Res. 09672-2025 Sala Constitucional — Information request on aquifers in Santa Cruz, GuanacasteSolicitud de información sobre acuíferos en Santa Cruz, Guanacaste

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09672 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Marzo del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-006888-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-006888-0007-CO

Res. Nº 2025009672

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente N°25-006888-0007-CO, interpuesto por Nombre4718, cédula de identidad CED16068, en su condición de Diputado de la República, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:35 horas del 10 de marzo de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y manifiesta que en su condición de Diputado de la República, el 20 de febrero de 2025, mediante oficio N° AL-FPFA-AARB-OFI-0049-2025, remitido a la dirección ...177, solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que le remitiera la siguiente información: “I. Copia digital de los Estudios Hidrogeológicos de los acuíferos de Dirección7833 en Santa Cruz, Guanacaste, junto con el diagnóstico del potencial de explotación y rendimiento sostenible del acuífero elaborado por SENARA. II. ¿Se han realizado estudios sobre la intrusión salina en los pozos de Dirección7833 en Santa Cruz, Guanacaste? En caso afirmativo adjuntar copia digital de dichos estudios de cada pozo, en caso contrario favor indicar las razones por las cuales no se han realizado dichos estudios en los pozos. III. Copia digital de los siguientes expedientes de concesión de pozos: A. Expedientes 12893 P, Pozo MTP-51. B. Expediente 12893 P Pozo MTP-52, C. Expediente 12893 P Pozo MTP-64, D. Expediente 12893 P Pozo MTP-87, E. Expediente 12893 P Pozo MTP-88 F. Todos los expedientes de pozos, aprobados o no, a nombre de CATALINAS PROPERTIES HOLDING LTDA, bajo la cédula jurídica CED59417. IV. Indicar en una tabla cuál es el caudal autorizado para cada uno de los expedientes: 12893 P, Pozo MTP-51. expediente 12893 P Pozo MTP-52, expediente 12893 P Pozo MTP-64, expediente 12893 P Pozo MTP-87, expediente 12893 P Pozo MTP-88; así como quien autorizo dicho caudal, que operador brinda el servicio, la ubicación del pozo, el uso del recurso hídrico sobre el cual se dio o se solicitó la concesión, así como indicar la viabilidad ambiental correspondiente a cada expediente. V. ¿Quién debe brindar el servicio de agua dentro del polígono que está entre las siguientes coordenadas? 304034.751, 1159676.709 304912,793, CED59414, CED59415, CED59416, 1159118.546 VI. ¿Se han presentado solicitudes para la certificación de disponibilidad de agua en el polígono señalado en la consulta anterior? En caso afirmativo, ¿han sido otorgados estas certificaciones? De ser así, adjuntar una copia, junto con la documentación que demuestre el cumplimiento de todos los requisitos necesarios. VII. ¿Qué controles se han realizado para el cuido de los acuíferos y control en el aprovechamiento de los pozos que administra el condominio Las Catalinas y de los que administra la ASADA de playa Potrero? VIII. ¿Se han realizado inspecciones en los pozos a nombre de la sociedad CATALINAS PROPERTIES HOLDING LTDA, bajo la cédula jurídica CED59417, para verificar que el aprovechamiento del caudal hídrico sea el permitido?”. No obstante, acusa que a la fecha de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta a la gestión incoada.

2.- Por resolución de las 16:54 horas del 11 de marzo de 2025, se dio curso al presente proceso y se concedió audiencia al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. Asimismo, se previno a esas autoridades indicar si el correo electrónico utilizado por la parte recurrente para remitir su gestión, se encuentra previsto como un mecanismo oficial de comunicación con esa institución.

3.- Informa bajo juramento Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que el 10 de marzo de 2025, se indicó al amparado que dada la complejidad de la información requerida, el plazo para recabar la documentación requerida superaría los diez días hábiles, por lo que se indicó al amparado que sería remitida el 28 de marzo de 2025 y, en caso de no ser posible en ese momento, se le pondría en conocimiento la situación y se señalaría un nuevo plazo para dar respuesta. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

CONSIDERANDO:

I.- DE PREVIO. En vista de que la autoridad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados omitió indicar, en el informe rendido bajo juramento, si el correo electrónico al cual el recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial de comunicación con esa institución, se tiene por cierto este hecho y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que, desde el 20 de febrero de 2025, planteó una gestión ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, requiriendo información de su interés. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no se ha remitido lo solicitado, por lo que solicita la intervención de este Tribunal.

III.- HECHOS PROBADOS. Se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, de importancia para la resolución del presente asunto:

a) El 20 de febrero de 2025, el recurrente remitió a la dirección electrónica ...177, el oficio N° AL-FPFA-AARB-OFI-0049-2025, en el que solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que le remitiera la siguiente información: “I. Copia digital de los Estudios Hidrogeológicos de los acuíferos de Dirección7833 en Dirección35, junto con el diagnóstico del potencial de explotación y rendimiento sostenible del acuífero elaborado por SENARA. II. ¿Se han realizado estudios sobre la intrusión salina en los pozos de Dirección7833 en Dirección35? En caso afirmativo adjuntar copia digital de dichos estudios de cada pozo, en caso contrario favor indicar las razones por las cuales no se han realizado dichos estudios en los pozos. III. Copia digital de los siguientes expedientes de concesión de pozos: A. Expedientes 12893 P, Pozo MTP-51. B. Expediente 12893 P Pozo MTP-52, C. Expediente 12893 P Pozo MTP-64, D. Expediente 12893 P Pozo MTP-87, E. Expediente 12893 P Pozo MTP-88 F. Todos los expedientes de pozos, aprobados o no, a nombre de CATALINAS PROPERTIES HOLDING LTDA, bajo la cédula jurídica CED59417. IV. Indicar en una tabla cuál es el caudal autorizado para cada uno de los expedientes: 12893 P, Pozo MTP-51. expediente 12893 P Pozo MTP-52, expediente 12893 P Pozo MTP-64, expediente 12893 P Pozo MTP-87, expediente 12893 P Pozo MTP-88; así como quien autorizo dicho caudal, que operador brinda el servicio, la ubicación del pozo, el uso del recurso hídrico sobre el cual se dio o se solicitó la concesión, así como indicar la viabilidad ambiental correspondiente a cada expediente. V. ¿Quién debe brindar el servicio de agua dentro del polígono que está entre las siguientes coordenadas? 304034.751, 1159676.709 CED59418, CED59414, CED59415, CED59416, CED59419 VI. ¿Se han presentado solicitudes para la certificación de disponibilidad de agua en el polígono señalado en la consulta anterior? En caso afirmativo, ¿han sido otorgados estas certificaciones? De ser así, adjuntar una copia, junto con la documentación que demuestre el cumplimiento de todos los requisitos necesarios. VII. ¿Qué controles se han realizado para el cuido de los acuíferos y control en el aprovechamiento de los pozos que administra el condominio Las Catalinas y de los que administra la ASADA de playa Potrero? VIII. ¿Se han realizado inspecciones en los pozos a nombre de la sociedad CATALINAS PROPERTIES HOLDING LTDA, bajo la cédula jurídica CED59417, para verificar que el aprovechamiento del caudal hídrico sea el permitido?” (véase informe rendido y prueba aportada por la autoridad recurrida).

b) Mediante correo electrónico de fecha 10 de marzo de 2025, la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indicó al recurrente: “se le comunica que su solicitud está siendo atendida por el área técnica correspondiente, sin embargo, dado que es una información considerable y se requiere coordinar con otras unidades, se necesitan más de 10 días hábiles según lo indica la ley 8220 para su atención. Dado lo anterior se le estará haciendo llegar la respuesta el 28 de marzo del año en curso o en su defecto nuevamente nos estaremos comunicando (…)” (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas).

c)  La resolución de las 16:54 horas del 11 de marzo de 2025, la cual dio curso a este proceso, fue notificada a la autoridad recurrida el 12 de marzo de 2025 (véanse actas de notificación).

IV.- SOBRE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política, y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por lo anterior, debe emitir la respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Por su parte, el artículo 30, de la Constitución Política recoge el derecho de las personas de acceder a la información de interés público en poder de las autoridades y -consecuentemente- el deber de éstas de entregar dicha información de forma inmediata si lo pedido está disponible y todo lo anterior sin perjuicio la existencia de posibles excepciones en las que la información debe reservarse en atención a la protección de derechos e intereses relevantes, reconocidos formalmente.

V.- SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA, ASÍ COMO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Esta Sala Constitucional, en la Sentencia N° 2008-009670 de las 09:55 horas de 13 de junio de 2008, al referirse al derecho de petición y el empleo de medios electrónicos (aplicable mutatis mutandis al derecho de acceso a la información administrativa), explicó:

“En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)” (el énfasis no pertenece al original).

Paralelamente, en cuanto a solicitudes que son remitidas a correos no oficiales, pero su recibido se acusa o se inicia la tramitación de su respuesta, este Tribunal, en la sentencia No. 2019-2204 de las 09:15 horas de 8 de febrero de 2019, señaló:

“Ahora bien, en vista de lo expuesto y luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala considera que el reclamo del recurrente en este sentido, resulta procedente, toda vez, que si bien el correo electrónico al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admitió que ha procedido a tramitar dicha solicitud, siendo que al momento que la recibió, tuvo conocimiento de ella (…) Así las cosas, la administración recurrida se dio por conocedora de la gestión, y proveyó lo correspondiente para brindar la respuesta requerida (…)” (el énfasis no pertenece al original).

 VI.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la parte recurrente alega que planteó una solicitud de información ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sin que a la fecha de interposición de este recurso, se haya dado respuesta a la gestión.

Al respecto, la autoridad recurrida, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento -con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción-, expone que el 10 de marzo del año en curso, se informó que la información por recopilar se revestía de cierta complejidad, por lo que no era posible remitirla en el plazo de diez días hábiles y, en su lugar, se indicó que se entregaría el 28 de marzo de 2025.

Analizado el cuadro fáctico planteado, así como la prueba que consta en autos, este Tribunal considera que la gestión presentada, más que una petición pura y simple o solicitud de información, corresponde, en realidad, al planteamiento de una petición compleja. Por ende, en la especie, para poder brindar respuesta a las peticiones del tutelado, la autoridad recurrida requiere acciones por parte de las distintas unidades de la institución, por lo que la omisión en atender sus requerimientos, en el plazo dispuesto en el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no puede relacionarse directamente con una eventual violación de un derecho fundamental. Nótese, que dicha situación fue puesta en conocimiento del administrado previo a la notificación de la resolución que dio curso a este proceso, específicamente el 10 de marzo de 2025, donde se le indicó el tiempo que tomaría brindarle respuesta, plazo que la Sala estima como razonable, dada la cantidad de información requerida.

Por lo anterior, al no verificar que la autoridad recurrida ha lesionado el derecho de petición y pronta respuesta del recurrente, lo procedente es desestimar el recurso, como en efecto se dispone.

 VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de treinta días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en Sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.-

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 IANOE6KKXAE61

EXPEDIENTE N° 25-006888-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:58:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber  

Resolution No. 09672 - 2025  

Resolution Date: March 28, 2025 at 09:15  

Case File: 25-006888-0007-CO  

Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado  

Type of Matter: Amparo remedy  

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER  

Text of the Resolution  

  

Exp: 25-006888-0007-CO  

Res. No. 2025009672  

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-eighth of March, two thousand twenty-five.  

Amparo remedy processed in case file No. 25-006888-0007-CO, filed by Nombre4718, identification card number CED16068, in his capacity as Deputy of the Republic, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.  

WHEREAS:  

1.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber at 15:35 hours on March 10, 2025, the petitioner files an amparo remedy against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and states that in his capacity as Deputy of the Republic, on February 20, 2025, through official letter No. AL-FPFA-AARB-OFI-0049-2025, sent to the address ...177, he requested the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to provide the following information: “I. Digital copy of the Hydrogeological Studies of the aquifers of Dirección7833 in Santa Cruz, Guanacaste, together with the diagnosis of the exploitation potential and sustainable yield of the aquifer prepared by SENARA. II. Have studies been conducted on saline intrusion in the wells of Dirección7833 in Santa Cruz, Guanacaste? If yes, attach a digital copy of said studies for each well; if not, please indicate the reasons why such studies have not been conducted in the wells. III. Digital copy of the following well concession (concesión de pozos) case files: A. Case file 12893 P, Well MTP-51. B. Case file 12893 P Well MTP-52, C. Case file 12893 P Well MTP-64, D. Case file 12893 P Well MTP-87, E. Case file 12893 P Well MTP-88 F. All well case files, approved or not, in the name of CATALINAS PROPERTIES HOLDING LTDA, under legal identification number CED59417. IV. Indicate in a table the authorized flow rate for each of the case files: 12893 P, Well MTP-51. case file 12893 P Well MTP-52, case file 12893 P Well MTP-64, case file 12893 P Well MTP-87, case file 12893 P Well MTP-88; as well as who authorized said flow rate, which operator provides the service, the well's location, the use of the water resource for which the concession (concesión) was given or requested, and indicate the environmental viability (viabilidad ambiental) corresponding to each case file. V. Who must provide the water service within the polygon bounded by the following coordinates? 304034.751, 1159676.709 CED59418, CED59414, CED59415, CED59416, CED59419 VI. Have applications for water availability certification been submitted in the polygon mentioned in the previous query? If yes, have these certifications been granted? If so, attach a copy, along with documentation demonstrating compliance with all necessary requirements. VII. What controls have been implemented for the care of the aquifers and control over the use of the wells managed by the Las Catalinas condominium and those managed by the ASADA of Playa Potrero? VIII. Have inspections been carried out on the wells in the name of the company CATALINAS PROPERTIES HOLDING LTDA, under legal identification number CED59417, to verify that the use of the water flow is as permitted?”. However, he alleges that as of the date of filing this remedy, he has not received a response to the initiated procedure.  

2.- By a resolution at 16:54 hours on March 11, 2025, these proceedings were commenced, and a hearing was granted to the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados regarding the facts alleged by the petitioner. Likewise, those authorities were warned to indicate whether the email address used by the petitioner to send his request is established as an official communication mechanism with that institution.  

3.- Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath that on March 10, 2025, the petitioner was informed that given the complexity of the information requested, the timeframe to gather the required documentation would exceed ten business days, so the petitioner was informed that it would be sent on March 28, 2025, and, should that not be possible by then, he would be notified of the situation and a new deadline for responding would be set. He requests that the remedy be dismissed.  

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.  

Magistrate Salazar Alvarado drafts; and,  

CONSIDERING:  

I.- PRELIMINARY MATTER. Given that the authority of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados omitted to indicate, in the report rendered under oath, whether the email address to which the petitioner sent the request for information is established as an official communication mechanism with that institution, this fact is taken as true, and we proceed to analyze the constitutionality of this matter in accordance with the provisions of Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional).  

II.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner alleges that, since February 20, 2025, he submitted a request to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, seeking information of his interest. However, as of the date of filing this remedy, what was requested has not been sent, so he requests the intervention of this Tribunal.  

III.- PROVEN FACTS. The following facts, deemed of importance for the resolution of this matter, are considered duly proven:  

a) On February 20, 2025, the petitioner sent to the electronic address ...177, official letter No. AL-FPFA-AARB-OFI-0049-2025, in which he requested the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to provide the following information: “I. Digital copy of the Hydrogeological Studies of the aquifers of Dirección7833 in Dirección35, together with the diagnosis of the exploitation potential and sustainable yield of the aquifer prepared by SENARA. II. Have studies been conducted on saline intrusion in the wells of Dirección7833 in Dirección35? If yes, attach a digital copy of said studies for each well; if not, please indicate the reasons why such studies have not been conducted in the wells. III. Digital copy of the following well concession (concesión de pozos) case files: A. Case file 12893 P, Well MTP-51. B. Case file 12893 P Well MTP-52, C. Case file 12893 P Well MTP-64, D. Case file 12893 P Well MTP-87, E. Case file 12893 P Well MTP-88 F. All well case files, approved or not, in the name of CATALINAS PROPERTIES HOLDING LTDA, under legal identification number CED59417. IV. Indicate in a table the authorized flow rate for each of the case files: 12893 P, Well MTP-51. case file 12893 P Well MTP-52, case file 12893 P Well MTP-64, case file 12893 P Well MTP-87, case file 12893 P Well MTP-88; as well as who authorized said flow rate, which operator provides the service, the well's location, the use of the water resource for which the concession (concesión) was given or requested, and indicate the environmental viability (viabilidad ambiental) corresponding to each case file. V. Who must provide the water service within the polygon bounded by the following coordinates? 304034.751, 1159676.709 CED59418, CED59414, CED59415, CED59416, CED59419 VI. Have applications for water availability certification been submitted in the polygon mentioned in the previous query? If yes, have these certifications been granted? If so, attach a copy, along with documentation demonstrating compliance with all necessary requirements. VII. What controls have been implemented for the care of the aquifers and control over the use of the wells managed by the Las Catalinas condominium and those managed by the ASADA of Playa Potrero? VIII. Have inspections been carried out on the wells in the name of the company CATALINAS PROPERTIES HOLDING LTDA, under legal identification number CED59417, to verify that the use of the water flow is as permitted?” (see the report rendered and evidence provided by the respondent authority).  

b) By email dated March 10, 2025, the Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informed the petitioner: “you are hereby notified that your request is being handled by the corresponding technical area, however, given that it is a considerable amount of information and requires coordination with other units, more than 10 business days are needed as indicated by Law 8220 for its processing. Given the above, the response will be sent to you on March 28 of the current year, or failing that, we will be contacting you again (…)” (see the report rendered and evidence provided by the respondent authorities).  

c) The resolution at 16:54 hours on March 11, 2025, which commenced these proceedings, was notified to the respondent authority on March 12, 2025 (see notification records).  

IV.- ON THE RIGHTS TO INFORMATION, PETITION, AND PROMPT RESPONSE. This Tribunal has indicated that the right to petition and prompt response encompasses a dual aspect, as it implies not only the right held by every citizen to address any public official or entity, in order to raise a matter of their interest, or to request specific information, but also obliges the Administration to receive and respond to them within a ten-day period, in accordance with Article 27 of the Political Constitution, and numeral 32 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Therefore, it must issue a timely response, without denial of any kind, except that it cannot meet the request within the aforementioned period, in which case it must communicate the impossibility of resolving it and set a reasonable deadline within which it will attend to the request. For its part, Article 30 of the Political Constitution establishes the right of persons to access information of public interest held by the authorities and -consequently- the duty of the latter to deliver such information immediately if what is requested is available, all without prejudice to the existence of possible exceptions where information must be reserved in consideration of the protection of formally recognized relevant rights and interests.  

V.- ON THE EXERCISE OF THE RIGHT OF PETITION AND PROMPT RESPONSE, AS WELL AS THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION, THROUGH ELECTRONIC MEANS. This Constitutional Chamber, in Judgment No. 2008-009670 at 09:55 hours on June 13, 2008, when referring to the right of petition and the use of electronic means (applicable mutatis mutandis to the right of access to administrative information), explained:  

“In the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies. As far as the right to petition and prompt response is concerned, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always considering its progressive and expansive effectiveness, but also, taking into account the non-absolute nature of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right to petition and prompt response, using the means that new technologies facilitate, it is important that the request be channeled through a freely accessible web page of the public entity or body. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed to an email address specifically set up to receive requests, whether on a particular topic or serving as a mailbox for all types of procedures (…)” (emphasis not in original).  

In parallel, regarding requests sent to non-official emails, but whose receipt is acknowledged or whose response processing begins, this Tribunal, in Judgment No. 2019-2204 at 09:15 hours on February 8, 2019, stated:  

“Now, in view of the foregoing and after analyzing the elements contributed to the records, the Chamber considers that the petitioner's claim in this regard is admissible, since, although the email address to which the interested party sent his petition does not constitute an official means for the receipt of such procedures, the fact is that the respondent party admitted that it has proceeded to process said request, and upon receiving it, it had knowledge of it (…) Thus, the respondent administration became aware of the procedure and took the corresponding steps to provide the required response (…)” (emphasis not in original).  

VI.- ON THE MERITS. In the case sub lite, the petitioner alleges that he submitted a request for information before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and that as of the date of filing this remedy, no response to the procedure has been given.  

In this regard, the respondent authority, in its report rendered under the solemnity of the oath -with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction-, states that on March 10 of the current year, it was communicated that the information to be collected was of a certain complexity, so it was not possible to send it within the ten business day period, and instead, it was indicated that it would be delivered on March 28, 2025.  

Having analyzed the factual framework presented, as well as the evidence in the record, this Tribunal considers that the submitted request, more than a pure and simple petition or request for information, actually corresponds to the presentation of a complex petition. Therefore, in the species, in order to provide a response to the petitioner's requests, the respondent authority requires actions from various units of the institution, so the failure to attend to his requirements within the period established in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) cannot be directly related to a potential violation of a fundamental right. Note that this situation was brought to the attention of the individual prior to the notification of the resolution that commenced these proceedings, specifically on March 10, 2025, where he was informed of the time it would take to provide a response, a period that the Chamber deems reasonable, given the amount of information requested.  

Therefore, not verifying that the respondent authority has violated the petitioner's right to petition and prompt response, it is appropriate to dismiss the remedy, as is hereby ordered.  

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of thirty business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.  

THEREFORE:  

The remedy is dismissed.-  

Fernando Castillo V.  
President  

Fernando Cruz C.  

Paul Rueda L.  

Luis Fdo. Salazar A.  

Jorge Araya G.  

Anamari Garro V.  

Ingrid Hess H.  

Digitally Signed Document  
-- Verification code --  

  
IANOE6KKXAE61  

CASE FILE NO. 25-006888-0007-CO  

Telephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).  

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:58:49.  

SCIJ de Hacienda  
SCIJ de la Procuraduría General de la República