Res. 09525-2025 Sala Constitucional — Amparo regarding leachate management and garbage truck washing in AlajuelitaAmparo por manejo de lixiviados y lavado de camiones recolectores en Alajuelita

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09525 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Marzo del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-004679-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AGUAS.
CONTAMINACION.
BASURA.

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

009525-25. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. SE ORDENA A LA ALCALDESA DE ALAJUELITA, QUE GIRE LAS ÓRDENES NECESARIAS Y COORDINE CON LAS INSTANCIAS NECESARIAS, A FIN DE QUE EN EL PLAZO DE 2 MESES, REALICE DE MANERA EFECTIVA LAS ACCIONES DE SU COMPETENCIA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE MANEJO Y DEPÓSITO DE LAS AGUAS PROVENIENTES DEL LAVADO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL CANTÓN, ASÍ COMO EL ADECUADO MANEJO DE LOS LIXIVIADOS -LÍQUIDOS GENERADOS POR LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS-. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE SOLUCIONAR EN FORMA DEFINITIVA EL PROBLEMA CITADO, DE LO CUAL DEBERÁ MANTENER INFORMADA A ESTA SALA. VCG04/2025

“(…) V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Según la prueba aportada y el informe rendido bajo juramento, se ha tenido por demostrado que el  recurrente es vecino de Alajuelita y regidor suplente de la municipalidad de dicho cantón. Según denuncia desde el año 2023 en un plantel propiedad de la Municipalidad de Alajuelita, el cual comparten tres departamentos, existe un problema con el lavado de los camiones recolectores de residuos sólidos, pues en dicho lugar se realiza el lavado de dichos vehículos de la Municipalidad de Alajuelita, sin las medidas ambientales pertinentes, pues los residuos y aguas residuales quedan el sitio o van hasta el Río Tiribí, el cual se encuentra cercano al predio; además, los funcionarios que laboran en esos departamentos no pueden ni comer por los olores que quedan en el lugar por los lixiviados o líquidos provenientes de la basura. Se observa, además que la Asociación corredor Biológico Interurbano María Aguilar, presentó sus cuestionamientos ante el Concejo Municipal de Alajuelita, explicándoles a los accionados la situación que se presentaba con los camiones. Al respecto, la alcaldesa de la Municipalidad de Alajuelita, en su informe aportado el 12 de marzo de 2025, se limitó a indicar que mediante el procedimiento de Licitación reducida N° 2024LD-000097-0002700001, iniciado el 21 de octubre del 2024 realizada en SICOP, la Municipalidad de Alajuelita inició el procedimiento para la construcción de la infraestructura necesaria para el lavado de los camiones recolectores y la correcta disposición de las aguas utilizadas en dicho proceso, y por otra parte, que mediante el oficio MA-AM-GAMB-019-2025, fechado 10 de marzo 2025, la Gestora Ambiental Municipal indicó las medidas que se estarán implementando en el plantel municipal para el adecuado manejo de los lixiviados y el lavado de los camiones recolectores de basura del cantón, con el objetivo de evitar la contaminación del suelo, cuerpos de agua y minimizar riesgos para la salud pública. Lo anterior, bajo el entendido que la infraestructura necesaria para el lavado de los camiones recolectores y la correcta de las aguas utilizadas en dicho proceso, estaría lista en 15 días -aproximadamente abril 2025-.

Según lo expuesto, se observa con claridad que lleva razón el recurrente en cuanto a que la situación de fondo y el problema de depósito de las aguas provenientes del lavado de los camiones recolectores de basura del cantón, así como el adecuado manejo de los lixiviados -líquidos generados por la descomposición de los residuos orgánicos-. Según manifiesta la propia accionada, mediante el procedimiento de Licitación reducida N° 2024LD-000097-0002700001, iniciado el 21 de octubre del 2024, la Municipalidad de Alajuelita inició el procedimiento para la construcción de la infraestructura necesaria para el lavado de los camiones recolectores y la correcta disposición de las aguas utilizadas en dicho proceso. Lo anterior, bajo el entendido que la infraestructura necesaria para el lavado de los camiones recolectores y la correcta de las aguas utilizadas en dicho proceso, estaría lista en 15 días -aproximadamente abril 2025-. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso,  al observarse con claridad que ha existido una violación al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Lo anterior, con la finalidad que se implementen las acciones respectivas para solventar la problemática planteada por el amparado. (…)”

 




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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Esta Sala en la resolución número 2017-009565 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitres de junio de dos mil diecisiete, entre otras, dispuso lo siguiente:

“IV. - Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.". (…)”

VCG04/2025

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG04/2025

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

VII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara parcialmente con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VCG04/2025

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Texto de la resolución

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Exp: 25-004679-0007-CO

Res. Nº 2025009525

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 25-004679- 0007-CO, interpuesto por Nombre126564, cédula de identidad CED70986, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 12:24 horas del 18 de febrero de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA. Manifiesta que es vecino de Alajuelita y regidor suplente de la municipalidad de dicho cantón. Acusa que desde el año 2023 en un plantel propiedad de la Municipalidad de Alajuelita existe un problema por el lavado de los camiones recolectores de residuos sólidos. Dicho plantel lo comparten tres departamentos municipales. Asegura que en dicho lugar se realiza el lavado de los   camiones recolectores de la Municipalidad de Alajuelita, sin las medidas ambientales pertinentes, pues los residuos y aguas residuales quedan el sitio o van hasta el Río Tiribí, el cual se encuentra cercano al predio; y además, los funcionarios que laboran en esos departamentos no pueden ni comer por los olores que quedan en el lugar por los lixiviados o líquidos provenientes de la basura. Acusa que funcionarios de instituciones protectoras del medio ambiente como la Asociación corredor Biológico Interurbano María Aguilar, presentaron sus cuestionamientos ante el Concejo Municipal de Alajuelita, explicándoles a los accionados la situación que se presentaba con los camiones; sin embargo, no se ha hecho nada, lo que estima violatorio al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicita se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 15:44 horas del 19 de febrero de 2025, la Presidencia de la Sala Constitucional admitió el recurso de amparo y le dio traslado a las autoridades accionadas.

3.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 12 de marzo de 2025, María del Rosario Siles Fernández, alcaldesa de la Municipalidad de Alajuelita, informa que: “Primero: informa mediante el oficio MA-AM-GAMB-019-2025, fechado 10 de marzo 2025, la Gestora ambiental de las medidas que se estarán implementando en el plantel municipal para el adecuado manejo de los lixiviados y el lavado de los camiones recolectores de basura del cantón, con el objetivo de evitar la contaminación del suelo, cuerpos de agua y minimizar riesgos para la salud pública. Segundo: para la prevención y reducción de lixiviados se efectuarán las siguientes tareas: • Optimizar la separación en la fuente para reducir la cantidad de residuos orgánicos mezclados con desechos comunes. • Cubrir y sellar correctamente los camiones para minimizar la entrada de agua de lluvia y la fuga de lixiviados en la vía pública. • Implementar rutas eficientes de recolección para reducir el tiempo de permanencia de los residuos en los camiones. Para la contención y tratamiento de lixiviados: • Asegurar que los camiones recolectores tengan sistemas de recolección de lixiviados (compartimientos herméticos o canaletas de drenaje internas). • Diseñar y habilitar estaciones de descarga de lixiviados en los sitios de disposición final o plantas de tratamiento, evitando su vertido en alcantarillas o cuerpos de agua. • Implementar sistemas de tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios municipales, aplicando tecnologías como lagunas de estabilización, filtración y tratamiento biológico o químico. Tercero: para el correcto lavado de camiones recolectores de basura, se realizará en instalaciones adecuadas para evitar la contaminación del suelo y cuerpos de agua. a) Infraestructura para el lavado: • Construcción de estaciones de lavado con pisos impermeables y sistemas de captación de aguas residuales. • Implementación de trampas de grasa y sedimentadores para evitar que residuos sólidos, aceites y otros contaminantes ingresen al sistema de alcantarillado. • Uso de detergentes biodegradables para reducir la contaminación química. b) Tratamiento de aguas residuales del lavado: • Conectar el sistema de lavado a una planta de tratamiento de aguas residuales municipales o implementar un sistema propio con separación de sólidos y tratamiento biológico o químico. • Reutilización de agua tratada para disminuir el consumo de agua potable en los procesos de limpieza. c) Supervisión y mantenimiento: • Establecer controles periódicos para verificar el correcto manejo de lixiviados y el cumplimiento de los protocolos de lavado. • Capacitar al personal de recolección sobre prácticas de manejo ambientalmente responsables. • Realizar mantenimiento preventivo de los sistemas de recolección de lixiviados y estaciones de lavado. Cuarto: todo la anterior mediante el procedimiento de Licitación reducida N° 2024LD-000097-0002700001, iniciado el 21 de octubre del 2024 realizada en SICOP y se calcula que al menos en quince días -aproximadamente abril 2024- pueda ser utilizada la construcción donde se van a lavar los camiones; las aguas producto del lavado va a ser recolectadas y se van a un drenaje, donde serán diluidas en agua y con el desengrasante, jabón y mata olores que se utiliza para el lavado de los camiones. DOCUMENTAL. 1. Oficio MA-AM-GAMB-019-2025, fechado 10 de marzo 2025, firmado por la Gestora ambiental Johanna Ávila Vargas, referente a las medidas que se estarán implementando para atender lo acusado por el recurrente. PETITORIA. El gobierno local es consciente de la importancia de contar con una infraestructura adecuada para esta actividad, tanto para garantizar el adecuado tratamiento de la flotilla de recolección como el cumplimiento de las normativas ambientales y sanitarias vigentes. Actualmente, nos encontramos construyendo un lugar dentro del plantel municipal como parte de la implementación de una solución adecuada, que incluye la identificación de requerimientos técnicos y ambientales, así como la gestión de los recursos necesarios para su efectiva ejecución. Nuestro objetivo es desarrollar un espacio que cuente con los sistemas adecuados de captación y tratamiento de aguas residuales, cumpliendo, reitero, con las regulaciones establecidas en la legislación nacional. Agradezco la comprensión y recalco, nuestro compromiso con la mejora continua de los servicios municipales, asegurando que esta situación sea atendida de manera responsable y eficiente.”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Mediante constancia del 20 de marzo de 2025, la secretaria a.i. de la Sala Constitucional, hizo constar que del 10 al día 12 de marzo de 2025, el recurrido, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELITA, haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las 15:44 horas del 19 de febrero de 2025.

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

 I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia por un problema ambiental, que involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente, indica que es vecino de Alajuelita y regidor suplente de la municipalidad de dicho cantón. Alega que desde el año 2023 en un plantel propiedad de la Municipalidad de Alajuelita existe un problema por el lavado de los camiones recolectores de residuos sólidos. Dicho plantel lo comparten tres departamentos municipales. Asegura que en dicho lugar se realiza el lavado de los   camiones recolectores de la Municipalidad de Alajuelita, sin las medidas ambientales pertinentes, pues los residuos y aguas residuales quedan en el sitio o discurren en el Río Tiribí, el cual se encuentra cercano al predio; y además, los funcionarios que laboran en esos departamentos no pueden ni comer por los olores que quedan en el lugar por los lixiviados o líquidos provenientes de la basura. Acusa que funcionarios de instituciones protectoras del medio ambiente como la Asociación corredor Biológico Interurbano María Aguilar, presentaron sus cuestionamientos ante el Concejo Municipal de Alajuelita, explicándoles a los accionados la situación que se presentaba con los camiones; sin embargo, no se ha hecho nada, lo que estima violatorio al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

III.-  HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)                El recurrente Nombre126564, cédula de identidad CED70986, es vecino de Alajuelita y regidor suplente de la municipalidad de dicho cantón (hecho no controvertido);

b)                Desde el año 2023 en un plantel propiedad de la Municipalidad de Alajuelita, el cual comparten tres departamentos, existe un problema con el lavado de los camiones recolectores de residuos sólidos, pues en dicho lugar se realiza el lavado de dichos vehículos de la Municipalidad de Alajuelita, sin las medidas ambientales pertinentes, pues los residuos y aguas residuales quedan el sitio o van hasta el Río Tiribí, el cual se encuentra cercano al predio; y además, los funcionarios que laboran en esos departamentos no pueden ni comer por los olores que quedan en el lugar por los lixiviados o líquidos provenientes de la basura (ver documentación aportada e informe rendido);

c)                La Asociación corredor Biológico Interurbano María Aguilar, presentó sus cuestionamientos ante el Concejo Municipal de Alajuelita, explicándoles a los accionados la situación que se presentaba con los camiones (ver documentación aportada);

d)                Mediante el procedimiento de Licitación reducida N° 2024LD-000097-0002700001, iniciado el 21 de octubre del 2024 realizada en SICOP, la Municipalidad de Alajuelita inició el procedimiento para la construcción de la infraestructura necesaria para el lavado de los camiones recolectores y la correcta disposición de las aguas utilizadas en dicho proceso (ver documentación aportada e informe rendido);

e)                Mediante el oficio MA-AM-GAMB-019-2025, fechado 10 de marzo 2025, la Gestora Ambiental Municipal indicó las medidas que se estarán implementando en el plantel municipal para el adecuado manejo de los lixiviados y el lavado de los camiones recolectores de basura del cantón, con el objetivo de evitar la contaminación del suelo, cuerpos de agua y minimizar riesgos para la salud pública. Lo anterior, bajo el entendido que la infraestructura necesaria para el lavado de los camiones recolectores y la correcta de las aguas utilizadas en dicho proceso, estaría lista en 15 días -aproximadamente abril de 2025- (ver documentación aportada e informe rendido).

 IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Esta Sala en la resolución número 2017-009565 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitres de junio de dos mil diecisiete, entre otras, dispuso lo siguiente:

 “IV. - Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.".

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Según la prueba aportada y el informe rendido bajo juramento, se ha tenido por demostrado que el  recurrente es vecino de Alajuelita y regidor suplente de la municipalidad de dicho cantón. Según denuncia desde el año 2023 en un plantel propiedad de la Municipalidad de Alajuelita, el cual comparten tres departamentos, existe un problema con el lavado de los camiones recolectores de residuos sólidos, pues en dicho lugar se realiza el lavado de dichos vehículos de la Municipalidad de Alajuelita, sin las medidas ambientales pertinentes, pues los residuos y aguas residuales quedan el sitio o van hasta el Río Tiribí, el cual se encuentra cercano al predio; además, los funcionarios que laboran en esos departamentos no pueden ni comer por los olores que quedan en el lugar por los lixiviados o líquidos provenientes de la basura. Se observa, además que la Asociación corredor Biológico Interurbano María Aguilar, presentó sus cuestionamientos ante el Concejo Municipal de Alajuelita, explicándoles a los accionados la situación que se presentaba con los camiones. Al respecto, la alcaldesa de la Municipalidad de Alajuelita, en su informe aportado el 12 de marzo de 2025, se limitó a indicar que mediante el procedimiento de Licitación reducida N° 2024LD-000097-0002700001, iniciado el 21 de octubre del 2024 realizada en SICOP, la Municipalidad de Alajuelita inició el procedimiento para la construcción de la infraestructura necesaria para el lavado de los camiones recolectores y la correcta disposición de las aguas utilizadas en dicho proceso, y por otra parte, que mediante el oficio MA-AM-GAMB-019-2025, fechado 10 de marzo 2025, la Gestora Ambiental Municipal indicó las medidas que se estarán implementando en el plantel municipal para el adecuado manejo de los lixiviados y el lavado de los camiones recolectores de basura del cantón, con el objetivo de evitar la contaminación del suelo, cuerpos de agua y minimizar riesgos para la salud pública. Lo anterior, bajo el entendido que la infraestructura necesaria para el lavado de los camiones recolectores y la correcta de las aguas utilizadas en dicho proceso, estaría lista en 15 días -aproximadamente abril 2025-.

 Según lo expuesto, se observa con claridad que lleva razón el recurrente en cuanto a que la situación de fondo y el problema de depósito de las aguas provenientes del lavado de los camiones recolectores de basura del cantón, así como el adecuado manejo de los lixiviados -líquidos generados por la descomposición de los residuos orgánicos-. Según manifiesta la propia accionada, mediante el procedimiento de Licitación reducida N° 2024LD-000097-0002700001, iniciado el 21 de octubre del 2024, la Municipalidad de Alajuelita inició el procedimiento para la construcción de la infraestructura necesaria para el lavado de los camiones recolectores y la correcta disposición de las aguas utilizadas en dicho proceso. Lo anterior, bajo el entendido que la infraestructura necesaria para el lavado de los camiones recolectores y la correcta de las aguas utilizadas en dicho proceso, estaría lista en 15 días -aproximadamente abril 2025-. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso,  al observarse con claridad que ha existido una violación al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Lo anterior, con la finalidad que se implementen las acciones respectivas para solventar la problemática planteada por el amparado.

VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara parcialmente con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

    POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María del Rosario Siles Fernández, alcaldesa de Alajuelita, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, que gire las órdenes necesarias y coordine con las instancias necesarias, a fin de que en el plazo de 2 MESES, contado a partir de la notificación de este asunto, realice de manera efectiva las acciones de su competencia para solucionar el problema de manejo y depósito de las aguas provenientes del lavado de los camiones recolectores de basura del cantón, así como el adecuado manejo de los lixiviados -líquidos generados por la descomposición de los residuos orgánicos-. Lo anterior, con la finalidad de solucionar en forma definitiva el problema citado, de lo cual deberá mantener informada a esta Sala. Se le advierte a la autoridad recurrida que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuelita al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota.  El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese. 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 IAP4PR3RN0461

EXPEDIENTE N° 25-004679-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:46:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 09525 - 2025

Date of Resolution: March 28, 2025, at 09:15

Expediente: 25-004679-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of matter: Amparo remedy

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Judgment with Dissenting Vote

Judgment with separate note

Relevance Indicators

Relevant judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations



Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights

Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

WATER.
POLLUTION.
GARBAGE.

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

009525-25. ENVIRONMENT. MUNICIPALITY. THE MAYOR OF ALAJUELITA IS ORDERED TO ISSUE THE NECESSARY ORDERS AND COORDINATE WITH THE NECESSARY BODIES, SO THAT WITHIN A PERIOD OF 2 MONTHS, SHE EFFECTIVELY CARRIES OUT THE ACTIONS WITHIN HER COMPETENCE TO SOLVE THE PROBLEM OF THE MANAGEMENT AND DISPOSAL OF WATER FROM THE WASHING OF THE CANTON'S GARBAGE COLLECTION TRUCKS, AS WELL AS THE PROPER MANAGEMENT OF LEACHATE (LIXIVIADOS) -LIQUIDS GENERATED BY THE DECOMPOSITION OF ORGANIC WASTE-. THE FOREGOING, WITH THE PURPOSE OF DEFINITIVELY SOLVING THE CITED PROBLEM, OF WHICH SHE MUST KEEP THIS CHAMBER INFORMED. VCG04/2025

"(…) V.- ON THE SPECIFIC CASE. According to the evidence provided and the report rendered under oath, it has been demonstrated that the petitioner is a resident of Alajuelita and an alternate council member (regidor suplente) of the municipality of said canton. According to the complaint, since 2023, on a site (plantel) owned by the Municipality of Alajuelita, which is shared by three departments, there has been a problem with the washing of the solid waste collection trucks, as the washing of said vehicles of the Municipality of Alajuelita is carried out at that location without the pertinent environmental measures, since the waste and wastewater remain on the site or go to the Río Tiribí, which is close to the property; furthermore, the officials working in those departments cannot even eat due to the odors remaining in the place from the leachate (lixiviados) or liquids from the garbage. It is also observed that the Asociación corredor Biológico Interurbano María Aguilar presented its concerns before the Concejo Municipal of Alajuelita, explaining to the respondents the situation occurring with the trucks. In this regard, the mayor of the Municipality of Alajuelita, in her report provided on March 12, 2025, merely indicated that through the Licitación reducida procedure No. 2024LD-000097-0002700001, initiated on October 21, 2024, carried out in SICOP, the Municipality of Alajuelita initiated the procedure for the construction of the necessary infrastructure for washing the collection trucks and the correct disposal of the water used in that process, and on the other hand, that through official letter MA-AM-GAMB-019-2025, dated March 10, 2025, the Municipal Environmental Manager indicated the measures that will be implemented at the municipal site (plantel) for the proper management of leachate and the washing of the canton's garbage collection trucks, with the objective of avoiding soil and water body contamination and minimizing risks to public health. The foregoing, on the understanding that the infrastructure necessary for washing the collection trucks and the correct handling of the water used in that process would be ready in 15 days -approximately April 2025-.

Based on the foregoing, it is clearly observed that the petitioner is correct in that the underlying situation and the problem of the disposal of water from the washing of the canton's garbage collection trucks, as well as the proper management of leachate (lixiviados) -liquids generated by the decomposition of organic waste-. As the respondent herself states, through the Licitación reducida procedure No. 2024LD-000097-0002700001, initiated on October 21, 2024, the Municipality of Alajuelita initiated the procedure for the construction of the necessary infrastructure for washing the collection trucks and the correct disposal of the water used in that process. The foregoing, on the understanding that the infrastructure necessary for washing the collection trucks and the correct handling of the water used in that process would be ready in 15 days -approximately April 2025-. Consequently, the appropriate action is to grant the remedy (recurso), as a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment has clearly existed. The foregoing, with the purpose that the respective actions be implemented to resolve the problem raised by the protected party (amparado). (…)"





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Related Judgments
Content of Interest:

Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

"(…) IV.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. This Chamber, in resolution number 2017-009565 of nine forty-five on June twenty-third, two thousand seventeen, among others, ordered the following:

"IV. - On the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. On repeated occasions, this Tribunal has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is a suitable mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of Public Authorities regarding factors that can alter its equilibrium and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor for the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental subject matter and activity constitute an essential function of the State, whereby, concerning environmental protection, the steering, control, and oversight functions of environmental matters correspond to the State, under the charge of various administrative dependencies." (…)"

VCG04/2025

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Content of Interest:

Type of content: Separate Note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VI.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Tribunal's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the Administrative-Contentious Tribunals should hear the legal dispute, and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law for the Regulation of the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, as it is for this Tribunal, based on numeral 7 of its Law, to exclusively define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG04/2025

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Content of Interest:

Type of content: Dissenting Vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I dissent from the majority vote that partially grants the remedy (recurso), based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican Legal System is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Law No. 7317 of October 21, 1992; and the Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to name just a few. This necessitates, in environmental matters, separating constitutional review from legality review. In this regard, it is my view that this Chamber, through the amparo process, should only hear a matter alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed through the legality process. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is appropriate to be heard through the legality process –administrative or jurisdictional– where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions can be overseen. It must be borne in mind that the amparo remedy is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, exercising its powers, and processes a procedure, with the issuance of administrative acts, its knowledge falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Thus, the review of administrative actions carried out regarding an environmental issue that requires, for its proper assessment, a plenary process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria elaborated under current legal or regulatory norms, or with the gathering of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or reviewing of the criteria already present in the administrative file of the case. Doing otherwise would imply transforming the amparo into an ordinary plenary process, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and oversight correspond to the administrative-contentious jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality process. Consequently, this remedy should have been rejected outright (de plano), as its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality process. However, as this was not done, the appropriate action is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the merits of the matter raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the administrative-contentious jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform, in substance, to what is prescribed in the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VCG04/2025

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Text of the resolution

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Exp: 25-004679-0007-CO

Res. No. 2025009525

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen on March twenty-eighth, two thousand twenty-five.

Amparo remedy processed in expediente No. 25-004679-0007-CO, filed by Nombre126564, identity card CED70986, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELITA.

Whereas:

1.- By written brief received by this Chamber at 12:24 on February 18, 2025, the petitioner files an amparo remedy against the MUNICIPALITY OF ALAJUELITA. He states that he is a resident of Alajuelita and an alternate council member (regidor suplente) of the municipality of said canton. He alleges that since 2023, on a site (plantel) owned by the Municipality of Alajuelita, there has been a problem with the washing of the solid waste collection trucks. Said site is shared by three municipal departments. He asserts that at said location, the washing of the collection trucks of the Municipality of Alajuelita is carried out without the pertinent environmental measures, since the waste and wastewater remain on the site or go to the Río Tiribí, which is close to the property; and furthermore, the officials working in those departments cannot even eat due to the odors remaining in the place from the leachate (lixiviados) or liquids from the garbage. He alleges that officials from environmental protection institutions, such as the Asociación corredor Biológico Interurbano María Aguilar, presented their concerns before the Concejo Municipal of Alajuelita, explaining to the respondents the situation occurring with the trucks; however, nothing has been done, which he considers a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. He requests that the remedy be granted.

2.- By resolution at 15:44 on February 19, 2025, the Presidency of the Sala Constitucional admitted the amparo remedy and transferred it to the respondent authorities.

3.- Through a brief incorporated into the Legal System on March 12, 2025, María del Rosario Siles Fernández, mayor of the Municipality of Alajuelita, reports that: "First: Through official letter MA-AM-GAMB-019-2025, dated March 10, 2025, the Environmental Manager reported on the measures that will be implemented at the municipal site (plantel) for the proper management of leachate (lixiviados) and the washing of the canton's garbage collection trucks, with the objective of avoiding soil and water body contamination and minimizing risks to public health. Second: For the prevention and reduction of leachate, the following tasks will be carried out: • Optimize separation at the source to reduce the quantity of organic waste mixed with common waste. • Properly cover and seal trucks to minimize rainwater entry and leachate leakage on public roads. • Implement efficient collection routes to reduce the residence time of waste in the trucks. For the containment and treatment of leachate: • Ensure that collection trucks have leachate collection systems (sealed compartments or internal drainage channels). • Design and enable leachate discharge stations at final disposal sites or treatment plants, avoiding their discharge into sewers or bodies of water. • Implement leachate treatment systems in municipal sanitary landfills, applying technologies such as stabilization ponds, filtration, and biological or chemical treatment. Third: For the correct washing of garbage collection trucks, it will be carried out in adequate facilities to avoid soil and water body contamination. a) Washing Infrastructure: • Construction of washing stations with impermeable floors and wastewater capture systems. • Implementation of grease traps and sediment traps to prevent solid waste, oils, and other contaminants from entering the sewer system. • Use of biodegradable detergents to reduce chemical contamination. b) Washing Wastewater Treatment: • Connect the washing system to a municipal wastewater treatment plant or implement a proprietary system with solid separation and biological or chemical treatment. • Reuse treated water to reduce potable water consumption in cleaning processes. c) Supervision and Maintenance: • Establish periodic controls to verify the correct management of leachate and compliance with washing protocols. • Train collection personnel on environmentally responsible management practices. • Perform preventive maintenance on leachate collection systems and washing stations. Fourth: All the foregoing through the Licitación reducida procedure No. 2024LD-000097-0002700001, initiated on October 21, 2024, carried out in SICOP, and it is estimated that in at least fifteen days -approximately April 2024- the construction where the trucks will be washed can be used; the wash water will be collected and directed to a drainage, where it will be diluted in water with the degreaser, soap, and odor eliminator used for washing the trucks. DOCUMENTARY. 1. Official letter MA-AM-GAMB-019-2025, dated March 10, 2025, signed by the Environmental Manager Johanna Ávila Vargas, regarding the measures that will be implemented to address the petitioner's allegations. PETITION. The local government is aware of the importance of having adequate infrastructure for this activity, both to guarantee the proper treatment of the collection fleet and compliance with current environmental and health regulations. We are currently constructing a space within the municipal site (plantel) as part of the implementation of an adequate solution, which includes the identification of technical and environmental requirements, as well as the management of the necessary resources for its effective execution. Our objective is to develop a space that has adequate systems for capturing and treating wastewater, complying, I reiterate, with the regulations established in national legislation. I appreciate your understanding and emphasize our commitment to the continuous improvement of municipal services, ensuring that this situation is addressed in a responsible and efficient manner." She requests that the remedy be dismissed.

4.- Through a certification dated March 20, 2025, the acting secretary of the Sala Constitucional certified that from the 10th to the 12th of March 2025, the respondent, PRESIDENT OF THE CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELITA, did not present any brief or document, in order to render the report requested in the resolution issued at 15:44 on February 19, 2025.

5.- In the processing of the process, the legal provisions have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the claim –for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure– it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative-contentious jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has complied with the time frames set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exceptional case is raised, as it involves a complaint about an environmental problem, involving the right to a healthy environment and the right to health, which the petitioner alleges has not been definitively resolved.

II.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner states that he is a resident of Alajuelita and an alternate council member (regidor suplente) of the municipality of said canton. He alleges that since 2023, on a site (plantel) owned by the Municipality of Alajuelita, there has been a problem with the washing of the solid waste collection trucks. Said site is shared by three municipal departments. He asserts that at said location, the washing of the collection trucks of the Municipality of Alajuelita is carried out without the pertinent environmental measures, since the waste and wastewater remain on the site or flow into the Río Tiribí, which is close to the property; and furthermore, the officials working in those departments cannot even eat due to the odors remaining in the place from the leachate (lixiviados) or liquids from the garbage. He alleges that officials from environmental protection institutions, such as the Asociación corredor Biológico Interurbano María Aguilar, presented their concerns before the Concejo Municipal of Alajuelita, explaining to the respondents the situation occurring with the trucks; however, nothing has been done, which he considers a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven:

a) The petitioner Nombre126564, identity card CED70986, is a resident of Alajuelita and an alternate council member (regidor suplente) of the municipality of said canton (uncontroverted fact);

b) Since 2023, on a site (plantel) owned by the Municipality of Alajuelita, which is shared by three departments, there has been a problem with the washing of the solid waste collection trucks, as the washing of said vehicles of the Municipality of Alajuelita is carried out at that location without the pertinent environmental measures, since the waste and wastewater remain on the site or go to the Río Tiribí, which is close to the property; and furthermore, the officials working in those departments cannot even eat due to the odors remaining in the place from the leachate (lixiviados) or liquids from the garbage (see documentation provided and report rendered);

c) The Asociación corredor Biológico Interurbano María Aguilar presented its concerns before the Concejo Municipal of Alajuelita, explaining to the respondents the situation occurring with the trucks (see documentation provided);

d) Through the Licitación reducida procedure No. 2024LD-000097-0002700001, initiated on October 21, 2024, carried out in SICOP, the Municipality of Alajuelita initiated the procedure for the construction of the necessary infrastructure for washing the collection trucks and the correct disposal of the water used in that process (see documentation provided and report rendered);

e) Through official letter MA-AM-GAMB-019-2025, dated March 10, 2025, the Municipal Environmental Manager indicated the measures that will be implemented at the municipal site (plantel) for the proper management of leachate (lixiviados) and the washing of the canton's garbage collection trucks, with the objective of avoiding soil and water body contamination and minimizing risks to public health. The foregoing, on the understanding that the infrastructure necessary for washing the collection trucks and the correct handling of the water used in that process would be ready in 15 days -approximately April 2025- (see documentation provided and report rendered).

IV.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. This Chamber, in resolution number 2017-009565 of nine forty-five on June twenty-third, two thousand seventeen, among others, ordered the following:

"IV. - On the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. On repeated occasions, this Tribunal has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is a suitable mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of Public Authorities regarding factors that can alter its equilibrium and hinder a person's development and unfolding in a healthy environment. The State is constituted as the guarantor for the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental subject matter and activity constitute an essential function of the State, whereby, concerning environmental protection, the steering, control, and oversight functions of environmental matters correspond to the State, under the charge of various administrative dependencies."

V.- ON THE SPECIFIC CASE. According to the evidence provided and the report rendered under oath, it has been demonstrated that the petitioner is a resident of Alajuelita and an alternate council member (regidor suplente) of the municipality of said canton. According to the complaint, since 2023, on a site (plantel) owned by the Municipality of Alajuelita, which is shared by three departments, there has been a problem with the washing of the solid waste collection trucks, as the washing of said vehicles of the Municipality of Alajuelita is carried out at that location without the pertinent environmental measures, since the waste and wastewater remain on the site or go to the Río Tiribí, which is close to the property; furthermore, the officials working in those departments cannot even eat due to the odors remaining in the place from the leachate (lixiviados) or liquids from the garbage. It is also observed that the Asociación corredor Biológico Interurbano María Aguilar presented its concerns before the Concejo Municipal of Alajuelita, explaining to the respondents the situation occurring with the trucks. In this regard, the mayor of the Municipality of Alajuelita, in her report provided on March 12, 2025, merely indicated that through the Licitación reducida procedure No. 2024LD-000097-0002700001, initiated on October 21, 2024, carried out in SICOP, the Municipality of Alajuelita initiated the procedure for the construction of the necessary infrastructure for washing the collection trucks and the correct disposal of the water used in that process, and on the other hand, that through official letter MA-AM-GAMB-019-2025, dated March 10, 2025, the Municipal Environmental Manager indicated the measures that will be implemented at the municipal site (plantel) for the proper management of leachate and the washing of the canton's garbage collection trucks, with the objective of avoiding soil and water body contamination and minimizing risks to public health. The foregoing, on the understanding that the infrastructure necessary for washing the collection trucks and the correct handling of the water used in that process would be ready in 15 days -approximately April 2025-.

Based on the foregoing, it is clearly observed that the petitioner is correct in that the underlying situation and the problem of the disposal of water from the washing of the canton's garbage collection trucks, as well as the proper management of leachate (lixiviados) -liquids generated by the decomposition of organic waste-. As the respondent herself states, through the Licitación reducida procedure No. 2024LD-000097-0002700001, initiated on October 21, 2024, the Municipality of Alajuelita initiated the procedure for the construction of the necessary infrastructure for washing the collection trucks and the correct disposal of the water used in that process. The foregoing, on the understanding that the infrastructure necessary for washing the collection trucks and the correct handling of the water used in that process would be ready in 15 days -approximately April 2025-. Consequently, the appropriate action is to grant the remedy (recurso), as a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment has clearly existed. The foregoing, with the purpose that the respective actions be implemented to resolve the problem raised by the protected party (amparado).

VI.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice.

I have supported the thesis of this Court that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, it is the Contentious-Administrative Courts, and not this Chamber, that must hear the legal dispute. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, given that, based on numeral 7 of its own Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those juridical-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional process guaranteeing amparo, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction. All of this is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- DISSENTING VOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I dissent from the majority vote that partially grants the remedy, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican Legal System is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name only a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutionality control from legality control. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, via amparo, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality review pathway. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly to be heard in the legality review pathway—administrative or jurisdictional—where the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized much more broadly. It must be kept in mind that the amparo remedy is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, within the exercise of its powers, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its examination becomes alien to the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out regarding an environmental issue that requires, for its proper assessment, a full evidentiary process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria developed under current legal or regulatory norms, or with the gathering of new and additional evidentiary elements necessary for contrasting or reviewing the criteria already contained in the case's administrative file. To do the opposite would imply transforming the amparo into an ordinary full evidentiary process, which would denature it and render nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its examination and oversight correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter is the competence of the legality review pathway. Consequently, this remedy should have been rejected outright, since its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality review pathway. However, as this was not done, the proper course is to declare it without merit, without making any pronouncement as to the merits of the matter raised, as it is for the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct adhere, in substance, to what is prescribed in the legal system at the statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the petitioner that if documents have been provided, be it on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment, otherwise all of it will be destroyed in accordance with the provisions set forth in the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

    THEREFORE:

The remedy is granted. María del Rosario Siles Fernández, Mayor of Alajuelita, or whoever holds that office in her stead, is ordered to issue the necessary orders and coordinate with the necessary bodies, so that within a period of 2 MONTHS, counted from the notification of this matter, she effectively carries out the actions within her competence to solve the problem of the handling and disposal of water from the washing of the canton's garbage collection trucks, as well as the adequate management of leachates—liquids generated by the decomposition of organic waste. The foregoing, with the aim of definitively solving the cited problem, regarding which she must keep this Chamber informed. The respondent authority is warned that failure to comply with the said order will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Alajuelita is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment proceeding of the contentious-administrative jurisdiction. Judge Castillo Víquez adds a note. Judge Salazar Alvarado dissents and declares the remedy without merit, as it is for the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct adhere, in substance, to what is prescribed in the legal system at the statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Chairman

	

 





Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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