Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. (...) Si bien, la autoridad recurrida aduce en su informe que se le dio respuesta a la amparada, lo cierto es que aún no se le ha brindado la información de su interés. Nótese que si bien el oficio SA-253-0457-2024 de fecha 17 de junio de 2024 fue comunicado a la parte tutelada al correo electrónico señalado para sus efectos, la información contenida en él no es la que requirió la amparada, además, el documento va dirigido a la alcaldesa, no así a la petente.
Así las cosas, se verifica la lesión a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, toda vez que ha transcurrido tiempo suficiente —más de nueve meses— sin que se le haya proporcionado lo solicitado a la tutelada por lo que este Tribunal estima que el recurso de amparo merece ser acogido.
English (translation)IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. (...) Although the respondent authority asserts in its report that the petitioner received a response, the truth is that the information of interest has not yet been provided. Note that although memorandum SA-253-0457-2024 dated June 17, 2024, was communicated to the protected party at the email address indicated for that purpose, the information contained therein is not what the petitioner required; moreover, the document is addressed to the mayor, not to the petitioner.
Thus, a violation of Articles 27 and 30 of the Constitution is verified, given that sufficient time has elapsed—more than nine months—without the requested information having been provided to the petitioner, for which reason this Tribunal deems that the amparo action should be granted.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 10383 - 2025 Fecha de la Resolución: 04 de Abril del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-006949-0007-CO Redactado por: Ingrid Hess Herrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-006949-0007-CO Res. Nº 2025010383 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de abril de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 25-006949-0007-CO, interpuesto por TERESA KENNEDY ROSELL, carnet abogado/a 11596, a favor de RAMIRO DE LOS ÁNGELES TORRES BEITA, cédula de identidad 0601530079, contra la MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO. Resultando: 1.- Por escrito recibido en esta Sala el 11 de marzo de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo a favor de RAMIRO DE LOS ÁNGELES TORRES BEITA contra la MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO. Manifiesta que el 07 de julio de 2024 le solicitó a la Municipalidad de Vázquez de Coronado la siguiente información: “1. Cuantas construcciones o vivienda están dentro del área protegida del río Ipís en la entrada al cantón de Vázquez de Coronado 2. A que distancia exacta están las casas, del rio, cual es el número de finca y su plan catastrado y su dueño registral.”. Acusa que a la fecha de interposición de este recurso no ha obtenido respuesta. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley. 2.- Mediante resolución de las 21:43 horas del 17 de marzo de 2024, se dio curso al presente recurso. 3.- Informa bajo juramento Yamilet Quesada Zúñiga, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad Vázquez de Coronado, quien manifiesta lo siguiente: “… El actor manifiesta que, a la fecha de interposición del presente amparo, la Municipalidad no le ha dado respuesta, tal manifestación es incorrecta. Cuando ingresó el trámite 130702, la alcaldía trasladó oficio AL-200-673-2024, al Ing. Gilbert Benítez Rodríguez, Encargado de Saneamiento Ambiental e Inspección, para que analizara el caso y emitirá una recomendación al Despacho. El Ing. Benítez Rodríguez, emite el informe SA-253-0457-2024, fechado el 17 de junio de 2024, donde manifestó lo siguiente: Por medio de la presente y según el oficio de cita previa el cual hace referencia al trámite 130702 donde indica que el “Retiro obligatorio que se debe realizar en los ríos de un área de protección”, se le informa lo siguiente: Con forme a la Ley Forestal N° 7575 en el artículo 33 indica lo siguiente: “ARTÍCULO 33.- Áreas de protección Se declaran áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. ARTICULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.” …”. “… Se le indica que debe tramitar el respectivo alineamiento ante Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) ente encargado de dar dicho documento. Teniendo el Despacho de la suscrita el informe redactado por el profesional en la materia, se procedió por parte de mi secretaria remitir esa información al interesado, al correo electrónico que aportó, que es [email protected], en fecha 19 de junio de 2024 …”. “… desde el 19 de junio del 2024, se le dio respuesta al interesado, sin embargo, a pesar de ello interpuso la presente gestión, la cual fue notificada a la Municipalidad el 20 de marzo del 2025, nueve meses después de habérsele dado respuesta. Tercero: Quedando claro que mi representada si le dio respuesta al interesado, es importante traer a colación, que la señora Teresa posterior a recibir el correo no presentó ninguna aclaración o adición a la respuesta remitida, por lo que consideramos que estaba conforme …”. 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Hess Herrera; y, Considerando: I.- OBJETO DEL PROCESO. La parte recurrente alega que el 07 de julio de 2024 le solicitó a la Municipalidad de Vázquez de Coronado la siguiente información: “1. Cuantas construcciones o vivienda están dentro del área protegida del río Ipís en la entrada al cantón de Vázquez de Coronado 2. A que distancia exacta están las casas, del rio, cual es el número de finca y su plan catastrado y su dueño registral.”. Acusa que a la fecha de interposición de este recurso no ha obtenido respuesta. II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: a) Mediante el 07 de junio de 2024 le solicitó a la Municipalidad de Vázquez de Coronado la siguiente información: “1. Cuantas construcciones o vivienda están dentro del área protegida del río Ipís en la entrada al cantón de Vázquez de Coronado 2. A que distancia exacta están las casas, del rio, cual es el número de finca y su plan catastrado y su dueño registral.” (ver prueba adjunta). b) Mediante oficio SA-253-0457-2024 de fecha 17 de junio de 2024, suscrito por el Ing. Gilbert Benítez Rodríguez del Departamento de Saneamiento Ambiental e Inspecciones del gobierno local recurrido se le informa a la señora alcaldesa lo siguiente: “… Por medio de la presente y según el oficio de cita previa el cual hace referencia al trámite 130702 donde indica que el “Retiro obligatorio que se debe realizar en los ríos de un área de protección”, se le informa lo siguiente: Con forme a la Ley Forestal N° 7575 en el artículo 33 indica lo siguiente: “ARTÍCULO 33.- Áreas de protección Se declaran áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. ARTICULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.” (El subrayado y resaltado no es del original.) Se le indica que debe tramitar el respectivo alineamiento ante Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) ente encargado de dar dicho documento …” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta). c) A las 13:52 horas del 19 de junio de 2024, el ayuntamiento accionado le comunica a la petente a su correo electrónico [email protected] el oficio SA-253-0457-2024 de fecha 17 de junio de 2024 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta). d) A las 11:50 horas del 20 de marzo de 2025, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este amparo (ver actas de notificación que constan en el expediente electrónico). III.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. El derecho de petición y pronta respuesta, cobijado en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, a falta de que no se hubiere señalado otro plazo para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que en la decisión de la petición la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto, en cuyo caso la Administración siempre está obligada a comunicarle al petente las causas de la demora en pronunciarse. En todo caso, el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado. IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida -que se tienen dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que mediante el 07 de junio de 2024 le solicitó a la Municipalidad de Vázquez de Coronado la siguiente información: “1. Cuantas construcciones o vivienda están dentro del área protegida del río Ipís en la entrada al cantón de Vázquez de Coronado 2. A que distancia exacta están las casas, del rio, cual es el número de finca y su plan catastrado y su dueño registral.”. Mediante oficio SA-253-0457-2024 de fecha 17 de junio de 2024, suscrito por el Ing. Gilbert Benítez Rodríguez del Departamento de Saneamiento Ambiental e Inspecciones del gobierno local recurrido se le informa a la señora alcaldesa lo siguiente: “… Por medio de la presente y según el oficio de cita previa el cual hace referencia al trámite 130702 donde indica que el “Retiro obligatorio que se debe realizar en los ríos de un área de protección”, se le informa lo siguiente: Con forme a la Ley Forestal N° 7575 en el artículo 33 indica lo siguiente: “ARTÍCULO 33.- Áreas de protección Se declaran áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. ARTICULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.” (El subrayado y resaltado no es del original.) Se le indica que debe tramitar el respectivo alineamiento ante Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) ente encargado de dar dicho documento …”. A las 13:52 horas del 19 de junio de 2024, el ayuntamiento accionado le comunica a la petente a su correo electrónico [email protected] el oficio SA-253-0457-2024 de fecha 17 de junio de 2024. Si bien, la autoridad recurrida aduce en su informe que se le dio respuesta a la amparada, lo cierto es que aún no se le ha brindado la información de su interés. Nótese que si bien el oficio SA-253-0457-2024 de fecha 17 de junio de 2024 fue comunicado a la parte tutelada al correo electrónico señalado para sus efectos, la información contenida en él no es la que requirió la amparada, además, el documento va dirigido a la alcaldesa, no así a la petente. Así las cosas, se verifica la lesión a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, toda vez que ha transcurrido tiempo suficiente —más de nueve meses— sin que se le haya proporcionado lo solicitado a la tutelada por lo que este Tribunal estima que el recurso de amparo merece ser acogido. V.- CONCLUSIÓN. En atención a lo señalado ut supra, lo correspondiente es declarar con lugar el recurso de amparo, según lo dispuesto en la parte dispositiva de este sentencia. VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Yamilet Quesada Zúñiga, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad Vázquez de Coronado, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, para que dentro del ámbito de sus competencias, gire las órdenes necesarias a fin de que se brinde respuesta a la petente respecto a su gestión de fecha 07 de junio de 2024 y se le brinde la información solicitada, todo dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se le advierte a la autoridad recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad Vázquez de Coronado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.- Fernando Castillo V. Presidente Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Jorge Isaac Solano A. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- ZGH8DGCCXII61 EXPEDIENTE N° 25-006949-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:02:25. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. San José, at nine hours twenty minutes on April fourth, two thousand twenty-five. Amparo proceeding being processed under case file No. 25-006949-0007-CO, filed by TERESA KENNEDY ROSELL, attorney ID number 11596, on behalf of RAMIRO DE LOS ÁNGELES TORRES BEITA, identity card number 0601530079, against the MUNICIPALITY OF VÁZQUEZ DE CORONADO. Whereas: 1.- By brief received in this Chamber on March 11, 2024, the petitioner files an amparo proceeding on behalf of RAMIRO DE LOS ÁNGELES TORRES BEITA against the MUNICIPALITY OF VÁZQUEZ DE CORONADO. She states that on July 7, 2024, she requested the following information from the Municipality of Vázquez de Coronado: "1. How many constructions or dwellings are within the protected area (área protegida) of the Ipís River at the entrance to the canton of Vázquez de Coronado 2. At what exact distance are the houses from the river, what is the property number and its cadastral plan (plan catastrado) and its registered owner." She alleges that as of the date this proceeding was filed, she has not received a response. She requests that the proceeding be granted with the legal consequences. 2.- By order issued at 21:43 hours on March 17, 2024, this proceeding was admitted. 3.- Yamilet Quesada Zúñiga provides information under oath, in her capacity as mayor of the Municipality of Vázquez de Coronado, stating the following: "… The plaintiff claims that, as of the date this amparo was filed, the Municipality has not provided a response; such claim is incorrect. When procedure 130702 was submitted, the mayor's office forwarded official letter AL-200-673-2024 to Engineer Gilbert Benítez Rodríguez, Head of Environmental Sanitation and Inspection, for him to analyze the case and issue a recommendation to the Office. Engineer Benítez Rodríguez issued report SA-253-0457-2024, dated June 17, 2024, in which he stated the following: Hereby and pursuant to the previously cited official letter which refers to procedure 130702 stating the "Mandatory setback that must be observed from rivers in a protection area (área de protección)," the following is reported: Pursuant to the Ley Forestal No. 7575, Article 33 states the following: 'ARTICLE 33.- Protection Areas The following are declared protection areas: a) The areas bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and fifty horizontal meters, if the land is broken. c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs and on artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted. d) The recharge areas and aquifers of the springs, whose limits will be determined by the competent bodies established in the regulation of this law. ARTICLE 34.- Prohibition against logging in protected areas The cutting or removal of trees in the protection areas described in the previous article is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience. The alignments (alineamientos) that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.'" "…" "… It is indicated that the respective alignment must be processed before the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), the entity responsible for providing said document. Having the Office of the undersigned received the report drafted by the professional in the field, my secretary proceeded to send that information to the interested party, to the email address provided, which is [email protected], on June 19, 2024 …" "… since June 19, 2024, a response was provided to the interested party; however, despite this, the present petition was filed, which was notified to the Municipality on March 20, 2025, nine months after having provided the response. Third: It being clear that my represented party did provide a response to the interested party, it is important to mention that after receiving the email, Ms. Teresa did not file any clarification or addition to the response sent, so we consider that she was satisfied …" 4.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted. Authored by Judge Hess Herrera; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE PROCEEDING. The petitioner alleges that on July 7, 2024, she requested the following information from the Municipality of Vázquez de Coronado: "1. How many constructions or dwellings are within the protected area of the Ipís River at the entrance to the canton of Vázquez de Coronado 2. At what exact distance are the houses from the river, what is the property number and its cadastral plan and its registered owner." She alleges that as of the date this proceeding was filed, she has not received a response. II.- PROVEN FACTS. Deemed important for the decision of this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order: a) On June 7, 2024, the following information was requested from the Municipality of Vázquez de Coronado: "1. How many constructions or dwellings are within the protected area of the Ipís River at the entrance to the canton of Vázquez de Coronado 2. At what exact distance are the houses from the river, what is the property number and its cadastral plan and its registered owner." (see attached proof). b) By official letter SA-253-0457-2024 dated June 17, 2024, signed by Engineer Gilbert Benítez Rodríguez of the Department of Environmental Sanitation and Inspections of the respondent local government, the mayor is informed of the following: "… Hereby and pursuant to the previously cited official letter which refers to procedure 130702 stating the 'Mandatory setback that must be observed from rivers in a protection area,' the following is reported: Pursuant to the Ley Forestal No. 7575, Article 33 states the following: 'ARTICLE 33.- Protection Areas The following are declared protection areas: a) The areas bordering permanent springs, defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and fifty horizontal meters, if the land is broken. c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs and on artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted. d) The recharge areas and aquifers of the springs, whose limits will be determined by the competent bodies established in the regulation of this law. ARTICLE 34.- Prohibition against logging in protected areas The cutting or removal of trees in the protection areas described in the previous article is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience. The alignments that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.' (The underlining and highlighting are not from the original.) It is indicated that the respective alignment must be processed before the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), the entity responsible for providing said document …" (see report rendered under oath and attached proof). c) At 13:52 hours on June 19, 2024, the respondent municipality communicated to the petitioner, to her email address [email protected] the official letter SA-253-0457-2024 dated June 17, 2024 (see report rendered under oath and attached proof). d) At 11:50 hours on March 20, 2025, the respondent authority was notified of the order admitting this amparo (see notification records contained in the electronic case file). III.- REGARDING THE RIGHT OF PETITION AND PROMPT RESPONSE. The right of petition and prompt response, enshrined in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, obligates public officials to resolve the requests of citizens within a period of ten business days from the date of submission of such petitions, in the absence of any other specified deadline for responding. However, the cited Article 32 also provides that, in deciding on the petition, the Chamber will assess the reasons given for considering such period insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter, in which case the Administration is always obligated to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a decision. In any event, the duty to resolve does not imply obtaining a favorable or unfavorable response, but it does require the necessary consistency between the subject of what was requested and what was answered. IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. From the report rendered by the representative of the respondent authority —which is given under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction— and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that on June 7, 2024, the following information was requested from the Municipality of Vázquez de Coronado: "1. How many constructions or dwellings are within the protected area of the Ipís River at the entrance to the canton of Vázquez de Coronado 2. At what exact distance are the houses from the river, what is the property number and its cadastral plan and its registered owner." By official letter SA-253-0457-2024 dated June 17, 2024, signed by Engineer Gilbert Benítez Rodríguez of the Department of Environmental Sanitation and Inspections of the respondent local government, the mayor is informed of the following: "… Hereby and pursuant to the previously cited official letter which refers to procedure 130702 stating the 'Mandatory setback that must be observed from rivers in a protection area,' the following is reported: Pursuant to the Ley Forestal No. 7575, Article 33 states the following: 'ARTICLE 33.- Protection Areas The following are declared protection areas: a) The areas bordering permanent springs, defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and fifty horizontal meters, if the land is broken. c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs and on artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted. d) The recharge areas and aquifers of the springs, whose limits will be determined by the competent bodies established in the regulation of this law. ARTICLE 34.- Prohibition against logging in protected areas The cutting or removal of trees in the protection areas described in the previous article is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience. The alignments that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.' (The underlining and highlighting are not from the original.) It is indicated that the respective alignment must be processed before the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), the entity responsible for providing said document …" At 13:52 hours on June 19, 2024, the respondent municipality communicated to the petitioner, to her email address [email protected] the official letter SA-253-0457-2024 dated June 17, 2024. Although the respondent authority contends in its report that a response was given to the amparo petitioner, the truth is that the information of interest to her has not yet been provided. It should be noted that although official letter SA-253-0457-2024 dated June 17, 2024, was communicated to the protected party at the email address indicated for such purposes, the information contained therein is not what the amparo petitioner required; furthermore, the document is addressed to the mayor, not to the petitioner. Thus, a violation of Articles 27 and 30 of the Political Constitution is verified, given that sufficient time has elapsed —more than nine months— without the requested information having been provided to the protected party; therefore, this Tribunal considers that the amparo proceeding should be granted. V.- CONCLUSION. In view of the foregoing, the appropriate course is to grant the amparo proceeding, as provided in the operative part of this judgment. VI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Plenary Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The proceeding is granted. Yamilet Quesada Zúñiga, in her capacity as mayor of the Municipality of Vázquez de Coronado, or whoever holds that position in her stead, is ordered, within the scope of her powers, to issue the necessary orders so that a response is provided to the petitioner regarding her petition dated June 7, 2024, and the requested information is provided, all within a period of FIVE DAYS, counted from the notification of this judgment. The respondent authority is warned that, if she fails to comply with said order, she will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Vázquez de Coronado is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Notify.- Fernando Castillo V. President Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Jorge Isaac Solano A. Jose Roberto Garita N. Digitally Signed Document -- Verification Code -- ZGH8DGCCXII61 CASE FILE NO. 25-006949-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:02:25. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República