, together with the Deputy Ministry of Peace and the Technical Unit for Indigenous Consultation. Likewise, to guarantee the effective execution of the indigenous consultation process, PANI incorporated this action into the Institutional Strategic Plan (PEI), with the respective indicators and responsible parties. This axis on indigenous children and adolescents, like the other axes of the Public Policy for Indigenous Peoples, will be made known to the indigenous territories through spaces for information exchange, and it is based on those results or 'findings' that the proposal for the children and adolescents axis will be enriched through its joint construction with the indigenous population, taking into account their ethnic particularities, culture, and cosmovision, among other factors. To this end, PANI, as the governing body for Children and Adolescents on behalf of the CNNA, designated liaisons to the Deputy Ministry of Peace to jointly carry out with that Deputy Ministry, and with technical support from the UTCI, the consultation processes in the indigenous territories regarding the axis of minor children and adolescents. The Technical Unit for Indigenous Consultation will provide technical support to the institutions that make up this policy, so that during the consultation processes carried out in the territories, the stages provided for in the Indigenous Consultation Mechanism are fulfilled, as well as the principles of broad participation, consent, information, good faith, and self-determination of indigenous peoples in decision-making, in adherence to the principles and norms established in ILO Convention 169."

9.- By means of a document incorporated into the digital case file on November 4, 2024, Rubilia Aurora Stuart Leiva, in her capacity as president, and Daniela Gutiérrez Villanueva, in her capacity as executive director, both of the National Commission on Indigenous Affairs, report under oath that

"In the first place, the human rights of indigenous children have evolved over the years, thanks to numerous international instruments that have sought to protect and safeguard the rights of children in general; however, with regard to indigenous peoples, international efforts have been made for their defense, as seen in the Universal Declaration of Human Rights of 1948. Although it does not directly mention indigenous peoples as such, its provisions establish the basic rights of all human beings, including children. In the same way, we find the Declaration of the Rights of the Child of 1959, which aims to guarantee the protection, development, and well-being of all children, due to their vulnerability, and therefore their life and rights must be safeguarded. Regarding indigenous peoples, we find the right to equality without distinction of race, color, religion, or nationality; this principle is essential for indigenous children who often face discrimination and marginalization due to their origin, so this principle guarantees that boys and girls have the same opportunities for development and access to services as non-indigenous children. Likewise, said instrument emphasizes the special protection that implies well-being and development, where their cultural and language rights are protected, and States must ensure that development policies respect their identity and traditions.

It must be added that it is with the 1989 Convention on the Rights of the Child that specific rights for all children come to be recognized, including therein the right to education, health, protection, and development, providing a detailed legal framework aimed at ensuring the well-being and integral development of children worldwide; however, said treaty lacked within it specific protection for indigenous peoples, and it was not until 2009 that the Committee on the Rights of the Child issued General Comment No. 11, titled "Indigenous children and their rights under the Convention." This observation was issued because it was observed that indigenous children faced difficult living conditions and that the barriers to their development were greater than those for other non-indigenous children; therefore, in response to that challenge, said comment aimed to clarify how the rights of indigenous children should be applied based on the Convention, considering their particularities, culture, and social and economic traditions. Said comment brings up the protection of their cultural identity, their traditions, and their language, given that the loss of these was a constant threat to these peoples in general, thus highlighting that public policies issued in a State must respect indigenous identity. In addition, regarding education in the language, it had to include aspects of the culture and history of indigenous peoples, because it is relevant to life in their communities, and States must ensure that their education systems do not alienate them from their culture. It also encouraged that health systems should be culturally appropriate, where children have access to it while respecting their traditional practices. Regarding the participation of children in decisions that affect them, said comment specified and reaffirmed that indigenous children must be heard and taken into account in all matters that impact their lives and their communities, thereby recognizing their role in the transmission of culture and values. This is how the path is marked for countries to adopt international standards aimed at protecting the rights of indigenous children, and it is thanks to General Comment No. 11 that the defense and protection of rights from a collective perspective in indigenous peoples is made visible, such as, for example, the right to land, which is fundamental for the cultural and spiritual development of indigenous children. Consequently, while significant challenges persist in the implementation of the rights that protect these peoples, States must work on inclusive policies that fully respect indigenous identity, and comments such as this one represent a clear international commitment to protect the rights of indigenous children, promoting their full development in harmony with their culture. Costa Rica, being a pioneer in the respect for Human Rights and a signatory to the various international treaties, must promote the fulfillment and respect of the same for all citizens.

Continuing with the analysis of international regulations, it is clear with crystal clarity from ILO Convention 169, and in accordance with what is indicated in the Convention on the Rights of the Child, that all administrative measures that affect indigenous peoples must be consulted. In the case at hand, we find then that public policy, being a set of actions, decisions, and strategies adopted by the government or an institution to address problems or needs of collective interest in society, becomes an administrative measure whose objective is to improve the well-being of the population and solve problems such as education, health, security, the environment, among others. Thus, it must be consulted in accordance with Article 6 of Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, which states to this effect: "1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: (a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly; (b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them; (c) establish means for the full development of these peoples' own institutions and initiatives, and in appropriate cases provide the resources necessary for this purpose. 2. The consultations carried out in application of this Convention shall be undertaken, in good faith and in a form appropriate to the circumstances, with the objective of achieving agreement or consent to the proposed measures." From the foregoing, it follows that it is the obligation of governments to ensure that indigenous peoples participate fully in decision-making and in the development of policies that affect their territories, ways of life, and rights. Said article emphasizes that appropriate procedures must be established to consult the peoples before implementing any administrative measure, as is the case here with the public policy on childhood and adolescence, which violated in all its spheres the rights of indigenous children, since said policy did not comply with what was indicated regarding conducting free, prior, and informed consultation before implementing it, thus violating the rights of minors. Note that said policy contains guidelines on issues of education, health, social development, and fundamental rights that impact the lives of indigenous minors, and that the Executive Branch and its corresponding bodies did not proceed with the due consultation, since said policy was developed without an adequate process of consultation and representative participation of the 24 indigenous territories—participation that does not rest with organizations within each people but rather should have been consulted with the community as such, whose main objective was minors, who would be directly affected, precisely violating the right to self-determination of indigenous peoples protected under ILO Convention 169, with the State failing to comply with international commitments, breaching trust and respect towards indigenous persons.

Now, among the violations that said policy incurs against indigenous peoples, we find that it did not consider cultural and educational values by imposing a model foreign to their worldview, their language, their traditions, and their relationship with the environment, endangering the development of an independent identity for indigenous children and adolescents. It must be added that said policy establishes criteria for development and well-being based on Western perspectives that absolutely do not recognize indigenous perceptions of well-being, family, and community; for example, the intercultural approach was set aside, understood as a framework for analysis and action that seeks to build reciprocal and equitable relationships, which in turn implies a process of permanent dialogue, exchange, and learning, in order to enable institutions to pertinently address the needs of the population and, in turn, contribute so that the rest of the public institutions incorporate this perspective and provide services with cultural relevance1. From the foregoing, it follows then that within the policy there is a disconnect between the aspirations of the policies and the realities of these peoples, affecting the identity and sense of belonging of indigenous minors, who are clearly affected and forced to adapt to a system that does not respect their traditions and cultural context. Along the lines of the above, it is understood then, according to Name105772, that interculturality as a social, political, and ethical project seeks to create new and distant postures and conditions, relationships and structures—that is, it is the construction of new social relationships. Consequently, it is an approach that questions relationships that result in exclusion, discrimination, and violence, and that threaten the cultural identity of persons and groups. In this sense, it starts from the principle of recognizing differences and the value of diverse cultures, promoting cultural and/or symbolic justice (equality of cultures).2

As stated above, the intercultural impact of a policy that does not adequately include the indigenous perspective thus translates into a loss of cultural identity in the new generations, the imposition, as stated, of models foreign to their family and community structures, the lack of respect for their self-determination and representation, by not recognizing cultural diversity from a perspective of equality and respect, promoting a genuine dialogue among the minors involved and those directly affected by the policy that is the subject of this appeal, coupled with the fact that, as stated, interculturality promotes the inclusion of the worldview and values specific to each indigenous people in the upbringing and education of children and adolescents, and that said policy, by ignoring these aspects, devalues indigenous cultural identity. It is so serious that accepting its future implementation could lead to new generations becoming uprooted from their cultural roots. Note that the indigenous worldview is born from balance with nature, spirituality, and the relationship with the territory, and that with said policy, actions that institutions could take are lacking, and that a lack of knowledge harms indigenous children, given that the measures to be taken in the event of any conflict disregard the way in which action should be taken with these peoples, which differs from Western culture so as not to cause cultural uprooting or irreversible damage.

Regarding the violation of the human rights of indigenous minors, UN Special Rapporteur Cali Tzay stresses the importance of protecting them, given that to date they suffer or face multiple violations of their rights, stemming from lack of access to education and health from a culturally appropriate perspective to problems of discrimination, poverty, and lack of protection of their cultural identity. He insists that, in accordance with what is established by the Convention on the Rights of the Child, minors have a voice in decisions that affect their lives, especially when rights related to the community and their culture are violated. Again, it is clarified that everything must be seen from the perspective of the collective and not its individual application; listening to them promotes and strengthens their identity and active participation. It is necessary to point out that during his last visit to Costa Rica, Cali Tzay met with various Indigenous Territories and government officials, where he brought up the critical issues that indigenous children were facing in the country, such as intercultural education, which suffers from deficiencies in the implementation of educational programs that promote and respect the indigenous language, and that to date the educational system is devoid of this, at least in the Indigenous Territories; likewise, the lack of basic services such as potable water, electricity, and health centers, severely impacts indigenous children, preventing them from developing in adequate conditions of health and well-being. As for the violence that impacts minors and their families due to land conflicts and the lack of State protection regarding territorial rights, it generates an environment of insecurity that directly affects their well-being. Thus, he recommended that the government implement protection and security policies in full compliance with international standards and execute said policies through consultation mechanisms, as they are processes that affect the Territories. However, note that the institutions omitted these processes when formulating a policy for childhood and adolescence without listening to indigenous peoples, and without taking into account the very serious accusations that were communicated to the Rapporteur during his visit. In addition to the foregoing, by implementing the policy without indigenous consultation, let us remember that the policy itself promotes a model based on individual values and whose family nucleus structure, normally from a Western perspective, is composed of parents and children; however, among indigenous peoples, it is seen from a collective perspective. That is, by not conducting a consultation, the very role of the community in the formation and well-being of the indigenous minor was broken, as well as the cultural link in accordance with their traditions, which—it is necessary to point out—are different in the 24 indigenous territories located in Costa Rica. This would affect the transmission of collective values, essential for the organization of indigenous peoples. See thus that the imposition of an individualistic child-rearing structure would fragment the collective support system that normally prevails in these territories, thus affecting the integral development of children and adolescents, thereby demonstrating the lack of an intercultural approach, ignoring the aspirations and needs of indigenous peoples in the policies that affect them.

Returning to the issue of consultation with indigenous peoples, it must be emphasized that it must meet several requirements, namely, in accordance with ILO Convention 169, in that there must be an identification of the indigenous peoples who will be affected, in this case the 24 territories, given that indigenous minors inhabit all of them. Once this is determined, a culturally appropriate consultation process must be carried out, built together with the indigenous peoples, adapted to the language, culture, and customs of each territory, thus including participation. Let us remember that the UTCI is not empowered to decide whether or not a consultation should be held in a territory; rather, it is the indigenous people who decide collectively whether the measures to be taken by the government affect them or not. It is necessary to point out that within each territory, the majority have Indigenous Territorial Consultation Bodies (Instancias Territoriales de Consulta Indígena, ITCI), which define the correct way to implement a consultation and, on many occasions, function as pillars to determine which issues may or may not affect the Territories. Following this, the institutions or the government that must construct a public policy have the obligation to provide all Territories with clear, concise, and accurate information about the policy (objectives, scope, positive and negative impacts). Such information must be transparent, and it is the indigenous people who will determine whether the impact is positive or not, through appropriate mechanisms, that is, in their language, by means of public-address announcements, etc. Each Territory knows the correct way to disseminate information that reaches all communities. When the consultation is executed, once the corresponding analysis is determined and completed, the entire process and any agreement reached in each Territory must be documented. This is because it is recalled that all have different cultures and traditions, and at the same time, copies of all actions must be provided to the communities in order to comply with transparency, resulting in the incorporation of agreements into the public policy intended for implementation, integrating all the recommendations and concerns of the communities, adjusting them to what the indigenous peoples need. From this brief summary, the seriousness of the situation and the violation of rights incurred by the bodies responsible for the Childhood and Adolescence Policy by not conducting the consultation as required is evident, given that these peoples were made invisible and forced to integrate into a policy that does not meet international standards on human rights for these indigenous minors. Even more serious is the attempt to have such a sensitive topic subsumed within the Public Policy for Indigenous Peoples, due to the characteristics of being vulnerable persons who require a separate focus of attention from other policies, coupled with the fact that said decision is based on there being no economic resources to cover such consultations, so that introducing everything into a single policy would reduce costs. The foregoing is not a justification for violating the rights of persons in matters of human rights on account of their condition or descent.

It is necessary to point out the words of UN Special Rapporteur Cali Tzay, to the effect that any public policy or project that may positively or negatively impact indigenous peoples must be executed through free, prior, and informed consultation, and that failure to comply with this principle constitutes a violation of human rights regarding their self-determination and consent. These rights are established in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, as well as the collective rights recognized internationally. The Rapporteur has consistently maintained that consultation mechanisms should not be a mere formality but a respectful and meaningful process that includes the active participation of indigenous peoples at all stages of decision-making, ensuring that any project, policy, or measure aligns with their priorities and cultural values. Thus, the Rapporteur has urged all States to develop effective consultation mechanisms, especially regarding the consultation of public policies, which must comply with the right to consultation and obtain the consent of indigenous peoples in order to be legitimate and in full compliance with international standards.

Finally, the institutional position given by CONAI in official communication DE-OF-372-2023 regarding the National Policy for Childhood and Adolescence 2024-2030 is reiterated. This position has been maintained in the various meetings attended by the senior officials prior to its publication and implementation, where it was pointed out that the aspect of Free, Prior, and Informed Consultation, grounded in ILO Convention 169, was not fulfilled: 1) The creation of Public Policies is a responsibility of the State towards vulnerable populations; this is why a specific policy for indigenous peoples has been historically necessary. From the understanding of Public Policy as an instrument of planning and projection from the public administration, but, in addition, measures of access must be created for indigenous peoples to guarantee rights, goods, services, and provide a response to the multiplicity of needs. The way in which the Policy is proposed and consolidated will have a direct impact on the well-being of indigenous peoples. 2) Public Policies have the possibility of bringing the Costa Rican State closer to closing gaps of discrimination, xenophobia, exclusion, and colonization that indigenous peoples have historically suffered, or else perpetuating the dynamics of disadvantage and acculturation that have been maintained for years. The general public policy for indigenous peoples raises broad and important general topics such as the recognition of indigenous autonomy and territoriality, self-determined development and well-being, the social inclusion of peoples, and institutional efficiency in the attention to indigenous peoples. 3) The State has a positive obligation ("duty to act"), consisting of adopting public policies and normative measures favorable to indigenous peoples. This duty implies that such measures must be SPECIAL, differentiated; laws and public policies cannot be homogeneous. Such measures cannot contradict the wishes expressed by indigenous peoples, that is, they must respect their consent and their cultural vision through their participation (participation = implicit aspect), and "special measures" do not diminish or eliminate the other rights held as part of the general population, and the State must conduct social reality analysis studies to adapt its public policies to the problems of indigenous peoples. 4) It is of great concern the decision reflected in the document where it is indicated in point 2.2: "Specifically, with respect to addressing indigenous childhood and adolescence, in terms of public policy, this will be addressed within the Public Policy for Indigenous Peoples currently led by the Vice-Ministry of Peace, based on the findings obtained in the consultation of indigenous children and adolescents, as well as their parents, mothers, and guardians, which will be carried out within the framework of the development of that policy through the General Consultation Mechanism" (p.9-10). Based on the postulate that the institution has been working on, in line with national and international regulations, as well as the multiple recommendations and postulates that have been published internationally on the interculturality approach, the manner of addressing the issue with the current proposal of the National Policy for Childhood and Adolescence—the omission of the responsible entities in denying the right to consultation of indigenous peoples and limiting the benefit that indigenous childhood and adolescence may have with this action—is not shared. 5) Now, the draft explains that indigenous childhood and adolescence will be worked on in a separate policy. However, from the intercultural approach, this only reaffirms positions where indigenous peoples continue to be disaggregated and separated, even reaffirming this through instruments of discrimination and non-inclusion. Based on principles of interculturality, active and permanent dialogue, coexistence, and mutual learning between cultures seeks to eliminate structural causes of inequality. Not integrating indigenous childhood and adolescence into a national-level policy only entrenches these structural actions that are based on multicultural foundations, attempting to generate societies that work in parallel. 6) CONAI has been indicating that public service processes must recognize that indigenous peoples must be active subjects in all national discussions, in symmetrical relationships, as well as stop avoiding encounters in a society of diverse cultures. It is again pointed out that separating indigenous peoples from this state proposal and instrument is to continue with dynamics of disaggregation and not of coexistence or dialogue. Recognizing that the "national" population also includes indigenous minors is also urgent in order to overcome obsolete state intervention and planning models. 7) The possibility of neglect on the part of the public administration is worrisome due to not including indigenous childhood and adolescence, because a policy of this level implies a comprehensive analysis of a population that even encompasses laws, institutional and inter-institutional programs, raising doubt as to how this level of depth could be achieved in a policy under the "generality" of indigenous peoples. Likewise, it raises doubt as to what would encompass indigenous childhood and adolescence in the interim while the policy for indigenous peoples is being built, consulted, and begins execution. The foregoing creates confusion and disadvantages from the public administration, once again, for/towards indigenous peoples. 8) The right to participation is distinct and independent from the right to prior consultation. Participation is exercised through representative organizations, from the earliest phase of the formulation of norms or public policies up to their implementation. Prior consultation is carried out with the communities as collective subjects, not with their representative organizations, and it must be free, prior, informed, in good faith, intercultural, and through adequate mechanisms. 9) The Technical Unit for Indigenous Consultation violates ILO Convention 169 and the General Consultation Mechanism by making a decision unilaterally without the participation of indigenous peoples, ordering the closure of the file on the consultation process for the PNNA, arguing that the consultation on indigenous childhood and adolescence will be carried out within the framework of the policy for indigenous peoples. This decision is taken outside the instructions contained in the General Indigenous Consultation Mechanism, especially the role that the indigenous territorial consultation bodies should have assumed given the recommendation to close the file in question. 10) The scenario becomes even more worrying when the construction of the Public Policy for Indigenous Peoples is only guaranteed to be carried out in just 7 indigenous territories for budgetary reasons, making it uncertain then that the rights of indigenous childhood and adolescence can be guaranteed through the policy in a timely manner and proper form, violating the cultural diversity and the real active participation guaranteed through consultation. It implies then that the childhood and adolescence policy will be launched, and in the meantime, the particularity of the rights of indigenous childhood and adolescence remains conditioned on the construction of the Indigenous Public Policy with the limitations already noted above. Therefore, the administrative decision regarding the guarantee of rights is questionable; this must be the priority, both for compliance with regulations and for public interest and ethics in public intervention.

Likewise, in said official communication DE-OF-372-2023, CONAI concludes and reiterates to this honorable Chamber the reasons why continuing the implementation of said Policy would transgress the rights of indigenous peoples in its target population, who are minors, and that it is the State that is called upon to protect and safeguard fundamental rights, and especially the fervor of these peoples to be heard and taken into account in the construction of policies that may affect them, especially since Costa Rica is a signatory country of ILO Convention 169, and explains to this effect: A. The non-inclusion of indigenous peoples, from the process of construction and consultation of the National Policy for Childhood and Adolescence 2024-2036, violates the rights to prior consultation, to consent, to participation, and to the opportunity to apply the best interests of the child in consultation with indigenous peoples. B. The arguments put forth by the Technical Unit for Indigenous Consultation and the National Child Welfare Agency (Patronato Nacional de la Infancia) in Technical Table Session No. 26-2023 violate Articles 2, 5, and 6 of ILO Convention 169, which state: "(a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly; (b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them." This unilateral decision without the participation of indigenous peoples violates the jurisprudence of the Inter-American Human Rights System and the jurisprudence of the UN, where governments must have coordinated and systematic action aimed at protecting the rights of these peoples. C. In this case, indigenous peoples must be consulted based on the concept of "direct impact," which is the condition for prior consultation. Not integrating indigenous childhood and adolescence into a national-level policy only entrenches these structural actions that are based on multicultural foundations, attempting to generate societies that work in parallel, not overcoming obsolete state intervention and planning models and creating confusion and disadvantages from the public administration towards indigenous peoples. D. Delegating the indigenous consultation on childhood and adolescence to the process of constructing the Public Policy under the charge of the Vice-Ministry of Peace, due to the stated limitations, seriously compromises the comprehensive approach to the rights of indigenous childhood and adolescence and the fulfillment of the recommendations of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, José Francisco Calí Tzay, in his report A/HRC/51/28/Add. 1. The indigenous childhood and adolescent population, viewed from an intersectional perspective, must be considered a high priority to protect and shield from rights violations due to its multiple aspects of vulnerability.

Exclusion actions such as the one described leave the indigenous child and adolescent population unprotected.”

10.- By a document incorporated into the digital case file on November 15, 2024, Nathalie Artavia Chavarría, in her capacity as Vice Minister of Peace and former director of the National Directorate for Alternative Conflict Resolution and the Technical Unit for Indigenous Consultation, reports under oath that

“I appear to RATIFY the report dated November 1, 2024, which was signed by me jointly with the Minister of Justice and Peace, duly submitted to the Constitutional Chamber in response to the ruling issued at ten hours and thirty-two minutes on October twenty-ninth, two thousand twenty-four. The cited report was signed as Coordinator of the Vice Ministry of Peace due to an involuntary error, given that those functions were assigned by the Head of the Ministry by virtue of the resignation of the former Vice Minister of Peace effective October 16 of last year; however, at that time I also held the functions of National Director of DINARAC and of the Technical Unit for Indigenous Consultation. I have now been appointed as Vice Minister of Peace, so we are awaiting the appointment of the person who will serve as National Director of DINARAC and of the Technical Unit for Indigenous Consultation.”

11.- By ruling issued at 14:03 hours on January 13, 2025, evidence for a better resolution was requested from Kennly Garza Sánchez, in her capacity as president of the National Council for Children and Adolescents, so that in a clear and concise manner: “a) update the information on the actions that have been carried out to guarantee and conduct the consultation process with the indigenous minor population. The foregoing must be reported from the date the report was submitted to this Court, i.e., October 16, 2024, to the present day, i.e., January 13, 2025; and b) detail the schedule for phase no. 4 called “Information Exchange,” where the indigenous peoples and the methodology approved for each of them can be observed, as reported to this Court.”

12.- By a document incorporated into the digital case file on January 16, 2025, Kennly Garza Sánchez, in her capacity as president of the National Council for Children and Adolescents, reports under oath that

“a) ‘(…) update the information on the actions that have been carried out to guarantee and conduct the consultation process with the indigenous minor population. The foregoing must be reported from the date the report was submitted to this Court, i.e., October 16, 2024, to the present day, i.e., January 13, 2025; (…)’ The institutional commission for the consultation of indigenous children and adolescents and their families of the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia, PANI), the Brunca Regional Directorate of PANI, and the Buenos Aires Local Office of PANI have actively participated in the consultation process for the Public Policy for Indigenous Peoples, guaranteeing compliance with the right to participation of indigenous children and adolescents, as well as the right of indigenous adults to be consulted in a free, prior, and informed manner, in accordance with the provisions of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples and ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples. The National Children's Trust, between October 25, 2024, and December 14, 2024, has participated in a total of 10 consultation workshops for indigenous children, adolescents, and adults, held in the indigenous territories of Térraba, Salitre, Nombre72510, and Ujarrás, participants in the consultation for the Public Policy for Indigenous Peoples, namely: (…) It should be noted that some of the workshops scheduled in November and December 2024 had to be rescheduled due to weather conditions that prompted emergency alerts in various areas of the country, among them, the Brunca region, and the declaration of a national state of emergency, through Decree N. 44754-MP of November 13, 2024. In order to guarantee the participation of indigenous minors in the process, participatory mechanisms have been activated to present the Public Policy for Indigenous Peoples through recreational activities, the delivery of informational, didactic, and recreational materials, as well as the provision of snacks to indigenous minors and adults. b) ‘(…) detail the schedule for phase no. 4 called “Information Exchange,” where the indigenous peoples and the methodology approved for each of them can be observed, as reported to this Court. (…)’ The rescheduling timetable for the workshops of the consultation process for the Public Policy for Indigenous Peoples was communicated by the Vice Ministry of Peace through official letter DVMP-612-12-2024 of December 17, 2024, and updated via email dated January 6, 2025. Below, the updated schedule with the rescheduled workshops is presented. The first column of the table details the phase to which each workshop corresponds (Phases 3, 4, 5, or 6) (…) Regarding the methodology, the institutional commission for the consultation of indigenous children and adolescents and their families of PANI developed a methodological proposal for conducting the workshops with minors and their families, which is adapted according to the plans of each territory. For the workshops held in the indigenous territories of Térraba, Salitre, and Nombre105771, it was agreed that two simultaneous workshops would be held: one with indigenous adults and another specialized one with indigenous minors, allowing it to be adapted according to the age and maturity level of the participants. In turn, the indigenous territory of Nombre72510 defined the holding of a specific workshop under the responsibility of PANI, to be held on January 26, 2025. The workshops held with indigenous adults consisted of a dialogue on topics related to childhood and adolescence contained in the Public Policy for Indigenous Peoples, using concepts, images, and examples in line with the worldview of the indigenous territories, in order to provide information and address the population's questions about the topics discussed. In the case of the workshops with indigenous children and adolescents, the methodological dynamic was characterized as recreational, interactive, creative, and flexible, using play as a means of learning to promote dialogue and reflection among the participants on the realities of childhood and adolescence and the topics addressed in the Public Policy for Indigenous Peoples. The methodology used in each workshop was duly prepared jointly among the institutional commission for the consultation of indigenous children and adolescents and their families of PANI, the Brunca Regional Directorate of PANI, and the Buenos Aires Local Office of PANI. The methodology was adapted according to the characteristics of the participating population and remains flexible to receive feedback from the participants, which ensures that the methodology is a product of dialogue between the parties. The participation of children and adolescents in the consultation for the Public Policy for Indigenous Peoples has allowed their feelings to be heard and considered in the process of drafting said policy. As a means of verification, the resources used in the workshops with indigenous minors and adults are provided, along with some photographs, which are authorized for use through informed consent signed by the guardian of the minors and the verbal consent of the minors participating in the consultation process. Finally, it confirms the importance of the topics of childhood and adolescence, as well as the participation of indigenous minors, being included in the specific public policy, without this implying a violation of their rights or an act of discrimination; on the contrary, it demonstrates the soundness of the decision agreed upon between the indigenous territories and the institutions. Likewise, the commitment to all children and adolescents, regardless of their condition, is reiterated through the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 and, particularly, to indigenous children and adolescents within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples.”

13.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Drafted by Justice Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Purpose of the appeal. The appellant states that the Ombudsman's Office participated in the formulation process of the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036, in its capacity as an active observer institution and as a consultative instance providing technical support. She explains that for the formulation of the policy in question, the following was carried out: at the ordinary session CNNA 09-2020 of October 28, 2020, the National Council for Children and Adolescents became aware of and approved the “Proposal for the Updating and Integration of Public Policies on Childhood and Adolescence,” drafted by the Technical Secretariat of said collegiate body, which sets out the roadmap to follow for its implementation; at the ordinary session CNNA 03-2021 of March 24, 2021, the formulation methodology for the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 was approved, and at the extraordinary session CNNA-05-2022 of April 6, 2022, the document “Status of the Rights of Children and Adolescents, Costa Rica 2021” was approved, which constitutes the main diagnostic input for this policy. She explains that through Executive Decree No. 43515-MP-MNA, the Executive Branch declared the formulation of the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 to be of public and national interest. She adds that on November 25, 2021, it was agreed that the respondent Council, through the National Children's Trust, would conduct a national consultation in indigenous territories, which was recommended within the formulation process of the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036; however, she claims that through official letter PANI-PE-OF-0786-2023 of May 23, 2023, Ms. Gloriana López Fuscaldo, in her capacity as Minister of Children and Adolescents and Executive President of PANI, requested that the technical closure of the consultation process for indigenous children and adolescents within the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 be assessed, since said consultation would be conducted within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples. She reproaches that due to said request, resolution DNRAC-UTCI N. 06-2023 of May 23, 2023, was issued, through which the closure and archiving of case file UTCI-21-2021 for the “National Policy for Children and Adolescents” project was ordered. She considers that the foregoing implies that indigenous children and adolescents could not exercise their right to participation enshrined in the Convention on the Rights of the Child, a right reinforced by ILO Convention 169. She accuses that at the ordinary session CNNA 03-2023 of October 24, 2024, the respondent Council approved addressing the consultation and matters relating to indigenous childhood and adolescence within the framework of the drafting of the Public Policy for Indigenous Peoples, and at the extraordinary session CNNA 02-2024 of April 18, 2024, the respondent Council decided not to record in the Policy document the reference to the consultation of indigenous minors, and instead, to include the specific action in the first action plan of the policy regarding the consultation of indigenous childhood and adolescence, the results of which will yield the commitments and actions of the institutions, to be included in the second action plan of this policy. She considers that the conduct of the respondent authority violates the right to equality and non-discrimination, the right to survival and development, as well as the right to participation of indigenous minors according to the Convention on the Rights of the Child and ILO Convention 169. She requests the intervention of the Chamber to declare that the agreements adopted at the ordinary session of October 24, 2023, and at the extraordinary session of April 18, 2024, are harmful to the fundamental rights of the protected population.

II.- Proven facts. Deemed important for the decision of this matter, the following facts are considered duly demonstrated:

a. At the ordinary session CNNA 09-2020 of October 28, 2020, the National Council for Children and Adolescents initiated the formulation process for the National Policy for Children and Adolescents. At said session, it was agreed: “IT IS AGREED: 1. TO APPROVE THE REFORMULATION PROCESS OF THE NATIONAL POLICY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS 2009-2021 AND THE ROADMAP FOR ITS IMPLEMENTATION, CONTAINED IN THE PROPOSAL FOR THE UPDATING AND INTEGRATION OF PUBLIC POLICIES ON CHILDHOOD AND ADOLESCENCE, DRAFTED BY THE TECHNICAL SECRETARIAT OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS. 2. TO AUTHORIZE MS. GLADYS JIMÉNEZ ARIAS, PRESIDENT OF THIS COLLEGIATE BODY, AND THE TECHNICAL SECRETARIAT OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS TO CARRY OUT THE NECESSARY STEPS TO LAUNCH THIS PROCESS. 3. TO REQUEST SUPPORT AND TECHNICAL ASSISTANCE FROM THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) FOR THE DEVELOPMENT OF THE REFORMULATION PROCESS OF THE NATIONAL POLICY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS 2009-2021. 4. TO INCLUDE ALL THE OBSERVATIONS RAISED IN THE DISCUSSION OF THIS TOPIC RELATED TO GENDER MAINSTREAMING, INTRODUCING THE GENDER PERSPECTIVE IN THE CONSTRUCTION OF THE PUBLIC POLICY, SO THAT THE VARIOUS PUBLIC POLICIES CAN BE PROPERLY LINKED TO THIS NEW POLICY BEING SOUGHT. ADDITIONALLY, THAT MINORS BE THE CENTER OF THE DRAFTING OF THE PUBLIC POLICY AND THAT THEY PARTICIPATE IN THE ENTIRE PROCESS, CONSIDERING THE INTERSECTIONALITIES THAT CROSS THROUGH THE MINOR POPULATION AND THAT CAN INFLUENCE INEQUALITIES AND DISCRIMINATION, INCLUDING GENDER, ETHNICITY, INDIGENOUS PERSONS, PERSONS WITH DISABILITIES, AFRO-DESCENDANTS, THE LGTBI POPULATION, AND OTHERS. 5. TO DISSEMINATE THE POLICY AND ITS IMPLEMENTATION, MONITORING, AND EVALUATION, AS WELL AS TO CONSIDER THE STATUS OF THE INDICATORS FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE AND DEFINE MONITORING INDICATORS FOR THE POLICY, VITAL TO CONSIDER THE CURRENT INSTITUTIONAL INFORMATION SYSTEMS AND THEIR REAL-TIME STATUSES SO THAT NEW VARIABLES ARE INCLUDED OR EXISTING ONES ARE MODIFIED. 6. TO INCORPORATE INTO THE CONSULTATION AND PARTICIPATION STAGES THE STUDENTS WHO ARE PART OF THE STUDENT DIALOGUE TABLES OF THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION AND THE OMBUDSMAN'S OFFICE AS AN OBSERVER OF THE CONSULTATION, EVALUATION, AND PARTICIPATION PROCESS” (see report rendered under oath and evidence provided);

b. At the ordinary session CNNA 03-2021 of March 24, 2021, the National Council for Children and Adolescents approved the methodology for the formulation of the new National Policy for Children and Adolescents, within which the commitment to consult the indigenous minor population was established (see report rendered under oath and evidence provided);

c. On November 15, 2021, the National Council for Children and Adolescents requested advice from the Technical Unit for Indigenous Consultation of the Ministry of Justice and Peace regarding consultation spaces with the indigenous minor population, leading to three dialogue and advisory sessions being held on the following dates: November 25, 2021, March 21, 2022, and May 11, 2022 (see report rendered under oath and evidence provided);

d. The Technical Unit for Indigenous Consultation of the Ministry of Justice and Peace conducted a training session on the application of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, which was held on June 20, 22, and 24, 2022, with the approximate participation of 37 staff members from the Regional Directorates and Local Offices of the National Children's Trust (see report rendered under oath and evidence provided);

e. By official letter PR-DP-1293-2022 of November 2, 2022, the Chief of Staff of the Presidency of the Republic instructed the ministers and Executive Presidencies of public institutions that those institutions in charge of public policies or in the process of drafting public policies likely to affect the indigenous population should approach the Interinstitutional Technical Table, coordinated by the Vice Ministry of Peace, and integrate those policies into a single instrument, called: Public Policy for Indigenous Peoples (see report rendered under oath);

f. By official letter DVMP-MT-105-2022 of December 2, 2022, the Vice Minister of Justice and Peace requested the collaboration of the Institutions of the Executive Branch and Autonomous Institutions that are constructing public policy affecting indigenous peoples, so that they approach the Interinstitutional Technical Table on Indigenous Affairs in order to jointly integrate all efforts into the consolidation of a single instrument with full participation of the indigenous peoples (see report rendered under oath and evidence provided);

g. By resolution DNRAC-UTCI-09-2022 of December 20, 2022, the Technical Unit for Indigenous Consultation of the Ministry of Justice and Peace resolved: “FIRST. Following the above, according to article 2, subsection c, it is the obligation of the Government of Costa Rica to consult, in good faith, indigenous peoples in a free, prior, and informed manner, through culturally appropriate procedures and through their representative institutions, whenever administrative measures, bills promoted by the Executive Branch, or private projects likely to affect them are envisaged. SECOND. The Technical Unit for Indigenous Consultation emphasizes that the right to consultation goes beyond an end in itself, as it serves to guarantee the right to participation and safeguard all those rights of indigenous peoples that may be affected by administrative, private, or legislative decisions. THIRD. That according to article 2, subsection e, a bill, administrative measure, or private project is considered to affect the rights of indigenous peoples when it contains elements that may imply changes in their legal status, in their collective rights, their way of life, culture, spirituality, and social dynamics. As well as measures that, without being executed strictly within indigenous territories, result in an affectation of the collective and cultural rights of indigenous peoples. FOURTH. That according to article 2, subsection g, in addition to the provisions of official letter PANI-PE-OF-2324-2022 and official letter PANI-PE-OF 2913-2022 of the National Children's Trust, the project information presented for the new National Policy for Children and Adolescents constitutes an administrative measure promoted by the public institutions of the Executive Branch. FIFTH. That according to article 4 of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, “it shall be mandatory for the Central Public Administration. Without prejudice to the principle of separation of powers enshrined in the Political Constitution and the corresponding autonomy regime in accordance with the relevant legal and constitutional provisions, the Legislative and Judicial Branches, the Supreme Electoral Tribunal, their dependencies and auxiliary bodies, municipalities, state universities, autonomous and semi-autonomous institutions, public companies, as well as private companies that manage public assets or execute public powers, may apply this regulation as a frame of reference for their own rules. SIXTH. That, according to the Organic Law of the National Children's Trust, Law 7648, of December 9, 1996, in its Title I, Chapter I On nature and principles, Article 1. Nature, states: “The National Children's Trust is an autonomous institution with decentralized administration and its own budget.” SEVENTH. That, in the Political Constitution, in its Article 55 states: “The special protection of the mother and the minor shall be entrusted to an autonomous institution called the National Children's Trust, with the collaboration of the other State institutions.” EIGHTH. According to Article 19, subsections d, f, and g, of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, the Technical Unit for Indigenous Consultation has the competence to issue a technical opinion and approve the processes of consultation requests; however, it does not have the power to approve the realization and/or execution of the project or administrative measure, since it corresponds to the indigenous persons who are members of each indigenous territory, through the steps of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples, to make the decision and provide their consent or not, on the matter (Article 22). NINTH. Therefore, the Technical Unit for Indigenous Consultation (UTCI) issues the technical opinion that the new National Policy for Children and Adolescents, of the National Children's Trust, requires conducting a consultation process respecting the right to consultation of Indigenous Peoples; therefore, it is recommended to apply the provisions of Decree N° 40932 - MP- MJP, as a frame of reference for the new Policy. TENTH. Furthermore, it is encouraged to submit the formal consultation request to this unit, as this will allow for the creation of a space for intercultural dialogue, respecting the worldview, culture, identity, language, spirituality, and social dynamics of the indigenous territories, promoting a culturally appropriate procedure and guaranteeing the right to consultation of indigenous peoples” (see report rendered under oath and evidence provided);

h. By official letter PANI-PE-OF-0367-2023 of March 3, 2023, the National Children's Trust expressed to the Vice Minister of Justice and Peace the interest in joining interinstitutional efforts within the framework of the drafting of the Public Policy for Indigenous Peoples, with the purpose of establishing consultation spaces with indigenous children and adolescents, as well as with their fathers, mothers, and guardians, in order to apply the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples (see report rendered under oath and evidence provided);

i. By official letter DVMP-MT-073-2023 of March 29, 2023, the Vice Minister of Justice and Peace reported that the Policy for Children and Adolescents will be included within what corresponds in the Public Policy for Indigenous Peoples (see report rendered under oath and evidence provided);

j. By official letter PANI-PE-OF-0786-2023 of May 3, 2023, the National Children's Trust indicated to the director of the Technical Unit for Indigenous Consultation: “I appreciate you assessing the technical relevance for the closure of the process regarding the consultation for the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 that was opened by the National Children's Trust before the Technical Unit for Indigenous Consultation, as the consultation related to administrative measures concerning indigenous childhood and adolescence will be conducted within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples” (see report rendered under oath and evidence provided);

k. By resolution DNRAC-UTCI N° 06-2023 of May 23, 2023, the Technical Unit for Indigenous Consultation of the Ministry of Justice and Peace resolved: “this unit, after analyzing the request made by the Minister of Children and Adolescents, Ms. Gloriana López Fuscaldo, in official letter PANI-PE-OF-0786-2023, in which she indicates: ‘assessing the technical relevance for the closure of the process regarding the consultation for the National Policy for Children and Adolescents 2024-2036 that was opened by the National Children's Trust before the Technical Unit for Indigenous Consultation, as the consultation related to administrative measures concerning indigenous childhood and adolescence will be conducted within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples,’ decides to close and archive case file UTCI21-2021 for the ‘National Policy for Children and Adolescents’ project with the understanding that it will be included and addressed within the consultation for the Public Policy for Indigenous Peoples” (see report rendered under oath and evidence provided);

l. At the ordinary session CNNA 03-2023 of October 24, 2023, the National Council for Children and Adolescents agreed: “ARTICLE 07) SECTION 04) IT IS AGREED: 1. THAT THE CONSULTATION OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, IN TERMS OF PUBLIC POLICY, WILL BE ADDRESSED WITHIN THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES (PPPI) CURRENTLY LED BY THE VICE MINISTRY OF PEACE. 2. TO EXPRESS THE INTEREST OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN JOINING INTERINSTITUTIONAL EFFORTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DRAFTING OF THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES, WITH THE PURPOSE OF ESTABLISHING CONSULTATION SPACES WITH INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS WITH THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, SO THAT THE CONSULTATION SPACES ALLOW FOR THE INCORPORATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS INTO SAID POLICY. 3. THAT THE NATIONAL CHILDREN'S TRUST, IN ITS STEERING ROLE IN MATTERS OF CHILDREN AND ADOLESCENT RIGHTS, SHALL BE THE TECHNICAL ENTITY RESPONSIBLE FOR ACCOMPANYING THE VICE MINISTRY OF PEACE IN CARRYING OUT THE CONSULTATION PROCESS FOR INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, IN COORDINATION WITH THE OTHER PUBLIC INSTITUTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONSULTATION FOR THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES. 4. THAT THE INSTITUTIONS THAT MAKE UP THIS COUNCIL WILL CONTINUE TO GUARANTEE ACTIONS FOR THE PROMOTION, CARE, PROTECTION, AND DEFENSE OF THE RIGHTS OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, RESPECTING THEIR CULTURE AND WORLDVIEW. 5. TO RECORD THIS AGREEMENT IN THE TEXT OF THE NATIONAL POLICY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS 2024-2036” (see report rendered under oath and evidence provided);

m. By official letter DVMP-064-02-2024 of February 22, 2024, the Vice Minister of Justice and Peace stated: “The reactivation of the Consultation process for the Draft Public Policy for Indigenous Peoples will begin with a first group of Indigenous Territories comprising: Indigenous territory of Boruca, Térraba, Rey Curré, Ujarrás, Salitre, Cabagra in the canton of Buenos Aires, and China Kichá in the canton of Pérez Zeledón. The foregoing, for budgetary reasons and limited human talent focused solely on attending to the aforementioned process. It is important to highlight that the first phase, which contemplates the cited Indigenous Territories, addresses the fourth to the eighth stages of the general consultation procedure, as developed in article 26 of the General Mechanism for Indigenous Consultation. (…) However, in parallel, with the intention of advancing the process, a training session will be held for liaison professionals regarding the General Mechanism for Indigenous Consultation, which will be delivered by the Technical Unit for Indigenous Consultation. For this purpose, I most respectfully request the referral from the institution you represent of 02 liaison professionals. One person will act as liaison with the Vice Ministry of Peace (who will have a technical role in the subject matter or consultation plan per institution), and the second person will be the liaison with the Technical Unit for Indigenous Consultation, who will provide logistical and follow-up support” (see report rendered under oath and evidence provided);

n. At the extraordinary session CNNA 02-2024 of April 18, 2024, the National Council for Children and Adolescents agreed: “ARTICLE 04) SECTION 01) HAVING REVIEWED AND ANALYZED OFFICIAL LETTER DE-OF-372-2023, SIGNED BY MS. DANIELA GUTIÉRREZ VILLANUEVA, EXECUTIVE DIRECTOR, AND MS. RUBILIA AURORA STUART LEIVA, CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE NATIONAL COMMISSION ON INDIGENOUS AFFAIRS, REGARDING THE CONSTRUCTION AND CONSULTATION PROCESS OF THE NATIONAL POLICY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS, IT IS AGREED: 1. TO ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THE CONTRIBUTIONS RECORDED IN OFFICIAL LETTER DE-OF-372-2023. 2. TO FORWARD SAID OFFICIAL LETTER TO THE MINISTRY OF JUSTICE AND PEACE AS THE ENTITY IN CHARGE OF DRAFTING THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES, WITHIN WHICH THE CONSULTATION ON INDIGENOUS CHILDHOOD AND ADOLESCENCE WILL BE DEVELOPED. ARTICLE 05) SECTION 01) HAVING ANALYZED THE AGREEMENT ARTICLE 07) SECTION 04) ADOPTED AT THE ORDINARY SESSION CNNA 03-2023 OF OCTOBER 24, 2023, REGARDING THE CONSULTATION OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, OR GUARDIANS, IT IS AGREED: 1. TO REITERATE THE COMMITMENT OF THE NATIONAL COUNCIL FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS TO JOIN INTERINSTITUTIONAL EFFORTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DRAFTING OF THE PUBLIC POLICY FOR INDIGENOUS PEOPLES, WITH THE PURPOSE OF ESTABLISHING CONSULTATION SPACES WITH INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS WITH THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, SO THAT THE CONSULTATION SPACES ALLOW FOR THE INCORPORATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS INTO SAID POLICY. 2.

SET ASIDE ITEM 5 OF THE AGREEMENT ARTICLE 07) SECTION 04) ADOPTED IN THE ORDINARY SESSION CNNA 03-2023 OF OCTOBER 24, 2023, AND BY VIRTUE THEREOF, DO NOT INCLUDE IN THE POLICY DOCUMENT THE NARRATIVE REFERENCE TO THE CONSULTATION OF INDIGENOUS MINORS; IN ITS PLACE, INCLUDE THE SPECIFIC INTERVENTION IN THE FIRST ACTION PLAN OF THE POLICY REGARDING THE CONSULTATION OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, FROM WHOSE RESULTS WILL EMERGE THE COMMITMENTS AND INTERVENTIONS OF THE INSTITUTIONS TO BE INCLUDED IN THE SECOND ACTION PLAN OF THIS POLICY. ARTICLE 05) SECTION 02) HAVING REVIEWED AND ANALYZED THE NATIONAL POLICY FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 2024-2036, WHICH CONTAINS ITS FIRST ACTION PLAN COVERING THE PERIOD 2024-2030, IT IS AGREED: 1. TO APPROVE THE NATIONAL POLICY FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 2024-2036, WHICH CONTAINS ITS FIRST ACTION PLAN COVERING THE PERIOD 2024-2030. 2. TO INSTRUCT MRS. KENNLY GARZA SÁNCHEZ, PRESIDENT OF THE CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, TO UNDERTAKE THE CORRESPONDING STEPS BEFORE THE CASA PRESIDENCIAL FOR THE ISSUANCE OF THE DECREE OFFICIALIZING THE NATIONAL POLICY FOR CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 2024-2036” (see report rendered under oath and evidence provided);

o. By official communication DVMP-222-05-2024 of May 22, 2024, the Minister of Justice and Peace stated: “Likewise, the Government's responsibility to prepare a proposal for a ‘Public Policy directed at Indigenous Peoples’ that is comprehensive and vast in content is clear. For this reason, the initial proposal document of the Public Policy for Indigenous Peoples (Política Pública de Pueblos Indígenas, PPPI), was enriched with economic and social axes to guarantee the totality of their rights, under a gender approach, and incorporating, as one of its priority themes, the rights of the indigenous minor population, precisely in respect of the best interest of the Child. (…) Likewise, the indigenous minor population is already included in the proposal for the Public Policy for Indigenous Peoples, under the axis of indigenous childhood and adolescence. A proposal document prepared by the Viceministerio de Paz, integrating the policies of institutions that have actions for indigenous territories. Therefore, this sector of the minor population would not be left unprotected from an indigenous consultation process for the preparation of a policy that covers them. Likewise, to guarantee the effective realization of the indigenous consultation process, the PANI incorporated this action within the Institutional Strategic Plan (Plan Estratégico Institucional, PEI), with the respective indicators and responsible parties. To this end, the PANI, as the governing body for Childhood and Adolescence on behalf of the CNNA, designated liaisons to the Viceministerio de Paz, in order to carry out, jointly with that Viceministerio, and with technical accompaniment from the Unidad Técnica de Consulta Indígena, the consultation processes in the indigenous territories regarding the axis of minor children and adolescents. Therefore, at no time are the governing institutions delegating their duties to this Ministry. (…) From the Unidad Técnica de Consulta Indígena, technical accompaniment will be provided to the institutions that make up this policy, so that during the consultation processes carried out in the territories, the phases established by the Mecanismo de Consulta Indígena are fulfilled, as well as the principles of broad participation, consent, information, good faith, and self-determination of indigenous peoples in decision-making, in adherence to the principles and norms established in Convention 169 of the ILO. Therefore, at no time is there any dependency or state institution that, in the matter at hand, has violated the rights to consultation of the indigenous territories” (see report rendered under oath and evidence provided);

p. By official communication DVMP-231-05-2024 of May 28, 2024, the Vice Minister of Justice and Peace reported: “I am pleased to indicate that the Consultation process for the Public Policy for Indigenous Peoples is in the stage of attending to and completing preliminary activities that will allow the official reactivation of the process. As part of the preliminary activities, a working session was previously held with the two liaisons designated by the heads of the institutions that will form part of the construction of the consultation for Indigenous Peoples within the draft Public Policy cited above, in which they were informed that on May 29, 2024, they would be provided with training on the Mecanismo General de Consulta Indígena to be delivered by the Unidad Técnica de Consulta Indígena” (see report rendered under oath and evidence provided);

q. By official communication DVMP-382-10-2024 of October 3, 2024, the Vice Minister of Justice and Peace reported: “I am pleased to share the good news that the consultation process will begin with Phase No. 4 ‘Information Exchange’ (as indicated in resolution DNRAC – UTCI – No. 02 -2024) on October 25, 2024, in the Térraba Indigenous Territory. For this, it is important to understand the context it implies. The Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas specifies the following: Information exchange is a reciprocal process among all parties involved in a given consultation process. The objective of this stage is for indigenous peoples to receive all the quality information necessary to make an informed decision, and for the interested counterpart to possess information about the indigenous people and their worldview, particularly regarding the subject matter of the consultation. The interested counterpart must provide all existing quality information about the administrative measure, bill promoted by the Executive Branch, or private project being consulted. The interested counterpart must submit information to the indigenous peoples in the following manner: a. Totality of the information (in the Spanish language) b. Summarized version of the information (in Spanish and in the language of the indigenous people) c. Audio version of the information and other didactic materials (in Spanish and in the language of the indigenous people). Indigenous peoples can transmit all quality information about their culture that they consider relevant, to broaden the knowledge of the interested counterpart. The exchange must occur in both directions throughout the entire process. The information should not be understood as a formal or one-time delivery of materials, but rather as a constant process requiring spaces for dialogue where the information is presented before internal community decision-making and participatory spaces, duly convened or before another traditional mechanism of their own, with interpreters chosen by the indigenous people and in spaces where the clarification of doubts is permitted. It is not omitted to state that the technical liaisons assigned by your represented entity were duly trained on the subject of the Mecanismo General de Consulta Indígena by the Unidad Técnica de Consulta Indígena. It is important to clarify that the management of the workshops corresponds to the specificity and methodology requested by each Indigenous Territory; for this, the Viceministerio de Paz convenes the designated liaisons to a technical meeting on Tuesday, October 8, 2024, at 9:00 a.m., via the virtual platform Zoom (…) In order to elaborate, the preceding lines specified what Phase No. 4 of the Mecanismo General de Consulta Indígena entails. As for Phase No. 6 ‘Dialogue, negotiation, and agreements,’ the involved parties dialogue so that the Interested Counterparty learns of the decision and proposals that the indigenous people developed in the Internal Evaluation stage. The involved parties may request the interruption of the dialogue when they so require, to consult with the indigenous people or with the competent institutions” (see report rendered under oath and evidence provided);

r. The President of the Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia indicated that the consultation “will be carried out according to the methodology approved by the indigenous territories themselves through workshops and informational stands. Particularly, the territory of Térraba requested that the topics of childhood and adolescence be presented in all the workshops in its territory, the territory of Salitre requested the presentation of informational stands and to provide an explanation of matters related to childhood and adolescence in the workshops, the territory of Nombre72510 requested that a specific workshop be conducted by the PANI and the Instituto Nacional de las Mujeres, and the territory of Nombre105771 requested that childhood topics be addressed in a workshop for each of the communities” (see report rendered under oath and evidence provided);

s. The consultation for the Public Policy for Indigenous Peoples includes the 24 indigenous territories and will be carried out with economic resources from the Ministerio de Justicia y Paz and with the cooperation of the Inter-American Development Bank (see report rendered under oath and evidence provided);

t. The workshops for the Public Policy for Indigenous Peoples will be conducted for the children and adolescents of all indigenous communities, subject to the authorization of their parents or guardians, using a methodology adapted to their worldview (see report rendered under oath and evidence provided);

u. By official communication DVMP-612-12-2024 of December 17, 2024, the Vice Minister of the Ministerio de Justicia y Paz communicated the updated schedule with the reprogramming of the workshops as follows: Phase 3: on January 24, 2025, in the Térraba territory; Phase 5: on January 17, 2025, in the Salitre territory; Phase 6: on January 31, 2025, in the Salitre territory; Phase 4: on January 19, 2025, and January 26, 2025, in the Rey Curré territory; Phase 6: on February 23, 2025, in the Rey Curré territory; Phase 4: on January 18, 2025, January 25, 2025, and February 1, 2025, in the Ujarrás territory; Phase 5: on February 8, 2025, in the Ujarrás territory; Phase 6: on February 22, 2025, in the Ujarrás territory; Phase 5: on February 8, 2025, February 12, 2025, February 13, 2025, February 14, 2025, February 15, 2025, and February 21, 2025, in the Boruca territory (see report rendered under oath and evidence provided);

v. Between October 25, 2024, and December 14, 2024, the Patronato Nacional de la Infancia has participated in a total of 10 consultation workshops for indigenous children, adolescents, and adults, conducted in the indigenous territories of Térraba, Salitre, Nombre72510, and Nombre105771, participants in the consultation of the Public Policy for Indigenous Peoples (see report rendered under oath and evidence provided);

w. Axes contemplated by the Public Policy for Indigenous Peoples: a) Democratic institutionality: Topics: Increase in public resources allocated to childhood and adolescence. Strengthening of inter-institutional and intersectoral articulation and coordination. Information on the rights of children and adolescents. Participation of children and adolescents. National policies that include specific interventions to guarantee the rights of childhood and adolescence. Creation of cantonal policies for childhood and adolescence; b) Life in family and community: Topics: Strengthening of the Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Quality living conditions that favor their well-being and integral development. Combating poverty. Promotion of care alternatives. Promotion of positive and respectful parenting. Prevention of violence in family and community environments; c) Special protection: Topics: Adolescents in juvenile criminal proceedings and deprived of liberty. Protection of working adolescents. Strengthening the promotion, defense, and protection of the right to physical, psychological, and moral integrity, to privacy, to honor, and to image. Human trafficking and commercial sexual exploitation. Adolescents in juvenile criminal proceedings and deprived of liberty. Protection of the rights of migrants, refugees, asylum seekers, LGTBIQ+, Afro-descendants, persons using psychoactive substances, persons with disabilities, and persons in street situations. Deinstitutionalization of minors; d) Health: Topics: Mental health. Strengthening support networks in families, institutions, and communities. Consumption of psychoactive substances and at increasingly younger ages and easy access. Sports, recreational, and cultural practices. Challenges and limitations in accessing health services. Right to sexual and reproductive health; e) Education: Topics: Universal conditions. Guaranteeing access, permanence, and school success. Digital education. Education for a culture of peace. Sexual education and affective relationships. Environmental education. Financial education. Technical and professional education and the development of soft skills; f) Culture, play, recreation, sport, and physical activity: Topics: Infrastructure and use of facilities. Guaranteeing safe, inclusive, and sustainable spaces. Guaranteeing the right to culture, play, recreation, and sport through spaces, programs, and activities according to age groups. Considering the opinion of children and adolescents. Attendance and participation in cultural, recreational, and sports activities without distinction by age and in equality. Making visible the traditions and autochthonous values of the territories and populations inhabiting the country; g) Environment: Topics: Promoting the active participation of the family and the community in caring for environmental diversity, seeking a model of respect for nature and its surroundings. Clean, healthy, and sustainable environment. Promoting a healthy environment, green spaces, waste-free environments (see report rendered under oath and evidence provided).

III.- Preliminary aspects. For the resolution of this process, it is important to carry out an analysis of the right to prior consultation of indigenous communities based on the provisions of Convention No. 169 of the International Labour Organization - approved by Law No. 7316, published in La Gaceta No. 234 of December 4, 1992 - and the current regulations.

Article No. 6 of Convention No. 169 of the International Labour Organization establishes:

“Article 6

1. In applying the provisions of this Convention, governments shall:

a) Consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;

b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them;

c) establish means for the full development of these peoples' own institutions and initiatives, and in appropriate cases provide the resources necessary for this purpose.

2. The consultations carried out in application of this Convention shall be undertaken in good faith and in a form appropriate to the circumstances, with the objective of achieving agreement or consent to the proposed measures.”

Likewise, Article 7 of Convention No. 169 of the International Labour Organization provides:

“Article 7

1. The peoples concerned shall have the right to decide their own priorities for the process of development as it affects their lives, beliefs, institutions and spiritual well-being and the lands they occupy or otherwise use, and to exercise control, to the extent possible, over their own economic, social and cultural development. In addition, they shall participate in the formulation, implementation and evaluation of plans and programmes for national and regional development which may affect them directly.

2. The improvement of the conditions of life and work and levels of health and education of the peoples concerned, with their participation and co-operation, shall be a matter of priority in plans for the overall economic development of the areas they inhabit. Special projects for development of the areas in question shall also be so designed as to promote such improvement.

3. Governments shall ensure that, whenever appropriate, studies are carried out, in co-operation with the peoples concerned, to assess the social, spiritual, cultural and environmental impact on them of planned development activities. The results of these studies shall be considered as fundamental criteria for the implementation of these activities.

4. Governments shall take measures, in co-operation with the peoples concerned, to protect and preserve the environment of the territories they inhabit.”

 From these regulations arises the commitment for the signatory States to broadly promote conditions that allow for the development of indigenous and tribal peoples in a manner that respects ethnic and cultural diversity, ensures the spaces of autonomy required for this, and unfolds within a framework of equality. From this emerges the duty of consultation provided for in subsection 6.1(a) transcribed above, prior to the issuance of administrative measures, such as public policies, executive decrees (decretos ejecutivos), and development projects that may directly affect those peoples.

 In light of the commitment adopted by the country upon ratifying the provisions of Article 6 of Convention No. 169 of the International Labour Organization, Executive Decree No. 40932-MP-MJP of March 6, 2018, was issued, published in Supplement No. 70 to the Official Gazette La Gaceta No. 59 of April 5, 2018, by which the Presidency of the Republic established the Mecanismo General de Consulta de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, in order to guarantee and safeguard the rights of indigenous peoples that may be affected by administrative or legislative decisions. From this regulatory body, it is worth highlighting the provisions of Articles 1, 2, 12, 13, 14, and 26:

“Article 1.- Purpose. The purpose of the Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas is to regulate the obligation of the Executive Branch to consult indigenous peoples in a free, prior, and informed manner, through appropriate procedures and through their representative institutions, whenever administrative measures, bills promoted by the Executive Branch, or private projects that may affect them are foreseen.

Article 2.- Definitions. The following definitions are derived from the applicable current regulatory framework:

(…)

g. Administrative measures. Understands, among others, administrative acts, public policies, executive decrees (decretos ejecutivos), and development projects, promoted by public institutions of the Executive Branch (emphasis is not original).

(…)

Article 12.- Characterization. Without prejudice to what is established by the current regulatory framework, the obligation to consult must incorporate, at least, the following characterizations:

a. Consultation is the right of indigenous peoples to be consulted. The consultation is exclusive for the indigenous peoples susceptible to being affected by the administrative measure, bill promoted by the Executive Branch, or private project. Indigenous peoples have the power to determine the internal rules that regulate belonging to their people.

Protected by the principle of Good Faith, indigenous peoples must form part of the

consultation that may affect them. The manifestation of anticipated refusal to participate, by an indigenous people, must be understood by the Government as a partial, not absolute, expression of the will of the indigenous people and will entail for itself the need to adopt all necessary good faith measures to open channels of dialogue; the foregoing, without prejudice to those manifestations of anticipated refusal that, being contemplated in international instruments, represent a total expression of the will of the indigenous peoples.

b. The obligation to consult corresponds to the Government. The obligation to carry out consultation processes falls upon the Government of the Republic. This obligation cannot be delegated to third parties or private legal entities of any type and, under no circumstance, represents the possibility of resorting to coercive measures to carry out the consultation. In the event of reluctance on the part of the indigenous peoples to take part in a specific consultation, the Government must make use of all pertinent channels of dialogue to understand the reasons motivating the reluctance to participate, in order to undertake the necessary good faith measures for the proper conduct of the consultation.

c. Information. Consultation processes imply exchanges in good faith of all useful, pertinent, and timely information among the involved parties, during all stages of the process. The interested counterpart must transmit complete and culturally appropriate information to the indigenous peoples. In addition, the indigenous peoples may transmit sufficient and necessary information so that the interested counterpart has a complete understanding of the indigenous culture. The information must have broad reach to the entire indigenous people and must be accessible both in Spanish and in the language of the indigenous people, according to the agreements of the preparatory stage.

d. Public convocations. The convocations made for the informative and decision-making stages within the consultation processes must be public and of broad reach, using various forms and means of communication, as well as taking into account linguistic diversity, geographic factors, and the representative organizations of each indigenous people. The convocation will be made with a prudential period that guarantees its wide dissemination; the mechanisms of convocation will be agreed upon between the Instancia Territorial de Consulta and the UTCI, in order to guarantee broad participation.

e. Publicity of the Consultation process. In compliance with the human right of access to public information, the following shall be information of public access and proactive publication: the consultation plan, the information exchanged between the involved parties, the agreements derived from the consultation, as well as all information that during the process is deemed opportune.

Article 13.- Specific measures to be consulted contained in international treaties.- All those specific administrative measures contained in Convention 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples must be consulted, namely:

a. Exploration or exploitation of natural resources within the Territories (Art. 15 Convention 169);

b. Relocation or removal of indigenous peoples (Art. 16 of Convention 169);

c. Alienation of lands or transmission of rights over lands outside the community (Art. 17 of Convention 169);

d. Vocational training programmes (Art. 22 of Convention 169);

e. Educational institutions and their own means of education (Art. 27 of Convention 169);

f. Teaching of the indigenous language (Art. 28 of Convention 169)

Article 14.- Specific measures to be consulted contained in International Declarations.- Likewise, all those specific administrative measures contained in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples must be consulted, namely:

a. Measures related to the adaptation of domestic legislation to the Declaration (Art. 38 of the UNDRIP);

b. Measures related to combating prejudice, eliminating discrimination, and promoting tolerance (Art. 15 of the UNDRIP)

c. Measures related to the labor exploitation of children (Art. 17 of the UNDRIP)

d. Measures relating to redress, restitution, or just and equitable compensation for lands, territories, and resources that they have traditionally owned, occupied, or otherwise used, and which have been confiscated, taken, occupied, used, or damaged. (Art. 28.1 of the UNDRIP)

e. Measures tending to provide for the storage or disposal of hazardous materials in the lands or territories of indigenous peoples. (Art. 29.2 of the UNDRIP)

f. Measures related to the use of territories for military activities (Art. 30 of the UNDRIP)

g. Measures related to the affection of lands or territories and other resources, related to the development, utilization, or exploitation of mineral, water, or other resources.

h. Measures related to the rights of Transboundary Indigenous Peoples (Art. 36 of the UNDRIP).

Without prejudice to the previously consigned measures, all administrative measures or private projects that have the effect of affecting the collective rights of indigenous peoples contained in Convention 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples must be consulted, as well as all those indicated through rulings of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia or the Inter-American Court of Human Rights.

Article 26.- Stages of the consultation procedure. The consultation procedure for Indigenous Peoples consists of eight preclusive stages, namely:

a. Request for consultation;

b. Admissibility of the consultation request;

c. Preparatory agreements for the consultation;

d. Information exchange;

e. Internal evaluation by the indigenous people;

f. Dialogue, negotiation, and agreements;

g. Finalization of the Consultation process;

h. Compliance with and monitoring of the agreements.”

Thus, this Constitutional Tribunal, following what is stipulated in subsection 6.1.a of Convention No. 169 of the International Labour Organization (ILO) concerning Indigenous and Tribal Peoples, has referred to the importance of carrying out a prior consultation with the indigenous population when faced with measures of an administrative or legislative nature that generate or represent an affection. In that sense, ruling No. 2019-021297 of 9:20 a.m. on November 1, 2019, was issued, in which it was established:

“IV.- On the consultation of indigenous communities and Convention 169 of the ILO. In the opinion of this Constitutional Tribunal, following the provisions of Convention No. 169 of the International Labour Organization, approved by Law No. 7316, published in La Gaceta No. 234 of December 4, 1992, a suitable mechanism for the participation of indigenous communities in matters that directly affect them must be guaranteed. Indeed, the cited Convention has as a fundamental principle the full and effective participation of indigenous and tribal peoples at all levels of decision-making processes that concern them. The regulation in question, in its Article 4, requires governments to adopt special measures as required to safeguard the persons, institutions, property, labour, cultures, and environment of the peoples concerned. On several occasions, this Chamber has recognized the need to take into consideration the specific characteristics of indigenous groups that remain in their own territories when interpreting and applying the different norms that make up the legal system. Thus, our Political Constitution must be interpreted and applied in a way that permits and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities that inhabit Costa Rica, without other limits than the same human rights that impose themselves on the conduct of all persons. In the same way, the clauses of international instruments and common legislation must be developed when applied to indigenous peoples. For its part, Article 6 of the aforementioned Convention establishes, as relevant, the following: "Article 6. 1. In applying the provisions of this Convention, governments shall: a) Consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly;". Based on this precept, any legislative or administrative measure that may directly affect the peoples concerned must be the subject of consultation with them. According to the definition made by Article 1 of the Ley Indígena, No. 6172 of November 29, 1977, this provision is applicable to the inhabitants of the indigenous reserves who constitute ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who retain their own identity (see in a similar sense rulings 2014-015855 of nine hours and twenty minutes of September twenty-six, two thousand fourteen, and 2012-007613 of nine hours and five minutes of June eight, two thousand twelve, among many others).

Likewise, Article 6.1(b) of this body of law expressly establishes that, when applying the provisions of its articles, governments shall: “(b) establish means by which the peoples concerned can freely participate, to at least the same extent as other sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and other bodies responsible for policies and programmes which concern them;”. More specifically, regarding the issue of comprehension in legal procedures, Article 12 of the same instrument expressly provides that: “The peoples concerned shall be safeguarded against the violation of their rights, and shall be able to initiate legal procedures, either personally or through their representative bodies, to ensure the effective protection of these rights. Measures shall be taken to ensure that members of these peoples can understand and be understood in legal procedures, providing them with interpreters or other effective means if necessary.” It must be emphasized that, from the framework of ILO Convention 169, there arises for signatory States, on the one hand, the commitment to broadly promote conditions that allow the development of indigenous and tribal peoples in a manner that respects ethnic and cultural diversity, ensures the spaces of autonomy required for this, and unfolds within a framework of equality. And on the other hand, the duty of prior consultation (consulta previa) provided for in Article 6.1(a) transcribed above, in relation to legislative or administrative measures susceptible of directly affecting said peoples. Without neglecting that at this point, that prior consultation (consulta previa) constitutes a mandatory procedure in the specific hypotheses indicated above, through which one of the clearest forms of democratic participation is granted to indigenous and tribal peoples (…).” (emphasis not part of the original).

IV.- Regarding the specific case. In the sub lite, the appellant states that the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes) participated in the process of formulating the Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036, in the capacity of an active observer institution and a consultative body providing technical support. She explains that for the formulation of the policy in question, the following was carried out: in the ordinary session CNNA 09-2020 of October 28, 2020, the National Council for Children and Adolescents (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia) heard and approved the “Proposal for the updating and integration of public policies regarding children and adolescents,” prepared by the Technical Secretariat of said collegiate body, which includes the roadmap for its implementation; in ordinary session CNNA 03-2021 of March 24, 2021, the methodology for formulating the Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 was approved, and in extraordinary session CNNA-05-2022 of April 6, 2022, the document “Status of the Rights of Children and Adolescents, Costa Rica 2021” was approved, which constitutes the main diagnostic input for this policy. She explains that through Decreto Ejecutivo nro. 43515-MP-MNA, the Executive Branch declared the formulation of the Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 to be of public and national interest. She adds that on November 25, 2021, it was agreed that the respondent Council, through the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia, PANI), would conduct a national consultation in indigenous territories (consulta en territorios indígenas), which was recommended within the formulation process of the Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036; however, she complains that through official communication PANI-PE-OF-0786-2023 of May 23, 2023, Ms. Gloriana López Fuscaldo, in her capacity as Minister of Children and Adolescents and Executive President of PANI, requested to evaluate the technical closure of the consultation process for indigenous children and adolescents within the Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, given that said consultation would be carried out within the framework of the Public Policy for Indigenous Peoples (Política Pública para Pueblos Indígenas). She reproaches that due to this request, resolution DNRAC-UTCI N. 06-2023 of May 23, 2023, was issued, by means of which the closure and archiving of file UTCI-21-2021 for the project “Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia” was ordered. She considers that the foregoing implies that indigenous children and adolescents could not exercise their right to participation enshrined in the Convention on the Rights of the Child, a right reinforced by ILO Convention 169. She alleges that in ordinary session CNNA 03-2023 of October 24, 2024, the respondent Council approved addressing the consultation and matters related to indigenous children and adolescents within the framework of the elaboration of the Política Pública para Pueblos Indígena, and in extraordinary session CNNA 02-2024 of April 18, 2024, the respondent Council decided not to record in the Policy document the reference to the consultation of indigenous minors, and instead, to include the concrete intervention in the first action plan of the policy regarding the consultation of indigenous children and adolescents, from whose results the commitments and interventions of the institutions will emerge, to be included in the second action plan of this policy. She considers that the actions of the respondent authority violate the right to equality and non-discrimination, the right to survival and development, as well as the right to participation of indigenous minors according to the Convention on the Rights of the Child and ILO Convention 169. She requests the intervention of the Chamber (Sala) to declare that the agreements adopted in the ordinary session of October 24, 2023, and in the extraordinary session of April 18, 2024, are detrimental to the fundamental rights of the protected population.

In this regard, first, it must be noted that, as a matter of principle, it is not for this Tribunal to oversee the appropriate design of public policies by the entity legally competent for their creation, nor is it appropriate, through the summary remedy of amparo, to determine which of the two policies should be used—whether the Política Nacional de Niñez y Adolescencia or the Política Pública de Pueblos Indígenas. However, in the specific case presented by the appellant, it can be subject to analysis in this specialized jurisdiction as the prior consultation process (proceso de consulta previa) is being discussed. In that sense, it is important to establish that the execution of a public policy, or the exercise of a legal power, cannot leave a constitutional right or guarantee without content, due to which it is necessary to highlight that the Costa Rican indigenous population enjoys special protection from the State, which is aimed at preserving its customs and traditions, because failure to do so would imply an open disregard or unreasonable setback in the coverage and means to protect such rights and guarantees.

That said, as developed in the preceding whereas clause (considerando), the purpose of the General Mechanism for Consultation of Indigenous Peoples (Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas) is to regulate the obligation to consult indigenous peoples in a free, prior, and informed manner through appropriate procedures whenever administrative measures are foreseen, within which public policies promoted by public institutions of the Executive Branch are included. In the specific case, the Política Pública de Pueblos Indígenas includes the following axes: Democratic institutionality: Topics Increase of public resources destined for children and adolescents. Strengthening of inter-institutional and intersectoral articulation and coordination. Information on the rights of children and adolescents. Participation of children and adolescents. National policies that include specific interventions to guarantee the rights of children and adolescents. Creation of cantonal policies for children and adolescents; b) Family and community life: Topics Strengthening of the National Network for Childcare and Development (Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil). Quality living conditions that favor their well-being and integral development. Combatting poverty. Promotion of childcare alternatives. Promotion of positive and respectful parenting. Prevention of violence in family and community environments; c) Special protection: Topics Adolescents in juvenile criminal proceedings and deprived of liberty. Protection of working adolescents. Strengthening the promotion, defense, and protection of the right to physical, psychological, and moral integrity, privacy, honor, and image. Human trafficking and commercial sexual exploitation. Adolescents in juvenile criminal proceedings and deprived of liberty. Protection of the rights of migrants, refugees, refugee claimants, LGTBIQ+ individuals, Afro-descendants, persons consuming psychoactive substances, persons with disabilities, persons in street situations. Deinstitutionalization of minors; d) Health: Topics Mental health. Strengthening support networks in families, institutions, and communities. Consumption of psychoactive substances at increasingly earlier ages and with easy access. Sports, recreational, and cultural practices. Challenges and limitations in accessing health services. Right to sexual and reproductive health; e) Education: Topics Universal conditions. Guaranteeing access, permanence, and scholastic success. Digital education. Education for a culture of peace. Sexual education and affective relationships. Environmental education. Financial education. Technical, professional education and the development of soft skills; f) Culture, play, recreation, sport, and physical activity: Topics Infrastructure and use of facilities. Guaranteeing safe, inclusive, and sustainable spaces. Guaranteeing the right to culture, play, recreation, and sport through spaces, programs, and activities according to age groups. Considering the opinion of children and adolescents. Attendance and participation in cultural, recreational, and sports activities without distinction based on age and in equality. Making visible the autochthonous traditions and values of the territories and the populations that inhabit the country; g) Environment: Topics Promoting the active participation of the family and the community in caring for environmental diversity, seeking a model of respect for nature and its surroundings. Clean, healthy, and sustainable environment. Promoting a healthy environment, green spaces, environments without waste.

From this perspective, once the content of the questioned public policy has been analyzed, it is determined that it includes specific measures in which the obligation to carry out the prior consultation (consulta) arises in accordance with Articles 13 and 14 of the Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Note that it includes various topics related to education, culture, special protection linked to measures to eradicate discrimination and promote tolerance, as well as promoting the autochthonous traditions and values of the territories and the populations that inhabit the country. It is from these measures included within the Política Pública de Pueblos Indígenas that the obligation to carry out the prior consultation (consulta) arises because it includes aspects that have a direct effect on the collective rights of indigenous peoples contained in Convention 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples. That is, in application of what was developed in Considerando III, it follows that the questioned public policy could indeed generate an impact on the indigenous population, and therefore it must mandatorily be subjected to a consultation process (proceso de consulta).

Now, from the list of proven facts, it is evident that, initially, the National Council for Children and Adolescents (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia), through ordinary session CNNA 09-2020 of October 28, 2020, initiated the formulation process for the Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia, within which the commitment to consult the indigenous minor population was established; for this reason, the respondent Council sought the advisory services of the Technical Unit for Indigenous Consultation (Unidad Técnica de Consulta Indígena) of the Ministry of Justice and Peace, which has been responsible for providing various spaces for dialogue, advice, and training based on the application of the Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Subsequently, it is recorded that within the reformulation of the policy in question, it was determined that it did not include specific administrative measures for the indigenous minor population, and therefore it was decided to develop the Política Pública de Pueblos Indígenas. Note that there was a technical opinion from the Unidad Técnica de Consulta Indígena of the Ministry of Justice and Peace, which resolved through resolution DNRAC-UTCI N° 06-2023 of May 23, 2023, the following: “this unit, after analyzing the request made by the Minister of Children and Adolescents, Ms. Gloriana López Fuscaldo, in official communication PANI-PE-OF-0786-2023, in which she indicates: ‘to evaluate the technical pertinence for the closure of the process regarding the prior consultation (consulta) of the Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 initiated by the Patronato Nacional de la Infancia before the Unidad Técnica de Consulta Indígena, given that the prior consultation (consulta) related to administrative measures regarding indigenous children and adolescents will be carried out within the framework of the Política Pública para Pueblos Indígenas,’ decides to proceed with the closure and archiving of file UTCI21-2021 for the project ‘Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia’ with the understanding that the same will be included and addressed within the prior consultation (consulta) of the Política Pública a Pueblos Indígenas.” Based on the foregoing, it is verified that in ordinary session CNNA 03-2023 of October 24, 2023, the National Council for Children and Adolescents (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia) agreed: “ARTICLE 07) SECTION 04) IT IS AGREED: 1. THAT THE CONSULTATION OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, IN TERMS OF PUBLIC POLICY, WILL BE ADDRESSED WITHIN THE POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PPPI) CURRENTLY LED BY THE VICE-MINISTRY OF PEACE. 2. TO EXPRESS THE INTEREST OF THE CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA IN UNITING INTER-INSTITUTIONAL EFFORTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ELABORATION OF THE POLÍTICA PÚBLICA PARA PUEBLOS INDÍGENAS, WITH THE PURPOSE THAT SPACES FOR CONSULTATION BE ESTABLISHED WITH INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS WITH THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, SO THAT THE CONSULTATION SPACES ALLOW FOR THE INCORPORATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN SAID POLICY. 3. THAT THE PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, IN ITS STEERING ROLE IN MATTERS OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS, WILL BE THE TECHNICAL ENTITY RESPONSIBLE FOR ACCOMPANYING THE VICE-MINISTRY OF PEACE IN THE EXECUTION OF THE CONSULTATION PROCESS WITH INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, AS WELL AS THEIR FATHERS, MOTHERS, AND GUARDIANS, IN ARTICULATION WITH THE OTHER PUBLIC INSTITUTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONSULTATION FOR THE POLÍTICA PÚBLICA DE PUEBLOS INDÍGENAS. 4. THAT THE INSTITUTIONS COMPRISING THIS COUNCIL WILL CONTINUE TO GUARANTEE ACTIONS FOR THE PROMOTION, CARE, PROTECTION, AND DEFENSE OF THE RIGHTS OF INDIGENOUS CHILDREN AND ADOLESCENTS, RESPECTING THEIR CULTURE AND WORLDVIEW. 5. TO RECORD THIS AGREEMENT IN THE TEXT OF THE POLÍTICA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2024-2036.”

From the foregoing, while it is determined that on October 24, 2023, the respondent authority established the commitment to carry out the prior consultation (consulta) of indigenous children and adolescents, as well as their fathers, mothers, and guardians, within the framework of the Política Pública para Pueblos Indígenas, the fact of the matter is that, as of the filing date of this appeal, that is, July 12, 2024, the process had not begun, and there was not even a duly structured and chronological overview to guarantee the prior consultation (consulta) of indigenous children and adolescents within the framework of the Política Pública de Pueblos Indígenas.

Note that it was from the intervention of this Constitutional Tribunal (Tribunal Constitucional), with the requests for evidence for better resolution (pruebas para mejor resolver), that it was reported, via official communication DVMP-382-10-2024 of October 3, 2024, that the consultation process (proceso de consulta) began on October 25, 2024, with Phase No. 4 called “Exchange of Information,” which includes: “the exchange of information is a reciprocal process between all parties involved in a given consultation process. The objective of this stage is for the indigenous peoples to receive all the quality information necessary to make an informed decision and for the interested counterparty to possess information about the indigenous people and their worldview, particularly regarding the subject matter of the consultation. The interested counterparty must provide all existing quality information about the administrative measure, bill promoted by the Executive Branch, or private project being consulted. The interested counterparty must submit information to the indigenous peoples in the following manner: a. Entirety of the information (in the Spanish language) b. Summarized version of the information (in Spanish and in the indigenous people’s language) c. Voice recording of the information and other didactic materials (in Spanish and in the indigenous people’s language). The indigenous peoples may transmit any quality information about their culture that they consider relevant, to broaden the knowledge of the interested counterparty. The exchange must occur in both directions throughout the entire process. The information should not be understood as a formal or one-time delivery of materials, but rather as a constant process requiring dialogue spaces where the information is presented before internal community decision-making and participatory spaces, duly convened, or before another own traditional mechanism, with interpreters chosen by the indigenous people and in spaces where questions can be resolved. It is not omitted to state that the technical liaisons assigned by your represented entity were duly trained on the topic of the Mecanismo General de Consulta Indígena by the Unidad Técnica de Consulta Indígena. It is important to clarify that the management of the workshops follows the specificity and methodology requested by each Indigenous Territory.” It is recorded that between October 25, 2024, and December 14, 2024, a total of 10 workshops were conducted for indigenous children, adolescents, and adults, held in the indigenous territories of Térraba, Salitre, Nombre72510, and Ujarrás, participants in the consultation of the Política Pública de Pueblos Indígenas. In addition to this, through official communication DVMP-612-12-2024 of December 17, 2024, the updated schedule was communicated with the rescheduling of the workshops as follows: Phase 3: January 24, 2025, in the territory of Térraba; Phase 5: January 17, 2025, in the territory of Salitre; Phase 6: January 31, 2025, in the territory of Salitre; Phase 4: January 19, 2025, and January 26, 2025, in the territory of Rey Curré; Phase 6: February 23, 2025, in the territory of Rey Curré; Phase 4: January 18, 2025, January 25, 2025, and February 1, 2025, in the territory of Ujarrás; Phase 5: February 8, 2025, in the territory of Ujarrás; Phase 6: February 22, 2025, in the territory of Ujarrás; Phase 5: February 8, 2025, February 12, 2025, February 13, 2025, February 14, 2025, February 15, 2025, and February 21, 2025, in the territory of Boruca.

Thus, this Chamber (Sala) considers that while the respondent authority has carried out actions aimed at complying with the consultation procedure, the truth is that there is no certainty that it will be carried out as indicated, with the aggravating factor that the respondent authority did not provide a complete schedule in which the consultation procedure across the 24 indigenous territories could be observed, nor the complete action plan that includes all the stages as established by Article 26 of the Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Note that one of the most relevant phases is number 6, as it corresponds to the stage of dialogue, negotiation, and agreements, in which the involved parties dialogue so that the interested counterparty learns of the decision and proposals that the indigenous people elaborated during the Internal Evaluation stage. The foregoing, with the aim that they can truly participate and influence the decision-making process, in accordance with the pertinent standards. Consequently, in view of the considerations set forth in Considerando III, this Constitutional Tribunal (Tribunal Constitucional) must intervene to guarantee the prior consultation (consulta) of indigenous children, adolescents, and their families from all indigenous territories within the framework of the Política Pública de Pueblos Indígenas under the effective application of the Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Consequently, the proper course is to declare the appeal with merit (declarar con lugar el recurso).

V.- Documentation provided to the case file. This Chamber (Sala) must warn the appellant that, should they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or means produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 working days after receiving notification of this judgment; otherwise, everything will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial) in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The appeal is declared with merit (Se declara con lugar el recurso). It is ordered to Kennly Garza Sánchez, in her condition as president of the National Council for Children and Adolescents (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia), or to whoever occupies that position, to coordinate the pertinent actions and carry out all necessary proceedings so that, within a maximum period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the consultation process (proceso de consulta) is conducted for indigenous children and adolescents from all indigenous territories within the framework of the Política Pública de Pueblos Indígenas under the effective application of the Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas in accordance with what is indicated in this judgment. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the damages caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment of the administrative contentious jurisdiction. Notify.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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