Res. 09098-2025 Sala Constitucional — Municipality of Buenos Aires Must Investigate and Cease Noise Pollution from BarMunicipalidad de Buenos Aires debe investigar y cesar contaminación sónica de bar

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09098 - 2025

Fecha de la Resolución: 25 de Marzo del 2025 a las 09:50

Expediente: 24-034403-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONTAMINACION SONICA.

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

DENUNCIA.

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

ORDEN SANITARIA..

009098-25. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. PODER EJECUTIVO. VECINOS ACUSAN LA CONTAMINACIÓN SÓNICA QUE GENERA UN BAR CERCA DE SUS CASAS Y, PESE A SUS DENUNCIAS, NO SE LES HA RESUELTO LA SITUACIÓN. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, QUE, PREVIA COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE SALUD, SE CUMPLA LO SIGUIENTE: 1) SE DETERMINE LA EXISTENCIA O NO DEL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN SÓNICA QUE, SEGÚN SE ACUSA, GENERA EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO BAR Y RESTAURANTE CALIBURGUER Y QUE ESTÁ AFECTANDO A LOS AMPARADOS. 2) EN CASO POSITIVO, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDA, PARA QUE TAL SITUACIÓN SE ELIMINE. VCG05/2025

“(…) IV.- Sobre el caso concreto. De la relación del artículo 24 con el 28 de nuestra Constitución Política, el principio de libertad que rige para las personas tiene como uno de sus límites el no perjudicar a terceros, y por eso la protección de su ámbito de intimidad y consecuentemente de la tranquilidad propia de ese ámbito. El ruido perturba la tranquilidad, máxime si se trata del lugar en donde se reside. Además, en atención a otras normas constitucionales como el artículo 50, que consagra el derecho al ambiente, y el artículo 21, del que se ha derivado el derecho a la salud, corresponde que el Estado garantice un ambiente exento de contaminación sónica. Por esas razones, con respecto a las actividades de karaokes, música en vivo y similares, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en enfatizar la necesidad de respetar los derechos de las personas vecinas.

V.- Respecto de las autoridades municipales recurridas conviene recordar su obligación -como parte del Estado- de garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la comunidad.  En su caso particular se trata de un deber aún más claro, pues la protección constitucional cubre y vincula el ambiente sano y ecológicamente equilibrado con el derecho fundamental a la salud, tanto en el plano psíquico como en el físico, y tienen potestades para hacer cumplir sus órdenes incluso con ayuda de la Fuerza Pública, en protección del bien jurídico que están llamadas a tutelar. Su actividad no se agota en los trámites burocráticos u otorgamiento de los permisos. Debe además tomar las medidas para corroborar la observancia de éstos en la práctica, para tutelar los intereses y derechos de los ciudadanos. De los autos se desprende que es de vieja data y de pleno conocimiento del ayuntamiento accionado la inconformidad de los vecinos con el negocio denominado bar y restaurante Caliburguer. Nótese que el 29 de julio de 2024 el amparado realizó una denuncia ante el Concejo Municipal de Buenos Aires por contaminación sónica de ese establecimiento comercial. Sin embargo, en atención a esa denuncia, solo se le comunicó el 14 agosto de 2024 el acuerdo tomado por ese órgano en el siguiente sentido:

“-El establecimiento llamado Caliburguer, posee un permiso para actividades de tipo bailable, el cual cuenta con el permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud, así como el uso de suelo conforme emitido por el departamento de Desarrollo Urbano de este Municipio.

- No es de nuestra competencia verificar que el lugar cuente con los aislamientos de ruido, instalaciones eléctricas o de gas, estas le pertenecen directamente al Ministerio de Salud, por lo que las denuncias por ruido, seguridad o salud pública deben ser referidas a dicho ente. Por otra parte, los ruidos o situaciones presentadas por automotores, al realizarse en vía pública, deben ser denunciadas a la Policía de Tránsito.

- El caso que corresponde verificar esta oficina es el cumplimiento de los horarios, en materia de la venta de licores, para el caso en cuestión la ley lo establece entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día, siendo que la actividad de Restaurante (venta de comidas) no está sujeta ni limitada por ningún tipo de horario, también nos recae la verificación de que el patentado solo explote las actividades aprobadas en la patente respectiva. Y a la fecha no hemos recibido denuncia alguna respecto a la venta de licor fuera de las horas establecidas.

Cabe mencionar que este departamento no posee registro de alguna denuncia formal, en contra del establecimiento mencionado”.

No obstante, lo actuado se considera insuficiente. En el caso, lo que realmente interesa es la persistencia de la contaminación sónica acusada que, según alega el recurrente, les afecta tanto al amparado denunciante como a la amparada, una adulta mayor de 90 años. De ahí que, si bien las mediciones sónicas de los negocios le corresponde realizarlas al Ministerio de Salud, no es de recibo que solo se informe lo realizado hace más de cinco meses y sin hacer referencia a algún accionar de parte del cabildo que ponga de manifiesto la fiscalización del local. Según lo explica el recurrente en gestiones posteriores, desde entonces la problemática se ha agudizado y esto no es contradicho por esas autoridades. Esta Sala advierte que en ningún momento informan que han visitado el negocio para corroborar el cumplimiento de la normativa que regula su funcionamiento. De ahí su responsabilidad en los hechos acusados por el recurrente en tutela de los munícipes amparados.

VI.- En sub lite, del informe rendido por el Director de la Dirección del Área Rectora de Salud de Buenos Aires del Ministerio de Salud, dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado, que el 24 de julio de 2024 recibieron la denuncia confidencial No. DS-1020-2024 contra el señor Nelson Castro Cascante, representante legal del restaurante Caliburguer, por ruido y vibraciones. En la descripción de la denuncia, a manera de resumen, se indicó: “Hago denuncia debido a que se tiene previsto para el día domingo 28 julio un baile en el Rest. Caliburguer, ubicado en la entrada Principal B.A., el cual a través de las redes sociales está invitando a la actividad. El establecimiento es totalmente abierto, no cuenta con aislamiento de ruido, por lo que se solicita una inspección debido a que en ocasiones anteriores el ruido es demasiado elevado y perturba la salud mental, física y el equilibrio emocional. El local cuenta con permiso de Funcionamiento, mas no cuenta con un espacio adecuado para realizar las actividades masivas (verificar certificación eléctrica) ni con un plan de confinamiento de ruido”.  Se comprueba que el 09 de agosto de 2024 no se pudo realizar la medición sónica, a fin de comprobar los hechos denunciados, debido a que no había ruido excesivo. No obstante, el 14 de agosto sí fue posible efectuarla.  Se informa que se realizó desde un dormitorio de la casa de habitación del amparado cuando en el local comercial se realizaba una actividad en vivo con el grupo musical llamado Integrados. La primera medición inició a las 20:26 horas y finalizó a las 20:40 horas. La segunda medición se realizó a partir de las 20:43 horas y finalizó a las 21:05 horas. En vista del resultado obtenido de ese estudio, se concluyó que la actividad musical realizada en el restaurante Caliburguer cumplía con el nivel de ruido permitido por el Reglamento para el control de la contaminación por ruido, No. 39428-S. Entonces, se procedió a cerrar el caso, luego de atender la denuncia y considerar que no ameritaba el dictado de acto administrativo adicional relacionado a la emisión de ruido en el establecimiento en cuestión.

Se denota así que se atendió la denuncia interpuesta por el amparado y si bien no se realizó la medición sónica en la fecha que éste indicó que se iba a efectuar una actividad musical, sino en otra data, como no se verificó que el nivel de ruido fuera superior al entonces permitido, se archivó el reclamo planteado. Igualmente, no consta que el amparado haya presentado alguna denuncia ante el Ministerio de Salud por contaminación sónica de manera posterior al 15 de septiembre de 2024. Por ello esta Sala no tiene elementos para considerar que la autoridad haya incurrido en alguna omisión por la que se haya lesionado los derechos de los amparados. Por lo anterior, respecto a esta autoridad se declara sin lugar el recurso.

VII.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se considera procedente este amparo, únicamente contra la Municipalidad de Buenos Aires por no han ejercido las labores de control y vigilancia en cuanto al local acusado, en detrimento de derecho a la salud, del derecho a la intimidad y a un ambiente sano en perjuicio de los amparados. Respecto, al Área Rectora de Salud de Buenos Aires del Ministerio de Salud se desestima el recurso. (…)”




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Texto de la resolución

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Exp: 24-034403-0007-CO

Res. Nº 2025009098

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y cincuenta minutos del veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-034403-0007-CO, interpuesto por Denis Mercedes Rodríguez Cadena, mayor, cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 001], mayor, cédula de identidad [Valor 002] y [Nombre 002], adulta mayor, cédula de identidad 03-0121-0009, contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Buenos Aires.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:56 horas del 06 de diciembre de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Buenos Aires y expresa que la amparada es una persona adulta mayor de 89 años y sufre de varios padecimientos de salud propios de su edad. Comenta que tiene más de 60 años de residir en el Cantón de Buenos Aires, Provincia de Puntarenas y desde hace, aproximadamente, 2 años, fue instalado a escasos 100 metros de su hogar, un negocio llamado "Cali Burger" y que, de unos meses para acá, se dedica los fines de semana a organizar bailes y otras actividades, que anuncian en el local, redes sociales y otros medios, las cuales generan mucho ruido y afectan la salud, la tranquilidad y la paz de la tutelada. Menciona que el inmueble del señor Cardoza Sánchez - quien es hijo de la amparada- se ubica a unos 80 metros del negocio de cita y la casa de la señora Sánchez Padilla, se ubica a unos 20 metros de la casa de su hijo, es decir por la cercanía con el lugar son las personas más perjudicadas con el ruido. Aclara que durante las horas diurnas y vespertinas, la actividad sonora es la normal de un negocio, siendo que el problema se desencadena en horas nocturnas y durante la madrugada. En virtud de lo expuesto, el hijo de la afectada ha acudido ante las autoridades correspondientes; empero, no ha recibido respuesta y menos la solución a un problema tan grave. Afirma que el amparado acudió a la municipalidad y al Concejo Municipal de Buenos Aires y la respuesta fue "lo que hace un pez en el agua NADA", demostrando la alcaldesa con su desidia la inutilidad e incompetencia en el caso que les ocupa. Por su parte, en el Concejo Municipal indicó lo siguiente: "que a ellos no les correspondía ese asunto y que era competencia del Ministerio de Salud, además que para eso ellos ponían los reglamentos en el Cantón de Buenos Aires". De igual forma, han llamado al Servicio de Emergencias 9.1.1. a solicitar la ayuda de la Fuerza Pública de Buenos Aires, para que intervenga a controlar los terribles escándalos, provenientes de Cali Burger; no obstante, en una ocasión se apersonaron unos efectivos policiales y se dirigieron al negocio en cuestión y regresaron para decir que no podían hacer nada, debido a que en Cali Burger les mostraron las patentes que indicaban que tenía "PERMISO TURISTICO" para funcionar las 24 horas del día, pero aquí es donde está el detalle, si bien es cierto en Cali Burger cuentan con Patente Comercial para funcionar las 24 horas del día. Comenta que resignado con las respuestas que se le han dado al respeto, acudió al Ministerio de Salud, indicándoles que el problema es en horas nocturnas y de madrugada, e interpuso la denuncia ante el Ministerio de Salud que se tramitó bajo número No. DS-1020-2024, misma que fue atendida por la autoridad sanitaria, pero se filtró la denuncia en redes sociales, de manera obvia y clara al llegar las autoridades sanitarias a realizar las mediciones en el lugar, el ruido era normal y se emitió el Informe Técnico de Inspección, Atención de denuncias, MS-DRRSBRU-DARS-BNIT-0409-2024 de 18 de septiembre del 2024, en el que se concluyó lo siguiente: "(…) Por ser el Ministerio de Salud el ente rector encargado de velar por la salud de las personas y por tratarse de un asunto de interés público, con fundamento en lo indicado en el presente informe y en vista del resultado obtenido de este estudio, se concluye que la actividad musical realizada en el Restaurante Cali Búrguer cumple con el nivel de ruido permitido por el Reglamento Control de Contaminación por Ruido No. 39428-S. En consecuencia, se procede a cerrar las denuncias por ruido al darse por atendido y no ameritar la emisión de actos administrativos relacionados a la emisión de ruido en el establecimiento denunciado (…)". Narra que no es posible que un ciudadano, interponga una denuncia ante el Ministerio de Salud y luego su nombre ande en redes sociales. Considera verdaderamente preocupante que el local de cita, entre otras cosas, no cuenta con la estructura adecuada para "aislar ruido", más tomando en consideración que existe el Decreto Número: 44486-S, Reglamento para el control del ruido ambiental, Publicado en el Alcance 114, No. 110 del Diario Oficial, La Gaceta de 18 de junio de 2024, mismo que incumple el negocio en cuestión y más grave es que en el Ministerio de Salud recurrido, no hagan nada para hacer cumplir la ley. Por lo ampliamente expuesto, se puede llegar a la conclusión que el negocio denominado Caliburguer está muy cerca de las casas de los amparados y que sus encargados se encuentran en una verdadera situación de poder frente a los derechos fundamentales de los tutelados y teme que se tome venganza o represalias en contra de una determinada persona, pues los amparados no tienen ningún tipo de amistad con el propietario de Caliburguer, ya que anteriormente ambas partes tuvieron una relación comercial y la misma no concluyó en los mejores términos. Enfatiza que cuando empezó a funcionar Caliburguer no había escándalos, pues los mismos se fueron extendiendo una vez otorgados los permisos sanitarios de funcionamiento y aprobadas las respectivas patentes comerciales por parte de la Municipalidad de Buenos Aires. Estima que con la situación descrita se lesionan los derechos fundamentales de los amparados. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala.

2.- Mediante resolución de las 11:37 horas del 12 de diciembre de 2024, la Presidencia de la Sala previno al recurrente lo siguiente: “• Copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de la denuncia que indica se planteó ante la autoridad accionada por la contaminación sónica que alega y cuya falta de respuesta indica en el memorial de interposición de este proceso. • De haber recibido, recientemente, alguna resolución, deberá indicar claramente cuál fue el resultado obtenido y aportar la documentación generada con ocasión de tales diligencias. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho”.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:13 horas del 16 de diciembre de 2024, el recurrente cumplió la prevención.

4.- Mediante resolución de las 09:28 horas del 23 de diciembre de 2024, la Presidencia de la Sala tuvo por cumplida la prevención contenida en resolución de las 11:37 horas de 12 de diciembre de 2024 y dio curso a este amparo. Además, se le solicitó informe al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Buenos Aires; así como, al Director del Área Rectora de Salud de Buenos Aires, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:35 horas del 23 de diciembre de 2024, el magistrado Paul Rueda Leal se inhibió de conocer este asunto.

6.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:30 horas del 09 de enero de 2025, el recurrente indica que aporta como prueba para mejor resolver una llave maya donde se aprecia el escándalo proveniente del negocio denunciado antes de que interpusiera este recurso.

7.- Informa bajo juramento Ana Margoth Mora Navarro, en su condición de Alcaldesa de Buenos Aires (escrito presentado a las 12:03 horas del 14 de enero de 2025) en los siguientes términos:

“De lo manifestado por el recurrente, he de indicar que de parte de esta Alcaldía, en el momento que se conoció el documento remitido por el señor Freddy Cardoza Sánchez, para ante el Concejo Municipal, mismo que fue tramitado en la correspondencia recibida por ese órgano colegiado, en la sesión ordinaria 13-2024, celebrada el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, y que se acordó que el encargado de patentes rindiera informe, lo que tramité fue el traslado del acuerdo al funcionario y dar seguimiento a la respuesta, en la sesión 14-2024, se apersona el señor Cardoza Sánchez, a realizar manifestaciones, de lo indicado por dicho ciudadano no hice mención alguna, toda vez, que estaba pendiente el informe del encargado de patentes, el Concejo conoce el informe, en la sesión ordinaria 15-2024, celebrada el doce de agosto del dos mil veinticuatro, se toma acuerdo de trasladar dicho informe al señor Freddy Cardoza Sánchez, tal y como consta en documentación que se adjunta. (Folios 3 al 5). En dicha sesión lo que manifesté sobre el tema fue que: "Lo único que podemos hacer un llamado a la población es a la concordancia, a la coherencia a la pasividad a la paciencia a que todos colaboremos con todos para crear un ambiente, pues más seguro, para nosotros mismos y para los ciudadanos de este cantón. Por su parte el Concejo se abocó a dar respuesta al recurrente, tal y como se demuestra en la documentación aportada. Dejándose claro, que, respecto a lo denunciado, la administración municipal y el Concejo, no tienen competencia para desplegar actuaciones sobre medición de ruidos, siendo el Ministerio de Salud el competente, teniéndose que dicha institución desplegó sus actuaciones, tal y como lo manifiesta el mismo recurrente y consta en autos. No siendo cierto lo manifestado por el recurrente, respecto a que no se le ha dado respuesta a su gestión.

PRETENSIONES.

Por las razones supra expuestas, respetuosamente se solicita a la Honorable Sala Constitucional: Se tenga por rendido el informe solicitado en tiempo y forma y se declare sin lugar el presente recurso, toda vez que mi representada ha desplegado sus actuaciones apegadas al bloque de legalidad”.

 

8.- Informa bajo juramento Luis Ureña Gómez, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Buenos Aires (escrito presentado a las 14:59 horas del 14 de enero de 2025) en los siguientes términos:

“De lo manifestado por el recurrente, he de indicar que de parte del Concejo Municipal que presido, en el momento que se conoció el documento remitido por el señor Freddy Cardoza Sánchez, en la correspondencia recibida en la sesión ordinaria 13-2024, celebrada el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, se acordó que el encargado de patentes rindiera informe, el Concejo conoce el informe, en la sesión ordinaria 15-2024, celebrada el doce de agosto del dos mil veinticuatro, se toma acuerdo de trasladar dicho informe al señor Freddy Cardoza Sánchez, tal y como consta en documentación que se adjunta. (Folios 3 al 5). El Concejo se abocó a dar respuesta al recurrente, al medio indicado por éste, tal y como se demuestra en la documentación aportada. Dejándose claro, que, respecto a lo denunciado, la administración municipal y el Concejo, no tienen competencia para desplegar actuaciones sobre medición de ruidos, siendo el Ministerio de Salud el competente, teniéndose que dicha institución desplegó sus actuaciones, tal y como lo manifiesta el mismo recurrente y consta en autos. No siendo cierto lo manifestado por el recurrente, respecto a que no se le ha dado respuesta a su gestión.

PRETENSIONES.

Por las razones supra expuestas, respetuosamente se solicita a la Honorable Sala Constitucional: Se tenga por rendido el informe solicitado en tiempo y forma y se declare sin lugar el presente recurso, toda vez que el Concejo Municipal de Buenos Aires, mismo que presido ha desplegado sus actuaciones apegadas al bloque de legalidad, y ha dado respuesta a la gestión del recurrente”.

 

9.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 22:47 horas del 14 de enero de 2025, el recurrente manifiesta lo siguiente:

“presento ante esta Augusta Cámara, formal Manifestación con respecto a los informes rendidos por los accionados.

Primero: Tanto en el informe de la Alcalde y de Presidente del Consejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Buenos Aires, se puede notar la falta de argumentación con respecto al informe rendido y de hechos ambos informes son básicamente el mismo, solamente que le cambiaron el nombre de quién lo suscribe, lo que pone en evidencia, la charlatanería y falta de seriedad, que se le ha dado al caso de los tutelados.

Segundo: Indican en sus burdos informes los accionados, que a ellos no les corresponde el asunto de los amparados, veamos que nos dice el Código Municipal, respecto a la obligación de las municipalidades en sus territorios:

Artículo 1°. -El municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. (Así reformado por el aparte a) del artículo único de la Ley N ° 8679 del 12 de noviembre de 2008).

Artículo 2. - La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.

Artículo 3. - La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal.

El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.

La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba.

(Así reformado por el artículo 17 de la ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N° 8801 del 28 de abril de 2010)

Artículo 4- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.

Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.

b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y control.

Tercero: Los recurridos “Son más inútiles, que el Ángel de la Guarda de los Kennedy”, ya que obvio que no han entendido, dimensionado u nadie se los ha dicho, que son el Gobierno Territorial de un Estado Parte del SIDH, pero demuestran en sus informes, su charlatanería, chabacanería y nivel de incompetencia que ostentan, porque dicen que a ellos no les corresponde velar porque las edificaciones, cumplan con los niveles de confinamiento de ruido, pregunto ¿No es cierto que las municipalidades, son quienes otorgan los permisos de construcción, en sus territorios?; ¿No es cierto que las municipalidades, son las que extienden las patentes de funcionamiento y de licores dentro de sus territorios?, veamos lo siguiente: “…la municipalidad correspondiente no puede otorgar las licencias de expendio de licores de forma irrestricta. Vía legal se les ha impuesto a las corporaciones municipales una serie de parámetros y criterios que inexorablemente deben atender cuando deciden expedir una licencia de ese tipo. Además de restricciones elementales como la observancia a lo establecido en el respectivo plan regulador vigente, el uso de suelo, entre otros, el legislador ordinario se preocupó por determinar expresamente que las municipalidades deberán otorgar estas autorizaciones según criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés superior del menor, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón, así como atendiendo al respeto a la libertad de comercio y del derecho a la salud. Para este Tribunal resulta suficiente la referencia expresa a tal derecho y principio constitucional, ya que constituye un mecanismo coercitivo para que los entes municipales entreguen licencias para expendio de licores solamente cuando se cumplen esos parámetros de constitucionalidad (y demás requisitos de ley) …” Sentencia 11499-13. Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica.

“la responsabilidad del Estado, -como un principio característico del Estado costarricense-, la cual deviene de lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución Política, que señala en lo que interesa:

El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Esa responsabilidad es desarrollada en los artículos 190, siguientes y concordantes de la Ley General de Administración Pública, normas en que se establece la responsabilidad objetiva de la Administración Pública. De lo anterior derivan dos conclusiones básicas; en primer término, constituye un principio constitucional la responsabilidad directa del Estado con ocasión de la función administrativa, la cual debe armonizarse con lo dispuesto en los artículos 11, 33, 41 y 49 constitucionales, y que resulta congruente con los principios del Estado Social de Derecho, precisamente con los de interdicción de la arbitrariedad en los poderes públicos, y de seguridad jurídica e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”. Sentencia Número: 5981-95 de las quince horas cincuenta y un minutos de siete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica.

Cuarto: En sus informes los accionados, lo que hacen es echarle la responsabilidad del caso, al Ministerio de Salud, lo que es una “Cobardía y una Bajeza”, que afianza más mi percepción con respecto a la inutilidad de los recurridos y que es una forma de CORRUPCIÓN, porque no están cumpliendo con sus deberes como Gobierno Territorial de un Estado Parte del SIDH y con respecto a la Corrupción, analicemos lo siguiente:

“La corrupción impide que los Estados cumplan con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La corrupción supone siempre, como mínimo, consecuencias negativas para los derechos humanos en tanto genera un vaciado del espacio propicio para su respeto. Ello es así porque impide una asignación justa de los recursos (con el desvío de fondos necesarios para hacer efectivos los derechos, especialmente de acceso a los servicios público), obstaculiza la inclusión (fijando quién participa y quién no, excluyendo a los grupos más vulnerables) y en cuanto impide la rendición de cuentas no permite la determinación de los responsables de las violaciones de los derechos humanos ni, por tanto, la garantía obligada de los mismos”.

MARTINÓN QUINTERO, Ruth. Corrupción y Derechos Humanos. en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, Número. 10, abril – septiembre 2016, páginas números: 8-33. ISSN 2253-6655.

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”, Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por Resolución de la Asamblea General el 31 de octubre de 2002, en vigor desde el 14 de diciembre de 2005)”.

MARTINÓN QUINTERO, Ruth. Corrupción y Derechos Humanos. en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, Número. 10, abril – septiembre 2016, páginas números: 8-33. ISSN 2253-6655. 1. La relación entre corrupción y derechos humanos en la comunidad internacional

En el ámbito de producción jurídica internacional no se ha abordado de manera conjunta la protección de los derechos humanos y el combate de la corrupción. De hecho, los instrumentos jurídico internacionales existentes referidos a la lucha contra las corrupciones prácticamente no mencionan los derechos humanos, salvo los preámbulos de las Convenciones Penal y Civil sobre sobre Corrupción del Consejo de Europa, el Prefacio de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y otros instrumentos menores. Es especialmente significativo el caso de la CNUCC porque su redacción fue simultánea a la apertura del proceso de reflexión sobre la repercusión de la corrupción en los derechos humanos surgido en el Consejo Económico y Social y, sin embargo, la Convención no va más allá de recoger en su Preámbulo “la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

Tampoco los tratados sobre derechos humanos establecen relación alguna entre estos y la corrupción, ni siquiera la mencionan, aunque uno de sus precedentes más célebres, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, comienza “considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio hacia los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos”. El proceso de reflexión e interés por estudiar el impacto de la corrupción en el derecho humano en el seno de Naciones Unidas tomó forma con el encargo, en 2002, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de un documento de trabajo sobre las repercusiones de la corrupción en la realización y disfrute de todos los derechos humanos, si bien con especial referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que todavía el marco conceptual preponderante respecto a la corrupción favorecía su visualización como un fenómeno dañino básicamente desde el punto de vista económico. Cuando en 2006 se celebró en Varsovia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medidas Anticorrupción, Buen Gobierno y Derechos Humanos, se planteó como objetivo avanzar en la comprensión de las prácticas de buen gobierno que contribuyen a combatir la corrupción centrándose en los derechos humanos, para así “(a) incrementar en los participantes los conocimientos sobre la relación conceptual y funcional entre la corrupción y los derechos humanos; (b) mejorar la integración de los principios de derechos humanos y los principios de buen gobierno en las estrategias y políticas anticorrupción”.

Como explica Gathii (2009), la atención de la comunidad internacional a la corrupción surge en la década de los años noventa, ligada a las políticas de desarrollo económico tras el impulso del concepto de gobernanza por parte del Banco Mundial a finales de los años ochenta. Con el alcance de la independencia política por parte de los territorios sometidos a administración colonial, desde una perspectiva económica se llegó a considerar, durante los años 60 y 70, que los sobornos de los funcionarios de exteriores eran un coste necesario. Sin embargo, después se entendió que suponían un impedimento al éxito de las reformas económicas, y un retardo al crecimiento económico y al desarrollo. En 1996 se iniciaron procesos para alcanzar acuerdos de acción conjunta sobre corrupción en diferentes ámbitos regionales a partir de los cuales el Derecho Internacional ha buscado construir un marco común a las políticas nacionales de lucha contra la corrupción con el propósito de orientarlas y coordinarlas.

Precisamente, el origen distinto y hasta en ciertos sentidos opuesto de la lucha contra la corrupción y los derechos humanos explica que los protagonistas de ambas agendas con frecuencia no se hayan visto con confianza colaboran regularmente entre sí y tampoco comparten sus conocimientos y sus experiencias” (ICHRP, 2009, p. 81). Los agentes encargados de la lucha contra la corrupción no se han sentido cercanos a los activistas de derechos humanos (aunque hay países en los que sí han ido de la mano), y estos han solido ver a los primeros demasiado vinculados al poder político frente al que posicionan sus demandas. “En ocasiones los activistas que combaten la corrupción han mencionado que los principios de derechos humanos impiden que se cumpla la ley en materia de combate a la corrupción, mientras que los activistas de derechos humanos en ocasiones argumentan que ciertas prácticas de combate a la corrupción vulneran los derechos humanos” (ICHRP, 2011, p. 69).

Incluso se ha descrito un distanciamiento ideológico entre ambos movimientos de acción internacionales: los movimientos de derechos humanos se visualizan más cercanos a los progresistas de izquierdas, mientras las reformas anticorrupción con frecuencia se han ligado a reformas neoliberales. Sin embargo, como recogen González y Nash (2011, p. 17)10, la realidad es más compleja, no solo desde la perspectiva ideológica (por ejemplo, hay corrientes de derechos humanos más liberales y otras más republicanas), sino también desde la conexión o no de agendas. En Venezuela, que no sufrió las dictaduras y la represión experimentada en los países del Cono Sur, el movimiento anticorrupción siempre tuvo por objetivo la lucha contra la pobreza y promover los derechos de las personas; incluso hay capítulos de Transparencia Internacional en América Central que nacieron como organizaciones de derechos humanos.

En cualquier caso, la mejor prueba de que la relación entre corrupción y derechos humanos no solo existe, sino que pude ser muy productiva es que desde que se ha comenzado a indagar sobre ella se han encontrado variadas y complejas conexiones que han dado lugar al desarrollo de diferentes perspectivas de aproximación al problema. Los investigadores, las instituciones dedicadas a estos temas e incluso instancias jurisdiccionales del ámbito internacional muestran las posibilidades de sinergias, de modo que, pese a los posibles puntos de fricción, tanto la agenda de lucha contra la corrupción como la agenda en pro de los derechos humanos pueden enriquecerse mutuamente.

En el Informe de 201311sobre las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos ya se afirma que la lucha contra la corrupción solo puede ser plenamente eficaz a través de un enfoque de derechos humanos (CDH, 2013, p. 6), que la lucha contra la corrupción forma parte de la lucha por el respeto de los derechos humanos y que es lamentable que durante años los esfuerzos realizados para luchar contra la corrupción y velar por los derechos humanos hubieran avanzado de forma paralela: “aunque gran parte del trabajo que realizan es complementario, salvo algunas excepciones importantes, las organizaciones de derechos humanos no conjunta, considerándose importante el establecimiento de una mayor sinergia entre las actividades anticorrupción del sistema de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultuales (en adelante, PIDESC) (CDH, 2013, p. 8).

MARTINÓN QUINTERO, Ruth. Corrupción y Derechos Humanos. en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, Número. 10, abril – septiembre 2016, páginas números: 8-33. ISSN 2253-6655.

“Pese a que la corrupción ha sido un fenómeno estudiado durante mucho tiempo, hasta ahora no ha sido posible erradicarla. Como estrategia para la lucha anticorrupción se ha intensificado la labor de investigación y prevención con el fin de reducir casos futuros. Al asumir este fenómeno como causa de violación de derechos humanos, se encuentra que puede ser uno de los principales factores generadores de pobreza y desigualdad alrededor del mundo, razón por la cual es importante la participación activa de todos los sectores de la sociedad para fortalecer las medidas de investigación, sanción y prevención de este delito”.

CLAVIJO CASTAÑEDA, Angélica Sofía. Actos De Corrupción Como Violación A Los Derechos Humanos. Revista Saber, Ciencia y Libertad, Volumen Número: 7, Número: 1 Universidad Libre, Bogotá, Colombia, Ano 2012, página número: 35. ISSN: 1794-7154.

Quino: Aquí a los accionados, les ha importado “un comino” los Derechos de los amparados, el Derecho a un Medioambiente Sano, que GARANTIZA el Numeral 50 Constitucional y el Derecho a la Salud, que lo tutela el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la displicencia de los accionados, en total desprecio a los Derechos Fundamentales de los tutelados es palpable y evidente, lo que obviamente puede generar una responsabilidad individual, para los “bufones” de la Municipalidad de Buenos Aires, que han transgredido sus Deberes y Responsabilidades al pisotear de manera ruin y miserable, los Derechos Fundamentales de los amparados, todos sabemos que el Estadio Nacional, es utilizado para que artistas extranjeros de renombre den conciertos y que la hora límite para dar los mismos, es hasta las 22:00 horas y no hace mucho tiempo al gran RICARDO MONTANER, mientras daba un concierto en el Estadio Nacional, a las 10 de la noches “le bajaron el swich” y a pesar de la molestia del interprete antes mencionado, a esa hora termino el concierto, en cambio en el caso de los amparados, en Cali Búrger son las 11 o 12 de la noche y el jolgorio apenas calienta y empieza y tienen que soportar el escandalo estos señores, hasta las 2-3 o 4 de la madrugada, los tutelados no tienen nada en contra de este negocio u su existencia, lo que les molesta e incomoda es las altas horas de las madrugadas que deben soportar todo aquel AKELARRE y las autoridades municipales, simplemente dicen “a mi no me corresponde eso”, que es la máxima expresión de la inutilidad e incompetencia y considero no puede ni deben tolerarse este tipo de actitudes retrógradas y propias de neandertales, como los accionados.

Sexto: En su informe los recurridos indican, a esta Sala “que ya le dieron respuesta al señor Cardoza Sánchez”, estos “payasos” llegan al paroxismo de lo cínico y descarado, ya que ¿Como se le va a llamar respuesta a ese bodrio que le mandaron al tutelado?, es evidente que el ciudadano tiene derecho a una pronta respuesta, pero esta debe ser clara no ambigua y torpe como “esa cosa” que enviaron al señor Cardoza Sánchez, es evidente también que el ciudadano tiene derecho a una solución a su problema o en caso que la Administración Pública, no poder solucionar el problema expuesto por el ciudadanos a su conocimiento, debe orientar y encaminar al administrado a la vía correcta y no de manera vulgar evadir sus deberes, a como lo han hecho los accionados en el presente proceso:

Párrafo Número: 68. El asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás. En tales casos el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del artículo 46.2 serían plenamente aplicables en estas situaciones y eximirían de la necesidad de agotar recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Fondo. Serie C Número: 04, párrafo número: 68, página número: 47.

Párrafo Número: 34. El artículo 1 de la Convención obliga a los Estados Partes no solamente a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. La Corte ya ha expresado que esta disposición contiene un deber positivo para los Estados. Debe precisarse, también, que garantizar implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención. Como lo ha afirmado esta Corte.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, EXECPCIONES AL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS. (Artículos 46.1-46.2 a y 46.2 b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A número 11, párrafo número 34, página número: 10. Artículo 1 Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Párrafo Número: 162. Este artículo contiene la obligación contraída por los Estados Partes en relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Número 4, párrafo número: 162, página número: 34.

Sexto: Como he expuesto ampliamente, la Municipalidad de Buenos Aires, le otorgo una Patente de Interés Turístico Cali Búrger en una zona residencial y que no tiene sitios turísticos, que justifiquen y respalden que el Turística Gobierno Local de Buenos Aires, otorgara dicha patente a Cali Búrger, lo que deja ciertas dudas y “sospechas”, dado que es obvio que las Patentes Comerciales en donde exista venta de licores, bailes y karaoke de por medio, no pueden ser otorgadas así porque así y en este caso fue otorgada en una zona residencial y esto puede generar responsabilidades al funcionario público:

“la base misma del sistema de responsabilidad, hace presuponer y justifica por demás, esta referibilidad de efectos de las actuaciones de los agentes, siempre que exista un criterio de vinculación con el servicio público, sea total o parcial. En efecto, la responsabilidad que se comenta es de corte preeminentemente objetivo, con lo cual, se prescinde, en principio, de factores subjetivos (dolo o culpa) como factores relevantes en la determinación de los criterios de imputación a la Administración como centro de autoridad. Con todo, el funcionario, en el contenido de su relación de servicio, tiene obligaciones frente a los destinatarios de los actos que adopta en el marco de sus competencias. Es en esta línea donde aplican esos factores subjetivos aludidos, los que además serían relevantes en el proceso de distribución interna de responsabilidad.

Esa responsabilidad del funcionario frente a terceros y ante la Administración, se encuentra prevista en el capítulo II del Título VII de la Ley no. 6227/78, que va del artículo 199 al 213 inclusive.

Acorde a lo que señala el numeral 199 LGAP, el funcionario será personalmente responsable cuando haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus labores o con ocasión de estas, aún, destaca la norma, cuando solo hubiere hecho de los medios y oportunidades que le ofrece el cargo, con lo que se reitera el criterio de ocasionalidad apuntado supra. En relación, vale poner de manifiesto que dentro de este marco de responsabilidad directa del funcionario se entiende como manifestación de dolo o culpa grave, la emisión de actos manifiestamente ilegales o bien, la obediencia de este tipo de actuaciones. En el primero, sería necesario que la ilegalidad fuese palmaria y notoria, grosera en su base, sea, una patología incuestionable. En el segundo, es de recordar que acorde al numeral 108.1.b LGAP, el deber de obediencia no debe atenderse tratándose de actos manifiestamente arbitrarios. Es por ello que en línea con lo ya preceptuado por el 199 ibidem, el citado precepto 108 en su inciso segundo, establece la responsabilidad personal del funcionario que obedezca un acto de esta naturaleza”.

GARITA NAVARRO, José Roberto. Ensayo: COMENTARIOS SOBRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Análisis jurisprudencial, páginas números: 37 y 38.

Fuente: https://salaprimera.poderjudicial.go.cr/phocadownload/Temas_jurisprudenciales/Responsabilidad_objetiva_Administracion.pdf

“Por un lado, el daño se provoca por medios que la Administración pone en manos del servidor, como es el caso de su cargo. Es ese aspecto el que le coloca en posibilidad de cometer el daño.

Por otro lado, cabe recordar que la Administración debe vigilar la debida prestación de los servicios que le han sido encomendados, además de que la escogencia del personal es un tema que le incumbe con exclusividad. Ergo, al contratar funcionarios que incurren en conductas impropias valiéndose de esos puentes ocasionales referidos, no podría desvincularse al Estado de la responsabilidad por esos efectos lesivos. Tal criterio de vinculación determina la falta personal impura, que permite la aplicación del régimen solidario, solo excluido cuando la falta sea separable y desvinculada del servicio (falta personal pura) de manera total.

Desde este plano, en este caso en particular, se trata de una falta personal del funcionario, pero que en el contexto del régimen objetivo que aplica en esta materia, da pie a la indemnización por culpa ajena, es decir, se está frente a una responsabilidad por conducta ajena, pero que se vincula con el Estado por la relación de servicio que sirvió de base para la comisión del ilícito (criterio instrumental y circunstancial). Se ha considerado que detrás de toda falta personal se oculta una falta de servicio, referible a la Administración (en su dimensión impura). En la especie, tal yerro se evidencia en una culpa en la elección y en la vigilancia, lo que configura una falta grave que hace procedente la reparación solicitada. No se confunda acá la referencia a elementos subjetivos. Ello no implica que la responsabilidad atienda a factores subjetivos, los que se insiste, serían válidos solo para la imputación al funcionario en lo personal o la distribución interna. Cuando se alude a la culpa en vigilancia y elección, lo es para reflejar la falta de servicio de la Administración por la indebida fiscalización de los actos del inferior (102 LGAP) y el riesgo generado por la escogencia de un servidor que comete un daño en ocasión del cargo”.

GARITA NAVARRO, José Roberto. Ensayo: COMENTARIOS SOBRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Análisis jurisprudencial, páginas números: 39 y 40.

"... Las cosas no se producen siempre tan simplemente, sin embargo, y ello porque en materia de responsabilidad civil, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, el objetivo último que se persigue no es tanto el de identificar a una persona como autora del hecho lesivo, sino el de localizar un patrimonio con cargo al cual podrá hacerse efectiva la reparación del daño causado. Esa finalidad garantizadora, que está en la base de todo sistema de responsabilidad patrimonial, produce con frecuencia una disociación entre imputación y causalidad. Probar que existe un nexo causal entre el hecho que constituye la fuente normativa de la responsabilidad y el daño producido será siempre necesario para que la imputación pueda tener lugar y con ella pueda nacer la responsabilidad, pero la mera relación de causalidad entre le hecho (y su autor) y el daño no basta para justificar la atribución del deber de reparación al sujeto a quien la Ley califica de responsable".

Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, Tomo II. Editorial Civitas, Madrid, España, Año: 1987, páginas números: 342 y 343:

“Sobre ese extremo la doctrina nos señala: "Cuanto, a los entes autónomos, agotadas sus posibilidades para responder, emerge la responsabilidad subsidiaria del Estado. En efecto: el ente autónomo es persona de derecho público. Es creado por el Estado a fin de cumplir objetivos estatales, públicos, que se vuelven propios de la persona autónoma, porque el Estado les atribuye su titularidad. La persecución de sus propósitos le compete al Estado si no hubiera recurrido a la técnica de hacerse sustituir por una entidad suya y de carácter auxiliar. Las obligaciones que la autarquía asume y la responsabilidad que le pueda caber por un hecho suyo surgen por el ejercicio de la función que el Estado le puso en sus manos, como un deber a ser cumplido en provecho del mismo Estado. El interés público es la meta de la entidad. Su única razón de existir es la satisfacción de los objetivos públicos. Por tanto, siendo desdoblamiento (aunque personalizado) de la persona estatal no se le puede negar el carácter de agente indirecto de ella. De lo que se desprende que responderá por sus compromisos hasta el límite de sus posibilidades agotadas, desaparece el patrimonio que mediaba entre Estado y el tercero perjudicado, pero surge el último responsable por las funciones públicas y por las obligaciones contraídas con motivo de su ejercicio. El principio de responsabilidad subsidiaria del Estado por los actos de los entes autónomos es consecuencia inmediata del principio de responsabilidad del Estado. En efecto, agotados los bienes del ente autónomo, le falta la condición efectiva de intermediario entre el Estado y el tercero vinculado, rompiendo la figura del creador el ente autónomo en vista del tercer perjudicado por una acción de la entidad estatal. Agotado el patrimonio del ente autónomo en vista del tercer perjudicado por una acción de la entidad estatal. Agotado el patrimonio del ente autónomo, se rasga el velo que separaba el Estado y el particular, quedando a descubierto el que operaba en virtud de la autarquía."

Bandeira de Mello, "Relaciones entre el Estado y entes autónomos", Revista del Seminario Internacional de Derecho Administrativo, Colegio de Abogados de Costa Rica, San José, 1981. Citado dentro de la Resolución Número: 00029–1993 de las catorce horas con treinta minutos de catorce de mayo de mil novecientos noventa y tres. Expediente Número: 93-000029-0004-CA. Proceso: Ordinario. Sala Primera. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica.

“Pero, frente a un administrado por un daño como el que aquí se ha demostrado que es totalmente ilícito, no podemos excluir la solidaridad del Estado en estos supuestos. Solidaridad que deriva del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública pues frente al administrado en hechos dañosos, la Administración es una sola”.

Resolución Número: 001039-F-S1-2013 de las ocho horas treinta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil trece. Expediente Número: 09-002867-1027-CA. Proceso: De Conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sala Primera. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica.

Ruego resolver conforme a derecho”.

 

10.- Informa bajo juramento Randall Esteban Bejarano Campos, en su condición de Director de la Dirección del Área Rectora de Salud de Buenos Aires del Ministerio de Salud (escrito presentado a las 13:57 horas del 15 de enero de 2025) en los siguientes términos:

“1. Antecedentes:

En fecha 24 de julio de 2024, se recibió en el Área Rectora de Salud de Buenos Aires, denuncia confidencial N°DS-1020-2024 contra el señor Nelson Castro Cascante, representante legal del Restaurante Caliburguer, ubicado en Puntarenas, Buenos Aires, en la entrada principal de Buenos Aires, a un costado del supermercado El más económico (chino), por ruido y vibraciones, en la descripción de la denuncia a manera de resumen indicó: “Hago denuncia debido a que se tiene previsto para el día domingo 28 julio un baile en el Rest. Caliburguer, ubicado en la entrada Principal B.A., el cual a través de las redes sociales está invitando a la actividad. El establecimiento es totalmente abierto, no cuenta con aislamiento de ruido, por lo que se solicita una inspección debido a que en ocasiones anteriores el ruido es demasiado elevado y perturba la salud mental, física y el equilibrio emocional. El local cuenta con permiso de Funcionamiento, mas no cuenta con un espacio adecuado para realizar las actividades masivas (verificar certificación eléctrica) ni con un plan de confinamiento de ruido…” (sic).

2. Sobre el fondo y el objeto del amparo:

De acuerdo con lo que expone el auto de traslado del amparo interpuesto por Denis Mercedes Rodríguez - y, en resumen-:

(…)

En fecha 13 de noviembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Buenos Aires otorgó el permiso sanitario de funcionamiento N° MS-DRRSBRU-DARS-BA-R-0558-2024 al establecimiento comercial denominado Caliburguer, representante legal Nelson Castro Cascante, cédula de identidad número 1-0776-0617, ubicado en Puntarenas, Buenos Aires, Buenos Aires, frente a grupo gasolinera Gasotica, para la venta y preparación de alimentos y bebidas, por un plazo de 10 meses 23 días, el cual debe ser renovado el 06 de octubre de 2025.

Sobre los alegatos de Denis Mercedes Rodríguez, tal y como consta en el expediente administrativo, se recibió, en el Área Rectora de Salud de Buenos Aires, en fecha 24 de julio de 2024, denuncia confidencial N°DS-1020-2024 contra el señor Nelson Castro Cascante, representante legal del Restaurante Caliburguer, ubicado en Puntarenas, Buenos Aires, en la entrada principal de Buenos Aires, a un costado del supermercado El más económico (chino), por ruido y vibraciones.

Debido a lo anterior, en atención a la denuncia N°DS-1020-2024, al ser las nueve horas con cuarenta minutos del 09 de agosto de 2024, la Lcda. Joselyn Valverde Villalobos y el Ing. Greivin Chaves Jiménez, equipo de Regulación de Salud del Área Rectora de Salud de Buenos Aires realizaron visita de inspección y fueron atendidos por el señor Freddy Cardoza Sánchez; mediante el acta de inspección de fecha 09 de agosto de 2024, manifestaron que: “…atiende el denunciante. Indica que no quiere que se realice la medición sónica debido a que no hay ruido suficiente. Se verifica que el establecimiento está funcionando, con aproximadamente 20 clientes en las mesas y música ambiente. No hay evento en vivo de algún grupo” (sic), en dicha acta consta la firma del señor Freddy Cardoza Sánchez y mediante el informe técnico MS-DRRSBRU-DARSBA-IT-0326-2024, de fecha 31 de agosto de 2024 indicaron que se evidenció que no había ninguna actividad bailable, que por acuerdo con el denunciante no se realizó la medición sónica debido a que no había ruido, pendiente reprogramar.

Según consta en el acta de inspección de fecha 14 de setiembre de 2024, al ser las ocho horas con veinticinco minutos el funcionario Greivin Chaves Jiménez realizó una nueva visita de inspección en atención de la denuncia; mediante el acta de inspección de ruido N° MS-DRRSBRUDARS-BAIT-0401-2024 suscrita por el funcionario Chaves Jiménez detalló el procedimiento de medición de ruido, asimismo, mediante el informe técnico MS-DRRSBRU-DARS-BA-IT-0409-2024, de fecha 18 de setiembre de 2024, el Ing. Greivin Chaves Jiménez manifestó que la medición sónica se realizó el día 14 de setiembre de 2024 que en dicho momento lo atiende el señor Freddy Cardoza Sánchez, cédula de identidad número 10580429, que autoriza el ingreso a la vivienda, momento en que en el local comercial se realizaba una actividad con un grupo musical en vivo, que procede a realizar la formal medición sónica desde un dormitorio de la casa de habitación, siguiendo la metodología establecida en el Reglamento del Procedimiento para la medición de ruido, decreto ejecutivo N°32692-S, que la primera medición inicia a las 20:26 horas y finaliza a las 20:40 horas; la segunda medición se realiza a partir de las 20:43 horas y finaliza 21:05 horas, que en el momento de las mediciones se desarrollaba la actividad musical en vivo con el grupo musical llamado Integrados y en la conclusión manifestó: “ Con base en lo aquí expuesto, se determina lo siguiente: Por ser el Ministerio de Salud el ente rector encargado de velar por la salud de las personas y por tratarse de un asunto de interés público, con fundamento en lo indicado en el presente informe y en vista del resultado obtenido de este estudio, se concluye que la actividad musical realizada en el Restaurante Cali Búrger cumple con el nivel de ruido permitido por el Reglamento Control de Contaminación por Ruido N° 39428-S. En consecuencia, se procede a cerrar las denuncias por ruido al darse por atendido y no ameritar la emisión de actos administrativos relacionados a la emisión de ruido en el establecimiento denunciado.” (sic).

Es importante mencionar que dicha medición sónica constituye la prueba técnica correspondiente a realizar dentro de nuestro nivel de competencias para determinar, según la normativa y reglamentación vigente, si existe o no contaminación sónica en la casa de habitación y el establecimiento comercial, y como se dijo, el resultado arroja que los niveles de ruido que aqueja el aquí recurrente se encuentran dentro de los niveles de ruido permitidos por el Decreto Ejecutivo No. 39428-S “Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido”, razón por la cual esta Dirección procedió a archivar el caso y a no girar ningún acto administrativo. Además, se aplicó el reglamento para el control de contaminación por ruido N° 39428-S para la medición sónica siendo que para esa fecha ese es el reglamento que se encontraba vigente; el reglamento para el control de ruido ambiental, decreto ejecutivo N°44486-S que hace mención el recurrente se publicó en el alcance N°114, gaceta N°110 del 18 de junio de 2024 y empezó a regir seis meses después de su publicación en el Diario oficial La Gaceta. El resultado de dicha prueba técnica realizada según el procedimiento permite asegurar que hemos garantizado, defendido y preservado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizado por el artículo 50 de la Constitución Política, pese a la percepción del recurrente.

Por otra parte, sobre lo alegado por la parte recurrente en que “se filtró la denuncia en redes sociales, de manera obvia y clara al llegar las autoridades sanitarias a realizar las mediciones en el lugar, el ruido era normal”, el Ministerio de Salud no realizó ninguna publicación en redes sociales sobre la atención de la denuncia.

Con respecto a los hechos expuestos por la parte recurrente en donde hace referencia a la Municipalidad de Buenos Aires, al Concejo Municipal de Buenos Aires y el servicio de emergencias 911, sobre estos hechos, el suscrito en calidad de Director del Área Rectora de Salud de Buenos Aires no puede referirse, ya que esos temas no son competencia de este Ministerio ni se nos ha realizado una comunicación formal sobre el tema.

Es claro que la Dirección del Área Rectora de Salud de Buenos Aires ha realizado todas las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para atender la situación, siendo que se realizaron dos visitas de inspección y en la última visita de inspección se realizó la medición sónica cumpliendo con la normativa vigente.

Por lo anterior expuesto, ha quedado demostrado que las actuaciones de la Dirección del Área Rectora de Salud de Buenos Aires fueron realizadas en estricto apego de sus funciones, de manera eficiente y diligente, siendo lo procedente en este caso el archivo de la denuncia.

3. Prueba

Ofrezco como prueba, copia de las piezas de interés contenidas en el expediente administrativo BRU-BA-3311 a nombre del local comercial Caliburguer, que se mantienen en el Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud de Buenos Aires Puntarenas, donde constan los actos y actuaciones formales que aquí he descrito.

4. Petitoria

Como ha quedado expuesto y como se desprende de la prueba aportada, esta Área Rectora de Salud ha abordado el caso oportuna y adecuadamente en el marco de las competencias legales, garantizando el debido proceso. Debido a lo anterior solicito de la manera más respetuosa a la Sala Constitucional, que en lo que a mí respecta y en lo que respecta al Ministerio de Salud, sea declarado sin lugar el presente recurso”.

 

11.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:55 horas del 16 de enero de 2025, el recurrente manifiesta lo siguiente:

“Adjunto al Expediente: 24-034403-0007-CO y como "prueba para mejor proveer", una captura de pantalla, de la Red Social Facebook, en donde fue atacado por dicho medio el amparado, Cardoza Sánchez y con esto desmiento al Ministerio de Salud, que dice falsamente en su informe, que las denuncias ante ellos, no se filtran y lo cual es muy peligroso para una persona, dado el nivel de violencia en nuestro país y que las Redes Sociales están repletas de psicópatas y psicópatas en potencia y basta leer lo que se puso en contra del tutelado, para comprobar lo que acuso”.

 

12.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:58 horas del 17 de enero de 2025, el recurrente manifiesta lo siguiente:

“presento ante esta Augusta Cámara, formal Manifestación con respecto a los informes rendidos por los accionados.

Primero: En su informe el Ministerio accionado, no dice que la Medición de Ruido, efectuada a Cali Búrger, fue realizado en primera instancia desde la casa del amparado Cardoza Sánchez y en horas vespertinas, nótese que en mi acusación yo indico que tanto durante las horas diurnas y las horas vespertinas el ruido que sale de Cali Búrger es el normal que genera cualquier negocio respetable, el problema es a partir de horas nocturnas y horas de la madrugada en que el escándalo es insoportable para los amparados, ya que el local de Cali Búrger es abierto y no tiene confinamiento de ruido y para rematar utilizan en “apariencia” un sistema de parlantes de los nuevos estilos que emanan solamente ruido, sino RETUMBOS

Segundo: Continuando con el INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN MS-DRRSBRU-DARS-BA-IT-0409- 2024, de 18 de septiembre del 2024, el Ministerio recurrido “NO INDICA” a esta Sala, que el señor Cardoza Sánchez le decía a los inspectores del Ministerio de Salud en el lugar, que a esas horas no había ruido y que por favor si iban a hacer la MEDICIÓN DE SONIDO, lo hicieran a otra hora y desde la casa de Doña Marta que es la más afectada, por la posición de su casa con relación a la fuente del ruido, aunado a su avanzada edad y por este motivo dio origen a una discusión entre el amparado y los personeros del accionado, si bien es cierto regresaron los inspectores más tarde a realizar las mediciones correspondientes, quienes las realizaron venían indispuestos y molestos con el amparado, lo que obviamente le resta credibilidad a la calidad de las mediciones y genera “contaminación” del el INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN MS-DRRSBRU-DARS-BA-IT-0409-2024, de 18 de septiembre del 2024, usare Jurisprudencia Penal debido a que el Informe del accionado es dado bajo fe de juramento :

“[...] Se requiere del equilibrado examen de los elementos de prueba de cargo y descargo, y motivar tras ese análisis, ¿cuáles de ellos le merecen fe al juzgador, y por qué? [...]”.

Sentencia Número: 335-F-97 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete. Expediente Número: 96-000188-0216-PE. Recurso de Casación. Tribunal Superior de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José. Poder Judicial. Estado Parte de Costa Rica.

“(…) Interesa, en consecuencia, que dentro del proceso penal exista un registro fidedigno de la forma en que se realizó ese acto, de manera que pueda ser revisado y controlado en cualquier etapa del proceso, verificando las mismas condiciones que se dieron cuando el acto se realizó (…)”.

Resolución Número: 2015-00612 de las doce horas y quince minutos del once de mayo del dos mil quince. Expediente Número: 13-000613-0006-PE. Proceso: Procedimiento de Revisión. Sala Tercera. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica, página número: 18.

“La existencia de requisitos de índole constitucional esenciales para la vigencia del estado de derecho, señalan límites a la averiguación de la verdad, de manera tal que ésta sólo puede obtenerse respetando los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y éstos sólo admiten lesiones o injerencias en los términos en que ello esté permitido”.

Resolución Número: 2011-161 de las diez horas cuarenta y cinco minutos veintisiete de mayo de dos mil once. Expediente Número: 10-001609-0064-PE. Proceso: Recurso de Casación. Tribunal de Casación Penal de Cartago. Primer Circuito Judicial de Cartago. Poder Judicial. Estado Parte de Costa Rica.

Tercero: En el INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN MS-DRRSBRU-DARS-BA-IT-0409-2024, de 18 de septiembre del 2024, no se indica el Margen de Error del mismo, los equipos para medir el ruido ambiente o incluso hasta el ruido del motor de un vehículo, tienen un MARGEN DE ERROR, que oscila entre un 7% y un 10% y en Costa Rica, las autoridades administrativas los resultados los toman como “absolutos”, lo que es grave, ya que según sea la situación que se presente, puede generar un grave perjuicio a los administrados como en el caso presente, por otra parte en su informe el accionado no señala ni indica, si el INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN MS-DRRSBRU-DARS-BA-IT-0409- 2024, de 18 de septiembre del 2024, estaba al día con la CALIBRACIÓN y la AUTORIZACIÓN para poder ser utilizado, lo que, a mi modesta opinión, no puede ni debe ser tomado como prueba a favor del accionado, dentro de este proceso de amparo:

“Desde esta óptica, es preciso considerar que la recolección de elementos probatorios en contra de la normativa constitucional, hace de la prueba un medio ilícito. Sobre el análisis de la ilicitud de la prueba, en la doctrina nacional se ha indicado que “Entendemos por ‘pruebas ilícitas’, aquellas pruebas que se han obtenido o valorado con vulneración de derechos constitucionales e implican un perjuicio real y efectivo para alguna de las partes del proceso” (ARMIJO SANCHO, Gilbert Antonio. Garantías Constitucionales, prueba ilícita y la transición a un nuevo proceso penal, IJSA, Segunda Edición, San José, 2001, pag. 179). Asimismo, esta Cámara ha indicado que “El tema de la legitimidad de la prueba y, por ende, de la prueba espuria, significa una reflexión y también, una toma de posición frente al conflicto de los intereses que gravitan y caracterizan siempre a la intervención penal; averiguar la verdad y sancionar penalmente al responsable de un hecho delictivo. La existencia de requisitos de índole constitucional esenciales para la vigencia del estado de derecho, señalan límites a la averiguación de la verdad, de manera tal que ésta sólo puede obtenerse respetando los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y éstos sólo admiten lesiones o injerencias en los términos en que ello esté permitido” (Resolución 2006-00412, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las 15:10 horas, del 10 de mayo de 2006). En el caso concreto, considerando que no existe una fuente independiente que permita individualizar al imputado, debe aplicarse la teoría del fruto del árbol envenenado desarrollada por el Juez Holmes y la Corte de Warren en los Estados Unidos en el caso Mapp versus Ohio en 1961, según la cual, se excluye no sólo la prueba ilícita, sino también sus frutos (ARMIJO, Op. Cit. pag. 208). Esta teoría ha sido reconocida en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, indicando que "Dentro de las diferentes interpretaciones sobre la ilicitud o no de una prueba, tenemos la teoría de la prueba espuria. Teoría de la prueba espuria o teoría de los frutos del árbol envenenado (fruit of the poissones tree doctrine), que supone que cada vez que un medio probatorio originado en una violación constitucional aporte elementos de culpabilidad para el acusado, es nulo el acto productor de la prueba y todo medio probatorio que de él derive” (Resolución 2000-02304, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las 15:15 horas, del 15 de marzo de 2000). Con base en la violación de derechos fundamentales de igualdad e inocencia”.

Resolución Número: 2015-00612 de las doce horas y quince minutos del once de mayo del dos mil quince. Expediente Número: 13-000613-0006-PE. Proceso: Procedimiento de Revisión. Sala Tercera. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica, páginas números: 29 y 30. Cuarto: En su informe el accionado no se apoya en algo serio, sino solamente en sus pensamientos y no es posible que, en un Estado de Derecho, los amparados deben y tengan que aguantar y tolerar ruidos insoportables, provenientes de un negocio que no reúne las condiciones de infraestructura y dimensiones para que funcione como sitio de interés turístico, cuando se cuenten muertos debido al hacinamiento y aglomeración excesiva de personas en ese local ¡AVISAN!, de por si la Morgue de la Ciudad Judicial, tiene capacidad para albergar 300 cuerpos, pregunto ¿Y el Principio de Coordinación entre instituciones?

“Debe reiterarse que este Tribunal ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva -esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas-. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada”.

Sentencia Número: 2007-015218 de las doce horas de diecinueve de octubre de dos mil siete. Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica.

“La eficacia directa e inmediata de los derechos fundamentales y humanos es irradiada fuertemente, también, al ámbito o sector privado. No sólo los poderes públicos -entes y órganos- están llamados al respeto de los derechos humanos y fundamentales de los que son titulares cualquier persona, sino que también cualquier otro particular u organización Derecho Privado está obligado a respetarlos y establecer las condiciones para su goce y ejercicio efectivos”.

Resolución Número: 2007- 05455 de las once horas con treinta y dos minutos de veinte de abril de dos mil siete. Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica

Quinto: Hace pocos días los administradores de la conocida Discoteca “Miraflores”, ubicada en el Cantón Central de Heredia, fue cerrada después de 53 años por no poder cumplir las nuevas disposiciones de la Municipalidad local, referentes al ruido y al Decreto Número: 44486-S, Reglamento para el control del ruido ambiental, Publicado en el Alcance 114,N° 110 del Diario Oficial, La Gaceta de 18 de junio de 2024, pero en el caso de los aquí tutelados, lo que hace el Ministerio accionado es “desconocer e ignorar” su propia normativa, algo de ANTOLOGÍA:

IV.- EL DERECHO A LA SALUD COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL AUTONOMO. Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, no podemos dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su propio contenido esencial. Basta sólo con consultar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su numeral 12, para percatarnos de lo que venimos afirmando. En efecto, en dicho instrumento internacional de derechos humanos se establece claramente el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía sanitaria. Lo anterior significa, ni más ni menos, la prevención y el tratamiento efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad. Dicho lo anterior, el derecho a la salud comprende la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas. Por otra parte, el derecho a la salud también conlleva la accesibilidad a estos servicios y programas, cuyas cuatro dimensiones son la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física –particularmente por parte de los más vulnerables-, la accesibilidad económica –que conlleva la equidad y el carácter asequible de los bienes y servicios sanitarios- y la accesibilidad a la información. No menos importante es que los servicios y programas de salud sean aceptables, es decir, respetuosos con la ética médica, culturalmente apropiados, dirigidos a la mejora de la salud de los pacientes, confidenciales, etc. Por último, y no por ello menos significativo, el derecho a la salud implica servicios y programas de calidad, lo que significa que tales servicios deben ser científica y médicamente apropiados.

Resolución Número: 2011008155 de las nueve horas y tres minutos del veinticuatro de junio del dos mil once. Expediente Número: 11-007060-0007-CO. Proceso: Recurso de Amparo. Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica.

"El más inmediato derecho vinculado al derecho a la vida es el derecho a la integridad física y psíquica. El derecho a la vida demanda condiciones de salud en su más amplio sentido, de forma que el derecho a la salud, sin perder su autonomía, casi viene a presentarse como un aspecto del derecho a la vida. Así, la relación vida-salud está en la vida misma y en el tratamiento que cada sociedad dé a la persona, según la prioridad que asigne a su protección. El anterior análisis nos permite concluir que es necesario que se tome conciencia, a nivel gubernamental y colectivo, acerca de la importancia del ambiente para la salud humana y animal en la economía nacional, regional y mundial, por medio de la conservación de la naturaleza y de la vida misma en su más amplia acepción."

Sentencia Número 4423-93 de las doce horas del siete de setiembre de mil novecientos noventa y tres. Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica. Sexto: Considero que no es posible que los amparados, deban sufrir molestias por el exceso de ruido proveniente de Cali Búrger, en especial Doña Marta que se encuentra en todo su derecho, después de toda una vida de arduo trabajo, a descansar en su casa de habitación y se encuentra sufriendo lo que yo llamaría, una TORTURA PSICOLOGICA por el exceso de ruido proveniente de un pequeño negocio, el cual llenan indiscriminadamente en un PANDEMONIUN TOTAL:

A) Actos constitutivos de tortura

Párrafo Número: 81. La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional70. La Corte ha entendido que se está frente a un acto constitutivo de tortura cuando el maltrato sea: a) intencional; b) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) se cometa con cualquier fin o propósito, entre ellos, la investigación de delitos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Bayarri vs. Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C Número: 187, párrafo número: 81, páginas números:24 y 25.

“IV.- RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA. Nuestra Constitución Política en su artículo 33 reconoce y proclama el valor constitucional de la dignidad humana, que constituye la piedra angular de todos los derechos fundamentales y humanos. El ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es depositario de una serie de derechos que le son reconocidos en protección de su dignidad. En definitiva, uno de los valores y principios fundamentales del Derecho de la Constitución lo constituye, precisamente, la dignidad, sobre el cual se erige el edificio entero de la parte dogmática de la Constitución, esto es, de los derechos fundamentales de las personas. Es a partir del reconocimiento de la dignidad intrínseca al ser humano que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y las Constituciones le otorgan una serie de libertades y derechos indiscutibles y universalmente aceptados. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas al adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos en su resolución Nº 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, consideró en el Preámbulo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de las comunidades. En esa inteligencia, se acordó en el artículo 1° que “Todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos (…)”. Asimismo, el artículo 2° reconoce que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración sin distinción alguna Idénticas consideraciones realizó la Asamblea General de las Naciones Unidas al dictar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados en la resolución No. 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966 e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por Ley No. 4229 del 11 de diciembre de 1968, en los que se decretó que el reconocimiento de los derechos allí dispuestos derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Por su parte, los Estados Americanos adoptaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos que es Ley de la República Nº 4534 de 23 de febrero de 1970 y, en el preámbulo, reconocieron que los derechos esenciales del hombre no surgen del hecho de ser nacional de un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. En esa tesitura en el artículo 1° se dispone que los Estados Partes en la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sin discriminación. Asimismo, dicha Convención en su artículo 11, párrafo 1°, bajo el epígrafe de "Protección de la Honra y de la Dignidad" dispone que "1. Toda persona tiene derecho al (…) reconocimiento de su dignidad". Tales mandatos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la propia Norma Fundamental imponen el respeto y reconocimiento de la dignidad intrínseca de toda persona, sin discriminación alguna”.

Resolución Número: 2009004555 de las ocho horas y veintitrés minutos del veinte de marzo del dos mil nueve. Expediente Número: 08-013518-0007-CO. Proceso: Recurso de Amparo. Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica, páginas números: 12 y 13.

“la superioridad del ser humano sobre los seres irracionales radica precisamente en estar dotado de lo que se denomina “dignidad de la persona”, valor esencial dentro de nuestro Ordenamiento, que no significa de ninguna manera superioridad de un ser humano sobre otro, sino de todos los seres humanos sobre los seres que carecen de razón. Es por ello que la dignidad de la persona no admite discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias, es independiente de la edad, inteligencia y salud mental”.

Sentencia Número 2493-97, las quince horas con nueve minutos del siete de mayo de mil novecientos noventa y siete. Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Estado Parte de Costa Rica

“la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo, en consecuencia, un minimun invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales”.

Supremo Tribunal Constitucional Español. STC 120/1990, de 27 de junio de 1990”.

 

13.- Mediante resolución de las 11:44 horas del 23 de enero de 2025, la Presidencia de la Sala tuvo por separado del conocimiento de este proceso al magistrado Paul Rueda Leal. Además, ordenó comunicar lo pertinente a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a efectos de que se procediera a su sustitución.

14.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:14 horas del 29 de enero de 2025, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia informó que se designó al magistrado suplente Fernando Enrique Lara Gamboa en sustitución del magistrado Paul Rueda Leal.

15.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 22:10 horas del 11 de febrero de 2025, el recurrente aporta como prueba para mejor resolver un afiche sobre una actividad programada para el 15 de febrero pasado en el negocio denunciado.

16.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la magistrada Garro Vargas; y,

  Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que la amparada, quien es una persona adulta mayor de 89 años y sufre de varios padecimientos de salud propios de su edad, tiene más de 60 años de residir en Buenos Aires de Puntarenas y, desde hace, aproximadamente, dos años fue instalado a escasos 100 metros de su hogar, un negocio llamado Caliburguer, el cual, de unos meses para acá, se dedica los fines de semana a organizar bailes y otras actividades que anuncian en el local, redes sociales y otros medios, las cuales generan mucho ruido y afectan la salud, la tranquilidad y la paz de la tutelada. Menciona que el inmueble del señor Cardoza Sánchez -quien es hijo de la amparada- se ubica a unos 80 metros del negocio de cita y la casa de la señora Sánchez Padilla, se localiza a unos 20 metros de la casa de su hijo, es decir, por la cercanía con el lugar son las personas más perjudicadas con el ruido. Aclara que, durante las horas diurnas y vespertinas, la actividad sonora es la normal de un negocio, siendo que el problema se desencadena en horas nocturnas y durante la madrugada. En virtud de lo expuesto, el hijo de la afectada ha acudido ante las autoridades correspondientes; empero, no ha recibido respuesta y menos la solución a un problema tan grave. Afirma que el amparado acudió a la Municipalidad de Buenos Aires y la respuesta fue "lo que hace un pez en el agua NADA", demostrando la alcaldesa con su desidia la inutilidad e incompetencia en el caso que les ocupa. Por su parte, en el Concejo Municipal indicó "que a ellos no les correspondía ese asunto y que era competencia del Ministerio de Salud, además que para eso ellos ponían los reglamentos en el Cantón de Buenos Aires". De igual forma, han llamado al Servicio de Emergencias 9.1.1. a solicitar la ayuda de la Fuerza Pública de Buenos Aires para que intervenga a controlar los terribles escándalos provenientes de Caliburguer; no obstante, en una ocasión se apersonaron unos efectivos policiales y se dirigieron al negocio en cuestión y regresaron para decir que no podían hacer nada, debido a que en el negocio les mostraron las patentes que indicaban que tenía "PERMISO TURISTICO" para funcionar las 24 horas del día, pero aquí es donde está el detalle, si bien es cierto cuentan con patente comercial para funcionar las 24 horas del día, esa licencia comercial no les otorga “patente de corso” para hacer lo que quieran. Comenta que, resignado con las respuestas que se le han dado al respeto, acudió al Ministerio de Salud indicándoles que el problema es en horas nocturnas y de madrugada e interpuso la denuncia que se tramitó bajo número No. DS-1020-2024. Fue atendida por la autoridad sanitaria, pero se filtró en redes sociales, de manera obvia y clara al llegar las autoridades sanitarias a realizar las mediciones en el lugar, el ruido era normal y se emitió el Informe Técnico de Inspección, Atención de denuncias, MS-DRRSBRU-DARS-BNIT-0409-2024 del 18 de septiembre de 2024, en el que se concluyó lo siguiente: "Por ser el Ministerio de Salud el ente rector encargado de velar por la salud de las personas y por tratarse de un asunto de interés público, con fundamento en lo indicado en el presente informe y en vista del resultado obtenido de este estudio, se concluye que la actividad musical realizada en el Restaurante Cali Búrguer cumple con el nivel de ruido permitido por el Reglamento Control de Contaminación por Ruido No. 39428-S. En consecuencia, se procede a cerrar las denuncias por ruido al darse por atendido y no ameritar la emisión de actos administrativos relacionados a la emisión de ruido en el establecimiento denunciado". Narra que no es posible que un ciudadano interponga una denuncia ante el Ministerio de Salud y luego su nombre ande en redes sociales. Considera verdaderamente preocupante que el local de cita, entre otras cosas, no cuenta con la estructura adecuada para "aislar ruido", más tomando en consideración que existe el Decreto No. 44486-S, Reglamento para el control del ruido ambiental, publicado en el Alcance 114, No. 110 del Diario Oficial La Gaceta del 18 de junio de 2024, mismo que incumple el negocio en cuestión y más grave es que en el Ministerio de Salud recurrido, no hagan nada para hacer cumplir la ley. Por lo ampliamente expuesto, se puede llegar a la conclusión que el negocio denominado Caliburguer está muy cerca de las casas de los amparados y que sus encargados se encuentran en una verdadera situación de poder frente a los derechos fundamentales de los tutelados y teme que se tome venganza o represalias en contra de una determinada persona, pues los amparados no tienen ningún tipo de amistad con el propietario de Caliburguer, ya que anteriormente ambas partes tuvieron una relación comercial y la misma no concluyó en los mejores términos. Enfatiza que cuando empezó a funcionar no había escándalos, pero se fueron extendiendo una vez otorgados los permisos sanitarios de funcionamiento y aprobadas las respectivas patentes comerciales por parte de la Municipalidad de Buenos Aires.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

A.- Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Buenos Aires en los hechos alegados por el recurrente.

1)                        El 29 de julio de 2024, el amparado realizó una denuncia ante el Concejo Municipal de Buenos Aires por contaminación sónica del negocio denominado bar y restaurante Caliburguer (véanse informes de las autoridades municipales recurridas y documentación aportada).

2)                        Mediante oficio No. MBA-SCM-0732-2024 del 14 agosto de 2024, Marisol Andrea Monge Ortiz, en su condición de Secretaria del Concejo Municipal de Buenos Aires, le informó al amparado lo siguiente: “Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir y notificar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Buenos Aires, en Sesión Ordinaria 15-2024, celebrada el lunes 12 de agosto del 2024 que en letra dice: ACUERDO 20. SE ACUERDA: Trasladar a Freddy Cardoza la respuesta brindada por el Encargado de Patentes sobre el establecimiento Caliburguer, conforme se detalla: En respuesta a su solicitud de respuesta emitida a esta oficina el 30 de julio del presente, me permito brindarles el siguiente informe: El establecimiento llamado Caliburguer, posee un permiso para actividades de tipo bailable, el cual cuenta con el permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud, así como el uso de suelo conforme emitido por el departamento de Desarrollo Urbano de este Municipio. No es de nuestra competencia verificar que el lugar cuente con los aislamientos de ruido, instalaciones eléctricas o de gas, estas le pertenecen directamente al Ministerio de Salud, por lo que las denuncias por ruido, seguridad o salud pública deben ser referidas a dicho ente. Por otra parte, los ruidos o situaciones presentadas por automotores, al realizarse en vía pública, deben ser denunciadas a la Policía de Tránsito. El caso que corresponde verificar esta oficina es el cumplimiento de los horarios, en materia de la venta de licores, para el caso en cuestión la ley lo establece entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día, siendo que la actividad de Restaurante (venta de comidas) no está sujeta ni limitada por ningún tipo de horario, también nos recae la verificación de que el patentado solo explote las actividades aprobadas en la patente respectiva. Y a la fecha no hemos recibido denuncia alguna respecto a la venta de licor fuera de las horas establecidas. Cabe mencionar que este departamento no posee registro de alguna denuncia formal, en contra del establecimiento mencionado. Además, deseo aclarar que esta oficina no emite patentes de forma antojadiza o sin control alguno, por el contrario, cada una de las solicitudes se revisan lo más detalladamente posible y conforme a lo que, como departamento nos incumbe, sin embargo, lo que otras instancias o instituciones aprueben y que son requisitos obligatorios, no tenemos el criterio ni la potestad para decidir si está correcto o no y debemos recibirlo como requisito viable para el proceso que corresponde. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” (véanse informes de las autoridades municipales recurridas y documentación aportada).

 B.- Sobre las actuaciones del Área Rectora de Salud de Buenos Aires del Ministerio de Salud referente a los hechos alegados por el recurrente.

3)                        El 24 de julio de 2024 se recibió en el Área Rectora de Salud de Buenos Aires del Ministerio de Salud la denuncia confidencial No. DS-1020-2024 contra el señor Nelson Castro Cascante, representante legal del restaurante Caliburguer, ubicado en Buenos Aires de Puntarenas, por ruido y vibraciones. En la descripción de la denuncia, a manera de resumen, se indicó: “Hago denuncia debido a que se tiene previsto para el día domingo 28 julio un baile en el Rest. Caliburguer, ubicado en la entrada Principal B.A., el cual a través de las redes sociales está invitando a la actividad. El establecimiento es totalmente abierto, no cuenta con aislamiento de ruido, por lo que se solicita una inspección debido a que en ocasiones anteriores el ruido es demasiado elevado y perturba la salud mental, física y el equilibrio emocional. El local cuenta con permiso de Funcionamiento, mas no cuenta con un espacio adecuado para realizar las actividades masivas (verificar certificación eléctrica) ni con un plan de confinamiento de ruido” (véanse informe de la autoridad sanitaria recurrida y prueba documental aportada).

4)                        En atención a la denuncia No. DS-1020-2024, al ser las 09:40 horas del 09 de agosto de 2024, la Licda. Joselyn Valverde Villalobos y el Ing. Greivin Chaves Jiménez, equipo de Regulación de Salud del Área Rectora de Salud de Buenos Aires, realizaron visita de inspección y fueron atendidos por el señor Freddy Cardoza Sánchez. Mediante el acta de inspección de fecha 09 de agosto de 2024, manifestaron que: “atiende el denunciante. Indica que no quiere que se realice la medición sónica debido a que no hay ruido suficiente. Se verifica que el establecimiento está funcionando, con aproximadamente 20 clientes en las mesas y música ambiente. No hay evento en vivo de algún grupo”. Mediante el informe técnico MS-DRRSBRU-DARSBA-IT-0326-2024, de fecha 31 de agosto de 2024 indicaron que se evidenció que no había ninguna actividad bailable y que por acuerdo con el denunciante no se realizó la medición sónica debido a que no había ruido, pendiente reprogramar (véanse informe de la autoridad sanitaria recurrida y prueba documental aportada).

5)                        Según acta de inspección de fecha 14 de setiembre de 2024, al ser las 08:25 horas, el funcionario Greivin Chaves Jiménez realizó una nueva visita de inspección en atención de la denuncia.  La medición sónica se realizó ese día desde un dormitorio de la casa de habitación cuando en el local comercial se realizaba una actividad en vivo con el grupo musical llamado Integrados. La primera medición inicia a las 20:26 horas y finaliza a las 20:40 horas. La segunda medición se realiza a partir de las 20:43 horas y finaliza a las 21:05 horas. En vista del resultado obtenido de ese estudio, se concluye que la actividad musical realizada en el restaurante Caliburguer cumple con el nivel de ruido permitido por el Reglamento Control de Contaminación por Ruido No. 39428-S. Se procede a cerrar la denuncia por ruido al darse por atendido y no ameritar la emisión de actos administrativos relacionados a la emisión de ruido en el establecimiento acusado (véanse informe de la autoridad sanitaria recurrida y prueba documental aportada).

6)                        El 13 de noviembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Buenos Aires otorgó el permiso sanitario de funcionamiento No. MS-DRRSBRU-DARS-BA-R-0558-2024 al establecimiento comercial denominado Caliburguer, representante legal Nelson Castro Cascante, para la venta y preparación de alimentos y bebidas, por un plazo de 10 meses y 23 días, el cual debe ser renovado el 06 de octubre de 2025 (véanse informe de la autoridad sanitaria recurrida y prueba documental aportada).

III.- Hecho no probado. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución de este asunto:

Único. Que el amparado haya presentado alguna denuncia ante el ministerio de Salud por contaminación sónica de manera posterior al 15 de septiembre de 2024 (véase informe de la autoridad sanitaria recurrida).

IV.- Sobre el caso concreto. De la relación del artículo 24 con el 28 de nuestra Constitución Política, el principio de libertad que rige para las personas tiene como uno de sus límites el no perjudicar a terceros, y por eso la protección de su ámbito de intimidad y consecuentemente de la tranquilidad propia de ese ámbito. El ruido perturba la tranquilidad, máxime si se trata del lugar en donde se reside. Además, en atención a otras normas constitucionales como el artículo 50, que consagra el derecho al ambiente, y el artículo 21, del que se ha derivado el derecho a la salud, corresponde que el Estado garantice un ambiente exento de contaminación sónica. Por esas razones, con respecto a las actividades de karaokes, música en vivo y similares, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en enfatizar la necesidad de respetar los derechos de las personas vecinas.

V.- Respecto de las autoridades municipales recurridas conviene recordar su obligación -como parte del Estado- de garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la comunidad.  En su caso particular se trata de un deber aún más claro, pues la protección constitucional cubre y vincula el ambiente sano y ecológicamente equilibrado con el derecho fundamental a la salud, tanto en el plano psíquico como en el físico, y tienen potestades para hacer cumplir sus órdenes incluso con ayuda de la Fuerza Pública, en protección del bien jurídico que están llamadas a tutelar. Su actividad no se agota en los trámites burocráticos u otorgamiento de los permisos. Debe además tomar las medidas para corroborar la observancia de éstos en la práctica, para tutelar los intereses y derechos de los ciudadanos. De los autos se desprende que es de vieja data y de pleno conocimiento del ayuntamiento accionado la inconformidad de los vecinos con el negocio denominado bar y restaurante Caliburguer. Nótese que el 29 de julio de 2024 el amparado realizó una denuncia ante el Concejo Municipal de Buenos Aires por contaminación sónica de ese establecimiento comercial. Sin embargo, en atención a esa denuncia, solo se le comunicó el 14 agosto de 2024 el acuerdo tomado por ese órgano en el siguiente sentido:

“-El establecimiento llamado Caliburguer, posee un permiso para actividades de tipo bailable, el cual cuenta con el permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud, así como el uso de suelo conforme emitido por el departamento de Desarrollo Urbano de este Municipio.

- No es de nuestra competencia verificar que el lugar cuente con los aislamientos de ruido, instalaciones eléctricas o de gas, estas le pertenecen directamente al Ministerio de Salud, por lo que las denuncias por ruido, seguridad o salud pública deben ser referidas a dicho ente. Por otra parte, los ruidos o situaciones presentadas por automotores, al realizarse en vía pública, deben ser denunciadas a la Policía de Tránsito.

- El caso que corresponde verificar esta oficina es el cumplimiento de los horarios, en materia de la venta de licores, para el caso en cuestión la ley lo establece entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del siguiente día, siendo que la actividad de Restaurante (venta de comidas) no está sujeta ni limitada por ningún tipo de horario, también nos recae la verificación de que el patentado solo explote las actividades aprobadas en la patente respectiva. Y a la fecha no hemos recibido denuncia alguna respecto a la venta de licor fuera de las horas establecidas.

Cabe mencionar que este departamento no posee registro de alguna denuncia formal, en contra del establecimiento mencionado”.

 

No obstante, lo actuado se considera insuficiente. En el caso, lo que realmente interesa es la persistencia de la contaminación sónica acusada que, según alega el recurrente, les afecta tanto al amparado denunciante como a la amparada, una adulta mayor de 90 años. De ahí que, si bien las mediciones sónicas de los negocios le corresponde realizarlas al Ministerio de Salud, no es de recibo que solo se informe lo realizado hace más de cinco meses y sin hacer referencia a algún accionar de parte del cabildo que ponga de manifiesto la fiscalización del local. Según lo explica el recurrente en gestiones posteriores, desde entonces la problemática se ha agudizado y esto no es contradicho por esas autoridades. Esta Sala advierte que en ningún momento informan que han visitado el negocio para corroborar el cumplimiento de la normativa que regula su funcionamiento. De ahí su responsabilidad en los hechos acusados por el recurrente en tutela de los munícipes amparados.

VI.- En sub lite, del informe rendido por el Director de la Dirección del Área Rectora de Salud de Buenos Aires del Ministerio de Salud, dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado, que el 24 de julio de 2024 recibieron la denuncia confidencial No. DS-1020-2024 contra el señor Nelson Castro Cascante, representante legal del restaurante Caliburguer, por ruido y vibraciones. En la descripción de la denuncia, a manera de resumen, se indicó: “Hago denuncia debido a que se tiene previsto para el día domingo 28 julio un baile en el Rest. Caliburguer, ubicado en la entrada Principal B.A., el cual a través de las redes sociales está invitando a la actividad. El establecimiento es totalmente abierto, no cuenta con aislamiento de ruido, por lo que se solicita una inspección debido a que en ocasiones anteriores el ruido es demasiado elevado y perturba la salud mental, física y el equilibrio emocional. El local cuenta con permiso de Funcionamiento, mas no cuenta con un espacio adecuado para realizar las actividades masivas (verificar certificación eléctrica) ni con un plan de confinamiento de ruido”.  Se comprueba que el 09 de agosto de 2024 no se pudo realizar la medición sónica, a fin de comprobar los hechos denunciados, debido a que no había ruido excesivo. No obstante, el 14 de agosto sí fue posible efectuarla.  Se informa que se realizó desde un dormitorio de la casa de habitación del amparado cuando en el local comercial se realizaba una actividad en vivo con el grupo musical llamado Integrados. La primera medición inició a las 20:26 horas y finalizó a las 20:40 horas. La segunda medición se realizó a partir de las 20:43 horas y finalizó a las 21:05 horas. En vista del resultado obtenido de ese estudio, se concluyó que la actividad musical realizada en el restaurante Caliburguer cumplía con el nivel de ruido permitido por el Reglamento para el control de la contaminación por ruido, No. 39428-S. Entonces, se procedió a cerrar el caso, luego de atender la denuncia y considerar que no ameritaba el dictado de acto administrativo adicional relacionado a la emisión de ruido en el establecimiento en cuestión. 

Se denota así que se atendió la denuncia interpuesta por el amparado y si bien no se realizó la medición sónica en la fecha que éste indicó que se iba a efectuar una actividad musical, sino en otra data, como no se verificó que el nivel de ruido fuera superior al entonces permitido, se archivó el reclamo planteado. Igualmente, no consta que el amparado haya presentado alguna denuncia ante el Ministerio de Salud por contaminación sónica de manera posterior al 15 de septiembre de 2024. Por ello esta Sala no tiene elementos para considerar que la autoridad haya incurrido en alguna omisión por la que se haya lesionado los derechos de los amparados. Por lo anterior, respecto a esta autoridad se declara sin lugar el recurso.

VII.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se considera procedente este amparo, únicamente contra la Municipalidad de Buenos Aires por no han ejercido las labores de control y vigilancia en cuanto al local acusado, en detrimento de derecho a la salud, del derecho a la intimidad y a un ambiente sano en perjuicio de los amparados. Respecto, al Área Rectora de Salud de Buenos Aires del Ministerio de Salud se desestima el recurso.

VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso únicamente contra la Municipalidad de Buenos Aires.  Se ordena a Ana Margoth Mora Navarro, en su condición de Alcaldesa de Buenos Aires o a quien ejerza tal cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, previa coordinación con el Ministerio de Salud, se cumpla lo siguiente: 1) Se determine la existencia o no del problema de contaminación sónica que, según se acusa, genera el establecimiento denominado bar y restaurante Caliburguer y que está afectando a los amparados. 2) En caso positivo, deberá tomar las medidas que corresponda, para que tal situación se elimine. Se advierte a la recurrida, o a quien ocupe su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Buenos Aires al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Respecto del Ministerio de Salud se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

 

 

 

Fernando Castillo V.

Presidente

 

 

 

 

 

Fernando Cruz C.                             Luis Fdo. Salazar A.

 

 

 

 

Jorge Araya G.                      Anamari Garro V.

 

 

 

 

Ingrid Hess H.                Fernando Lara G.             

EXPEDIENTE N° 24-034403-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:02:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**09098-25. ENVIRONMENT. MUNICIPALITY. EXECUTIVE BRANCH. NEIGHBORS ACCUSE A BAR NEAR THEIR HOMES OF GENERATING NOISE POLLUTION AND, DESPITE THEIR COMPLAINTS, THE SITUATION HAS NOT BEEN RESOLVED. THE MUNICIPALITY OF BUENOS AIRES IS ORDERED, IN PRIOR COORDINATION WITH THE MINISTRY OF HEALTH, TO COMPLY WITH THE FOLLOWING: 1) DETERMINE WHETHER OR NOT THE NOISE POLLUTION PROBLEM EXISTS THAT, AS ALLEGED, IS GENERATED BY THE ESTABLISHMENT CALLED BAR AND RESTAURANT CALIBURGUER AND IS AFFECTING THE PROTECTED PARTIES. 2) IF AFFIRMATIVE, IT MUST TAKE THE APPROPRIATE MEASURES TO ELIMINATE SAID SITUATION. VCG05/2025**

“(…) IV.- On the specific case. From the relationship between Article 24 and Article 28 of our Political Constitution, the principle of freedom that governs individuals has, as one of its limits, not harming third parties, and for that reason the protection of their sphere of privacy and consequently the tranquility inherent to that sphere. Noise disturbs tranquility, especially when it concerns the place where one resides. Furthermore, in accordance with other constitutional norms such as Article 50, which enshrines the right to the environment, and Article 21, from which the right to health has been derived, it is incumbent upon the State to guarantee an environment free from noise pollution (contaminación sónica). For these reasons, with respect to karaoke, live music, and similar activities, the jurisprudence of this Court has been clear in emphasizing the need to respect the rights of neighboring persons.

V.- Regarding the respondent municipal authorities, it is worth recalling their obligation—as part of the State—to guarantee, defend, and preserve the right of all persons to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as well as to guarantee the right to health of the community's inhabitants. In their particular case, this is an even clearer duty, as constitutional protection covers and links the healthy and ecologically balanced environment with the fundamental right to health, both on a psychological and physical level, and they have the powers to enforce their orders, even with the assistance of the Public Police Force, in protection of the legal right they are called to safeguard. Their activity is not exhausted in bureaucratic procedures or the granting of permits. They must also take measures to verify compliance with these in practice, to protect the interests and rights of citizens. From the case record, it is clear that the neighbors' disagreement with the business called bar and restaurant Caliburguer is long-standing and fully known to the respondent local government. Note that on July 29, 2024, the petitioner filed a complaint before the Municipal Council of Buenos Aires for noise pollution from that commercial establishment. However, in response to that complaint, on August 14, 2024, he was only informed of the agreement reached by that body in the following sense:

“- The establishment called Caliburguer has a permit for dance-type activities, which has an operating permit issued by the Ministry of Health, as well as the land use (uso de suelo) permit as issued by the Urban Development department of this Municipality.

- It is not within our competence to verify that the premises have noise insulation, electrical or gas installations; these pertain directly to the Ministry of Health, so complaints regarding noise, safety, or public health must be referred to said entity. On the other hand, noises or situations presented by motor vehicles, as they occur on public roads, must be reported to the Traffic Police.

- The case that this office is responsible for verifying is compliance with hours, regarding the sale of liquor, for the case in question the law establishes it between 11:00 a.m. and until 2:30 a.m. the following day, given that Restaurant activity (food sales) is not subject to or limited by any type of schedule; we are also responsible for verifying that the patent holder only operates the activities approved in the respective patent. And to date we have not received any complaint regarding the sale of liquor outside of established hours.

It is worth mentioning that this department has no record of any formal complaint against the mentioned establishment.”

However, what was done is considered insufficient. In this case, what really matters is the persistence of the alleged noise pollution which, according to the petitioner, affects both the complaining petitioner and the protected party, a 90-year-old older adult. Hence, although the Ministry of Health is responsible for carrying out noise measurements (mediciones sónicas) of businesses, it is unacceptable that they only reported what was done more than five months ago without referring to any action by the council demonstrating oversight of the premises. As explained by the petitioner in subsequent proceedings, since then the problem has worsened, and this has not been contradicted by those authorities. This Chamber notes that at no time do they report having visited the business to verify compliance with the regulations governing its operation. Hence their responsibility in the facts alleged by the petitioner in defense of the protected municipal residents.

VI.- In the present case, from the report rendered by the Director of the Dirección del Área Rectora de Salud de Buenos Aires of the Ministry of Health, given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on July 24, 2024, they received confidential complaint No. DS-1020-2024 against Mr. Nelson Castro Cascante, legal representative of the Caliburguer restaurant, for noise and vibrations. In the description of the complaint, by way of summary, it was stated: “I am filing a complaint because a dance is planned for Sunday, July 28, at the Caliburguer Restaurant, located at the main entrance of B.A., which, through social media, is inviting people to the activity. The establishment is completely open, has no noise insulation, so an inspection is requested because on previous occasions the noise is excessively high and disturbs mental and physical health and emotional balance. The premises has an Operating Permit, but does not have a suitable space to carry out mass activities (verify electrical certification) nor a noise confinement plan.” It is confirmed that on August 9, 2024, the noise measurement could not be carried out in order to verify the reported facts, because there was no excessive noise. However, on August 14, it was possible to perform it. It is reported that it was carried out from a bedroom in the petitioner's dwelling house when a live activity was being conducted at the commercial premises with the musical group called Integrados. The first measurement started at 8:26 p.m. and ended at 8:40 p.m. The second measurement was carried out starting at 8:43 p.m. and ended at 9:05 p.m. In view of the result obtained from that study, it was concluded that the musical activity carried out at the Caliburguer Restaurant complied with the noise level permitted by the Reglamento para el control de la contaminación por ruido, No. 39428-S. Therefore, the case was closed, after attending to the complaint and considering that it did not merit the issuance of an additional administrative act related to noise emission at the establishment in question.

It is thus noted that the complaint filed by the petitioner was attended to, and although the noise measurement was not carried out on the date he indicated that a musical activity would take place, but on another date, as it was not verified that the noise level was higher than what was then permitted, the claim raised was archived. Likewise, there is no evidence that the petitioner filed any complaint before the Ministry of Health for noise pollution subsequent to September 15, 2024. Therefore, this Chamber has no elements to consider that the authority has incurred in any omission through which the rights of the protected parties have been violated. For the foregoing reason, the appeal is dismissed with respect to this authority.

VII.- Conclusion. In merit of what has been stated, this amparo is deemed admissible, only against the Municipality of Buenos Aires for not having exercised the control and surveillance duties regarding the accused premises, to the detriment of the right to health, the right to privacy, and the right to a healthy environment, harming the protected parties. Regarding the Área Rectora de Salud de Buenos Aires of the Ministry of Health, the appeal is dismissed. (…)”




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Text of the resolution

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Exp: 24-034403-0007-CO

Res. Nº 2025009098

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifty minutes on the twenty-fifth of March two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed under case file number 24-034403-0007-CO, filed by Denis Mercedes Rodríguez Cadena, adult, identity card [Value 001], on behalf of [Name 001], adult, identity card [Value 002] and [Name 002], older adult, identity card 03-0121-0009, against the Ministry of Health and the Municipality of Buenos Aires.

Resultando:

1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 10:56 a.m. on December 6, 2024, the petitioner files an amparo appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Buenos Aires and states that the protected party is an 89-year-old older adult and suffers from several health conditions typical of her age. He comments that she has resided in the Canton of Buenos Aires, Province of Puntarenas for more than 60 years and, approximately 2 years ago, a business called "Cali Burger" was installed barely 100 meters from her home, and that, for some months now, it has been dedicated on weekends to organizing dances and other activities, which are advertised on the premises, social media, and other means, which generate a lot of noise and affect the health, tranquility, and peace of the person under protection. He mentions that the property of Mr. Cardoza Sánchez—who is the son of the protected party—is located about 80 meters from the cited business, and the house of Mrs. Sánchez Padilla is located about 20 meters from her son's house; that is, due to the proximity to the place, they are the people most harmed by the noise. He clarifies that during daytime and evening hours, the noise activity is normal for a business, the problem being triggered at nighttime hours and during the early morning. By virtue of the foregoing, the affected person's son has gone to the corresponding authorities; however, he has not received a response, let alone a solution to such a serious problem. He affirms that the petitioner went to the municipality and the Municipal Council of Buenos Aires and the response was "what a fish does in water, NOTHING," the mayor demonstrating with her negligence the uselessness and incompetence in the case at hand. For its part, the Municipal Council indicated the following: "that this matter did not correspond to them and that it was the competence of the Ministry of Health, and besides, that is why they established regulations in the Canton of Buenos Aires." Likewise, they have called the 9.1.1. Emergency Service to request help from the Public Police Force of Buenos Aires to intervene and control the terrible scandals coming from Cali Burger; however, on one occasion some police officers appeared, went to the business in question, and returned to say they could do nothing, because at Cali Burger they were shown the licenses indicating it had a "TOURISM PERMIT" to operate 24 hours a day, but this is where the detail lies, although it is true that Cali Burger has a Commercial License to operate 24 hours a day. He comments that resigned to the responses given to him in this regard, he went to the Ministry of Health, indicating to them that the problem is at nighttime and early morning hours, and he filed the complaint before the Ministry of Health that was processed under number No. DS-1020-2024, which was attended to by the health authority, but the complaint was leaked on social media; obviously and clearly, when the health authorities arrived to take measurements at the place, the noise was normal and the Technical Inspection Report, Attention of Complaints, MS-DRRSBRU-DARS-BNIT-0409-2024 of September 18, 2024, was issued, in which the following was concluded: "(…) Because the Ministry of Health is the governing body responsible for ensuring the health of individuals and because this is a matter of public interest, based on what is indicated in this report and in view of the result obtained from this study, it is concluded that the musical activity carried out at the Cali Búrguer Restaurant complies with the noise level permitted by the Reglamento Control de Contaminación por Ruido No. 39428-S. Consequently, the noise complaints are closed as they are considered attended to and do not merit the issuance of administrative acts related to noise emission at the reported establishment (…)." He recounts that it is not possible for a citizen to file a complaint before the Ministry of Health and then have his name circulated on social media. He considers it truly worrying that the cited premises, among other things, does not have the adequate structure to "isolate noise," especially taking into consideration that Decree Number: 44486-S, Reglamento para el control del ruido ambiental, exists, published in Supplement 114, No. 110 of the Official Gazette, La Gaceta of June 18, 2024, which the business in question violates, and it is more serious that the respondent Ministry of Health does nothing to enforce the law. Based on what has been broadly stated, one can reach the conclusion that the business called Caliburguer is very close to the homes of the protected parties, and its managers find themselves in a true position of power against the fundamental rights of those under protection, and he fears that vengeance or reprisals will be taken against a specific person, since the protected parties have no type of friendship with the owner of Caliburguer, as previously both parties had a commercial relationship that did not conclude on the best terms. He emphasizes that when Caliburguer began operating there were no scandals, as these expanded once the sanitary operating permits were granted and the respective commercial licenses were approved by the Municipality of Buenos Aires. He considers that the described situation violates the fundamental rights of the protected parties. Therefore, he requests the intervention of the Chamber.

2.- By resolution issued at 11:37 a.m. on December 12, 2024, the Presidency of the Chamber warned the petitioner of the following: “• A complete, legible copy, with the respective proof of receipt or email submission, of the complaint that you indicate was filed before the respondent authority for the alleged noise pollution and whose lack of response is indicated in the filing brief for this proceeding. • If you have recently received any resolution, you must clearly indicate the result obtained and provide the documentation generated on the occasion of such proceedings. Likewise, you must provide any additional evidence on which you base your statement.”

3.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 09:13 a.m. on December 16, 2024, the petitioner complied with the warning.

4.- By resolution issued at 09:28 a.m. on December 23, 2024, the Presidency of the Chamber considered the warning contained in the resolution of 11:37 a.m. on December 12, 2024, fulfilled and granted leave to this amparo. Furthermore, a report was requested from the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Buenos Aires; as well as from the Director of the Área Rectora de Salud de Buenos Aires, regarding the facts alleged by the petitioner.

5.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 1:35 p.m. on December 23, 2024, Magistrate Paul Rueda Leal recused himself from hearing this matter.

6.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 09:30 a.m. on January 9, 2025, the petitioner indicates that he provides as evidence for better resolution a USB drive where the scandal coming from the reported business before he filed this appeal can be appreciated.

7.- Ana Margoth Mora Navarro, in her capacity as Mayor of Buenos Aires, reports under oath (written submission presented at 12:03 p.m. on January 14, 2025) in the following terms:

“Regarding what was stated by the petitioner, I must indicate that from this Mayor's Office, at the time the document submitted by Mr. Freddy Cardoza Sánchez to the Municipal Council became known, which was processed in the correspondence received by that collegial body, in ordinary session 13-2024, held on June twenty-ninth, two thousand twenty-four, and it was agreed that the person in charge of licenses would render a report, what I processed was the transfer of the agreement to the official and follow-up on the response. In session 14-2024, Mr. Cardoza Sánchez appeared to make statements; I made no mention of what was indicated by said citizen, given that the report from the person in charge of licenses was pending. The Council takes cognizance of the report in ordinary session 15-2024, held on August twelfth, two thousand twenty-four, and an agreement is made to transfer said report to Mr. Freddy Cardoza Sánchez, as stated in the attached documentation. (Folios 3 to 5). In said session, what I stated on the subject was that: 'The only thing we can do is call on the population for concordance, coherence, passivity, patience, for all of us to collaborate with everyone to create a safer environment for ourselves and for the citizens of this canton.' For its part, the Council proceeded to respond to the petitioner, as demonstrated in the documentation provided. Making it clear that, regarding what was reported, the municipal administration and the Council do not have the competence to deploy actions regarding noise measurement, the Ministry of Health being the competent body, it being understood that said institution deployed its actions, as stated by the petitioner himself and as evident in the case record. It is not true what was stated by the petitioner regarding not having received a response to his request.

PETITIONS.

For the reasons stated above, we respectfully request the Honorable Constitutional Chamber: To consider the requested report rendered in a timely manner and declare the present appeal without merit, given that my represented party has deployed its actions in accordance with the legal framework.”

 

8.- Luis Ureña Gómez, in his capacity as President of the Municipal Council of Buenos Aires, reports under oath (written submission presented at 2:59 p.m. on January 14, 2025) in the following terms:

“Regarding what was stated by the petitioner, I must indicate that on behalf of the Municipal Council I preside over, at the time the document submitted by Mr. Freddy Cardoza Sánchez became known, in the correspondence received in ordinary session 13-2024, held on June twenty-ninth, two thousand twenty-four, it was agreed that the person in charge of licenses would render a report. The Council takes cognizance of the report in ordinary session 15-2024, held on August twelfth, two thousand twenty-four, and an agreement is made to transfer said report to Mr. Freddy Cardoza Sánchez, as stated in the attached documentation. (Folios 3 to 5). The Council proceeded to respond to the petitioner, via the means indicated by him, as demonstrated in the documentation provided. Making it clear that, regarding what was reported, the municipal administration and the Council do not have the competence to deploy actions regarding noise measurement, the Ministry of Health being the competent body, it being understood that said institution deployed its actions, as stated by the petitioner himself and as evident in the case record. It is not true what was stated by the petitioner regarding not having received a response to his request.

PETITIONS.

For the reasons stated above, we respectfully request the Honorable Constitutional Chamber: To consider the requested report rendered in a timely manner and declare the present appeal without merit, given that the Municipal Council of Buenos Aires, which I preside over, has deployed its actions in accordance with the legal framework, and has responded to the petitioner's request.”

 

9.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 10:47 p.m. on January 14, 2025, the petitioner states the following:

“I present before this August Chamber a formal Statement regarding the reports rendered by the respondents.

First: In both the report of the Mayor and the President of the Municipal Council, both of the Municipality of Buenos Aires, one can note the lack of argumentation regarding the rendered report, and in fact both reports are basically the same, only changing the name of the person signing it, which highlights the charlatanism and lack of seriousness given to the case of the protected parties.

Second: The respondents indicate in their crude reports that the matter of the protected parties does not correspond to them; let us see what the Municipal Code tells us regarding the obligation of municipalities in their territories:

Article 1. -The municipality is constituted by the set of neighboring persons residing in the same canton, who promote and administer their own interests, through the municipal government. (Thus reformed by subsection a) of the sole article of Law No. 8679 of November 12, 2008).

Article 2. - The municipality is a state legal person, with its own assets and personality, and full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes.

Article 3. - The territorial jurisdiction of the municipality is the respective canton, whose head town is the seat of the municipal government.

The government and administration of cantonal interests and services shall be in charge of the municipal government.

The municipality may exercise municipal competencies and invest public funds with other municipalities and Public Administration institutions for the fulfillment of local, regional, or national purposes, or for the construction of public works of common benefit, in accordance with the agreements it signs to that effect.

(Thus reformed by Article 17 of the General Law for the Transfer of Competencies from the Executive Branch to the Municipalities, No. 8801 of April 28, 2010)

Article 4- The municipality possesses the political, administrative, and financial autonomy conferred by the Political Constitution.

Among its attributions are the following:

a) Issue autonomous organization and service regulations, as well as any other provision authorized by the legal system.

b) Approve its budgets and execute them.

c) Administer and provide municipal public services, as well as ensure their vigilance and control.

Third: The respondents “Are more useless than the Kennedy family’s Guardian Angel,” since it is obvious they have not understood, dimensioned, or no one has told them, that they are the Territorial Government of a State Party to the IAHRS, but their reports demonstrate their charlatanism, vulgarity, and level of incompetence they hold, because they say it is not their responsibility to ensure that buildings comply with noise confinement levels; I ask: Is it not true that municipalities are the ones who grant construction permits in their territories?; Is it not true that municipalities are the ones who issue operating and liquor licenses within their territories? Let us see the following: “…the corresponding municipality cannot grant liquor sales licenses in an unrestricted manner. Through legislation, a series of parameters and criteria have been imposed on municipal corporations that they must inexorably attend to when deciding to issue such a license. In addition to elementary restrictions such as observance of what is established in the respective current regulatory plan (plan regulador), land use, among others, the ordinary legislator was concerned with expressly determining that municipalities must grant these authorizations based on criteria of convenience, rationality, proportionality, reasonableness, best interest of the child, social risk, and balanced development of the canton, as well as attending to respect for freedom of commerce and the right to health. For this Court, the express reference to such a right and constitutional principle is sufficient, as it constitutes a coercive mechanism so that municipal entities grant liquor sales licenses only when those constitutionality parameters (and other legal requirements) are met…” Judgment 11499-13. Constitutional Chamber. Supreme Court of Justice. State Party of Costa Rica.

“the responsibility of the State, -as a characteristic principle of the Costa Rican State-, which derives from the provisions of Article 9 of the Political Constitution, which states, in what is relevant:

The Government of the Republic is popular, representative, alternative, and responsible. It is exercised by three distinct and independent Powers: Legislative, Executive, and Judicial.

This responsibility is developed in Articles 190, following, and concordant of the General Law of Public Administration, norms in which the objective responsibility of the Public Administration is established. From the above, two basic conclusions derive; firstly, the direct responsibility of the State on the occasion of administrative functions constitutes a constitutional principle, which must be harmonized with the provisions of Articles 11, 33, 41, and 49 of the Constitution, and which is congruent with the principles of the Social State of Law, precisely with those of the prohibition of arbitrariness in public powers, and of legal certainty and equality of all citizens before the law.” Judgment Number: 5981-95 of fifteen hours fifty-one minutes of November seventh, nineteen ninety-five. Constitutional Chamber. Supreme Court of Justice. State Party of Costa Rica.

Fourth: In their reports, the respondents do is to cast the responsibility for the case onto the Ministry of Health, which is “Cowardice and Baseness,” that further strengthens my perception regarding the uselessness of the respondents and that it is a form of CORRUPTION, because they are not fulfilling their duties as the Territorial Government of a State Party to the IAHRS, and regarding Corruption, let us analyze the following:

“Corruption prevents States from complying with international human rights obligations. Corruption always involves, at a minimum, negative consequences for human rights, as it generates an emptying of the space conducive to their respect. This is so because it prevents a just allocation of resources (through the diversion of funds necessary to make rights effective, especially access to public services), hinders inclusion (setting who participates and who does not, excluding the most vulnerable groups), and by preventing accountability, it does not allow for the determination of those responsible for human rights violations nor, therefore, the obligation to guarantee them.”

MARTINÓN QUINTERO, Ruth. Corruption and Human Rights. In particular, the Inter-American Court of Human Rights. Eunomía. Journal on the Culture of Legality, Number. 10, April – September 2016, page numbers: 8-33. ISSN 2253-6655.

“Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on society. It undermines democracy and the rule of law, gives rise to human rights violations, distorts markets, erodes the quality of life, and allows organized crime, terrorism, and other threats to human security to flourish,” Foreword to the United Nations Convention against Corruption (approved by General Assembly Resolution on October 31, 2002, in force since December 14, 2005).”

MARTINÓN QUINTERO, Ruth. Corruption and Human Rights. In particular, the Inter-American Court of Human Rights.

Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, Issue 10, April – September 2016, page numbers: 8-33. ISSN 2253-6655. 1. The relationship between corruption and human rights in the international community

In the sphere of international legal production, the protection of human rights and the fight against corruption have not been addressed jointly. In fact, existing international legal instruments referring to the fight against corruption practically do not mention human rights, except for the preambles of the Criminal and Civil Law Conventions on Corruption of the Council of Europe, the Preface of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), and other minor instruments. The case of the UNCAC is particularly significant because its drafting was simultaneous with the opening of the reflection process on the impact of corruption on human rights that arose in the Economic and Social Council, yet the Convention goes no further than stating in its Preamble "the seriousness of the problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethics, and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law."

Human rights treaties also do not establish any relationship between these and corruption, nor do they even mention it, although one of its most famous predecessors, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789, begins "considering that ignorance, forgetfulness, or contempt towards the rights of Man are the sole causes of public calamities and the corruption of Governments." The process of reflection and interest in studying the impact of corruption on human rights within the United Nations took shape with the commission, in 2002, by the Commission on Human Rights of a working paper on the repercussions of corruption on the realization and enjoyment of all human rights, albeit with special reference to economic, social, and cultural rights, since the prevailing conceptual framework regarding corruption still favored its visualization as a primarily harmful phenomenon from an economic point of view. When the United Nations Conference on Anti-Corruption Measures, Good Governance, and Human Rights was held in Warsaw in 2006, its stated objective was to advance the understanding of good governance practices that contribute to combating corruption, focusing on human rights, in order to "(a) increase participants' knowledge about the conceptual and functional relationship between corruption and human rights; (b) improve the integration of human rights principles and good governance principles into anti-corruption strategies and policies."

As Gathii (2009) explains, the international community's attention to corruption emerged in the 1990s, linked to economic development policies following the promotion of the concept of governance by the World Bank in the late 1980s. With the attainment of political independence by territories under colonial administration, from an economic perspective it came to be considered, during the 1960s and 1970s, that bribes to foreign officials were a necessary cost. However, it was later understood that they constituted an impediment to the success of economic reforms and a delay to economic growth and development. In 1996, processes were initiated to reach joint action agreements on corruption in different regional spheres, from which International Law has sought to build a common framework for national anti-corruption policies with the purpose of guiding and coordinating them.

Precisely, the distinct and, in certain senses, opposite origins of the fights against corruption and for human rights explain why the protagonists of both agendas have often not viewed each other with trust, regularly collaborate with each other, nor do they share their knowledge and experiences" (ICHRP, 2009, p. 81). The actors charged with fighting corruption have not felt close to human rights activists (although there are countries where they have gone hand in hand), and the latter have usually seen the former as too linked to the political power against which they position their demands. "On occasions, activists who combat corruption have mentioned that human rights principles prevent compliance with the law in the area of combating corruption, while human rights activists sometimes argue that certain anti-corruption practices violate human rights" (ICHRP, 2011, p. 69).

An ideological distancing between the two international action movements has even been described: human rights movements are visualized as closer to left-wing progressives, while anti-corruption reforms have often been linked to neoliberal reforms. However, as González and Nash (2011, p. 17)10 note, the reality is more complex, not only from the ideological perspective (for example, there are more liberal and more republican currents of human rights), but also in terms of whether or not agendas connect. In Venezuela, which did not suffer the dictatorships and repression experienced in the countries of the Southern Cone, the anti-corruption movement always had the goal of fighting poverty and promoting the rights of individuals; there are even chapters of Transparency International in Central America that were born as human rights organizations.

In any case, the best proof that the relationship between corruption and human rights not only exists but can be very productive is that since it began to be investigated, varied and complex connections have been found, which have given rise to the development of different perspectives for approaching the problem. Researchers, institutions dedicated to these issues, and even jurisdictional bodies at the international level show the possibilities for synergies, so that, despite possible points of friction, both the anti-corruption agenda and the pro-human rights agenda can mutually enrich each other.

In the 2013 Report11 on the negative consequences of corruption on the enjoyment of human rights by the Human Rights Council, it is already affirmed that the fight against corruption can only be fully effective through a human rights approach (CDH, 2013, p. 6), that the fight against corruption is part of the fight for respect for human rights, and that it is regrettable that for years the efforts made to fight corruption and ensure human rights advanced in parallel: "although much of the work they carry out is complementary, with some important exceptions, human rights organizations do not [work] jointly, considering it important to establish greater synergy between the anti-corruption activities of the United Nations system and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter, ICESCR) (CDH, 2013, p. 8).

MARTINÓN QUINTERO, Ruth. Corrupción y Derechos Humanos. en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, Issue 10, April – September 2016, page numbers: 8-33. ISSN 2253-6655.

"Despite the fact that corruption has been a phenomenon studied for a long time, to date it has not been possible to eradicate it. As a strategy for the anti-corruption fight, investigation and prevention efforts have been intensified with the aim of reducing future cases. By assuming this phenomenon as a cause of human rights violations, it is found that it can be one of the main generating factors of poverty and inequality around the world, which is why the active participation of all sectors of society is important to strengthen investigation, sanction, and prevention measures for this crime."

CLAVIJO CASTAÑEDA, Angélica Sofía. Actos De Corrupción Como Violación A Los Derechos Humanos. Revista Saber, Ciencia y Libertad, Volume Number: 7, Number: 1 Universidad Libre, Bogotá, Colombia, Year 2012, page number: 35. ISSN: 1794-7154.

Quino: Here the respondents have not cared "a bit" about the Rights of the amparo petitioners, the Right to a Healthy Environment, which Constitutional Numeral 50 GUARANTEES, and the Right to Health, which is protected by Article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and the disdain of the respondents, in total contempt for the Fundamental Rights of those under protection, is palpable and evident, which obviously can generate individual liability for the "buffoons" of the Municipality of Buenos Aires, who have transgressed their Duties and Responsibilities by trampling in a vile and miserable manner the Fundamental Rights of the amparo petitioners; we all know that the Estadio Nacional is used for renowned foreign artists to give concerts and that the time limit for holding them is until 10:00 p.m., and not long ago the great RICARDO MONTANER, while giving a concert at the Estadio Nacional, at 10 o'clock at night "they pulled the switch on him," and despite the annoyance of the aforementioned performer, the concert ended at that time; in contrast, in the case of the amparo petitioners, at Cali Búrger it is 11 or 12 at night and the revelry is just heating up and starting, and these gentlemen have to endure the scandal until 2, 3, or 4 in the morning; the protected parties have nothing against this business or its existence, what bothers and discomfits them is the late hours of the early mornings that they must endure all that AKELARRE, and the municipal authorities simply say "that's not my responsibility," which is the maximum expression of uselessness and incompetence, and I consider that this type of retrograde attitudes, typical of Neanderthals like the respondents, cannot and should not be tolerated.

Sixth: In their report, the respondents state to this Chamber "that they have already given a response to Mr. Cardoza Sánchez"; these "clowns" reach the paroxysm of cynicism and shamelessness, for how can one call a response that piece of trash they sent to the protected party? It is evident that the citizen has the right to a prompt response, but it must be clear, not ambiguous and clumsy like "that thing" they sent to Mr. Cardoza Sánchez; it is also evident that the citizen has the right to a solution to their problem, or in the event that the Public Administration cannot solve the problem brought to its attention by the citizen, it must guide and direct the administered person to the correct avenue, and not vulgarly evade its duties as the respondents have done in the present proceeding:

Paragraph Number: 68. The matter takes on a different tone, however, when it is shown that remedies are rejected without examining their validity, or for trivial reasons, or if the existence of a practice or policy ordered or tolerated by public power is verified, the effect of which is to prevent certain claimants from using the internal remedies that would normally be available to others. In such cases, resorting to those remedies becomes a formality that lacks meaning. The exceptions of Article 46.2 would be fully applicable in these situations and would excuse the need to exhaust internal remedies that, in practice, cannot achieve their purpose. Inter-American Court of Human Rights. Velásquez Rodríguez v. Honduras Case. Judgment of July 29, 1988. Merits. Series C Number: 04, paragraph number: 68, page number: 47.

Paragraph Number: 34. Article 1 of the Convention obligates the States Parties not only to respect the rights and freedoms recognized therein, but also to guarantee their free and full exercise to every person subject to their jurisdiction. The Court has already expressed that this provision contains a positive duty for the States. It must also be specified that to guarantee implies the obligation of the State to take all necessary measures to remove the obstacles that may exist so that individuals can enjoy the rights that the Convention recognizes. Consequently, the tolerance of the State towards circumstances or conditions that prevent individuals from accessing adequate internal remedies to protect their rights constitutes a violation of Article 1.1 of the Convention. As this Court has affirmed.

Inter-American Court of Human Rights, EXCEPTIONS TO THE EXHAUSTION OF DOMESTIC REMEDIES. (Articles 46.1, 46.2.a, and 46.2.b of the American Convention on Human Rights). Advisory Opinion OC-11/90 of August 10, 1990. Series A No. 11, paragraph number 34, page number: 10. Article 1 Obligation to Respect Rights

1. The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to guarantee their free and full exercise to every person subject to their jurisdiction, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political opinions or any other nature, national or social origin, economic position, birth, or any other social condition.

Paragraph Number: 162. This article contains the obligation contracted by the States Parties in relation to each of the protected rights, such that any claim that one of those rights has been injured necessarily implies the claim that Article 1.1 of the Convention has also been infringed.

Inter-American Court of Human Rights. Velásquez Rodríguez v. Honduras Case. Merits. Judgment of July 29, 1988. Series C No. 4, paragraph number: 162, page number: 34.

Sixth: As I have extensively set forth, the Municipality of Buenos Aires granted a Tourist Interest License to Cali Búrger in a residential zone that has no tourist sites to justify and support the Buenos Aires Local Government granting said license to Cali Búrger, which raises certain doubts and "suspicions," given that it is obvious that Commercial Licenses where there is the sale of liquor, dances, and karaoke involved cannot be granted without just cause, and in this case it was granted in a residential zone, and this can generate liabilities for the public official:

"the very basis of the liability system presupposes and fully justifies this referability of the effects of the agents' actions, provided there is a criterion of linkage with the public service, whether total or partial. In effect, the liability being discussed is of a preeminently objective nature, whereby, in principle, subjective factors (dolo or culpa) are dispensed with as relevant factors in determining the criteria for imputation to the Administration as a center of authority. Nonetheless, the official, within the content of their service relationship, has obligations towards the recipients of the acts they adopt within the framework of their competences. It is in this line that those aforementioned subjective factors apply, which would also be relevant in the process of internal distribution of liability.

That liability of the official towards third parties and before the Administration is provided for in Chapter II of Title VII of Law No. 6227/78, which runs from Article 199 to 213 inclusive.

In accordance with what numeral 199 LGAP indicates, the official shall be personally liable when they have acted with dolo or gross culpa in the performance of their duties or on the occasion thereof, even, the rule highlights, when they have only made use of the means and opportunities that the position offers them, which reiterates the criterion of occasionality noted supra. In relation, it is worth emphasizing that within this framework of direct liability of the official, it is understood as a manifestation of dolo or gross culpa the issuance of manifestly illegal acts or, indeed, obedience to this type of actions. In the first case, it would be necessary for the illegality to be obvious and notorious, gross in its basis, that is, an unquestionable pathology. In the second, it must be remembered that according to numeral 108.1.b LGAP, the duty of obedience should not be heeded in the case of manifestly arbitrary acts. It is for this reason that, in line with what is already prescribed by Article 199 ibidem, the cited precept 108 in its second subsection establishes the personal liability of the official who obeys an act of this nature."

GARITA NAVARRO, José Roberto. Ensayo: COMENTARIOS SOBRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Análisis jurisprudencial, page numbers: 37 and 38.

Source: https://salaprimera.poderjudicial.go.cr/phocadownload/Temas_jurisprudenciales/Responsabilidad_objetiva_Administracion.pdf

"On the one hand, the damage is caused by means that the Administration places in the hands of the public servant, as is the case with their position. It is that aspect that places them in a position to commit the damage.

On the other hand, it is worth remembering that the Administration must monitor the proper provision of the services that have been entrusted to it, in addition to the fact that the selection of personnel is a matter that exclusively falls to it. Ergo, when hiring officials who incur in improper conduct using those referred occasional bridges, the State could not be disassociated from liability for those harmful effects. Such a linkage criterion determines the impure personal fault, which allows the application of the joint and several regime, only excluded when the fault is separable and completely unlinked from the service (pure personal fault).

From this standpoint, in this particular case, it involves a personal fault of the official, but which, in the context of the objective regime that applies in this matter, gives rise to indemnification for vicarious fault, that is, we are facing a liability for the conduct of another, but which is linked to the State through the service relationship that served as the basis for the commission of the illicit act (instrumental and circumstantial criterion). It has been considered that behind every personal fault hides a fault of service, referable to the Administration (in its impure dimension). In the specific case, such error is evidenced in a fault in selection and in supervision, which constitutes a gross fault that makes the requested reparation appropriate. Do not confuse here the reference to subjective elements. This does not imply that liability responds to subjective factors, which, it is insisted, would be valid only for imputation to the official personally or for internal distribution. When referring to fault in supervision and selection, it is to reflect the fault of service of the Administration due to the improper oversight of the acts of the subordinate (102 LGAP) and the risk generated by the selection of a public servant who commits damage on the occasion of the position."

GARITA NAVARRO, José Roberto. Ensayo: COMENTARIOS SOBRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Análisis jurisprudencial, page numbers: 39 and 40.

"... Things do not always happen so simply, however, and this is because in the area of civil liability, unlike what happens in the criminal sphere, the ultimate objective pursued is not so much to identify a person as the author of the harmful act, but rather to locate a patrimony against which the reparation of the damage caused can be made effective. That guarantee-providing purpose, which is at the base of every patrimonial liability system, frequently produces a dissociation between imputation and causality. Proving that there is a causal nexus between the act that constitutes the normative source of liability and the damage produced will always be necessary for the imputation to take place and for liability to be born with it, but the mere causal relationship between the act (and its author) and the damage is not enough to justify the attribution of the duty of reparation to the subject whom the Law qualifies as responsible."

Eduardo García de Enterría and Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, Tomo II. Editorial Civitas, Madrid, Spain, Year: 1987, page numbers: 342 and 343:

"On this point, the doctrine tells us: 'When, as for autonomous entities, their possibilities to respond having been exhausted, the subsidiary liability of the State emerges. In effect: the autonomous entity is a person of public law. It is created by the State in order to fulfill state, public objectives, which become the autonomous entity's own, because the State attributes their ownership to it. The pursuit of its purposes falls to the State if it had not resorted to the technique of having itself substituted by an entity of its own and of an auxiliary character. The obligations that the autarchy assumes and the liability that it may bear for an act of its own arise from the exercise of the function that the State placed in its hands, as a duty to be fulfilled for the benefit of the State itself. The public interest is the goal of the entity. Its sole reason for existing is the satisfaction of public objectives. Therefore, being a splitting (though personalized) of the state person, it cannot be denied the character of an indirect agent thereof. From which it follows that it will answer for its commitments up to the limit of its exhausted possibilities, the patrimony that mediated between the State and the injured third party disappears, but the ultimate responsible party for the public functions and for the obligations contracted on the occasion of their exercise emerges. The principle of subsidiary liability of the State for the acts of autonomous entities is an immediate consequence of the principle of State liability. In effect, once the assets of the autonomous entity are exhausted, it lacks the effective condition of intermediary between the State and the linked third party, breaking the figure of the creator the autonomous entity in view of the third party injured by an action of the state entity. Once the patrimony of the autonomous entity is exhausted in view of the third party injured by an action of the state entity. Once the patrimony of the autonomous entity is exhausted, the veil that separated the State and the individual is torn, revealing the one who operated by virtue of the autarchy.'"

Bandeira de Mello, "Relaciones entre el Estado y entes autónomos", Revista del Seminario Internacional de Derecho Administrativo, Colegio de Abogados de Costa Rica, San José, 1981. Cited within Resolution Number: 00029–1993 of fourteen hours and thirty minutes of May fourteenth, nineteen ninety-three. Case File Number: 93-000029-0004-CA. Proceeding: Ordinary. Sala Primera. Corte Suprema de Justicia. State Party of Costa Rica.

"But, faced with an administered person for a damage like the one demonstrated here, which is totally illicit, we cannot exclude the joint and several liability of the State in these cases. Joint and several liability that derives from Article 190 of the Ley General de la Administración Pública because, when facing the administered person in harmful events, the Administration is one and only one."

Resolution Number: 001039-F-S1-2013 of eight hours thirty-five minutes of August fourteenth, two thousand thirteen. Case File Number: 09-002867-1027-CA. Proceeding: De Conocimiento established in the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sala Primera. Corte Suprema de Justicia. State Party of Costa Rica.

I pray to resolve according to law."

 
10.- Randall Esteban Bejarano Campos, in his capacity as Director of the Dirección del Área Rectora de Salud de Buenos Aires of the Ministry of Health, reports under oath (brief filed at 13:57 hours on January 15, 2025) in the following terms:

"1. Background:

On July 24, 2024, confidential complaint No. DS-1020-2024 was received at the Área Rectora de Salud de Buenos Aires against Mr. Nelson Castro Cascante, legal representative of the Caliburguer Restaurant, located in Puntarenas, Buenos Aires, at the main entrance of Buenos Aires, next to the El más económico supermarket (Chinese), for noise and vibrations; in the description of the complaint, as a summary, it indicated: 'I file a complaint because a dance is planned for Sunday, July 28, at the Rest. Caliburguer, located at the Main Entrance B.A., which through social media is inviting people to the activity. The establishment is completely open, it has no noise isolation, therefore an inspection is requested because on previous occasions the noise is too high and disturbs mental and physical health and emotional balance. The premises have an Operating Permit, but do not have an adequate space to carry out mass activities (verify electrical certification) nor a noise confinement plan…' (sic).

2. On the merits and the subject of the amparo:

In accordance with what is set forth in the order transferring the amparo petition filed by Denis Mercedes Rodríguez - and, in summary -:

(…)

On November 13, 2024, the Área Rectora de Salud de Buenos Aires granted the sanitary operating permit No. MS-DRRSBRU-DARS-BA-R-0558-2024 to the commercial establishment called Caliburguer, legal representative Nelson Castro Cascante, identity card number 1-0776-0617, located in Puntarenas, Buenos Aires, Buenos Aires, in front of the Gasotica gas station group, for the sale and preparation of food and beverages, for a term of 10 months and 23 days, which must be renewed on October 6, 2025.

Regarding the allegations of Denis Mercedes Rodríguez, as stated in the administrative file, confidential complaint No. DS-1020-2024 was received at the Área Rectora de Salud de Buenos Aires on July 24, 2024, against Mr. Nelson Castro Cascante, legal representative of the Caliburguer Restaurant, located in Puntarenas, Buenos Aires, at the main entrance of Buenos Aires, next to the El más económico supermarket (Chinese), for noise and vibrations.

Due to the above, in response to complaint No. DS-1020-2024, at nine hours and forty minutes on August 9, 2024, Lcda. Joselyn Valverde Villalobos and Ing. Greivin Chaves Jiménez, the Health Regulation team of the Área Rectora de Salud de Buenos Aires, conducted an inspection visit and were attended by Mr. Freddy Cardoza Sánchez; through the inspection report dated August 9, 2024, they stated that: '…the complainant is present. Indicates that he does not want the sonic measurement to be carried out because there is not enough noise. It is verified that the establishment is operating, with approximately 20 customers at the tables and background music. There is no live event by any group' (sic); said report contains the signature of Mr. Freddy Cardoza Sánchez, and through technical report MS-DRRSBRU-DARSBA-IT-0326-2024, dated August 31, 2024, they indicated that it was evident that there was no dance activity, that by agreement with the complainant, the sonic measurement was not carried out because there was no noise, pending rescheduling.

As stated in the inspection report dated September 14, 2024, at eight hours and twenty-five minutes, official Greivin Chaves Jiménez conducted a new inspection visit in response to the complaint; through the noise inspection report No. MS-DRRSBRUDARS-BAIT-0401-2024 signed by official Chaves Jiménez, he detailed the noise measurement procedure; likewise, through technical report MS-DRRSBRU-DARS-BA-IT-0409-2024, dated September 18, 2024, Ing. Greivin Chaves Jiménez stated that the sonic measurement was performed on September 14, 2024, that at that moment he was attended by Mr. Freddy Cardoza Sánchez, identity card number 10580429, who authorizes entry to the dwelling, at which time a live musical group was performing at the commercial premises; he proceeds to carry out the formal sonic measurement from a bedroom of the dwelling, following the methodology established in the Reglamento del Procedimiento para la medición de ruido, Decreto Ejecutivo N° 32692-S; the first measurement begins at 20:26 hours and ends at 20:40 hours; the second measurement is performed starting at 20:43 hours and ends at 21:05 hours; at the time of the measurements, the live musical activity was taking place with the musical group called Integrados, and in the conclusion he stated: 'Based on what is set forth herein, the following is determined: Because the Ministry of Health is the governing body responsible for ensuring the health of individuals and as it is a matter of public interest, based on what is indicated in this report and in view of the result obtained from this study, it is concluded that the musical activity carried out at Restaurante Cali Búrger complies with the noise level permitted by the Reglamento Control de Contaminación por Ruido No. 39428-S. Consequently, we proceed to close the noise complaints, considering them addressed and not warranting the issuance of administrative acts related to noise emissions at the denounced establishment.' (sic).

It is important to mention that said sonic measurement constitutes the corresponding technical evidence to be carried out within our level of competences to determine, according to current regulations, whether or not there is sonic contamination in the dwelling and the commercial establishment, and as stated, the result shows that the noise levels afflicting the petitioner here are within the noise levels permitted by the Decreto Ejecutivo No.

39428-S “Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido” (Regulation for the Control of Noise Pollution), which is why this Directorate proceeded to archive the case and not issue any administrative act. Furthermore, regulation for the control of noise pollution No. 39428-S was applied for the sonic measurement, given that on that date this was the regulation in force; the regulation for the control of environmental noise, executive decree No. 44486-S mentioned by the appellant, was published in supplement (alcance) No. 114, gazette (gaceta) No. 110 of June 18, 2024, and came into effect six months after its publication in the Official Gazette La Gaceta. The result of said technical test conducted according to procedure allows us to assure that we have guaranteed, defended, and preserved the right to a healthy and ecologically balanced environment, guaranteed by Article 50 of the Political Constitution, despite the appellant's perception.

On the other hand, regarding the appellant's claim that “the complaint was leaked on social media, in an obvious and clear manner since when the health authorities arrived to take measurements at the site, the noise was normal,” the Ministry of Health did not make any publication on social media regarding the handling of the complaint.

With respect to the facts presented by the appellant regarding the Municipality of Buenos Aires, the Municipal Council of Buenos Aires, and the 911 emergency service, regarding these facts, the undersigned, in his capacity as Director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Buenos Aires, cannot comment, since these matters are not within the competence of this Ministry nor have we received any formal communication on the subject.

It is clear that the Directorate of the Health Governing Area of Buenos Aires has taken all necessary actions within the scope of its powers to address the situation, given that two inspection visits were made and during the last inspection visit, the sonic measurement was carried out in compliance with current regulations.

Based on the foregoing, it has been demonstrated that the actions of the Directorate of the Health Governing Area of Buenos Aires were carried out in strict adherence to its functions, efficiently and diligently, and the appropriate course of action in this case is the archiving of the complaint.

3. Evidence

I offer as evidence copies of the relevant documents contained in administrative file BRU-BA-3311 in the name of the commercial establishment Caliburguer, which are kept in the Health Governing Area of the Ministry of Health of Buenos Aires Puntarenas, where the formal acts and proceedings I have described herein are recorded.

4. Petition

As has been stated and as can be inferred from the evidence provided, this Health Governing Area has addressed the case in a timely and appropriate manner within the framework of its legal powers, guaranteeing due process. Based on the foregoing, I most respectfully request the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to declare this appeal (recurso) without merit as far as I am concerned and as far as the Ministry of Health is concerned.”

11.- By written brief received in the Secretariat of the Chamber at 09:55 a.m. on January 16, 2025, the appellant states the following:

“Attached to File: 24-034403-0007-CO and as 'evidence for a better resolution' (prueba para mejor proveer), a screenshot from the Social Network Facebook, where the protected party, Cardoza Sánchez, was attacked through said medium, and with this I refute the Ministry of Health, which falsely states in its report that complaints filed with them are not leaked, which is very dangerous for a person, given the level of violence in our country and that Social Media is full of psychopaths and potential psychopaths, and it is enough to read what was posted against the protected party to verify what I accuse.”

12.- By written brief received in the Secretariat of the Chamber at 2:58 p.m. on January 17, 2025, the appellant states the following:

“I present before this August Chamber, a formal Statement regarding the reports rendered by the respondents.

First: In its report, the respondent Ministry does not state that the Noise Measurement, carried out at Cali Búrger, was conducted in the first instance from the house of the protected party Cardoza Sánchez and in the evening hours; note that in my accusation I indicate that both during the daytime hours and the evening hours, the noise coming from Cali Búrger is the normal noise generated by any respectable business; the problem is from nighttime hours and early morning hours when the scandal is unbearable for the protected parties, since the Cali Búrger premises is open and has no noise containment and, to top it off, they “apparently” use a sound system of the new styles that emanate not only noise, but BOOMING.

Second: Continuing with the TECHNICAL INSPECTION REPORT MS-DRRSBRU-DARS-BA-IT-0409-2024, dated September 18, 2024, the respondent Ministry “DOES NOT INDICATE” to this Chamber that Mr. Cardoza Sánchez was telling the Ministry of Health inspectors at the site that there was no noise at those hours and that, please, if they were going to perform the SOUND MEASUREMENT, they should do it at another time and from Doña Marta's house, which is the most affected, due to the position of her house in relation to the noise source, coupled with her advanced age; and for this reason, an argument arose between the protected party and the officials of the respondent. Although it is true that the inspectors returned later to perform the corresponding measurements, those who performed them came predisposed and annoyed with the protected party, which obviously detracts from the credibility of the quality of the measurements and generates “contamination” of the TECHNICAL INSPECTION REPORT MS-DRRSBRU-DARS-BA-IT-0409-2024, dated September 18, 2024. I will use Criminal Case Law because the respondent's Report is given under oath:

“[...] A balanced examination of the elements of evidence for the prosecution and the defense is required, and, after that analysis, to justify which of them the judge finds credible, and why? [...]”.

Judgment Number: 335-F-97 of two forty-five p.m. on April twenty-eighth, nineteen ninety-seven. Case File Number: 96-000188-0216-PE. Appeal of Cassation (Recurso de Casación). Superior Court of Criminal Cassation (Tribunal Superior de Casación Penal). Second Judicial Circuit of San José. Judicial Branch. State Party of Costa Rica.

“(…) It is important, consequently, that within the criminal process there exists a reliable record of the manner in which that act was carried out, so that it can be reviewed and controlled at any stage of the process, verifying the same conditions that existed when the act was performed (…)”.

Resolution Number: 2015-00612 at twelve fifteen p.m. on May eleventh, two thousand fifteen. Case File Number: 13-000613-0006-PE. Proceeding: Review Procedure (Procedimiento de Revisión). Third Chamber (Sala Tercera). Supreme Court of Justice. State Party of Costa Rica, page number: 18.

“The existence of essential constitutional requirements for the validity of the rule of law establishes limits on the investigation of the truth, such that this truth can only be obtained respecting the fundamental rights and guarantees of citizens, and these only admit injuries or intrusions in the terms in which this is permitted”.

Resolution Number: 2011-161 at ten forty-five a.m. on May twenty-seventh, two thousand eleven. Case File Number: 10-001609-0064-PE. Proceeding: Appeal of Cassation (Recurso de Casación). Court of Criminal Cassation of Cartago. First Judicial Circuit of Cartago. Judicial Branch. State Party of Costa Rica.

Third: In the TECHNICAL INSPECTION REPORT MS-DRRSBRU-DARS-BA-IT-0409-2024, dated September 18, 2024, its Margin of Error is not indicated. Equipment for measuring environmental noise or even the noise from a vehicle engine have a MARGIN OF ERROR, which ranges between 7% and 10%, and in Costa Rica, administrative authorities take the results as “absolute,” which is serious, since depending on the situation that arises, it can cause serious harm to the administered parties as in the present case. On the other hand, in its report, the respondent does not point out or indicate if the TECHNICAL INSPECTION REPORT MS-DRRSBRU-DARS-BA-IT-0409-2024, dated September 18, 2024, was up to date with the CALIBRATION and the AUTHORIZATION to be used, which, in my modest opinion, cannot and should not be taken as evidence in favor of the respondent, within this amparo proceeding:

“From this perspective, it is necessary to consider that the collection of evidentiary elements in violation of constitutional norms makes the evidence an illicit means. Regarding the analysis of the unlawfulness of evidence, national doctrine has indicated that ‘We understand “illicit evidence” to be that evidence that has been obtained or evaluated with violation of constitutional rights and implies a real and effective detriment to one of the parties to the process’ (ARMIJO SANCHO, Gilbert Antonio. Garantías Constitucionales, prueba ilícita y la transición a un nuevo proceso penal, IJSA, Second Edition, San José, 2001, page 179). Likewise, this Chamber has indicated that ‘The issue of the legitimacy of evidence and, therefore, of spurious evidence, means a reflection and also a taking of a position regarding the conflict of interests that always gravitate towards and characterize criminal intervention; to investigate the truth and to criminally sanction the person responsible for a criminal act. The existence of essential constitutional requirements for the validity of the rule of law establishes limits on the investigation of the truth, such that this truth can only be obtained respecting the fundamental rights and guarantees of citizens, and these only admit injuries or intrusions in the terms in which this is permitted’ (Resolution 2006-00412, of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, at 3:10 p.m., of May 10, 2006). In the specific case, considering that there is no independent source that allows the individualization of the accused, the fruit of the poisonous tree doctrine developed by Justice Holmes and the Warren Court in the United States in the case Mapp versus Ohio in 1961 must be applied, according to which, not only the illicit evidence is excluded, but also its fruits (ARMIJO, Op. Cit. page 208). This doctrine has been recognized in the jurisprudence of the Constitutional Chamber, indicating that ‘Among the different interpretations regarding the unlawfulness or not of evidence, we have the theory of spurious evidence. The theory of spurious evidence or the fruit of the poisonous tree doctrine, which supposes that every time an evidentiary means originated in a constitutional violation provides elements of guilt for the accused, the act producing the evidence and every evidentiary means derived from it is null’ (Resolution 2000-02304, of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at 3:15 p.m., of March 15, 2000). Based on the violation of the fundamental rights of equality and innocence.”

Resolution Number: 2015-00612 at twelve fifteen p.m. on May eleventh, two thousand fifteen. Case File Number: 13-000613-0006-PE. Proceeding: Review Procedure (Procedimiento de Revisión). Third Chamber (Sala Tercera). Supreme Court of Justice. State Party of Costa Rica, page numbers: 29 and 30.
Fourth: In its report, the respondent does not rely on anything serious, but only on its thoughts, and it is not possible that, in a State of Law, the protected parties must and have to endure and tolerate unbearable noise, coming from a business that does not meet the infrastructure and dimensional conditions to operate as a site of tourist interest, when there are deaths due to overcrowding and excessive agglomeration of people in that establishment, THEY WARN!, by the way, the Morgue of the Judicial City has capacity to house 300 bodies. I ask: And what about the Principle of Coordination between institutions?

“It must be reiterated that this Court has recognized that one of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must exist between all public entities and bodies when exercising their powers and providing the services that the legal system has assigned to them. Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and obligates all public entities. Coordination can be inter-organizational - between the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship - or inter-subjective - that is, between public entities, each with its own legal personality, own budget, autonomy, and specific powers. Administrative coordination is intended to avoid duplications and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, that they be performed in a rational and orderly manner”.

Judgment Number: 2007-015218 at twelve o’clock on October nineteenth, two thousand seven. Constitutional Chamber (Sala Constitucional). Supreme Court of Justice. State Party of Costa Rica.

“The direct and immediate efficacy of fundamental and human rights is strongly radiated, also, to the private sphere or sector. Not only are public powers - entities and bodies - called to respect the human and fundamental rights of which any person is a holder, but also any other individual or Private Law organization is obliged to respect them and establish the conditions for their effective enjoyment and exercise”.

Resolution Number: 2007-05455 at eleven thirty-two a.m. on April twentieth, two thousand seven. Constitutional Chamber (Sala Constitucional). Supreme Court of Justice. State Party of Costa Rica

Fifth: A few days ago, the administrators of the well-known Nightclub “Miraflores,” located in the Central Canton of Heredia, was closed after 53 years for failing to comply with the new provisions of the local Municipality, regarding noise and Decree Number: 44486-S, Reglamento para el control del ruido ambiental (Regulation for the control of environmental noise), Published in Supplement (Alcance) 114, No. 110 of the Official Gazette, La Gaceta of June 18, 2024, but in the case of the protected parties here, what the respondent Ministry does is “disregard and ignore” its own regulations, something of an ANTHOLOGY:

IV.- THE RIGHT TO HEALTH AS AN AUTONOMOUS FUNDAMENTAL RIGHT. Even though it is true that the right to health has been derived from the right to life and to a healthy and ecologically balanced environment due to its interrelation with those rights, we cannot ignore that this fundamental right is an autonomous right with its own essential content. It is enough just to consult the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, in its Article 12, to realize what we have been stating. Indeed, in said international human rights instrument, the right of every person to enjoy the highest possible level of physical and mental health is clearly established, for which the State and its institutions have the duty to ensure the full effectiveness of that right through a series of positive actions and the exercise of regulatory, oversight, and health policing powers. The foregoing means, neither more nor less, the prevention and effective treatment of diseases, as well as the creation of conditions that ensure everyone medical assistance and quality medical services in case of illness. Having said this, the right to health comprises the availability of health services and programs in sufficient quantity for the users of these services and recipients of these programs. On the other hand, the right to health also entails accessibility to these services and programs, whose four dimensions are non-discrimination in access to health services, physical accessibility –particularly by the most vulnerable–, economic accessibility –which entails equity and the affordable nature of health goods and services– and accessibility to information. No less important is that health services and programs are acceptable, that is, respectful of medical ethics, culturally appropriate, aimed at improving patients' health, confidential, etc. Lastly, and no less significant for that reason, the right to health implies quality services and programs, which means that such services must be scientifically and medically appropriate.

Resolution Number: 2011008155 at nine hours and three minutes on June twenty-fourth, two thousand eleven. Case File Number: 11-007060-0007-CO. Proceeding: Amparo Appeal (Recurso de Amparo). Constitutional Chamber (Sala Constitucional). Supreme Court of Justice. State Party of Costa Rica.

"The most immediate right linked to the right to life is the right to physical and psychological integrity. The right to life demands health conditions in its broadest sense, so that the right to health, without losing its autonomy, almost comes to present itself as an aspect of the right to life. Thus, the life-health relationship is in life itself and in the treatment that each society gives to the person, according to the priority it assigns to its protection. The preceding analysis allows us to conclude that it is necessary to become aware, at the governmental and collective level, about the importance of the environment for human and animal health in the national, regional, and world economy, through the conservation of nature and of life itself in its broadest meaning."

Judgment Number 4423-93 at twelve o’clock on September seventh, nineteen ninety-three. Constitutional Chamber (Sala Constitucional). Supreme Court of Justice. State Party of Costa Rica.
Sixth: I consider that it is not possible that the protected parties must suffer discomfort from the excess noise coming from Cali Búrger, especially Doña Marta who is fully entitled, after a lifetime of hard work, to rest in her home and is suffering what I would call a PSYCHOLOGICAL TORTURE from the excess noise coming from a small business, which they fill indiscriminately in a TOTAL PANDEMONIUM:

A) Acts Constituting Torture

Paragraph Number: 81. Torture and cruel, inhuman or degrading punishment or treatment are strictly prohibited by International Human Rights Law. The absolute prohibition of torture, both physical and psychological, belongs today to the domain of international jus cogens70. The Court has understood that one is facing an act constituting torture when the mistreatment is: a) intentional; b) causes severe physical or mental suffering, and c) is committed for any purpose or end, among them, the investigation of crimes.

Inter-American Court of Human Rights Case of Bayarri vs. Argentina. Judgment of October 30, 2008. Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs. Series C Number: 187, paragraph number: 81, page numbers: 24 and 25.

“IV.- RECOGNITION OF HUMAN DIGNITY. Our Political Constitution in its Article 33 recognizes and proclaims the constitutional value of human dignity, which constitutes the cornerstone of all fundamental and human rights. The human being, by the mere fact of being one, by having been born as such, is the depositary of a series of rights that are recognized in protection of their dignity. Ultimately, one of the fundamental values and principles of Constitutional Law is, precisely, dignity, upon which the entire edifice of the dogmatic part of the Constitution is erected, that is, of the fundamental rights of persons. It is from the recognition of the intrinsic dignity of the human being that international Human Rights instruments and Constitutions grant them a series of indisputable and universally accepted liberties and rights. In this sense, the General Assembly of the United Nations when adopting the Universal Declaration of Human Rights in its resolution No. 217 A (III) of December 10, 1948, considered in the Preamble that freedom, justice, and peace in the world are based on the recognition of intrinsic dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the communities. In that understanding, it was agreed in Article 1 that ‘All human beings are born free and equal in dignity and rights (…)’. Likewise, Article 2 recognizes that every person is entitled to the rights and freedoms proclaimed in said Declaration without any distinction. Identical considerations were made by the General Assembly of the United Nations when issuing the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted in resolution No. 2200 A (XXI) of December 16, 1966 and incorporated into our legal system by Law No. 4229 of December 11, 1968, in which it was decreed that the recognition of the rights set forth therein derive from the inherent dignity of the human person. For their part, the American States adopted the American Convention on Human Rights which is Law of the Republic No. 4534 of February 23, 1970 and, in the preamble, they recognized that the essential rights of man do not arise from the fact of being a national of a specific State, but are based on the attributes of the human person. In this context, Article 1 provides that the States Parties to the Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized therein and to guarantee their free and full exercise to every person without discrimination. Likewise, said Convention in its Article 11, paragraph 1, under the heading of ‘Protection of Honor and Dignity’ provides that ‘1. Every person has the right to (…) recognition of their dignity’. Such mandates of International Human Rights Law and of the Fundamental Norm itself impose respect for and recognition of the intrinsic dignity of every person, without any discrimination”.

Resolution Number: 2009004555 at eight twenty-three a.m. on March twentieth, two thousand nine. Case File Number: 08-013518-0007-CO. Proceeding: Amparo Appeal (Recurso de Amparo). Constitutional Chamber (Sala Constitucional). Supreme Court of Justice. State Party of Costa Rica, page numbers: 12 and 13.

“the superiority of the human being over irrational beings lies precisely in being endowed with what is called ‘dignity of the person,’ an essential value within our Legal System, which does not in any way mean superiority of one human being over another, but of all human beings over beings lacking reason. That is why the dignity of the person does not admit any discrimination, based on birth, race or sex, opinions or beliefs; it is independent of age, intelligence, and mental health”.

Judgment Number 2493-97, at three hours and nine minutes p.m. on May seventh, nineteen ninety-seven. Constitutional Chamber (Sala Constitucional). Supreme Court of Justice. State Party of Costa Rica

“dignity must remain unaltered whatever the situation in which the person finds themselves, constituting, consequently, an invulnerable minimum that every legal statute must ensure, so that, whatever the limitations imposed on the enjoyment of individual rights may be”.

Spanish Constitutional Supreme Court. STC 120/1990, of June 27, 1990”.

13.- By resolution at 11:44 a.m. on January 23, 2025, the Presidency of the Chamber removed Magistrate Paul Rueda Leal from hearing this process. Moreover, it ordered that the pertinent information be communicated to the Presidency of the Supreme Court of Justice, for the purposes of proceeding with his replacement.

14.- By written brief received in the Secretariat of the Chamber at 3:14 p.m. on January 29, 2025, the Presidency of the Supreme Court of Justice reported that substitute Magistrate Fernando Enrique Lara Gamboa was appointed to replace Magistrate Paul Rueda Leal.

15.- By written brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:10 p.m. on February 11, 2025, the appellant provides as evidence for a better resolution (prueba para mejor resolver) a poster about an activity scheduled for last February 15th at the denounced business.

16.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

 Considering:

I.- Object of the appeal (recurso). The appellant alleges that the protected party, who is an elderly person over 89 years old and suffers from several health conditions typical of her age, has resided in Buenos Aires de Puntarenas for more than 60 years and, approximately two years ago, a business called Caliburguer was installed barely 100 meters from her home, which, starting a few months ago, dedicates its weekends to organizing dances and other activities that they advertise at the establishment, on social media, and other means, which generate a lot of noise and affect the health, tranquility, and peace of the protected party. He mentions that the property of Mr. Cardoza Sánchez -who is the protected party's son- is located about 80 meters from the cited business and the house of Mrs. Sánchez Padilla is located about 20 meters from her son's house, meaning that, due to their proximity to the place, they are the people most harmed by the noise. He clarifies that during the daytime and evening hours, the sound activity is normal for a business, given that the problem is triggered during nighttime hours and during the early morning. By virtue of the foregoing, the affected person's son has approached the corresponding authorities; however, he has not received a response, much less a solution to such a serious problem. He affirms that the protected party went to the Municipality of Buenos Aires and the response was "what a fish does in water, NOTHING," the mayor demonstrating with her apathy her uselessness and incompetence in the case at hand. For its part, the Municipal Council indicated "that this matter did not correspond to them and that it was the Ministry of Health's responsibility, besides that was what they set the regulations for in the Canton of Buenos Aires." Similarly, they have called the 9.1.1. Emergency Service to request the help of the Public Police Force (Fuerza Pública) of Buenos Aires to intervene and control the terrible scandals coming from Caliburguer; however, on one occasion some police officers appeared and went to the business in question and returned to say that they could not do anything, because at the business they showed them the licenses indicating that it had a "TOURIST PERMIT" to operate 24 hours a day, but here is where the catch is, even if it is true that they have a commercial patent to operate 24 hours a day, that commercial license does not grant them a “letter of marque” to do whatever they want. He comments that, resigned to the answers he has been given on the matter, he went to the Ministry of Health, indicating that the problem is during the night and early morning hours, and filed the complaint that was processed under number No. DS-1020-2024. It was handled by the health authority, but it was leaked on social media, in an obvious and clear manner since when the health authorities arrived to perform measurements at the site, the noise was normal, and Technical Inspection Report, Complaint Attention, MS-DRRSBRU-DARS-BNIT-0409-2024 of September 18, 2024, was issued, in which the following was concluded: "As the Ministry of Health is the governing body in charge of ensuring people's health and as this is a matter of public interest, based on what is indicated in this report and in view of the result obtained from this study, it is concluded that the musical activity carried out in the Cali Búrguer Restaurant complies with the noise level permitted by the Regulation for Control of Noise Pollution No. 39428-S. Consequently, we proceed to close the noise complaints as they are deemed addressed and do not warrant the issuance of administrative acts related to noise emission in the denounced establishment." He narrates that it is not possible for a citizen to file a complaint with the Ministry of Health and then have his name circulating on social media. He considers it truly worrying that the cited establishment, among other things, does not have the adequate structure to "isolate noise," even more so considering the existence of Decree No. 44486-S, Reglamento para el control del ruido ambiental (Regulation for the control of environmental noise), published in Supplement (Alcance) 114, No. 110 of the Official Gazette La Gaceta of June 18, 2024, which the business in question fails to comply with, and what is more serious is that in the respondent Ministry of Health, they do nothing to enforce the law. Based on what has been extensively stated, one can reach the conclusion that the business called Caliburguer is very close to the homes of the protected parties and that its managers are in a true position of power vis-à-vis the fundamental rights of the protected parties, and he fears that vengeance or reprisals will be taken against a specific person, since the protected parties do not have any kind of friendship with the owner of Caliburguer, given that previously both parties had a commercial relationship and it did not conclude on the best terms. He emphasizes that when it started operating there were no scandals, but they gradually expanded once the health operating permits were granted and the respective commercial patents were approved by the Municipality of Buenos Aires.

II.- Proven facts.

Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:

A.- Regarding the actions of the Municipality of Buenos Aires concerning the facts alleged by the petitioner.

1) On July 29, 2024, the petitioner filed a complaint before the Municipal Council of Buenos Aires regarding noise pollution from the business known as the Caliburguer bar and restaurant (see reports from the respondent municipal authorities and documentation provided).

2) Through official letter No. MBA-SCM-0732-2024 of August 14, 2024, Marisol Andrea Monge Ortiz, in her capacity as Secretary of the Municipal Council of Buenos Aires, informed the petitioner of the following: “For your knowledge and pertinent purposes, I hereby transcribe and notify the agreement reached by the Municipal Council of Buenos Aires, in Ordinary Session 15-2024, held on Monday, August 12, 2024, which literally reads: AGREEMENT 20. IT IS AGREED: To forward to Freddy Cardoza the response provided by the Business License Officer regarding the Caliburguer establishment, as detailed: In response to your request for a response sent to this office on July 30 of this year, I hereby provide you with the following report: The establishment called Caliburguer holds a permit for dance-hall type activities, which has an operating permit issued by the Ministry of Health, as well as the land use (uso de suelo) permit issued by the Urban Development Department of this Municipality. It is not within our purview to verify whether the premises have soundproofing, electrical or gas installations; these fall directly under the Ministry of Health, so complaints regarding noise, safety, or public health must be referred to that entity. On the other hand, noise or situations caused by motor vehicles, as they occur on public roads, must be reported to the Traffic Police. The matter this office is responsible for verifying is compliance with hours regarding the sale of liquor; in the case in question, the law establishes this between 11:00 a.m. and 2:30 a.m. the following day, whereas the Restaurant activity (food sales) is not subject to or limited by any type of schedule. We are also responsible for verifying that the licensee only operates the activities approved in the respective business license. And to date, we have not received any complaint regarding the sale of liquor outside the established hours. It is worth mentioning that this department has no record of any formal complaint against the aforementioned establishment. Furthermore, I wish to clarify that this office does not issue licenses arbitrarily or without any control; on the contrary, each application is reviewed as thoroughly as possible and in accordance with what concerns us as a department. However, regarding what other instances or institutions approve and which are mandatory requirements, we have neither the criterion nor the authority to decide whether it is correct or not, and we must accept it as a viable requirement for the corresponding process. AGREEMENT DEFINITIVELY APPROVED” (see reports from the respondent municipal authorities and documentation provided).

B.- Regarding the actions of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Buenos Aires of the Ministry of Health concerning the facts alleged by the petitioner.

3) On July 24, 2024, confidential complaint No. DS-1020-2024 was received at the Health Governing Area of Buenos Aires of the Ministry of Health against Mr. Nelson Castro Cascante, legal representative of the Caliburguer restaurant, located in Buenos Aires de Puntarenas, for noise and vibrations. In the description of the complaint, by way of summary, it was stated: “I am filing a complaint because a dance is planned for Sunday, July 28, at the Caliburguer Restaurant, located at the main entrance of B.A., which is advertising the event on social media. The establishment is completely open, it does not have soundproofing, therefore an inspection is requested because on previous occasions the noise has been excessively loud and disturbs mental and physical health and emotional balance. The establishment has an operating permit, but it does not have an adequate space to hold mass events (verify electrical certification) nor a noise containment plan” (see the report from the respondent health authority and documentary evidence provided).

4) In response to complaint No. DS-1020-2024, at 09:40 a.m. on August 9, 2024, Licda. Joselyn Valverde Villalobos and Ing. Greivin Chaves Jiménez, from the Health Regulation team of the Health Governing Area of Buenos Aires, conducted an inspection visit and were attended by Mr. Freddy Cardoza Sánchez. Through the inspection record dated August 9, 2024, they stated: “the complainant is present. He indicates that he does not want the sound measurement to be carried out because there is not enough noise. It is verified that the establishment is operating, with approximately 20 customers at tables and ambient music. There is no live event by any band.” Through technical report MS-DRRSBRU-DARSBA-IT-0326-2024, dated August 31, 2024, they indicated that it was evident that there was no dance-hall activity and that, by agreement with the complainant, the sound measurement was not performed because there was no noise, pending rescheduling (see the report from the respondent health authority and documentary evidence provided).

5) According to the inspection record dated September 14, 2024, at 08:25 a.m., official Greivin Chaves Jiménez conducted a new inspection visit in response to the complaint. The sound measurement was carried out that day from a bedroom of the dwelling house while a live event was taking place at the commercial premises with the musical group called Integrados. The first measurement starts at 8:26 p.m. and ends at 8:40 p.m. The second measurement is carried out starting at 8:43 p.m. and ends at 9:05 p.m. In view of the result obtained from this study, it is concluded that the musical activity carried out at the Caliburguer restaurant complies with the noise level permitted by the Regulations for the Control of Noise Pollution No. 39428-S. The noise complaint is closed as having been addressed and not warranting the issuance of administrative acts related to noise emission at the accused establishment (see the report from the respondent health authority and documentary evidence provided).

6) On November 13, 2024, the Health Governing Area of Buenos Aires granted sanitary operating permit No. MS-DRRSBRU-DARS-BA-R-0558-2024 to the commercial establishment named Caliburguer, legal representative Nelson Castro Cascante, for the sale and preparation of food and beverages, for a term of 10 months and 23 days, which must be renewed by October 6, 2025 (see the report from the respondent health authority and documentary evidence provided).

III.- Unproven fact. The following fact of relevance for the resolution of this matter is deemed unproven:

Sole. That the petitioner filed any complaint with the Ministry of Health for noise pollution after September 15, 2024 (see report from the respondent health authority).

IV.- On the specific case. From the relationship between Article 24 and Article 28 of our Political Constitution, the principle of freedom that governs individuals has as one of its limits the prohibition of harming third parties, and therefore the protection of their sphere of privacy and consequently the tranquility inherent to that sphere. Noise disturbs tranquility, especially when it concerns the place where one resides. Furthermore, in accordance with other constitutional norms such as Article 50, which enshrines the right to the environment, and Article 21, from which the right to health has been derived, the State must guarantee an environment free from noise pollution. For these reasons, regarding activities such as karaoke, live music, and similar, the jurisprudence of this Court has been clear in emphasizing the need to respect the rights of neighboring persons.

V.- Regarding the respondent municipal authorities, it is worth recalling their obligation—as part of the State—to guarantee, defend, and preserve the right of all to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as well as to guarantee the right to health of the community's inhabitants. In their particular case, this is an even clearer duty, because constitutional protection covers and links a healthy and ecologically balanced environment with the fundamental right to health, both on a psychological and physical level, and they have the powers to enforce their orders, even with the assistance of the Public Force, in protection of the legal interest they are called upon to safeguard. Their activity is not exhausted in bureaucratic procedures or the granting of permits. They must also take measures to corroborate compliance with these in practice, to safeguard the interests and rights of citizens. It is evident from the case files that the neighbors' disagreement with the business known as the Caliburguer bar and restaurant is long-standing and well known to the respondent City Council. Note that on July 29, 2024, the petitioner filed a complaint before the Municipal Council of Buenos Aires regarding noise pollution from that commercial establishment. However, in response to that complaint, on August 14, 2024, he was only informed of the agreement reached by that body in the following sense:

“-The establishment called Caliburguer holds a permit for dance-hall type activities, which has an operating permit issued by the Ministry of Health, as well as the land use (uso de suelo) permit issued by the Urban Development Department of this Municipality.

- It is not within our purview to verify whether the premises have soundproofing, electrical or gas installations; these fall directly under the Ministry of Health, so complaints regarding noise, safety, or public health must be referred to that entity. On the other hand, noise or situations caused by motor vehicles, as they occur on public roads, must be reported to the Traffic Police.

- The matter this office is responsible for verifying is compliance with hours regarding the sale of liquor; in the case in question, the law establishes this between 11:00 a.m. and 2:30 a.m. the following day, whereas the Restaurant activity (food sales) is not subject to or limited by any type of schedule. We are also responsible for verifying that the licensee only operates the activities approved in the respective business license. And to date, we have not received any complaint regarding the sale of liquor outside the established hours.

It is worth mentioning that this department has no record of any formal complaint against the aforementioned establishment.”


Nevertheless, the actions taken are considered insufficient. In this case, what is truly relevant is the persistence of the alleged noise pollution which, according to the petitioner, affects both the complaining petitioner and the female petitioner, a 90-year-old elderly adult. Hence, although it is the responsibility of the Ministry of Health to carry out sound measurements of businesses, it is unacceptable that only information about actions taken more than five months ago is provided, without reference to any action by the City Council demonstrating oversight of the premises. As explained by the petitioner in subsequent actions, the problem has worsened since then, and this is not contradicted by those authorities. This Chamber notes that at no time do they report having visited the business to verify compliance with the regulations governing its operation. Hence their responsibility for the facts alleged by the petitioner in protection of the affected residents.

VI.- In the case at hand, from the report provided by the Director of the Health Governing Area of Buenos Aires of the Ministry of Health, given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on July 24, 2024, they received confidential complaint No. DS-1020-2024 against Mr. Nelson Castro Cascante, legal representative of the Caliburguer restaurant, for noise and vibrations. In the description of the complaint, by way of summary, it was stated: “I am filing a complaint because a dance is planned for Sunday, July 28, at the Caliburguer Restaurant, located at the main entrance of B.A., which is advertising the event on social media. The establishment is completely open, it does not have soundproofing, therefore an inspection is requested because on previous occasions the noise has been excessively loud and disturbs mental and physical health and emotional balance. The establishment has an operating permit, but it does not have an adequate space to hold mass events (verify electrical certification) nor a noise containment plan.” It is verified that on August 9, 2024, the sound measurement could not be carried out, in order to verify the reported facts, because there was no excessive noise. However, on August 14, it was possible to perform it. It is reported that it was conducted from a bedroom of the petitioner's dwelling house while a live event was taking place at the commercial premises with the musical group called Integrados. The first measurement began at 8:26 p.m. and ended at 8:40 p.m. The second measurement was carried out starting at 8:43 p.m. and ended at 9:05 p.m. In view of the result obtained from that study, it was concluded that the musical activity carried out at the Caliburguer restaurant complied with the noise level permitted by the Regulations for the control of noise pollution, No. 39428-S. The case was then closed, after addressing the complaint and considering that it did not warrant the issuance of an additional administrative act related to noise emission at the establishment in question.

It is thus noted that the complaint filed by the petitioner was addressed, and although the sound measurement was not carried out on the date he indicated a musical event would take place, but on another date, since it was not verified that the noise level exceeded what was then permitted, the filed complaint was archived. Likewise, there is no record that the petitioner filed any complaint with the Ministry of Health for noise pollution after September 15, 2024. Therefore, this Chamber lacks grounds to consider that the authority incurred in any omission that harmed the rights of the petitioners. Consequently, regarding this authority, the appeal is dismissed.

VII.- Conclusion. By virtue of the foregoing, this amparo is deemed admissible, solely against the Municipality of Buenos Aires for having failed to exercise control and surveillance duties regarding the accused premises, to the detriment of the right to health, the right to privacy, and a healthy environment to the detriment of the petitioners. Regarding the Health Governing Area of Buenos Aires of the Ministry of Health, the appeal is dismissed.

VIII.- Documentation provided to the case file. The parties are advised that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is declared admissible solely against the Municipality of Buenos Aires. Ana Margoth Mora Navarro, in her capacity as Mayor of Buenos Aires, or whoever holds that position, is ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of her powers so that, within one month from the notification of this judgment, in prior coordination with the Ministry of Health, the following is fulfilled: 1) Determine the existence or not of the noise pollution problem that, as alleged, is generated by the establishment known as the Caliburguer bar and restaurant and which is affecting the petitioners. 2) In the affirmative case, she must take the appropriate measures so that such situation is eliminated. The respondent, or whoever holds her position, is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Buenos Aires is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative contentious jurisdiction. Regarding the Ministry of Health, the appeal is dismissed. Notify.


 


Fernando Castillo V.

Presidente


 


 


Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A.


 


 


Jorge Araya G. Anamari Garro V.


 


 


Ingrid Hess H. Fernando Lara G.

EXPEDIENTE N° 24-034403-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:02:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República