Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En primer lugar, se aprecia que lo reclamado está relacionado con una denuncia de índole ambiental. Ahora bien, impone decirle a la parte interesada que este tipo de reclamos están relacionados con el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida (artículo 41 constitucional) y para la atención y resolución se debe dar un plazo razonable a la autoridad recurrida. Para este tipo de supuestos se ha establecido como "razonable" el de dos meses. Si bien la parte accionante invoca que supuestamente las autoridades no están atendiendo las denuncias presentadas o no asumen las competencias, lo cierto es que no se acredita que el plazo de dos meses haya sido superado (véase que la prueba documental aportada gestionada ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad son de febrero y de marzo de 2025). Una vez vencido el plazo, la parte interesada puede acudir en amparo. En consecuencia, el amparo es prematuro.
English (translation)Firstly, it is observed that the claim relates to an environmental complaint. However, the interested party must be told that this type of claim is connected to the right to prompt and complete administrative justice (Article 41 of the Constitution), and the respondent authority must be granted a reasonable period for its attention and resolution. For such cases, a "reasonable" period of two months has been established. Although the petitioner alleges that the authorities are not addressing the complaints filed or are not assuming their competences, the truth is that it is not proven that the two-month period has been exceeded (note that the documentary evidence submitted regarding actions taken before the Ministry of Health and the Municipality dates from February and March 2025). Once that period has expired, the interested party may resort to amparo. Consequently, the amparo is premature.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 09312 - 2025 Fecha de la Resolución: 25 de Marzo del 2025 a las 11:15 Expediente: 25-007983-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-007983-0007-CO Res. Nº 2025009312 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas quince minutos del veinticinco de marzo de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-007983-0007-CO, interpuesto por Nombre105626, cédula de identidad No. CED59267 contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA y el MINISTERIO DE SALUD. RESULTANDO 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 20 de marzo de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA y el MINISTERIO DE SALUD y manifiesta que es vecina de Dirección7749, Concepción Arriba de Alajuelita y ha vivido durante sesenta años en su actual domicilio, y desde hace aproximadamente diez años ha enfrentado una situación de salud pública. Cuestiona que la municipalidad accionada no ha reparado de forma efectiva el sistema de alcantarillado de aguas negras, alegando que esa competencia corresponde al ICAA. Indica que a su vez, esta institución sostiene que la responsabilidad recae sobre la Municipalidad de Alajuelita. Menciona que ante esa falta de claridad, consultó al Ministerio de Salud, el cual le confirmó que la competencia corresponde a la municipalidad. No obstante, al acudir nuevamente a dicha institución, obtuvo la misma respuesta evasiva. Indica que el problema específico consiste en una tubería de alcantarillado colapsada que no drena adecuadamente las aguas negras. Expone que desde hace mes y medio, se ha formado una laguna de materia fecal frente a su casa y la de otros vecinos, lo cual ha generado malos olores constantes, así como afectaciones a la salud, incluyendo vómitos, diarrea y dolores de cabeza en varios miembros de la comunidad. Señala que su bisnieto de cinco años ha enfermado y ya no puede jugar en el corredor de la vivienda. Reprocha que dicha acumulación de aguas negras propicia la proliferación de zancudos, larvas y otros microorganismos, situación que fue verificada durante una visita de personeros del Ministerio de Salud. Sostiene que aunque menciona que la situación tiene años de presentarse, recalca que nunca había sido tan crítica, pues actualmente las aguas negras no se drenan ni siquiera en temporada seca. Relata que, en múltiples ocasiones, ha intentado obtener una solución recurriendo personalmente a las instituciones involucradas y presentando cartas formales, sin éxito alguno. Solicita que se tramite su denuncia con fundamento en la afectación al derecho a la salud pública, al derecho a una vivienda digna y a una vejez tranquila, así como en la protección del interés superior del niño y la niña. Señala que los menores del vecindario no pueden salir ni siquiera a jugar en las aceras, y que también las mascotas se han visto afectadas. Solicita que se declare con lugar el recurso. 2. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, CONSIDERANDO I. OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente reclama la violación de sus derechos fundamentales, pues acusa que es vecina de Dirección7749, Concepción Arriba de Alajuelita y ha vivido durante sesenta años en su actual domicilio, y desde hace aproximadamente diez años ha enfrentado una situación de salud pública. Cuestiona que la municipalidad accionada no ha reparado de forma efectiva el sistema de alcantarillado de aguas negras, alegando que esa competencia corresponde al ICAA. Indica que a su vez, esta institución sostiene que la responsabilidad recae sobre la Municipalidad de Alajuelita. Menciona que ante esa falta de claridad, consultó al Ministerio de Salud, el cual le confirmó que la competencia corresponde a la municipalidad. No obstante, al acudir nuevamente a dicha institución, obtuvo la misma respuesta evasiva. Indica que el problema específico consiste en una tubería de alcantarillado colapsada que no drena adecuadamente las aguas negras. Expone que desde hace mes y medio, se ha formado una laguna de materia fecal frente a su casa y la de otros vecinos, lo cual ha generado malos olores constantes, así como afectaciones a la salud, incluyendo vómitos, diarrea y dolores de cabeza en varios miembros de la comunidad. Señala que su bisnieto de cinco años ha enfermado y ya no puede jugar en el corredor de la vivienda. Reprocha que dicha acumulación de aguas negras propicia la proliferación de zancudos, larvas y otros microorganismos, situación que fue verificada durante una visita de personeros del Ministerio de Salud. Sostiene que aunque menciona que la situación tiene años de presentarse, recalca que nunca había sido tan crítica, pues actualmente las aguas negras no se drenan ni siquiera en temporada seca. Relata que, en múltiples ocasiones, ha intentado obtener una solución recurriendo personalmente a las instituciones involucradas y presentando cartas formales, sin éxito alguno. Solicita que se tramite su denuncia con fundamento en la afectación al derecho a la salud pública, al derecho a una vivienda digna y a una vejez tranquila, así como en la protección del interés superior del niño y la niña. Señala que los menores del vecindario no pueden salir ni siquiera a jugar en las aceras, y que también las mascotas se han visto afectadas. Solicita que se declare con lugar el recurso. II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En primer lugar, se aprecia que lo reclamado está relacionado con una denuncia de índole ambiental. Ahora bien, impone decirle a la parte interesada que este tipo de reclamos están relacionados con el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida (artículo 41 constitucional) y para la atención y resolución se debe dar un plazo razonable a la autoridad recurrida. Para este tipo de supuestos se ha establecido como "razonable" el de dos meses. Si bien la parte accionante invoca que supuestamente las autoridades no están atendiendo las denuncias presentadas o no asumen las competencias, lo cierto es que no se acredita que el plazo de dos meses haya sido superado (véase que la prueba documental aportada gestionada ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad son de febrero y de marzo de 2025). Una vez vencido el plazo, la parte interesada puede acudir en amparo. En consecuencia, el amparo es prematuro. III. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- KIN0MMISEU461 EXPEDIENTE N° 25-007983-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:57:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours fifteen minutes on the twenty-fifth of March two thousand twenty-five. Amparo action processed in case file number 25-007983-0007-CO, filed by Nombre105626, identity card No. CED59267 against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, the MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, and the MINISTERIO DE SALUD. WHEREAS 1. By a brief received at the Secretariat of the Chamber on March 20, 2025, the petitioner files an amparo action against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, the MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, and the MINISTERIO DE SALUD and states that she is a resident of Dirección7749, Concepción Arriba de Alajuelita, and has lived at her current address for sixty years, and for approximately the last ten years has faced a public health situation. She challenges that the respondent municipality has not effectively repaired the blackwater sewer system, claiming that this competence corresponds to the ICAA. She indicates that, in turn, this institution maintains that the responsibility falls on the Municipalidad de Alajuelita. She mentions that given this lack of clarity, she consulted the MINISTERIO DE SALUD, which confirmed to her that the competence corresponds to the municipality. However, upon returning to said institution, she received the same evasive response. She indicates that the specific problem consists of a collapsed sewer pipe that does not adequately drain blackwater. She explains that for the last month and a half, a lagoon of fecal matter has formed in front of her house and that of other neighbors, which has generated constant foul odors, as well as health effects, including vomiting, diarrhea, and headaches in several community members. She points out that her five-year-old great-grandson has fallen ill and can no longer play in the dwelling's corridor. She reproaches that said accumulation of blackwater fosters the proliferation of mosquitoes, larvae, and other microorganisms, a situation that was verified during a visit by personnel from the MINISTERIO DE SALUD. She maintains that although she mentions the situation has been occurring for years, she emphasizes that it has never been so critical, as currently the blackwater does not drain even in the dry season. She recounts that, on multiple occasions, she has attempted to obtain a solution by personally appealing to the institutions involved and submitting formal letters, without any success. She requests that her complaint be processed based on the impact on the right to public health, the right to decent housing, and a peaceful old age, as well as on the protection of the best interests of the child. She notes that the minors in the neighborhood cannot even go out to play on the sidewalks, and that pets have also been affected. She requests that the action be granted. 2. Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a prior equal or similar rejected petition. Magistrate Castillo Víquez writes the opinion; and, WHEREAS I. OBJECT OF THE ACTION. The petitioner claims the violation of her fundamental rights, as she alleges that she is a resident of Dirección7749, Concepción Arriba de Alajuelita and has lived at her current address for sixty years, and for approximately the last ten years has faced a public health situation. She challenges that the respondent municipality has not effectively repaired the blackwater sewer system, claiming that this competence corresponds to the ICAA. She indicates that, in turn, this institution maintains that the responsibility falls on the Municipalidad de Alajuelita. She mentions that given this lack of clarity, she consulted the MINISTERIO DE SALUD, which confirmed to her that the competence corresponds to the municipality. However, upon returning to said institution, she received the same evasive response. She indicates that the specific problem consists of a collapsed sewer pipe that does not adequately drain blackwater. She explains that for the last month and a half, a lagoon of fecal matter has formed in front of her house and that of other neighbors, which has generated constant foul odors, as well as health effects, including vomiting, diarrhea, and headaches in several community members. She points out that her five-year-old great-grandson has fallen ill and can no longer play in the dwelling's corridor. She reproaches that said accumulation of blackwater fosters the proliferation of mosquitoes, larvae, and other microorganisms, a situation that was verified during a visit by personnel from the MINISTERIO DE SALUD. She maintains that although she mentions the situation has been occurring for years, she emphasizes that it has never been so critical, as currently the blackwater does not drain even in the dry season. She recounts that, on multiple occasions, she has attempted to obtain a solution by personally appealing to the institutions involved and submitting formal letters, without any success. She requests that her complaint be processed based on the impact on the right to public health, the right to decent housing, and a peaceful old age, as well as on the protection of the best interests of the child. She notes that the minors in the neighborhood cannot even go out to play on the sidewalks, and that pets have also been affected. She requests that the action be granted. II. INADMISSIBILITY OF THE ACTION. In the first place, it is observed that the claim is related to a complaint of an environmental nature. Now, it is necessary to tell the interested party that this type of claim is related to the right to prompt and complete administrative justice (Article 41 of the Constitution) and the respondent authority must be given a reasonable period for its attention and resolution. For this type of situation, a period of two months has been established as "reasonable." Although the petitioner claims that the authorities are supposedly not addressing the complaints filed or are not assuming their competences, the truth is that it has not been proven that the two-month period has been exceeded (note that the documentary evidence provided, processed before the MINISTERIO DE SALUD and the Municipality, is from February and March 2025). Once the period has expired, the interested party may file an amparo action. Consequently, the amparo action is premature. III. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. THEREFORE: The action is rejected outright.