Res. 08667-2025 Sala Constitucional — Failure to Resolve and Notify Complaint on Illegal Dump Violates Right to Prompt JusticeOmisión de resolver y notificar denuncia sobre botadero ilegal lesiona justicia pronta

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Sala Constitucional

Resolución Nº 08667 - 2025

Fecha de la Resolución: 21 de Marzo del 2025 a las 09:30

Expediente: 24-033947-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL



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Texto de la resolución

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Exp: 24-033947-0007-CO

Res. Nº 2025008667

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil veinticinco .

 

  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-033947-0007-CO, interpuesto por Nombre105720, cédula de identidad CED59363, Nombre105721, cédula de identidad CED59364 y Nombre105722, cédula de identidad CED59365, a su favor y de Nombre105723, cédula de identidad CED59366, contra la MUNICIPALIDAD DE PALMARES, el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a las 13:53 horas del 02 de diciembre de 2024, los recurrentes interponen recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE PALMARES, el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. Manifiestan, en resumen, que el 3 de septiembre del 2024, mientras transitaban por el sector Dirección7784, distrito de Zaragoza de Palmares, en la ruta terciaria N° 715, doscientos metros al sur de la "Granja Los Pollitos", pudieron observar gran cantidad de residuos sólidos al costado del camino, de los cuales despedían malos olores. Agrega que, ante tal situación, se acercaron y pudieron comprobar la existencia de un botadero de basura clandestino, con gran cantidad de desechos sólidos en descomposición, así como residuos líquidos que son lixiviados y contaminan los mantos acuíferos de la zona, lo que afecta el ecosistema. Añaden que, hablaron con los vecinos de la zona quienes manifestaron que el botadero de basura opera desde hace mucho tiempo y la Municipalidad de Palmares no ha tomado las acciones pertinentes para su eliminación y limpieza de la zona. Acotan que, en el sitio se puede observar cómo hay basura y líquidos que se desplazan hacia el cauce del Río Grande, además de una gran cantidad de basura que se ubica a ambas márgenes del río, la cual no solo contamina el río, sino que se dirige cuenta abajo hacia el Océano Pacífico. Reiteran que, la flora y fauna del área se ve afectada con los deshechos, los líquidos que discurren de la basura en descomposición, así como los gases de efecto invernadero, en claro daño al ambiente. Comentan que, el 5 de setiembre de 2024, formularon ante el Área de Conservación Central Oficina de San Ramón, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio del Ambiente y Energía una denuncia sobre la contaminación de residuos pocos regulados en el sector de Dirección7784, en Zaragoza de Palmares. Mencionan que, el 12 de setiembre de 2024, se interpuso una denuncia ante la Municipalidad de Palmares sobre la existencia de un basurero a cielo abierto e ilegal, y se solicitó tomar las acciones pertinentes, tales como proceder al cierre de dicho vertedero, limpieza, recolección de los residuos y proceder a dar el tratamiento pertinente. Además, se pidió que se les informe sobre lo actuado y se brinde capacitación respecto del correcto manejo de los residuos a los vecinos, además que se coloque una maya a la orilla de la calle para evitar el paso a la zona y que no se vuelva a convertir en un botadero. Acotan que, también, en esa misma fecha interpusieron ante el Área Rector de Salud de Palmares una denuncia por contaminación ambiental en La Cocaleca camino a Dirección7785 en Zaragoza, Palmares. Refieren que,  por oficio N° SINAC-ACC-OSR-inf-1720-2024, de 17 de setiembre de 2024, la Oficina de San Ramón del Área de Conservación Central,  Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE informó que se realizó una visita al sitio y se comprobó los hechos denunciados, por lo que se recomendó trasladar la denuncia a la Municipalidad de Palmares y al Ministerio de Salud en Palmares para su atención y que se proceda al manejo adecuado de los residuos. Afirman que, por oficio N° MS-DRRSCO-DARS-P-778-2024 de 23 de setiembre de 2024, suscrito por Ana Lorena Lobo Montero profesional de Proceso de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Palmares emitió un informe técnico sobre los hechos denunciados y recomendó expedir la orden sanitaria respectiva por la inadecuada disposición de residuos sólidos. Mencionan que, por oficio N° MS-DRRSCO-DARS-P-1164-2024 de 23 de setiembre de 2024, la directora del Área Rectora de Salud de Palmares les comunicó el informe técnico emitido con ocasión de su denuncia. Detalla que, el 1° de octubre de 2024, recibieron un correo electrónico de la Municipalidad de Palmares en el que indican el Plan de Acción para el abordaje de la problemática sobre el botadero de basura. Exponen que, el 2 de noviembre de 2024, volvieron a visitar el lugar para determinar las acciones que fueron tomadas respecto del daño al ambiente, pero solo pudieron observar que se colocó una cerca en la zona del vertedero para restringir el paso; sin embargo, no se dispuso nada sobre la recolección y manejo adecuado de los desechos. Sostienen que, a pesar de lo indicado por las autoridades recurridas, la situación del daño al ambiente persiste, debido que la basura continúa en el lugar. Consideran que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales.  

 2.- Mediante resolución de las 13:02 horas del 05 de diciembre de 2024 , se dio curso al presente recurso.

 3.- Informa bajo juramento Julio Emerson Rojos Elizondo, en su condición de Jefe a.i. de la Oficina Subregional de San Ramón del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, que el recurrente presentó una denuncia el 12 de setiembre de 2024, la cual se asignó el código SITADA N° 49916-2024, para su seguimiento. Agrega, que se llevó a cabo una visita de campo el 13 de septiembre de 2024, según el informe de campo SINAC-ACC-OSR-inf-1720-2024. Señala que, el 18 de septiembre de 2024, se notificó al recurrente vía correo electrónico, el informe de la gira, así como copia de los oficios de traslado de lo denunciado a la Municipalidad de Palmares y al Área Rectora de Salud. Finalmente, el 18 de diciembre de 2024, se remitió la denuncia al Organismo de Investigación Judicial por posible invasión a un área protegida. Afirma que, el SINAC actuó dentro de sus competencias. Solicita se declare sin lugar el recurso.

 4.- Informan bajo juramento José Andrés Vargas Rodríguez, Adrián Vásquez Gutiérrez, y Marta Jeaninne Rojas Rojas, en su carácter de Alcalde, Encargado de la Unidad de Servicios Municipales y Encargada de la Unidad de Ambiente,  todos funcionarios de la Municipalidad de Palmares, que, posterior a la denuncia recibida, en fecha 05 de diciembre del 2024, se intervino en el sitio con una cuadrilla municipal  y se realizó la recolección de los residuos encontrados en la zona, para lo cual se anexa foto. Agrega que, el 07 de diciembre del mismo año, se realizó visita de inspección y seguimiento, para verificar que no quedaran residuos ordinarios en el lugar siendo que todos los desechos recolectados fueron trasladados al centro de acopio, donde se realizó una selección manual para determinar cuáles materiales eran reutilizables. Refiere que, los desechos no reutilizables fueron dispuestos mediante el servicio ordinario de recolección ofrecido por la Municipalidad garantizando un manejo adecuado de los mismos. Acota que, se realiza visita semanal al sitio por parte del Coordinador de Cuadrillas, como seguimiento del caso, para constatar que no se vierta desechos ordinarios en el lugar, además, se efectuaron visitas a los vecinos, en la cual se coordinaron acciones conjuntas y se les proporcionaron los números telefónicos de la Oficina de Servicios Municipales para que puedan reportar actos ilegales relacionados con el vertido de residuos. Afirma que, la Unidad Ambiental cercó el lote, para evitar que sigan colocando residuos en el lugar y constantemente, visitan la zona para garantizar que no se sigan disponiendo de manera inadecuada los residuos y conservar el medio ambiente. Precisa que dicho departamento ejecutó las siguientes acciones correspondientes siendo que el 01 de noviembre se terminaron los trabajos del cercado del lote. Aclara que, no solamente se realizó limpieza en el sitio, sino que, se colocaron postes y alambres con la finalidad de cercar el lugar y así evitar que las personas sigan depositando en el lugar residuos sólidos de manera clandestina, aunado a ello, semanalmente se realiza visita al sitio, con el objeto de verificar que el mismo se encuentre sin desechos sólidos. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Informa bajo juramento Melania Rodríguez Quirós, en su condición de Directora de la Dirección Área Rectora de Salud Palmares, de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud, Central Occidente, del Ministerio de Salud, que el 12 de setiembre de 2024, los amparados presentaron una queja en la Dirección del Área Rectora de Salud denunciando que, en el Dirección7784, en el distrito de Zaragoza de Palmares, se observó una cantidad importante de residuos sólidos a un costado del camino y en las orillas del Río Grande. Indica que, a dicha denuncia se le asigno el consecutivo D-P-127-2024.  Señala que, se realizó visita de inspección en fecha 18 de setiembre de 2024 y de acuerdo con el informe técnico MS-DRRSCO-DARS-P-RS-778-2024, se describen los hallazgos identificados en la visita de inspección al sitio denunciado, el cual es un sitio desolado, sin maleza donde en apariencia se estacionan los carros y depositan los residuos sólidos, los cuales por pendiente del terreno caen cerca de las márgenes del Río Grande, en donde se verifica que existe una mala disposición de residuos, entre ellos, restos de madera, escombros, ropa, entre otros, por lo que se recomendó notificar orden sanitaria a la Municipalidad de Palmares con base en la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Afirma que se elaboró y notificó al Alcalde de la Municipalidad de Palmares la orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, en donde se ordenó: “Realizar las acciones necesarias para que se elimine la disposición final de los residuos sólidos que son depositados a cielo abierto en un sitio no  autorizado de modo que se elimine la contaminación al ambiente y la contaminación de cuerpos de agua. Debido a que se verificó la disposición de residuos a cielo abierto que por Ley corresponde al Municipio una recolección y disposición adecuada”. Detalla que, de acuerdo con el informe oficio MS-DRRSCO-DARS-P-1164-2024, se comunicó a los denunciantes sobre el seguimiento a la denuncia. Agrega que, de acuerdo con el informe técnico MS-DRRSCO-DARS-P-RS-103-2025, la funcionaria encargada del caso realizó visita de inspección al sitio en donde verificó las acciones realizadas por la Municipalidad de Palmares en favor de la protección del medio ambiente, por lo que concluye que hay  un cumplimiento de la orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024. Precisa que, mediante oficio CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0206-2025 se informó al Alcalde de la Municipalidad de Palmares sobre el seguimiento a la denuncia y se le solicitó la colocación de la rotulación indicando la prohibición del depósito de residuos en el sitio intervenido. Asevera que, en seguimiento, mediante el informe MS-DRRSCO-DARS-P-103-2025, 12 de febrero de 2025, la autoridad de salud indica: “ Seguimiento a la orden sanitaria MS-DRRSCO-OS-158-2024, Notificada a la Municipalidad de Palmares, confirmando cumplimiento según verificación de medidas tomadas…”. Dice que, en atención a lo anterior mediante la CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0207-2025, 12 de febrero de 2025, se informó a los amparados los actos realizados para solucionar el problema siendo que en apariencia no se han vuelto a disponer residuos sólidos en el sitio, a partir de las acciones tomadas por la Municipalidad de Palmares, por lo que se da por cerrado el seguimiento a la orden sanitaria MS-DRRSCO-OS-158-2024, siendo que, se dará seguimiento a la colocación de rotulación por parte de la Municipalidad de Palmares, que indique la prohibición de disponer residuos sólidos en el sitio y se informará al respecto. Solicita se declare sin lugar el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

  Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

 I.- Objeto del recurso. Los recurrentes manifiestan que, el 3 de septiembre de 2024, en Dirección7784, Zaragoza de Palmares, se encontraron con un botadero clandestino ubicado al lado de la Dirección7786, que afecta el Río Grande y los acuíferos de la zona siendo que los vecinos señalaron que este problema existe desde hace mucho tiempo y que la Municipalidad de Palmares no ha tomado acciones para solucionarlo. Acotan que, el 5 de septiembre de 2024, presentaron una denuncia por contaminación ambiental ante el Área de Conservación Central y el 12 de septiembre de 2024, otra ante la Municipalidad por el basurero ilegal, en la que se solicitó cerrar el vertedero, limpiar y gestionar los residuos. Agregan que, en igual sentido se denunció la situación ante el Área Rector de Salud. Afirman que, el 17 de septiembre de 2024, la Oficina de del Área de Conservación Central constató los hechos denunciados y recomendó trasladar la queja a la Municipalidad y al Ministerio de Salud. Refieren que, el Área de Salud recomendó emitir una orden sanitaria por la inadecuada disposición de residuos y el 1 de octubre de 2024, la Municipalidad recurrida comunicó un Plan de Acción, pero al visitar el lugar el 2 de noviembre de 2024, solo encontraron una cerca instalada y no se había avanzado en la recolección de basura. Consideran que la situación ambiental sigue siendo grave, afectando sus derechos fundamentales.

 II.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia Nº 2008-02545, de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues se está ante gestiones administrativas en las que se alegan problemas de contaminación provenientes de un botadero ilegal ubicado en Palmares, con lo cual se podrían poner en riesgo el ambiente y salud de los vecinos. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

A.- En cuanto a la Municipalidad de Palmares.

a)   El 12 de setiembre de 2025, los amparados presentaron una denuncia por contaminación proveniente de un vertedero de basura a cielo abierto ante la Alcaldía (ver copia de la queja e informe de la autoridad recurrida).

b)   Sin precisar fecha, se efectuó una inspección en la zona afectada para evaluar el estado y se constató la presencia de residuos sólidos vertidos de manera irregular (ver informe y copia del oficio MP- USP-407-2024).

c)    Mediante oficio MP-USP-326-2024, del 01 de octubre de 2024, el Jefe de la Unidad de Servicios Públicos les comunicó a los amparados que, se estaba desarrollando un plan de acción para abordar la problemática denunciada (ver copia del oficio aportado por el recurrente).

d)   El 04 de octubre del 2024, la parte recurrida presentó una solicitud de caja chica al Departamento de Tesorería para la compra de rollos de alambre de púas y de navaja para cercar el terreno (ver informe de las autoridades recurridas).

e)    El 16 de octubre de 2024, se iniciaron las obras en el predio   (ver informe de las autoridades recurridas y prueba fotográfica).

f)     El 01 de noviembre se terminan los trabajos del cercado del lote (ver informe de las autoridades recurridas y prueba fotográfica).

g)   El 06 de diciembre de 2024, se realizó la recolección de los residuos encontrados en la zona (ver informe y copia del oficio MP- USP-407-2024).

h)   El 7 de diciembre de 2024, se efectuó una segunda inspección para verificar que, no quedaran residuos ordinarios en el lugar, los desechos recolectados fueron trasladados al centro de acopio y no reutilizables fueron dispuestos mediante el servicio ordinario de recolección ofrecido por la Municipalidad (ver informe de la autoridad recurrida).

i)     El 9 de diciembre de 2024, como parte del seguimiento al cronograma establecido, se llevó a cabo una nueva inspección,  se encontró una bolsa de basura, la cual fue retirada, y procesada en el centro de acopio  (ver informe y copia del oficio MP- USP-407-2024).

j)     Sin precisar fechas, se realizaron visitas informales con los vecinos del lugar, se coordinaron acciones conjuntas y se les proporcionaron los números telefónicos de la Oficina de Servicios Municipales para que puedan reportar actos de ilegalidad relacionados con el vertido de residuos (ver informe y copia del oficio MP- USP-407-2024).

k)   Para el presupuesto 2025, se programó realizar una modificación que permita la adquisición de rótulos que, indiquen la prohibición de depositar basura en el lugar, así como las multas correspondientes, con el objetivo de informar adecuadamente a la comunidad (ver copia del oficio N° MP- USP-407-2024).

l)     La autoridad recurrida ha instruido al jefe de cuadrillas incluir en su cronograma semanal de trabajo, al menos, una inspección en la zona denunciada y en caso de encontrar residuos, e proceder a su recolección, separación y disposición adecuada  (ver informe y copia del oficio MP- USP-407-2024).

m)A las 14:48 horas del 07 de febrero de 2025, se notificó al Alcalde recurrido la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta de notificación).

B.- En relación con el Área de Salud de Palmares.

a)   El 12 de setiembre de 2024, los amparados presentaron una queja en la Dirección del Área Rectora de Salud denunciando que, en el Dirección7784, en el distrito de Zaragoza de Palmares, se observó una cantidad importante de residuos sólidos a un costado del camino y en las orillas del Río Grande, a la cual se le asigno el consecutivo D-P-127-2024. Los gestionantes señalaron para atender notificaciones el correo electrónico ...3513 (ver copia del formulario y de la denuncia con sello y firma de recibido). 

b)   El 18 de setiembre de 2024, se realizó la inspección en el sitio denunciado, y se verificó que, se trata de un lugar desolado, sin maleza donde se depositan  residuos sólidos, los cuales por la pendiente del terreno caen cerca de las márgenes del Río Grande, por lo que se recomendó notificar orden sanitaria a la Municipalidad de Palmares con base en la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (ver informe,  copia del acta y del informe técnico MS-DRRSCO-DARS-P-RS-778-2024). 

c)    Mediante orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, del 20 de setiembre de 2024, se ordenó al Alcalde de la Municipalidad de Palmares, que en el plazo de veinte días hábiles:  “ Realizar las acciones necesarias para que se elimine la disposición final de los residuos sólidos que son depositados a cielo abierto en un sitio no  autorizado de modo que se elimine la contaminación al ambiente y la contaminación de cuerpos de agua. Debido a que se verificó la disposición de residuos a cielo abierto que por Ley corresponde al Municipio una recolección y disposición adecuada” (ver informe y copia de la orden sanitaria).

d)   Mediante oficio MS-DRRSCO-DARS-P-1164-2024, del 23 de setiembre de 2024,  la Directora  comunicó a los denunciantes que se había constatado la situación denunciada y que se había emitido una orden sanitaria al Alcalde de  Municipalidad de Palmares. Además, se les adjuntó el informe técnico MS-DRRSCO-DARS-P-RS-778-2024, correspondiente a la inspección, las recomendaciones efectuadas, y se les dijo que, se les mantendría informados. Lo anterior les fue notificado ese mismo día, a la dirección electrónica señalada (ver copia del oficio y del correo electrónico). 

e)    El 07 de febrero de 2025, se notificó a la Directora del Área de Salud de Palmares la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta de notificación).

f)     El 11 de febrero de 2025, la funcionaria encargada del caso realizó visita de inspección, en donde constató las acciones realizadas por la Municipalidad de Palmares, en favor de la protección del medio ambiente, por lo que concluyó que existía cumplimiento de la orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024 (ver acta de inspección e  informe técnico MS-DRRSCO-DARS-P-RS-103-2025).

g)   Mediante oficio CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0206-2025, del 12 de febrero de 2025, la Directora informó al Alcalde de Palmares sobre el seguimiento a la denuncia y se le solicitó la colocación de la rotulación indicando la prohibición del depósito de residuos en el sitio intervenido (ver copia del oficio).

h)   Mediante CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0207-2025, del 12 de febrero de 2025, la Directora notificó a los amparados los hallazgos identificados en la visita de inspección en la que se evidenció  una notable mejoría en la situación denunciada y que en apariencia no se había vuelto a disponer residuos sólidos en el sitio, debido a las acciones tomadas por la Municipalidad de Palmares, por lo que se dio por finiquitada la orden sanitaria; pero que se le daría seguimiento a la colocación de rotulación para parte de la Municipalidad y se le informaría al respecto. Lo anterior les fue notificado en igual fecha al medio señalado (ver copia del oficio y del correo electrónico).

Nombre5650.- En relación con la  Oficina Subregional de San Ramón del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía.

a)   El 05 de setiembre de 2024, el recurrente presentó una denuncia en el Área de Conservación San Ramón, a la cual se asignó el código SITADA N° 49916-2024, para su seguimiento (ver copia del escrito con sello y firma de recibido).

b)   El 13 de septiembre de 2024, se llevó a cabo una visita de campo y se constató que, hubo un deslizamiento hacia el rio Grande, que se estaban arrojando y acumulando residuos sólidos sin aparente control o gestión de estos siendo que se consideró necesaria la pronta intervención en el sitio (ver informe y copia del informe SINAC-ACC-OSR-INF-1720-2024).

c)    El 18 de septiembre de 2024, se notificó al recurrente vía correo electrónico, el informe de la gira, así como copia de los oficios de traslado de lo denunciado a la Municipalidad de Palmares y al Área Rectora de Salud (ver copia del oficio SINAC-ACC-OSR-INF-1720-2024, aportado por la parte recurrente).

d)   A las 11:21 horas del 18 de diciembre de 2024, se notificó al Director de la Oficina de San Ramón la resolución que dio curso al presente recurso (ver acta).

e)    El 18 de diciembre de 2024, se remitió la denuncia al Organismo de Investigación Judicial por posible invasión a un área protegida (ver informe).

 IV.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

Único. Que, a la fecha, el Alcalde de Palmares y el Director del Área de Conservación de San Ramón hayan resuelto, respectivamente, la queja interpuesta y notificado lo correspondiente a los denunciantes.

V.- Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. El artículo 41, de la Constitución Política, reconoce el derecho a una justicia, mismo que debe otorgarse de forma oportuna y célere, por lo que la Administración tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de justicia pronta y cumplida, lo que se traduce en que, los administrados, además de tener el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para la solución de sus conflictos de interés entre sus pares, y entre los administrados y los diversos órganos administrativos, tienen el derecho a que la justicia administrativa decida con diligencia y celeridad los reclamos planteados por estos. Asimismo, es importante señalar que, en virtud del artículo 48, de la Constitución Política, se introducen en nuestro ordenamiento las disposiciones de carácter internacional en materia de protección de los derechos humanos, dentro de los cuales destaca el contenido del artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma que impone la obligación de que la administración resuelva las gestiones que presentan los administrados en un tiempo razonable.

VI.- Sobre el fondo. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 50 y 169, de la Constitución Política, la Administración y las Municipalidades se encuentran en la obligación de garantizar la existencia de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que se encuentre libre de elementos que puedan poner en riesgo la salud de las personas (véase las Sentencias N° 2005-004650 de las 17:43 horas del 26 de abril de 2015 y N° 2010-013286 de las 16:04 horas del 10 de agosto de 2010). En el caso concreto, los recurrentes acusan que, en el Dirección7784, en Zaragoza de Palmares, funciona un botadero ilegal de basura y escombros que genera problemas de contaminación. Dado que son tres autoridades recurridas por los hechos denunciados por el recurrente, se procederá al análisis de los actos realizados por cada una de ellas. 

VII.- En cuanto a la Municipalidad  de Palmares. El  artículo 169,  de  la  Constitución  Política, dispone el deber de las Municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, esta Sala ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véanse en ese sentido las Sentencias N° 2008-11739, de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008 y N° 2011-003043, de las 16:03 horas del 08 de marzo de 2011). 

En el caso bajo estudio, la Sala verificó, que el  12 de setiembre de 2024,  los amparados interpusieron una denuncia por el funcionamiento de un vertedero ilegal ubicado en Dirección7784, en Zaragoza de Palmares, razón por la cual se realizó una inspección en el sitio y se verificó la existencia de residuos sólidos arrojados de manera ilegal. En virtud de ello, realizaron los actos administrativos correspondientes para proceder a cercar el terreno e impedir que se continuara arrojando basura, siendo que, al 01 de noviembre de 2024, se finalizó el cercado del lote y el 06 de diciembre de ese año, se recogieron los desechos. Posteriormente, se efectuaron reuniones con los vecinos y los instaron a reportar actos de ilegalidad asociados con el vertido de los residuos. Asimismo, se le indicó, al jefe de cuadrillas, que semanalmente debía visitar el terreno y si era el caso, recolectar, separar y disponer de la basura encontrada. De lo expuesto, se desprende que, al momento que el Alcalde fue notificado de la resolución que dio curso al presente recurso, ya se había solucionado el problema denunciado por los amparados y cumplido con lo dispuesto en la orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, del 20 de setiembre de 2024. No obstante, pese a que mediante oficio MP-USP-326-2024, del 01 de octubre de 2024, el Jefe de la Unidad de Servicios Públicos les comunicó a los amparados que, se estaba desarrollando un plan de acción para abordar la problemática denuncia, posterior a ello, no consta que se haya dictado un acto administrativo mediante el cual se haya resuelto la queja y notificado lo pertinente a los administrados.

De lo expuesto, se tiene que la parte accionada lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida de los amparados, ya que, a la fecha, no consta que haya  elaborado ni comunicado a los tutelados, la resolución que se tomó en relación con la denuncia presentada. Así las cosas, la administración no solo debe dictar los actos correspondientes para resolver el problema denunciando, sino que lo resuelto debe ser notificado a los administrados, por lo que, sin la debida comunicación, no es posible para el administrado tener conocimiento de lo realizado y la conclusión de la investigación instaurada o el procedimiento a seguir, a raíz de la queja presentada, lo que se lesiona el derecho a una justicia pronta y cumplida. Por ende, en cuanto a esta autoridad, lo procedente es declarar con lugar el recurso por violación al artículo 41, de la Constitución Política.

VIII.- En relación con Área Rectora de Salud Palmares, de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud, Central Occidente, del Ministerio de Salud. La Sala ha sostenido, en su copiosa jurisprudencia, que es del artículo 21, de la Constitución Política, que se consagra la inviolabilidad de la vida humana, del cual se desprende el derecho a la salud y que, sin duda alguna, el mismo se encuentra íntimamente ligado al derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado, que contempla el artículo 50, de la Constitución Política. Frente a ese derecho surge para el Estado, en sentido amplio, la obligación de procurar una protección oportuna y adecuada al ambiente, a través de diversos entes y órganos, cada uno dentro del marco de sus respectivas competencias.

 En el sub-lite, del estudio de los autos y a partir del cuadro de hechos probados, la Sala verifica que desde el momento que la autoridad tuvo conocimiento de la denuncia realizó la inspección en el lugar señalado y verificó, que efectivamente allí se depositaban  residuos sólidos, los cuales por pendiente del terreno caían cerca de las márgenes del Río Grande. En virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8, de la Ley para la  Gestión Integral de Residuos Sólidos, N° 8839, del 24 de junio de 2010, que indica que, las municipalidades son responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón, se giró la orden sanitaria N° MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, del 20 de setiembre de 2024, al Alcalde de la Municipalidad de Palmares. En dicha orden sanitaria, se le ordenó a la Corporación Municipal ejecutar las acciones necesarias para eliminar la disposición final de los residuos sólidos que son acumulados a cielo abierto en un sitio no  autorizado, con el fin  de evitar la contaminación al ambiente y la de los cuerpos de agua. No obstante, posterior a ello, se constata un abandono del expediente, toda vez que fue hasta con la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso, que procedieron a activar el proceso y verificar el cumplimiento de dicha orden.

No debe perderse de perspectiva, que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos -del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante- concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas.

En la especie, no consta que previo a la notificación de la resolución que dio curso a este recurso, la autoridad recurrida haya comunicado la resolución a la denuncia presentada. Nótese que, fue hasta  el 12 de febrero de 2025, que la autoridad recurrida notificó a los amparados la CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0207-2025, en respuesta a la gestión planteada siendo que allí se les indicó que, en la inspección realizada se había comprobado una notable mejoría en la situación denunciada y que en apariencia no se había vuelto a disponer residuos sólidos en el sitio, a partir de las acciones tomadas por la Municipalidad de Palmares, por lo que se daba por finiquitada la orden sanitaria y por ende, el problema denunciado.

En consecuencia, lo procedente es estimar el recurso en relación con esta autoridad, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, y sin orden alguna, ya que como se indicó supra, la omisión atribuida ya cesó.

IX.- En cuanto a la Oficina Subregional de San Ramón del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía. Se confirmó que esta autoridad no lesionó derecho constitucional alguno a la parte recurrente, toda vez que cuando tuvo conocimiento de la denuncia, inspeccionó el sitio y trasladó la queja a las instancias correspondientes, a saber, el Ministerio de Salud y la Municipalidad, ambas del cantón de Palmares, siendo que ello, le fue debidamente notificado a los denunciantes. 

X.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n. ° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le esté n afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

XI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan problemas de contaminación provenientes de un vertedero de basura a cielo abierto ubicado en Zaragoza de Palmares, lo que afecta la salud de la comunidad y además, viola el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado así como un nivel digno de calidad de vida.

XII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

  Se declara con lugar el recurso en contra de las autoridades de la Municipalidad de Palmares y del Área Rectora de Salud Palmares, por la violación al artículo 41, de la Constitución Política. Se ordena a José Andrés Vargas Rodríguez, Adrián Vásquez Gutiérrez, y Marta Jeaninna Rojas Rojas, en su carácter respectivo de Alcalde, Encargado de la Unidad de Servicios Municipales y Encargada de la Unidad de Ambiente, todos de la Municipalidad de Palmares, que dentro del PLAZO DE DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se resuelva de manera definitiva la denuncia planteada por el recurrente, y se notifique lo correspondiente al medio señalado para tales efectos.  Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En cuanto a la  Oficina Subregional de San Ramón del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Palmares al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado consignan nota, de manera separada.-

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 KTT4QPBJOOI61

EXPEDIENTE N° 24-033947-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:58:06.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 08667 - 2025**

**Date of Resolution:** March 21, 2025 at 09:30

**Expediente:** 24-033947-0007-CO

**Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado

**Type of matter:** Amparo action

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the resolution**

Exp: 24-033947-0007-CO
Res. No. 2025008667

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and thirty minutes on the twenty-first of March two thousand twenty-five.

Amparo action processed in expediente number 24-033947-0007-CO, filed by Nombre105720, identity card CED59363, Nombre105721, identity card CED59364, and Nombre105722, identity card CED59365, on their own behalf and on behalf of Nombre105723, identity card CED59366, against the MUNICIPALITY OF PALMARES, the MINISTRY OF HEALTH, and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.

**Whereas:**

**1.-** By written submission filed in the Secretariat of the Chamber and added to the expediente at 13:53 hours on December 2, 2024, the petitioners filed this amparo action against the MUNICIPALITY OF PALMARES, the MINISTRY OF HEALTH, and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. They state, in summary, that on September 3, 2024, while traveling through the sector Dirección7784, district of Zaragoza de Palmares, on tertiary route No. 715, two hundred meters south of the "Granja Los Pollitos," they were able to observe a large quantity of solid waste on the side of the road, from which bad odors were emanating. They add that, given this situation, they approached and were able to verify the existence of a clandestine garbage dump, with a large quantity of solid waste in decomposition, as well as liquid waste that is leachate (lixiviados) and contaminates the aquifers (mantos acuíferos) of the area, which affects the ecosystem. They add that they spoke with the neighbors of the area, who stated that the garbage dump has been operating for a long time and that the Municipality of Palmares has not taken the pertinent actions for its elimination and cleanup of the area. They note that, at the site, one can observe how there is garbage and liquids that move toward the channel of the Río Grande, in addition to a large quantity of garbage located on both banks of the river, which not only contaminates the river but also flows downstream toward the Pacific Ocean. They reiterate that the flora and fauna of the area are affected by the waste, the liquids that flow from the decomposing garbage, as well as the greenhouse gases, in clear damage to the environment. They comment that, on September 5, 2024, they filed a complaint regarding the contamination from poorly regulated waste in the sector of Dirección7784, in Zaragoza de Palmares, with the San Ramón Office of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central), of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), of the Ministry of Environment and Energy. They mention that, on September 12, 2024, a complaint was filed with the Municipality of Palmares regarding the existence of an open-air and illegal dump, and they requested that the pertinent actions be taken, such as proceeding with the closure of said dump, cleanup, collection of the waste, and proceeding with the pertinent treatment. Furthermore, they requested that they be informed of the actions taken and that training be provided to the neighbors regarding the correct management of waste, in addition to placing a mesh fence at the edge of the road to prevent access to the zone and prevent it from becoming a dump again. They note that, also on that same date, they filed a complaint with the Palmares Health Governing Area (Área Rectora de Salud) for environmental contamination in La Cocaleca on the road to Dirección7785 in Zaragoza, Palmares. They relate that, by official communication No. SINAC-ACC-OSR-inf-1720-2024, dated September 17, 2024, the San Ramón Office of the Central Conservation Area, Central Volcanic Mountain Range Biosphere Reserve, National System of Conservation Areas of MINAE reported that a site visit was conducted and the reported facts were confirmed, and therefore it was recommended that the complaint be transferred to the Municipality of Palmares and the Ministry of Health in Palmares for their attention and to proceed with the proper management of the waste. They state that, by official communication No. MS-DRRSCO-DARS-P-778-2024 dated September 23, 2024, signed by Ana Lorena Lobo Montero, a professional from the Health Regulation Process of the Palmares Health Governing Area, a technical report was issued on the reported facts and it was recommended that the respective sanitary order (orden sanitaria) be issued for the inadequate disposal of solid waste. They mention that, by official communication No. MS-DRRSCO-DARS-P-1164-2024 dated September 23, 2024, the director of the Palmares Health Governing Area communicated the technical report issued on the occasion of their complaint. They detail that, on October 1, 2024, they received an email from the Municipality of Palmares indicating the Action Plan to address the problem of the garbage dump. They explain that, on November 2, 2024, they visited the place again to determine the actions that were taken regarding the environmental damage, but they could only observe that a fence was placed in the dump area to restrict access; however, nothing was arranged regarding the collection and proper management of the waste. They maintain that, despite what was indicated by the respondent authorities, the situation of environmental damage persists because the garbage remains at the site. They consider that the facts described violate their fundamental rights.

**2.-** By means of a resolution issued at 13:02 hours on December 5, 2024, this action was admitted for processing.

**3.-** Julio Emerson Rojos Elizondo, in his capacity as Acting Head of the San Ramón Subregional Office of the National System of Conservation Areas (SINAC) of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath that the petitioner filed a complaint on September 12, 2024, which was assigned code SITADA No. 49916-2024 for follow-up. He adds that a field visit was carried out on September 13, 2024, according to field report SINAC-ACC-OSR-inf-1720-2024. He points out that, on September 18, 2024, the petitioner was notified via email of the tour report, as well as copies of the official communications transferring the complaint to the Municipality of Palmares and the Health Governing Area. Finally, on December 18, 2024, the complaint was forwarded to the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) for possible encroachment into a protected area (área protegida). He affirms that SINAC acted within its competencies. He requests that the action be dismissed.

**4.-** José Andrés Vargas Rodríguez, Adrián Vásquez Gutiérrez, and Marta Jeaninne Rojas Rojas, in their capacity as Mayor, Head of the Municipal Services Unit, and Head of the Environmental Unit, respectively, all officials of the Municipality of Palmares, report under oath that, following the complaint received, on December 5, 2024, intervention was carried out at the site with a municipal crew, and the collection of the waste found in the area was performed, for which a photo is attached. They add that, on December 7 of the same year, an inspection and follow-up visit was conducted to verify that no ordinary waste remained at the site, and all collected waste was transferred to the collection center (centro de acopio), where manual sorting was performed to determine which materials were reusable. They relate that the non-reusable waste was disposed of through the ordinary collection service offered by the Municipality, guaranteeing its proper management. They note that a weekly visit to the site is conducted by the Crew Coordinator as follow-up on the case to verify that no ordinary waste is dumped at the site; furthermore, visits were made to the neighbors, during which joint actions were coordinated and they were provided with the telephone numbers of the Municipal Services Office so that they can report illegal acts related to waste dumping. They affirm that the Environmental Unit fenced the lot to prevent the continued placement of waste at the site, and they constantly visit the area to guarantee that waste is not disposed of improperly and to conserve the environment. They specify that said department executed the following corresponding actions, with the lot fencing works being completed on November 1. They clarify that not only was cleaning performed at the site, but posts and wire were placed to fence the area and thus prevent people from continuing to clandestinely deposit solid waste there; in addition to that, a weekly visit is made to the site to verify that it remains free of solid waste. They request that the action be dismissed.

**5.-** Melania Rodríguez Quirós, in her capacity as Director of the Palmares Health Governing Area Directorate, of the Central West Regional Health Governance Directorate, of the Ministry of Health, reports under oath that on September 12, 2024, the protected parties filed a complaint with the Health Governing Area Directorate reporting that, in Dirección7784, in the district of Zaragoza de Palmares, a significant amount of solid waste was observed on the side of the road and on the banks of the Río Grande. She indicates that said complaint was assigned the sequential number D-P-127-2024. She points out that an inspection visit was conducted on September 18, 2024, and according to the technical report MS-DRRSCO-DARS-P-RS-778-2024, the findings identified in the inspection visit to the reported site are described; the site is a desolate area, without undergrowth where apparently cars park and solid waste is deposited, which due to the slope of the terrain falls near the banks of the Río Grande, where it is verified that there is poor waste disposal, including wood remnants, debris, clothing, among others, for which reason it was recommended to notify a sanitary order (orden sanitaria) to the Municipality of Palmares based on Law No. 8839, the Comprehensive Solid Waste Management Law (Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos). She affirms that sanitary order No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024 was prepared and notified to the Mayor of the Municipality of Palmares, in which it was ordered: "Carry out the necessary actions to eliminate the final disposal of solid waste deposited in the open air at an unauthorized site so as to eliminate environmental contamination and contamination of water bodies. Given that open-air waste disposal was verified, for which by Law the Municipality is responsible for collection and proper disposal." She details that, according to the official communication report MS-DRRSCO-DARS-P-1164-2024, the complainants were informed about the follow-up to the complaint. She adds that, according to the technical report MS-DRRSCO-DARS-P-RS-103-2025, the official in charge of the case conducted an inspection visit to the site where she verified the actions carried out by the Municipality of Palmares in favor of environmental protection, and therefore concludes that there is compliance with sanitary order No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024. She specifies that, through official communication CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0206-2025, the Mayor of the Municipality of Palmares was informed about the follow-up to the complaint and was requested to place signage indicating the prohibition of waste deposit at the intervened site. She asserts that, in follow-up, through report MS-DRRSCO-DARS-P-103-2025, dated February 12, 2025, the health authority indicates: "Follow-up to sanitary order MS-DRRSCO-OS-158-2024, Notified to the Municipality of Palmares, confirming compliance according to verification of measures taken…". She says that, in response to the above, through CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0207-2025, dated February 12, 2025, the protected parties were informed of the actions carried out to solve the problem, given that apparently solid waste has not been disposed of again at the site, as a result of the actions taken by the Municipality of Palmares, and therefore the follow-up to sanitary order MS-DRRSCO-OS-158-2024 is considered closed, with the understanding that follow-up will be given to the placement of signage by the Municipality of Palmares indicating the prohibition of disposing of solid waste at the site and they will be informed accordingly. She requests that the action be dismissed.

**6.-** The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,

**Considering:**

**I.- Purpose of the action.** The petitioners state that, on September 3, 2024, in Dirección7784, Zaragoza de Palmares, they came across a clandestine dump located beside the Dirección7786, which affects the Río Grande and the aquifers (acuíferos) of the area, and that the neighbors indicated this problem has existed for a long time and that the Municipality of Palmares has not taken action to solve it. They note that, on September 5, 2024, they filed a complaint for environmental contamination with the Central Conservation Area (Área de Conservación Central), and on September 12, 2024, another with the Municipality regarding the illegal dump, requesting closure of the dump, cleanup, and waste management. They add that the situation was likewise reported to the Health Governing Area (Área Rectora de Salud). They affirm that, on September 17, 2024, the Office of the Central Conservation Area confirmed the reported facts and recommended transferring the complaint to the Municipality and the Ministry of Health. They relate that the Health Area recommended issuing a sanitary order (orden sanitaria) for the inadequate waste disposal, and on October 1, 2024, the respondent Municipality communicated an Action Plan, but upon visiting the site on November 2, 2024, they only found a fence installed and no progress had been made on garbage collection. They consider that the environmental situation remains serious, affecting their fundamental rights.

**II.- Preliminary issue.** Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, starting from Judgment No. 2008-02545, issued at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception arises—supported by the majority of this Constitutional Court—since these are administrative proceedings involving alleged contamination problems from an illegal dump located in Palmares, which could put the environment and health of the neighbors at risk. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

**III.- Proven facts.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:

**A.- Regarding the Municipality of Palmares.**

a) On September 12, 2025, the protected parties filed a complaint regarding contamination from an open-air garbage dump before the Mayor's Office (see copy of the complaint and report from the respondent authority).

b) Without specifying a date, an inspection was carried out in the affected area to assess its condition and the presence of irregularly dumped solid waste was confirmed (see report and copy of official communication MP- USP-407-2024).

c) Through official communication MP-USP-326-2024, dated October 1, 2024, the Head of the Public Services Unit informed the protected parties that an action plan was being developed to address the reported problem (see copy of the official communication provided by the petitioner).

d) On October 4, 2024, the respondent party submitted a petty cash request to the Treasury Department for the purchase of rolls of barbed wire and a blade to fence the land (see report from the respondent authorities).

e) On October 16, 2024, works began on the property (see report from the respondent authorities and photographic evidence).

f) On November 1, the lot fencing works were completed (see report from the respondent authorities and photographic evidence).

g) On December 6, 2024, the collection of the waste found in the area was carried out (see report and copy of official communication MP- USP-407-2024).

h) On December 7, 2024, a second inspection was conducted to verify that no ordinary waste remained at the site; the collected waste was transferred to the collection center (centro de acopio), and non-reusable items were disposed of through the ordinary collection service offered by the Municipality (see report from the respondent authority).

i) On December 9, 2024, as part of the follow-up to the established schedule, a new inspection was carried out; a garbage bag was found, which was removed and processed at the collection center (centro de acopio) (see report and copy of official communication MP- USP-407-2024).

j) Without specifying dates, informal visits were made with the local neighbors, joint actions were coordinated, and they were provided with the telephone numbers of the Municipal Services Office so that they can report illegal acts related to waste dumping (see report and copy of official communication MP- USP-407-2024).

k) For the 2025 budget, a modification was scheduled to allow the acquisition of signs indicating the prohibition of dumping garbage at the site, as well as the corresponding fines, with the objective of properly informing the community (see copy of official communication No. MP- USP-407-2024).

l) The respondent authority has instructed the crew chief to include in his weekly work schedule at least one inspection of the reported area and, if waste is found, to proceed with its collection, separation, and proper disposal (see report and copy of official communication MP- USP-407-2024).

m) At 14:48 hours on February 7, 2025, the respondent Mayor was notified of the resolution admitting this action (see notification record).

**B.- Regarding the Health Area of Palmares.**

a) On September 12, 2024, the protected parties filed a complaint with the Health Governing Area Directorate (Dirección del Área Rectora de Salud) reporting that, in Dirección7784, in the district of Zaragoza de Palmares, a significant amount of solid waste was observed on the side of the road and on the banks of the Río Grande, which was assigned the sequential number D-P-127-2024. The petitioners indicated the email address ...3513 for receiving notifications (see copy of the form and the complaint with receipt stamp and signature).

b) On September 18, 2024, the inspection was conducted at the reported site, and it was verified that it is a desolate place, without undergrowth, where solid waste is deposited, which due to the slope of the terrain falls near the banks of the Río Grande; therefore, it was recommended to notify a sanitary order (orden sanitaria) to the Municipality of Palmares based on Law No. 8839, the Comprehensive Solid Waste Management Law (Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos) (see report, copy of the record and technical report MS-DRRSCO-DARS-P-RS-778-2024).

c) By means of sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, dated September 20, 2024, the Mayor of the Municipality of Palmares was ordered, within a period of twenty business days: "Carry out the necessary actions to eliminate the final disposal of solid waste deposited in the open air at an unauthorized site so as to eliminate environmental contamination and contamination of water bodies. Given that open-air waste disposal was verified, for which by Law the Municipality is responsible for collection and proper disposal" (see report and copy of the sanitary order).

d) Through official communication MS-DRRSCO-DARS-P-1164-2024, dated September 23, 2024, the Director informed the complainants that the reported situation had been confirmed and that a sanitary order (orden sanitaria) had been issued to the Mayor of the Municipality of Palmares. Additionally, they were attached the technical report MS-DRRSCO-DARS-P-RS-778-2024, corresponding to the inspection, the recommendations made, and they were told that they would be kept informed. The foregoing was notified to them that same day, at the indicated email address (see copy of the official communication and the email).

e) On February 7, 2025, the Director of the Health Area of Palmares was notified of the resolution admitting this action (see notification record).

f) On February 11, 2025, the official in charge of the case conducted an inspection visit, during which she verified the actions carried out by the Municipality of Palmares in favor of environmental protection, and therefore concluded that there was compliance with sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024 (see inspection record and technical report MS-DRRSCO-DARS-P-RS-103-2025).

g) Through official communication CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0206-2025, dated February 12, 2025, the Director informed the Mayor of Palmares about the follow-up to the complaint and requested the placement of signage indicating the prohibition of waste deposit at the intervened site (see copy of the official communication).

h) Through CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0207-2025, dated February 12, 2025, the Director notified the protected parties of the findings identified in the inspection visit, where a notable improvement in the reported situation was evidenced and that apparently no solid waste had been disposed of again at the site, due to the actions taken by the Municipality of Palmares; therefore, the sanitary order (orden sanitaria) was considered finalized; but that follow-up would be given to the placement of signage by the Municipality and they would be informed accordingly. The foregoing was notified to them on the same date at the indicated medium (see copy of the official communication and the email).

**Nombre5650.- Regarding the San Ramón Subregional Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy.**

a) On September 5, 2024, the petitioner filed a complaint with the San Ramón Conservation Area, which was assigned code SITADA No. 49916-2024 for its follow-up (see copy of the document with receipt stamp and signature).

b) On September 13, 2024, a field visit was carried out, and it was confirmed that there was a landslide toward the Río Grande, that solid waste was being thrown and accumulated without apparent control or management thereof, and prompt intervention at the site was deemed necessary (see report and copy of report SINAC-ACC-OSR-INF-1720-2024).

c) On September 18, 2024, the petitioner was notified via email of the tour report, as well as copies of the official communications transferring the complaint to the Municipality of Palmares and the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) (see copy of official communication SINAC-ACC-OSR-INF-1720-2024, provided by the petitioner).

d) At 11:21 hours on December 18, 2024, the Director of the San Ramón Office was notified of the resolution admitting this action (see record).

e) On December 18, 2024, the complaint was forwarded to the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) for possible encroachment into a protected area (área protegida) (see report).

**IV.- Unproven facts.** The following facts of relevance to this resolution are not deemed proven:

**Sole.** That, as of today, the Mayor of Palmares and the Director of the San Ramón Conservation Area have, respectively, resolved the filed complaint and notified the corresponding decision to the complainants.

**V.- On the right to prompt and fulfilled justice.** Article 41 of the Political Constitution recognizes the right to justice, which must be granted in a timely and swift manner, and therefore the Administration has the obligation to guarantee the fulfillment of prompt and fulfilled justice, which translates into the fact that the administered parties, in addition to having the right to resort to jurisdictional bodies for the resolution of their conflicts of interest among their peers, and between the administered parties and the various administrative bodies, have the right for administrative justice to decide the claims raised by them with diligence and celerity. Likewise, it is important to note that, by virtue of article 48 of the Political Constitution, international provisions on the protection of human rights are introduced into our legal system, among which the content of article 8, first paragraph, of the American Convention on Human Rights stands out, a norm that imposes the obligation on the administration to resolve the petitions presented by the administered parties within a reasonable time.

**VI.- On the merits.** In accordance with the provisions of articles 21, 50, and 169 of the Political Constitution, the Administration and the Municipalities are obligated to guarantee the existence of a healthy and ecologically balanced environment, free of elements that could put people's health at risk (see Judgments No. 2005-004650 at 17:43 hours on April 26, 2015, and No. 2010-013286 at 16:04 hours on August 10, 2010). In the specific case, the petitioners accuse that, in Dirección7784, in Zaragoza de Palmares, an illegal dump for garbage and debris operates, generating contamination problems. Given that three authorities are charged based on the facts reported by the petitioner, an analysis of the acts carried out by each of them will proceed.

**VII.- Regarding the Municipality of Palmares.** Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of the country's Municipalities to look after the interests of the inhabitants of their jurisdiction, hence, in reiterated pronouncements, this Chamber has indicated that said corporations are obligated to eliminate any type of threat that puts at risk the rights to health and a healthy and ecologically balanced environment of the people living in their canton (see in that sense Judgments No. 2008-11739, at 12:12 hours on July 25, 2008, and No. 2011-003043, at 16:03 hours on March 8, 2011).

In the case under study, the Chamber verified that, on September 12, 2024, the protected parties filed a complaint regarding the operation of an illegal dump located in Dirección7784, in Zaragoza de Palmares, for which reason an inspection was carried out at the site, and the existence of illegally dumped solid waste was verified. By virtue of this, they carried out the corresponding administrative acts to proceed to fence the land and prevent the continued dumping of garbage, with the result that, by November 1, 2024, the fencing of the lot was completed, and on December 6 of that year, the waste was collected. Subsequently, meetings were held with the neighbors, and they were urged to report illegal acts associated with waste dumping. Likewise, the crew chief was instructed that he must visit the land weekly and, if applicable, collect, separate, and dispose of any garbage found. From the foregoing, it follows that, at the time the Mayor was notified of the resolution admitting this action, the problem reported by the protected parties had already been solved, and the provisions of sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, dated September 20, 2024, had been complied with. However, despite the fact that through official communication MP-USP-326-2024, dated October 1, 2024, the Head of the Public Services Unit informed the protected parties that an action plan was being developed to address the reported problem, subsequent to that, there is no record that an administrative act was issued resolving the complaint and notifying the relevant decision to the administered parties.

From the foregoing, it is concluded that the respondent party violated the right to prompt and fulfilled justice of the protected parties, since, as of today, there is no record that the resolution made in relation to the complaint filed has been drafted or communicated to the protected persons. Thus, the administration must not only issue the corresponding acts to resolve the reported problem, but the resolution must be notified to the administered parties; therefore, without proper communication, it is impossible for the administered party to have knowledge of what was done and the conclusion of the investigation initiated or the procedure to follow, as a result of the complaint filed, which violates the right to prompt and fulfilled justice. Hence, regarding this authority, the appropriate course is to grant the amparo action for violation of article 41 of the Political Constitution.

**VIII.- Regarding the Palmares Health Governing Area, of the Central West Regional Health Governance Directorate, of the Ministry of Health.**

This Chamber has held, in its extensive case law, that it is from Article 21 of the Political Constitution that the inviolability of human life is enshrined, from which the right to health derives and that, without any doubt, this right is intimately linked to the right of all persons to live in a healthy and balanced environment, as contemplated in Article 50 of the Political Constitution. Faced with that right, the State, in a broad sense, has the obligation to provide timely and adequate protection for the environment, through various entities and organs, each within the framework of their respective competencies.

In the case at hand, from the study of the case file and based on the facts proven, the Chamber verifies that, from the moment the authority became aware of the complaint, it conducted an inspection at the indicated location and verified that solid waste was indeed being deposited there, which, due to the slope of the land, fell near the banks of the Río Grande. By virtue of the foregoing, and in compliance with the provisions of Article 8 of the Law for the Integrated Management of Solid Waste (Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos), No. 8839, of June 24, 2010, which indicates that municipalities are responsible for the integrated management of waste generated in their canton, sanitary order No. MS-DRRSCO-OS-DARSP-158-2024, of September 20, 2024, was issued to the Mayor of the Municipality of Palmares. In said sanitary order, the Municipal Corporation was ordered to execute the necessary actions to eliminate the final disposal of solid waste being accumulated in the open at an unauthorized site, in order to prevent environmental pollution and the pollution of water bodies. However, subsequent to that, an abandonment of the case file is noted, given that it was not until the notification of the ruling that gave course to this remedy that they proceeded to activate the process and verify compliance with said order.

One must not lose sight of the fact that administrative procedure is defined as a set of acts—by the directing, deciding administrative body and by the petitioner themselves—concatenated and teleologically linked or united that require time to be verified. Consequently, the processing of requests made by individuals requires a necessary time to guarantee respect for their fundamental rights, an adequate weighting of the factual and legal elements, the private interest, the interests of third parties, and the public interests involved. However, the foregoing does not legally legitimize public administrations to indefinitely prolong the consideration and resolution of the matters that individuals have entrusted to them, since, in such a case, proceedings are pathologically prolonged for causes exclusively attributable to these administrations, given that individuals have no duty or obligation to tolerate such delays and undue dilations.

In this specific case, there is no record that, prior to the notification of the ruling that gave course to this remedy, the respondent authority had communicated its decision in response to the complaint filed. It should be noted that it was not until February 12, 2025, that the respondent authority notified the protected parties of CARTA-MS-DRRSCO-DARS-P-0207-2025, in response to the filed petition, wherein they were informed that, in the inspection conducted, a notable improvement in the denounced situation had been verified and that apparently, solid waste had not been disposed of again at the site, following the actions taken by the Municipality of Palmares, thus the sanitary order was considered finalized and, consequently, the denounced problem resolved.

Consequently, it is appropriate to grant the remedy in relation to this authority, without a special order as to costs, damages, and losses, and without any further order, since, as indicated above, the attributed omission has already ceased.

IX.- Regarding the San Ramón Subregional Office of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). It was confirmed that this authority did not harm any constitutional right of the appealing party, given that when it became aware of the complaint, it inspected the site and forwarded the complaint to the corresponding instances, namely, the Ministry of Health and the Municipality, both of the canton of Palmares, and this was duly notified to the complainants.

X.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that, when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative sphere, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right to Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as this Court, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-002545 of 08:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order.

XI.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution belongs to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do consider the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy, pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where problems of pollution from an open-air garbage dump located in Zaragoza de Palmares are alleged, which affects the health of the community and, furthermore, violates the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment as well as a dignified level of quality of life.

XII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are forewarned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File Before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The remedy is declared with merit against the authorities of the Municipality of Palmares and the Palmares Health Governing Area (Área Rectora de Salud Palmares), for the violation of Article 41 of the Political Constitution. It is ordered to José Andrés Vargas Rodríguez, Adrián Vásquez Gutiérrez, and Marta Jeaninna Rojas Rojas, in their respective capacities as Mayor, Head of the Municipal Services Unit, and Head of the Environment Unit, all of the Municipality of Palmares, that within a TERM OF TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the complaint filed by the appellant be definitively resolved, and the corresponding decision be notified to the address indicated for such purposes. The foregoing, under the warning that based on the provisions of Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued in an amparo remedy, and does not carry it out or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. As for the San Ramón Subregional Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, the remedy is declared without merit. The Municipality of Palmares is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the enforcement of judgment of the contentious-administrative procedure. Judges Castillo Víquez and Salazar Alvarado set forth separate notes.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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